Sanidad confirma que las mujeres solo podrán acceder a la reproducción asistida por “razones médicas”
Los problemas de fertilidad serán un requisitio indispensable para que las mujeres puedan acceder a un tratamiento de reproducción asistida. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras el Consejo Interterritorial con los delegados autonómicos con los que ha fijado la nueva cartera básica de servicios sanitarios. El ministerio sí ha dado marcha atrás en la referencia a la “pareja” que aparecía en el borrador, pero insisite en que serán los problemas médicos los que determinen si una mujer puede acceder a la reproducción asistida.
Donde el borrado decía “pareja” ahora aparecerá “personas”. En este sentido, Mato ha manifestado que cuando habla de pareja lo hace porque “a veces es el hombre y a veces la mujer” quien tiene problemas de fertilidad. La ministra ha asegurado que no han modificado el decreto de 2006, que establecía la necesidad de que existieran “problemas de fertilidad” u otra “indicación clínica” para someterse a reproducción asistida.
No obstante, Mato ha hecho especial hincapié en las “razones médicas”, que en la práctica impiden el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solteras y a las parejas de lesbianas. A juicio de Mato, “la falta de varón no es un problema médico”.
La titular de Sanidad ha planteado la necesidad de valorar “si la sanidad pública tiene que cubrir otras cosas que no sean problemas de salud”. En la misma línea se ha manifestado también el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, a su salida de la reunión: “La infertilidad es un problema de salud y esta cubierto. Aquello que no lo sea, no”.
Sin embargo, en este consejo ha habido voces discordantes. El consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, ha asegurado que tomar como criterio determinante la esterilidad “restringe los derechos a las mujeres solas y lesbianas, unos colectivos a considerar”, y la andaluza, María Jesús Montero, ha lamentado que el ministerio no haya aceptado la propuesta de algunas comunidades (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias) de “introducir esta realidad social” en la nueva cartera de servicios.
En este sentido, Mato ha reconocido que tal vez alguna comunidad quiera ampliar las prestaciones de la cartera de servicios. Para ello, deberá hacerlo con cargo a otras partidas, como las destinadas a servicios sociales, y no sobre los presupuestos sanitarios.
