La reincidencia de los expresos en Euskadi es del 19%, pero baja al 12% si antes han disfrutado de semilibertad

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha defendido que “está empíricamente demostrado” que la apuesta por la reinserción de los presos “reduce la reincidencia”. Según los datos que ha expuesto este miércoles en el Parlamento Vasco, la tasa de reincidencia de expresidarios está en el 19,98% de media, pero mejora hasta el 12,62% entre quienes antes habían disfrutado de semilibertad o tercer grado.

San José, que ha hecho estas consideraciones en la presentación de los presupuestos de 2027, ha manifestado que un 35,82% de la población reclusa está en tercer grado. Asciende al 51% en el caso de las mujeres. La consejera ha recordado que la Cámara aprobó en 2019 una resolución que recomendaba alcanzar un 40%.

La titular de Justicia y Derechos Humanos ha sido la última en acudir a la comisión de presupuestos. Desde el lunes a primera hora ha habido dieciséis comparecencias en tres jornadas maratonianas. En su caso, manejará 397,7 millones de euros, un 7,7% más que en 2026. Es una mejora superior a la media, que es el 1,8%.

De su cartera cuelgan la gestión de Prisiones, la dotación de medios a la Administración de Justicia o las políticas de memoria (singularmente el instituto Gogora). San José, muy criticada por las asociaciones de víctimas de ETA, que denuncian que no se les informará ya de los cambios de régimen de los presos terroristas, ha querido tener un guiño con ellas y ha destacado las “líneas estables de colaboración” y financiación con Covite, la AVT, la Fundación de Víctimas del terrorismo, la Fundación Fernando Buesa o incluso Egiari Zor, no relacionada con víctimas de ETA.

“Quiero subrayar que no estamos ante una mera política de subvenciones, sino ante una política de colaboración institucional. Las asociaciones aportan experiencia, conocimiento y una perspectiva insustituible para diseñar y desarrollar políticas públicas dirigidas a las víctimas”, ha asegurado. La viceconsejera Arritxu Marañón ha tomado la palabra para precisar que es falso que ya no se informe a entidades como AVT o Covite. “Eso no es así”, ha señalado. Ha indicado que ahora se ha creado un número de teléfono público y un buzón de correo electrónico “para que las víctimas que lo deseen” puedan dirigirse a la Administración vasca, pero ha garantizado que “se continúa comunicando exactamente de la misma manera que se hacía con anterioridad” si hay alguna flexibilización o progresión de grado.

El portavoz del PP, Santiago López Céspedes, no ha salido convencido de las explicaciones, ya que ha leído una nota de prensa del equipo de San José sobre los cambios que se interpretaba en el mismo sentido que indicaban las asociaciones. “O miente la nota de prensa o miente usted hoy aquí”, ha señalado el representante 'popular'.

Las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y PP, han coincidido en criticar que esta cartera anuncie inversiones, pero luego no las ejecute. San José ha replicado que la previsión es cerrar 2026 con un 95,5% de cumplimiento de las partidas anunciadas.

La portavoz abertzale, Eraitz Sáez de Egilaz, ha añadido su preocupación por la falta de avances en la euskaldunización de la Justicia. También lo ha hecho el socio del PSE-EE, el PNV, por boca de Xabier Barandiaran, que ha llegado a afirmar que no está de acuerdo con todas las políticas de San José. Ella ha respondido que el poder judicial “ha funcionado históricamente en castellano” y que apostar por el euskera “requiere transformar dinámicas de trabajo”.

Sáez de Egilaz ha lamentado que “todos los años” se le repiten las mismas promesas y que ya no se cree los anuncios del Gobierno. “No se puede llegar a septiembre con sólo 4.000 euros ejecutados. Eso se gasta sólo con unas fotocopias”, ha ironizado. Igualmente, ha exhibido su malestar por la falta de un nuevo plan de lucha contra la violencia hacia las mujeres.