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Sanidad envía un requerimiento a Andalucía y Balears para que creen el registro de objetores al aborto

Foco
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un acto sobre el aborto.

David Noriega / Marta Borraz

17 de noviembre de 2026 12:23 h

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El Ministerio de Sanidad sigue insistiendo a las comunidades autónomas que siguen incumpliendo la ley del aborto en lo referido a los registros de objetores de conciencia. La titular de la cartera, Mónica García, ha enviado este lunes sendos requerimientos a las consejerías de Baleares y Andalucía (PP) para apremiarlas a poner en marcha la medida que, según la norma, debe servir para poder organizar los servicios sanitarios de los hospitales y, en última instancia, asumir la mayor parte de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros de la sanidad pública.

En las misivas, adelantadas por la Cadena Ser, García recuerda que la herramienta viene recogida en la ley del aborto de 2023 y que el desarrollo de dicho registro se adoptó, “de manera unánime”, en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —donde están presentes las comunidades—, en diciembre de 2024. Desde entonces, el Ministerio reconoce ciertos avances en estas comunidades, pero destaca que el proceso no ha concluido. Baleares y Andalucía son, junto a la Comunidad de Madrid, las tres autonomías que tienen estancado el registro , aunque en el caso madrileño, la Justicia ha obligado a Isabel Díaz Ayuso a aprobar el registro.

Según la información que maneja Sanidad, el proyecto de decreto en Baleares “se sometió a audiencia e información pública en febrero de 2026, estado desde etonces en proceso de tramitación sin que se haya observado ningún otro avance”. Es decir, de acuerdo con los datos del departamento que dirige Mónica García, el Govern balear de la 'popular' Marga Prohens llevaría nueve meses con el registro en un cajón.

Por su parte, en Andalucía, “el proyecto de decreto se sometió a audiencia pública en marzo de 2025, sin que se haya culminado su tramitación”, pone sobre la mesa el requerimiento. En ambos casos, Sanidad exige que “se proceda a la creación” del registro, “finalizando la tramitación actualmente en curso”.

La rebeldía de Madrid

No es la primera vez que Sanidad insiste con este asunto. En octubre de 2025 ya dio un toque de atención a las tres comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, para que le dieran luz verde a la medida, que, garantizando siempre el anónimato y no de forma pública, debe registrar a quienes se niegan a practicar abortos en la sanidad pública. Entonces, Isabel Díaz Ayuso se negó expresamente, afirmó aquello de “vayánse a otro lado a abortar” y se declaró en rebeldía abriendo un nuevo frente contra el Gobierno central.

Sanidad reaccionó llevando a los tribunales a la presidenta madrileña, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó de forma cautelar que iniciara de inmediatos los trámites para la creación del registro. La Consejería de Sanidad publicó la orden de creación en abril de este año, pero el proceso está en el aire, según señaló el pasado septiembre la ministra Mónica García, que denunció que Madrid “no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales”. La titular de Sanidad anunció que pediría a la Abogacía del Estado que interviniese para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

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