Desde su creación, en enero de 2020, el Ministerio de Consumo se ha sometido a la crítica de su supuesta inutilidad por parte de la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox). Una crítica recurrente y, además, refractaria a la variedad de medidas desplegadas y a la ingente labor legislativa y de impulso a las políticas de garantía de las personas consumidoras desarrolladas durante toda la legislatura. La acción del Ministerio de Consumo ha elevado el listón de la protección de los consumidores dentro de la agenda política de nuestro país: se ha actualizado el grueso de la normativa vigente; se ha alineado con las políticas europeas; se han revitalizado los mecanismos de cooperación con el resto de las autoridades de consumo del país; y se ha logrado una incidencia social inédita, abriendo debates y avanzando en sensibilización de temas claves para un consumo más seguro, saludable y sostenible.

Esta acción ha sido precisamente todo lo contrario a lo que hizo el PP durante sus años de Gobierno, que desatendió las políticas de consumo y seguridad alimentaria en este país. Prueba de ello fue el vacío de regulación que nos encontramos al inicio de la legislatura -afectaba incluso a la necesaria transposición en tiempo de la normativa europea- y que se ha ido solventando estos últimos años. También resulta ilustrativo que, en esta legislatura y tras una década de abandono, se haya aprobado con el consenso de todas las Comunidades Autónomas y el Ministerio un Marco Estratégico de Consumo (2022-2025). El anterior había vencido en 2009.  

El Ministerio de Consumo se “estrenó” durante la pandemia y el estado de alarma, contribuyendo a la formación del denominado “escudo social” en los ámbitos de su competencia. Además de limitar el precio de los servicios funerarios y de las mascarillas -medida denostada por la ortodoxia liberal que se demostró absolutamente eficaz para garantizar su acceso y, por tanto, la salud de la población-, y de regular, a contrarreloj, un producto que pasó a ser fundamental (las mascarillas higiénicas), hubo que aprobar con urgencia medidas para garantizar los derechos de las y los consumidores ante la interrupción de buena parte de las relaciones de consumo. Así, se garantizó la devolución del pago de los viajes, hoteles o entradas de conciertos y espectáculos que no pudieron disfrutarse; y se hizo sin que ello supusiera el colapso de la economía, como también se preconizó desde el entorno mediático del PP y Vox. 

Tras la pandemia, se reguló la figura de la persona consumidora vulnerable, salvando así un vacío legal histórico y habilitando a los poderes públicos a adoptar medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad a quienes por sus circunstancias, características o necesidades están en una especial situación de indefensión o desprotección. España se ha convertido así en pionero dentro de la Unión Europea en incorporar, tal y como recomienda la propia Comisión Europea, esta figura en su legislación estatal. Por citar solo un ejemplo, de esta ley se deriva la obligación- en fase de aprobación- de desarrollar un etiquetado accesible y en formato braille de aquellos bienes y productos de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de personas con discapacidad visual. 

Asimismo, se prohibieron los conocidos 902, números telefónicos de coste adicional para el consumidor, y se incluyó como infracción de consumo la no remoción de una cláusula declarada abusiva. Por otra parte, se ha aumentado la transparencia en las reseñas y rankings que se contienen en buscadores de hoteles o restaurantes (cada vez más utilizados para decidirnos por uno u otro), obligando a indicar expresamente si la reseña es de un cliente o resultado de una actividad publicitaria promocional. También es determinante el impulso al Sistema Arbitral de Consumo, duplicando su financiación en esta legislatura, al objeto de dotarnos de un servicio público gratuito, accesible y garantista para la resolución de conflictos de consumo al margen de la vía judicial, lo que favorece especialmente a la población más vulnerable. 

En el ámbito de regulación del juego, mediante la aprobación de la normativa de entornos más seguros de juego online, hemos impulsado un cambio de paradigma pionero en Europa. De una protección del jugador dependiente de los criterios de responsabilidad social corporativa de cada operador se pasa ahora a la protección no solo de los colectivos vulnerables (en este ámbito, las personas más jóvenes), sino de todas las personas que juegan en España, según su comportamiento de juego. Se establece, por primera vez, un catálogo de medidas muy amplio, tales como la obligación de establecer un límite de gasto o de tiempo de juego antes de iniciar la sesión, la prohibición del uso de tarjetas de crédito para quienes tienen un comportamiento de juego “intenso”, el establecimiento de un sistema de límites conjuntos de depósitos o la puesta en marcha de un portal donde las y los jugadores tengan acceso a sus pérdidas y ganancias con independencia del operador en que estén dados de alta. A mayor vulnerabilidad o intensidad de juego, mayor protección. 

En estos años se ha avanzado también en la interconexión entre el registro estatal de “jugadores autoprohibidos” y los de las Comunidades Autónomas, haciendo el sistema más eficaz y habilitando, de acuerdo con la normativa anteriormente citada, la suspensión de la cuenta de juego de quienes estén dados de alta en cualquier registro. 

Ha sido también continua la tarea de ampliación de los derechos de los consumidores. Por un lado, la garantía legal de bienes y productos ha subido de 2 a 3 años y, además, el plazo para la manifestación de la falta de conformidad por parte del consumidor se ha elevado a 3 años desde la entrega en el caso de bienes o a 2 años en el caso de contenidos o servicios digitales.

Por otro lado, se ha elevado hasta 10 años el plazo en el que los fabricantes han de disponer de piezas de repuesto y de un adecuado servicio técnico. Se busca así alargar la vida útil de los productos y avanzar hacia el derecho a reparar. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que este plazo es, en la actualidad, el más garantista en toda Europa. De hecho, la Comisión Europea ha tomado este plazo de 10 años como referencia en su propuesta de Directiva sobre el Derecho a Reparar, actualmente en fase de negociación. Es esta una buena prueba del liderazgo que el Ministerio de Consumo ejerce en Europa respecto al papel activo que han de jugar los consumidores en la transición ecológica.

De ahí, también, que se hayan impulsado políticas públicas dirigidas al fomento de un consumo alimentario sostenible y cuidadoso con el impacto ecológico de nuestras decisiones de consumo, así como a la promoción del principio “una sola salud” (humana, animal y del planeta). La demanda de los consumidores hacia productos ecológicos, de temporada o de cercanía, puede hacer girar hacia una mayor oferta de estos. En este sentido, la regulación normativa liderada por el Ministerio se ha dirigido al fomento de los canales cortos y a la eliminación de trabas burocráticas para la venta directa “De la granja a la mesa”, en línea con la estrategia europea de igual nombre, y en el entorno del comercio minorista. 

Mención especial merecen otras dos líneas políticas transversales del Ministerio y que se han impulsado decididamente durante esta legislatura. 

La primera es la relativa al refuerzo de los instrumentos de vigilancia de mercado y de control de seguridad de productos. Se ha diseñado y puesto en marcha la Estrategia Nacional de Vigilancia de Mercado, coordinando desde el Ministerio a todas las autoridades del país (no solo las de consumo) que asumen competencias en esta decisiva materia. 

En paralelo, y por primera vez, se ha dotado a la Administración General del Estado de competencia para vigilar, controlar y, en su caso, sancionar aquellos fraudes o prácticas ilegales que trascienden el ámbito de una Comunidad Autónoma, afectan al interés general o involucran a otro país de la UE. Hasta esta intervención normativa este tipo de infracciones no acarreaban sanciones proporcionales y disuasorias. De ahí la relevancia de su aprobación. Se trata de una modificación legal demandada desde hace tiempo por las asociaciones de consumidores, que hasta la fecha ningún Gobierno había impulsado y que ha contado con un consenso parlamentario casi total.

De hecho, todas las iniciativas que desde el Ministerio de Consumo se han llevado al Parlamento se han aprobado sin votos en contra, lo cual da prueba de la política de consenso que se ha desplegado desde este departamento con todas las fuerzas parlamentarias. Incluido el proyecto de ley de servicios de atención a la clientela, el cual estaba ya en la fase final de aprobación en el Senado, tras su paso exitoso por el Congreso, cuando se disolvieron las Cámaras por la convocatoria de elecciones.

Puede afirmarse, por tanto, que en España contamos hoy con un altísimo nivel de seguridad y calidad, tanto en productos alimentarios como no alimentarios. También contamos con servicios eficaces de control y sanción del juego ilegal y del fraude en las apuestas deportivas. Desde el Ministerio se han impulsado estas redes de vigilancia y control mediante la dotación de mayores recursos técnicos y la incorporación de más personal al servicio de la Administración, tanto en los laboratorios de control y de referencia europea como en los servicios centrales del Ministerio. El impulso presupuestario que se ha producido en esta legislatura -criticado también por PP y Vox- ha dotado al Ministerio y, por tanto, a la Administración General del Estado de un “músculo” imprescindible para seguir garantizando que los productos y servicios que se ponen a disposición de los consumidores cumplen con los elevados estándares de calidad que demanda no solo la normativa europea, sino la propia ciudadanía.

La segunda línea transversal es la referida a la regulación de la publicidad de determinados productos o servicios de consumo que, por su naturaleza, son susceptibles de afectar a la salud, a la igualdad o al desarrollo integral de las personas. 

En 2020 el Ministerio reguló las comunicaciones comerciales de las actividades del juego (limitando su emisión a la franja de madrugada o prohibiendo los patrocinios en las camisetas de los equipos y los bonos de bienvenida, por citar tres medidas), poniendo fin a la ausencia de regulación existente hasta la fecha y que daba lugar a un “bombardeo” de publicidad a todas horas y en cualquier canal (como dato, España ha sido el único país europeo donde no se pudo emitir publicidad durante las retransmisiones del pasado mundial de fútbol).

Los datos son rotundos: los patrocinios han tenido una reducción interanual del 24% en 2021 y del 86% en 2022 y el gasto en publicidad (principalmente radio y televisión) ha pasado de 202 millones de euros en 2020 a 134 millones de euros en 2022. En suma, se ha pasado de un gasto en marketing por parte de los operadores de 463 millones de euros en 2020 a 372 millones de euros en 2022.

Un año después, en 2021, se alcanzó un acuerdo con la industria juguetera española para evitar los sesgos y estereotipos sexistas en la publicidad de juguetes, el cual dio ya sus frutos en la pasada campaña navideña. Sin estar totalmente en vigor el nuevo código publicitario, ya se ha logrado que por primera vez más de la mitad de los anuncios de juguetes tengan presencia mixta (un 52%, frente al 35% del año anterior) y que, de entre ellos, aquellos en los que hay una relevancia equivalente de niñas y niños haya pasado de un 69% a un 88%.

Finalmente, este último año se ha introducido en la agenda política la necesidad de regular vía ley o reglamento la publicidad dirigida al público infantil de alimentos y bebidas altos en grasas, sal o azúcares. Aunque la propuesta de Consumo no ha podido ser aprobada, la regulación normativa de esta publicidad es hoy un compromiso incluido tanto en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil como en el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos de España. Es, pues, cuestión de tiempo que se regule esta publicidad que tanto contribuye a conformar un entorno obesogénico perjudicial para el desarrollo integral de nuestra infancia y, por tanto, para la salud pública.

En el fondo, la razón por la que PP y Vox rechazan la mera existencia de un Ministerio de Consumo se debe no a su inacción o falta de utilidad, sino precisamente a todo lo contrario: a la actividad desempeñada estos últimos años. Es la misma razón por la que la gran industria alimentaria (FIAB y ASAJA) pide que el Ministerio de Consumo y el de Transición Ecológica se diluyan en el de Agricultura (lo que, según creen, les permitiría paralizar o retardar las medidas de sostenibilidad que se han aprobado estos años), o la patronal del juego pide que las competencias regulatorias sobre la materia vuelvan a Hacienda (en su deseo de derogar las restricciones a la publicidad aprobadas por Consumo). 

En conclusión, la actividad del Ministerio de Consumo ha permitido avanzar como nunca en la garantía de los derechos de los consumidores, especialmente de quienes estén en situación de vulnerabilidad, y reequilibrar progresivamente la desigualdad propia de las relaciones de consumo. A esto es a lo que se opone el Partido Popular. Es una razón puramente ideológica y de defensa de un modelo de consumo que prioriza los intereses de grupos económicos privados frente a los de la mayoría social, en el que las autoridades públicas no deberían interferir, ni siquiera para proteger a las personas más vulnerables. Esperemos que las urnas no refrenden su modelo y que, por el contrario, permitan seguir ensanchando el campo legal e institucional de la protección de las y los consumidores.

Con la colaboración de Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, y Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego

En el marco de las medidas dirigidas a garantizar derechos de las personas más vulnerables durante la pandemia, el Gobierno ha adoptado recientemente una nueva regulación en las líneas telefónicas de los servicios de atención al cliente. A iniciativa del Ministerio de Consumo, el Consejo de Ministros ha aprobado, por la vía del real decreto-ley, una modificación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios dirigida a eliminar las trabas que todavía existían a la hora de garantizar la accesibilidad y eficacia de los servicios de atención al cliente. Trabas relacionadas con el coste de las llamadas telefónicas y que, en muchos casos, limitaban drásticamente la posibilidad de que las personas consumidoras pudieran reclamar, presentar quejas o, simplemente, consultar ante situaciones de prestación defectuosa o deficiente de servicios.

La pandemia del Covid-19 nos obliga a adoptar con urgencia medidas que vayan ajustando la normativa de consumo a las limitaciones de movilidad derivadas de la garantía de la salud pública. Estas limitaciones han provocado el aumento de las relaciones comerciales a distancia, no solo para comprar bienes o contratar servicios, sino también a la hora de presentar reclamaciones o realizar consultas que no pueden ser atendidas presencialmente. Ello requiere, como primer paso, unos servicios de atención telefónica al cliente efectivos y asequibles, que no resulten onerosos para quienes tengan que recurrir a ellos desde su domicilio.

En nuestro caso, tal y como venían denunciando desde hace años las asociaciones de consumidores y usuarios, resultaba ilógico que el ejercicio de un derecho se penalizara económicamente cobrando por la llamada a los servicios de atención al cliente (a los popularmente conocidos como 902). Una llamada cuyo coste resultaba abusivo —especialmente para los consumidores vulnerables— y que actuaba a todas luces como desincentivo en el momento de ejercer un legítimo derecho como es el de reclamar. El coste de una llamada a un 902 oscila entre los 12 y los 40 céntimos por minuto, abonados íntegramente por el usuario. 

Baste como indicador del tráfico generado por estos números que se inician con los prefijos 902 y 901 el dato que nos proporciona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: en 2019, las llamadas a estos servicios de tarificación especial registraron un total de 667,6 millones de minutos y se facturaron 139,4 millones de euros vinculados a estos servicios por parte de las compañías de telecomunicaciones.

En su origen los 902 eran más caros que una llamada provincial, pero más baratos que una llamada nacional. Se estableció así para que el usuario, si llamaba a uno de estos números localizados fuera de su provincia, afrontase un coste menor que el de una llamada nacional. Hoy, que los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles, los 902 —y otros números de tarificación adicional como los 901— han quedado obsoletos en cuanto a su diferencia de precio. Además, suponen un sobrecoste en las facturas mensuales que las y los consumidores no esperan. Y menos por ejercer un derecho como es el de utilizar los servicios de atención al cliente.

La modificación legal impulsada por el Ministerio de Consumo se fundamenta en el principio general de que el ejercicio de un derecho del consumidor, como es el de reclamar ante la empresa que le presta un servicio, no puede suponer un coste tal que dificulte o le haga desistir del mismo. De poco o nada serviría la declaración del art. 51 de la Constitución, que proclama la defensa de los consumidores y usuarios, si no se viera acompañada de medidas destinadas a eliminar obstáculos que trabaran e incluso impidieran la garantía de sus derechos. 

Ahora, con esta nueva norma se garantiza, en primer lugar, la obligación de que las empresas prestatarias de servicios de carácter básico de interés general dispongan de un teléfono de atención gratuito. Ello afecta a las empresas de suministro de agua, gas y electricidad; servicios financieros y de seguros; postales; transporte aéreo, ferroviario y por carretera; protección de la salud; así como saneamiento y residuos. Por tanto, buena parte de los servicios que utilizamos en nuestro día a día, que son los que garantizan las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con derechos, deben disponer de un servicio de atención telefónica gratuito, sin coste alguno para el cliente. 

En segundo lugar, y con relación al resto de los servicios, se establece la obligación legal de que el uso de la línea telefónica de atención al cliente no pueda suponer a este un coste superior al de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar. Estas líneas suelen estar incluidas en las “tarifas planas”, de manera que no suponen coste adicional al usuario. Con ello, tal y como ha venido anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ajusta nuestro Derecho a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que había fijado esta posición favorable a las y los consumidores ya en el año 2017.

Finalmente, se incluye una garantía adicional por si una empresa decidiera seguir utilizando un número de tarificación especial (el cual no suele estar incluido en las “tarifas planas”). En tal caso se establece la obligación de facilitar al consumidor la información, en igualdad de condiciones, sobre un número geográfico o móvil alternativo al que llamar. De esta manera, aun cuando se siga utilizando un número de tarificación adicional, el consumidor siempre tendrá la opción de utilizar el número fijo o móvil que la empresa deberá indicarle con claridad. 

Con esta última cláusula se cierra el círculo que garantiza la eliminación del coste añadido que suponen líneas como las 902. El Ministerio de Consumo cumple así con una vieja demanda social y avanza, un paso más, en la protección integral de las personas consumidoras, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La posible coalición entre Podemos e Izquierda Unida-Unidad Popular se presenta hasta la fecha como el único factor distintivo de las elecciones del 26J con relación a las del pasado 20D.

Bien diseñada y desarrollada, esta coalición puede funcionar como herramienta generadora de ilusión en el electorado.

De no ser así, aumentan las posibilidades y riesgos de un resultado electoral final muy favorable al Partido Popular.

Ante el fracaso de la legislatura que acaba de cerrarse de forma anticipada, la celebración de nuevas elecciones generales el 26J parece haber generado expectativas en buena parte de la ciudadanía sobre la posibilidad real de un profundo cambio político. No obstante, también supone una nueva oportunidad para mantener el statu quo típico del régimen consagrado por la Constitución de 1978 y su particular sistema electoral. A tenor de lo que señalan las encuestas -sancta sanctorum de la denominada “nueva política”-, no parece muy lejana la posibilidad de que el bipartidismo y sus integrantes, juntos o por separado, resulten victoriosos de la próxima contienda electoral. Dado que todo es susceptible de empeorar, imaginemos por un momento que las nuevas elecciones (no la segunda vuelta, como erróneamente se dice) traen consigo el siguiente escenario:

1. Aumento de la abstención con respecto a las elecciones del pasado 20D.

Sin duda, este dato resultaría profundamente descorazonador. Después de años y años pidiendo la institucionalización de mecanismos que posibiliten una mayor implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a lo público, un repliegue en la participación supondría un jarro de agua fría para quienes apostamos por la democracia participativa.

En cualquier caso, si el descenso en la participación fuera significativo, vendría a probar la existencia de una cierta “saturación electoral” derivada de un supuesto fracaso de los actores políticos a la hora de resolver una cuestión conflictiva como fue la incapacidad para formar gobierno tras las pasadas elecciones. Puede que este argumento pese en la mente de muchos electores, dado que efectivamente nos encontramos ante una situación inédita en el régimen del 78. Un régimen diseñado desde, para y por la gobernabilidad y que, sin embargo, ahora se muestra incapaz de garantizarla. No es extraño entonces que desde sus entrañas se eche la culpa de las nuevas elecciones a los líderes de los partidos y a sus respectivas estrategias post-20D. Y si este argumento cala con fuerza en el electorado, el resultado final podría ser el que se esboza en el siguiente punto.

2. Victoria electoral del PP, que le permitiría formar gobierno en solitario o con apoyos parlamentarios no muy exigentes.

Una baja participación supondría un casi seguro gobierno del PP y la profundización en las políticas neoliberales y autoritarias que hemos sufrido durante los últimos tiempos. Además, supondría un triunfo para el mainstream del régimen del 78, dado que habría demostrado que está lejos de ser superado (o “sorpassado”, como se dice ahora). Y si la victoria del PP no fuera tan holgada que para gobernar necesitase el concurso de Ciudadanos, pues mejor para los del 78, pues habrían demostrado que son capaces de reproducirse a través de nuevos actores políticos que sigan garantizando sus postulados básicos. Sería una especie de “victoria histórica” de los hijos y nietos de la Transición frente a sus descarriados parientes. No solo es que lo viejo no termine de marcharse, sino que es capaz de mudar en nuevas formas que mantengan su esencia. En cualquier caso, y por si la opción de Ciudadanos al final no fuese tan de fiar, siempre quedaría el tercer punto.

3. Debacle del PSOE, con un resultado electoral todavía peor que el cosechado el 20D.

Algunas encuestas así lo vaticinan, lo que podría explicarse por el hecho de que el electorado valorara negativamente los esfuerzos postelectorales de Pedro Sánchez por aferrarse a un pacto con Ciudadanos difícilmente explicable en clave de izquierdas. Si así fuera, significaría que por fin buena parte del electorado históricamente fiel al PSOE se habría decidido a castigar en las urnas esa conga “izquierda-derecha” a cuyo baile este partido es tan aficionado desde hace ya demasiados años.

Esta debacle colocaría al PSOE en una difícil tesitura: o bien apoyar un gobierno “constitucionalista” (palabra de moda para referirse al bloque del 78) liderado por el PP, lo cual tendría serias consecuencias para una futura reconstrucción de su perfil de izquierdas; o bien apoyar un gobierno de cambio liderado por Podemos, lo cual supondría eclipsarse y diluirse entre los intersticios de ese gobierno. O quién sabe si, quizá, sería este el momento perfecto de Pedro Sánchez para recordarle a Pablo Iglesias aquello de “la sonrisa del destino” y cerrarle el paso al gobierno.

En todo caso, para tan siquiera poder plantearse un dilema de este tipo, deberían salir las cuentas. Y el PSOE se libraría de tal tesitura si estas no salieran, es decir, si se produjera el siguiente resultado.

4. Podemos no suma lo suficiente para convertirse en fuerza mayoritaria capaz de hilvanar un gobierno.

La confluencia con Izquierda Unida-Unidad Popular nace y se concibe como un potente instrumento para ganar terreno en estas elecciones. Sus defensores alegan que la suma permitirá obtener mejores resultados que los alcanzados por cada fuerza por separado en el 20D. Además de sortear algunas de las “trampas” del sistema electoral del 78, la confluencia generaría un efecto de ilusión que convertiría la mera suma en una potente multiplicación en términos electorales. Si así sucedió con la llegada de las mareas a las listas de Podemos el 20D, hay motivos para pensar que lo mismo sucederá el 26J con la inclusión de miembros de IU-UP y la conformación de una coalición electoral entre todas estas fuerzas.

Pero ¿y si no fuera así?, ¿y si fueran ciertas las advertencias lanzadas desde los partidarios de la tesis de la transversalidad y la búsqueda de la centralidad del tablero como mejores armas electorales que los eslóganes tradicionales de la izquierda? En efecto, puede que buena parte de la (hasta la fecha exitosa) estrategia electoral de Podemos se viniera abajo si muchos de sus votantes vieran aparecer en el programa consignas propias de la izquierda “radical”: la reivindicación de la República como forma de Estado, la paulatina supresión de la escuela concertada o la defensa de un proceso constituyente superador del marco del 78, por citar algunos ejemplos. Si los partidarios de la “hipótesis populista” tienen razón y su tesis se demostrara en las urnas el 26J, la coalición con IU-UP habría supuesto un fracaso en términos electorales y habría impedido un gobierno liderado por Podemos. Además, habría dejado una víctima colateral, como se advierte a continuación.

5. IU-UP pierde su capital político ganado tras el 20D.

Una de las pocas cosas valoradas como positivas que ha traído esta corta legislatura ha sido la capacidad de hacer política de los dos diputados de IU-UP, Alberto Garzón y Sol Sánchez. Su decidida actuación a la hora de promover un foro desde el que construir un hipotético gobierno de izquierdas ha hecho que cambie la visión que se tenía de esta fuerza política. De ser un sujeto casi residual a convertirse en un espacio muy a tener en cuenta de cara al futuro. De ahí las expectativas positivas que ha levantado esta nueva cita electoral para IU-UP y el consiguiente cambio de actitud de Podemos con relación a la coalición.

Pero, en caso de que la confluencia con Podemos no diera el resultado esperado, el proyecto de refundación de Izquierda Unida quedaría tocado del ala. No faltará tiempo para que se personen de inmediato los viejos fantasmas, quienes han llevado a esta formación al desastre en términos electorales y políticos, y reclamen de nuevo su lugar en el mundo. Sería un golpe demasiado duro como para recuperarse de él tan fácilmente.

Por supuesto, el dramático escenario compuesto por estos cinco puntos no es inexorable. Puede evitarse, aunque para ello tendrían que cambiar los factores. Y hasta la fecha el único factor nuevo con relación al 20D es la coalición entre Podemos-IU/UP. La coalición podría funcionar como una herramienta para provocar ilusión. Pero para ello no basta con el voluntarismo, ni representarla como una suerte de pócima mágica con efectos sobrenaturales. Solo funcionará si se concibe, diseña y ejecuta bien. Y esto implica abandonar viejos vicios y prácticas que todavía hoy se atisban en el horizonte.

Citaré tan solo un ejemplo; uno, pero importante. La insistencia en hablar de repartir posiciones en las listas (reservando cuotas o blindando nombres) es garantía de fracaso. Por supuesto que habrá que colocar personas en las listas, pero, por favor, hágase pensando en el objetivo final (confluir para ilusionar) y no en acaparar espacios de poder. Y, si hay dudas, que abran las ventanas, miren hacia afuera y busquen a las personas que, antes de pertenecer a tal o cual partido, representan cabalmente el espíritu y sentido de la confluencia. Una buena confección de las listas electorales es el mejor termómetro para comprobar la salud de la coalición y su capacidad para presentarse ante el electorado como ese factor distinto y distintivo de ilusión que tanto necesitamos.

En su 18 Brumario Marx afirmó que los hechos relevantes de la historia aparecen dos veces: primero como tragedia y después como farsa. En las manos y mentes de quienes estos días tejen la confluencia está que en esta ocasión la segunda no se produzca.

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de reponer el monumento al alférez provisional muestra los problemas de aplicación de la ley de memoria histórica.

Evitar conflictos políticos con el Partido Popular no es la mejor forma de garantizar la recuperación de la memoria histórica y la reparación a las víctimas de la dictadura.

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de reponer el monolito al alférez provisional situado en el barrio de los Jerónimos ha causado perplejidad entre no pocas de las personas que se hallan comprometidas con la reparación de las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica. Inicialmente retirado el pasado 2 de febrero, ha sido la presión del Partido Popular y de su “caverna” la que, al parecer, ha motivado que el Ayuntamiento dé marcha atrás y haya decidido volver a colocar el monolito. Todo ello, con el aplauso del grupo municipal socialista y el gran alborozo de grupúsculos como la Fundación Francisco Franco.

Erigido en 1960, este monumento homenajea a este cuerpo militar compuesto por personas que se alistaron voluntariamente en el ejército golpista y que, debido a su elevada formación, accedieron directamente a su oficialidad. Es, pues, un monumento que ensalza a dicho cuerpo, cuyo origen y filosofía no es otra que la adhesión a la causa franquista. Pero, por si esto no fuera suficiente, en la base del monolito se inscribió la frase “por Dios y por España”; lema cuyo texto y contexto nadie puede negar que entronca directamente con la simbología franquista.

Por tanto, este monolito encaja en lo dispuesto en el art. 15.1 de la conocida como ley de memoria histórica, que ordena a las Administraciones públicas “adoptar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Es, pues, una obligación del Ayuntamiento cumplir con este mandato legal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, una vez retirado, se ha vuelto a reponer en las mismas condiciones en las que estaba?

Tras la retirada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su voluntad de denunciar los hechos ante la Fiscalía, arguyendo que el monolito se encuentra en una zona protegida: el eje Prado-Recoletos, declarado Bien de Interés Cultural. Con carácter previo, nótese bien que la Comunidad de Madrid no alude a las razones artísticas que, según el art. 15.3 de la ley de memoria histórica, pueden alegarse como excepción para la retirada de simbología franquista. El rechazo que el PP ha mostrado siempre por esta ley le lleva a ignorarla e, incluso, desconocer su literalidad y posibilidades.

La razón esgrimida por el Gobierno de la Comunidad trasciende, pues, los márgenes de la ley de memoria histórica. Según arguyó su Dirección General de Patrimonio, el motivo de la ilegalidad de la primera decisión de la alcaldía se encuentra en la vulneración de la competencia y legislación autonómica sobre patrimonio histórico. Al estar en un entorno físico protegido por la ley autonómica de patrimonio (aunque el vestigio sea, como la propia alcaldía manifestó, de titularidad municipal), cualquier decisión al respecto debe pasar por la citada Dirección General, que tendrá así la clave para decidir sobre su mantenimiento o retirada.

Resumiendo, la situación es la siguiente. Por un lado, existe la obligación legal de retirarlo, al tratarse de un caso de simbología conmemorativa o exaltadora de la sublevación militar y del franquismo. Es un mandato de actuación positiva dirigido a todas las Administraciones públicas; en este caso, al Ayuntamiento de Madrid, que es el titular del vestigio y en cuya vía pública se encuentra. Por otro lado, la normativa de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid atribuye a su Dirección General la competencia sobre cualquier decisión que afecta a los espacios y entornos protegidos, como es el referido eje Prado-Recoletos.

Es claro que se está en presencia de un conflicto normativo. ¿Cómo y dónde puede resolverse? Pues en el lugar adecuado para resolver los conflictos entre normas o entre distintas interpretaciones sobre las normas, es decir, en los tribunales. Así, el Ayuntamiento podía haber mantenido su decisión inicial y, si la Comunidad decidía recurrir judicialmente la retirada del monumento franquista, alegar ahí las razones legales que motivan su actuación. Por su parte, el Gobierno de Cristina Cifuentes presentaría las suyas favorables al mantenimiento de ese monolito y, finalmente, serían los tribunales quienes tendrían que resolver el conflicto. Como corresponde en cualquier Estado de Derecho, en los jueces reside la competencia de resolución de los conflictos de interpretación y/o aplicación de normas.

Quizá este conflicto se hubiera evitado de haberse cumplido con lo dispuesto en el art. 15.2 de la citada ley de memoria histórica, según el cual el Gobierno debe colaborar con las Administraciones autonómicas y locales para elaborar un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura a los efectos de determinar cuáles deben retirarse y cuáles excepcionalmente no. Como es bien sabido, a lo máximo que se llegó durante los primeros años de vigencia de la ley -entonces bajo Gobierno socialista- fue a crear una comisión en el Ministerio de Cultura que decidiera sobre símbolos franquistas presentes en bienes de la Administración General del Estado, pero que no afectaba a bienes de las Administraciones autonómicas ni locales. Después, la llegada al poder del PP llevó la ley a vía muerta, con lo que esta previsión del art. 15.2 pasó, como el resto de su articulado, a ser papel mojado.

En situaciones como esta, siempre podría alcanzarse un previo acuerdo político que evitara el recurso a los tribunales. Pero ¿cabe llegar a acuerdos con el PP en materia de memoria histórica? La experiencia avala una respuesta negativa. El del monolito al alférez provisional es un ejemplo más dentro de una larga lista de actuaciones en las que las y los dirigentes del Partido Popular dejan sentir el peso de su mochila cargada de lazos afectivos e ideológicos con el franquismo.

Bajo estas coordenadas resulta todavía más inexplicable, si cabe, la decisión final del Ayuntamiento de Madrid. Para evitar un presumible conflicto judicial con Cifuentes y el PP (¿reabrir heridas?), la alcaldía ha hecho lo que vienen haciendo la mayoría de las instituciones políticas del Estado español: despreciar la memoria histórica y postergar una vez más los derechos de las víctimas del franquismo. El Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena no solo ha indicado el camino a seguir para aquellas Administraciones gobernadas por el PP reacias a aplicar la ley de memoria histórica, sino que además ha vuelto a demostrar la triste verdad de esa frase que dice que no hay peor censura que la autocensura.

La recuperación de la memoria histórica y reparación de las víctimas de la represión franquista requiere de profundos cambios institucionales y normativos. Estos solo pueden venir de la mano de un gobierno de izquierdas.

Mientras, se siguen realizando labores de exhumación de cadáveres y actos de homenaje a las víctimas de forma privada, sin la ayuda ni presencia de instituciones y autoridades del Estado español, como sucedió el pasado sábado en el cementerio municipal de Guadalajara.

El pasado sábado se celebró en el cementerio de Guadalajara un acto de reparación. Un homenaje a los desaparecidos por la represión franquista, a esas mujeres y hombres que fueron víctimas de la dictadura y cuyas familias han sufrido, además, el olvido más absoluto por parte de la democracia española. La cacareada y defendida Transición las dejó literalmente en la cuneta e impidió, parafraseando a Walter Benjamin, que su historia pasase a las páginas de los libros de historia.

El homenaje se encarnó en la persona y familia de Timoteo Mendieta -sindicalista fusilado en 1939 por defender la libertad-, cuyos restos se encontraban, junto con los de otras 21 personas, en una de esas indignantes fosas comunes que hay al final del cementerio de Guadalajara. Se cree que en todas esas fosas se encuentran los restos de más de 200 personas a la espera de ser exhumadas e identificadas. Nos queda todavía mucho trabajo por hacer.

El sábado fue un día de alegría. Fuimos muchas las personas que nos congregamos en el cementerio para recordar la memoria de las personas desaparecidas, reivindicar bien alto su nombre y hacer justicia con ellos y sus familias. Además, queríamos celebrar que, gracias al enorme trabajo de las buenas gentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fueron exhumados los restos de estas 22 personas.

Estaban allí presentes víctimas, familiares, amigos, militantes de diversas asociaciones, sindicatos y partidos políticos, vecinos de Guadalajara y de los pueblos cercanos. Todos queríamos participar en este acto de reparación debida a quienes son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y estaban también presentes nuestras hijas e hijos, quienes asistieron con emoción a la lección de dignidad que nos dio Ascensión Mendieta -la hija de Timoteo-, el resto de su familia y los familiares de otras de las víctimas cuyos restos aparecieron en esa fosa. Solo su lucha y tesón han hecho posible este final.

Pero el acto de reparación contó con una notable ausencia: la representación institucional del Estado español. Ninguna autoridad ni poder público se dignó a pasarse por el cementerio, participar de manera oficial en el acto y mostrar el respeto que víctimas y familias merecen. Téngase en cuenta que el Derecho internacional impone como obligación de los Estados llevar a cabo la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acaecidas en el pasado, como es el caso. Esa reparación incluye, entre otras actuaciones a desarrollar, la celebración de actos oficiales de homenaje y reconocimiento a las víctimas y a sus familias como el que se hizo por iniciativa privada el sábado. En esto, como en tantas otras medidas de justicia transicional (verdad, justicia y reparación), el Estado español muestra su más absoluto desprecio a las víctimas del franquismo. No hace lo mismo con otras víctimas, como por ejemplo las del terrorismo, a las que sí reconoce y repara de la forma debida. Esta discriminación entre víctimas es, además de contraria a la cultura de los derechos humanos, una forma de re-victimización de las olvidadas, las del franquismo.

Todo lo que ha rodeado a esta exhumación de Guadalajara es un buen ejemplo de lo que deben soportar las víctimas de la dictadura. Para empezar, adviértase que la exhumación no se ha producido por iniciativa de la fiscalía ni de las autoridades judiciales españolas. Más bien al contrario. Ha sido gracias a un exhorto emitido por una jueza argentina (no española) en el marco de un proceso iniciado en aquel país sobre la base del principio de justicia universal como ha podido finalmente llevarse a cabo. Sin ese impulso proveniente de una jurisdicción extranjera las familias no tendrían hoy los restos de sus seres queridos.

A ello ha de sumarse que toda la labor jurídica de representación y defensa de estas familias se ha dirigido por abogados argentinos (no españoles). Además, los trabajos de exhumación de los cadáveres, llevados a cabo por la ARMH y prolongados durante quince días, han sido sufragados por un sindicato noruego (no español), haciendo gala por su parte (no por la nuestra) de la mejor tradición internacionalista de la clase obrera. Pero las labores no terminan aquí. Quedan las tareas de identificación de los restos mediante pruebas de ADN. Estas pruebas -muy caras- no van a ser realizadas por las autoridades competentes en nuestro país, sino por forenses argentinos (no españoles), quienes voluntariamente y sin cobrar a las familias se harán cargo de la identificación de los restos. Y por si todo lo anterior fuera poco, queda el Ayuntamiento de Guadalajara gobernado por el Partido Popular. Su alcalde, Antonio Román Jasanada, tras verse obligado a autorizar la exhumación, no desaprovecha la ocasión de hacer caja: aplica la tasa municipal correspondiente y cobra 70 euros por cada cadáver que se exhume y traslade fuera del cementerio, al lugar deseado por los familiares.

En resumen, el Estado español no solo no hace nada por exhumar, identificar y entregar a las familias los restos de las personas desaparecidas y asesinadas por sus agentes y autoridades en el pasado, sino que además pretende obtener un beneficio económico de estas actividades. Con este panorama no es de extrañar que ninguna autoridad estuviera presente de modo oficial el sábado en el cementerio para asumir el daño causado, pedir perdón a las víctimas y rendir homenaje a quienes con su vida defendieron la primera democracia que tuvimos en nuestro país. Por eso, aunque solo sea por eso, necesitamos un gobierno de izquierdas.

La propuesta de nombrar un presidente del Gobierno "independiente" se encuentra ante tres cuestiones que es necesario dirimir: una, la definición del término "independiente"; dos, su constitucionalidad; y tres, su legitimidad.

¿Hay razones para calificar de legítimo a un presidente nombrado a través de un pacto de Estado y al margen de los candidatos que se postularon como tales en las pasadas elecciones?

Tras la situación de incertidumbre generada por los resultados electorales, Podemos ha lanzado la propuesta de un presidente del Gobierno “independiente”, entendiendo por tal una figura “de prestigio” que esté por encima de los partidos. La propuesta no es nueva, sino que suele recurrirse a ella en situaciones de crisis. Por ejemplo, en junio de 2012, en uno de los momentos más graves de la crisis económica, fue planteada por figuras cercanas hoy a Ciudadanos; entre ellas, el propio Luis Garicano, gurú económico de este partido, quien hablaba entonces de la necesidad de un Gobierno con apoyo de las fuerzas mayoritarias compuesto por “políticos competentes y técnicos intachables”.

A la hora de valorar este tipo de propuestas, conviene tener en cuenta por lo menos tres cuestiones: una, la propia definición del concepto “independiente”; dos, la constitucionalidad de la solución; y tres -quizá la más importante- su legitimidad. Veámoslas por separado.

Parece claro que, a la hora de referirse a la persona que accedería a la presidencia del Gobierno, se utiliza la palabra “independiente” en el sentido de no ser un militante o una figura abiertamente vinculada o relacionada con un partido político concreto. Una persona que trascienda los intereses partidistas para velar así por un supuesto interés general del país. Pero también es claro que se trata esta de una concepción muy estrecha del concepto “independiente”. En política, se milite o no en un partido, nadie es independiente, porque todas las personas tenemos criterio propio sobre lo que deba ser ese interés general (otra cosa es que por cálculos estratégicos o prudenciales lo aparquemos en favor de otras consideraciones). Las personas analizamos la realidad a través de nuestras “gafas epistemológicas”, es decir, nuestra ideología y forma de entender el mundo, de manera que resulta inevitable que plasmemos esa visión en opciones y decisiones políticas. Apelar a una supuesta excelencia o prestigio técnico supone siempre una forma de ocultar, bajo una pretendida pero falsa cientificidad, una opción ideológica.

Fijémonos por ejemplo en la elección de los magistrados del Tribunal constitucional. En teoría, se trata de figuras independientes, “juristas de reconocido prestigio”, no vinculados formalmente con ningún partido político (con la anómala excepción, ya conocida, de su actual presidente). Pero, un análisis de sus sentencias denota que cada uno de ellos interpreta la Constitución de acuerdo con su particular ideología. Quien es miembro del Opus Dei lo hace conforme a sus dogmas de fe, del mismo modo que los magistrados cercanos a la socialdemocracia actúan de acuerdo con su credo político. Es inevitable que sea así, porque no hay técnicos sin ideología: todas las opciones jurídicas y políticas responden a una.

En cuanto a la constitucionalidad de la propuesta, la respuesta es positiva. En ningún lugar de la Constitución se dice que el presidente del Gobierno deba ser un parlamentario. La ausencia de referencia a este respecto se debe a que el texto de 1978 estuvo ideado y diseñado para un modelo bipartidista, de mayorías parlamentarias, cuyo presidente proviniera siempre de uno de los dos partidos del régimen, PP o PSOE, del centro-derecha o del centro-izquierda. De ahí el silencio constitucional. Se daba por sentado que, con un régimen electoral de cariz mayoritario, siempre se alcanzaría la mayoría suficiente para investir como presidente del Gobierno a un parlamentario de uno de estos dos partidos, bien en solitario bien con el apoyo de alguna de las fuerzas nacionalistas catalana o vasca (históricamente beneficiadas por el sistema electoral).

Esta situación se ha roto en estas elecciones y de ahí la dificultad para formar gobierno. Pero, incluso en este contexto, no conviene olvidar que el español -con sus virtudes y defectos- es un sistema parlamentario, lo cual implica situar a la cámara de representación popular en el centro de la vida política, empezando por la elección del presidente del Gobierno. No en vano es tradición -pero solo tradición- en los sistemas parlamentarios que aquel sea elegido de entre los miembros del Parlamento.

No hay pues un problema de constitucionalidad, pero sí de legitimidad. En primer lugar, porque ese presidente no habría pasado por las urnas, con lo cual carece del requisito típico de la legitimidad de origen: la elección ciudadana. En este sentido, su única legitimidad provendría de ser el resultado de un pacto entre las fuerzas políticas que concurrieran y aceptaran tal procedimiento de asignación de la cabeza del ejecutivo. Un pacto entre las cúpulas de los partidos tan característico de la cultura de la Transición que nos ha llevado hasta aquí. No en vano es este sistema de pactos cupulares, de reparto de cuotas de poder al margen de la ciudadanía, el que se ha utilizado con profusión durante todos estos años para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas o, incluso, al Defensor del Pueblo; instituciones todas ellas propias del régimen del 78. En este sentido, sorprende que sea Podemos quien abandere esta propuesta, ya que su concepción de las instituciones políticas difiere -o debería diferir- bastante de la de los otros tres partidos involucrados en el juego.

Pero la legitimidad se puede obtener no solo por el origen, sino también mediante el ejercicio del poder. Para abordar esta última cuestión cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿a quién o a qué estaría vinculado ese presidente “independiente”? ¿frente a quién o qué tendría que rendir cuentas sobre sus actuaciones de gobierno? Y las opciones son, de nuevo, tres: uno, a su propia visión de lo que sea ese interés general de España que fundamenta el pacto; dos, al programa electoral de los partidos que participan del juego y se ponen de acuerdo en su figura; y tres, a las condiciones fijadas en la mesa camilla donde se oficiaría el pacto.

La primera respuesta implicaría dar carta blanca al presidente -un voto de confianza, podría decirse- para que este actúe y tome las medidas que considere oportunas para sacar al país de esta situación de crisis. Esto supondría introducir un elemento presidencialista (¿populista?) en un régimen parlamentario como es el actual, con el riesgo que supone dejar en manos de un presidente que no se presentó como tal toda la política de gobierno de los próximos años. Un sujeto que no tendría por qué rendir cuentas ante los votantes, dado que ante ellos no se postuló como tal.

En este sentido, la segunda respuesta sería todavía más complicada, dado que las diferencias programáticas entre los cuatro partidos son tan grandes que hacen improbable que ese presidente pudiera poner una vela a Dios y otra al diablo, es decir, satisfacer una parte del programa de cada partido y contentar así a todos. Es imposible que se pueda llevar a cabo cualquier política con programas abiertamente incompatibles entre sí.

Y la tercera respuesta, aquella según la cual el presidente tendría legitimidad de ejercicio en la medida en que cumple lo dispuesto en ese pacto de Estado, convierte en papel mojado los programas electorales de los partidos. Los compromisos electorales plasmados en el programa se verían sustituidos por las cláusulas pactadas en esas negociaciones cerradas y cupulares que tendrían como finalidad designar al presidente “independiente”. Esto no difiere en casi nada de lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo. La diferencia es meramente cuantitativa, pero no cualitativa. Son más los partidos llamados a la mesa del consenso ahora que los que lo fueron en los años de la Transición, sí, pero el procedimiento es simple y llanamente el mismo. Entonces, ¿tenemos razones para calificar de legítimo a un presidente así designado y vinculado en su acción de gobierno por un pacto cupular? Ni por su origen ni por su ejercicio merecería tal calificativo.

Son estos problemas de legitimidad los que desaconsejan -sea quien sea la persona elegida- la opción del presidente “independiente”. Así, la solución más coherente pasa por iniciar las previsiones constitucionales sobre la elección del presidente del Gobierno entre quienes así se postularon ante la ciudadanía en la última campaña electoral. Si transcurrido el plazo fijado el nombramiento no se ha producido por falta de la mayoría requerida, deben convocarse nuevas elecciones. Es entonces cuando los partidos que así lo deseen podrían incluir en sus programas electorales estas propuestas de gobiernos de concentración nacional o presidentes “independientes”. Pero entonces, no ahora.

A la vista de las últimas encuestas, ¿qué posición adoptará Podemos en las próximas elecciones generales con relación a las voces que demandan una candidatura de unidad popular?

¿A qué consecuencias podría enfrentarse si, finalmente, decide concurrir en solitario a la cita electoral?

Desde su nacimiento, Podemos ha prestado mucha atención a las sucesivas encuestas que se han ido publicando sobre sus posibles resultados electorales. No en vano, una buena parte de las personas que componen su núcleo dirigente están formadas con solvencia, rigor y profesionalidad en ese ámbito del conocimiento. Pues bien, dadas estas premisas, no es de extrañar que entre dicho núcleo haya cundido una cierta preocupación, pues la última encuesta del CIS coloca a Podemos frente a un complicado dilema.

Si algo parecen dejar claro los resultados de esta encuesta es el fin de la estrategia del deseado “asalto a los cielos”. Según el CIS, en las próximas elecciones generales Podemos obtendría un 15,7% de votos; un resultado manifiestamente insuficiente -aun añadiendo lo que la “cocina” del CIS podría haber manipulado- para tomar democráticamente el poder e iniciar ese proceso constituyente con el que Podemos ilusionó a muchas personas en sus comienzos. Quizá no se haya explicado lo suficiente la necesidad de tal proceso, o quizá se desistiera de él demasiado pronto. Sea lo que fuere, falta todavía mucha pedagogía y trabajo colectivo para alcanzar esa hegemonía que, llegado el caso, permitiría abrir los candados del régimen del 78.

Descartado, pues, el escenario de victoria electoral, a Podemos le toca otear el panorama. Allí aparece la perturbadora posibilidad de un nuevo gobierno del Partido Popular: no en solitario, pero sí sostenido -al igual que en la Comunidad de Madrid- por Ciudadanos (y sin descartar de plano, dada la experiencia histórica, a sus viejos amigos nacionalistas). De alcanzarse esta posibilidad, apaga y vámonos, como diría un castizo. Un nuevo gobierno del PP supondría, además del remate de sus políticas liberales en lo económico y fascistas en lo social, un golpe muy fuerte para esa parte de la ciudadanía que aspira a construir una democracia más participativa, igualitaria y justa. Un golpe del que sin duda costará recuperarse en términos anímicos, ideológicos y organizativos.

La segunda posibilidad pasa por un elevado número de votos del PSOE que, sumados al apoyo de Podemos, le permitiera gobernar. Este resultado sitúa a la joven formación en un dilema de difícil solución, sin duda el más complicado con el que se ha enfrentado hasta ahora y que irremediablemente marcará su futuro. A menos de dos años desde su fundación, Podemos -un partido nacido no solo con vocación de ganar, sino de “patear el tablero” e incluso provocar un movimiento de las capas tectónicas- tiene que decidir sobre la gobernabilidad del país y, así, permitir o impedir el gobierno de una de las fuerzas del régimen, del bipartidismo, de la restauración posfranquista: el ambivalente y ambiguo PSOE.

Los inicios ideológicos de Podemos se caracterizaron por una exitosa estrategia de equiparación entre PSOE y PP. Tal estrategia se basó en la extensión de pocos pero potentes mensajes: uno, que sus respectivos dirigentes cumplieron un papel decisivo en la conformación del régimen del 78 y, por ende, de la casta que ha copado los puestos de poder en este país desde entonces; dos, que este régimen se ha consolidado gracias a acuerdos y políticas comunes firmadas por los dos grandes partidos; y tres, que tal entramado institucional es causante directo de la crisis que nos invade. Ambos partidos son, pues, cómplices de un estado de cosas que solo Podemos estaría en condiciones de revertir.

No obstante, ante estas elecciones generales, la estrategia ha cambiado. Así, ahora los mensajes que se lanzan son otros: dirigentes de Podemos se muestran abiertos a pactos con el PSOE; personas cercanas a este partido aparecen en las listas de Podemos; o su número uno alaba públicamente la Transición desde un lugar tan emblemático para los seguidores del régimen del 78 como es la tribuna dominical del diario El País. Todos estos guiños hacen pensar que Podemos apoyaría con su voto -o permitiría con su abstención, que a estos efectos es lo mismo- el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Con estas coordenadas y sin entrar en el Gobierno, ¿tendrá Podemos suficiente capacidad de influencia como para que el PSOE mire a su izquierda a la hora de hacer política? Pocos argumentos hay para avalar una respuesta positiva, mientras que sí hay unos cuantos para pensar todo lo contrario. La experiencia nos enseña que, una vez en el gobierno, el PSOE muestra siempre su cara más liberal y menos republicana. Tenemos muchos ejemplos al respecto: desde el “OTAN, de entrada no” hasta la reforma exprés del art. 135 de la Constitución, pasando por sus políticas fiscales, territoriales o universitarias y sus prácticas institucionales en el nombramiento de cargos -un mero reparto de puestos- en el Tribunal Constitucional, CGPJ, Defensor del Pueblo, etc.

Además, todavía no ha pasado el tiempo suficiente para valorar la situación creada tras las últimas elecciones autonómicas, donde Podemos ha permitido la formación de gobiernos como el del socialista (e hijo político de Bono) Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Una lástima, porque ello nos impide tener un panorama más certero sobre si este apoyo puntual sirve para hacer políticas de izquierda o, como le ha sucedido tantas veces a Izquierda Unida, se queda en nada. En este sentido, Podemos corre el riesgo de ser una especie de nueva IU, liberada, quizá, de los lastres que caracterizan fuertemente a esta organización, pero limitada a ser muleta del PSOE con escasos réditos tanto políticos como electorales. No serán pocos los votantes de Podemos a quienes desagrade profundamente este papel. ¿Será de aplicación, entonces, el clásico dicho sobre viajes y alforjas?

Pero las dudas no terminan aquí. ¿Permitiría una hipotética candidatura de unidad popular -que haga posible algo tan de sentido común como que a la izquierda del PSOE solo haya una papeleta- salir de este escenario? Ante la falta de indicios claros que lleven a una respuesta positiva, Podemos esgrime su potencial electoral y se resiste a favorecer tal candidatura mientras esta no se articule a su imagen y semejanza, desde la denominación de la “marca” hasta la composición de las listas y del futuro grupo parlamentario. A día de hoy, lo máximo que se ha escuchado desde sus filas son ofrecimientos de carácter individual a tal o cual persona para que se incorpore a sus listas, o bien pactos provinciales o autonómicos.

Por cierto, resulta un tanto incoherente, por un lado, abogar por estos pactos de carácter territorial y no por uno de carácter estatal debido a la necesidad de reconocer las diferencias y particularidades regionales o nacionales, y, por otro, articular un modelo de primarias -como ha hecho Podemos- a partir de una lista al Congreso única y centralizada. Una lista que, dicho sea de paso, parece un homenaje a la figura del “cunero” propia de la política de la Restauración y utilizada hasta hoy mismo por PP y PSOE; esa vieja política contra la que precisamente se dice luchar.

En suma, y de confirmarse esta política de alianzas, parece un tanto temerario despreciar todo el potencial que daría la suma de tantas personas que, sintiéndose de izquierdas -con todo el sentido y la carga que tiene esa palabra-, no se referencian en el modelo organizativo de Podemos. Las pasadas elecciones locales y autonómicas han mostrado el acierto de estas candidaturas de confluencia. Aun cuando este éxito no sea previsible en las generales, un argumento en favor de la candidatura de unidad popular radica en que permitiría, pensando en el futuro próximo, ir generando complicidades, confianza y trabajo colectivo entre todas aquellas personas que sienten la necesidad de cambiar de raíz las estructuras jurídicas, políticas y sociales del país. Además, mediante la conformación de esta candidatura se trasladaría un potente mensaje a la ciudadanía en términos de alianzas contra la casta y los partidos del régimen del 78; partidos que son -no conviene perder nunca esta perspectiva- causa y no solución de la actual crisis institucional y moral.

No obstante, y aun cuando la apuesta sea muy arriesgada, Podemos tiene todo el derecho a intentarlo en solitario -máxime tras haber visto el histórico fracaso de la estrategia electoral de IU- y desarrollar su propia estrategia ante las próximas elecciones generales. Pero recordemos que el ejercicio de derechos conlleva la asunción de responsabilidades. Quizá sea este el verdadero dilema de Podemos.

La decisión de la Audiencia Nacional de avalar las tesis del gobierno del PP y negar que víctimas del GAL y la extrema derecha perciban la indemnización debida en cuanto víctimas del terrorismo vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia o la separación de poderes.

El tratamiento jurídico y político que las autoridades del Estado español brindan a las víctimas del franquismo y de la violencia política institucionalizada propia de la Transición es notoriamente peor que el dado a las víctimas del terrorismo.

Esta discriminación entre víctimas añade un motivo de sufrimiento para quienes se ven relegadas a un segundo plano en las políticas públicas de reparación y reconocimiento.

En los últimos días hemos conocido la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de negar el derecho a percibir indemnizaciones como víctimas del terrorismo a personas asesinadas por el GAL y grupos parapoliciales de extrema derecha. En dos sentencias, fechadas el pasado 24 de junio, la AN rechaza los recursos presentados por los familiares de José Antonio Lasa y Josu Muguruza ante la decisión del Gobierno del PP -en concreto, del Ministerio del Interior- de no concederles la indemnización que la ley reconoce a las víctimas del terrorismo. Mediante estas sentencias la AN avala la tesis del Gobierno español, que hasta la fecha ha denegado estas indemnizaciones (o su actualización) a más de cincuenta personas víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia política institucionalizada que reinó con impunidad en la España de la Transición.

Recordemos brevemente los hechos que dan lugar a esta decisión judicial. En 2012 el PP impulsó una reforma de la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo; ley que había sido aprobada en el Parlamento el año anterior con amplio consenso político. En esta reforma -no consensuada- se introduce un art. 3bis, que reza textualmente lo siguiente: “la concesión de las ayudas de la ley se someterá a los principios establecidos en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos”. En concreto, a lo dispuesto en su art. 8, el cual señala que se podrá reducir o suprimir la indemnización “si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar actos violentos”.

Aunque el Convenio entró en vigor para España en febrero de 2002 y esta cláusula no fue tenida en cuenta en la redacción inicial de la ley, es ahora cuando el Gobierno del PP se sirve de ella para negar las citadas indemnizaciones a quienes, siendo víctimas del terrorismo del GAL y grupos similares como el Batallón Vasco Español o la Triple A, en su opinión formaron parte de grupos organizados violentos, es decir, de ETA.

En los dos casos en cuestión, la AN considera acreditada la pertenencia a ETA tanto de Lasa como de Muguruza. El primero fue -junto con José Ignacio Zabala- secuestrado, asesinado y enterrado en cal viva por órdenes de agentes militares y civiles del Estado español, tal y como quedó probado en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a varios de ellos (destacando entre los condenados el entonces gobernador civil de Gipuzkoa y el comandante de la Guardia Civil de Donostia); el segundo, diputado electo de Herri Batasuna, fue asesinado por integrantes de un grupo parapolicial de extrema derecha.

Hay razones más que fundadas para cuestionar esta decisión primero gubernativa y después judicial. Parece cuando menos sorprendente que pueda alcanzarse una conclusión de este tipo -la pertenencia a ETA de las citadas personas- cuando no existe sentencia judicial que así lo declare. Pero según la AN esto no es un problema, dado que de entrada hay que descartar la necesidad de sentencia judicial que declare la pertenencia de la víctima a banda armada o delincuencia organizada. ¿En qué se basa esta sorprendente afirmación? En que “en ausencia de pronunciamiento penal, los tribunales de justicia gozan de la facultad de determinar los datos fácticos en que se asienta la proyección de la norma jurídica que están llamados a aplicar”; en este caso, la ley que contiene los límites de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Por tanto, el examen de la pertenencia o no a banda armada de las víctimas “no requiere una prueba de cargo que fundamente una sentencia condenatoria”, sino que basta con “aportar unos datos objetivos de los que se permita inferir la realidad de una actuación de la intensidad requerida”.

Son varios los principios propios de un Estado constitucional de Derecho como el que dice ser el español que se vulneran con las afirmaciones reflejadas en el párrafo anterior. Por un lado, el principio de legalidad y la presunción de inocencia: si en este caso no existen sentencias condenatorias -y la propia AN así lo reconoce-, entonces estas personas son inocentes de los delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada. En sistemas constitucionales, la ausencia de sentencia equivale a la inocencia, sin matices ni peros de ningún tipo, y sin que quepa alegar razones como la muerte de estas personas para tratar de justificar la ausencia de sentencia condenatoria.

Se vulnera también el principio de separación de poderes, al permitir que sea el Gobierno el que determine la condición de terrorista de tal o cual persona, condición que solo puede derivar de una sentencia, dado que de aplicar el Código Penal se trata. Tarea esta reservada al poder judicial y no al ejecutivo. Causa perplejidad que la propia AN avale las tesis del Gobierno y sea tan poco garante de un principio como es el de la separación de poderes, que precisamente busca garantizar la independencia judicial.

Además, ¿qué “datos objetivos” se han aportado para considerar probada la pertenencia de Lasa y Muguruza a banda terrorista? Las sentencias en cuestión recogen una amalgama de datos extraídos fundamentalmente de diligencias policiales e informes de la Guardia Civil elaborados en la época en que ocurrieron los crímenes. Una época caracterizada en las cárceles de Euskadi -y del resto del Estado, cabría añadir- por la comisión sistemática de torturas y malos tratos. Aceptar esos informes como prueba de unos hechos, sean estos los que sean, supone convalidar las prácticas violentas institucionales de la época y demuestra que los poderes del Estado español no tienen hoy intención de revisar críticamente la actuación de sus instituciones en aquellos años. Por cierto, cuando se realicen elogios de la Transición, o se alaben públicamente sus virtudes, no convendría esconder el desamparo en que dejó sumidas a las víctimas de la violencia política institucional.

Finalmente, se vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Todas tienen derecho a ser reparadas, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización. Discriminatorio es que se alegue una hipotética pertenencia a banda armada para negar la indemnización económica, mientras que esta no se niega a los familiares de personas asesinadas por ETA como el comisario torturador Melitón Manzanas o Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de la dictadura. Es notoria y sobradamente conocida la participación de ambos en una política institucionalizada de represión y violación de derechos humanos.

La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la “segunda categoría” de las víctimas. En este caso, para las víctimas de la Transición, quienes -como les ocurre a las víctimas del franquismo- sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo y negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y construcción de una paz justa. Así, mientras no se sitúe también a estas víctimas en el centro del espacio público y ciudadano, difícilmente podremos hablar de sociedad pacífica, justa y ordenada. Decisiones como las adoptadas por el Gobierno y la AN en nada contribuyen a este objetivo.

Las campañas electorales son un buen momento para comprobar el compromiso real de candidatos y partidos con las ideas y propuestas que incluyen en sus programas.

La coherencia entre los mensajes políticos que se lanzan desde las candidaturas y las conductas de las personas que se eligen para publicitarlos debería ser un elemento central en todo proceso electoral.

¿Hasta dónde ha de alcanzar el compromiso de los candidatos con las propuestas que aparecen en sus programas electorales? ¿Y el de sus asesores? ¿Y el de las personas a quienes recurren para publicitar, impulsar o apoyar públicamente su campaña? Estas preguntas surgen al hilo de la polémica que se ha generado en las redes sociales tras conocer la decisión de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) de incorporar a su campaña autonómica con un papel muy destacado a personas como Joaquín Sabina o Pedro Almodóvar, los cuales llevan a cabo algunas conductas y prácticas contrarias a las ideas que esa organización política defiende desde hace tiempo. En el caso del primero, conocido es su rechazo a escuchar las voces que desde el movimiento de solidaridad con Palestina le reclamaron que se sumara a la campaña de boicot y no actuara en Israel. Hace tiempo que Izquierda Unida manifestó su rotundo apoyo a esta campaña como forma de enfrentarse a la ilegal ocupación del territorio palestino y violación del Derecho internacional por parte del Estado de Israel. De esta manera, muchos de los militantes y simpatizantes de IU-CM se sienten cuando menos sorprendidos por la decisión de la dirección (de campaña) de la organización madrileña de “pasear” a Sabina como un reclamo electoral.

Algo similar sucede con Almodóvar, cuya opción de inversión a través de una SICAV choca frontalmente con el rechazo que esta organización ha mantenido hacia estas sociedades desde un primer momento. Así se puso de manifiesto en el Congreso de los Diputados cuando en 2005 el grupo parlamentario de Izquierda Unida fue el único que se opuso -siguiendo las tesis de la Asociación de Inspectores de Hacienda- a la “amnistía fiscal” que se concedió entonces a estas sociedades. Es extraño el giro que ha dado esta organización: de oponerse en solitario a esta figura a utilizar como banderín electoral de su candidatura en Madrid a un personaje público que se acoge a ella.

No cabe duda del tirón electoral que tienen Sabina y Almodóvar. Pero que IU-CM recurra a ellos puede poner en solfa no solo su historia, sino también su propia doctrina política. Anteponer intereses electorales a la coherencia programática es un error que, si bien a corto plazo puede dar algún rédito, termina por socavar la confianza de la ciudadanía en proyectos políticos de transformación de la sociedad. Máxime en el caso de proyectos que se dicen y reclaman de izquierdas y que, como tales, ponen en valor la coherencia entre personas, conductas y principios.

Frente a esta crítica, suelen alegarse algunos argumentos. El primero de ellos -empleado recientemente en los casos citados- alude a la distinción entre lo personal y lo político. Así, las decisiones de estos artistas sobre actuar en Israel, en un caso, y optar por las inversiones mediante SICAV, en otro, serían decisiones estrictamente personales que en nada enturbiarían ni menoscabarían su compromiso político. Se trata de dos planos completamente diferentes que en nada se tocan; por tanto, el sentido de la acción en uno de ellos (lo personal) no compromete en nada al desarrollo del otro (lo político).

Es cierto que se trata de decisiones personales -que, además, son legales-, pero no lo es que carezcan de alcance político. Lo tienen en cuanto sus autores son llamados a participar en un proceso electoral. Y aceptan. Por tanto, aunque sea por un momento, se convierten en actores políticos en apoyo de unas siglas que representan unas ideas. En consecuencia, el compromiso con ese partido, esas siglas o ese programa no debe limitarse a un apoyo público más o menos mediático, sino también a una creencia compartida en los valores que forman parte del background de esa alternativa política y, sobre todo, de las personas que la integran y/o defienden. Al igual que el movimiento se demuestra andando, el compromiso se manifiesta en la práctica del día a día, acción tras acción, sin que quepa mantener hipotéticas esferas privadas de actuación inmunes y ajenas a la crítica política.

Si se acepta lo anterior, entonces la coherencia entre las ideas que se defienden y las conductas que se llevan a cabo no sólo es exigible a quienes forman parte de una lista electoral. A fin de cuentas, una de las características que define la “nueva política” es considerar a cada ciudadano como un político, eliminándose así la tradicional concepción de la política como una actividad propia y exclusiva de los representantes -y profesionalizados- políticos. Pues bien, si cada ciudadano es un político activo, lo lógico es que nos exijamos el mismo nivel de coherencia que exigimos a los políticos profesionales y a las organizaciones políticas de las que forman parte. Y más a quienes dan el paso adelante de apoyar públicamente una candidatura.

También se suele esgrimir un segundo argumento a la hora de justificar estas incoherencias discursivas. Un argumento que circunscribe el requisito de la coherencia entre dichos y hechos exclusivamente al ámbito propio de la elección de que se trate. Así sucede, por ejemplo, con la polémica decisión de algunos dirigentes madrileños de Podemos de no hablar acerca de la espinosa cuestión de los colegios concertados. Preguntados sobre si eliminarían los conciertos en caso de llegar al poder, miran hacia otro lado y señalan que se trata de una decisión que debería adoptarse en el ámbito estatal y no en el autonómico.

Esta delimitación competencial les permite salir airosos de la cuestión y, en suma, les evita tener que pronunciarse y emitir su opinión personal al respecto. Una opinión que, al igual que en los ejemplos anteriormente expuestos, también es política. Aunque la Comunidad de Madrid no tenga competencia para revertir el desarrollo de la educación concertada en esta región -cuestión sobre la que también habría mucho que discutir-, lo cierto es que los miembros de una fuerza política de transformación social como dice ser Podemos no pueden permanecer al margen de un debate como este. La forma cómo se distribuyen las competencias en el Estado español no puede ser un argumento detrás del que ampararse para evitar un claro y rotundo pronunciamiento en favor de la supresión de la educación concertada. Recuérdese que se trata de colegios privados -católicos, protestantes o laicos, esto aquí da igual- que se sostienen con fondos públicos, es decir, con fondos detraídos a la escuela pública. En este sentido, y para ganar en coherencia, sería deseable que las personas que forman parte de candidaturas de izquierdas, transformación social o unidad popular -que cada uno escoja el nombre que más le guste- hicieran público su compromiso de utilizar educación pública y no concertada para sus hijos. Lo personal es político, también en este ámbito.

Del feminismo aprendimos -entre otras muchas cosas- que las relaciones entre hombre y mujer son relaciones políticas desde la raíz. Que no debe haber espacios de interrelación social que queden al margen de la esfera pública, con todo lo que ella conlleva, sobre todo cuando esta remisión a lo privado, a la esfera de lo personal, se utiliza para perpetuar relaciones o situaciones injustas o de dominación. Pues bien, quizá el ciclo electoral que se avecina sea una buena ocasión para demandar que se sitúen bajo escrutinio público no solo los eslóganes políticos sino también los hechos y las prácticas, para que estos no sean contradictorios con lo que se defiende sobre el papel.

Este largo fin de semana está lleno de celebraciones. Por un lado, el sábado 6 se celebró el día de la Constitución, festividad destinada a rememorar la fecha en que aquella se ratificó por el pueblo español mediante referéndum. Por otro, hoy lunes 8 los católicos festejan el dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia según la cual María estuvo libre del pecado original desde el mismo momento de su concepción. Se trata de una mera coincidencia de fechas que permite jugar con parecidos razonables.

Año tras año se repite la misma liturgia. Los políticos del bipartidismo se felicitan del éxito de esta Constitución, a la vez que sus apóstoles se dedican a ir pregonando la buena nueva. Las virtudes de un sistema constitucional que nació libre de pecado gracias al consenso y el buen hacer de una generación de personas provenientes de los “dos bandos” que ya desde finales de los años cincuenta aparcaron sus históricas diferencias y se dedicaron con fe, compromiso y lealtad a construir un Estado democrático. El resultado fue una Constitución que, según predican urbi et orbi, ha traído la época de mayor prosperidad y esplendor de la historia de España.

Al igual que la Iglesia necesita dogmas para mantener el dominio sobre sus feligreses, también el regimen político nacido de la Transición y constitucionalizado en 1978 se sirve de mitos o verdades incuestionables transmitidas acríticamente desde sus púlpitos. Medios de comunicación, universidades, think tanks y las propias instituciones del Estado se han afanado desde el principio de los tiempos por consolidar un dogma: que la Transición fue un “bálsamo de paz, de concordia y acuerdo”. Tan modélica que, como la verdadera fe, mereció ser exportada a tierras bárbaras.

En este contexto toda oposición al dogma es considerada pecado capital y, en consecuencia, merecedora de la excomunión y expulsión de la comunidad de fieles. Tampoco cabe ningún ejercicio de mea culpa. Ni entonces ni ahora. El mainstreaming dominante sigue hablándonos hoy -casi cuarenta años después- de la Transición como un proceso pactado, dialogado, consensuado y pacífico. Y son tachados de herejes quienes se atreven a reconstruir un relato histórico de los hechos de la época destacando dos elementos. Por un lado, la imposición de las líneas maestras del texto constitucional por parte de los sectores franquistas, aquellos que, en cambio, rápido abrazaron la fe del converso. Por otro, la enorme violencia ejercida desde el aparato del Estado en esos años para amedrentar los deseos de avanzar en libertad y democracia por parte de la ciudadanía; una violencia política de origen institucional que se tradujo en asesinatos, muertes, detenciones ilegales, torturas y violaciones de derechos humanos sobre cuya magnitud real no tenemos todavía hoy un conocimiento total.

Debe de ser su carácter impío el motivo de que a las víctimas de la Transición se les niegue incluso la condición de mártires. De ahí que el Estado español no haya pedido perdón por su silencio y olvido, ni tampoco haya hecho penitencia al respecto. Su reparación, a diferencia de otras víctimas de violencia política como son las del terrorismo, dista mucho de ser una realidad. En cambio, es muy amplio el santoral constitucional. Está compuesto por aquellos hombres que fueron capaces de amar a la Transición y a la Constitución por encima de todas las cosas, que se apartaron de veleidades partidistas o personales y que mostraron al resto un camino de perfección. De ahí que merezcan ser venerados por la comunidad y para ello nada mejor que dar su nombre a aeropuertos, universidades, edificios, calles, premios, etc. Todo lo que se haga es poco frente a su generosidad y sufrimiento. Por cierto, a diferencia del católico, en el santoral constitucional no hay santas.

Al igual que en las religiones, también existen reformistas en el credo constitucional. Últimamente se les escucha alzar un poco la voz. Pero tampoco demasiado, no vayan a ser también ellos estigmatizados. De ahí que se limiten a sugerir algunos cambios o retoques puntuales en las sagradas escrituras constitucionales, pero sin aclarar la forma cómo llevarlos a cabo y sin cuestionar en ningún momento la autoridad divina del texto. Serían poco menos que blasfemos si permitiesen un proceso constituyente o una revisión total de la constitución que abriera paso a un nuevo sistema o, cuanto menos, que diera la palabra al pueblo. Son tratados con condescendencia y comprensión desde el propio régimen, la que merecen al ser buenos creyentes, tan solo equivocados. Por eso son sermoneados, pero al final perdonados.

Y como toda fiesta que se precie en España, la celebración constitucional bien merece una procesión. En este caso, la que se realiza con pompa y boato en la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados, y a la que acuden con sus mejores galas las más altas instituciones del régimen. Mientras, más de cinco millones de personas desempleadas les contemplan. Junto a ellos se encuentran las víctimas de los desahucios, las familias que viven bajo el umbral de la pobreza y los amigos de los jóvenes exiliados, entre otros.

Pero no están solos. Al otro de la calle, viendo pasar la procesión constitucional de banderas, textos sagrados y autoridades, están los cortesanos, la casta, los corruptos y los usuarios de la puerta giratoria. Todos estos tienen, sin duda alguna, muchos motivos para unirse a la fiesta constitucional. Para allá van.

PD.- Mañana martes ningún organismo oficial del Estado español recordará que un 9 de diciembre se aprobó en las Cortes la Constitución democrática y republicana de 1931.

La orden de detención emitida por una jueza argentina contra veinte antiguos cargos, autoridades judiciales y funcionarios franquistas sitúa a la sociedad española ante la cruda realidad de su pasado más reciente: la impunidad de los crímenes de la dictadura.

En un país con una mínima cultura democrática, el historial de Rodolfo Martín Villa le hubiera inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

La orden de detención internacional emitida por la jueza argentina María Servini de Cubría contra veinte antiguos ministros, jueces, policías y militares franquistas por crímenes de lesa humanidad supone un paso decisivo en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Es un elemento más en el marco de la “querella argentina”, que esta jueza viene investigando en su país desde 2010 sobre la base del principio de jurisdicción universal, ante la falta de voluntad por parte del Estado español de realizar la investigación en sede judicial española.

Esta vez, la orden de detención preventiva a efectos de extradición alcanza al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa. Resulta muy significativo que la justicia se haya detenido en su figura, un “hombre fuerte” de los últimos años del franquismo y la Transición, a quien se le acusa de dirigir la brutal represión de los sucesos de Vitoria que causaron la muerte violenta de cinco trabajadores en marzo de 1976. No en vano Martín Villa es una pieza clave en esa violencia política institucional -amparada y dirigida desde las más altas instancias del Estado- que se desarrolló durante los años de la Transición con el objetivo de amedrentar a la ciudadanía y sus demandas democráticas. Sus conexiones con policías torturadores son más que notorias. Da buena prueba de ello el BOE de la época: el 1 de julio de 1977 se publica la concesión de la medalla de plata al mérito policial a Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. ¿Quién firma la orden de concesión? Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación.

Martín Villa es el paradigma de la Transición. Es una persona que, como tantos dirigentes de la época, se acostó falangista el día que se murió Franco y a la mañana siguiente se despertó demócrata de toda la vida.

Durante la dictadura ocupó -entre otros- los cargos de jefe nacional del SEU (1962-1964), director general de Industrias Textiles (1966), secretario general de la Organización Sindical (1969), gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona (1974), además de procurador en las Cortes franquistas durante cuatro mandatos.

Este largo currículum no le invalidó para pasar a desempeñar responsabilidades políticas una vez muerto el dictador. Más bien todo lo contrario. Fue ministro de Relaciones Sindicales en 1975-76 en el primer gobierno de la monarquía, el presidido por Carlos Arias Navarro; para ser después ministro de Gobernación desde 1976 a 1979 y de Administración Territorial en 1980-81 con Adolfo Suárez; y vicepresidente primero del Gobierno en 1981-82 con Leopoldo Calvo-Sotelo. De 1979 a 1983 fue diputado en las Cortes Generales por la UCD. Años mas tarde, encuadrado ya en las filas del PP, obtuvo de nuevo el acta de diputado desde 1988 a 1997.

Fue también uno de los políticos precursores en utilizar la hoy famosa “puerta giratoria”. En 1997 accedió a la presidencia de Endesa, empresa entonces todavía parcialmente pública y en cuya total privatización contribuyó de manera impagable. Después, en 2003 fue nombrado comisionado del Gobierno para el tema del Prestige y en 2004 accedió al cargo de presidente de Sogecable (grupo empresarial históricamente cercano al PSOE), cargo que mantuvo hasta 2010. Después, el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, le nombró consejero de la Sareb (el “banco malo”), cargo que actualmente ostenta.

En resumen, Martín Villa ha tenido cargos relacionados con la dictadura y ha gozado de los favores de los tres partidos que han gobernado desde entonces: UCD, PSOE y PP. Así, desde las coordenadas del régimen de 1978 bien podría definírsele como un hombre de Estado. Siempre al servicio de su país, gobierne quien gobierne. Ello ha hecho que sea ensalzado por doquier. Medallas, homenajes en universidades e instituciones públicas o calles que llevan su nombre. Todo es poco para uno de los que “generosa y desinteresadamente” hicieron posible la llegada de la democracia a España.

De ahí que la orden de detención y extradición vaya a caer en saco roto. No conviene hacerse ilusiones ni concebir falsas esperanzas. Con ella sucederá lo mismo que con la orden similar que emitió esta misma jueza hace meses contra dos policías torturadores: Billy el Niño (el condecorado por Martín Villa) y Jesús Muñecas. El Gobierno la remitirá a la Audiencia Nacional y ésta la rechazará al entender que los delitos han prescrito o que están bajo el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Estos argumentos no son nuevos. Desde hace tiempo el poder judicial español viene ignorando sistemática e impunemente las voces de juristas y organismos de derechos humanos que le insisten en que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que la amnistía no puede ser aplicada a estos crímenes ni entendida como un salvoconducto ante cualquier investigación y que las obligaciones internacionales de verdad, justicia y reparación siguen sin ser satisfechas por el Estado español.

Pero no todo son malas perspectivas. La orden de detención contra Martín Villa es el espejo que la justicia argentina ha puesto al régimen del 1978. Le enfrenta con sus orígenes y fundamentos, es decir, con sus miserias. De ahí que poco o nada quepa esperar con relación a este tema desde las normas jurídicas, las instituciones públicas y los partidos políticos que conforman este régimen. Ni del PP ni del PSOE -ni tampoco de UPyD, por cierto, que también en este punto parece seguir la estela de los anteriores.

En el fondo, la decisión de no investigar los crímenes franquistas es una cuestión política y no jurídica. Juzgar a Martín Villa en nuestro país o extraditarle a Argentina supondría socavar las bases legitimadoras del actual sistema político español: la amnistía y el “pacto de silencio” de la Transición. Por lo tanto, solo saliéndonos de este marco constitucional será posible reparar integralmente a las víctimas del franquismo y terminar con la impunidad y la herencia de la dictadura.

Mientras conseguimos poner en marcha este proceso constituyente, sí hay algo que podemos hacer: impedir que tanto Martín Villa como las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad campen tranquilamente a sus anchas por los foros y espacios públicos. Porque otra cosa que aprendimos de Argentina es que si no hay justicia, habrá escrache.

PD.- Ruego al lector un poco de comprensión por si, entre la extensa lista de cargos de Martín Villa, he omitido alguno relevante.

La película

La Isla Mínima

ofrece una buena oportunidad para continuar debatiendo sobre la Transición y su pacto de silencio, así como las consecuencias que tuvo para la sociedad española la amnistía de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista.

Advertencia: Contiene

spoilers.

“Todo en orden, ¿no?”. Con esta frase termina la exitosa La isla mínima, donde tras un correcto thriller se esconde una potente película política ambientada en la España de inicios de los años 80. Es decir, en la España de la Transición, en ese momento de crisis en que -parafraseando a Antonio Gramsci- ni la dictadura terminaba de irse ni la democracia de llegar. Una época en la que todos los gatos eran pardos y frenético era el ritmo de políticos, jueces y policías a la hora de acomodarse a las exigencias del nuevo régimen. Y ello, como es bien sabido, en un ambiente asfixiante, plúmbeo y sórdido que la película sabe reconstruir a la perfección.

Dos son los personajes sobre los que gira la trama de La isla mínima: dos policías, interpretados por Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo. Representan, respectivamente, ese terrible pasado que no se marcha y ese futuro esperanzador que no se concreta. Así, mientras que el primero responde al prototipo de policía franquista, ejecutor del sistema en el que vive, el segundo nos presenta en cambio a un policía garante de la legalidad y los derechos. Un policía con una carrera prometedora -al igual que el régimen naciente-, pero que, de momento, tiene que purgar sus penas “en provincias” por haberse creído que la democracia española era más avanzada y tolerante de lo que realmente era en esos años.

A partir de este marco, es interesante apreciar cómo según avanza la película el retrato del policía franquista se va humanizando de cara al espectador. Sus corruptelas se convierten en imprescindibles para el buen avance de la investigación, denotando una destacada pericia profesional, y en su carácter hasta se dibujan pinceladas de buena persona. A la vez, se produce entre los dos protagonistas una cierta simbiosis en lo relativo a sus métodos de actuación, necesaria -quizás- para el éxito final de sus pesquisas. En suma, ni tan malo era uno ni tan bueno el otro, podría llegar a pensarse.

Tras esta construcción argumental resulta inevitable apreciar una metáfora de la Transición y del relato hegemónicamente establecido y transmitido sobre ella: solo a través de un “pacto de olvido y silencio” entre las fuerzas violentas del pasado y las democráticas del futuro sería posible salir de la dictadura y configurar un sistema político constitucional. Para ello resultaba imprescindible olvidar los crímenes de la dictadura y amnistiar a sus autores, aunque ello supusiera permitir que estos últimos convivieran entre nosotros con total impunidad. Y que siguieran con sus mismas actividades y profesiones, como se aprecia en la película: un antiguo integrante de la Brigada Político Social, torturador y asesino, que pasó a formar parte de la policía del nuevo Estado constitucional sin solución de continuidad.

Este personaje de la película no es, ni mucho menos, un caso aislado. Así sucedió con buena parte del establishment proveniente de la dictadura, cuyos integrantes repitieron ya en democracia las prácticas y conductas asimiladas durante sus años de servicio en aquel régimen. Todos estos autores de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo y la Transición resultaron beneficiados por la amnistía: en efecto, ningún agente de las fuerzas de seguridad del Estado acusado de delitos de sangre fue puesto frente a un tribunal. Y no porque no debieran haber sido juzgados. Recuérdese que solo entre 1975 y 1983 fueron 188 las personas muertas por violencia política de origen institucional (desarrollada, amparada o tolerada por el Estado). Entre ellas, 54 fallecieron en la represión en la calle por las fuerzas de orden público y ocho lo fueron estando bajo custodia, detenidos o en cárceles.

A estas cifras hay que sumar la cantidad -todavía hoy desconocida en su totalidad- de personas heridas, privadas de libertad, torturadas y/o violadas por agentes del Estado durante ese periodo (los datos existentes pueden consultarse en el libro de Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta, Ed. Península, 2010). Se trata de las víctimas silenciadas de la “modélica Transición”, a las que el Estado español todavía no ha reconocido e indemnizado como se merece. Son las cosas que tiene el olvido: borrado el pasado, no hay delitos ni culpables.

Pero volvamos a la película. Conforme esta transcurre, a la par que se humaniza al policía torturador, también se van conociendo los detalles de su sangriento pasado. Ello provoca un creciente desasosiego en su compañero. Entonces, dado ese pasado, ¿podía estar todo en orden, como parece exigírsele (y exigírsenos) en la frase final? En un principio parecería claro que no, que ya no podía estarlo. Conocer la verdad hace que todo cambie, incluso la opinión y los sentimientos hacia quien no solo te ha salvado la vida, sino que además ha permitido que el éxito de la investigación recaiga por completo sobre ti. Solo así se explica y se entiende la mirada de desprecio por parte de “nuestro policía” hacia su compañero; una mirada totalmente reveladora.

No obstante, el final de la película deja margen para otra posible interpretación de su tesis política. Y para la duda. Ese desprecio que rezuma el joven policía hacia su compañero se ve acompañado del silencio. Un silencio cómplice que le va a suponer un notable beneficio: su billete de vuelta a Madrid. A cambio, decide callar y seguir adelante; no mirar atrás y creer en la “redención” (no en vano esta palabra aparece en los carteles de la película) de su compañero de viaje. Por tanto, ¿no es verdad que todo seguía estando en orden? A fin de cuentas, ¿callar y amnistiar no fue lo que los demócratas cedieron en el pacto de la Transición a cambio de ese prometedor futuro?

Desde esta interpretación, la película transmitiría además al espectador la idea de que los agentes de la dictadura no necesitarían una sanción “jurídica” que les hiciera pagar por sus abusos, dado que el propio policía ya se habría autoimpuesto una sanción “moral” aún más severa; una sanción que le corroe las entrañas hasta hacer de él un muerto en vida, en busca de esa redención que quiere obtener resolviendo el caso. Así, los policías torturadores y asesinos como él ya arrastrarían el oprobio ante su conciencia por los crímenes cometidos. La amnistía que les eximió de toda responsabilidad habría sido, pues, una “amnistía mínima”, porque los amnistiados ya se habían autocondenado moralmente.

A este aspecto hay que sumar la complacencia que la película parece mostrar hacia la doctrina de la “obediencia debida”. Al fin y al cabo, el policía franquista fue un torturador porque ese es el papel que le tocaba jugar durante la dictadura. Una vez cambiado el sistema político, el mismo policía acata igualmente las órdenes de sus superiores. Por eso incluso persigue a un poderoso terrateniente, en ese camino de redención que le llevaría a demostrar que ha asimilado las nuevas exigencias de la igualdad ante la ley. Con este movimiento, se exime de responsabilidad al policía por los abusos cometidos en el pasado, cuya causa reside en el régimen al que sirvió, y de ahí que tuviera todo su sentido la decisión de amnistiarlos (una amnistía mínima, puesto que -como se ha señalado antes- en el pecado llevaban la penitencia).

Por todo lo anterior -y continuando con la metáfora de la Transición con la que permite jugar la película-, entonces tampoco habría sido tan negativa la decisión de amnistiar los crímenes de la dictadura, dado que fue esta amnistía la que permitió que la sociedad española se redimiera y encauzara su camino hacia ese prometedor futuro democrático que entonces parecía otearse en el horizonte.

En cualquier caso, opte el lector por una u otra interpretación, La isla mínima proporciona elementos para entender las raíces de la podredumbre institucional y moral que hoy padecemos a todos los niveles, dado el origen corrupto que estuvo en la base del nacimiento y legitimación del sistema político actual. De ahí, finalmente, la necesidad de un proceso constituyente que, por un lado, genere otro relato legitimador diferente del de la Transición y, por otro, cree los mecanismos institucionales necesarios para evitar prácticas como las que se aprecian en la película.

El curso académico que ahora se inicia puede ser decisivo para el futuro de la universidad española: a las distintas citas electorales previstas para 2015 se suman las elecciones que se producirán en este mismo periodo en varios rectorados.

Es un momento oportuno para sustituir las tradicionales estructuras de poder universitario -perfectamente encuadrables bajo la categoría de la casta- por otras formas y prácticas más democráticas, inclusivas y participativas.

Entre los éxitos de la campaña de Podemos se encuentra la extensión de la categoría de la “casta”. A juicio de sus ideólogos -tesis que comparto-, una de las características del sistema político nacido de la Transición y constitucionalizado en 1978 fue la consolidación de una clase política que ha dirigido los destinos de la sociedad española desde entonces prestando más atención a sus intereses particulares y de clase que a las demandas ciudadanas.

Podrá discutirse la mayor o menor fortuna de este término (otras voces prefieren hablar de corte o régimen), pero difícilmente puede negarse que la casta (los cortesanos o fuerzas del régimen) se ha implantado en todos los espacios de la vida pública y de sus instituciones. Incluido, por supuesto, el universitario.

La llegada de la democracia permitió que se abrieran algunos canales de participación democrática en la universidad, pero no varió sus tradicionales estructuras de poder. Al igual que en la judicatura, la policía o la política, en la universidad no hubo una depuración significativa en los núcleos de poder, con lo que no se produjo el necesario cambio en las culturas o formas de actuación de las propias de la dictadura a las que deberían presidir un sistema democrático. Así, las relaciones profesionales y académicas siguieron rigiéndose por los tradicionales (léase feudales) canales de ordenación del poder universitario: las pomposamente llamadas “escuelas”. Entiéndase por tales aquellos grupos -dirigidos por uno o varios catedráticos y fuertemente jerarquizados- que controlaron y todavía controlan buena parte de la carrera académica de sus integrantes y, por ende, de la entrada, promoción o defenestración de quienes trabajan en la universidad. Por poner un símil conocido en la jerga universitaria, cada escuela maneja su entorno como si de un cortijo se tratara.

El tiempo no ha hecho sino consolidar esta estructura de dominación, que hace que la carrera profesional de un docente o investigador universitario dependa en gran medida de su mayor o menor fidelidad a una escuela; y, por otro, del poder que esta última llegue a tener en los núcleos de decisión del mundo académico, es decir, en los rectorados, consejerías autonómicas de educación y ministerios del ramo. Cuanto mejor colocada esté una escuela en estos espacios, es decir, cuanto más sintonice con el poder político de turno, más posibilidades tendrá de extenderse.

Los cambios acaecidos en los últimos años en la universidad española no han servido para revertir esta dinámica. Ni la reforma de los planes de estudios del llamado “plan Bolonia”, ni la introducción de la lógica empresarial, ni la institucionalización de un discurso sobre la búsqueda de una presunta “excelencia” de la que hasta ahora parecían carecer los campus españoles han implicado un cambio radical en el viejo statu quo universitario. Más bien al contrario. Han supuesto un reforzamiento del poder de quienes ya lo tenían.

Como muestra, un ejemplo. A resultas de la tan cacareada excelencia, los últimos Gobiernos (aquí, una vez más, sin que se atisben grandes diferencias entre los del PP y del PSOE) han ido progresivamente concediendo mayores competencias a la hora de certificar y acreditar la calidad de currículos de profesores, proyectos de investigación o planes de estudio a organismos pretendidamente independientes del poder político que adoptan la estructura de agencias. Éstas -como la ANECA, en el ámbito estatal- son las que acreditan, por ejemplo, si un profesor ayudante puede promocionar y acceder a una categoría contractual superior o a la categoría funcionarial de profesor titular; o si este tiene la “calidad” suficiente para concursar a una plaza de catedrático. Sin su placet esta promoción no es posible.

Pues bien, ¿cómo funcionan las agencias de acreditación de la calidad universitaria? A pesar de la imparcialidad, neutralidad e independencia de las que suelen presumir quienes las diseñan o dirigen, lo cierto es que estos rasgos suelen brillar por su ausencia en la práctica. No en vano están dirigidas por el poder ejecutivo (poca independencia pueden tener a partir de ahí), quien designa sus cargos directivos y distribuye no pocos de sus puestos decisivos entre sus “afines”. Son pues una plaza a conquistar por esas escuelas de las que hablaba anteriormente, cuyos jefes llaman a la puerta de sus colegas en el poder y pugnan por colocar el mayor número de peones en ellas.

Así se explica, por ejemplo, que en estos últimos años de gobierno del PP el Opus Dei esté acumulando todavía más poder en la universidad española: sus miembros ocupan puestos de enjundia en los lugares donde se toman las decisiones sobre quién accede o promociona en la carrera académica y quién se queda fuera; qué proyectos de investigación se financian y cuáles se rechazan; o qué planes de estudios de grado y postgrado se implantan y cuáles se desechan. En este último caso, normalmente, por no ajustarse a las “necesidades del mercado”; otro de los mantras que presiden la vida universitaria. En suma, el control sobre la actividad universitaria es cada vez más férreo y absoluto, ya que se trata del control sobre quién y qué enseñanzas se imparten o qué investigaciones se financian.

Ante este panorama no debería extrañarnos que la universidad sea un espacio ajeno a la actividad sindical, es decir, uno de los espacios laborales menos permeables al control sindical que existen en la actualidad. En este contexto tampoco ayuda la extensión acrítica (e incluso consentida desde voces que se dicen de izquierdas) de figuras como la del “profesor honorífico”, mediante la cual los rectores que la han implantado en sus universidades han alcanzado el sueño del más rancio capitalismo: que la gente realice una prestación laboral como es la de dar clase sin cobrar un euro.

Todo ello, además, en un marco general en el que la tendencia a acomodarse en los cargos universitarios es grave y preocupante. Aunque la vigente legislación universitaria establece un principio general de limitación de mandatos a dos, este principio se puede sortear fácilmente mediante la fórmula de ir saltando de cargo en cargo. De ahí que no sea infrecuente encontrar personas que llevan la friolera de veinte años ocupando un cargo universitario, uno tras otro, de manera ininterrumpida. La perpetuación en el poder es, por cierto, otra de las características que definen la categoría de la casta.

Pero no debemos resignarnos a este esquema. Entre la “universidad cortijo” y la “universidad empresa” -ambas especies de un mismo género- existe otro modelo. Es ese modelo el que debemos aspirar a construir entre todas las personas que componemos la comunidad universitaria: alumnado, personal de administración y servicios y profesorado. La universidad no debe quedar al margen del espíritu democratizador, inclusivo y constituyente del 15-M que preside hoy las demandas ciudadanas. Quienes creemos y defendemos una universidad pública, transmisora de conocimientos, escuela de ciudadanía y crítica con el poder debemos ponernos a ello con urgencia.

Este curso que ahora iniciamos es decisivo: al ciclo electoral que comenzará en mayo y terminará presumiblemente con las elecciones generales de otoño de 2015 se suman las elecciones a rector que se celebrarán en no pocas universidades en este mismo periodo. Y en estas últimas tenemos que evitar que ganen y manden los de siempre, los que vienen gobernando la universidad española con prácticas escasamente democráticas desde hace ya demasiado tiempo.

"O concluimos que estamos reconciliados o resurgirían odios subyacentes", le dijeron representantes del Gobierno del PP al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la justicia transicional durante su visita a España.

Acaba de hacerse público el informe que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición emitió tras su visita a España a finales de enero de este año. En sus páginas el Relator (Pablo de Greiff) incide en el incumplimiento por parte del Estado español de las obligaciones internacionales que le corresponden con relación a las víctimas de la dictadura franquista.

Desde la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental, el informe es una denuncia en toda regla de la política del Estado español. En sus propias palabras, “no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. Constata el Relator que ni siquiera existen censos oficiales de víctimas, ni tampoco datos o estimaciones oficiales sobre su número total. A lo que se suma, en primer lugar, un modelo de “privatización” de las exhumaciones que “alimenta la indiferencia de las instituciones estatales” con relación a las reclamaciones de los familiares; y, en segundo término, un excesivo formalismo interpretativo respecto a la ley de amnistía y el principio de legalidad que “niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo de investigación” de lo sucedido en sede judicial.

Las conclusiones y recomendaciones del informe poco pueden sorprender. En términos generales insisten en lo que -también recientemente- ya le habían advertido al Estado español otras instancias de Naciones Unidas como el Comité contra la Desaparición Forzada o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. En el caso de este último, su informe da un plazo de noventa días al Gobierno español para presentar un cronograma con las medidas a adoptar, ofreciéndole así una vía para comenzar a subsanar los déficits de justicia transicional que acumula España desde la “inmaculada Transición”.

Pero la primera ocasión que se ha presentado para enmendar este rumbo no ha podido ser más decepcionante. El pasado 30 de agosto, declarado Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por Naciones Unidas, el Telediario 2 de TVE informó sobre dicha efeméride con una noticia en la que se omitió cualquier referencia a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la guerra civil y la dictadura franquista. Se habló de las víctimas de este crimen contra la humanidad en Colombia, África o en los Balcanes, pero las más de 114.000 personas desaparecidas en España no merecieron otra cosa que el silencio. Dio igual tanto el citado plazo de noventa días como que el Relator insistiera en la necesidad de desarrollar programas en educación histórica y derechos humanos centrados en la perspectiva de las víctimas. Las instituciones públicas -en este caso, la televisión estatal- no pierden ocasión de dejar clara su adhesión a las cláusulas de silencio, olvido y amnesia propias del tan cacareado como falso consenso de la Transición.

Esta suerte de negacionismo (ya denunciado ante distintas instancias por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) no debe quedar impune. Sus autores -quienes redactaron y dieron el visto bueno a la emisión de esta noticia- merecen un máximo reproche moral, al suponer su conducta un grave ocultamiento de lo sucedido y un nuevo desprecio a las víctimas y sus familiares, lo que ahonda en su dolor. Se trata de una -otra más- mala praxis por parte de los responsables de los informativos de TVE sobre la que deberían responder políticamente ante las instancias oportunas. Pero, bien es sabido que en España no existen mecanismos reales de control de veracidad de la información que emiten los medios, sean estos privados o públicos (y cuando alguien lanza alguna propuesta en este sentido, tendente a garantizar el derecho a una información veraz y plural, rápidamente es tildado de totalitarista).

Volvamos al informe del Relator de Naciones Unidas, porque en su parte final nos da una clave para entender esta desidia oficial para con las víctimas de la dictadura. Según señala en las conclusiones, varios representantes del Gobierno español le advirtieron lo siguiente: “O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Nótese bien lo que está detrás de esta alternativa, planteada en términos excluyentes. O bien se asume una especie de reconciliación por decreto, impuesta desde arriba tras la muerte del dictador con independencia de lo que las víctimas (y los organismos internacionales de derechos humanos) digan o sientan; o bien se “reabrirían” las viejas heridas con el consiguiente riesgo... ¿de qué? Detrás de este segundo cuerno del dilema rezuma una velada amenaza a las víctimas y a las demandas de memoria histórica y justicia transicional. ¿Reclamar el cumplimiento de obligaciones internacionales y la satisfacción de derechos humanos es un “riesgo demasiado algo” en democracia? A los dirigentes del PP se les nota demasiado el pelo de la dehesa.

En definitiva, hoy ha sido el Gobierno del PP. Pero en años anteriores lo fue el del PSOE, el otro partido turnista. Ambos comparten a pies juntillas la misma visión de la Transición, mientras que tan solo discrepan en algunos puntos -ninguno sustancial- sobre la forma de reparar a las víctimas del franquismo. No en vano ese planteamiento excluyente que los miembros del Gobierno le hicieron al Relator no es exclusivo del PP, sino que está en el ADN de nuestro actual sistema constitucional, custodiado fielmente por los dos partidos.

De ahí la importancia -también para las víctimas de la dictadura y para el movimiento memorialista- de las diferentes citas electorales del 2015; citas que deberían ir configurando el camino hacia un proceso constituyente que, entre otras cosas, termine con esta cultura de la impunidad propia de la Transición y del régimen actual.

En el marco del régimen de 1978 no es posible satisfacer los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, porque el silencio, el olvido y la impunidad están en su ADN

Días atrás hemos conocido la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de rechazar la petición de extradición emitida contra dos torturadores, Jesús Muñecas y Antonio González Pacheco, por parte del juzgado argentino que investiga crímenes de genocidio y/o lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista sobre la base del principio de justicia universal.

En sendos autos, fechados el 24 y el 30 de abril, las secciones segunda y tercera de la Sala de lo penal de la AN coinciden en su argumentación: no cabe la extradición porque los hechos por los que esta se reclama, esto es, las torturas infligidas por ambos sujetos a opositores de la dictadura, han prescrito. Según la AN, no cabe interpretar estas torturas como parte constitutiva de un delito de lesa humanidad. Su normativa aplicable exige que las violaciones de derechos humanos -en este caso, las torturas- “se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella” (art. 7 del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional y art. 607 bis del Código penal español). Algo que a juicio de los magistrados de la AN no concurre, dado que en ambos casos las torturas fueron simplemente “acciones aisladas y concretas de funcionarios policiales”.

Así, al no ser aplicable la caracterización de crímenes contra la humanidad y circunscribir los hechos a la condición de delitos comunes, la AN tiene vía libre para acudir a la categoría de la prescripción (diez años, para el delito de torturas), la cual extingue la responsabilidad penal y, en consecuencia, permite la impunidad de los hechos y la falta de castigo para los verdugos.

A la hora de encontrar un sentido a estas decisiones de la AN, puede recurrirse a varias circunstancias. En primer lugar, a la ignorancia de sus magistrados con respecto al tenor y alcance de la represión franquista. Entender que las acciones de Muñecas y González Pacheco eran meramente aisladas y que no formaban parte de un contexto generalizado de represión a la oposición es, simplemente, desconocer lo sucedido en la España de la dictadura (y de la transición, cabría añadir). Sorprende tal afirmación en un órgano judicial como la AN, a cuyos magistrados se les supone un conocimiento tanto del Derecho como de los hechos y el contexto en el que estos se producen. Un contexto, el de los últimos años de la dictadura, caracterizado (como los anteriores) por la violencia de carácter institucional, es decir, desarrollada o amparada por el Estado, contra los opositores políticos.

En segundo lugar, también contribuiría a explicar esta decisión el desconocimiento que parecen tener los magistrados firmantes del segundo auto -el que rechazó la extradición de González Pacheco- respecto del tenor literal del art. 607 bis del Código penal, según el cual la existencia de un delito de lesa humanidad requiere que los hechos en cuestión sean parte de “un ataque generalizado o sistemático a la población”. Este auto transforma la conjunción disyuntiva o en la copulativa y, al señalar que en ese caso no se aprecia “la existencia de un plan sistemático y generalizado” contra una parte de la población civil. Cualquier aprendiz de jurista sabe que no es lo mismo exigir la concurrencia de dos requisitos para apreciar la existencia de una situación que establecer la concurrencia de uno o de otro, como hace el Código penal para apreciar un delito de lesa humanidad. Así pues, bastaría con probar la existencia de un plan generalizado de represión a la oposición política, algo sobre lo que solo parecen tener dudas estos magistrados. De nuevo sorprende un error de tal calibre en un órgano como la AN supuestamente especializado en juzgar no todos, sino tan solo un número reducido de delitos. Aplicar bien el material normativo y distinguir correctamente los tipos penales de cada uno de ellos (genocidio y lesa humanidad, por ejemplo) debería ser condición necesaria de su trabajo.

A estas decisiones también habría contribuido, en tercer lugar, el desprecio al Derecho internacional que parece imperar en la AN. Salvo honrosas excepciones, este órgano no suele destacar por su celo a la hora de cumplir las obligaciones internacionales que incumben a España en materia de protección de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Suele ser reacio a aplicar el principio de justicia universal para los más graves crímenes internacionales y se mostró contrario a investigar los crímenes del franquismo cuando se le solicitó por parte de las víctimas y asociaciones que ahora recurren a la justicia argentina. Y es que, quizá, los fantasmas de su antecesor, el franquista Tribunal de Orden Público (TOP), paseen todavía por sus pasillos y despachos. Recuérdese que la AN se creó el mismo día en que se suprimió el TOP y que muchos de los jueces que formaron parte de este órgano de represión política de la dictadura terminaron sentándose en la AN, y no en el banquillo de los acusados, precisamente.

Quizá estas tres circunstancias hayan tenido su peso. Pero atender solo a ellas impedirá ver el motivo final que está detrás de ambas decisiones: la defensa del régimen político nacido de la transición y cristalizado en la Constitución de 1978.

La decisiones interpretativas que adoptan los jueces no son automáticas ni meramente “técnicas”. En muchos casos se trata de opciones valorativas que responden a objetivos, posiciones o marcos políticos. Así, calificar estos hechos como delitos de torturas (sujetos a prescripción) y no como crímenes contra la humanidad (imprescriptibles) es la mejor respuesta jurídica al blindaje que el régimen español hace de los crímenes de la dictadura. Y eso, cómo no, es una opción política. Una opción por el olvido y la amnistía que se impuso por quienes controlaron desde el franquismo el proceso de transición y que blindaron su impunidad en el recién nacido régimen. De ahí que el texto constitucional de 1978 guarde silencio sobre las víctimas de la dictadura y hunda su legitimidad no en el pasado republicano, sino en la propia transición.

En estos autos la AN no hace sino seguir la estela trazada por el constituyente de 1978 y refrendada por el legislador: desde la ley de amnistía de 1977 hasta la llamada ley de memoria histórica de 2007, siempre que el parlamento español se ha pronunciado sobre estos temas lo ha hecho loando y apelando a esa hipotética “reconciliación” que impediría reabrir heridas, es decir, juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura. En coherencia con este marco político se han pronunciado siempre los tribunales españoles: negándose a personarse en las fosas comunes cuando aparecen restos de desaparecidos, rechazando revisar y anular las sentencias franquistas contrarias a derechos humanos o, como hizo el Tribunal Supremo en su sentencia de febrero de 2012, declarando la ley de amnistía como “pilar básico e insustituible” de la transición y, por ende, del actual sistema constitucional. Por ello -y dicho sea entre paréntesis- es cuanto menos un insulto a las víctimas que en el marco de este proceso ante la AN el fiscal les haya planteado que denuncien los hechos ante los tribunales españoles. Sabe el fiscal -y sabemos todos- cuál es la respuesta que estos darán: alegarán la prescripción de los hechos.

Algo debemos aprender de estas frustradas experiencias judiciales: en el marco del régimen de 1978 no es posible satisfacer los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, porque el silencio, el olvido y la impunidad están en su ADN, en su propio momento fundacional. Así, recuperar la dignidad, memoria y derechos de las víctimas exige trascender este marco y crear otro, a partir de un proceso constituyente, en el que aquellas ocupen el lugar central que merecen en el discurso político y jurídico.

Pero mientras esto no se produzca, sería bueno que -ahora que vamos conociendo mejor aspectos, datos y rostros de estos últimos- hiciéramos nuestra la máxima de las organizaciones argentinas que tanto lucharon contra la impunidad: “¡Si no hay justicia, hay escrache!”.

Los contenidos del proceso constituyente que estos días estamos proponiendo desde Contrapoder encuentran un referente en la experiencia de la Segunda República española y lo que supuso en términos democráticos, es decir, de profundización en igualdad, libertad, derechos humanos y modernización del país.

La llegada de la Segunda República supuso el mayor intento de transformación social y política de la historia de España. Un intento de modernizar un país económica y culturalmente atrasado, caracterizado a resultas de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII por la dictadura, el caciquismo, el oscurantismo, la falta de libertad y, en suma, el subdesarrollo.

Este es el panorama al que la República se enfrentó con coraje y decisión. Desde el primer momento las y los republicanos fueron conscientes de que no bastaría con un mero cambio de régimen político. Que el paso de la monarquía a la república no supondría la inmediata solución de los problemas del país. Por ello el programa republicano era mucho más ambicioso. Pasaba por asumir los valores de la democracia real, la igualdad y la justicia social, y creer que solo mediante su implantación sería posible conseguir una sociedad libre, participativa e igualitaria.

En todo caso, no olvidaron ser coherentes con la filosofía de su proyecto y situaron la jefatura del Estado bajo el principio democrático. Así, la Constitución de 1931 estableció que el presidente de la República fuera elegido conjuntamente por el parlamento y por un número de compromisarios igual al de diputados (art. 68). Este sistema se utilizó en la elección del segundo presidente, Manuel Azaña, dado que el primero, Niceto Alcalá-Zamora, lo fue a través del procedimiento extraordinario según el cual bastaba la mayoría absoluta de los diputados. Este procedimiento estaba previsto en la disposición transitoria de la Constitución y motivado por la necesidad de institucionalizar cuanto antes el nuevo régimen.

La República optó por un modelo de cariz parlamentario, donde se dotara al presidente de la fuerza necesaria para no ser rehén del parlamento, pero sin que tuviera el poder suficiente como para sucumbir a la tentación caudillista a la que puede conducir el presidencialismo. De ahí que se optara por ese sistema mixto de elección, evitándose así que esta se llevara a cabo mediante sufragio universal. Como es sabido, fue complejo el encaje de la figura del presidente en el marco del parlamentarismo propio del texto de 1931. El sistema no estuvo exento de problemas y la “cohabitación” entre el presidente de la República (especialmente, bajo el mandato de Alcalá-Zamora) y los distintos gobiernos no resultó sencilla. En efecto, no era fácil dotar a esta figura de poderes y facultades que le permitieran actuar como un órgano de equilibrio constitucional. Libre de interferencias del gobierno y del parlamento, pero sin caer en la tentación de practicar el “borboneo”, es decir, la continua intromisión del jefe del Estado en los asuntos políticos cuya dirección debiera corresponder al poder ejecutivo.

¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta experiencia de cara a un futuro proceso constituyente? Aun cuando cada momento histórico sea único e irrepetible, algunos aspectos del momento fundacional de la Segunda República se asemejan a la situación actual. En primer lugar, parece claro que tanto entonces como ahora existe una fuerte sensación de fin de régimen y la consiguiente demanda ciudadana de cambios profundos. Una demanda que para muchos ya no se satisface con la realización de ciertas reformas constitucionales que sirvan, precisamente, para “maquillar” el régimen. Se requiere una ruptura democrática encarnada en un proceso constituyente que garantice los derechos humanos y sitúe la toma de decisiones políticas en el lugar del que nunca debió salir: el poder popular.

En segundo término, tanto en 1931 como en 2014 se constata la responsabilidad de la monarquía en la defensa de un régimen que poco responde a los cánones mínimos de decencia democrática y respeto a los derechos humanos. Tanto Alfonso XIII como Juan Carlos I fueron incapaces de cortar los lazos con la dictadura. En el caso del monarca actual, conviene recordar algunos datos todavía no conocidos del todo por la opinión pública: su condición de rey proviene no de la Constitución, sino de la legislación franquista; fue nombrado “sucesor a título de rey” por Franco en 1969; pilotó el proceso de Transición al lado de los propios franquistas; impidió que se preguntara al pueblo sobre la continuidad o no de la monarquía; y, finalmente, cuando se aprobó la Constitución no consideró necesario jurarla o prometerla (algo que sí hizo, y hasta dos veces, con las leyes fundamentales franquistas).

En tercer lugar, destacan asimismo las notables coincidencias entre el espíritu republicano de 1931 y el programa que hoy se perfila por quienes defienden la ruptura con el régimen de 1978 como único medio de salir de la profunda crisis institucional que padecemos. Las demandas republicanas de igualdad y justicia social se escuchan hoy en las calles y plazas del Estado español por los miembros de las mareas, plataformas, colectivos, sindicatos y partidos de izquierda. Todas estas demandas están presididas o basadas en el principio democrático, cuyo respeto exige su extensión a todos los ámbitos de la vida pública, empezando por supuesto por la jefatura del Estado. Un sistema político que se dice democrático no puede dejar al margen de la elección ciudadana a la primera de sus instituciones. La república debe sustituir a la monarquía; la democracia debe primar sobre la genética y la dinastía.

Pero también debemos aprender de los errores de la experiencia de 1931. En concreto, del diseño constitucional del nombramiento y competencias del presidente de la República. Parece más coherente con la propuesta de democracia radical que la persona que ocupe la presidencia de esa futura República sea elegida directamente por la ciudadanía a través de sufragio universal. Para evitar las citadas tentaciones de caudillismo o de intromisión en la vida política, la presidencia de la República debería limitar sus funciones a las propias de ser la más alta representación del Estado español y garantizar el normal funcionamiento de sus instituciones (incluidos, por supuesto, los acuerdos federales o confederales a los que se llegue entre las distintas naciones que compongan el Estado). No debería tener poderes ejecutivos o de gobierno, ni capacidad o derecho de veto para interferir en la vida parlamentaria o en los procesos de aprobación de leyes.

La presidencia de la República debe depender directamente del pueblo. Y ante él debe rendir cuentas de su actuación. Por ello, sería muy oportuno establecer la institución del referéndum revocatorio, que existe ya para los cargos electivos en países como Venezuela, Ecuador o Bolivia. Es este un mecanismo según el cual la ciudadanía puede solicitar un referéndum en el que se decida si una autoridad o representante elegido en las urnas continúa en su cargo o es cesado antes de concluir el periodo de su mandato. Además de ser un instrumento de democracia directa y de rendición de cuentas ante el electorado, es un potente elemento de “contrapoder” que sirve para limitar el poder de quienes ostentan cargos electivos (no solo de la presidencia de la República, por supuesto) y recordarles en todo momento de dónde procede su autoridad.

El espíritu y programa republicano recorre el Estado español. Por ello, hoy 14 de abril es un día para rendir homenaje a las mujeres y hombres que soñaron que era posible construir una sociedad democrática, justa, igualitaria y comprometida con los derechos humanos. Es de justicia hacerlo. Como lo es también recordar, una vez más, a las víctimas de la represión franquista nacida del golpe de Estado contra la República. Sus deseos, valores y luchas coinciden hoy en gran medida con los de quienes deseamos esa ruptura democrática que termine con el régimen de la Transición.

El artículo plantea las diferencias más importantes que se encuentran entre la ley de memoria histórica de 2007 y el anteproyecto de ley autonómica recientemente aprobado por el gobierno andaluz.

De la memoria personal y familiar a la memoria democrática y colectiva.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, por el que se establece el marco para la adopción de políticas públicas de reparación a las víctimas de la represión franquista y de recuperación de la memoria histórica en esa comunidad autónoma.

Sin perjuicio de sus puntos débiles -que deberán ser subsanados durante la tramitación del proyecto-, merece la pena señalar sus aspectos principales. Para ello resulta ilustrativa la comparación con la legislación estatal: la Ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica. Destacan estas diez diferencias:

1. Desde el título, el proyecto andaluz habla de memoria histórica y memoria democrática, mientras que la ley estatal ni siquiera incluyó el concepto de memoria histórica en su denominación.

Se garantiza así tanto el derecho de las víctimas a la verdad como el derecho colectivo de la ciudadanía andaluza a conformar un relato que contribuya a forjar una identidad ciudadana basada en la cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. Por su parte, el legislador de 2007 rechazó esta dimensión colectiva del derecho a la verdad. Se limitó a reconocer un “derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano”, sin que se explique en su articulado en qué se materializa este derecho una vez despojado de su vertiente colectiva.

2. El texto andaluz vincula la legitimidad de la recuperación de la memoria histórica con la Segunda Republica, como primera experiencia democrática de la España del siglo XX y antecedente en el que debería reconocerse el régimen actual. Por su parte, la ley estatal se basa en el “espíritu de reencuentro y concordia de la Transición”; ese espíritu que consolidó el pacto de olvido, la impunidad del franquismo y el desamparo de sus víctimas.

3. El proyecto andaluz recoge el enfoque propio del Derecho internacional acerca del tratamiento de las graves violaciones de derechos humanos y de sus víctimas. Así, su articulado aplica categorías internacionales a la represión franquista, como la calificación de crimen contra la humanidad, su imprescriptibilidad y perseguibilidad universal.

Por su parte, el legislador estatal de 2007 solo introduce el Derecho internacional en su texto para señalar una obviedad: la compatibilidad de la ley con los recursos establecidos en los tratados internacionales suscritos por España.

4. El texto andaluz adopta una perspectiva integral sobre los derechos y medidas que asisten a las víctimas: verdad, justicia y reparación. Es notable la diferencia con la ley estatal, que recoge medidas parciales de reparación pero olvida las dimensiones de verdad y justicia. Ni se contempló la creación de una comisión de la verdad o de un censo de víctimas, ni se habilitaron canales para que los tribunales españoles pudieran garantizar los derechos de las víctimas.

Esta perspectiva se refuerza con la previsión de un Plan Andaluz de Memoria Democrática y un informe anual de seguimiento, que deberá valorarse por el Parlamento andaluz. Los aspectos de control y rendición de cuentas fueron obviados por el legislador estatal, quien se limitó a crear una Oficina de Víctimas sin capacidad operativa real y rechazó involucrar al poder legislativo en el seguimiento de las políticas de memoria.

5. El proyecto andaluz parte de un concepto amplio de víctima. A diferencia de la ley estatal, se reconoce expresamente como víctimas a los integrantes del “maquis” o guerrilla antifranquista, y también a las niñas y niños robados. Otra distinción es la aplicación de la ley no solo a las víctimas de la dictadura, sino también a las de la transición. Este punto desmonta el alegado carácter “pacífico” de la transición española y reconoce el papel jugado en ese proceso por las personas que lucharon por el restablecimiento de la democracia.

El proyecto prevé un órgano consultivo y de participación de víctimas y asociaciones: el Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía. Es otro punto distintivo con respecto a la legislación estatal, que no contempló la participación de las víctimas en el diseño y articulación de las políticas de memoria.

6. También ha adoptado el texto andaluz una perspectiva de género, reconociendo este componente represivo adicional que tuvo la dictadura. Así, se contemplan medidas específicas para reparar a las mujeres que sufrieron la represión en su doble condición de republicanas y mujeres. En la ley estatal el enfoque de género brilla por su ausencia.

7. Un punto relevante del proyecto andaluz es la inclusión de la memoria democrática en el currículum de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la verdad y fortalecer los valores democráticos. Con ello se marca la diferencia con el legislador de 2007, quien paso por alto todo lo relativo al ámbito educativo.

Además, se prevé la creación de un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, dependiente del gobierno autonómico. Convendría mejorar su diseño en dos aspectos: uno, garantizar la participación de las víctimas en su composición y funciones; dos, desvincularlo del Gobierno y ubicarlo bajo el mandato del Parlamento autonómico, obligando al Instituto a rendir cuentas de su actuación ante el órgano de representación de la ciudadanía.

8. El proyecto denuncia que las sentencias condenatorias franquistas (como la de Blas Infante) permanezcan en vigor sin ser anuladas por el Estado español. Recuérdese que la ley de memoria histórica declara tales sentencias como injustas e ilegítimas; calificativos ambos sin efecto jurídico alguno.

El texto ordena al Gobierno andaluz a instar al Gobierno del Estado la adopción de medidas para la declaración de nulidad. Este punto debería ser modificado, al no ser el gobierno central el competente para ello. La nulidad se declara bien por los jueces en recursos de revisión, bien por el propio Parlamento estatal mediante la aprobación de una ley que así lo haga (como sucedió, por ejemplo, en Alemania).

9. Según el proyecto, es la administración autonómica la obligada a realizar las tareas de exhumación e identificación de restos de desaparecidos. Se establecen obligaciones al respecto para entidades públicas y para particulares (propietarios de terrenos afectados). Es otra notoria diferencia con la ley de 2007, que limita el papel del Estado a un mero deber de colaborar con las víctimas en las tareas de exhumación; tareas que, al dejarse en manos de asociaciones, quedan así “privatizadas” por ley.

No obstante, dos aspectos deberían ser matizados: en el proyecto se afirma que el procedimiento de exhumación se iniciará de oficio por la Junta o a instancia de entidades locales, víctimas, asociaciones o investigadores. Es lógico que sea así, siempre que el control de la Junta no suponga rechazar de entrada las exhumaciones solicitadas y desarrolladas por asociaciones con acreditada experiencia en ello.

Además, debe garantizarse que el “hallazgo casual de restos humanos” sea denunciado por quien los descubra ante el juzgado competente y no, como señala el texto, ante la Junta o ayuntamiento correspondiente. La aparición de restos humanos es una cuestión de orden público de la que los jueces no deben quedar al margen.

10. El texto ordena la retirada de la simbología contraria a la memoria democrática, rechazando la alegación de “razones artísticas” para mantener elementos de exaltación de la dictadura o desmerecimiento de la legalidad republicana. La ley estatal de memoria no solo contempla estas razones artísticas, sino que se inventó la categoría de “razones artístico-religiosas” para salvar de la retirada a las cruces de los caídos por Dios y por la patria.

Finalmente, a diferencia de lo dispuesto en la ley de 2007, en este caso se prevén sanciones económicas para quien incumpla la orden de retirada de estos símbolos o para quien los exhíba públicamente.

Lejos de alcanzar la tan ansiada excelencia, las políticas de contratación que se siguen hoy en gran parte de las universidades públicas son garantía de precarización y control ideológico del profesorado

A ello contribuye la limitación al máximo del acceso al funcionariado y el aumento de figuras contractuales caracterizadas por la temporalidad y baja retribución

Excelencia es la palabra últimamente más escuchada en los rectorados de las universidades públicas españolas. Precariedad es la realidad tristemente sufrida en sus campus por su personal, tanto de administración y servicios (PAS) como docente e investigador (PDI). Aunque pueda parecer extraño, ambos conceptos guardan relación, debido fundamentalmente a la forma como se interpreta el concepto “excelencia” por los responsables universitarios.

En efecto, en boca tanto del ministro Wert como de no pocos rectores, la excelencia se asocia –entre otras cosas– con una particular política de profesorado consistente en aumentar las figuras laborales temporales y evitar tanto la contratación indefinida como la funcionarización de docentes e investigadores que han completado con éxito su periodo de formación. Antes de nada, conviene recordar el origen de estas políticas, dado que no han surgido de un día para otro.

En 2001, bajo el Gobierno del Partido Popular, se aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), fuertemente contestada por la comunidad universitaria. A pesar de declarar su oposición a esta norma desde su propia tramitación, cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, optó por mantener en vigor la ley y su espíritu. Tan sólo se realizaron algunas reformas en 2007, que en nada afectaron a la forma de contratación del profesorado universitario (sí lo hicieron, sobre todo, a la gobernanza de las universidades y al acceso a la carrera funcionarial).

El régimen contractual del PDI no funcionario previsto en la LOU de 2001 –y mantenido en 2007– se caracteriza, de un lado, por su laboralización, puesto que hasta entonces se trataba de contratos bajo régimen administrativo. Y, de otro, por la ampliación del número de modalidades de contratación temporal, según la diferente dedicación y momento de la carrera académica. Así, en la ley se recogen las figuras de ayudante, ayudante doctor, asociado, visitante, emérito y contratado doctor, siendo este último el único caso de contrato laboral indefinido.

Pero este amplio abanico de modalidades de contratación no parece ser suficiente para las universidades. Aprovecharon que la LOU abría la puerta a la contratación de personal bajo figuras distintas a las previstas en su articulado (por ejemplo, para sustitución de trabajadores o realización de proyectos de investigación) para desarrollar un catálogo de figuras contractuales al margen de las ya señaladas.

Todas estas últimas se caracterizan sin excepción por la temporalidad y baja retribución. Sin pretensión de exhaustividad, encontramos hoy en las universidades españolas contratos de post-doc, investigador visitante, agregado, lector, visitante lector, ayudante lector, ayudante específico o ayudante de programa propio. Y seguimos: profesores asociados de 6, 8 o de 12 horas, profesores titulares interinos a tiempo completo o a tiempo parcial, etc. E incluso una figura que seguro que causa furor en el futuro: el profesor “honorífico”, quien da clases de forma voluntaria, sin cobrar ni tener contrato alguno.

Dos son los argumentos que se esgrimen en los rectorados para justificar esta situación. En primer lugar, que es la única forma de mantener a un profesorado que de lo contrario vería terminada su carrera laboral sin poder acceder al funcionariado. Máxime en un contexto de crisis como el actual, donde la ley de presupuestos restringe al máximo la oferta de empleo público e impide que se convoquen oposiciones de profesorado funcionario.

Adviértase –entre paréntesis– que este es otro de los “favores” que debemos a la reforma del art. 135 de la Constitución, pactada en el verano de 2011 por PSOE y PP, según la cual se prioriza de forma absoluta el pago de la deuda y sus intereses ante cualquier otro gasto, como, por ejemplo, las políticas de educación.

Pero resultaría más creíble este primer argumento de los rectores si se viera acompañado de gestos en favor del profesorado. Por ejemplo, la utilización de la figura contractual ya señalada del profesor contratado doctor, que es la única que permite la estabilidad laboral que merecen personas –porque no se olvide que los docentes son eso, personas– que han dedicado unos cuantos años a realizar su trabajo con éxito. Sin embargo, se constata que cada vez son menos las universidades que, aduciendo su elevado coste, optan por estabilizar a su profesorado en esta figura.

O si, además, los rectores fueran más incisivos en sus formas de presión ante las autoridades estatales y autonómicas. Pocas son las voces de protesta que se escuchan por su parte para defender al mayor activo con que cuentan las universidades españolas: su profesorado. Más bien al contrario. Su silencio ante estas políticas de recortes en la universidad que caracteriza al Gobierno del PP les convierte en cómplices. Prefieren negociar individualmente sus presupuestos y cuotas de poder con el ministerio y las consejerías de turno antes que hacer un frente común de defensa de la universidad pública.

El segundo argumento se basa en que, para unos cuantos rectores y voceros de la excelencia, esta última se consigue precisamente a través de la flexibilidad y temporalidad del profesorado universitario. La estabilidad, por el contrario, acomoda al PDI y provoca la falta de estímulos para rendir más y mejor. Entonces, por un lado, debe limitarse al máximo el acceso al funcionariado (como también “sugiere” el Gobierno del PP); y, por otro, hay que tener al profesorado contratado en permanente estado de alerta gracias al “acicate” que supondría, llegado el fin de un contrato, el acceso a otra figura contractual.

Además de que hasta la fecha la ecuación temporalidad igual a excelencia todavía no se ha demostrado, ni mucho menos, este argumento esconde por lo menos tres elementos importantes. En primer término, que este profesorado es el que mantiene la que es –o debería ser– la principal función de la universidad: la transmisión de conocimiento al alumnado. No olvidemos que su responsabilidad y carga de docencia suele ser la misma o similar que la de los profesores funcionarios (titulares o catedráticos), mientras que su sueldo es sensiblemente inferior. Es, pues, un profesorado muy barato para las universidades.

En segundo lugar, que resulta también muy cómodo para los rectorados mantener al profesorado fragmentado en múltiples categorías y bajo la espada de Damocles de la temporalidad. Lo que los defensores de esta particular forma de entender la excelencia denominan “acicate” no es sino una forma de enmascarar la precarización del profesorado que implica esta política de contratación. Una política de sobra conocida: cuantas más figuras laborales haya y en más categorías se clasifique a los trabajadores, más sencillo será mantenerles divididos y enfrentados entre sí; y, por el contrario, más difícil resultará la labor de protección de derechos que desempeñan sindicatos y órganos de representación del PDI.

En tercer y último lugar, es una eficaz forma de control ideológico del profesorado, que dificulta gravemente el ejercicio de la libertad de cátedra que reconoce el art. 20.1 de la Constitución española. En efecto, bajo este sistema el PDI temporal siempre estará a expensas de las decisiones sobre su renovación, futura contratación, promoción a otras figuras, etc. que adopten quienes mandan en sus departamentos: normalmente, los catedráticos o los “jefes de escuela”.

Estos últimos conservan el poder de decidir quién accede a una figura contractual, quién promociona y quién no lo debe hacer. Decidirán, pues, el perfil de la docencia y la investigación en los centros universitarios, dado que cada vez serán menos los profesores estables –quienes sí pueden ejercer su libertad de cátedra sin temor a que peligre su puesto de trabajo– y más los que deben “ganarse su confianza” cada cierto tiempo en pruebas, concursos o renovaciones.

El control ideológico de antaño se acentúa hoy bajo la fórmula del poder de contratación. Y esto, en una universidad como la española que todavía conserva intactas buena parte de sus esencias franquistas, parece especialmente grave.

La visita del relator especial de Naciones Unidas para la Justicia Transicional es una buena ocasión para insistir en los deberes incumplidos por el Estado español respecto de las víctimas del franquismo

Del 21 de enero al 3 de febrero se encuentra en visita oficial en España el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: Pablo de Greiff. Su visita se añade, por un lado, a la que realizó el pasado noviembre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas; y, por otro, a las observaciones finales emitidas también en noviembre por el Comité contra la Desaparición forzada relativas al informe presentado por España al respecto. Las conclusiones de estos últimos ponen de manifiesto la enorme preocupación que genera, entre los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el desamparo en que siguen sumidas -más de 35 años después de la afamada y “modélica” Transición- las víctimas del franquismo.

La visita del relator especial es un momento idóneo para que las asociaciones de víctimas y de recuperación de la memoria histórica recuerden -a él, a la opinión pública española y a la comunidad internacional- la situación en la que nos encontramos. Una situación que bien puede calificarse de urgencia ante el más absoluto desprecio de (casi) todas las instituciones del Estado español frente a las obligaciones que le incumben con respecto a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos en que consistieron los crímenes del franquismo. El tiempo de las víctimas se termina mientras el Estado español sigue dándoles la espalda.

Véanse algunos ejemplos. Si los organismos internacionales señalan que debe facilitarse la exhumación e identificación de restos de víctimas de desapariciones forzadas, el Gobierno ni se inmuta y responde eliminando la partida presupuestaria anteriormente destinada a tal efecto; si demandan apoyo institucional para la búsqueda de la verdad -mediante la creación de una comisión oficial independiente, una base de datos o un plan nacional de personas desaparecidas-, entonces el Gobierno mira hacia otro lado y alega que con la crisis no se pueden destinar recursos a estas cuestiones; si insisten y le solicitan un impulso en el desarrollo de la ley de memoria histórica, el Gobierno responde cerrando la Oficina de Víctimas contemplada en la ley y dejando sin actualizar la información sobre los mapas de fosas. Así podría seguirse hasta un largo etcétera.

Pero aun hay más. Cuando estos organismos internacionales solicitan que se garantice a las víctimas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los culpables e imponer las correspondientes sanciones, y que para ello se derogue o prive de todo efecto a la ley de amnistía de 1977, entonces los tres poderes del Estado responden al unísono y con una sola voz. Los gobiernos tanto del PSOE como del PP han insistido siempre en el valor de la amnistía; el Parlamento español rechazó en 2011 -con los votos de estos dos partidos- una proposición por la que se pedía una modificación de la ley de amnistía que excluyera su aplicación a crímenes de lesa humanidad; y, finalmente, el Tribunal Supremo en su conocida sentencia de febrero de 2012 calificó dicha ley como hito de la reconciliación nacional y “pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo”.

Todo ello ha reforzado el marco de olvido e impunidad creado en la Transición y ha obligado a las víctimas a dirigirse, sobre la base del principio de jurisdicción universal, a la sede judicial argentina para ver si obtienen allí una justicia que el Estado español les niega. Aquí, la colaboración de las autoridades con los requerimientos que se les envían desde la justicia argentina es nula, lo que no es óbice para que la querella avance y empiecen a verse resultados, como la solicitud de extradición de algunos torturadores franquistas.

En este punto, conforme el proceso argentino va avanzando, parece atisbarse una cierta disyuntiva en las asociaciones de víctimas y, en general, en el movimiento memorialista: si bien una parte importante de ellas tiene claro que conviene afianzar e impulsar desde aquí el proceso iniciado allí (justicia); otra, en cambio, apuesta por demandar la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de la dictadura (verdad). Esta última cuenta con el potente altavoz del exmagistrado Baltasar Garzón, quien tras su expulsión de la carrera judicial centra parte de sus esfuerzos -desde la fundación que lleva su nombre- en reclamar la creación de dicha comisión.

De entrada, conviene advertir que se trata de una falsa disyuntiva. Tanto la normativa internacional relativa a justicia transicional como las experiencias habidas al respecto ponen de manifiesto que ambas dimensiones, junto con la debida reparación integral a las víctimas, son interdependientes. El propio relator especial ya insistió -en su primer informe anual emitido en agosto de 2012- en la necesidad de adoptar un enfoque global que interrelacione e integre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Si se desarrollan de forma aislada -advierte el Relator- ni siquiera los procesos más rigurosos de búsqueda de la verdad son equiparados a justicia, ya que la revelación de la verdad no satisface plenamente la necesidad de una reparación adecuada”. Esta última requiere que la justicia actúe sobre la verdad descubierta, pues de lo contrario su búsqueda podría percibirse como “un lavado de cara sin más consecuencias”.

De ahí que en el caso español no quepa insistir tan solo en el establecimiento de una comisión de la verdad. Por supuesto que es importante contar con un relato oficial de lo sucedido, máxime tras haber vivido bajo el unilateral y opresivo discurso franquista durante demasiados años. Pero también lo es impulsar la querella argentina, al ser en estos momentos la única puerta abierta hacia la obtención de justicia y, por tanto, hacia la reparación integral de las víctimas. Y es que el relato cabal de lo sucedido adquirirá plena virtualidad en la medida en que se ponga al servicio de la justicia, la cual -con sus rituales y garantías- deberá atribuir las correspondientes responsabilidades a los autores de los crímenes. Solo así las víctimas sentirán que esa verdad no se queda en letra muerta y coadyuva a su reparación.

Ahora bien, demandar y conseguir la investigación de los crímenes de la dictadura, bien en sede judicial argentina bien en cualquier otra que pudiera abrirse, desata profundos temores en las altas instancias del Estado español. Ello no deja de ser hasta cierto punto lógico, dado que investigar esos crímenes supone mucho más que cuestionar una ley de amnistía. Implica poner en jaque a la propia Transición y, en consecuencia, a las bases fundamentadoras del régimen “democrático” -hoy en profunda crisis- nacido de la misma; bases entre las que se encuentra el olvido de los crímenes y la impunidad de sus autores.

Avanzar esta conclusión ha sido una de las grandes virtudes del movimiento memorialista: la dignificación y reparación integral de las víctimas del franquismo -es decir, la conjunta satisfacción de sus derechos a la verdad y a la justicia- solo podrá hacerse mediante la superación del marco de la Transición. Conviene tener esto último bien claro si no queremos, como se dice coloquialmente, “hacernos trampas al solitario”.

Las palabras de Hernando se inscriben plenamente en el ADN de la derecha española y del PP, incapaz de desembarazarse ni personal ni ideológicamente del franquismo.

Las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, sobre la República española y su equiparación entre este régimen constitucional y la dictadura franquista no son una simple muestra de ignorancia y desconocimiento de la historia. No nos confundamos. Son algo más grave. Responden a profundas motivaciones políticas y forman parte de una línea de pensamiento sólidamente instalada en buena parte del imaginario colectivo español.

Para empezar, las palabras de Hernando se inscriben plenamente en el ADN de la derecha española y del PP, incapaz de desembarazarse ni personal ni ideológicamente del franquismo. Hernando es un simple eslabón en una larga dinastía que va desde el fundador del partido y presidente de honor en el momento de su muerte, Manuel Fraga, hasta los miembros de Nuevas Generaciones que este verano se han fotografiado con banderas franquistas o en gestos y actitudes fascistas. Efectivamente, ni estas prácticas de sus jóvenes militantes ni el discurso de Hernando son novedad en el PP. Sin ir más lejos, el propio Fraga nunca dudó en señalar con el dedo a los dirigentes republicanos a la hora de buscar los culpables de la matanza derivada del golpe de Estado franquista.

Pero si vamos un poco más allá de esas concretas declaraciones y de la polémica sobre las banderas, nos encontramos con que ni Hernando ni el PP están solos a la hora de colocar en el mismo plano la legalidad republicana y la derivada del golpe de Estado franquista. Esta equidistancia entre un régimen legítimo como fue el republicano, basado en una moderna Constitución garante de la democracia y los derechos humanos, con una dictadura caracterizada precisamente por todo lo contrario, es una de las bases político-ideológicas que están detrás de la “modélica” transición y, en consecuencia, del actual sistema político español. Según la versión oficial, la transición nació del pacto de “echar al olvido” el pasado, lo cual implicaba que cada parte debía renunciar al suyo, a su pasado, y a su reivindicación política. Para los demócratas, ello suponía olvidar la causa republicana, sacarla del debate político y del marco del futuro régimen constitucional. Así las cosas, no es de extrañar que la preconstitucional ley de amnistía de 1977 equiparase víctimas y verdugos, ni tampoco que la Constitución de 1978 guardase un vergonzoso silencio sobre su precedente de 1931.

La equidistancia nace como una de las bases del sistema constitucional español. En consecuencia, desde un principio se trasladó de forma hegemónica a las instituciones y la vida política. Y se ha consolidado, fundamentalmente, gracias a la aquiescencia y acuerdo de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Baste recordar un par de detalles. En junio de 2008 el entonces presidente del Congreso, el socialista José Bono, reprendió a una víctima del franquismo por exhibir una bandera republicana en esa sede. Fue el mismo Bono que durante su mandato se negó a retirar los cuadros de los presidentes de las cortes franquistas que siguen hoy colgados en los pasillos del Congreso.

Con su desprecio hacia las víctimas del franquismo y sus derechos, los tribunales españoles se han sumado casi sin fisuras a la tesis de la equidistancia. Uno de los últimos ejemplos fue la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012, en el conocido como caso Garzón. A la hora de justificar su negativa a la investigación de los crímenes del franquismo, el tribunal se apoyó en la validez de la ley de amnistía, a la que definió como “pilar esencial, insustituible y necesario” para alcanzar la reconciliación nacional. Meses antes el parlamento español, con los votos de PP y PSOE, había rechazado una proposición de IU y ERC por la que se solicitaba modificar la ley de amnistía para que esta declarara expresamente su no aplicación a los crímenes de lesa humanidad. La defensa de la tesis de la equidistancia es una de esas políticas de Estado a la que tan acostumbrados nos tiene el bipartidismo imperante.

También la ley de memoria histórica de 2007 es presa de la equidistancia. Así se aprecia, sobre todo, en su negativa a anular los juicios y consejos de guerra franquistas celebrados en flagrante violación de derechos humanos. No declarar su nulidad y limitarse a calificarlos de injustos e ilegítimos implica concederles un reconocimiento jurídico y político que un sistema que dice ser democrático no debería tolerar. Por cierto, el Tribunal Constitucional sigue el juego y se niega sistemáticamente a amparar a las víctimas de esas farsas que fueron los juicios franquistas. Y en esto da igual que el tribunal esté formado por una mayoría de juristas conservadores o “progresistas”: coinciden plenamente y votan al unísono cuando se trata de temas que tienen que ver con el pasado dictatorial.

La consolidación del discurso de la equidistancia puedo hacerse, además, gracias a la contribución del mundo académico y universitario. Uno de los “maestros” más influyentes en la ciencia política española, Juan Linz, categorizó el régimen franquista de “autoritario”, pero no totalitario ni fascista. Como es bien sabido, el lenguaje no es inocente: con la extensión de esta calificación se busca rebajar el tono crítico hacia la dictadura. Si a ello se suma la opinión de historiadores y politólogos que insisten en calificar al gobierno republicano y a los golpistas franquistas como “bandos en conflicto”, o que hacen tabla rasa de la represión franquista con el argumento de que “ambas partes” cometieron barbaridades, no resultará extraño que se haya extendido esa visión sobre la República y la dictadura que destilan las palabras de Hernando. Ni que generaciones de estudiantes sigan hoy sin conocer la existencia y contenido de la Constitución de 1931 o los detalles del golpe de Estado contra la República.

El régimen nacido de la Constitución de 1978 no tomó partido ni por la dictadura ni por la Segunda República. Simplemente, se instaló en medio de ellas y renunció a fundar su legitimidad en la experiencia democrática nacida en 1931. La Constitución de 1978 y la cultura política en que se sostiene no dan más de sí en este terreno. De aquellos polvos vienen estos lodos, suele decirse.