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Euskadi será la única comunidad autónoma que gestionará las prestaciones por desempleo, pero tardará un año hacerlo

El ministro Torres, con María Ubarretxena, Mikel Torres, Bingen Zubiria y Noël D'Anjou.

Belén Ferreras

Bilbao —

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Euskadi será la única comunidad autónoma que gestionará de forma directa las prestaciones por desempleo y los subsidios no contributivos, pero no lo hará hasta dentro de un año. Estas dos transferencias, junto con la del seguro escolar, no serán efectivas hasta el uno de enero de 2027, pese a que se han firmado este viernes en la comisión mixta que ha tenido lugar en Madrid. Para la transferencia de Salvamento Marítimo habrá que esperar nueve meses, ya que la administración vasca asumirá estas labores a partir del uno de octubre y de forma paulatina. La única de las cinco competencias firmadas que entrará en vigor de forma inmediata será el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, que será efectivo una vez se publiquen los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo se ha rubricado este viernes entre sonrisas en la sede del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque viene precedido de tensas negociaciones, que se cerraron casi 'in extremis'. “Hemos dado un paso importante hacia un mayor autogobierno”, ha señalado la consejera María Ubarretxena, que ha encabezado la delegación vasca de la reunión, junto con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en cuyo departamento se integran cuatro de las cinco transferencias, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria y el de Hacienda y Finanzas, Noél D'Anjou. Por parte del Gobierno español ha presidido el encuentro el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. “A partir de ahora, en las instituciones vascas contaremos con más herramientas y recursos para el desarrollo integral de las políticas públicas en el ámbito laboral”, ha señalado Ubarretxena.

La financiación de estas transferencias, “salvo compensaciones económicas excepcionales”, se hará a través de minoraciones del Cupo que Euskadi paga al Estado. “Eso supone que podremos administrar mejor nuestros recursos”, ha señalado la consejera. En total, supondrá que Euskadi gestionará más de 930 millones de euros.

El ministro Torres ha puesto en valor la labor negociadora conjunta y el haber alcanzado un “consenso” con Euskadi y ha garantizado que el acuerdo no romperá el principio de solidaridad con las otras comunidades autónomas. “Lo más importante y lo difícil es terminar acordando. La discordia debe ser la excepción; la norma en la gestión pública debe ser la empatía, los acuerdos, la posición común y el interés compartido”, ha dicho. El ministro ha puesto en valor que en los últimos años el Gobierno ha transferido competencias al Euskadi, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Canarias o Baleares.

Con la culminación de los traspasos en materia de prestaciones familiares no contributivas, las prestaciones por desempleo y el seguro escolar, Euskadi cierra el primer bloque de las transferencias vinculadas a la Seguridad Social. Una de las partes que ha sido más controvertida históricamente en las negociaciones de las transferencias. Lo firmado este viernes, en cualquier caso, no supone de ningún manera una ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

Sí será Euskadi la única comunidad que gestionará la prestación por desempleo, que se hará efectivo el 1 de enero de 2027. Es decir, se integrará en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo. Esto permitirá crear una ventanilla única que según el Gobierno vasco “simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas”.

La transferencia supondrá la incorporación de 468 plazas públicas, las 30 oficinas del Sepe se convertirán en oficinas de Lanbide y se transferirán las oficinas provinciales. Este traspaso supondrá gestionar el paro de unas 51.000 personas, lo que conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros.

La segunda transferencia más importante de las suscritas este viernes, y que también entrará en vigor en el plazo de un año, es la de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, vinculadas sobre todo a discapacidad, nacimiento o adopción, y que supondrá que Euskadi asumirá de forma integral “la tramitación, reconocimiento, control y pago de estas ayudas” de las que se benefician cerca de 20.000 personas. En este caso se transfieren cuatro plazas públicas y se gestionarán alrededor de 100 millones de euros anuales mediante la minoración del cupo.

La tercera de las prestaciones relacionadas con la Seguridad Social, supone la gestión integral de las prestaciones económicas del Seguro Escolar. Las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar fueron asumidas por Euskadi en 2020, por lo que el acuerdo completa el traspaso del conjunto del Seguro Escolar. Supone la gestión integral de las prestaciones económicas del Seguro Escolar, que incluye la información, tramitación, resolución y pago de las prestaciones, el control del mantenimiento del derecho, el reintegro de cobros indebidos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la relación con las entidades financieras. A su vez incluye las funciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con la recaudación y la gestión económica del seguro escolar en su conjunto. Es decir, Euskadi recaudará directamente las cuotas y gestionará y abonará las prestaciones económicas. Será efectivo a partir del 1 de enero de 2027, tras la publicación simultánea del convenio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco.

El colectivo potencialmente protegido en Euskadi asciende a unos 120.000 estudiantes por curso, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta los estudios universitarios. Con una cuota anual por estudiante de 2,24 euros, el volumen a gestionar asciende a 270.000 euros.

En el caso de Salvamento Marítimo, será efectivo a partir del 1 de octubre de 2026 y tendrá un despliegue progresivo. Permitirá a Euskadi asumir la dirección, coordinación y planificación de estos servicios en su litoral, integrándolos plenamente en el Sistema vasco de Seguridad Pública y mejorando de forma significativa la capacidad de respuesta ante emergencias en el mar. En este caso, no habrá transferencia de personal ni de bienes. Euskadi contará con financiación específica -incluida una compensación inicial de más de 6,3 millones de euros y una reducción anual del cupo- y se subrogará en el convenio con Cruz Roja para el uso de siete embarcaciones, garantizando medios operativos suficientes.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, se concreta el traspaso a Euskadi de las instalaciones del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. Supondrá la gestión de más de 12.000 m² de infraestructuras especializadas, valoradas en unos 3,16 millones de euros, y Osalan podrá desarrollar políticas propias mejor adaptadas a las necesidades productivas y laborales vascas, utilizando laboratorios avanzados y personal altamente cualificado.

En este caso se mantiene la actividad estatal en un marco de cooperación, pero el Gobierno vasco destaca que “la clarificación de funciones, la planificación conjunta y el uso compartido de recursos permitirán evitar duplicidades, mejorar la eficacia y potenciar la innovación y la calidad de la investigación”. “Todo ello contribuirá a una mayor protección de la salud laboral, a la mejora de las condiciones de trabajo y a un impacto económico positivo para Euskadi”.

“Una fase técnica adaptará la administración vasca las competencias”

El vicelehendakari, Mikel Torres, cuyo departamento asume la gestión de cuatro de las cinco transferencias, ha señalado que se podrá “intervenir de una forma mucho más eficaz en el mercado laboral, con más garantías y más derechos para la ciudadanía, consolidando un modelo que unifica estrategias, herramientas y recursos”.

Ha resaltado que tras la firma se abre “una nueva fase de trabajo técnico para adaptar la administración vasca a las nuevas competencias y así garantizar que Euskadi asuma estos servicios manteniendo, como mínimo, los estándares actuales de calidad, con la intención de trabajar para mejorarlos” . En concreto, se afrontarán asuntos clave como la gestión del personal que sea transferido, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, la provisión de las plazas, la preparación de los sistemas informáticos o la adecuación de las instalaciones.

El consejero socialista, ha remarcado que “este acuerdo refleja la voluntad política de culminar todas las transferencias pendientes, desde el diálogo y la lealtad institucional”, y ha reiterado que “más autogobierno tiene que suponer un mayor bienestar para la ciudadanía vasca”, de ahí la importancia de realizar estos trabajos con rigurosidad y seguridad jurídica.

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