La Fiscalía de Las Palmas separa a niños migrantes de sus madres hasta dos meses a la espera de pruebas de ADN

Aissa Didla, que llegó en patera a Fuerteventura y ha sido separada de su hijo mayor.

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Faith (nombre ficticio) sobrevivió con dos años a la ruta migratoria canaria. Después de una peligrosa travesía por mar, desembarcó junto a su madre en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde hasta el momento permanecen cerca de 900 personas. En el precario campamento de emergencia que funciona como punto de paso para los migrantes que esperan una plaza de acogida, Faith fue separada de su madre por orden de la Fiscalía de Las Palmas y trasladada a un centro para menores extranjeros no acompañados gestionado por el Gobierno de Canarias, hasta que una prueba de ADN confirme que la mujer que atravesó el océano junto a ella es su madre. La progenitora fue trasladada a uno de los complejos extrahoteleros habilitados por la Delegación del Gobierno, pero las horas separadas de la niña fueron menos de las previstas. Tuvieron que ser reunidas de forma urgente, ya que la menor sufrió un ataque de ansiedad y dejó de comer y de dormir. Como ella, diez niños más han sido separados de sus familiares a la espera de las pruebas, un test que se realiza en la Península y cuyos resultados pueden demorarse meses. Esta práctica solo se da en la provincia de Las Palmas.

El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, explica que en la actualidad se está revisando este protocolo. "Estamos estudiando por qué se hace en Las Palmas y si esto es lo más adecuado. La prueba tarda, y si realmente son madre e hijo, esta separación durante tanto tiempo puede ser contraproducente", subraya. El protocolo seguido en este caso se ha repetido hasta en diez ocasiones en los últimos meses en Gran Canaria y Fuerteventura. La Consejería de Derechos Sociales ha rechazado y cuestionado estas separaciones: "En Tenerife no se hace". El departamento que dirige Noemí Santana y que tiene competencias en materia de menores extranjeros no acompañados ha exigido a la Fiscalía de Menores de la provincia de Las Palmas un criterio claro y por escrito.

En Gran Canaria, además de Faith, cinco menores más llegados la semana pasada se encuentran en la misma situación. En Fuerteventura, se contabilizan seis casos que llegaron a la isla a finales de agosto. Entre ellos Salimata, que con dos años es la más pequeña del grupo. Todos ellos proceden de Costa de Marfil y Guinea Conakry y tienen entre dos y diez años. En septiembre se sometieron a la prueba de ADN, y el pasado viernes 16 de octubre se confirmó que cuatro de los niños sí habían venido con sus madres. Sin embargo, cinco días más tarde, aún no se ha reagrupado a los cuatro niños y a sus madres. En los otros dos casos, alcanzaron el Archipiélago acompañados de una tía y de una hermana mayor. Para ellos, el Ejecutivo regional pedirá el acogimiento en familia extensa, un permiso otorgado cuando existe una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado entre el menor y los solicitantes del acogimiento.

Una "medida de precaución"

La fiscal jefa de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, explica que este protocolo es una "medida de precaución" aplicada como consecuencia de sucesos pasados, en los que se localizó a personas que utilizaban a los niños para conseguir arraigos en Canarias o para llevarlos a Europa para traficar con menores. "Es una indicación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo", asevera. "Si el menor no puede decir que es su madre, se procede a la separación. Se toman muestras de ADN y se establece un régimen de visitas, que con la pandemia provocada por la COVID-19 ha pasado a ser más restringido", explica. Mientras tanto, los niños pasan a ocupar plazas de acogida de la Consejería de Derechos Sociales previstas para menores extranjeros no acompañados. Según la fiscal jefa, se han celebrado reuniones con Cruz Roja, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia y "están todos de acuerdo". "El propósito es proteger al menor", insiste. Según datos del Gobierno regional, actualmente hay 1.200 menores migrantes alojados en 15 recursos del Ejecutivo, con la previsión de que este miércoles se abra un nuevo establecimiento.

El Ministerio del Interior ha explicado a Canarias Ahora que en España "solo se actúa en los casos puntuales en los que existen dudas sobre una alegada relación entre un menor y otra persona". "El protocolo es el mismo para toda España. Pasa por realizar pruebas de ADN, con autorización de la Fiscalía en caso del menor. Mientras se espera al resultado de la prueba, el menor permanece a cargo de los servicios de acogida. Se obra en consecuencia a los resultados. Si son familia, se mantiene la unidad y se tramita según la situación legal en la que se encuentren. Si no son familia, el menor entra en el registro de menores no acompañados y se le aplica el protocolo establecido para estos supuestos", detallan fuentes del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska.

El colectivo Caminando Fronteras explica que esta práctica, que fue común en Andalucía, produce "mucho dolor" tanto para las madres como para los hijos y supone una "vulneración del derecho a la familia y la infancia" por el hecho de ser mujer, negra y llegar en patera. "Quitar al niño de las manos de su madre es un proceso rápido, pero devolvérselo una vez se ha demostrado la maternidad es un procedimiento lento. Hemos visto casos de una separación que dura hasta seis meses con niños de muy corta edad. Incluso lactantes que estaban mamando de su propia madre y se le quitaba de sus brazos, argumentando que era para proteger a los niños utilizando la excusa de que las madres podían estar siendo víctimas de trata y que si ellas decidían irse con la red, que los niños no acabaran en el mismo destino", apunta el colectivo. En el caso de Canarias, actualmente ese riesgo "aparentemente no existiría": "Las madres están ahí bloqueadas".

En otros puntos del país, como Melilla, también se han producido estas separaciones, tal y como ha publicado elDiario.es. Fue el caso de Hizia, una mujer de origen argelino que llegó a la ciudad en septiembre de 2016 embarazada de dos meses y con un niño de tres años. Cruzó la frontera desde Marruecos con un pasaporte falso y la ingresaron en un calabozo. Dos días después, recuperó su libertad y fue al centro de acogida en el que se encontraba su hijo. No le permitieron llevárselo, ni tampoco verle, hasta que se acreditara la relación materno-filial. "Esta mujer dice que el menor es su hijo, pero no aporta ninguna documentación. No podemos arriesgarnos a que el niño desaparezca con alguien que no es su madre", argumentó el consejero de Bienestar Social de Meilla, Daniel Ventura, en declaraciones recogidas por elDiario.es. Un mes más tarde, las pruebas de ADN confirmaron que eran madre e hijo. En 2017, la costamarfileña Oumo logró reagruparse con su hijo de cuatro años tras siete meses separados. Las autoridades de Melilla impidieron que la mujer pudiera ver al menor y hablar con él por teléfono tras llegar en pateras diferentes a España.

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20 de octubre de 2020 - 16:27 h

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