El agravamiento progresivo de la crisis sanitaria y nuestra fundada preocupación por un futuro próximo y lejano cada vez más incierto no deben favorecer, sin embargo, el olvido de la grave situación que atraviesa la institución de la Corona en España tras la decisión de su antiguo titular, Juan Carlos I, de abandonar el país en el que él mismo reinó durante décadas. Y este olvido no ha de producirse no sólo por la necesidad de debatir democráticamente el modelo de jefatura de estado que queremos, no sólo por tendencias republicanas o monárquicas que tirios o troyanos muestren, sino también, y sobre todo, por la necesidad de mantener la vigencia de nuestro propio sistema democrático y de Derecho. Si a la democracia le es inherente la rendición de cuentas de todos los poderes ante el pueblo como sujeto soberano y portador de la voluntad constituyente, del Estado de Derecho se deriva el principio de responsabilidad por el incumplimiento de las leyes y su necesaria sanción. 

La Monarquía, como institución extraña a la racionalización del poder que se produce desde las primeras revoluciones liberales hasta la consecución del Estado social y democrático de posguerra, mantiene una tensión constante con el propio constitucionalismo y principios tan esenciales del mismo como el de igualdad. Por ello, no debe tampoco sorprendernos que la regulación constitucional en España de la Corona esté repleta de elementos que, al margen de la simpatía que pueda despertar o no la institución, han de sorprender a todo aquel que se acerque al texto con unas lentes mínimamente racionales, ilustradas, democráticas o, simplemente, jurídicas. Así, en el orden de sucesión se prima al varón sobre la mujer, atentando contra el valor de la igualdad; el Rey es el que, al margen de cualquier fiscalización, distribuye libremente, y sin necesidad de justificar nada, el presupuesto que tiene asignado; y, como se está poniendo de relieve en los últimos tiempos, su figura goza de una inviolabilidad que muchos entienden como plena inmunidad para los hechos que puedan imputársele y que hayan acaecido durante su mandato.

Se ha sostenido, no sin razón, que esta última protección tiene que interpretarse restrictivamente y de conformidad con los valores y principios constitucionales, por lo que muchos entendemos que no tendría que extenderse a los actos privados del Monarca. Como prerrogativa que es va unida a las funciones constitucionales encomendadas y se debería agotar en ellas. Hasta el momento, sin embargo, los tribunales no lo han considerado así y han extendido la protección a todas las actividades y actos del Jefe del Estado. Así que, como en el cuento, el Rey queda desnudo ante la inocente pregunta: ¿y si comete un delito? En estas estamos, presuntamente.

Defender la primera interpretación debería agradar a los más monárquicos, pues es la que mejor protegería a la institución, tanto de este caso como de ulteriores que pudieran producirse. Blindar excesivamente la Jefatura de Estado, cuyo diseño constitucional ya despierta recelos desde la óptica del Estado democrático y de Derecho, es contraproducente para las propias pretensiones de fundamentar y justificar el principio monárquico, pues este descansa hoy en el prestigio y, desprendiéndose del mismo, la neutralidad como auctoritas que puede llegar a erigir el Rey sobre la fragmentación política. Sin embargo, como no hay visos de que la opinión de los tribunales vaya a cambiar, y menos la más rígida del Tribunal Constitucional, una posible intención reformista y nada traumática para el monarquismo podría descansar en la conveniencia de modificar la Constitución para restringir la inviolabilidad, reducirla al papel de prerrogativa y, aprovechando la coyuntura, sustituir los elementos más controvertidos de la Monarquía ya apuntados. Y aquí se presenta, nuevamente por exceso de celo, un problema (para quien defienda esta postura) de difícil solución. El peculiar constituyente de 1978, deseando proteger al máximo a la Corona, introdujo toda su regulación (el Título II) en el procedimiento agravado de reforma constitucional (artículo 168), con lo que cualquier modificación, incluso de los aspectos secundarios o accesorios, necesita que concurra un verdadero imposible, a saber: que las Cortes aprueben el cambio por dos tercios, se autodisuelvan, se convoquen elecciones, las nuevas vuelvan a aprobarlo por dos tercios y, finalmente, se someta la modificación constitucional a referéndum de aprobación por parte del pueblo español. Si ya es extraño que el poder legislativo se haga el harakiri, lo sería más que persistiera la misma voluntad tras su decisión. Este procedimiento de reforma es, por tanto, tan sumamente difícil de seguirse que hay quienes lo han llegado a identificar con una cláusula pétrea, intangible o de eternidad, es decir, aquellas que en algunos países de nuestro entorno establecen expresamente la imposibilidad absoluta de reformar una parte de la Constitución.

Por tanto, ante una posible constatación próxima de delitos cometidos por el anterior Jefe de Estado y ante la improbabilidad, cuando no imposibilidad fáctica, de un cambio tanto de la Constitución en su regulación de la Corona como de la interpretación judicial de la inviolabilidad real, ¿qué salida quedaría desde una óptica puramente democrática? He aquí la cuestión, que ha de preocupar especialmente a quienes crean en la necesidad de mantener la Monarquía y de preservar lo que pueda o pudiera comportar. Ya no es que esté en juego la autoridad y prestigio de la institución, es que se pone directamente en entredicho la credibilidad general de nuestro sistema democrático y de Derecho al incumplirse sus elementos más característicos y definidores, precisamente, en el vértice que quería coronarlos.  La alternativa de la ruptura con el modelo, dada la imposibilidad de reforma, no parece tampoco muy fraguada políticamente por el momento, y menos con el vacío a nivel simbólico de quienes dicen blandirla y que a veces son incapaces de moverse más allá de experiencias pretéritas. A las incertidumbres sociales y económicas que el coronavirus ha traído ahora hemos de añadir las institucionales de una crisis, la de la Monarquía española, que venía larvándose desde hace tiempo. No son buenos tiempos para predicciones, pero sí para los olvidos… Sirvan estas líneas, al menos, como recordatorio.

La cura geográfica que está intentando llevar adelante la monarquía y los partidos que la apoyan, está destinada al fracaso. El abandono del territorio español por parte de Juan Carlos I es la asunción de una culpabilidad no dicha expresamente, pero reconocida de facto. Sobre todo, cuando él mismo señala cómo va a ser recordado por las siguientes generaciones. Se va porque lo han descubierto con las manos en la masa y trata de salvar a la monarquía -no para bien de España sino de su propia familia, familia que conoce ya varios exilios- puesto que ya no cabe pedir perdón otra vez, tal como lo hizo en el pasado. 

Su huida de España, sin una sola palabra dirigida a los ciudadanos, muestra a las claras que se pretende hacer de todo esto sólo un problema de familia, entre un padre y un hijo, y no un problema de la institución monárquica, que es lo que verdaderamente es.

Es bastante más complejo hoy que los españoles acepten un nuevo fraude y que sean silenciados en aras de mantener la dichosa “institucionalidad” y evitar la puesta en peligro de la democracia.

Se debate estos días sobre las distintas legitimidades del reinado de Juan Carlos: de origen, de ejercicio y de resultados. Tomemos la legitimidad de origen. 

España salía de una dictadura que había durado 40 años, el dictador había muerto en la cama y había dispuesto -para acabar con la posibilidad de que se abriera el debate sobre una tercera República- que su sucesor fuera un rey Borbón. El elegido por Franco, en detrimento de su padre Don Juan, Conde Barcelona, fue Juan Carlos, quien siempre le sería fiel y el que nunca condenó a la dictadura en 40 años de reinado. Basta recordar sus palabras de 1969: «Para mí (Franco) es un ejemplo vivo, día a día, por su desempeño patriótico al servicio de España, y además le tengo mucho afecto y admiración».

Los españoles fueron así empujados a aceptar la restauración borbónica sin posibilidades de oponerse: el planteo no admitía variaciones. Eran lentejas y había mucha hambre de libertad y de democracia, aunque esta fuera por la vía de una monarquía parlamentaria. Ya se encargaron bien los responsables de este acuerdo de difundir la idea de que era el único camino posible para acabar con la dictadura, dictadura que no había sido derrotada, sino que iniciaba su propio aggiornamento democrático europeo. España aceptó este plan como el mal menor y como una salida de compromiso para hacer conciliar lo que se dio en llamar “las dos Españas”. 

Todo esto muestra que la monarquía basa su legitimidad de origen en el deseo de un dictador y no en la voluntad democráticamente expresada por el pueblo español. Nunca hubo un referéndum específico sobre República o Monarquía. Claro que hablar de democracia y monarquía es de los oxímoron más llamativos que hay en el mundo.

De este modo, la ilegitimidad franquista de la actual monarquía es uno de los grandes problemas que persisten después de más de 40 años de democracia y del cual no se quiere saber nada. Es algo que todo el mundo sabe, aunque se insista en no darle valor y en olvidar. Es un hecho que se reprime de la consciencia y que se vela para seguir adelante. Hoy podemos comprobar cómo esta ilegitimidad reprimida retorna y se manifiesta bajo el modo de un rey corrupto, que intenta apartarse de los focos sin renunciar a los honores de ser considerado su majestad en tanto rey emérito. La monarquía, como parte del proyecto franquista, es uno de los síntomas de España.

Podemos entender entonces el gran esfuerzo que han hecho durante todos estos años los partidos políticos, los media, las corporaciones, los grandes empresarios, la Iglesia, todo el amplio espectro del poder, para hacer ganar a la monarquía una legitimidad de ejercicio que terminara de enterrar la ilegitimidad de origen. Sin embargo, el emérito se ha encargado de destruir este plan, saliendo finalmente a la luz todas las complicidades con dicha ilegitimidad.

Diversas voces defienden al emérito afirmando que aún no está procesado ni condenado y que, por lo tanto, debe aplicársele la presunción de inocencia. Sin embargo, es el hijo -rey por derecho sucesorio-quien ya condenó al padre al quitarle la asignación dineraria anual hace unos meses y al obligarlo actualmente a abandonar España. Es más, al renunciar a su herencia dio la puntilla final a cualquier crédito que el emérito pudiera tener. Sabido es que el artículo 991 del Código Civil dice que no se puede renunciar a una herencia hasta la muerte del que lega, por lo cual, hasta la muerte del padre no sabremos realmente lo que el rey Felipe va a hacer, aunque la potencia del gesto simbólico de la renuncia está ahí. 

Sin embargo, el repudio del padre produce - en una institución ligada exclusivamente a la herencia - el efecto contrario al esperado: en vez de legitimarla la deslegitima aún más. ¿Cómo se puede en una monarquía, donde el ser deviene por herencia, renunciar sólo a la parte dineraria sin cuestionar, en el mismo acto, a la corona que se ha recibido por herencia también? ¿La Corona como institución, como dice el presidente del gobierno, está más allá de las personas cuando es una institución profunda y exclusivamente atada a una familia, es decir, a unas únicas personas? No parece lógico. Corona y herencia están intrínsecamente unidas, la legitimidad le viene de la herencia y de nada más. Por lo tanto, al renunciar a la herencia del padre ha renunciado, aunque no lo sepa, también a su Corona y allí reside sin duda la debilidad en la que encuentra.

Vemos como la historia se repite irremediablemente. El nuevo rey recibe la corona de un rey ilegítimo en origen y corrupto de ejercicio al cual el hijo termina repudiando. ¿Entonces, cuál puede ser la legitimidad del nuevo rey si su autoridad se basaría más en “su auctoritas, en la dignidad y prestigio de la Corona, que en un auténtico poder político -una potestas casi inexistente- otorgado por la Constitución”? Ante esto, inmediatamente, el coro monárquico sale en defensa de la corona a la que sabe en peligro. La misma operación que se hizo para sostener el lugar regio del padre, cada vez que su accionar lo hizo necesario.

El rey, su persona, es inviolable e irresponsable tal como lo dice el artículo 56 de la Constitución. Esto lo sitúa en una posición de excepción ante la ley. Nos encontramos con que la misma vale para todos los ciudadanos (“todos iguales ante la ley”) menos para uno, que queda eximido de responder por sus actos, civil y penalmente, pues es “inviolable” y, a su vez, eximido de responder por las decisiones políticas que pudiera tomar pues es “irresponsable” dado que estas necesitan del refrendo del gobierno (el Rey no actúa solo). El rey podría matar a alguien, violar, robar o corromperse y no sería juzgado ni condenado en tanto los actos fueran cometidos durante su reinado.

Esta posición de excepción está sostenida en la idea de que el rey es el garante de la unidad de España y que es el que va a mediar entre las partes en conflicto pues se supone que no puede actuar mal y que no tiene intereses políticos. Es el que garantizaría que los ciudadanos permanezcan unidos y en paz. Todo esto lo inviste de una función paterna que lo coloca por fuera del grupo de los hombres. 

La Corona como institución del Estado queda por ley (la Constitución) fuera de la ley y, por ende, queda fuera de la misma todo aquel que ocupe el lugar del soberano. Así, la Corona está y no está dentro de la ley. El rey le da consistencia al conjunto de los ciudadanos, pero situándose por fuera del mismo. La excepcionalidad del soberano, entonces, va íntimamente unida a la función. Se aprecia la paradoja que implica estar gracias a la ley por fuera de la misma. 

Por ello, si se quita la excepcionalidad y el rey puede ser juzgado o declarado responsable pasa a ser un ciudadano más, con lo cual perdería sentido la existencia de una monarquía ya que dejaría de cumplir la función de argamasa que se le demanda. A esto nos conduciría retirar dicha excepcionalidad, tal como se pretende luego de la huida del emérito y con el fin de evitar futuros problemas con los sucesivos monarcas. Modificar esta situación por ser incongruente con la idea de democracia, hacer desaparecer la excepcionalidad permanente de la Corona e incluirla dentro del todos iguales ante la ley es terminar con la monarquía y su función simbólica. Por ello, la batalla que se avecina no va a ser menor. 

Si el rey en tanto jefe del Estado es el "símbolo de su unidad y permanencia" no teniendo un poder real - "El rey reina, pero no gobierna" -, Juan Carlos I con su falta de probidad ha defeccionado de ese lugar simbólico y, por lo tanto, ha hecho que la monarquía sea definitivamente puesta en cuestión. Si en vez de usar la excepcionalidad para mediar entre los españoles la usa en beneficio propio como cualquier otro ciudadano, su función desaparece y con ella la institución. Su actos, que no podrán ser juzgados, pero que han sido valorados por la ciudadanía, han abierto la puerta a que se pueda hablar de este síntoma que, entre otros, es en España la monarquía.

Esta "humanización" del emérito, que hace que prevalezca el goce propio sobre la función simbólica encomendada, es coherente con la época en la que vivimos. En esta la potencia de los lugares simbólicos tiende a la impotencia y lo que prima es la lógica del consumo y la acumulación, más allá de cualquier solidaridad. En definitiva, España ha tenido un rey que se corresponde con la época, donde el objetivo está puesto en un goce particular sin freno. 

Podemos preguntarnos cuánto de esta excepcionalidad permanente ante la ley llevó al emérito a creerse absolutamente impune. Ser declarado por la Constitución irresponsable de sus actos e inviolable por la justicia -lo mismo que hacen los jueces con los locos- es el mejor modo de anular a un sujeto, de derecho y de hecho, y transformarlo, en este caso, en un icono viviente, mucho más muerto que vivo. Quizá de ahí la vida que ha llevado y que concluye como concluye: huyendo de sí mismo.

¿Sabrá España profundizar su democracia?

El pasado martes, varios periódicos anunciaban que, en 2019, los teléfonos de Roger Torrent, President del Parlament, la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y otros representantes políticos catalanes habían sido pinchados con un programa de espionaje disponible solo para gobiernos. Otra más de las tantas vulneraciones derechos denunciadas, en este caso por los afectados, que, seguramente, quedará impune. Frente a las denuncias, el PSOE cierra filas con el CNI y Unidas Podemos (UP) se limita a poner un tweet y esperar que amaine la tormenta sin hacer mucho ruido, para seguir como si no hubiera pasado nada.

En la literatura política hay autores que afirman que evitar tratar ciertos temas controvertidos de manera pública es condición necesaria para conseguir logros políticos. Las automordazas estratégicas no son nada nuevo. A lo largo de la historia, ha sido común que los parlamentos prohíban el debate sobre cuestiones delicadas. En los primeros momentos del senado y la cámara de los Estados Unidos se empleaba la técnica parlamentaria llamada “la cuestión previa” para evitar discusiones o decisiones indeseables. En 1836 se aprobó en el Congreso norteamericano una regla mordaza que afirmaba que no podía tratarse en la Cámara el tema de la esclavitud. El propio presidente Jackson afirmó, en palabras de biógrafo, que “toda discusión en el Congreso acerca de la cuestión de la esclavitud era, en última instancia, antidemocrática”, ya que limitaba la capacidad de la legislatura para afrontar otros asuntos de gran importancia y ponía en peligro la conservación de la República. En resumen, ha sido usual escuchar que evitar ventilar públicamente determinados temas moralmente reprobables puede ser provechoso para conseguir otros fines políticos.

El acceso de UP a un Gobierno de coalición implica, también, gestionar autocensuras estratégicas. En España, el interior del aparato de Estado está lleno de episodios moralmente reprobables (corrupción, terrorismo de estado, torturas y montajes policiales, violación de derechos humanos, una cúpula judicial parcializada, etc.). El hecho de que UP quiera evitar ventilar y enfrentar públicamente muchos de estos asuntos es algo que, desde afuera, puede verse como reprochable y cobarde, sin embargo, desde dentro, esquivar determinados conflictos, afirman algunos, puede servir para lograr otros objetivos estratégicos.

La apuesta por la automordaza estratégica ha sido frecuente en la historia reciente de la izquierda política y sindical española mayoritaria desde la transición. Después de la muerte de Franco, ésta formó parte de un pacto de silencio, amnesia y suspensión de la memoria en la que cualquier intento de sacar a la luz el recuerdo de la Guerra Civil y del franquismo era acusado de deslealtad a la Constitución y convertido en tabú. Hoy, 40 años más tarde, UP se abstuvo en la votación de la Ley mordaza digital, evita tratar el tema del incremento por parte del Gobierno de los contratos de venta de armas a Arabia Saudí durante 2019, o tras la publicación del documento de la CIA donde se dice que Felipe González acordó la creación del GAL, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, afirmaba que “no hay que darle mayor importancia” y que “no van a dejar que nada los distraiga de poner en marcha el escudo social y relanzar la economía social”.

Como digo, limitarse a criticar, desde afuera, esta autocensura de UP no solo es muy fácil sino que, tampoco, creo que aporte nada, por eso no lo voy a hacer. La pregunta que sí considero interesante formular y que sí abre un debate, no con voluntad de crítica sino de intercambio, es: ¿Puede considerarse, pensando desde dentro del Gobierno, que estas automordazas son estratégicas o útiles para las mayorías sociales del país?

Mi posición es que depende. Las autocensuras de la izquierda podrían llegar a tener sentido si fueran fruto de un compromiso mutuo entre partes. Es decir, cuando a cambio de tu silencio sobre determinados comportamientos mantenidos hasta este momento, la otra parte, el bloque de poder del régimen (cúpula judicial, monarquía, derecha política, ejército, iglesia, guardia civil, policía, etc.), adoptara, a la vez, un compromiso firme con la garantía de una institucionalidad y un sistema de relaciones políticas plenamente democráticos, en el marco de la cual se asegurara el pleno respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir de los pueblos del Estado, como Reino Unido hizo con Escocia o Canadá con Quebec.

Sin embargo, en España, la automordaza de la izquierda no se da dentro de ningún compromiso mutuo. A pesar de lo silencios, el bloque de poder del régimen continúa desplegando en el interior de los aparatos de Estado su corrupción, violación de derechos y su cultura política facistoide con total impunidad. La monarquía, la guardia civil, la cúpula judicial, el CNI, la derecha política, etc. siguen utilizando, impunemente, las instituciones básicas del Estado, unos para enriquecerse y otros para la persecución política de la disidencia. De la misma manera que siguen sin aceptar el pluralismo político y viendo a los que no piensan como ellos no como un “adversario” de legítima existencia y al que se debe tolerar, sino como “enemigo” a abatir y eliminar no por lo que hace sino por lo que es. Cuando a los jóvenes de Altsasu se les acusa de terrorismo por una pelea de bar y se les encierra en una cárcel, no se los condena por lo que han hecho sino por lo que son. Lo mismo que a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez o Pablo Hasel. Asimismo, cuando la portavoz del PP en el Congreso, Álvarez de Toledo, sale al atril a atacar al Vicepresidente Pablo Iglesias no lo ataca por lo que hace sino, literalmente, por ser quien es, el hijo de un exmilitante comunista que para ella solo puede ser “un terrorista”.

Creer que “tragar sapos” en el interior de un Estado facistizado es estratégicamente adecuado para mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales es, a mi entender, un error. Entre otras cosas, porqué es creer que la facistización del Estado y las condiciones de vida de su población son departamentos estancos, autónomos, que van por separado y no tienen nada que ver uno con el otro. Cuando, en realidad, es todo lo contrario, ambos elementos están estrechamente conectados. No tiene sentido pretender injertar leyes y medidas políticas progresistas en un cuerpo institucional estatal tutelado y controlado por fuerzas reaccionarias, neoliberales y ultranacionalistas que vulneran derechos de manera impune. En este contexto, tus medidas progresistas solo pueden devenir en injertos fallidos. El desarrollo cuantitativo y cualitativo de políticas sociales en favor de las clases populares, solo se puede dar explotando las condiciones que le propicia una institucionalidad estatal plenamente democrática. Resulta difícil decir que estas se puedan desplegar al margen de un modelo facistizado que no sea plenamente democrático.

En resumen, no sé si se trata de una mordaza autoimpuesta autónomamente por UP por razones estratégicas calculadas o de una mordaza impuesta por el bloque de poder del régimen y que UP acata, conscientes de que por su debilidad en el entramado gubernamental pueden ser expulsados del mismo si molestan mucho. Pero, en cualquier caso, mirar constantemente hacia el otro lado, como si no fueran parte del Gobierno, cada vez que sale una nueva vulneración manifiesta de derechos proveniente de la estructura de poder autoritaria incrustada en el Estado, no tiene nada de estratégico si lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales del país. Y con ello, tampoco quiero cargar toda la responsabilidad en UP, los movimientos sociales y los ciudadanos en general también somos responsables de que determinados temas se borren o no de la agenda pública y la acción de gobierno.

El feminismo es un movimiento político revolucionario, que busca cambiar en profundidad el marco cultural, social y político, es decir, reivindica un giro radical de las estructuras de poder que posibilitan la exclusión, la opresión y la violencia contra la mujer. Así, no es como la energía –que ni nace ni muere, sino se transforma–; el feminismo evoluciona con el tiempo a través de las conquistas ganadas.

Como movimiento emancipador, parte de la observación y análisis de las condiciones materiales que oprimen a las mujeres, para llegar a varias conclusiones que son esenciales tanto para clarificar las causas como para concretar los objetivos. Las causas de la opresión no son otras que la asignación a un grupo o colectivo, en virtud del sexo, marcado por el género femenino y representado por personas a quienes se les atribuye unas concretas características y roles que promueven la explotación y la degradación de su dignidad, basadas en la inferioridad como ser humano. El género masculino es quien detenta el poder, quien tiene la cualidad de cambiar el mundo, descubrirlo y gobernarlo, para eso las mujeres han de ser sumisas y coadyuvar en la importante misión y responsabilidad que tendrían los hombres en la gobernanza del mundo.

Por tanto, el objetivo del feminismo no es otro que la búsqueda de la igualdad real, para lo cual se hace imprescindible suprimir los géneros, como construcción social que nos sojuzga y, así, partir del concepto de individuos con iguales oportunidades, responsabilidades, capacidades y derechos.

Transformar el marco patriarcal que nos ha sido dado –impuesto– requiere de profundos cambios culturales, sociales, políticos y económicos.

Como movimiento político que procura la igualdad efectiva de derechos de la mitad de la población mundial, evidentemente su alcance y trascendencia es cada vez mayor. El protagonismo, visibilidad e impacto del feminismo es absolutamente innegable, por más que la travesía nunca ha sido fácil y se han vivido momentos en los que la reacción conservadora y misógina respondió con gran contundencia a los logros políticos del movimiento. Piénsese en el periodo regresivo que siguió al logro de las sufragistas.

Si hay algo que ha caracterizado al movimiento feminista es darse cuenta de que conquistar el derecho al voto no lograba el cambio social esperado si no se acompañaba de un profundo cambio estructural. En esta travesía, el feminismo también se asoció a los movimientos que denunciaban la segregación racial –de hecho feminismo y reivindicación racial partieron del mismo colectivo en Estados Unidos– y otros tipos de discriminación relacionados con la sexualidad. Estos movimientos claramente rupturistas tenían un objetivo común: el enfrentamiento al marco impuesto por el patriarcado.

Hoy en día, es indiscutible que el feminismo es fuerte, se impone cada vez más y, por qué no decirlo, no está en peligro. Las doctrinas posmodernas acerca de la multiplicación de géneros, con el fin de reivindicar a las minorías sexuales, no socavan ni un ápice las bases y objetivos de la lucha feminista; no desplazan ni un milímetro los sólidos principios en que se basa el feminismo.

La reivindicación de numerosos géneros que genera interés en algunos sectores de la población, en ciertos ámbitos académicos y en algún órgano o cargo de poder político, no puede aspirar a ningún objetivo político que pretenda trascender la mera superficialidad de la remoción de algunos marcos mentales.

La pretensión de los seguidores de la teoría queer acerca de que la multiplicación de géneros provocará una suerte de confusión que removerá los cimientos de todo lo establecido, incluido el patriarcado, no es más que una ingenuidad. La confusión de géneros no disolverá el sólido basamento del patriarcado porque no pasa por una transformación radical de las estructuras que nos someten. Sin embargo, podría equivocar el objetivo de la lucha feminista que parte, precisamente, de la identificación objetiva de dos géneros –uno explotado y otro opresor– para tratar de suprimirlos y alcanzar la igualdad efectiva.

Por otra parte, la multiplicación de los géneros basada en las necesidades individuales de cada cual, que a su vez encuentran sentido en los anhelos o deseos personales de pertenecer a uno u otro género –existente o de nueva factura– no sólo distorsiona cualquier pretensión de carácter colectivo, sino que está abocada al fracaso. No tiene visos ni de perpetuarse en el tiempo ni de generar más que frustración.

En este contexto, no creo que el feminismo peligre, pues seguirá avanzando con las mismas premisas que lo sustentaron, evolucionando inexorablemente hacia la consecución del objetivo marcado.

Por ello, la digna reclamación de la libertad de elección sexual, la lucha por la no discriminación de las mujeres trans ha sido y es perfectamente compatible con el movimiento feminista, sin que ambas luchas se confundan. Nunca se confundieron y siempre fueron de la mano, teniendo en cuenta unos y otros sujetos políticos que es más fuerte lo que les une que lo que les separa.

Tal vez, en un pasado reciente, no nos dimos cuenta de que ni la psicología ni la psiquiatría, como disciplinas no transformadoras, no solo contribuyeron a la injusta patologización de las personas trans sino que, además, para abordar la degradante situación social y de marginación padecida por éstas la solución debió haberse planteado de forma colectiva, política y, en suma, coherente con los principios básicos de una sociedad democrática, basada en el reconocimiento de la dignidad humana.

Estoy tan convencida de que el feminismo como movimiento político emancipador está fortalecido como de que los enfrentamientos con los adeptos y adeptas a la teoría queer son baldíos. Debemos actuar con didactismo, enriqueciendo el debate, con inteligencia y, sobre todo, con la seguridad de que, sin perder nuestro objetivo y –precisamente por ello–, el movimiento feminista tiene proyección universal, es de ámbito planetario.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra en proceso de anexión de tierras en Cisjordania, pudiendo haber comenzado ese proceso el pasado 1 de julio. Si bien los detalles exactos siguen sin estar claros, existe un factor notablemente evidente: con la anexión Israel consolidará un régimen de apartheid sobre los palestinos.

Habiendo vivido nuestro propio apartheid en el siglo XX, no podemos permanecer indiferentes frente a su equivalente del siglo XXI.

El objetivo final de quienes planean la anexión israelí es fracturar Cisjordania, tomando Israel la mayor cantidad de tierra palestina con la menor cantidad posible de palestinos dentro, haciendo inviable un estado palestino soberano junto a Israel.

Usando el modelo y el aval de la llamada "Visión para la paz y la prosperidad" de la administración Trump, Israel puede, perfectamente, comenzar anexando trozos de territorio más pequeños, tales como grandes asentamientos cerca de la línea Verde (Frontera de 1967), pero no hay dudas de que ello escalará en el futro.

Un sistema que trata a israelíes y palestinos de forma separada y desigual y que, además, así se encuentra previsto en las leyes de Israel.

Es difícil mirar el mapa tipo archipiélago incluido en el plan de Trump o los mapas propuestos anteriormente por Netanyahu para su anexión y no pensar en los bantustanes que recordamos de la Sudáfrica del Apartheid.

Los bantustanes, o "tierras de origen", eran territorios aislados establecidos por el gobierno del Apartheid para confinar allí a los negros en diez zonas racial y étnicamente homogéneas, un intento de una minoría racista para controlar su propio "problema demográfico" a través de una intensa segregación y fragmentación geográfica. Como parte de la Ley de Ciudadanía de las Tierras Bantú de 1970, los sudafricanos negros fueron despojados de su ciudadanía sudafricana y se les otorgó la ciudadanía del bantustán correspondiente. Al declarar a los bantustanes como territorios "autónomos", el gobierno sudafricano trató de legitimar el despojo a su pueblo de derechos civiles y políticos básicos.

Como miembros del Congreso Nacional Africano y miembros activos de la resistencia sudafricana, participamos en la movilización de otros para unirse a la lucha contra este sistema racista, tanto antes como después del encarcelamiento de Bárbara por actividades contra el apartheid. Con esa experiencia, no es difícil para nosotros ver las similitudes entre los bantustanes y el fracturado mapa que Benjamín Netanyahu y Donald Trump han propuesto para Palestina, que, al igual que el sistema bantustán de Sudáfrica, confina a los palestinos en pequeñas secciones de tierra, separados unos de otros, sin derechos políticos y sin control sobre los recursos naturales vitales, y mucho menos el espacio aéreo o las fronteras.

Sin embargo, a pesar de las evidentes similitudes entre los bantustanes del apartheid de Sudáfrica y las zonas palestinas propuestas por Trump, también hay una diferencia importante que vale la pena señalar: durante la lucha contra el apartheid, la comunidad internacional se unió para exponer el engaño del régimen del apartheid.

Cuando Sudáfrica buscó el reconocimiento internacional de los bantustanes como "estados autónomos", el mundo dijo que no. En 1976, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución "rechazando la declaración de "independencia" de los bantustanes. El mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución similar, "pidiendo a todos los gobiernos que nieguen cualquier forma de reconocimiento" a los bantustanes. De hecho, Sudáfrica fue el único país del mundo que reconoció a los bantustanes como estados; el resto del mundo entendió que las zonas enclaustradas que despojaban a los individuos de su ciudadanía y derechos no tenían por qué llamarse "estados". Hacerlo solo daría legitimidad a un sistema de discriminación y opresión.

Es claro que Netanyahu intentará vender que el territorio que no anexe es una forma de "autonomía palestina", de igual forma que el plan de Trump, con recurrentes referencias al "Estado de Palestina", recuerdan a los intentos del Apartheid Sudafricano. Sin embargo, no hay nada "autónomo" sobre Palestina de acuerdo con la visión de Netanyahu y Trump, que ambos líderes han dejado claro incluye un control de seguridad permanente de Israel sobre territorio palestino.

Esa situación no es un estado autónomo, sino una marcha atrás que puede permitir a Netanyahu cimentar una ocupación permanente y anexión unilateral. No debemos permitir que Trump y Netanyahu logren un certificado de aprobación de la comunidad internacional para una visión al estilo del Apartheid a través de su uso engañoso de la palabra "autonomía". Eso no funcionó en Sudáfrica, y no podemos dejar que funcione hoy en Israel / Palestina.

Ahora debemos unirnos para evitar el intento de crear el tipo de régimen moralmente corrupto que recordamos de Sudáfrica. Debemos estar preparados para usar las herramientas pacíficas que nos ayudaron a ganar en Sudáfrica; sabemos, por esa lucha, que es poco probable que los regímenes basados en la discriminación cambien a menos que sepan que hay un precio que pagar por el statu quo.

Por nuestro propio trabajo en Sudáfrica, sabemos que las sanciones son cruciales para mover la mano de los regímenes discriminatorios, y el mundo debe estar preparado para tomar medidas económicas para disuadir a Israel del camino desastroso hacia el que se dirige. Solo así podremos cambiar la realidad actual de la discriminación y la opresión y evitar las peores consecuencias de la anexión.

Debemos trabajar hacia un futuro en el que israelíes y palestinos tengan los mismos derechos civiles y políticos y la oportunidad de vivir una vida de igualdad y dignidad en dos estados seguros y verdaderamente soberanos, uno al lado del otro.

En el análisis de toda crisis habría que distinguir muy claramente entre los elementos coyunturales, dependientes de la voluntad de los actores que deciden en el momento concreto, y los propiamente estructurales, que son los que condicionan con carácter previo el escenario en el que aquellas decisiones se acuerdan. Seguramente en los próximos meses veamos un aluvión de críticas, estudios y escrutinios sobre las decisiones que se han tomado en España ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la catástrofe humana que hemos vivido. Lo que no es tan probable, a pesar de ser quizá más necesario, es la existencia de ese mismo empeño esclarecedor en cuanto a las deficiencias estructurales de nuestro país, permanentes y no dependientes de esta o aquella voluntad política. La conveniencia de este segundo tipo de análisis se refuerza, además, porque pueden ayudar con mayor intensidad a mejorar nuestra situación ante crisis futuras, hipotéticas o no. La actual, al menos, ha sacado a exposición pública todas aquellas problemáticas estructurales que desde hace tiempo diversos sectores llevan denunciando con mayor o menor éxito, pero siempre sin ser escuchados con detenimiento y voluntad real de reformas. Empecemos una radiografía rápida y discrecional, por somera, pero no menos ilustrativa de los desafíos que hemos de afrontar.

Ante un reto colectivo y común tan intenso hemos visto cómo la respuesta ha debido ser eminentemente pública y estatal, para la cual se está necesitando un ingente esfuerzo presupuestario. La única manera de que la financiación de éste sea repartida mediante criterios de justicia fiscal y capacidad económica consistiría en utilizar un sistema tributario que siguiera lo establecido en nuestra propia Constitución y que, por ende, gravara con mayor intensidad a los capitales más abultados. Sin embargo, nuestro sistema no sólo es altamente ineficaz en tal objetivo, sino que se inserta en un modelo mayor, el de la Unión Europea, donde la ausencia de una imposición común y la garantía de la libertad de capitales, permiten a éstos beneficiarse de un constante dumping y de verdaderos "paraísos fiscales" en el corazón del viejo continente.

El mercado único no ha sido completado con las contramedidas precisas que eviten sus externalidades más negativas, y la ausencia de una decidida integración fiscal sigue siendo uno de los mayores retos del proyecto europeo. Si bajamos al ruedo ibérico, la carrera por la atracción de capitales y la reducción de la tributación a las rentas del trabajo se ha agravado por la falta de armonización fiscal entre Comunidades Autónomas y el amable tratamiento que protagoniza el Estado central con la concentración de la riqueza y los beneficios empresariales. La elusión de impuestos se ha institucionalizado como algo normal y aceptable, incluso en términos jurídicos, tanto en España como en el conjunto de la Unión a la que pertenecemos, por lo que no nos debe llamar la atención la permanente crisis presupuestaria del Estado y la incapacidad que éste va a comenzar a mostrar para afrontar con equidad las consecuencias más lesivas de la crisis.

Interconectado con el modelo fiscal (o lo que tengamos, pues hay que dudar que sea un auténtico "modelo" de algo), tenemos el también criticado y criticable modelo territorial, en el que hemos sido incapaces en los últimos cuarenta años de arreglar mínimamente sus carencias originarias. La respuesta estatal al coronavirus no sólo debiera haber partido desde la Moncloa, sino desde todas las Comunidades Autónomas que son tan Estado como el Gobierno central. Y sin embargo hemos podido comprobar cómo se han vuelto a desenvolver ese cúmulo histórico de desconfianzas mutuas, de confusiones competenciales y superposiciones de responsabilidades, que no se deben únicamente a la urgencia de una crisis inesperada, sino que se fundamentan en un sistema territorial inacabado, incompleto, que pudiera tener la potencialidad suficiente para federalizarse de verdad y que sigue quedándose en un remedo singular poco claro y políticamente conflictivo.

Ni la voluntad autonómica se canaliza correctamente en la voluntad estatal (el Senado sigue sin reformarse…), ni la voluntad estatal se reparte bajo criterios cooperativos y de corresponsabilidad. Se han convocado en dos meses más conferencias de Presidentes autonómicos que en el resto del periodo democrático, sí, y se agradece, pero los defectos ínsitos de nuestro sistema territorial siguen estando ahí, clamando una reforma que se pide desde hace décadas y que debiera empezar por abordar, de una vez por todas, la problemática de la integración misma de la diversidad en el proyecto común español.

Pero lo territorial no se agota en lo autonómico, pues el ámbito local, el sempiterno olvidado, sigue clamando por una reestructuración profunda que lo haga eficaz y viable. En toda España, pero sobre todo en la rural, los ayuntamientos han tenido que hacer frente a las consecuencias más inmediatas de la pandemia, desde la gestión de residencias de ancianos y la toma de decisiones inauditas para nuestros alcaldes y alcaldesas, a la asunción fáctica de unas competencias de las que carecen. La administración local es la más cercana al ciudadano, y por eso es también la menos ajena a sus necesidades más urgentes y palmarias, y sin embargo constituye, al tiempo, la administración más maltratada por un modelo de financiación anacrónico, basado en rendimientos variables y dependiente de otras administraciones. Con los medios y recursos que se tenían ha sido un verdadero milagro que los ayuntamientos hayan podido, pese a todo lo acontecido, dar una mínima respuesta al mayor desafío de nuestra reciente historia.

Y si bajamos a la arena de las capacidades estructurales vinculadas a las políticas públicas más directas, el panorama no es menos desolador. Desde los servicios sociales de base a los de atención a la dependencia y a nuestros mayores, pasando por nuestra débil política científica, se despliega un conjunto de carencias permanentes que ahora nos han estallado en la cara con una crueldad inédita. Algo que puede trasladarse a la economía y a la educación, donde más allá de las decisiones puntuales que se han tomado con mayor o menor acierto, hemos podido comprobar sus debilidades permanentes, las que ya existían antes y las que, si no se hace nada para corregirlas, saldrán ahora reforzadas.

De hecho, con la educación se está produciendo un proceso ciertamente asombroso, pues hay una estrategia consciente y decidida por incrementar sus debilidades y acabar con las pocas fortalezas que contaba, y todo bajo el amparo de la urgencia y necesidad de la crisis sanitaria. Desde las escuelas a la universidad las reformas educativas vuelven a la palestra con nuevas dosis de fragmentación y precariedad, ahora avivadas por un tecno-optimismo que solo encubre la profundización premeditada de la falta de crítica, concentración y esfuerzo de un alumnado sumido en la inmediatez. ¿Que la presencia constante de las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes es un obstáculo para la asunción sosegada y concentrada de conocimientos? Pues convirtamos la solución excepcional a la falta de presencialidad enpermanente y estructural para hacer de nuestras aulas, también las universitarias, espacios de hiperconexión donde ya no sea posible el estudio lento y profundo. En esta nueva "estrategia" educativa que nos ha traído el Covid-19, impulsada sobre todo por nuestro anglófilo ministro de Universidades, se aúnan las decisiones y voluntades particulares, la coyuntura misma, con los elementos estructurales que desde aquellas pretenden modificarse. Lo coyuntural se quiere permanente, y los defectos estructurales se profundizan en una huida hacia adelante y hacia la nada que se verán agravados si nadie los corrige.

Pero, como decíamos, para afrontar los problemas estructurales que tenemos como país primero hace falta analizarlos y estudiarlos, hace falta crear foros rigurosos desde los que se creen las estrategias de reforma adecuadas y una línea clara de actuación política, social y económica. Para ello, claro, se necesitaría antes que nada un mínimo consenso sobre la propia conveniencia de hacer tales análisis, que no se difuminara en la verborrea constante de la crispación, y que nos permitiera ver con claridad el bosque de nuestras debilidades por detrás de los árboles de las decisiones ya tomadas, tanto particulares como colectivas y que, lamentablemente, ya no tienen vuelta atrás. ¿Seremos capaces? Me temo que no.

Me llega un mensaje de mi amigo Emilio Silva -presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- donde se ve una foto titulada "Niño escondido", existente en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid gracias a la donación de María del Carmen Ibeas Laguna. 

El impacto es inmediato: la foto conmociona. Tristeza en blanco y negro. La posguerra: año 1940. Un grupo de escolares con edades variables entre 7 y 12 años, bien aseados, de espalda, extienden enérgicamente su brazo derecho -la palma mirando el suelo- hacia la bandera de España. Uno, en el medio, da vuelta su rostro y mira curioso hacia la cámara. Se ve también a un adulto, delgado, con gafas, ubicado a un costado, que los acompaña con el mismo gesto. 

Están todos de pie delante de un edificio cuya arquitectura -cercana al estilo neomudéjar típico de Madrid- recuerda a la que aún se ve en algunos barrios de lo que entonces era la periferia, como Hortaleza y Canillas. Construcciones populares fruto de la ingente inmigración de fines del siglo XIX. Una planta única de ladrillo visto, cuatro ventanas amplias y enrejadas, una puerta de buen tamaño, techo de tejas y una cierta voluntad del constructor de darle alguna gracia al edificio mediante juegos con el ladrillo que adornaba ventanas y fachada. No tenemos datos del entorno, pero parece situarse en un lugar no muy poblado. La bandera, colocada delante de la puerta, muestra un mástil alto y desproporcionado con respecto al tamaño de la construcción.

Podemos inferir que se trata de alumnos con su profesor, cantando el Cara al Sol antes de entrar a clase, hecho muy habitual en esos años de la dictadura franquista. Nada nuevo agregaría esta foto a las tantas conocidas de saludos fascistas en las escuelas, a no ser por un detalle que inmediatamente reclama nuestra atención. En el costado derecho de la misma, fuera de la escena principal y apoyado en una pilastra, vemos a un niño rubio con flequillo y pantalones cortos, más pequeño que el resto, quizás de unos 5 años. Mira a la cámara, serio. No se ha sumado al homenaje. Nadie, salvo el fotógrafo, hace caso de su situación, sea esta voluntaria u obligada. El contraste es brutal: los adoctrinados en la reverencia y adhesión a una dictadura y el que está fuera. Todos a una, menos uno. 

¿Por qué fue tomada está foto? ¿Qué pretendía capturar? ¿Quién la hizo? Parece ser una foto preparada, probablemente por el profesor o el director, quizá por el alcalde, para mostrar la adhesión de la escuela al Movimiento Nacional. ¿Obligados? ¿Convencidos? ¿Fue su manera de conservar el puesto? ¿Quisieron sumar su granito de arena a la lucha contra el comunismo y mostrar su amor por el Caudillo? No podemos saberlo. El gran tamaño de la bandera sorprende, parece ajena y llevada allí ex profeso para tomar la foto, lo cual confirmaría la hipótesis de un acto preparado con esmero. 

Las investigaciones que ha iniciado la ARMH sitúan la escuela en el barrio de Canillas de Madrid y se sabe que la llamaban la "Escuela de Don José", construida en 1926. El antiguo pueblo de Canillas fue absorbido por el crecimiento de Madrid y hoy está totalmente urbanizado. Sin embargo, parece ser que alguien compró el solar donde estaba la escuela y conservó sus ruinas, hoy bien encaladas y cuidadas, sin su techo de tejas. Aún no se sabe quién ha sido y cuál fue el motivo. 

¿Por qué ese niño pequeño está apartado de la escena, como escondido, pero no del todo? ¿Lo hizo voluntariamente porque no quería cantar? ¿Se fue a esconder? Tan pequeño no parece probable que pudiera tomar esa decisión. ¿O es simplemente un capricho lo que lo apartó del grupo? Posible. ¿O por su edad no cantaba y entonces lo mandaron fuera? También posible. ¿O, como infieren algunos, el lugar le fue indicado por el profesor como castigo, por ser hijo de republicano y, por lo tanto, no ser merecedor de cantar tan señalada canción con sus compañeros en un día donde van a ser fotografiados? Es probable. Pero ¿por qué el fotógrafo toma toda la escena y no se concentra exclusivamente en el grupo del homenaje? Podemos pensar, sin aseverarlo, que quiso incluirlo en la foto para ejemplarizar o para guardar para la posteridad lo que hacía el régimen con los hijos de los desaparecidos/paseados: los probos y el réprobo. El odio que dominó la posguerra se ve reflejado en esta sencilla fotografía más allá de la verdad histórica de la misma. 

Hoy asistimos preocupados al auge de la misma ideología travestida de democracia. En medio de la peor situación vivida por España en un siglo y cuando los muertos y los enfermos se multiplican, un partido político, con la complicidad poco disimulada de otro, convoca a derribar al Gobierno. Manifestaciones, caceroladas, declaraciones rimbombantes y absurdas, pretenden inflamar a la ciudadanía que lleva confinada más de dos meses y está llegando al límite de la angustia y la desesperación ante la imposibilidad de ver a su seres queridos, de trabajar y de continuar con sus lazos sociales. Piden la renuncia inmediata del Gobierno y lo hacen responsable de la situación. Esto no es la política, esto no es hacer política. Es, más bien, una llamada al odio y a la guerra allí donde la política fenece. Difícil explicar por qué -cuando lo que se necesita es un frente común y solidario para combatir una enfermedad que hace estragos y proteger al pueblo- un sector político quiere incendiar el país, aunque esto implique hacer más terribles los efectos propios de la pandemia. Es el mismo odio del cual la foto testimonia.

El odio es una pasión que ataca el lazo social y busca la destrucción del otro. Se aparta de lo que Chantal Mouffe denomina una "democracia agonista" entre adversarios que comparten ciertos valores comunes y que se despliega en la arena de la política. El odio no respeta, no dialoga, no discute. El odio tiene enemigos. El odio quiere lo que el otro tiene porque considera que eso le pertenece y vale cualquier medio, incluso el más vil, para recuperarlo. El odio es profundamente antidemocrático, es la entronización del yo en desmedro del otro. No conoce límites ni acepta moderar su afán en aras de la convivencia comunitaria.

Si estos partidos se sintieran con las fuerzas suficientes levantarían a las masas, y a quien fuera necesario, para echar de la Moncloa a un gobierno legítimo que, la profundidad de su odio quiere ilegitimar como sea porque los que gobiernan hoy -los "social-comunistas"- son los perdedores de la Guerra Civil y han vuelto gracias a la democracia. Se sienten despojados de sus tradiciones, alejados de un poder ganado a sangre y fuego en la Guerra Civil y, finalmente, imposibilitados de imponer su modo de entender el mundo, modo que para ellos es el único verdaderamente legítimo. De ahí deviene la permanente irritabilidad y la irresponsabilidad política que muestran sus actos. Se trata de los descendientes, los hijos y nietos del odio y la venganza que imperó a partir del 36, de los que se sienten permanentemente amenazados y sojuzgados por el retorno de la democracia desde hace más de 40 años y mucho más ahora, cuando se ha roto el bipartidismo. Difícil situación se le presenta a la democracia cuando la pasión mortífera se desata y encuentra tantos adláteres que la incluyen como compañera de ruta. Vuelve la idea de probos y réprobos.

Sepamos que ser un réprobo era el único título digno al cual se podía aspirar durante la dictadura. Quizá ese niño, ya mayor, lo tuvo claro. Hoy, la democracia defiende otra cosa: un mundo más justo e igualitario donde cada uno pueda vivir en comunidad su singularidad.

Hace unos meses -decir esto hoy parece referirse a una eternidad- el Defensor del Pueblo publicaba, en su Informe Anual, un espacio específico en forma de separata para analizar cuáles son los graves problemas que sufren las Residencias de Mayores en España.

"Resultan necesarias reformas normativas de calado que garantice a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector y que con toda seguridad se incrementara en un futuro inmediato."

Esta última frase ha adoptado un tono que parece hoy premonitorio respecto a la inesperada tragedia que ha asolado los centros residenciales, donde se calcula que cerca de 20.000 personas han fallecido a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Y llovía ya sobre mojado, porque esta institución ha venido alertando reiteradamente a las comunidades autónomas de la urgente necesidad de solucionar la falta de plazas públicas y concertadas para garantizar los derechos derivados de la Ley de Dependencia, del insuficiente personal para atender a las personas usuarias y del deber de establecer unidades de inspección que garanticen el cumplimiento de una normativa insuficiente y defectuosa.

En definitiva, es urgente e imprescindible crear "un modelo de residencias propiamente sociosanitario que en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema."

Esta era la situación existente antes de la llegada del maldito virus, que ha desbordado claramente un sistema al borde del colapso, con graves deficiencias presupuestarias, escaso reconocimiento social y económico para los trabajadores y trabajadoras, pésimamente regulado para garantizar los derechos de los mayores (el Defensor reclama nada menos que una Ley Orgánica a este respecto) y en el que ni siquiera existen sistemas de información adecuados para poder analizar la realidad existente.

Desde la ASOCIACION DE PERSONAS AFECTADAS EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES, nacida hace pocas semanas, hemos solicitado a todos los grupos políticos representados en todos los parlamentos autonómicos la creación de una Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en nuestras residencias de mayores durante la crisis de la pandemia. Consideramos que existe una obligación ética de nuestra sociedad para conocer la verdad sobre los hechos.

Y entendemos que el correlato de ese imperativo es la obligación de los poderes públicos de investigar y proponer medidas para evitar la repetición de los hechos que, impotentes, hemos visto ocurrir.

Cómo se ha gestionado la asistencia y coordinación sociosanitaria, cuáles han sido los protocolos establecidos… en definitiva, poder analizar dónde se han cometido los fatales errores y aprender de ellos para proponer esa nueva forma de actuar, con el personal, los medios técnicos y los recursos económicos necesarios.

Está claro que es imprescindible un nuevo paradigma en el modelo de cuidados a nuestros mayores, que no sólo pasa por los centros residenciales, y debe contemplarse de forma global con esa Ley Orgánica que reclama el Defensor del Pueblo y con el fortalecimiento de los dispositivos de asistencia domiciliaria.

Todo esta cuestión lleva ya demasiado tiempo encima de la mesa, pero debajo del cristal.

Y esta terrible crisis ha hecho añicos ese cristal para ponerlo ante nuestros ojos, inundados todavía de lágrimas por el dolor y la desesperación de familiares y trabajadores y trabajadores que hemos sufrido directamente el impacto de la tragedia.

Entendemos que la solución no es ahora atacar a los políticos, sino promover nuevas políticas. Y por eso nos hemos dirigido a todos los partidos con representación en los parlamentos autonómicos para que se aprueben estas Comisiones de Investigación.

No deben usarse como armas para ajustes de cuentas contra nadie, es una tarea que a todos nos concierne: saber qué ha ocurrido, asumir los errores y ofrecer líneas de reparación a las personas afectadas, coordinar esfuerzos para implementar un nuevo modelo. Por esos motivos, consideramos también, que en ausencia del consenso político necesario para afrontar este tema, y evitar frustrar el legítimo interés de las personas afectadas, pueden establecerse mecanismos como Mesas Sectoriales donde estén representados junto con los grupos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, representantes del ámbito académico y profesional, sindicatos y empresas que están prestando servicios en las residencias.

Mientras tanto, y con carácter urgente, es necesario establecer ya esas medidas a las que nos referíamos para prevenir la repetición de los acontecimientos vividos estos meses, ante el probable y anunciado rebrote de la COVID-19.

Nos jugamos nuestra dignidad como sociedad. Los partidos políticos deben estar a la altura para abordar esta cuestión.

Todo lo ocurrido no ha sido un ensayo general… el recuerdo de esos miles de personas fallecidas nos contempla.

Y no podemos fallar de nuevo.

A inicios de abril, Pedro Sánchez anunció que pondría en marcha unos nuevos Pactos de la Moncloa para acordar con los partidos y los actores sociales un plan económico de reconstrucción del país después de la pandemia. Hace pocas semanas, se creó en las Cortes Generales la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, presidida por Patxi López.

Los pactos nunca son acuerdos ahistóricos, sino que siempre son la concreción político-jurídica de una determinada situación histórica donde concurren condiciones que los posibilitan.

Independientemente de que la situación de crisis pospandemia amerite un pacto de reconstrucción, no existen hoy en España condiciones para que pueda tener lugar un acuerdo favorable a las mayorías sociales. Ello supone el peligro de que el posible pacto resultante acabe actuando no tanto en un sentido objetivo progresista como en un sentido subjetivo conservador. Es decir, no tanto como una solución material real capaz de aliviar la precarización de amplios sectores sociales, sino como un nuevo tótem social disciplinante que ejerza de categoría anticonflicto, sirviendo para deslegitimar y acusar a los "revoltosos" de contrarios al consenso alcanzado. Me explico.

La ilusión de un Pacto de reconstrucción en favor de las mayorías

La firma de un pacto en este sentido, exigiría de, al menos, tres condiciones que no concurren hoy en el Estado:

En primer lugar, requeriría de los sujetos adecuados para poder propiciarlo. Esto es, de empresarios schumpeterianos con necesidad de trabajadores y de incremento de la demanda, de sindicatos con la fortaleza organizativa suficiente para condicionar decisiones, de la existencia de un sentido de "unidad nacional" compartido, etc.

Sin embargo, los sujetos que deben protagonizar el supuesto pacto de reconstrucción en España son todo lo contrario. Una derecha ubicada en el "acoso y derribo", la preeminencia de un capital especulativo-financiero que no requiere de asalarización ni consumo, sindicatos mayoritarios en decadencia y la existencia de un conflicto político territorial y de represión sin voluntad de resolverse por parte del Estado que determina los apoyos y posiciones en Madrid de los partidos no nacionalistas españoles.

En segundo lugar, requeriría que viviéramos en una "época del pacto social" como fue la Europa de posguerra caracterizada por la existencia de un conflicto con una correlación de fuerzas concreta entre sus partes, que conducía a que las exigencias de una de las partes pudieran satisfacerse a través de concesiones que estaba en condiciones de ofrecer a la otra. No obstante, la reestructuración de las relaciones de clase en favor del capital que, a partir de los 80 el neoliberalismo supuso, abrió una nueva época. Ya hace años que no vivimos en la época del pacto social sino en la época de su crisis. El desmontaje de las estructuras de conflicto hace que el Trabajo tenga cada vez menos concesiones que negociar.

Y, en tercer lugar, requeriría que la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica fuera un espacio real de decisión y no ficticio como, realmente, es. El principal y verdadero espacio que determinará si la gestión de la crisis se resuelve salvaguardando derechos sociales o destruyéndolos del todo no es el Congreso sino el Consejo europeo, en el que los líderes de la UE tienen dos opciones sobre la mesa: otorgar financiación a España por vía del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que significaría condicionar la ayuda a la firma de un Memorándum de Entendimiento que imponga condiciones de ajuste neoliberal a la economía española. U otorgársela por vía de los llamados eurobonos, esto es a través de la mutualización de la deuda por parte de todos los Estados miembros y sin condiciones a cambio, lo que permitiría una gestión mucho más social de la situación. Entre estas opciones existen otras intermedias que son una de las dos con modificaciones.

De momento, solo existen declaraciones de contenido político pero no compromisos jurídicos. No será hasta la próxima reunión del Consejo europeo que podremos ver que dirección se adopta. Aunque, y ojalá me equivoque, teniendo en cuenta la posición de los países del norte y la difícil mayoría necesaria para aprobar la opción de los eurobonos, todo parece indicar que una vez más la UE se ubicará del lado de los intereses de los grandes capitales que, al fin y al cabo, son su razón de existencia.

La trampa del pacto y en defensa del conflicto.

La imposibilidad, por las razones anteriores, de que el pacto resulte en favor de los intereses de las mayorías, no significa, sin embargo, que el Gobierno no acabe, igualmente, propiciando la adopción de un texto, maquillándolo y presentándolo como un gran acuerdo de reconstrucción. Es evidente que al Gobierno no le gusta ni interesa la pobreza. Pero lo que, sin duda y como a cualquiera que ocupa el Poder, aún le gusta e interesa mucho menos, es el conflicto. Y un pacto, independientemente de su contenido, puede serle útil como instrumento anticonflicto.

Se ha escrito mucho sobre como las elites políticas ubicadas en el Poder, así como sus estructuras burocráticas de partido, acaban generando intereses propios al margen de la ciudadanía y lo último que le interesa al Gobierno es el estallido de conflictos que amenacen con removerlos de su posición.

Las funciones de un pacto de reconstrucción social de esta naturaleza pueden ser dos: por un lado, organizar una redistribución equitativa de los costos de la crisis entre clases y grupos sociales que permita garantizar un mínimo de bienestar económico y social a todos. Y, por otro lado, construir, en el imaginario colectivo, una entificación ideal de consenso, dotada de los rasgos de legitimidad, que actúe como categoría anticonflicto, desplazando a la marginalidad a quien pretendan cuestionarlo bajo acusación de ir en contra del interés general.

Así pues, aunque el texto final del acuerdo no sirva para cumplir la primera función, para los intereses de un Gobierno que intenta asegurar su estabilidad, el mero cumplimiento de la segunda función bien justificaría maquillar su redacción y presentarlo públicamente como un gran acuerdo y consenso de país. No podemos descartar que esto sea lo que acabe sucediendo y ahí estaría la trampa y lo desastroso del pacto: no solo no tendría ninguna utilidad para salvaguardar nuestros derechos sociales, sino que además crearía el marco mental colectivo que nos impediría y criminalizaría por luchar por ellos.

Con todo esto no estoy diciendo que no se requiera ningún gran acuerdo, lo que digo es que la relación entre conflicto y pacto que hace el Gobierno en su planteamiento es perversa. Cuando es el pacto el que condiciona el conflicto, en este caso desactivándolo, el resultado es siempre conservador y regresivo para los sectores populares. Mientras que cuando es el conflicto el que condiciona el pacto éste suele tener un mayor carácter popular y progresista para éstos. Sin conflicto previo no hay pacto posible en favor de las mayorías.

Precisamente por ello, frente a la propuesta del Gobierno de que el escudo social de la crisis vendrá, supuestamente, de un acuerdo en las instituciones que permitirá evitar el "indeseable" conflicto en el país. La ciudadanía en general y los movimientos sociales deben entender y promover la idea de que el conflicto no solo sí es deseable, sino también indispensable si se quiere que el pacto final no acabe por hacernos pagar los costes de la crisis a los de siempre.

En demasiadas ocasiones se ha escrito estos dos últimos años sobre balas contra mensajeros. Académicos denunciados por llamar la atención sobre la tortura en prisión, concejalas investigadas por clamar contra la policía tras la muerte de un ciudadano, presidentes de asociaciones imputados por quejarse del trato a los manteros... En definitiva, demasiados casos de denuncias y querellas contra quienes elevaban públicamente la voz contra los abusos del poder. Con tanto disparo, alguno tenía que dar en el blanco y, paradójicamente (o no), le ha acabado tocando al negro.

Idrissa, expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, ha sido condenado por un delito de injurias contra la Policía Local de Zaragoza. Su señoría ha considerado punible, vía delito de injurias graves con publicidad del artículo 209CP, que Idrissa, durante una rueda de prensa en la que se presentaba un informe que recogía testimonios de abusos policiales a manteros de la ciudad, afirmara supuestamente que los policías de la ciudad "Hacen negocio y recogen los beneficios" y que "les agreden y lo hacen solo porque son negros". El matiz supuestamente es relevante porque estas declaraciones fueron atribuidas a Idrissa por un medio de comunicación, no habiéndose probado durante el juicio que realmente las formulara en estos términos. De hecho, la defensa de Idrissa se molestó en mostrar que la expresión "hacen negocio y recogen los beneficios" ni siquiera corresponde a ninguna declaración del acusado sino a un comunicado del Grupo DDCC15mZgz publicado el 5 de abril de 2018: "Los problemas sociales no llegan en patera. Los culpables de nuestros problemas vuelan en primera clase, usan coches de lujo, atizan el racismo, hacen negocio y recogen los beneficios".

Ante este fallo judicial cabe hacerse varias preguntas relativas a la técnica jurídica. ¿Cómo es posible condenar en base a un delito, el de injurias del 209 CP, que protege el derecho al honor, por hacer unas declaraciones sobre una institución del Estado que, según el Tribunal Constitucional (STC 107/1988, de 8 de junio; STC 214/1991, de 11 de noviembre y STC 13/1995, de 24 de enero) y el Tribunal Supremo (STS 492/2017, de 13 de septiembre), no es titular de ese derecho? Es decir, ¿cómo se daña el derecho al honor de una institución del Estado que, como tal, no tiene Derecho al Honor? ¿Cómo se resuelve un "concurso" de leyes –situación que se crea cuando una misma conducta puede encajarse en dos tipos penales - apelando al delito más beneficioso para el acusado? ¿Un concurso entre los artículos 504 y 209CP no debería resolverse en base al criterio de especialidad? ¿Acaso una sentencia condenatoria por delito de injurias graves no exige una valoración mínimamente seria del ánimo (la voluntad) injuriosa y de la efectiva lesión en el honor que han producido las declaraciones? ¿Acaso puede ser considerado "temeroso desprecio hacia la verdad" – requisito necesario para condenar por injurias graves - presentar un informe a la autoridad competente en el que se respaldan las declaraciones hechas, solo porque esa autoridad competente acabara no sancionando a nadie ni emprendiendo procedimiento judicial alguno?

Y por último: ¿no se supone que el Tribunal Supremo (STC 9/2007, de 15 de enero y STC 6/1981, de 16 de marzo) se ha cansado de recordar que la libertad de expresión ampara la crítica a las instituciones por ser este derecho, en el ámbito político, especialmente valioso para una sociedad democrática? ¿Dónde se supone que quedan estas palabras del Constitucional sobre las libertades de expresión e información?: "Cuando operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar" (STC 136/1999, de 20 de julio)

Las respuestas a estas preguntas quizás pondrían en duda esta resolución y la actuación profesional de quien la ha dictado, y tal crítica también estaría amparada por la libertad de expresión según sentencias del Tribunal Constitucional como la 35/2004, de 8 de marzo. Pero permítanme que, llegados a este punto, dude de la validez de la justisprudencia del "supremo intérprete de la Constitución" en ciertos juzgados de lo Penal de este país. Además, todas las preguntas anteriores son meras cuestiones de técnica jurídica. Precisamente, si algo brilla por su ausencia en la sentencia que condena a Idrissa es la técnica jurídica. La sentencia es política, pura política, es el castigo a alguien en cuyas declaraciones puede entreverse una crítica a la policía por prácticas racistas. Y así lo reconoce la propia sentencia al afirmar lo siguiente sin rubor:

"El mero hecho de que algunos de esos ciudadanos senegaleses hayan podido transmitir quejas al acusado o incluso que el Ayuntamiento abriera esa investigación, no le autorizaba a dar públicamente por ciertas conductas del colectivo policial ilícitas e incluso racistas. Con temeridad, sin cerciorarse de si todas las quejas eran veraces y generalizando a todos los Agentes, transmitió a la opinión pública la imagen de una Policía Local que sistemáticamente persigue a los manteros senegaleses por motivos étnicos".

Esto no es otra cosa que defender la sacralidad de las instituciones del estado definiendo por la vía del castigo lo que puede y no puede ser dicho en público, lo que puede ser discutido y por lo tanto ser pensado. Si, como dice Slavoj Žižek, la esencia de lo político es el poder para definir lo político –léase lo opinable y discutible–, esta sentencia supone una ofensiva política contra toda visión crítica con la actuación de los poderes del Estado. Esta ofensiva es el hecho realmente grave del asunto. Las cuestiones de técnica jurídica son solo víctimas sacrificadas en su nombre. Lo que aquí está en juego no es solo la condena a un sujeto, ni siquiera el (des)conocimiento por parte de un juez del derecho penal que aplica, sino la progresiva construcción, resolución a resolución, de un clima punitivo que desincentive la denuncia e imponga por vía de los hechos un relato acrítico sobre cómo las instituciones ejercen el poder. La construcción, en suma, de una práctica jurídica simétricamente opuesta a los principios que, se supone, la fundamentan.

La presente crisis provocada por el coronavirus y la necesidad de mantener la distancia física entre nosotros, justo además cuando se constata con más fuerza la humana exigencia del contacto y unión, han provocado también un cambio brusco en la docencia universitaria. Miles de profesores nos hemos visto obligados, por la fuerza de las circunstancias, a adaptarnos rápidamente a la modalidad online para evitar que las consecuencias más lesivas de la paralización de la actividad presencial afecten al alumnado y su formación. El esfuerzo está siendo ímprobo por parte de muchos y hemos de recordar que nuestras universidades no eran antes semipresenciales o virtuales ni, creo, deberían serlo en el futuro cercano e inmediato. Y es que, como en toda crisis, las respuestas puntuales que se están tomando para paliar sus efectos pueden convertirse a la larga en estructurales y permanentes, aun cuando desaparezcan las causas de su excepcionalidad, por lo que corremos el riesgo de que la distancia y lo online, valga la reiteración, queden incrustados en el sistema de enseñanza superior. Pero, ¿por qué calificarlo como riesgo? ¿No es acaso una oportunidad para adaptar la Universidad a la sociedad y sus ritmos cambiantes? Desde luego esto es lo que en parte opina y defiende el profesor y ministro Manuel Castells, como ha quedado demostrado en una de sus últimas comparecencias, donde aboga por aprovechar esta excepcionalidad para una adaptación permanente de las universidades públicas a la bimodalidad online y a la semipresencialidad. Humildemente creo, no obstante, que ese no puede ni debe ser el camino si queremos seguir considerando a la Universidad, y a la Universidad pública, como reducto civilizatorio y motor de transformación social.

Como ponen de manifiesto Carlos Fernández Liria, Olga García y Enrique Galindo en Escuela o barbarie: entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, los estudios superiores no pueden estar al servicio de la sociedad ni deben adaptarse a la misma, por extraño y contraintuitivo que esto pueda parecer. La Universidad tiene que subordinarse a la verdad, al conocimiento y al bien común, no a la amalgama de intereses, muchos de ellos superfluos y espurios, que presiden el conjunto de relaciones sociales y económicas fuera de sus muros. Es la autonomía de la enseñanza, como transmisión de conocimientos objetivos y, por ende, independientes de un vano subjetivismo, lo que ha posibilitado que el sistema público de educación se convirtiera en una escuela de ciudadanía crítica y progreso.

Don Rafael Sánchez Ferlosio, a quien algunos echamos excesivamente de menos estos días,defendía la idea de la instrucción frente a una demasiada ambigua y abierta "educación", pues es "justamente el rostro inexpresivo del saber por el saber el que hace nacer en el sujeto, de su propia mente, la opinión y la conducta que la educación querría meterle en la boca ya masticadas y bien ensalivadas". Es el saber de los conocimientos transmitidos, de las categorías adquiridas, el que debe ser objeto primordial de la Universidad, no su supeditación a un concepto de sociedad no menos ambiguo que esconde, en su pretensión, el sometimiento del conocimiento a los intereses del mercado. En esta estrategia de "adaptabilidad", que lleva fraguándose desde la irrupción neoliberal de los años setenta y que ya ha deteriorado hasta extremos insospechados a nuestro sistema público (LOGSE y Plan Bolonia mediante), cobra especial relevancia el formalismo pedagógico del "aprender a aprender" y del "enseñar a enseñar", obsesionado a su vez con las nuevas tecnologías y su supuesta función de panacea para todos los problemas educativos habidos y por haber.

La inconsistencia de tales fórmulas ilustra a la perfección el ataque al ideal ilustrado de enseñanza y a los objetivos de emancipación social que antes entrañaba. La escuela, y más aún la Universidad, constituían el foro en el que el estudiante podía desprenderse de los prejuicios familiares y tribales que afuera le rodeaban; eran los espacios que le permitían alejarse de las exigencias tradicionales, culturales o económicas que le aprisionaban (la "sociedad") para poder así relegarse en el mundo de libertad que sí permitía y alentaba el conocimiento objetivo, la verdad científica y la reflexión crítica. Y ello era posible gracias a que la transmisión de conocimientos se encarnaba físicamente en la relación empática entre el profesor y el estudiantado, en la presencialidad que permitía la reflexión, la crítica, el debate, la discusión y esa inclinación hacia el saber por el saber que, como bien decía Aristóteles, siempre ha sido connatural al ser humano. Pero esta realidad no era funcional a los intereses del capitalismo cognitivo, sediento de flexibilidad, ruido y adaptabilidad constante. Es decir, justo lo que proporcionan las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y aupadas por el "nuevo" (en verdad, ya antiguo y cansino) formalismo pedagógico.

Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto unas posibilidades enormes para el enriquecimiento educativo, nadie lo pone en duda; es más, pueden ser instrumentos idóneos para el refuerzo de determinados contenidos y la necesaria complementariedad de las lecciones. Lo que no pueden de ninguna manera constituir por sí mismas el objeto y el medio preponderante de la enseñanza ni desplazar a la presencialidad, pues se le estaría privando a la transmisión de conocimientos de la particularidad que la diferencia, que no es otra que el mentado espacio empático de intercambio que sólo el cara a cara (el "ojo a ojo" que dice un gran compañero), posibilita e impele. Pero, además, la centralidad de lo online culminaría esa obsesión neopedagógica y neoliberal por la adaptabilidad y la flexibilidad, al ser los medios digitales los principales impulsores y receptáculos, por su propia naturaleza, de tales exigencias flexibilizadoras. Frente a la reflexión pausada, estática, consciente y concentrada que otorga el estudio sereno de los textos o de las lecciones de un profesor, la jerga pedagógica que sufrimos desde hace décadas prima el dinamismo, las flipped classroom, las competencias y los proyectos, todo bien aderezado por smartphones, tablets, power points con colorines y flechitas (la lista de nuevos fetichismos es interminable…). Frente a la concentración, requisito imprescindible para el saber, se defiende la interrupción constante de las pantallas. Todo lo contrario, por tanto, a aquel objetivo ilustrado de que el conocimiento de la verdad quede al margen de la subjetividad de cada cual y, sobre todo, del conjunto de intereses también individuales que conforman, cada vez más, nuestras renqueantes sociedades.

El conocimiento es la única riqueza que, al transmitirse, no se pierde. Lo que no puede transmitirse es el "aprender a aprender", simplemente porque para aprender hay que aprender algo, y ese algo debe ser, en la medida de lo posible, lo verdadero o lo verosímil. Con fundamentos, con argumentos racionales, mediante la discusión y la enseñanza presencial de contenidos, no mediante el aprendizaje ludificado de formalismos vacuos y procesos tecnológicos a distancia, porque a la postre podemos acabar siendo, también, tecnológicamente idiotas.

De aquí la necesidad, para mantener mínimamente un proyecto ilustrado de universidad como estudio superior, de desterrar la excepcionalidad de la docencia online cuando esta crisis se supere. Si se hiciera lo contrario, si las universidades públicas se convirtieran en plataformas semipresenciales con un protagonismo destacado de la docencia online y los medios tecnológicos a distancia, el terreno para la victoria del sector privado estaría abonado (todavía más). Los centros privados, muchos más flexibles congénitamente que los públicos y, sobre todo, nada renuentes a menoscabar la enseñanza de contenidos en aras del puro formalismo pedagógico que ellos mismos financian, podrían adaptarse (otra vez el maldito palabro) con mayor rapidez y facilidad a lo que desean tanto el ministro Castells como la OCDE, la OMC y algunas cátedras de educación bien regadas por los fondos financieros. Y todo, claro, vistiéndose con los ropajes posmodernos del progreso, el nuevo ritmo de los tiempos y la puesta de la Universidad y la enseñanza al servicio de una sociedad que ellos mismos son quienes la modulan y quienes nos desvelan sus necesidades y metas.

Para este enésimo deterioro de la educación que puede acechar tras la crisis, conmigo, desde luego, que no cuenten.

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, bulo es aquella "noticia falsa propalada con algún fin". La definición no es baladí, encierra varios conceptos que habría de tener meridianamente claros.

En primer lugar, hay que aclarar que el bulo versa sobre un hecho. No sobre opiniones; evidentemente, éstas vienen indisolublemente ligadas a la noticia o hecho falso, pero no hay que perder de vista que lo que caracteriza al bulo es su naturaleza fáctica. Una noticia, sea verdadera o falsa, siempre creará un estado de opinión, sin embargo, una opinión o idea no es un bulo.

En segundo lugar, el bulo ha de ser una noticia falsa. Es decir, la falsedad viene determinada por la comprobación de que la verdad no coincide con la noticia que se difunde. ¿Cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? En un principio, lo que percibimos por nuestros sentidos es nuestra verdad, desde la subjetividad; lo que la arqueología establece no es más que la reconstrucción de una realidad preexistente a partir de limitados vestigios o pruebas hallados tras largos años de investigación; lo que establecen los jueces y tribunales es una verdad jurídica a partir de una reconstrucción sobre pruebas vivas, como testimonios y documentos elaborados por investigadores o peritos que, aunque se acerque a la realidad material, no tiene por qué coincidir con ésta.

En el caso de la información, que la ciudadanía tiene derecho a recibir verazmente, ni siquiera se exige que se ajuste a la verdad. La información ha de ser debidamente contrastada y versar sobre un interés público, pero no se exige que se ajuste a la realidad, pues los medios de comunicación deben observar unas mínimas cautelas a la hora de informar, contrastando mínimamente la noticia que van a publicar. Por tanto, jurídicamente, una noticia es veraz cuando está contrastada; al contrario, una noticia es inveraz cuando no se ha acudido a unas mínimas fuentes de comprobación y se basa en meras sospechas, "fuentes anónimas" o meras especulaciones sin fundamento alguno.

En tercer lugar, la difusión del bulo ha de hacerse "con algún fin".

Si la finalidad del bulo es fomentar odio, hostilidad, discriminación o violencia contra colectivos vulnerables, estamos ante el denominado "discurso del odio", que justifica la intervención del Estado, pues el Código Penal castiga esa conducta en el artículo 510.

Si el fin es lesionar el honor, la propia imagen, la intimidad, y la integridad de un particular, por regla general, serán los jueces y tribunales del orden civil quienes resolverán sancionar, por medio de una indemnización que se obliga a pagar al demandando responsable de la difusión de la noticia.

Si el bulo contra un particular tiene especial intensidad, estaremos ante los delitos "contra el honor" –calumnias e injurias–, que son tan difícil de justificar como de prosperar penalmente: normalmente, la autoridad judicial es reacia a aplicar estos delitos porque, habiendo otro cauce menos lesivo, que no implicaría castigo penal, siempre se podría acudir al orden civil. El derecho penal exige la mínima intervención, es la última ratio, que impide que nadie sea investigado si hay otras vías de resolución de conflictos entre la ciudadanía.

Sin embargo, existe una única vía, sin parangón en otras legislaciones y sin apenas aplicación, que es la del artículo 504 del Código Penal, que pretende proteger a las Instituciones del Estado, de calumnias, injurias o amenazas graves contra el Gobierno de la Nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, o el Consejo de Gobierno o el Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.

El peligro que conlleva este artículo en el Código Penal no es otro que el de eliminar la disidencia o la opinión crítica contra los organismos más poderosos del estado y que la ciudadanía se vea privada del derecho de informar o recibir información así como del derecho de libertad de expresión. Por esta razón, este artículo apenas ha sido aplicado. El riesgo de constituir un efecto desaliento en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión es lo que hasta ahora ha evitado la aplicación de este delito.

Por primera vez en democracia, vemos cómo el Gobierno está dispuesto a revivir este artículo durmiente a fin de cesar los bulos en estas excepcionales circunstancias, de estado de alarma por una pandemia que está provocando una grave crisis sanitaria y económica a nivel mundial.

¿Cómo se está reactivando el artículo 504 del Código Penal? De la peor manera posible: dando instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que de forma preventiva persigan los bulos que "crean desafección en las instituciones de Gobierno". Es decir, preventivamente, se está fiscalizando todo lo que se difunde a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

La investigación preventiva de un posible delito de calumnias contra el Gobierno es ilícita, por estar prohibidas las investigaciones prospectivas. Ya conocemos las lamentables incursiones de las Operaciones Araña en las redes sociales y las dolorosas consecuencias que produjeron en ciudadanos y ciudadanas que se vieron detenidos, juzgados y condenados por la Audiencia Nacional, a penas de prisión por expresar sus opiniones en las redes sociales. El procedimiento no era otro que la búsqueda 'ciega' en la red social, introduciendo palabras clave, para criminalizar y perseguir la libertad de expresión. Esto se ideó en tiempos del ministro Fernández Díaz, en un contexto de protesta social ante los duros recortes económicos sufridos por la ciudadanía.

Ahora, en tiempos de coronavirus, nuevamente, se cierne una grave amenaza contra la libertad de expresión, con métodos prospectivos y semejantes a la censura, ya aplicados por el gobierno de Rajoy.

Pero si el método es deleznable, peor resulta la constancia de que lo que se persigue: bulos que crean "desafección" en el Gobierno. Busquen en el Código Penal, busquen. Efectivamente, no lo encontrarán, esto no es delito.

El artículo 504 del Código Penal versa sobre las calumnias, injurias o amenazas contra el Gobierno y otras instituciones del Estado, pero los bulos que crean "desafección" en el Gobierno no están comprendidos ahí. No solo es peligroso reactivar este artículo, sino que al tratarse de un "delito de opinión", que adelanta la barrera de protección de las instituciones hasta querer reprimir lo que la ciudadanía tenga por conveniente disentir de ellas, la confusión está servida. Se trata de un tipo penal absolutamente ambiguo, que comparte zonas comunes con el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información.

Por otra parte, establecer una verdad objetiva, unánimemente aceptada por toda la ciudadanía es un propósito imposible, de ahí la dificultad de desmontar una noticia falsa o desenmascarar a su autor. Se pueden detectar manipulaciones y ediciones de fotografías u otros archivos malintencionadas y difundidas contra el gobierno en tiempos de coronavirus, datos maliciosamente manejados para alterar una concreta realidad que busquen alterar la composición del Congreso, ideas negacionistas contra cualquier doctrina científica o social pacíficamente asentada, pero todo esto no constituye delito.

Contra los bulos que persiguen acabar con un Gobierno legítimamente elegido, el Código Penal no es la herramienta eficaz, pues no es admisible devastar las bases democráticas en el combate contra quien hace trampas mediante la difusión planificada y financiada. Contra los bulos, más democracia.

Aunque los últimos escándalos de la monarquía española han pasado desapercibidos por la pandemia, la gravedad de los hechos exige que ciudadanos y representantes pongamos esta cuestión en la agenda política tras el confinamiento. La oportunidad que se abre, en términos republicanos, no puede desecharse.

A pesar de que, desde la Transición, diversos sectores sociales y políticos han venido denunciando la falta de legitimidad política de la monarquía a partir de la confrontación ideológica entre principio monárquico y principio democrático, nunca se había tenido mucho éxito. Excepto en Catalunya y Euskadi, la monarquía había gozado, hasta ahora, de legitimidad entre la población. No obstante, la situación ha cambiado. Nunca como antes habíamos asistido a una crisis tan grande de esta institución. Pero, ¿por qué ahora? Y, sobretodo ¿qué posibles escenarios se abren ante ello?

¿Por qué ahora? La tradicional denuncia de la ausencia de legitimidad democrática de la monarquía no servía para erosionarla porque el tipo de legitimidad sobre la que esta justifica su existencia en el interior del sistema constitucional es otra.

Con la imposición, a partir de la Revolución Francesa, del nuevo principio democrático liberal de la soberanía popular, las monarquías entendieron que su inclusión dentro de las Constituciones no podía pretender hacerse, como antes, como poder soberano. Esta era una batalla perdida para ellas. Es entonces cuando Benjamin Constant empieza a crear una nueva teoría que justificará y legitimará la permanencia del rey en el interior de las democracias liberales. Esta es, la teoría del poder moderador.

Aun y reconocer el valor de la tripartición de poderes de Montesquieu, Constant justifica la monarquía afirmando que el carácter, por naturaleza, ambicioso del Poder somete al principio de la división de poderes a una doble tensión permanente: por un lado, movidos por la ambición, los tres poderes del Estado se entremezclan y confunden con el consiguiente peligro para la libertad de los ciudadanos. Y por otro lado, guiados por la avaricia, es posible que uno de los poderes logre imponerse sobre los otros sustituyendo la libertad por el autoritarismo. Para evitar esto y garantizar que el principio de división de poderes funcione y la libertad exista, el Estado Constitucional necesita, decía Constant, de un poder moderador no incluido en la división montesquiana, concebido como un símbolo neutral y con la suficiente autoridad para mediar y poner freno a los poderes políticos, así como para protegernos.

Esta es la manera como se integra y se legitima la existencia de la monarquía dentro de la Constitución de 1978. Precisamente por esto, en el art. 56.3 CE, se le exime de responsabilidad. Para que mantenga su autoridad frente a los otros poderes no puede ser responsable. Concebido como poder neutral superior, no puede ser tratado jurídicamente como el resto. Tal imagen de poder moderador y protector ha sido, además, amplificado durante años mediante el relato acerca del supuesto papel de salvador de la democracia jugado por Juan Carlos I el 23F de 1981, construyendo la imagen del rey como un símbolo neutral.

Este era el elemento que otorgaba legitimidad al rey ante la población, a pesar de no ser electo. No obstante, los últimos escándalos de corrupción han puesto en evidencia que más que un poder neutral sin otro interés que mantener el orden y la libertad, los borbones podrían haberse dedicado a usar su posición institucional para enriquecerse de manera corrupta. Ello ha desmoronado el único fundamento de legitimidad sobre el que se justificaba su existencia dentro de la Constitución y ha abierto una crisis de esta institución sin precedentes en décadas.

¿Qué escenarios se abren ante ello? Los últimos acontecimientos han hecho que gran parte de la sociedad ya no esté de acuerdo con la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey. En Derecho Constitucional, el mecanismo para adaptar la realidad jurídico-constitucional a la voluntad social del presente es la reforma constitucional. En este caso, desconozco si la mayoría de ciudadanos del Estado apoyaría una reforma del modelo de monarquía parlamentaria por el de una república. Pero lo que sí me atrevo a afirmar es que, como mínimo, sí apoyarían establecer en la Constitución mecanismos para poder exigir a la Corona responsabilidad, posibilitando su enjuiciamiento.

Sin embargo, ninguna de estas dos reformas constitucionales son, en la política real española actual, posible. Tanto una como la otra requerirían activar el procedimiento agravado de reforma del art. 168 CE. Esto es: 1. Aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios de cada cámara; 2. Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales; 3. Ratificación de la misma por parte de las nuevas cámaras, también por dos tercios de votos de cada una de ellas; y, 4. Celebración de un referéndum de ratificación. Con lo que difícilmente la reforma se podría realizar sin el apoyo del PP o Vox. No por casualidad el constituyente de 1978 fijó un procedimiento tan rígido para reformar el Título II de la Corona.

Tal imposibilidad práctica para llevar a cabo la reforma constitucional, nos conduce a una situación de anomia jurídica. Esto es, de ausencia de normas constitucionales o imposibilidad de las existentes para permitir resolver el problema: la incapacidad del borbón padre e hijo para ejercer su cargo. Ante esta situación se abren tres escenarios políticos posibles:

Escenario A. La conversión de la monarquía en un ilegalismo tolerable: es común la existencia dentro de los Estados, de lo que Michel Foucault llamó "ilegalismos tolerados", es decir, ámbitos de actividades prohibidas legalmente pero toleradas por el poder con el objetivo de lograr otros fines políticos.

Todo indica que una de las maneras en que el PSOE, junto a la derecha, puede pretender gestionar los escándalos de corrupción monárquica es la de convertirlo en un ilegalismo tolerado. Es decir, aceptar su corrupción como parte naturalizada de la cultura política estatal con el fin de evitar las consecuencias mayores que la caída del rey tendría. Esto es, la apertura de una grieta insalvable en la continuidad jurídica del régimen del 78. Es la misma Constitución la que dice: "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia" (art. 56.1 CE).

Escenario B. El regeneracionismo o lavado de cara del régimen: otra de las opciones por la que podrían optar los partidos defensores del régimen sería la de la aprobación, de acuerdo con la opción que abre el art. 57.5 CE, de una Ley Orgánica de la Corona en la que se fijará que quedan exceptuados de la irresponsabilidad del 56.3 CE los actos personales no susceptibles de refrendo constitutivos de delito, aunque sin efectos retroactivos para evitar poder exigir responsabilidad a Juan Carlos I o Felipe VI. El objetivo sería llevar a cabo un cierre de la crisis mediante una operación cosmética de modernización de la monárquica que la relegitimara.

Escenario C. La exigencia real de responsabilidad: al contrario de las dos opciones anteriores, la gravedad de los continuos supuestos actos de corrupción llevados a cabo por el clan de los borbones, exige hacerles asumir responsabilidades. Para ello, se pueden usar dos vías políticas: una es utilizar el art. 59.2 CE, el cual establece la posibilidad de que las Cortes reconozcan la incapacidad de Juan Carlos I y Felipe VI para el ejercicio de su autoridad y los inhabiliten, pasando a una situación de regencia. Si bien desde una interpretación pre-democrática del art. 59.3 se diría que esto no es posible porque se interpreta que sólo el rey puede decidir que está inhabilitado para el desempeño de su cargo y comunicárselo a las Cortes, que deben limitarse a "reconocer" o ratificar. Una interpretación democrática del mismo artículo permitiría entender que sean los representantes de los ciudadanos y no él mismo, quien debe decidir sobre si está o no capacitado para ejercer sus funciones. Y otra vía, aún más fácil, sería un simple ejercicio de presión política. La aprobación por una mayoría del Congreso de una resolución en que se rechace el comportamiento de los borbones y se invite a Felipe VI, por responsabilidad, a "abdicar", figura prevista en el art. 57.5 CE. Ello obligaría al rey a aceptar la invitación o, en caso contrario, salir públicamente a enfrentar al Legislativo.

Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el que nuestros representantes políticos republicanos en el Gobierno y en las en las Cortes aceptaran cualquier otra opción que no sea la tercera, sería una auténtica tomadura de pelo hacia las y los ciudadanos honestos y trabajadores.

Como historiador he de reconocer que pocas veces he tenido conciencia de estar viviendo un momento histórico sobre el que las y los científicos sociales volverán una y otra vez, en oleadas investigadoras que alimentarán papers, ponencias e incluso ese producto en progresivo desuso académico que son los libros. Viví las guerras de Yugoeslavia, viví el 11-S, viví las guerras del Golfo, pero todo aquello eran vivencias prestadas, vividas en la distancia cálida del televisor y de Internet. Lo que pasa ahora es diferente. Soy consciente, como tantas de nosotras y nosotros, de estar viviendo algo que permanecerá en nuestra conciencia colectiva, y permanecerá porque lo que estamos viviendo no admite distancia ni zona de confort, puede venir servido por la televisión e Internet, pero forma parte de nuestra personal vivencia. Y permanecerá porque está habitado por la más absoluta incertidumbre, y así fueron habitados todos los fenómenos que marcaron la historia.

Quienes vivieron el 18 de julio de 1936 no supieron nunca qué iba a pasar. Sin embargo, las y los historiadores, dado que construimos nuestro relato del pasado sabiendo lo que pasó, terminamos, infinidad de veces, introduciendo una percepción falsa de lo que ocurrió, como si quienes vivieron los acontecimientos hubieran adivinado su curso, como si quienes levantaron barricadas enfrente de los cuarteles el 18 y 19 de julio de 1936 o quienes corrían, apresuradamente, a comprar pan y leche esos días, hubieran sabido que estaba comenzando una guerra civil. Y no lo sabían, no tenían ni idea, estaban presos de la misma incertidumbre que nosotras y nosotros y ahora podemos empatizar con ella. Podemos empatizar con quienes vivieron el 18 de julio de 1936, con quienes vivieron el 14 de julio de 1789 o el 8 de marzo de 1917. Y, aun así, por mucho que ahora podamos empatizar nos cuesta, y me cuesta a mí, que soy historiador.

Mi propia conciencia de lo que está pasando ha sido huidiza y fragmentaria. La primera semana de confinamiento la he experimentado en un estado de ausencia, como si lo que pasara fuera casi irreal, como si el día siguiente las cosas fueran a volver a la normalidad de forma inexorable y fuera a volver a ver a mi hija, a visitar librerías con mi enamorada, a abrir el despacho en donde dejé los materiales del libro que estaba diseñando, a pisar el aula donde me esperarían las alumnas y alumnos cuyos nombres comenzaba a memorizar. Solo ahora, pasadas dos semanas de confinamiento, comienzo a descender a la realidad, o a lo que creo que puede ser la realidad, y comienzo a ver que no, que es dudoso, es improbable, es, de hecho, imposible que vuelva la normalidad y que cuando vuelva será una normalidad diferente, porque entre medias estaremos ligados a este presente que será pasado por mucho dolor: el de la pérdida de los seres queridos, el del colapso de nuestros abuelos y padres en las residencias y en sus pisos solitarios, el de la pérdida del trabajo, del negocio o de la casa.

Hemos perdido (y, si no lo hemos hecho aún, la vamos a perder) la estúpida inocencia de que esta forma de vivir no tenía fecha de caducidad, que esquilmar el mundo, destruir la naturaleza y responder a las exigencias de productividad de un sistema económico despiadado eran pagos que siempre podríamos atrasar en el afán por "quererlo todo y quererlo ahora", por consumirlo todo y consumirlo ahora. Es ahora cuando sabemos que lo que ocurre en una lejana ciudad china nos puede afectar en lo más hondo del corazón, que el precio por construirnos una vida centrada en el consumo deshumanizado es haber construido un entramado global en donde lo que ocurre en Wuhan puede transformar la vida de La Gomera.

Es inevitable que interpretemos lo que nos está pasando a través de los productos culturales que nos han acompañado. Me es inevitable no evocar, cuando pienso en lo que están siendo estos días, la historia oral de la guerra zombi que escribió Max Brooks, en donde todos los males de nuestra actual crisis podemos verlos reflejados, desde el miedo irracional que nos hace excluir al semejante al clasismo desaforado pasando por la lentitud de la ciencia en su combate contra lo desconocido. Pero, sobre todo, me es imposible no evocar La carretera, de Cormac Macarthy. Y me es imposible porque he adquirido conciencia de la irreversibilidad de la crisis que estamos viviendo solo cuando he salido a la calle a comprar el pan y la fruta; o a visitar a la madre que vive en la soledad y en progresivo distanciamiento cognitivo una reclusión que le resulta insoportable. Cuando he salido a hacer estos quehaceres es cuando he contemplado una realidad que me remite poderosamente a este libro y es la de un "paisaje sonoro" diferente al que había conocido hasta ahora. Un paisaje habitado por el silencio humano.

En La carretera el silencio lo invade todo porque han desaparecido los animales e insectos que componen la sinfonía de la vida y los humanos viven en pequeños grupos o en soledad. Es la recurrente mención a ese silencio total, absoluto, lo que más me abrumó y aterró de ese libro particularmente abrumador y aterrador. Y cuando salgo a la calle a comprar el pan o a acariciar la mano agrietada de mi madre percibo un silencio parecido. Porque están, sí, los pájaros, está el aire meciendo los toldos, están los coches y motos que circulan de forma intermitente. Pero no estamos los humanos. No están nuestras voces, no están nuestros diálogos, no están los niños riendo ni los ancianos conversando ni los adolescentes gritando, ni los enamorados acariciándose ni las familias charlando. No están los ruidos que emitimos en nuestro contacto cotidiano con el otro, ni los aromas que nacen de esos ruidos, ni el paisaje erotizante que forman las miradas, las risas, los lloros, las conversaciones. Solo está el silencio. Y este silencio me evoca el libro de Cormac Macarthy. Y este silencio me muestra que esto que está pasando nos va a cambiar la vida.

El músico R. Murray Shafer definió como "paisaje sonoro" el entorno acústico total que rodea a cada ser humano en un tiempo y espacio. Ese entorno está compuesto a modo de sinfonía por todos los sonidos que nos rodean, naturales y artificiales: los que emiten nuestros cuerpos, los que generan las máquinas que hemos creado o las actividades que ejercemos, los que lanzan los insectos, animales y fenómenos naturales que nos rodean. Y nuestro "paisaje sonoro" ha sido modificado de forma radical, se ha visto cercenado en uno de sus componentes esenciales: las voces, las risas y los llantos que, a modo de sinfonía, componemos los seres humanos en nuestra vida en sociedad. Y esa ausencia reiterada es la que ha desplazado mi particular sentimiento de ausencia de estos días pasados para hacerme consciente que estoy viviendo un fenómeno histórico. Un fenómeno que cuando pase no nos puede permitir vivir igual que vivíamos antes, con la conciencia displicente de que no somos responsables de nuestros actos cotidianos, que lo que consumimos no afecta a nuestro entorno, que el Estado social no es una prioridad que nos incumbe a todas y todos, que los ancianos y niños a los que hemos recluido (y apartado) no son un reflejo, invertido, de una sociedad que ya estaba enferma antes de que un virus venido de Oriente la terminara de empujar al borde del precipicio

La situación a la que nos estamos enfrentando producto de la pandemia que asola al mundo, y en estos momentos de manera muy especial a España e Italia, nos tiene que llevar a algunas reflexiones que, seguramente, pocos quieran comenzar a hacer pero que, día a día, se hacen más y más urgentes. No sólo estamos hablando de una crisis sanitaria sino, también, de un cambio de mundo entre aquel del que venimos y el que nos vamos a encontrar cuando se haya superado la fase más aguda de esta plaga.

Seguramente, cuando hayan pasado los suficientes años como para adquirir la adecuada perspectiva histórica, se hablará de esta pandemia como el momento en que realmente se terminó el Siglo XX y comenzó, en términos históricos, sociológicos, culturales y económicos el Siglo XXI. Si esto es así, es muy probable que cuanto antes asumamos que estamos ante el auténtico cambio de siglo o de sistema antes estaremos en condiciones de enfrentarnos a lo que viene y, sobre todo, más preparados estaremos para dar las respuestas adecuadas a desafíos que aún no logramos ni dimensionar ni controlar.

Todo aquello que conocíamos y dábamos por garantizado hasta ahora deja de tener sentido por inaplicable a un problema de estas dimensiones; todas las recetas que se llevan aplicando durante décadas también han quedado superadas por los acontecimientos y, seguramente, una de las grandes frustraciones que estamos teniendo respecto de la clase gobernante, sea en España o donde queramos mirar, es que los propios políticos son incapaces de asumir que esto es así y, por tanto, siguen acudiendo a los mismos manuales y recetas que llevan años aplicando. El problema es que nada de eso servirá y, es más, podría aventurarme a decir que justamente esas viejas medicinas serán las que terminen por colapsar la situación que, sin duda, ya es de una gravedad como nunca se había visto.

El problema es de tal calado que, si no queremos agarrotarnos, lo que debemos hacer es centrarnos en pocos y muy concretos objetivos que han de ser medidos más bien a corto plazo: el primero, qué duda cabe, es el de la supervivencia médica y el segundo, conseguir que la actividad productiva y económica, aun cuando se llegue a paralizar por completo, esté luego en condiciones de volver a funcionar.

Básicamente se necesita centrar todos los esfuerzos en curar a la gente, evitar más enfermos y asegurarnos de que los ciudadanos, como partícipes de un determinado tejido productivo, estemos en condiciones de ponernos en marcha nada más superarse la fase aguda de esta pandemia. Claro, los dos objetivos son muy ambiciosos, pero ambos están planteados en lo que podríamos denominar un corto plazo.

Coincido en que este no es el momento de recriminaciones ni de exigencias de responsabilidades. Sin embargo, creo igualmente, que es un buen momento para pedir que, de una vez por todas, se abra los ojos ante lo que esta crisis realmente significa y se exija que las recetas no sean las de siempre porque no sólo no funcionaron en el pasado, sino que es seguro que no servirán en el futuro.

Parte del problema de salud al que como sociedad nos enfrentamos no sólo es aquel que hace referencia a la afectación directa por la pandemia sino, también, aquella resultante de diversos factores que afectan a la salud mental de los ciudadanos. El conjunto de la población está sometido a una sobrecarga emocional que, por definición, es insana y entre los factores que más nos afectan a todos están la asimilación de la intensidad de la pandemia, en muchos casos con pérdidas de familiares y amigos directos, pero, también, la falta de certezas sobre el futuro inmediato y, sin duda, algunos de estos factores sí que pueden ser abordados por las autoridades aún a un costo económico elevado.

Es claro que ningún gobierno está en condiciones de darnos ningún tipo de certeza sobre el futuro, pedirlo es no solo ingenuo sino absurdo, pero sí que pueden ayudar a la salud mental de todos el que se adopten medidas extraordinarias que vayan encaminadas a paliar las consecuencias más inmediatas de este confinamiento y cierre productivo masivo al que estamos sometidos. Este tipo de actuaciones irá en las dos direcciones antes apuntadas: la sanitaria, que también incluye la salud mental, y la económica.

Empecinarse en aplicar viejas recetas es tanto como reconocer que se carece de capacidad de análisis de la realidad, que es muy compleja, y una escasa o nula visión de futuro. Esta no es una réplica de la crisis económica de 2007-2010, de la cual pocos salieron bien parados y, miren por dónde, se benefició a los de siempre, por lo que dejémonos ya de excusas, quitémonos las anteojeras y hagamos una panorámica de la situación para así comprender a qué realmente nos enfrentamos.

Seguramente habrá economistas que dirán que es inviable, pero el sentido común, que también tiene una relevancia a nivel de comportamiento económico, indica que, así como se nos ha obligado, con acierto, a paralizar nuestras actividades económicas, el Estado ha de paralizar su actividad recaudatoria, al menos el tiempo suficiente para que podamos volver a ponernos en marcha.

No me estoy refiriendo a una suerte de "amnistía fiscal", que ya sabemos a quiénes benefició, sino a una moratoria inmediata que permita a las familias, a los autónomos y a los pequeños empresarios, que son la mayoría y quienes sostienen el tejido productivo de este país, poder respirar aliviados y pensar en la mejor forma de afrontar lo que vendrá en los meses venideros. Los tributos y la cotización a la seguridad social son una obligación, pero en momentos de crisis ese dinero puede ser la diferencia entre poder o no poder reanudar la actividad al finalizar el confinamiento.

Algunos, defendiendo lo indefendible, sostienen que sin esa recaudación será imposible mantener el llamado "escudo social", pero incluso los de letras, como es mi caso, sabemos que eso es absurdo porque la recaudación durará lo que dure la actividad. Si por asumir en estos momentos las cargas tributarias y de seguridad social se paraliza definitivamente una actividad - y serán muchas las pymes que caigan en esa dinámica-, entonces, la recaudación se resentirá de manera irremediable y por mucho tiempo.

Es más, si una actividad se paraliza, de una parte cae la recaudación y de otra se traslada el "costo salarial" al propio Estado que deberá asumirlo por vía de subsidios de desempleo; es que hasta los de letras sabemos hacer estas cuentas.

Conocer, y cuanto antes mejor, que no tendremos que salir en medio del confinamiento a realizar declaraciones tributarias, a pagar seguridad social e impuestos en los próximos días, semanas y meses, como se ha hecho en Estados Unidos, igual nos da un respiro que nos permite rebajar el estrés al que estamos sometidos todos los ciudadanos (salud mental) y, de esa forma, nos permite ver perspectivas y, también, creer que el Estado piensa en todos y no solo en aquellos a los que va a trasladar el negocio de hacer de intermediarios en la financiación de la crisis.

El esfuerzo económico que implicará, primero, sobrevivir a esta pandemia sin poder trabajar y, luego, volver a ponernos en marcha es de tal calado que, insisto, no se puede estructurar sobre recetas caducas y propias del Siglo XX; hemos entrado de golpe en el siglo XXI y se necesita aplicar imaginación y, seguramente, fórmulas incompatibles con el modelo neoliberal hasta ahora imperante.

Parece evidente que no queda más remedio que generar liquidez y hacerlo de manera inmediata, sin intermediarios, y que la misma llegue directamente a todos los ciudadanos y que así vayamos despejando incógnitas sobre qué haremos una vez pase esta fase aguda de la pandemia.

Conservar los puestos de trabajo y la capacidad productiva ya no está en manos ni de los autónomos ni de los pequeños empresarios sino en las del Estado y hacerlo bien o mal será de la exclusiva responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones que, soy consciente, son complejas. Nuestros gobernantes sufrirán muchas presiones, pero aguantarlas va en el sueldo y, además, esas presiones se corresponden con una visión social y económica ya en vías de extinción impropias del escenario al que saldremos más temprano que tarde.

El mejor papel que puede cumplir el Estado, en el plano económico, es el de garantizarnos a todos que estaremos en condiciones de poder volver a ser productivos y mantener la actividad recaudatoria. No actuar en esa dirección, sería un error económico, político y, también, ético, pues recurriendo al refranero popular, sería "pan para hoy y hambre para mañana".

Incontables veces se han dado por finiquitados los procesos históricos. La Unión Europea no cambiará, el sistema económico deshumanizador imperante es inamovible, la lucha contra el cambio climático es incapaz de cambiarnos a nosotros mismos… y llega de repente un pequeño, minúsculo virus, y abre las puertas de par en par al cambio de todo lo que se creía firme, de todo lo que se pensaba que era inmutable. Nuestro modo de vida, nuestro día a día, el conjunto de las relaciones sociales y económicas, todo ha sido paralizado por una amenaza que nos ha tocado de lleno en nuestro orgullo, en la autosuficiencia que creíamos haber conseguido.

Los griegos llamaban hybris a esa soberbia humana, a esa desmesura que hace en ocasiones olvidarnos de nuestra frágil condición y de nuestra subordinación a los retos que la naturaleza nos impone. Todavía es pronto para evaluar el impacto económico, social y político de la crisis sanitaria que estamos atravesando, pero de lo que sí podemos estar seguros es que esa hybris prometeica, ese orgullo desmedido, ha sido profundamente afectado en el corazón mismo de su lógica: la del movimiento, el derroche, el consumismo desenfrenado y el individualismo atomizador.

La sociedad del cansancio, de la que nos habla Byung-Chul Han, se ha convertido de la noche en la mañana en la sociedad de la quietud, en la comunidad que exige una responsabilidad cívica sin precedentes a todos y cada uno sus miembros. Resulta paradójico que cuando necesitamos más que nunca fortalecer los lazos comunes y reforzar la acción colectiva, no podemos ahora, precisamente, acercarnos unos a otros.

La palabra y el afecto a distancia, como el que muestran cada noche millones de españoles e italianos desde sus balcones, está activando resortes comunitarios que se creían hace tiempo apagados. La ideología neoliberal individualista, hegemónica durante las últimas décadas, nos había impuesto la lógica de la competición entre individuos considerados como átomos, aislados unos de otros en permanente lucha, sin colaborar ni cooperar. Y ahora, cuando físicamente más aislados estamos de verdad, es también cuando mejor y con mayor clarividencia nos percatamos de la ficción antinatural y antihumanista que nos impone aquella ideología.

El ser humano es un ser social, político, que necesita del "otro" para completarse a sí mismo, que es uno porque es también reflejo del otro. Ese es el fundamento de nuestra realidad social, como bien temprano vio Aristóteles, y es esa raíz la que el utilitarismo neoliberal intentó ocultar bajo un telón mugriento y aséptico de cifras, dogmas y principios supuestamente técnicos. Pero el telón se ha roto, pues su modelo no sirve para hacer frente a ningún reto colectivo, porque odia la acción común y la repudia. La lucha contra el coronavirus requiere precisamente de todos los elementos que se rechazan de plano en el sistema económico capitalista hoy vigente: el deber cívico y el compromiso colectivo, el cuidado de lo común y lo público sobre los espurios intereses particulares.

¿Se imaginan esta crisis con un modelo sanitario eminentemente privado que no diera cobertura a los más necesitados? Y eso que ya de por sí la emergencia sanitaria, incluso en España, está sacando a la luz la debilidad inducida a que hemos sometido a lo común y a lo estatal durante décadas de neoliberalismo. Hemos visto al principio a un Estado dubitativo, sin una capacidad de respuesta contundente, con una presencia en el territorio muy mermada, con acciones descoordinadas aquí y acullá en toda Europa. Pero ahora sí parece que el Leviatán, como dice Máriam Martínez-Bascuñán, está comenzando a despertar de su largo sueño.

El discurso de lo común y lo público regresa con fuerza por la misma necesidad humana de su existencia cuando surgen desafíos colectivos como los actuales, y lo canaliza un Estado con todos sus resortes que, aunque desengrasados y hasta quebrados, pueden seguir siendo útiles para la preservación del bien de todos. Porque he aquí la clave de nuestros días: la comunidad política debiera existir por y para un objetivo, el bien común y el interés público, y no para la satisfacción, como hasta ahora, de ambiciones particulares más o menos tamizadas de necesarias. No. Los vicios privados no son virtudes públicas. Las únicas virtudes son las que aúnan, en la mejor tradición aristotélica-tomista y ciceroniana, el compromiso individual con lo colectivo y el servicio de lo colectivo hacia el bien público.

Claro que del resurgir del Leviatán pueden desprenderse dos desviaciones que anularían sus efectos positivos. En primer lugar, que sólo se centrara en las estrechas costuras del Estado-nación clásico y que ello supusiera un repliegue nacionalista en detrimento de una necesaria visión supranacional y cosmopolita, como la que exige la naturaleza de esta(s) crisis, lo que a su vez nos habla de la inoperancia actual de alternativas aún más localistas y reducidas. Haría falta, por tanto, reforzar de una vez el papel político y social de la Unión Europea frente a su restringida concepción economista y mercantilista hoy vigente, al mismo tiempo que se articulen nuevos mecanismos de cooperación internacional entre todos los Estados del mundo y se fortalezca el sistema de las Naciones Unidas. En segundo y no menos destacado lugar, este despertar hobbesiano no puede derivar en una defensa autoritaria de lo estatal frente a la sociedad civil, como algunas loas que hoy se escuchan sobre el sistema chino parecen trasladar.

El nuevo comunitarismo, de darse, debe seguir teniendo como límite y fundamento la centralidad de la persona, su dignidad y libertad, y no añejas y trasnochadas concepciones esencialistas, identitarias y/o dirigistas. El discurso de lo público y lo común no puede servir de coartada para autoritarismos de nuevo cuño, neoliberales o no, ni para una reestructuración de las relaciones de dominación que aumente la impunidad de quienes más se benefician de la injusticia actual.

Si conseguimos aquel giro hacia lo común, con estas dos precauciones antedichas, podríamos estar en condiciones de iniciar el camino hacia un nuevo contrato social, más humano y humanista, menos utilitario y economicista. Que esta crisis sea, pues, una oportunidad para (re)comenzar la vida e impulsar todo aquello que nos une: los lazos de solidaridad, la fraternidad, los deberes cívicos y el bien común. Armas no sólo potentes contra las epidemias de hoy y de mañana, sino también contra todas esas ideologías deshumanizadoras que han permitido malvender el interés general a los intereses privados; que han adelgazado el Estado hasta hacerlo casi desaparecer; que nos dicen a cada minuto que debemos competir con el de al lado, no cooperar; que no quieren, en fin, que seamos conscientes del poder colectivo que podemos llegar a conseguir si nos unimos para hacer frente a los retos y desafíos que nos amenazan como comunidad.

Hoy es una epidemia (como las que llevan sufriendo otras partes del mundo décadas e incluso siglos ante nuestra generalizada indiferencia), pero mañana seguirán siendo retos urgentes la desigualdad, la pobreza, el calentamiento global y el deterioro de unas relaciones sociales que tienden a hundirse o en la despreocupación más anodina, o en el fanatismo más deleznable.

Cuidemos lo común porque, como ya viera con particular clarividencia la gran Simone Weil, individualmente somos frágiles, extremadamente frágiles. Durante mucho tiempo lo hemos olvidado: esperemos que esta vez, aunque sea por una vez, no sea así.

En la tarde del 16 de marzo de 2020 Boris Johnson compareció ante la prensa para anunciar nuevas medidas contra el coronavirus. Flanqueado por Chris Whitty, asesor médico jefe, y Patrick Vallance, principal asesor científico del gobierno, el primer ministro británico aconsejó a los ciudadanos evitar todo tipo de contacto físico innecesario y no acudir a bares, teatros ni discotecas. Johnson también solicitó que las personas que pudieran pasaran a teletrabajar y a aquellos con síntomas de la enfermedad se les pedía aislarse en sus casas con sus familias durante 14 días. A los mayores de 70 años y a los enfermos crónicos se les recomendaba un aislamiento de 12 semanas. Según Johnson, las medidas eran el comienzo de un "contraataque nacional" contra el virus, una operación sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Si bien las medidas del gobierno británico no eran especialmente duras, comparadas con las que se habían impuesto en casi todos los países de Europa, lo cierto es que significaban un giro sustancial en su política contra el coronavirus. El 5 de marzo Johnson había dicho en una entrevista televisiva que los británicos debían seguir comportándose como si no pasara nada (business as usual) y que el país saldría de la crisis "en buena forma". El mensaje de tranquilidad recordaba mucho al famoso lema que el gobierno británico produjo ante la amenaza de una invasión alemana a principios de la Segunda Guerra Mundial: "Mantén la calma y sigue con tu vida" (Keep calm and carry on).

Una semana después de la entrevista en televisión, Johnson compareció con Whitty y Vallance para anunciar que el Reino Unido iba a seguir una estrategia completamente distinta a la del resto del mundo. Los británicos apostaban por una inmunización colectiva (herd immunity). La idea era que la población se inmunizara en masa a base de que un porcentaje muy elevado de esta (entre el 60 y el 70% de los británicos) se contaminara con la enfermedad. De este modo, si el virus volvía en un futuro próximo no tendría unos efectos tan devastadores como en su primera oleada.

La política de 'inmunidad colectiva' tenía un coste social elevadísimo, ya que podría suponer la muerte de unas 450.000 personas, y Johnson advirtió de que muchas familias tenían que prepararse para "perder a sus seres queridos antes de tiempo". Con todo, el primer ministro quiso lanzar un mensaje patriótico de calma y acabó su intervención recordando a los británicos que superarían la epidemia del mismo modo "que habían sobrevivido situaciones más duras en el pasado, cuidando los unos de los otros y comprometiéndonos de todo corazón con este proyecto nacional". 

El tono nacionalista del discurso de Johnson cabe enmarcarlo en un conjunto de mitos muy consolidados en el Reino Unido. Las referencias a la Segunda Guerra Mundial, que llevan asociadas la idea de que los británicos derrotaron ellos solos a la Alemania de Hitler, y las alusiones a los esfuerzos colectivos en un pasado victorioso forman parte de una mitología muy arraigada, que ayuda a explicar por qué se llegó a pensar que Gran Bretaña podía seguir una ruta distinta a la del resto del mundo para superar la crisis del COVID-19. Este discurso oficial del sacrificio patriótico también tiene por objetivo asegurarse la obediencia acrítica de los británicos ante unas políticas que han sido censuradas por la OMS, que han contribuido a la propagación del virus en Gran Bretaña y que el gobierno sabe que van a costar miles de muertes.

Como nos recordaba hace muy poco Íñigo Sáez de Ugarte en este mismo periódico, los propios diputados conservadores saben que Johnson es un darwiniano que cree en la supervivencia de los más preparados. Sobre esta base ideológica, el retraso en la toma de medidas restrictivas supone un intento por minimizar el impacto en la economía del país, aunque esto conlleve aumentar el número de víctimas del COVID-19. En esta línea cabe entender que hasta el momento no se hayan anunciado medidas de apoyo a los grupos sociales más desfavorecidos, ni se haya dado a conocer un plan de choque radical para frenar la pandemia. En el Reino Unido hay más de dos millones de personas que dependen de la caridad para comer a diario y el 22% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Es muy probable que en los próximos días la situación cambie y el gobierno empiece a aplicar medidas mucho más drásticas, porque parece claro que los discursos patrióticos pueden reconfortar y disciplinar, pero no sirven para frenar la expansión del COVID-19. En muchos aspectos será demasiado tarde. La distopía que para muchos suponía una Gran Bretaña fuera de la Unión Europea y gobernada por un personaje como Boris Johnson está entrando en una nueva fase mucho más negra. Un político famoso por sus mentiras, su verborrea y su incompetencia está al mando de una país en una situación crítica. Ya no cabe estar tranquilos y seguir con nuestras vidas como si nada.

Ya nadie duda que las consecuencias del coronavirus sobre los indicadores económico-sociales serán desastrosas. Ante ello, o las izquierdas del Estado son capaces de dejar atrás su actual posición de articulación del tiempo histórico en torno al futuro para pasar a articularlo en torno al presente, o la realidad que se abre ante nosotros va a ser, realmente, oscura.

Detengámonos, primero, en ver el escenario que se abre. Y, segundo, a qué me refiero con lo de dejar de articular el tiempo histórico en torno al futuro para hacerlo en torno al presente.

1. El escenario post-coronavirus. El virus va a abrir un escenario de crisis en el que habrá que adoptar medidas políticas. Basta haber visto la televisión estas últimas semanas y los lemas patrioteros lanzados por el Gobierno ("unidad", "no hay territorios", "disciplina", etc.) para darse cuenta de que en paralelo a todo lo que eso implica, el coronavirus es también la construcción de un relato de la crisis destinado a crear en el imaginario colectivo el marco subjetivo adecuado para justificar y legitimar unas medidas posteriores que implicarán una vuelta de tuerca más en la recomposición estructural de las relaciones de clase en favor del Capital.

Todo relato o discurso de la crisis ejerce una doble función de creación y reproducción de nuevas realidades sociales con nuevas lógicas de actuar y pensar: por un lado, los ciudadanos lo aceptan y obedecen, puesto que es un relato que proviene de la autoridad legítima (el Estado) y a la vez, es un relato que genera miedo o es temido por su propia violencia. La violencia está oculta en el entramado del discurso de la crisis en tanto que amenaza con lo que puede pasarle al ciudadano (desempleo, pobreza, etc.) si no acepta las medidas propuestas para superarla. Reconocimiento y miedo son siempre causas de obediencia. Y, por otro lado, los ciudadanos los reproducen y convierten en lógica de pensamiento y actuación. Una vez aceptado e interiorizado el discurso de la crisis, nos crea una determinada composición subjetiva de la realidad que reafirmamos o reaseguramos cada vez que hablamos o actuamos de conformidad con ella, convirtiéndola en sentido común. Las conversaciones u otros tipos de interrelación personal no son meros códigos inertes de comunicación sino objetivaciones de sentido que nos crean y reproducen toda una lógica mental de la organización socio-económica y una actuación conforme a ella.

Así pues, el relato de la crisis permite al Poder construir las creencias, sentidos comunes y comportamientos sobre los que justificar y legitimar las medidas antisociales posteriores. Esto es construir un discurso 'Boy Scout' de las reestructuraciones sociales, el sufrimiento es inherentemente valioso porque gracias a él se fortalecen nuestras sociedades.

2. Las izquierdas y la articulación del tiempo histórico: del futuro al presente. Tanto Unidas Podemos (UP) como el resto de la izquierda se encuentran, desde el inicio de la legislatura, atrapadas en una concepción determinista teleológica de la Historia. Llamamos a esta aquella que percibe la Historia como un proceso acumulativo lineal y ascendente que conduce a un destino final de Justicia.

Por un lado, UP acusa a la izquierda anti-régimen de que al sostener que "no es en alianza con el Régimen y sus agentes (PSOE) sino mediante su bloqueo total que se produce una agudización de las contradicciones conducente a su derrumbe", en realidad, está planteando una concepción determinista lineal y ascendente de la Historia atrapada en el falso mito de la victoria final. Concepción que solo sirve para hacer ideología de atril pero no para conseguir ningún fin real de justicia.

Pero, sin embargo, por otro lado, cada vez que UP aplaude al Rey, se abstiene en la votación de la Ley mordaza digital, veta a la publicación de la hoja de servicios de 'Billy el niño', acepta la no derogación integral de la reforma laboral, la subida de la valla de Ceuta y Melilla, etc., y lo justifica presentándolo como pasos desagradables pero inevitables para conseguir el objetivo final de Justicia, no deja de estar planteando también una concepción determinista lineal y ascendente de la Historia atrapada en el falso mito de la victoria final, aunque no por la vía del bloqueo de todo sino de su aceptación.

La Justicia no es un punto final de llegada de un camino durante el cual sea necesario sacrificar derechos y viejas reivindicaciones. La Justicia social es un concepto transhistórico que no opera como espacio-tiempo concreto futuro final, sino como un ideal regulativo que ha de condicionar cada comportamiento y decisión del presente, sin excepción alguna. La Justicia no debe adoptar la forma de un posible y futuro "Ser", sino la de un presente "Deber ser". Como señaló Spinoza: "no nos movemos hacia algo que creemos que es bueno, sino que es y se hace bueno porque nos movemos hacia ello". En consecuencia, presentar la suma de renuncias y aceptación de vulneración de derechos del presente como un salvoconducto al objetivo final de Justicia es, también, estar atrapado en el falso mito de la victoria final. Cada vez que renuncias a algo no estás más cerca sino más lejos de la Justicia.

En el escenario post-coronavirus, que ambas izquierdas continúen atrapadas en el mito de la victoria final, mientras nos recriminamos unos a otros comportamientos y declaraciones, solo conduce a una inacción pasiva frente a la pauperización social y expansión hegemónica de los ideologemas de la extrema derecha.

UP deberá decidir si cuando el PSOE, cumpliendo las órdenes que llegaran de la UE y los organismos internacionales en el post-coronavirus, empiece a imponer las medidas de reajuste estructural, se mantienen en el discurso del sacrificio necesario en aras del mito de la victoria final. Esta decisión les atañe a ellos. Pero, en cualquier caso y al margen de esto, la izquierda transformadora del Estado deberá ser capaz de:

Dejar de articular su tiempo histórico en torno al futuro, superando el momento actual donde cree que, con UP en el Gobierno, no tiene la correlación de fuerzas suficiente para devenir hegemónica y lo único que puede hacer es entender el presente como simple tiempo transitorio de bloqueo y crítica desde sus atriles, a la espera de que las contradicciones del régimen lo acaben deteriorándolo y abriendo un nuevo momento en el futuro.

Para pasar a articular el tiempo histórico en el presente, entendiendo que el nuevo escenario post-coronavirus crea un nuevo presente donde se deciden los futuros posibles y que es en él donde hay que empezar a actuar. Para ello, es urgente que pasado el periodo de confinamiento domiciliario se cree una Coordinadora Estatal en Defensa de la Vida y la Dignidad, en el marco de la cual los Anticapitalistas, la CUP, el SAT, el sindicalismo combativo y resto de organizaciones sociales acuerden un programa de mínimos compartido y una agenda de movilizaciones en todos los territorios del Estado.

El coronavirus abre la oportunidad al Capital para llevar a cabo la enésima recomposición estructural de las relaciones de clase en su favor, pero abre también la posibilidad de activar un nuevo sujeto colectivo movilizado y el reto de que, a diferencia de lo que ha sido el proceso de institucionalización burocratizada del 15-M en Podemos, no se cometan los mismos errores y sepamos darle un carácter emancipador.

Hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha amparado el derecho fundamental a la libertad de expresión de César Strawberry. Es una buena noticia y, a la espera de que la sentencia se comunique por vía oficial, me vienen a la memoria otras noticias que salpicaban la actualidad de tribunales sobre las diferentes 'Operaciones Araña' impulsadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en 2014 y 2015.

César fue detenido en el marco de la Operación Araña III, el 19 de mayo de 2015. Recuerdo que entonces el Ministro anunció su pretensión de "limpiar las redes sociales de apología terrorista". Esta intención de investigar prospectivamente en las redes sociales, a ver qué se le ocurría transmitir a la ciudadanía, dio la señal de partida a una intensa persecución contra tuiteros, titiriteros y raperos. 

Esta incesante y singular represión de la libertad de expresión tuvo muchos partícipes que coadyuvaron eficazmente para acallar, mediante la amenaza penal, la libertad de expresión de numerosas personas. De hecho, el anuncio del ministro de "limpiar las redes sociales" tuvo en seguida una contestación institucional que logró que muchas personas anónimas, cuyo único delito había sido expresarse en las redes sociales, desfilaran por la Audiencia Nacional, cual peligrosísimos delincuentes.

Así, el Ministerio de Interior no se adentraba en solitario en esa negra etapa de criminalización de derechos y libertades públicas, sino que vimos cómo la fiscalía de la Audiencia Nacional se sumaba con entusiasmo a esta disparatada aventura de represión, que no solo logró que encarcelaran a dos titiriteros por mostrar en una función un cartel que satíricamente decía "Gora Alka-ETA". No, no solo eso, sino que, además, coincidiendo con una evidente merma de sus funciones en la persecución del terrorismo, tuvo su oportunidad de exhibir su implacable y feroz faceta pidiendo penas de prisión que forzaba a muchos a negociar una pena a la baja para evitar el riesgo de ingresar en prisión, ahorrándose así el juicio y sumando dudosos triunfos en su cuenta de rendimientos. Así, pudimos observar cómo en las memorias anuales de Fiscalía se integraban estos delitos, como trofeos, incluidos en el capítulo de delitos de terrorismo. Jugaban con el apellido "terrorista" que lleva el delito del artículo 578, para mostrar sus logros en la persecución de delitos de terrorismo, cuando no se desconocía, en absoluto, que estos son delitos de opinión, como reiteradamente ha establecido el propio Tribunal Supremo.

Cuando no conseguían estos acuerdos, en los que pactaban ciudadanos y ciudadanas que sin antecedentes penales se veían abocados a una dura estigmatización, no dudaban en mantener acusaciones que rayaban el esperpento, incluso, planteando que hacer chistes ya manidos sobre Carrero Blanco humillaba a las víctimas del terrorismo. Todo eso, pese a que las propias víctimas no se alinearan con esta posición del Ministerio Público. De ahí que, cuando los fiscales -en raras ocasiones- perdían, no se arredraban y recurrían ante el Tribunal Supremo absoluciones, como hicieran en el caso de César Strawberry.

Sin embargo, los fiscales de la Audiencia Nacional tampoco jugaban en solitario, se encontraron con jueces que también quisieron contribuir a establecer un clima de regresión de libertades públicas, promoviendo la cultura del desaliento y de la autocensura. Así, por ejemplo, vimos como la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nos dio a todos una lección sobre el rap, con ocasión del dictado de la sentencia condenatoria contra La Insurgencia. Analizó lo que es el rap, a su entender el rap de La Insurgencia no era simplemente subversivo, era un estilo criminal, era el peor rap posible, el que te puede llevar a prisión, así que condenó a dos años y un día de prisión a los jóvenes acusados.

En el caso de César Straberry, la Sala que lo absolvió contó con un voto particular y con un fiscal que introdujo una peculiar tesis acusatoria, por innovadora: los tuits tenían "literosuficiencia", es decir, era irrelevante analizar el contexto, el perfil del emisor y otras circunstancias concomitantes, en la línea de lo que hasta ese momento habían establecido tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. Daba igual, por tanto, que César quisiera -en el estrecho margen de 140 caracteres- criticar a destacados políticos o ironizar o hacer chistes. Para el fiscal, lo importante eran el texto y su literalidad.

Esta tesis no era originaria de la fiscalía de la Audiencia Nacional, ya la defendía en algunos votos particulares un magistrado poco conocido, Manuel Marchena, años atrás. Sin embargo, la sorpresa vino cuando, al resolver el recurso de casación presentado por el fiscal, esta novedosa y esperpéntica doctrina del magistrado Marchena tuvo acogida en la mayoría de los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una tesis que se cargaba de un plumazo todo lo establecido en torno al delito de opinión: la importancia de ponderar, previa a la aplicación del delito, todas las circunstancias que rodean a la emisión de la opinión, a fin de no vulnerar el derecho fundamental de la libertad de expresión. Es decir, en esta sentencia cuyo ponente fue el hoy flamante magistrado Manuel Marchena, no se admitían más interpretaciones que la literalidad, dejando de lado los tropos literarios, la ironía u otras formas y estilos de comunicar, que precisamente utilizan la literalidad para expresar cosas diferentes o incluso, para expresar lo contrario de lo que parecen decir las palabras empleadas.

Para ello, el ponente, apoyado por la mayoría de la Sala -no hubo unanimidad porque hubo voto particular- no dudó en emplear atajos: para conseguir imponer una extravagante doctrina acerca del delito de opinión hubo de condenar a quien previamente fue absuelto, modificando, de paso, el relato fáctico de la sentencia de la Audiencia Nacional y sin, al menos, oír al afectado. Sobre esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy claro y contundente, pues ha condenado varias veces a España.

Puede que el Tribunal Constitucional no nos dé la razón en todo, pero siempre supimos que César ganaría, si no aquí, en Estrasburgo. Por el camino ha sufrido la estigmatización de la detención, de una investigación penal, de un juicio y de una condena, por ejercer legítimamente su libertad de expresión. La dignidad de su lucha nos ha servido para evidenciar las contradicciones de un sistema que no ha dudado en malgastar recursos públicos para amordazar a ciudadanos y ciudadanas inocentes. Esperamos que este caso ayude a quienes todavía hoy esperan, angustiados, no ingresar en prisión por sus opiniones o canciones, abriendo, así, un camino que nunca debió vallarse, como es el libre ejercicio de la libertad de expresión.

En democracia, criticar a los políticos no solo es sano sino, también, necesario. Y quien no quiera ser criticado, lo mejor que puede hacer es buscarse otro trabajo. Ahora bien, la crítica, para que surta los efectos esperados, ha de ser seria, responsable, bien documentada y venir construida sobre la base de unos conocimientos mínimos que permita asumirla como tal y no como simple pataleta de quien no ve sus expectativas satisfechas o, peor aún, como un mero ataque ad hominem vaya uno a saber por qué motivo o por encargo de quién. Quiero entender que los ataques que han recibido estos días Alberto Garzón y las medidas propuestas por su ministerio, sobre publicidad del juego online, corresponden al ámbito de las pataletas.

En cualquier caso, no deja de sorprender que tan ácidas e infundadas críticas, llegando incluso a la descalificación, han venido, primero desde la izquierda, para luego ser asumidas como propias, por amplios sectores de la derecha. Seguramente, el nexo entre unas y otras sea la molestia que causa que un comunista llegue a ministro, pero así están las cosas.

A Garzón y a su equipo se les ha acusado de todo. Y un breve análisis de las medidas adoptadas demuestra que esas críticas no tienen ni seriedad, ni responsabilidad, ni se basan en un mínimo entendimiento; no ya de lo regulado sino, incluso, del ámbito de competencias que tiene un ministro. Entre esas críticas y una cena de cuñados no se aprecia gran diferencia, pero intentaré explicarme.

No cabe duda de que el juego, en su vertiente más extrema o patológica, puede llegar a ser un problema de salud pública y que, en un mundo ideal, igual tendría que no estar permitido. Aunque, claro está, toda prohibición siempre termina generando mayores disfunciones que su bien regulada existencia. Pero antes de criticar el conjunto de las más de cien medidas sobre publicidad del juego online, que suponen prohibir el 80% de los actuales anuncios y una restricción muy severa para el resto, igual habría que tener claros algunos conceptos básicos.

En primer lugar, la industria del juego no se puede prohibir en España porque eso, al estar permitido en el resto de países de la Unión Europea, contravendría el derecho a la libre circulación de capitales y, también, al derecho a la libertad de establecimiento. Expuesto más claramente: prohibir el juego, de entrada, solo se puede hacer si tal prohibición parte de la propia Unión Europea, no de Garzón ni de su equipo.

Un ministro, sea comunista o no, tiene unas limitadas competencias regulatorias y, más aún si lo que se pretende es que luego no le tumben esas iniciativas por ilegales; en este caso se ha acudido, como no podía ser de otra forma, al instrumento establecido en la Constitución y denominado "Real Decreto". Este tipo de instrumentos tiene, además, una serie de limitantes como son las establecidas en las propias leyes y cuya razón de ser no es otra que la de impedir que el ejecutivo pueda invadir competencias exclusivas del poder legislativo.

Pero los límites no solo están en las propias normas reguladoras del juego sino también en el conjunto del ordenamiento y, por tanto, solo desde una apreciación simplista o de deliberada ignorancia puede aducirse que la propuesta de Garzón sea una rendición, una cesión o, incluso, una traición. Quienes así se posicionan en contra de estas medidas parecen desconocer aspectos básicos que afectan al sector cuya desaparición pretenden como son, por ejemplo, que en materia de juego las competencias están delegadas en las comunidades autónomas o que, a la hora de reconducir o restringir la publicidad de este tipo de actividades no sólo operan las normas directamente aplicables al sector del juego sino también, y, por ejemplo, las contenidas en Ley General de Comunicación Audiovisual.

Los objetivos iniciales de estas medidas, de cuya urgencia no dudan ni los más acérrimos detractores, no son otros que los expuestos por el propio Garzón: "proteger a los menores, a los mayores de edad en edad temprana, a los colectivos más vulnerables y en general a toda persona que quiera jugar" regulando tanto la difusión de publicidad −horarios− como el tipo de mensajes permitidos.

Pero no todo tiene que ver con la publicidad que, insisto, por decreto no puede ser prohibida como pretenden los cuñados de turno. También existen otras medidas que apuntan a algo esencial ante este fenómeno del juego como son aquellas orientadas a la "información, prevención y control sobre las posibles consecuencias que tiene el juego sobre la salud" y que, según han afirmado desde el ministerio, no son más que "un primer paso de una estrategia integral contra la ludopatía y para proteger la salud pública".

Por otra parte, una de las críticas que más duramente se han realizado apuntan a la inexistencia, en la propuesta de Garzón, de medidas que regulen los salones presenciales de apuestas. No me cabe duda de que ese tipo de establecimientos han de ser regulados, no prohibidos, de forma tal que se desincentive su proliferación y la del juego para proteger tanto a los menores como a los ludópatas. El problema es que la regulación de este tipo de establecimientos, como ya he dicho, no es competencia del ministerio sino de las Comunidades Autónomas lo que, una vez más, no es culpa del comunista que tenemos por ministro.

Los criterios seguidos a la hora de establecer estas medidas no parecen sustentarse ni en presiones ni de precipitaciones, sino en la experiencia acumulada en otros países y en estudios muy claros que demuestran que la mejor solución pasa por la adecuada regulación y no por la prohibición del juego. Tal cual sucede con las drogas y otros tantos productos, en el caso del juego, la prohibición estimula la actividad ilegal y más aún cuando resulta tan accesible como sucede con el juego online que puede, incluso, llegar a implicar no solo su proliferación, sino el absoluto descontrol fiscal del mismo.

El paso dado hasta ahora, dentro de un ambicioso plan integral de regulación y de prevención contra los efectos patológicos del juego, es gigantesco, teniendo en cuenta de donde se ha partido: de un ámbito absolutamente descontrolado o desregulado o como el propio ministro ha expresado, provenimos de la "ley de la selva".

Por tanto, convendría conocer el contexto, los límites legales y competenciales, así como el alcance de la norma y su sentido, antes de dispararse en el pie, como algunas voces de izquierda han hecho en su precipitación por ser los primeros en exhibirse duramente críticos contra un ministerio que se habría rendido ante los lobbies del juego, según su sesgada y poco formada opinión.

En todo caso, lo relevante no es si son las más acertadas o no, sino la ligereza con la que han sido criticadas y el que esas críticas vengan de sectores que se presumen de izquierda y que no han dado ni los cien días de gracia a un ministro al que parece no perdonársele que sea comunista.

En cualquier caso, y como partí diciendo, las críticas a los políticos han de ser bienvenidas y deben ser agradecidas si las mismas tienen una mínima solidez intelectual y no surgen de meros arrebatos producto del galopante cuñadismo que se está adueñando del debate político en nuestra sociedad; siendo muy triste tener que explicar conceptos básicos de cómo ha de funcionar un estado democrático y de derecho que son materias que, sin duda, debieron de explicarse en "primero de cuñadismo".