El Eustat no ha cumplido el mínimo legal del 2% de trabajadores con discapacidad en los últimos 13 años

El Eustat, sociedad pública adscrita al Departamento de Economía, Empleo y Trabajo del Gobierno vasco que dirige el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, lleva 13 años sin cumplir el mínimo legal del 2% de la plantilla con trabajadores con discapacidad obligatorio para las sociedades públicas. No es la única, pese a que el Real Decreto Ley 1/2013 obliga a las empresas y organismos públicos de más de 50 trabajadores a que al menos el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad. En marzo de este año se conoció que el EVE, otra sociedad pública, en este caso dependiente de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, había abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley en relación con los trabajadores discapacitados en plantilla. Ahora se conoce que el Eustat tampoco cumple esta premisa y, dadas las reticencias del Gobierno vasco a ofrecer información sobre esta cuestión a preguntas parlamentarias del parlamentario del PP Álvaro Gotxi, todo hace pensar que se trata de un incumplimiento generalizado entre las sociedades que dependen del Ejecutivo vasco en los últimos años.

De hecho, la cuestión se trató en el Parlamento Vasco el pasado mes de abril a instancias del PP. El pleno aprobó con los votos de PNV y PSE-EE que el Gobierno vasco implantaría un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar que se cumple la legislación en materia de contratación de personas discapacitadas en las sociedades públicas, y también que para declarar la excepcionalidad, es decir, que se exima a la sociedad del cumplimiento de la ley, como ha realizado el EVE o también el BEC, fuera necesario la acreditación ante Lanbide de las gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla. Sin embargo, decayó la pretensión del PP de que se comprobara cuántas sociedades públicas incumplen en estos momentos la legislación sobre empleados con discapacidad a través de un estudio completo del cumplimiento de la norma desde que se aprobó en 2013.

En la respuesta que Economía, Trabajo y Empleo -al que también está adscrito igualmente Lanbide- ha remitido a una solicitud de información de Gotxi, se constata que desde 2013 el Eustat no ha cumplido nunca el 2% de personas trabajadoras discapacitadas en plantilla. En el último dato proporcionado referido a 2025, de una plantilla de 320 trabajadores hay cuatro trabajadores con alguna discapacidad, lo que supone un 1,25%, claramente por debajo del mínimo que marca la Ley. En este periodo hay dos años, 2014 y 2016, en los que no se llega ni al 1%. Unos datos, los de porcentaje de trabajadores discapacitados sobre la plantilla total, que, según señala el departamento que dirige Torres, se han obtenido tras consulta al soporte de Función Pública, “al no disponer Eustat de información relativa a al grado de discapacidad de sus trabajadores”, señalan.

Poco más es lo que contesta el departamento que dirige Torres a las preguntas que le plantea el parlamentario del PP sobre el tema. Gotxi pregunta si el Eustat ha solicitado la declaración de excepcionalidad al no cumplir el porcentaje del 2%, como hizo en su día el EVE, y si es así, las medidas alternativas y el importe que ha supuesto. “No corresponde a este organismo autónomo dar respuesta a esta cuestión”, se limita a contestar.

Idéntica respuesta reciben las cuestiones planteadas por el PP en relación con las “medidas adoptadas por el Gobierno vasco sobre Eustat frente al incumplimiento” o si ha habido “requerimientos trasladados por parte del Gobierno vasco o la inspección de trabajo” o si existe algún “expediente sancionador”. “En caso negativo, indique el motivo por el que ni la Inspección de Trabajo ni el Gobierno vasco, han adoptado medida alguna en aquellos ejercicios en que Eustat no haya alcanzado el 2% ni dispuesto de declaración de excepcionalidad vigente”, pregunta Gotxi. “No corresponde a este organismo autónomo dar respuesta a esta cuestión”, es de nuevo la respuesta que firma el vicelehendakari Mikel Torres.

El parlamentario popular ya había remitido con anterioridad otra pregunta al Gobierno vasco en el mismo sentido, que en esa ocasión fue respondida por la consejera de Gobernanza Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en el mes de junio. En esta respuesta, Ubarretxena señala que no resulta posible responder a las preguntas relativas a Eustat de forma individualizada porque el cumplimiento de la cuota de reserva “se verifica respecto al conjunto de efectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, y no mediante un análisis individualizado de cada organismo autónomo, según recuerda Gotxi en la justificación de la nueva petición de información remitida al Gobierno.

“Respuesta que resulta inverosímil ya que sería preocupante constatar que el Gobierno vasco no supiera el número de trabajadores de Eustat y cuántos de ellos presentan certificación qué acredite discapacidad del 33% o superio. Dado que, además, el propio Gobierno vasco facilita el dato agregado del 2,72% de personas con discapacidad, tendrá que disponer, consecuentemente del dato desagregado por entidad. Afirmar que no puede facilitar ese dato porque no se mide por organismo autónomo contradice directamente el hecho de haberlo calculado de forma agregada y es un indicio claro de la falta de transparencia a la hora de suministrar infornación solicitada por parlamentarios en su labor de control”, denuncia el parlamentario del PP.