Euskadi no gestionará las prestaciones por desempleo hasta julio de 2027, con medio año de retraso sobre lo previsto

En plena negociación para que Euskadi gestione la Seguridad Social, los Gobiernos central y vasco han retrasado el traspaso ya pactado de la competencia del SEPE (el antiguo INEM), es decir, la gestión de las prestaciones por desempleo o políticas pasivas de empleo. Se irá, al menos, hasta el mes de julio de 2027, pese a que la previsión era que estuviera operativa el 1 de enero del año que viene.

El retraso se ha pactado entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, tras constatar las dificultades técnicas que conlleva la transferencia y los problemas para cubrir las necesidades de personal que precisa este servicio, para lo que Lanbide, controlado por la parte del PSE-EE del Ejecutivo autonómico, deberá contratar más de un centenar de interinos y formarlos, según han confirmado fuentes del departamento de Economía, Trabajo y Empleo. “Mejor retrasarlo y hacerlo bien”, señalan.

El retraso en la materialización de esta transferencia, adelantado por el diario 'El Mundo', constata que la Administración vasca se ha encontrado con más dificultades de las que preveía cuando se firmó el traspaso. De hecho, en el momento de la rúbrica de la transferencia, el 16 de enero de 2026, ya se dio de plazo un año para poder materializarla, asumiendo la complejidad que suponía. Y ahora el plazo se ha quedado corto.

Trabajadores del SEPE en Euskadi ya habían advertido a través de un escrito del “colapso” en el que entraría el servicio en el que caso de que se materializara la transferencia el 1 de enero sin contar con el personal suficiente y sin que estos trabajadores tuviera la formación adecuada. Sobre todo, siendo una materia tan importante como la prestación para las personas en paro. Por ello, desde la plantilla se ha acogido con satisfacción el retraso porque permitirá garantizar el servicio, según han señalado las fuentes consultadas por este periódico.

La transferencia supone que, una vez que se materialice, Euskadi será la única comunidad en todo el Estado que gestionará la prestación por desempleo. Esto implica que esta función del SEPE se integrará en el servicio autonómico, Lanbide, que sumará la gestión de las prestaciones económicas por desempleo a las políticas activas de empleo, que ya gestiona actualmente, y a las prestaciones propias, principalmente la RGI. Ello permitirá crear una ventanilla única que, en principio, se espera que facilite y mejore los trámites y la atención a las personas desempleadas. Se calcula que gestionará el paro de unas 51.000 personas con un volumen de recursos de 822 millones de euros.

En el momento de la transferencia se trasladó que Lanbide incorporaría 468 plazas públicas de trabajadores del SEPE, y la conversión de las 30 oficinas de este organismo en oficinas de Lanbide. Y se transferirán las oficinas provinciales. Lo que ha ocurrido es que las plazas de estas oficinas en Euskadi no están cubiertas en su totalidad, como ocurre en la mayor parte del Estado, con vacantes que llegan casi al 40%. Además, según confirman fuentes de la plantilla, muchos trabajadores del SEPE no han aceptado su paso a Lanbide porque eso les cerraría la posibilidad de cambiar de comunidad autónoma en futuros concursos de traslados, y han optado por cambiar de comunidad de forma inmediata dentro del SEPE.

Eso supone que sólo serán 104 las plazas que estarían ocupadas si el traspaso se materializara en enero. “Una cantidad totalmente insuficiente, porque las solicitudes de prestaciones no van a esperar a que la Administración termine de organizarse”, señalan fuentes de la plantilla. En estos meses de estiramiento de los plazos para que Lanbide se haga cargo de la prestación, se iniciará la contratación de alrededor de un centenar de interinos que se formarán en el trabajo para desarrollar las competenias que ahora gestiona el SEPE.

Lo cierto es que este retraso de una competencia directamente relacionada con la Seguridad Social no deja de ser un varapalo para el Gobierno vasco en un momento en el que no acaba de cerrarse el acuerdo del segundo bloque, el vinculado con la gestión de las pensiones y cuando la cuenta atrás para las elecciones generales ha empezado. La legislatura, como máximo, acabaría precisamente en julio de 2027. a nada que Pedro Sánchez opte por adelantar la cita con las urnas, la materialización del traspaso de la gestión de las prestaciones del paro podría llegar con otro Gobierno en La Moncloa.