El Gobierno vasco vuelve a pedir a Verter Recycling actuaciones para evitar más “daños ambientales” en Zaldibar

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha recogido este miércoles un anuncio (uno más) con requerimientos a la empresa Verter Recycling por los problemas en el vertedero de Zaldibar, el que se desplomó en febrero de 2020 y causó la muerte de los operarios Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y una catástrofe natural de grandes dimensiones. Sin embargo, una vez más se constata que es una empresa en liquidación, que es imposible contactar con quienes eran sus responsables y que es la Administración, con recursos públicos, la que tiene que seguir asumiendo tareas en la zona.

En este caso, la notificación es por una resolución del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, dictada en junio. Se le reclaman a Verter Recycling “medidas preventivas y de evitación de daños ambientales”. Tras el desplome del vaso en 2020 —estaba ubicado en una ladera— se estabilizó el terreno y se llevaron a cabo sellados, pero incluso en fechas muy recientes se han detectado problemas de impermeabilización, lixiviados o residuos desperdigados que están obligando a actuar de continuo sobre el terreno.

Las tareas necesarias ahora en Zaldibar, según indican fuentes del Gobierno, tienen que ver con la “limpieza de tuberías de drenaje de lixiviados del vaso original” y del depósito extraordinario que hubo que construir en la gran operación de restauración, así como con la “habilitación de un sistema automático alimentado eléctricamente para el bombeo de los lixiviados” a la red de saneamiento comarcal para su canalización a la depuradora de Elgoibar. Zaldibar es Bizkaia pero está pegado a la muga con Gipuzkoa.

Desde el Ejecutivo no niegan que Verter Recycling “no cumple” con sus obligaciones, de modo que queda la “ejecución subsidiaria” de los trabajos por parte de la Administración. Es el Gobierno el que contrata y paga y luego le gira la factura a la empresa. El problema es que desde 2020 la minuta acumulada es multimillonaria, y eso que la ley permite actuar no solamente contra sociedades mercantiles sino contra las personas físicas que estaban detrás de ellas. En 2023 ya rondaba los 30 millones de euros. El dueño y máximo representante de Verter Recycling era el empresario José Ignacio Barinaga.