La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a dos años de cárcel a una administrativa del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en el centro de salud de Alsasua por haber accedido en 171 ocasiones al historial médico de su yerno sin consentimiento. Esta misma administrativa ya fue condenada en mayo a ocho años de prisión por haber accedido en 1.329 ocasiones a los informes médicos de su hija y tres nietos.

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa llegaron el día del juicio, celebrado el pasado día 2 de junio, a un acuerdo, por lo que la sentencia se ha dictado de conformidad. Así, la inculpada no podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros durante 5 años a su yerno, a quien deberá indemnizar con 15.000 euros por el daño moral originado. 

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de revelación de secretos cometido por funcionario público con la concurrencia de la agravante de parentesco por afinidad y las atenuantes de anomalía o alteración psíquica y reparación del daño.

La encausada, administrativa del Servicio Navarro de Salud destinada en Atención Primaria de Alsasua, a través del programa informático Atenea, llevó a cabo los citados accesos al historial médico de su yerno entre el 23 de junio de 2021 y el 15 de abril de 2024. Además, en 15 ocasiones, según recoge la resolución judicial, imprimió la historia médica, por lo que tuvo “conocimiento de todos los datos sanitarios”. 

En el momento de los hechos, según consta en la sentencia, la acusada estaba “diagnosticada de trastorno adaptativo y trastorno de control de impulsos, lo que afectaba a sus facultades intelectivas de manera leve”. Con anterioridad a la celebración del juicio, la procesada había consignado 10.000 euros para la reparación del daño causado.

En mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó una pena de ocho años de prisión impuesta a esta funcionaria por haber accedido en 1.329 ocasiones a los informes médicos de su hija y tres nietos, llegando a imprimir los historiales y resúmenes clínicos en numerosas ocasiones. 

A este respecto, la Audiencia Provincial indica que, cuando se acredite la firmeza de esa sentencia del TSJN, en virtud del pacto alcanzado entre las partes, se otorgará a la condenada la suspensión de la pena de prisión a condición de que no delinca en cuatro años, abone el resto de la indemnización, continúe en tratamiento psiquiátrico por tiempo de cuatro años, salvo alta terapéutica anterior, y respete las prohibiciones de comunicación y acercamiento. 

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha informado en el Parlamento foral de que el Ejecutivo ha revocado la autorización de funcionamiento del centro evangélico Vida Nueva, ubicado en Ciriza, y lo ha excluido del registro de centros de servicios sociales por incumplimientos relacionados con el decreto foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales y el régimen de autorizaciones.

La revocación de la autorización de funcionamiento supone dar de baja al centro en el registro de servicios sociales. Esta decisión no supone un cese de actividad, sino la baja en el registro, según han explicado desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en comisión parlamentaria, Maeztu ha señalado que se trata de un centro que, según recientes informaciones periodísticas, está siendo investigado por un Juzgado de Pamplona tras las denuncias presentadas por tres mujeres que fueron internas del centro. Según informó 'Newtral', los responsables del centro están siendo investigados por diez presuntos delitos, como detención ilegal, coacciones o torturas por razones discriminatorias.

La consejera ha precisado que el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna denuncia de personas usuarias, pero ha explicado que su departamento ha realizado en el centro seis inspecciones desde 2016, la última de ellas en diciembre de 2025.

“En estas inspecciones nunca se ha detectado ningún ilícito penal, pero fruto de estas inspecciones, en 2022 sí que se detectó el incumplimiento de un aspecto de la normativa, que tenía que ver con el decreto foral 92/2020, de 2 de diciembre, en relación al número de plazas que tenían las habitaciones. Desde el Departamento de Derechos Sociales se instó al centro a que realizara las modificaciones necesarias para adaptarse a esta normativa, que establece que las habitaciones tienen que tener como máximo dos plazas y les dábamos un plazo de cumplimiento hasta marzo del 2025”, ha indicado la consejera.

Maeztu ha explicado que “se realizaron además en estas inspecciones otros requerimientos en cuanto a cuestiones que tenían que ver con la modificación de la normativa de ingreso y la no solicitud de determinados datos e informes médicos que se pedían a las personas que ingresaban en este centro de acogida”.

El pasado 16 de diciembre, “al constatar que no se habían hecho las adaptaciones necesarias, la inspección del Departamento comenzó el procedimiento para revocar la autorización de funcionamiento y excluir al centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales por incumplimiento de la normativa”. “El 8 de abril, y tras la tramitación del consiguiente expediente que incluye la audiencia a la interesada, se acordó revocar la autorización de funcionamiento del Servicio de Centro Residencial de Inclusión Social, que es como estaba autorizado”, ha explicado.

Carmen Maeztu ha precisado que se trata de “un centro de iniciativa privada y que no tiene plazas concertadas, nunca las ha tenido y no existe desde luego en el Departamento de Derechos Sociales ni en el de Salud ningún protocolo consensuado de derivación a este recurso”.

La consejera ha precisado que “si en vía judicial se determina cualquier cuestión, el Gobierno de Navarra lógicamente actuará en consecuencia y conforme a lo que establezca, en este caso, la autoridad judicial”. “Nosotros, como Administración, hemos hecho cumplir la norma que tenemos en este caso, que es el decreto de autorizaciones”, ha subrayado.

El portavoz de EH Bildu, Jabier Arza, ha explicado que el Departamento de Salud señaló que no existe relación contractual ni ningún tipo de derivación desde los servicios de salud mental, pero “en el acta de la última inspección se recoge que el contacto con el centro se hace a iniciativa de las personas usuarias o mediante derivación de los servicios sociales, hospitales o centros de salud”. Por ello, se ha interesado acerca de si desde el Departamento de Derechos Sociales o desde Salud se ha comunicado la “conveniencia de no orientar a ninguna persona hacia ese centro”.

La consejera ha respondido que “debemos actuar como departamento con arreglo a la normativa que está en vigor y no tenemos un protocolo de derivación a los servicios sociales, por tanto, no hemos enviado ninguna instrucción, porque no hay un protocolo de derivación ni por parte del Departamento de Salud ni por parte del Departamento de Derechos Sociales”.

“La entidad escogida por la ciudadanía de Pamplona para lanzar el chupinazo de los Sanfermines de este año 2026 es la Subdirección de Urgencias de Navarra”, ha anunciado este miércoles Joseba Asiron, alcalde de Pamplona. La candidatura, que “busca reconocer la labor de los sanitarios durante las fiestas y, en especial, el dispositivo creado para los encierros”, ha sido la más votada entre los pamploneses entre los cinco aspirantes que fueron elegidos por la Mesa de San Fermín.

“Los San Fermines son en gran medida una fiesta visual, el blanco y el rojo en nuestra indumentaria festiva las luces de los juegos artificiales que adornan el cielo de San Fermín, el colorido de las calles, pero para que todo eso sea posible tienen que funcionar también otras cosas que muchas veces no se ven”, ha afirmado Asiron refiriéndose a los ganadores. “El servicio de urgencias entra en esta categoría de los no visibles, de los imprescindibles, invisibles, que eso sea el mejor sentido de la palabra. Quienes sostienen la fiesta desde el cuidado, la atención y el control”.

“Este privilegio se vive con suerte una vez en la vida”, ha agradecido Clint Jean Luois Fernández, subdirector de Urgencias de Navarra, que ha afirmado que cuando encienda la mecha del cohete desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona va a acordarse “de los pacientes y hospitales”. En rueda de prensa junto al alcalde, Fernández ha aprovechado para “extender este agradecimiento y reconocimiento” al resto de cuerpos de seguridad, con los que trabajan en conjunto “muchos días en la calle” y a “todos los servicios de urgencias” de la unidad hospitalaria. Además de agradecer a sus votantes la oportunidad. “Es algo que no puedes elegir, sino que te toca. También nos vamos con miedo y respeto a cumplir por tener detrás dar un buen comienzo a las fiestas y que la gente lo disfrute”.

La candidatura de la Subdirección de Urgencias de Navarra había sido propuesta por la Peña La Escalerica de San Fermín. El objetivo era visibilizar y destacar la labor de los sanitarios de urgencias durante las fiestas de San Fermín, sobre todo, por el despliegue que se realiza cada día para cubrir los encierros y atender cualquier percance que en ellos se produzca. No en vano, el dispositivo sanitario que se articula en torno a este evento incluye cinco UVI móviles, la coordinación sanitaria del 112 y la atención en los centros de urgencias extrahospitalarias, que garantizan una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Se trata de uno de los dispositivos sanitarios más avanzados y reconocidos internacionalmente por su capacidad técnica, profesional y la labor de coordinación. Pero, al margen de estas características, con la candidatura también se buscaba reconocer a la labor de los profesionales que cada día colaboran con este servicio, por su cercanía, entrega, compromiso y vocación de servicio.

Ahora, deberán decidir qué personas serán las encargadas de prender la mecha anunciadora de las fiestas de San Fermín, ya que ese es el máximo recogido en el reglamento que articula este momento especial para la ciudadanía pamplonesa. Una decisión que admiten no haber tomado todavía. “Es difícil”, afirmaba Fernández, y añadía que “los profesionales ya están encantados con este premio”. Aunque “también es un honor hacerlo”, en referencia a asistir y prender el cohete, “el mayor premio ya está [haber sido parte de] la candidatura”.

En la votación ciudadana, la Subdirección de Urgencias de Navarra ha logrado 3.775 votos de los 11.740 emitidos (un 32.15%). Las otras cuatro candidaturas seleccionadas por la Mesa de San Fermín eran La Federación Navarra de Pelota, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, las Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i y Coral Santiago de la Txantrea, a quienes Asiron ha querido “felicitar sinceramente”.

Quedaron fuera los Mulilleros de Pamplona, Fermintxo Garaikoetxea Aranburu, la Asociación Cabalgata Reyes Mayos de Pamplona y la Cofradía Musical de San Saturnino. La ciudadanía disponía de 14 días para ejercer su derecho a voto, del 2 y el 15 de junio.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto un expediente sancionador contra Pedro López Vera, quien fuera director general de Obras Públicas hasta hace unos meses, y el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez, por haber represaliado a Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate y que denunció la adjudicación de este contrato a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la OANA considera una infracción “muy grave” que se trasladase al denunciante a una nave industrial y propone una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros.

La obra para el desdoblamiento de los túneles de Belate, el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a las empresas investigadas por presunta corrupción (76 millones de euros), estuvo envuelta en polémica desde su adjudicación después de que tres miembros de la mesa se opusieran alegando indicios de arbitrariedad. El secretario de la mesa y denunciante, un alto funcionario del Gobierno de Navarra, llegó a decir que sobre la obra “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”. Al poco tiempo de denunciar la adjudicación, Lorenzo Serena fue trasladado a una nave industrial, lo que para la OANA supuso un acto de represalia. “Constituyó un acto de represalia contra don Lorenzo Serena Puig, ya que se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo como consecuencia de su denuncia ante la OANA”, señala en informe.

Entre los motivos para considerarlo una represalia la OANA destaca que la decisión de trasladarlo por motivos de “reorganización”, según señaló el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, se tomó tan solo seis días antes de que Serena tomará posesión de su plaza, que “llevaba adscrita al Negociado de Explotación Zona Este desde el año 2017” cuyas oficinas están en la sede de la calle San Ignacio, en el centro de Pamplona. “La decisión del cambio de adscripción de la plaza se tomó una vez que al señor Serena se le había adjudicado la plaza, no antes”, añade.

La directora de la Oficina Anticorrupción, Edurne Eginoa, también considera que las declaraciones que dio el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra fueron “esclarecedoras” a este respecto. En su comparecencia admitió que el director general, Pedro López Vera, le propuso que “sacaran el edificio” a Lorenzo Serena por el “mal ambiente laboral” que se había generado en las odicinas San Ignacio cuando se supo que volvía tras haber denunciado la adjudicación de Belate. La Oficina concluye que “sacar del edificio” a un denunciante no es reorganizar, “sino tomar una represalia”.

También destaca que, pese a que Lorenzo Serena “mostró su negativa a trasladarse” y que “los responsables conocían sus limitaciones” para desplazarse a la nueva ubicación en Landaben, “hicieron caso omiso a sus circunstancias y procedieron con el cambio”. Con todo, al conocerse que la OANA lo consideraba una represalia, el Gobierno de Navarra anuló la resolución del traslado y devolvió a Lorenzo Serena a su plaza en el centro de la capital.

Por todo ello, Anticorrupción considera este traslado una infracción “muy grave” de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Una infracción de este tipo está sancionada con una multa de entre 30.000 y 300.000 euros. La OANA da este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.

A este respecto, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado la “dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial -dirigido por el consejero Oscar Chivite-, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate”. “Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción”, ha agregado.

El director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, fue destituido en diciembe de 2025 tras una crisis entre los socios de Chivite a raíz de un informe de reparo de la Intervención General por el sobrecoste de 8,5 millones de euros propuesto por Acciona y Servinabar y firmado por López Vera y que Intervención consideró que no estaba justificado.

Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido a última hora de la tarde del martes tras colisionar dos camiones en la AP-68, en Murchante.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19:23 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Tudela y Peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando un camión tráiler que circulaba en dirección Zaragoza se ha salido de la vía, se ha saltado la mediana y ha colisionado frontalmente contra un camión portacoches que circulaba en sentido Logroño. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 217 de la carretera AP-68, en Murchante.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del tráiler, un varón de 44 años, que ha fallecido en el lugar. Por otra parte, el conductor del camión portacoches, un varón de 41 años, ha resultado herido con un policontusiones de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por una ambulancia medicalizada.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.

Navarra registró 40 siniestros mortales con maquinaria agrícola entre 2010 a 2023, un 2,8% del total de las muertes registradas en el campo en España, que ascienden a 1.620. La edad media de los fallecidos fue de 60 años. Según un estudio elaborado por la Fundación Mapfre, el grupo de investigación de Mecatrónica Agraria de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Laboratorio de Maquinaria Agrícola e Industrial de la Universidad de Zaragoza, en más de 100 siniestros intervino alguna máquina agrícola y, en concreto, el tractor es el responsable de 82 muertes anuales, 56 de ellos por vuelco (uno cada semana)“. De hecho, el informe señala el factor de antigüedad de los tractores como una de las mayores causas de mortalidad por la falta de ”seguridad activa y pasiva“.

El registro se ha realizado con los datos recogidos por noticias publicadas en los medios de comunicación al no recopilarse “en las estadísticas de tráfico (por no tener lugar en vías de circulación sino en parcelas familiares) ni en las de trabajo (por no ser un siniestro de trabajo como tal)”. También se han recogido los “datos oficiales de siniestralidad” del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La siniestralidad en el sector agrario, tal y como concluye el estudio, es mucho más alta de lo que se refleja“ en las estadísticas de siniestros laborales”.

La investigación registra 1.620 fallecidos en accidentes mortales en el sector agrario entre 2010 y 2023 (ambos incluidos) en España, una media de 116 al año. Más del 94% de las víctimas mortales eran hombres (1.326, frente a las 73 mujeres fallecidas), con una edad media de 59,8 años. Aunque el grupo de edad con más víctimas fue el de 76 a 80 años, “seguida muy de cerca” por el de 66 a 70 años. El 43,3% de los fallecidos son mayores de 65. Los datos de Navarra se sitúan en 40 muertes en siniestros con maquinaria agrícola entre 2010 y 2023, lo que representa el 2,8% del total nacional.

Según indica el estudio, “la mayoría de los accidentes 1.407 estuvieron relacionados con la maquinaria agrícola y, en concreto, 777 se debieron a vuelco de tractor”, implicado en “más del 70% de los accidentes mortales”. El vuelco del tractor es la causa de accidente mortal más común, ocurriendo la mayoría de ellos en trabajos en parcela y “seguido por las salidas de vía en carreteras y caminos”. “La casi totalidad de vuelcos mortales son con tractores sin ROPS o con el arco de protección abatido”, se expone, y señala el “envejecimiento del parque de tractores en España” (más de un tercio superan 40 años y el 40% tienen entre 20 y 40 años).

La antigüedad de la maquinaria también supone un riesgo en la provocación de incendios en estas parcelas o entornos forestales. El informe, además de abordar las muertes de los trabajadores, analiza cómo las cosechadoras y las empacadoras pueden originar incendios, especialmente los forestales. “El promedio anual de incendios forestales originados por cosechadoras y empacadoras durante el periodo 2016-2021 ha sido de 92 y 17 siniestros, respectivamente”.

De las cosechadoras, entre el 30% y el 60% “ha sufrido algún conato de incendios a lo largo de su vida útil” debido a las condiciones de trabajo como las altas temperaturas en las que se desempeñan, la baja humedad, tratar con material vegetal combustible o el calentamiento de los componentes mecánicos. La mayoría de los incendios en esta maquinaria se origina en el motor y la salida de gases (32%). En el caso de las empacadoras, el porcentaje de las que han sufrido algún incendio oscila entre el 21% y el 31%.

“Las máquinas agrícolas utilizadas habitualmente en la campaña estival de recolección del cereal conllevan un riesgo inherente a la generación de incendios”, concluye el estudio tras el análisis de los datos. Por lo que, para la seguridad, recomienda la implementación de “protocolos de mantenimiento adecuados y tecnología de apoyo a la detección y extinción de incendio”. Además del relevo del parque antiguo por la nueva maquinaria, pues “actualmente las máquinas comercializadas están dotadas de una alta seguridad”.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha creado un registro de refugios climáticos a disposición de la ciudadanía para huir del calor durante el verano. Se trata de una iniciativa abierta que, por el momento recogerá información sobre 70 espacios de resguardo de acceso público distribuidos en 31 municipios en de la comunidad Foral. “Los refugios climáticos son lugares que ofrecen unas condiciones confortables en situaciones meteorológicas adversas, entre otras las cada vez más frecuentes olas de calor”, destacan desde el Ejecutivo foral.

Los refugios que se recogen en el registro no son necesariamente nuevos, ya que en su gran mayoría eran preexistentes, pero la información sobre ellos ahora se recoge en un único lugar, un trabajo de recopilación y difusión coordinada desde Medio Ambiente en colaboración con la Federación de Municipios y Concejos y las propias entidades locales de Navarra. Desde la Dirección General de Medio Ambiente se invita a los ayuntamientos y entidades locales que aún no lo hayan hecho a que hagan llegar sus propuestas para el registro al correo electrónico: cambioclimatico@navarra.es

Los primeros datos están disponibles en Registro de Refugios Climáticos de Navarra, dentro del visor IDENA, el geoportal de Navarra, en la ruta ‘Temas / Servicios de utilidad ciudadana / Salud’. También se accede desde en las páginas de inicio de las webs de Medio Ambiente y de la Oficina de Cambio Climático de Navarra. Una vez en el mapa que los posiciona, clicando en los espacios circulares, se puede consultar la ubicación y características de cada infraestructura disponible: servicios, aforos, sistemas de climatización, disponibilidad de agua, etc. Esta herramienta se actualizará periódicamente tanto añadiendo espacios de municipios y concejos, como mejorando la información de los ya incluidos.

Son los ayuntamientos quienes ponen a disposición de la ciudadanía estos lugares dotados de zonas de descanso, con sombra en los espacios exteriores o climatización en los interiores, con disponibilidad de agua y servicios de aseo, etc. El objetivo de este esfuerzo es evitar, en la medida de lo posible, el efecto “Isla de calor” que se da en los entornos urbanizados que acentúan las consecuencias de las temperaturas altas prolongadas. Ahora se está trabajando en una señalética de identificación de estos recursos de mitigación del cambio climático.

El registro de refugios climáticos de Navarra forma parte de la Hoja de Ruta integrada de Energía y Clima de Navarra 2050 - ENERLINKA 2050 en desarrollo de las medidas de adaptación vinculadas a los sectores edificación y salud humana, así como de otras planificaciones climáticas de ámbito municipal. 

Una demanda social

Aunque los refugios están pensados para la prevención en el ámbito de la salud de toda la población, también para visitantes que se acercan a la Comunidad foral – como quienes recorren el Camino de Santiago- hay colectivos especialmente vulnerables, más expuestos a los efectos de este fenómeno: menores, embarazadas, personas mayores o quienes conviven con enfermedades crónicas que puedan verse empeoradas por las condiciones ambientales extremas.

Desde la década de 1960, Navarra ha experimentado un aumento sostenido de las temperaturas y una prolongación de las olas de calor. El número de olas de calor se duplica del periodo 1961 - 1990 al periodo 1991 - 2019, y está previsto que se vuelva a duplicar en el intervalo 2021 - 2050. Así, como ejemplo, en un siglo, en la Ribera se pasará de una ola de calor anual a una previsión de ocho olas de calor cada año. 

Los informes de diferentes instancias reflejan que estos fenómenos causan afecciones a la salud, aunque estas pueden contrarrestarse, al menos parcialmente, con medidas de prevención. A ese trabajo preventivo responden tanto los refugios climáticos como el propio registro. Es, demás, una acción en cumplimiento de una propuesta de la Asamblea Ciudadana para el Cambio Climático que pidió, tanto implementar protección a los sectores más sensibles durante olas de calor, como generar mapas accesibles donde figuraran los espacios identificados para ello.

Los primeros miembros de esta red

Las entidades locales que hasta el momento han facilitado información sobre sus refugios climáticos son Pamplona / Iruña, Estella-Lizarra, Tafalla, Olite, Sangüesa, Burlada / Burlata, Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Berriozar, Ansoain / Antsoain, Villava / Atarrabia, Valle de Elorz / Elortzibar, Peralta / Azkoien, Zariquiegui, concejo de Elía, Cortes, Aoiz / Agoitz, Puente La Reina / Gares, concejo de Galar, Falces, Irurtzun, concejo de Imoz, Mendigorría, Arróniz, Etxalar, Cirauqui / Zirauki, Burgui, Bidaurreta, Lazagurría, Artazu o Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu. La localización y características de estos refugios climáticos, más los que se vayan reportando desde las entidades locales a la Oficina de Cambio Climático de Navarra, y se irán incorporando al Registro disponible en el visor IDENA.

Entre las dotaciones puestas al servicio de la ciudadanía hay casas de cultura, piscinas municipales, polideportivos, centros cívicos, clubes de personas jubiladas, salas polivalentes de edificios públicos, parques, plazas, paseos, merenderos e incluso una Casa Consistorial, como la de Zizur Mayor, o el antiguo Hospital de Peregrinos de Cirauqui.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha activado ya su plan de verano con el objetivo de cubrir las vacaciones, asuntos propios y festividades patronales que corresponden a los y las profesionales. Así, se ha formalizado hasta el momento un total de 1.695 contratos de diferentes categorías profesionales, lo que se traduce en 125.721 días de cobertura efectiva.

Por categorías, Enfermería es el área con mayor volumen de refuerzo, con un total de 468 contratos, seguida de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 384 contratos. Las contrataciones de personal administrativo se sitúan en 307, mientras que 15 médicos reforzarán la plantilla durante el periodo estival.

Horarios de verano en Atención Primaria

Los centros de salud de Atención Primaria prestarán servicio exclusivamente en horario de mañana, en horario comprendido entre las 8:00 y las 15:20 horas. Las modificaciones en los horarios de atención se aplicarán de manera general entre el 15 de junio y el 27 de septiembre, con excepciones en las áreas de Estella-Lizarra (hasta el 11 de septiembre) y Tudela. Los dos centros de salud urbanos de la capital ribera, Tudela Este-Santa Ana y Tudela Oeste-Gayarre, atenderán desde las 8 hasta las 15:20 h entre el 13 de julio y el 28 de agosto en caso del centro de salud Tudela Este y del 20 de julio al 28 de agosto en el caso del centro de salud Tudela Oeste. 

No se prevé el cierre de ningún consultorio local de la red salvo incidencias imprevistas. Únicamente se limitarán de forma puntual algunas horas de consulta durante las vacaciones del titular, una circunstancia que será comunicada previamente tanto a la población como a los ayuntamientos afectados.

Los puntos de atención continuada, los servicios normales de Urgencias y las Urgencias Extrahospitalarias de Pamplona / Iruña (centros de San Martín y Buztintxuri) mantendrán sus horarios habituales sin cambios.

Adecuación de camas hospitalarias a la demanda estival

Debido a la reducción habitual de la actividad asistencial y a la menor incidencia de virus respiratorios propios de los meses fríos, el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea adecuará de forma temporal el número de camas disponibles durante la época estival.

Así, en el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona se cerrarán transitoriamente 35 camas desde el 22 de junio y hasta 74 camas desde el 3 de julio hasta el 13 de septiembre. En el Hospital Reina Sofía de Tudela se interrumpirán 7 camas de Pediatría del 1 de julio al 30 de agosto y 18 camas de hospitalización quirúrgica del 24 de julio al 6 de septiembre. Por su parte, en el Hospital García Orcoyen de Estella se cierran 4 camas de la segunda planta de Hospitalización de Medicina Interna.

En el caso de Hospitalización a Domicilio, el 15 de junio se reducen 8 camas en Pamplona, manteniendo 92 abiertas, mientras que, a partir del 6 de julio (y hasta el 30 de agosto) se llevará al cabo el cierre provisional de 12 camas más. Por su parte, se mantienen como siempre y sin interrupciones las camas de hospitalización domiciliaria de Tudela y Estella-Lizarra. 

Desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se subraya que este plan estival es un dispositivo dinámico. La gestión de los recursos se monitorizará de forma constante para reactivar camas o modificar turnos de manera inmediata ante cualquier contingencia o repunte imprevisto de la demanda que pueda surgir durante el verano.

La lista de espera de salud en Navarra desciende en mayo en 360 primeras consultas, en total 61.827 pacientes los que aguardan para un especialista, y 170 intervenciones. Ante los resultados, desde Salud advierten que los datos deben interpretarse “con prudencia y sin análisis meramente numéricos”, pues la evolución “no ha sido uniforme en todas las especialidades ni áreas sanitarias”. El tiempo de espera para ser atendido por un especialista es de 79 días, un día más que el mes pasado y más del doble de lo que permite la ley de garantías.

“Existen servicios donde hay una situación más compleja y otros donde diferentes medidas implantadas han comenzado a mostrar resultados parciales”, afirman desde el departamento. Para Traumatología y Ortopedia, la lista de espera con más demanda, ha descendido en 31 pacientes respecto el pasado mes, situándose en 14.787, pero los días para ser atendido suben, de 150 a 152. Más del quíntuple del máximo recogido en la ley foral de garantías, que establece un máximo de 30 días de espera. En especialidades como Cirugía Cardiovascular y Raquis, los días de espera son 214 y 216 respectivamente. Siete veces más del límite establecido por ley.

La evolución observada “responde fundamentalmente a actuaciones de mejora organizativa, revisión clínica de circuitos y actualización de registros activos, dentro de los procedimientos habituales de gestión sanitaria”. El “contexto complejo derivado de la huelga médica y el descenso de la actividad extraordinaria que previamente se realizaba” en algunos servicios y áreas, no ha sido impedimento para que se hayan mantenido “iniciativas de reorganización interna, tal y como vienen haciendo en los últimos meses”.

Se han dado “acciones destinadas a la optimización de agendas, el aprovechamiento de huecos estructurales, el incremento de resolución no presencial, la mejora de coordinación entre niveles asistenciales y atención compartida de la demanda en equipos multidisciplinares, entre otras”, explican desde el Gobierno de Navarra.

Unas medidas que “han permitido sostener actividad e incluso absorber parte de la demanda acumulada en algunos ámbitos concretos”. Tal y como se ha comunicado, “no se han adoptado medidas extraordinarias, el sistema de información del registro de datos y su explotación se encuentra en constante proceso de mejora continua y optimización tecnológica para maximizar la calidad de los indicadores y en esta línea se va a seguir trabajando”.

Un oso pardo ha sido avistado en la madrugada de este domingo corriendo por la carretera NA-140, entre las localidades navarras de Ochagavía y Ezcároz.

En un vídeo que ha circulado por las redes sociales, se puede comprobar como un conductor se encuentra de madrugada con el animal corriendo por el arcén de la carretera e, incluso, ocupando en ocasiones el carril derecho, llegando a entrar en la localidad de Ezcároz.

La población de oso pardo en el Pirineo es de 108 ejemplares, según los datos del Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP), formado por la Generalitat, el Conselh Generau d'Aran y los gobiernos de Andorra, Francia (Oficina Francesa de la Biodiversidad OFB), Aragón y Navarra.

Pamplona ha acogido este sábado una multitudinaria marcha, en la que han participado alrededor de 4.000 personas, según la Delegación de Gobierno, para reclamar que se den “condiciones verdaderas para vivir en euskera” en “todo el territorio”.

Una marcha, convocada por Euskalgintzaren Kontseilua con el lema 'Todo lo necesario para vivir en euskera', que se ha distribuido en tres columnas, que han partido desde el Parque de la Runa, Parque de Antoniutti y Plaza de la Libertad, para confluir en la Plaza del Castillo. Cada columna ha estado protagonizada por un colectivo diferente que, pasadas las 17:00 horas, ha leído un pregón y ha lanzado un chupinazo para dar inicio a la marcha.

Así, la columna del Parque de la Runa ha estado protagonizada por el colectivo Azterketak Euskaraz, cuyos representantes han reivindicado que “sea obligatorio poder obtener el Bachillerato en euskera para construir una Euskal Herria euskaldun y euskaltzale”. “Como estudiantes, es un derecho básico poder hacer las pruebas finales en nuestra lengua materna y en la misma lengua en la que hemos estudiado”, han manifestado. Y han destacado que “cuando se hace colectivamente, la lucha se convierte en un juego y el equipo continúa hasta ganar el premio”.

La columna del Parque de Antoniutti ha estado protagonizada por el grupo motor de Batuz Aldatu, quienes han incidido en su pregón en la “responsabilidad” de los representantes políticos e institucionales en el desarrollo del euskera. Les han reclamado “cambiar el modelo de las políticas lingüísticas” hacia la “universalización del conocimiento y a creación y desarrollo de espacios de uso”.

Finalmente, la columna que ha partido desde la Plaza de la Libertad ha tenido como cara visible a creadores de contenido quienes han considerado “imprescindible que el euskera tenga también su lugar en la red”. Han señalado que el “gran reto” es que los contenidos en euskera “logren la presencia y la fuerza” que tiene los contenidos en otras lenguas. “Actuar en euskera en las redes es apoyarnos mutuamente, darnos visibilidad y mantener viva nuestra esencia”, han remarcado. Han destacado que las plataformas digitales “son el principal punto de encuentro de las nuevas generaciones”, por ello, “necesitamos contenido diverso creado desde el euskera, ”referentes“ y ”comunidad“.

Entre los participantes en la movilización de la Plaza de la Libertad se ha podido ver al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo; así como representantes de EH Bildu y Geroa Bai o del sindicato ELA.

Por su parte, en declaraciones previas a los medios de comunicación, Idurre Eskisabel, secretaria general de Kontseilua, ha explicado que “muchas veces se deja en manos de los ciudadanos ese esfuerzo de vivir en euskera, pero vemos que es una situación de minorización”, “un profundo problema estructural” y “necesitamos condiciones verdaderas para poder vivir en euskera”.

Eskisabel ha reivindicado “políticas sociales, culturales y materiales para poder realizar ese objetivo, que corresponde con nuestros derechos lingüísticos y que es lo que se necesita para avanzar en la normalización del euskera”. En este sentido, ha considerado que es necesario “todo un ecosistema, todo un universo” pero “hay que empezar con unas claves”, entre ellas la oficialidad del euskera “en todo el territorio”. Ha opinado que este es “el único modo por el cual podemos tener unas políticas lingüísticas que se puedan hacer en profundidad y que, además, duren en el tiempo, tengan una garantía”.

Por otro lado, ha apostado por “dar un salto cualitativo en políticas lingüísticas” y “cambiar de paradigma”. “No hay que tener miedo a que se generalice el conocimiento del euskera”, ha subrayado la representante de Kontseilua, quien ha afirmado que supondría “avanzar en democratización y en justicia social”.

Para conseguir todo esto, ha señalado, “se necesita un movimiento a favor del euskera activo, abierto, inclusivo, plural, que nos acoja, pero que a la vez tenga muy claro cuál es el problema de fondo”.

Abrir la persiana de la nave en la que se guardan una docena de coches clásicos supone que todos los transeúntes que tengan la fortuna de pasar por delante interrumpan su paso. Sobre todo, si en la entrada te reciben siete toneladas sobre ruedas con un siglo de antigüedad, aunque luzcan como recién salidas de fábrica. Javier Navarro, mecánico de coches clásicos, en apenas una hora, ya ha escuchado los ruidos de asombro de casi treinta niños —a los que les ha merecido la pena la excursión—, ha atendido a dos agentes de la Guardia Civil —que no se han conformado con un vistazo rápido mientras patrullaban— y ha enseñado la colección a tres caminantes espontáneos. Y es normal, porque escuchar cien años después el motor del Hispano Suiza que estrenó la ruta de Pamplona a Donostia por el puerto de Azpíroz como el primer día, no deja indiferente a nadie. El autobús, comprado por un particular para su colección privada, ha sido completamente restaurado e incluso ha pasado la ITV.

“Me mandaron el anuncio de Wallapop porque saben que las matrículas navarras me vuelven loco”, cuenta Javier Navarro, mecánico apasionado por los vehículos “antiguos y con historia”, que al verlo habló “con un cliente al que ya le había hecho varios coches” por si le interesaba. “Si te atreves a hacerlo...”, le respondió el coleccionista, que ha confiado en las manos de Navarro para poner a punto todos sus clásicos. Desde un Seat 600, hasta un Hispano Suiza de 1936 al que “no hay forma de quitarle el olor a madera” utilizado por el general golpista y gobernador de Navarra Emilio Mola. El particular, que quiere preservar el anonimato, se ha dedicado “a sus negocios y su hobby ha sido esto”. “Inversión y diversión”, explica el mecánico mientras limpia un Mercedes 280 SL Pagoda y gira la cabeza hacia los otros diez vehículos que se custodian en la nave, entre ellos el autobús, su último huésped.

“Le cambié las maderas. Tuve que desmontar todos los asientos y toda la tornillería, que es nueva. Las ventanillas no funcionaban y arreglé los mecanismos. Conseguí manillas para las puertas, con sus tacos y molduras, que no encajaban ninguna y ahora van perfectas. Los pilotos son nuevos. También las matrículas. He pulido los cristales. Ruedas, frenos, todos los tubos de aire, todos los metales. Correas, bomba de agua, lo que es la mecánica actualizada. Tubos de gasolina. Los aceites, filtros, agua, radiador. El autobús no tenía los focos originales de Hispano Suiza, los tuve que buscar yo”, enumera Navarro, que ha conseguido que, después de más de 50 años, las casi siete toneladas vuelvan a andar.

“Es un método de transporte de hace 100 años, que no estaba diseñado como autobús, pero llevaba gente de un sitio a otro. No es lujo ni confort, es un chasis de camión con un motor de camión”, explica el mecánico. El vehículo se matriculó el 10 de junio de 1926, estrenándose el día 26 de ese mismo mes para rodar desde Pamplona hasta Donostia por el puerto de Azpíroz, con paradas en Lecumberri y Tolosa. Cuando estalló la Guerra Civil fue confiscado para transportar a militares a los distintos frentes y bases, un ritmo frenético que hizo que “seis o siete meses después” de finalizar el conflicto y de ser devuelto a la empresa propietaria, “le cambiaran el motor para volverlo a sacar a carretera”. El autobús estuvo activo hasta la década de 1960, aunque desde hacía diez realizaba otra ruta. “Cuando vieron que se achicharraba en los puertos y que no llegaba bien a Donostia, que se calentaba mucho, lo dejaron para los pueblos de aquí. Por eso tiene los últimos carteles [de una ruta por los pueblos del este de Navarra], una ruta larga, pero con muchas paradas”.

Desde entonces, “el primer propietario, La Roncalesa, lo guardó siempre en una nave”. Fue restaurado entre 1990 y el año 2000 por Jesús Labayen —chofer, mecánico y gerente de La Roncalesa (y socio número 1 de Osasuna)—, pero solo se pintó y arregló la tapicería. Cuando en 2007 se inauguró la Estación de Autobuses el vehículo se expuso para el acto, pero se trasladó en grúa porque “nadie se atrevía a conducirlo”. “El hombre hizo lo que pudo, tenía entonces 85 años. Chapa, pintura y tapicería”, relata Navarro.

El año pasado salió a la venta “anunciado por 100.000 euros” y, aunque el nuevo propietario y su mecánico no quieren hablar de números, este último admite que “no se pagó eso ni loco”. “El dueño tenía casi cien años y lo había tenido siempre con nostalgia, entonces lo que importaba es que se quedase aquí [en Navarra], no les interesaba que fuera por despiece de carrocería a Alemania”, sintetiza sobre la operación de compra. Una filosofía que siguen conservando.

Tras la adquisición de lo que consideran “un auténtico capricho”, seis meses después de estar “soltando, limpiando, mirando y tocando sin miedo”, el autobús centenario pasó la ITV. ¿Qué cara pusieron los técnicos de inspección cuando apareció Navarro con el vehículo? “Se asustaron”, responde el jinete de los 28 caballos que monta el motor de 7.5L gasolina, y no supera los 40 kilómetros por hora. “Por las pruebas de frenado. No tiene intermitentes. Ni luces laterales, ni galibo. No hay nada”. Esto, ¿qué normativa tiene? “La que le dio el fabricante en los años 20. Y así me la pasó la ITV, pero para ser histórico y con excepción de que esto no vaya a hacer una línea regular”, afirma el mecánico, que a pesar de llevar solo cuatro años dedicándose profesionalmente a la reparación de clásicos, ha conseguido una auténtica pericia.

Aunque ha conducido esta joya sobre ruedas por Ororbia —su pueblo y donde tiene el taller— durante horas y varios días “con calor, frío, incluso lloviendo”, también admite que “es un autobús que es para lo que es”. “Parte de patrimonio, algo visual. Va perfecto, mecánicamente podría hacer la ruta [de Pamplona a Donostia por Azpíroz], pero es un horror conducirlo. No tiene [asistencia de] dirección y maniobrabilidad. El freno es de aire y la primera te frena, la segunda menos y con la tercera tienes que esperar a que el sistema recupere presión. Es muy cansado conducir esto y el que lo coja tiene que saber lo que lleva, porque tiene cien años. O cortas el tráfico o tenemos un accidente”, ríe. En todo caso, es un precio que tanto el dueño como el propio mecánico están dispuestos a pagar con tal de “no perder la esencia” del autobús. “No queremos ponerle ninguna pieza moderna”, recalca.

“Lo bonito no es solo que [los coches o el autobús] sean antiguos, sino toda la historia que hay detrás”, describe Navarro, que hace cuatro años convirtió su pasión en su profesión. “Tenía un hostal, pero siempre he tenido coches porque me ha gustado la colección”, relata, aunque admite que sus bólidos “no están al nivel ni son tan bonitos” como los de su cliente. Sin embargo, al comienzo no arreglaba él los vehículos, sino que “compraba, pagaba a un taller y lo guardaba”, hasta que la dificultad técnica y logística de las piezas supuso que los talleres ya no aceptaran más coches clásicos. “Nadie quiere trabajar con estos coches porque son muy delicados y no encuentras piezas. Te bloquean el elevador y el taller una semana. No los quieren”, añade. Por ello, la solución que encontró fue “aprender a hacerlo” él mismo “en sus ratos libres del bar”.

Compró un taller y aprendió a base de práctica, “soltando y tocando”. Con el paso del tiempo y la práctica, y ayuda del boca a boca, fue profesionalizándose hasta poder vivir de ello. Los coches que Navarro ha restaurado, en total unos 50, también han pasado por las manos de Denis Bainbridge, un amigo de su pueblo. “Él lleva casi 35 años en Ororbia. Trabajaba en una empresa de amortiguadores [KYB, con sede en Ororbia] y cuando vino a verificar la planta desde Reino Unido, de rebote, le gustó España y se quedó”, expone. La amistad surgió por la vecindad y la afición común, trabajando desde hace un tiempo mano a mano en todos los coches que entran al taller de Navarro, incluido el autobús. “Me ayuda en detalles puntuales y en partes delicadas como la carburación, los relojes o los motores”, describe.

El autobús, que ha causado sensación, tiene su primera gran cita en Bilbao, en donde será utilizado para grabar una película en unas semanas. “De esta colección, para películas va a ser el primero y voy con pánico”, confiesa Navarro, que estaba acostumbrado a alquilar los coches para bodas, juegos de consola o videos publicitarios —como para el Holika Festival, en el que dejó su Torino para la grabación—, pero no imaginaba que fueran reclamo del cine, y lo que supone. “No me importa el tema del contrato y el dinero. Me importa dónde va a estar, cómo lo van a tener y quién se tiene que quedar. Yo no me atrevo a que la gente empiece, en producción, a tirar soportes de cámaras. Pueden rayar y estropear [las piezas originales]”, explica con apuro. Aunque afirma con orgullo que mecánicamente ha probado el motor para que en una película o cabalgata “pueda aguantar muchas horas en marcha sin que explote”. “Tendrá un millón de kilómetros este motor, pero suena maravilloso. Es increíble. Mecánica antigua, pero efectiva”, concluye.

El expresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (UPN), ha considerado que sería “un error” declarar el euskera, al que se ha referido como “vascuence”, lengua oficial en toda la comunidad foral porque “generaría tensiones y conflictos”. En la actualidad Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso.

El también exlíder de UPN ha comparecido este viernes en la ponencia de estudio de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto en el resto de autonomías. En su intervención ha defendido que el Amejoramiento navarro “no está” superado “por la realidad social, económica y política en cuanto al vascuence se refiere”. También ha asegurado que la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución (que contempla el mecanismo para una posible incorporación de Navarra a Euskadi) “ha culminado su tránsito” y es “hora de que sea derogada”.

Miguel Sanz, que fue presidente de la comunidad foral entre 1996 y 2011, ha señalado que “cualquiera que conozca la realidad social de Navarra, y los estudios sociológicos así lo dicen, en la Ribera la inmensa mayoría de los navarros no demandan vascuence”. “Lo mismo ocurre en toda la zona llamada no vascófona y en gran medida también en la zona mixta”, ha expuesto el predecesor de Yolanda Barcina, y ha indicado que “la ley de zonificación del vascuence y la LORAFNA recogen de manera justa y equilibrada el uso y normalización del vascuence en la comunidad foral”.

“La LORAFNA no está superada por la realidad social, económica y política en cuanto al vascuence se refiere”, aunque “los avances en el uso y normalización han sido evidentes en los últimos 25 años”. “¿Qué se puede avanzar más? Por supuesto. La realidad sociolingüística la define el apoyo, el interés, la libertad de los ciudadanos y en ningún caso, los gustos o intereses políticos e ideológicos de los dirigentes”, ha señalado.

Durante la ponencia, Sanz ha admitido sus “reticencias y escasa disposición a plantear grandes modificaciones” sobre el Estatuto navarro, pues, a su juicio, “funciona satisfactoriamente” y ha permitido “a Navarra progresar en su autogobierno y avanzar en libertad y democracia”, declarando su oposición a “cualquier modificación” sin “una mayoría similar o superior a la que tuvo en 1982”. Así como a “someterla en referéndum”. “A mi juicio, sería tanto como renunciar a nuestro pasado institucional y negar que Navarra ya tenía sus cortes representativas de los navarros elegidos por sufragio en sus merindades antes de aprobarse”.

Tras sus años en primera línea política, el expresidente se considera “legitimado” para “rechazar el calificativo de 'ocurrencia' que algún dirigente político utilizó para criticar la iniciativa que UPN tomó tendente a abrir el debate de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta del texto constitucional, y por extensión, a todo aquello que la LORAFNA recoge en el articulado referido a la citada disposición”. Ya que “su propia calificación de transitoria impulsa a cuestionar su permanencia” y “ya llevamos 48 años, aun cuando se reconozca el papel jugado en la llegada de la democracia y la conformación del Estado autonómico”. “Durante casi 50 años ningún partido inició el procedimiento en el Parlamento de Navarra para incorporar Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca. Siendo esto así yo me pregunto qué sentido tiene mantener la disposición que los constituyentes quisieron que fuera transitoria”, ha subrayado.

Miguel Sanz ha indicado que “la disposición transitoria ha culminado su tránsito”. “Es hora, pues, de que sea derogada, ya que, a pesar de su vigencia, ni tan siquiera quienes clamaron por su inclusión han sido capaces de activarla durante todo este tiempo en el Parlamento de Navarra y ninguno de los partidos nacionales, PSOE y PP, con responsabilidades de Gobiernos en España, a pesar de múltiples pronunciamientos en contra de su permanencia, han sido capaces de alcanzar un acuerdo de supresión”, ha expuesto.

“Quienes pensamos que la comunidad más histórica de España no puede tener su realidad institucional sujeta a una transitoriedad al servicio de un proyecto político ajeno al representado en el Amejoramiento, seguimos esperando y respetando la ley de leyes desde la discrepancia con esta disposición”, ha insistido.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el parlamentario socialista y ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El partido de extrema derecha le había denunciado en la que aseguraba que las obras que había realizado en su casa habían sido la contraprestación de la constructora Adentro Construimos, la misma a la que se le adjudicaron cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Alzórriz era el vicesecretario general de los socialistas navarros hasta que en junio del año pasado Chivite le cesó de todos sus cargos por haberle ocultado que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Ahora , la Sala de lo Civil y Penal del TSJN considera que “la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos”. Según la querella de Vox, después de la adjudicación de los contratos de Sendaviva a Adentro Construimos SL, esta misma empresa llevó a cabo las obras de reforma integral de un piso adquirido, al 50% con su esposa, el 17 de junio de 2024 por Ramón Alzórriz. La querella añadía que el valor o importe de esas obras de reforma fue realmente “muy superior” al precio abonado por Alzórriz, estimando que pudieran suponer las obras realizadas un importe de unos 150.000 euros, frente a la cantidad de 38.000 euros, más IVA, en la que se presupuestaron, según la licencia municipal.

Según exponen los magistrados en el auto, “la parte querellante parece relacionar al aforado, de algún modo no especificado, con las decisiones adoptadas determinantes de aquellas adjudicaciones, apuntando a que la ejecución de dichas obras en la vivienda del aforado se realizó a cambio de un precio muy inferior al que correspondía, como respuesta de la entidad constructora a la gestión realizada por el aforado”. Al respecto, resalta el Tribunal, la admisión de una querella requiere no solo que se individualice la conducta concreta que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito, “sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación como persona concreta”. 

“En el presente caso, atendidos los propios términos de la querella, es destacable que, si bien se afirma el carácter irregular y posiblemente delictivo de las adjudicaciones antes indicadas, sin embargo, en lo referente al aforado señor Alzórriz, no se describen en ella unos concretos hechos posiblemente delictivos individualizados, ni se aporta dato objetivo alguno del que pueda inferirse la precisa relación del aforado con los responsables de las adjudicaciones repetidas o con estas mismas, ni se aportan elementos objetivos bastantes que avalen la verosimilitud de una participación penalmente relevante del aforado en la posible actividad delictiva”, subraya la Sala.

Asimismo, los magistrados abundan que no cuentan “con un mínimo apoyo objetivo atinente a los propios hechos y a la participación de la persona aforada en las gestiones referentes a las adjudicaciones ni a su relación con quienes las decidieron”. Ni tampoco, agregan, acerca de la desproporción afirmada por la parte querellante entre el importe de las obras efectivamente realizadas y el realmente abonado por el aforado. “En definitiva, la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos, en los términos que antes hemos indicado, para la admisión de la querella frente a un aforado”, remarcan. 

En este sentido, la Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la investigación penal no puede convertirse en prospectiva, sin que el proceso penal pueda abrirse para averiguar si, a partir de una sospecha general o de una construcción hipotética, pudieran llegar a descubrirse hechos delictivos concretos, sin aportarse un indicio objetivo de su realidad. Al respecto, según indican los magistrados, el Supremo opta por un criterio restrictivo a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado, exigiendo un nivel de indicios cualificado para la admisión de una querella. 

“Los hechos reflejados en la querella, y cuanto se desprende de la documentación aportada, resultan insuficientes para justificar la apertura del proceso penal”, sostiene la Sala, que apostilla, no obstante, que podrá adoptarse en el futuro la resolución que proceda si, “de las actuaciones que se desarrollan en las diligencias previas de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se desprendiesen nuevos datos reveladores de posibles indicios de responsabilidad penal afectante a dicho aforado”.

Estas obras que se investigan en otro juzgado se realizaron en el parque de la naturaleza  Sendaviva tras unos incendios que lo arrasaron en 2022. El parque está gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO. El Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas. Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.

Los grupos parlamentarios PSN, Contigo/Zurekin y EH Bildu han impulsado una nueva ley para “garantizar que las viviendas protegidas en régimen de alquiler y alquiler asequible mantengan su calificación de forma permanente, aunque esta hubiera sido concebida inicialmente con carácter temporal”. Los tres grupos parlamentarios no cuentan con mayoría en el pleno por lo que necesitarían al menos de tres abstenciones de Geroa Bai, socio del Ejecutivo de Chivite, pero que no se ha sumado a la presentación de la ley.

Según han explicado desde el PSN en un comunicado, la medida “afecta a 2.248 viviendas, en torno a 7.000 personas, y, este año, protegería a 300 viviendas que pierden su calificación, y evitaría que cerca de 900 personas quedaran en la calle”.

El portavoz de Vivienda del PSN en el Parlamento de Navarra, Kevin Lucero, ha defendido que “la vivienda protegida no puede ser una antesala del mercado libre”. “Si nació para garantizar derechos, debe seguir sirviendo a ese objetivo. Ponemos un límite claro a la especulación, lo que se ha creado con finalidad social no puede acabar convertido en oportunidad de negocio”, ha indicado.

Lucero ha remarcado que Navarra “no solo necesita construir más vivienda asequible, sino también conservar la que ya existe”. “Construir vivienda protegida es importante, pero impedir que desaparezca del sistema de protección es imprescindible”, ha afirmado.

Con esta ley, las viviendas en alquiler y alquiler asequible “pasan a ser de protección permanente, sin posibilidad de revertir al mercado libre una vez vencido el plazo inicial de calificación”.

Esta norma se enmarca en “el esfuerzo normativo y presupuestario que Navarra está desarrollando para transformar el paradigma de la vivienda”. Y se suma a la Ley del Derecho a una Vivienda Asequible, a la ley de habitaciones, actualmente en tramitación parlamentaria, a la estrategia de vivienda rural, la bolsa de alquiler y las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno foral.

“Esta ley no es una varita mágica, pero sí una pieza fundamental. La vivienda es la condición material para emanciparse, formar una familia, vivir con dignidad y construir un proyecto de vida. Seguimos transformando Navarra para que la vivienda sirva a esos principios”, ha apuntado.

El Gobierno de Navarra ha concedido, a título póstumo, la Placa de Servicios Distinguidos a los cinco policías forales de la División de Intervención fallecidos la pasada semana en un accidente de tráfico en la AP-8 cuando se dirigían a realizar una formación con la Ertzaintza.

La distinción, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en la Policía Foral, ha sido aprobada este miércoles en la sesión de Gobierno, a propuesta de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y “reconoce la trayectoria de estos cinco servidores públicos, que habían decidido dedicar su vida profesional a proteger a la ciudadanía navarra”. 

De esta forma, se homenajea a Fermín Sola Barrena, comisario de la Policía Foral que desarrolló su carrera profesional en diversos puestos y cargos, ostentando actualmente el de Comisario Jefe de la División de Intervención; Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector que ostentaba actualmente la jefatura de uno de los grupos operativos de la División de Intervención; Juan Martín Domínguez Villar, agente integrado en uno de los grupos operativos de la División de Intervención; Miguel Crespo Obanos, agente que prestaba servicio actualmente en el Grupo de Intervenciones Especiales; y Miguel Ángel D´Entremont Jiménez, agente que actualmente prestaba servicio en el Grupo de Intervenciones Especiales.

El Gobierno aplaza el acto institucional de homenaje

Por otro lado, la consejera Inma Jurío ha anunciado que se ha decidido posponer el acto de homenaje a los cinco agentes fallecidos en el que trabajaba el Ejecutivo, a la espera de un “momento más oportuno” para “respetar los tiempos de duelo” de las familias. El homenaje iba a celebrarse en la comisaría de Beloso este viernes. Así pues, Inma Jurío ha explicado que “no hay nada concreto” en cuanto a celebrar un acto institucional de homenaje, sino que van a “diseñar algo íntimo que sea, además, personal, que es el camino que ha seguido el Gobierno de Navarra respecto de las familias”.

La consejera, también ha agradecido a los medios de comunicación su “respeto a la intimidad” de las familias, especialmente en el funeral celebrado el viernes en la Catedral de Pamplona, y ha destacado que “existe una visión humana, una situación complicada para las familias”. Además de indicar que el Gobierno de Navarra “solo ha pretendido ayudarles en un proceso bastante complejo, donde estaban sumidos en un profundo dolor” y facilitarles que “no se tuvieran que preocupar de otras cosas”.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, maniobró en el año 2021 para que la empresa navarra Erri Berri, especializada en demoliciones, fuese la adjudicataria de un contrato de 2,85 millones de euros para el derribo de las Baterías de Cok en Avilés, en Asturias. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Guerrero habría pactado una comisión de 400.000 euros. Los pagos se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), de VUSA y de Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. No respondían a un servicio real, sino a la contraprestación del expresidente de la SEPI por haber maniobrado para la consecución del contrato, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según Anticorrupción, Erri Berri, con sede en Olite, abonó de manera “indirecta” a Mediaciones Martínez y Servinabar 2000 un total de 575.857 euros, de los que 400.000 se corresponderían a la intermediación de Fernández Guerrero para el contrato en Asturias. Dicho contrato fue licitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SL (PEPA), una sociedad participada en su integridad por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad cuyo capital social pertenece a su vez en su totalidad a la SEPI, de la que Fernández Guerrero fue su presidente entre 2018 y 2019, aunque se investiga si mantuvo su influencia en años posteriores.

Las obras para la demolición de las baterías habían sido adjudicadas en un primer momento el 26 de abril de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Lezama-Los Álamos, pero Erri Berri, que se había presentado a la licitación, presentó un recurso. Lo hizo después de que Leire Díez enviara un mensaje en el grupo de la aplicación Threema 'Hirurok', que compartía con Fernández Guerrero y Alonso, en el que proponía decirle al administrador de Erri Berri Félix Azcona la manera de poder anular el concurso. “Nos deberían algo [...] Aunque no se pueda cuantificar”, añadió Díez en el mismo foro. Así, el 7 de mayo, Fernández Guerrero envió un documento de Word a Alonso en el que se recogía como posible motivo para la impugnación de la licitación el hecho de que una de las vocales de la mesa de contratación hubiese participado anteriormente en la redacción de los pliegos. Erri Berri presentó su recurso y el 9 de agosto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo estimó.

Así, el 11 de agosto el PEPA ordenó el reinicio de la licitación. Esta vez, Erri Berri, que en el anterior pliego había presentado una oferta económica de 6,5 millones de euros, hizo una de 2,5 millones, rebajándola así en 4 millones de euros. Esta oferta “anormalmente baja” hizo que se le fuera requerida una justificación por parte de la mesa de contratación. Unos días antes de que terminase el plazo para el envío de la documentación, Fernández Guerrero escribió a Alonso preguntándole si en Erri Berri tenían controlados los plazos. “No debe haber problemas con lo que he hablado”, respondió Alonso. “Si es necesario, que la gente de Erri Berri lo contraste también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho”, añadió Fernández Guerrero.

El 26 de octubre el expresidente de la SEPI volvió a escribir a Alonso para informarle de que la oferta a la baja había sido admitida. Lo hizo antes de que los técnicos firmaran el informe de admisión de la oferta y dieran cuenta a la mesa de contratación, circunstancia que para la Fiscalía Anticorrupción refuerza las sospechas de la influencia que tenía Fernández Guerrero en la SEPI para la adjudicación de contratos. Finalmente, el 27 de octubre la mesa de contratación propuso a Erri Berri como adjudicataria del contrato.

Pero la UTE Lezama-Los Álamos, que había sido adjudicataria de la primera licitación presentó un recurso. Y de nuevo Fernández Guerrero maniobró para que no prosperase. “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama-Los Álamos”, expuso en el grupo 'Hirurok'. La presidenta del Tribunal de Contratos a la que se refiere es María de la Concepción Ordiz Fuertes, quien previamente había trabajado en la SEPI con Vicente Guerrero. “Estoy influyendo para que lo inadmitan x (sic) fuera de plazo y xq (sic) el contrato ya estaba formalizado. [...] El abogado [...] que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en SEPIDES”, apostilló.

El 20 de enero de 2022 el Tribunal de Contratos desestimó el recurso de la UTE Lezama-Los Álamos. “Conchita [por María de la Concepción Ordiz] ha cumplido”, celebró Fernández Guerrero en el chat de Threema compartido con Díez y Alonso. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros [...] gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito [...] hemos hecho mucho porque conseguir revertir la inicial adjudicación a Lezama-Los Álamos parecía casi imposible. Y el resultado ha sido enormemente bueno. Este es el camino”, añadió.

Por este servicio, la mercantil Mediaciones Martínez emitió una factura a una empresa vinculada a Erri Berri, Reciclajes y Derribos Olite SL, por importe de 99.825 euros más IVA (120.000 en total) bajo el concepto de “trabajos de obra civil realizados relativos al mantenimiento de Pamplona durante el periodo junio 2021 a enero de 2022”. Pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cifra pactada fue mayor por un mensaje que Fernández Guerrero envió a Alonso el 14 de marzo en relación con otras gestiones en favor de Erri Berri. “No quiero avanzar hasta que veamos los 400 k (o una parte de ellos) de Félix [Félix Azcona, administrador de Erri Berri]”. Un día después, el 15 de marzo, Erri Berri abonó la factura.

El 27 de mayo, Mediaciones Martínez emitió una segunda factura a Derribos Olite por importe de 61.213 euros, con el mismo concepto que la anterior pero modificando las fechas, y que no se abonó hasta un mes después, el 27 de junio. En esa misma fecha re emitió una tercera con el mismo importe, 61.213 euros, que fue abonada el 1 de agosto. En total, las tres facturas sumaron un total de 201.000 euros. Otros 100.000 fueron abonados a través de una tercera sociedad ajena a Erri Berri, VUSA, con la que según la Fiscalía Anticorrupción se pretendía “desvincular” el origen de los fondos “supuestamente ilícitos” percibidos por Mediaciones Martínez.

Los 100.000 euros restantes de los 400.000 supuestamente pactados fueron abonados, sostiene la Fiscalía, a través de facturas emitidas por Servinabar 2000 a Erri Berri en diciembre de 2023 y enero de 2024 de 50.215 y 49.277 euros respectivamente. Son los pagos que la Hacienda de Navarra recogió en el informe que envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de la mercantil propiedad de Alonso y presuntamente, también de Cerdán. Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero estuvo dado de alta también en Servinabar 2000. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra.

Erri Berri explicó en diciembre de 2025, tras el registro de la Guardia Civil en sus oficinas de Olite, que esos pagos a Servinabar 2000 respondían a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

“Aparentemente y considerando los elementos expuestos, unido al hecho de que no se han localizado por la policía Judicial otros datos o documentos de los que se evidencie cualquier tipo de actividad relacionada con el objeto de las facturas, se considera que el verdadero objeto de los pagos habría sido abono de parte del pago acordado -aparentemente 400.000 euros- como consecuencia de las gestiones efectuadas por el grupo Hirurok”, concluye Anticorrupción, que añade que “la operación de Avilés supuso el inicio de la relación mercatil entre Erri Berri, Mediaciones Martínez y Servinabar 2000”.

El exalcalde de Pamplona Enrique Maya (UPN) ha sufrido este martes una agresión en el Casco Antiguo de la ciudad por parte de un hombre que ha huido del lugar.

Según ha informado Diario de Navarra, Enrique Maya ha presentado una denuncia por estos hechos ante la Policía Municipal. La agresión ha ocurrido esta tarde al final de la calle Estafeta, cerca de Duque de Ahumada, cuando un joven que se ha cruzado con el exalcalde le ha dicho “qué asco me das” y posteriormente le ha golpeado en el pecho. El agresor ha conseguido huir del lugar pese a que algunas personas que estaban en la zona han ido tras él.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que “lo que ha ocurrido esta tarde con la agresión que ha sufrido Enrique Maya, a quien ya he trasladado todo mi apoyo y cariño, es intolerable”. “Esto es otra muestra más de que en esta ciudad la intolerancia y la violencia contra quien piensa distinto siempre la protagonizan los mismos”, ha señalado. Cristina Ibarrola ha criticado que “esto es lo que pasa cuando desde las instituciones se justifica e incluso se alienta la violencia, como hemos visto ayer mismo con la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, unas declaraciones vergonzosas, pero que no sorprenden, y mientras, EH Bildu, apoyado por el PSN, liderando un plan de convivencia en Pamplona”. “Es el mundo al revés”, ha afirmado. La presidenta de los regionalistas ha considerado que “lo que ha ocurrido es muy grave” y ha esperado que “atrapen cuanto antes al agresor y que pague las consecuencias”.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha contado a través de la red social X que se ha puesto en contado con Maya para “trasladarle” su “cercanía y solidaridad”. “Este tipo de actos van en contra de la voluntad de convivencia reiteradamente expresada por la sociedad pamplonesa”, ha aseverado.

También la presidenta de Navarra, María Chivite, ha condenado la agresión. “No hay lugar en nuestra sociedad para agresiones ni conductas intolerantes. La calle es un espacio público de convivencia. Tolerancia cero a los agresores”, ha solemnizado.