Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

El Gobierno vasco ha destinado más de 348 millones de euros a mantener a flote el Bilbao Exhibition Center (BEC) desde 2001, cuando se empezaron a hacer aportaciones de forma previa a su inauguración tres años después. En una comunicación remitida al Parlamento Vasco a petición del parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad detalla las aportaciones realizadas, que impresionan en la suma. De ellas, la mayor parte, más de 326 millones de euros, se corresponden con ampliaciones de capital que el Gobierno vasco suscribe a partes iguales cada año junto a la Diputación de Bizkaia. Eso significa que esa cifra millonaria hay que multiplicarla por dos para dar cuenta del dinero institucional destinado al BEC mediante estas ampliaciones.

En total, el Gobierno vasco y la diputación foral de Bizkaia, los socios de referencia del BEC, y que asumen su financiación, ya que poseen el 49,98% del capital cada uno, han aportado entre los dos entre 2004, fecha de la inauguración hasta este 2026, más de 647 millones de euros para la financiación de la deuda, los intereses y también paliar las pérdidas del BEC. El resto de los socios, con participaciones testimoniales en el capital, Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo (0,01% y 0,02%, respectivamente) y Cámara de Comercio de Bilbao (0,01%) no suscriben las ampliaciones. Esta cantidad seguirá engordando, de momento hasta 2031, año en que se superarán los 800 millones de euros de aportación pública para financiar su deuda y paliar las pérdidas que acumula cada año.

Dentro de las aportaciones del Gobierno vasco, la documentación enviada al Parlamento incluye, además de suscribir las ampliaciones de capital, cuatro subvenciones directas para financiar el BEC por importe total de 1,17 millones, realizadas entre 2009 y 2016. La última, en 2016, fue por valor de 150.000 euros. En 2011 se subvencionó con 392.418 euros, un año antes con 282.120,72 euros, y en 2009 la subvención ascendió a 350.346,56 euros. El resto de las aportaciones suman 20,47 millones y se corresponden con pagos del Gobierno al BEC por patrocinios, alquileres del espacio para participación en ferias y otros eventos, aunque la cifra será mucho menor porque en la respuesta parlamentaria solo se detallan el pago de eventos relacionados con el departamento que dirige Mikel Jauregi y no con el resto de áreas del Gobierno.

Desde 2024 el Gobierno vasco suscribe ampliaciones de capital de casi 16 millones de euros por año, -la misma cantidad que aporta la Diputación foral-, para hacer frente una deuda que supera los 200 millones de euros y esa cantidad se mantendrá fija al menos hasta 2031. Durante los años 2021 a 2023, el importe de las ampliaciones suscritas por parte del Gobierno vasco se redujo a 5,25 millones dos años y y 5,8 uno (10,5 y 11 millones, respectivamente fueron las ampliaciones sumando la Diputación) gracias a una moratoria con la banca para pagar durante esos años sólo los intereses del préstamo, no la parte principal, pero una vez finalizada dicha moratoria, se ha vuelto a las cantidades habituales en el conjunto de estos años: entre los 12 y los 18 millones de aportación por parte del Ejecutivo cada año para contribuir a paliar la bola de la deuda, que se deriva, sobre todo, del elevado coste de la construcción del imponente edificio que se levanta en los terrenos de Ansio, y que fue necesario financiar: más de 251.055 metros cuadrados y con seis pabellones para la exposición, cuyo coste superó los 500 millones.

La devolución de esos préstamos sigue lastrando los resultados año tras año. En total, desde 2021 el Gobierno vasco ha suscrito 31 ampliaciones de capital, junto con la institución foral, para hacer frente a la deuda y también a las pérdidas que se repiten cada año. Porque pese al positivo impacto en la economía de Bizkaia y de Euskadi en general de la actividad de la feria, las cuentas del BEC siguen en rojo desde su inauguración: El año 2025 perdió 17, 94 millones de euros; en 2024, 14,85 millones; 19,5 millones en 2023; 15,1 en 2022; 19,4 en 2021, 21 millones en 2020... y así sucesivamente. Todos los años en rojo a lo largo de su historia, aunque no se han vuelto a repetir los 40 millones en pérdidas que se registraron en 2013. Este año también se esperan pérdidas: 12,4 millones son los resultados en negativo presupuestados, menos que en 2025 gracias al impacto de la Bienal de Máquina-Herramienta, que se ha celebrado este año -tiene lugar los años pares- y que es la más importante de cuantas acoge el BEC.

Por otra parte, desde el Ejecutivo vasco se han destinado un total de 20,47 millones de euros al BEC en pago de alquileres de espacios para participación en ferias, patrocinios, diferentes o exámenes, aunque la respuesta hace referencia a los gastos relacionados con el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Es decir, figuran por ejemplo, los gastos del examen de cazador, pero no otros correspondientes a OPE de Sanidad o Educación. Lo mismo en lo que se refiere a las ferias o eventos: se incluyen pagos para alquiler espacio para el Observatorio de Coyuntura Industrial, o a Congresos como Futureport o Eurofishig. Además, se incluyen actividades de patrocinio, y de promoción internacional de la feria.

Más de un centenar de mujeres políticas alavesas de la historia de la democracia, que representaron y representan a distintas formaciones políticas en las Juntas Generales de Álava, se darán cita el 7 de mayo en la sede histórica del Parlamento alavés para recibir un reconocimiento. Así lo ha trasladado en un comunicado la Cámara alavesa, que ha informado que el acto está impulsado por el Grupo de Igualdad de Juntas Generales y recogido en las acciones del 'Plan de Igualdad'.

Las primeras procuradoras, elegidas para la primera legislatura, fueron María Lourdes Aburto Ascolizaga, María Jesús Aguirre Uribe, María Jesús López de Vergara Berriozábal y María Mercedes Villacián Peñalosa (del grupo Nacionalistas Vascos), Cristina Valverde Ibáñez (del grupo Socialista), Rosario Muela Velasco (del grupo Unión del Centro Democrático) y Begoña Zunzarren Irigoyen (elegida como representante de la hermandad de Llodio). En aquella primera legislatura, aunque más adelante, se sumaron también Milagros Gobantes García (socialista), Begoña Rebuelta Castresana (del PNV) y María Ángeles Tauste García (de UC).

“Cabe destacar en este sentido, que aún contando con tan sólo un 12,5% de mujeres respecto del total de representantes en la Cámara foral alavesa, este porcentaje resultó ser el más alto de las instituciones parlamentarias de nuestro entorno en aquel momento. Las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa alcanzaron un 4,44% (4 de 90) y un 3,70% (3 de 81) respectivamente, el parlamento vasco en su legislatura 1980-1984 un 5,33% (4 de 75), el Congreso de los Diputados un 6% (21 de 350) en la legislatura constitutiva y un 6,85% (24 de 350) en la 1979-1982, y el Senado un 2,41% (6 de 248) en la legislatura constitutiva y un 2,82% (6 de 213) en la 1979-1982”, explican desde las Juntas Generales.

Según ha destacado, siete mujeres fueron las pioneras en 1979, las primeras en tomar posesión como procuradoras en la primera legislatura de la democracia, informa Europa Press. A ellas les han ido tomado el testigo hasta 127 mujeres de diversas siglas políticas. El encuentro del jueves 7 de mayo no se limitará a un reconocimiento al uso, ya que las Juntas Generales han colaborado con la Escuela de Artes y Oficios en una iniciativa que une, además, a profesorado y alumnado.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado un recurso de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, contra una resolución de 2021 de la exconsejera Arantxa Tapia, de 2021, en la que decretaba el “carácter significativo de los daños medioambientales” de la catástrofe de febrero de 2020, en la que cayeron 800.000 toneladas de residuos ladera abajo y quedaron sepultados dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. La declaración, además de ser muy simbólica por los términos de sus conclusiones, comportaba una serie de obligaciones que la compañía, ahora liquidada, quería evitar.

El pleito, uno más de la miríada de procesos judiciales abiertos en torno a Zaldibar, se ha resuelto con una sentencia fechada a 31 de marzo y notificada en abril que ha dictado una sala compuesta por los magistrados Luis Garrido, Juan Carlos da Silva e Irene Rodríguez. El recurso fue interpuesto por parte de Verter Recycling en el verano de 2021 en el Tribunal de Instancia de Bilbao y hasta 2023 no se determinó que la competencia para analizarlo era del Superior, que tuvo el 17 de febrero la votación y fallo que ha derivado en esta sentencia.

La resolución impugnada en cuestión fue firmada por Tapia el 20 de enero de 2021, casi un año después del suceso. Después vino otra del 9 de abril de ese mismo año, en la que se aprobaba el “proyecto de reparación” de las instalaciones, una inversión millonaria que tuvo que adelantar la Administración por las graves consecuencias ambientales para el entorno de Eitzaga, un lugar ubicado en Bizkaia pero muy cerca de la muga con Gipuzkoa.

La sentencia establece que el hecho de que la Administración considerase como “significativo” el impacto ambiental es un concepto “central” de la legislación ambiental cuando hay “cambios adversos en el ámbito natural (especies, hábitats, aguas, suelo, ...) con especial relevancia por su magnitud, duración o irreversibilidad” y ello “requiere medidas de prevención, reparación o compensación”. Y abunda que se hizo de forma “objetiva” siguiendo unas guías del Ministerio de Transición Ecológica.

Someramente, se menciona que “los niveles máximos” de variados indicadores se superaron en “múltiples” ocasiones como consecuencia del alud de residuos y que ello se deduce de informes de organismos “plenamente reconocidos”. La sala menciona, por ejemplo, excesos de mercurio, de amonio, de DB05, de DQ0 o de arsénico.

La empresa alegó que en la tramitación del expediente se omitieron procedimientos exigidos por la ley, lo que le causó indefensión, así como que se encargaron informes y luego se le reclamaron los costes “sin haber tenido acceso ni posibilidad de pronunciarse sobre ellos”. Asimismo, Verter Recycling sostiene que “existen responsables del incidente ajenos” a esa empresa. De hecho, culpa abiertamente a Geyser HPC, que redactó el proyecto de construcción. Pocas horas antes del desplome, técnicos de esa consultora y de Verter Recycling tuvieron noticia de la existencia de deslizamientos y riesgos.

El Superior, en cambio, desestima los argumentos de la empresa. En el proceso han estado personados la Diputación de Bizkaia -a través de Interbiak, titular de la autopista afectada- y el Ayuntamiento de Zaldibar, que secundaban también las tesis del Gobierno vasco. Sin embargo, la aseguradora Allianz sí apoyó a Verter Recycling. La sentencia, en todo caso, no es firme y cabe acudir al Tribunal Supremo. El plazo se agotará en breve.

Este proceso ha sido paralelo a las investigaciones penales sobre Zaldibar. Han sido tres. La primera se cerró con un acuerdo por el cual los gestores del vertedero, encabezados por José Antonio Barinaga, se declararon culpables de un homicidio imprudente e indemnizaron a las familias de Beltrán y Sololuze. La segunda, aún pendiente de conclusión, revisa precisamente los posibles delitos ambientales. La tercera, más reciente, guarda relación con posibles delitos urbanísticos en la ampliación de la planta. En la actualidad se ha conocido que sigue habiendo afección ambiental por lo sucedido hace ya más de seis años.

En Euskadi hay instaladas ya 25 máquinas de 'vending' muy particulares en 18 localidades. Ofrecen alimentos sobrantes para evitar el desperdicio. El proyecto, detrás del que está Rexcatering, comenzó a gestarse en 2014. Sus fundadores, Álvaro Saiz Ruiz, Ainhoa Crespo Gadea y Juan Marcos de Miquel Sagnier, tomaron la idea mientras trabajaban en un banco de alimentos en Aldakonea y detectaron el volumen de desperdicio generado en las cocinas.

Saiz explica a este periódico que tardaron siete años en materializar el proyecto. Fueron “pioneros” en estructurar una iniciativa de este tipo, lo que implicó un largo proceso de investigación y búsqueda de financiación. La primera máquina expendedora se inauguró en 2021 en Azpeitia, en colaboración con el colegio Iraurgi Ikastetxea. Actualmente, en Euskadi, Rexcatering cuenta con 25 máquinas distribuidas en 18 municipios. Según la entidad, se ofrecen alrededor de 1.000 raciones diarias, que desaparecen en una media de tres horas y media. El proyecto se ha expandido a otras comunidades como Navarra y Catalunya, e incluso también al principado de Andorra. En total, dispone de al menos 30 máquinas, con una media de 40.000 raciones mensuales.

Con un objetivo medioambiental en mente, según publicitan desde Rexcatering, ofrecen una alternativa para evitar el desperdicio de alimentos en grandes servicios de restauración como caterings, comedores escolares, hospitales y geriátricos. A través de máquinas expendedoras, estas entidades distribuyen gratuitamente excedentes aprovechables de sus menús a cualquier persona interesada. al modo que ya se hace en otras aplicaciones o servicios como 'Too good to go'.

El proceso requiere cumplir estrictamente la normativa sobre alimentos aprovechables. La comida no servida y en buen estado se envasa, etiqueta y se introduce en las máquinas, explica Saiz. Algunas de estas se ubican dentro de centros educativos, mientras que otras, compartidas por varias entidades, se instalan en espacios públicos como ayuntamientos.

En el caso de los comedores escolares, el personal de cocina se encarga del envasado, considerado el paso más delicado. Posteriormente, los alumnos participan en el etiquetado, incorporando información sobre ingredientes, alérgenos y fecha de cocción. Finalmente, son ellos mismos quienes trasladan los alimentos a las máquinas en bolsas específicas que garantizan su conservación.

Saiz subraya que el sistema también tiene un objetivo educativo. Los estudiantes utilizan una aplicación móvil, basada en un software de la Generalitat catalana, que les permite no solo etiquetar, sino también analizar datos y reflexionar sobre el desperdicio alimentario. De este modo, conceptos como el consumo de agua, combustible o el cálculo de porcentajes se integran en su aprendizaje a partir de las raciones gestionadas por Rexcatering.

Además de su dimensión educativa, el proyecto cumple una función social, defienden sus promotores. Al ofrecer alimentos en buen estado de forma gratuita, contribuye a “ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, Saiz aclara que no han querido limitar el acceso a este colectivo, ya que “no hay nada más excluyente que hacer cosas para los excluidos”, apostando así por un modelo más inclusivo y digno. Una ley de 2025 establece como prioridad el aprovechamiento de excedentes aptos para el consumo humano y fomenta su redistribución mediante acuerdos entre entidades, lo que encaja directamente con este modelo.

El Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, una reforma que tiene como objetivo “corregir aspectos mejorables” de la normativa actual y ofrecer una mayor seguridad en procesos de revocación de las habilitaciones del personal de servicio de admisión.

Esta reforma ha sido aprobada un año después de la muerte de Kerman Villate, el joven fallecido el 23 de febrero de 2025 tras ser golpeado por un portero de la sala Mítika de Vitoria. Con la modificación de este reglamento se persigue que se detecte de forma efectiva y coordinada quiénes pueden haber incurrido en alguna causa de revocación, y actuar en consecuencia para evitar que puedan seguir desarrollando dichas tareas, según recoge Europa Press.

El nuevo decreto regula el procedimiento de revocación de la habilitación y consiguiente baja en el registro, incluyendo la posibilidad de suspensión inmediata. El proyecto de decreto de segunda modificación del decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas también refuerza los canales de comunicación entre administraciones competentes para el control, inspección y sanción en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, a fin de que las conductas impropias constitutivas de causa de revocación de la habilitación sean conocidas y compartidas para impedir que se repitan.

Así, se establece la obligación de comunicar la iniciación y resolución del proceso al ayuntamiento del municipio donde el hecho motivo de revocación haya tenido lugar, así como la suspensión. Del mismo modo, el ayuntamiento que detecte comportamientos o hechos susceptibles de dar lugar a la revocación deberá comunicárselo a la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

Las modificaciones

La reforma especifica mejor las funciones del personal de servicio de admisión y define en qué establecimientos se debe disponer de personal de servicio de admisión habilitado y registrado. A su vez, se diferencia la habilitación e inscripción, por una parte, y el registro del personal de servicio de admisión, por otra. La habilitación es la prueba o examen que se realiza y la inscripción en el registro se hace de oficio. Una vez comprobado que la persona solicitante cumple con todos los requisitos, queda registrada y se le entrega un carné de personal de servicio de admisión.

La modificación incluye un artículo relativo al periodo de vigencia o validez de la habilitación que hasta ahora era indefinido. A partir de ahora tendrá una vigencia de diez años. Ese plazo se contabilizará desde el día de entrada en vigor del presente decreto para todas aquellas habilitaciones otorgadas con anterioridad. Además, se incluye un artículo relativo a la renovación de la habilitación y un apartado referente a la expiración de la vigencia de la habilitación y su no renovación como causa de revocación de la habilitación.

El nuevo texto establece el periodo de cinco años para presentarse a las pruebas para poder obtener la habilitación quienes hayan estado desarrollando funciones de personal de servicio de admisión sin cumplir los requisitos establecidos en el decreto o cuando se haya revocado la habilitación. Además, no será posible obtener una nueva habilitación y consiguiente inscripción en el registro de personal de servicio de admisión hasta pasados cinco años desde que la revocación se formalice.

El consejero Alberto Martínez prepara una reorganización de la estructura del Departamento de Salud que implicará, entre otras medidas, un cambio de nombre en la actual viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias (a partir de ahora de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria) y la desaparición de las históricas delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y de la figura de los delegados, tres altos cargos. En este segundo caso, el objetivo principal es centralizar los contratos de concertación de servicios sanitarios para evitar que se produzcan condiciones diferentes en función de los territorios.

En paralelo al decreto de creación del nuevo Instituto Vasco de Salud Pública, que se llamará Osasungintza, adelantado por este periódico, el consejero tiene ya un borrador de otro decreto para modificar la estructura del Salud. El viceconsejero Aritz Uriarte, ahora de Administración y Financiación Sanitarias pero próximamente de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria, explica a este periódico que se busca acomodar el organigrama a los compromisos adquiridos en el denominado pacto vasco de salud, alumbrado en el verano de 2025.

En el caso de las delegaciones territoriales, se van a reconvertir en “sedes” de Salud en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Estará destinado en ellas el “mismo personal”, pero ya no habrá un delegado del que dependan jerárquicamente. Actualmente hay 607 funcionarios destinados en estos servicios, 259 en la delegación vizcaína, 231 en la guipuzcoana y 117 en la alavesa. La importancia del cambio, más allá de lo simbólico, es que permitirá la “homogeneización” de contrataciones de servicios concertados.

Ahora, en lugar de hacerse adjudicaciones en cada provincia para cada servicio, habrá un único expediente de licitación con varios lotes, lo que permitirá evitar “inequidades”, ahorrar costes en derivaciones y “controlar más de cerca” los servicios externalizados, según expone el viceconsejero. Actualmente, los delegados son José Antonio Beltrán de Salazar en Álava, José Ramón Aranbarri en Gipuzkoa y Andoni Gamboa en Bizkaia, según el directorio del Departamento de Salud.

Las delegaciones colgaban hasta ahora de la viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias, que a la aprobación del decreto pasará a ser de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria. El cambio de denominación, según Uriarte, tiene que ver con la nueva fiolosofía política que se le quiere imprimir mirando a “sostenibilidad, cultura participativa o resultados en salud”.

Además del cambio de los delegados, se creará una nueva subdirección de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades, coordinada con la nueva institución Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Igualmente, se articulará la participación de los pacientes en el sistema con un “plan director” y un “registro vasco de organizaciones de pacientes”, según indica el viceconsejero. Igualmente, se adscribirá a la nueva estructura de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria todo lo relativo al área sociosanitaria, de coordinación entre el sistema de salud y las residencias de mayores, de gestión foral.

Miles de personas han salido a la calle este Primero de Mayo en Euskado reivindicando salarios dignos. Por separado -sólo CCOO y UGT se han manifestado juntos- todas las centrales han hecho alusiones a la guerra en Irán y han pedido que no sean los trabajadores los que paguen el conflicto bélico. La manifestación más numerosa ha sido la de ELA, que ha concetrado en Bilbao todas las movilizaciones -sólo ha hecho otra en Pamplona-. Su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que el sindicato no va a parar hasta conseguir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi de 1.500 euros y ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de “ponerse de perfil” ante esta reivindicación “sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y Vox”. Además, ha pedido “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad”.

ELA se ha manifestado bajo el lema 'SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte' (SMI 1.500, sin descanso hasta decidir aquí. En su discurso, previo a la manifestación, Lakuntza ha recordado la huelga general del 17 de marzo en demanda de un SMI propio en Euskadi y ha destacado que se ha conseguido “implicar en esta lucha a la clase trabajadora de nuestro país, dejar sin argumentos a la patronal, a los partidos, sindicatos y gobiernos que se oponen, y que una parte mayoritaria de la sociedad haga suya la reivindicación de un salario mínimo propio”. “Ese es nuestro mejor activo, el apoyo popular que hemos conseguido durante todo el proceso, con cada firma que recogimos para entregar la ILP, con cada protesta que hemos hecho cada vez que la patronal ha rechazado sentarse y con cada centro de trabajo que hemos conseguido parar”, ha resaltado.

Lakuntza ha dicho que no quieren “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad, porque argumentar que el incremento del SMI en todos los territorios donde sea posible es insolidario es, además de españolista, algo difícil de vender en este país”. En ese sentido, ha criticado que “hay partidos y sindicatos que venden que es mejor cobrar 1.200 euros que 1.500 euros” y ha dicho que “están faltando al respeto a los trabajadores en situación más precaria”, porque, entre otras cosas, la reivindicación del SMI de 1.500 euros es “un compromiso para mejorar la vida de miles de mujeres en este país” y porque un SMI propio de 1.500 euros “busca hacer justicia feminista”.

El líder de ELA ha afirmado que la explicación de aquellos que se oponen es, “sobre todo, ideológica, porque el españolismo y el centralismo se usan para extender la precariedad”. “Por eso no quieren que tengamos la capacidad para subir los salarios más bajos. Por eso también Confebask es centralista y españolista”, ha advertido, para insistir en que en ELA no se van a rendir hasta conseguir un salario mínimo propio.

En ese sentido, ha dicho que el lema “Jo ta ke hemen erabaki arte” de este Primero de Mayo quieren que sea “un impulso y una declaración de compromiso con la lucha por el SMI” y ha asegurado que van a trabajar “para abrir nuevas vías” y para que SMI “siga estando en la agenda política de este país, porque el SMI es una cuestión política”.

Además, ha criticado que, hasta ahora, el lehendakari “ha decidido oponerse al SMI propio, sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y VOX”. “En el mejor de los casos, Pradales se ha puesto de perfil”, ha reprochado, para recordar que hace unos días el lehendakari y su gobierno decidieron “responder de la peor manera posible, amenanzado a ELA y LAB con una nueva Ley de participación institucional que tendrá consecuencias si no pasamos por el aro de la mesa del diálogo social, una mesa vacía de contenido pero llena de propaganda”.

En ese sentido, ha añadido que el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que “premiarán a los que acudan a la mesa, a quienes acepten participar de ese teatro que buscan el gobierno y la patronal, el teatro de aparentar que se hace algo, cuando realmente no negocian nada”, y ha afirmado que la del diálogo social es “una mesa antidemocrática, donde ni siquiera se respetan las mayorías, porque UGT y CCOO apenas llegan al 28% de representación, y ahora se da un salto en una decisión autoritaria para atacar a la mayoría sindical de este país”.

Por otro lado, “ante un modelo capitalista salvaje que solo trae destrucción, miseria y muerte”, ha reivindicado los valores del Primero de Mayo, “la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida” y ha criticado que Confebask y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “han llamado a mirar para otro lado” ante los “graves peligros” que suponen “los gobiernos de Trumpo y Netanyahu, porque ”no quieren que se moleste a las principales amenazas para la paz mundial“ y porque ”su prioridad no son los derechos humanos, la paz o la justicia social, sino los intereses económicos“. Ante esto, Lakuntza ha reivindicado ”la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida“, ha denunciado el imperialismo y ha defendido ”la soberanía de los pueblos“.

También ha expresado su apoyo a los trabajadores que están participando en numerosas movilizaciones y huelgas, y ha subrayado que, ante los ERE y despidos que destruyen empleo, la labor del sindicato es defender los puestos de trabajo. “El objetivo de ELA no es votar lo que quiera la empresa, el sindicato debe mantener el empleo hasta el final”, ha subrayado. El sindicato, ha reiterado, “no está para facilitar despidos, ni para aceptar el mal menor, ni para votar lo que la empresa quiere, como en el caso de Tubos Reunidos, ni para dejar tirados a unos por otros”, sino que está para defender el empleo hasta el final, hasta el último juzgado si hace falta“.

También LAB ha cargado contra el Gobierno vasco y le ha acusado de “blanquear” a Confebask e impulsar “el sindicalismo dócil” y castigar “al sindicalismo soberanista de clase”. Además, el sindicato ha defendido que un salario mínimo propio de 1.500 euros es una “medida justa y viable” y seguirán con esa “lucha”.

“Langileok eragin” ha sido el lema elegido por LAB para sus marchas en 26 localidades aunque la central ha sido en Donostia donde la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, ha hecho un llamamiento a los trabajadores “a movilizarse por el derecho a trabajar y vivir en euskera y ha puesto en valor la labor de los trabajadores que luchan en defensa del empleo”. Aranburu ha afirmado que es de hoy es un día “de reivindicación y movilización” y ha mostrado su “solidaridad a los pueblos trabajadores del mundo”.

La dirigente de LAB ha defendido que la actual coyuntura exige realizar políticas a favor de los trabajadores y ha recordado que se viene de una “exitosa huelga general” el 17 de marzo por un salario mínimo propio y este Primero de Mayo miles de trabajadores han vuelto a a salir a la calles“. ”Por lo tanto, los trabajadores hemos hablado; reclamamos políticas redistributivas, para repartir los cuidados, el empleo y los salarios. Para mejorar los salarios y las pensiones, para garantizar el derecho a la vivienda; para garantizar servicios públicos de calidad en la sanidad, en la educación o en los cuidados“, ha apuntado.

Aranburu ha señalado que todas estas medidas son “medidas para cerrar las puertas al fascismo y la ofensiva reaccionaria y hacer frente a las brechas machistas y racistas y a las existentes entre generaciones”. La dirigente de LAB ha defendido el salario mínimo propio de 1.500 euros para “una vida digna” y ha asegurado que es “una medida necesaria, justa y viable”. “La patronal y los gobiernos han despreciado nuestras propuestas, pero la lucha sigue. La demostración de fuerza de la huelga mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. No será fácil”, ha reconocido.

CCOO y UGT piden “una política salarial seria”

Por su parte, CCOO y UGT han vuelto a manifestarse conjuntamente el Primero de Mayo en las capitales vascas y el líder del CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha reclamado “una política salarial seria” que “se deje de cuentos de la lechera” y fijar un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. Por su parte, el presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha defendido el diálogo social y “mancharse las manos para lograr avances reales” frente a quienes prefieren “la parálisis”. Estas reflexiones han sido realizadas en los mitines que han ofrecido ambos en la capital vizcaína, tras la manifestación que han realizado por Bilbao bajo el lema “Derechos, no trincheras: Salarios, vivienda y democracia”, una marcha que se ha repetido también en San Sebastián y Vitoria.

Santi Martínez ha afirmado que el sindicalismo confederal “no tiene fronteras, ni líneas rojas entre trabajadoras, ni trincheras”. En este sentido, se ha sumado en primer lugar al “no a la guerra”. “De trincheras saben mucho los criminales impulsores de unas guerras ilegales que están condicionando el mundo, que se están cargando un sistema de relaciones internacionales basado en el multilateralismo, que están promoviendo la ley del más fuerte para perpetuar guerras”.

Tras denunciar que “el capitalismo mata” y si se junta con “atrasistas” se convierte “en una pandemia mortal de imbéciles con poder”, ha defendido que Europa, España y Euskadi necesitan despertar de “su letargo” y ha asegurado que el sindicalismo confederal “va a contribuir a que despierte de ese mal sueño”.

Asimismo, ha señalado que ese sindicalismo confederal es el “mejor actor para defender a las personas trabajadoras” y ha llamado a estar “vigilantes ante la avaricia de unas patronales que no contentas con unos beneficios económicos históricos retoman el papel de plañideras a las primeras de cambio, cuando vienen mal dadas”.

“Bienvenidos sean aquellos neoliberales de pacotilla que terminan suplicando la intervención y el impulso de lo público en contextos como estos. Bienvenidos sí, pero no así. Las ayudas públicas se condicionan, a la protección del empleo, a un empleo de calidad y a una fiscalidad progresiva”, ha indicado.

En su discurso, también ha defendido el dialógo social “concebido para condicionar las políticas públicas”. En este sentido, ha asegurado que la mejor manera de “no condicionar nada es no estar” y ha afirmado que CCOO “no va a renunciar a ningún espacio de incidencia”. Tras recordar algunos de las medidas adoptadas en el marco del diálogo social, ha citado, entre ellas, la subida del 66% del SMI, “un 66 por ciento más que la subida lograda por las organizaciones convocantes de la última huelga general excluyente en Euskadi por el salario mínimo vasco”.

“Así que lecciones, las justas. A ver si va a resultar que el sindicalismo que califican como dócil es el que está condicionando de verdad las políticas públicas frente a la sobreactuación de algunas organizaciones que lo cuestionan todo pero que no cambian nada”, ha remarcado.

El representante de CCOO ha defendido establecer “una política salarial seria en este país que se deje de cuentos de la lechera”. “Estamos hablando de un salario mínimo de convenio de 1.500 euros”, ha remarcado.

Santi Martínez ha destacado la importancia de “pelear ese reparto de beneficios de las empresas en favor del factor trabajo” y, por ello, ve “fundamental garantizar el poder adquisitivo”.

“Defendemos una política salarial útil y pegada a la realidad de Euskadi, basada en la negociación colectiva. La prioridad pasa por incrementos salariales con garantías y por un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. El objetivo es reforzar certezas, mejorar rentas del trabajo y responder con herramientas concretas al coste real de la vida”, ha señalado.

Santi Martínez ha defendido también que ensanchar la democracia es “el mejor antídoto contra esos estrechos mentales que crecen como parásitos del descontento y fortalecen las ideas supremacistas de la ultraderecha”. “Ensanchar la democracia también en los centros de trabajo, ejerciéndola de verdad, y no aceptando vetos al voto de las plantillas”, ha remarcado.

Por otra parte, ha asegurado que el acceso a una vivienda es “hoy un problema generacional y generalizado” y también es “un problema laboral”. Por ello, ha reclamado un parque público de alquiler “asequible, suficiente y real”.

También ha pedido extender la democracia apoyando el proceso de regularización extraordinaria que “va a sacar de la clandestinidad a miles de conciudadanas” y ha señalado que estarán presentes para “evitar el dumping salarial a la baja que quieren establecer algunas empresas”.

“Hoy queremos ser la referencia de la población trabajadora migrante. Porque en nosotras no van a encontrar ninguna duda, ninguna vacilación banderiza, ninguna barrera teñida de patriotismo rancio, sea vasco o español, nosotras tenemos claro que, como antes, y como siempre, 'de aquí o de fuera, la misma clase obrera. No podemos criticar las prioridades nacionales de algunos y callarnos ante otras prioridades y privilegios que, nos lo cuenten como nos lo cuenten, fragmentan la sociedad y el mundo del trabajo”, ha criticado.

Por su parte, el presidente de la omisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha reafirmado el papel del sindicalismo de clase como “primera línea de defensa” de los derechos laborales en el actual contexto de incertidumbre global y ha subrayado que su prioridad absoluta es la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora “por encima de intereses y de siglas”.

En este sentido, Tximi López ha defendido la apuesta por la negociación y el acuerdo que mantiene UGT y ha rechazado las críticas por su participación en la Mesa de Diálogo Social, porque el compromiso con los trabajadores se demuestra “con hechos y convenios, no con descalificaciones”.

“Que nos oigan los que tanto nos critican: no estamos aquí para afianzar siglas, sino derechos”, ha asegurado en referencia a ELA y LAB que no participan en ese foro.

Tximi López ha añadido que, frente a quienes prefieren “la parálisis” para reafirmar sus posiciones, UGT opta por “mancharse las manos para lograr avances reales”.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al PNV de “exagerar” por su reacción al 'meme' publicado por los socialistas sobre el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y ha pedido al partido jeltzale que retire su iniciativa sobre el euskera en las OPE porque es “una amenaza a miles de trabajadores” y merece “una respuesta en la calle”. Tras asegurar que no tiene “nada que hablar” con PNV, cree que hay que dar tiempo para que “las aguas vuelvan a su cauce” y ha asegurado que “no está en riesgo” la coalición de gobierno. Andueza ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha encabezado la delegación socialista que ha participado en la manifestación convocada por CCOO y UGT con motivo del Primero de Mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha subrayado que este año hay “más razones” para participar en los actos del día del Trabajador porque los “derechos laborales están en riesgo”, en primer lugar, por la amenaza de la derecha y de la ultraderecha y, en segundo lugar porque son los trabajadores “los que pagan las consecuencias de las guerras injustas”. Además, ha añadido que en Euskadi también tienen “un motivo muy importante para salir a la calle”, porque “se suma una amenaza más, una amenaza a los derechos de los trabajadores por parte del PNV y EH Bildu”, que, a su juicio, “quieren imponer a través de esas proposiciones de ley para la reforma de la Ley de empleo público una mayor exigencia de euskera en la administración pública”. A su entender, ello impide a miles de trabajadores acceder a una OPE o consolidar su puesto de trabajo. Andueza cree que es “algo muy grave” que “no lleva a nada” y, “desde luego merece una respuesta en la calle por parte de todas las fuerzas y sindicatos”, informa Europa Press.

Precisamente, estos días se han evidenciado las diferencias entre PNV y PSE, después de que, tras unas palabras del presidente del EBB, Aitor Esteban, hablando de los avances en la negociación del nuevo Estatuto, los socialistas publicaran una imagen generada con IA del líder jeltzale lanzándose a una piscina“ con un texto en el que le reprochaban haber roto el consenso en torno al euskera en las OPE.

Un 'meme' que llevo al PNV a calificarlo de “indecente” y anular una reunión prevista en Bilbao con el representante del PSOE Antonio Hernando y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para hablar de reforma estatutaria. Andueza entiende que la reacción del PNV fue “una exageración excesiva” y, en todo caso, le ha restado “toda importancia” porque lo que querían con ese “tuit era poner la atención en lo que importa”.

Eneko Andueza ha asegurado que “lo importante” es que el PNV decidió “abandonar” los consensos que tenía con PSE-EE en esta cuestión y “emprender por libre una vía que no les va a llevar absolutamente a nada”. “Decidió presentar por libre una proposición de ley en el Parlamento Vasco al margen del PSE y ahora, cuando se ve en un callejón sin salida, intenta una maniobra de despiste para que la gente no se dé cuenta del error”, ha manifestado.

Tras señalar que tienen acordado “silencio y discreción” sobre las conversaciones en torno al nuevo Estatuto, ha indicado que el PNV lo ha “roto” y ha asegurado que las declaraciones que hizo Esteban, en torno a avances en esa negociación, hizo que tuvieran que “poner pie en pared” para denunciar que esas manifestaciones eran “una maniobra de distracción”. “Y cuando les hemos roto la estrategia es cuando se han enfadado, pero mal negocio ha hecho el PNV cuando ha emprendido ese viaje en solitario para terminar rogando una abstención a EH Bildu”, ha apuntado.

Andueza ha afirmado que toda esta “polémica, todo este lío y bronca artificial que han montado algunos” no ha venido por ese “meme”. Andueza ha añadido que ese “meme” llegó “en el momento preciso” en el que el PSE “quiso llamar la atención” sobre que el PNV “estaba rompiendo el pacto de silencio en torno a la reforma del nuevo Estatuto” para “despistar e intentar tapar un error”, el de haber roto “el consenso” sobre el euskera.

En este sentido, ha reiterado que la mejor solución es “parar, reflexionar” y que el PNV “retroceda y, desde luego, retire una proposición de ley que no lleva a nada, que perjudica a todo el mundo y, especialmente, a ellos mismos”. “Lo que no podemos pretender, desde luego, es que los errores del PNV los tenga que arreglar el PSE. Les pido que retiren esa proposición de ley para que este debate se produzca con sosiego”, ha manifestado.

A su juicio, ahora se abren diferentes escenarios, el primero que el PNV se haga “eco” de la solicitud que ha hecho el PSE-EE y retire esa propuesta, el segundo que EH Bildu se abstenga como le ha “rogado” el PNV y el tercero que “PNV y EH Bildu puedan alcanzar un acuerdo”, algo que ve posible, “e incluso el PNV pueda apoyar la propuesta de EH Bildu”.

Eneko Andueza cree que la “mejor opción” es la primera porque las otras dos “son un golpe en la línea de flotación de los derechos laborales de miles de ciudadanos en Euskadi que no van a poder acceder a una OPE para tener un empleo porque no van a poder consolidar su puesto”.

Cuestionado por si ha hablado, desde la polémica del tuit, con el PNV, ha afirmado que no lo ha hecho porque entiende que “no tienen nada que hablar”. “Es decir, muchas veces el que se sienta agredido entiende que los demás nos tenemos que pronunciar”, ha señalado.

Faltas de respeto del PNV

Andueza ha añadido que, en los últimos tiempos, el PSE-EE y él, como secretario general del partido, han sufrido “campañas orquestadas por el propio PNV, en las que le ”han faltado al respeto“. ”Ha habido un alcalde como Eneko Goia que me ha llamado Bocazas, ha habido una presidenta del Gipuzko Buru Batzar que despectivamente me ha llamado españolista. Hace dos días un importante miembro del PNV dijo de mí que era un manazas, que era un gamberro y que lo único que hacía era rebuznar“, ha denunciado. El líder de los socialistas vascos ha asegurado que su reacción ”nunca va a ser airada, nunca va a ser un plante, nunca va a ser una pataleta pública“. Andueza ha asegurado que, si alguien ha sufrido ”las faltas de respeto“ por parte del PNV a lo largo de la historia ha sido el PSE. ”Lo hemos sufrido muchas veces y nunca nadie por parte del PNV ha descolgado el teléfono para pedirnos perdón“, ha remarcado.

Pese a las diferencias con el PNV, se ha mostrado rotundo al afirmar que ello “por supuesto” que no pone en riesgo la coalición de gobierno con el partido jeltzale. “Yo no veo en riesgo absolutamente nada y es que hemos vivido momentos de tensión, que han sido tensiones artificiales provocadas por el PNV en los últimos años, muchas y siempre se reconduce. Nadie va a poner en riesgo la coalición, por lo menos, por parte del PSE-EE”, ha advertido.

Eneko Andueza ha indicado que, si alguien piensa que va a ser el PSE-EE el que va a romper la coalición, es que no les conoce y no conoce su seriedad y su compromiso “con la palabra dada”. “Y no será el PSE el que lo rompa, tampoco creo que lo haga el PNV. Dejemos que el tiempo pase, que las aguas vuelvan a su cauce y como siempre se cumpla el guión que siempre se cumple y es que todo esto vuelva otra vez a su normalidad y volvamos a seguir trabajando intensamente”, ha manifestado. En este sentido, se ha mostrado convencido de que en las próximas semanas se producirá la reunión que canceló el PNV. Por último, preguntado si le ha llamado Pedro Sánchez, tras esa polémica, ha respondido que el presidente del Gobierno tiene “cosas bastante más relevantes que atender, que hacer una llamada al secretario general de Euskadi”. Andueza ha añadido que entiende que Moncloa haya hablado con el PNV porque tiene sus propios intereses.

Facua, una organización que defiende los derechos de los consumidores, le ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que retire diez unidades de autobuses urbanos que adolecen de “graves problemas” y suponen un “peligro para la seguridad”. Conductores de la sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) venían quejándose de que la flota cuenta con un modelo fabricado por la empresa Vectia que “se apaga” cuando hay algún problema electrónico, lo que les deja sin asistencia de frenado ni dirección. La compañía, que ya ha confirmado a este periódico la existencia de estas incidencias en otras ocasiones, subraya, sin embargo, que los vehículos están “debidamente homologados”.

Las unidades, con matrículas de la K, datan de 2018 y 2019. “En ciertas circunstancias, de estar en curvas o entrando en marquesinas, sí es peligroso. Al estar entrando a una parada, te apoyas en esos sistemas de frenada y dirección parra hacer una aproximación correcta. Si de repente, y de repente es de repente, sin ningún tipo de aviso, se apaga, ese frenado con el que contabas desaparece de golpe y se convierte en un problemón”, explicaba a este periódico Asier López de Sabando, conductor y miembro del comité de empresa. Los trabajadores han dado repetidos partes de estas incidencias y aseguran que, en la práctica, se está evitando sacar estas unidades durante los fines de semana. En recientes fechas festivas, con menos frecuencia en las líneas, se han podido ver también otros modelos más antiguos cubriendo los trayectos que habitualmente hacen los Vectia.

Facua ha instado al Consitorio, gobernado por una coalición de PSE-EE y PNV, que “tome de manera urgente las medidas que sean necesarias para retirar de la circulación los vehículos afectados hasta que sus problemas de funcionamiento sean solucionados y ya no supongan un peligro para los usuarios del transporte de autobús urbano de la ciudad y para la seguridad vial en general”.

Tuvisa ya había respondido al escrito de Facua antes de que la organización lo hiciera público este jueves. En su respuesta, Tuvisa subraya que los autobuses Vectia, como todos los demás, son “debidamente homologados y sometidos a todos los mantenimientos e inspecciones periódicas correspondientes, incluidas las Inspecciones Técnicas de Vehículos”. “En dichas inspecciones se realizan, entre otras pruebas, ensayos específicos del sistema de frenado que implican la retirada de aire y la ejecución de dos frenadas de emergencia, lo que permite verificar que, incluso en situaciones de desconexión, el vehículo mantiene en todo momento su capacidad de frenado”, abunda.

Explica Tuvisa en ese escrito también que, a lo largo de los años, ha tomado diversas medidas relacionadas con el funcionamiento de estas unidades concretas. Ha brindado a todos los conductores información sobre su comportamiento, los ha puesto en contacto con personal de Vectia, ha llevado a cabo auditorías de los vehículos y ha emitido recordatorios informativos, entre otras acciones que enumera.

Facua subraya que “el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera”.

Sobre el funcionamiento de estos autobuses, Tuvisa ha explicado en otras ocasiones que todo en estos autobuses está “conectado a través de una red de comunicación”. “Si alguno de los módulos deja de comunicarse o hay una señal incorrecta, la unidad electrónica puede deshabilitarse para proteger el sistema y evitar daños mayores o un comportamiento imprevisible”, ha señalado, preguntada por este periódico. Se debe, abunda la sociedad municipal, a que estos vehículos híbridos están equipados con baterías que funcionan a “tensiones elevadas”, por lo que una anomalía podría generar “daños en componentes o generar un riesgo en la seguridad operacional”. “En absoluto”, defienden, significa esto que el autobús pierda la dirección.

El pleno del Ayuntamiento de Donostia ha acordado este jueves instar al Gobierno vasco a que establezca un nuevo instituto público en Aiete. Era una petición de Aieteko Institutua Bai Kolektiboa, apoyada por la asociación vecinal Lantxabe. La moción ha salido adelante por unanimidad (PNV, PSE-EE, EH Bildu, PP y Elkarrekin) y sin necesidad de debate. Estaban presentes ambas entidades, cuyos representantes se colocaron de pie durante la votación y aplaudieron tras la decisión.

El pasado 13 de abril, el colectivo ofreció una rueda de prensa en el Ayuntamiento para anunciar que su propuesta de ampliar la oferta de educación pública en el barrio contaba ya con el respaldo de todos los grupos políticos. Desde entonces, la mirada estaba puesta en este jueves, cuando el pleno debía confirmar ese acuerdo.

Asier Aldabaldetreku, portavoz del colectivo, le comparte a este medio su emoción por haber dado el primer paso. Desde finales de 2024, el grupo comenzó a organizarse al detectar “una necesidad que no está cubierta en el barrio”. En este tiempo han sumado apoyos de diferentes ámbitos, desde otros institutos también saturados hasta asociaciones y representantes políticos. Por otra parte, el colectivo promueve su recogida de firmas en la plataforma change.org para lograr su objetivo con el apoyo de ciudadanos interesados.

El centro público de Aiete nació gracias a una lucha vecinal y está a punto de cumplir una década. En su origen, se diseñó para cubrir únicamente educación infantil y primaria, una oferta que hoy tampoco da abasto. Según detalla el portavoz, de los diez niveles educativos existentes, en siete ya se ha tenido que duplicar línea, lo que ha obligado al centro a “hacer malabares” y reconvertir espacios como la biblioteca o el aula de inglés en clases ordinarias.

La presión comienza desde la base, explica Aldabaldetreku. El sistema público arrastra un “cuello de botella” desde la etapa infantil, ya que comparte espacio con una guardería de capacidad limitada, dejando fuera a muchas familias desde el inicio. A su juicio, la necesidad está “más que justificada”.

El problema se agrava al finalizar la primaria. La ausencia de un instituto público que imparta ESO y Bachillerato en Aiete obliga al alumnado a desplazarse a barrios como el Antiguo o Amara, donde los centros presentan ya altos niveles de saturación. El portavoz advierte de que esta situación no solo incrementa la masificación, sino que también genera problemas de conciliación y convivencia.

Los datos demográficos refuerzan la reivindicación. Según Eustat, con datos actualizados a 5 de diciembre de 2025, Aiete es el barrio con mayor proporción de población joven de Donostia, con 2.887 menores de entre 0 y 19 años, lo que representa un 20%. Supera ampliamente a otras zonas como el Antiguo, con 1.925 menores (14,1%). El colectivo defiende que estas cifras evidencian una demanda educativa creciente que no está siendo atendida.

En cuanto a la viabilidad, el colectivo sostiene que existen opciones reales. Aldabaldetreku apunta a la posibilidad de reutilizar infraestructuras ya existentes, como el antiguo centro de Jesuitinas, recientemente cerrado. “No es más que una cuestión de voluntad”, afirma. También recuerda que el Gobierno vasco desarrolla actualmente el plan Hezkuntza Eraiki 2030, que prevé una inversión de 750 millones de euros en infraestructuras educativas.

El camino institucional no ha hecho más que empezar, pero el portavoz valora muy positivamente el respaldo recibido hasta ahora. Destaca especialmente la unanimidad política lograda en el Ayuntamiento, algo que califica como “excepcional”. Agradece, además, la implicación de los grupos municipales, que han facilitado el contacto y la visibilidad del colectivo. Ahora, la decisión está en manos del Gobierno vasco. El colectivo espera coherencia entre el apoyo municipal y la respuesta autonómica, aunque asume que habrá que esperar.

El Gobierno vasco implantará un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar que se cumple la legislación en materia de contratación de personas discapacitadas en las sociedades públicas. El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda de los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, en el que se insta al Ejecutivo a establecer este mecanismo de control y que, además, las declaraciones de excepcionalidad al cumplimiento de la norma requieran de la acreditación ante Lanbide de las gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla.

Lo que no hará el Gobierno vasco es comprobar cuántas sociedades públicas incumplen en estos momentos la legislación, que obliga a tener un 2% de la plantilla destinada a personas con discapacidad, ya que ha decaído la iniciativa presentada por el PP vasco, promotor del debate, en la que pedía la realización de un estudio completo del cumplimiento de la norma desde que se aprobó en 2013.

El PP fue el que, a través de una pregunta parlamentaria, hizo público que el Ente Vasco de Energía (EVE) había abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener personas discapacitadas en plantilla. La legislación obliga a la contratación de un mínimo del 2% o, de no ser posible, acogerse a una excepcionalidad. Durante su intervención, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha desvelado que “el EVE no está solo” en este incumplimiento, sino que, por ejemplo, también la Spri ha hecho esta donación a la Fundación Adecco. “La misma cantidad, la misma Fundación y la misma resolución de excepcionalidad que también le blinda hasta el 2027. Esto no es una coincidencia. Esto es un sistema, un sistema que el Gobierno vasco ha permitido y validado”, ha señalado el parlamentario del PP. También ha indicado que el BEC pidió la excepcionalidad en 2021 y decayó en 2024 sin que se haya pedido la renovación ni conste en ningún documento que cumple con los mínimos de contratación.

Ante la imposibilidad de conocer cuántas sociedades incumplen la normativa en estos momentos, el PP ha insistido en realizar esta especie de autoría para conocer la situación de la que se parte, pero ningún otro grupo ha apoyado la iniciativa de los 'populares', aunque tanto desde EH Bildu como desde Sumar se ha agradecido y reconocido la labor de este grupo al llevar el tema de la contratación de personas discapacitadas a la Cámara.

Aunque todos los grupos han presentado enmiendas, ha salido adelante la presentada por el PNV y PSE-EE con el único voto a favor de los partidos de Gobierno, la abstención de EH Bildu y Sumar y el voto en contra del PP. En dicha enmienda, además de establecer el seguimiento del cumplimiento y de la acreditación de la excepcionalidad a través de Lanbide, PNV y PSE-EE instan al Gobierno vasco a impulsar “una política activa de sensibilización” en el sector público vasco para fomentar las medidas de integración. Además, piden a las sociedades públicas, entes de derecho privado, fundaciones u otras entidades que componen el sector público vasco, que impulsen políticas de integración para personas con discapacidad e incorporen personas con discapacidad en sus plantillas.

La enmienda del PP pedía, además del estudio de grado actual de cumplimiento de la norma, que se establezca un sistema de seguimiento anual del cumplimiento “con comunicación periódica a Lanbide y evitando que se repitan situaciones de incumplimiento prolongado sin detección”, así como que se exija a las sociedades públicas solicitantes de declaración de excepcionalidad la acreditación de haber ofertado al menos tres perfiles distintos adaptados a personas con discapacidad antes de resolver favorablemente solicitud de excepcionalidad.

EH Bildu y Sumar han presentado también sus propias mociones que no han salido adelante. EH Bildu reclamaba “mecanismos eficaces de control” para que se cumplan las cuotas de reserva y para que las medidas de exención alternativas a la contratación no sean subterfugios habituales, garantizando que las personas con discapacidad sean contratadas directamente en el empleo ordinario“. Esta enmienda también pedía al Ejecutivo que garantice que el sector público ”sea un ejemplo para la integración de las personas con discapacidad en el empleo“ y que, en consecuencia, ”priorice en las licitaciones la contratación de empresas que cumplan la cuota de reserva mediante la contratación directa de personas con discapacidad“, como una forma de que esa contratación se extienda al sector privado. Además, solicitaba un aumento de las labores de control por parte de la Inspección de Trabajo en esta cuestión.

Por su parte, Sumar pedía al Ejecutivo que garantice la reserva de plazas para personas con discapacidad en las empresas y entidades públicas “en cumplimiento estricto de la ley de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social” y que se revisara la concesión de excepciones y se aplicaran “criterios estrictos”.

El Parlamento Vasco ha acordado dar inicio de la tramitación de una reforma quirúrgica de la normativa autonómica del juego con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los bingos de los centros de jubilados en los que se abonan cantidades simbólicas por los cartones y se opta a premios de pequeño montante. El asunto llegó a la Cámara luego de una visita de la Ertzaintza al centro Bonaparte de Bilbao, donde hay instalado un sistema electrónico para la actividad, en aplicación estricta de la ley que regula las apuestas y los juegos de azar, que impide llevarlos a cabo sin licencia si tienen un componente económico.

Ha sido el PP el que ha abanderado la defensa de esta actividad incluso con una visita al bingo del Bonaparte en la que grabaron un vídeo para las redes sociales delante de su panel electrónico con computadora. El PP, en el pleno de este jueves, ha concitado los votos de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno, y también de Vox para abrir una ponencia legislativa. El resto de partidos, EH Bildu y Sumar, tampoco se han opuesto. Ahora se abre un período en el que tocará definir los ajustes concretos para que el bingo con cantidades simbólicas no sea perseguido legalmente. PNV y PSE-EE han sugerido ya que la redacción original del PP no es la más adecuada, pero tienen mayoría suficiente para plantear sus propios términos.

La 'popular' Ainhoa Domaica ha señalado que esta iniciativa legislativa puede parecer una “pequeña cosa”, pero ha puesto en valor “la política del día a día, de lo cotidiano, de esos problemas en los que se encuentran los ciudadanos y muchas veces no saben cómo se les puede dar respuesta”. “Por eso dimos un paso adelante”, ha expuesto en la tribuna. “Lo que queremos es devolver esa seguridad jurídica, esa tranquilidad a las personas mayores del hogar de Santutxu, que dedican sus tardes con un euro a jugar con sus compañeros, a huir de esa soledad no deseada, a relacionarse con otras personas. Creemos que una actividad que genera tantos beneficios sociales no puede estar prohibida por una ley, y mucho menos encontrarse en el disparate de que puedan enfrentarse a multas de 60.000 euros”, ha agregado la parlamentaria del PP.

Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha recordado que la ley ya permite el juego siempre que sea sin dinero (“aquí nadie ha prohibido jugar al bingo”), pero ha concedido que es deseable una reforma legislativa para que siempre que lo que se juegue sea una “cantidad simbólica” de dinero también pueda ser posible. Por parte del PSE-EE, Miren Gallástegui ha reconocido igualmente que “efectivamente hay determinados juegos de carácter tradicional que contribuyen a fomentar la convivencia, la participación y una cosa muy importante, que es el envejecimiento activo”, según ha indicado. Ahora bien, ha afeado que la solución del PP lo aborda “desde la inconcreción y desde la imprecisión”, por lo que ha confiado en que el trámite de enmiendas permita arbitrar una fórmula adecuada. La representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha ironizado con que la Policía va a terminar considerando “red de juego ilegal” las partidas de cartas familiares en Navidad.

Desde Sumar, Jon Hernández ha dicho estar de acuerdo “con el objetivo” de la reforma legislativa, pero ha pedido aprovechar la tramitación para cuidar también lo relativo a la “adicción al juego”. “Somos conscientes también de la dura realidad que padecen muchas personas en nuestro entorno con la adicción al juego”, ha planteado. En la misma línea, Gorka Ortiz de Guinea de EH Bildu ha aludido a que la propuesta del PP no garantiza la prevención de conductas “peligrosas o patológicas” con las apuestas. Y ha avisado de que legislar a golpe de titular puede generar que se abra la puerta a que también espacios con menores puedan organizar estas actividades. Ha añadido que la reforma debería haber provenido del Gobierno, lo que obliga a aportar una batería de informes que ahora no se han emitido.

La portavoz económica del PNV en el Parlamento, Alaitz Zabala, cara visible de los nacionalistas en los debates y negociaciones presupuestarios en los últimos años, ha sido designada asesora del consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. El salto de Zabala al Gobierno ha motivado su renuncia al escaño, al que accedió en mayo de 2019. Ainhoa Santisteban, que ya fue parlamentaria durante unos meses en la pasada legislatura, ha tomado ya posesión como nueva integrante del grupo nacionalista en el Parlamento Vasco en el arranque de la sesión plenaria de este jueves.

Zabala, nacida en Derio pero residente en Sondika, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y fue contable del Euzkadi Buru Batzar del PNV antes de entrar al Parlamento. “Desde muy joven he sido muy consciente de que soy euskaldun y abertzale. Mi aita y mi ama me lo enseñaron y así se lo quiero trasladar a mis hijos. Además, ambos aitites fueron gudaris y exiliados, y una amama se quedó viuda desde muy joven y sacó adelante a tres niños pequeños vendiendo leche. Gracias a ellas y ellos he tenido claro que nuestra patria es Euzkadi y que merece ser reconocida como tal”, contaba en su ficha previa a las autonómicas de 2024.

Fuentes del PNV y del Gobierno han confirmado a este periódico el nombramiento. Zabala se integrará como asesora en la estructura del equipo de D'Anjou. Se trata de un nombramiento que no tiene que pasar por Consejo de Gobierno y que será publicado directamente en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) próximamente. Tendrá funciones en materia de “política económica”, siempre según las fuentes consultadas.

Este Primero de Mayo de 2026, en el que los sindicatos sacarán a las calles vascas miles de trabajadores reivindicando sus derechos, parece calcado al del año pasado, como si las reivindicaciones que centraron los lemas de 2025 hubieran quedado suspendidas. El año pasado las reclamaciones de los sindicatos vascos iban del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi al “no a guerra”. Y en esas mismas estamos un año después, con situaciones incluso peores en lo que se refiere a los conflictos bélicos, que están repercutiendo -al margen de en la pérdida de vidas humanas- en un progresivo deterioro de las condiciones económicas que influye directamente en la situación de los trabajadores. En cuanto al SMI vasco, sigue estancado, sin que la patronal vasca quiera sentarse a negociar.

Así las cosas, los salarios dignos y las consecuencias que tendrán las guerras abiertas -Ucrania, Gaza, Irán- sobre los trabajadores, con lo que eso supone en el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda o el incremento de la precariedad laboral, centrarán los lemas de los sindicatos que se manifestarán este viernes festivo por las capitales vascas, en su mayoría separados, como ya es habitual en el panorama sindical vasco.

Aunque son muchas las reivindicaciones que comparten, solo CCOO y UGT se manifestarán de forma conjunta entre los cuatro sindicatos más representativos. El primer sindicato vasco, ELA, y el segundo en representatividad, LAB, lo harán por separado, ratificando una vez más que la unidad de acción entre ambas centrales queda restringida a casos muy puntuales. Otras centrales como ESK compartirán convocatoria con Steilas, CGT y CNT. Aunque habrá manifestaciones de todas las centrales en las tres capitales, la mayoría ha elegido Bilbao para sus actos centrales. Este es el caso de ELA, CCOO y UGT, mientras que LAB tendrá la manifestación central,con sus principales líderes, en Donostia.

En el caso de ELA, el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza concentra sus esfuerzos en una única manifestación en la capital vizcaína -tendrá otra en Pamplona- bajo el lema ‘SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte’, un lema que ya es toda una declaración de intenciones: no cesará en su reivindicación de un salario propio de mínimo 1.500 euros hasta que se consiga, como ya advirtió con motivo de la huelga general por este motivo que capitaneó junto con LAB y otros sindicatos como Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT. El sindicato, que junto a otras centrales nacionalistas de varias comunidades autónomas ha puesto en marcha una campaña en el Congreso para conseguir modificar el Estatuto de los Trabajadores y que las comunidades puedan legislar sobre el SMI, insta al lehendakari a implicarse directamente en el proceso y reivindicar esta competencia a Madrid. ELA considera que “con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas”.

LAB realizará un total de 26 manifestaciones en las capitales vascas y navarra, en Baiona y Maule, se movilizará junto a la intersindical y en varias comarcas, aunque la movilización central tendrá lugar en Donostia. Ante la guerra y el encarecimiento de la vida, LAB reivindicará políticas a favor de los trabajadores bajo el lema 'Langileok eragin'. Denuncian desde este sindicato que la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora “pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales”. Ante ello, consideran que hay que expresar con firmeza un mensaje contra la guerra: “No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra”.

En este contexto incierto reclaman “políticas en favor de los trabajadores”, con salarios y pensiones con “ingresos mínimos dignos”. “Hay que reivindicar que se ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos”. “Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza”, señalan desde el sindicato.

UGT y CCOO se movilizarán juntos en Euskadi, siguiendo la estela de sus formaciones en todo el Estado. Realizarán movilizaciones en las tres capitales vascas, con acto central en Bilbao, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.  “Es decir, defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión”, señalan desde estos sindicatos. Ambas centrales quieren además quieren que sea un día para contraponer el diálogo social que defienden “herramienta eficaz y útil” ante el “ruido y la crispación” de sindicatos que defienden “el conflicto estéril y el grito”. Además, quieren que sea una oportunidad para reclamar la defensa de proteger la industria para garantizar salarios dignos y exigir a las Administraciones públicas que no destinen ni un euro de dinero público a las empresas que optan por la deslocalización ante la mínima dificultad.

Otros sindicatos como ESK, Steilas, CGT y CNT comparten convocatoria con manifestaciones en las tres capitales vascas en contra de la guerra y el imperialismo, aunque el acto central será en Vitoria: “No vamos a permitir que sigan empobreciéndonos para enriquecerse a nuestra costa y, menos aún, que lo hagan justificando, por acción o por omisión, guerras e injerencias imperialistas”, señalan.

Estas son las principales manifestaciones

ELA: El sindicato mayoritario concentra las movilizaciones en la CAV en Bilbao, a las 11.30 horas. Un acto central en la plaza del Sagrado Corazón con intervención de Mitxel Lakuntza dará paso después a la manifestación que acabará en la plaza Circular.

LAB: La movilización principal será en Donostia. Una manifestación arrancará a las 12 horas de la plaza Easo y termirá en la plaza de la Trinidad, con un acto de la coordinadora general Garbiñe Aranburu. Además, se manifestarán en Vitoria a las 12.30 desde la plaza de la Provincia, y en Bilbao a las 12 desde la plaza Zabalburu.

CCOO y UGT: El acto central de estos sindicatos tendrá lugar en Bilbao, con la presencia de Santi Martínez, secretario general de CCOO, y de Tximi López, responsable de la comisión gestora que dirige UGT. La manifestación arrancará a las 11.30 a la altura del número 77. En Vitoria arrancará a las 12 de la Virgen Blanca y en Donostia a la misma hora desde el Alderdi Eder

ESK, Steilas, CGT y CNT: Manifestaciones en las capitales, a las 11.30 desde la Gran Vía de Bilbao, a la altura del número 56; a las 12 en Donostia desde el Museo de San Telmo; y a las 12,30 desde el Palacio Europa de Vitoria.

Este miércoles, Chillida Leku, en Hernani, ha inaugurado su ciclo de conciertos ofrecidos por alumnos de Musikene, el centro superior con sede en Donostia. El primer grupo en presentarse ha sido el Trío Zephyra, compuesto por David Lima, Koldo Armentia y Maria Salva. Con viola, flauta y arpa, respectivamente, el grupo ha interpretado piezas reconocidas del repertorio clásico ante un público de medio centenar de personas.

La sesión ha comenzado con una breve presentación de los artistas, quienes han explicado el desarrollo del concierto. Han abierto con el Preludio de la suite de André Jolivet, una pieza “breve y delicada” interpretada por los tres instrumentos. A continuación, ha llegado el turno solista de David Lima, que con su viola ha abordado la Suite n.º 1 en sol menor. La obra, compuesta por cuatro movimientos, ha transitado entre pasajes de tensión y otros de corte más melancólico. Ha recibido muchos aplausos.

Tras este momento, y ya bajo una muy intensa tormenta, el trío ha vuelto a reunirse para interpretar el Intermezzo de Georges Bizet. Durante la ejecución, un ruido seco ha interrumpido la atmósfera de la sala. No ha sido hasta el final de la pieza cuando se ha aclarado: una cuerda del arpa se había roto. Con carisma y profesionalidad, Salva ha explicado que su instrumento, de 47 cuerdas, puede resentirse con los cambios de temperatura y humedad. El paso de un entorno seco y cálido a otro más frío y húmedo había provocado el desgaste. Mientras hablaba, ha recolocado la cuerda y afinado el instrumento, convirtiendo el imprevisto en parte del concierto.

El cierre ha llegado con una obra de Claude Debussy. A lo largo de sus cinco movimientos, el trío ha construido un final cargado de matices: melancólico, nostálgico y, por momentos, luminoso. Afuera, una tormenta caía sobre el caserío Zabalaga, como si acompañara la música. Poco a poco, la lluvia fue perdiendo fuerza al mismo tiempo que las últimas notas se apagaban en la sala. El público ha abandonado el espacio con una admiración evidente, entre aplausos, felicitaciones y despedidas pausadas.

Con entrada gratuita, el ciclo continuará y se cerrará con Kontuz Duo, formado por el saxofonista Pablo Mira y el acordeonista Pedro Rolao. El concierto tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo a las 19:00, también en el caserío Zabalaga. Para reservar un asiento, se debe realizar desde la página web de Chillida Leku.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado como novedad para combatir los efectos en las listas de espera quirúrgicas de la huelga corporativa de médicos, que está ya en 78 días de media por 54 de finales de 2025, la derivación a centros privados concertados por Osakidetza de aquellos pacientes que superen los seis meses de demora, que son ahora prácticamente diez veces más que antes de las protestas, 1.794 frente a 89. “Ofreceremos a las personas que lleven más de 180 días la opción voluntaria de ser operados en centros concertados. Daremos la opción a los más vulnerables. Pueden elegirlo si así lo consideran”, ha explicado a los periodistas en el Parlamento Vasco el titular de Salud.

Sin embargo, se da la circunstancia de que un decreto aprobado en 2006 por el entonces consejero Gabriel Inclán ya prevé que quienes estén más de 180 días en espera puedan ser derivados a la privada con cargo a los presupuestos públicos. Baja incluso a 90 días para pacientes con problemas cardíacos y a 30 en el caso de los oncológicos. Este periódico informó en 2023 de que en 2021 y 2022, dos años de incremento de las esperas a causa de los efectos de la pandemia, de que Osakidetza había destinado del orden de 8,3 millones de euros en 21.960 actos médicos derivados a centros privados.

El consejero Martínez ha dado a entender que la novedad será la actitud proactiva de Osakidetza para informar de ese derecho existente desde hace veinte años. “Vamos a llamar a esas personas”, ha asegurado. El titular de Salud, del PNV, insiste en hacer ver que los problemas en los sistemas autonómicos causados por la huelga son consecuencia directa de la inacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. “La llave no está en nuestra mano”, ha repetido a los medios de comunicación.

Martínez, que lleva enfrentado a García prácticamente desde que accedió al cargo en 2024, se ha preguntado: “¿Hay alguien en el Ministerio de Sanidad?”. El consejero nacionalista ha repetido que Euskadi se ofrece a asumir todas las competencias para negociar el estatuto marco de los facultativos. “¿Para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad?”, ha lanzado ironizando que García parece estar pensando exclusivamente en su carrera como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, confirmada ya por ella misma.

El consejero, según ha explicado, está manteniendo reuniones con profesionales de diferentes hospitales, especialidades y “generaciones” para conocer directamente su opinión. Teme que las protestas -que duran una semana y que se repiten cada mes- se sucedan en mayo “e incluso en junio” por la falta de capacidad de diálogo de la ministra. Como contraste, ha enumerado “catorce” acuerdos profesionales alcanzados en los últimos tiempos y ha anunciado todavía más, aunque siendo consciente que la huelga es de ámbito superior al autonómico. Osakidetza, eso sí, aprobó su último convenio en 2008, hace 18 años.

Este lunes, primer día de la nueva tanda de huelgas, los paros fueron seguidos por un 16% en el turno de mañana y por un 4% en el vespertino. Osakidetza ha subido los servicios mínimos y garantiza que no hay demoras para casos de cáncer o patologías “tiempodependientes”. Como detalle, Martínez ha señalado que el interlocutor legítimo es el SME, cuarta fuerza sindical tras elecciones internas de 2024, y no el movimiento MUD, que algunas voces asemejan a 'Ertzainas en lucha', el movimiento asindical de la Ertzaintza de 2023.

El PSE-EE “no” contempla retirar de sus redes sociales la imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a Aitor Esteban lanzándose a una piscina y que los nacionalistas vieron “indecente” desde el primer momento. “Nosotros no abrimos el capítulo” de las diferencias, ha dicho sobre las relaciones entre los socios en Euskadi el parlamentario socialista Pau Blasi, al tiempo que pedía a los nacionalistas la retirada de la iniciativa presentada en solitario para reformar la normativa de empleo público autonómica en lo tocante a las exigencias de euskera en las convocatorias.

Según Blasi, de la máxima confianza de Eneko Andueza en el PSE-EE, el debate sobre el 'meme' ha supuesto “desviar la atención” de lo relevante, el euskera. Estos días, mientras millones de personas veían en X el mensaje inicial y la respuesta de los nacionalistas, mientras incluso Ana Rosa Quintana se interesaba por las novedades que llegaban de Euskadi, se consumaba la brecha más grande entre los socios en Euskadi en lo que va de legislatura, la constatación de que no hay acuerdo en torno al euskera.

Blasi ha insistido en que el PNV “rompió” los términos del acuerdo de coalición el pasado año al lanzar en solitario una iniciativa y en que ha mantenido durante meses la negativa al acuerdo con posiciones maximalistas. Y ha añadido que la relación “está peor” que hace un año ahora mismo, cuando se ha cerrado el plazo de enmiendas sobre la política lingüística sin posibilidad de entendimiento. El PSE-EE ha presentado correcciones a la propuesta del PNV, un gesto político también inédito en la legislatura. El acuerdo de coalición ata a los socios a operar de modo coordinado en el Parlamento en todo momento.

Blasi, expresamente, ha pedido al PNV “parar” la tramitación del debate sobre el euskera. De hecho, ha indicado que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la ley de 2022, la que ahora se busca reformar. Eso sí, el PSE-EE se ha mostrado abierto a que el 100% de las plazas en 67 municipios con más de un 80% de población vascoparlante puedan estar perfiladas.

Otras visiones

Sobre la norma, el PNV ya ha dado por “fracasado” el intento de tener un acuerdo con el PSE-EE. Y ahora ha pedido expresamente a EH Bildu, que a su vez tiene una propuesta alternativa mucho más ambiciosa, que renuncie a la suya y tenga a bien “facilitar” la reforma legislativa, aunque sea con una abstención. A la coalición abertzale le ha parecido que “no es serio” intentar resolver así el entuerto, según ha expuesto en Euskadi Irrati Josu Aztiria.

En el Parlamento, reunido este jueves en pleno, el lehendakari, Imanol Pradales, no ha querido comentar con los periodistas la crisis entre PNV y PSE-EE. Tampoco el vicelehendakari, Mikel Torres, principal representante socialista en el Ejecutivo compartido. Fuentes socialistas confían en que las aguas volverán a su cauce con el tiempo.

Entretanto, el PP ha terciado en el debate señalando el “bochorno” que está viviendo la política vasca. El parlamentario Santiago López Céspedes ha ironizado que si toca reformar en 2026 la ley de empleo público de 2022 es que las cosas no se hicieron bien hace muy pocos años. Han pedido también medidas para la Administración más allá del euskera, como para evitar el “baile” de designaciones a dedo de altos cargos y asesores.

La portavoz 'popular' Laura Garrido ha añadido, además, que no se cree los amagos del PNV de dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez y abrirse a retomar sus acuerdos con el PP. “Obviamente, vemos que no tienen ningún ánimo de cambiar de socio a pesar de alguna pataleta espontánea”, ha asegurado. Ha añadido que el apoyo del PNV a Sánchez es tan “férreo” que no se ha modificado ni por los “casos de corrupción que salpican directamente al Gobierno de España” ni por asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o el gran apagón de 2025.

Con una resolución estrictamente procesal y que no entra en ningún caso al fondo de los hechos, el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a juzgar como homicidio doloso o asesinato el crimen sucedido en la entrada de la antigua discoteca Mítika de Vitoria de febrero de 2025. El alto tribunal estima que no cabe un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial de Álava que, adelantándose al final de la investigación, estimó que los hechos, como mucho, eran constitutivos de un homicidio imprudente.

El asunto no es menor, ya que las penas que puedan pedirse son mucho más limitadas. En el primer supuesto, las peticiones de condena pueden ser superiores a los veinte años de prisión y, además, el juicio se desarrollaría con un jurado. En el segundo, se hará con un tribunal profesional. El Código Penal plantea penas de hasta cuatro años de cárcel en estos supuestos, aunque añade una inhabilitación de seis años en caso de que se halla realizado en un contexto profesional.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Eduardo de Porres redactaron el 16 de abril y firmaron el 24 un auto en el que inadmitían el recurso de casación formulado por los abogados de la familia de la víctima, Kerman Villate, un joven de 31 años en el momento de los hechos y que fue golpeado en la entrada del local por uno de los porteros, que tenía numerosos antecedentes. Estaba contratado por la empresa Le Basque, señalada como responsable civil de los hechos y multada ya en vía administrativa.

La sala ofrece una larga lista de resoluciones que pueden ser revisadas en casación por el Supremo y estiman que, a pesar de lo que ponía en el propio auto de la Audiencia Provincial objeto de polémica, éste no sería el caso. Y se inhiben. Recalcan que, además, eso no implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque “contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno”.

La familia de la víctima ha encajado con enfado la decisión del Supremo. Creen que “la propia resolución de inadmisión incurre en errores elementales difíciles de justificar”. Expone, por ejemplo, que se menciona una supuesta decisión judicial de 2024, previa a los hechos, que nada tiene que ver con el caso. O que se diga ahora que no cabe una revisión en casación cuando en la instancia anterior sí la preveía. “Fue precisamente esa indicación la que nos llevó a interponer el recurso”, lamenta la familia en un comunicado.

¿Qué escenario le queda al caso? Ahora, la nueva magistrada instructora, Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván, que sí veía base para un juicio por “asesinato” u “homicidio doloso”, tendrá que decidir si accede a la prórroga de seis meses y si admite las nuevas peticiones de prueba de la acusación ejercida por la familia, como un informe sobre los riesgos de la seguridad en Mítika que podría reabrir el debate de si hubo o no dolo en el crimen. La Fiscalía, representada por Josu Izaguirre, siempre ha defendido como la defensa del agresor que se trató de un suceso sin premeditación.

Mismo escenario. Mismo rival. Mismo desenlace. El Bilbao Basket se ha coronado este miércoles campeón de la FIBA Europe Cup, la cuarta competición europea y la segunda de la FIBA. Como ya sucedió en la pasada edición del torneo, el equipo bilbaíno ha remontado ante el PAOK griego el resultado desfavorable que traía de Tesalónica y el segundo título europeo ya va camino de sus vitrinas. Se convierte así en el único equipo que ha ganado la competición, estrenada en la temporada 2015-16, en dos ocasiones.

La final de la competición se disputa a dos partidos, y el Bilbao Basket, dirigido en los banquillos por Jaume Ponsarnau, arrastraba de la ida una desventaja de seis puntos, después de caer derrotado en Grecia por 79 a 73. El partido de vuelta, disputado en Bilbao este miércoles, ha seguido la misma tónica en el primer cuarto, que ha acabado con los griegos cuatro puntos por encima en el marcador y diez en el agregado.

El Bilbao Basket ha reaccionado: en el segundo cuarto (gracias a un parcial de 24 a 18) le ha dado la vuelta al partido y ya en el tercero ha tomado la delantera en la eliminatoria, gracias a un contundente 27-16. Los locales han comenzado el último cuarto con siete puntos sin respuesta para ponerse veinte por delante en el partido y catorce en la eliminatoria. El partido ha concluido con un marcador de 89 a 74 favorable al Bilbao Basket, que se ha proclamado campeón de la competición por segundo año consecutivo.

Dos grupos y dos eliminatorias más

La FIBA Europe Cup es la cuarta competición europea, por detrás de la Euroliga, la Eurocup y la Champions League. La andadura del Bilbao Basket en esta edición arrancó el pasado octubre, en la fase de grupos. Con cinco victorias en seis partidos, quedó primero de un grupo que compartía con el Peristeri griego, el Basket Brno checo y el Kutaisi 2010 georgiano. En la segunda ronda, quedó encuadrado en el grupo M, en el que también se impuso, por delante del PAOK griego (el rival de la final), el Sporting CP portugués y el BC Prievidza eslovaco. A partir de ese momento, las siguientes rondas fueron eliminatorias a dos partidos: en cuartos, le ganó los dos partidos al Petkim Spor turco para un resultado total favorable de 162 puntos a 129, mientras que en semifinales se deshizo del Falco Szombathely húngaro, también con triunfo en ambos partidos y un resultado global de 193 a 169.

Es el segundo trofeo de un equipo profesional de Bizkaia. El Bilbao Basket perdió la final de la Eurocup de la temporada 2012-2013 contra el Lokomotiv Kuban, pero se impuso el año pasado al PAOK para levantar el trofeo. El Athletic Club, por su parte, perdió contra la Juventus en la UEFA en 1977 y contra el Atlético de Madrid en la Europa League en 2012. El Xerox Getxo de rugby llegó a la final de la Copa Ibérica de 1993, pero no pudo con el Dramatico Cascais. Sí ganó un trofeo continental el Bidaikedeak Bilbao de baloncesto en silla de ruedas, que se impuso en 2019 en la Euroliga 1, la segunda competición continental.