“El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina”. El autor de esta frase es Javier Milei, autodenominado “general AnCap” –anarcocapitalista –, que viene de “Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre”. ¿La misión de este advenedizo general? “Cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta”. Sea como fuere, Milei es el presidente electo de Argentina desde el pasado 19 de noviembre y estará al frente de ese “pedófilo en el jardín de infantes” a partir del próximo 10 de diciembre.

Pablo Stefanoni, periodista, historiador argentino y autor del sugestivo libro ¿La rebeldía se volvió de derechas? (Siglo XXI Editores) analiza desde Francia el escenario inédito que se abre en Argentina tras la llegada, por primera vez en su historia, de un outsider a la Casa Rosada.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Milei en las últimas elecciones?

El triunfo de Milei tiene varias explicaciones. En primer lugar, en Argentina había una mayoría que estaba dispuesta a votar más o menos cualquier cosa que fuera contra el peronismo, sobre todo en su versión kirchnerista. Se estaba viviendo un momento de hartazgo debido a la crisis económica –una crisis crónica, no puntual– que provocó que parte de la población estuviera dispuesta a dar una suerte de salto al vacío.

La derecha radical sabe captar el malestar de la sociedad mejor que la izquierda

Lo explicó bien la imagen que usó el expresidente Mauricio Macri para apoyar a Milei: “Vas en un auto a 100 kilómetros por hora, te vas a chocar contra el paredón y sabés que te matás, entonces te tirás del auto. ¿Vas a sobrevivir? Y qué sé yo, pero tenés una chance, ¿o no?”. Mucho voto a Milei fue justamente eso: una mezcla de hartazgo y esperanza. Supo captar ese clima recuperando una consigna de 2001, el “que se vayan todos”, utilizando mucho discurso contra “la casta política” y denunciando una imagen decadentista de Argentina, reivindicando el país del siglo XIX y el Gobierno de Carlos Menem, muy complicado pero de cierta estabilidad.

Después está el carisma personal de Milei, con ese lenguaje soez y una estética rockera que primero llegó al público juvenil y luego a sus padres y abuelos. Pero Milei también se benefició de la división de la derecha convencional, que venía de atravesar unas primarias muy duras entre halcones y palomas. En mitad de esa crisis aparece esta figura, desde la nada misma y desde los canales de televisión, con apenas dos años de presencia en el Parlamento, que impugnó todo y capturó el espíritu de rebelión electoral.

Pero Milei no es solo un fenómeno argentino: más allá de Donald Trump o Jair Bolsonaro, Geert Wilders ha ganado en Países Bajos, en Irlanda la extrema derecha comienza a movilizarse…

Hay una especie de vínculo entre lo local y lo global que es difícil de analizar. Milei es producto de una crisis económica y su discurso está adherido a ella, un discurso radical y anarcocapitalista. El elemento local que explica su éxito es la crisis, pero con muchas comillas.

Uno puede preguntarse por qué Milei y no otras personas, y ahí es donde entran los elementos globales. La derecha radical está sabiendo captar el malestar de la sociedad mejor que la izquierda, y no importa cuál sea la causa de ese malestar: la crisis en Argentina, la inmigración en Irlanda o Francia, la amnistía en España… Asistimos también, además, a la crisis de las derechas tradicionales y al debilitamiento de los cordones democráticos, aunque ambas derechas siguen necesitándose. Lo hemos visto aquí con Macri y Bullrich votando a Milei.

¿Sigue siendo la derecha la única capaz de captar la rebeldía, una acción históricamente más vinculada a la izquierda?

La izquierda clásica en Argentina es débil. El kirchnerismo hegemonizó la política durante más de doce años y eso ya se agotó. Sigue siendo una corriente importante, pero genera más rechazo que apoyo, y el rechazo genera unión más que fragmentación. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Ecuador con Rafael Correa.

El antikirchnerismo tiene la capacidad de unificar el voto. Mientras, el kirchnerismo se volvió una minoría grande. Por otro lado, hay que diferenciar las izquierdas entre América Latina y Europa. En América Latina, el populismo de izquierdas está en crisis: Argentina, Bolivia, Ecuador… Y las izquierdas menos populistas, como las de Gustavo Petro o Gabriel Boric, encuentran muchas dificultades.

La principal debilidad de Milei es la de armar un Gobierno que le dé una gobernabilidad real, y por eso su alianza con Macri y la derecha convencional

En América Latina se vive un momento paradójico: los gobiernos de los países más grandes eran, hasta Milei, de izquierdas, pero las oposiciones giraron hacia una derecha más radical y crecieron. Pasó en Argentina, pasa en Chile y veremos en Brasil. Se está viviendo una transición hacia algo que no conocemos muy bien. No es que sea un ciclo neoliberal, es algo más confuso. Existe mucha más volatilidad del voto, los presidentes ganan con pocos parlamentarios… No es una ola que vaya a generar hegemonía, sino que crece entre la confusión, la inconformidad y las ganas de patear el tablero.

Milei ganó las elecciones con la promesa de incendiarlo todo ¿Hasta dónde es real su capacidad de hacerlo volar todo desde dentro?

Milei ha ganado sin partido, no tiene equipos, no tiene estructura, muy poca representación parlamentaria… Es un Gobierno inédito. Nunca un outsider había ganado unas elecciones, siempre lo había hecho la política tradicional, quienes construyeron su carrera a través de la política o militares en el caso de la dictadura.

La principal debilidad de Milei es la de armar un Gobierno que le dé una gobernabilidad real, y por eso su alianza con Macri, con la derecha convencional. Milei está buscando los cuadros que no tiene en el macrismo, en lo que queda de la derecha de los 90 y en CEOs y gerentes de las empresas donde trabajó.

Será muy heterogéneo y habrá seguramente muchas tensiones internas. Quizá su discurso libertario y anarcoliberal acabe girando hacia un menemismo y un macrismo 2.0. Su Gobierno será más una mezcla del neoliberalismo más clásico con la derecha alternativa. De hecho, desde que ganó se ha moderado por lo menos en las formas, tratando, por ejemplo, de que Lula da Silva viaje a Argentina, reuniéndose con Bill Clinton en Estados Unidos… Quiere mostrarse como una figura más respetable, pero sigue habiendo un gran signo de interrogación sobre cuál será finalmente su proyecto de Gobierno.

Milei llegó a la Casa Rosada con una utopía radical de ultraliberalismo y se chocó con la realidad, que es que ni la sociedad argentina quiere eso ni él tiene el peso para hacer reformas radicales.

Ha comentado en varias ocasiones que la izquierda ha perdido la utopía de un futuro mejor.

La crisis del futuro es para todos, tampoco es que la derecha ofrezca un futuro mejor. Si crece es justamente porque no parece haber un futuro, al menos uno deseable. Así es como crecen sensibilidades más nihilistas y revanchistas. La falta de futuro es el caldo de cultivo para un tipo de derecha más asociada a los discursos antisistema. Pero, luego, si ganan, tienen los mismos problemas que la izquierda y son las dificultades para hacer cambios.

El capitalismo parece haberse desacoplado de la política, no deja hacer reformas a nadie, ni a la izquierda ni a la derecha. En el mundo hay actualmente tres derechas [radicales]: la de Viktor Orban o la polaca, un nacional conservadurismo radical que sí quiere imponer su hegemonía y ordena en función de su proyecto; una derecha que se vuelve más pragmática cuando gobierna, como la de Giorgia Meloni, que trata de adaptarse un poco; y, por último, la de Donald Trump o Jair Bolsonaro, que gobiernan como si fueran oposición, son antisistema e incluso hablan de fraude en asuntos que ellos mismos manejan.

La izquierda ha pasado del economicismo al culturalismo. Hay muy poco discurso. Más allá de repetir consigas, no hay discusiones de fondo

Esta última derecha es bastante disfuncional. De hecho, en Brasil, la élite, un sector que apoyó a Bolsonaro, acabó secundando a Lula. Es una derecha que degrada la vida cívica y, más que imponer una nueva hegemonía, lo que hace es básicamente introducir un tipo de guerra cultural que no termina de calar. Aunque sí degrada la vida cívica y consigue polarizar mucho, no hace grandes reformas. Ahora toca ver dónde se ubica Milei.

Y, frente a este contexto, ¿qué papel debe jugar la izquierda para recuperar su espacio?

La izquierda está en una gran crisis. La izquierda revolucionaria o radical desapareció de los escenarios políticos en Occidente y dice lo que decía la socialdemocracia hace 30 años. Pero es que la socialdemocracia también está en crisis. Yo creo que esto responde a cambios socioproductivos: ha desaparecido el universo de sociabilidad, la fuerza de los sindicatos, los clubes de barrio… Eran instituciones que funcionaban y que, de algún modo, buscaban ese mundo igualitario. Hasta los propios partidos jugaban ese papel de transmitir tradiciones, ideas, conexiones con el pasado y sus luchas, preservando la memoria histórica…

Ahora parece que entre la izquierda actual y pasada hay una especie de foso. Los teóricos de izquierda que hoy se discutirían como figuras vivientes en términos de estrategia política, como Lenin, Kautsky o Trotsky, ya no se leen o dicen poco a las nuevas generaciones. La izquierda ha perdido la capacidad para elaborar proyectos alternativos.

¿Cómo se recompone? No lo sé. En los años 90 y los 2000 existían los foros sociales mundiales, tras la caída del muro de Berlín se encontró la lucha contra la globalización… Eso ya no existe. No se encuentran movimientos equivalentes y quizá ya no vuelvan a existir. Por ejemplo, la corriente del anarquismo ha desaparecido y quizá el socialismo también. Y el socialismo democrático, que aún tiene elementos para discutir muchas cosas, no lo hace.

¿Hay temor en la izquierda a adentrarse en ciertos debates como la inmigración?

Sin duda, hay temas que generan ansiedad en la población, y la inmigración es uno de ellos, también la precarización y la crisis de futuro. Todo lleva a la idea de que vamos a estar peor. La derecha sí tiene ese discurso simplista y retroutópico: llaman a volver a esos países donde, por ejemplo, la inmigración no era tan disruptiva y era más intraeuropea o racialmente homogénea.

Las derechas también saben generar una idea de comunidad en un contexto donde todo se pierde. En un mundo ultraindividualizado, generan cierta comunidad nacional y conectan con cosas que la gente recuerda del pasado. Son temas que la izquierda no puede abordar bien porque no tiene discurso. Se sigue moviendo en un discurso humanista, de abrir fronteras… No parece que haya una posición de izquierda respecto a temas como la inmigración.

La izquierda debate menos de economía que en el pasado. Se ha pasado del economicismo al culturalismo. Hay muy poco discurso. Más allá de repetir consignas, no hay discusiones de fondo. Pero es cierto que es difícil pensar en reformas dentro de este capitalismo, tampoco es que sea culpa de la izquierda.

En algunos sectores de la izquierda, la batalla contra la extrema derecha se centra en el miedo a lo que puede venir y en la llamada al antifascismo.

El problema es que las extremas derechas se han ido normalizando. Ninguna representa realmente un ‘que vuelva el fascismo’, aunque sí hay algunas más conectadas. Esa normalización se explica en parte en eso que hablamos del debilitamiento de los cordones. No existen en ningún país. Hasta en Alemania hay ya una parte de la derecha que quiere pactar con la extrema derecha.

En este contexto, el discurso antifascista no es muy efectivo. Sin embargo, sigue existiendo una resistencia del electorado a esta derecha. Milei sacó mucho voto en la segunda vuelta, pero poco en la primera, por lo que no todos los votos son suyos. Aunque el discurso antifascista no es efectivo, sí hay un discurso democrático que existe todavía.

En el caso de Milei es una derecha que tiene poco que ver con el fascismo, aunque tiene alianza con sectores que sí defienden la dictadura, pero con contactos con exmilitares viejos, no con militares activos, y esa diferencia importa. No obstante, que no sea fascismo no quiere decir que no implique varios retrocesos. Pero en el caso de Milei veremos más una especie de derecha neoliberal en la práctica. Eso sí, Buenos Aires se convertirá en la meca de figuras como Santiago Abascal, Orban o Trump. Será un parque temático para las derechas radicales.

¿Ha dejado de existir el peronismo?

El peronismo como kirchnerismo, sí. Aunque siga siendo fuerte, ya no es posible en los próximos años un kirchnerismo con la capacidad hegemónica de conseguir mayorías. El discurso más ideológico está muy devaluado, no genera adhesión.

El peronismo fue dado por muerto muchas veces, pero siempre encuentra la forma de recomponerse sobre bases ideológicas que pueden ser muy diferentes. Siguen siendo el primer bloque en la Cámara de Diputados, tienen mucha presencia en el Senado, gobernadores… Es una fuerza que seguirá. Lo que cabe preguntarse es también qué pasará con el espacio de la derecha. El sistema político está en reconfiguración.

Milei era un desconocido en Argentina que comenzó su andadura hacia el triunfo electoral con apariciones en televisión. ¿Hasta qué punto son responsables los medios de comunicación de su ascenso?

Milei empezó a participar en los medios y, al ver que daba audiencia, lo seguían invitando: algunos por afinidad y otros porque era una figura muy buena para la televisión. No solo creció por la televisión, también por internet, e incluso haciendo clases públicas de economía en las plazas.

La televisión, sin embargo, sí fue clave para que alguna gente le votara, como la de pueblos de Salta, cerca de Bolivia, en los que Milei nunca estuvo. Esa gente simpatizó con su estilo. Podría decirse que sí hay cierta responsabilidad.

El 12 de septiembre de 2013, la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a cuatro personas a penas de entre 10 y 18 años de prisión con una sentencia que, por vez primera, establecía como hecho probado que todas ellas pertenecían a una organización terrorista a la que se llamó “Resistencia Galega”.

Según el fallo, basado en informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el objetivo de esta supuesta banda armada sería el de “lograr la independencia del territorio histórico de Galicia respecto de España, subvirtiendo para ello el orden institucional, a fin de establecer unas señas de identidad gallega, en la defensa de la tierra y del medio ambiente; para lo cual justifican el empleo de la violencia contra las personas y los bienes como único medio de lograr sus propósitos”.

A día de hoy Resistencia Galega es, según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por eldiario.es, una organización terrorista en activo. No la única, como así ha salido publicado en diferentes medios, pues según estas mismas fuentes “ETA todavía no se ha disuelto”. Hace unos días, de hecho, la Brigada de Información de la Policía Nacional aseguró, a través de un atestado policial, que fue “una escisión de Resistencia Galega” la que organizó los disturbios que se produjeron la noche del 22M, durante la manifestación de las Marchas de la Dignidad.

¿Pero existe realmente Resistencia Galega? ¿Hay activo, ahora mismo, un grupo terrorista organizado en Galicia? Pese a la sentencia, a los informes y al mencionado atestado policial, existen numerosas dudas al respecto.

El profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, estuvo presente en el juicio contra las cuatro personas que finalmente fueron condenadas por terrorismo. Acudió llamado por la defensa para explicar un análisis pericial que había realizado sobre los informes de la Guardia Civil, en los que observó que “hay un salto peligroso entre lo que es la intuición y sospechas y lo que son certezas”.

Respecto a las declaraciones de los miembros de la Guardia Civil que redactaron el informe, Taibo asegura que fueron “relatos muy imaginativos basados en datos desperdigados”. “No tenían mucha sustancia”, reconoce antes de poner en duda que realmente exista Resistencia Galega. De hacerlo, señala, no cabe duda que “se trataría de una operación de inflado que responde a una necesidad objetiva de los servicios de inteligencia por buscar un enemigo gracias al cual mantener las estrategias represivas e incluso puestos de trabajo”. “Es una intuición que pasa por la cabeza de mucha gente”, asegura.

Así lo piensa también el escritor y filósofo Santiago Alba Rico, que conoce a alguno de los encausados. Para Alba Rico, hubo muchas “irregularidades” en el juicio, sobre todo “los testimonios de la Guardia Civil”. “Eran declaraciones fiduciarias, simplemente creían que Resistencia Galega existía, era su convicción personal”, denuncia. En un artículo escrito tras la celebración del juicio, el filósofo reparó en que “la única prueba de que los jóvenes independentistas son terroristas es que pertenecen a una organización terrorista, pero la única prueba de que pertenecen a una organización terrorista es que son terroristas”.

Se trata, apunta, de una tautología “contraria a cualquier estado de derecho”. Cuenta, además, que durante el proceso no se llegaron a presentar como pruebas ni siquiera “panfletos con algún sello de la banda”. “Muchas de sus premisas se basaban únicamente en pintadas que llamaban a la resistencia”, señala.

El motivo por el que desde el Gobierno se trata de convencer de la existencia de este supuesto grupo terrorista responde, según Alba Rico, a una “evidente estrategia para criminalizar, en el crepúsculo del régimen, a cualquiera que esté en contra del orden constitucional vigente”. No es más que una maniobra de criminalización, insiste. ¿Y por qué se ha situado en Galicia? Porque allí, opina, el independentismo es más vulnerable que, por ejemplo, en Catalunya, y ahora que ya “no pueden rentabilizar la lucha armada de ETA”, se busca otra zona política con la que volver a “legitimar la represión, la criminalización, incluso el negocio”.

La noche del 22M

La noche del 22MEl Ministerio del Interior, pese al atestado policial que afirmaba que detrás de los disturbios de la noche del 22M se encontraba una escisión de Resistencia Galega, ha confirmado a eldiario.es que es algo que todavía se está investigando.

Sobre el atestado, el profesor Carlos Taibo considera que “produce risa”. “Dijeron que era una escisión de unas 200 personas, cuando en su momento se dijo que Resistencia Galega eran solo 15 personas”, dice para añadir: “Es más, el mundo independentista gallego presuntamente relacionado con esta organización no convocó la marcha. Todo suena a invención”.

Tampoco Borxa, militante de Ceivar, Organismo Popular Anti-Repressivo, entiende veraz el atestado. De hecho, él quiere destacar que hasta los propios organizadores gallegos de las Marchas de la Dignidad declararon, después de que la Policía hablase de Resistencia Galega, que “ellos eran la resistencia gallega”. “¿Si realmente existiera una organización terrorista llamada Resistencia Galega, dirían los organizadores del 22M que lo son?”, se pregunta.

El BNG y desde AGE desconfían igualmente del atestado policial. Para el secretario de organización de BNG, Bieito Lobeira, es “ciencia ficción de la mala, no tiene ningún tipo de credibilidad y está construido en base a la mentira”. La viceportavoz de AGE y coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU) en Galicia, Yolanda Díaz, del mismo modo, cree que se debe, de nuevo, a una “necesidad de criminalizar la protesta y ubicar a toda persona que combate las políticas del PP con el terrorismo”.

Mediante la relación de lo acontecido aquel día con Resistencia Galega, el Gobierno busca “generar miedo”, entiende el filósofo Santiago Alba Rico, que piensa que buscan tal efecto hablando de “radicalización de aquellos que tienen más experiencia militante”.

La estrategia de deslegitimación

Según la sentencia, Resistencia Galega, a quien la Policía y la Guardia Civil atribuye diversos atentados sin víctimas con diferentes artefactos explosivos, nació el 20 de julio de 2005, día en el que se publicó en internet un texto titulado “Manifesto pola resistência galega”, que defendía “el uso de la violencia como medio válido para lograr sus objetivos”, y “puso de relieve” su “permanencia” en un “segundo Manifiesto pola resistência galega” publicado el 3 de octubre de 2011, que hacía referencia al primero “justificando la lucha armada como única salida hacia la liberación de la nación gallega”. Sin embargo, ninguna de las personas condenadas, tampoco las que fueron detenidas y señaladas como miembros de la supuesta organización, reivindicaron nunca su pertenencia a banda alguna.

“No existe ni una sola persona que se diga miembro, ni siquiera cuando son condenados a 20 años de cárcel”, defiende Borxa, de Ceivar, una asociación a la que el periódico ABC llegó a situar en un supuesto entorno de Resistencia Galega. Borxa recuerda que en Galicia todo lo relacionado con este asunto “se percibe como un absurdo”. “Para empezar, porque es una organización armada a la que no se encontraron armas, que no ha reivindicado ningún atentado, ningún sabotaje, no ha emitido comunicados”, prosigue. Y afirma: “Una banda armada no son jóvenes con un termo con pólvora, sino que detrás tiene una red de financiación mediante extorsión, armamento...”

Reconoce, no obstante, que “es innegable” que en Galicia “existen desde hace muchísimos años dinámicas de sabotaje, como en todo el Estado”. “Todos sabemos que la Comunidad Valenciana es en la que más actos de sabotaje se producen, de la extrema derecha, y nadie habla de que allí exista una organización terrorista”, dice. Considera también que es verdad que el momento actual es de “cierta radicalización, también a nivel social”, por la situación en la que se encuentra el Estado.

Borxa cree que el objetivo de hablar de terrorismo en Galicia es el de “llevar al máximo extremo la campaña de criminalización que pretende el Estado español sobre el independentismo gallego”. Quieren, denuncia, encerrar en la cárcel durante décadas a independentistas gallegos, para así “apartarlos de la dinámica social y política que desarrollan en la calle y, además, criminalizar la totalidad del proyecto nacional gallego”.

Y esta especie de deslegitimación va contra todo aquel que no comulgue con las “ideas únicas totalizadoras estatales”. Incluso contra el organismo en el que milita, Ceivar, dedicado a denunciar casos de vulneración de derechos, represión política e ideológica contra nacionalistas gallegos, persecución, a ofrecer apoyo legal y recursos económicos en procesos judiciales... “Pretendemos ser un pequeño muro frente a la represión de las instituciones españolas. Y con este funcionamiento antidemocrático del Estado nuestra actividad legal podría ser vista como de colaboración con una rocambolesca organización terrorista, y eso acarrearía décadas de prisión para gente como yo, simplemente diciendo mañana que lo que hago es ilegal”.

Para apoyar su opinión y desmontar la teoría de la existencia de una banda armada en Galicia, Borxa siempre echa mano de dos cuestiones: la primera, la detención de una persona a la que acusaban de ser el tesorero de Resistencia Galega. “La acusación se basaba en una carta manuscrita y tras una prueba caligráfica, se descubrió que el documento había sido escrito con la mano contraria a la que usaba esta persona para escribir. Y aún así lo mantuvieron en prisión”. Y segundo, y es algo que asegura que no se menciona a menudo, “ningún independentista gallego escribió nunca 'resistencia galega' con mayúsculas, simplemente fue el nombre que decidieron que tenía”.

Una de las personas que está más al tanto de la situación en la que se encuentran los presos independentistas gallegos es Raúl Agulleiro, miembro de Que voltem a casa, una plataforma de familiares y amigos de presos políticos gallegos. Sin entrar a valorar si existe o no un grupo terrorista en Galicia, Agulleiro denuncia que lo que sí es evidente es “una falta completa de libertades y de cumplimiento de los derechos de los presos”. “De manera sistemática se les aplica la dispersión a una media de 575 kilómetros de distancia de su casa, cuando hay instituciones penitenciarias dentro de la Comunidad Autónoma gallega; las comunicaciones están intervenidas; y nada más entrar en prisión, como lo hacen por ley antiterrorista, se les aplica el régimen FIES-3”.

Desde Que voltem a casa tratan de estar en contacto con todas las personas presas, comprobar si tienen carencias económicas, su estado de salud, y dentro de los marcos humanitarios, tratan de ayudarlas. El aspecto económico es uno de los más importantes, debido a la dispersión. “Recorrer tantos kilómetros tiene muchos gastos, y con condenas de tantos años, el desgaste económico es muy alto”, afirma este miembro de la plataforma.

Ni AGE ni BNG

Ni AGE ni BNGEn octubre, el Parlamento de Galicia acordó, a petición del Partido Popular (PP), condenar “todo tipo de actos terroristas, entre ellos los llevados a cabo por la organización Resistencia Galega”. En contra de dicha resolución votaron Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y Bloque Nacionalista Galego (BNG). Ninguno de ellos cree en la existencia de esta supuesta organización.

Yolanda Díaz asegura que la Alternativa a la que pertenece “estima que no existe una banda terrorista organizada en Galicia, y que ni siquiera en las calles gallegas existe esta preocupación”. “Un buen indicador es el CIS, en el que consultados los gallegos sobre esta cuestión, respondieron que les preocupa únicamente a un 0,3%”, señala.

Tampoco lo ve así Bieito Lobeira, quien afirma tajante que “no existe” ni Resistencia Galega ni “una alarma social en Galicia” relacionada con el asunto. “Todo responde a una invención, a un montaje del PP para poder justificar la adopción de medidas de control policial involutivas desde el punto de vista democrático”, explica para después añadir que el partido de gobierno está “obsesionado con calificar de terrorista cualquier respuesta social”.

En opinión de Díaz, el “interés” y la “insistencia” del PP en afirmar con “carácter reiterado” la existencia de una organización terrorista“ tiene que ver con la necesidad de ”construir un enemigo que sirva como aglutinador contra los discrepantes“. La centralidad del partido del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), con el tema fue ”total, llegando a presentar mociones en los 314 ayuntamientos del país, creando la sensación de que era un problema principal, pero la violencia estructural de sus políticas es tan brutal que no se salieron con la suya. El drama de las cifras del paro, de las pensiones, de los salarios, es demasiado real como para intentar distraer con esta cuestión“.

Tanto Díaz como Lobeira se preguntan si el PP siente “nostalgia” por el terrorismo. “¿Tenían rentabilidad política para el PP los muertos de ETA? ¿Sienten nostalgia por los tiempos en los que desgraciadamente ETA mataba?”, se pregunta la portavoz de AGE. “Tienen nostalgia del terrorismo para así poder recuperar un discurso que tape los problemas económicos y sociales tan extraordinariamente críticos como los que padecemos”, responde el secretario de organización de BNG.

El PP de Galicia y el PSdeG-PSOE no han querido hacer ninguna declaración sobre este tema.

Aitor Merino y Asier Aranguren se conocieron en 1986 en una ikastola en Pamplona cuando ambos contaban doce años. Aquel año, uno después del atentado en Hipercor, ETA había matado a 41 personas y el GAL estaba a pleno rendimiento. Asier y Aitor fueron inseparables hasta los 16 años, momento en el que se distanciaron y siguieron caminos distintos. Aitor cambió Pamplona por Madrid, donde hizo carrera como actor (Historias del Kronen, Te doy mis ojos, etc). Asier, por su parte, continuó un camino de lucha y reivindicación política en Pamplona. Retomaron el contacto con 20 años, cuando Asier llamó a Aitor para que él y otros actores mostraran su apoyo al movimiento insumiso. Tiempo después, en marzo de 2002, Asier desapareció. Se había integrado en ETA. Fue detenido en mayo de 2003 y pasó los siguientes ocho años en prisión.

Esta es la historia que cuentan Aitor Merino y su hermana Amaia en Asier ETA biok - Asier Y yo (Doxa Producciones), que se estrena en cines el 17 de enero. La cinta ha sido galardonada con el Premio Irizar en el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con cuatro premios en el Festival Guadalajara Construye 7 / Works in Progress y el Premio de Postproducción del Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador. Esta conversación se produjo antes de la detención de Aranguren en la operación de la Guardia Civil en Bilbao contra los abogados de los presos de ETA.

Asier Aranguren sale de prisión y usted decide comenzar a grabar.

Fue el día anterior a que fuera liberado. Bajé de casa y con el dinero que no tenía, tirando de tarjeta, compré una cámara y me fui a la frontera francesa a grabar la liberación de Asier.

¿Él estaba avisado?

No, no sabía absolutamente nada. De hecho, cuando sale de la cárcel, yo grabo escondido tras unos setos. Asier se encontró con la película ya empezada.

¿Fue el día anterior a que fuera liberado cuando deciden hacer el documental o era algo que ya estaba previsto?

Hacía tiempo que Amaia y yo sentíamos la necesidad de hablar de Asier. Amaia fue la que tuvo la primera idea: hacer una película casi experimental, una idea bastante difusa. Al principio quisimos hacer un documental sobre él, pero con el paso de la grabación, el foco fue cambiando. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a generarse dudas que hasta ese momento habían permanecido latentes, por lo que el foco dejó de ser Asier para serlo yo. Yo y mis sentimientos hacia él. No fue deliberado. Iba a ser una película solamente sobre él, pero finalmente se convirtió en una sobre nosotros, sobre la amistad, sobre la violencia.

¿Y cómo reaccionó Aranguren? Es una película en la que un amigo puede llegar a caer mal a mucha gente. ¿Hubo dificultades en este sentido?

Nosotros tenemos en cuenta que la película para él es un marrón.

Pero se prestó a hacerla.

Sí, es un acto de generosidad muy grande que habla del grado de amistad que tenemos y de su generosidad. No solo la suya, sino también la de su familia y allegados.

En el documental sale incluso una cena de Navidad en casa de su madre.

Exacto. El hecho de que él salga en esta película no solo le afecta a él, sino a toda la familia, a su pareja y amigos. Nosotros, además, nos dimos cuenta de que no podíamos obviar el hecho de que ha formado parte de una organización que ha ejercido la violencia y teníamos que tomar una postura clara al respecto. Lógicamente, es uno de los temas que hemos tratado con más cuidado, porque no podía ser un retrato complaciente. Encontrar ese equilibrio es también una cuestión de tacto y al mismo tiempo de compromiso con lo que queremos contar.

La película surge con la intención de hacer entender a sus amigos de Madrid su amistad con un militante de ETA y cómo asimilar una decisión que a usted mismo le ha costado digerir. ¿Ha llegado a hacerlo? ¿A entender qué le pudo llevar a integrarse en ETA?

La primera vez que vi llorar a mi madre fue porque un policía acababa de matar a un amigo suyo en una manifestación. Era muy niño y se me quedó grabado. Nos han tocado ese tipo de vivencias. Pero luego, después de trasladarme a vivir Madrid, lo más difícil siempre ha sido poder hablar de este tema más allá de los estereotipos. Salir del relato de los buenos y malos. Hablar de Asier, del Asier amigo, responde a nuestra necesidad de compartir la idea de que este es un conflicto complejo. De dar a conocer al otro. Dar a conocer y justificar son cosas distintas.

Cuando llegó a Madrid no solo valía con mostrarse contrario a ETA sino también a sus fines.

Incluso los medios de izquierdas siguen aferrados a esta dinámica. ¿Cuántas veces tengo que decir yo en esta entrevista que estoy rotundamente en contra de la violencia de ETA para que me crean si a la vez defiendo, por ejemplo, los derechos de los presos, algunos de ellos encarcelados por motivos políticos y no estrictamente relacionados con la violencia? Porque los medios españoles, como este mismo, del cual soy socio, por cierto, todavía titulan que el comunicado del EPPK es “de los presos de ETA”, cuando hay muchos presos de ese colectivo que los son por haber ejercido la política o el periodismo, desde una disidencia no violenta, es decir, fuera de ETA. En sus aledaños ideológicos, vale, pero fuera. Eso me indigna en lo más profundo.

He sentido una gran soledad. Me entristece mucho, también, que mis compañeros de profesión, que siempre hemos sido tan combativos, que tenemos la vitola de responder ante las injusticias... que durante años haya habido un silencio cómplice respecto a este tema. Tengo compañeros que en privado decían una cosa pero eran incapaces de denunciarla en público. Que conste que lo entiendo. Casi todos hemos caído en la trampa del miedo. Del o estás conmigo o contra mí. Pero creo que esto va a cambiar. De hecho, en nuestra película intervienen varios amigos actores, algunos muy conocidos. Es un gesto que Amaia y yo (y más aún que nosotros, el propio Asier) les agradecemos de corazón.

Muchos activistas en Euskadi dicen que en otros sitios estamos entendiendo ahora la represión que ha habido allí desde hace años.

Pues en comparación, esta es una versión light.

El padre de Asier Aranguren fue miembro de Egin, su abuelo tuvo que exiliarse a Venezuela porque era gudari. ¿Hace falta vivir aquello para entender qué te puede llevar a tomar una decisión como la que tomó él?

Te puedo asegurar que Asier hubiera preferido no pasar ocho años en la cárcel. No comparto su decisión de entrar en ETA, pero es el resultado de una serie de vivencias, algunas heredadas como las que mencionas, y de una situación política también heredada del anterior régimen, cuya sombra es alargada. De todas maneras, ETA, con sus brutalidades, también es responsable del odio que se le tiene al conjunto de la izquierda abertzale. Les ha puesto en bandeja a los diferentes gobiernos la excusa para reprimir impunemente. Y lo que es más grave, con el apoyo de gran parte de la población, que piensa: “Que se jodan, ellos se lo han ganado”.

Allí el director de un medio, Martxelo Otamendi, llegó a denunciar torturas durante su detención.

Efectivamente. Y aquí siempre se quita credibilidad diciendo eso de: denuncian sistemáticamente. A lo mejor es que se tortura también de forma sistemática. Aquí en Madrid –y que conste que estoy generalizando, sé que hay excepciones–, denominar a esto conflicto ya es tomar una posición errónea. Como si no tuviera un origen político. La percepción que tiene la mayoría, como decía, es muy sesgada. Respecto al tema vasco, se omite una parte de la realidad. ¿Cómo sentir compasión hacia la madre de un preso encarcelado a cientos de kilómetros si no se informa sobre lo que ha de padecer esa madre para poder visitarlo? ¿Quién va a sentir pena si a un joven lo encarcelan por pertenecer a una organización juvenil, y solo por eso, si no se da voz lo que ese joven tiene que decir en su defensa? ¿Cómo sentir rabia ante los relatos de torturas si se nos priva de esos relatos? No se puede sentir empatía por lo que se desconoce. Por eso, me indigna la mayor parte de la prensa de Madrid; a eso se le llama connivencia. Y ya es hora de dar un giro, me parece que ya es hora.

Un día le confundieron con un militante de ETA después de salir de copas con su amigo Asier. Entraron en su casa y le pusieron una pistola en la sien.

Es la mejor muestra de que no es lo mismo que te cuenten las cosas que vivirlas. De la misma manera que para mí los cuestionamientos que me hacían mis amigos de Madrid me sirvieron para replantearme los míos propios, por otro lado, el tener una relación con Asier me ha hecho ver que muchas cosas que él denunciaba eran ciertas. A mí me confundieron, aquel día, con un militante de ETA por un parecido físico, y porque estaba con Asier, al que ya tenían fichado. Fue hace catorce años. La policía entró en su casa y sufrí un maltrato en toda regla, no solo verbal. Me golpearon. Hay un parte médico y hay una denuncia que por supuesto fue archivada. Yo lo que me pregunté en aquel momento fue: si a mí, que me han confundido con otra persona, me han tratado así, ¿qué harán con alguien en régimen de incomunicación? Lo que yo pasé es un aperitivo comparado con otros testimonios que he escuchado en primera persona. Y no hace falta remontarse a tiempos oscuros, ocurre hoy.

Entonces convocó una rueda de prensa para denunciar lo ocurrido. ¿Temió que aquello pudiera afectarle a su trabajo?

Me podía más la indignación. Era mi obligación hacerlo público. ¿Cómo no denunciar lo que podría estar pasando en otras situaciones? Para mí fue una obligación y también una lección, porque pude ver en primera persona cómo casi todos los medios se hicieron eco de la noticia recalcando el hecho curioso de que a un actor lo confundieran con un etarra, en lugar de denunciar los malos tratos. Esa era la noticia, no lo otro.

Termina la película y se lanza una pregunta: ¿qué está por encima de qué?

La pregunta se refiere a: ¿cuándo la violencia es legítima como forma de lucha?

¿Como medio para un fin?

Para un fin político. En el caso de ETA, para mí, no, a partir de cierto momento por lo menos. No es legítima. Pero, ¿cuándo, para los que nos declaramos pacifistas y aborrecemos la violencia, en qué caso el tomar las armas sería una opción legítima? ¿Acaso nunca lo es? No tengo la respuesta. La verdad, no quisiera tener que verme en esa tesitura.

El documental no deja de plantear cuestiones.

No es un ejercicio impostado. Son cuestiones que nosotros, Amaia y yo, tenemos abiertas. Es que con temas tan complejos nos parece más honesto habitar en la duda, aunque genere cierta angustia.

¿Tienes más dudas una vez terminada la película?

Muchas más.

¿Alguna respuesta clara?

Tenemos claro que este conflicto tiene una raíz política y la solución debe ser política.

“Esto parece un aviso a navegantes para los trabajadores de la información”. Son cerca de las 19.00 horas de la tarde del miércoles 22 de mayo y el que habla es Rafa Mayoral, conocido por su labor como abogado en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ejerce en esta ocasión de defensor del fotoperiodista Raúl Capín, detenido este miércoles en su domicilio en Madrid, acusado de "agresión a agentes de policía" durante las protestas del pasado 23 de febrero y el 25 de abril. También ha sido detenido su compañero Adolfo Luján, acusado además de “calumnias contra los órganos públicos”.

Mayoral, que no tendrá acceso a los atestados hasta este jueves, día en el que el fotoperiodista pasará a disposición judicial, asegura, no obstante, que de las preguntas que la Policía le ha hecho a su cliente “se deduce que la detención se debe a su trabajo como periodista”. De hecho, prosigue, “una de las preguntas que le han hecho ha sido directamente si era periodista”.

La advertencia no proviene únicamente de la boca del abogado, sino también de los compañeros de calle de Capín. Heidi Sánchez, periodista de Mundo Obrero, que suele trabajar con el fotoperiodista, tacha de “injusta” la detención. En su opinión, “lo que buscan es ocultar la realidad; no es más que un tema político”, explica. “Después de que la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, dijera aquello de que había que llevar chalecos blancos, sólo la prensa que ellos quieren puede trabajar. A todos los demás quieren silenciarnos”.

Otro fotoperiodista que cubre frecuentemente las manifestaciones en Madrid, miembro del periódico Diagonal (y que ha colaborado en eldiario.es), Olmo Calvo, entiende también que las detenciones responden a una “maniobra política” que busca “amedrentar”. A Calvo le sorprende sobre todo el hecho de que el arresto de Capín se produjese pocas semanas después de que los medios de comunicación ABC, El Mundo y La Razón lo señalaran en concreto. “¡Además una detención en su domicilio! Yo creía que este tipo de actuaciones solo ocurrían con personas acusadas de terrorismo, etc”.

La represión policial contra periodistas, fotoperiodistas y videoperiodistas ha ido, según el videoperiodista Jaime Alekos, en aumento desde septiembre del año pasado, mes en el que comenzó a documentar asiduamente las protestas que se producen en Madrid. Él, en concreto, ha notado esa represión sobre todo cuando grababa identificaciones.Explica: “Un policía me comentó una vez que en comisaría tenían una orden escrita en la que se les obligaba a identificar al que grabe una actuación policial sin acreditación de prensa. Y si sigue grabando, quitarle la cámara. A mí, más de una vez, me han amenazado con quitarme la cámara”.

Para el fotoperiodista Gabriel PecotGabriel Pecot, que colabora con Associated Press y otros medios internacionales, “es un asunto preocupante”. Estas detenciones, apunta, “son el mejor ejemplo de la escalada que se está produciendo para limitar el trabajo del periodista, y sobre todo del periodista ciudadano, que solo ejercen el derecho a la libertad de información”. Asimismo, señala Pecot, “todo ello viene de la mano de una presión constante que es directamente proporcional al deterioro de la situación social en España”.

Rumania, Bulgaria, Grecia, Croacia, Eslovenia, Italia, España, Francia y Reino Unido. Estos nueve países tienen en común, además de pertenecer a la Unión Europea, haber sido los lugares escogidos por Greenpeace para realizar su campaña de apoyo a la pesca sostenible que desde el pasado mes de febrero inició a bordo de uno de sus barcos, el Arctic Sunrise, en un tour que terminará en Londres el 8 de junio.

Ocho de estos países, o sus gobiernos, para ser más exactos, comparten además el haber enviado a sus ministros de Pesca, o secretarios generales, con el fin de que se reunieran con la organización y con pescadores que practican la pesca sostenible y artesanal y de esa forma escuchar sus propuestas. Ocho. Únicamente uno de ellos rechazó, mediante el silencio, toda invitación: España. Ni el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ni cualquier otro responsable en la materia se acercaron a ninguno de los tres puertos en los que ha atracado el Arctic Sunrise en territorio español: Barcelona, Dénia, Bilbao.

¿Por qué este silencio, este rechazo a escuchar la posición de estos pescadores? Elvira Jiménez y Celia Ojeda, responsables de esta campaña de Greenpeace en España, están seguras de que se debe “a la vinculación”, no solo de Cañete, sino del Gobierno, con el lobby pesquero. “Desde el Gobierno siempre nos han dicho que ellos están en permanente contacto con la gran industria pesquera en España, y que esa industria abarca a todos los pescadores”, explica Jiménez, “pero con este tour hemos demostrado que no es así, que estos pescadores se quejan de que no se les escucha ni se les tiene en cuenta”.

En el lado contrario, Ojeda, también responsable de Océanos de Greenpeace, destaca el caso de Rumania. Allí, la propia ministra de Pesca se acercó a escuchar las propuestas de la organización y los problemas de los pescadores artesanales. “Nos dijo”, relata Ojeda, “que gracias a eso ya sabía de quién tenía que hablar en Bruselas y que ya sabía qué tipo de pesquería quería en su país. En España, sin embargo, no entendemos cómo tres años después [en este tiempo se ha debatido la política pesquera para los próximos diez años] el Gobierno sigue negándose a escucharlos”.

Ojeda opina que los ministros han sido mucho menos valientes que el Parlamento Europeo, que en febrero recomendó la protección de los stocks pesqueros. Esta semana, sin embargo, los ministros europeos de Pesca “aprobaron un borrador muy débil, en el que ni siquiera protegen los stocks, ya que ni siquiera fijan fechas límite para su cumplimiento, ni tampoco eliminan, por ejemplo la práctica de los descartes [tirar al mar peces recién pescados]”. En la misma línea se expresa Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España: “Los ministros han preferido hacer oídos sordos y mantener el statu quo”.

La campaña de Greenpeace, por tanto, no es casual; coincide en fechas con la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) por parte de los distintos Gobiernos de la Unión Europea. La organización busca no solo apoyar la pesca sostenible, sino que los pescadores artesanales que la practican tengan voz en esta reforma. En la opinión de la organización, “el 60% de los stocks de peces están sobreexplotados y han perdido la capacidad de recuperarse” debido a que aunque la PPC nació en 1970 para asegurar una industria pesquera “rentable y sostenible”, hasta hoy únicamente “ha favorecido a los barcos de gran tamaño y a los más destructivos, que amenazan el futuro de los mares, océanos y de las comunidades que dependen de ellos”. “El resultado”, denuncia Greenpeace durante esta campaña, “ha sido la creación de una gran flota pesquera destructiva mantenida a través de billones de euros en ayudas que provienen del bolsillo de los contribuyentes”.

Luis Belaustegi fue pescador artesanal en el golfo de Bizkaia la mayor parte de su vida. Se ha acercado al Arctic Sunrise, en Bilbao, con el fin de detallar la situación que vive este tipo de pesca. Vicepresidente de Ondarroa 12 Mil, Belaustegi reclama, a través de esta asociación, el uso exclusivo de las primeras doce millas, que es la plataforma continental, para la pesca artesanal. “Queremos que esas doce millas sean declaradas agua marinada protegida. Los barcos de arrastre saldrían de ahí. Además, pedimos también que se regule la pesca del cerco, de forma que dentro de las seis primeras millas no entrarían barcos de cerco, y de la sexta a la duodécima milla podrían hacerlo pero tendrían que pescar sin luz”.

Belaustegi cuenta en primera persona la desaparición de especies marinas, como por ejemplo el besugo. En la zona del golfo de Vizcaya, explica, hay 26 caladeros en los que cientos de pescadores artesanales pescaban el besugo. “Ahora, ya no hay besugo, ha desaparecido. Al año, en todo el Cantábrico, con suerte se pescan 100”. Por ese motivo tratan de salvaguardar esos caladeros, situados en las primeras doce millas, de forma que especies como el besugo puedan volver a procrear. “En nuestra asociación hay biólogos que están convencidos de que estas especies desaparecen porque no se las deja reproducir”, señala para comentar que los grandes barcos pesqueros no dudan en trabajar en las zonas en las que muchas poblaciones de peces se acercan a desovar.

La administración, mientras tanto, asegura este pescador, no hace nada. “Ponen siempre la excusa de la mala situación económica”. Y explica: “Lo que ocurre es que la culpa de que suceda todo esto es también del propio sector pesquero. Son ellos los que se enfrentan directamente a nosotros, porque muchos solo piensan en una pesquería a corto plazo, mientras que nosotros lo hacemos a largo plazo, para que se pueda seguir pescando en un futuro. Es una actividad que no solo genera empleo, sino que permite que podamos seguir comiendo pescado local, y no tener que importarlo desde países de fuera como India, Noruega, etc”.

En un barco de doce metros, Javier Sarobe, con otro compañero, practica la pesca artesanal de merluza, bonito, lubina y verdel. Desde el Arctic Sunrise apunta también a la mala situación a la que están abocando las políticas a este tipo de pesca. Habla, por ejemplo, del caso del verdel: “Europa estableció una cuota para la pesca de verdel. El problema fue que éramos 600 barcos para pescarlo y muchos de ellos practicaron sobrepesca. Ahora, como sanción, la cuota se ha reducido a la mitad. ¿Cuál es el problema? Que esa sobrepesca la hacían los barcos grandes, industriales, pero todos tenemos que pagar por ello. La pesca de verdel, en este momento, es insostenible. Lo que tendríamos que pescar en tres meses se agota en diez días”.

Sarobe señala otro problema, y es el hecho de que muchos de los que no practican la pesca sostenible quieren situarse bajo esa nomenclatura: “Si no se controla, acabaremos con el último pez y tendremos que mandar los barcos al desguace”.

El debate está claro. Se trata, según Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, de “uno entre dos modelos de pesca: el que garantiza el futuro y el que esquilma los caladores y aboca al paro a mucha gente”. Y el problema “es sencillo”, prosigue, “hay demasiados barcos para pocos peces”. Por ello, cree que es una discusión “importante porque se trata de ver qué tipo de pesca garantiza el futuro” y los distintos Gobiernos “siguen oyendo únicamente al lobby pesquero”, pese a que “la pesca artesanal es mayoría y genera más empleo”.

Por culpa de las prácticas de la gran industria pesquera, en los últimos años han ido al paro ya 50.000 personas, afirma Rodríguez, y de seguir así próximamente se perderán otros 23.000 empleos.

Segundo, que practica la pesca artesanal, cree que esto, la ría de Muros-Noia frente a Gándara, es solo un recuncho [un lugar pequeño, una pizca] de Galicia, pero, aun siendo cierto, este lunes se han concentrado ahí más de medio centenar de embarcaciones pesqueras para reclamar una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que respete la pesca sostenible.

La concentración, promovida por Greenpeace, se enmarca en el tour que el barco de la organización Arctic Sunrise realiza por nueve países de Europa para visibilizar, apoyar y defender la pesca sostenible. En España, la embarcación, antiguamente un pesquero de focas, ya ha estado en Barcelona, Dènia, Muros y el miércoles llegará a Bilbao, donde permanecerá hasta el viernes 17, día en el que partirá hacia Francia.

La protesta, en la que se han exhibido carteles con lemas como “Cañete, no hundas la pesca europea” o “La pesca sostenible es el futuro”, ha coincidido además con la reunión en Bruselas de todos los ministros de Pesca de la Unión Europea en la que han abordado los aspectos de la reforma de la PPC. Para Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace, la acción en Galicia era “muy importante debido sobre todo al lobby potente de la Xunta de Galicia, única comunidad de España con oficina en Bruselas, que siempre ha estado del lado de la gran industria pesquera”. En el encuentro de los ministros, asegura Ojeda, el ministro español de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es el más reacio a escuchar las voces de la pesca sostenible. “Ha estado y estará siempre del lado de las grandes industrias”, denuncia la responsable de Océanos de Greenpeace.

La pesca sostenible es, según la definición de Greenpeace, “aquella que puede mantenerse de forma indefinida sin comprometer la viabilidad de la población de la especie objetivo y sin ejercer un impacto negativo sobre otras especies dentro del ecosistema, incluidas de las personas” y cuya gestión es “respetuosa con el entorno marítimo y costero”. Aunque la mayoría de la flota pesquera española es artesanal y sostenible, Greenpeace denuncia que tanto el anterior como el actual Gobierno del país han primado los intereses de la gran industria.

“A este paso -explica Ojeda- acabarán con las poblaciones de peces”. Si esto sucede, un gran número de personas, puede que hasta pueblos enteros, como las vilas pesqueras gallegas como Muros, terminen con todos sus habitantes en paro. “Si hunden el stock pesquero, se acaba el trabajo, y la pesca sostenible genera mucho empleo, tanto directo como indirecto”.

Para la organización, haber concentrado a tal cantidad de botes en Galicia es sumamente importante, sobre todo al tener en cuenta que hace unos años los rastreadores los recibieron en el mismo lugar a pedradas. Lo mismo sucede con los pescadores, que al finalizar la concentración agradecieron a Greenpeace su apoyo: “Sin la ayuda de ONG como esta no tendríamos la fuerza suficiente para hacernos escuchar”.

Este texto ha sido realizado a bordo de un barco de Greenpeace, que ha invitado a eldiario.es a una travesía reivindicativa por diferentes puntos de la península ibérica.

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En el intervalo de seis minutos, han pasado frente a la parada de autobús situada delante del número 98 de la avenida Entrevías de Vallecas, Madrid, al menos tres patrullas de la Policía Nacional. Una escena habitual en este barrio obrero madrileño.

Justo en la parte posterior del bloque del número 98, en el sótano de lo que antes era un colegio, Elena Ortega, Paloma Gregorio y Lola Onieva ultiman los preparativos de la presentación de la Asociación Madres contra la Represión, que será este domingo a las 12.00 horas. Son la presidenta, la secretaria y la vicepresidenta.

Nos sentamos los cuatro en el escenario desde el que explicarán en qué consistirá la asociación, que busca dar apoyo legal y psicológico a familias que sufran algún tipo de represión (policial, etc.) y despertar conciencia.

Lanzo la primera pregunta, que será prácticamente la única, ya que las tres inician el siempre deseado foro en esta clase de entrevistas.

¿Cuándo surge la idea de crear laasociación?

Lola: Fue con la muerte de Carlos Palomino --fue asesinado en el metro por un fascista--. Ahí empezamos a organizarnos todas las madres. Digamos que su asesinato fue la guinda. Entonces veníamos ya muchas palizas de la Policía a nuestros hijos, de los fascistas...

Elena: Tomamos conciencia definitivamente. Aquí, en Vallecas, la verdad es que siempre hemos luchado contra el fascismo y el racismo y eso ha provocado que nos criminalizaran. Por ello decidimos ponernos en guardia y luchar contra el acoso, contra las denuncias constantes, las multas, los calabozos, la tortura.

Lola: Antes de organizarnos, muchas habíamos vivido en soledad todas esas agresiones contra nuestros hijos. Era algo durísimo. A veces incluso la familia era la que trataba de ocultar lo que había ocurrido. Ahora, por lo menos, la gente por fin se ha dado cuenta de que nuestros hijos no son unos delincuentes. Son simplemente la juventud luchadora que parió la clase obrera.

Elena: Sabíamos que había que poner freno a lo que estaba pasando y el único modo de hacerlo era dando la cara.

La detención de Alfon [hijo de Elena] fue otro detonante.

Lola: Justo antes de que detuvieran a Alfon, las madres estábamos ya cerrando la creación de la asociación. Su detención fue, eso sí, el remate.

Elena: Todas nos unimos más. Era el momento. El ahora.

Lola: El cambio fue sustancial. Cuando mataron a Carlos Palomino, únicamente dábamos charlas y cosas así en locales antifascistas. Ahora la gente se ha sensibilizado. ¿Por qué? Porque han visto que lo que sucede es que le han quitado el futuro a los jóvenes.

Paloma: Ya ni siquiera pueden tener una buena educación, con toda la subida de tasas.

La conversación sigue su curso y las tres hablan de su experiencia en este barrio obrero y luchador.

Lola: Nosotras no somos madres gallinas, somos luchadoras desde siempre, personas con conciencia.

Elena: Nuestros hijos, de hecho, son así por nosotras. Han mamado la lucha. Y han sufrido por ello.

Paloma: A mi hijo le dieron una paliza unos policías. Solo fue a una concentración contra una manifestación de Democracia Nacional. Tenía 19 años y hay una foto de aquel día en la que se le ve tirado en el suelo con un policía apuntándole con un arma. Fueron cuatro años durísimos desde entonces, hasta ahora, que ha pasado el juicio. Yo le decía: ‘Hijo, estudia’. Y me respondía: ‘Ya lo haré en la cárcel, mamá’.

Elena: Son presos políticos.

Lola: Hasta lo de Carlos, todo era considerado una reyerta, una lucha entre bandas. Por lo menos aquello ya se reconoció como asesinato ideológico.

Paloma: Y eso que los fascistas ya habían matado a más gente, habían quemado a personas sin techo...

Lola: Y de lo de Carlos fue gracias a unas cámaras del metro, que si no...

Elena: Si no nos lo comíamos con patatas, como todo lo demás.

Paloma: Esto es importante. Ahora mucha gente se conciencia porque ve los vídeos, las imágenes.

En un determinado momento las interrumpo para hablarles de una entrevista que realicé hace no mucho a un activista vasco, miembro también de una asociación contra la represión.

Se quejaba de que hace años nadie quería visibilizar la represión contra los jóvenes vascos, porque a todos les valía la excusa del terrorismo.

Paloma: Ahora todos somos etarras.

Elena: Lo que sucede es que estamos gobernados por la ultraderecha fascista y católica. El problema es que ellos tienen muy claro todo lo que deben hacer. Nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo.

Lola: Debemos pararlo antes de que esto se convierta en un verdadero fascismo y ni siquiera podamos estar teniendo esta conversación.

Elena: Es la lucha de clases.

Paloma: Todavía no hemos salido del franquismo. No se ha depurado nada: ni la justicia, la Policía...

Elena: Al menos los bisnietos del franquismo son conscientes de que hay cuentas que deben saldarse.

Paloma: Es que además nos gobiernan los herederos de los franquistas.

Elena: Todo lo que hacen es para callarnos, como la droga en su momento. [La asociación tiene muy en cuenta el trabajo de la Asociación de Madres contra la droga] Eso es algo que está volviendo a hacerse. Meten la droga en los barrios luchadores y trabajadores para enganchar a los jóvenes. Nos combaten de dos modos: con el nazismo y con la droga.

Lola: En Vallecas se cargaron a mucha gente con la droga.

Paloma: Y después vino la pérdida de concienciación, cuando todo iba bien.

Elena: Es que era muy fácil tener de todo.

Lola: Todo es parte del diseño capitalista.

Elena: Ahora mismo, está claro que el único camino de los jóvenes hijos de trabajadores es la lucha. Les han quitado todo.

Paloma: A los que mandan no les interesa que nuestros hijos tengan, por ejemplo, una buena educación. Así no les hacen sombra a los suyos.

Lola: Pero esto no consiste en una reforma, no. Hay que cambiar el sistema.

Paloma: Tiene que haber una transformación total.

Elena: Y en eso nuestro papel es el de apoyarles. Ellos saben, y piensan, que esto no tiene arreglo. Ni siquiera votan, pero es porque no creen en este sistema. Lo que quieren es que haya por fin un enfrentamiento. Nos están llevando a la miseria. Te dicen: ‘Tienes que vivir con 400 o 600 euros almes’. Es como con lo de las lentejas, o las comes o las dejas. Pues lo siento, no quiero, las dejo.

Paloma: Pero aún hay gente que no lo entiende. Por ejemplo, muchos criticaron a nuestros hijos por cómo acudieron a la manifestación del 14 de abril [En tres filas ordenadas, portaban banderas republicanas, negras y comunistas]. No sabían que aquello era un cortejo en honor a los maquis.

Elena: Era un homenaje a los caídos, y yo me siento muy orgullosa de ellos.

Lola: En el fondo es una demostración de fuerza.

Elena: De organización.

Lola: No siempre se puede estar con batucadas. No estamos celebrando nada, estamos de reivindicación. Ahora los jóvenes que luchan, que tienen conciencia de clase, lo tienen claro. Y yo, como su madre, estoy a su lado. No voy a permitir que les destrocen y aniquilen.

Lola: Nos hemos plantado y vamos a llegar hasta donde haga falta. Ahora mismo, nuestros hijos son lo único que nos conmueve.

Elena: La rabia y el coraje de una madre son la mayor fuerza que hay.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a la ciudadanía por la monarquía desde octubre de 2011. Entonces, el barómetro de aquel mes reveló que la institución había suspendido, por vez primera, con un 4,89 sobre 10. 0,46 puntos menos que el 5,85 raspado del año anterior. La puntuación hoy, aunque suene a atrevimiento, sería, con toda probabilidad, inferior. ¿Por qué? En octubre de 2011, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aún no había sido imputado en el caso Nóos; el rey Juan Carlos no se había fracturado la cadera mientras mataba elefantes en Botsuana; el nombre y las actividades de Corinna zu Sayn-Wittgenstein apenas eran conocidas; y, sobre todo, la infanta Cristina no había sido llamada a declarar como imputada.

Dudas sobre la caída hay pocas. Aunque no haya referencias en el CIS, diferentes sondeos apuntan a su descalabro. Por ejemplo, el sondeo que publicó el diario El País en diciembre de 2011 reflejó que solo un 49% de las personas encuestadas prefería la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, 8 puntos menos que en 2010 y 20 menos que en 2007. La misma encuesta reveló que un 37% optaba por la república, el mismo porcentaje que en 2010 y 15 puntos más que en 2007. Algo similar evidenció el diario El Mundo en un sondeo publicado en enero de este año: el 53,8% veía la monarquía como la mejor forma de Estado, seis puntos menos que en 2012, mientras un 41% opinaba lo contrario, ocho puntos más que en el primer mes del año anterior.

Esta mañana, como cada año, habrá una manifestación por las calles de Madrid para conmemorar el 82º aniversario de la proclamación de la II República. El enfoque, sin embargo, no es solo de recuerdo, sino de un impulso real por la llegada de una III República. La pregunta es: ¿es esto posible?

Carlos Martínez Núñez es coordinador federal de IU Jóvenes y ve esta posibilidad más cercana que nunca: “Es verdad que el movimiento republicano, hasta hace unos años, se movía más en la línea del recuerdo de la II República, pero en este momento de crisis total del régimen se plantea en serio la posibilidad de abrir un proceso constituyente”. Estas dos últimas palabras, proceso constituyente, son el punto esencial a la hora de hablar de modelo de régimen.

En el libro “Por una asamblea constituyente”, sus autores --de Marco Aparicio Wilhelmi (profesor de Derecho Constitucional en la U. de Girona); Antonio de Cabo de la Vega (catedrático de Derecho Constitucional en la U. Complutense de Estudios Jurídicos Críticos); Marcos Criado de Diego (profesor titular de Derecho Constitucional de la U. de Extremadura); Rubén Martínez Dalmau (profesor titular de Derecho Constitucional en la U. de València); Albert Noguera Fernández (profesor contratado doctor de Derecho Constitucional en la U. de Extremadura); Roberto Viciano Pastor (catedrático de Derecho Constitucional en la U. de València)-- analizan este proceso. En él plantean el proceso constituyente como “una respuesta democrática para el avance en el proceso de emancipación social”. “Parece que la mayor parte de las respuestas a la crisis pasan por el desmontaje del Estado social y la construcción de un nuevo tipo de Estado mínimo”.

Martínez Núñez lo explica: “Al hablar de crisis y ruptura total hablamos, por supuesto, del jefe de Estado, que es el rey, la monarquía. Por tanto, si decimos crisis del régimen, nos referimos, sobre todo, a la crisis de este modelo de Estado”.

IU Jóvenes lanzó este viernes una campaña contra la monarquía centrada en el príncipe Felipe. El objetivo, apunta el coordinador federal, es el de señalar el intento de la monarquía de “rearticular una nueva transición que salve al príncipe”. “Es un error pensar que esta es la crisis de una sola persona, la del rey Juan Carlos; no, es la crisis de toda una institución”, afirma. Es una posición que también comparte Reyes Montiel, coportavoz federal de EQUO, formación que también apuesta por un proceso constituyente republicano: “Intentarán salvar al príncipe para que no esté demasiado cuestionado, pero se equivocan si creen que esto se trata de un problema puramente personal”.

Miguel Pastrana, miembro de la junta directiva de la Unión Cívica por la República (UCR), opina lo mismo. Él y la asociación federal a la que pertenece, impulsora de la Junta Estatal Republicana, que convoca la manifestación de este domingo, apuestan ya desde hace años por un proceso constituyente republicano y creen que este, que no es otro que la III República, depende sobre todo de “los coletazos de este régimen moribundo, que tratará de salvarse como sea”.

La UCR, que entiende que la llegada de la III República “es un proceso histórico inevitable que se retroalimenta paso a paso” que va ligado a “la reinstauración de la memoria de la II República”, presentó hace un año y medio un manifiesto con catorce puntos en los que ya se recogía la “apertura de un proceso constituyente que permita de manera eficaz a la ciudadanía -ya sea por referendo o medio análogo- poder optar por una República federal, democrática y aperturista en sustitución de la Monarquía”. “Somos como una especie de think tank por la República”, asegura Pastrana, que añade que la concienciación en este aspecto “va en aumento”: “Todo el mundo tiene en mente ya un proceso constituyente”.

En su prólogo al libro “Conversaciones sobre la III República”, de Julio Anguita y Carmen Reina, que se presenta este domingo en el Ateneo de Madrid, el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón comparte la idea de una III República que no siga el camino de la simple evocación: “Es absolutamente necesario no entender la III República como una simple reivindicación del importante evento histórico que fue la II República, sino que más bien debemos entenderla como un verdadero proceso constituyente que transforme radicalmente las instituciones y la relación entre representantes y representados. De la misma forma, la crítica al proceso de la transición solo tiene sentido si nos permite imaginar un futuro mejor”.

Su partido, IU, abiertamente republicano, ya planteó en junio de 2012 unas jornadas sobre un “proceso constituyente para un nuevo proyecto de país”. En el punto 27 de sus conclusiones propugnaban por “un nuevo concepto de país, como 'país de países' en un Estado republicano: la integración en el Nuevo Proceso Constituyente de la Plurinacionalidad del Estado -reivindicándola como un valor imprescindible del modelo a construir- es condición previa y sine qua non para el éxito de un proceso que descansa en la recuperación de la Soberanía Popular, del todo y de las distintas partes del nuevo Proyecto de país, imprescindiblemente en un marco político republicano”.

En un manifiesto elaborado para la marcha de hoy, Izquierda Unida habla de nuevo de un proceso constituyente “que dé paso a un nuevo proyecto de país”, comprendido imprescindible debido a: “la crisis del modelo de Estado surgido de la transición, la pérdida de representatividad de las referencias políticas, las esclerosis de las Instituciones del Estado ligadas al clientelismo bipartidista, su profunda corrupción, la oligarquización política como consecuencia de la ley electoral, la quiebra del referente europeo como espacio de igualdad y libertades, la crisis de valores, etc.”, además de una monarquía que “no es hoy un factor de estabilidad [...] al aparecer como una institución salpicada por la corrupción y los escándalos”.

Todas estas claves de la crisis política configuran, según el libro “Por una asamblea constituyente”, una de las condiciones necesarias para que se dé un proceso constituyente: “Es fundamental la existencia constituyente; una crisis de legitimidad del poder constituido que, sin duda, se da en la actualidad. El capítulo destinado al proceso constituyente español de 1977-78 ha demostrado cómo el marco político en el que aquel tuvo lugar, quizás incluso necesario en aquel momento, es insuficiente a día de hoy. Las nuevas necesidades sociales no obtienen respuesta en las decisiones del constituyente de 1978, ni en su producto: la Constitución actualmente vigente que, además, ha sido aunque legalmente, ilegítimamente modificada por los profesionales de la política que siguen detentando, de esta manera, el poder constituyente constituido”.

Esta idea aparece también en el prólogo de Garzón citado con anterioridad: “Para conseguirlo [el proceso constituyente] es necesario entender las deficiencias y limitaciones de todas esas instituciones heredadas del 78, lo que incluye no sólo al sistema electoral, el modelo de Estado, los partidos políticos y los sindicatos, sino también a la Casa Real”. Aquí es, según el diputado de IU por Málaga, “donde se ancla la primera defensa clara del republicanismo como modelo político de sociedad y no como un simple cambio en la forma de determinar quién es el jefe del Estado”.

EQUO, por su parte, también ha lanzado un manifiesto para este 14 de abril, “Reinicia la democracia”, en el que señalan que “el clamor por una República viene acrecentado por los escándalos que rodean a la Corona”. Apuntan, además, que la monarquía “forma parte de un Sistema Político anquilosado en la Transición e incapaz de dar soluciones a la presente crisis económica, social y política”. Ante esto, reclaman, como defiende su coportavoz federal Reyes Montiel, un referéndum sobre el modelo de Estado.

“Hay un divorcio entre la ciudadanía y todas las instituciones que derivaron de la Constitución del 78 -comenta Montiel-, sobre todo con la monarquía, por lo que este es un buen punto de partida para que la ciudadanía opine y sea preguntada sobre si prefiere una institución absolutamente fuera de los tiempos y basada en privilegios de sangre que no tiene ninguna utilidad, o por una república”. Añade: “Es el momento de tomar nuestra responsabilidad y cambiar lo que no nos gusta; el momento de redefinir el quiénes, el qué y el cómo”.

Aparte de los partidos, los movimientos sociales que han cobrado más fuerza en los últimos meses trabajan ya en el camino de un nuevo proceso constituyente. Es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora 25S, que a día de hoy ya ha organizado dos jornadas constituyentes y ayer mismo presentó, junto a asambleas del 15M, un monográfico explicativo sobre el proceso.

Si hay que hablar de plazos, del tiempo que pasará hasta que se vea iniciado un verdadero proceso constituyente, el coordinador federal de IU Jóvenes, si bien prefiere no aventurarse, asegura que todo va a un “ritmo de aceleración brutal: con el 15M, las huelgas generales... Hay una fuerte ruptura generacional y la conflictividad va en aumento”. Martínez Núñez opina que la crisis, tanto la política como la económica, no terminará “en dos o tres años, y la primera irá a peor”. “No sé cuándo veremos el proceso constituyente, pero si sé que mañana estaremos más cerca de conseguirlo”.

“Cada generación --concluye el libro ”Por una asamblea constituyente“-- tiene el derecho a cambiar sus normas de convivencia, su Constitución, y a decidir sobre su presente y su futuro. Negar este derecho en cualquier sociedad es, por definición, negar el carácter democrático de dicha sociedad”.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha sancionado a 18 personas que participaron en el escrache en la vivienda de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, promovido por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), han informado a eldiario.es fuentes cercanas a la delegada, Cristina Cifuentes.

Tres de las sanciones son graves, cuya multa es de 1.500 euros, y otras quince leves, con multas que oscilarán entre los 200 y los 250 euros.

Según estas fuentes, el pasado viernes la Policía identificó a 30 personas que participaron en el escrache en la casa de Sáenz de Santamaría y realizó un informe particupar de todas ellas que posteriormente envió a la Delegación del Gobierno.

La identificación se produjo de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta. “Cualquier concentración de más de veinte personas que no ha sido convocada es ilegal, por lo que la Policía puede identificar a las personas que participan en la misma”, han dicho las fuentes.

Toda vez que la Policía identificó a estas 30 personas, unas son participantes y otras promotoras de la acción, un departamento de la Delegación del Gobierno tipificó los informes y los envió a la delegada para que sancionase, si procedía, las multas.

Para el abogado de la PAH Rafa Mayoral, esta decisión del Gobierno no es más que “una medida arbitraria”. “No es la primera vez que se intenta usar el derecho administrativo para limitar los derechos fundamentales”, ha denunciado.

Verstrynge: “Es un despropósito”

Uno de los participantes en el escrache fue el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, quien, en declaraciones a eldiario.es, ha reconocido estar “realmente sorprendido”. “Me acabo de enterar ahora, por la prensa, es un despropósito”, ha asegurado.

Verstrynge ha adelantado que en el caso de ser multado recurrirá “por medio de los abogados de la Plataforma, que son los que están asesorando a los ciudadanos que han sido multados o detenidos en estos casos y que están ganando todos los recursos que han interpuesto, por cierto”.

Sobre la acusación de que fue uno de los organizadores de la protesta es tajante: “Es mentira. Yo no he organizado nada. Estaba allí para acompañar a unos familiares, por si pasaba algo. Yo no suelo ir habitualmente a escraches, ni mucho menos los organizo”.

“Fue una manifestación pacífica. En ningún momento hubo agresiones ni insultos y eso lo sabe todo el mundo que estuvo allí. También la policía. Lo que es una pura y burda provocación es que la Delegación del Gobierno dé órdenes de pedir carnés de identidad y provoque el nerviosismo entre los ciudadanos que nos habíamos congregado allí una vez desconvocado el acto”, ha afirmado.

Nos enteramos hoy de que el Ministerio del Interior dará instrucciones a la Policía para que impida las protestas a menos de 300 metros de las viviendas de los políticos. ¿Y saben lo que me gustaría? Me gustaría llamar a esa mujer y decirle que el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Policía para que impida que ese hombre se acerque a menos de 300 metros. Me gustaría llamarla y decirle que todos esos policías que custodian la sede de un partido político de unas personas a las que un día echaron de sus casas y que solo querían contar, como aquí, su historia, mantendrían su vivienda protegida. Me gustaría, también, que todos esos policías evitaran las coacciones de los grupos antiabortistas a las mujeres que acuden a clínicas que practican abortos.

Lo peor, lo que duele, lo que cabrea, lo que a veces inclina a uno a dejarse de protestas pacíficas es saber que no lo van a hacer, que todo esto les da igual.

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Aclaración: he hablado del caso con una persona que sabe de esto y me ha dicho que, aunque es normal la confusión, la orden de alejamiento en este proceso fue en realidad una prohibición de acercamiento por un determinado tiempo. Me explicó: “Una orden de protección se acuerda como medida cautelar para proteger a la víctima durante la tramitación del procedimiento, pero una vez recaída sentencia condenatoria, lo que se impone además de la pena correspondiende al delito es la prohibición de aproximación a la víctima. Eso durante el tiempo que establezca la sentencia. Pasado ese tiempo, la pena se ha cumplido”.

En uno de los vagones del metro que recorre la línea 2, en Madrid, entre las estaciones de Las Rosas y Cuatro Caminos, dos mujeres repasan en un móvil la oferta inmobiliaria:

- Habitación, cocina y baño por 500 euros - dice una de ellas.

- ¿Una habitación, 500 euros? - responde su acompañante, que bufa.

Las dos vienen de una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la plaza de Alonso Martínez, cerca de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Una asamblea que tenía previsto realizarse en las puertas de la propia sede, pero que la Policía, que identificó a la mayoría de participantes, impidió al cortar completamente la vía.

El objetivo de la acción, presentada bajo el nombre de “ILP o a la calle” y enmarcada en la campaña de escrache a los diputados que rechazan la ILP hipotecaria, era el de acercar el problema de las personas afectadas por la hipoteca al PP.

Si esta mañana Ada Colau, en una rueda de prensa para valorar el final del proceso de la Iniciativa Legislativa Popular, aseguraba que en los últimos años “la ciudadanía se ha convertido en pionera en la detención del problema su visibilización y ha sido la que ha propuesto soluciones, no las administraciones ni el Gobierno”, esta tarde un afectado lo ha confirmado: “Hemos conseguido varias daciones en pago, alquileres sociales, etcétera”.

Quedó demostrado también cuando una afectada, que apenas lleva dos días en la plataforma, afirmó, llorando, que ya no le quedaba nada excepto la PAH, que le acogió al grito de “no estás sola”.

Varias de las personas afectadas hicieron hincapié en el abuso bancario al asegurar que, aún dispuestas a hacer frente al pago de la hipoteca, se quedaron sin hogar: “Nosotros queremos pagar la hipoteca, la cantidad que podamos al mes, como si son primero 20 y luego más euros al mes, pero la deuda es monstruosa”, dijo una. “Estoy desahuciado, parado y tengo una deuda de 200.000 euros. ¿Cómo quieren que pague la deuda?”, intervino otro.

Asimismo, hubo referencias a las acusaciones por parte de varios políticos y medios de comunicación, que hablan de violencia por parte de la PAH. Iván Ramírez, el activista de la PAH detenido en el Congreso tras la sesión en la que se aceptó la admisión a trámite de la ILP hipotecaria, se preguntó de forma retórica: “¿No es escrache también la persecución policial a los movimientos sociales? ¿No son escrache las multas que nos llegan? ¿No es escrache la propaganda que cada cuatro años nos meten en los buzones los partidos?” Siguió otra afectada: “Yo la única violencia que conozco es la de los policías que entran armados en nuestras casas”.

La asamblea se dio por concluida alrededor de las 20.30 horas, momento en el que se anunció el siguiente escrache programado: el jueves, a las 18.00 horas, en el depósito de agua de plaza Castilla, en Madrid.

La Comisión Legal de Acampada Sol, Madrid, ha presentado la segunda denuncia en ocho meses contra la sistemática falta de identificación de agentes de la Policía Nacional. Tras una primera delación en mayo de 2012, los abogados del 15M han reiterado la acusación al estimar que “ni los responsables políticos ni policiales han hecho nada para cambiar esta situación y mucho menos iniciado un procedimiento disciplinario alguno contra ningún agente de Policía por estos hechos”. El objetivo, el mismo: sancionar a los agentes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado que en las distintas movilizaciones de los últimos meses han actuado sin identificarse y también a sus responsables directos, que, según Legal Sol, han consentido esta “infracción disciplinaria”.

Como ya hicieron la anterior vez, la denuncia se ha acompañado de fotografías de al menos treinta y cinco actuaciones policiales en diferentes días que atestiguan esta falta, “una práctica habitual, reiterada, consentida y conocida por la opinión pública”, aplicada de diferentes formas: ausencia de número identificativo, número tachado o borroso, número invertido o número tapado bajo chaleco anti-trauma.

Este incumplimiento de la norma, explican en el texto, “no solo ha supuesto una infracción grave en el ejercicio de sus funciones por parte de dichos funcionarios, sino lo que es más importante, ha impedido, frente a actuaciones que podrían ser constitutivas de delito o falta, la posibilidad de perseguirse, imputarse y sancionarse -como se hace respecto del resto de la ciudadanía- delitos o faltas, quedando por tal motivo impunes y colocando en una situación de absoluta indefensión a la víctima de los mismos”.

Para Legal 15M, “la sistematización de esta infracción” no es fruto de decisiones individuales, sino que responde a “una sucesión de órdenes del mando respectivo” o a “una serie de directrices desde la cúpula del Ministerio”. De hecho, la comisión ha comprobado que varios inspectores, incluido un inspector jefe, y subinspectores han llevado a cabo esta práctica, incluso cuando agentes con menos rango sí portaban su número.

Por todo ello, entienden que hay personas para las que “la Ley no es de obligado cumplimiento, aun cuando la obligación que imponga constituya un derecho cuidadano”.

El anuncio de una Policía identificada

Pese a que hace unos días se anunció que a corto plazo los agentes antidisturbios llevarán un número identificativo de grandes dimensiones en la espalda, la Comisión Legal, surgida a las pocas horas de la acampada en la Puerta del Sol, consideran que este suceso “no debe bajo ningún concepto eximir de la responsabilidad en la que han incurrido los funcionarios de Policía que hasta ahora, y de manera reiterada y consciente, han incumplido su obligación de portar el número profesional”.

Si bien han mostrado una satisfacción “prudente” y una alegría “contenida” por esta decisión, señalan que “no es más que una obligación legal incumplida de manera sistemática y consciente”. Por otra parte, han dicho sentir inquietud ante el hecho de que el número de identificación vaya a ser diferente cada día. Asimismo, han añadido que todavía están a la espera “de saber el número de dígitos que tendrá el NOP (número operativo policial), detalle que no ha trascendido, ya que por muy grande que aparezca el número, si contiene 9 dígitos entre números y letras, se complicaría la identificación de los funcionarios de la Policía”.

“La propuesta de ley del PP es una ofensa. No recoge ninguno de los puntos mínimos de la ILP --dación en pago retroactiva, paralización de todos los desahucios y alquiler social-- ni da solución a los problemas. Nos deja francamente escandalizados”. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau no vacila: la proposición de ley del Partido Popular, que fusiona el proyecto del inicial del Gobierno con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria, “es un fracaso anunciado”.

Para Colau, el PP ha hecho, al final del proceso, “la propuesta del caos”. De tres tipos de caos: económico, social y judicial. Económico porque, ha asegurado la portavoz de la PAH, el Gobierno está “demasiado preocupado por lo que dicen las entidades financieras y no se da cuenta de que el país no saldrá de esta situación si condenan a cientos de miles de personas a la exclusión social”; social por la espera de estas cientos de miles de personas afectadas; y judicial porque “si no hay una salida política se buscarán soluciones por la vía judicial, lo que provocará el colapso de los juzgados”.

La portavoz de la PAH ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, con el objetivo de valorar el final de un proceso, el de la ILP hipotecaria, iniciado hace dos años y medio. Un curso en el que, según Colau, “la ciudadanía se ha convertido en pionera en la detención del problema, su visibilización y ha sido la que ha propuesto soluciones, no las administraciones ni el Gobierno, que han preferido dar la espalda”.

En la misma línea, Toxo ha afirmado que “no se puede gobernar al margen de los intereses y los sentimientos de la sociedad y en beneficio de las élites”. Por ello, ha dicho, “es útil la movilización”. Para el secretario general de CCOO, el proyecto que presenta el PP semeja un plan “dialogado con las entidades financieras. Es maquillaje, no da respuestas reales”. “El Gobierno está al servicio de las clases más poderosas del país, esperemos que el Parlamento no lo esté”.

El secretario general de UGT ha recordado sin embargo que ambos, Gobierno y Congreso, tienen ahora la “oportunidad de materializar la reparación social y democrática de la credibilidad”. Méndez, además, ha pedido que los bancos nacionalizados “deberían convertirse en el instrumento para dar solución y alternativa”.

Por todo ello, Ada Colau ha anunciado que continuarán con las protestas: “Seguiremos presionando, esperando a que rectifiquen”. Esta tarde, de hecho, ya hay convocados varios escraches en las sedes del PP, incluida una protesta frente a Génova, 13, en Madrid, a las 19.00 horas. La portavoz de la PAH ha reiterado, igualmente, el inicio de una “primavera verde” para evitar que “el PP nos lleve a la ruina”.

La plataforma convoca una manifestación como la del 7 de abril de 2011, considerada una de las señales previas al 15M

Quieren denunciar "la situación de exilio forzoso de la juventud precaria"

Dos años después, el colectivo Juventud sin Futuro volverá a manifestarse un 7 de abril. Si en 2011 marcharon contra la precariedad laboral, el paro y la privatización de la educación, el próximo domingo lo harán para denunciar “la situación de exilio forzoso de la juventud precaria”, que consideran, según un editorial publicado en su página web hace apenas unas semanas, “un auténtico drama para quien lo emprende, porque está rodeado de falsos mitos y mentiras sobre lo que de verdad supone”.

La movilización, aunque sirva para conmemorar los dos años del colectivo, se trata sin embargo de la segunda fase de su campaña “No nos vamos, nos echan”. Eduardo Fernández Rubiño, portavoz de Juventud sin Futuro, lo explica: “En un primer momento realizamos el mapa del exilio [cuenta ya con más de 7000 historias] y, una vez hecho, hemos conseguido los contactos suficientes para organizar una movilización global el día 7. La elección del día responde a que el año pasado recibimos muchos mensajes de gente que nos pedía organizar algo el mismo día que hicimos la primera manifestación en 2011. Es una fecha simbólica. Ha quedado muy marcada”.

Si bien todavía no aclaran qué pasos darán después de la manifestación, Fernández Rubiño señala que querrían crear una “red internacional activa permanente” con todas esas personas que se han sumado y han denunciado su situación a través del mapa del exilio y, así, “establecer nuevos objetivos y conseguir que no todas las decisiones del colectivo salgan desde Madrid”.

Además de en en la capital, donde según el portavoz espera que se produzca “la gran manifestación”, hay convocadas otras acciones en Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Dublín, Londres, Lyon, Montpellier, Montreal, Munich, Palma, París, Roma, Toulouse y Zaragoza. Esperan, no obstante, que se sumen más ciudades antes del día 7. “No habrá manifestaciones en todas las ciudades -apunta el portavoz-, porque depende del número de gente, pero se organizarán otro tipo de movilizaciones, como performance, concentraciones...”.

Durante lo que resta de semana, cuenta Fernández Rubiño, Juventud sin Futuro informará sobre todas las movilizaciones a través de pegadas de carteles en la calle, reparto de periódicos, etcétera.

Por otra parte, han lanzado un crowdfunding con la intención de “financiar la campaña y apoyar las convocatorias en el resto del mundo”. Los objetivos concretos son: “poder cubrir los gastos asociados al lanzamiento de la campñaa (web, vídeos, material gráfico, periódico, estudio sociológico de datos, etc.); impulsar los grupos de jóvenes organizados que han surgido a raíz de los contactos recopilados a través de la web; realizar un estudio con los datos recopilados en la web; cubrir los gastos logísticos y de material asociados a las diversas manifestaciones y concentraciones”.

A mí, sus explicaciones, si bien no me las creo, me recordaron el día en el que subí a casa del colega de un amigo sin saber que aquel era contrabandista. Un camello, vaya. Un dealer de costa y barrio.

En Galicia, esto es así, uno nunca sabe con certeza a quién pertenece el suelo que pisa. Yo, entonces, sospeché con el tercer plasma, las alfombras tapizadas -el chaval no tendría más de 21- y lo confirmé con la torre de costo en la cocina. Y aún así, por tonto o por si acaso, quise asegurarme.

- Joder, ¿y todo esto?-, pregunté.

- ¿Tú qué crees?-, respondió mi colega, con una mirada que invitaba a dejarse de interrogatorios.

El caso es que el dealer del barrio, que en ese momento finiquitaba una partida de fútbol en un plasma más ancho que un colchón de noventa, se mostró confiado y empezó a largar los problemas del oficio. Que si la calidad era peor, que si necesitaba más manos para el corte, que si me cago en las nuevas mezclas y en los jóvenes que no saben lo que quieren.

Cuesta creer, me van a disculpar, que Feijóo fuese capaz de despelotarse de cintura para arriba con Marcial Dorado y no le preguntara jamás por tanto yate, tanta casa, tanta batea. Es difícil pensar, incluso, que el contrabandista no se lanzase a hablar de los problemas del oficio. Yo que sé, aunque fuera alguna queja sobre las pesquisas judiciales.

Feijóo, pobre, no sabía nada. Ni leía el periódico, supongo. Y aún así me cuesta, qué quieren que les diga. En Galicia, a mí me pasa, pensar que los palacetes y grandes yates son de actividades lícitas es, cuanto menos, ingenuo, aunque siempre hay quien cree que los neones de carretera señalan un parque de atracciones.

Marta Uriarte hace tres años que trabaja en Euskadi contra los desahucios. Fundadora de Stop Desahucios Bizkaia, es una de las primeras personas que dio a conocer el movimiento en esta comunidad. Este martes, pocas horas después de escuchar las acusaciones de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, responde al teléfono airada: “Es muy gordo lo que ha dicho, muy heavy”.

Cifuentes ha acusado a las personas que participan en las acciones antidesahucios de apoyar a "grupos proetarras". Estas palabras son, para Uriarte, una forma de intentar “desvirtuar un movimiento que ha conseguido algo sin precedentes en este Estado y es poner de acuerdo a muchos cuidadanos”.

La delegada del Gobierno hace estas declaraciones al calor de algún comentario en los medios de comunicación sobre la adhesión de Stop Desahucios Euskadi a la manifestación del 12 de enero en Bilbao en defensa del acercamiento de presos, cuyo lema era “Derechos humanos. Solución. Paz. Presos vascos a Euskal Herria”. Uriarte argumenta que en ella participaron, por ejemplo, el 15M o la Federación de Equipos de Fútbol. “Aquí siempre ha habido mucho movimiento asociativo y en este tipo de acciones se convocan a muchos de esos movimientos, incluidos sindicatos. Ninguno de estos grupos son susceptibles de ser violentos ¡Era una manifestación en defensa de los derechos humanos!”

La representante de Stop Desahucios Bizkaia insiste en que la asociación no tiene una línea ideológica o política. Reconoce que gran parte de estos movimientos en Euskadi no pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) debido a que son más autónomos. “La PAH es más jerárquica -cuenta Uriarte-, pero eso no significa que no compartamos totalmente su forma de actuar”.

Otra muestra de que en Euskadi Stop Desahucios no tiene relación con la violencia, reitera Uriarte, es el hecho de que tienen dos oficinas municipales cedidas por el ayuntamientos del PNV: “Una en Sestao, abierta de lunes a viernes, y otra que abriremos la semana que viene en Berango”. Asimismo, señala, colaboran con Cruz Roja o Cáritas desde hace años.

Como respuesta a las acusaciones, Stop Desahucios Euskadi han convocado una protesta mañana martes a las 12.00 horas frente a la sede del PP en Bilbao. Por otro lado, plantean la presentación de una querella contra Carlos Cuesta, redactor jefe de El Mundo, por difamación al relacionar el movimiento en el programa de Telecinco El gran debate con grupos proetarras.

Además, Cifuentes ha vinculado directamente a una de las activistas de referencia de la PAH, Ada Colau, “con Bildu, Sortu” y el “entorno proetarra”. Colau ya calificado estas palabaras de “inmorales” y no descarta acciones legales “por difamación”.

La Plataforma por la Desobediencia Civil lanza una campaña contra las masivas y arbitrarias identificaciones de la Policía en las movilizaciones sociales

Ninguna norma establece como obligatorio llevar el DNI encima; sí lo es identificarse si un agente de la Policía lo requiere

José Antonio Labordeta escribió y cantó: “Les devuelvo el DNI / porque yo no quiero ir / donde me van a mandar / con carné de identidad”. El tema se llamaba Desobediencia Civil. Ahora, años más tarde, la Plataforma por la Desobediencia Civil ha seguido el ejemplo de sus letras y ha lanzado una campaña, Di No a las Identificaciones, para hacer frente a las masivas y arbitrarias identificaciones que realiza la Policía desde la multiplicación de diferentes acciones contra los recortes, los desahucios, etc. Es lo que la Plataforma llama “represión de baja intensidad” o “buro-represión”.

Según señalan en su manifiesto, “desde la llegada de Cristina Cifuentes a la Delegación del Gobierno de Madrid, e iniciado ya un ciclo de movilizaciones masivas a partir del 15M de 2011, se ha incrementado la vía represiva de carácter económico mediante un aumento considerable de las sanciones a las personas identificadas aleatoriamente en las movilizaciones sociales, lo que supone de hecho una restricción importante al ejercicio de derechos fundamentales”. Por ello, la Plataforma apuesta por una solución: no llevar el DNI encima en las distintas movilizaciones.

Campaña DNI (Di No a las Identificaciones) from Plataformadc on Vimeo

No portar el DNI no es en sí mismo un acto ilegal. Así lo explica el abogado Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica y la Comisión Legal Sol: “Legalmente, una persona sí está obligada a identificarse pero en ningún sitio se recoge que tenga obligación de llevar el DNI encima”. El abogado detalló estos términos en un artículo en el blog de Red Jurídica, que luego la Plataforma utilizaría para su campaña. En el texto, hace mención al Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que obliga a expedir el Documento Nacional de Identidad a las personas mayores de catorce años y a exhibirlo cuando sea requerido “por la Autoridad o sus agentes”. “En puridad nada dice sobre que sea obligatorio portar en todo momento dicho documento o cualquier otro que certifique la identidad personal”, apunta Gómez.

El miembro de la Comisión Legal Sol también hace referencia a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley de la patada en la puerta o Ley Corcuera, por haber sido aprobada durante la etapa como ministro de Interior de José Luis Corcuera, entre 1988 y 1992. Esta norma, aclara el abogado, que tampoco “contempla como infracción el hecho de no portar documento identificativo o filiación”, sí establece lo siguiente en su artículo 20.2: “De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible”.

Todas estas normas demuestran, por tanto, que no llevar el DNI encima no es constitutivo de falta, de forma que no se trata de desobediencia. “En realidad -cuenta Gómez Cuadrado- está campaña tiene dos partes: la primera es una desobediencia que no es desobediencia: aunque en el imaginario colectivo predomine la idea de que hay que llevar el DNI encima, no estamos obligados a ello. Esa sería la primera parte. La segunda ya sería la desobediencia civil: cuando un Policía te pide que te identifiques de alguna otra manera, ya sea dando tu nombre o alguna otra tarjeta, y tú te niegas, por lo que tendrían que llevarte a comisaría”.

El objetivo es, para el jurista, “hacerle las cosas más difíciles e incómodas a los agentes”. “Si las multas por la acción que se haga van a llevar igual, al menos que no sea tan sencillo identificar a la gente, ya que no es lo mismo entregarle diez documentos identificativos al momento, que obligarles a que lleven a diez personas a una comisaría”.

Los argumentos de la campaña para no identificarse son: “No hemos hecho nada malo; estamos hartos de enseñar el DNI y que nos llegue una multa; nos negamos a que se naturalice una práctica abusiva e ilegítima y buscamos visibilizarla; nos solidarizamos con quienes son acosados por su aspecto o color de piel, a través de identificaciones sistemáticas; defendemos la libre circulación de las personas, sin hostigamientos; queremos una sociedad sin amenazas ni coacciones policiales; preferimos ir a comisaría que dejar de defender un derecho básico; somos desobedientes civiles y participamos de la Campaña Di No a las Identificaciones”.

La campaña incluye, asimismo un breve manual de comportamiento para personas que vayan sin ningún tipo de identificación.

¿Y la policía?

La identificación, no obstante, no es algo que competa únicamente a la ciudadanía: los agentes de Policía deben ir también correctamente identificados. Así lo establece el artículo 18 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre: “Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior de la prenda de uniformidad”.

El mismo Real Decreto, en su artículo 21, recoge: “1- Los funcionarios que prestan servicio sin uniforme usarán como medio identificativo de su condición de Agentes de la Autoridad el carné profesional y la placa-emblema, cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos o en los casos que sea necesario para realizar algún servicio. 2- Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales. 3- Hallándose los funcionarios fuera de servicio, solamente podrán utilizar el carné profesional y la placa-emblema, excepcionalmente, cuando tengan que actuar en defensa de la Ley o de la seguridad ciudadana”.

Pese a la obligación, es habitual ver a agentes de Policía sin identificar en el transcurso de una movilización. En su día, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, negó los hechos y aseguró que “algunos miembros de la UIP [cuerpo de antidisturbios] llevan la identificación debajo del chaleco antitrauma, para evitar que se haga un uso indebido de la misma, porque se les ha fotografiado o identificado”. En otras ocasiones, sin embargo, la excusa era que estos chalecos antitrauma no tenían la identificación. No obstante, diferentes imágenes que la Comisión Legal Sol adjuntó a una denuncia ante el Ministerio del Interior demuestran que muchos policías trabajan sin identificación sea cual sea el uniforme que vistan.

La buro-represión

¿Qué es la “buro-represión”? Óscar Martín García escribe el capítulo del libro coordinado por Pedro Oliver Burorepresión. Sanción administrativa y control social (Ed. Bomarzo, 2013) acerca de cómo ejerce el Estado este tipo de represión de baja intensidad sobre los movimientos sociales. Para entender en qué consiste, Martín García explica los dos tipos de represión existentes hoy en día: “Por un lado, está la represión más dura y más violenta que el Estado utiliza cuando busca que sea obvia y por ello ejemplarizante. Con este tipo de represión se busca meter miedo a la ciudadanía. Son, por ejemplo, las cargas, las bolas de goma... No obstante, este tipo de represión puede causar problemas de imagen pública. Sucedió en la llamada primavera valenciana. Por ello, actualmente en España el Estado hace uso de otro tipo de represión más sutil y es la llamada buro-represión, que consiste en faltas legales, económicas, administrativas... El Estado plantea un modelo mixto entre la dura y la de baja intensidad que utiliza en función del contexto político”.

Últimamente, explica el autor, la buro-represión es “más efectiva”, ya que al no ser explícitamente “violenta, es más difícil de gestionar para los movimientos sociales”.

Las identificaciones son, para Martín García, el mejor ejemplo de esta represión de baja intensidad.

“¿Tiene conocimiento el CNI de que la conocida como princesa Corinna actúa como intermediaria en operaciones comerciales en el extranjero que afectan a empresas españolas? En caso afirmativo, ¿recibe alguna remuneración por la intermediación?” Son dos de las cuestiones que Izquierda Unida (IU) planteó ayer en la Comisión de Gastos Reservados, más conocida como la comisión de secretos oficiales, al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el teniente general Félix Sanz Roldán, y que por la tarde fueron registradas en la Mesa del Congreso por el diputado Alberto Garzón. Dos preguntas que, como el resto, obtuvieron una sucinta respuesta negativa por parte del militar.

Cayo Lara, coordinador de IU, ya dijo este martes a su salida de la Comisión que, pese a que estaba “más tranquilo en relación con el CNI”, respecto al tema de Corinna abandonaba el encuentro “igual de intranquilo” que antes de iniciarlo.

En total, su formación ha expuesto once asuntos relacionados con la Casa Real y, sobre todo, con las actuaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La mayor parte de estas cuestiones tienen relación con informaciones publicadas por la revista Interviú, que reveló hace unos días que la empresaria alemana habría cobrado “comisiones millonarias a cambio de sus trabajos para empresas españolas”. La pregunta formulada al respecto dice: “Según publica la revista Interviú, la llamada princesa Corinna utiliza dos cuentas corrientes en Suiza, en los bancos Bank of Scotland de Zurich y en Private Bank en Ginebra, donde recibe dinero como pago por la intermediación entre empresas españolas y extranjeras. ¿Conoce el CNI este hecho? ¿Sabe el CNI quién más tiene acceso a esas cuentas corrientes?”

Asimismo, IU ha demandado, basándose también en informaciones de Interviú, una respuesta relativa a si el CNI abrió en algún momento “cuentas en territorios offshore -paraísos fiscales- a nombre de identidades operativas” o directamente en Suiza. Según la publicación, refiriéndose a explicaciones de fuentes de los servicios de inteligencia, “se habrían abierto dos cuentas en Suiza a nombre de identidades operativas, nombres completamente falsos pero dotados de documentación española totalmente legal” con el objetivo de gestionar los pagos de los servicios de Corinna. El dinero, cuenta Interviú, “estaría gestionado por un conocido bróker helvético relacionado con los fondos de varias fortunas españolas en Suiza”.

Sobre este tema, IU ha preguntado acerca de una posible relación entre Corinna y el gestor de fondos Arturo Fasana, detenido en mayo de 2009 por administrar, supestamente, los recursos financieros de la trama Gürtel. Su nombre completo, Arturo Gianfranco Fasana, figura en el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón como gestor del dinero de Francisco Correa, principal imputado.

En otro artículo de la revista Interviú de junio de 2009, los periodistas Manuel Marlasca, Daniel Montero y Luis Rendueles detallan las actividades de Fasana y hablan de Rhone Gestion como una de sus empresas. IU ha interpelado al CNI a explicar si conoce alguna relación entre esta compañía y Corinna.

La formación también ha preguntado al Gobierno si piensa tomar algún tipo de medida judicial contra Corinna después de que esta afirmase que había realizado “trabajos gratis, pro bono, para el Gobierno español y remunerado para el sector privado, para algunas empresas”.

El resto de cuestiones tienen relación con los vuelos en los que viajaría Corinna para esas supuestas intermediaciones remuneradas. Se pregunta a cargo de qué cuenta corriente se abonaba el coste de los transportes y si en algunos de estos viajó también el rey Juan Carlos. Acerca del monarca, se pretende saber si este también actúa como intermediario en operaciones comerciales y, si es así, si recibe dinero por ello.

Otra de las interpelaciones presentadas por Garzón inciden en la supuesta reunión entre el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y Corinna: “¿Es cierto que el Gobierno, a través del ministro de exteriores, se ha reunido recientemente con Corinna? Si es afirmativa la respuesta, ¿con qué fin? ¿Tiene relación con la mediación entre el Gobierno y algunos inversores extranjeros?”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera la ley hipotecaria española abusiva e ilegal, ha surtido sus primeros efectos: diferentes secretarios judiciales han paralizado ya varios “procedimientos de ejecución hipotecaria”, según ha confirmado Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales.

Lafuentes ha señalado a eldiario.es que este viernes una secretaria judicial de L'Hospitalet del Llobregat ha frenado cinco desahucios al entender que la sentencia europea evidencia que la normativa española no se ajusta al derecho comunitario, y eso, según el portavoz, crea “una gran inseguridad jurídica”.

El portavoz del sindicato utiliza el término “procedimientos de ejecución hipotecaria” y no estríctamente desahucios ya la mayoría de estas paralizaciones son de subastas, que son, explica Lafuente, el paso previo al lanzamiento, es decir, a echar a la gente de sus casas.

Tras conocer la decisión de la secretaria judicial de L'Hospitalet, al Sindicato han llegado también casos similares acaecidos en Valencia, Madrid, etc.

Lafuente ve normal estas determinaciones y considera que debería ser el propio Gobierno el que suspendiese los desahucios hasta adecuar la Ley de Enjuiciamiento Civil al mandato de la Unión Europea.

Javier Couso, hermano de José, el cámara asesinado el 8 de abril de 2003 por el ejército estadounidense en Bagdad, está en Murcia. Coge el teléfono poco antes de presentar el último libro de una de las testigos del caso, Olga Rodríguez. Este viernes, a partir de las 20.30 horas, estará en la sala Arena de Madrid trabajando en el concierto que han organizado para recaudar fondos destinados a la conmemoración del décimo aniversario del asesinato. Le pregunto cómo está: “Cansados, pero muy satisfechos. Hemos hecho mucho. Aunque haya personas que crean lo contrario, no es todo o nada. Hemos conseguido muchas cosas”.

A José Couso lo mataron hace ya diez años. Fue el ejército de EEUU. Hay tres militares procesados y dos superiores imputados. Desde entonces, ningún Gobierno español ha trabajado para resolver el caso. Es más, han favorecido a ocultarlo. “Todos han sido sumisos a lo que mandaba EEUU”, denuncia Javier. A pesar de los constantes intentos de la Fiscalía, que no es más que el Gobierno, los abogados del caso han presentado nuevas diligencias, admitidas por el juez Santiago Pedraz, para reactivar las órdenes de busca y captura de los culpables.

El caso sigue abierto. Y sería un error convertirlo en poco más que una efeméride. En eso jugamos, o juegan, los medios un papel importante. Como bien me comentó Javier, “todo el mundo sabe en qué manos está la gran mayoría de la prensa”. “Al igual que fast food, existe el fast periodismo”, me dijo. Luego se mostró agradecido con “la tropa de periodistas, los de a pie”.

No estaría mal que recordásemos que el asesinato no solo de Couso, sino de otros dos periodistas aquel 8 de abril, respondió a un estudiado ataque estadounidense contra la prensa. Más nos valdría recuperar la lucha y traerla de vuelta de los tuits a las portadas. Y a los movimientos del día a día.

Sea como fuere, J.D.B. lo dejó claro: “Quiero mi dos”. Y puede que luego consigamos el tres. Y el cuatro. Y el diez. Y quién sabe si mañana el infinito.