Las hemerotecas se han llenado este mes de marzo de titulares acerca de violencias digitales que, en algunos casos, han traspaso las pantallas y se han materializado también en forma de acoso y agresiones físicas. A las denuncias públicas y policiales de Rita Maestre, Ione Belarra, Irene Montero, Tesh Sidi y Antonio Giraldo (así como de la periodista Sarah Santaolalla el pasado febrero) se suman procesos judiciales contra un hombre que enviaba mensajes homófobos a jóvenes por Instagram desde La Rioja o contra los futbolistas que han difundido un vídeo sexual de una jugadora de 14 años en Bizkaia.

Esta misma semana, la Universidad de Murcia ha divulgado una investigación basada en entrevistas a más de mil mujeres que confirma que un 61% de ellas ha sufrido presiones sexuales online y que constata el impacto de la violencia digital en su salud mental, en forma de ansiedad, baja autoestima y miedo a que el acoso se materialice también en la vida física. Una consecuencia es que las mujeres restringen su participación en espacios digitales.

También en marzo, el Gobierno de España y el de México han anunciado medidas para frenar las violencias en línea. Pedro Sánchez ha presentado la Huella del Odio y la Polarización (HODIO), una herramienta para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales. Por su parte, el ejecutivo que preside Claudia Sheinbaum ha firmado un acuerdo con las principales plataformas digitales (Meta, Google y TikTok) para que incorporen mecanismos de protección de las mujeres: desde campañas para incentivar denuncias a contenidos de sensibilización o la creación de rutas para retirar contenido violento o íntimo no consentido.

Si hace una década el debate público se centraba en las violencias entre la juventud como nativa digital (ahí aprendimos conceptos como grooming o sextorsión), la preocupación gira ahora sobre las acciones más o menos coordinadas desde la llamada manosfera para intentar amedrentar a feministas con proyección pública, como activistas, comunicadoras y políticas. Sin embargo, la victimización constante también se ha traducido en una acumulación de acciones para documentar, contextualizar, prevenir y acompañar los casos de violencias machistas en línea.

Algunos han dado sus frutos: por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condena como un delito de odio las expresiones racistas y misóginas que Justo Huertos Rubio emitió por redes sociales en contra de la comunicadora y activista antirracista Quinndy Akeju. La sentencia demostró que cuando se investigan las violencias, el anonimato deja de ser garantía de impunidad.

Adaptar leyes, reclamar responsabilidad

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 un informe, Las violencias de género en línea, que registró en el Congreso de los Diputados ese año junto con la revista feminista Pikara Magazine y el apoyo de las entidades Calala y Front Line Defenders. Esta acción de incidencia estuvo motivada especialmente por el acoso continuado en redes sociales que habían sufrido colaboradoras de la revista feminista, como Irantzu Varela, Brigitte Vasallo, Silvia Agüero Fernández o Alicia Murillo.

Laia Serra es la abogada penal que elaboró en 2018 el informe 'Las violencias de género en línea': “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales

Ocho años después, aunque lamenta que la iniciativa quedase en un cajón y no recibieran respuesta alguna, Serra valora el carácter pionero de esa demanda de protección que dirigieron al Estado: “Entonces se divisaban las violencias digitales solo desde un punto de vista reputacional, de conflicto interpersonal, y no se le estaba dado la dimensión democrática, de participación ciudadana, que intenté reflejar en el documento. El tiempo nos ha dado la razón: ese es el punto neurálgico de una violencia transversal que no solo afecta a las jóvenes nativas digitales”.

El siguiente hito en el que participó esta jurista fue conseguir en 2020 que la ley catalana contra las violencias machistas incluyera en su ámbito de actuación las violencias hacia las mujeres en redes sociales y en la esfera pública. “Eso ha significado que en Catalunya todos los agentes implicados en la atención a las violencias han tenido que ser formados sobre esta tipología de violencias. Yo he formado a profesionales de los servicios de intervención especial, a médicos y a psicólogas forenses; los Mossos de Esquadra han sacado su propia guía; hemos creado la línea Fembloc que ofrece asesoramiento tecnológico legal y psicosocial. Hemos abierto camino y hemos intentado que otras leyes se hicieran eco de esta dimensión tecnológica”, condensa.

El siguiente hito fue introducir mediante la llamada ley del solo sí es sí modificaciones de artículos de otras normas, como la de Enjuiciamiento Criminal, de forma que las juezas y jueces de instrucción puedan ordenar la retirada de contenidos sexuales difundidos sin consentimiento como primera medida de protección. También del Código Penal para poder castigar no solo al primer divulgador sino a quienes republiquen esos materiales.

Sin embargo, lamenta que el gran escollo con el que chocan esos avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, Serra valora el paquete de medidas que anunció en febrero Pedro Sánchez, que incluye la persecución penal a los CEO de plataformas digitales que permitan la difusión de contenidos ilícitos y falsos.

El gran escollo con el que chocan los avances es que los estados y las instituciones europeas no están consiguiendo que las grandes plataformas rindan cuentas y prioricen la responsabilidad sobre el ánimo de lucro para frenar formas de violencia propiciadas por sus algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial

La jurista insta a no esperar a que se desarrollen en España las competencias de las nuevas leyes europeas sobre IA o sobre servicios digitales, y apela a la proactividad de diversos actores, desde la Agencia Estatal de Protección de Datos a la Inspección de Trabajo o el sistema de salud, así como incluir las violencias digitales en distintas normas, resume para elDiario.es.

Redes de apoyo

Las históricas huelgas de 2018 y 2019 marcaron un clímax en las luchas feministas, que han sido respondidas con una intensa reacción misógina y supremacista, articulada en redes sociales con participación de actores de extrema derecha o los llamados incels. En España, el Instituto de las Mujeres publicó el pasado mes de diciembre un informe en el que analiza el uso por parte de estos internautas del término “Charo” para ridiculizar, desacreditar e intentar silenciar a mujeres feministas de izquierdas.

Se trata, sin embargo, de una ofensiva globalizada que han instado a atender desde la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión a organismos internacionales de derechos humanos. Ya en 2018, Amnistía Internacional llamó a actuar con perspectiva interseccional contra la violencia de género facilitada por las tecnologías, consideradas como “abusos contra los derechos humanos en virtud del derecho internacional”. Uno de sus hallazgos fue que las mujeres racializadas tenían un 34% más de probabilidades que las mujeres blancas de ser mencionadas en “contenido abusivo o repetido de carácter nocivo u hostil” y que ese porcentaje se disparaba hacia un 84% en el caso de las mujeres negras.

En México, la colectiva feminista Luchadoras MX ha desplegado un área de Internet Feminista que incluye una Línea de Apoyo contra la Violencia Digital desde la que brindan a las mujeres y disidencias que sufren estas violencias “información, orientación legal, mecanismos de reporte, contención emocional, contención emocional, canalización con autoridades y otras colectivas”.

Los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”.

La forma de acompañar cada caso se adapta a las decisiones y los ritmos de las personas (desde la denuncia al descanso en la actividad digital), pero señalan como coincidencia la importancia de no dejar a las afectadas solas: “Poder contar con redes de apoyo y comunidades que escuchen sin juzgar, que acompañen, que contengan y que validen las emociones que surgen frente a la violencia hace una gran diferencia. Es en esos espacios donde poco a poco se puede volver a tomar aire, ordenar lo que se siente y empezar a recuperar la propia voz”, destacan las responsables de la Línea de Apoyo, Gisel Santos y Paola Rivera Niño.

Desde Luchadoras comparten la preocupación de que la “tecnología avanza más rápido que la capacidad de generar avances regulatorios nacionales e internacionales eficientes, por lo que es importante documentar y no quitar el dedo del renglón ante este fenómeno”. Algunas de las transformaciones que han identificado han sido la generación de nuevas dinámicas que propician una escalada en la intensidad de agresiones como el uso de bots o cuentas automatizadas para coordinar ataques, o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para propósitos humillantes o desacreditantes (los llamados deepfakes).

Añaden que los algoritmos de las plataformas facilitan una viralización de narrativas misóginas, LGTBIQA+fóbicas, antifeministas y supremacistas, que se traduce en hostigamientos masivos, especialmente cuando las víctimas son periodistas, creadoras de contenido o activistas y los victimarios son grupos de la manosfera y la ultraderecha que buscan “movilizar comunidades reaccionarias y generar miedo y autocensura”. En la línea de Serra, concluyen que “ya no se trata solo de una agresión interpersonal, sino de una estrategia dentro de conflictos políticos más amplios sobre género, democracia y derechos”.

Más conciencia

La psicóloga Isa Duque, impulsora del proyecto de divulgación Psico Woman, asegura que en las charlas que ofrece al alumnado de secundaria (centradas en el amor pero abiertas a plantear otras inquietudes) apenas están saliendo la cuestión de las violencias digitales, mientras que se repiten las dudas sobre ligoteo y salud mental. “Lo que más salen son temas de control a través del móvil: qué hago si mi pareja me dice a quién puedo seguir y a quién no, qué hago si descubrió que sigue a su ex en redes y lo vivo como una traición…”, añade.

“Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto y autora de la guía de ciberviolencias 'Ponle nombre', que publicó Emakunde

Estíbaliz Linares, investigadora de la Universidad de Deusto (Bizkaia), es una de las autoras de la guía de ciberviolencias Ponle nombre, que publicó el pasado diciembre el Instituto Vasco de las Mujeres, Emakunde. Una guía dirigida a chicas y chicos jóvenes para promover la identificación de distintas formas de violencia digital, poniendo el foco no sólo en la protección sino en la responsabilidad para no difundir o emitir contenido misógino, e incluyendo también apartados sobre LGTBIQA+fobia, racismo y gordofobia.

Linares cuenta con más de una década de experiencia estudiando y divulgando sobre las violencias digitales en la comunidad educativa. Identifica que las forma de violencia se han ido sofisticando con los años (en tanto que se han sofisticado también los usos de las plataformas digitales), pero prefiere poner el foco en los aprendizajes y recursos desarrollados, desde las pautas de autoprotección a los mecanismos de denuncia impulsados por redes feministas: “Lo que veo en las investigaciones y en las escuelas es que las niñas, los niños y adolescentes son cada vez más conscientes: saben poner sus redes en privado, conocen sus límites, identifican discursos racistas no sólo en redes sino incluso en el propio profesorado. Las adultas jóvenes generan redes de protección cuando usan Tinder”, ejemplifica.

Celebra que en la comunidad autónoma vasca ha quedado atrás la fase en la que era la policía la encargada de dar charlas sobre ciberviolencias sexuales en las aulas, con enfoques que promovían el miedo y la culpabilización. “Ahora van a las aulas educadoras de consultorías que no siempre están suficientemente formadas en ciberviolencias pero trabajan con perspectiva de género”, cuenta. El siguiente paso, desde su punto de vista, es pasar de esas charlas puntuales por parte de personas externas a una transversalización en el currículum y una implicación de todos los agentes educativos, desde las familias a los servicios sociales. También en este punto, Linares se muestra optimista: “El profesorado está concienciado, dispuesto a colaborar, pero nos tenemos que coordinar para formarlo de manera que no se tope con la mochila de tener que saber también de ciberviolencias. En algunos pueblos se está debatiendo y trabajando en comunidad cómo criar a las niñas y niños en protección digital”.

En ese sentido, no comparte las medidas como la anunciada en febrero por Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años: “¿Qué pasa, que con 17 años ya no vas a ser machista y a producir contenido violento? Hay que trabajar desde la infancia (especialmente con los chicos) para que, si ven ese contenido, les dé tanto rechazo que lo puedan denunciar, y para que se puedan vincular con otros contenidos y tonos sobre masculinidades, feminidades y diversidad”.

¿Y las violencias benevolentes?

La guía sobre ciberviolencias de Emakunde elaborada por Zaloa Lafuente, Estíbaliz Linares e Iratxe Rodríguez dedica un apartado al body shaming, que define como “comentarios, insultos u odio contra todos los cuerpos que rompen con los ideales de belleza establecidos”, y a la gordofobia, entendida como “rechazo y violencia que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas”. Sobre esto último, añade que esta violencia presente en la vida offline “coge mucha fuerza en las redes sociales” y se basa en prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida

Magda Piñeyro, divulgadora y asesora sobre gordofobia, género y diversidad corporal, autora de dos libros sobre el tema, detalla las violencias explícitas gordófobas presentes en redes sociales: “Véase los insultos, amenazas, burlas o el fatshaming, que es como se llama a la exposición púbica de vídeos no consentidos de personas gordas caminando, en gimnasios o comiendo”. Sin embargo, añade una segunda capa, la gordofobia benevolente: “Toda esa amplia gama de comentarios bienintencionados, como las invitaciones a hacer ejercicio, hacer dieta o consultar a nutricionistas”.

Piñeyro da cuenta de lo complicado de concienciar sobre “por qué un mensaje como ‘con un par de kilitos menos estarías mejor’ acompañado de un corazón es violencia y por qué duele”. Agrega también que tanto las violencias explícitas como las benevolentes ponen en el punto de mira no solo a activistas como ella sino a “cualquier mujer gorda que suba una foto de vacaciones con sus amigas” y que siente una gran desprotección a la hora de combatirlas: “Yo simplemente bloqueo y sigo con mi vida”.

Las recomendaciones de la guía de Emakunde no se dirigen a las personas gordas sino al resto de la ciudadanía: “Antes de recomendarle a alguien que cambie sus hábitos de vida, piensa si de verdad te importa su salud o te molesta su cuerpo. ¿Le harías la misma recomendación a alguien que sube una foto fumando o bebiendo?”.

Septiembre de 2024. Eres una joven vasca, universitaria, y sales de fiesta con tus amigas. Ligas con un chico y, cuando salís fuera de la discoteca para enrollaros (tú has bebido, él no), pasa por encima de tus límites y te viola. Tus amigas llaman a la Policía, te llevan a comisaría, declaras aturdida, y al día siguiente ves que eso que te ha pasado, eso que todavía no puedes nombrar, es noticia. 

Los medios de comunicación explican aquello que para ti es una pesadilla de la que no puedes despertar. Lo que no cuentan, porque no han hablado contigo, es que no puedes conciliar el sueño, que no puedes seguir las clases, que tienes ataques de ansiedad, que te quieres morir. Sabes que es él quien tendría que sentir la vergüenza, la culpa y el asco, pero los sientes tú.

Tres días después, vuelves a ser noticia porque el Ayuntamiento de Bilbao, la ciudad en la que has sufrido la agresión sexual, ha convocado un acto público de repulsa. En el comunicado te ofrecen apoyo, pero a ti nadie te llama. Eres tú la que llamas a otra institución, Emakunde, el Instituto Vasco de las Mujeres. Preguntas si no se puede hacer algo para que los medios despubliquen noticias que vulneran tu intimidad y en las que, además, están abiertos los comentarios para que algunos indeseables opinen sobre tu violación. Te dicen que lo llevarán a la comisión de medios de comunicación y que te llamarán. Sigues esperando la llamada. 

Decides que, ya que los medios de comunicación te han expuesto, vas a intentar controlar la narrativa. Una amiga influencer, Natalia Álvarez, cuenta tu historia en un vídeo que se hace viral. Tu psicóloga, Ziortza Karrantza, también hace un reel denunciando la normalización de la violencia sexual. Escribes a una revista feminista, Pikara Magazine, te entrevisto y publico un reportaje en el que te llamo Jare (libertad en euskera), en el que contextualizo lo que te ha pasado con expertas en violencias machistas.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza tortuosamente. El juez no te concede las medidas cautelares que ha pedido tu abogada de oficio: la orden de alejamiento y retirada de pasaporte, porque el presunto agresor (perdona, Izaro, que escriba presunto) tiene doble nacionalidad. Más adelante, otra jueza establece al menos la obligación del denunciado de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. En una de esas, no comparece. La Policía va a su casa y quienes abren la puerta aseguran no conocerle. Se confirman tus temores: ha volado a su país de origen. La impotencia, la rabia, el dolor, son insoportables.

Entonces, inspirada por los #MeToo y Cuéntalo, por Denuncias Euskal Herria, Cristina Fallarás y Giselle Pellicot, decides dar la cara, poner el nombre y el cuerpo. Grabas un vídeo de en el que das cuenta de toda la desprotección y revictimización que estás sufriendo. 

El vídeo es tan viral que te llaman de platós de televisión de Canal Sur, Antena 3 y Cuatro. De algunas entrevistas sales contenta, de otras magullada. El vídeo es tan viral que hasta el principal partido de extrema derecha de España lo comparte, con el despreciable objetivo de instrumentalizar tu caso para alimentar la xenofobia. Te indigna muchísimo que te utilicen de esa manera, haces stories para desmarcarte de su discurso del odio racista, y recibes una avalancha de odio que demuestra que solo les importas mientras les sirvas para su agenda supremacista. Te ves obligada a cerrar tu cuenta de Instagram, esa que te ha servido, entre tanta impotencia, para sentir que haces algo, que consigues algo, que llegas a alguien. 

Te has movido también fuera de las redes sociales, pese a la vergüenza y el estigma que te siguen afectando. Te has puesto en contacto con el movimiento feminista de Bilbao y te han apoyado. La plataforma Bilbo Feminista Saretzen organizó el pasado 23 de octubre una manifestación en la ciudad en la que has podido leer tu propio comunicado, agradecer a quienes hemos estado contigo y seguir denunciando el silencio institucional. Has desvirtualizado a referentes como Nerea Barjola, autora de una tesis doctoral y un libro sobre el terror sexual en torno al caso de Alcàsser. 

Esa misma semana, el presunto agresor ha comparecido telemáticamente para la indagatoria, una diligencia procesal en la que se le han informado de los cargos en su contra y las pruebas en las que se sostienen. Te pudre que se le permitan esas facilidades inusuales. ¿Quién te asegura que, en caso de condena, vaya a cooperar con la justicia o vayan a extraditarlo? 

Buscas una nueva abogada, Carla Vall, experta en violencias machistas, una de las más conocidas y mediáticas. Sigues haciendo entrevistas con medios. Dedicas toda tu energía a tu caso, a la búsqueda de justicia y reparación; el resto de tu vida está en suspenso. No te sientes sola, pero sí desamparada. Sigues esperando la llamada del Ayuntamiento de Bilbao y de Emakunde, pese a que esta periodista les ha pedido explicaciones sobre cómo (no) te han acompañado.

Ha pasado un año y un mes desde que te entrevisté, Izaro. Un año y un mes en el que me has confiado tus momentos de mayor desesperación y también el subidón por ver que tú sola has sido capaz de recibir el calor humano que no te dieron ni la justicia ni las instituciones. He intentado ayudarte y también frenarte, por miedo a que esto no acabe nunca y que, lejos de obtener reparación, las violencias en el camino se solapen hasta el infinito. Pero tú has tirado para adelante con todo y, si la sentencia es desfavorable, podrás estar en paz por haber hecho todo lo que estaba en tu mano. Por ti y por todas nosotras. 

Pase lo que pase, te has sumado a una genealogía de supervivientes de violencias machistas y familiares de víctimas de feminicidio: Ana Orantes y sus hijas; la madre de Nagore Laffage; la víctima de la violación múltiple en Sanfermines; las temporeras de la fresa que han denunciado los abusos de sus patrones; Juana Rivas, Irune Costumero, la uruguaya ‘María’, y todas las madres protectoras; las compañeras migradas y exiliadas nicaragüenses que están pidiendo justicia para Doribel, quemada por su excompañero en su intento feminicida en Bilbao, y tantas otras que no caben en este artículo. 

Te preguntas, nos preguntas, si todo esto va a servir de algo. Tiendo a contestarte desde la prudencia, intento que tengas expectativas realistas. Pero además de admirar tu fuerza y determinación, estoy segura de que, pase lo que pase con tu caso, sí que habrá servido, como una valiosa piedra más en el camino; una piedra más con la que resquebrajar la justicia patriarcal y la impunidad que sienten los hombres machistas que se permiten violentarnos. 

Respuesta de las instituciones 

Emakunde ha confirmado que Izaro se puso en contacto telefónico: “Se analizó su caso y, al no ver posibilidad de proceder con las herramientas de la Defensoría, se llegó a la conclusión de que es necesario ahondar en el trabajo con los medios de comunicación y su tratamiento de los casos de violencia machista y hacerlo en el seno de la comisión Begira para una comunicación y publicidad no sexista. Asimismo, se facilitó a la víctima el contacto del centro de crisis en Bizkaia, para que pudiera recibir una atención integral, y el de la asociación Emargi, que realiza acompañamientos a mujeres, especialmente a jóvenes, que han sufrido violencia sexual”. 

Añade el Instituto Vasco de las Mujeres que su reclamación, unida a otras, ha motivado abordar una revisión del “Código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la comunicación no sexistas” de Begira, que socializarán con los medios. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao se acoge a “motivos de confidencialidad y respeto a la intimidad de las mujeres afectadas” para no responder oficialmente a la pregunta de por qué no han contactado personalmente con Izaro para ofrecerle el apoyo mencionado en su declaración pública. Explican que, cuando el Ayuntamiento de Bilbao tiene conocimiento de agresión, “pone a disposición de las mujeres -empadronadas en Bilbao- información, atención psicológica, apoyo social, jurídico y recursos específicos de manera inmediata”. Izaro no está empadronada en Bilbao; ese sería el motivo por el que no ha habido contacto directo.

A la pregunta sobre si el protocolo por el que se organiza un acto público en repulsa de una agresión sexual no prevé informar a la víctima y tenerla en cuenta, argumentan que se trata de un “ejercicio de responsabilidad como administración pública”, independiente del apoyo directo a las víctimas, que las declaraciones “no incluyen en ningún caso detalles ni aspectos concretos del hecho que las motiva, y preservan siempre la intimidad de la víctima, su identidad, y su derecho al olvido y a la reparación”, y que el objetivo es “la sensibilización y concienciación del conjunto de la ciudadanía bilbaína”. “Dada la repercusión que adquieren estos casos en prensa y redes sociales, el Ayuntamiento tiene el deber de posicionarse con claridad, porque mantener silencio ante la violencia machista sería una forma de complicidad”, completan.

La periodista transmitió a ambas instituciones la necesidad de la víctima de recibir esa llamada que lleva más de un año esperando, pero ni Emakunde ni el Ayuntamiento de Bilbao han decidido por el momento ponerse en contacto con ella.

Primer acto:

Control aleatorio de seguridad en el aeropuerto. El trabajador me dice con una sonrisa: “¿Viaja usted acompañada?”. “No…”. “Me refería a si está encinta”. “No, es que he engordado”, me disculpo con una sonrisa. Bajo la mirada y veo su tripa prominente. “¿Y usted?”. “¡Yo tengo trillizos!”, contesta con una risotada.

Llevo mallas porque ya no me cabe casi ningún pantalón largo. Llevo top porque he decidido que me niego a dejar de usarlos. He engordado porque estoy tomando un fármaco para la ansiedad, y me da mucha rabia ser consciente de que el motivo por el que más ganas tengo de dejar de tomarlo es bajar de peso. Sigo comiendo más galletas de las que debería porque son mi única adicción, y hago poco ejercicio porque no me da la vida y estoy cansada.

“Yo te veo mejor, estabas demasiado delgada”, me dice una persona querida. En el embarazo adelgacé, debido a la absurda dieta que me pusieron para controlar la diabetes gestacional. Me veía esbelta. En el puerperio seguía flaca porque la lactancia me consumía entera. Me sentía agradecida. Me identifico con Irantzu Varela cuando compartió la foto en la que más flaca estaba, de cuando más infeliz era, pero la delgadez nunca es un problema hasta que no reconoces que tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Yo me miro en las fotos en las que más flaca estaba, y no me generan incomodidad, solo extrañeza. Ahora, en el túnel del avión, miro mi reflejo en el espejo y pienso que sí, que parece que esté embarazada.

Que me haya pasado esto una vez en mi vida no es gordofobia. La presión estética que sufrimos todas las mujeres no tiene comparación con el odio que enfrentan las personas gordas, si acaso porque, por más que me pese, por más que siga y admire a las activistas gordas, sigo odiando la idea de engordar. Gordofobia es probablemente mi valoración del cuerpo de él, el gusto de devolverle el dardo. Él sí que está gordo. ¿Quién ha agredido a quien?

Segundo acto:

Anoche, de copas después de una tertulia en una librería de Galicia, el novio de una de las feministas con las que fui de bares me preguntó si estoy embarazada; yo con un licor de café en la mano y el sabor en la boca del cigarro que le había pedido hacía unos minutos. Le contesté que no, que había echado tripa porque la vida… Y me propuse a mí misma cambiar de respuesta, alentada por mis colegas, que reaccionaron piropeándome.

Sí, estoy embarazada. Estoy preñada de vida. Mira qué radiante estoy. Mira qué tripita más preciosa tengo. ¿La quieres tocar, a ver si sientes las patadas?

Soy una puta diosa de la fertilidad.

Menos mal que soy (bi)bollera y no tengo semen en casa.

Tercer acto:

Una conocida del pueblo de dos mil habitantes en el que vivo me manda por Whatsapp el cartel de la txerriboda (comida basada en la matanza del cerdo) que organiza cada año y me añade un mensaje desconcertante: “El otro día, cuando te vi en la plaza, no me dio tiempo a felicitarte! ¡Lo celebro!”. Fracasé en mi propósito de cambiar de respuesta y tiré por el ya clásico “no estoy embarazada, estoy panzona”. “¡Ouch! Perdona si te he incomodado”, respondió.

No, mujer. ¿Por qué me iba a incomodar?

Intento convencerme a mí misma de que no hay nada de malo en esa confusión. Si los cuerpos de embarazada son bonitos, el mío también lo es, ¿no? Además, debo estar agradecida a mi madre y a mi abuela por esta herencia corporal: los kilos se nos concentran en el culo y en la tripa, pero con una consistencia extrañamente firme, por el que tenemos trasero de Kardashian sin implantes ni entreno y una panza que parece de preñada y no de gorda.

¿Pero qué me molesta exactamente? ¿Que los hombres no tengan que pasar por estas interacciones cuando echan su tripita cervecera? ¿Que mi tripa esté creciendo por motivos menos prosaicos y celebrados que engendrar una nueva vida (los psicofármacos y los atracones, porque los psicofármacos mitigan pero no aplacan la ansiedad)? ¿Que eso me ha llevado a gastarme en ropa un dineral que no tengo en mi nueva vida de madre separada autonóma y que en ese nuevo vestido largo negro que pretendía que me estilizase luzco más premamá que nunca?

Sí, la verdad es que me incomoda.

Cuarto acto:

Le cuento todo esto a un padre delgado de la escuela mientras nuestras hijas corretean de la pista de patinaje a los columpios. Él escucha educadamente mi monólogo histriónico. Llevo uno de los nuevos vaqueros que me he comprado, anchos, de tiro bajo y la costura retorcida, copia nostálgica y barata de los Levi’s de los noventa que anunciaba un spot con muñecos de plastilina y la canción Boombastic. Lo combino con un top verde oliva de algodón que permite a mi esplendorosa y tersa barriga darse un baño de sol otoñal.

Me está bajando la regla, así que me acaricio el tripón; me divierte la idea de performar el embarazo que la sangre desmiente. Me acerco a darle la merienda a mi hija, y otro padre de clase me detiene, me agarra del brazo y me felicita (Zorionaaak!!!) con una gran sonrisa. De nuevo, me gustaría darle las gracias y decirle que estoy muy emocionada con mi estado de buena esperanza, pero no me atrevo. Repito las explicaciones de siempre e intenta seguirme el rollo sin pillarme del todo. Mi hija tiene ganas de hacer pis, y en el baño de la ludoteca me cuenta que una niña del aula de cuatro años también le ha preguntado si tengo un bebé dentro de la tripa.

De pronto, deseo tener un bebé en la tripa.

Me pregunto cómo será que te pregunten si estás embarazada cuando el volumen de tu tripa se debe a un aborto reciente o al enésimo tratamiento hormonal para favorecer la reproducción asistida. Imagino que esas mujeres llevan camisetas holgadas.

Mi hija tiene cinco años, es panzona y le gustan los tops. Se pasó medio verano pidiéndome que le comprase uno, y también un bikini de dos piezas: “Bañador no, que quiero que se me vea la tripa”, me dijo toda empoderada, felizmente ajena a los comentarios recurrentes sobre su cuerpo que ya ha recibido en el patio de la escuela, en la familia, en la consulta pediátrica y en la de una osteópata que preguntó si era tripita de bebé, que es una forma de decir que, si no se le adelgaza pronto, empezará a ser un problema.

Me digo que voy a seguir enseñando la tripa por ella, por mí, por nosotras.

Le digo casi a diario lo bonita que es y lo mucho que me gusta su cuerpo, enterito: los mofletes, la naricita, las orejitas, las cejitas, tripontzi, culazo. Qué cosa la genética. Miro mis fotos con su edad y somos fotocopias, cara y cuerpo. Mi hija levantaba pesos cuando apenas estaba aprendiendo a caminar, era fuerte, redonda y fornida, como una pequeña harrijasotzaile. A su otra madre le empezó a preocupar antes que a mí que empezase a recibir gordofobia desde pequeña. Yo tenía la tranquilidad de una proyección narcisista: empezará a estirarse y adelgazar paulatinamente, hasta alcanzar al cuerpo normativo con el que empecé primaria y que adelgacé en secundaria, cuando me jactaba de sustituir la asquerosa comida del comedor por una bolsa de Apetinas, un Lucky y un chicle de menta.

Crecí en la época de las top models y las Miss España. La primera vez que cogí la cinta métrica del costurero de mi madre para ver si me acercaba al 90-60-90, me llevé tremendo chasco porque con 14 era algo así como 83-68-104. Pero entonces la talla 38 no me apretaba el chocho, y el culazo lo tapaba con la sudadera de Fruits of the Loom anudada.

Fui de las que vio el estreno de Titanic en el cine y se quedó prendada de las curvas de Kate Winslet más que del cuerpo escuálido de Leonardo DiCaprio, aunque fuera su póster el único que pegué en mi habitación; en parte por ser una bisexual en el armario y en parte porque la SuperPop solo regalaba pósters de chicos y de las Spice Girls. 27 años después, se hace viral el vídeo en el que una Winslet madura, bellísima, llora recordando el acoso gordófobo que vivió, y me gustaría que supiera lo que nos hizo sentir a tantas adolescentes sáficas.

Pese a todo, me empeñé en anclarme en una subjetividad delgada que chocaba con la rotundidad de mi espalda, de mi culo y de mis caderas. Ya era feminista militante cuando dejó de caberme la talla 38, y me jodió, por más que llevase una década coreando contra ese mandato. Nunca hice dieta, pero me pesaba temiendo acercarme a un límite mental autoimpuesto: 60 kilos. He sobrepasado ese límite este año, y de pronto también el de los 70 kilos. Según el eurocéntrico Índice de Masa Corporal, ya es oficial: tengo sobrepeso y estoy rozando la “pre-obesidad”. Y no voy a hacer dieta, porque me repito que esos kilos son un síntoma (el menor de todos), no un problema.

En casa hablamos mucho de que cada cuerpo es distinto y todos están bien. Mi hija, que es una estudiante aplicada, repite como un lorito las cantinelas de diversidad corporal que le cuento. Repasamos juntas los referentes de cuerpos de todos los tamaños, colores y expresiones de género que nos rodean y los elogiamos todos. Pero luego ponemos Inside Out 2 y, como señala Magda Piñeyro, los únicos personajes gordos son Tristeza y Vergüenza. Ni Alegría ni Riley, que son las que le gustan. Menos mal que también le gusta Ira.

Pero para mí el gran reto es la coherencia real, no el discurso de boquita. Quiero usar la certeza de que la devoción que siento por el cuerpo de mi cachorra no cabe en la faja de los canónes gordófobos para aplicarme el cuento, predicar con el ejemplo cuando me miro en el espejo y cuando la miro a ella.

Quinto acto:

“¿Sabes lo que tengo también gordo? Tengo el papo muy gordo por el que me he pasado todas las críticas estos días”.

Lalachus se convierte en nuestra ídola mientras un tropel de feministas flacas blancas (lo de blancas es importante porque son las mismas que desprecian la interseccionalidad) hacen el ridículo con reels en los que equiparan la presión estética que sufrimos todas las mujeres con la gordofobia o sostienen que el odio que ha recibido en las redes tras el anuncio de que presentaría las campanadas de Televisión Española no es por ser gorda sino por ser mujer, porque Chicote y porque Ibai Llanos no lo sufrieron (según ellas).

Y ahí están activistas gordas feministas como Magda Piñeyro, estriadafatactivism o Lorena F. Prieto haciendo pedagogía gratis sobre el cruce entre gordo-odio y misoginia, pese al cansancio y la rabia. Escribe Prieto: “La gordofobia, como discurso, alimenta la violencia estética y es lo que hace que para muchas mujeres su mayor pesadilla sea parecerse a nosotras, las gordas. Pero las consecuencias ESPECÍFICAS de la gordofobia, como la discriminación laboral, la violencia médica, la dificultad para encontrar ropa, el acoso o los estereotipos culturales dañinos los sufrimos las personas gordas. Intentar invisibilizar eso es, de nuevo, gordofobia”. Y, citando a Piñeyro, agrega la motivación de las feministas que se empeñan en invisibilizar la gordofobia: “Muchas prefieren verlo desde un eje en el que ellas también puedan asumirse como víctimas y no tengan que pensar en cómo contribuyen al sufrimiento de las demás”.

Vestida, con mis piernas largas y mis brazos delgados, solo se me ven la tripota y el culazo, pero cuando me quito la ropa palpo con asombro mis novedades corporales: el pubis mullidito, las lorzas en la espalda, las costillas cubiertas por una capa de celulitis. Y sigo siendo, a efectos políticos, flaca. No voy a perder oportunidades laborales por gorda, no voy a recibir insultos en redes por gorda, no voy a sentir las miradas de reprobación si me como un bollo por la calle, no voy a sentir las miradas en la piscina ni en el gimnasio, no voy a saber lo que es no caber en los asientos de los aviones. La única experiencia común a las gordas que anticipo es no encontrar pantalones en la industria de la moda rápida.

Acabo de cumplir 40 años. Mi madre engordó más o menos con esta edad. En mi familia se ha celebrado que mi abuela haya adelgazado a partir de los 85 años. No está adelgazando, se está consumiendo. En verano estuvo ingresada y le tocó compartir habitación con una mujer muy gorda y poco recatada, que llevaba la bata medio abierta y hablaba en gallego con estruendo. Mi madre se refirió a ella varias veces como “la gorda esa” delante de mi hija. Le dije que no lo hiciera.

Quiero ser una buena aliada contra la gordofobia pero tengo que reconocer que, como casi toda aliada, soy un cuadro, un ser bastante parecido a esos nuevos masculinistas que tanto critico. He sido un cuadro, por ejemplo, cuando intentaba reconfortar a una amiga o una amante que me hablaba de la angustia de ir a comprar un bañador nuevo. Ahora las entiendo un poco más y pienso que tenía que haberme aplicado el “callate, flaca”.

Comparto muchas stories sobre lo de Lalachus en Instagram. Subrayo mentalmente una frase de @estriadafatactivism: “Que revienten. A mí es que esto no me lo quita ningún magufo desubicado, ni ninguna mujer normativa con miedo a admitir que prefiere ser cualquier cosa antes que gorda”. 

Esa es la cuestión: qué hacemos con el miedo a admitir que, ya seamos negacionistas de la gordofobia o aliadas del activismo gordo, nos horroriza la idea de llegar a ser gordas.

Llevo mal ser, por primera vez, la más gorda de la clase de twerk (y cómo echo de menos a una compa., orgullosa bisexual, obrera y gorda, que venía el año pasado), pese a que eso me convierte en el culazo que más se ve en las coreos que grabamos.

Le pregunto mucho a mi novia cómo me ve habiendo engordado 10 kilos en los 11 meses que llevamos juntas. Me descubro una y otra vez temiendo que no me quiera gorda, porque es ese el discurso del odio que hemos mamado, que los cuerpos gordos no son dignos de ser amados ni deseados, por más que yo los haya amado y deseado. Pero ni su mirada es suficiente para reconciliarme con mi nuevo cuerpo, ni la mía ha de pretender validar el de nadie.

Así que mejor invoco la fat serenity de la postal navideña que ha compartido Tatiana Romero (coordinadora del libro (h)amor gordo) en su Instagram. Invoco el perreo de Audry Funk. Invoco las ilustraciones de gordes queer amándose de @dacal_gz. Invoco el método rumiante de Lucrecia Masson. Invoco a las vacas, las osas, las elefantas y las ballenas, me recuerdo que siempre me han fascinado los animales más orondos. Mi cuerpo necesita tanto el movimiento como la quietud, y quiero encontrar el equilibrio entre ambos sin pensar en la báscula. Por eso, anoto en mi lista de propósitos de año nuevo hacer escalada y pasear más, pero también cambiar el miedo a engordar por el agradecimiento a este cuerpo que me sostiene, este cuerpo que soy, cada día más redondo (“como la tierra, que tantos mitos y leyendas encierra”, que cantaban Krudas Cubensi), cada día más imponente y rotundo.

Anoto también no olvidar cuál es mi sitio como flaca a efectos políticos: pensar en cómo puedo dejar de contribuir al sufrimiento e incorporar a mi agenda activista las denuncias que nos acercan nuestras compas activistas gordas. Que las excluyen en las unidades de reproducción humana de los hospitales; que se ha concedido el Premio Princesa de Asturias a un fármaco para la diabetes reconvertido en remedio milagroso para adelgazar a costa de la salud (porque no nos quieren sanas, nos quieren flacas); que han adelgazado a la Virgen Roja y a su madre para convertir su historia en serie de moda que promocionan influencers flacas. Leed a las activistas y teóricas gordas, escuchadlas, coño. Y ole sus papos gordos. 

“Ser gitana es sospechoso. Lo compruebo cada vez que voy al supermercado, al hospital o a cualquier restaurante y siento el odio en las miradas y las palabras”, escribió Silvia Agüero Fernández en Pikara Magazine. Gitanas Feministas por la Diversidad también incluyó el pasado 8 de marzo entre sus Reivindicaciones del Feminismo Romaní “el derecho a ir a comprar sin que la señora de la tienda o la seguridad esté pegado a ti”.

La Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (Amuge) ha conseguido grabar en vídeo varias escenas reales de criminalización, en las que trabajadoras y trabajadores van siguiendo a las mujeres gitanas y llaman a seguridad. Esas imágenes se enmarcan en el testing (una técnica de investigación) que han realizado en 15 supermercados y 5 centros comerciales de Bizkaia. En cada visita, entraban al mismo tiempo dos grupos de voluntarias de similar edad (uno formado por mujeres gitanas y otro por mujeres blancas), seguidos discretamente por observadoras independientes y por la técnica audiovisual. En 16 de los 20 establecimientos, las mujeres gitanas recibieron algún tipo de trato criminalizador: sobre todo, la persecución por los pasillos, los comentarios incriminadores y la petición de refuerzos.

Con niñas y desde niñas

En una conocida tienda de ropa, la encargada de supervisar los probadores pasó la mochila de Tamara Clavería, responsable de Amuge por el detector, pero no hizo otro tanto con la mochila de Maite Asensio, redactora del periódico BERRIA, quien participó como observadora. Yo las acompañé al centro comercial en el que se dio el mayor despliegue de personal de seguridad: un agente irrumpió en la tienda de ropa y dos esperaron a la entrada, identificando a las jóvenes gitanas por la vestimenta, como se escucha en el vídeo. Una de ellas soñó esa noche que la metían presa.

Las 14 mujeres gitanas que participaron en el experimento sufrieron discriminación en alguna de las visitas. Las más jóvenes expresaron decepción; las mayores subrayaron que ese es el pan de cada día para ellas. Unas y otras se sintieron acosadas y lo expresaron con hartazgo y rabia. Es algo que viven desde niñas; de hecho, la gota que colmó el vaso y que llevó a Amuge a organizar este testing fue la persecución por parte de varios vigilantes de Prosegur que sufrió un grupo de chavalas de entre 12 y 14 años y tres educadoras de la organización a la salida del cine en un centro comercial de Zubiarte. “El acoso que vivieron les hizo sentir miedo y 'entender' que un centro comercial de su ciudad no es un lugar seguro para ellas”, escribió Mª Ángeles Fernández entonces en Pikara Magazine.

Las voluntarias blancas, por su parte, pudieron hacer la compra tranquilamente en todos los establecimientos. No les pegaron toques de atención como a las voluntarias gitanas cuando hicieron las mismas cosas, como intentar oler un perfume. Sus principales observaciones fueron que el personal las ignoró porque estaba volcado en vigilar a las voluntarias gitanas y que les resultó duro asistir a ese trato diferencial. “Privilegiada, evidenciando desigualdad de trato”, ha contestado una en la ficha de recogida de observaciones, a la pregunta de “¿Cómo te has sentido?”.

Las visitas fueron duras pero, con todo, los testimonios a socias de Amuge recogidos los días previos (y que incluirán en el informe que publicarán próximamente) señalan escenas todavía más alarmantes, como la de una mujer que fue de compras con sus hijos pequeñas y el vigilante de seguridad le emplazó a entrar al cuartillo para revisar las cámaras de seguridad, porque había visto “algo”. “Miró y dijo 'perdón, perdón, que ha sido un error'. 'Ha sido un error, majo, pues vaya' y yo pasé una vergüenza, porque el mundo me miraba y me metió en el cuartillo sin haber hecho nada, con los dos niños demás, muertos de miedo”, cuenta. De hecho, desde Amuge señalan que la criminalización aumenta cuando las mujeres van acompañadas de sus criaturas.

El racismo social confluye con un antigitanismo institucionalizado. Es decir, los prejuicios y estereotipos condicionan la mirada del personal, pero éste recibe además instrucciones que estigmatizan directamente a las personas gitanas. Un ejemplo que trascendió mediáticamente fue el cartel que se colgó en un McDonald’s del País Vasco ordenando explícitamente “No se atiende a gitanos/rumanos”, argumentando que “ya van varios intentos de timos”. “¿Pero cuántos casos de personas blancas tienen que roban o timan? No lo saben, porque a ellas no las controlan como a nosotras y porque si roban personas blancas, no se extiende esa sospecha a todas”, subraya Clavería.

Utilizar nuestro privilegio

La activista feminista y antirracista estadounidense Peggy McIntosh publicó en 1989 un emblemático artículo, “White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack” (“Privilegio blanco: desempacando la mochila invisible”), en el que enumeró algunos de los privilegios de los que gozaba por ser blanca. Uno de los primeros en la lista era: “Puedo ir sola de compras la mayor parte del tiempo, bastante segura de que no voy a ser seguida ni acosada”. Cuando Tamara Clavería me invitó a participar en este proyecto de Amuge, también me señaló que ir tranquila e incluso disfrutar de compras es un privilegio, mientras que ese derecho sea negado sistemáticamente a las mujeres gitanas.

Clavería reclama a las aliadas blancas que empaticemos con la humillación pública que supone ser incriminada en público delante de toda la tienda sin haber hecho nada. “Necesitamos que las feministas entendáis que la primera violencia que sufrimos nosotras no es por ser mujeres sino por ser gitanas. Necesitamos que quienes sois padres, madres o educadoras, defendáis también a nuestras criaturas. Necesitamos aliadas y aliados que no miren para otro lado, que no piensen «algo habrá hecho». Necesitamos que os cuestionéis vuestros privilegios para luchar en contra de este sistema capitalista, patriarcal y racista y derrumbarlo”, ha escrito en un artículo de opinión publicado en Afroféminas y Gara.

Una de sus demandas es que se reforme el artículo 510 del código penal (relativo a los delitos de odio) para que contemple los actos de racismo cotidiano, ya que la redacción actual solo se refiere a “fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia”. Además, reclaman que se forme al personal de las tiendas y de seguridad en antirracismo para que dejen de guiarse por prejuicios, y que se hagan actos de reparación ante denuncias como la de Zubiarte.

Como decía en una entrevista en la radio Gessamí Forner, periodista de El Salto y otra de las observadoras del testing, esta investigación nos tiene que servir a las aliadas blancas para abrir bien los ojos cuando vayamos de compras. Porque si esto les ocurre a las mujeres gitanas a diario, significa que también ocurre a nuestro alrededor a diario. 

No puedo parar de compartir en mis redes sociales este documental, que recoge testimonios de personas trans que pasaron por la Unidad de Identidad de Género de Barcelona. Hablan de relación de poder, de cuestionamientos, de trato humillante, de test denigrantes, muy sexistas y heterocentrados, de diagnósticos estigmatizantes que cerraban la puerta al cambio registral del nombre y del sexo.

Me sirvió de arranque de un reportaje 'Ser trans sin permiso de la psiquiatría' que he publicado en el monográfico en papel Locura de Pikara Magazine. En él no solo se señala por qué la patologización de la transexualidad es contraria a los derechos humanos de las personas trans, sino que también hablan personas trans que conviven con un sufrimiento psíquico que la transfobia no hace más que agravar.

El cuerdismo y la locofobia son los términos que he incorporado más recientemente a mi diccionario feminista interseccional, gracias a compañeras como nuestra maestra en esta materia, Marta Plaza, y a otras muchas activistas y comunicadoras locas que os animo a descubrir en el monográfico Locura. Resulta urgente conocer su discurso, porque en el debate sobre el borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, al menos dos intelectuales con mucho tirón han tirado de cuerdismo y de locofobia para argumentar contra una iniciativa legislativa que pretende precisamente despatologizar la transexualidad.

Por un lado, la escritora Laura Freixas, una de las ocho feministas transexcluyentes que enviaron el pasado noviembre una carta abierta al presidente Pedro Sánchez contra el proyecto de ley, puso el grito en el cielo en su Twitter por el artículo del borrador que aclara que "la enfermedad psiquiátrica no obsta para la transición", en contraposición con el artículo 4 de la ley de 2007, que establece como requisito para el cambio registral “la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia”. La escritora alertó de que "cualquier psicópata o esquizofrénico puede declararse legalmente mujer y entrar en nuestros espacios”. Unas horas después, borró el tuit y reconoció que podía resultar estigmatizante para las “personas enfermas mentales”.

“Las personas locas sufrimos más violencia de la que ejercemos, sin embargo, seguimos arrastrando el estigma de ser sujetos impredecibles y agresivos”, recuerda Sara R. Gallardo en su reportaje 'No tenía antecedentes psiquiátricos', incluido en la octava edición de Pikara en papel. Pero esa sospecha también estimatiza a las mujeres trans. El imprescindible documental Disclosure: ser trans en Hollywood parte de un dato extraído de un estudio de la asociación GLAAD: el 80 por ciento de las personas en Estados Unidos no conoce a ninguna persona trans, por lo que construye su imaginario a partir de la ficción audiovisual. Y en ese imaginario, un arquetipo que destacan es el del travesti asesino en serie perturbado, como ocurría en Psicosis y en El silencio de los corderos.

Dice Gallardo que ha sido un avance del feminismo señalar “que los violadores o los maltratadores no están locos, sino que son hijos sanos del patriarcado”. A mí el feminismo me enseñó también a entender que el terror sexual es una herramienta de control y de domesticación de las mujeres, por más que sean las autodenominadas feministas radicales las que lo alimentan. Por cierto, son precisamente las personas trans las que sufren acoso y agresiones en espacios segregados como los baños, los vestuarios o las prisiones.

Por otro lado, Daniel Bernabé defiende en el diario Público la ley 3/2007 de identidad de género, argumentando que el objetivo de la certificación médica de los tránsitos es descartar trastornos de personalidad. Le importa poco la realidad de las personas trans que se ven excluidas por tener diagnósticos psiquiátricos. Obvia que el artículo 4 impone como requisito el diagnóstico de disforia de género y dos años de intervenciones médicas, que chocan con los Principios de Yogyakarta que nombran como derecho de las personas trans no tratar la transexualidad como trastorno y no someterse a tratamientos o exámenes médicos indeseados.

Además, Bernabé considera “incongruente” poner bajo sospecha el trabajo de “los médicos, esos profesionales a los que no nos hemos cansado de aplaudir en esta pandemia”. Entiendo entonces que también le parecerá incongruente apoyar la lucha del activismo loco contra las contenciones mecánicas en las unidades de psiquiatría o de las madres feministas organizadas contra la violencia obstétrica por la que la ONU ha condenado al Estado español.

La Asociación Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés) insiste en que un diagnóstico de salud mental no supone un motivo para cuestionar la identidad de género, ni tampoco para la exclusión de los procesos médicos cuando la persona los necesite. Lo contrario “puede suponer un aumento del estrés, angustia y malestar que vive una persona cuando se le niega el reconocimiento y la expresión de su identidad, pudiendo empeorar este estrés añadido los propios síntomas del problema mental”, explica la psiquiatra y psicoterapeuta feminista Marina de la Hermosa Lorenci en un artículo recogido en el libro Transpsiquiatría. Abordajes queer en salud mental. Señala también la necesidad de formación y de coordinación entre equipos para que el acceso a hormonaciones o cirugías o afecte a la estabilidad mental y emocional de personas trans con depresión, esquizofrenia o síntomas graves de estrés postraumático complejo. Síntomas que, por cierto, muchas veces son consecuencia precisamente del llamado estrés de minoría que sufren las personas pertenecientes a una categoría social estigmatizada.

Si escuchamos al movimiento trans, conocemos modelos de atención respetuosos que distan mucho del imperante en las unidades de identidad de género de los hospitales españoles. Nac Bremón me explica el modelo catalán, desarrollado con participación del propio colectivo trans:

“A diferencia de los protocolos UTIG, no existe evaluación psicopsiquiátrica ni diagnóstico clínico ni se imponen o sugieren patrones estereotipados físicos o conductuales como objetivo. El modelo de despatologización se enfoca en la salud física y mental, el acompañamiento y la escucha activa, para informar de las posibilidades de las que dispone el área sanitaria en respuesta a las necesidades que demanden estas personas. La atención psicológica individual o grupal siempre se realiza a demanda de los usuarios y nunca como acreditación de la identidad de género. Y siempre a demanda también se da respuesta especializada a necesidades específicas en materia de salud mental como pueden ser trastornos o enfermedades mentales que pudieran presentar algunas personas trans tal y como se hace a través de los canales comunes al resto de personas usuarias de la atención primaria”.

El estigma se traduce en datos como que, en España, más de un 10 por ciento de las mujeres trans se han visto obligadas a dormir en la calle al menos una vez en la vida. La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, contextualiza el dato: “Las personas trans sufren unos índices muy elevados de sinhogarismo, desempleo y agresiones tanto físicas como emocionales. (…) Las personas trans que son expulsadas de sus hogares entran en una rueda de la que es difícil salir porque son sistemáticamente discriminadas por el mercado laboral cuando intentan buscar empleo”. Ante esa realidad, Sangil considera urgente que se apruebe una legislación basada en la autodeterminación combinada con medidas de inclusión sociolaboral.

Pensemos en qué ocurre con el estigma si, además de ser una persona trans, tienes un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno de personalidad, y cuando ese diagnóstico te impide cambiar tus datos en tu DNI, ese que presentas para firmar un contrato de trabajo o de alquiler, o para denunciar una agresión.

En mi reportaje, les activistas Dau García Dauder, Hele y Math subrayan la necesidad de tender puentes entre el movimiento trans y el loco, porque ambos luchan contra la patologización, la medicalización y la tutela psiquiátrica, al tiempo que reclaman el acceso a recursos y derechos desde la autodeterminación. No olvidemos que los sectores del feminismo y de la izquierda que atacan la ley trans son los mismos que dinamitan sistemáticamente las alianzas entre movimientos sociales, empeñados en blindar sujetos políticos monolíticos. Es decir, empeñados en blindar sus privilegios y su falta total de empatía hacia quienes sufren opresiones que les son ajenas y que, de hecho, alimentan.

“Tendréis que compraros un coche”, nos dijeron una y otra vez cuando me quedé embarazada. Esa afirmación categórica se convirtió en un mandato aún más claro cuando nació nuestra hija y decidimos irnos a vivir a un pueblo de dos mil habitantes.

Decidimos que nosotras mismas descubriríamos con el tiempo si podíamos llevar adelante la crianza desplazándonos en las tres líneas de autobús disponibles en nuestro nuevo pueblo y alquilando ocasionalmente coches. No contemplábamos entonces, más que como una vaga fantasía, una tercera opción: una vecina que nos ha acogido en el pueblo nos propuso enseguida utilizar su coche (eskerrik asko, Lur!). Compartimos un calendario y una hoja de cálculo para no solaparnos cuando queremos usarlo y para dividir fácilmente los gastos mensuales. Aun así, seguimos priorizando el transporte público.

La maternidad me deparaba además otro imprevisto: he desarrollado miedo a conducir por autopista. Con los meses he ido descubriendo qué situaciones concretas me generan una ansiedad que no había experimentado antes: vértigo, garganta seca, vista que se nubla, necesidad de pisar el freno, de tomar la primera salida.

No necesito ser psicóloga para adivinar la raíz de este miedo sobrevenido: se ve que temo poner en peligro la vida de mi hija y también dejarla huérfana, ya que me ocurre también cuando conduzco sola. Lo conté en un grupo de mensajería instantánea de madres y muchas me contaron que también les había pasado. Soy de esas a las que les consuela el mal de muchas, pero en todo caso me resultó muy frustrante que cogiera miedo a conducir justo en la época de mi vida en la que, aparentemente, más necesario es coger el coche.

Fue un jarro de agua fría, porque nunca he sido demasiado fitipaldi, nunca he pasado de 140 kilómetros por hora, siempre me ha dado miedo adelantar camiones y bicis, pero me gustaba conducir y lo relacionaba con el empoderamiento. Me negaba a ser una de tantas mujeres que dejan de conducir y dependen de sus parejas o parientes. Temí que limitase mi autonomía. Temí que mi pareja (bollera, que no mujer) y yo reprodujéramos los roles sexistas, ella al volante y yo atendiendo al bebé que he parido y que amamanto.

Hasta que las compañeras de Pikara Magazine me propusieron escribir un artículo sobre movilidad con perspectiva feminista para el monográfico Energías que hemos publicado recientemente. Para escribirlo, busqué datos como que en 2019 fallecieron 51 personas en accidentes de tráfico en la Comunidad Autónoma Vasca. Según la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, los principales factores de riesgo son la velocidad inadecuada, el consumo de alcohol y drogas y la distracción. Podían haber añadido la masculinidad hegemónica a esta lista, visto que fallecieron 43 hombres y 8 mujeres. Me dije entonces que quizá mi fobia no sea un miedo irracional, sino uno absolutamente razonable. Mi cuerpo sabe que dormir poco y mal afecta a mi capacidad de concentración y de reacción, y también sabe que las autopistas son el hábitat de sujetos adictos al riesgo aunque eso suponga poner en riesgo otras vidas.

Leí un porrón de estudios realizados en distintas comunidades autónomas sobre movilidad y género. Todos coincidían en aportar la misma fotografía: los hombres utilizan de forma generalizada el coche en sus desplazamientos diarios, independientemente de su edad, situación familiar o extracción socioeconómica. En cambio, la mayoría de las mujeres priorizan el transporte público o caminar. Las mujeres que más conducen son las de mediana edad, de clase media o acomodada y con criaturas o personas dependientes a su cargo.

En varias de estas investigaciones encontré la siguiente lectura: la socialización sexista limita la autonomía de las mujeres, incluida la económica, por lo que estas tienen más dificultades para sacarse el carné y tener un coche en propiedad. En familias en las que solo hay un coche, las lógicas de poder patriarcales hacen que el varón lo monopolice. El caso es que las autoras de estos estudios, a la par que alababan la independencia y flexibilidad que ofrece el vehículo privado, lamentaban que estos condicionantes convirtieran a las mujeres en “dependientes” o “cautivas” del transporte público. Resulta muy llamativo que no utilizasen esas mismas palabras hacia los hombres, es decir, que no pusieran el foco en explicar por qué el patriarcado convierte a la mayoría de los hombres en cautivos del coche.

Afortunadamente, entrevisté para el reportaje a la activista de Ekologistak Martxan - Ecologistas en Acción Marisa Castro Delgado, que defiende que reducir el consumo de petróleo es una urgencia social y ecológica porque el transporte por carretera es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (29% en 2019, según el Ministerio de Transición Ecológica). Critica que en los presupuestos públicos la construcción de carreteras se presente como inversionón y el transporte público como gasto y reivindica que a ella lo que le da libertad es la Barik (el abono transportes) y la bicicleta.

Entrevisté también a Blanca Valdivia Gutiérrez y Sara Ortiz Escalante, integrantes de la cooperativa de urbanismo feminista Col·lectiu Punt 6, quienes se refirieron al acoso vial como expresión de la masculinidad hegemónica y me ayudaron también a establecer un paralelismo entre el despatarre machista (manspreading) y cómo el coche y sus infraestructuras acaparan el espacio público. Estas urbanistas ponen en valor la mayor disposición de las mujeres a destronar el coche y a compartirlo cuando hace falta, y lo asocian a una mayor preocupación por la salud pública, el medio ambiente y la vida comunitaria.

En tercer lugar, entrevisté a Laura Vergara, presidenta de la coordinadora española en defensa de la bicicleta, ConBici, quien reivindica la bici como una aliada en la emancipación de las mujeres y apuesta por la comunicación inclusiva para ampliar el imaginario en el que el ciclista es un hombre, en plena forma física, con bici cara como forma de ocio.

Escucharlas me llevó a reforzar y politizar mi preferencia por la movilidad activa (caminar y bici) y el transporte público. Si voy sola, ir en bus o tren me permite hacer actividades muy preciadas en este momento de mi vida, como leer, escribir, siestear o procrastinar. Si voy con mi hija, me permite prestarle atención plena, atender sus necesidades sin miedo a estamparnos. Hace falta desmitificar el coche y valorar las alternativas, cuestionar qué entendemos por cómodo, por rápido, qué es más caro para nuestro bolsillo y qué para la deuda ecológica. Más aún por vivir en un pueblo pequeño, ya que la falta de demanda es usada como pretexto para desmantelar líneas de bus y sacrificar el tren regional mientras despilfarran en elitistas trenes de alta velocidad. También me parece urgente combatir la idea de que si tienes criaturas el coche es lo más cómodo, porque necesitamos transporte colectivo accesible e inclusivo.

Esa convicción ecofeminista me ha permitido desdramatizar y, así, reencontrarme con mi coche compartido con mayor tranquilidad. No lo necesito pero sí que lo utilizo, a mi ritmo y como me siento cómoda, priorizando las carreteras secundarias, legitimando mi derecho a no correr, a no adelantar, comprobando que casi siempre es mejor idea usarlo como lanzadera para coger el tren que meterme con él en la ciudad. Me ha acompañado la cita-mantra que leí a la escritora Arantxa Urretabizkaia: “Tengo miedo, pero sin embargo, sigo adelante. Hay que reconocer que sí, que tienes miedo, mucho, que el miedo te perturba todo el cuerpo, pero que, al mismo tiempo, pueden hacerse muchas cosas aún teniéndolo. Si quieres, claro. Desde entonces, no temo al miedo”.

Tal vez no vuelva a conducir nunca a más de 100 km por hora por autopista, pero no me preocupa, así contamino menos. Es incluso una forma de resistencia ante el empeño capitalista patriarcal de dedicar cantidades obscenas de gasto público a variantes innecesarias como la Supersur en Bizkaia, que además pasan por destruir patrimonio natural. Me parece un reto más importante animarme a usar la bicicleta con mi bebé para desplazamientos interurbanos e incluso para hacer turismo. Pero eso no pasa por exigirme perder otro miedo razonable sino por sumarme al grito por unas infraestructuras seguras para las bicicletas en las ciudades, en los pueblos y entre municipios.

A riesgo de destriparos todo el reportaje, no puedo dejar de citar otra de las frases balsámicas de Marisa Castro Delgado, que me parece un buen propósito de año nuevo: “Nos han enseñado a querer ir más lejos, más fuerte, más rápido. Y yo creo que tenemos que movernos más pequeño, más despacio y más cerca”.

La gestión política de la crisis sistémica desencadenada por la Covid-19 ha dejado al descubierto, de forma especialmente cristalina, los distintos sistemas de opresión, y nos obliga a poner la atención en dos que hasta ahora no se nombraban mucho: el edadismo y el adultismo. En cuanto al edadismo, las cifras de muertes de personas ancianas han dejado al descubierto y agravado la carencia de un sistema público de atención a la vejez en condiciones dignas. En cuanto al adultismo, la falta de consideración hacia los niños y las niñas como ciudadanas con derechos y con necesidades (físicas, emocionales, sociales…) se ha observado constantemente en las decisiones políticas tomadas desde marzo para frenar los contagios.

La A del BBVA

La antropóloga María José Capellín utilizó las siglas BBVA para definir al sujeto dominante en la sociedad heteropatriarcal y capitalista: el burgués, blanco, varón y adulto. He de confesar que, hasta que no he sido madre, esta última sigla era la más difusa para mí.

Ahora, de pronto, cuando maduro mi posición sobre la gestación subrogada, pongo en el centro del debate los derechos y las necesidades de los bebés.

Ahora entiendo mejor la crítica recurrente de la activista feminista Alicia Murillo a la tendencia feminista de caracterizar la llamada violencia vicaria (el maltrato o incluso asesinato por parte de un maltratador hacia los hijos e hijas de la víctima) como violencia machista sin señalar que, en primer lugar, es violencia adultocéntrica.

Ahora me doy cuenta de la urgencia de poner el foco en la infancia cuando denunciamos leyes y políticas que vulneran los derechos humanos. Un ejemplo es la ley de extranjería, que obliga a las criaturas de personas migrantes a esperar durante años a ser reagrupadas, que las aboca al limbo administrativo cuando nacen en el Reino de España o a la desprotección y la violencia institucional cuando a su madre o a su padre los meten en un CIE o los deportan. Parece que la situación de los niños y niñas migrantes nos horroriza cuando se trata de las políticas xenófobas de Donald Trump, mientras aquí las activistas antirracistas claman en el desierto ante noticias como que la Fiscalía de Las Palmas separa a niñas y niños migrantes de sus madres hasta dos meses a la espera de pruebas de ADN.

Otro ejemplo es la política de dispersión de los presos y presas vascos encarcelados en el contexto de la ley antiterrorista. Se ha denominado “niños y niñas mochila” al centenar de criaturas que se ven privadas de crecer junto con su madre y/o su padre a partir de los tres años de edad y a recorrer cientos de kilómetros para visitarles. Una de estas niñas se llama Irati, nacida en la cárcel de Aranjuez en marzo de 2018. Hay una campaña en marcha, Irati gurasoekin, que reclama el traslado de toda la familia a la cárcel de Zaballa (Álava), para lo que demandan la creación de un módulo mixto en esta prisión en la que convivan las familias presas y la creación de pisos en régimen abierto.

Katixa Agirre, autora de la exitosa novela Las madres no, ha apoyado esta campaña con la redacción de un manifiesto del que tomo unos párrafos (el original es en euskera, donde no hay marcas de género, así que utilizo “niñas” como uso del femenino como genérico):

Hay muchas maneras de hacer daño a una niña, la más común nace de un pensamiento muy arraigado: la concepción de que las niñas son personas de segunda categoría, no son seres humanos completos, no cuentan, no las queremos oír, son cansinas, meras extensiones de las vidas de sus progenitores. En cualquier caso, no se quejan, no tienen poder y por mucho que levanten la voz, no se escuchan sus lamentos. Es fácil cerrar los ojos ante la discriminación infantil.

Del feminismo aprendimos que las mujeres también son personas. El mismo eslogan revolucionario sirve aquí: Las niñas son personas.

Por muy pequeñas que sean, por muy poco que se quejen, por no poder levantar la voz, no tienen menos derechos. Una sociedad avanzada debería hacerse cargo del cuidado de las más pequeñas, de todas.

El SAP son los padres

La llamada cuarta ola feminista inundó las calles y las redes con un grito contra ese sistema judicial que convierte a las mujeres que denuncian violencia machista en sospechosas de denuncias falsas. “Yo te creo, hermana”, fue el grito atronador con el que se acompañó a la denunciante de una violación en grupo en Sanfermines en 2017. El caso es que esa justicia que no cree a las mujeres, tampoco cree a las niñas ni a los niños, y ese es uno de los factores (junto con el tabú y el silencio, como señala la campaña #YoNoMeCalloMás) que explica la impunidad y las sentencias aberrantes en casos de violencia sexual en la infancia.

“Txikitxu, nik sinesten dizut” (“Yo sí te creo, txikitxu”) fue el lema de unas movilizaciones en apoyo a una hija que sufría abusos sexuales por parte de su padre y que ha devenido en una red de resistencia contra el falso Síndrome de Alienación Parental. Esta red publicó la semana pasada un comunicado denunciando la violencia institucional que se comete cuando se aplica (de forma explícita o velada) este invento machista que sostiene que las niñas y niños que no quieren estar con sus padres son víctimas de la manipulación de sus perversas madres.

Irune Costumero y su hija son dos de las víctimas de la utilización del SAP. Costumero denunció a su marido por violencia de género pero la justicia la desestimó e impuso custodia compartida. Su hija pronto empezó a contar que su padre la pegaba y manifestar problemas de ansiedad. Osakidetza, el sistema público de salud vasco, activó tres veces el protocolo de malos tratos porque volvía de estar con su padre con moratones dentro de los muslos. La jueza hizo al padre preguntas como: “¿Tiene mala relación con su exmujer? ¿La niña es fantasiosa?” Entonces, Costumero no sabía que lo que era el SAP ni cómo se utilizaba como estrategia de defensa. La justicia derivó a servicios sociales de Bizkaia la valoración del caso, y la Diputación emitió una orden foral retirándole la tutela y cediéndosela al padre. Esgrimieron como motivo el “Síndrome de acción marental”. La niña, que ya tiene ocho años, estuvo meses sin ver a su madre, luego su contacto era bajo vigilancia, y este año ha empezado a tener dos visitas a la semana. Este verano contó a unas amigas del pueblo que su padre la tiene secuestrada y que teme que asesine a su madre si esta gana el juicio. Está cansada de contar la misma historia a desconocidos: “Total, nadie me cree…”

La Relatora especial contra la violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas, ha pedido explicaciones al Estado español por no poner las medidas para que se deje de aplicar el SAP y ha expresado su profunda preocupación por la integridad física y mental de la niña y de la madre. En un contundente informe, ha recordado el caso de Ángela González Carreño: la justicia desestimo sus 50 denuncias reclamando que suspendieran el régimen de visitas del padre, y este asesinó a la niña en una visita en 2003. En 2018 la Audiencia Nacional declaró al Estado responsable.

Ayer publicamos en Pikara Magazine el testimonio íntegro en euskera de Irune Costumero (la semana que viene lo publicaremos en castellano), a la que entrevisté en persona el mes pasado, en el que cuenta el proceso judicial contra la Diputación Foral de Bizkaia por prevaricación y daño psíquico. Costumero señala que la raíz es una justicia patriarcal (aunque la jueza de turno sea mujer) que considera a las mujeres manipuladoras y a las criaturas mentirosas.

Un mito que se cuela también en otros temas, como en los discursos (ya sean desde sectores conservadores o desde el feminismo transexcluyente) que cuestionan a las infancias trans, sosteniendo que son víctimas de la ideología de género en vez de personas que están gritando a sus familias: “¡¿Es que no te das cuenta de que no me ven?!”

Una compañera feminista por la que llegué en 2013 a Nicaragua me envía por mensajería instantánea este goteo de noticias. Ya no sé ni qué contestar, más allá de agradecerle que no deje de difundir los abusos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora que ya no reciben apenas atención de la prensa internacional.

Dos años y medio después de la llamada Revolución de Abril, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH) alerta de que “la represión gubernamental en Nicaragua nunca ha cesado, sin embargo es cíclica y se acentúa en fechas claves”. Una de esas fechas clave es septiembre, mes en el que se conmemora la independencia de Nicaragua de la Corona de España. El pasado 18 de septiembre, medio centenar de organizaciones internacionales expresaron mediante un comunicado su preocupación ante “el recrudecimiento de la represión por agentes del Estado” en estas fechas: “Personas activistas vinculadas con organizaciones civiles, periodistas, personas excarceladas y sus familias han denunciado haber sido víctimas de detenciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de vivienda, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, daños a sus propiedades, campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales”.

Destacaban también que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró, entre el 1 y el 14 de septiembre, 165 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. IM-Defensoras denuncia que algunas de esas agresiones fueron sexuales, incluida una violación cometida por integrantes de los grupos armados pro-gubernamentales.

Un combo de leyes represivas

Por las mismas fechas, el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional  (FSLN), preparaba un combo de medidas para debilitar aún más a la disidencia. Por un lado, el pasado 22 de septiembre presentó en la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros que, de ser aprobada, “podría ser usada como instrumento de represión en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional en el país”, denuncian una treintena de organizaciones internacionales en otro comunicado en el que reclama a la Comunidad Internacional que ayude a frenar este proyecto de ley contrario a los derechos civiles.

El FSLN se vale de su retórica antiimperialista y alega el afán de velar por la seguridad del Estado frente a la injerencia extranjera. Bajo ese manido argumento, prohíbe a entidades extranjeras financiar “actividades políticas internas en Nicaragua”. En cambio, los inversores seguirán siendo bienvenidos, ya que esta norma pondrá en el punto de mira a oenegés, agrupaciones ciudadanas y los pocos medios de comunicación independientes que siguen informando desde dentro del país, pero no a los grandes empresarios. Recordemos que uno de los megaproyectos por los que el movimiento campesino y el ecologista se alzaron contra Ortega y Murillo es la construcción de un canal interoceánico con capital de un empresario chino.

En un país empobrecido económica y políticamente, los fondos de la cooperación al desarrollo son fundamentales para el tejido asociativo; solo aquellas fieles al partido pueden optar a ayudas estatales. Pero, además de cerrar ese grifo, la iniciativa busca poder perseguir también a título individual a las y los activistas más incómodos, que deberán registrarse como “agentes externos” ante el Ministerio de Gobernación, exponiéndose a controles de sus actividades y sus recursos. Las organizaciones proderechos humanos señalan que la redacción de esta propuesta de ley es tan vaga que abonará el terreno poder multar, sancionar o incluso atribuir delitos contra la seguridad del Estado a quien le resulte incómodo.

Por si esto fuera poco, el Ejecutivo había iniciado dos semanas antes el trámite de una reforma para establecer cadena perpetua. En un claro ejemplo de lavado morado ('purplewashing', utilizar la lucha por la igualdad de género para justificar políticas represivas), el FLSN aprovechó una ola de feminicidios para anunciar esta medida. En su discurso por el día de la Independencia, Ortega insinuó (de nuevo con expresiones vagas) que el tipo penal de “crímenes de odio” serviría para castigar a quienes atenten “contra la paz”, lo que se ha interpretado como una amenaza para la disidencia social y política.

El tercer elemento de este combo es una Ley Especial de Ciberdelitos que el grupo parlamentario del FSLN propone para castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado. De nuevo, las organizaciones proderechos humanos han señalado la vaguedad de artículos como el siguiente: “Quien, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, o en un grupo o sector de ella a una persona o familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión”. El proyecto de ley también establece penas de 3 a 5 años de prisión y multas a quien “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público o la seguridad soberana”. La iniciativa de ley también pretende dar alas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, previa orden judicial, para que “puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos”.

Sigamos gritando

“Y no ha terminado… En estos momentos la policía persigue y captura a mujeres en la zona de metrocentro q pretendían manifestarse contra la violencia sobre las mujeres. Las infos son confusas hasta ahora…”

“Al parecer 15 jóvenes mujeres fueron capturadas y llevadas detenidas a la central policial de Plaza El Sol. De momento a estas horas de la noche no hay más noticias al respecto”.

“Sí, está la cosa complicada, y mucha paranoia de parte de ellos, pero también de parte nuestra, porque ahora sí que nos pueden joder incluso personalmente, nos pueden hasta confiscar nuestras casas, inspeccionar nuestras cuentas bancarias, lo que quieran”.

Leo estos mensajes, cuyas autoras bien podrían ser perseguidas por la Ley Mordaza, y me pregunto cómo podemos mantener el interés de la ciudadanía de este lado del charco hacia una crisis sociopolítica que ya dura dos años y medio. El goteo de noticias alarmantes es tan incesante que hasta la periodista más implicada e involucrada personalmente (como es mi caso) se ve arrastrada por el llamado efecto narcotizante.

Y me acuerdo de lo que me decía la activista antirracista Daniela Ortiz: “El racismo implica una normalización de la violencia contra los cuerpos migrantes y racializados”. El paso de la impotencia, a la resignación y de esta a la indiferencia es demasiado fácil, sobre todo cuando la violencia ocurre en “esos países” que solo salen en nuestras televisiones cuando hay masacres.

Las activistas feministas nicaragüenses, muchas en el exilio, siguen gritando por Nicaragua, pero cada vez se las escucha menos. A este lado del charco, apenas las escuchan los machos de izquierda obtusa que les devuelven insultos racistas y machistas en nombre de Sandino, que probablemente se esté revolviendo allá donde descanse.

La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado la condena de siete años de cárcel por violencia de género para un abogado especialista en violencia de género. Miguel Alonso Belza es conocido por haber representado a la familia de Nagore Laffage, cuyo asesinato a manos de José Diego Yllanes en Sanfermines de 2008 introdujo en la agenda política, mediática y feminista el tema de la violencia sexista en fiestas populares y mostró lo problemático de que la ley integral limite su actuación a casos en los que el agresor es pareja o expareja de la víctima. El abogado que llevó uno de los casos más emblemáticos de feminicidio es un agresor machista condenado por violencia de género.

La condena se compone de penas por delitos de lesiones, de coacciones leves, de maltrato habitual y de maltrato no habitual. Los hechos probados listan un rosario de agresiones a partir de que su expareja decidiera terminar la relación con él: acoso por teléfono, control, agresiones físicas y quebrantamiento de la orden de alejamiento. Alonso Belza también había sido abogado del turno de oficio de Violencia contra la Mujer de Gipuzkoa. El juez subrayó en la sentencia que el acusado merecía “el mayor de los reproches penales, porque en todo momento fue consciente de la ilicitud de su conducta, en su condición de abogado especializado en la materia”.

Este caso tenía los elementos necesarios para que el agresor no saliera impune: incluía violencia física que fue probada por un vídeo que grabó la víctima en uno de sus ataques y fue juzgado por un magistrado que no cuestionó la credibilidad de la mujer. Probablemente sean más habituales los casos en los que estos agresores expertos en violencia machista la ejercen de maneras más sibilinas y en las que el hecho de trabajar por los derechos de las mujeres juegue a su favor si hay un proceso judicial o de otro tipo.

“Parece que si un hombre tiene un discurso político progresista, pro-feminista y además una reconocida trayectoria militante, no puede ser un maltratador. Esta cuestión dificulta la identificación del agresor y la relación en términos de violencia sexista y puede ser utilizada para desacreditar y deslegitimar el relato sobre la violencia”. Es una de las conclusiones extraídas de la investigación de la politóloga feminista Tania Martínez Portugal, Transformando imaginarios sobre violencia sexista en el País Vasco. Narrativas de mujeres activistas, becada por el instituto vasco de la mujer, Emakunde. Un trabajo en el que ha profundizado en su tesis doctoral, en la que añade información extraída de grupos de discusión con integrantes de colectivos sociales.

Misóginos que van a las manifestaciones feministas

La politóloga se apoya en el artículo de Bárbara Biglia y Conchi San Martín Rompiendo imaginarios: maltratadores políticamente correctos para referirse a esos hombres activistas que mantienen relaciones basadas en el abuso de poder con sus compañeras sentimentales, sexuales y/o de militancia. Biglia y San Martín describen uno de los perfiles de estos “buenos activistas”: el del intelectual con “una fuerte capacidad de convicción, dotes organizativas y de mando, y tendencia al liderazgo”, que presenta actitudes más sofisticadas que las que atribuimos a la figura del maltratador tradicional. Las protagonistas de las narrativas recogidas por Martínez Portugal reconocen que el hecho de que su abusador no encajase con el imaginario social de maltratador obstaculizó que ellas y su entorno identificasen sus conductas como violentas. Reproduzo algunos fragmentos de los testimonios:

“Era un chico intelectual, no el macho prototipo, y esta cuestión fue utilizada con el objetivo de deslegitimar la agresión”.

“Lo que más me descolocaba de todo aquello, era el hecho de que una persona tan reconocida como él, con un discurso tan diferente… se pudiera comportar de aquella manera”.

“Lo veía, lo identificaba, pero estaba paralizada… Creo que me parecía tan absurdo lo que me estaba pasando.... que una persona que es un referente de militancia, de sabiduría, me tratara así es lo que me dejó sin capacidad para reaccionar”.

La investigadora concluye que “no existe un tipo específico de maltratador, sencillamente, aquellos que participan en espacios de transformación social, que encontramos en las asambleas, manifestaciones, fiestas, incluso aquellos que se dicen feministas, mantienen un discurso político que no se corresponde con sus prácticas reales. Así, resultaría necesario actualizar los referentes de masculinidad hegemónica, tomando en consideración las prácticas que trascienden más allá del nivel discursivo, y visibilizar las nuevas formas en las que se expresa”.

Los agresores de estas narrativas son liberados de sindicatos de izquierda, profesores universitarios con una trayectoria en el activismo antiautoritario, educadores sexuales u hombres por la igualdad profesionales. Se distinguen del estereotipo de macho clásico por su sensibilidad artística, por no tener problemas en hablar de sus deseos o prácticas homosexuales o por ir a terapia para trabajarse sus problemas emocionales. Acuden a manifestaciones y jornadas feministas, prologan libros de feministas famosas y hablan en femenino genérico. Al mismo tiempo, critican a sus exparejas caricaturizándolas como pérfidas, estúpidas o locas, acusan a sus compañeras de no saber cuidar o cocinar, presentan una tendencia al victimismo y la autoindulgencia, y “una mezcla de autoestima dañada y miedo”, según describe una de las entrevistadas.

En muchos casos, son hombres mucho mayores que las mujeres de las que abusan: al machismo se le suma el adultismo y el paternalismo, que usan para imponer a éstas su visión del mundo, afirmar su autoridad y su superioridad, erigiéndose en guías o mentores de sus compañeras sentimentales o de activismo.

“Me decía que yo era alguien que tenía mucho talento, pero poca disciplina, incapaz de terminar lo que empezaba. Cuando se enfadaba conmigo y me castigaba, lo hacía por mi bien”.

“Si una persona mayor que tú te dice que eres un ‘diamante en bruto’ para mí es un maltratador psicológico en potencia, porque lo que realmente quiere es ‘pulirte’ a su medida”.

A menudo, sus formas de abuso emocional son sutiles mientras dura la relación. Un mecanismo habitual es la violencia luz de gas: el abusador intenta alterar la percepción de la realidad de la otra persona y minar su autoconfianza, haciéndole dudar de su memoria, su propia percepción, o su cordura y provocándole inestabilidad emocional. En las narrativas abundan también formas de control de la sexualidad y pataletas de celos.

Pero esos maltratadores políticamente correctos pierden los papeles y agreden de forma más pública y fácilmente identificable cuando la mujer decide cortar la relación (ya sea de pareja o de sexo ocasional) y temen que cuenten lo que han vivido. “Los maltratadores se sienten amenazados por lo que pueda trascender de su comportamiento y tienen miedo a que se desmonte su identidad militante que, en muchos casos, constituye una parte muy importante de su identidad social”, señala la investigadora. “El miedo puede dar lugar a reacciones de muchos tipos: desde una agresividad explícita, hasta toda una campaña de deslegitimación de la agredida para desacreditarla dentro de las comunidades activistas. Esta cuestión nos indica cómo la gran mayoría son perfectamente conscientes de sus actos”, abunda.

“Empecé a darme cuenta de que era un perfecto misógino, lo intentaba disimular muy bien con esa fachada de progre, pero sentía odio y rabia por las mujeres que identificaba como amenaza. Y yo me convertí en una, una vez decidí que no quería saber más de él”.

Ya que estamos, #MeToo

Conozco a estos agresores de primera mano porque yo soy una de las protagonistas de las narrativas recopiladas por Tania Martínez Portugal. Durante años me costó calificar lo vivido como violencia sexista, hasta que leí el artículo de Beatriz Villanueva sobre la violencia luz de gas. No son agresiones que una pueda denunciar a la policía y las heridas que dejan no son visibles. Leer la tesis de Tania me ayudó a confirmar que lo que viví no era una relación tóxica y ya, sino que encaja con el modus operandi de estos abusadores políticamente correctos.

Yo tenía 22 años y él 34. Le conocí porque escribí un reportaje sobre el grupo de hombres por la igualdad en el que militaba. Sentimos atracción mutua y poco después me propuso ir a ver juntos una exposición de arte feminista. Era muy culto, había trabajado en política institucional, había sido brigadista en Latinoamérica, cuestionaba la monogamia y la heteronorma. Representaba todo lo que le fascinaba a esa June veinteañera de pueblo que estaba saliendo de una relación tradicional. Mantuvimos una relación de pareja de tres años marcada por el adultismo, el abuso emocional, la violencia luz de gas, el control, las escenas de celos, la infidelidad a la vieja usanza, con embarazo incluido.

Se pasó unos años usando pretextos laborales o activistas para escribirme y pedirme que quedásemos, por más que yo le dijera que no quería tener contacto con él. En un momento dado, sintió que había dañado su reputación al contar mi historia y reaccionó con violencia verbal e intimidación. Una psicóloga feminista me acompañó en aquel entonces en un proceso de mediación para garantizar que él no volviera a entrar en contacto conmigo. No reconoció sus abusos; lloró y se mostró muy dolido. Se alejó un tiempo de los focos, pero no se había retirado: estaba escribiendo un libro sobre nuevas masculinidades que ha tenido un eco mediático notable. Sigue participando en el movimiento de hombres por la igualdad y se ha especializado en “paternidades igualitarias”.

Recientemente nos invitaron a ambos a participar en unas jornadas feministas. Conté mi historia a la organización para justificar mi negativa a compartir cartel con él. Recibí por respuesta un “Yo te creo” con condicionantes. Él participó, yo no.

Le pregunté a Tania en una de sus charlas si son los agresores o las supervivientes quienes abandonan los espacios de militancia cuando trasciende la denuncia. Respondió que, tristemente, lo habitual es que se retiren ellas, a no ser que el agresor quiera eludir un proceso colectivo sobre el caso. La buena noticia, matizó, es que los abusos vividos animan a las supervivientes a comprometerse con la lucha contra la violencia machista y a buscar cobijo en la militancia feminista.

Haber participado en esa investigación feminista ha sido una forma de politizar mi historia personal y de aportar a la comprensión de la violencia que ejercen los maltratadores políticamente correctos. Y esa es la manera que tengo de sentirme algo reparada. Es un bálsamo que calma un poco mi herida cuando se abre, una herida que no cicatrizará mientras ese hombre siga viviendo del feminismo.

El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana la condena de prisión permanente revisable que impuso el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco a un hombre que asesinó a una bebé de 17 meses en Vitoria. El asesinato se enmarca en un contexto de violencia machista: el agresor atacó a la madre de la criatura -con la que entiendo que había iniciado recientemente una relación- mientras éstas dormían, la golpeó al grito de “te voy a matar”, trató de tirarla por el balcón y terminó tirando a la niña. Algunos elementos que sostienen la confirmación de la sentencia son el hecho de que la víctima mortal sea una menor y que ese asesinato se sume al intento de asesinato de su madre. No es un caso excepcional, incluso hay un concepto para nombrar la violencia que ejercen los agresores machistas contra niños y niñas como forma de castigo a sus madres: violencia vicaria. 

Recuerdo que, cuando el pasado mes de septiembre leí la noticia de la condena a este hombre, se me sumó al runrún que me había provocado otra noticia unas semanas antes: los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador.los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador. La Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña sostiene que es un arma no letal, y Amnistía Internacional responde que más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo Taser. No me pareció casualidad que eligieran un caso de violencia machista en “el año del feminismo” para estrenar ese arma ni tampoco me pareció casualidad que fuera mujer la portavoz del cuerpo de policía catalán quien explicó su uso en los informativos y magazines de la mañana. 

Ahí se me encendió la lucecita: ¿estaremos asistiendo a una instrumentalización de los derechos de las mujeres y de la lucha contra las violencias machistas para legitimar políticas represivas? ¿Cuánto tardarán las fuerzas de seguridad del Estado o de las comunidades autónomas en utilizar las pistolas eléctricas para reducir, pongamos, a manteros o a inmigrantes en Frontera Sur? 

En realidad, en Pikara Magazine esa inquietud se ha planteado casi desde los inicios de nuestra revista. En 2012, M en conflicto, psiquiatra queer que escribía en ese momento en Pikara, alertó de ello en relación al caso de José Bretón, un hombre que desapareció y asesinó a sus hijos cuando su mujer le pidió el divorcio. Señalaba M en conflicto la tendencia a presentar a los agresores machistas como monstruos o como enfermos mentales irrecuperables en vez de enmarcar sus crímenes en el problema social de la violencia hacia las mujeres. 

En 2013, Andrea Momoitio escribió sobre las reacciones a la derogación de la Doctrina Parot, una jurisprudencia que cronificaba las penas de cárcel y que  el Tribunal de Estrasburgo consideró contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desarrollada en juicios contra miembros de ETA, contaba Andrea que a muchas feministas les preocupaba que su derogación hubiera tenido como resultado la puesta en libertad de violadores. Lanzaba preguntas tan pertinentes como éstas:  ¿Ser “violador” es una identidad inamovible? ¿Puede nuestra ideología estar por encima de los Derechos Humanos? ¿Estábamos más protegidas de la violencia patriarcal mientras esos hombres estaban en prisión?

En febrero de 2014, la periodista Meritxell Guàrdia i Serentill analizó la reforma del Código Penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Señalaba que la propuesta penal se había presentado como “una de las más 'proteccionistas' con las mujeres”, y respondía que ese proteccionismo no solo victimizaba sino que chocaba con el hecho de que el endurecimiento del Código Penal afectaría a las mujeres en situación de marginalidad o exclusión social, ya que aumentaba la presión punitiva ante el hurto o la prostitución. 

Avanzamos hasta 2018. La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en 2015, y ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez la revoque, hombres conservadores liderados por padres de jóvenes asesinadas recogen firmas para mantenerla en el ordenamiento jurídico. El caso de Diana Quer reabre el debate y pedimos un análisis a la abogada penalista Laia Serra.

En un artículo imprescindible, Serra nos habla del “populismo punitivo”: “Se define como la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales”. Añade que se basa un interés electoralista y se vale de la manipulación informativa, dando recetas fáciles, obviando datos objetivos y opiniones expertas: “La construcción de los problemas sociales en clave delictiva evita que el Estado se responsabilice de las consecuencias de sus políticas y ofrecer una solución tangible: el castigo al ”delincuente“. Se genera un aliviante efecto balsámico al ofrecer un chivo expiatorio contra el que proyectar toda la indignación y la ansiedad que generan las actuales condiciones de vida”.

La jurista señala como tercer eje del populismo punitivo “la instrumentalización del dolor de las víctimas y de las supervivientes y de la empatía social que suscitan”, algo que choca con la realidad: las carencias de las políticas institucionales a la hora de atender las necesidades de las víctimas y garantizar su acceso a la Justicia.

Hay un último y reciente artículo de Pikara que quiero recomendar, el de Alicia Murillo sobre los que denomina como “patriarcas coraje”, padres de mujeres asesinadas que están recabando apoyos a favor de la cadena perpetua y que, en algunos casos, han sido fichados por partidos de derecha y extrema derecha. Murillo observa “cómo se vive, desde la masculinidad hegemónica, la pérdida de una hija víctima de violencia machista”, y compara los discursos de estos hombres con los de las madres que, lejos de pedir un sistema judicial más represivo, señalan que precisamente ese sistema es patriarcal, citando a referentes como Susana Guerrero o Asun Casasola, que se han vinculado al movimiento feminista conscientes de que el problema es más profundo que la existencia de unos cuantos individuos desalmados. 

Tecleo en Google “feminismo prisión permanente revisable” y, además de a Pikara Magazine, me lleva a los siguientes contenidos: 

Decía que llevamos desde 2012 preocupándonos por esta deriva, pero en 2019 el caldo de cultivo es particular: un contexto de auge y protagonismo mediático del feminismo pero también de la extrema derecha y sus discursos punitivistas. Acabamos de ver cómo ahí se crean alianzas peligrosas, como la de la Asociación Clara Campoamor con los “patriarcas coraje”. Recuerdo haber leído a Begoña Zabala, emblemática activista feminista navarra, que en los años ochenta el movimiento feminista autónomo era decididamente antipunitivo y no esperaba soluciones en lo penal, consciente de que la justicia patriarcal era generadora de violencia patriarcal. Tres décadas después, el feminismo se ha vuelto de masas, pero esas masas piden condenas más largas para los agresores. Creo que ahora es especialmente importante que nos dotemos de un argumentario antiautoritario sólido y lo divulguemos. 

Termino leyendo en alto a Angela Davis, que sigue siendo una firme activista por la abolición de las prisiones:

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Lee también:

“El Estado ha amparado a un pederasta y ha desprotegido a una niña”, entrevista a Susana Guerrero.

Cuando una ha desarrollado su conciencia, su pensamiento y su práctica feminista rodeada de mujeres trans, todo cuestionamiento sobre su participación en el movimiento feminista no solo resulta absurda e incomprensible sino muy dolorosa e injusta. Porque para mí no se trata de un debate teórico y abstracto sino de un ejercicio de exclusión y violencia al que le pongo nombres, apellidos y rostros; los de compañeras cuya trayectoria política y vital feminista admiro.

Algunos debates son un ejercicio de violencia en sí mismo por parte de quienes se otorgan a sí mismas el monopolio sobre una lucha social y el derecho a reconocer o no a “las otras” como sujetos políticos. Alertó Brigitte Vasallo ante la polémica feminista en torno a la prohibición del mal llamado burkini que “una buena parte de los feminismos se han enmarañado en alimentar la serpiente con debates fuera de lugar en vez de articularse con las compañeras agredidas”. Yo no voy a caer en ese error. Prefiero centrarme en poner algunos nombres, apellidos y rostros a lo que La CISterna Transfemmenista condensó en un artículo en Pikara Magazine:

Las transmisóginas emplean varias estrategias de despiste para intentar negar la existencia de las compañeras trans que participan en el movimiento feminista. Una es afirmar que la lucha feminista y la LGTBI son independientes, y que por tanto el lugar de las mujeres trans es el activismo LGTBI y no el feminista. Esto es, por un lado, absurdo, porque la lucha LGTBI es precisamente la de las personas disidentes sexuales y de género ante las violencias patriarcales que vivimos por no encajar o desobedecer las normas de la heterosexualidad y el binarismo obligatorios. Pero además es una trampa porque lo que subyace es que niegan a las mujeres trans su condición de mujeres, que es por la que participan en el movimiento feminista. Ocurre otro tanto cuando las lesbianas transexcluyentes niegan la participación de las mujeres trans: están negando a las mujeres trans lesbianas su condición de lesbianas. Y otra tercera trampa es poner el foco en la teoría queer, obviando que las mujeres trans son tan diversas ideológicamente como las cis: las hay queer y las hay marxistas, radicales, anarquistas, de la igualdad, poscoloniales, y un etcétera tan largo como en el caso de las feministas cis.

Por cierto, ahora que he dicho 'cis', prefijo opuesto a 'trans' para designar a quienes nos sentimos razonablemente conformes con el sexo que se nos asignó al nacer, añado que si a las feministas transexcluyentes les enfada tanto (“no vamos a consentir que nos llamen cis”, exclaman con aspavientos) es porque ellas se autoproclaman LAS MUJERES con mayúsculas, y desde esa posición se sienten con capacidad de decidir quién entra y quién no en su club. 

En fin, al final me estoy enredando. Voy al grano; estas son algunas de mis compañeras y maestras feministas:

1. Laura Bugalho: 'Referente feminista' se queda corto teniendo en cuenta que esta activista gallega es sindicalista, independentista, está comprometida con los derechos de las personas LGTBI y de las personas migradas. Bugalho ha sido una de tantas activistas antirracistas criminalizadas por apoyar a personas migradas sin papeles, cuando denunció a una trama mafiosa que vendía tarjetas de residencia falsas y terminó siendo ella la condenada por falsedad documental. Ocurrió en 2009 y el calvario judicial duró hasta 2016. En esos años, estuvo respaldada por una campaña de solidaridad apoyada por el movimiento feminista. Bugalho participó, junto con Kim Pérez, en los Encuentros Feministas Estatales en Córdoba del año 2000, precisamente con una ponencia titulada “¿Mujer o trans? La inserción de las transexuales en el movimiento feminista”.

2. Aitzole Araneta: Fue junto con Bugalho la primera activista trans feminista que conocí, en unas jornadas maravillosas sobre diversidad sexual en Bilbao en 2010. Araneta es técnica de igualdad y sexóloga, y este año se presentó como candidata a la Alcaldía de Donostia por Podemos. Leyendo a Aitzole me formé en transfeminismo, en despatologización de la transexualidad y en su comprensión desde el punto de vista de la sexología (que difiere mucho, por cierto, de la teoría queer).

3. Juanita Urbina: Es una de las primeras amigas que hice en Nicaragua. Juanita trabaja en el Programa Feminista La Corriente, una de las organizaciones más potentes e incómodas para el poder de Daniel Ortega. Juanita tiene claro que la lucha feminista y la LGTBI son una porque comparten la defensa del derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir sobre tu cuerpo, tu sexualidad, tu identidad. Le dediqué un capítulo en mi libro 10 ingobernables cuando volvía a nombrarse como Juan Carlos, a llevar pelo corto, barbita y ropa masculina, como estrategia de supervivencia ante la violencia transmisógina. Algunas feministas decidieron que ya no había sitio para ella en el feminismo haciendo la lectura simplista de que volvía a ser varón, con los consecuentes privilegios, y algunas mujeres trans la juzgaron como traidora de su género. Gracias a la teoría queer, Juanita sigue defendiendo que la masculinidad no es su identidad sino su refugio temporal mientras expresar su género sentido deje de ponerla en peligro.

4. La Dámaso Jussete Vargas. La conocí también en La Corriente, en su caso como alumna de unos talleres de comunicación feminista que estuve impartiendo. La Dámaso no necesita cambiar su cuerpo para sentirse y afirmarse como mujer pero, lo que fue más nuevo para mí, tampoco necesita cambiar su nombre. Dice que el feminismo le ayudó a vivir su identidad de una forma libre y relajada, y también a reflexionar que “si podemos vivir nuestro género desde otros cuerpos y el hecho de ser mujeres no se prueba con la vagina, no había mucha necesidad de que mi nombre fuera otro”.

5. Nicole Santamaría: A esta salvadoreña intersex y trans la conocí en un maravillo encuentro en Suchitoto organizado por la Colectiva Feminista, en el que participó como tallerista. Es otra de 'mis' 10 ingobernables y conoce la violencia machista y la violencia sexual desde pequeña. Está especialmente sensibilizada con el transfeminicidio. Varias compañeras de activismo fueron asesinadas, con saña y sin investigaciones de oficio para esclarecer sus muertes. Ella se exilió después de recibir varias amenazas y ataques. Aunque tenía motivos para pedir que respetase su anonimato poniéndole un nombre ficticio, decidió salir con su nombre y apellido porque pesó más en ella el deseo de que, si algo le ocurre, haya constancia de su existencia y de su lucha. “Contar mi historia es una forma de honrar mi vida”.

6. Zuriñe Baztan: Como Laura Bugalho, Baztan es activista sin apellidos porque se ha volcado en (ya sea de forma sucesiva o simultánea) el movimiento antimilitarista, en el ecologista y en el de acogida a las personas refugiadas; de hecho, hace un par de años se fue a vivir a Grecia para echar una mano en la crisis del refugio. La conocí en Súkubo, lugar de encuentro transfeminista en Gasteiz. En aquel momento era una de las caras visibles del movimiento contra el fracking en Araba. Dice Andrea Momoitio sobre ella que “reivindica su papel como mujer trans, lesbiana y machorra; su apariencia más masculina, su voz rota, sus andares, sus botas de monte, su estar en el mundo como mujer sin reproducir los estereotipos de género más tradicionales”. Por ella, y por tantas otras de las citadas, me parece absurda la acusación recurrente de que las mujeres trans perpetúan el modelo de feminidad hegemónico. Algunas calzan tacones y otras botas de monte, igualito que las mujeres cis.

7. Irina Layevska: Irina no se considera transexual, sino mujer. Para ella la transexualidad es un proceso que inició en 2001, cuando se asumió como mujer, y que ya culminó. Esta comunista mexicana se unió siendo muy joven y desde su silla de ruedas a la revolución nicaragüense y después al movimiento de solidaridad con Cuba. Convive con la esclerosis múltiple y defiende el derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su muerte. En la entrevista que le hice, da una clave para contestar a las TERF que hablan de las mujeres trans como pertenecientes a una “casta sexual privilegiada”: “Cuando asumí mi feminidad me di cuenta de que ser hombre me ubicaba en un estatus social privilegiado; después de pasar mi proceso y viví en carne propia las agresiones machistas, pude vivir la lucha feminista con mayor congruencia”.

8. Alicia Ramos: Las letras de esta cantautora canaria afincada en Madrid no tienen desperdicio, tanto las más contestarias como las más soñadoras, ingeniosas o surrealistas. Es integrante de la plataforma Arte Muhé, un proyecto artístico multidisciplinar creado por mujeres para visibilizarse juntas. Cito sus contundentes palabras en una entrevista en Pikara: “Es importante que la gente tenga muy claro que ser transexual no es en ningún caso, en ningún contexto, en ninguna circunstancia y bajo ningún concepto una ventaja, de ninguna manera. Al menos no en esta cultura. Qué sé yo, igual en Samoa Occidental sí, no lo sé. Pero aquí no. Nunca. Ayuda ser guapa, joven, cis, tener un lunar guay en algún sitio divertido ¡e incluso cantar bien! Pero ser trans* no”. 

Podría citar a tantas otras a las que sigo sin haber convivido con ellas (Juana Ramos, Alana Portero, Claudia Ancapán...) o a las que ya no están (Lohana Berkins, Diana Sacayán, Marsha P. Johnson, Sylvia Riviera...). 

A veces, mi lado ingenuo piensa que quienes niegan que las mujeres trans sean sujeto del feminismo, quienes hablan de ellas como hombres disfrazados, quienes afirman que tienen privilegios por “haber nacido con un sexo masculino”, quienes las acusan de perpetuar la feminidad hegemónica o quienes incluso las tratan como violadoras potenciales lo hacen por ignorancia, por no haber tenido referentes como los que os acabo de presentar. Me temo que en el caso de las conferenciantes de la Escuela Feminista Rosario Acuña, no es ignorancia sino odio, soberbia y desprecio. Por eso este artículo no va dirigido a ellas. 

*

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Bromitas de puro y carajillo, sobre la transmisoginia en la Escuela Feminista Rosario Acuña, por Teresa Bambú. 

Por qué es peligrosa la polémica sobre la participación de las trans en espacios feministas, por Beatriz Gimeno.

Polémicas trans: nuevas categorías políticas en los encuentros feministas, una crónica de Florencia Goldsman.

Siempre que se acerca el 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, recuerdo la llamada que recibí hace unos años de una periodista, que quería aprovechar esa fecha señalada para escribir un reportaje sobre las discriminaciones que sufrimos. Pensé entonces que al pensamiento heterosexual le resulta más fácil hablar de las penalizaciones que sufrimos las disidentes sexuales y de género que de las alternativas de vida que encarnamos. El lesbianismo como opresión añadida en vez de como gozosa forma de emancipación antipatriarcal.

También resulta muy atractiva la idea de que reproducimos roles sexistas, que sirve para negar lo subversivo de nuestra existencia. Recordemos cómo Ciudadanos usó la realidad de la violencia intragénero para cuestionar que la Ley Integral de Violencia de Género se ciña a la violencia específica y sistémica cometida por hombres a mujeres en nuestra sociedad patriarcal.

El caso es que se agradece cuando el discurso mediático relaciona el lesbianismo con la equidad. Me refiero a la noticia publicada por Ana Requena Aguilar en este medio el pasado 1 de abril: “Las parejas de lesbianas esquivan mejor la brecha salarial que las heterosexuales porque reparten más los cuidados”. La noticia se basa en un estudio noruego que constata que las lesbianas que son madres sufren una menor penalización en el mercado laboral respecto a las madres heterosexuales. Las lesbianas gestantes toman a corto plazo medidas como reducir la jornada o abandonar temporalmente el mercado laboral, pero en seguida la dedicación se equilibra con una implicación equitativa en la crianza. A largo plazo, ambas progenitoras constatarán un impacto similar de la maternidad en sus carreras, mientras que en las parejas heterosexuales, las mujeres reducen empleo y salario también a largo plazo, y los hombres tienden a trabajar más horas fuera de casa cuando tienen hijos.

Esta noticia me ha interesado porque también en los espacios lesbofeministas se habla mucho de violencia intragénero o de cómo reproducimos un modelo de amor romántico basado en la posesión y el drama, pero muy poco o nada sobre corresponsabilidad. ¿Asumen las madres lesbianas los cuidados de forma equilibrada e igualitaria o reproducen roles sexistas por los que la madre gestante es la que carga con mayor responsabilidad? Y, tengan o no criaturas, ¿son habituales las tensiones en la convivencia por el reparto de las tareas domésticas, del cuidado de animales o de familiares dependientes?

Salvo la excepción noruega, no parece que este tema haya sido motivo de análisis. Google tampoco me ayuda: tecleo 'estudio corresponsabilidad lesbianas' y la mayoría de resultados me llevan a lo que comentaba al principio: discriminación hacia lesbianas y violencia entre lesbianas. Eso es lo que se estudia sobre nosotras. Y una excepción interesante: las lesbianas tenemos más orgasmos.

El único resultado que realmente me habla de corresponsabilidad, además de otro artículo sobre el estudio noruego (escrito por Manuel Bagues y que termina concluyendo que “Si quieren evitar que la maternidad penalice su carrera profesional, no hay nada como emparejarse con otra mujer”, más claro agua) es un post de la activista LGTB Kika Fumero en el que plantea unas hipótesis sobre “cómo somos las lesbianas”. Reproduzco el párrafo que viene a cuento:

Fumero da una clave importante: ser dos mujeres no es el único factor determinante para la corresponsabilidad, sino que hay que sumar la conciencia feminista como ingrediente clave. Esto nos llevaría a su vez a relacionar lesbianismo y feminismo. Lejos del discurso lesbófobo de muchas feministas hetero impelidas a aclarar que “no todas las feministas somos lesbianas”, lo cierto es que a muchas bisexuales o lesbianas políticas el feminismo nos llevó a cuestionar la heteronorma y muchas lesbianas llegaron al feminismo encontrando en él una forma de explicarse a sí mismas y un espacio de libertad y empoderamiento.

Pero volvamos al asunto de la corresponsabilidad. Podríamos partir de dos hipótesis: 1- Las lesbianas somos corresponsables porque, como mujeres, somos socializadas para asumir los trabajos de cuidados. 2- El citado mantra de que las lesbianas reproducimos roles sexistas. La primera hipótesis me parece más consistente y la segunda me parece muy problemática porque lleva a un prejuicio lesbófobo muy habitual: presuponer machismo en lesbianas con una expresión de género masculina, es decir, con pluma, es decir, marimachos, camioneras, chicazos. Piensa: ¿cuando hablaba de violencia entre lesbianas, cómo era la lesbiana a la que te imaginabas maltratando a su pareja? Lo mismo con la corresponsabilidad: si te imaginas a una lesbiana femenina y a una masculina (no siempre tiene por qué haber ese dualismo) conviviendo en pareja, ¿a quién te imaginas limpiando más, a quién te imaginas reduciendo jornada para criar?

Un sondeo sin rigor pero con miga

Así que a falta de investigaciones académicas, para escribir este artículo he hecho un pequeño estudio de andar por casa, por dos vías distintas. Por un lado, he lanzado la siguiente pregunta en Instagram: “Pregunta para bollos y bi: ¿somos corresponsables, por lo general?” Reproduzco las respuestas recibidas.

La otra vía ha sido preguntar directamente a las pikaras que conviven con pareja mujer y a amigas lesbianas. En general, todas me han hablado de experiencias corresponsables y, cuando no hay tal reparto igual, no lo han atribuido al sexismo sino a diferencias en el aprendizaje sobre los cuidados.

Por ejemplo, Andrea me cuenta que durante muchos años le pareció liberador no hacerse cargo de los cuidados y volcarse en el trabajo fuera de casa, lo cual llevó a sobrecargar a sus parejas. Ahora que ha tomado conciencia de ello, afirma que hace más cosas en casa que su pareja pero que sigue sin darse cuenta cuando falta algo (el trabajo mental de cuidados, que decían en Instagram).

Mar comenta un choque que tiene que ver con la clase social: cuando una se ha criado con trabajadora del hogar y la otra en una familia de mujeres que han trabajado limpiado casas, aparecerá la discusión sobre si externalizar la limpieza. Sofía cuenta que en su familia valoraban mucho la comida casera, mientras que su pareja se crió comiendo congelados; eso hace que hoy en día sea Sofía también la que más cocina. En cambio, Gema es más ordenada. Varias también hablan de un reparto por preferencias: a Ro no le gusta cocinar, así que a cambio limpia más. “Creo que por lo general las tías tenemos más claro que las cosas no se hacen solas”, afirma.

Otro motivo de desigualdad en la implicación en el hogar puede ser la situación laboral: Mar comenta que cuando una no está trabajando fuera de casa, puede caer sobre ella el estereotipo del ama de casa, con la consiguiente desvalorización.

La experiencia de Carmen y Carola (las únicas madres a las que he preguntado) refleja lo recogido en las conclusiones del estudio noruego. Cuando tuvieron a su hijo, pensaban implicarse de forma igualitaria, pero toparon con que inevitablemente, los primeros meses la madre gestante asumía una dedicación más intensiva, debido a la lactancia y la desigualdad en los permisos de maternidad. Pero, para revertirlo, cuando el niño cumplió dos años, Carola decidió solicitar una reducción de jornada, lo que permitió a Carmen volver a volcarse en su trabajo y en la escritura.

Norma y Clara llevan 30 años juntas, en los que han tenido tiempo para probar pactos dispares, en función de su situación económica y laboral. Cuando una tenía menos trabajo fuera de casa, asumía más las tareas domésticas, y a cambio, la otra aportaba más dinero a la caja común. Cuando han tenido que cuidar a sus padres y madres ancianos, también se han apoyado mutuamente, tanto a nivel emocional como logístico. Por ejemplo, cuando Clara cuidaba a su madre, Norma se encargaba más de las tareas domésticas. “Eso no lo hubiera hecho un hombre”, opina Norma, quien convivió antes con un compañero sentimental y ve muy claro el contraste: él, trabajador precario de un movimiento social y con un discurso profeminista, cobraba menos que ella y, aún así, ella asumía más trabajo en el hogar, una fuente de malestar que intervino en su ruptura.

La falta de rigor de mi estudio de andar por casa tiene que ver con muchos sesgos: todas las mujeres con las que he hablado tienen trabajo remunerado y cualificado, la mayoría son autóctonas y payas-blancas, y todas tienen conciencia feminista.

De hecho, para que la conclusión apabullante de este sondeo no nos lleve a la complacencia, termino con un comentario crítico de Mar: “Aunque asumamos el reparto de las tareas de cuidados, seguimos percibiéndolos como algo molesto que interrumpe nuestra vida en vez de integrarlo como algo que forma parte de nuestra vida”.

Nota: Me da mucha curiosidad qué ocurre en parejas de hombres gais. ¿Alguien recoge ese guante?

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Llevo meses pensando en escribir este artículo o, más bien, distintas versiones de este artículo. El primer momento fue el 28 de junio, cuando fui a ver la proyección del documental Bixa Travesti, sobre Linn da Quebrada: actriz, cantante de funk carioca, activista transfeminista, negra y favelada, DIOSA.

Reivindica el concepto de “bixa travesty” (marica travesti) para vivirse desafiando las expectativas de género que se supone que tiene que cumplir una mujer trans para ser aceptada. Se declara terrorista del género. Y canta con rabia a los machos (también a los machos gay) que utilizan a las mujeres (también a las travestis). Habla de deconstruir el deseo para relacionarse sólo con mujeres y maricas muy maricas. Cantaba algo así como: “Si quieres estar conmigo, amaricónate”.

En un momento en el que el feminismo mayoritario se resiste a encajar el cuestionamiento de las mujeres trans sobre símbolos que relacionan a la mujer con la vulva o al falo con el patriarcado, Linn da Quebrada visibiliza a las mujeres con pene con letras como ésta:

Gracias a ese documental conocí también a Liniker, cantante de soul brasileña transgénero. Leo que su estética -turbante, falda larga, pendientes llamativos, ojos y labios maquillados, bigote y perilla- fue interpretada erróneamente por crítica y público como una performance, en vez de como su expresión de género. Desde entonces soy adicta a esta canción:

Volví a pensar en escribir una versión de este artículo cuando terminé de ver las primeras (por ahora únicas) dos temporadas de la serie distópica 3%, producción brasileña para Netflix. En un futuro apocalíptico, las y los habitantes de un continente marcado por la sequía, la sobrepoblación y la escasez de recursos participan al cumplir los 21 años en un proceso de selección en el que el 3% que sobresalga por su inteligencia, fortaleza y capacidad de liderazgo se mudará al Mar Alto, oasis reservado a la elite. Aunque el guion es irregular, sobre todo en la segunda temporada, me pareció un ejemplo preciado de serie no sexista.

El artículo que habría escrito en ese momento subrayaría que se trata de un soplo de aire fresco en un panorama polarizado, en el que las (cada vez más) series que rompen con las narrativas androcéntricas y estereotipadas están protagonizadas por mujeres y centradas en cuestiones como la violencia machista o los derechos sexuales y reproductivos: pienso en Big Little Lies, El cuento de la criada, The Sinner, Alias Grace, Top of the lakeEl cuento de la criadaThe SinnerAlias GraceTop of the lake o Jessica JonesJessica Jones. 3% es pura ciencia ficción y si acaso crítica sociopolítica al discurso de la meritocracia. No es feminista ni falta que le hace. Sus personajes principales no incurren en roles tradicionales de género o incluso los subvierten: por ejemplo, el arquetipo de personaje brillante, huraño, sexualmente activo y reacio a los compromisos afectivos lo encarna la magnética (y andrógina) Joana.

Su elenco es paritario y diverso en cuanto al género, la 'raza', la diversidad funcional y la sexual (aunque esto se ve de forma más tímida, ya en la segunda temporada). En un momento en el que las representaciones trans, salvo excepciones notables como Pose, siguen también siendo manidas e incluso interpretadas por actores cisgénero, en la segunda temporada hay un personaje secundario, una mujer con sombra de barba y pelo en pecho, cuya identidad de género no es en ningún momento mencionada: es una habitante más que se prepara con fiereza para pasar el proceso.

En ese segundo artículo abortado, como en el primero, quería señalar lo mucho que nos perdemos cuando no reconocemos a Brasil como potencia cultural y como vanguardia feminista y queer. No sé en vuestro entorno, pero en el mío la gente va a Berlín buscando cultura, vanguardia, memoria política, y a Río de Janeiro buscando playa, exotismo y caipirinha.

Volví a pensar en ello a raíz del triunfo electoral de Jair Bolsonaro, diputado federal de extrema derecha, militar en la reserva y nostálgico de la dictadura. Pregunta de Trivial: ¿sabríais decir entre qué años transcurrió la dictadura militar en Brasil y quién la encabezó?, ¿sabrías decir cómo se volvió a la democracia y citar a algún movimiento político que fuera clave en la resistencia antifascista? Yo no. Lo he mirado en la Wikipedia mientras escribo estas líneas. Me pregunto qué porcentaje de la población española sabrá contestar a esas preguntas y qué porcentaje de la población brasileña sabrá contestar a preguntas similares sobre la dictadura de Franco. Tal vez no confirmase mi hipótesis en este caso, pero sí puedo afirmar tajantemente que nuestra vecina Portugal mira más a España que España a Portugal, y con mayor rotundidad aún que esto se vuelve flagrante y fruto del pasado-presente colonial si nos referimos a Latinoamérica. Me gustaría comparar cuántas autoras españolas se estudian en un Máster de Género latinoamericano y cuántas autoras latinoamericanas en una universidad española.

Se acerca el infame día de la hispanidad, en el que lo único que podemos celebrar es la resistencia indígena. Resistencia al genocidio y resistencia en la actualidad a los proyectos extractivistas impulsados por empresas estadounidenses, canadienses, australianas, chinas... y también españolas.

Sirva esta fecha para revisar nuestros referentes culturales y políticos. A dónde miramos, a quién citamos, dónde situamos el epicentro de las revoluciones que han transformado nuestras vidas. ¿Conocemos a las sufragistas latinoamericanas, a las africanas o a las asiáticas?

Cuando veo los rostros de Berta Cáceres y de Marielle Franco convertidos en iconos de los movimientos sociales en el Reino de España me debato entre la alegría y la tristeza. Han tenido que asesinarlas para que la mayoría hayamos sabido de su existencia y de su lucha o, en mi caso, hayamos retenido sus nombres.

Decimos que Berta no murió, se multiplicó. Decimos lo mismo de Marielle. ¿Pero conocemos a otras Bertas, a otras Marielles, que estén ahora mismo en riesgo de ser asesinadas por plantar cara al poder patriarcal, racista, colonial y neoliberal? Ahí queda ese reto. (Y eso pretendemos con nuestro laboratorio de periodismo transmedia sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica).

Mientras rumiaba ese artículo, pregunté en mi muro de Facebook por referentes culturales y políticos brasileños. Pretendía demostrar mi hipótesis de que miramos poco a Brasil y, afortunadamente, me salió el tiro por la culata porque mi entorno virtual sí que conoce más que el Carnaval y el Ronaldinho de turno (también agradezco a las que reconocieron relacionar Brasil con la samba de Janeiro y Giselle Bunchen). En 33 comentarios, mis amigas y amigos del caralibro me abrumaron con nombres, algunos muy conocidos, que se repetían, y otros nuevos para mí. Ahí los dejo al final de este artículo, por si alguien quiere tirar de algún hilo. Y sí, hay mucha bossa nova.

Así que antes reproduzco el comentario de una compañera lesbofeminista brasileña:

*

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Si escribo sobre Nicaragua no es para participar en un debate sobre política internacional. Es una forma de paliar un poquitito la impotencia; sentir que hago algo por mis amistades, por los colectivos que me acogieron, por el país al que decidí mudarme, aunque finalmente esa etapa duró menos de lo previsto. Por las y los estudiantes que se encierran en las universidades y por las madres de los muertos y desaparecidos que gritan verdad y justicia.

Quiero sentirme conectada con ellas a pesar de que es imposible sentir en carne propia el terror que enfrentan. Miedo a que te peguen un tiro en una protesta; a que los parapoliciales te sometan a vejaciones sexuales; a que te secuestren; miedo a que desaparezcan a tu hermano, que cumple con el perfil de víctima mortal —varón, menor de 25 años, estudiante—; miedo a que apliquen contigo la amenaza de 20 años de cárcel por terrorismo, es decir, por ejercer el derecho legítimo a la protesta. Miedo cuando una persona de tu mismo pueblo publica tu foto en Facebook con la leyenda “golpista” encima, contextualizada con un mensaje de odio que termina con la palabra PLOMO. Miedo a exiliarte y sentir que abandonas a tu familia y a tu pueblo. Miedo a decidir quedarte sin saber cómo terminará esta historia: ¿guerra civil?, ¿dictadura sin disimulos?, ¿un país controlado por los paramilitares y los grupos de choque, cada vez más armados?

Sí que hay un miedo que siento en mis propias carnes: el miedo a que ocurra algo a la gente a la que quiero. Pero el asunto sigue teniendo para mí un punto de irrealidad. Es lo que tiene la distancia.

Convivo desde mi privilegio con la impotencia de seguir las noticias y los Facebook Live como espectadora. Pero también en esta emoción hay grados; nada que ver la mía con la que están sintiendo mis amigas de origen extranjero, que llevan décadas viviendo en Nicaragua pero no pueden sumarse a las protestas porque correrían el riesgo de ser deportadas y de perder el permiso de residencia. Esto no es nuevo, tampoco pudieron participar en las protestas contra el Canal interoceánico que ha desplazado forzosamente al campesinado y a poblaciones indígenas.

Nada que ver con la impotencia que sienten las nicas en la diáspora. Algunas vinieron con una beca para completar sus estudios, otras vinieron como turistas y trabajan sin papeles limpiando casas. La angustia se traduce en desvelo porque saben que, cuando al día siguiente se conecten a las redes sociales, conocerán los nombres de más personas muertas, desaparecidas y amenazadas. Sienten el impulso de encontrarse con su gente, de unirse a la lucha. “Pero mi mamá me dice que ni se me ocurra, que al menos tiene un hijo a salvo”. Algunas preparan el terreno por si su familia tiene que exiliarse.

Lo único que puedo hacer es contarlo, pero contarlo supone confrontar discursos que duelen y que no están movidos por los afectos sino por los dogmas. En el caso de Nicaragua, el discurso más doloroso para mí y para mi gente nica es el de cierta izquierda que sostiene que las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo responden a un plan de la derecha, la Iglesia católica y la Casa Blanca.

No me quiero detener a rebatir su argumentario tramposo y absurdo de la izquierda rancia, que obvia el hecho de que Ortega volvió al poder en 2008 precisamente por pactar con el Partido Liberal y con la Iglesia católica. Lo explica exhaustivamente Iosu Perales en un medio tan poco sospechoso de derechista e imperialista como Viento Sur. Reproduzco aquí algunas partes:

Quienes hemos estado en contacto con el movimiento feminista nicaragüense no dudamos de la espontaneidad de esta rebelión popular porque no nos pilla por sorpresa. Sin embargo, la izquierda rancia que funciona en clave de guerra fría ha mirado para otro lado mientras Ortega acumulaba poder y vulneraba los derechos y libertades de la ciudadanía. Podéis leer la crónica del encuentro feminista nacional que publiqué en 2014 en Diagonal y en el que se repasaba todo lo que hoy está gritando el movimiento autoconvocado. Quien ha mantenido contacto con Nicaragua los últimos cinco años conoce tanto la reactivación del tejido asociativo, especialmente el estudiantil y el campesino, como la escalada en la respuesta policial a las manifestaciones.

Quienes conocemos el tenebroso estilo de Ortega-Murillo, quienes hemos convivido con las leyendas de ‘Nicaragua: cristiana, socialista y solidaria’, quienes hemos visto a la vicepresidenta y primera dama bendiciendo embarazos en niñas, no nos sorprendemos de esa gestión cínica y macabra de la Revolución de Abril: más de 350 personas asesinadas a manos de fuerzas paramilitares y policiales, más de 2,100 heridas y más de 300 secuestradas. Quienes conocemos al pueblo nica creemos en su dignidad, en su rebeldía, en su formación política, su capacidad de articulación y que no van a permitir la injerencia de potencias extranjeras. Es lo que me enamoró de Nicaragua y es herencia, entre otras, de la Revolución sandinista, esa a la que el movimiento autoconvocado sigue honrando. Como muestra, este hilo de Twitter, que responde también al argumento de que los manifestantes son los violentos.

Pero lo que hoy quería contar es que, en estos desagradables careos en las redes sociales, me he dado cuenta de algo: la mayoría de los que deslegitiman las protestas por mostrarse muy preocupados por la amenaza imperialista, la mayoría de los que incluso difaman al movimiento autoconvocado afirmando que es burgués y está pagado por la USAID, son machos. Y digo machos porque con sus formas hacen gala de una masculinidad violenta. La explicación es triple:

El otro día alguien me etiquetó en el muro de Facebook del actor Guillermo Toledo, que con su agresividad habitual se cagaba en la estampa (literalmente) de Ada Colau por apoyar “la injerencia terrorista extranjera en Nicaragua hasta lograr derrocar a su gobierno legítimo”. Una hasta entonces seguidora de Toledo le animó a leer lo que publico sobre Nicaragua. En un manido paquete ideológico, quienes nos solidarizamos con la rebelión popular en Nicaragua somos acusadas de apoyar a la oposición venezolana, de estar financiadas por la Casa Blanca y de ser sionistas. Es curioso, porque cuando llaman violentos a los manifestantes que enfrentan con barricadas y morteros artesanales al armamento de fuego de los cuerpos policiales y parapoliciales, recuerdan mucho a la criminalización de las intifadas.

Vi que feministas españolas reconocidas le recordaban a Toledo los atropellos de Ortega contra los derechos humanos, en particular los de las mujeres y las personas LGTBI. Toledo contestó lo siguiente: “Entre Ortega y el imperialismo, yo lo tengo muy claro, hermana”. Lo conté en mi muro y una amiga muy vinculada a Nicaragua señaló con acierto que la frase de Toledo recuerda mucho a la célebre cita de Roosevelt: “Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

La Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua ha recorrido nuestras ciudades relatando el horror que están viviendo desde abril y, al mismo tiempo, la esperanza ante la posibilidad de desalojar del poder a la dinastía Ortega-Murillo. Han tenido que responder a quienes en cada ciudad les acusaban de ser derechistas, imperialistas y de estar pagadas por la USAID. Uno de esos internacionalistas tuvo el cuajo de decir, en un coloquio que dinamicé en Bizkaia, que no nos quedemos en la superficie hablando de muertos, que vayamos al fondo de la cuestión: su lectura geopolítica. Me consta que les ha resultado especialmente decepcionante topar las mayores resistencias precisamente en los partidos con los que se sentían cercanía ideológica: CUP, EH Bildu, Izquierda UnidaCUP (y, en concreto, el delirante comunicado del área de Feminismo del Partido Comunista). Eso tiene un nombre: revictimización.

Y además de doloroso es muy irresponsable, porque intensifica el riesgo en el que se encuentran las defensoras de derechos humanos. Las integrantes de la Caravana que viven en Nicaragua volverán con miedo a ser detenidas por terrorismo. Las integrantes en la diáspora también se expondrán a ese riesgo si intentar regresar para visitar a sus familias. Me gustaría que ese peso cayera sobre las conciencias de quienes, de forma más burda o sofisticada, están sembrando esas sospechas a este lado del océano.

El comunicado de Anticapitalistas ha sido un bálsamo ideológico y emocional para mí. Termina así:

Leo a ciertos analistas de izquierda y parece que se alegrarán si la Revolución de Abril fracasa o se deforma, en vez de preguntarse qué hubiera ocurrido si su rol hubiera sido reconocer la fuerza y la legitimidad del movimiento autoconvocado, si hubieran relacionado #SOSNicaragua con el 15M o #OccupyWallStreet. Mientras contesto al politólogo de turno que compara Nicaragua con Venezuela, me llegan las alertas de la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos. Una de las últimas alertas ha sido que Edén Pastora, histórico y controvertido militante del FSLN y actualmente director del dragado del Río San Juan, ha amenazado de muerte a la lideresa campesina Francisca Ramírez: “La Chica Ramírez anda buscando que la encarcelen y que la maten porque ya mucho molesta primero con lo del canal y ahora con esto”.

Las compañeras nicaragüenses necesitan sentir nuestro calor. Ayer informaron del asesinato por paramilitares de una estudiante brasileña, Rayneia Gabrielle Lima. Están matando y secuestrando a estudiantes, estamos hablando de asesinatos políticos. Dejemos los debates de geopolítica y defendamos los derechos humanos. Pensemos cómo podemos aportar a la protección de las y los activistas. Gritemos que #NiUnaMenos.

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Es mucho más fácil pedir a los hombres que retrocedan y renuncien a sus privilegios que aplicarse el cuento como euroblanca

Llegué al feminismo a través del antirracismo. La primera organización en la que milité fue SOS Racismo Bizkaia. Leí El harén en Occidente, de Fátema Mernissi, mucho antes que El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. La primera situación de hostigamiento machista en Internet que viví fue por ser portavoz de una acción que demostró la discriminación racista en el ocio nocturno bilbaíno.

La agenda de la comisión feminista de SOS Racismo incluía conocer los impactos específicos de la reforma de la Ley de Extranjería en las mujeres migradas, denunciar la situación de las trabajadoras del hogar y cuidadoras en régimen de internas o señalar a la política inhumana de fronteras como la principal causa de la trata de mujeres para la explotación sexual.

Así, entré al feminismo menos condicionada por los sesgos etnocéntricos de lo que cabría esperar de una euroblanca. Aún era liberada en SOS Racismo cuando en 2010 montamos Pikara Magazine, un medio que se comprometía también a practicar un feminismo antirracista. Pero había un riesgo: la autocomplacencia.

Por esa época empecé a identificar agriamente el machismo en compañeros de militancia, esos compañeros que hablaban en femenino y nos animaban a las mujeres a empoderarnos. Fue uno de los motivos por los que dejé el activismo antirracista y me centré en los espacios feministas. Observé que, mientras ser una mujer feminista estaba demonizado, ser un hombre profeminista daba puntos: los medios te hacían caso, te convertías en un reputado experto en género, ligabas más… A la par que seguías manteniendo actitudes de control hacia tu pareja y de baboseo y paternalismo hacia otras mujeres, con la coartada de estar en permanente deconstrucción. Pasé del entusiasmo hacia el movimiento de hombres por la igualdad al escepticismo y a la abierta hostilidad. Cité siempre que pude dos artículos que publicamos en Pikara. En ‘¿Qué hacemos con la masculinidad: reformarla, abolirla o transformarla?’ (2013), Jokin Aspiazu criticaba el discurso de las nuevas masculinidades por ser autorreferencial y no aprender suficiente del feminismo, por centrarse en el hombre, heterosexual, cisgénero, con familia normativa, y por mantener el apego hacia la masculinidad. En ‘Una carta abierta a los hombres feministas’ (2014), Alexander Ceciliasson planteaba que el papel de los hombres ante el feminismo debe consistir en retroceder, callarse y hablar con otros hombres.

Difundí iniciativas que reclamaban a los hombres ese ejercicio de renunciar a sus privilegios. Por ejemplo, el manifiesto ‘No sin mujeres’, lanzado en 2015 por la asociación Clásicas y Modernas, y revitalizado recientemente con el impulso de la histórica huelga del 8 de marzo. Emplaza a los hombres a no participar en congresos, mesas redondas, tertulias en medios o jurados en los que se hubiera excluido a las mujeres. “Usen el privilegio que el sistema les concede de ser llamados los primeros, cuando no los únicos, para decir ‘no sin mujeres’. Conozcan a las mujeres de sus áreas de conocimiento, nómbrenlas, desígnenlas o propónganlas para obtener puestos, menciones, honores”. En ese momento, la iniciativa pasó bastante desapercibida. En 2018, cerca de un millar de académicos la han suscrito.

De 2010 a 2017, Pikara se siguió autoproclamando antirracista a la par que prestábamos una atención irregular a los derechos de las personas migradas y racializadas, y consolidábamos un equipo de colaboradoras casi totalmente blanco. En un momento dado, entendimos que urgía pasar de “dar voz a las otras” a incluir voces diversas que transformasen nuestro medio. En 2017 incluimos como autoras habituales a dos comunicadoras muy potentes: la activista gitana Silvia Agüero Fernández, que ha hablado de historia del pueblo romaní, pero también de violencia obstétrica o lactancia materna, y la periodista Lucía Mbomío, cuyos reportajes deberían ponerse como ejemplo en todo curso de periodismo interseccional. Fue la irrupción de colectivos como Gitanas Feministas por la Diversidad o la revista Afroféminas la que nos hizo ponernos las pilas. Afroféminas, por cierto, decidió no secundar la huelga del 8 de marzo considerando que era una movilización de blancas que invisibilizaba a las mujeres racializadas. En las redes sociales, las reacciones fueron muy similares a las de los machistas-leninistas: “estáis dividiendo la lucha feminista” o “primero hay que erradicar el machismo y después hablamos de racismo”.

Y entonces empecé a identificar situaciones que había estado obviando, yo que me creía tan antirracista. Citaré dos:

Participé como moderadora en unas jornadas sobre xenofobia y discursos del odio organizadas por un ayuntamiento guipuzcoano en el que todos los ponentes eran blancos y payos. Me di cuenta cuando vi a la activista de origen brasileño Katia Reimberg entre el público, aportando un discurso más crítico que el de los supuestos expertos.

Me propusieron participar por segunda vez en un programa de La Sexta: la primera vez fue en un reportaje sobre machismo normalizado en el que todas las entrevistadas éramos blancas y payas, y no caí en la cuenta de ello. Esta segunda vez, querían explicar el patriarcado y contaban para ello con mujeres blancas y payas, de clase media, con estudios universitarios. Les di nombres de feministas negras, gitanas y trans. Se mostraron reticentes: querían hablar de machismo, no de racismo o de transfobia. Les expliqué que no se puede explicar bien el patriarcado si se aísla de otros sistemas de poder y si lo explican mujeres con un perfil muy determinado, y privilegiado. Hicieron un tímido amago de invitar a Lucía Mbomío a última hora, y finalmente todas las participantes fueron blancas. Propuse en Twitter un ‘No sin mujeres diversas’: mi compromiso a no participar en espacios que excluyan a mujeres racializadas. Lo estoy intentando aplicar, pero cuando no eres el sujeto oprimido sino el privilegiado, es mucho más fácil bajar la guardia. Es mucho más fácil pedir a los hombres que retrocedan y renuncien a sus privilegios que aplicarse el cuento como euroblanca.

¿Se puede ser hombre y feminista? Han corrido ríos de tinta y de tuits sobre esa pregunta. Ahora me interesa más hacerme otra que me interpela: ¿Se puede ser blanca y antirracista? Se puede y se debe, diréis. A mí cada vez me da más pudor definirme como tal. Leí una vez a alguien decir que, ahora que el feminismo es trending topic y estrategia de clickbait, medios como El País o Vanity Fair practican un “feminismo a ratos”. Mientras publican reportajes sobre micromachismos o critican a las famosas que reniegan del feminismo, mantienen una estructura patriarcal y un sesgo androcéntrico en el resto de contenidos. Entonces me di cuenta de que yo practico un antirracismo a ratos.

Termino este artículo aplicándome el compromiso de utilizar mi privilegio para nombrar a comunicadoras y activistas racializadas y/o migradas que me nutren y me sacuden:

Silvia Agüero Fernández, Lucía Mbomío, Katia Reimberg, Mariana Olisa, Rebeca Santiago, Magda Piñeyro, Desirée Bela-Lobedde, Norma Vázquez, Míriam Hatibi, Noelia Cortés, Esther Maroko, María José Jiménez ‘Guru’, Gabriela Contreras, Hajar Samadi, Daniela Ortiz, Rosa Jiménez, Cony Carranza, Lucrecia Masson, Jeanne Roland Dacougna.

Me hice periodista movida por dos motores: la curiosidad y las ganas de escuchar. Me siento afortunada de que mi trabajo consista en algo tan nutritivo como escuchar y difundir discursos y vivencias distintas que me interpelan, sacuden mis prejuicios, me provocan cortocircuitos que me hacen seguir dudando y también afianzando algunas certezas. No muchas. Una de esas certezas es que todas las personas, incluso en los contextos más opresivos, tenemos agencia, es decir, poder de actuación.

Como periodista, y como editora de un medio, me interesa poner el foco en las estrategias de las personas para defender su integridad y su libertad, de forma individual y también en colectivo, en sus formas de rebelarse contra las opresiones, de reapropiarse del insulto y el estigma y transformar la violencia en empoderamiento. No parecen compartir ese interés los ciertos de usuarios y usuarias de Twitter que nos han bombardeado esta semana con respuestas difamatorias, insultantes y de brocha gorda por publicar una entrevista de la que os hablaré más abajo. Extrañada de que ese torrente de odio fuera espontáneo, ya que llegó varios días después de que difundiéramos la entrevista, busqué en esos foros monopolizados por machos supremacistas y ¡bingo! parece que todo empezó con que en LaBurbuja.info un usuario compartió una cita de la entrevistada descontextualizada.

Vivimos una situación similar, hace medio año, cuando cometí el pecado capital —para muchas— de entrevistar a Amarna Miller. La avalancha de comentarios de gente muy indignada incluyó acusaciones de estar promoviendo la explotación sexual por entrevistar a una actriz porno. Mi compañera Andrea Momoitio respondió a las críticas con una Carta a las lectoras de Pikara que terminó teniendo más visitas que la entrevista en sí, probablemente por la cantidad de periodistas y medios que se sintieron identificados y los tuitearon. Reproduzco un fragmento:

Esta vez se trata de una entrevista de Lucía Mbomío a Iman El Azrik, una joven madrileña de origen marroquí, que ha iniciado en redes sociales un proyecto fotográfico llamado Too Faces, en el que se fotografía con la cara cubierta y descubierta con el objetivo de expresar sus dilemas identitarios y desafiar los prejuicios hacia las mujeres musulmanas. Reproduzco un fragmento:

Siguiendo a Andrea, la entrevista es buena, tiene sentido en Pikara y no tiene por qué gustarnos lo que contesta la entrevistada (a mí, por si os interesa, me gusta leerla, como también me gustó entrevistar a Amarna Miller). No es tan difícil de entender que de eso trata el periodismo. Tampoco es difícil de entender que El Azrik hace una propuesta artística de significado abierto, y que no sólo no hace proselitismo del hiyab sino que cuenta que ha tenido una relación contradictoria con él y ha decidido no usarlo.

Hay quien lo ha entendido. Pero en Twitter la mayoría de tuits dicen básicamente esto:

Somos unas sinvergüenzas, unas subnormales y unas zumbadas (sic.) por escuchar a una mujer española de origen marroquí (a ella también se la insulta con calificativos similares) que expresa a través de la fotografía su vivencia y su discurso sobre el hiyab en su contexto particular. Nos mandan fotos de chicas en minifalda en Irán y en Afganistán en los años 70, comparan a Iman con una miembro del Daesh, dicen que lo próximo es justificar la ablación y que estamos promoviendo el salafismo y el wahabismo (me gustaría saber qué opinan los wahabíes de Imán fumando y luciendo su cabellera rizada o practicando deporte con el niqab). Las mujeres musulmanas son víctimas de su religión y quien intenta desmontar ese estereotipo es una terrorista.

Mejor mirar a Irán que preocuparnos por la realidad que denuncian las asociaciones de mujeres musulmanas: que en España se discrimina a las mujeres con hiyab en el acceso al empleo, a la vivienda o a la educación.

Hace unos días nos hicimos eco de la denuncia de la fotógrafa y periodista Laila Serroukh, que acudió a una entrevista de trabajo y la despacharon en cuanto vieron su hiyab. Ella replicó que en la foto del currículum ya se veía que usaba pañuelo y le contestaron: “Esperábamos que fueras una de esas chicas marroquíes que están dispuestas a quitarse el velo por trabajo”. Laia Serroukh, como Iman El Azrik, es española. Sigamos mirando a Irán. ¿No es eso lo que hacen Trump y Netanyahu? Sigamos hablando de ayatollahs en vez de sumarnos a las denuncias contra los capataces que abusan sexualmente de las jornaleras de la fresa en Huelva. las jornaleras de la fresa en Huelva.

En el Facebook de Pikara mucha gente se solidarizó con Serroukh, pero otra mucha se puso a debatir sobre si el hiyab es violencia machista o no, si es comparable a la exigencia de depilarse o de llevar tacones… Incluso hubo quien dijo: “Opino que no deberían llevarlo, por ser absoluta y asquerosamente machista. Yo soy una de esas clientes que no soporta ver a una mujer oprimida voluntariamente. Menudo ejemplo”. Ante esos mensajes, primero doy gracias a la vida por que ‘El harén de occidente’ (spoiler: es la talla 38) de Fátima Mernissi fuera mi primera lectura feminista. Luego recuerdo el artículo de Brigitte Vasallo ante la polémica del llamado burkini. Reproduzco algunos fragmentos:

Así seguimos. Tengo pocas ganas de hacer pedagogía, entre otras cosas porque quiero que mi papel sea de escucha, de aprendizaje y, si acaso, de mediadora para difundir esos discursos que intentan tapar las poseedoras de la verdad absoluta. Porque reconozco mi ignorancia, más allá de haber leído a Mernissi y Marjane Satrapi (es que los mansplainers y womansplainer de Twitter también nos mandan leer ‘Persépolis’). Pero sí quiero subrayar que el contexto es fundamental, y eso no es relativismo cultural. El acto de ponerse el pañuelo no tiene el mismo significado ni las mismas consecuencias en Irán, en España o en Palestina, y en realidad, esa afirmación ya es de brocha gorda, porque en una misma ciudad, como la mía, conviven mujeres que se enfrentan a su comunidad por no llevar hiyab y no hacer Ramadán, con mujeres que deciden empezar a usar pañuelo como afirmación cultural y religiosa ante una sociedad islamófoba que las criminaliza o victimiza.

Nuestro colaborador Asier Santamari(c)a escribió lo siguiente en los comentarios en Facebook sobre la entrevista a Iman El Azrik:

Santamari(c)a, por cierto, acaba de publicar un artículo en Pikara en el que nos alerta sobre el uso del Orgullo para apuntalar el homonacionalismo (la estrategia de los Estados de instrumentalizar los derechos de las personas LGTBIQ+ para promover políticas y discursos racistas y xenófobos):

Estaría bien que la gente que tan preocupada se muestra por la situación de las mujeres en Irán, reflexionase también sobre el uso de la islamofobia y el homonacionalismo para sostener la ocupación israelí en los territorios palestinos, y cómo el imaginario que marca a las mujeres con hiyab como sumisas y alienadas impide a muchas personas reconocer los liderazgos y los activismos de las mujeres en contextos distintos.

Anteayer, cuando empecé a escribir este artículo —que dejé en cuarentena hasta hablar con Iman y que me dijera que está fuerte, que ya sabía que en España hay ese discurso cínico y discriminatorio y que no caigamos en la tentación de la autocensura— leí en Facebook un potente mensaje de Wadia N-Duhni, activista española de origen sirio, dirigido a las feministas euroblancas y coloniales que niegan a las feministas islámicas. Os invito a leerlo y rumiarlo, pero en este artículo me quedo con la biografía que he encontrado de Wadia N-Duhni en Diario 16, en la que se declara en guerra contra “los musulmachos (machirulos que usan la religión ilegítimamente para usurpar nuestros legítimos derechos coránicos), extremismos laicos (que practican la Inquisición a la inversa, y pretenden quemarnos en la hoguera por creer en Dios y practicar nuestra fe), y feminismos coloniales (que lapidan nuestra capacidad de empoderamiento y emancipación en nuestro propio contexto religioso y cultural)”.

Y termino compartiendo este vídeo de Laila Serroukh, que ha utilizado la situación de islamofobia que vivió para lanzar una campaña contra todas las discriminaciones laborales, ya estén motivadas por el sexismo, el racismo, la xenofobia, la gitanofobia, la islamofobia, las LGTBfobias o cualquier otro sistema de poder. Iman, Laila, Wadia, no son las otras. Estamos juntas contra los discursos del odio, o al menos yo quiero estar junto a ellas.

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Desde que en Pikara Magazine alquilamos un local a pie de calle para establecer nuestra redacción, recibimos frecuentemente visitas que nos alegran el alma. La semana pasada hubo dos muy distintas e igualmente emocionantes. Elías Knörr, poeta gallego de origen e islandés de adopción, vino a preguntarnos referencias de literatura queer en euskera, y nos regaló una sobrecogedora actuación.

Dos días después, la redacción se llenó de representantes de las asociaciones de mujeres, como una actividad del Foro de Igualdad que dinamiza la Diputación de Bizkaia. Treinta y pico mujeres, la mayoría mayores de 60 años, nos preguntaron con mucha curiosidad sobre nuestro proyecto, hojearon con avidez nuestras revistas en papel y les vendimos unos cuantos ejemplares: “Os he conocido por mi hija, que es feminista y os sigue mucho”. “Quiero regalárselo a mi nieta, a ver si espabila, que la veo muy atontá”. “Yo ya tengo toda la colección; la primera me la regaló mi marido”. Varias se comprometieron también a proponer a su asociación hacerse colectivo amigo de Pikara. Las mujeres del grupo de teatro Diz-Diz de Mungia —el pueblo en el que estudié secundaria e hice vida hasta los 22 años— nos contaron que cada 8 de marzo hacen una lectura dramatizada del testimonio de una sobreviviente de violencia machista publicado en nuestra sección de libre publicación, en 2011.

No es la primera vez, ni la última, que prejuzgo la reacción de las mujeres mayores hacia lo que hago. Hace unas semanas me invitaron a clubs de lectura de pueblos pequeños de Bizkaia, para comentar con sus asistentes —también mujeres mayores de 60 años— mi libro de periodismo narrativo sobre disidencias corporales, sexuales y de género, 10 ingobernables. ¿Lo habrán entendido? ¿Les habrá escandalizado? ¿Les habrá parecido una marcianada? Esas preguntas entrañan un cuestionamiento a su capacidad intelectual, el prejuicio de que las mujeres mayores son conservadoras y que las disidencias corporales, sexuales y de género son ajenas a su universo. Las respuestas fueron muy distintas: agradecían haber aprendido mucho, tanto de realidades que no conocían, como la intersexualidad, como de realidades que reconocían en su día a día, como la gordofobia. La que más resistencias mostró, me contó después que lo está pasando mal porque su hija acaba de tener un bebé con su pareja mujer, y está asistiendo al peso del heterosexismo sobre las familias homoparentales.

Me acordé entonces de la columna del escritor Ander Izagirre en El Diario Vasco titulada ‘Señoras’. Empezaba recriminando a un crítico cultural que tuitease con sorna sobre la escena de unas señoras mayores haciendo cola para ver una película sobre el colonialismo en África. A partir de su experiencia dando una charla en una asociación de personas mayores, Izagirre sacaba la siguiente conclusión-lección: “No conozco ningún público más interesado, activo y exigente que estos señores y estas señoras, sea cual sea el tema, y me apunto su lección discreta: prejuzgar poco, preguntar mucho”.

Pese a que la sororidad es, a priori, uno de los principios básicos del feminismo, este movimiento social tampoco está exento de incurrir en la desvalorización de las mujeres mayores. Entre nuestros referentes teóricos, políticos y vitales hay mujeres septuagenarias y octogenarias como Silvia Federici, Dolores Juliano, Angela Davis o Lidia Falcón. Mujeres con una trayectoria política y académica reconocida. ¿Pero cómo percibimos a las mujeres mayores sin currículum conocido? ¿A las amas de casa, a las viudas, a las mujeres rurales? ¿Qué sabemos de la actividad de sus asociaciones y qué valor le damos?

Más de una vez he escuchado a feministas referirse a las mujeres de asociaciones socioculturales, con cierto desdén o al menos condescendencia, como “las del macramé”. En ese sambenito subyace la idea de que, mientras los colectivos feministas hacen política, estas otras asociaciones se limitan a poco más que organizar cursillos de costura. Las periodistas feministas cuestionamos la tendencia dentro de los medios de jerarquizar entre secciones duras (política, economía, internacional) y blandas (sociedad y cultura). Lo duro se relaciona con el poder, político y simbólico; lo blando es lo accesorio, de segundo orden. En coherencia, sería interesante cuestionar también qué actividades sociales gozan de prestigio, qué entendemos por activismo o por militancia. Habrá quien diga que reunirse a hacer macramé o teatro no es política sino ocio. ¿Aplicamos entonces la misma vara de medir a un colectivo cuya principal actividad sea organizar fiestas transfeministas?

No me interesa ahora entrar en el denso debate sobre qué es político y qué no, qué es transformador y qué no, qué es transgresor y qué no. Por lo pronto, quiero expresar esa inquietud y reconocer mi ignorancia y mi falta de conexión con lo que se mueve en esas asociaciones.

¿A cuántas mujeres les ha cambiado la vida reunirse con otras mujeres de su pueblo? ¿Qué impacto ha tenido ese empoderamiento en sus familias y en sus barrios? ¿Sabemos cómo intervienen cuando identifican que una mujer de la asociación vive una situación de maltrato? ¿Qué mandatos sociales desobedecen? ¿Hay suficiente diálogo y reconocimiento mutuo entre ellas y las feministas jóvenes de su pueblo? ¿Son muy distintas las agendas de unas y de otras; se podrían enriquecer mutuamente? Siempre recuerdo a una señora que, en una presentación de Pikara en papel, me dijo que estaba muy interesante todo lo que contaba sobre sexualidad o identidades, pero que su principal preocupación era cómo sostener a su familia con un hijo desempleado de larga duración.

Estamos preparando el próximo anuario de Pikara en papel y, si en el número 5 el tema motor era el juego, en el número 6, bajo el lema #TejerSinPatrón, hablamos no sólo de la importancia de las redes sino también de la transmisión de saberes y el reconocimiento a los conocimientos despreciados en la cultura patriarcal. Vane Calero Blanco y Yasmina Elhamdi García argumentaron en un artículo por qué el ganchillo “es una práctica subversiva por sí misma. Una técnica que en su aparente sencillez esconde dominio de las matemáticas, además de memoria, historia, tradición y cuidado”. El ganchillo, los bolillos, el punto de cruz, la cestería, son parte de nuestro patrimonio cultural, que se empobrece y se pierde debido a esa desvalorización. La práctica de tejer en grupo ha sido tradicionalmente un espacio en el que las mujeres compartían y tramaban mucho más.

Cuando se me ocurrió escribir este artículo, caí en la cuenta de que ni siquiera tengo muy claro qué es el macramé. Lo busqué en Google. También volví a sentir pesar por no haber llegado a aprender a hacer punto con mi abuela. De niña sólo alcancé a tejer un pareo para la Barbie. Luego me hice feminista y cambié de intereses. Pero bueno, nunca es tarde.

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Y, sobre todo, encarga ya tu número 6 de Pikara en papel. 

De niña quería ser bailarina o peluquera. Cualquiera que conozca mi aburrido pelo, resultado de mi falta de destreza con la cera, entenderá que lo de peluquera era por socialización de género. Lo de bailarina, en cambio, es vocación frustrada. La danza es, desde que tengo uso de razón, una de las cosas que más feliz me hace en la vida. A los cinco-seis años, me tomaba muy en serio las clases de ballet: el ritual de hacerme el moño, el empeño baldío en lograr hacer el espagat, el entusiasmo con el que ensayaba el gran jeté y las piruetas en el salón de casa y en cada paseo con mi familia por el campo. Se ve que no tenía ni condiciones físicas ni demasiada gracia, porque cuando por fin (creo que a los ocho años) me tocaba pasar al grupo de las mayores y cumplir mi sueño de bailar con puntas y tutú ‘El lago de los cisnes’, la profesora decidió que no, que tenía que seguir un año más en el grupo infantil. ¿Conocéis a alguien más a quien le hayan hecho repetir ballet?

Seré patosa pero tengo dignidad. Reaccioné a tamaña humillación dejando la escuela e iniciando mi carrera como la bailarina amateur más versátil que hayáis conocido. A lo largo de mis restantes 25 años he practicado baile moderno, danza contemporánea, danzas tradicionales vascas, danza oriental, jazz-funky, hip-hop, danza africana, danza afrocubana, un intensivo de bachata, y alguna clase puntual de contact, de salsa cubana y de reggaeton.

Os cuento todo esto para que entendáis mi adicción televisiva a Fama ¡a bailar! Doy gracias a la barrera arquitectónica por la que sólo podíamos contratar internet con Movistar. Hace ocho años seguí dos o tres ediciones con fervor cuando se emitía en la sobremesa de Cuatro. Me dispuse a ver el regreso de este concurso de talentos con cierto complejo de treintañera, y me está encantando. Si en las primeras ediciones había una profesora de lírico, uno de funky y otro de hip-hop, este año se ha introducido con fuerza la danza contemporánea —recordando, por cierto, que sus impulsoras fueron mujeres, como Isadora Duncan— y casi todo el profesorado hibrida estilos e incluye nuevos como el house o el traphousetrap. El resultado es más estimulante para quienes apreciamos la danza como expresión artística y no como mera rutina coreográfica.

Poco a poco he ido cediendo al pudor y me he convertido en una fan desacomplejada: sigo al profesorado en Instagram, en casa votamos para salvar a nuestras nominadas preferidas —perdimos a Julia y a Fran; no pudimos votar para que volviera Belén porque está de gira con Dua Lipa y no quiere saber nada de un concurso que la expulsó la primera semana pese a ser de las mejores—. Pero es un fanatismo solitario-en pareja porque sólo conozco a otras dos personas que vean el programa. “Ah, ¿pero Fama todavía existe?”, me pregunta el resto del mundo. La ventaja de ser comunicadora es que siempre encuentro la vía de hablar de lo que me apetece. Y esta semana tengo percha: el 17 de mayo es el Día Internacional contra la LGTBfobia.

Abajo el dualismo

Si hace unos meses la gente justificaba su adicción a Operación Triunfo destacando las perlas feministas de Amaia, el beso entre Agoney y Raoul, o el novio trans de Marina, ahora soy yo la que me veo haciendo proselitismo de Fama tirando de argumentos similares. Pero hay uno de peso: si hasta ahora las y los bailarines concursaban en parejas mixtas (hombre-mujer) y, por tanto, cada concursante, ante la expulsión de su pareja, tenía que retar a una persona del mismo sexo para volver a formar una pareja mixta, una de las novedades de esta edición ha sido dar portazo al dualismo.

Desde el principio hay parejas de chicos, de chicas y de chico-chica, y cuando las parejas se rompen, la que tiene que retar tampoco tiene condicionantes de género, y suele pensar en la persona con la que mejor se entiende, a la que más admira o a la que tiene una pareja más “débil”. El resultado es interesante, porque implica disfrutar de coreografías en las que hay sensualidad entre hombres o en las que las mujeres se levantan unas a las otras en vigorosos portésportés. De hecho, las coreografías más físicas y arriesgadas son las crean sin distinciones de género Carla Cervantes y Sandra Egido. Cuando Julia fue expulsada por segunda vez y Oriana pasó a ser pareja de Kino, la coreo que habían pensado para ellas pasó a ser asumida por Kino sin hacer cambios, con tacones incluidos.

Visibilidad marica vs. invisibilidad lésbica

Cuando Ruth Prim le pidió a Kino que transmitiera atracción por su pareja de entonces, Lidia, éste respondió en susurros, con timidez pero con desparpajo: “¡Es que yo soy mariquita!”. Cuando entró un nuevo concursante y a Adrián casi le dio un infarto, Paula Vázquez le preguntó quién es ese Manu y él contestó: “¡Mi novio!” Andoni habla en femenino a Valero. Raymond le dice a Pablo que la coreo de esta semana es “muy maricón”. Fran baila Britney Spears así. Frente a la plumafobia demoledora que muestra First Dates, los concursantes y profesores de Fama parecen romper el corsé de la masculinidad y la heterosexualidad obligatorias.

Lo de las mujeres es otro cantar. Ninguna concursante con novia, ninguna butch, ninguna alusión al lesbianismo ni a la bisexualidad. Salvo —tal vez me haya agarrado a esto sin fundamento— un comentario pillado al vuelo sobre que a Julia le gusta Claudia, ¿sólo como pareja potencial de baile?, y el sugerente solo de Claudia con Lucía mirándola en una silla. De anteriores Fama sólo extraño a alguien como Yurena, que en 2009 contribuyó al despertar lésbico de más de una, y lidió con los intentos de domesticarla con una feminidad impostada.

Cuando se supo que dos de las profesoras, Carla y Sandra, eran pareja profesional y trabajarían en tándem, algún periodista las comparó con los Javis de Operación Triunfo. Ellas respondieron que no saben quiénes son los Javis. Pero, mientras éstos hablaban de sí mismos como novios y charlaban con los triunfitos sobre bullying homofóbicobullying, entre otras cuestiones, Carla Cervantes y Sandra Egido han evitado explicitar su relación de pareja (una muestra: mirad cómo cuentan en el minuto 13 de este vídeo cómo se conocieron) o mucho menos hablar de lesbofobia. Nos conformamos con sus fotos en el Instagram, con sus lágrimas cuando Adrián y Wondi bailaron la primera coreo que crearon juntas en China, su forma de completar las frases durante las valoraciones y sus ojitos de enamoradas cuando una de las dos se emociona. Nada que exigir (mi compi Andrea Momoitio diría que sí), pero una vez más, como ocurrió en Operación Triunfo, el orgullo gay contrasta con la invisibilidad lésbica.

La homofobia liberal

¿A quién le importa si hay lesbianas en Fama?, te preguntarás, querida o querido hetero. Pues a mí y a las lesbianas, bisexuales y pansexuales de mi generación y de las anteriores, que hemos ido descifrando el lesbianismo cual detectives en ese océano de hormigón que es la invisibilidad. En las canciones de Mecano — “Te dije, nena dame un beso, tú contestaste que no”, cantaba Ana Torroja, y yo sentía un gusanillo raro—, en la pluma de Rosana Arbelo, en la escena de Sigourney Weaver en bragas en Alien o en las novelas de Lucía Etxebarria.

Lo explica la escritora Gema Nieto en este hilo:

Se llama homofobia liberal a esa que dice no tener ningún problema con la homosexualidad, mientras la relega al ámbito de lo íntimo y privado. No es lo que haga en mi cama, es quién soy: es a quién amo, a quién deseo, qué familia quiero formar, cómo me relaciono con mi cuerpo y con mi comunidad. Es parte de mi identidad, como ser vasca de origen gallego y leonés, como ser periodista, como ser de izquierda. En una sociedad que promueve la heterosexualidad obligatoria mientras ‘tolera’ a quienes nos desviamos de ella, la homosexualidad, como bien explica Gema, no es sólo orientación sexual, es el ejercicio de autodeterminación de quienes nadamos a contracorriente. “La homofobia liberal es quizás la más insidiosa, ya que disfrazada de comprensión, simpatía y sobre todo de una tolerancia mal entendida, alimenta la raíz misma de la discriminación”, leo en el blog La mosca de colores.

Una situación clara de homofobia liberal se vivió el 2 de mayo en Fama, en el programa dedicado al Día Internacional contra el Bullying. Fue un programa edulcorado, llenaron el plató de niños y niñas, y pusieron a les participantes vídeos de sus familiares. No hubo apenas alusión al acoso escolar y el profesorado no se mojó tampoco. Iker Karrera emplazó a los padres a que dejen que sus niños varones bailen, sin explicitar que esa resistencia es consecuencia de la homofobia y la misoginia que seguro que él conoce bien, y que si muchos niños desisten es porque el acoso homofóbico les resulta insorportable. Solo en un momento, Paula Vázquez preguntó a bocajarro y con muy poco tacto a les participantes si habían sufrido bullying. “Venga, ¿algún valiente se anima a contarlo?”. Creo que solo Esther y Andoni levantaron la mano. Paula dio la palabra a Andoni. El diálogo fue algo así:

— ¿Por qué sufriste bullying?

— Porque soy gay —contestó serio y rotundo—.

— ¿Sí? ¿No sería también por ser un niño que baila?

— No. Me acosaban por ser gay — de nuevo, firmeza y aplomo.

Paula Vázquez, visiblemente incómoda, lo despachó diciendo que eso en el siglo XXI es algo obsoleto y que a nadie le importa lo que cada quien haga en su vida privada. ¿Acaso cree que a un niño le insultan en el cole llamándole mariquita porque molesta lo que haga en su vida privada? Ser marica, ser bollera, no va de preferencias íntimas: es, al menos mientras se siga imponiendo la heterosexualidad como norma, expresión de género, disidencia, desobediencia.

Importa que un concursante tenga novio o que dos profesoras sean pareja porque seguimos sedientas de referentes. Porque tenemos derecho a vernos en la literatura, en la música, en la televisión, a no sentirnos negadas. Importa que Andoni dijera que fue acosado por gay e importa que en Fama no se haya pronunciado aún la palabra lesbiana, porque necesitamos nombrarnos. Necesitamos también nombrar la homofobia y esas otras palabras que la RAE no reconoce (la Fundéu sí): lesbofobia, bifobia, transfobia. Operación Triunfo y Fama son en parte bálsamo y en parte recordatorio de que la visibilidad LGTB sigue siendo excepción en la cultura de masas, especialmente en lo que se refiere a la L, la T y la B; no te digo ya la I. Y que la relación entre LGTBIfobia, sexismo, misoginia y dominación patriarcal siguen sin entenderse.

Pero ya queda menos. Mientras tanto, seguimos bailando.

Bola extra de fervor famero:

Mi pareja preferida: Adrián y Wondi

Lo mejor de Fama: El profesorado. Quiero ir de fiesta con Iker y Raymond. Carla me parece una diosa.

Lo peor de Fama: La dirección jerárquica de Igor Yebra; el programa gana cuando no está. Y tragar las actuaciones de gente como Álvaro Soler.

Un momentazo: Paula Vázquez terminando el programa del 26 de abril con estas palabras: “No es no, y yo sí te creo”.

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Hasta el pasado viernes, este iba a ser un artículo sobre ‘Fama ¡a bailar!’, el concurso televisivo de talentos de danza al que estoy enganchada. Estaba escribiéndolo mentalmente cuando recibí por Facebook un baño de realidad, de la mano de mis amigas nicaragüenses. Ese viernes por la tarde hora española, se hablaba todavía de las tres primeras víctimas mortales en las protestas de jóvenes universitarios que fueron reprimidas por policías, con el apoyo de los grupos de choque de la Juventud Sandinista, que actúan motorizados y armados. Las movilizaciones iniciales respondían a una reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que afecta a las pensiones, pero pronto supusieron una impugnación más amplia al Gobierno de Daniel Ortega. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha confirmado la muerte de 24 personas en las protestas en cinco días, la mayoría chavales menores de 24 años. Un periodista recibió un disparo a la cabeza mientras retransmitía las protestas en directo por Facebook.

Las escenas para no dormir que se han hecho virales incluyen policías disparando al interior de las universidades, el despliegue del ejército en la ciudad de Estelí, los antimotines (antidisturbios) entrando a la Catedral de Managua para quitar los víveres a quienes allí resistían y la denuncia de una mujer a la que los antimotines humillaron obligándola a desnudarse y hacer sentadillas. Según el periódico La Prensa, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está armando no sólo a sus juventudes sino también a pandilleros, para enfrentarse a los estudiantes y protagonizar los saqueos que utiliza el Gobierno para criminalizar las protestas.

También han ocurrido cosas esperanzadoras: policías que se suman a las protestas en varios municipios, periodistas de medios oficialistas que renuncian o que convocan huelgas, vecindarios que se organizan para no permitir saqueos en los supermercados.policías que se suman a las protestas Ayer ya fueron decenas de miles de personas las que se sumaron a una gran marcha en Managua, convocada inicialmente por el sector privado, y que el movimiento estudiantil autoconvocado secundó con el lema 'Juntos pero revueltos', para expresar su crítica al empresariado. Y, como en todo alzamiento popular, hay una imagen icónica: los derribos de los árboles de la vida, también conocidos como ‘chayolatas’, las estructuras metálicas e iluminadas que Rosario ‘Chayo’ Murillo (vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, dato relevante porque funcionan como dinastía y se habla de “matrimonio presidencial”) impuso como nuevo símbolo patrio y que han supuesto una ingente inversión de dinero público. En la rotonda de Ticuantepe, cerca de la capital, estudiantes han sembrado “árboles llenos de vida”.

Tal vez no os hayáis enterado de todo esto. Tal vez hayáis leído algún titular de soslayo o lo hayáis escuchado en la radio de pasada. Tal vez hayáis pensado: “Bueno, ya se sabe, en esos países…”. Tal vez Nicaragua no os diga nada, o tal vez seáis de los miles de personas que han estado vinculadas a este país, en brigadas internacionalistas, en proyectos de cooperación al desarrollo, o por otros motivos. Además de la agenda setting, nuestras biografías determinan qué noticias de actualidad nos dejan indiferentes y cuáles nos sacuden. A mí ésta me sacude porque viví en Nicaragua, me enamoré de Nicaragua, entre otras cosas por su cultura política, y sigo sintiéndome muy unida a ese pueblo y a sus movimientos sociales.

Así que ya no voy a hablaros del programa de televisión que me tiene enganchada. Voy a intentar que os importe un conflicto con mucha menos audiencia. Entre otras cosas, porque me lo ha pedido mi gente: “El mundo tiene que indignarse por lo que está pasando en Nicaragua”, me dicen. El mundo no se indigna ni por la guerra de Siria ni por el genocidio en Palestina, me temo. Pero desde la impotencia con la que vivo seguir por las frías redes sociales la angustia de mis amistades, contarlo es lo único que puedo hacer para sentirme útil. “Uno de los muertos es mi primo. Fue el Estado”, anuncia N. en su muro. “Estoy muy angustiada porque mi hermano está en las manifestaciones; no le puedo decir que no vaya porque yo iría, pero tengo mucho miedo”, me cuenta I. por whatsapp desde Estados Unidos.

El pasado domingo, el quinto día de protestas, Daniel Ortega anunció que revocaba las reformas del INSS, mientras la última carga de agentes antimotines en la Universidad Politécnica de Managua (Upoli) dejó al menos un universitario muerto y varios heridos. Y mientras tanto el Gobierno criminalizaba la protesta difundiendo imágenes de saqueos que el movimiento autoconvocado condenaba. Pero esto ya no va de una protesta por una medida política que acentuará la desigualdad social y la desprotección a las personas ancianas. Por eso la mayoría de manifestantes no son pensionistas sino estudiantes: este es el estallido de una generación joven que reacciona a la escalada de autoritarismo y de recorte de libertades de los últimos años.

La oposición del movimiento feminista

En 2014, durante el año en el que estuve viviendo en Managua, tuve la oportunidad de participar en el Encuentro Nacional Feminista que reunió a más de 200 activistas en la ciudad norteña de Matagalpa. Escribí una crónica para el periódico Diagonal en la que condensé no sólo el análisis político que hacían las feministas sobre el Gobierno de Daniel Ortega, sino que contaba también las tensiones que dentro del movimiento provocaban las discrepancias en cuanto a cómo denominar a este Gobierno y cómo posicionarse frente a él.

El encuentro en Matagalpa escenificaba la reunificación del movimiento feminista, bajo el nombre Movimiento Amplio de Mujeres, después de que en 2006 se escindiera cuando una corriente decidió pactar con el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), la escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como forma de unirse a la oposición al partido de Gobierno, y la otra corriente se negó a aliarse con un partido político.

En este encuentro, las integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (el que apoya al MRS) hablaba abiertamente de dictadura. Las del Movimiento Feminista de Nicaragua reconocían una intensificación del autoritarismo, del control social y de la militarización, de la criminalización de la protesta y denunciaban que Ortega había impulsado una reforma de la Constitución que reducía el margen de actuación de la oposición y permitía la reelección indefinida del líder. Pero se resistían a usar la palabra “dictadura”, con el recuerdo de la dictadura de Somoza, a la que derrocó la revolución sandinista, tan fresca en la memoria. Sus masacres, sus torturas, los cadáveres desaparecidos en cráteres de volcanes.

El 8 de marzo de ese año 2014, la policía impidió por primera vez a las feministas culminar la emblemática marcha del Día Internacional de las Mujeres, para la que tenían autorización. En los años siguientes, la situación se repitió, incluso bajo el argumento de que era una forma de evitar conflictos con la Juventud Sandinista, que se reunía en la rotonda de Metrocentro (donde siempre terminaba la marcha) para increpar a las feministas.

¿Quién compromete la soberanía nacional?

Cuando viajé por primera vez a Nicaragua, en 2012, las feministas podían afirmar sin titubeos que el suyo era el movimiento social más potente y contestatario con el que tenía que lidiar el Gobierno, señalado por penalizar completamente el aborto, por estar presidido por un hombre cuya hijastra le había acusado de haber abusado sexualmente de ella siendo menor de edad, todo ello en un país con un índice de feminicidio alarmante.

Los atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense han activado al tejido social en otros procesos como la oposición a la construcción de un Canal interoceánico que compromete la soberanía del país. Recordemos brevemente: Ortega concedió a un misterioso empresario chino la licencia para construir un Canal que, además de su impacto medioambiental, suponía expropiar al campesinado de sus tierras y desplazar a pueblos originarios del Caribe. Las protestas contra el Canal también fueron entorpecidas y reprimidas en los últimos años por el Gobierno. Una de las lideresas indígenas más visibles, Francisca Ramírez, sobrevivió a un atentado cuando viajaba el pasado viernes a Managua para sumarse a las movilizacionesFrancisca Ramírez, sobrevivió a un atentado . El pasado 13 de abril los antimotines reprimieron también la manifestación autoconvocada por jóvenes para protestar por el incendio en una reserva natural, Indio Maíz. De nuevo, la Juventud Sandinista organizaba una contramanifestación que sirivó al Gobierno como argumento para dispersar la marcha.

El movimiento #OcupaINSS, por su parte, nació en 2013, cuando cientos de jóvenes se echaron a las calles a apoyar a las y los 15.000 ancianos organizados que no iban a cobrar su jubilación debido a una reforma que elevaba la edad y el mínimo de semanas cotizadas. La policía y la Juventud Sandinista respondieron con violencia a las protestas. El papel de las y los estudiantes fue apoyar a “los viejitos” con agua, alimentos y medicinas, pero también dar a conocer su situación mediante una intensa actividad en las redes sociales. Una nueva reforma del INSS que recortaría en un 5% las pensiones, ha sido la mecha que prendió los conflictos de la semana pasada pero, como se subrayaba en la propia cuenta de Twitter de @OcupaINSS, más aún después del balance de muertes, personas heridas, detenciones arbitrarias y difamaciones, “ya no es por el INSS, es por Nicaragua”.

El discurso oficial define a estos movimientos sociales espontáneos como “grupúsculos” que actúan bajo órdenes de los partidos de la oposición y financiados por la CIA, con el objetivo de que Estados Unidos intervenga contra el Gobierno sandinista. En 2016, congresistas estadounidenses intentaron que el Congreso aprobase el llamado ‘Nica act’, un proyecto de ley por el que Estados Unidos supeditaría el acceso de Nicaragua a los préstamos de organismos financieros internacionales a que Daniel Ortega convocase “elecciones libres, justas y transparentes”. Sin embargo, la hipótesis de que los movimientos estudiantiles espontáneos responden a la agenda de los partidos de la oposición o incluso de la Casa Blanca se cae por su propio peso si tenemos en cuenta que el movimiento asociativo se ha activado precisamente en torno a reivindicaciones antiimperialistas y soberanistas, como la oposición al Canal interoceánico (una antigua fantasía de Washington, por cierto, antes de construir el de Panamá).

Los análisis dicotómicos en clave de izquierda-derecha, sandinismo-antisandinismo, socialismo-capitalismo no sirven para explicar lo que está ocurriendo en las calles de Nicaragua. Las protestas muestran algo más complejo y doloroso: el enojo de una generación nacida de la Revolución que se enfrenta a la perversión del sandinismo por parte de unas élites corruptas y antidemocráticas. #OcupaINSS o el movimiento anticanal defienden la justicia social, la soberanía nacional, la redistribución de la riqueza, los derechos de los pueblos. Movimientos sociales que se sienten abandonados por esa izquierda latinoamericana que se resiste a entender que el orteguismo hace años que dejó de ser sandinista. “Ortega, estos jóvenes a los que estás reprimiendo son los que te votaron”, señalaba una participante en el plantón de emigrantes nicaragüenses realizado en Bilbao. “Yo les voté, yo seguía creyendo en ellos”, me decía una conocida que, poco antes de emigrar, era trabajadora del Estado.

Escribe una amiga nica en su muro de FB, junto con un selfi en el que se cubre el rostro con un pañuelo morado:

¿Os acordáis de la polémica en redes sociales cuando Leticia Dolera ironizó con “el campo de nabos feminista precioso” que les había quedado a los presentadores de la gala de los Goya? En Twitter, algunas voces señalaron que ese tipo de expresiones son desacertadas porque establecer esa correlación entre penes y hombres sigue una lógica que invisibiliza a las personas trans; en concreto, a las mujeres con pene.

Leticia Dolera rectificó en Twitter, lo cual no gustó nada a un sector del feminismo. Yo publiqué un reportaje en Pikara en el que tres mujeres trans opinaban sobre ese tipo de expresiones tan socorridas para las feministas (incluidas consignas como ‘Polla violadora a la licuadora’), y tampoco gustó nada a cierto sector del feminismo. Nos dijeron que somos las defensoras de los nabos (me pregunto qué opinarán los machinazis de esto). Las más desacomplejadamente transfóbicas nos dijeron que somos las amigas de los hombres con vestido.

Os voy a contar un secreto: cuando, la mañana después de la gala de los Goya, vi el revuelo que se había formado por las palabras de Leticia Dolera, escribí airada en mi Facebook: “Pues yo voy a seguir diciendo ‘campo de nabos’. #hastaelcoñoya”. Estaba convencida de que apelar al falo como símbolo del poder patriarcal era efectivo y adecuado. Además, había asistido a situaciones que me habían indignado, como cuestionar que el feminismo utilice la vulva como símbolo de las mujeres o reivindique las tijeretas y los cunnilingus. Atribuía yo esas críticas al gusto millenial (nótese el adultismo de treintañera en mi prejuicio) por el despelleje cibernético que también se traslada a las asambleas y a las calles.

El caso es que, como llevaba meses con ese runrún, me pareció el momento perfecto para hacer ese reportaje que tenía pensado desde hace tiempo. Después de dudar un poco, decidí que las fuentes fueran únicamente mujeres trans feministas. Y aquí viene la segunda confesión: una parte de mí esperaba que el reportaje resultante confirmase mi posición de partida. La primera a la que entrevisté fue a Alana Portero, una de las tuiteras que criticó la expresión de Dolera (y que después aplaudió su reacción). Me gustó mucho escuchar su planteamiento por notas de audio: en resumen, que si entendemos que lo que se nombra no existe, seamos conscientes de las expresiones que construyen imaginarios que excluyen a las personas trans o que incluso las asocian a un estigma (cuando se habla de pollas violadoras, por ejemplo). Que está muy a favor de que las consignas y símbolos feministas celebren la vulva o el clítoris, pero que agradecería que incluyeran también referencias a otras anatomías: “Vivan las vaginas y vivan los penes de chica”.

Después, la maravillosa cantautora Alicia Ramos, al mismo tiempo que reconocía que ella usa sin complejos esas expresiones sin darse por aludida porque se refieren a los hombres machistas, me explicó que romper con la identificación atávica entre genitalidad e identidad sexual es un frente importante de la lucha por la despatologización de la transexualidad. En la misma línea, la sexóloga Aitzole Araneta señalaba que “asociar unos genitales a una identidad no es un error sólo porque pueda ser doloroso a las personas trans; es un error porque es mentira. Hay chicas con pene o chicos con vulva, hay personas con genitales intersexuados y personas que tienen accidentes que afectan a sus genitales, que no dejan de ser las personas que eran”.

Sentí la tentación de seguir entrevistando a mujeres trans hasta que alguna dijera lo que yo de entrada quería oír. En vez de eso, decidí comprender. Probablemente siga diciendo “campo de nabos”, al igual que muchas veces no me reprimo un “coñazo”, pero ahora soy consciente de su carga. Así como, cuando digo que alguien es un hijo de puta, me corrijo inmediatamente: “Las putas aclaramos que no somos su madre”, que dirían Hetaira.

La transfobia mata

El pasado viernes, una semana larga después de publicar el reportaje, supimos de la muerte de Ekai, un chico de Ondarroa de 16 años. Ekai tuvo que desgastarse en demasiadas batallas para que su vida fuera vivible: la batalla por recibir un tratamiento hormonal, la batalla por cambiar su nombre en el registro civil, la batalla por que en su instituto se formase al profesorado sobre transexualidad. Recojo las palabras de Chrysallis Euskal Herria:

Y aquí voy a hacer otra confesión. Cuando supe que un adolescente trans se había suicidado en Ondarroa, una palabrita se encendió en mi cabeza: “bullying”. No fui la única. Chrysallis ha sacado un comunicado para matizar que en el instituto, tanto el profesorado como el alumnado aceptaron la identidad sexual y el nombre elegido de Ekai. Lo comenté con mi amigo Dau García Dauder, y le resultó sintomático. Las personas cisgénero no dimensionamos la violencia cotidiana y estructural con la que topan las personas transexuales y transgénero cada día en una sociedad binarista que las niega. También desde el adultismo, es más fácil imaginar una escena de acoso escolar que entender que la transfobia institucional y social puede quitar las ganas de vivir.

Dauder, como investigador especializado en intersexualidad, y como feminista trans, llama a revisar “la tiranía del dualismo” y a desmontar la ficción de que sólo hay dos sexos biológicos y que estos determinan la identidad. Para la teoría queer, tanto género como sexo son construcciones sociales. Para la corriente de la sexología que sigue Chrysallis, el sexo está entre las orejas, no entre los genitales. Sea cual sea el fundamento teórico que nos sirva, la cuestión es que la expectativa de que un bebé con pene crezca sintiéndose ‘niño’, lo cual implica sentirse cómodo en unas actitudes y roles determinados, y que un bebé con vulva crezca sintiéndose ‘niña’, cómoda con lo que esta sociedad espera de las niñas, provoca sufrimiento. Por eso son tan importantes las vallas publicitarias de Chrysallis constatando que hay niñas con pene y niños con vulva. Por eso es tan importante que gente como Dauder recuerde que los cuerpos son diversos en cuanto a la genitalidad, los cromosomas u otros rasgos. La despatologización de la transexualidad es fundamental porque el enfoque actual, en el que las personas, adolescentes y adultas, que quieran recibir tratamiento hormonal tienen que ser diagnosticadas con disforia de género, supone psiquiatrizarlas, lo cual agrava el sufrimiento. El mismo sistema médico que desconfía si una persona trans no siente aversión hacia su cuerpo (uno de los síntomas de la disforia de género) pone trabas para facilitar la hormonación a adolescentes que, en un contexto social tan complicado, sí que se angustian ante cambios corporales que sienten contrarios a su identidad.

Pero hay una tercera batalla a la que hacía alusión Chrysallis, la batalla para cambiar el nombre en el registro civil. Y esto me ha recordado otra noticia reciente: Euskaltzaindia, la academia de la lengua vasca, pidió el pasado enero al Ministerio de Justicia que flexibilice su política de prohibir los nombres “que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo”. Resumo la cuestión: en Euskal Herria hay muchos nombres que se han puesto a bebés independientemente de su anatomía (Lur, Odei/Hodei, Iraitz/Eraitz, Maren/Malen…). Me consta que incluso fuera de nuestra tierra, las personas que quieren poner a sus criaturas nombres sin marca de género encuentran en el nomenclátor vasco opciones interesantes. Euskaltzaindia pedía al Ministerio de Justicia que tuviera en cuenta que el euskara cuenta con características propias que dificultan la identificación de un nombre con un sexo. Se refieren a que las palabras no tienen marca de género: mientras que en castellano “tierra” es femenino“, en euskera ”lur“ no es ni femenino ni masculino.

Creo que es importante que este debate salga del País Vasco y se extienda. En un momento de visibilización de las infancias trans, es urgente revisar una ley como la del Registro Civil, que prohíbe nombres que puedan llevar a confusión sobre el sexo de las personas. La prioridad a corto plazo es ver por qué el registro civil obstaculiza el cambio de nombre de las personas trans. Pero a medio plazo, se trata de cuestionar una arquitectura administrativa para la que la superación de la tiranía del dualismo supone una amenaza. Es esa sociedad que impone a las personas un sexo al nacer y obstaculiza su vivencia libre de la identidad la que ha matado a Ekai. Esa sociedad para la que, la pregunta más importante ante un vientre gestante es ‘¿Será niño o niña?’.

Ekai topó con el mismo muro con el que topan las familias que no quieren asignar un género a su bebé cuando van al registro civil y les dicen que el nombre que elijan tiene que ser claramente de niño o de niña.

¿Y qué tiene que ver esto con lo del ‘campo de nabos’? Pues que las palabras importan. Que, como dice la filóloga Mercedes Bengoechea, necesitamos palabras nuevas para nombrar realidades nuevas (lo nuevo no es la transexualidad, sino la lucha por su despatologización y su reconocimiento). Que cuando se nos propone revisar expresiones o cuando se nos propone introducir un género neutro en castellano, en vez de reaccionar como reaccioné yo en mi Facebook, bien podríamos detenernos a escuchar y a comprender por qué esto es importante. Como decía Aitzole Araneta, no sólo por ocuparnos del sufrimiento que provoca la transfobia a las personas trans, sino para desmontar una falacia dualista que niega a tantas personas y que nos limita y empobrece también a las que nos sentimos relativamente cómodas con el sexo que se anunció cuando nacimos.

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