El lehendakari, Imanol Pradales, ha cruzado ya el ecuador de su legislatura. Llegó al cargo en junio de 2024 y, si no median sorpresas, completará el camino en 2028. Este jueves, ha pronunciado su balance en el debate de política general que abre el nuevo curso político en el Parlamento Vasco después de tres meses de parón. Ha garantizado que el 86% de su programa está en marcha y ha pedido por duplicado a sus consejeros, de PNV y PSE-EE, que no se “despisten” en la segunda mitad por el “ruido” o el “clima electoral” que ya se siente en la Euskadi política, que afrontará en los próximos meses municipales, forales y generales.

En su filosofía subyace que Euskadi está al margen, de algún modo, de las formas polarizadas de la política española y que ofrece un marco de estabilidad. Su Gobierno, a pesar de las tensiones periódicas del PNV y PSE-EE, tiene mayoría absoluta, aprueba sus leyes y presupuestos y celebra cuando toca los debates del 'estado de la nación' como el de este jueves. Sin embargo, aunque en el adelanto de su discurso que recibió el Parlamento este lunes afirmó que veía a Sánchez en sus “minutos de descuento” y sin margen de maniobra, ha orillado estas referencias directas en su discurso de definitivo, de 91 minutos y en el que, como siempre, ha intercalado las dos lenguas oficiales.

Era un cambio importante. Hace un año, en el mismo foro, Pradales describió a Pedro Sánchez como una ventana de “oportunidad” para avanzar, por ejemplo, en las materias pendientes del Estatuto de 1979. Entonces ya había sobre la mesa un puñado de investigaciones de corrupción. Pero ha sido en los últimos meses cuando el PNV ha pedido más claramente el adelanto electoral, sobre todo por boca de Aitor Esteban.

No obstante, el Ejecutivo vasco también es de la opinión de que mientras haya un Gobierno en Madrid hay que exprimirlo desde Vitoria. “Creo que sería bueno que podamos escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español. Un final en el que le pueda decir: cumpliste tu palabra”, ha solemnizado.

El lehendakari ha querido reconocer que con Sánchez ha cerrado en los últimos dos años un ramillete de acuerdos. Ha citado incluso la ahora retrasada transferencia de la gestión de las políticas pasivas de empleo del SEPE, las prestaciones de paro. Pero el PNV apoyó en 2023 la investidura a cambio de que, para 2025, estuvieran resueltos todos los temas pendientes desde 1979, incluida la gestión de la Seguridad Social y las pensiones. Llegó esa fecha y se pospusieron algunas materias a Semana Santa. Luego al verano. En julio Pradales suspendió una 'cumbre' con Sánchez porque no veía mimbres para temas abiertos. Ahora no hay nuevos plazos, más allá de las referencias genéricas al final de la legislatura. Esta semana ha habido algunas reuniones, pero de momento no hay más acuerdos.

“Y no podemos descartar que accedan al poder político español quienes tienen una concepción antidemocrática del funcionamiento del Estado, no creen en su actual organización territorial y niegan nuestra propia identidad como pueblo. Estoy convencido de que harán todo lo posible por destruir lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir durante décadas”, ha señalado Pradales como “lectura del momento político”. En realidad, hace un año ya alertó de “tiempos oscuros” que se avecinaban para España.

Pradales se ha referido también a la reforma del Estatuto. Es una propuesta que el PNV viene repitiendo desde 2012, cuando Iñigo Urkullu relevó al socialista Patxi López en Ajuria Enea. Es la cuarta legislatura con esa idea sobre la mesa y aparentemente el PNV negocia discretamente —y fuera de las instituciones— con EH Bildu y PSE-EE un acuerdo del que nada se sabe más allá de pequeñas referencias en entrevistas. Dice el lehendakari que esas conversaciones “siguen adelante” y que “es una buena señal”, pero se prometió una propuesta para junio de 2026 y luego para julio, y esos plazos se han superado claramente y aquí tampoco hay un calendario definido.

La realidad es que ese hipotético acuerdo luego tendría que ir al Parlamento Vasco, donde las tramitaciones legislativas no son precisamente rápidas. Y después saltaría al Congreso, donde la mayoría podría cambiar tras las generales de 2027. Al final, quedaría un referéndum ciudadano. “Como lehendakari, voy a estar al frente. Y haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo”, ha asegurado Pradales, que ha hablado de “compromiso heredado”, de “obligación histórica” y de la importancia de “ampliar y reforzar” la “capacidad” de autogobierno de la “casa vasca”.

Según Pradales, después de “culminar las transferencias pendientes y defender las ya conseguidas”, es necesario “adaptar el autogobierno a la realidad europea y las nuevas formas de gobernanza multinivel”, “contar con nuevas capacidades políticas para responder a los retos demográficos, tecnológicos, sociales o económicos con instrumentos propios” y “dar un salto cualitativo” en la “institucionalización de Euskadi” y en “reconocimiento de la singularidad nacional vasca”. De hecho, en otro punto del discurso ha apostado por reforzar los lazos con Navarra e Iparralde. “Creemos en un país sin fronteras”, ha indicado, aunque uno de los 'leit-motivs' de su legislatura ha sido pedir a España que reconozca a Irún como “frontera norte” para disponer de más capacidades en política migratoria.

Significativamente, a pesar de que EH Bildu es una de las patas de esas conversaciones, ha criticado doblemente a su principal oposición. Por un lado, ha insistido en que “algunos” a los que no ha mencionado todavía no han asumido “el legado ético y moral” y continúan “sin dar el paso de condenar el ejercicio de todo tipo de violencia, sin pedir perdón por los inaceptables e inhumanos errores de su pasado, con la esperanza de que el paso del tiempo borre las huellas”. Por otro lado, ha señalado que es de celebrar la “incorporación” a los consensos de quienes en el pasado “despreciaron y denigraron” el marco autonómico y las instituciones. Ahora “se sientan en esta Cámara”, ha manifestado.

340 millones para climatización de instalaciones públicas

El lehendakari, que ha acudido al Parlamento acompañado de todo su equipo, incluidos los consejeros socialistas y los asesores, ha comparecido en la Cámara con una corbata azul con lauburus rojos que le regaló un representante demócrata en Texas de origen vasco, Rafael Anchía. Ha sido un guiño a la diáspora. También ha querido arrancar citando al lehendakari José Antonio de Aguirre a días de cumplirse el nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi. Pradales, igualmente, ha trufado su mensaje con citas al papa de la Iglesia católica, León XIV, a Bill Gates o al periodista Enric Juliana.

Pradales, como es su costumbre, ha mostrado para arrancar fotografías de cómo está el mundo. También ha comparado los indicadores de Euskadi y de Europa, todos ellos favorables. Después, ha hecho un descargo de las iniciativas más destacadas de cada uno de los consejeros, a los que ha pedido disculpas por lo breve de cada apartado.

Sí ha dedicado más tiempo a educación después del varapalo que ha supuesto el informe PISA. El lehendakari ha dicho que su Gobierno “da la cara” y ha reconocido “sin paños calientes” que los datos son “malos, sin paliativos”. Es “obvio” que los planes ya en marcha no han sido “suficientes”. Ha reclamado “aumentar la exigencia del rendimiento”, sobre todo en lectura. “Los alumnos leerán todos los días de manera pausada en todas y cada una de las etapas; y los centros educativos garantizarán que esto sea así”, ha insistido, en línea con los últimos mensajes lanzados por su consejera, Begoña Pedrosa.

También ha planteado “revisar a fondo” la estrategia sobre el uso de las pantallas. “¿Sabemos las horas que pasan frente a la pantalla y lo que ven? ¿Sabemos si usan redes sociales o inteligencia artificial? ¿Y para qué lo hacen? ¿Somos conscientes del ejemplo que les damos en casa con nuestro uso del móvil? ¿Caemos en la tentación de darles la ‘tablet’ para tener unos momentos de 'tranquilidad’? Como aita, me hago algunas de estas preguntas. Y reconozco que, a veces, no me gusta la respuesta”, ha señalado Pradales, que ya aludió hace un año a un gran pacto de país sobre la materia que, por el momento, no ha cristalizado.

Pradales ha mencionado también las preocupaciones ciudadanas sobre la vivienda o la seguridad, pero también las necesidades por el calor. “Por ello, anuncio un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares de Euskadi”, ha señalado en uno de sus mensajes más concretos de la mañana. Ha mencionado, igualmente, las ayudas por la sequía y para paliar los efectos de la crisis en el estrecho de Ormuz. No ha omitido que el planeta está sumido en una “revolución tecnológica gigante” por los avances con la inteligencia artificial. Ha indicado que su comisionado para la Euskadi Berria, José María Bilbao, coordinará una estrategia vasca sobre la materia.

El pleno, como es costumbre, ha levantado cierta expectación. Hasta cuatro emisoras de radio han montado 'sets' especiales para retransmitir la sesión en directo y, desde primera hora, los palcos y pasillos se han llenado de invitados. En la Cámara han coincidido desde el presidente del PNV, Aitor Esteban, hasta dirigentes de EH Bildu o del PSE-EE como Gorka Elejabarrieta o Miguel Ángel Morales. También han participado el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, los diputados generales, Ramiro González de Álava, Eider Mendoza de Gipuzkoa y Elixabete Etxanobe de Bizkaia, el titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, y hasta el veterano Juan María Atutxa. En el exterior, varios colectivos han aprovechado para hacer visibles sus protestas y reivindicaciones.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha recogido este miércoles un anuncio (uno más) con requerimientos a la empresa Verter Recycling por los problemas en el vertedero de Zaldibar, el que se desplomó en febrero de 2020 y causó la muerte de los operarios Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y una catástrofe natural de grandes dimensiones. Sin embargo, una vez más se constata que es una empresa en liquidación, que es imposible contactar con quienes eran sus responsables y que es la Administración, con recursos públicos, la que tiene que seguir asumiendo tareas en la zona.

En este caso, la notificación es por una resolución del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, dictada en junio. Se le reclaman a Verter Recycling “medidas preventivas y de evitación de daños ambientales”. Tras el desplome del vaso en 2020 —estaba ubicado en una ladera— se estabilizó el terreno y se llevaron a cabo sellados, pero incluso en fechas muy recientes se han detectado problemas de impermeabilización, lixiviados o residuos desperdigados que están obligando a actuar de continuo sobre el terreno.

Las tareas necesarias ahora en Zaldibar, según indican fuentes del Gobierno, tienen que ver con la “limpieza de tuberías de drenaje de lixiviados del vaso original” y del depósito extraordinario que hubo que construir en la gran operación de restauración, así como con la “habilitación de un sistema automático alimentado eléctricamente para el bombeo de los lixiviados” a la red de saneamiento comarcal para su canalización a la depuradora de Elgoibar. Zaldibar es Bizkaia pero está pegado a la muga con Gipuzkoa.

Desde el Ejecutivo no niegan que Verter Recycling “no cumple” con sus obligaciones, de modo que queda la “ejecución subsidiaria” de los trabajos por parte de la Administración. Es el Gobierno el que contrata y paga y luego le gira la factura a la empresa. El problema es que desde 2020 la minuta acumulada es multimillonaria, y eso que la ley permite actuar no solamente contra sociedades mercantiles sino contra las personas físicas que estaban detrás de ellas. En 2023 ya rondaba los 30 millones de euros. El dueño y máximo representante de Verter Recycling era el empresario José Ignacio Barinaga.

En plena negociación para que Euskadi gestione la Seguridad Social, los Gobiernos central y vasco han retrasado el traspaso ya pactado de la competencia del SEPE (el antiguo INEM), es decir, la gestión de las prestaciones por desempleo o políticas pasivas de empleo. Se irá, al menos, hasta el mes de julio de 2027, pese a que la previsión era que estuviera operativa el 1 de enero del año que viene.

El retraso se ha pactado entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, tras constatar las dificultades técnicas que conlleva la transferencia y los problemas para cubrir las necesidades de personal que precisa este servicio, para lo que Lanbide, controlado por la parte del PSE-EE del Ejecutivo autonómico, deberá contratar más de un centenar de interinos y formarlos, según han confirmado fuentes del departamento de Economía, Trabajo y Empleo. “Mejor retrasarlo y hacerlo bien”, señalan.

El retraso en la materialización de esta transferencia, adelantado por el diario 'El Mundo', constata que la Administración vasca se ha encontrado con más dificultades de las que preveía cuando se firmó el traspaso. De hecho, en el momento de la rúbrica de la transferencia, el 16 de enero de 2026, ya se dio de plazo un año para poder materializarla, asumiendo la complejidad que suponía. Y ahora el plazo se ha quedado corto.

Trabajadores del SEPE en Euskadi ya habían advertido a través de un escrito del “colapso” en el que entraría el servicio en el que caso de que se materializara la transferencia el 1 de enero sin contar con el personal suficiente y sin que estos trabajadores tuviera la formación adecuada. Sobre todo, siendo una materia tan importante como la prestación para las personas en paro. Por ello, desde la plantilla se ha acogido con satisfacción el retraso porque permitirá garantizar el servicio, según han señalado las fuentes consultadas por este periódico.

La transferencia supone que, una vez que se materialice, Euskadi será la única comunidad en todo el Estado que gestionará la prestación por desempleo. Esto implica que esta función del SEPE se integrará en el servicio autonómico, Lanbide, que sumará la gestión de las prestaciones económicas por desempleo a las políticas activas de empleo, que ya gestiona actualmente, y a las prestaciones propias, principalmente la RGI. Ello permitirá crear una ventanilla única que, en principio, se espera que facilite y mejore los trámites y la atención a las personas desempleadas. Se calcula que gestionará el paro de unas 51.000 personas con un volumen de recursos de 822 millones de euros.

En el momento de la transferencia se trasladó que Lanbide incorporaría 468 plazas públicas de trabajadores del SEPE, y la conversión de las 30 oficinas de este organismo en oficinas de Lanbide. Y se transferirán las oficinas provinciales. Lo que ha ocurrido es que las plazas de estas oficinas en Euskadi no están cubiertas en su totalidad, como ocurre en la mayor parte del Estado, con vacantes que llegan casi al 40%. Además, según confirman fuentes de la plantilla, muchos trabajadores del SEPE no han aceptado su paso a Lanbide porque eso les cerraría la posibilidad de cambiar de comunidad autónoma en futuros concursos de traslados, y han optado por cambiar de comunidad de forma inmediata dentro del SEPE.

Eso supone que sólo serán 141 las plazas que estarían ocupadas si el traspaso se materializara en enero. “Una cantidad totalmente insuficiente, porque las solicitudes de prestaciones no van a esperar a que la Administración termine de organizarse”, señalan fuentes de la plantilla. En estos meses de estiramiento de los plazos para que Lanbide se haga cargo de la prestación, se iniciará la contratación de alrededor de un centenar de interinos que se formarán en el trabajo para desarrollar las competenias que ahora gestiona el SEPE.

Lo cierto es que este retraso de una competencia directamente relacionada con la Seguridad Social no deja de ser un varapalo para el Gobierno vasco en un momento en el que no acaba de cerrarse el acuerdo del segundo bloque, el vinculado con la gestión de las pensiones y cuando la cuenta atrás para las elecciones generales ha empezado. La legislatura, como máximo, acabaría precisamente en julio de 2027. A nada que Pedro Sánchez opte por adelantar la cita con las urnas, la materialización del traspaso de la gestión de las prestaciones del paro podría llegar con otro Gobierno en La Moncloa.

Falange Española y de las JONS, el que fuera partido único de la dictadura de Francisco Franco y que sigue siendo legal en España, ha enviado en los últimos días amenazas al Instituto de la Memoria vasco (Gogora) y la Ertzaintza ha abierto ya una investigación, según ha explicado el director del organismo, Alberto Alonso, del PSE-EE, en una entrevista con este periódico que será publicada en su integridad este fin de semana.

Estos mensajes —“la Falange os vigila”— llegan después de que Gogora abriera un expediente sancionador e impusiera una multa de 10.000 euros a la formación ultraderechista por realizar el saludo fascista, cantar el Cara al sol o exhibir símbolos franquistas en un acto celebrado en Vitoria el 12 de octubre de 2025, coincidiendo con la fiesta nacional española.

“Al principio, no les quisimos dar importancia [...]. Pero ahora ya directamente nos dicen que nos están vigilando y que tengamos cuidado con lo que hacemos. No pensamos que sea una anécdota. Pensamos que hay que incardinarlo dentro del contexto de una sociedad absolutamente polarizada [...]. Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente”, explica Alonso. Y apostilla: “Me gustaría que quedara constancia de que se sienten tan impunes, tan envalentonados, que se creen con derecho a amenazar a funcionarios y funcionarias del Gobierno vasco firmando con nombre y apellido y claramente en nombre de la Falange. No sé exactamente qué tiene esta gente en la cabeza”.

La última amenaza llegó por correo electrónico este fin de semana y venía rubricada por una persona que ha sido candidato de la formación franquista en numerosos procesos electorales de varias comunidades autónomas, aunque no en la vasca.

Antes, llegaron otras “por correo postal”. “Recuerdo una muy 'interesante' donde aparecía mi foto junto a la de [Iósif] Stalin y [Francisco] Largo Caballero. Manuscrita. Con recortes. Muy 'clásica'”, ironiza Alonso. Admite que “al principio no se les dio importancia”, aunque, en vista del contenido de la última, sí han decidido acudir a la Ertzaintza, que ha iniciado ya sus actuaciones. “No nos van a amilanar”, añade sobre el personal de Gogora, del que destaca su “profesionalidad” y “compromiso” con la defensa de los derechos humanos.

El director de Gogora indica que el expediente sancionador a Falange Española y de las JONS “sigue su curso”. “Tiene una serie de garantías. Incluso el sancionado tiene derecho al recurso y así lo ha ejercido. Ahora mismo estamos en ese trámite. Como cualquier sanción administrativa”, indica. Es la primera sanción impuesta en Euskadi por enaltecimiento del franquismo al calor de las disposiciones legales contempladas en la normativa autonómica de memoria histórica, de 2023. Se le dio la catalogación de infracción “grave”.

Los hechos se produjeron en 2025 y está a punto de cumplirse un año. Coincidiendo con la fiesta nacional de España, un grupo de falangistas llamó a un acto junto a la Diputación de Álava, sede del primer Ministerio de Justicia de Franco en 1938. La Ertzaintza, según se supo después, manejaba información de que podían portar “armas”. En ese acto, Gogora dio por acreditado que “se emitieron expresiones” y “consignas” ilegales y que “se exhibieron banderas” igualmente ilegales.

En concreto, hubo enseñas preconstitucionales y del partido (negra y roja con el yugo y las flechas). Cantaron el Cara al sol y realizaron en numerosas ocasiones el saludo fascista. En los discursos se glosaron figuras como Zacarías de Vizcarra, religioso autor de la obra Vasconia españolísima. La exparlamentaria de Podemos Cristina Macazaga, que participaba pacíficamente contra este acto, contó en Radio Vitoria que recibió amenazas de muerte allí mismo —“que nos iban a cortar el cuello”— mientras le grabaron en vídeo y estando protegidos por agentes de la Ertzaintza que los escoltaban a los autobuses.

En paralelo, grupos antifascistas organizaron contramanifestaciones que derivaron en importantes altercados. Hubo una veintena de detenidos y también agentes contusionados. Un joven denunció graves lesiones por la actuación de los antidisturbios de la Policía vasca. El consejero de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, llamó a los contramanifestantes “fascistas” vascos. Se llegó a producir un cuerpo a cuerpo entre ambos grupos. Las autoridades policiales dijeron que actos de esa naturaleza no se pueden prohibir de antemano y el PNV mantuvo esta misma tesis, hasta el punto de que el diputado foral alavés Iñaki Gurtubai llamó “tonto” al jefe de la oposición, Pello Otxandiano, de EH Bildu, por plantear que no se tenía que haber autorizado.

Musikene, el centro superior de música de Donostia, ha iniciado el nuevo curso académico coincidiendo con la celebración de su vigésimo quinto aniversario, pero sin olvidar cómo acabó el año anterior, con una investigación de este periódico que apuntaba a vejaciones ocurridas durante años en el aula de arpa, una de las especialidades que allí se cursan. Tras el verano, la institución mantiene apartada a la docente señalada por los testimonios de los alumnos, C.I., pero insiste en que no ha finalizado el expediente abierto y en que no puede ofrecer conclusiones definitivas.

Las informaciones publicadas por elDiario.es/Euskadi el pasado mes de junio, que recogieron los testimonios de una decena de estudiantes sobre vejaciones y malos tratos por parte de la profesora, llevaron a Musikene a poner en marcha una investigación interna. Durante la fase preliminar se escuchó a más de una veintena de alumnos y exalumnos, además de a profesores, y se analizaron datos y documentación. A finales de julio, el centro acordó abrir un expediente disciplinario al constatar “indicios” de actuaciones que podían haber resultado lesivas para el alumnado.

Tal y como ha confirmado este miércoles el director gerente del centro, Eneko Goenaga, que ha comparecido acompañado por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y de la directora académica, Miren Iñarga, la docente fue suspendida cautelarmente de la impartición de clases tras la apertura de la investigación. A partir de la próxima semana, las estudiantes de arpa contarán con una nueva profesora mientras el procedimiento permanezca abierto, aunque de momento nada se conoce de la sustitución. Goenaga ha rehusado fijar un plazo para la conclusión del expediente y ha señalado que Musikene seguirá los trámites y tiempos establecidos en su convenio colectivo para garantizar que el procedimiento se desarrolle con rigor y garantías.

Pese a mantener apartada a la profesora, la dirección de Musikene evita realizar valoraciones anticipadas sobre el contenido de los testimonios mientras el expediente continúe abierto. Según ha explicado Goenaga, los protocolos y normativas del centro establecen “como criterio principal la confidencialidad” de las denuncias y de las actuaciones realizadas. “Como institución, no nos corresponde anticipar resultados ni valoraciones”, ha señalado, defendiendo que el procedimiento debe completarse “de manera seria”.

Con motivo del aniversario de Musikene, Goenaga también ha sido preguntado por este medio sobre si el caso ha llevado al centro a reflexionar sobre la ética en la docencia musical de elite. El gerente ha asegurado que Musikene “lleva años haciendo esa reflexión” sobre las “relaciones de poder” en el ámbito de las enseñanzas superiores. En esta línea, ha añadido que existe una “gran conciencia al respecto” para evitar que se produzcan situaciones lesivas dentro de la comunidad educativa.

La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado. Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera.

Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística. Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea.

¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

La vicelehendakari Bengoetxea, horas después, ha afirmado que la sentencia “no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración”. “Vamos a seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera”, ha comprometido. Ha añadido que tienen capacidad de recurrir ante el Supremo y que, igualmente, pueden usar el futuro decreto para incorporar los elementos anulados con “seguridad jurídica”.

La red vecinal Salburuko Harrera Sarea ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Vitoria, en este caso la parte del PNV, ha “obligado” a “poner fin a la acogida nocturna” de migrantes malienses que llevan más de un año llegando a este barrio próximo a la comisaría de la Policía Nacional, donde aspiran a tramitar su documentación como solicitantes de asilo. La red se valía de un local en la calle de Estrasburgo de la asociación de vecinos, Salburua Burdinbide, que es de titularidad municipal, y desde el 3 de septiembre no se le está pudiendo dar uso para estos fines. Tenía del orden de dos docenas de plazas, según las fuentes consultadas.

Desde el verano de 2025, la presencia de refugiados huyendo de la delicada situación de Malí en las calles de Salburua próximas al recinto policial ha sido continuada. Es una realidad que también se ha dado en ciudades del entorno como Donostia o Pamplona. La red vecinal Salburuko Harrera Sarea lleva operando prácticamente medio año ante la “inacción institucional” y ofreciendo una respuesta desde la “solidaridad” organizada, alegan. Antes, a título individual, otras personas habían proporcionado comida, ropa y otras ayudas básicas a este colectivo.

Ahora denuncian que el Ayuntamiento ha pasado de no dar “solución” a las personas afectadas a “poner trabas a la solidaridad vecinal”. Cuando llegaron las temperaturas más altas, las dos parroquias que la Iglesia católica había cedido para la pernocta de los malienses cerraron y solamente se mantuvo el local de la asociación de vecinos y otro espacio organizado por la red vecinal. Ahora, siempre según Salburuko Harrera Sarea, el Ayuntamiento ha reclamado “el fin de la acogida” en los locales de Salburua Burdinbide. “Comunicó a la asociación vecinal que, si continuaba con esta iniciativa solidaria, se procedería a retirar el local a la asociación, poniendo en riesgo también el conjunto de actividades vecinales que se desarrollan diariamente en este espacio”, lamentan.

“El resultado es que, desde el 3 de septiembre, las personas solicitantes de asilo que estaban siendo acogidas han vuelto a dormir a la intemperie. Ahora, a juicio de la red, se ha dado un paso más: en lugar de solucionar el problema, se actúa contra quienes intentan paliar sus consecuencias”, señalan. Esta organización compara este movimiento del Ayuntamiento de Vitoria con la prohibición en Donostia de las cenas solidarias. Quedan todavía unas semanas hasta que, cuando lleguen de nuevo las noches más frías, la Iglesia reabra las parroquias, que eran las de San Joaquín y Santa Ana, en la calle de Viena, y la de Nuestra Señora de las Nievas, en Valladolid.

Desde el Ayuntamiento, han afeado a Salburua Burdinbide que “ni preguntó ni comunicó el uso que iba a dar del local” e insiste en que “la pernoctación de personas en estos locales incumple” la normativa. Las asociaciones optan a subvenciones y locales para realizar actividades “bajo unas condiciones muy claras de uso”, ya que los locales “deben ser utilizados como sede de la asociación para la realización de actividades de promoción social y cultural en el barrio, así como administrativas”, han explicado, según recoge Europa Press. Igualmente, han pedido no relacionar este caso y el de Donostia.

Con muchos meses de retraso acumulados, la instructora del Tribunal de Instancia de Vitoria Marta Escudero ha dado estos días los primeros pasos relevantes de la investigación penal por las denuncias de presunta violencia sexual en los campamentos de la entidad Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo. Este lunes pasaron por el palacio de justicia los monitores imputados —que en general se acogieron a su derecho constitucional a no declarar— y este martes se ha realizado la “exploración” —que es el nombre de un trámite, no un estudio físico— de una los menores que acudieron a esas colonias.

Hace ahora un año trascendió la existencia de una veintena de denuncias por posibles casos de exhibicionismo y violencia sexual en Bernedo. En uno de los supuestos se investiga si pudo alcanzar la categoría de agresión sexual. Sin embargo, el campamento de 2025 se celebró después de que en primavera ya estuvieran las primeras quejas en la mesa del juzgado. Entonces el instructor era Álvaro Silván y no se movió un papel hasta que el asunto saltó a la esfera pública.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, que habitualmente opera siempre con mesura, criticó duramente la inacción de las partes en un caso con los derechos de menores en juego. Ahora, un año después, se ha limitado a reseñar que “se está trabajando” y a que confía en que “todos los derechos sean respetados” en el procedimiento. En todo caso, la memoria de la Fiscalía, entregada este martes en el Parlamento Vasco, recoge precisamente una crítica a “la falta total de agilidad en los procedimientos”. “Tenemos un problema de ralentización de la Administración de la Justicia que no logramos solucionar”, ha dicho Adán en genérico, sin mencionar ningún sumario en concreto.

En el proceso, además de la Diputación de Álava, competente en materia de menores y de colonias de verano, están personados Vox y Abogados Cristianos. Según ha informado 'El Correo', no se han admitido las personaciones de los grupos ultras Hazte Oír y Manos Limpias, que también pretendían participar.

Desde Abogados Cristianos, su representante Pablo Jarque se saltó varias fases y aseguró a los medios de comunicación en Vitoria que pedirán tres años de cárcel para cada uno de los imputados. “Esperamos que haya pruebas concluyentes, suficientes y que podamos conseguir una sentencia de condena para, al menos, los monitores y el cocinero de los campamentos”, señaló este lunes. Sin embargo, ese trámite de peticiones de penas está muy lejos. Primero ha de finalizar la instrucción y solamente si la instructora encuentra indicios de delito se pediría a las partes un escrito de calificación de cara a la celebración de un juicio.

Desde Euskal Udalekuak, de su lado, siempre han defendido que apuestan por un modelo de actividad que “desexualice” la desnudez y basado en principios transfeministas. Han recibido numerosos apoyos de otras familias participantes y rostros conocidos de la cultura vasca. A finales de agosto celebraron una fiesta en Bernedo, aunque no se haya celebrado la edición de la colonia de este verano. La misma entidad, Euskal Udalekuak, sí ha operado con normalidad en Navarra.

En paralelo a la vía penal, hay abierto un proceso contencioso-administrativo por los mismos hechos. La Diputación de Álava sancionó por vía administrativa a Euskal Udalekuak, aunque las primeras resoluciones cautelares han sido favorables a esta entidad. Igualmente, Euskal Udalekuak ha visto cómo se archivaban las actuaciones promovidas en Navarra por Vox y Abogados Cristianos por sus actividades allí.

A Juan Mari Aburto le quedan todavía ocho meses de trabajo al frente del Ayuntamiento de Bilbao, pero este martes ha empezado el camino hacia su despedida al presidir el último pleno del estado de la villa. Él mismo lo ha dicho en su discurso: “no es una despedida formal” pero sí ha reconocido que se trata de un día “especial”. Uno en el que ha hecho balance de lo conseguido hasta ahora bajo su mandato, ya consciente de que será otro –Mikel Hidalgo– el que recoja su testigo en el PNV para pujar por la alcaldía en las próximas elecciones.

En una hora de discurso, Aburto ha repasado los proyectos finalizados y los que están en marcha y, en tono emocionado, ha hablado de su “legado” y de cómo le gustaría ser recordado por la ciudadanía. Ha reconocido que se irá “con algunas cicatrices como alcalde y como persona”, pero ha querido poner en valor la política en tiempos convulsos y de populismo como los que vive el mundo: “La política, la buena política, merece la pena. Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”.

En su intervención, el alcalde ha presumido de legado de doce años de gobierno “estable” en los que ha destacado los pactos con el PSE-EE: “Hemos liderado Bilbao con dos partidos diferentes, siendo un único gobierno”. También ha puesto valor que el equipo de Gobierno ha acordado 741 proposiciones con partidos de la oposición. Y ha sacado pecho de una ciudad con deuda cero en tres mandatos y un remanente de tesorería actual de 114 millones de euros. Igualmente, ha destacado el descenso de las personas en paro en más de 9.300 personas desde 2015, la eliminación de símbolos franquistas, o la mejora de accesibilidad en los barrios con la instalación de ascensores.

Tras recordar que queda mucho trabajo por hacer en los ocho meses que le restan a la legislatura, ha reconocido que “la gestión de este fin de mandato estará llena de emociones”. “Tengo defectos y fallos. He dado mucho compromiso y dedicación y hemos obtenido buenos resultados. En definitiva, he hecho y haré siempre todo lo que pueda por ayudar y mejorar la vida de mis conciudadanos”, ha señalado. “Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”, ha insistido. Ha recordado que queda “casi un año para rematar la misión en este ayuntamiento” y por ello ha pedido a los concejales del equipo de Gobierno, y también a los de la oposición, “seguir trabajando y colaborando día a día para entregar un Bilbao mejor” del que se encontraron hace tres mandatos “al siguiente alcalde de la villa”.

Los partidos de la oposición han coincidido en agradecer a Aburto su dedicación en estos años, pero también en criticar un balance que han considerado demasiado autocomplaciente. “No hay una varita mágica”, ha señalado Aburto. “Necesitamos colaboración entre todos más que nunca y no polarización”, les ha pedido. “Bilbao, no merece que nos inmiscuyamos en discusiones que no nos llevan a ningún lado”, sino que “sigamos trabajando”, ha zanjado.

En su balance del estado de la villa, el alcalde ha vuelto a colocar la seguridad como “la primera prioridad”, como ya hizo en su discurso del año pasado, y ha destacado que se han realizado ofertas de empleo público todos los años para incrementar la plantilla de la Policía en 250 agentes, llegando a los 900. También ha destacado que se han firmado con la oposición –salvo el PP– pactos por la Seguridad Ciudadana “poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de intereses partidistas”, que han permitido poner en marcha “las nuevas inspecciones vecinales de Corazón de María, Abando y Deusto” a la que se unirá la de Santutxu.

“Llevamos años donde la delincuencia ha ido creciendo, especialmente en los delitos de hurtos y robos. Ante esta situación la eficacia policial ha crecido por encima de la delincuencia poniendo a disposición judicial cada vez a más delincuentes gracias a la implicación y gran profesionalidad de los cuerpos policiales”, ha señalado Aburto, que ha considerado que es necesario “poner el énfasis en la reincidencia, aprovechando las últimas modificaciones normativas”.

Si la seguridad ha centrado parte del debate en la intervención posterior de los grupos, la vivienda ha ocupado un papel esencial. Aburto ha destacado la colaboración con el Gobierno vasco y la declaración de zona tensionada. Además, ha destacado que “2026 está siendo especialmente relevante para la política municipal de vivienda porque se están materializando proyectos que llevaban años de planificación”, entre los que ha destacado la puesta en marcha de la ordenanza municipal para movilizar la vivienda deshabitada. Por otra parte, ha destacado que el objetivo es “finalizar y entregar las promociones proyectadas de vivienda pública previstas en el mandato: la adjudicación de los 93 alojamientos dotacionales en Amézola, la entrega/adjudicación en el último trimestre de 63 viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Bilbao en Bolueta, o la primera fase de la construcción de 84 viviendas en el barrio del Peñaskal. Un gran hito, ya que podemos decir que este será el comienzo de la transformación de este barrio”.

Tras resaltar que dentro del plan de mandato 2023-2027 y las perspectivas para el año que viene están ya completadas el 14%, un 82% está en ejecución y un 4% en diferentes situaciones de puesta en marcha, ha destacado que la lucha del ayuntamiento contra la exclusión social, que concentra el 81,1% del gasto de Bizkaia (el 36,2% de toda la comunidad autónoma), y dispone del 79% de todas las plazas de Bizkaia. No obstante, ha recordado que Bilbao “no es una isla, pero tampoco puede serlo, ante este reto de presente y de futuro” y necesita “la ayuda e implicación de otras instituciones, en base cada una a sus competencias: el Gobierno español, el Gobierno vasco, la Diputación foral y el resto de los municipios de Bizkaia”.

Por ello, ha pedido ser “conscientes y consecuentes, solidarios y responsables” y ha solicitado que cumplan “todos” con sus “competencias” y “capacidades” porque “se está produciendo un desequilibrio en el modelo de cartera de los servicios sociales, tanto en los recursos como en las atenciones y en estos temas donde hay personas que sufren no vale mirar a otra parte o mirar solo a Bilbao, que 'siempre hace'. Ayudar a quienes peor lo pasan, sufren o están en situación de riesgo es tarea de todos”, ha advertido.

El alcalde también ha destacado en su intervención la necesidad de un turismo sostenible en la ciudad, “haciéndolo compatible con la calidad de vida de la ciudadanía”, y ha señalado que se está trabajando en “el estudio de los flujos y la presión turística en la ciudad, cuyo informe aportará las variables y datos necesarios para la toma de decisiones”. Por otra parte ha resaltado proyectos de futuro estratégicos para la ciudad como Zorrozaurre, Punta Zorroza, la estación de la alta velocidad en Abando o los planes urbanísticos para Artxanda u Olabeaga.

EH Bildu: entre el “muro contra el fascismo” y “la alternativa que toca a la puerta”

La portavoz de EH Bildu Bilbao, María Del Río, ha reivindicado políticas municipales que “ayuden a construir un muro de dignidad desde ya contra el fascismo y la ultraderecha, sin esperar a las elecciones” porque “la reacción autoritaria ya está aquí”. Además, ha señalado la necesidad de acuerdos amplios porque “son mejores y más efectivos” y ha advertido al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de que “la época de las mayorías absolutas y sus rodillos ha terminado”. “La alternativa toca a la puerta”, ha asegurado la también candidata.

Ha recordado que EH Bildu ha apostado por “un modelo de gobernanza cooperativo, buscando planificar políticas públicas con una base más amplia y, como consecuencia, más eficaces”, pero ha reprochado al Gobierno municipal que sus propuestas “de negociación” han sido “rechazadas directamente o descartadas con excusas peregrinas, incluso cuando se proponían formas de negociación que han funcionado en otras instituciones”. La portavoz de EH Bildu se ha referido también a las desigualdades entre los bilbaínos por “el código postal”. “No es aceptable que vivir a un lado o a otro del puente de Cantalojas influya en la esperanza de vida, o a un lado o a otro de la calle Autonomía, o vivir en Otxarkoaga o en cualquier otro barrio. A esta realidad también hay que darle respuesta”, ha advertido.

En referencia al turismo, ha advertido que “no se trata de decir 'turistas sí o 'turistas no'”, sino de “analizar el impacto de una industria, en este caso la industria turística”. “Hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a celebrar los récords de visitantes y hasta qué punto podemos absorber y gestionar sus externalidades negativas, como son el encarecimiento de la vivienda, la monopolización del comercio y homogeneización cultural”, ha planteado. También ha considerado necesario “decidir qué pasos dar en la diversificación de la economía” que, según ha advertido, “no puede derivar en un mercado de trabajo dual, donde algunas personas trabajadoras viven con una relativa estabilidad y sueldos decentes, y otros, u otras, mejor dicho, encadenan trabajos precarios que, por mucho que sean a jornada completa, no dan para vivir”. “Y hay que empezar desde casa, desde los pliegos y la contratación pública, ya que no podemos olvidar que las trabajadoras de la limpieza de interiores vuelven a la huelga en Bilbao en contra de la brecha salarial”, ha subrayado.

Elkarrekin: “Promesas incumplidas y proyectos inacabados”

La portavoz de Elkarrekin en Bilbao, Ana Viñals, ha afirmado que el Gobierno del PNV y PSE-EE, tras tres mandatos, deja “un legado de promesas incumplidas y proyectos inacabados” y ha lamentado que el diagnóstico del regidor jeltzale sobre el estado de la villa “sigue pecando de los mismos errores” y su ejecutivo “sigue tropezando en las mismas piedras: el conformismo, la inercia política y la autocomplacencia”. Tras agradecer a Aburto su “compromiso con Bilbao”, ha afirmado que su Gobierno “va a terminar sin una impronta bien definida” y si una “gran herencia para la villa”.

También se ha referido Viñals a la “desigualdad social de los barrios” y ha señalado que “la exclusión social de las calles es el origen de la mayoría de los problemas, tanto del ámbito de la seguridad como del ámbito de la convivencia”. Por ello ha afirmado que “se debería invertir mucho más para volver a recuperar el bienestar de la gente”. “En Bilbao cada vez más gente está en la cuerda floja” y, por eso, entre otras razones “los problemas de seguridad se agravan”, al tiempo que ha advertido que “cuando se da una integración precaria, la convivencia se daña”. Y ha recordado que en Bilbao, como en “muchos otros lugares del planeta se puede hablar de trabajadores pobres”, y ha señalado que “la desigualdad en Bilbao sigue teniendo un fuerte componente geográfico y sociológico”. Por esa razón, ha criticado, según pasaban los mandatos de Aburto y sus gobiernos, “la brecha de la renta entre barrios ha seguido creciendo”.

Tras pedir compromisos con los planes para mitigar el calor extremo y centrarse en la prevención ha criticado que planes actuales de innovación como el de Zorrozaurre “pecan de excesiva lentitud institucional, demasiada timidez presupuestaria y, además, existe un claro riesgo de generar una nueva burbuja inmobiliaria”. “En esta materia necesitamos también meter el timón, porque si seguimos al ritmo actual, corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático gentrificado con pequeños parches tecnológicos. Zorrotzaurre no puede ser solo un campus privado universitario tradicional y oficinas de diseño”, ha dicho.

La portavoz de Elkarrekin, que es de Podemos, ha urgido a “dar una respuesta rotunda a la gran crisis de la vivienda” y ha considerado que dar respuesta a esta crisis tiene también mucho que ver con parar “la actual ola global fascista y reaccionaria que también ha llegado aquí”. “Si algo ha sabido hacer la ultraderecha es aprovecharse del malestar social ocasionado por la crisis de la vivienda y por el aumento de la pobreza y la exclusión social. El fascismo y la ultraderecha siempre han crecido explotando el sufrimiento humano. Se aprovechan de la ira y la frustración aparentando querer romper el sistema, pero lo único que están rompiendo es la convivencia y la cohesión social con el único objetivo de lograr el poder”, ha alertado. Viñals, que ha finalizado su intervención con un recuerdo a Gaza, ha asegurado que Bilbao “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad global construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, quizás algún día, dirigida por una persona inmigrante”.

PP: “Nada más importante que garantizar la seguridad”

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha reprochado a Aburto su “automplacencia” y le ha acusado de pedir “sumisión” en vez de colaboración y no demandar “diálogo, sino allanamiento”. Aunque le ha deseado para su futuro “lo mejor en lo personal”, ha señalado que “en lo político, juzgarán los bilbaínos”. Martínez ha defendido que “no hay nada más importante que garantizar la libertad de los vecinos”, y ha denunciado que la ciudad “ésta está atenazada por unos índices de crímenes que se sostienen en máximos”. “La inseguridad genera miedo y el miedo resta libertad para vivir y convivir en nuestras calles. Es la principal preocupación de los bilbaínos y el mayor foco de eufemismos de su gobierno y de los compañeros del pacto de seguridad que se buscó”, le ha recriminado a Aburto. En este sentido, ha señalado que “hasta que no se ponga en marcha un plan integral de seguridad contrastado con profesionales de la materia y sin arrugarse ante los delincuentes no habrá manera de garantizar, como es obligación, la libertad de los vecinos”.

En cuanto a las políticas de vivienda ha considerado que son “tan erradas como dañinas” . “Nos han metido en las zonas tensionadas, una declaración que va a ser también un craso error y han estrangulado el alquiler generando inseguridad jurídica a los propietarios”, ha lamentado. Ha reconocido que el “éxito turístico” de Bilbao es “indiscutible”, pero ha advertido que el empleo “se concentra mayoritariamente en el sector servicios y hay, a día de hoy, menos base industrial”. “Bilbao no puede aspirar solamente a ser una ciudad estupenda para pasar un fin de semana”, sino que “tiene que volver a ser una ciudad referente para invertir, producir, emprender y también para vivir”. También ha subrayado las “desigualdades brutales entre los distritos y barrios”, ha advertido de la existencia de “un montón de comercio localizado en un solo distrito y barrios jalonados de lonjas vacías”, lo que, a su entender, es el resultado de “políticas conformistas, sostenidas en el tiempo, poco ambiciosas, que han ido minando las posibilidades de competir con otras ciudades y territorios para poder atraer actividad económica”. En cuanto a las ayudas sociales ha denunciado que en materia de inmigración se ha generado “un efecto llamada”. “En Bilbao ”cada vez damos más ayudas sociales“, pese a que ”cada vez hay más empleo“. ”Algo no cuadra“, ha dicho.

PSE-EE y PNV, satisfechos con el pacto

Desde los partidos del Gobierno, la portavoz socialista, Nora Abete, ha destacado que los socialistas han sido “leales” y han puesto, “por delante de sus diferencias, el buscar acuerdos y remar en la misma dirección”, al tiempo que ha llamado a “no buscar enemigos, sino practicar el acuerdo”. “Eso es lo que ha hecho grande a Bilbao y lo que seguirá haciéndola grande, y en ese acuerdo siempre estaremos los socialistas”, se ha comprometido.

En ese sentido, ha asegurado que el resultado de la apuesta de los socialistas por “compartir gobierno” con el PNV es “positivo para la ciudad y para nuestros vecinos”. “Se nota en los datos económicos, pero también se nota en algo más importante, en el día a día de las personas” porque “hoy vivimos más y mejor y vamos a seguir trabajando para que se viva más y mejor en todos y cada uno de los rincones de esta ciudad”, cree. A los socialistas les preocupa “mejorar” en los barrios “su convivencia, su comercio, su accesibilidad y su seguridad”, porque “la ciudad no se construye solo desde el centro, se construye barrio a barrio”. Por otra parte, ha recordado que hasta las elecciones, “quedan muchos proyectos que materializar” y “ni mucho menos estamos en el tiempo de descuento”.

Por su parte, Asier Abaunza, del PNV, ha puesto en valor todo lo conseguido hasta ahora, en línea con el balance del alcalde, y ha destacado que “frente al marketing de otras formaciones”, el Gobierno de Bilbao ha sido capaz de tomar decisiones difíciles. “Frente a la política de la pose, del quedar bien y del endulzar los oídos en el PNV, cogemos el toro por los cuernos, hacemos frente a los problemas y tomamos decisiones difíciles, aunque a veces nos cueste y nos suponga también un desgaste a nosotros”, ha señalado. Porque según ha asegurado, entienden la política “con seriedad y con responsabilidad, siempre teniendo a Bilbao y a su ciudadanía al frente de nuestras acciones y procurando llevar adelante nuestra ciudad y nuestra sociedad”. Lo que ha permitido que Bilbao lleve “desde hace más de 30 años siendo un referente internacional de transformación urbana”.

El Gobierno vasco y la EHU velan armas ante la previsible nueva batalla por la financiación de la Universidad pública vasca, como ya sucedió el pasado año cuando se discutían los presupuestos. De momento, poniendo de continuo vendas antes de que se produzca la herida, el consejero del ramo, el exrector Juan Ignacio Pérez Iglesias, independiente propuesto por el PNV, insiste en que al final del “trienio” —los de 2027 serán ya sus terceros presupuestos desde que ocupa el cargo— habrá mejoras “acumuladas” que permitirán a la EHU disponer de la mejor financiación en un cuarto de siglo.

Pérez Iglesias, a las 24 horas de la apertura del año académico, donde estuvo acompañado del rector, Joxerramon Bengoetxea, ha presentado un nuevo programa de financiación, de 3,6 millones. Se trata de ayudas para los centros de investigación avanzada. Y ha querido dejar bien claro que era una línea adicional a la financiación ordinaria, recursos extra que salen del Gobierno vasco hacia la EHU.

La pugna se produjo hace ahora casi un año, cuando se negociaban los presupuestos vascos de 2026. El rector Bengoetxea, en su primer año en el cargo tras ganar las elecciones a su predecesora, Eva Ferreira, presentó un informe con necesidades urgentes para la EHU que marcaba una diferencia de casi 300 millones entre la propuesta contenida en las cuentas del Gobierno y sus estimaciones.

El consejero Pérez Iglesias respondió desde su blog: “La magnitud del incremento y el calendario seguido excluyen esa posibilidad. ¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? El ejercicio de la responsabilidad implica elegir y priorizar. Elegir es renunciar. Quien elige, descarta. Quien prioriza, aplaza ciertas actuaciones en beneficio de otras. Es difícil, pero inevitable, porque los recursos, por definición, son limitados. Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”.

En la apertura académica, en genérico, el rector insistió en la importancia de la “suficiencia” financiera de la Universidad pública. El consejero, de su lado, habló de que la nueva ley que llevarán al Parlamento y los propios presupuestos mejorarán las condiciones. Llegó a decir que pocas Universidades habrá mejor financiadas que la EHU. 12.000 euros de gasto medio por alumno, señaló. El pasado año hablaba de 10.000.

Preguntado si teme que el rector reabra próximamente el debate, Pérez Iglesias ha despejado la pelota. “No tengo la menor idea”, ha señalado. Acto seguido, ha repetido los compromisos adquiridos en la apertura académica y ha lanzado otra reflexión. “Si esto le parecerá al rector suficiente, no lo sé. No tengo la menor idea”, ha insistido. Ahora bien, ha avisado de que, si llega el momento, “defenderá la política económica del Gobierno en materia universitaria”. “No la habido mejor en el tiempo en que yo conozco la Universidad”, ha dicho el exrector.

Pérez Iglesias ha querido cerrar también la polémica por la ausencia del lehendakari, Imanol Pradales, en el acto solemne de apertura académica, una tradición. Ha insistido en que el Gobierno estuvo perfectamente representado por su persona y ha señalado que no hay mejor compromiso que apostar con recursos por la EHU. “Obras son amores”, ha zanjado.

Confebask no se ha mostrado muy dispuesta, de momento, ni a trasladar la subida del IPC a los sueldos de los trabajadores ni a negociar el SMI vasco, al menos en las condiciones en las que pretenden hacerlo los sindicatos nacionalistas ELA y LAB. La presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, ha señalado este martes que la inflación afecta a “los márgenes de las empresas igual que afecta al bolsillo del trabajador”, mandando un claro mensaje a los sindicatos que plantearán en las negociaciones colectivas que las subidas de los salarios reflejen el alza de los precios. El último dato que se ha conocido este martes coloca tasa anual de subida de los precios en el 4,5%. “Es algo que nos afecta a todos”, ha señalado Yagüe, afirmando que “lo que hay que intentar es que esas subidas de la inflación no se produzcan”.

Y respecto al SMI vasco ha dado a entender que sobre este tema ya está todo dicho. “Hay una sentencia que impide la negociación del SMI, tal y como lo proponen ELA y LAB . No tenemos competencia ni legitimidad para negociar un SMI en Euskadi”, ha reiterado. Sí ha mostrado su “mano tendida” para negociar el SMI de convenio que plantean CCOO y UGT, aunque como siempre, ha matizado que “cuando se aborden otros conceptos”, entre los que incluye la “productividad, competitividad” y el “absentismo”, de cara a poder tener “mejores condiciones salariales y laborales”.

Yagüe ha cerrado este martes la ronda de contactos del lehendakari, Imanol Pradales, con los agentes sociales y los partidos políticos de cara al inicio del curso. En sus encuentros con los sindicatos, las centrales han pedido al lehendakari que presione a la patronal para que se siente a negociar el SMI y para que se traslade a los salarios la subida de los beneficios empresariales. El propio lehedakari Pradales ha pedido públicamente a la patronal que se pague a los jóvenes salarios dignos para que puedan emanciparse.

Sin embargo, preguntada por esta cuestión, la presidenta de la patronal vasca ha señalado que el tema de los salarios no ha estado sobre la mesa del encuentro con el lehendakari. Además, Yagüe ha señalado que los sueldos de los jóvenes en Euskadi son los “más altos en todo el Estado en todas las carreras universitarias”. Yagüe ha pedido “superar exclusivamente lo del salario” en el tema del trabajo de los jóvenes, ya que, según ha dicho, “valoran cosas por encima del salario a la hora de decidir trabajar en Euskadi”. “Hay que superar ya el tema exclusivamente del salario”, ha repetido.

Estas reticencias a hablar de alza de salarios se produce en un contexto en el que Yagüe ha trasladado al lehendakari que la “competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida”. “La sociedad en su conjunto tiene que tomar conciencia del momento presente y de lo que está en juego, puesto que la prosperidad económica y el bienestar social del que hoy disponemos en Euskadi no están garantizados”, ha señalado. En este sentido, ha pedido a Pradales promover un “pacto de país por una transformación competitiva, que permita la supervivencia del tejido productivo”.

“La competitividad ya no puede entenderse únicamente como un objetivo empresarial. Constituye una condición imprescindible para preservar nuestro tejido empresarial y, con ello, nuestro bienestar colectivo, garantizar empleos de calidad, sostener unos servicios públicos excelentes y ofrecer oportunidades a las próximas generaciones”, ha manifestado.

Por otra parte, ha transmitido a Pradales la “preocupación” que tienen las empresas vascas en relación con el reto demográfico, una cuestión sobre la que ha anunciado que la patronal realizará un acto en el mes de octubre. Ha señalado que “Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas diez años, si no se actúa a tiempo”. “Vamos tarde”, ha asegurado, ya que el “91% de las empresas vascas confiesan tener ya problemas de contratación”. “De hecho, el reto demográfico se ha convertido en una brecha estructural de talento que condiciona la competitividad de Euskadi”, ha explicado.

Por ello, ha planteado al lehendakari la necesidad de “articular una estrategia compartida sobre reto demográfico y talento” que pivote sobre cuatro ejes; “gobernanza integral, una política específica de inmigración para el empleo, otra de generación del talento necesario, y una más de arraigo y activación del talento local”. Yagüe ha señalado que estos son asuntos que “también preocupan al lehendakari”, por lo que ha solicitado trabajar conjuntamente para “minimizar” sus consecuencias, de forma que “el crecimiento económico y empresarial de Euskadi se vea reforzado”.

El incendio que había sido sofocado esta madrugada en Derio (Bizkaia) se ha reavivado y a las 15:00 horas los Bomberos seguían trabajando en el lugar para sofocar el fuego, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las 20:30 de este pasado lunes y, alrededor de las 3:15 de la madrugada, se logró sofocar. En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona resultó herida. Se quemaron en torno a 95 hectáreas. Los Bomberos y agentes forestales han permanecido esta noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.

Sobre la 13:00 horas de este martes se ha recibido el aviso de que nuevamente se había reactivado el fuego en la zona, en concreto en el alto Mantuliz hacia Lauro. A las 15:00 continuaban trabajando en el lugar Bomberos y un helicóptero y se están realizando descargas de agua para sofocar definitivamente el incendio.

La portavoz del Gobierno vasco, la 'jeltzale' María Ubarretxena, ha lamentado que suscite “morbo” el intentar buscar “brechas” entre los dos socios del Ejecutivo coalición, PNV y PSE-EE. Sin embargo, ha recalcado que son “un único equipo” con un mismo “capitán”, el lehendakari Imanol Pradales, y que todos los consejeros, los de ambos partidos, reman “en la misma dirección” y “sin despistarse”, aunque el líder de los socialistas, Eneko Andueza, periódicamente eleve la tensión.

Por el contrario, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, que también es María Ubarretxena y a cuyo cargo están los servicios jurídicos del Ejecutivo, ha asegurado que ese Gobierno “único” no ha hecho aún una “valoración” de la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el recurso contra la ley estatal de Vivienda de 2023. Sin embargo, ha orillado que al poco de conocerse la noticia ya hubo una comunicación oficial del consejero socialista, Denis Itxaso, que celebró la derrota de su propio Gobierno en un pleito muy singular.

Más allá del “morbo”, las discrepancias en materia de Vivienda se acumulan desde hace años, aunque en puridad en los últimos tiempos se han suavizado con algunos acuerdos. En el caso concreto del recurso al Constitucional, fue promovido exclusivamente por la parte del PNV de la coalición en 2023 y contra el criterio del PSE-EE, que dirige Vivienda. Entonces el “capitán” era Iñigo Urkullu y el consejero Iñaki Arriola.

“No disponemos lamentablemente de la sentencia”, ha insistido Ubarretxena sobre el fallo, publicitado en la web del Constitucional. Y ha agregado: “La tenemos que leer para hacer una valoración más completa”. Asimismo, ha remarcado que hay “cinco votos particulares” y que será oportuno igualmente analizarlos para extraer conclusiones. “No, no se ha realizado ninguna valoración”, ha insistido.

Otro foco de tensiones sobre las relaciones del Ejecutivo vasco con el de Pedro Sánchez. En julio se suspendió una 'cumbre' bilateral entre Pradales y Sánchez por los retrasos en acuerdos para completar el Estatuto de 1979. Ubarretxena ha asegurado que viajará este miércoles a Madrid para dialogar sobre los puertos de interés general, los de Bilbao y Pasaia. El PNV insiste en demandar más autonomía y los socialistas se niegan al traspaso, al ser una competencia exclusiva del Estado.

El jueves, en la sesión de política general que celebrará el Parlamento Vasco, se espera que Pradales denuncie que Sánchez está ya en los “minutos de descuento” por su falta de capacidad de para gobernar con estabilidad. “Tenemos muy buena relación. Hemos tomado café todos juntos [antes del Consejo de Gobierno]”, ha insistido, por el contrario, la portavoz Ubarretxena.

Los Bomberos han dado por extinguido un incendio declarado este lunes por la tarde en una zona boscosa de Derio, cercana al aeropuerto de Loiu. El fuego, que no ha afectado al funcionamiento del aeródromo, se ha apagado de madrugada, en torno a las 5:30 horas.

Las llamas surgieron en el monte Aiartza, en el barrio de San Isidro, perteneciente al municipio de Derio. El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las 20:30 y se logró sofocar de madrugada, informa Europa Press. En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona ha resultado herida. Los Bomberos y agentes forestales han permanecido durante la noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.

Hace unos días, la pasada semana, un joven de origen magrebí fue agredido en el barrio de Egia de Donostia mientras se encontraba junto a un amigo. Según expone Harrera Sarea, red ciudadana de acogida local que ha lanzado una campaña para denunciar la normalización de la “caza racista”, el atacante efectuó tres disparos con un arma de aire comprimido y alcanzó a la víctima en la espalda, el hombro y el pómulo, junto al ojo. La Ertzaintza se personó en el lugar y trasladó al herido al hospital, desde donde posteriormente acudió en solitario a comisaría para presentar una denuncia.

Pese a que la Policía acudió al lugar tras la agresión, Harrera Sarea denuncia que por parte de las autoridades no se desplegó ningún dispositivo para intentar identificar o localizar al autor de los hechos. La plataforma considera que el ataque es consecuencia de un “clima de odio” que, según señala, lleva más de “dos años extendiéndose en redes sociales”.

Este no es el primer “tiroteo” que se conoce en Donostia, dicen. La red ciudadana ha recordado en sus redes que este mismo verano se produjo una situación similar en la Parte Vieja, donde otro joven migrante fue disparado por la espalda mientras caminaba por la calle. Ante estos hechos, el colectivo ha manifestado que les “preocupa y asusta mucho que esto esté ocurriendo en nuestras calles” y convocó una concentración en la plaza Blas de Otero para rechazar la violencia.

Este lunes, centenares de personas se han reunido en la plaza de Blas de Otero de Egia. Sin embargo, lo que se había citado como una concentración se ha transformado en una manifestación que ha recorrido las calles de la ciudad hasta llegar frente al Ayuntamiento de Donostia. Una vez frente al consistorio, Harrera Sarea ha expresado su preocupación por este tipo de ataques que ahora se producen a plena luz del día y amparados, a su juicio, por una “sensación de impunidad”. También ha cuestionado la falta de acción por parte de la Ertzaintza para investigar al autor de los disparos, mientras que, desde la prohibición de las cenas solidarias, “cada tarde se pueden ver decenas de policías desplegados por Egia y la Parte Vieja para vigilar a las personas voluntarias de KAS” e, incluso, voluntarias de Harrera Sarea.

La red ciudadana ha recordado que durante más de dos años ha denunciado ante la Ertzaintza, el Juzgado y la Fiscalía mensajes, imágenes y contenidos que considera racistas, sin que, según afirma, las instituciones hayan actuado. “En lugar de hacer frente al discurso de odio, se termina actuando contra las personas que son señaladas por ese mismo discurso”, ha concluido la portavoz de la red y ha añadido que “se culpabiliza la solidaridad y se amenaza con castigar a quienes intentan ayudar y mejorar la ciudad”.

Ante esta situación, la plataforma le ha preguntado directamente al Ayuntamiento sobre sus protocolos ante delitos de odio y qué medidas han tomado “durante estos dos últimos años ante las denuncias y avisos recibidos” por su parte como red ciudadana y por personas individuales. Tras la agresión, Harrera Sarea exige explicaciones y responsabilidades públicas y reclama que “se actúe para frenar este odio antes de que tengamos que lamentar consecuencias todavía más graves”.

ELA y LAB han coincidido este lunes en “suspender” al lehendakari, Imanol Pradales, y a su Gobierno a la hora de tomar decisiones que beneficien a los trabajadores. En reuniones por separado con Pradales, en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo con partidos y agentes sociales y que cerrará este martes con la patronal, los máximos dirigentes de estos sindicatos han criticado la “inacción” del Ejecutivo ante la negativa de los empresarios a negociar con las centrales un SMI vasco y han pedido mayor refuerzo de los servicios públicos.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha pedido a Pradales “un plan de choque” para revertir el “deterioro” de los servicios públicos, y le ha señalado que está en manos del Gobierno evitar huelgas de los trabajadores públicos en sectores como Osakidetza. Lakuntza ha criticado que el Departamento de Salud haya cerrado un acuerdo únicamente con el Sindicato Médico de Euskadi, dejando “fuera” de la negociación al resto de organizaciones sindicales y de trabajadores de la Sanidad pública. “El Gobierno vasco debe corregir esa actitud”, ha manifestado . “No vale lamentarse por el incremento de las huelgas cuando no se hace nada para solucionar sus causas”, ha dicho.

En este sentido, Lakuntza ha puesto sobre la mesa que el deterioro de los servicios públicos va acompañado de un incremento en el número de personas “con dificultades para llegar a fin de mes” en Euskadi debido al encarecimiento de los productos básicos y de la vivienda, mientras los salarios no crecen en la misma medida que lo hacen los precios. Es una situación que contrasta con una “buena parte” de las empresas vascas logrando “beneficios históricos”, ha señalado Lakuntza, que ha criticado que cada vez es más desigual el reparto de la riqueza incrementado por los beneficios fiscales a las empresas. “Las empresas ”cada vez pagan menos por sus beneficios, mientras el grueso de la carga impositiva recae en los trabajadores“, ha señalado.

Lakuntza ha reclamado al lehendakari en este punto que “abandone su inacción” respecto a las demandas de un salario mínimo propio para Euskadi, y presione a la patronal para que se siente a hablar co los sindicatos, porque “no se puede permanecer en la neutralidad”, ha afirmado.

También ha pedido a Pradales que se retire el proyecto de ley del Ejecutivo autonómico para regular el diálogo social, porque cree que “castiga” a ELA y LAB, que tienen el 60% de la representación sindical, para “premiar” a UGT y CCOO. “Se pretende otorgar a UGT y CCOO, una mayoría que la clase trabajadora de este país no les ha concedido. Esa ley, por si fuera poco, pretende penalizar a ELA y LAB por no acceder a ser parte de este despropósito”, ha indicado.

De firma previa al encuentro con el dirigente de ELA, Pradales se ha reunido con la coordinadora general de LAB Garbiñe Aranburu, que ha trasladado al lehendakari un balance negativo de los que va de legislatura, y ha puesto un suspenso al Gobierno en acciones a favor de los trabajadores. “Además de no tomar decisiones que favorecen a las trabajadoras, sigue obedeciendo a las exigencias de la patronal”, ha criticado Aranburu, que ha pedido al lehendakari que deje de “blanquear” a los empresarios y les presione para que se sienten con los sindicatos a negociar el Salario Mínimo Interprofesional vasco.

En su opinión, el Ejecutivo está poniendo en marcha “políticas públicas que favorecen la acumulación desigual de riqueza y se renuncia a poner en marcha políticas de redistribución, premiando así a la patronal y dando la espalda a las y los trabajadores”. En este sentido, ha anunciado que “en pleno auge del fascismo, insistir en estas políticas que profundizan en la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora es dar de comer al fascismo y permitir que la oleada reaccionaria avance en su camino”. “Pradales profundiza en el camino de las políticas neoliberales del mandato anterior, lo cual no se puede disimular llamando al diálogo ni creando marcos que no tienen el objetivo de construir acuerdos”, ha dicho.

Aranburu ha puesto como ejemplo Osakidetza. “Frente a la necesidad de renovar y fortalecer Osakidetza, la Mesa de Salud terminó por cerrarse en falso, y ni un solo sindicato se adhirió a las conclusiones desprendidas de ella. El origen del desgaste del sistema público son la falta de inversión, la privatización y las políticas de concertación. Todo ello afecta ta directamente a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. La solución comienza por dejar a un lado las decisiones vinculadas a la privatización de la salud, pero a día de hoy no muestran voluntad política para ello”, ha señalado.

También se ha referido a Educación y a la mesa puesta en marcha para dar solución a la problemática de la segregación, que ha señalado que “se cerró sin poder dar una respuesta adecuada a la cuestión”. Ha recordado que en educación pública, el curso pasado LAB cerró acuerdos que contemplaban recursos adicionales en diferentes colectivos laborales. “Sin embargo, el Departamento de Educación continúa sin cumplir íntegramente dichos acuerdos que llegaron a raíz de una potente dinámica de movilizaciones y huelgas. Esto ocurre en un momento en el que la mejora del sistema educativo es urgente, tal y como ha evidenciado el informe PISA publicado recientemente”, alega. Respecto a dicho estudio ha considerado que se ponen de relieve varias carencias, “entre las relacionadas con las competencias en euskera”. “Es urgente poner en marcha medidas efectivas para reforzar este ámbito, lo cual, además, favorecerá que haya una mejora en el resto de materias”, ha insistido.

Ekologistak Martxan ha denunciado “el incumplimiento” de la normativa que “obliga a informar” a la población sobre alta contaminación por ozono troposférico en Euskadi, donde este verano “se ha sobrepasado en once ocasiones el umbral” a partir del cual debe hacerse. Con motivo de la celebración este lunes del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica, la organización ecologista ha alertado de que durante el periodo estival, hasta el mes de agosto, se han producido once momentos en los que las estaciones habilitadas han registrado valores por encima de los 180 microgramos por metro cúbico.

Sin embargo, ha denunciado que, desde el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que “dice cumplir” con los parámetros de la Agencia Europea del Medio Ambiente, “parecen olvidar sus obligaciones y, tan acostumbrados a la desinformación, eluden la normativa sobre ozono y, a pesar de estar obligados a informar con esos datos, deciden no hacerlo”. Según ha denunciado, “las superaciones se han producido en las estaciones de Las Carreras (2), Monte Arraiz (3), Andoain (2), Urkiola (1), Zalla (2) y Facultad de Farmacia (1), afectando, por tanto, a cuatro de las cinco zonas en que está dividido el territorio a efectos de seguimiento de este contaminante”, recoge Europa Press.

Desde Ekologistak Martxan han explicado que “al menos el 94,5% de los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca han estado afectados y que el 99,5% de la población no ha recibido ningún aviso o no se lo han transmitido”. Por tanto, ha advertido, “la población especialmente vulnerable a este contaminante ha sufrido sus efectos sin adoptar medidas preventivas”. La organización vasca ha destacado que la superación del nivel de 180 de presencia de este contaminante, conocido como 'ozono malo', en la troposfera supone “la superación del denominado 'umbral de información'” y, según el Real Decreto 34/2023, “obliga a las Administraciones a informar a la población a efectos preventivos, independientemente de la 'etiqueta' que se le asigne al dato”.

“Esa obligación, en los episodios de este verano, no se ha cumplido”, ha denunciado, precisando que “informar no es alarmar”. Por su parte, ha lamentado que “se echan en falta medidas” para reducir el impacto en Planes de Acción ante este tipo de episodios que “se resisten a desarrollar” tanto el Gobierno vasco como los ayuntamientos obligados por la normativa vigente y que, salvo en el caso de Vitoria-Gasteiz, “brillan por su ausencia”.

Asimismo ha advertido del crecimiento de episodios de contaminación aguda, ya que “en todo el año 2025 sólo se produjo uno”, y ha recordado que aún hay municipios obligados a implantar zonas de bajas emisiones que “se lo están pensando” y otros que “las han configurado de forma que no se aplican en todo el municipio”. Finalmente, ha alertado de que “en una situación de emergencia climática, hay negacionistas instalados en las administraciones forales que siguen promoviendo infraestructuras grises o reducción de peajes para facilitar el tráfico automóvil”.

La fiscal María del Pilar Sánchez Donate ha firmado un muy contundente escrito contra la resolución del instructor de Getxo Marcos Amor que cerró la investigación penal por el derribo del palacete Irurak Bat sin tomar declaración a los imputados —entre ellos tres exconcejales del PNV, que ha celebrado la decisión— y a los principales testigos y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados por orden de la anterior instructora, Neus Galobardes. Desde el aplauso a la “gran labor” del juez Amor, la fiscal lamenta el “giro de 180” en la investigación y que se haya optado por cerrarla sin “motivación”, y recuerda que todos los informes que se conocían hasta ahora, incluso los del área de Patrimonio del Gobierno vasco, en manos del PNV, apuntaban a la “irregularidad” de la demolición.

El juez Amor, que no fue el que acordó a comienzos de 2026 tanto las imputaciones como los registros y la incautación de documentos y equipos electrónicos, dio por buena la tesis de las defensas de que era aplicable en este caso una sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio de Getxo, La Aldea. Según esa tesis, que un inmueble sea de “custodia municipal” no implica automáticamente una protección y, por lo tanto, no cabe estimar que un derribo pueda ser delictivo. Sin embargo, como adelantó este periódico, se cierne un triple recurso para que la Audiencia de Bizkaia enmiende la plana al instructor. Lo han planteado, por un lado, los dos principales partidos de la oposición, PP y EH Bildu, que están personados; y, por otro, la Fiscalía.

El documento del ministerio público, fechado a 11 de septiembre y enviado ya a la Audiencia Provincial, menciona que el propio juez habló de tomar declaración a los imputados después de escuchar a los testigos, cosa que no se ha cumplido, e insiste en que “no se comparte que el edificio no se hallara protegido” y tampoco “que su derribo fuera una actuación admitida sin el cumplimiento de los requisitos legales”. No se puede ventilar el caso del Irurak Bat señalando que “meras infracciones propias del ámbito administrativo” como mucho, afea Sánchez Donate a Amor.

Dice la Fiscalía que el arquitecto municipal —Urko Balciscueta, que tampoco llegó a declarar—, que el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y que “hasta la Dirección Patrimonial Cultural del Gobierno vasco”, organismos que “abarcan todo el espectro de conocimiento de la materia”, “coincidían en la protección que se debía deparar al edificio Irurak Bat y en la irregularidad de la demolición en cuanto edificio sometido a custodia municipal”. “La absoluta necesidad de proteger tal edificio se desprendía de la normativa vigente en tal momento y se contempla incluso ahora en la actualidad, al aparecer como edificio sometido a custodia municipal, debiendo respetar la envolvente del edificio en su integridad, [...] en la modificación del plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Getxo, con entrada en vigor el 25 de agosto de 2026”, remarca.

Para la Fiscalía, hay indicios de que los imputados “actuaron de una manera orquestada” para saltarse la normativa y poder derribar el Irurak Bat. “Ciertamente todos los juristas intervinientes en la causa somos capaces de comprender lo que subyace en la resolución ahora impugnada, pero la realidad es que se halla huérfana de un relato de hechos que permita conocer a ajenos a la causa la entidad de los hechos y la importancia que se le quiere dar”, sostiene también, sin que quede muy claro a qué se refiere, el escrito de recurso de la fiscal, que en todo caso sí incide en falta de motivación del instructor y recuerda que eran dos los posibles delitos cometidos, la prevaricación —adoptar decisiones administrativas irregulares a sabiendas— y un delito contra el patrimonio histórico.

Así, la Fiscalía opta por resumir los indicios e insistir en su plena vigencia. Menciona, por ejemplo, el “apartamiento consciente y deliberado” del arquitecto municipal que había informado contra el derribo “para evitar un informe desfavorable”, la realización de “intervenciones graduales” no permitidas que acabaron con la “desaparición” total del antiguo edificio en 2024, la “omisión” de “todos” los trámites que exigen los edificios protegidos o la “ocultación” de los verdaderos planes de demolición durante el proceso. Dos de los tres del PNV imputados iban a irse a vivir allí, a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al Irurak Bat.

La romería de Olárizu ha dado este lunes el comienzo al curso en Vitoria con un programa tradicional repleto de actividades que ha congregado a cientos de vitorianos en las campas, con el torneo de 'aizkolaris' por parejas y una exhibición de 'herri kirolak', el tradicional pintxo solidario de ternera Eusko Label, cuya recaudación se destinará íntegramente a Cáritas, las 'euskal dantzak' con Arabako Dantzarien Biltzarra y los juegos infantiles.

Por la mañana, la Corporación municipal ha realizado el recorrido de los mojones que delimitan el término municipal, una costumbre administrativa con más de cinco siglos de historia que cada año permite reconocer un tramo diferente de los límites del municipio. La visita ha discurrido entre el puerto de Vitoria y el puerto de Zaldiaran, en un itinerario de unos siete kilómetros en el que han reconocido catorce mojones, desde el 446 hasta el 459, siendo la etapa más corta de las trece en las que se divide el límite municipal para realizar esta visita anual, recoge Europa Press.

La concejala de Zona Rural, Miren Fernández de Landa, ha explicado que “la visita a los mojones nació con una finalidad administrativa muy concreta y la sigue manteniendo, pero con el paso del tiempo se ha convertido también en una jornada de encuentro con los concejos y con el entorno rural”. “Nos permite recordar hasta dónde llega nuestro municipio, conocer mejor nuestros montes y mantener viva una tradición que forma parte de la historia de Vitoria-Gasteiz”, ha valorado.

Tras la visita a los mojones, la celebración ha continuado en las campas de Olárizu con la tradicional alubiada popular, organizada por Boilur. Ya por la tarde, los vitorianos se han congregado en las campas para degustar productos gastronómicos y disfrutar de las diversas actividades programas en un día caluroso. A las 20:00 horas, la comitiva municipal emprende el regreso de la romería hacia la plaza de España, acompañada por la Banda Municipal de Música, txistularis, atabales, trikitixas, panderos, gaiteros y tambores, la Academia Municipal de Folklore y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. La jornada concluye a las 20:45 horas con el tradicional toro de fuego en la plaza de España.

La romería de Olarizu se celebra desde el siglo XIX, el primer lunes después de la festividad de la Natividad de la Virgen, y tiene entre sus principales tradiciones la subida hasta la cruz que corona el cerro. La jornada está vinculada, además, a la visita anual de la Corporación a los mojones del término municipal, una costumbre administrativa de más de 500 años. Antiguamente, esta cita servía para cerrar el ciclo del verano y celebrar la recogida de las cosechas. Con el paso del tiempo, la tradición se ha mantenido como una de las jornadas populares de Vitoria, con tradición, gastronomía, música y actividades en las campas de Olárizu.

La EHU, la Universidad pública vasca, ha celebrado este lunes en Vitoria el acto solemne de apertura del curso académico 2026/2027. Y lo ha hecho sin la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, del PNV. Es la primera vez que algo así sucede desde 2016, cuando Iñigo Urkullu se excusó por estar de campaña electoral para las autonómicas de septiembre de ese año. El entorno de Pradales, quien unas horas antes sí ha inaugurado el curso de Formación Profesional en un instituto ubicado a apenas unos pocos minutos caminando de la facultad de Letras, ha querido restar importancia al gesto, pero llega después de meses tensiones y encontronazos entre el Gobierno vasco y el equipo del rector elegido en 2024, Joxerramon Bengoetxea.

En el centro de la mesa de autoridades, al lado del rector, estaba la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. También estaba presente el consejero de Ciencia, Universidades e Investigación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que anteriormente fue rector de la EHU. Como Pradales, tampoco han acudido el diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, o la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, del PSE-EE. Sí ha habido representantes de otras instituciones, como el magistrado Iñaki Subijana, y miembros de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP o Podemos.

Con Bengoetxea en el rectorado, la EHU ha demandado una mayor financiación al Gobierno, y también se han enfrentado en otros momentos como la controversia por las notas de la Selectividad el pasado mes de junio. En su intervención, el rector no ha hecho referencias directas a los presupuestos, más allá de mostrar su orgullo por el trabajo realizado y de reclamar “suficiencia financiera”. El pasado año demandaba un salto de 340 a unos 600 millones y alertó de riesgo de “colapso” en la institución, que tiene 35.035 estudiantes de grado —más de la mitad cursando sus carreras en euskera— y otros 4.125 de posgrado. Será a partir de octubre cuando se retome el debate sobre los números.

El consejero Pérez Iglesias sí ha querido poner la venda antes de la herida. En nombre del Gobierno, ha mencionado el proyecto de ley que tiene ya diseñado el Ejecutivo y que, allí, se prevé una “equiparación progresiva” a la media europea. “Nos vamos aproximando a esa equiparación y, si las condiciones económicas no se tuercen, deberíamos poder alcanzar el objetivo en no más de un lustro”, ha comprometido. Y ha añadido que en el último “trienio”, es decir, desde que él es consejero, ha crecido ya un 10% la financiación. Con la nueva subida que ya prevé para 2027, se producirá la “mayor subida” en recursos para la EHU “en el último cuarto de siglo”, ha remarcado Pérez Iglesias. Además, ha indicado que en Euskadi se destinan “12.000 euros” por estudiante a la Universidad pública. Ha ironizado que probablemente sea difícil encontrar otro centro público con esos niveles de recursos.

Pérez Iglesias ha agregado: “Es un privilegio dirigirme a la comunidad universitaria en el mismo foro en que, hace dieciocho años, participé en la que sería mi última ceremonia académica como rector. Mucho ha cambiado la Universidad del País Vasco [sic] desde entonces”. “Para mejor”, ha puntualizado Pérez Iglesias, aunque ha avisado de que la “autocomplacencia”, los “localismos” y el “cainismo” son amenazas para la EHU.

En su intervención, Bengoetxea ha orillado la ausencia del lehendakari —sí ha recordado al fallecido Carlos Garaikoetxea— y ha puesto en valor los cambios implementados en los últimos meses en la institución. “[El] carácter público de nuestra Universidad acentúa nuestra responsabilidad de ofrecer una enseñanza de calidad y una investigación puntera, para poder aportar mejoras en las personas que conformamos la sociedad vasca. Todos los colectivos de la EHU asumimos ese compromiso: estudiantado, profesorado y personal técnico, administrativo, de gestión y de servicios. La excelencia se otea cuando todos queremos alcanzar ese más allá en formación, en investigación, en gestión y en transferencia. Ese esfuerzo colectivo”, ha manifestado. También ha mencionado el buen posicionamiento de la EHU en la clasificación de Shanghái, la más prestigiosa a nivel internacional.

Consejero y rector han coincidido en mencionar el desarrollo de la inteligencia artificial como un factor determinante para el futuro de la EHU. El primero ha avisado de que disciplinas enteras podrían estar en riesgo, como las Matemáticas. El segundo ha mencionado que podría darse una “sumisión total” a modelos “diseñados con parámetros y algoritmos, muy posiblemente sesgados”, que tienen detrás a China y “USA”, en referencia a Estados Unidos. “Están en una carrera que recuerda a la de las armas nucleares”, ha alertado.

Desde el entorno de Pradales se insiste en enmarcar en la normalidad lo sucedido. Han explicado que el lehendakari ha acudido a numerosos actos académicos. También lo es, eso sí, que el pasado año fue una apertura movida en el campus de Donostia, con protestas y presencia policial. Este año, en Vitoria, la seguridad era muy elevada, con el perímetro de la facultad de Letras blindado y agentes de paisano dentro del aula magna donde ha tenido lugar la apertura económica. LAB, Steilas y ELA y CGT han protestado en la puerta.

Aparentemente, Pradales va a seleccionar a partir de ahora los actos universitarios y acudirá a aperturas de modo rotatorio, equiparando a la pública EHU con las privadas, que en Euskadi son Deusto, Mondragon y Euneiz. “Un enorme error”, ha escrito en X otro exrector, Pello Salaburu, que es además padre de uno de los asesores más próximos del lehendakari, Peru Salaburu. Como alternativa, ha tomado la palabra Tejeria, que ha indicado que le corresponde al Parlamento que ella dirige “actualizar” el marco legislativo universitario.