“El aparcamiento se hizo en medio de grandes tensiones políticas, que impidieron abordar el mismo libre de presiones. La consecuencia fue que el patrimonio histórico (el aparcamiento de la plaza del Castillo) se convirtió en parte de la disputa”. Francisco Javier Zubiaur, jefe de la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la Institución Príncipe de Viana hasta su dimisión en 2002 por sus discrepancias con el Gobierno de Navarra a raíz del proyecto, recuerda con claridad los criterios que llevaron a que el aparcamiento subterráneo del “cuarto de estar” de Pamplona siguiera adelante, pese a que los hallazgos tenían “una importancia que no se podía imaginar” y que se debían “proteger”. 25 años después, Zubiaur afirma rotundamente que el desenlace estuvo condicionado por razones políticas: “el aparcamiento debía hacerse y se hizo”.

La madrugada del 23 de julio de 200, las excavadoras entraron en la plaza del Castillo y comenzaron la tala de los 74 árboles que poblaban el espacio más céntrico de Pamplona. Ya entonces la construcción de un aparcamiento subterráneo en el lugar generó recelo entre los vecinos, convirtiéndose en el proyecto urbanístico más polémico de la capital navarra. Sin embargo, con el hallazgo de numerosos restos arqueológicos, la situación escaló a un conflicto político y arqueológico que sacudió internamente a la Intitución Príncipe de Viana y al Gobierno de Navarra. Las obras del parking finalizaron tres años después, el triple del plazo imaginado, tras haber pasado el caso por los tribunales y desmantelar el yacimiento arqueológico en el que, en palabras de Zubiaur, jefe del órgano directamente implicado en la protección del patrimonio arqueológico navarro, se plasmaba “una secuencia perfecta del pasado de la ciudad en unos pocos metros cuadrados”.

El anunció del proyecto llegó en 2000, cuando la recién elegida alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, informó sobre la intención de construir un parking en el corazón de Pamplona. Era un aparcamiento de 802 plazas distribuidas en tres plantas —que finalmente serían 939 repartidas en cuatro alturas—. Al ser preguntada por el tema en una entrevista realizada dos décadas después, Barcina defendió la obra, y la peatonalización posterior, en la necesidad de revitalizar el centro de la ciudad y eliminar los “coches en superficie”.

Entre 1960 y 1980 este proceso de peatonalización del Casco Viejo se estuvo planteando, aunque sin mucho éxito. No fue hasta mediados de la década de 1990, de la mano del arquitecto Fernando Redón, cuando se elaboró un proyecto básico de reurbanización y un plan urbanístico para “lo Viejo”. Se pretendía la coexistencia del peatón y el automóvil que, poco después, supuso que estos últimos tuvieran que desplazarse hacia otros espacios. Antes del mandato de Barcina, se construyeron dos parkings subterráneos: el de la plaza de San Francisco (1996) y el del Rincón de la Aduana (1998), bajo la alcaldía de Javier Chourraut (CDN, escisión de UPN). En esta reurbanización del Casco Antiguo y “las intervenciones arqueológicas asociadas a los aparcamientos” intervino también Gabinete TRAMA, tal y como han declarado ellos mismos.

A comienzos del 2001 se aprobó con los apoyos de UPN, CDN y PSN la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza del Castillo. La noticia no gustó a una buena parte de los vecinos del Casco Viejo en un ambiente ya tenso y en el que ETA todavía tenía una presencia activa. La propuesta se llegó a calificar por la Sociedad Conservacionista Gurelur como “el proyecto destructivo de Barcina”, que junto con la Asociación de Vecinos del Casco Viejo se manifestaron en desacuerdo con la tala de árboles de la plaza. También se opuso al proyecto Izquierda Unida, que, aparte de criticar la propuesta, demandó un debate social con implicación de la ciudadanía. De igual modo hizo la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo, creada para solicitar un referéndum para los vecinos y que logró presentar 25.000 firmas —un 10% de la población pamplonesa entonces—, aunque el Ayuntamiento no dejó que el asunto continuase.

La situación se volvió más complicada la madrugada del 23 de julio de 2001, momento en el que se comienzan las obras y se proceden a talar los 54 plataneros y 20 acacias que habitaban la plaza. Desde ese mismo día comienzan las protestas e incidentes, con disturbios callejeros. Según las instituciones, estas movilizaciones estaban fomentadas por la 'kale borroka' y “determinados sectores políticos”. Algunos de los alborotadores y manifestantes fueron denunciados ante los juzgados. Las causas se resolvieron años después con indemnizaciones al consistorio pamplonés y o absoluciones.

Política sobre la arqueología

El aparcamiento, que tenía como plazo de finalización el 6 de julio de 2002, se dilató notablemente por los hallazgos arqueológicos. Los descubrimientos fueron el centro del debate y agitaron a las propias intituciones. En los 10.000 metros cuadrados de excavación se resumían dos mil años de historia de la ciudad. Una comisión de expertos que visitó Pamplona para analizar los restos encontrados y asesorar a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo afirmó que “a Pamplona le había tocado la lotería”.

Según explica el Gabinete TRAMA 25 años después, empresa a la que el Gobierno de Navarra encargó “realizar la intervención arqueológica preventiva vinculada a las obras de la Plaza del Castillo”, tal y como explica María García-Barberena Unzu, actual directora de la empresa e hija de la directora durante las polémicas obras, “ya se habían efectuado sondeos en 1998 y nuevos estudios y actuaciones entre 2000 y 2001, en los que se advirtió del elevado potencial arqueológico de la Plaza del Castillo” y su trabajo debía ser el mismo que realizaron en otras intervenciones del Casco Antiguo. Aunque nadie se esperaba que los hallazgos fueran de tal magnitud.

“En términos coloquiales era como una 'pera en dulce' que se nos regalaba para una musealización de categoría internacional, cuyo aprovechamiento cultural hubiera producido beneficios económicos incluso”, afirma Zubiaur un cuarto de siglo después.

La excavación permitió “identificar estructuras desde época contemporánea a época romana” y gran cantidad de “restos de cultura material”, tal y como se refleja en el resumen preliminar de la memoria elaborada por Gabinete TRAMA, compuesta en su totalidad por un extenso inventario de 20 tomos, y a la que ha tenido acceso este periódico. Entre los hallazgos más importantes figuran una necrópolis islámica con 170 enterramientos, datada en entre el siglo VIII y IX y el complejo termal romano. De esta época medieval también se encontraron restos del Convento de Santiago y una necrópolis con 60 enterramientos, de los siglos XI al XVI; parte del barrio de Çurriburbu (Zurriburbu) y de la muralla, y otros materiales de trabajos artesanos de zapatería y alfarería medievales. Entre las estructuras contemporáneas figuran restos del Teatro Principal, pavimento de la fuente de la Abundancia, conducciones de agua de finales siglo XVIII y restos del convento de la Carmelitas descalzas datado entre el año 1600 y 1836.

Además, el hallazgo de “los materiales cerámicos alcanzan la cifra aproximada de 700.000 fragmentos”, que se sumaban a los 3.638 “correspondientes a distintos materiales” como hueso, cuero, monedas, bronce y otros metales.

Sin embargo, la Institución Príncipe de Viana, encargada de la protección del patrimonio navarro y cuyo visto bueno era indispensable por haberse elegido como emplazamiento un lugar de Bien de Interés Cultural, no frenó el proyecto. En octubre de 2001, Juan Ramón Corpas, director del organismo, argumentó que “el mal estado de conservación de los restos romanos y su escasa calidad contrastada” permitía la entrada de pequeña maquinaria pesada en el yacimiento. Esta valoración contradecía el criterio de Zubiaur, que afirma que desde el comienzo se podía apreciar “con claridad la importancia de lo que salía a la luz”, lo que le llevó a “defender la idea de la musealización del yacimiento” o “si por razones presupuestarias no era posible abordarla entonces, tapar los vestigios encontrados siguiendo técnicas apropiadas”.

Del mismo modo, la propia empresa de arqueología encargada de la intervención, que, tal y como se refleja en la extensa memoria de más de 300 páginas dedicada a la intervención arqueológica de la plaza del Castillo, a la que ha tenido acceso este medio, documentó el hallazgo de un complejo termal romano de gran entidad y elaboró fichas específicas sobre la necrópolis islámica, “que superaba el centenar de sepulturas”. Asimismo, la relevancia de los descubrimientos quedó reflejada en las investigaciones de las que nacieron varios estudios monográficos y publicaciones científicas específicas.

García-Barberena declara que la empresa arqueológica no tuvo “ningún margen de decisión sobre el destino de los restos arqueológicos”, dependiendo únicamente de la Institución de Príncipe de Viana y, por tanto, del Gobierno de Navarra, versión que corrobora Zubiaur “al cien por cien”. De hecho, tal y como se hizo público y sigue manteniendo, “Gabinete TRAMA defendió en sus informes la conservación de las termas romanas y manifestó expresamente su desacuerdo con la decisión adoptada por la Institución Príncipe de Viana de autorizar su desmontaje”.

“Las excavaciones se hicieron al ritmo lento característico sin que por ello se parasen las obras, lo que a todas luces se fue definiendo como un preaviso de lo que acabaría por llegar: el desmontado de los vestigios”, afirma Zubiaur, que lo recuerda como “una forma de presión” para incomodarlo por su cargo y ser conocedor del “deseo manifiesto del Gobierno de Navarra en colaborar con el Ayuntamiento”, ambos gobernados por UPN. Al fin y al cabo, la oposición municipal, compuesta el frente nacionalista vasco de Eusko Herritarrok (EH) y Batzarre, que no les encajaba el proyecto en su visión de sostenibilidad y contando con el apoyo de los vecinos contrarios a la obra. Por otra parte, los promotores contaban con el respaldo de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Además, durante estas fechas, el 14 de julio de 2001, ETA asesinó a Jose Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza. “Nadie comprendió que el Patrimonio Histórico es de todos y el pasado al que se refiere motivo de orgullo, y algo que debía unirnos se convirtió en materia de confrontación”, analiza Zubiaur.

La denuncia de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa del Patrimonio llegó al Parlamento de Navarra y a los tribunales. En febrero de 2002, el juez pidió una prueba pericial, encargada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi que fue demoledora. El informe presentado en el juzgado denunciaba “un expolio” arqueológico, afirmando que se había perdido “un 25% del depósito arqueológico inicial de gran valor” y denunciando la “utilización abusiva de procedimientos mecánicos” y maquinaria pesada en el yacimiento. Además, los técnicos de la empresa arqueológica requeridos por el juez denunciaron un maltrato personal sufrido durante las visitas y la ocultación de información, señalando a la empresa arqueológica que había ejecutado las intervenciones. Por ello, la denuncia, a demanda de la plataforma vecinal opuesta al proyecto, se amplió en abril de 2002 al Gabinete TRAMA, al director del área de Obras del Ayuntamiento de Pamplona, Ignacio Balsa, y al jefe de la obra, Javier Castrillo.

Por su parte, la empresa que dirigía Mercedes Unzu afirma un cuarto de siglo después que “la intervención de Aranzadi estuvo claramente condicionada por ese contexto [de contestación política y social] y partió de unas conclusiones prácticamente predeterminadas”. La Sociedad Aranzadi “mostró graves deficiencias en su trabajo”, argumenta García-Barberena, que se apoya en que “una valoración arqueológica realizada en buena medida desde una verja, con tan escaso trabajo directo y sin estudiar la documentación disponible, difícilmente puede considerarse una pericial científica rigurosa”. Ante las “gravísimas acusaciones” de la Sociedad Aranzadi, Gabinete TRAMA emitió su propio informe contrapericial que abordó “punto por punto” la entregada ante el juez.

25 años después la hija de la que era directora de la empresa y dirigió la intervención declara que “las diligencias judiciales no fueron lo más grave”, pues el procedimiento fue sobreseído. “Francamente, el nivel de tensión política y social alcanzó dimensiones absolutamente desproporcionadas”, expresa García-Barberena a día de hoy, y añade que la situación “dio lugar a situaciones profundamente injustas y dolorosas”, como “insultos, amenazas constantes, lanzamiento de piedras desde el exterior de las obras e incluso intentos de dañar vehículos”. “Algunos integrantes del equipo llegaron a recibir amenazas de muerte, cuenta”. Los arqueólogos, que “no representaban a ningún partido ni defendían el proyecto político de nadie”, fueron “señalados, insultados y amenazados simplemente por cumplir con su trabajo”, pues no dependía de ellos ninguna decisión sobre el tratamiento o destino de los restos. “Eso fue la parte más dura de todo aquel proceso”, recuerda.

Respecto a los restos arqueológicos que posteriormente aparecieron en al escombrera de Beriain, uno de los asuntos que más polvareda levantó, Gabinete TRAMA defiende que se trataban de “un número muy reducido de fragmentos cerámicos, algunos de ellos de cronología moderna y ninguno de carácter excepcional”. “Cualquier profesional que haya excavado sabe que, al mover semejante volumen de tierra [como supuso la obra de la plaza del Castillo], puede pasar ocasionalmente a la terrera algún fragmento residual. Yo misma he visitado excavaciones desarrolladas por Aranzadi, como las de Zaldua, y he encontrado algún fragmento cerámico en la terrera, como sucede en prácticamente todas las excavaciones”, afirma García-Barberena.

En contra de lo expresado por el Gabinete TRAMA y algunos de los propios técnicos de la Institución Príncipe de Viana, el organismo dirigido por Corpas y dependiente del Gobierno de Navarra autorizó el desmontado de las estructuras del yacimiento. El único motivo, “liberar el solar” para que se “permitiese la construcción del aparcamiento, supeditando la protección del Patrimonio a una obra de tal naturaleza”, afirma Zubiaur, motivo por el que presentó su dimisión ante el Presidente del Gobierno Miguel Sanz (UPN).

Las presiones hacia el jefe de Arqueología del propio gobierno de Navarra llegaron a tal punto que afirma haber sido “puenteado” en las decisiones y que se le acusó de “abertzalismo”. “[La marginación fue tal] que la directora de Gabinete Trama fue amonestada por carta del Director General por haberme explicado en particular in situ la marcha de las excavaciones”, narra Zubiaur. Un cuarto de siglo después, lo que más le duele fueron los “silencios de personas relevantes, entidades e instituciones”.

Desmantelación de los restos

Por su parte, al equipo de arqueólogos del Gabinete TRAMA “se les planteó un verdadero conflicto ético”. “No compartían el desmontaje y tampoco aprobaban que se acometiera sin una pauta de actuación detallada que garantizase su adecuado control arqueológico”, cuenta García-Barberena. La situación empujó a los integrantes de la excavación a adoptar “una suerte de objeción de conciencia profesional”, de forma que centraron el trabajo en otros sectores y mantuvieron los servicios mínimos en las termas. Tal y como figura en la carta que los técnicos arqueólogos enviaron al Gobierno de Navarra el 29 de mayo de 2002, este último trabajo en las termas por parte de la empresa tenía como “único fin” recoger “el mayor número de datos posible” antes de su desmontaje.

El único vestigio arqueológico cuya conservación e integración en el proyecto vino impuesta por la legislación fue el tramo de muralla medieval, de algo más de cien metros de longitud, perteneciente al castillo de Fernando el Católico. Fruto de la persistencia de “un arqueólogo” de la Institución Príncipe de Viana que no estaba de acuerdo con que se “orillara en la información” a Zubiaur, según cuenta él mismo.

En cambio, el resto de los hallazgos, entre ellos el mayor complejo termal romano descubierto en el norte de España, una excepcional necrópolis islámica con más de un centenar de tumbas orientadas hacia La Meca y la trama urbana del antiguo barrio medieval de Zurriburbu, fue exhaustivamente documentado, desmontado en su totalidad y posteriormente almacenado. Esta decisión se adoptó pese a la oposición expresa de los arqueólogos del Gabinete TRAMA, responsables de las excavaciones, así como de varios catedráticos especializados en Arqueología.

La plaza se abrió el 5 de junio de 2004, aunque sin acto de inauguración, ya que el Parlamento de Navarra había prohibido oficialmente este tipo de celebraciones durante el periodo electoral. Ese mismo día, un periódico local dejaba constancia en una crónica del primer vehículo en acceder al parking. Un Seat Ibiza de un residente del segundo Ensanche. El conductor, “un ecuatoriano de 45 años”, llegaba al recién inaugurado aparcamiento por casualidad y junto a “su mujer y su cuñada que iban a hacer compras”. “Para su sorpresa, fue recibido por la alcaldesa” Barcina en la entrada, que frente a los medios de comunicación aprovechó para anunciar “una fiesta para después de los comicios europeos”.

La presentación de la nueva plaza a la sociedad se hizo el 27 de junio de 2004, según los periodistas asistentes, con fuegos artificiales, música y geranios rojos. La plataforma que promovió el referéndum sobre las obras, sin embargo, afirmaba que no había “nada que celebrar”.

En la actualidad, los restos aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la Plaza del Castillo se custodian en los Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra, donde “están a disposición de la ciudadanía, mediante una petición razonada”, afirman desde el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo. Por otra parte, “material constructivo que recibió entonces la consideración como de carente valor arqueológico, fue expurgado mediante entierro en lugares controlados de la ciudad”. Según artículos de prensa local, algunos de estos restos “carentes de valor arqueológico” se llevaron al barrio de Lezkairu y se depositaron en una ladera que luego se convirtió en un jardín.

A pesar de la petición expresa de este medio, la Institución Príncipe de Viana no ha querido valorar “actuaciones y decisiones tomadas o ejecutadas hace 25 años”. García-Barberena, a pesar de todo, hace un balance positivo de la excavación. “Consideramos que fue una de las intervenciones arqueológicas urbanas mejor documentadas de Navarra”, lo que dio “lugar a numerosas publicaciones científicas y a trabajos de investigación de gran alcance” por la “extraordinaria cantidad y variedad de restos” encontrados, afirma 25 años después. Respecto a cómo se gestionaría un hallazgo así en la actualidad, no tiene dudas. “Si una situación semejante se planteara hoy, la Administración no adoptaría la misma decisión y las termas se conservarían”.

Sin embargo, Zubiaur no conserva tales esperanzas a futuro. “Llegué a la conclusión de que el patrimonio histórico estorba siempre que existen intereses”, sintetiza de su experiencia.

Navarra está viviendo el año más cálido de su historia desde que hay registros. En lo que va de 2026, según los datos de Aemet, la temperatura máxima media es de 25,3 grados y se están encadenando los récords de calor.

Las máximas se sitúan 3,7 grados por encima de la media del período de referencia (1981-2010), la tercera provincia más acalorada este 2026 por detras de Girona (más de 4,1 grados) y Álava ( más de 3,9 grados). Esta última semana de julio se han llegado a registrar temperaturas en Pamplona de 40,5 grados, más de 12,3 grados por encima de la media histórica de este mes. La temperatura máxima de julio en 2025 fue de 27 grados y en 2024 el mes cerró en 29,3 grados.

El primer trimestre del año la temperatura en Navarra se ha mantenido en valores medios respecto a las temperaturas máximas registradas. El alza de temperaturas comenzó en abril, que cerró con la media de temperatura máxima de 22 grados, cuando la media histórica de abril es de 16,7 grados. En mayo las temperaturas máximas también fueron superiores a la media histórica registrada, siendo de 22,7 y 20,8 grados, respectivamente.

La primera ola de calor del año, que llegó la última semana de junio, marcó records históricos en Navarra ese mes. La estación situada en el aeropuerto de Noain registró el día 22 una temperatura máxima de 41,6 grados, superando el anterior récord absoluto de la estación en un mes de junio, que databa del 29 de junio de 2019 con 41,3 grados. Ese mismo día, la localidad navarra que alcanzó la temperatura más elevada en la comunidad foral fue Irurita (Valle del Baztán), con 42,4 grados al mediodía.

El pasado 29 de julio, la estación meteorológica del Gobierno de Navarra del centro de Pamplona (ubicada en el Baluarte de Labrit), marcó los 40,4 grados, la temperatura máxima más alta registrada en la capital navarra en un mes de julio. Ese mismo día, el termómetro en las Bardenas marcaba los 42,6 grados. En Tudela se llegó a las 40,5 grados.

Las altas temperaturas llevan instaladas en la comunidad foral desde comienzos de mes y pillaron desprevenidos a los pamploneses en plenos Sanfermines. El 6 de julio de 2026 se alcanzaron los 39,3 grados y el 7 de julio fue el más caluroso desde que hay datos estadísticos con 41,4 grados de temperatura máxima. La temperatura máxima media durante las fiestas fue de 39,2 grados, cuando la media en Pamplona en el mes de julio según la Aemet es de 27,7 grados. Este 2026 han sido los Sanfermines más calurosos de la historia.

La falta de lluvias y las altas temperaturas han tenido consecuencias directas en las reservas de agua. En la semana del 27 de julio, los embalses bajaron un 4,51% respecto a la anterior y almacenan 602 hm³, el 59,08% de su capacidad. En solo un mes han pasado del 76% al 59%, una caída de 17 puntos porcentuales. Además, el nivel actual es inferior al de hace un año (68,3%) y a la media de la última década para estas fechas (64,1%).

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado a la mitad, de 15 años a 7 y medio, la condena efectiva al profesor de Zizur condenado por grabar a 42 mujeres en baños y probadores. La reducción de la pena, de 180 a 90 años en la suma de todos los delitos (en la que luego se aplica “el triple de la mayor”, en este caso 2 años y seis meses), se justifica por la apreciación “de una atenuante analógica simple de trastorno mental”. En la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La investigación comenzó por la denuncia de una de las vecinas del condenado en octubre de 2023, que se percató que una cámara colgada de la fachada de su vivienda la estaba grabando. Tras la denuncia, el titular de la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado, encontrando el resto de materiales. Tal y como figura en el relato judicial, “el acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba”.

Por ello, el condenado fue considerado autor, en total, de una cuarentena de “delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y delitos de elaboración de pornografía infantil”. Sin apreciarse las atenuantes de “trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión”.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa contra el fallo de la Audiencia, que descartó la circunstancia atenuante de trastorno mental porque el inculpado mintió a los psiquiatras que le trataron. En la última resolución emitida, sin embargo, se considera que la falta de veracidad o la ocultación de ciertos datos a los facultativos no invalida per se los informes y las periciales psiquiátricas, pues la eventual distorsión del relato del paciente es un elemento expresamente contemplado en psiquiatría forense, sin que ello determine automáticamente la pérdida de valor del dictamen.

Igualmente, agrega, se admiten las revelaciones progresivas de situaciones especialmente traumáticas o que producen culpa o vergüenza. En todo caso, los psiquiatras en general y los psiquiatras forenses en particular están técnicamente capacitados para detectar inconsistencias y lagunas, valorar signos objetivos de exploración y contrastar el relato del paciente con indicadores clínicos independientes.

“En este sentido, convenimos con la defensa del recurrente cuando defiende que la mera afirmación de que el condenado no dijo la verdad a los peritos no constituye, por sí sola, una base suficiente para rechazar las conclusiones periciales sin una motivación técnica reforzada”, precisan los magistrados. En este sentido, el Tribunal acoge la tesis del médico forense, según la cual el procesado presenta de un trastorno del control de los impulsos en la esfera sexual, centrado en la actividad de observar la vida de los demás, sobre la base de una personalidad con tendencias obsesivas, que le afecta de forma leve-moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas.

La Sala reitera que, “a partir de la valoración conjunta de los informes periciales, no es posible negar que el acusado presenta un trastorno mental que afecta de forma moderada a sus capacidades intelectivas y volitivas respecto a los hechos enjuiciados. Se trata de la apreciación técnica y la observación clínica de dos especialistas independientes, cuya coincidencia diagnóstica refuerza la solidez del nexo causal entre la patología descrita y las conductas delictivas desarrolladas por el acusado”.

A “la apreciación de una atenuante analógica simple de trastorno mental” se le suma “la atenuante de reparación del daño que ya se tuvo en cuenta en la sentencia de la Audiencia”, ya que con anterioridad al juicio, celebrado en marzo, “el inculpado había consignado 273.000 euros para reparar a las denunciantes”, tal y como refleja la sentencia. “El diagnóstico de alteración psíquica”, que ha tenido en cuenta el Tribunal, se refelja en el informe elaborado por del Instituto Navarro de Medicina Legal y “fue corroborado por los psiquiatras que tratan al encausado”.

El Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior han celebrado este jueves la Junta de Seguridad, un encuentro que supone la primera reunión de este órgano bilateral desde 2011 y en el que se ha acordado, entre otras materias, el incremento del techo de la plantilla de la Policía Foral en 400 agentes, hasta alcanzar los 1.600. También la actualización de distintos mecanismos para “fortalecer” la coordinación entre cuerpos policiales y la constitución de una comisión específica entre ambos Ejecutivos en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor.

La presidenta de Navarra ha destacado un acuerdo que “es clave para el autogobierno, para la mejora del servicio esencial que es la seguridad pública y para el futuro de la Policía Foral”, que había alcanzado el techo de 1.200 agentes pactado en la Junta de Seguridad de 2009. Por su parte, la consejera Inmaculada Jurío ha indicado que, con este aumento de efectivos, “se avanza en la modernización, posicionamiento y reconocimiento de la Policía Foral”, informa Europa Press. El encuentro, que se ha celebrado de forma telemática, ha estado presidido por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así, el incremento de efectivos en 400 agentes, que se distribuirá entre labores de Seguridad Ciudadana (250) y Tráfico (150), va servir para “atender a la realidad delincuencial y demográfica de Navarra y las nuevas demandas en materia de seguridad, así como para completar la asunción en exclusiva de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial”.

El acuerdo recoge un mecanismo para fortalecer la coordinación entre cuerpos policiales a través del teléfono 112, que va a permitir que las emergencias en seguridad se atiendan de forma “más eficiente”, ha expuesto Jurío. Para ello, se va a implantar la Plataforma Única de Emergencias en el teléfono 112, una herramienta desarrollada conjuntamente por ambas administraciones que recogerá también las llamadas recibidas en los números 091 y 062.

En concreto, este sistema va a permitir, ha explicado el Gobierno foral, que las emergencias policiales se asignen de forma automática en función del geoposicionamiento y disponibilidad para el servicio de las patrullas respectivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes tanto del Gobierno de Navarra como del Ministerio del Interior. “Esto supone mejorar en coordinación y ganar en tiempos de respuesta y eficacia, mejorando el servicio”, ha dicho Chivite.

La consejera ha señalado, a preguntas de los periodistas, que “es evidente” que “algunos” de los socios del PSN “son reacios a ese concepto de coordinación policial”. “Lo que tenemos que ver siempre cuando se alcanza un acuerdo es el vaso medio lleno; lo importante de todo este acuerdo es que vamos a conseguir ese techo de 1.600 efectivos de Policía Foral y tenemos que tener en cuenta en materia de coordinación que la seguridad pública es una política que principalmente va dirigida a otorgar seguridad precisamente y confianza a la ciudadanía”, ha dicho, para afirmar: “A través de esa plataforma única de emergencias lo que hacemos es dar una respuesta satisfactoria, eficiente y rápida ante una situación de emergencia a los ciudadanos”.

Comisión específica y condiciones de pasarela

La Junta de Seguridad ha acordado la constitución de una comisión específica con el fin de “garantizar la adecuada coordinación y colaboración en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor”, ha comentado la consejera. Además, ha tomado en consideración el documento de Condiciones Reguladoras para la integración en el Cuerpo de la Policía Foral de Navarra de personal funcionario de la Administración General del Estado perteneciente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.El documento de condiciones se remitirá al personal de Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra y a la Mesa Sectorial de Policía Foral y, ya posteriormente, se iniciará la tramitación administrativa.

La Junta de Seguridad, con la finalidad de aumentar las capacidades policiales en la investigación de delitos en los que existan registros videográficos o fotográficos, así como para mejorar la asistencia y auxilio a la Administración de la Justicia, ha acordado el acceso de la Policía Foral al Sistema Automático de Identificación Biométrico (ABIS) implementado en la Secretaría de Estado de Seguridad.

En la misma línea, se han pactado la participación de la Policía Foral en la actividad y cometidos de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH) de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano encargado de velar por el cumplimiento por los cuerpos policiales de las normas nacionales e internacionales contra la tortura, en garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, se ha acordado la creación de un Grupo de Trabajo en el que las partes definan los criterios de reparto para la efectiva integración de la Policía Foral en la Plataforma de Intercambio del Ministerio de Justicia con el de Interior (PIMIR), adoptando y automatizando el envío de manera electrónica de requisitorias, medidas cautelares y sentencias no firmes desde los Juzgados y Tribunales a todos los cuerpos policiales, ha explicado Jurío.

La presidenta ha considerado que, con este acuerdo con el Estado, “estamos ante un hito importante, que es un paso más en el desarrollo, crecimiento y capacidades para nuestra Policía Foral; un hito que además marca un camino porque una policía tiene futuro si tiene las dotaciones en recursos humanos suficientes, también en dotaciones tecnológicas y también si tiene competencias”. “Por supuesto, vamos a seguir avanzando en lo que tiene que mejorar en prestación de servicios, desde la cercanía, desde la confianza ciudadana”, ha expuesto.

Un agente de la Policía Municipal de Pamplona ha sido condenado a dos multas y con la retirada del carné de conducir durante un año por robar una furgoneta de patrulla mientras estaba ebrio el primer día de Sanfermines. Además, en el vehículo también se encontraban cuatro menores de edad “sin los debidos sistemas de retención infantil”, uno de ellos “encima” del propio procesado.

El agente de la Policía Municipal estaba fuera de servicio cuando, sobre las 16:30 del día 6 de julio en Pamplona, “acudió a dependencias policiales donde cogió las llaves del vehículo oficial”, una furgoneta Mercedes-Benz Vito, “y lo condujo saliendo del garaje de dichas dependencias” por Cuesta de la Reina, calle en la que se encuentran las bocas de garaje de la comisaría, según recoge la sentencia.

Tan solo ocho minutos después, tal y como recoge el relato judicial, el condenado volvió al mismo garaje e intentando aparcar el vehículo lo chocó contra “una columna con la parte trasera”, aunque no produjo “daños aparentes al mismo”.

“Todo ello tras haber ingerido sustancias alcohólicas en cantidad suficiente como para quedar incapacitado física y psíquicamente para conducir, con grave riesgo para la circulación”. Además de llevar en el vehículo a cuatro menores “sin los debidos sistemas de retención infantil”, uno de ellos “de muy corta edad” sentado “encima” del agente fuera de servicio, se plasma.

Escasos minutos después, “fue requerido por agentes de la Policía Municipal de Pamplona”, que le realizaron la prueba de alcoholemia al condenado al ser “patente su incapacidad para conducir” por sus síntomas físicos a simple vista, como su aliento con olor a alcohol a “notoria distancia, ojos brillantes” y un “habla pastosa y repetitiva”. La prueba del etilómetro, realizada a las 16:42, dio un resultado de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado. Más del triple del límite legal permitido. Media hora más tarde, el resultado fue de 0,74.

La sentencia se dictó en conformidad entre las partes y el acusado reconoció todos los hechos descritos. Por ello, se le ha condenado a dos multas de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, la retirada del permiso de conducir durante 12 meses y el pago de las costas del procedimiento judicial por un delito contra la seguridad vial y un delito de hurto de uso de vehículo policial.

Un hombre ha sido condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por maltratar, amenazar y agredir sexualmente de forma habitual a su mujer. El inculpado, de 38 años, nacionalidad española y vecino de una localidad de la comarca de Pamplona, fue denunciado un año después de que la pareja se divorciase tras una relación de 17 años. La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha apreciado las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que el hombre depositó a la víctima 5.000 euros antes del juicio para hacer frente a la responsabilidad civil, la mitad de lo que se estableció.

El procesado y la denunciante, que comenzaron la relación sentimental en 2007, contrajeron matrimonio en octubre de 2016. Se divorciaron en octubre de 2023 y la mujer interpuso denuncia en enero de 2024. En los últimos años de convivencia, según se considera probado en la sentencia, el acusado “empujaba y zarandeaba” a su esposa, a la que se dirigía “con expresiones ofensivas y de menosprecio”.

Asimismo, según reza la resolución judicial, en el ámbito de las relaciones sexuales que mantenía con su esposa “actuaba con posición de dominio”. Cuando ella en ocasiones mostraba su negativa, él insistía en sus pretensiones sexuales, “entre ellas las de sumisión”, ante lo cual la denunciante terminaba por acceder.

Respecto a este delito, los jueces sostienen que, a tenor de unos mensajes de WhatsApp y del resto de prueba, se evidencia que el inculpado proponía de forma muy habitual prácticas sexuales de sumisión y sexo duro, que no siempre eran inicialmente aceptadas por la víctima, pero que terminaba por acceder para que él tuviera un mejor comportamiento familiar y evitar su mal humor o sus recriminaciones. Para los magistrados, “el consentimiento de la denunciante se encontraba viciado” y el encausado podía percibir que esta no quería dichas relaciones, “lo que constituye un delito de agresión sexual continuado”.

Desde que la víctima decidió separarse en 2017, le decía que, si le dejaba, iba a suicidarse. Asimismo, le amenazaba. Le decía que le iba a atropellar y que iba a matar a sus hijas o a su madre. A consecuencia de todos los hechos padecidos, la mujer padece sintomatología ansioso-depresiva, caracterizada por sentimientos de miedo y desesperanza.

Por su parte, el condenado, según recoge la sentencia, presenta trastorno bipolar sobre rasgos disfuncionales de la personalidad, lo que afectó a sus facultades intelectivas y volitivas de forma moderada-grave en relación a los hechos relatados.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija las siguientes penas de prisión: 5 meses por un delito de maltrato habitual, 5 meses por un delito continuado de amenazas y 4 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual. Además, el condenado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un total de 9 años y 5 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.

La implantación, mantenimiento, gestión y operación del servicio de bicicletas públicas en Pamplona y los municipios de la comarca queda a cargo de la empresa NextBike España S.L.U., tal y como se aprobó en la Junta de Gobierno de Pamplona este lunes. Tras casi medio año sin servicio por problemas con la anterior empresa gestora, Ride On, la nueva empresa adjudicataria se irá implantando escalonadamente a partir de los próximos meses.

Pamplona será la primera localidad en contar con el servicio, mediante la instalación de 50 bases y la puesta a disposición de la ciudadanía de 500 bicicletas, que estarán en marcha a principios de 2027, según ha informado el Ayuntamiento. Posteriormente, se prevé que de manera escalonada a las localidades aledañas a la capital navarra que lo solicitaron.

En la adjudicación del contrato a esta empresa, el Consistorio ha valorado no solo la elevada solvencia técnica y operativa de la propuesta técnica de NextBike, sino también su condición como operador y fabricante con amplia experiencia internacional, ha detallado. A su juicio, la propuesta resulta especialmente sólida en cuanto a logística, mantenimiento, atención multicanal a las personas usuarias y, sobre todo, a su capacidad de escalada para dar servicio a otros municipios de la Comarca de Pamplona.

Un total de seis empresas presentaron sus propuestas para hacerse con el acuerdo marco que regirá todas las ampliaciones posteriores. De todas ellas, NextBike España S.L.U. ha logrado la mayor puntuación en el baremo que regía la adjudicación con 97,45 puntos sobre 100. La empresa forma parte de la multinacional alemana del mismo nombre, con más de 20 años de experiencia en la movilidad sostenible y presencia en más de 400 municipios de 21 países. Su parque tecnológico supera las 125.000 bicicletas en operación.

En España, donde desembarcaron en 2018, ofrecen su servicio en 36 municipios, con más de 7.000 bicicletas, tanto eléctricas como mecánicas. Entre otros, se encarga de la implementación, el mantenimiento y la gestión de Bizkaibizi, el servicio público de bicicletas de Bizkaia, que actualmente cuenta con 850 bicicletas eléctricas y 179 estaciones. Pero también está presente en el área metropolitana de Barcelona, dando servicio a 15 municipios con 2.600 bicicletas.

Según la propuesta planteada por la empresa, las características técnicas de la bicicleta propuesta la convierten en una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido diseñada para uso urbano intensivo. Contará con un motor central de 250 W, batería de 540 Wh, cambio Shimano Nexus, candado inteligente, alarma acústica, posicionamiento GNSS. Además, dispondrá de pantalla, porta móviles, cesta y cuadro de paso bajo para una mayor accesibilidad. La batería tiene una autonomía de 80 km.

En cuanto a la arquitectura de las estaciones, NextBike ha presentado un modelo de estaciones modulares, reubicables, escalables, con anclajes inteligentes, recarga eléctrica e integración urbana. Además, presenta la posibilidad de integrar en el servicio mejoras tecnológicas como el overflow, free-floating y estaciones efímeras. “La propuesta resulta especialmente interesante por su capacidad de adaptación a distintos vehículos y modos de operación y crecimiento progresivo”, ha indicado el Ayuntamiento.

Con el objetivo de dar servicio a través del primer contrato derivado del acuerdo marco, la empresa contará con un equipo integrado por 13 personas, que podrá ir aumentando en función de la ampliación del servicio con más bases y bicicletas tanto en Pamplona como en el resto de municipios adheridos a la iniciativa. En este sentido, se compromete a mantener, durante toda la duración del contrato, las bicicletas acordadas, así como el sistema de acceso y las estaciones, además de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

Pamplona, primer contrato derivado

NextBike Epaña S.L.U. será la única integrante del acuerdo marco para la implantación, mantenimiento, gestión y operación del servicio de bicicletas públicas, dadas las características técnicas de este contrato, que exige que todas las bicicletas habilitadas compartan el mismo sistema de anclaje y gestión. Una vez establecido quién será la empresa suministradora del servicio, se procederá a adjudicar los distintos contratos derivados, en distintas ventanas temporales, de aquí a 2028.

El primero será el que vuelva a traer el servicio a Pamplona, a través de 50 bases y 500 bicicletas, para lo que el Ayuntamiento de Pamplona prevé una inversión de 8,5 millones para los diez próximos años. Tras esta adjudicación, prevista para mediados de agosto, se prevé un periodo de implantación del servicio en la capital será de siete meses: la previsión es que el servicio esté plenamente operativo en Pamplona a principios de 2027.

Dentro del acuerdo marco, se prevé adjudicar también los contratos derivados para el resto de ayuntamientos, a través de tres 'ventanas de oportunidad' previstas para finales de este mismo año, para 2027 y para 2028. En la primera 'ventana', cuya adjudicación se ha fijado en noviembre, una quincena de ayuntamientos ya ha confirmado su interés para concurrir con un pedido conjunto de 40 bases y 400 bicicletas. Respecto a las otras dos 'ventanas', las de 2027 y 2028, están diseñadas para que nuevos ayuntamientos se sumen al servicio o para que los que ya estuvieran inscritos en él puedan ampliar su servicio con nuevas bases y bicicletas.

Al segundo contrato previsto, que permitirá la ampliación del servicio a 15 ayuntamientos de la comarca, con 40 bases repartidas en los principales puntos de estas localidades, se le ha asignado un valor nominal de 5.624.998,18 euros. Por su parte, la inversión en 2027 de cara al tercer contrato derivado asciende a 4.938.349,18 euros. Y, de cara al cuarto contrato, que se ejecutaría en 2028, se prevé invertir 4.722.065,64 euros. En conjunto, todos ellos suponen un desembolso de 23,75 millones de euros.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este martes la “asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno” foral y de su presidenta, la socialista María Chivite, ante la confirmación de que la UCO de la Guardia Civil y el Tribunal Central de Instancia ampliarán sus investigaciones sobre corrupción a la adjudicación de los túneles de Belate, que recayó en una UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000. Esta última es una mercantil de Antxon Alonso en la que presuntamente también participaba el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“La realidad” es que “por primera vez en 30 años, una adjudicación de obra pública está siendo investigada por la UCO en Navarra y es una situación que la principal fuerza de la oposición considera ”tremendamente grave“. Esparza ha recalcado que la obra de los túneles está siendo investigada porque ”UPN en septiembre del año 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil“. Desde el partido regionalista ”siempre“ han creído que era necesario poner el foco en ”la adjudicación de Belate“, y sostiene que la UCO ha encontrado ”indicios sólidos y suficientes“ para continuar una ”investigación en profundidad“. ”Yo creo que era blanco y en botella desde el inicio“, ha afirmado el portavoz.

“El Gobierno -ha continuado Esparza- ha ido dando tumbos desde el inicio de este caso, diciendo unas cosas y luego las contrarias y, evidentemente, al final se ha dado de bruces con la realidad. En todo este tiempo María Chivite ha negado todo, ha atacado a quien denunciaba algo y ha querido trasladar a la opinión pública que había una campaña de acoso contra su Gobierno”.

“La semana pasada la presidenta habló de caza de brujas y de una posición ridícula de Unión del Pueblo Navarro”, ha descrito. Sin embargo, ironiza con que parece que ahora el Ejecutivo foral parece que “se alegra mucho” de la investigación. “No tienen ninguna credibilidad”, considera Esparza, que cree que no puede ser una buena noticia “que la Guardia Civil tenga que venir a investigar” en una comunidad la “adjudicación de una obra pública de semejante magnitud”. Es “tomar a la sociedad navarra por tonta”.

UPN está personada en la causa. Esperan que la investigación demuestre que en Navarra el entorno de Santos Cerdán, Koldo García y el exministro Jose Luís Ábalos ha estado “recibiendo adjudicaciones de obra pública de forma ilícita” y “cobrando mordidas del 2%” al igual que han hecho “por toda España” para “enriquecerse”. En este sentido, se ha referido a la comisión parlamentaria de investigación. A su juicio, se demostró que la ajudicación de Belate está “repleta de irregularidades” pero el dictamen dijo que no hubo pruebas de ello. “La explicación la encontraremos en el informe que la Guardia Civil realiza sobre esta adjudicación”, pronostica.

La comisión, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y que finalizó a comienzos del pasado junio, concluyó a partir de un documento acordado por PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a las empresas investigadas por presunta corrupción, Acciona y Servinabar 2000.

“Hay nervios dentro del propio Gobierno y falta de confianza entre sus socios”, perciben desde UPN, aludiendo a “algún 'quit' llamativo empezando a recular”. Se refería veladamente a EH Bildu, que quiso matizar este lunes que la comisión que ellos dirigieron no dijo que no hubiera corrupción sino que, con los datos con los que disponía, no se podía acreditar. El resto de la legislatura se va “a vivir con mucha incertidumbre” y “mucha tensión” al no saber “qué se van a encontrar” los agentes de la UCO durante la investigación, ha vaticinado el portavoz de UPN. Las elecciones forales son en mayo en 2027.

La jueza mantiene en prisión al investigado por la violación de una mujer semiinconsciente ocurrida durante la madrugada del día 10 en Pamplona y considera, además, que la agresión sexual se produjo con violencia. El joven, que sostuvo en su declaración que las relaciones fueron consentidas, ingresó en prisión el día 14. Una medida que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha ratificado después de que el informe forense reflejara que existe “poca duda de la falta de consentimiento consciente”.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada destaca la gravedad de los hechos objeto de investigación, pues la agresión sexual (violación) en un portal de la calle Estafeta se llevó a cabo no solo sin consentimiento, sino con violencia física.

Según el examen forense citado en el auto de prisión dictado el día 14, la víctima arrojó a las 8.10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. Aunque para la magistrada lo más destacable del dictamen médico está las lesiones que la denunciante presentaba, “difícilmente encuadradles en unas relaciones libres y voluntarias, como ”erosiones en rodillas, hematoma en rodilla, hematomas en ambos brazos, en concreto en antebrazos, todas lesiones con margen de dos horas anteriores a la exploración de la forense“.

En el auto, la jueza también añade que en las imágenes del portal se ve cómo el investigado coge a la víctima del antebrazo izquierdo para llevarla, una acción que no es compatible con el pretendido consentimiento alegado.

Pendientes aún de practicarse otras diligencias que podrían aportar más claridad a los indicios ya existentes, que la jueza considera “claros y evidentes” de que no hubo una relación consentida, sino que el presunto agresor se aprovechó de la vulnerabilidad química de la víctima y “utilizó la violencia física”, la magistrada ratifica el ingreso en prisión del investigado. Entre esas pruebas figuran las declaraciones de los amigos que acompañaban a la víctima, la localización de los testigos que entraron en el portal y que pudieron presenciar parte de los hechos, así como los informes psicológicos y los resultados de los análisis de ADN.

La magistrada se apoya en esta decisión en que las penas que podrían recaer en este procedimiento son muy altas y graves, la protección de la víctima y evitar la alteración de pruebas, así como para asegurar la presencia del mismo a disposición del tribunal durante la tramitación de la causa.

La Policía Foral investiga una agresión sexual a una menor que se habría cometido el domingo sobre las 00:15 en las fiestas de Santa Ana de Tudela. Según ha informado la Policía Foral, el presunto autor de los hechos fue detenido ese mismo día y todavía permanece en dependencias policiales, a la espera de ser puesto a disposición judicial.

La víctima fue trasladada esa misma noche, del sábado al domingo, al Hospital Reina Sofía de Tudela para su atención y el domingo se presentó la denuncia.

Desde el Ayuntamiento de Tudela, han mostrado su “total rechazo y condena” a los hechos y han expresado su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además del máximo respeto a su intimidad, sus derechos y al desarrollo de la investigación”. Desde el Consistorio también han comunicado que no realizarán actos públicos de concentración atendiendo a la voluntad expresada por la familia de la víctima.

La declaración, por tanto, constituye “la respuesta institucional adecuada y coherente” con la presunta víctima y su entorno, y traslada el “rechazo firme de toda manifestación de violencia contra las mujeres”, afirman desde el ayuntamiento de la localidad.

Un informe jurídico elaborado por el Gobierno de Navarra sobre la tramitación ambiental del proyecto de planta centralizada de fangos que la empresa pública Nilsa promueve en Tudela concluye que el proyecto es incompatible con el planeamiento urbanístico vigente en la ciudad e insta a la Dirección General de Medio Ambiente a poner fin al procedimiento, según ha destacado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

El análisis se hace eco de los informes urbanísticos emitidos por el Consistorio y recoge que el pasado mes de mayo quedó reafirmada la incompatibilidad urbanística del proyecto de Nilsa, al superarse los límites permitidos para usos no agrícolas en suelos de alta productividad y la ubicación de la instalación en suelo no urbanizable de protección. Como conclusión, el informe jurídico, firmado por la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, reconoce que, si se mantienen los actuales informes desfavorables del Ayuntamiento, la Administración deberá valorar el archivo del expediente por incompatibilidad urbanística.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, considera que el proyecto de Nilsa y del Gobierno de Navarra para Tudela “ha entrado definitivamente en vía muerta tras este varapalo letal por parte de sus propios servicios jurídicos, que hemos conocido hace solo unas horas, a pesar de que se firmó hace casi un mes”.

“Llama la atención tanta demora en la notificación”, ha apuntado Toquero, “teniendo en cuenta las prisas que se dio Ana Bretaña (directora general de Medio Ambiente) para tramitar por procedimiento exprés, en apenas una semana, una Autorización Ambiental Integrada que resultó ser un fiasco, solo para que Tudela se quedara fuera de la moratoria establecida para las plantas de biogás”.

El alcalde ha afirmado que está próximo el momento de exigir responsabilidades políticas “al más alto nivel, aunque lo que ahora toca es que el Gobierno de María Chivite ponga punto final a esta huida hacia adelante y acepte de una vez por todas que el disparatado proyecto de Nilsa ha entrado en un callejón sin salida”.

Según ha señalado el Ayuntamiento, el proyecto de NILSA inició su tramitación en septiembre de 2023 con una solicitud de modificación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Durante el procedimiento, la Administración consideró que la capacidad prevista de tratamiento exigía una Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que dio lugar a un nuevo expediente que culminó con la concesión de dicha autorización en noviembre de 2025.

Sin embargo, la autorización fue recurrida por el Ayuntamiento de Tudela, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y diversas asociaciones ecologistas. Como resultado de estos recursos, en abril de 2026 el Gobierno de Navarra acordó la anulación de la AAI por una incorrecta aplicación del régimen de autorización ambiental, ordenando la retroacción del procedimiento al momento en que debía tramitarse la modificación de la AAU. “Este cambio de criterio no ha impedido que el contencioso iniciado por el Ayuntamiento de Tudela haya seguido su curso, pese al criterio contrario por parte del Gobierno de Navarra”, ha señalado el Consistorio.

El equipo liderado por la arqueóloga Oihane Mendizabal, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi-Euskal Herriko Unibertsitatea, ha encontrado durante la campaña de excavación arqueológica en el yacimiento romano de Zaldua, ubicado entre Burguete y Espinal, materiales vinculados a la calzada romana Iter XXXIV, que cruzaba los Pirineos hace 2.000 años. Además, se han completado los trabajos en los dos últimos sectores de la zona norte de las termas, documentando una posible entrada porticada monumental y un área occidental con un horno y evidencias que apuntan a un espacio de almacenamiento y preparación de alimentos, además de numerosos materiales de la vida cotidiana.

El yacimiento lleva siendo excavado por el equipo, compuesto por un grupo de 15 voluntarios, desde el 13 al 24 de julio. Como en los últimos 9 años, la excavación ha continuado en el edificio de las termas de esta ciudad romana, centrándose esta vez en la zona norte.

En palabras de la directora del yacimiento, “se han continuado los trabajos en dos sectores ubicados en la zona norte de las termas”. “Estos espacios son los últimos que nos faltaban para delimitar el edificio en su totalidad. En el sector más oriental, interpretado como posible entrada al edificio, el año pasado se identificaron al menos tres bases de columnas circulares que seguramente sujetarían una entrada porticada al complejo desde la calle principal del asentamiento. Asímismo se ha continuado registrando fragmentos de mármol, que denotarían la monumentalidad del edificio”, ha explicado.

En el área occidental, en cambio, se ha continuado con la documentación de un horno de fases más tardías. Asimismo, los restos hallados alrededor de la estructura, como un pavimento de pequeños cantos rodados, numerosos fragmentos de dolia (recipientes cerámicos de grandes dimensiones) y varios restos de huesos de animales quemados, plantean la hipótesis de que se podría tratar de una zona destinada al almacenamiento y preparación de alimentos. No obstante, serán necesarios los estudios de detalle de todo el conjunto del material que serán realizados en los próximos meses. También se han hallado otros objetos cotidianos de la vida diaria como fichas de juego, monedas, fragmentos de diversos tipos cerámicos o vidrio, etc.

Otra de las novedades de este año ha sido el estudio geoarqueológico realizado en las inmediaciones de lo que fue el núcleo urbano de Zaldua (a unos 500 metros), más concretamente en el humedal de Jauregiaroztegia, situado en la misma localidad de Burguete. Gracias a los testigos de sedimentos recogidos se quiere conocer más a fondo los cambios mediambientales del entorno del yacimiento durante la Antigüedad, es decir entre los siglos I a.C. y V d.C. aproximadamente.

Esta iniciativa, al igual que la campaña de excavación de Zaldua, se enmarca en el proyecto de investigación transfronterizo ATEA, que tiene como objetivo comprender los cambios en el territorio que atravesaba la vía romana transpirenaica en ambas vertientes. En dicha investigación participan numerosos investigadores que provienen de diversas Universidades, empresas y centros de investigación de ambos lados de la frontera.

Por último, el sábado 25 de julio se ha organizado una visita guiada al yacimiento, abierta al público en general. En euskera será a las 11 horas y en castellano a las 12 en el mismo yacimiento.

Los servicios de extinción están trabajando este viernes para tratar de sofocar un incendio de vegetación que se ha declarado en un campo cosechado en Salinas de Pamplona (Galar), según ha informado el 112 SOS Navarra. El fuego se ha producido en una jornada de altas temperaturas.

El aviso por el fuego se ha dado a las 14.39 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla y de Tafalla, brigada helitransportada, tres helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral. Es una zona próxima al aeropuerto de Noain.

No hay personas afectadas. Todos los medios están actuando en estos momentos en el lugar. La sala de SOS Navarra ha pedido a la población que no llame al 112 para avisar del incendio para poder atender el resto de emergencias, puesto que ya se han movilizado a la zona los recursos de extinción y están trabajando en el lugar. Adif ha cortado durante unos minutos el tráfico ferroviario.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

El eclipse solar total que se podrá ver en gran parte de Navarra hará desplegar a 1.200 efectivos en toda la comunidad, movilizados mayoritariamente en los 20 puntos de observación (considerados los lugares “seguros para la población”). El dispositivo “incluye medidas de seguridad, medidas sanitarias, medidas de protección civil, de gestión de residuos o de prevención de incendios”, tal y como ha explicado Alicia Echeverría, delegada del Gobierno. En la presentación del dispositivo navarro del eclipse, también se ha presentado un “nuevo visor cartográfico” de la mano de IDENA, un modelo digital para calcular con precisión la visibilidad desde cada punto.

Inmaculada Jurío, consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, ha afirmado que Navarra va a “tener disponibles y trabajando ese día” a 454 efectivos de Policía Foral, 122 bomberos, 25 personas del servicio de protección civil y 6 personas del “recién constituido servicio de tráfico”. En lo que respecta a las competencias del Estado, se desplegarán 400 agentes de la Guardia Civil y 70 de la Policía Nacional. A lo que hay que añadir las cifras de “sanitarios, protección civil y voluntarios”, incide la delegada del Gobierno.

Tal y como ha adelantado Echeverría, el dispositivo incluye una labor de “reconocimiento y de vigilancia de las zonas de acampada, espacios protegidos o posibles puntos no oficiales en los medios naturales”. En este sentido, debido a las altas temperaturas y afluencia de visitantes que se esperan durante esta fecha, Jurío ha afirmado que “se están diseñando campañas específicas” con el fin de asegurar la “autoprotección, la prevención de incendios y medidas destinadas a los desplazamientos que se pueden realizar antes o después del eclipse”. “Son recomendaciones a la ciudadanía que tienen como finalidad minimizar riesgos y evitar, en la medida de lo posible, el tensionamiento de los servicios de emergencia en una jornada que se prevé masiva por afluencia de personas”.

“En cuanto a materia de prevención de incendios”, ha añadido la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, que “se producen alrededor de Navarra” causando “graves catástrofes medioambientales”, se han dictado ciertas recomendaciones a la población. “Se aconseja a la población, o más bien se les desaconseja, que aparquen en zonas donde haya algo de vegetación, ya que, aunque parezca imposible o no lo pensemos, el calor de un motor sobre la vegetación puede provocar un incendio. También se van a hacer recomendaciones encarecidas de que no se realicen hogueras ni barbacoas, que no se tiren colillas en el campo. Y también se recomienda que no dejen botellas de vidrio al sol”, ha afirmado.

También se ha instado a seguir las recomendaciones de tráfico para agilizar los desplazamientos y garantizar la seguridad, como “no aparcar en el arcén de la carretera” ni que los vehículos se “dejen en cunetas o accesos a fincas”, ha afirmado Jurío. Además de anunciar que “se restringe el tráfico” a los camiones con “determinadas taras” desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche (23.59) del día 12 de agosto.

Por otra parte, Navarra ha presentado el un “nuevo visor” para conocer “el porcentaje de totalidad visible en cualquier punto del territorio”, pues “dependiendo de la zona, el nivel de ocultación del Sol estará comprendido entre el 97,5% y el 100%”, ha afirmado Juan Luis García Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital. El “visor” creado “a través de IDENA (la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra)” es una herramienta que cuenta con “las características reales del entorno, como montañas, edificios, árboles y otros obstáculos, proporcionando una simulación mucho más precisa de la observación desde cada ubicación”.

Navarra lleva meses preparándose para el eclipse total de Sol, “una oportunidad histórica desde el punto de vista científico y astronómico”, como ha descrito Echeverría, mediante una estrategia coordinada entre el Gobierno foral, ayuntamientos y distintos departamentos públicos. Con una capacidad total de 50.000 personas, se ha creado una red oficial de 20 puntos de observación dotados de aparcamientos, información, actividades divulgativas, servicios básicos, dispositivos de seguridad y accesibilidad, además de controlar el aforo y fomentar una movilidad segura. Además de crearse la web del proyecto EKLIPSE, que incorpora la información actualizada necesaria para los usuarios.

“Nuestro país va a ser testigo en 2026, 2027 y 2028 de un fenómeno astronómico extraordinario al que hemos denominado trío de eclipses”, ha descrito Echeverría. Los dos primeros serán eclipses solares totales, el día 12 de este próximo mes y el 2 de agosto de 2027, y a comienzos del 2028 (26 de enero) habrá un eclipse anular, “cada uno de ellos visible en una parte concreta” de España, según ha explicado. En Navarra este fenómeno astronómico excepcional, que no se producía en Navarra desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2154.

El Gobierno de Navarra se apoya en el triple archivo de la denuncia de Vox y Abogados Cristianos para no intervenir en las colonias Euskal Udalekuak de Abaigar y Goñi a pesar de que la Diputación de Álava pida para ellas medidas cautelares por estar bajo investigación por presunta violencia sexual otro campamento de la misma entidad, el de Bernedo. Begoña Alfaro, consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias (Contigo/Zurekin), ha afirmado que “las entidades que gestionan” los campamentos en Navarra “son diferentes” y que en ellas “no hay ningún hecho denunciado”.

“Los hechos tramitados en Euskadi obedecen a unos sucesos que se produjeron” en esa comunidad autónoma, por lo que “no se pueden extender a las localidades navarras”, ha señalado Alfaro, parafraseando el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que refrendada dos resoluciones anteriores del juzgado de Estella cerrando la vía penal totalmente.

Según ha indicado Alfaro, se realizará por parte de las instituciones “la supervisión habitual” al no considerar que haya “elementos para extremar la cautela”. Los campamentos de Abaigar y Goñi “cumplen con los requisitos técnicos que se establecen y no hay motivos para tomar medidas cautelares”, defendía. Y añadía que estarán “atentos y vigilantes” como se hace “en cualquier caso”.

La Audiencia Provincial de Navarra desestimó el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y confirmó el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Fue la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma.

La consejera navarra también ha destacado que la denuncia no haya sido “formulada por las familias”, sino por un partido político y motivada por la “campaña de Abogados Cristianos”. En Álava, el Tribunal de Instancia de Vitoria lleva quince meses investigando la cuestión y, de cara a septiembre, se tomará declaración en calidad de imputados a varios monitores, según la Diputación alavesa.

Un hombre de 47 años y natural de Pamplona ha sido condenado a dos años de prisión por dos intentos de agresiones sexuales a una menor. La joven, de 15 años, fue acorralada en una de las puertas de acceso de la Ciudadela de Pamplona, donde el condenado intentó tocarle los pechos y las nalgas. La víctima consiguió zafarse y huir, impidiendo las agresiones sexuales.

A consecuencia de la agresión sexual, la menor presenta secuelas, como ansiedad fóbica y ciertos pensamientos recurrentes relacionados con los hechos, según consta en la sentencia. El inculpado, se describe, “presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de tóxicos, que al tiempo de los hechos limitaron sus facultades volitivas e intelectivas de forma leve”.

Según recoge la sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Se ha tenido en cuenta el atenuante de trastorno mental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El procesado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 2.000 euros por el daño moral ocasionado.

La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y ha confirmado el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Es la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma. Por el contrario, el Tribunal de Instancia de Vitoria continúa sin ofrecer avances relevantes en la instrucción de la veintena de denuncias sobre Bernedo.

Según el auto de la Audiencia de Navarra, del pasado 1 de julio y cuya ponente ha sido la magistrada Rebeca Esther Alonso, “no existe” una denuncia concreta sobre posibles casos similares a los de Bernedo en las colonias navarras y “la investigación que se llevara a cabo sería en todo caso prospectiva”, algo expresamente inconstitucional. Afea que la petición de una nueva causa se limita a sostener que, al haber “denuncias por hechos cometidos en otro lugar” organizados por la misma asociación, “debe llevarse a cabo una investigación”. Es lo mismo que manifestó por dos veces la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

En el caso de la denuncia presentada por Vox, que también está personado en el procedimiento penal en Vitoria, “se expone que se han hecho eco los medios de comunicación de testimonios de menores en relación” a las actividades de Bernedo. “Como la misma asociación tiene campamentos en Goñi y Abaigar”, se alude a que también ha podido ocurrir “en estas localidades” algo similar. Se menciona, asimismo, que la Ertzaintza habría podido recibir un caso que sí estaba residenciado en Abaigar en 2021 y 2022. “Ningún hecho se denuncia como ocurrido en Goñi y Abaigar que justifique incoar un procedimiento penal”, frena la Audiencia Provincial.

La celeridad de la Justicia en Navarra contrasta con la de Álava. Las primeras denuncias fueron presentadas por la Ertzaintza en el Tribunal de Instancia de Vitoria en abril de 2025. El expediente recayó en el juez Álvaro Silván, pero no se realizó ninguna actuación hasta que, pasado el mes de agosto y la edición del pasado año de las colonias de Bernedo, se volvieron a reproducir las denuncias. Se investiga al menos una posible agresión sexual, además de presuntas conductas de exhibicionismo. Algunos de sus participantes han relatado que, por ejemplo, chicos y chicas eran obligados a compartir duchas junto a los monitores.

Una nueva instructora ha asumido el caso en Vitoria, Marta Escudero. Tampoco consta que haya tomado declaraciones a posibles imputados cuando ha pasado otro año. En paralelo, la Diputación de Álava sancionó a Euskal Udalekuak y le impidió celebrar el campamento de Bernedo, como pretendía. Incluso mostró su deseo de vetar a una posible nueva entidad organizadora. Sin embargo, un juzgado de lo contencioso-administrativo levantó la suspensión cautelarmente al entender que no estaba suficientemente bien armada la actuación administrativa. Por falta de tiempo no hay colonias en Bernedo, pero sí las está habiendo en Navarra.

Euskal Udalekuak siempre ha denunciado estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano, así como personalidades del mundo de la cultura vasca. Ahora, conocidas las resoluciones judiciales en Navarra indican que la extrema derecha está buscando una “represión mediática y judicial”. “Nuestro principal objetivo ahora mismo es ofrecer un ocio educativo a niños y jóvenes. Por eso, tenemos los turnos en marcha y en eso estamos trabajando este verano”, exponen en un comunicado en euskera a raíz de la última resolución judicial.

El caso de Bernedo ha motivado de Bernedo ha motivado la modificación de la ley vasca de Juventud, así como del decreto sobre organización de campamentos. Muchas de las medidas tampoco llegaron a tiempo para el 1 de julio, el momento de inicio de la temporada. Buscan reforzar el control de las actividades.

Un grupo de militares que se encontraba en la terraza de un establecimiento fue agredido por varios encapuchados armados con barras y porras extensibles. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio hacia las nueve y cuarto de la noche en el barrio pamplonés de Berriozar, mientras se disputaba la final del Mundial de Fútbol que dio a España su segunda estrella.

Mientras el grupo de personas veía el partido, irrumpieron “a la voz de tres” un grupo de diez personas encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles.

Tras los golpes, hay tres militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal. En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.

Al parecer, el establecimiento hostelero suele estar frecuentado por militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes. Además de los heridos los agresores causaron diversos daños en la cristalera y en el mobiliario del local.

Algunos testigos de la agresión han publicado que una de las personas que se encontraba en la terraza vestía una camiseta de Núcleo Nacional, partido violento de ultra derecha. El denominado “Movimiento Socialista de Euskal Herria”, ha difundido también esta versión, afirmando que “el hombre llevaba una camiseta nazi” y calificando el Mundial como un escenario usado “para celebrar la identidad española y difundir consignas fascistas con total impunidad”.

No hay detenidos por el momento ya que los agresores huyeron del lugar, mientras que algunos de los agredidos han presentado denuncias, en principio ante otros cuerpos policiales, aunque todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación.

El Volkswagen ID. Cross ya ha llegado al mercado con la apertura de pedidos y con la vocación de acercar la movilidad eléctrica al gran público. Se trata de un todocamino de 4,15 metros de longitud que la marca afirma que “se fabrica con emoción” en la planta de Landaben (Navarra) y que llega al mercado español desde 25.600 euros con campañas comerciales, financiación y las ayudas del Plan Auto+, aunque la marca ya ha confirmado que más adelante lanzará una versión todavía más asequible.

Con este modelo, Volkswagen completa la ofensiva de su nueva familia de eléctricos compactos, formada por el ID. Polo y el futuro ID. Polo GTI (comparten plataforma con Cupra Raval y Skoda Epiq), y refuerza el papel estratégico de la fábrica navarra en la transformación eléctrica del grupo. El ID. Cross será uno de los pilares de esta nueva etapa industrial y llega acompañado de un mensaje que resume la filosofía con la que ha sido desarrollado: un vehículo “fabricado con emoción”, en palabras de la marca, que pretende combinar un diseño atractivo con tecnología de segmentos superiores y un precio competitivo.

Thomas Schäfer, consejero delegado de la marca Volkswagen, aseguró que el nuevo modelo “aúna experiencia tecnológica, un diseño limpio, soluciones impresionantes y sofisticadas y auténticas cualidades polivalentes, todo ello con una excelente relación calidad-precio”, unas credenciales con las que aspira a convertirse en un nuevo éxito comercial de la marca.

El SUV eléctrico mide 4,15 metros de longitud (unos 10 centímetros más que el Polo y el Raval), 1,79 metros de ancho y 1,58 metros de alto. Gracias a la plataforma eléctrica MEB+, Volkswagen asegura que ofrece un aprovechamiento del espacio superior al del T-Cross de combustión (4,13 metros), con capacidad para cinco ocupantes y un maletero de 475 litros, 20 litros más que el modelo equivalente con motor térmico. Además, incorpora un pequeño compartimento delantero de 25 litros para guardar el cable de carga u otros objetos.

Más calidad y tecnología

El interior apuesta por una mayor calidad percibida, con superficies revestidas de tela, nuevos mandos físicos de mejor tacto y un ambiente más cuidado. El equipamiento tecnológico también supone un salto respecto al segmento, con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,9 pulgadas que concentra las funciones del sistema de infoentretenimiento.

Volkswagen ha querido trasladar al segmento de acceso tecnologías reservadas hasta ahora para modelos superiores. Entre ellas destaca el nuevo Connected Travel Assist, capaz de reconocer semáforos y detener automáticamente el vehículo cuando detecta una luz roja dentro de los límites del sistema. También podrá equipar cámaras de visión de 360 grados, aparcamiento remoto mediante teléfono móvil y una suspensión adaptativa DCC en las versiones más potentes.

La gama estará compuesta por tres niveles de potencia: 116, 135 y 211 caballos, asociados a baterías de 37 y 52 kWh netos. La autonomía máxima homologada alcanzará los 426 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que la recarga rápida permitirá recuperar del 10% al 80% de la batería en unos 23 o 24 minutos, según la capacidad elegida.

La preventa en España arranca inicialmente con las versiones Life y Style equipadas con el motor de 211 caballos y la batería de 52 kWh. El precio parte de 25.600 euros, incluyendo las promociones comerciales de la marca, la financiación de Volkswagen Financial Services, las ayudas del Plan Auto+ y los certificados de ahorro energético (CAES). Más adelante llegará la esperada versión de acceso Match, con motor de 116 caballos y batería de 37 kWh, que permitirá reducir aún más el precio de entrada.

Volkswagen también ha dotado al ID. Cross de funciones poco habituales en este segmento, como la tecnología Vehicle-to-Load, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos con una potencia de hasta 3,6 kW, una capacidad de remolque de hasta 1.200 kilos y equipamientos opcionales como un sistema de sonido Harman Kardon, asientos eléctricos con función masaje o un gran techo panorámico.