El volumen de perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) —el salario social vasco para alcanzar un umbral económico mínimo— que precisan de la prestación para complementar sueldos bajos se ha disparado en un 50,75% de 2022 a 2025, según un informe entregado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres (PSE-EE), en respuesta a una solicitud de Pazis García Ortega, de EH Bildu. Los pensionistas que complementan las cuantías de la Seguridad Social con fondos del Gobierno vasco también han subido un 20%. En el mismo período, el volumen de perceptores totales se ha incrementado también, pero en menor proporción, alrededor de un 18%.

Según los datos facilitados, en 2022 un total de 11.653 personas recurrieron a la RGI, tramitada por Lanbide, para completar sus retribuciones propias precarias. En 2023 subieron ya a 12.139, en 2024 crecieron hasta los 17.358 y en 2025, el último ejercicio completo, fueron 17.567. En detalle, esa precariedad tiene rostro de mujer, ya que son el 60% de los demandantes de estos complementos. El 87% trabaja en el sector servicios, más de 15.300 personas. Por edades, 2.498 son jóvenes menores de 30 años y 2.903 trabajadores mayores de 55.

En cuanto a los pensionistas, en 2022 eran 14.393 los que recibieron también la RGI. En 2023 pasaron a ser 15.389, en 2024 17.179 y en 2025 17.315. Si la subida general de titulares de pensiones de la Seguridad Social creció en ese período un 2,57%, los que acudieron a complementarla con prestaciones sociales fueron diez veces más. Actualmente, un 3,3% de los pensionistas precisa de la RGI. Era un 2,8% en 2022.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto este miércoles en exposición pública y durante treinta días el proyecto de conexión entre la N-I y la A-15, denominado lazo de Bazkardo. La propuesta es rechazada por la plataforma vecinal Errespetatu Andoain. Sus representantes, acompañados por más de 200 personas, han denunciado que la Diputación está “vendiendo humo” al presentar imágenes generadas por inteligencia artificial que muestran un vial cubierto y ajardinado que no cuentan con el soporte de un proyecto técnico definitivo para todo el trazado.

El proyecto del lazo de Bazkardo consiste en la construcción de un viaducto de aproximadamente 600 metros de longitud que sobrevolará la N-I y el río Oria. Esta infraestructura contará con dos carriles que partirán desde la salida del túnel de Atorrasagasti, en la A-15, para confluir con la carretera principal en dirección hacia Tolosa. El objetivo de la Diputación es aumentar la cantidad de carriles, actualmente uno solo, lo que genera retenciones diarias en ese punto crítico.

La ejecución de esta obra tiene un presupuesto estimado de 57 millones de euros y un plazo de construcción de año y medio. Según las previsiones del Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, la licitación se realizará a finales de este año o principios del próximo, lo que permitirá que los trabajos comiencen en los primeros meses de 2027. El enlace completo estaría operativo, según el cronograma foral, durante el primer semestre de 2029.

Como medida complementaria, la Diputación proyecta una cubrición parcial o total de la N-I a su paso por el barrio de Mimendi para reducir la contaminación acústica. Esta actuación contempla tapar aproximadamente 240 metros de la carretera, lo que mitigaría el impacto del tráfico en las viviendas situadas a escasos 15 metros del asfalto. En este espacio se plantea una urbanización para que quede disponible al uso y disfrute del vecindario.

La plataforma Errespetatu Andoain ha sostenido que este proyecto es solo un “parche” que no soluciona el problema de fondo del municipio. Andoni Etxezarreta, miembro de la plataforma, ha señalado que por este tramo de tres kilómetros circulan 70.000 vehículos diarios -uno cada menos de dos segundos-, entre otras cosas porque forma parte de las rutas europeas E80 (Lisboa/Irán) y E5 (Algeciras/Reino Unido). “Hablamos de un problema de tráfico europeo que necesita una solución acorde a esa escala”, ha afirmado el portavoz, quien subraya que el lazo solo actúa sobre un punto concreto de la traza.

Con respecto a la cubrición, los vecinos han denunciado que la infraestructura no solucionaría el impacto ambiental y acústico que tiene la carretera sobre el municipio, empresas y centros educativos. Las portavoces de la plataforma han compartido que los niveles de ruido en la ikastola Aita Larramendi siguen superando los límites legales permitidos actualmente, a pesar de que ahora cuentan con la presencia de pantallas acústicas. Errespetatu Andoain considera que la propuesta foral prioriza la fluidez del tráfico externo sobre la calidad de vida de los residentes que viven a escasos metros de la vía.

Como alternativa técnica, la plataforma defiende la ejecución de una variante externa similar a la realizada en el eje Astigarraga-Andoain. Su propuesta se basa en un proyecto diseñado en 2011, actualizado por la empresa Sestra en 2024 para cumplir las normativas actuales, que mantiene la carretera fuera de los núcleos urbanos. Etxezarreta ha asegurado que este plan es “ejecutable” y que los argumentos ambientales esgrimidos anteriormente por la Diputación para descartar la variante no son reales.

Errespetatu Andoain presentó una moción el 30 de octubre de 2025 ante el Ayuntamiento con el lema ‘Lazoa ez’ ('El lazo no'). Con el apoyo de EH Bildu, PSE-EE y Podemos, la moción fue aprobada por el consistorio; mientras, el PNV, partido político encargado del departamento responsable de la obra, se mostró contrario. Ahora, con la exposición pública de la Diputación en marcha, el tiempo en el que se pueden presentar alegaciones, la plataforma le ha exigido al Ayuntamiento que exprese ese rechazo frente a la Diputación. Incluso, Etxezarreta le ha comentado a este periódico que, esa misma mañana, el alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, “se ha posicionado” durante unas declaraciones.

El proyecto completo de la Diputación contempla una inversión total de 150 millones de euros para actuar en tres kilómetros y medio de la N-I. Más allá del lazo, el plan incluye la cubrición frente al barrio de Mimendi, un nuevo vial paralelo junto a la empresa Sapa y remodelaciones en los accesos de Txistoki y Sorabilla. Estas actuaciones complementarias buscan reducir el ruido y mejorar los movimientos internos del municipio.

Sin embargo, la plataforma ha criticado que, mientras el lazo ya está redactado, el resto de las mejoras son todavía intenciones sin presupuesto ni proyecto técnico definido. Han denunciado que la cubrición de 240 metros en Mimendi es insuficiente para los tres kilómetros de impacto total. Junto a ello, han afirmado que las soluciones presentadas son solo “imágenes de inteligencia artificial” destinadas a calmar la opinión pública en vísperas de plazos administrativos, mas sin un trabajo técnico por detrás.

Un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por otros vehículos policiales y con la vigilancia aérea de un helicóptero, y que ha tenido que realizar varios viajes ha permitido vaciar este miércoles la cárcel de Martutene e ir llenando la nueva de Zubieta, ambas en Donostia. El viejo penal, de 1948, será derribado para levantar viviendas.

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado a Efe que algunos reclusos ya fueron conducidos este martes a las nuevas instalaciones, aunque la mayoría ha sido movida este miércoles. En total, se prevé que serán 230 los presos trasladados por la Policía, mientras que 40 ó 50 personas, en situación de tercer grado, acudirán por sus propios medios al nuevo centro penitenciario.

El Parlamento Vasco ha completado, en sesión vespertina, el debate monográfico sobre “seguridad vital”, un cajón de sastre para debatir sobre vivienda, economía y otros asuntos que casi ha parecido un pleno de política general adelantado, aunque no sea septiembre. A su término, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado 29 resoluciones genéricas que “instan” al Ejecutivo a “seguir” o “continuar” con planes ya anunciados, desde la reforma legislativa sobre vivienda hasta la implantación del nuevo sistema de tarifas del transporte público en función del uso y de la renta. La “seguridad vital” ha acabado derivando en una interpretación más clásica de la seguridad y han sido aprobadas incluso iniciativas de apoyo a la labor de la Ertzaintza. ¿Y de la oposición? De 183 propuestas solamente han prosperado siete.

EH Bildu había promovido el debate. Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado para enumerar sus exigencias al Gobierno central, como la rebaja de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes o del IVA de la carne y del pescado. El jefe de la oposición, Pello Otxandiano, se ha quejado de que se mire a Madrid y no se hagan los deberes en Vitoria.

Por la tarde, la 'número dos' de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asumido que poca gente estaría pendiente del resultado del debate mientras presentaba sus propuestas más allá de que los oradores hayan intentado aligerarlo con continuas referencias a Miguel Ríos y otros cantantes. La coalición ha planteado 16 resoluciones. PNV y PSE-EE no han aceptado ninguna de ellas, aunque en el receso de la comida han mantenido algunas conversaciones. En realidad, el Ejecutivo no ha aceptado casi nada de la oposición. El PP había registrado 108 resoluciones y solamente ha visto prosperar dos. De Sumar han decaído las 53 de 58 y de Vox 17.

¿Qué se ha aprobado? La primera resolución mira al 1 de enero de 2027, momento de asunción de las competencias de las prestaciones de paro, las políticas pasivas de empleo. Se ha planteado un “refuerzo” de Lanbide para una gestión más “eficaz”. Y también ha habido una mención a la importancia del diálogo social, en el que no participa la mayoría sindical. En materia de Vivienda, los acuerdos son, en esencia, las medidas ya conocidas: mantenimiento de la calificación de las viviendas protegidas en las zonas tensionadas, reforma legal para evitar el fraude en las compraventas de viviendas de precio tasado, creación del “fondo social de vivienda” para “movilizar 2.000 millones” y levantar “10.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años” y “ayudas a los pequeños propietarios de viviendas de zonas tensionadas que pongan en arrendamiento con rentas que respeten los precios” de referencia.

PNV y PSE-EE han acordado, igualmente, que el Instituto Vasco de Finanzas continúe con sus programas de apoyo a las empresas o que el área de Movilidad invierta en infraestructuras ferroviarias o siga trabajando en el plan de establecer un sistema de descuentos “progresivos” en el transporte público en función de la frecuencia de uso y el nivel de renta. Es algo de lo que ya hablaba el consejero Iñaki Arriola, que dejó el cargo en 2024. O la gratuidad de las Haurreskolak, también refrendada por la Cámara. Se ha instado también a que se apruebe la nueva ley de Justicia restaurativa, adelantada por este periódico en mayo. Entre el paquete aprobado, hay también iniciativas sobre Osakidetza, para “valorar” algunas decisiones tomadas por el consejero Alberto Martínez.

Significativamente, no se han aprobado los 36 puntos que Pradales le ha pedido a Sánchez. Sí ha salido adelante un texto genérico para pedirle al “Gobierno del Estado” a que adopte “medidas integrales orientadas a proteger a las familias, reforzar la competitividad del tejido productivo, apoyar a los sectores más afectados por el encarecimiento de costes y avanzar en la transición energética, mediante actuaciones fiscales, ayudas directas, inversiones estratégicas y mecanismos de apoyo que contribuyan a contener el impacto de la crisis, garantzar la viabilidad de empresas y explotaciones, y preservar la actividad económica y el empleo en Euskadi”.

“Siendo honestos, las propuestas de resolución son nuestras acciones”, ha reconocido el representante socialista Ekain Rico, asumiendo que no son nuevas. Pero ha puntualizado que eso es lo que las hace valiosas. Ha añadido que tienen “gestión, recursos y coherencia” detrás. “No venimos a improvisar un catálogo de buenas intenciones”, le ha reprochado a la oposición. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha añadido con ironía que no le parece lo más razonable ir a Londres a defender políticas sociales de vivienda, en referencia a sus elevados precios y a que fue la ciudad elegida por Otxandiano para su viaje de esta semana.

Kortajarena, en un segundo turno, ha asegurado que ya tienen experiencia en ver “ridiculizadas” las propuestas que lanzan en debates monográficos aunque luego, con el tiempo, reaparecen como planes “estrella” del Gobierno. Ha puesto como ejemplo los descuentos en el transporte. “Vamos a seguir trayendo medidas”, ha garantizando. Desde Sumar, Jon Hernández, también había dicho que se “caricaturizan” las “propuestas alternativas”, aunque su grupo ha sido al que más ha aceptado el Gobierno.

Apoyo a la Ertzaintza

¿Qué se le ha aceptado a la oposición? Las cinco iniciativas de Sumar apoyadas por PNV y PSE-EE versan sobre que “la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de guerra”, que “la Unión Europea debe desempeñar un papel activo” y, sobre todo, que es necesario “reforzar las políticas públicas de lucha contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación étnico-racial, incorporando una perspectiva estructural, preventiva y reparadora, así como mecanismos específicos de protección frente a los discursos de odio, la desinformación y la violencia política contra personas migrantes, racializadas y refugiadas”.

Asimismo, han sido aprobadas dos resoluciones del PP. Ambas guardan relación con el apoyo a la Ertzaintza. “El Parlamento Vasco muestra su apoyo y reconocimiento público a la Ertzaintza, como cuerpo policial autonómico propio de Euskadi, y a las mujeres y hombres que la forman por su profesionalidad y vocación de servicio desde su creación” y “el Parlamento Vasco condena la campaña de hostigamiento y las amenazas permanentes a la Ertzaintza y sus miembros”.

EH Bildu, sin que nada de lo suyo se haya aprobado, sí ha votado a favor de cuatro de las propuestas del Gobierno. Son en concreto, el blindaje de la protección de las viviendas en zonas tensionadas, la “colaboración público-privada” para que por cada euro invertido por el Instituto Vasco de Finanzas se movilicen tres, el impulso del “modelo vasco de acogida e integación” de migrantes que, entre otras cosas, incluye el “aprendizaje lingüístico” y menciona la “convivencia intercultural” y un punto que pone en valor que Euskadi sea “referente” en tratamiento del cáncer. Curiosamente, en esta resolución se ha mencionado Euskadi como “región” en la versión en castellano y como “herrialde” en la de euskera.

Entre lo no aprobado estaba el SMI de 1.500 euros de EH Bildu, la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el nivel C2, el máximo del marco europeo, lanzada por Sumar o que la Ertzaintza pueda portar pistolas de descargas eléctricas (taser), según requería el PP. Vox ha usado este debate, una vez más, para cuestionar los derechos de los extranjeros. La tercera de sus medidas era la “prioridad nacional” en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

Un centenar de artistas y grupos vascos han suscrito un manifiesto del colectivo Denok Gara Kultura en el que exigen transparencia y equidad en el reparto del dinero público. Entre los firmantes se encuentran Fermín Muguruza, Izaro, Itziar Ituño (Ingot), Betagarri, Olatz Salvador, Soziedad Alkoholika, Mikel Markez, Kaotiko, Marte Lasarte, Merina Gris y Lisabö.

En su manifiesto, el colectivo expresa su intención de pronunciarse sobre el debate abierto por diferentes agentes de la cultura vasca como el colectivo Aurka o Fermín Muguruza recientemente, sobre la necesidad de transparencia e igualdad de oportunidades en la asignación de dinero público por parte de instituciones públicas a proyectos musicales, las artistas, grupos, y diversos agentes relacionados con la cultura, según recoge Europa Press.

Muguruza criticó recienteme, al recoger el Premio Etxepare Euskal Institutua Musika Saria, el reparto de ayudas a la música en euskera del Gobierno vasco, aludiendo directamente a los 300.000 euros que el Ejecutivo autonómico ha concedido al grupo En Tol Sarmiento (ETS) por sus conciertos en Barcelona y Madrid. Según recordó, las ayudas para giras musicales pueden ser de un máximo de 5.000, 10.000 o 15.000 euros, teniendo en cuenta la distancia de la gira y el número de actuaciones. El año pasado, con un presupuesto de 175.000 euros, 47 proyectos recibieron esta ayuda. “Yo fui uno de los beneficiarios, recibiendo 12.500 euros”, relató, para contrastar los 75.000 euros para 47 grupos con los 300.000 euros para un solo grupo.

“Como se ha dicho ya, creemos que los recursos públicos destinados a la cultura deben gestionarse con transparencia, criterios públicos y mecanismos accesibles para el conjunto del tejido cultural”, afirman, por su parte, los fimantes del manifiesto. Por ello, rechazan la concesión de dinero público mediante procedimientos de “dudosa claridad, que distan mucho de garantizar la igualdad de oportunidades para todes”, al tiempo que señalan “con preocupación” el modelo cultural que se está impulsando a través de estas decisiones.

El Parlamento Vasco ha vivido este miércoles un pleno de debate de política general adelantado. Se suele celebrar en septiembre, y es el lehendakari el que lo abre, pero EH Bildu lo ha trasladado a junio al convertir el pleno monográfico que se ha celebrado a instancias de la coalición abertzale en un repaso de las carencias las políticas públicas vascas. El portavoz de EH Bildu y líder de la oposición, Pello Otxandiano, que ha abierto el debate, ha pedido un cambio en las políticas públicas vascas para afrontar los tiempos de incertidumbre y garantizar los servicios públicos con cambios de actuaciones rápidas en políticas desde la vivienda, el empleo o los cuidados para garantizar la “seguridad vital de los vascos”. El debate posterior ha servido para realizar un cuerpo a cuerpo entre el portavoz del principal partido de la oposición con el lehendakari, que ha aprovechado su intervención para hacer un balance positivo del ecuador de la legislatura del Gobierno de PNV y PSE-EE y para anunciar que ha remitido al presidente, Pedro Sánchez, un escrito pidiendo medidas para “proteger el bolsillo de las familias”, entre ellas la reducción de hasta 30 céntimos por litro en carburantes para “todos” los vehículos o la reducción del IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido, del 10% al 4%. Estas peticiones dirigidas al Gobierno de España han sido en cierto sentido las propuestas más concretas de todo el pleno en el que ha predominado las propuestas abiertas para mejorar la vida de los ciudadanos más que las medidas específicas.

En concreto, la propuesta que ha remitido el lehendakari a Sánchez el pasado lunes, y que espera que esté contenida en un nuevo decreto anticrisis, bajo el título 'Respuesta a Ormúz', integra 36 medidas “para proteger el bolsillo de las familias y favorecer la economía productiva, la industria y el primer sector”. Además del ahorro en los carburantes para todos los vehículos y la bajada del IVA a la carne y el pescado, la propuesta incluye recuperar la bajada del IVA de la electricidad y el gas natural, bono de calefacción para las personas jubiladas y vulnerables de cara al invierno, la prórroga de la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo profesional y 35 céntimos al gasóleo pesquero, y un plan renove con neutralidad tecnológica -es decir, sin penalizar los motores de combustión- para sustituir vehículos antiguos por nuevos que consumen menos y generan menos emisiones, además de ayudas para la modernización de flotas de camiones, furgonetas o autobuses, más eficientes, neutrales tecnológicamente y menos contaminantes. En ETB, Pradales ya manifestó que había hablado con Sánchez en los últimos días sobre estas cuestiones.

Por otra parte, para el apoyo a la industria electrointensiva, el documento remitido a Madrid insiste en garantizar inversiones para ampliar la capacidad de la red eléctrica, la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la rebaja del 80% en el coste de transporte y distribución eléctrica. De cara a las ayudas a los baserritarras, agricultores, viticultores y arrantzales, pide la eliminación del importe mínimo de 100 euros en la ayuda al gasto en fertilizantes, el aplazamiento extraordinario de seis meses en cuotas a la Seguridad Social, la activación de la reserva agrícola de la PAC, dotada con al menos 450 millones de euros anuales“. ”Todas estas medidas supondrán un alivio para las familias vascas y para la economía productiva. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado un decreto anticrisis por la guerra de Irán. Espero que estas medidas que les he explicado se incorporen al mismo“, ha señalado.

Respecto a esto, ya en el turno de réplica, Otxandiano ha pedido que se ponga sobre la mesa lo que se puede hacer desde Euskadi, no lo que se pide “en una lista” al Gobierno de España, que luego se decide en Madrid si se hace o no. “Tenemos que pensar en lo que está en nuestra mano. Quizás no podemos influir en los precios de combustible, es difícil influir en el precio de los alimentos y entonces lo que tenemos que pensar es que podemos hacer desde aquí, sin esperar a otros”, ha insistido. Otxandiano en su intervención ha realizado un repaso crítico de la situación de los servicios públicos y ha instado a los grupos a afrontar su sostenibilidad “esta misma legislatura, antes de que sea demasiado tarde”. “El verdadero riesgo para nuestro modelo de bienestar no es una crisis puntual. Es el cortoplacismo. Es seguir actuando como si las transformaciones demográficas no estuvieran ya aquí. Es seguir aplazando decisiones que sabemos inevitables”, ha señalado. Tras apuntar que la situación demográfica lleva una sociedad cada vez más envejecida, ha advertido de que para “mantener los estándares de calidad” se necesitarán más recursos públicos: “Necesitaremos más atención sanitaria, más atención a la dependencia, más servicios sociales”.

Pradales ha reconocido que se viven “tiempos de incertidumbre”, pero ha criticado que se prometan “imposibles o engañar a la gente”. “No vamos a hipotecar el futuro de quienes están por llegar”, ha dicho, asegurando que “no es posible garantizar todo desde lo público”. En este sentido, ha mostrado su preocupación cuando se habla de “de capacidades de país, de contrato social, para luego dejar toda la responsabilidad exclusivamente sobre las políticas públicas”. “Como lehendakari, lo digo con toda claridad: lo público ni lo soluciona todo, ni puede o debe dirigirlo todo. No creo en un modelo de gobierno que sustituya, tutele o coarte la iniciativa personal o colectiva. No creo en trasladar toda la responsabilidad siempre a las arcas públicas. No creo en 'abrir el grifo' de manera ilimitada”, ha señalado en respuesta a Otxandiano.

El portavoz de EH Bildu ha pedido “la modernización de la administración pública”. “Necesitamos una administración más ágil más simple. Más eficiente más innovadora con mayor capacidad tecnológica, con menos burocracia y necesaria con mejor coordinación entre instituciones y con una evaluación permanente de las políticas públicas. Cada euro público debe generar el máximo valor social posible”, ha señalado pidiendo más “eficiencia pública”. Ha apostado en segundo lugar por una “fiscalidad suficiente y progresiva”. “La sostenibilidad del Estado del Bienestar exige ingresos suficientes y exige distribuir justamente el esfuerzo contributivo. Porque quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida al sostenimiento de aquello que beneficia al conjunto de la sociedad”, ha dicho. Además, ha instado a “revisar algunas políticas públicas” porque “no todas generan el mismo valor social ni todas las inversiones tienen el mismo retorno”. Y ha puesto como ejemplo la política de vivienda: “Gastamos mucho más en prestaciones y subvenciones que en promoción de vivienda. El resultado es que el gasto crece al igual que lo hace la lista de Etxebide. No funciona, es insostenible. Por lo tanto, hay que cambiar”.

Precisamente en materia de vivienda, ha señalado que “ya no es únicamente un problema habitacional se ha convertido en un problema de seguridad vital”. “Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de desincentivar todas aquellas dinámicas especulativas que dificultan el acceso a la vivienda y expulsan a amplias capas de la población del mercado residencial”, ha lanzado. En este sentido, ha apostado por “avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario” para lo que ha instado a “la construcción de un gran parque público de vivienda” entendido como una “auténtica infraestructura social estratégica”. “Porque una infraestructura estratégica no es únicamente una carretera, no es únicamente una red eléctrica, no es únicamente una infraestructura tecnológica, también lo es aquello que permite sostener la vida de las personas”, ha dicho.

Se ha referido también al tema de los cuidados, que ha considerado que “en lugar de ser un derecho, se está convirtiendo en una cuestión en función de la capacidad económica de cada familia. Esto no es justo y no es socialmente sostenible”. Además, ha considerado que el número de plazas públicas para el sector no es suficiente, y ha criticado los niveles de privatización son muy altos , con precarias, condiciones laborales. “Tenemos un problema en torno al cuidado, tenemos un problema como sociedad y no podemos posponerlo más”. En lo que se refiere al empleo, ha criticado que se hable del empleo abriendo un debate como una dicotomía entre la competitividad y entre los derechos, “parece que tenemos que elegir entre ellos entre la productividad y el sueldo, entre la innovación y la protección laboral, entre empresas fuertes y empleo de calidad” y ha abogado porque se priorice la “competitividad basada en la calidad del empleo”. 

El lehendakari ha puesto en valor que PNV y PSE-EE están ejecutando de “forma responsable y seria” su programa de Gobierno y que “en el ecuador de la legislatura, se han activado el 82% de los compromisos e iniciativas”. Ha destacado que hay 2.160 profesionales más en Osakidetza, y que se han estabilizado a 7.000 profesionales y convocado una OPE con 5.425 nuevas plazas, que se han destinado 1.600 millones de inversión para mejorar hospitales, centros de salud y equipamientos y 750 millones para transformar los colegios y para la contratación de 700 nuevos profesionales. También se ha congratulado de que la Ertzaintza tiene ya un acuerdo regulador para cuatro años o de las mejoras en el transporte público. “En definitiva, mejores servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas”, ha zanjado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a una multa de 300 euros por un delito leve de lasiones, tras agredir el 12 de abril de 2025 en Leioa (Bizkaia) a dos compañeros de piso, a uno con una maza y una barra de uña de metal y al otro con aceite hirviendo de una sartén. El tribunal cree probada la intención del acusado de acabar con la vida de ambos y no ve “atisbo de credibilidad” en el testimonio del acusado cuando aseguró que su “otro yo” le dijo que acabara con ellos.

Según se recoge la sentencia en los hechos declarados probados, las agresiones se produjeron sobre las 9:30 horas del 12 de abril de 2025, cuando el acusado entró en la habitación de uno de sus compañeros de piso, y comenzó a golpearle con una maza de obra en la cabeza y después con una barra de uña de metal en la zona abdominal, según recoge Europa Press. También arrojó aceite de una sartén hirviendo sobre la cara y el cuello de otro compañero de piso por llamar a la Policía, al ver lo que estaba sucediendo.

El tribunal considera acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a 8 años de prisión y otro leve de lesiones a una multa de 300 euros, al estimar “acreditados” estos hechos en base a la prueba practicada en el juicio oral. Entre el acervo probatorio de cargo existente, ha destacado las declaraciones de las dos víctimas, en las que no se aprecia la existencia de “móviles de venganza, resentimiento o interés para perjudicar” al encausado. Además, esos testimonios han estado acompañados de datos de “corroboración externa”, entre ellos el relato de varios testigos presentes en el piso en el momento de los hechos que “coincidieron de forma casi absoluta” con lo narrado por las víctimas, y la declaración del primer agente de la Ertzaintza que accedió a la vivienda.

“El otro yo”

Frente a ello, la Audiencia de Bizkaia recuerda que la versión ofrecida por el acusado en la vista oral carece de “toda coherencia y base lógica presentando una rotunda orfandad de cualquier atisbo de credibilidad”. El procesado afirmó en el juicio que no se acuerda de lo sucedido ese día, que oía voces y que fue su “otro yo” el que le dijo que acabara con ellos, al tiempo que relató que en esa época consumía drogas. El tribunal rechaza la apreciación de la circunstancia de exención de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica aducida por la defensa y también las atenuantes por los mismos padecimientos, ya que los forenses que le examinaron entonces no objetivaron ninguna patología psiquiátrica aguda grave.

Además, el mismo día de los hechos se le tomaron muestras de orina y no se detectó ni alcohol ni otras sustancias como opiáceos, cocaína o cannabis. La sentencia destaca que en Osakidetza no constaban antecedentes psiquiátricos ni seguimientos por consumo/abuso de tóxicos previos a ese 12 de abril de 2025. De ello, tal como subraya el órgano judicial, “se obtiene la conclusión medicolegal de que no se puede acreditar que en el momento de los hechos el encausado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y/o volitivas”. Existencia de “dolo directo de matar”.

Por contra, considera probada la existencia de “dolo directo de matar” en la acción del acusado, ya que entró en la habitación de su compañero de piso, cuando este se encontraba vistiéndose y calzándose, portando instrumentos peligrosos (maza de obra y barra de metal), siendo conocedor de su potencialidad lesiva, y decidió hacer uso de estos golpeando a su víctima en zonas vitales, como la cabeza y la zona abdominal, mientras profería expresiones de 'te voy a matar'.

De hecho, esta víctima sufrió una fractura de bóveda craneal, así como múltiples fracturas costales y un derrame pleural “de letales consecuencias si no hubiera recibido tratamiento quirúrgico inmediato”. La otra víctima sufrió por su parte quemaduras de segundo grado superficial generalizadas en el rostro y de primer grado en el cuello. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que el acusado indemnice a sus víctimas con 6.000 y 1.500 euros, respectivamente, y le impone sendas medidas de prohibición de comunicación y aproximación a estas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este miércoles la salida de Karmele Tubilla como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao en representación del Gobierno vasco. Tubilla dimitió hace ya cuatro meses como alcaldesa de Santurtzi, uno de los municipios de la zona portuaria, por el caso de las oposiciones de la Policía Local. El PNV eligió como nueva regidora a Itziar Carrocera, que es precisamente quien pasa a ocupar ese asiento en el órgano rector de la infraestructura.

El decreto fue firmado por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el consejero Mikel Jauregi, el pasado 2 de junio; y el texto indica que “surtirá efectos” desde la “notificación” al presidente de la autoridad portuaria, Iván Jiménez. En la página web del organismo, ahora mismo, sigue figurando Tubilla como uno de los representantes del Gobierno vasco.

Fue en febrero cuando se conoció la marcha de Tubilla. Alegó “razones personales, familiares y políticas”. Añadió, en un comunicado, que estaba siendo “utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen” del PNV. Sin nombrar directamente el caso de la presunta filtración de las preguntas de la OPE policial dentro de su Gobierno, era evidente que era el asunto que estaba en el trasfondo.

Aunque los puertos de “interés general”, en Euskadi los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, las instituciones vascas participan desde hace años en su consejo. En el caso del primero, el presidente Iván Jiménez fue nombrado directamente por el Gobierno vasco, el vicepresidente es el director de Puertos, Koldo Goitia, y entre los vocales está también el viceconsejero Miguel Ángel Páez. Incluso aparece el vicelehendakari, Mikel Torres, aunque en su caso ocupando uno de los asientos del Estado. Igualmente, hay una vocalía elegida directamente por la Diputación de Bizkaia, la que antes ocupaba el propio Pradales antes de ser lehendakari.

El lehendakari, Imanol Pradales, preguntado por las investigaciones de corrupción en torno a excargos del PSOE, con el que gobierna en Euskadi, ha asegurado que “hay cuestiones que tienen una pinta horrorosa”. Ha añadido que se refería a “[José Luis] Zapatero, [Santos] Cerdán, Leire [Díez], [José Luis] Ábalos y Koldo [García]”. “No es normal que haya un Gobierno rodeado de esa casuística”, ha dicho también. “Esto sitúa al presidente [Pedro] Sánchez en una posición muy delicada, complicada y crítica [...]. El riesgo de una descomposición descontrolada y caótica es enorme”, ha señalado. A la vez, preguntado por si cree que en España hay 'lawfare', ha opinado que el poder judicial tiene menos “contrapesos” que el legislativo y el ejecutivo.

Pradales ha concedido, con motivo del segundo aniversario de su llegada al cargo, una doble entrevista a ETB. La primera ha sido en euskera y la segunda en castellano. En ambas, eso sí, ha pedido a Sánchez que si va a dar continuidad a la legislatura y no va a convocar elecciones, como ha anunciado, tiene que darle “sentido” a su mandato. “El gobierno tiene que gobernar”, ha insistido, urgiéndole a que resuelva la huelga de médicos, la crisis de la vivienda o los efectos económicos de las crisis internacionales.

Además, le ha recordado que tiene compromisos pendientes con Euskadi. Se refería a la transferencia de la gestión de la Seguridad Social y de las elecciones municipales y a otras materias como la oficialidad del euskera en Europa. Ha confiado en que se celebre, como se prometió, una reunión bilateral “antes de que llegue agosto” para cerrar esa “carpeta” pendiente “desde 1979”. Eso sí, ha dicho que esta misma semana han mantenido una conversación para tratar temas de política económica e internacional.

Igualmente, Pradales se ha referido al reto de la migración y ha recuperado su idea de que los extranjeros han de entender que tienen derechos pero también “deberes”, como manifestó en su discurso de Navidad. Ha manifestado que los migrantes han de “entender al país que van” y “comprender su identidad, ser permeables a las costumbres, lengua y valores”. Ha querido subrayar que Euskadi es una tierra “de acogida” pero ha puntualizado: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. Al inicio de la entrevista en castellano, no ha aclarado si se siente de derechas o de izquierdas y ha indicado que su Gobierno busca ocupar la centralidad de la política vasca, con una apuesta por el desarrollo económico y por reducir las desigualdades sociales.

El Gobierno vasco, al menos la parte del PNV, apoya las medidas fiscales presentadas por la Diputación Bizkaia para atraer talento e inversiones, pese a que se han lanzado a iniciativa sólo del PNV, es decir, sin consensuarse con su socio socialista, ni se han armonizado previamente con Gipuzkoa y Álava. Aunque desde el PSE-EE el secretario general del partido en Bizkaia, Mikel Torres, criticó que la diputada general Elixabete Etxanobe presentara el anteproyecto de norma el pasado viernes sin consenso con los socialistas y rompiendo la armonización fiscal entre los tres territorios, la portavoz del Ejecutivo vasco, del que Torres es vicelehendakari, ha cerrado filas ante las medidas de Bizkaia y ha considerado que se trata de un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que tenemos dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha señalado.

Preguntada tras el Consejo de Gobierno por la cuestión y por las discrepancias entre PNV y PSE-EE ante el asunto, la portavoz María Ubarretxena ha señalado que no es un tema que se haya abordado en la reunión del Ejecutivo, pero, en cualquier caso, ha señalado que las medidas de Bizkaia cuentan con el aval del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). En este sentido, ha señalado que viernes mismo a primera hora de la mañana, es decir, poco antes de que Etxanobe hiciera público el anteproyecto a la prensa, se celebró una reunión en la que se analizó el anteproyecto de norma foral de medidas tributarias de Bizkaia para 2026 “y fue informado favorablemente por unanimidad de todas las instituciones”.

Ha indicado la portavoz que las cuatro instituciones vascas -las tres diputaciones y el Gobierno vasco- “comparten la necesidad de utilizar las capacidades que nos reconoce el Concierto Económico para abordar las necesidades de Euskadi”. En este sentido, las medidas anunciadas continúan en la senda de apoyo al tejido productivo y a la creación de empleo de calidad y abordan cuestiones relevantes en relación con los recursos humanos en un contexto de transición demográfica que es uno de los retos principales que estamos abordando entre todos“, ha apuntado.

Ubarretxena ha insistido en que para el Gobierno vasco es un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que hay dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha insistido, en línea con lo que se ha manifestado desde Álava y Gipuzkoa, que prepararán sus propias medidas en la misma línea de atraer talento e inversión. “Las medidas que se barajan no desbordan los márgenes de la armonización”, ha dicho, para recordar que “cada territorio tiene diferentes ritmos porque existen plazos diferentes de tramitación de sus proyectos”.

Este martes la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha presentado en Madrid la fiscalidad de Bizkaia y las nuevas medidas que quiere aprobar este mismo año como elemento de atracción de talento e inversión, en un acto en el que ha estado acompañada de alrededor de 200 representantes de empresas y entidades financieras, y en el que han tomado parte representantes empresariales de compañías como Petronor o Iberdrola, con sede social en Bizkaia, que han puesto en valor la fiscalidad vizcaína. También ha elogiado las medidas fiscales de Bizkaia el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha considerado que la fiscalidad vizcaína “deberían servir de ejemplo para otros territorios”. “Compartimos esa visión de la Diputación de invertir en fiscalidad para facilitar que la iniciativa privada haga avanzar la economía, haga avanzar la competitividad, a través del talento”, ha apuntado el máximo representante de la patronal.

En su intervención, la diputada general ha señalado que desde las instituciones vizcaínas se aporta “estabilidad, seguridad jurídica y un marco fiscal que alinea las oportunidades de crecimiento de la empresa con las necesidades de la sociedad”. No obstante, ha puntualizado para “no llevar a engaño”, que el modelo tributario de Bizkaia “no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos”, sino incentivar a las empresas “que sean proactivas en el avance común”. “En Bizkaia las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores; que garantizan la calidad en el empleo; que son más verdes; que lideran la transición energética; las que demuestran un compromiso de arraigo… compiten con ventaja. Pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos. En Bizkaia los profesionales con talento, cualificados, que aportan valor a la empresa, tienen, y van a tener aún más, apoyo fiscal!, ha señalado. ”Bizkaia no solo es un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro“, ha indicado.

La jornada ha contado con una mesa redonda, moderada por Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica, bajo el título 'Cómo crecer desde el talento, la innovación y la digitalización', que ha analizado el papel que desempeñan estos tres factores como motores de competitividad y crecimiento económico, en la que han participado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa. En el debate se ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y grandes empresas para acelerar la transformación tecnológica, impulsar la innovación abierta, fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar a Bizkaia como un territorio atractivo para desarrollar nuevos proyectos industriales y tecnológicos y el ecosistema de innovación y emprendimiento de Bizkaia, articulado en torno a proyectos como el Centro Internacional de Emprendimiento BAT-B Accelerator Tower, el Energy Intelligence Center (EIC), el Automotive Intelligence Center (AIC), el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA), la estrategia cuántica dirigida a la industria Biqain o el Global Smart Grids Innovation Hub.

En la segunda mesa redonda, moderada por Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda y Finanzas, y con la participación del country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, el debate se ha centrado en la fiscalidad vizcaína como una “herramienta estratégica” al servicio de la economía productiva. Se ha subrayado que el Concierto Económico permite diseñar políticas fiscales “adaptadas a las necesidades” del tejido empresarial, “favoreciendo la inversión, la innovación y la creación de empleo de calidad” y se han repasado algunas de las principales ventajas fiscales del territorio para impulsar la transición verde y la innovación, entre ellas las deducciones de hasta el 75% para actividades de I+D+i, la deducción del 35% para inversiones en proyectos de desarrollo sostenible, energías renovables, hidrógeno verde o economía circular, así como instrumentos innovadores de monetización del crédito fiscal que permiten a empresas tractoras financiar proyectos de terceros y generar nuevas cadenas de valor vinculadas a la innovación y la descarbonización.

Además, se han presentado las principales novedades de la futura Norma Foral de Medidas Tributarias para 2026, que busca “reforzar el atractivo de Bizkaia para el talento y la inversión”. Entre ellas, se encuentran el incremento hasta el 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales (porcentaje que se elevará al 60% para menores de 36 años), nuevas deducciones por movilidad geográfica para facilitar la llegada de profesionales cualificados, de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años. Así como medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros, entre otras cuestiones.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

Las calles de Irún volvieron a ser escenario de una concurrida protesta en defensa de la Sanidad pública este fin de semana. Bajo el lema 'Aski da' ('Basta ya'), la plataforma Osasun Bidasoa movilizó a más de 3.000 personas para denunciar lo que considera un deterioro progresivo de la atención sanitaria en la comarca, que engloba a Hondarribia e incluso a zonas de Navarra. Entre sus principales demandas figuran la reapertura de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa y el refuerzo de la atención primaria.

La plataforma denuncia que lo que vive la comarca no son problemas aislados, sino un “efecto dominó” devastador. El cierre de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa es la medida más reciente, aunque supera ya el año de vigencia. Manel Ferran, portavoz de Osasun Bidasoa y médico jubilado, explica a este medio que la consecuencia ha sido el aumento de la saturación laboral en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Ahora, los trabajadores afrontan esta realidad con una “angustia constante”, debido a que se está obligando a “profesionales no especializados en pediatría a asumir parte de la atención”.

Anteriormente, el hospital contaba con un pediatra, pero Osakidetza decidió desistir del puesto. Ferran explica que la justificación se centra en que “no hay partos en la zona”. Sin embargo, el portavoz ve “falta de lógica” debido a que siempre ha habido un pediatra durante los últimos 36 años. Además, Mariaje Alfonso, igualmente portavoz de la plataforma y enfermera jubilada, recuerda una obra en 2020 para mejorar las Urgencias pediátricas. N o comprende cómo la administración gastó “ese dineral” y luego “desmontó” el servicio alegando una falta de partos que ya existía desde hace décadas.

La demanda de emergencias pediátricas no solo se ha trasladado al PAC de Irún. Entendiendo que solo pueden atender casos de leve y media urgencia, el hospital de Donostia es el nuevo de referencia. Alfonso ve saturación del servicio en la captial. Sin embargo, no es el único problema. Menciona la falta de aparcamiento o de conexiones de transporte público. Llevar al menor en coche es inviable para muchas familias.

Aún así, las críticas se extienden también a otras especialidades como urología y radiología. La plataforma denunció el pasado sábado la falta de profesionales y considera que esta situación repercute directamente en las listas de espera y en la calidad asistencial. Ferran habla incluso de un “maltrato” hacia algunos especialistas que habría favorecido su marcha a otras comarcas. Como consecuencia, denuncia, “dos médicos tienen que hacer el trabajo de cuatro”. A ello se suma las dificultades que, según el colectivo, atraviesa la atención a la salud mental por la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

Osasun Bidasoa alerta igualmente sobre el aumento de las derivaciones a centros privados. Sus portavoces consideran que cada vez más intervenciones y consultas son asumidas por la Sanidad concertada. Ferran pone como ejemplo determinadas prótesis y consultas de traumatología que, según reclama, se están derivando fuera del sistema público. A su juicio, esta dinámica genera problemas posteriores de “seguimiento del paciente”. Para la plataforma, existe una estrategia encaminada a “desmantelar” progresivamente los hospitales comarcales y favorecer la actividad del sector privado.

Alfonso considera que las necesidades asistenciales de la comarca no están siendo atendidas de la misma manera que en otros puntos del territorio. “Mi dinero vale lo mismo que el de los demás, ¿por qué se me discrimina?”, cuestiona. Además, recuerda que el hospital del Bidasoa no solo presta servicio a la población de la comarca, sino también a vecinos de Bortziriak y a una población flotante vinculada a la cercanía de la frontera francesa. Se calcula que el hospital atiende a aproximadamente 100.000 personas que se “están dejando desatendidas”, incluyendo a los vecinos fronterizos.

Para revertir esta situación, la plataforma reclama cambios en la gestión sanitaria de la comarca. Tras catorce años con la misma dirección asistencial, consideran necesario un cambio de rumbo. Además de exigir la reapertura de las Urgencias pediátricas y asegurar mayor atención pública, Xabier Vázquez, integrante de Osasun Bidasoa y actual médico de emergencias, sostiene que parte de la solución es ofrecer “contratos más atractivos” a los profesionales. A su juicio, la temporalidad y la precariedad de algunos contratos dificultan la captación y permanencia de especialistas, puesto a que no se trata de una falta de profesionales para que cubran los puestos. Si se opta por la “fidelización” y la proporción de material adecuado, más especialistas mostrarán interés en trabajar en Bidasoa.

Osasun Bidasoa nació en septiembre de 2021 como respuesta al proyecto de Osakidetza de cerrar durante tres años los quirófanos del hospital del Bidasoa por unas obras de remodelación. Lo que comenzó siendo un recorrido por las asociaciones vecinales para explicar las consecuencias del traslado de la actividad quirúrgica a Donostia, terminó convirtiéndose en un movimiento que aglutinó a más de 40 entidades de la comarca. Tras lograr en abril de 2022 el descarte del cierre de los quirófanos, Osasun Bidasoa se ha consolidado como una entidad en defensa de una sanidad pública. La plataforma advierte de que retomará las movilizaciones en septiembre si no hay avances: “No pedimos la luna, reclamamos lo que ya teníamos y que nunca debimos perder”.

Decenas de alumnos, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional, o en el modelo B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, han denunciado una “oleada de suspensos y ceros” en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad. En una concentración celebrada este lunes ante la Escuela de Ingeniería de Bilbao, han exigido “soluciones” y han asegurado que confían en que se trate de “un error del corrector”, porque de no ser así han lamentado que se están “jugando su futuro”. El asunto ha motivado una reunión “de urgencia”, este martes, con el rector, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y Educación, Begoña Pedrosa.

Según alumnos y profesores de colegios como el Ayalde-Munabe de Leioa, el Colegio Vizcaya de Zamudio o en Bilbao los centros El Carmen, María Inmaculada y Nuestra Señora de la Merced, los resultados que han obtenido sus alumnos y en concreto los que se han examinado en una de las salas de la Facultad de Economía y Empresa Sarriko y cuentan con apellidos a partir de la letra I, no coinciden con las notas que han ido obteniendo a lo largo del curso. Aunque reconocen que la media de euskera en la PAU de sus alumnos no suele ser especialmente alta, coinciden en que jamás ha habido un “número tan grande de ceros”.

Por ello, se han unido para exigir una corrección extraordinaria del examen de euskera. Sin embargo, desde la EHU han destacado que “la corrección de las pruebas se realiza bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad”. “Las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia, precisamente para garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones”, han detallado.

El examen de Lengua Vasca y Literatura de este año, al igual que en años anteriores consta de una parte de escritura y otra de lectura, con preguntas para evaluar la comprensión de texto, gramática, adjetivos y la opción de escoger entre escribir un correo electrónico o un comentario de texto, por un lado y por el otro, ligar en un texto un anuncio publicitario o un bertso con un texto que aportan al alumno. Es, no obstante, la primera vez que esas preguntas para evaluar la comprensión del texto que se aporta no se pueden responder tipo test.

La EHU ha criticado que “resulta incomprensible la solicitud de una mayor transparencia en los términos planteados mientras el procedimiento permanece abierto”. “La transparencia debe ser compatible con el respeto a la confidencialidad y a las garantías jurídicas que protegen los derechos de todas las personas afectadas. La obligación de preservar la reserva de determinadas actuaciones durante la tramitación del procedimiento responde precisamente a la necesidad de asegurar que este concluya con todas las garantías, con pleno respeto a los principios de objetividad, igualdad de trato y seguridad jurídica”, ha apuntado la Universidad pública vasca, que según ha publicado en un comunicado, “reitera su compromiso con el rigor, la imparcialidad y la calidad del sistema de acceso a la universidad, así como con la defensa de un procedimiento que ofrezca las máximas garantías para todo el alumnado”.

A pesar de ello, la Universidad ha recordado que “el procedimiento de segunda corrección continúa desarrollándose con normalidad y conforme a los plazos legalmente establecidos, y que las calificaciones resultantes de este proceso se publicarán el próximo lunes”, 22 de junio.

Tras la polémica, este martes por la tarde se han reunido de urgencia los consejeros de Universidades y Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Begoña Pedrosa, con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea. Lo han hecho después de que la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, María Ubarretxena haya señalado que comprende la preocupación de las familias, pero que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU. “Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde”, ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación “para atacar al euskera”.

Sobre esta cuestión y a modo de respuesta a Ubarretxena, la Universidad ha querido aclarar que la organización de la PAU no es responsabilidad exclusiva de la EHU. La comisión organizadora está integrada por cinco representantes del Gobierno vasco y cinco de la EHU, y los tribunales evaluadores cuentan con profesorado universitario y de Educación Secundaria. “La Universidad considera importante recordar que la confianza de la ciudadanía en este proceso exige reconocer la responsabilidad compartida de las instituciones que participan en él. Presentar la organización de la PAU como una responsabilidad exclusiva de la EHU no se corresponde con la realidad de un modelo de gobernanza y gestión compartido entre el Gobierno vasco y la Universidad”, han criticado desde la EHU.

Un total de 33 excargos del Gobierno de Iñigo Urkullu, incluido el lehendakari y los consejeros Jokin Bildarratz, Olatz Garamendi, Pedro Azpiazu y Arantxa Tapia, los cinco del PNV, percibieron una indemnización tras abandonar sus funciones hace ahora dos años, en junio de 2024. Urkullu cobró 9.722,59 euros, la cantidad más alta, los consejeros 8.666,92 euros y el resto de cargos una cantidad variable en función de su rango en la Administración.

De aquel gabinete continuaron en sus funciones Bingen Zupiria, Javier Hurtado y Nerea Melgosa y no aparecen Gotzone Sagardui, con plaza en la EHU y que luego pasó a una clínica privada, Josu Erkoreka, que inmediatamente fue recolocado como asesor en la Diputación de Bizkaia, o el socialista Iñaki Arriola, que entró al consejo de Renfe Mercancías. Idoia Mendia ya se marchó antes, con las elecciones europeas.

Según un documento publicado en el portal de transparencia del Ejecutivo, estos 33 excargos percibieron un total de 240.671,68 euros. La normativa reguladora de los altos cargos prevé el pago de estas cantidades, que se calculan con el equivalente a una mensualidad del salario bruto. Solamente se impide su cobro si existe un nombramiento en un plazo corto de tiempo.

Los exviconsejeros cobraron 7.843,76 euros y el personal con rango de director 6.448,31. Otros nombres de la lista son los de Malentxo Arrubarrena, exdirectora de Arkaute, Aintzane Ezenarro, exdirectora del Instituto de la Memoria (Gogora), Bittor Oroz, exviceconsejero de Agricultura, o Jonan Fernández, uno de los colaboradores más estrechos de Urkullu. También aparecen Laura Azola, exresponsable de Kontsumobide, de la parte del PSE-EE, o los excargos de Salud José Luis Quintas, Itziar Larizgoitia y Mikel Sánchez.

En otro fichero constan también las indemnizaciones abonadas a cargos de sociedades públicas. En ese listado aparece, por ejemplo, Iñigo Ansola, actual presidente del PNV de Bizkaia y antes al frente del Ente Vasco de la Energía (EVE) y que tenía rango de viceconsejero. O Rosa Pérez Esquerdo, exdirectora general de Osakidetza. En ambos casos no superan los 8.000 euros, como en el caso de los viceconsejeros.

Estas cuantías nada tienen que ver con otras abonadas tras el final del Gobierno de Juan José Ibarretxe. Juan José Duque, exdirector general de la sociedad SPRI, cobró 284.667,72 euros, y Julián Sánchez Alegría, al frente de los parques tecnológicos, ingresó 128.692,45 euros. El propio portal de transparencia ofrece una explicación: “En base a diferentes informes jurídico-laborales se estimó que estos trabajdores mantenían una relación laboral ordinaria con la sociedad, por lo que la indemnización se calcula en base a un despido laboral de carácter improcedente. Esta situación fue objeto de apertura de diligencias por parte el Tribunal de Cuentas del Estado, que, finalmente, en base a las alegaciones presentadas, archivó el expediente”.

Dos personas han sido detenidas a primera hora de la tarde de este martes en Bizkaia por su supuesta relación con Hezbolá, partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés, respaldado fuertemente por Irán y considerado una de las milicias no estatales más fuertemente armadas del mundo, con un arsenal que supera al de Hamás.

Según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, los arrestos se han llevado a cabo por orden del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional). La operación sigue abierta y bajo secreto sumarial, y no se descarta la posibilidad de que en su marco se practiquen registros. Efe señala que las detenciones las han llevado a cabo agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría General de Información.

El colectivo Iranekin Bat ('Con Irán', en euskera) ha difundido en la red social X que son dos activistas de su grupo los detenidos, de nombres Asier y Youssef. “Se trata de dos internacionalistas de Bilbao y Getxo, los cuales forman parte de red de apoyo a Palestina llamada Samidoun, e Iranekin Bat. Uno de nuestros compañeros lleva el canal Frontflict en Telegram. Les acusan de numerosas mentiras para criminalizar la causa Palestina”, señalan en redes sociales. Se ha convocado una protesta en Getxo.

“El terrorismo y el extremismo representan amenazas inaceptables para la paz, la seguridad y los derechos humanos, destruyendo vidas inocentes y socavando los valores fundamentales de la sociedad. Nuestra única vocación es estrictamente informativa. No promovemos, apoyamos ni justificamos ninguna ideología extremista, grupo terrorista o acto violento. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores datos veraces, noticias objetivas y contexto sobre la actualidad, siempre desde una postura que no sea la que el sionismo quiere vender”, han escrito en el canal Frontflict.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, que gestiona también la competencia de Puertos, ha anunciado este martes que para “finales” de 2026 estará listo el nuevo sistema de reparto de amarres en las instalaciones de gestión autonómica, que son 17. Han sido años de controversias y recursos judiciales, particularmente en Donostia, donde hasta tres sentencias judiciales han tumbado las últimas asignaciones, de 2021.

La sociedad autonómica EKP, que controla los puertos deportivos de titularidad autonómica, dispone de 3.343 plazas de amarre. La lista de espera es de 2.318 personas, aunque se ha hecho una “depuración” para conocer las necesidades reales. Se han enviado 2.221 cartas, 1.092 han respondido y se estima que es necesaria una ampliación de 774 'plazas de aparcamiento' para embarcaciones. La fórmula que se buscará es la denominada “marina seca”, es decir, habilitar espacios en tierra, y fondeos en zonas no portuarias aprovechando que desde 2025 el Gobierno vasco tiene también competencias sobre Costas y gestión del litoral.

Barredo, que entiende que el borrador del nuevo reglamento podría estar listo para finales de junio y aprobado antes de que acabe al año, confía en que el nuevo sistema sea menos “conflictivo” que el anterior, dado que se ha hecho tras reuniones con los amarristas y con los que están en lista de espera. Con todo, antes se tendrán que ejecutar las sentencias que anularon las adjudicaciones en Donostia y que apuntaban a que se modificaron los criterios durante el proceso, lo que generó perjuicios. La consejera ha prometido que será un proceso ordenado.

Entre los cambios ya confirmados, Barredo expone que habrá un nuevo cupo con entre un 40% y un 70% de plazas para personas del entorno del puerto, un ámbito que aún no se ha encontrado. Podría ser el municipio o incluso la comarca. Igualmente, como hay un volumen alto de amarristas mayores de 80 años, se evitará darles licencias de quince años y se buscarán fórmulas más cortas, de tres años ampliables hasta los cinco.

Las sentencias sobre los amarres se sumaron a otras controversias en torno a la sociedad EKP. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, indicó que nunca se habían sacado a concurso las compras de suministros como gasóleo, seguros o comunicaciones en los puertos de gestión autonómica, como ha ido publicando este periódico. Esas adjudicaciones directas han acumulado cientos de miles de euros. En paralelo, Barredo relevó a la que había sido directora de EKP durante más de una década, la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, aunque la recolocó como asesora.

Según Barredo, ya se han dado todas las “explicaciones” sobre la gestión de EKP. Cree que “las cosas se podían haber hecho mejor” pero que, en general, se han hecho “correctamente”. “No hay nada que criticar, aunque sí que mejorar”, ha dicho la consejera preguntada por los periodistas en relación a si es necesaria alguna autocrítica por la llevanza de EKP en los últimos años.

Euskadi tiene competencias en materia portuaria desde hace más de cuatro décadas, aunque recientemente se haya extendido en el debate público que es una transferencia “pendiente” del Estatuto de 1979. La comunidad autónoma gestiona las instalaciones que no son de “interés general”, es decir, todas salvo las de Bilbao y Pasaia. En estos casos, el Gobierno vasco propone a sus responsables, aunque forman parte de la red del Estado. El PNV demanda la retirada de la calificación de “interés general” de Pasaia para poderlo gestionar en su totalidad, pero el PSE-EE y el Gobierno central ya lo han rechazado.

El juzgado de lo Mercantil de Donostia ha autorizado la venta de Papresa al grupo extremeño CL Group, con lo que se garantiza la continuidad de la actividad de la papelera de Errenteria y de 166 puestos de trabajo, más uno en reserva -frente a los 148 de la primera oferta- , y se pone fin al concurso de acreedores voluntario que la empresa presentó el pasado mes de abril. El auto del juzgado que se ha conocido este martes eleva la cantidad en efectivo que el grupo comprador debe abonar a 10 millones de euros.

En la oferta inicial, de los 39,3 euros totales en los que tasaba la operación de compra, CL Group sólo planteaba abonar en metálico tres millones de euros, y reservaba siete millones para hacerse cargo por su cuenta de una deuda con el fondo Credion. Sin embargo, el juez ha atendido las quejas del resto de acreedores y suma esta cantidad a la masa del concurso, además de 20.000 euros por hacerse con el control de las marcas de Papresa. En total 10.020.000 euros. El resto, hasta los 39,3 millones de la oferta, se corresponde a la asunción de obligaciones derivadas de contratos expresamente asumidos, los compromisos laborales, y las obligaciones vinculadas a la continuidad empresarial.

El juzgado tampoco admite la pretensión de CL Group de cobrar la indemnización de alrededor de 2,8 millones por un incendio que afectó a la línea de producción, ya que considera que “la eventual transmisión de dicho activo al adquirente produciría un efecto económico materialmente equivalente a una reducción indirecta del precio real satisfecho por la adquisición de la unidad productiva” y deja la citada indemnización en la masa del concurso.

La adquisición de la empresa se realiza a través de Papelera de Oiartzun, mediante CL Group quiere canalizar la titularidad. Esta sociedad adquiere la fábrica, maquinaria e instalaciones, además de subrogar los contratos de trabajo del personal adscrito a la unidad productiva transmitida, con asunción de las obligaciones laborales y de Seguridad Social en los términos expresamente previstos en dicho precepto, “sin que dicha sucesión determine la asunción de deudas laborales o de Seguridad Social distintas de las legalmente impuestas, manteniéndose, en su caso, la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los términos legalmente previstos”.

“Este régimen de sucesión laboral resulta plenamente coherente con la finalidad de la transmisión de la unidad productiva, al permitir la preservación del empleo y la continuidad de la actividad, evitando el impacto social y económico derivado de una liquidación con extinción de los contratos de trabajo”, señala el auto, que valora la ampliación del perímetro laboral previsto hasta 166 trabajadores, más un trabajador adicional en situación de reserva de puesto de trabajo. “La ampliación del perímetro laboral vino motivada, según expusieron tanto la oferente como la Administración Concursal, por la necesidad de reforzar determinados servicios comunes y garantizar la viabilidad funcional de la explotación industrial, incluyendo la implantación de un quinto turno en la línea MP6 y la incorporación adicional de trabajadores vinculados a determinados procesos organizativos y de prejubilación”.

El juzgado reconoce que la oferta presentada “no se encuentra exenta de controversias respecto de algunos de sus componentes económicos y de determinados extremos relativos al perímetro de transmisión o a la estructura de asunción de pasivos”. Sin embargo, recuerda que es “la única oferta vinculante finalmente presentada”, sin que durante la tramitación del procedimiento “hayan concurrido otras propuestas alternativas que permitan apreciar la existencia de soluciones económicamente más ventajosas o industrialmente más viables para el interés del concurso”.

“Desde una perspectiva estrictamente concursal, la alternativa representada por la transmisión unitaria de la explotación aparece claramente preferible frente a un escenario de liquidación atomizada o desagregada de activos”. En este sentido, insiste en que la oferta aprobada permite la continuidad efectiva de la actividad industrial, el mantenimiento de una parte sustancial del tejido productivo y empresarial, la conservación del valor en funcionamiento de la explotación y la conservación de un volumen muy significativo de empleo mediante la subrogación de 166 trabajadores más un trabajador adicional en situación de reserva de puesto de trabajo. “No consta la existencia de una alternativa realista que permita prever que una liquidación desagregada de los activos pudiera generar una satisfacción superior de los acreedores, una conservación equivalente del valor industrial o un mantenimiento comparable del empleo y de la actividad empresarial”.

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

La Defensoría del Pueblo (el Ararteko) ha reprochado al Ayuntamiento de Vitoria que no ofreciera una “respuesta más proactiva” ante las “múltiples y reiteradas” agresiones que se venían sucediendo a la entrada de la discoteca Mítika. Fue allí donde, en una madrugada de febrero de 2025, un portero del local golpeó a un cliente que esperaba para entrar, Kerman Villate, de 31 años, que cayó al suelo muerto. La defensoría, dirigida por Mikel Mancisidor, sostiene que la respuesta por parte del Consistorio habría debido ir más allá de la “intervención puntual” de la Policía local. En la vía judicial, el caso sigue sin resolución.

Según se recoge en la resolución del Ararteko, adelantada por 'El Correo', entre enero de 2023 y la fecha de la muerte de Villate, la Policía local desarrolló un total de 29 actuaciones en Mítika, trece de ellas por “agresiones y empujones del personal de control de accesos de la discoteca”. Asimismo, se esbozaron hasta cuatro atestados que se remitieron al juzgado de guardia, tres por “presunta agresión con lesiones” y uno más por “presunto delito de discriminación racial [o] delito de odio”.

El Ararteko se apoya en noticias publicadas en prensa para aludir a “numerosas irregularidades” relacionadas con la falta de habilitación de los porteros. Este mismo mayo, el Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento correspondiente —la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas— que busca, entre otros objetivos, dotar de mayor seguridad a los procesos de revocación de las habilitaciones del personal de admisión. Si bien es obligación de la empresa titular cerciorarse de que su personal cumple con estos requisitos, el Ararteko defiende que la Policía local, que se desplazó hasta el lugar en más de una ocasión, podría habérselo hecho saber, lo que habría “facilitado la adopción de medidas adecuadas para evitar que las conductas violentas por parte del personal de control de acceso se siguieran produciendo”.

La actuación de algunos de los miembros del personal de control de acceso estaba alterando, dice el Ararteko, “la convivencia y el disfrute del ocio de las personas que acudían al local”. Y ello se debía, en parte, a que el Ayuntamiento no estaba adoptando “las medidas adecuadas y suficientes para paliar [...] los efectos negativos concretados en la actuación” de esos trabajadores.

La resolución, que pide mejoras que posibiliten un control preventivo en los locales de ocio, se ha formulado a raíz de una queja presentada por los padres del fallecido. Se quejaban de la “inacción” y de la “falta de respuesta” por parte del Ayuntamiento. En otros foros, ya habían protestado por lo mismo. En una comparecencia en el Parlamento Vasco, por ejemplo, criticaron la “permisividad” de las instituciones con las empresas del sector del ocio nocturno. Se ha presentado recientemente una asociación que busca esclarecer “toda la verdad” sobre el crimen. Entre otros objetivos, se marca el de conseguir “la revisión y corrección de las respuestas ofrecidas por las instituciones públicas”.

La diputada general Elixabete Etxanobe, del PNV, 'venderá' este martes en Madrid, a la que el nacionalismo vasco ha llegado a acusar de hacer 'dumping' fiscal, el potencial de Bizkaia para atraer inversiones, instalación de empresas y retención de talento, pero también para bonificar seguros sanitarios privados o incluso premiar el ir al gimnasio. Etxanobe estará acompañada de dirigentes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y contará con la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, una patronal cuya rama vasca, Confebask, ha pedido a las instituciones en reiteradas ocasiones más medidas fiscales para favorecer a las empresas.

La jornada, de hecho, servirá de puesta de largo de las medidas fiscales que el PNV, a modo de “revolución”, prepara para atraer inversiones y talento y que la diputada ha adelantado sin buscar un consenso previo con su socio de Gobierno, el PSE-EE, ni tampoco armonizar con las Haciendas forales de Álava o Gipuzkoa, que preparan proyectos en la misma dirección a rebufo de lo anunciado ya por Bizkaia. La fiscalidad vasca afronta un nuevo lavado de cara cuando sólo ha pasado un año de la “revisión fiscal” -no la quieren llamar reforma- que PNV y PSE-EE pactaron con Podemos en 2025.

De momento, las medidas anunciadas el pasado viernes por la diputada general han molestado al PSE-EE por la falta de consenso previo. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha asegurado que los socialistas conocieron el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y ha señalado que las medidas fiscales “nunca deben suponer una ruptura de la armonización fiscal que existe hoy en Euskadi”. “Ni son ni una revolución fiscal, ni una reforma fiscal”, sino “un trabajo no finalizado y, por tanto, tampoco está acordado y pactado”. “Las reformas fiscales se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”, ha advertido Torres, que es también el líder del PSE-EE vizcaíno.

Quienes, de momento, han dado su visto bueno a las medidas son los empresarios vizcaínos. El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha considerado este lunes que las propuestas fiscales que pretende impulsar la Diputación de Bizkaia van “en la buena dirección”, aunque ha advertido de que quieren más. “Algunas cuestiones han quedado en el tintero”, ha indicado en un artículo en Linkedin. “Estas medidas son un paso en la buena dirección”, pero forman parte de “un camino que debe continuar”, ha señalado Buces. “Las empresas seguimos necesitando un entorno favorable para invertir, crecer, innovar y generar empleo. Las empresas aportamos el 94% del gasto social en Euskadi. Sigamos trabajando desde la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad para consolidar una Bizkaia atractiva, competitiva y socialmente avanzada”, ha indicado.

El anteproyecto de medidas tributarias pretende favorecer el arraigo empresarial en Bizkaia, la atracción, fidelización y retención de profesionales cualificados, además de otras medidas destinadas, por ejemplo, a impulsar vivienda de alquiler. La previsión de la Diputación es que las medidas de arraigo y atracción de talento puedan ser aprobadas antes de que finalice este año, sin que quede claro si va a haber medidas análogas en los otros dos territorios. Álava preparará las suyas propias, que presentará en noviembre. Gipuzkoa trabaja su paquete propio que presentará “en las próximas semanas”. Desde la Hacienda de Gipuzkoa restan importancia a si estas medidas están armonizadas o no entre los tres territorios: “Cada territorio tiene sus características y armonización no significa uniformización”, matizan.

Las medidas presentadas por Bizkaia tienen el ambicioso objetivo de “responder a desafíos como el relevo generacional en las empresas, la competencia por profesionales, el fortalecimiento del vínculo entre empresas y trabajadoras o la necesidad de reforzar la cohesión social, en aspectos clave como facilitar el acceso a la vivienda”, según puntualizó la diputada general. Estas son algunas de las medidas concretas que contempla el anteproyecto:

Impulso al arraigo empresarial y participación de los trabajadores

Para favorecer la transmisión de empresas y facilitar la continuidad en Bizkaia se incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo. La participación de los trabajadores en las empresas se quiere potenciar añadiendo ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por trabajador en el caso de que reciban acciones o participaciones en la empresa, así como acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Medidas para atracción y retención de talento

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir que las empresas cuenten con personal cualificado, consiguiendo atraer talento, o que regresen los que optaron por salir de Euskadi para buscar empleo. En anteproyecto de norma foral contempla deducciones en el IRPF para lograr la atracción de ese personal. Entre ellas, un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años. También se incorpora un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años.

Vivienda de alquiler

Precisamente por el peso que tiene la escasez de vivienda asequible a la hora de optar por Euskadi como destino, el anteproyecto de norma incluye también el impulso a un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial. En este sentido se incluye nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales. Con ello se pretende “movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Calidad de vida

También se incorporan medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros. En el caso de que estos servicios estén facilitados directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

También se incentiva la formación continua y la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas, además de una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan “facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad”.

Bizkaia invierte

El acto que se celebrará este martes en Madrid bajo el título Bizkaia Invierte, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) reunirá a representantes institucionales, máximos responsables empresariales, entidades financieras y agentes económicos. Tras la inauguración por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, participarán en la misma presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; el country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; y las diputadas forales de Promoción Económica y Hacienda y Finanzas, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, respectivamente.

A lo largo de la mañana se abordarán cuestiones como la competitividad empresarial, la innovación, el talento, la energía, la digitalización, la financiación y el papel de la fiscalidad como palanca para impulsar nuevas inversiones y proyectos empresariales. La primera mesa redonda, dirigida por Ainara Basurko, analizará el papel del ecosistema industrial, energético y tecnológico de Bizkaia en la atracción de proyectos empresariales. En ella participarán Mario Ruiz-Tagle de Iberdrola y Borja Ochoa de BBVA, quienes compartirán su visión sobre los factores que favorecen la competitividad empresarial y la innovación en el territorio. Posteriormente, Itxaso Berrojalbiz moderará un diálogo sobre fiscalidad, financiación e inversión junto al presidente de Petronor Emiliano López Atxurra y el country manager de BBVA España Peio Belausteguigoitia, donde se analizará el papel de la colaboración entre instituciones y empresas para impulsar la competitividad, la innovación y la transición energética.