Este ilustrativo gráfico elaborado por Haver Analytics para Goldman Sachs lleva circulando por sus informes toda la segunda mitad de 2014. Cuenta una historia tan clara como descorazonadora: cuando se compara la Eurozona con otras regiones en el presente o con otras crisis financieras en el pasado, la recuperación posterior palidece, por no decir que apenas existe. Mientras que la remontada que vino inmediatamente a renglón seguido del crack fue común a todos, en un cierto punto (2010, 2011) los países del euro simplemente pierden el tren y se quedan atascados.

Como no podía ser de otra manera, la evolución en el tiempo coincide con la fase soberana de la crisis. La caída en desgracia de Grecia, Irlanda, Portugal primero, España e Italia después marca el punto de inflexión que diferenció a la Eurozona del resto de países desarrollados. Las razones son más políticas que económicas.

Las recetas conocidas y compartidas por la mayoría de Estados fueron aplicadas de manera más o menos general, a pesar de que la crisis se llevase a Gobiernos por delante: combinar gasto fiscal y estímulo monetario con reformas estructurales. El énfasis fue mayor o menor en cada aspecto dependiendo de la orientación ideológica del partido al mando, pero la línea general fue mixta. En la zona euro, por contra, la asimetría entre niveles de decisión (política monetaria centralizada y política fiscal propia de cada país, sin entidad política supranacional) ha dejado a toda la región bloqueada en una negociación imposible entre acreedores y deudores, donde por el momento solo los primeros son capaces de imponer su criterio sin que exista apenas contrapartida en forma de estímulo (salvo las ya famosas palabras de Draghi en verano de 2012).

El resultado ha sido una senda del PIB europeo que se parece a una tímida W que no acaba de salir del hoyo, dejándonos un poco por debajo del nivel anterior a la crisis, y con la exasperante sensación de que los políticos no son capaces de hacer nada por sacar la situación adelante. Un sentimiento que, por desgracia para los partidos tradicionales, se torna muy real a la hora de meter la papeleta en la urna.

Los resultados en las urnas vinieron sobre todo —y esto tiende a obviarse— a validar la foto general que daban los sondeos

Nuestro sistema de partidos está en ebullición. Los temblores empezaron con la emergencia de Podemos en las elecciones europeas y la irrupción de Ciudadanos durante el otoño no ha hecho sino agitar la situación. Lo hemos visto en las tertulias, en la prensa, pero sobre todo en los sondeos. Las encuestas han sido la linterna con que observar la realidad electoral en estos meses. Han iluminado un clima de opinión convulso, pero no pueden eliminar del todo la incertidumbre. De hecho son muchas las personas y no pocos los dirigentes que dicen desconfiar de las encuestas —especialmente cuando sus presagios no les gustan—. Como resultado, una mezcla de incertidumbre real y dudas sembradas nos ha mantenido en vilo por doce meses.

Pero por fin el domingo pasado llegaron los comicios. Entonces pudimos comparar resultados y sondeos. Y mientras en líneas generales el dibujo se confirmó acertado, hubo también varias sorpresas.

Los resultados en las urnas vinieron sobre todo —y esto tiende a obviarse— a validar la foto general que daban los sondeos. Efectivamente, siguiendo la previsión, el PP perdió muchos votos y seguramente muchos gobiernos. Efectivamente, el PSOE siguió buscando su suelo aunque recupere presencia en las instituciones. Y efectivamente, Podemos, varias plataformas municipales y Ciudadanos irrumpen para dar lugar a un sistema multipartido. Todo ello lo dábamos por sentado, sí, pero sólo gracias a las encuestas. Sin ellas habríamos estado prácticamente a ciegas.

Sin embargo, las encuestas esta vez no fueron completamente precisas —algo normal con decenas de frentes abiertos, pocos sondeos y un cambio del sistema de partidos en marcha—. En diferentes puntos del país hubo resultados que se desviaron mucho de la línea demoscópica, pero dos casos son llamativos: Valencia y Madrid.

La capital vio cómo la candidatura encabezada por Manuela Carmena mejoró por mucho las previsiones, incluso las de aquellos que anticiparon la situación de empate. Por otro lado, las estimaciones para el PSOE, Ciudadanos e IU estaban aparentemente hinchadas. Una posible explicación es que el voto antiPP se coordinó los últimos días en torno a una candidatura viable, la de Ahora Madrid. El hecho de que Ángel Gabilondo consiguiera 170.000 sufragios más que su homólogo en la ciudad, Manuel Carmona, parece apuntar en esta dirección.

Más difícil resulta interpretar lo ocurrido en la ciudad del Turia y el conjunto de la Comunitat Valenciana. Allí Compromís destrozó todas las previsiones mientras el PP cayó considerablemente más de lo esperado. En este caso, el cambio parece algo más que una coordinación estratégica sobrevenida, en tanto que no hay diferencias significativas entre los votos municipales y los autonómicos que recibió a coalición liderada por Mónica Oltra. Además su partido partía como cuarta o quinta fuerza y eso no le hacía el mejor candidato a priori para una coordinación antiPP. Quizás estemos ante un cambio del voto de izquierdas en la región, aunque aún no podemos saber si será permanente o flor de un día.

Otras sorpresas traspasan las fronteras. Las encuestas han sobreestimado el voto a Ciudadanos en muchos lugares, como Madrid, Aragón o la ciudad de Barcelona. Y tampoco los resultados de Podemos se ajustaron perfectamente. En algunos lugares las candidaturas moradas fueron infraestimadas (Aragón, Sevilla), mientras que en otros pasó justo lo contrario (Valencia, Madrid). Seguramente estas desviaciones se explican por múltiples factores, pero la novedad es uno de ellos. Por un lado, los encuestadores conocen peor a los votantes de los nuevos partidos y estos serán más volátiles que los demás.

En resumen, el contraste entre elecciones y encuestas nos sirve para tres fines. Primero, nos recuerdan que la demoscopia, aunque imprecisa, no es nigromancia, sino un sensor aproximado pero útil del clima de opinión. Segundo, subrayan la importancia de las expectativas. Precisamente porque sabemos que las encuestas no son una ficción esperamos que se cumplan en cierta medida y medimos el éxito o el fracaso de los partidos en función de esas esperanzas. Esto explica lo que ha sucedido con la ligera decepción en torno a Ciudadanos, las sensaciones encontradas alrededor de Podemos y la euforia despertada por las plataformas municipales en Madrid y Barcelona. Tercero y último, el contraste nos recuerda que ciertas sorpresas no solo son posibles, sino habituales.

Unas sorpresas que serán mayores mientras la ley prohíba que se difundan encuestas los últimos días antes de cada elección. Una norma que oculta una información a los ciudadanos que sí pueden tener partidos políticos y quien quiera que encargue un sondeo. Una norma difícil de justificar. Porque si aceptamos que las encuestas son una forma de iluminarnos, no hay motivo para que los últimos días algunos vivamos a oscuras.

El paro incrementa la precariedad. Es necesario acabar con ambos al mismo tiempo combinando reforma estructural y estímulo. Lo cual es, hoy por hoy, políticamente muy complicado.

Pese a que resulta relativamente obvio, es sorprendente el poco hincapié que se hace en el debate público español en este hecho: el paro no solo implica un malgasto enorme de recursos, desigualdad a raudales, estancamiento y declive de miles de hogares. El paro también ayuda a crear y mantener la precariedad. Que en España es probablemente el rasgo más distintivo de nuestro mercado laboral, junto a la propia tasa de desempleo. Un cuarto de nuestros trabajadores tienen un contrato temporal porcentaje que se plantó por encima del 33% en los años noventa. Nueve de cada diez nuevos contratos firmados cada mes en España son temporales, de hecho. Esta cifra es una de las constantes más asombrosamente estables de todo el panorama español, ya que lleva décadas manteniéndose. Sin embargo, España no es el único país, ni mucho menos, en que la mayoría de nuevas contrataciones se hacen por esta vía.

Si tenemos la misma proporción de entrantes con contratos temporales que otros países donde la tasa de temporalidad es mucho más baja, lo lógico es pensar que nuestro ratio de conversión de temporal a indefinido es considerablemente más bajo, y que utilizamos estos tipos de contratos más alegremente en el medio y largo plazo. Una razón poderosa y citada a menudo es nuestro marco regulatorio, que favorece la segmentación del mercado laboral entre estables y precarios. Sin embargo, este no es el único factor (no puede serlo, porque de lo contrario o la tasa de conversión o la tasa de entrantes temporales habría variado con las reformas). El altísimo nivel de desempleo juega un papel muy importante. Por múltiples razones.

Reduce el poder de negociación de los trabajadores más vulnerables. El paro como 'instrumento disciplinario' es una idea que lleva rondando la economía laboral desde hace treinta años más o menos, cuando Stiglitz y Saphiro propusieron que tal vez a los empresarios les conviene un cierto nivel de desempleo porque así la amenaza del despido es más creíble, y también más temida para quien después debe buscarse la vida. Ahora imaginemos lo que pasa con un nivel de desempleo salvaje como el que sufre la economía española. La capacidad de negociar salarios y condiciones laborales en general por parte de los trabajadores se ve seriamente disminuida. Mucho más en el caso de los temporales, quienes se saben más expuestos al riesgo de despido.

Hace que cunda el pánico entre los trabajadores en riesgo. En una economía como la española que, ante las bajadas de demanda, realiza el ajuste a través del despido en lugar de otras vías, los trabajadores recién contratados o en posiciones vulnerables se saben en riesgo inmediato cada vez que una crisis se cierne sobre la empresa, el sector o todo el país. Y los hechos suelen darles la razón. Por ejemplo, entre 2008 y 2013, los trabajadores temporales cuadruplicaron el nivel de destrucción de puestos de trabajo de los fijos. Si además de temporales eran jóvenes, la proporción fue de seis a uno.

Interactúa con el marco regulatorio fomentando la contratación temporal. La combinación de alto desempleo y segmentación laboral no solo favorece el despido de trabajadores precarios, sino también su contratación. En sus artículos de 2005 y 2006 el sociólogo Javier Polavieja explicó cómo: dada la incertidumbre generada por el alto desempleo, los trabajadores temporales tendrán una motivación extra para intentar conseguir un contrato permanente de sus empleadores. Así, estos pueden (sobre)emplear contratos temporales y usar la promesa de un contrato permanente como incentivo al esfuerzo.

Genera más incentivos para que los trabajadores fijos mantengan su protección. El economista Saint-Paul se planteó a mediados de los noventa por qué, si el paro era un problema tan persistente, los gobiernos europeos no hacían nada por intentar solucionarlo. Llegó a la conclusión de que era porque cualquier reforma iba a tener un efecto nada deseable para los trabajadores estables en el corto plazo. Iba a repartir de manera más equitativa la probabilidad de caer en el desempleo. Por ello, estos trabajadores preferirían (lógicamente) seguir en una situación como la del segundo punto, en la cual ellos lo tienen más fácil para mantener su puesto de trabajo.

Hace mucho más difícil construir un Estado de Bienestar funcional. Un desempleo elevado implica una red de seguridad parcheada. Construir un sistema de bienestar de tipo escandinavo para un país con un paro del 25% en las crisis implica un gasto que pocos políticos están dispuestos a proponer a una población ya de por sí muy castigada. Esta situación se agrava con la segmentación regulatoria. Si en dicho país una parte de los trabajadores están muy protegidos por la regulación contra el despido (cuyo coste impositivo para estos mismos trabajadores es lógicamente menor que el de una red de seguridad pagada por todos), y el riesgo de caer y quedarte atrapado en el desempleo es alto, resulta normal que dichos trabajadores prefieran seguir teniendo un muro de contención legal antes que uno impositivo, como sugiere David Rueda en su artículo más reciente. De hecho, resulta normal también que los desempleados y los trabajadores precarios aspiren a ese nivel y esa forma de protección.

Castiga particularmente a los colectivos más vulnerables. Mantener un sistema de flexibilidad segmentada con un desempleo muy volátil, elevado durante las crisis, penaliza a aquellas personas para quienes es más difícil encontrar un trabajo estable por causas exógenas al mercado de trabajo. Mujeres, migrantes, jóvenes con poca formación se pueden quedar atrapados en un círculo vicioso de temporalidad y desempleo. Pero no solo estos colectivos se enfrentan a un mundo más desagradable al combinar alto desempleo y segmentación: aquellos individuos en una situación de paro de larga duración tendrán que vérselas con un pozo sin fondo de competidores por los puestos de trabajo que se acaban pronto.

En conclusión, la segmentación del mercado laboral es un regalo envenenado en un contexto de desempleo elevado. Atrapa a las formaciones de izquierdas (sindicatos y partidos) entre el dilema de proteger a quienes ya tienen empleo a costa de erosionar de manera lenta pero constante su base de apoyos. Los precarios acabarán por no confiar en las opciones clásicas y se lanzarán a otras aventuras, sean éstas de cariz liberal o, más probablemente, de izquierda proteccionista. La dificultad radica, por tanto, en que es necesario acabar con el paro y con la precariedad al mismo tiempo. La combinación de reforma estructural y estímulo que requiere tal objetivo es tan difícil políticamente como necesaria su puesta en marcha. Sobre todo para los partidos socialdemócratas. Porque, sin ella, la coalición que les ha soportado electoralmente durante décadas se resquebraja cada día más.

Gran parte de su trabajo se ha dedicado a la economía del estado de bienestar. Nos gustaría empezar por conocer un poco más sobre lo que motivó su trabajo y cómo cree usted que nos ayuda a aumentar nuestra comprensión de las políticas sociales.

Mi motivación original era tratar de proteger el estado de bienestar de los ataques ideológicos, por ejemplo, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y del apoyo ideológico ciego como, por ejemplo, bajo el comunismo. El argumento central que presenté (basado en la entonces nueva literatura sobre la economía de la información) es que el Estado de bienestar que existe no sólo por razones de distribución conocidas, en particular para proteger a los pobres, sino que también tiene una función importante de eficiencia -el Estado de bienestar hace cosas que los mercados privados, por razones técnicas, harán mal o no harán en absoluto. Este último argumento era nuevo cuando lo utilicé por primera vez en la década de 1980.

Uno de los argumentos de su libro The welfare state as a piggy bank fue que el habitual equilibrio eficiencia-igualdad que es común en el debate público se ve muy diferente cuando se observa a través de la lente de la teoría de seguros y de economía de la información. ¿Cómo explicaría a nuestro lector medio su visión de cómo este equilibrio es modificado por su trabajo? The welfare state as a piggy bankThe welfare state as a piggy bank

El Estado existe para proteger el bienestar de los pobres. Pero también existe para hacer las cosas que los mercados privados harían mal o no harían. Los mercados privados funcionan bien cuando una serie de condiciones técnicas los sostienen. Entre esas condiciones se encuentran las siguientes:

Los consumidores deben estar bien informados. Esa condición se cumple, en términos generales, para cosas como la comida, pero no para, por ejemplo, los medicamentos. Así que si compramos alimentos en los supermercados a precios de mercado, el sistema de mercado funciona. Por el contrario, no se nos permite comprar cualquier producto farmacéutico que nos gusta, dado que la producción y venta de esas drogas están muy fuertemente reguladas.

Los vendedores de seguros deben saber qué tan arriesgado es el comprador del seguro. Esto funciona bien para cosas como el seguro del automóvil, pero mucho menos para los riesgos como el desempleo o la salud.

Así las cosas, como el seguro social y la asistencia sanitaria, el Estado de bienestar contribuye tanto a la justicia social como a la eficiencia.

Reforma de las pensiones

Su último libro, que fue traducido al español, trata sobre la reforma de las pensiones y ha sido escrito con el premio Nobel Peter Diamond. ¿Cuál diría usted que es el mensaje principal del libro acerca de las opciones que el bienestar se enfrentan los estados con el envejecimiento?

El libro consta de varios mensajes:

Primero, los sistemas de pensiones tienen múltiples propósitos, incluido el alivio de la pobreza, el seguro y lo que los economistas llaman la suavización del consumo, es decir, la redistribución en el tiempo, o de uno mismo en la juventud a esa misma persona en la tercera edad.

Segundo, un sistema de pensiones bien diseñado ha de tener en cuenta todos esos objetivos.

Tercero, la estabilización del consumo efectivo: se entiende que un sistema de pensiones tiene que ser (a) estable y (b) sostenible financieramente en el largo plazo.

Cuarto, para lograr la estabilidad y la sostenibilidad del sistema éste debe adaptarse a las tendencias a largo plazo, como la prolongación de la vida.

Y quinto, el ajuste al envejecimiento de la población puede tener lugar en diversas formas, pero es improbable que tenga éxito sin un incremento en promedio de la vida laboral.

Como usted sabe, la reforma de pensiones en España hará que las pensiones se actualicen en función del equilibrio a medio plazo del sistema, en lugar de acuerdo al poder adquisitivo. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esta solución?

No hago ningún comentario sobre la propuesta específica, porque no sé lo suficiente sobre ella. Mi respuesta general es que si un sistema de pensiones no es sostenible en el largo plazo se producirá un error para lograr sus objetivos. Si un sistema de pensiones está gastando demasiado, entonces o bien (a) las contribuciones han de incrementarse o (b) los beneficios percibidos tienen que reducirse. Puesto que (a) probablemente no es una opción en este momento la opción que queda es la (b). Es posible reducir los beneficios ya sea mediante la reducción de lo percibido mensualmente (por ejemplo, al cambiar la fórmula de indexación) o empezando a pagar las pensiones a una edad más tardía. Muchos países han hecho ambas cosas. Teniendo en cuenta las tendencias en la esperanza de vida, el aumento de la edad de jubilación es un elemento esencial en la reforma de pensiones en casi todos los países.

En el debate sobre la reforma de las pensiones, algunas personas, incluso instituciones internacionales, a menudo sugieren que el envejecimiento es un problema en los sistemas de reparto que no existiría con un sistema de capitalización. Esta es una idea que ya contradecía en 1979 en su pieza Myths my Grandfather taught me, pero que muchas personas educadas encuentran intuitiva y atractiva. ¿Cuál es exactamente el problema?Myths my Grandfather taught me

La intuición es obvia y clara. Y es correcta si se piensa en las pensiones como el simple hecho de acumular dinero para el futuro. Si acumulo lo suficiente para el ahorro en mi vida laboral, la idea es que ese dinero proporcionará mi pensión, aunque no haya muchos trabajadores en activo después de que me haya retirado.

Pero el argumento es erróneo si estoy preocupado no por el mero dinero (por ejemplo, tener X euros al mes), sino por la capacidad de consumo después de haberme retirado. Si una generación de pensionistas tiene un gran montón de dinero va a poder gastar ampliamente, pero si no hay muchos trabajadores no habrá mucho que poder comprar para los primeros. Como resultado, los precios de los bienes van a subir, habrá inflación. Así, los pensionistas recibirán su dinero de manera segura, sí, pero no la capacidad de consumo.

Reforma de la educación superior

Un debate en el que estaba bastante activo fue el tema de la reforma de la educación superior en el Reino Unido. ¿Podría decirnos cuál fue su contribución al debate y las lecciones que España podría aprender del Reino Unido?

Mis principales argumentos son que en primer lugar, los países necesitan la educación masiva y de calidad superior para ser competitivos; pero los contribuyentes no pueden permitirse el lujo de pagar el costo total, por lo que el gasto público debe ser complementado por el gasto privado.

En segundo lugar, la financiación de la educación superior debe aumentarse mediante el cobro de derechos de matrícula. Sin embargo, los estudiantes generalmente no pueden permitirse el lujo de pagar los derechos de matrícula. Lo que se necesita es un sistema bien diseñado de los préstamos estudiantiles para cubrir gastos de matrícula y costos de vida. Una de mis contribuciones fue precisamente una propuesta de diseño para dicho sistema: los préstamos deben (a) tener pagos supeditados a los ingresos (es decir, la devolución del préstamo ha de consistir en reembolsos de x% de los ingresos del prestatario hasta que él / ella pague el préstamo); (b) cobrar una tasa de interés relacionado con el costo de endeudamiento del gobierno.

Al igual que con Myths my Grandfather Taugth Me, esta es un área con un resultado contrario a la intuición. Todo el mundo “sabe” que las tarifas en la universidad disminuyen la capacidad de acceso. Esto es, en realidad, erróneo. Varios países sin matrícula general tienen una baja participación de las personas procedentes de entornos desfavorecidos. Lo que perjudica el acceso es la falta de logros en la escuela, por lo general, por razones que se remontan a la primera infancia. El ministro de Educación británico dijo una vez: “Si yo fuera un socialista real, no gastaría un centavo en la educación superior-me gustaría pasar todo en la educación infantil.” Aunque no quiso decir eso literalmente, la declaración tiene un grano muy importante de verdad. Gastar dinero público en garantizar el acceso gratuito la educación superior no ayuda al acceso en sí, sino que lo perjudica al desplazar el gasto que debería hacerse en la parte del sistema correspondiente a las primeras etapas de educación, que es la verdadera manera de mejorar la movilidad social. La educación superior gratuita es políticamente popular como un subsidio de clase media, pero es política social regresiva.

Por último, un sistema de tasas y préstamos, si están bien diseñados, libera recursos para ampliar la participación en la educación superior de los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos, es decir, es posible argumentar a favor de tasas y préstamos como parte de la política social progresista (otra de mis contribuciones) .

El Gobierno español ha propuesto recientemente reforzar las condiciones de elegibilidad para becas en la educación superior argumentando que esto aumentará los incentivos y la eficiencia de los estudiantes. ¿Usted cree que esto es un argumento sólido?

Sí, especialmente si se combina con las políticas para mejorar la consecución anteriormente en el sistema.

Necesitamos un cambio en el sistema de pensiones porque el pacto entre generaciones en que se basa puede estar en peligro a medio plazo

Un recorte en pensiones mejora la sostenibilidad del sistema pero afecta de manera claramente negativa a los actuales pensionistas

La forma en que calculamos la pensión a percibir es donde se han centrado la mayoría de discusiones técnicas sobre la reforma de las pensiones

En los próximos cincuenta años el número de mayores de 67 años en la población española va a aumentar mucho más que el número de personas en edad de trabajar. Asumiendo que no queremos dejar a nuestros futuros ancianos y a nosotros mismos sin cobrar pensiones, tenemos dos opciones. O estamos dispuestos a incrementar el porcentaje de renta nacional que dedicamos a pagarlas, o nos vemos obligados a construir un sistema de pensiones distinto al actual que permita sostener semejante estructura demográfica. Y de esto ni la productividad, ni la inmigración, ni la tasa de ocupación nos van a salvar. De hecho, la actual crisis, que ya tiene visos de ser estructural, está haciendo esta necesidad más acuciante si cabe.

No he venido aquí a discutir este punto, que creo suficientemente probado y basado en la pura y cruel aritmética. Me preocupan más las consecuencias que cada una de las opciones que tenemos a nuestra disposición en tres aspectos, relacionados entre sí: las expectativas e incentivos que suponen para los diferentes actores, las consecuencias redistributivas que pueden tener, y de qué manera modifican el actual pacto intergeneracional. Como es bien sabido, nuestro sistema actual se basa en el mecanismo conocido como pay as you go (PAYG): un impuesto sobre el trabajo financia las pensiones de los jubilados de hoy, y los trabajadores de hoy dependerán de los actuales jóvenes y estudiantes para cobrar sus pensiones futuras. El cálculo del beneficio a recibir se basa en una media de los salarios de los últimos 16 años, siendo la idea de la última reforma que esta cifra se incremente hasta 25 de aquí a 2023. Sobre esta base reguladora se aplica un porcentaje que resulta en la pensión final a percibir. Este porcentaje va del 50% en caso de haber cotizado durante solo 15 años al 100% si se llega a los 37.

Una vez definidos los parámetros, vayamos con las posibles modificaciones y sus previsibles consecuencias. Comenzaré por referirme a los aspectos más superficiales (edad de jubilación, presión fiscal, cálculo del pago) para luego pasar a discutir los que supondrían un cambio más profundo en el sistema actual. Con un poco de suerte podré mostrar cómo necesitamos un cambio en el sistema de pensiones no solo porque la aritmética nos lo dice, sino porque el pacto entre generaciones en que se basa puede estar en peligro a medio plazo.

Comencemos por la solución aparentemente más redistributiva. Podemos sencillamente incrementar la presión fiscal de manera progresiva, de forma que, como decía al principio, destinamos una mayor porción de nuestra renta disponible a las pensiones. Las consecuencias de esta decisión son claras. Implican una redistribución desde las capas más jóvenes hacia las más ancianas de la sociedad, desequilibrando el pacto intergeneracional a favor de estos últimos (y por supuesto cuando los actuales jóvenes llegasen a su edad de jubilación exigirían igual pago). Además, incrementan los costes laborales de manera que suponen un desincentivo para la contratación y la inversión (de decidir tasar el capital). Por último, el cambio demográfico previsto es tan brusco que el incremento en la presión fiscal necesario sería astronómico. El coste para la economía parece, simplemente, demasiado alto.

Otro parámetro que podemos tocar es la edad de jubilación. El Gobierno de Zapatero ya puso en práctica esto, como es bien sabido por todos. El actual Ejecutivo parece estar entretenido mareando la perdiz. Si el incremento final tuviese en cuenta las distintas profesiones y permitiese mayor flexibilidad a aquellas que se encuentran en la parte alta de la escala de salario y productividad y en la baja de riesgo o incompatibilidad con edades avanzadas, los efectos redistributivos no tienen por qué ser negativos. Esto además incentivaría a seguir trabajando a aquellas personas que aún se encontrasen en perfectas condiciones de hacerlo. Introducir mecanismos más amplios de compatibilidad entre pensión y trabajo a tiempo parcial ahondaría en esta tendencia, ayudando a revertir la prevista mala forma de nuestra tasa de dependencia. Estas medidas habrían de diseñarse de manera que se garantice que el poder de negociación y decisión recae sobre el empleado. El objetivo es incrementar la edad efectiva de jubilación y sobre todo hacer que ésta se distribuya de manera heterogénea y correlacionada con el, digamos, desgaste sufrido en la vida laboral.

La forma en que calculamos la pensión a percibir es, probablemente, donde se han centrado la mayoría de discusiones técnicas sobre la reforma de las pensiones. En el sistema español la cantidad de la pensión va en función del salario y los años cotizados, como he explicado más arriba. El objetivo de tal método es hacer que la pensión se parezca lo máximo posible al salario percibido aunque con una correción por nivel de aportación al sistema. De esta manera, se incentiva tener la vida laboral más larga posible. Sin embargo, el ligar el beneficio percibido al salario provoca que las desigualdades presentes en la etapa laboral tiendan a trasladarse a la fase de retiro. Más aún: a más corto es el periodo considerado para calcular la base reguladora y más al final de la vida laboral está, mayor desigualdad reproducida aparece, dado que las diferencias salariales suelen agrandarse en los últimos años de vida. Además, esto penaliza a quienes tuvieron mala suerte (por elegir la profesión equivocada, por un shock sectorial, etc) en la última etapa de su carrera. Incrementar el número de años a toda la vida laboral reduciría estas distorsiones y tendría efectos redistributivos horizontales sin acabar con el incentivo positivo para los trabajadores de intentar ganar cada vez más. Por otro lado, los porcentajes aplicados a la base reguladora también pueden ser alterados. Una reducción en los mismos supondrá un obvio descenso en la pensión percibida, con efectos redistributivos negativos para los jubilados, pero que permitiría aliviar la carga fiscal sobre los trabajadores. Y por último, los beneficios percibidos también pueden ser modificados de manera directa. De hecho, en España las pensiones se actualizan con la inflación. Un recorte en pensiones, por supuesto, mejora la sostenibilidad del sistema pero afecta de manera claramente negativa a los actuales pensionistas y supone un deterioro considerable de sus expectativas, con lo que ha de evitarse si no queremos dañar la confianza en el sistema.

Sin embargo, aún podemos ir bastante más allá en estas modificaciones. Uno de los puntos candentes en el debate actual es la introducción de un factor de sostenibilidad en el cálculo de las pensiones. Dicho factor no es sino un corrector compuesto de diversas variables que ajustaría los distintos parámetros mencionados. Este ajuste se produciría en función de los shocks externos que se consideren relevantes, y que se recogerían en dichas variables. Las dos dimensiones principales donde shocks pueden afectar a la sostenibilidad del sistema son la demografía y la marcha de la economía. Un incremento significativo de la esperanza de vida, por ejemplo, o un descenso de la tasa de natalidad haría que la edad de jubilación se atrasase proporcionalmente. También podría incrementar la tasa impuesta sobre los trabajadores, incrementar la base de cotización o recortar el porcentaje de pensión percibida, todo ello con los efectos ya descritos sobre cada colectivo. Lo realmente interesante del factor de sostenibilidad es que distribuye los costes de los shocks de una manera más equitativa que la mera elección política de dónde recortar y cómo en cada momento. Como tal, refuerza el pacto intergeneracional al poner a toda la población en el mismo barco.

Todas las propuestas enunciadas hasta el momento son de naturaleza paramétrica. Esto es, se basan en tocar determinados aspectos de un sistema cuyo pago se fundamenta esencialmente en el pacto entre generaciones. Este pacto es bien curioso desde un punto de vista sociológico. Los ciudadanos de hoy asumimos que si pagamos nuestros impuestos en el futuro recibiremos una pensión al menos igual o parecida. Sin embargo, no hay nada que nos garantice que así será, más allá de la obligación legal sostenida en la promesa política y social. Cuando las perspectivas de futuro son positivas no hay razón para que los ciudadanos se desvíen del equilibrio cooperativo: pago hoy porque sé que recibiré mañana, y si no pago no recibiré pero el resto de gente que sí paga, lo hará. Sin embargo, si las expectativas comienzan a deteriorarse de manera clara debido a las malas perspectivas económicas y demográficas, esta confianza puede erosionarse. Es decir, si los costes de cooperación no están claros, cooperar puede dejar de ser una idea tan fantástica.

La única forma totalmente segura de evitar que se rompa el pacto de cooperación entre generaciones es rompiéndolo nosotros mismos antes. Esto es, pasar de un sistema tipo PAYG a otro basado en fondos individuales, en los que cada ciudadano simplemente se dedica a ahorrar antes de la hora final de la jubilación y el Estado o una entidad privada se encarga de que estos ahorros no pierdan valor por la inflación, o incluso se revaloricen, a través de inversiones. Por descontado, los costes en términos de igualdad de esta reforma son enormes al reproducir totalmente la distribución de riqueza en la vida laboral. Además, rompe el mecanismo de compartir riesgo ante shocks que implica tener un sistema del tipo PAYG: cada uno estaría, de nuevo, más solo ante el peligro. No parece, por tanto, una reforma deseable.

Sin embargo, la introducción de una parte relativamente modesta pero significativa de la pensión basada en un fondo en lugar de en PAYG mejoraría la sostenibilidad del sistema y ayudaría a hacer más creíble el pacto actual sin renunciar a los beneficios redistributivos y aseguradores de una financiación del tipo PAYG. Este fondo no tiene por qué ser gestionado por una entidad privada, lo importante es que se corresponda con las aportaciones de cada trabajador. Si a esto unimos la incorporación de un factor de sostenibilidad que haga que los distintos parámetros respondan de manera adecuada a los shocks, un esquema de edad de jubilación adecuado a la distribución de riesgos y costes por profesiones, y un cálculo de la base reguladora que tenga en cuenta toda la vida laboral, probablemente tendremos no solo un sistema más fiable, sino un pacto de redistribución intergeneracional más sólido.

No me gustan los escraches. Es una cuestión de formas. La democracia en sí es una cuestión de formas. La democracia es un compromiso según el cual diversos grupos contrapuestos acuerdan emplear una serie de mecanismos y definir una esfera determinada para la resolución de los conflictos que les afectan. Un escrache afecta, a mi modo de ver, a este compromiso, y agrava el deterioro institucional al recurrir a la intimidación (aunque sea “suave” o pretendidamente simbólica) para intentar forzar una opinión política. Más aún: considero que la propuesta por la que luchan, la dación en pago, no es una solución adecuada para el problema al que apuntan. Es decir: no comulgo ni con las formas, ni con el fondo.

A otras personas sí le gustan los escraches. Y también la dación en pago. De hecho, ambas cosas suelen ir juntas. Hay mucha gente que considera que el problema de los desahucios puede y debe solucionarse imponiendo dicho cambio legal. Y que, en tanto que el problema es acuciante y afecta muchas veces a ellos mismos, a personas que conocen o a lo que consideran como un sector relevante y desprotegido de la sociedad, el uso de los escraches es totalmente legítimo y necesario.

Es fácil empantanarse en esta discusión. Es fácil porque en ella se entremezclan elementos normativos, éticos, de justicia, igualdad e incluso personales. Yo seguiré defendiendo que intentar que una política se apruebe mediante el insulto, la descalificación y la intimidación no es una buena estrategia para la salud de la democracia. Otros me responderán que la democracia está en mala salud precisamente por culpa de esos políticos a los que se quejan, y que por tanto cualquier medida está justificada. Y así hasta la eternidad.

Sin embargo, nadie parece preguntarse mucho por qué tenemos escraches. Cómo hemos llegado hasta aquí. Bajo qué condiciones una sociedad civil decide organizarse de esta manera para lograr sus objetivos.

Pongamos que existe una medida política que no nos gusta. No nos gusta nada. Y queremos cambiarla. Lo primero que nos preguntamos es quiénes son los responsables de que tal política exista. La respuesta lógica inmediata en una democracia representativa es “el legislador”, que para eso hace las leyes. Por tanto es a él a quien debemos dirigirnos para intentar cambiar la situación.

Sin embargo, ¿qué hacemos cuando el legislador no es quien decide las leyes? En Estados Unidos la presión a congresistas y senadores está a la orden del día. En el Reino Unido los miembros del Parlamento se reúnen con sus votantes para escuchar sus quejas. En España, por contra, existe disciplina de partido. Da igual los emails que se envíen a un diputado concreto. Da lo mismo las reuniones que se le pidan o que con él se tengan. Al final el voto lo decide la cúpula del partido.

Además, nuestro sistema es bipartidista (aunque imperfecto, y cabe preguntarse hasta cuándo lo seguirá siendo). Este hecho posiblemente extrema la dinámica de lucha entre partidos y no dentro de los mismos. Dos bloques antagonistas cuyos líderes lo son a la vez del Ejecutivo y del Legislativo o de la oposición dentro y fuera del Congreso. Los partidos en España son organizaciones cerradas y jerárquicas que seleccionan élites a través de mecanismos semiformales de afinidades y facciones internas. La distribución de puestos en las listas (cerradas y bloqueadas) responden a ese reparto de afinidades. Quien entra en el Congreso hace trabajo de legislador primero bajo la tutela del partido y después bajo la de su grupo de afines. Y siempre, siempre en contraposición al bando contrario.

Este sistema aísla a los diputados de la presión exterior. Bastante. Y merma el poder del Congreso, sobre todo en situación de mayoría absoluta. Pero España tampoco es el único sistema bipartidista con fuerte disciplina de partido en las democracias occidentales. El muro de la disciplina de grupo parlamentario y los partidos oligárquicos con diputados poco preocupados por los votantes de sus circunscripciones no parece suficiente frustración como para causar una protesta intimidatoria sistemática.

Introduzcamos en la ecuación una crisis con un grandísimo deterioro del bienestar medio de la población. Entre las muchas dimensiones en las que este deterioro se expresa, hay una en la que el efecto es dramático por visual. Un banco, esa entidad malvada que nos ha traído a la ruina a todos, echa a alguien de su casa por no tener los recursos suficientes pero aun así le sigue cobrando una parte de lo que debe. La respuesta es, a ojos de muchos, obvia: que la persona dé la casa al banco y se olvide. Y ya está (siempre aparentemente). Sin embargo, para que esto sea así en todos los casos hace falta que alguien obligue al banco a que acepte la casa. Este alguien ha de ser, claro, el legislador. Las miradas de los afectados se dirigen a ellos. Primero, intentan sacar adelante una propuesta siguiendo los cauces habituales. Una ILP incluyendo lo que para ellos es la solución, millones de emails, presión indirecta, ruido mediático, manifestaciones y acciones, etcétera. Pero, como hemos dicho, nuestros grupos parlamentarios son bastante ajenos a estas presiones.

Unamos a todo esto que estos mismos ciudadanos han dejado de confiar en los políticos en general, como nos muestran día tras día las encuestas del CIS. No solo eso, sino que hay indicios bastante sólidos para pensar que comienzan a ver a todos los politicos como una clase (la misma pregunta del CIS lo plantea así, la clase política como un problema) diferente a la suya, a la que hay que, de alguna manera, atacar. O si no atacar, sí ‘desaislar’. Ya tenemos los ingredientes para una protesta que, aunque se base en una medida concreta y en la frustración que la situación provoca, en realidad constituye un ataque a los politicos.

Y estos, claro, se defienden. La mayoría lo hace de una manera algo torpe, bastante torpe o muy torpe. Otros intentan criminalizar las protestas. Lo que importa es que la impermeabilidad del partido ante las pretendidas influencias externas se incrementa. Como la propia barrera es uno de los factores que provoca la protesta indignada e intimidatoria, esta se reafirma e incluso crece. Y la dinámica se retroalimenta, porque la posición del politico no va a ser nunca dejar el seno del partido para abrirse a las protestas. El deterioro institucional se incrementa, pero la ley no cambia ni cambiará.

A estas alturas, más de un lector lo verá claro. Acabemos con la disciplina de partido, rompamos la oligarquía de los partidos en España, introduzcamos listas abiertas a la 15M o distritos uninominales a la César Molinas, y disfrutemos de miembros del Parlamento más receptivos a las demandas de sus votantes respecto a temas puntuales. Pero como quiera que nada es gratis, esto tampoco lo es. Para empezar, resulta dudoso pensar que el factor de disciplina de partido pesa más que el factor de crisis económica y pérdida de legitimidad de los políticos. Es decir, un país con idénticos niveles de corrupción y con diputados díscolos podría perfectamente estar sufriendo protestas similares, como demuestra el acoso puntual a diputados en Grecia incluso después de que su bipartidismo y su disciplina de partido se fuesen por el sumidero en 2011.

Para seguir, aunque este fuese el factor último determinante, la disciplina de partido tiene sus beneficios. Por un lado, deja más claro el programa electoral (el conjunto de políticas esperables) con la que un partido se presenta a las elecciones. Por otro, es posiblemente un buen mecanismo contra la construcción de redes clientelares regionales y contra el populismo en general. Además, las ventajas de la alternativa no están nada claras. Eso, por supuesto, por no hablar de la inestabilidad que provoca la alternativa. Y si no que se lo pregunten a los italianos. De hecho, bajo mi punto de vista el que la dación en pago tal y como la propone la PAH no haya logrado triunfar en el Congreso es un punto a favor del sistema actual, puesto que la considero una medida populista y que palidece ante alternativas más sensatas y justas.

Pero mientras, los escraches siguen. La moraleja de la historia es que el deterioro de nuestras instituciones se debe tanto a nuestros cerrados, deficientes y oligárquicos partidos políticos como a la acción, probablemente irresponsable pero en cierta medida comprensible, de ciudadanos que ven cómo su poder adquisitivo y sus expectativas de futuro disiminuyen irremisiblemente desde lo alto de la más grande de las burbujas. Y cualquier cambio en nuestro sistema, si no vamos con cuidado, puede romper más que arreglar.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, lleva ya más de una declaración afirmando más o menos que la Encuesta de Población Activa (EPA) no sirve porque es eso: una encuesta. Y que las encuestas no son fiables, parece desprenderse. Si acaso, el llamado “paro registrado”.

Creo que es útil explicar por qué Rosell está equivocado. Aunque la lógica parezca estar de su lado intuitivamente, no es así. Y no solo eso, sino que detrás de esta postura se esconde un desprecio de las técnicas cuantitativas en las Ciencias Sociales. Ya Nate Silver nos tendría que haber enseñado el poder de las encuestas, pero bueno, hagamos un esfuerzo más.

A la hora de conocer las características de una población determinada (en este caso, su situación en el mercado laboral) tenemos a nuestra disposición una serie de técnicas. Entre otras, podemos mantener un registro sistemático y al día, como lo es el del Ministerio. Podemos también desarrollar una encuesta. En una encuesta, todo comienza por elegir una muestra representativa de la población. Es “muestra” porque se refiere a una porción relativamente pequeña del total. Lo que asegura su representatividad es que es aleatoria. Lo fantástico de la aleatoriedad es que elimina sesgos de selección porque todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por otro lado, si la población tiene rasgos distintivos que la subdividen en categorías, los aplicaremos al muestreo para asegurarnos de tener “submuestras” representativas para cada colectivo: jóvenes, mujeres, hombres, personas sin estudios, gente con el pelo naranja. Esto es lo que pasa con la EPA, y por eso podemos cruzar tantos datos y hacer tantos estudios con ella.

Un registro sistemático como el de paro , por contra, introduce un sesgo por definición. Lo que este registro recoge es quien se registra en una oficina pública de empleo. Citando a la propia Seguridad Social: “el conjunto de personas desocupadas que permanecen inscritas en las oficinas públicas de empleo en demanda de trabajo el último día del mes”. El sesgo obvio es, por tanto, de autoselección: no todo el que busca trabajo se registra en una oficina pública de empleo. Y es que la clasificación de “desempleado” de la EPA no corresponde con “todo aquel que esté registrado”, sino que comprende a toda persona en edad de trabajar que ha estado buscando activamente empleo. Por “activamente” se entiende tanto estar registrado en las oficinas públicas como en las privadas, enviar curriculums y aplicar directamente a candidaturas, revisar ofertas de empleo por cualquier medio, estar en proceso de selección o incluso de montar su propia empresa.

La EPA, y con ella la definición de persona desempleada, no es una encuesta que alguien se sacó de la manga el otro día tomando un café con unos amigos sociólogos. Sigue normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y sancionadas por la UE, lo cual implica un considerable nivel de estandarización. Además, la forma general de la EPA sigue las de otras muchas encuestas similares en otros países, lo cual asegura que buena parte de este esquema de trabajo ha sido puesto a prueba en otros lugares.

En resumen: una encuesta bien hecha evita sesgos (aunque una mal hecha también puede introducirlos, cierto) que tiene por definición un sistema de seguimiento por registro o un censo autoseleccionado no completo. Por no añadir que, gracias a la extensión del cuestionario y a la estratificación de la muestra, la EPA incluye una variedad de detalles que el paro registrado no puede alcanzar. Esto no quiere decir que el paro registrado sea una estadística inútil: puede arrojar luz sobre ciertos aspectos y nos ayuda a extender el marco temporal en nuestros análisis. Pero no tiene, a mi entender, ni punto de comparación con una investigación metodológicamente fiable que parte de una definición estandarizada de desempleo. Por todo ello, aunque parezca contraintuitivo a algunos, el señor Juan Rosell debería revisar, a mi entender, cuál es su fuente para entender el drama del paro en España.

Quien piense que estos dos hechos no guardan relación, se equivoca. Es muy probable que la inmensa mayoría de españoles (yo entre ellos) no crea necesario un cambio constitucional, pero cabe poca duda de que hay instituciones que están agotadas, y quienes más claramente lo vemos somos aquellos que aún no estábamos vivos en 1978. Los mismos que sufrimos el nivel de paro joven más alto de la OCDE, qué casualidad. La pregunta que debemos hacernos es, por tanto, qué instituciones hay que cambiar: los dedos acusadores suelen señalar al sistema electoral, al conjunto de la “clase política” (que aparece como una especie de seres ajenos al resto de los mortales), y así. Sin embargo, considero que si vamos por ahí, erramos el tiro.

Hace ya casi cuarenta años que murió el dictador. Nuestra Transición a la democracia fue, qué duda cabe, particular: no hubo ruptura clara y definida, sino continuidad legal de varias instituciones del franquismo. El diseño fundamental de nuestro desastroso mercado laboral, sin ir más lejos, se lo debemos a la acumulación de reformas parciales y parches sin ruptura, una política más preocupada por el consenso presente que por el bienestar futuro.

Una de las razones por las cuales las últimas décadas de la dictadura fueron relativamente tranquilas y carentes de conflictos sociales y políticos fue la habilidad del régimen para proteger a la recientemente creada clase media. Los trabajadores no podían defender sus derechos a través de organizaciones sindicales que negociasen con el Estado, pero éste se aseguró de que no las necesitasen, abusando de la sobreprotección legal. Paradójicamente, al morir Franco e iniciarse la Transición, el marco legal laboral cambió relativamente poco, pero los recientemente legalizados sindicatos ganaron mucho poder de negociación. Ante unas leyes que protegían a sus afiliados más relevantes (el trabajador con contrato indefinido) y con una relación clara y casi explícita con determinados partidos cuyos votos también provenían de ese perfil en grado creciente, los sindicatos se dedicaron a defender estas barreras de protección.

Hasta aquí, nada parece demasiado extraño: sindicatos que trabajan con partidos de izquierda en proteger a trabajadores. Lo que pasa es que protegen solo a una parte de los trabajadores. Y protegen a aquellos que, como decíamos arriba, son sus afiliados y votantes principales: trabajadores indefinidos, principalmente de mediana edad en adelante. El resultado de esta situación es que durante las crisis generamos una cantidad de paro increíblemente alta que se ceba particularmente con los jóvenes, pero también con mujeres y trabajadores mayores de 55 años con baja cualificación. Es decir: los que no están dentro de la parcela de estabilidad laboral generada en combinación por el mercado y su regulador. Los outsiders, que representan entre un 25% y un 30% de la población. No es poco.

El laboral no es el único ejemplo de marco legal en España que, en gran medida por la “herencia recibida” (del franquismo y de la Transición pactada), favorece a los que ya están dentro y perjudica a los que van llegando al sistema. Nuestro Estado de Bienestar prioriza descaradamente a los que ya tienen más vida a sus espaldas frente a quienes comienzan la travesía. Tenemos una miríada de sectores en los que la regulación actual protege a los miembros actuales frente a quienes quieren entrar con ideas innovadoras (taxis, farmacias, comercio y sus horarios, etc.).

El sistema educativo no invierte en guarderías o educación primaria tanto como lo hace en universidades, donde llegan los 'hijos de la clase media asentada' con mucha más facilidad que aquellos que tienen que trabajar durante sus estudios, por ejemplo, porque sus padres no pueden cubrir todo el coste. El mercado de vivienda y su magnífica burbuja garantizaba que el precio que teníamos que pagar por acceder a uno de los bienes fundamentales para garantizar el bienestar era casi inalcanzable. Así, incontables situaciones que se resumen en que unos quedaban fuera, siendo entrar caro y difícil. Este es, o era, el statu quo, el (aparente) consenso que comenzó a resquebrajarse con la crisis. Cuando entrar en el sistema ya no fue solo caro y difícil, sino prácticamente imposible.

En economía y en ciencia política es un hecho establecido que todas las políticas generan ganadores y perdedores. En román paladino, nunca llueve a gusto de todos. Pero un objetivo fundamental de cualquier acción gubernamental, y de hecho una de las razones para tener democracia, es que estos 'ganadores y perdedores' no sean siempre los mismos, que los costes y los beneficios se redistribuyan. En España llevamos casi cuatro décadas en las que los outsiders, los jóvenes, nosotros salimos perdiendo. Hay buenas razones para pensar que buena parte de las raíces de esta situación se encuentran en una Transición que, de alguna manera, quedó inacabada. Las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, a las que perteneció como miembro destacado Santiago Carrillo, llevaron a cabo un grandísimo trabajo para dejarnos la capacidad de actuar y elegir. Hicieron, realmente, todo lo que pudieron. Dicho de otra manera: probablemente, tuvimos una buena Transición dentro de las posibilidades que ofrecía el momento.

Ahora bien, la democracia está hoy asentada y es estable. Y con ello llega nuestro momento de seguir con lo que ellos empezaron. De hacer ver a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones de empresarios, a los medios y a todos los ciudadanos que hace falta una forma distinta de redistribuir los beneficios y los costes del ciclo de crecimiento y recesión. Que necesitamos un nuevo pacto intergeneracional. Que sin todo ello, las inexorables leyes de la demografía y la gestión de recursos nos llevarán al estancamiento crónico.

La política es nuestra, tomémosla.

A primera vista, la Unión Europea es un ente político extraño. Los estudiosos no acaban de ponerse de acuerdo sobre si tratarlo como un Estado federal en construcción o como una organización internacional donde los diferentes estados negocian para llegar a acuerdos de cooperación y delegación de la toma de decisiones políticas hacia una entidad superior que, presumiblemente, lo hará mejor en muchos aspectos. Cabe recordar lo que hablábamos hace unas semanas respecto a centralizar o descentralizar: la idea de fondo es que hay problemas que están mejor enfrentados desde instancias más altas. Hoy por hoy, los “problemas” de este tipo que más nos preocupan se refieren a política macroeconómica, regulación bancaria y medidas fiscales: hay un consenso casi unánime en la necesidad de crear una unión fiscal, financiera y en cualquier otro aspecto macroeconómico a nivel europeo. Es posible encontrar declaraciones a favor de este objetivo no solo entre los altos funcionarios europeos, que es lógico que piensen esto, sino en Presidentes y Ministros la mayoría de Gobiernos de la zona euro.

Si todos estamos en la misma página, ¿por qué no avanzamos? Dónde quedan los Estados Unidos de Europa, se pregunta el ciudadano (y el analista) anonadado. La respuesta es que quedan lejos. La euforia desatada tras la penúltima cumbre ha quedado borrada en dos semanas, particularmente con las decisiones tomadas este lunes: el Eurogrupo ha acordado un rescate a España en dos tramos de 30.000 millones de euros y una relajación en los objetivos de déficit a España, pero a cambio de intervención y vigilancia estrecha de las reformas. Estamos un poco, pero muy poco más cerca de la Unión de lo que estábamos. ¿Por qué tan despacio? No es por economía, donde la cuestión se ciñe a elegir entre unas pocas opciones, sino por política que no se puede llegar a dicha elección.

Cada vez que los Ministros de Economía o los Jefes de Gobierno han acudido a una cumbre desde enero de 2010 (antes del primer rescate a Grecia), tenían que escoger sobre los siguientes aspectos, resumiendo mucho: (1) nivel de austeridad y estímulo fiscal en cada uno de los países deudores; (2) grado de “mutualización” de la deuda, donde entran todas las posibles formas de recapitalización bancaria, ayuda del BCE, rescates o eurobonos, esto es, hasta qué punto los acreedores quieren respaldarnos y/o perdonar directa o indirectamente lo que debemos; (3) grado de unión fiscal, regulatoria y por tanto política, incluyendo un traspaso de poderes hacia órganos potencialmente federales, que en la Unión no son sino la Comisión y el Parlamento. Actualmente, los principales órganos de decisión estratégica del continente son el Consejo Europeo, que une a todos los Jefes de Gobierno y al Presidente de la Comisión,  y el Consejo de la Unión Europea, que une a todos los ministros de todos los gobiernos europeos. Dentro de todos sus comités, es particularmente relevante el Ecofin, formado por los Ministros de Economía y Finanzas. El Eurogrupo es una derivación del Ecofin para los países de la zona euro. Se trata de foros donde la discusión toma la forma de un debate entre los partidos gobernantes en Estados soberanos con intereses propios y condicionados por sus votantes, pero desde el cual se intenta construir un Estado federal superior. He aquí el híbrido entre Federación en construcción y mera organización que agrega naciones.

En estos ámbitos, las estrategias de los Estados pueden resumirse así: los países del sur (principalmente, Italia y España) apuestan por llevar adelante un menor nivel de austeridad (1) y conseguir un mayor grado de mutualización de deuda (2). Por el contrario, los países del norte (Alemania, Holanda, Finlandia) desean un mayor nivel de contención del gasto (1) y no están dispuestos a mutualización alguna de la deuda (2), requiriendo de hecho una unión fiscal y política que les permita ‘controlar’ a los deudores (3). Así, en la negociación existe posibilidad real de intercambio de “mayor unión” y “mayor mutualización” a cambio de “más control presupuestario” y “más reformas estructurales”. El acuerdo del lunes es un ejemplo perfecto: ayuda con la deuda a España a cambio de más austeridad a medio plazo, bajo una suerte de sistema de vigilancia fiscal sin que medie ningún mecanismo de decisión política conjunta permanente. Todo un Frankenstein institucional.

Y es que en todas estas negociaciones los resultados son los que son porque los Gobiernos se enfrentan a dos problemas: el primero es que la flexibilidad del norte en mutualización es muy baja, dado que no incluye mecanismos de control de la deuda para los países más endeudados ya (quién impide a España endeudarse más cuando le salga más barato gracias a los eurobonos). Por tanto, un cierto grado de mutualización solo se consentiría con una integración fiscal y política profunda que permitiese controlar los déficits potenciales. Pero, y este es el segundo problema, este es un paso enorme. Es tan grande que a Estados Unidos, el experimento más parecido (salvando todas las distancias espaciales y temporales) a la actual Unión Europea, le costó, como quien dice, un siglo y una guerra. Afortunadamente, nosotros ya llevamos la guerra y más de medio siglo. Pero aún nos queda.

Al final del día, estamos hablando de Gobiernos cediendo una cantidad ingente de soberanía para ponerse en el mismo barco de otros ciudadanos que tienen unas características profundamente diferentes a las suyas. Hablamos de que Grecia y Finlandia, Portugal y Estonia, se encuentren bajo un mismo régimen democrático centrado en el Parlamento y en la Comisión. Unas desigualdades territoriales que si ya suponen un problema en otros Estados federales como Alemania o (sí) España, imaginemos en un conjunto de quinientos millones de habitantes. Volviendo al artículo sobre centralización que citábamos antes, las preferencias y necesidades de todos estos ciudadanos son tan distintas, los sistemas de partidos que las representan están tan arraigados y son tan poco homologables en muchos aspectos, que semejante ejercicio de integración es una tarea hercúlea que no parece que pueda durar menos que décadas.

El problema, claro, es que andamos negociando mes a mes. Que los tres puntos sobre la mesa volverán a estarlo en septiembre, si no antes. Y para todos los que pensamos que Europa es la única salida con sentido para todo este lío, eso es lo más preocupante.

Calificar la situación laboral de la juventud de precaria es no solo justo, sino también necesario, imprescindible para poner este problema a la cabeza de la agenda política y económica española. Y esta situación no es nueva, ni propia de la presente crisis. Cada vez que el paro aumenta en España, los jóvenes (así como los inmigrantes, las mujeres y los trabajadores más mayores) son desproporcionadamente ‘castigados’ en comparación con otros países europeos. more

Como resultado, la población española en edad de trabajar queda dividida entre ‘insiders’ y ‘outsiders’ en el sistema. Uno era ‘outsider’ hasta que pasaba de ser temporal a indefinido: todos recordamos a amigos y familiares diciéndonos en un momento dado, con una sonrisa de oreja a oreja: “Me han hecho fijo”. Era un “he entrado en el sistema, estoy seguro al fin”. Con la presente crisis hemos podido comprobar amargamente cuán cierto era esto. Atención al siguiente gráfico de destrucción de puestos de trabajo:

Desde 2007, durante la crisis, la destrucción de empleo ha sido de sólo un 3% entre trabajadores fijos. Sin embargo, el número de trabajadores temporales se ha reducido un 31%. Es decir, la destrucción de empleo ha sido diez veces mayor para trabajadores temporales que fijos.

Además, se ha interrumpido, como cabía esperar, la ‘entrada’ en el sistema:

Esta situación ha creado una división dentro de la clase trabajadora que amenaza directamente la coherencia ideológica del proyecto socialdemócrata: sindicatos y partidos de izquierda, como tristemente hemos comprobado, dejan de tener incentivos para proteger a los trabajadores en su conjunto para centrarse en los ‘insiders’.

La meta está clara: romper esta dualidad, impidiendo que los jóvenes ‘paguen’ el ajuste de manera sistemática, acabando con la temporalidad. Para ello hemos de comprender el porqué de esta situación. Ante una caída de la demanda, la empresa que se plantea despedir decide echar a los trabajadores temporales o jóvenes indefinidos porque existe una brecha de coste muy alta entre costear estos despidos y hacer lo mismo con indefinidos antiguos, de manera que ni siquiera una diferencia en productividad es tenida en cuenta.

Dicho de otra forma: a pesar de que Fulanito, de 29 años, con dos masters y cinco idiomas, es mucho más productivo que Menganito, de 50 años y que a duras penas acabó la carrera, el despido de Menganito es absurdamente caro en comparación con el de Fulanito. Así que echo a Fulanito.

En el diagnóstico de este problema es difícil estar en desacuerdo. Ahora, la discusión política viene cuando intentamos plantear soluciones, que atenderán a tres variables diferentes: modelos de contratación, protección adicional al trabajador y coste del despido. Los juegos con estas tres variables determinarán si apostamos por una solución más liberal o más igualitaria. Pero lo que está claro es que la actual situación no es defendible desde ningún punto de vista: la dualidad tiene lo peor de ambos mundos, al fin y al cabo, al contar con la gran volatilidad del mercado laboral desregulado y la estratificación del rígido y extremadamente regulado.

La respuesta más liberal consiste en flexibilización en los modelos de contrato, despido mucho más barato o libre, y ausencia de subsidio más allá de un mínimo. El problema es que en ese caso el trabajador queda sin protección, dejado a su suerte ante un mercado, el laboral, que sabemos bien que no es, ni de lejos, de competencia perfecta. Es llevar al mercado a la volatilidad absoluta desde la desregulación, e ignorar, de paso lo más básico de las lecciones análisis económico.

Frente a esto, la alternativa es acabar directamente con la contratación temporal y establecer un contrato indefinido como único modelo posible para las empresas. Esta es la propuesta que lleva un tiempo circulando en varios foros académicos y económicos, y entre los que me cuento como defensor.

Ahora bien, el contrato único solo afecta a una de las tres variables descritas: los modelos de contratación. Perfectamente podríamos estar hablando de un contrato único indefinido con despido libre y sin proteción adicional para el desempleado, lo cual se diferenciaría, a efectos prácticos, más bien poco de un programa liberal. También podríamos hablar de un coste de despido de 45 días por año trabajado (uno de los más altos del mundo occidental) y un subsidio de desempleo del 98% del salario durante cinco años tras el despido, lo cual supondría una solución prácticamente socialista.

Pero si lo que buscamos es acabar con la dualidad a la vez que crear un mercado laboral que proteja al trabajador y le asegure que ‘nunca se va a quedar solo’ (sin subsidio y sin trabajo) y a la vez permitiendo que las empresas puedan ajustar su plantilla a la producción (lo cual es una política particularmente ‘social’ en un país donde el 95% de las empresas son micro, pequeñas o medianas), entonces una buena idea será la siguiente: hacer la indemnización por despido creciente, de manera que se incremente a medida que éste lleva más años en la empresa. Esto suprime la brecha de coste actual a favor de la temporalidad y protege a los trabajadores de más edad, que, como sabemos, tienen más dificultades para reincorporarse al mercado.

En términos de protección social, cabría habilitar la llamada ‘mochila austríaca’: cada trabajador es beneficiario de una cuenta de prestación por desempleo. El empleador haría aportaciones (iguales) a esa cuenta. Si el empleado es despedido, podría rescatar su prestación de esa cuenta; si decide no hacerlo, o no la necesita, al final de su vida laboral esa cuenta se incorporaría a su pensión.

Esta propuesta combinada cumple todos los requisitos que un socialdemócrata puede pedirle a una política para ser tomada como propia: se dirige a un colectivo desprotegido, busca incrementar la igualdad ‘por arriba’ terminando con la precariedad, respeta sin dejar de regular el comportamiento empresarial, y supone una mejora media en el nivel de protección social actual. En una izquierda socialdemócrata responsable y conocedora de la situación, no cabe una defensa del statu quo actual. Es necesario encontrar alternativas sólidas y factibles. Como la que aquí se ha presentado.

Las cuestiones relacionadas con unir municipios, eliminar las diputaciones o devolver competencias desde las autonomías a Madrid se resumen en el siguiente dilema: si nuestro objetivo es maximizar la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos, ¿es mejor centralizar o descentralizar? more

Eliminar niveles administrativos centralizando tiene la clara ventaja de que, como en cualquier otro bien o servicio, al 'producir' sanidad, educación o recogida de basuras existen unos costes fijos, y otros que varían según el número de 'usuarios', en este caso ciudadanos: a más ciudadanos podamos servir con los mismos costes fijos, menor será el coste per capita. Además, si unificamos criterios administrativos se reducen los costes de adaptación para aquellas entidades (personas físicas o jurídicas) que actúan bajo más de una jurisdicción.

Pero como todo en este mundo tiene un lado malo, cuanto más incrementamos la escala de producción de un bien, más probable es que aparezcan costes de congestión: son muy comunes cuando, sencillamente, estamos intentando dar servicio a demasiada gente con un mismo medio; las listas de espera en sanidad son un ejemplo bastante gráfico.

Por otro lado, pueden aparecer costes asociados a la dispersión de los ciudadanos que se benefician de la política; así, tiene poco sentido mantener un solo punto de recogida y tratamiento de residuos para una serie de núcleos poblacionales que están demasiado lejos el uno del otro, y en tal caso será más lógico tener más de un punto de menor tamaño.

Aún más: al incrementar la escala de la Administración se hace cada vez más difícil, hasta llegar a ser imposible, poner de acuerdo a todo el mundo en qué política desarrollar. Cada individuo tiene una serie de necesidades que se traducen en preferencias, que vienen a su vez determinadas por su posición en la escala socioeconómica, estructura demográfica, contexto cultural, lugar de nacimiento... o, simplemente, por sus gustos personales.

La democracia es un sistema que deber servir para encontrar un punto medio entre todas estas preferencias y transformarlo en un resultado, en una política concreta. A más individuos intentamos agregar y a más heterogéneos son (de distinta procedencia, contexto, etcétera), más difícil es encontrar este punto medio.

Por supuesto, lo que son desventajas en la centralización se convierten en ventajas para la descentralización, y viceversa. Dependiendo de qué tipo de política estemos hablando, los beneficios y costes por aumentar o disminuir la escala serán mayores o menores: no es lo mismo las economías de escala en las carreteras que en la construcción y mantenimiento de un sistema de guarderías, o en la recogida de basuras. Y el lado político es que hay un punto en el cual no podemos seguir agregando preferencias de individuos simplemente porque son demasiado distintas como para intentar que haya un acuerdo razonable en qué tipo de política desarrollar.

Una vez establecido este marco de razonamiento, ¿qué hacemos con municipios y diputaciones? ¿Es necesario unificar localidades o basta con establecer mecanismos de cooperación?

El problema de la “cooperación” o las mancomunidades es que normalmente son sistemas que dependen de la voluntad de las partes en cada momento, y ante cada dilema: no son vinculantes. En realidad, establecer una única alcaldía para varias localidades es una forma máxima de cooperación, ni más ni menos, en la que todas las partes se comprometen de manera irrevocable a trabajar hombro con hombro. La cooperación voluntarista tiende a fallar porque hace que la mínima diferencia en las preferencias de los propios mandatarios (¡ni siquiera de los ciudadanos!) sea un obstáculo para llegar a acuerdos.

De hecho, tal y como existe hoy, la provincia no es sino un sistema de cooperación y soporte a aquellos bienes públicos que el municipio no puede ofrecer por sí mismo precisamente porque es demasiado pequeño. La pregunta es si el coste de mantener un nivel como el provincial es mayor o menor que mover las competencias a municipios unificados hacia abajo y dejar aquellas referidas a refinanciación hacia arriba (Comunidades Autónomas).

Intuitivamente, la respuesta es que el coste, a largo plazo es mayor. Por tanto, eliminar el nivel provincial no parece una mala idea.

Además, tendrá sentido unir municipios cuando no estén demasiado lejos los unos de los otros y hasta el punto en que la población resultante suponga la aparición sustancial de economías de escala, o dicho de otra forma: que lo note el bolsillo del contribuyente (para bien).

En cuanto a los límites a esta unificación, parece lógico asumir que en el tipo de bienes que los municipios ofrecen las preferencias no varían de media de un municipio a otro dentro de una misma zona geográfica, por lo que los determinantes finales de dónde “parar” de integrar municipios estará marcado por los costes de dispersión, y en menor medida por los de congestión.

Después de trastear con el 'juguete' municipal, una idea salta rápido a la cabeza de la mente aviesa de soluciones políticas: ¿podemos aplicar este mismo razonamiento al embotellamiento en el que parece que se encuentra nuestro Estado de las Autonomías? O, aún más: ¿podemos utilizarlo para solucionar el gran problema de la construcción de Europa? ¿No estamos hablando al fin y al cabo de agregar o desagregar niveles de administración?

La respuesta es sí... pero no. Porque, aparte de que el salto teórico es considerable, cuando introducimos fronteras linguísticas, culturales, económicas, nacionales en definitiva, los individuos, sus necesidades y sus preferencias se vuelven más y más distintos. La pregunta que deberíamos hacernos, pues, es: ¿son las preferencias de los ciudadanos europeos lo suficientemente homogéneas para unirnos en un proyecto federal común? Ahí radica el éxito o el fracaso del proyecto europeo.