El Gobierno de Navarra, una coalición de PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se ha “comprometido” con EH Bildu a analizar “expresamente” la aplicación de los procedimientos de expropiación forzosa de viviendas propiedad de fondos buitre cuando residan en ellas familias vulnerables que vayan a ser desahuciadas.

Es uno de los puntos del acuerdo de presupuestos que el Ejecutivo foral ha firmado este viernes con EH Bildu para garantizar la aprobación de las cuentas del 2027, las octavas consecutivas que María Chivite logrará sacar adelante desde que es presidenta.

En el acuerdo, de 20 páginas, se detalla que “ante situaciones de vulnerabilidad residencial y riesgo de desahucio de personas y familias que habiten viviendas propiedad de grandes tenedores” el Gobierno de Navarra se compromete a “intervenir”, y que cuando “las vías de mediación y negociación, incluida la adquisición de las viviendas afectadas por parte de la Administración Foral, no permitan alcanzar una solución que garantice la seguridad residencial de las personas y familias afectadas, el Gobierno de Navarra analizará expresamente la aplicación de los procedimientos de expropiación forzosa previstos en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, impulsando su aplicación cuando concurran los requisitos legalmente establecidos”.

Fuentes del Departamento de Vivienda consultadas matizan que el compromiso alcanzado es el de únicamente “analizar” este extremo y que únicamente se llevaría a cabo en caso de no lograr un acuerdo con el fondo buitre.

El área que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin) negocia ya de hecho con varios de estos fondos para adquirir viviendas protegidas y evitar así que pasen al mercado libre. Se da la circunstancia de que la semana pasada se cerró un acuerdo con la filial inmobiliaria de Caixabank para adquirir 27 casas.

Pensión mínima de 1.190 euros

Pero el octavo acuerdo de presupuestos entre el Gobierno de Chivite y EH Bildu incluye muchas más partidas. La coalición abertzale dispondrá además de 4,42 millones para incluir más vía enmiendas parciales que los socios del Ejecutivo deberán respaldar.

Entre las medidas ya acordadas y recogidas en el proyecto de presupuestos destaca una modificación en las deducciones fiscales para “garantizar” una pensión mínima de 1.190 euros el mes en 14 pagas, 16.660 euros brutos al año.

También se recogen, como en años anteriores, ayudas al aprendizaje del euskera en personas adultas, la ampliación del modelo D de enseñanza en euskera en los centros educativos o un mayor control sobre la instalación de las nuevas plantas de biometano.

Ocho de ocho. La socialista María Chivite cerrará su segunda legislatura al frente del Gobierno de Navarra con todos los presupuestos aprobados tras alcanzar un nuevo acuerdo con EH Bildu, formación que se ha convertido en socio externo del Ejecutivo de coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros). Las cuentas del 2027 llegarán este mismo viernes al Parlamento para iniciar allí su tramitación con la idea de que sean aprobados en un pleno que se celebrará el 17 de diciembre.

El acuerdo se ha firmado este viernes, pero llevaba encarrilado semanas después de que, un año más, el Ejecutivo foral incluyese en el anteproyecto de presupuestos partidas propuestas por EH Bildu. Desde la coalición abertzale no detallaron qué valor económico tenían esas partidas, pero aseguraron estar “contentas”. Ahora, en las diferentes comisiones del Parlamento los socios del Gobierno apoyarán otras partidas de la coalición abertzale.

Los presupuestos de Navarra tendrán en 2027 un techo de gasto de 7.284,8 millones de euros, de los que un 54,7% corresponden al denominado “gasto social”, es decir, las áreas de Salud, educación y Derechos Sociales.

Las cuentas recogen a su vez una partida de 22 millones de euros del Departamento de Vivienda que se destinará a comprar viviendas que son propiedad de fondos buitre y que han pasado al mercado libre tras estar protegidas.

La fábrica de Volkswagen en Navarra se prepara para dar un salto histórico con la llegada de los coches eléctricos. Los 60.000 pedidos acumulados del nuevo Skoda Epiq, el primer modelo de la marca checa que se fabrica en España, refuerzan las perspectivas de crecimiento de la planta de Landaben, que aspira a producir 360.000 vehículos en 2027 y alcanzar una plantilla de 6.000 trabajadores, las cifras más altas de su historia.

El lanzamiento del Epiq, un SUV eléctrico compacto que se encuadra en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado, permitirá a la factoría navarra ampliar su actividad junto a los actuales Volkswagen Taigo y T-Cross. A esta ofensiva se sumará el Volkswagen ID. Cross, el último modelo en llegar y con el que la planta completará la incorporación de dos modelos eléctricos a su gama. La previsión de producción para 2027 supondría superar el récord de 353.353 unidades alcanzado en 2011.

El Skoda Epiq se convierte así en el modelo de la familia de cuatro eléctricos urbanos del grupo Volkswagen que concentra más pedidos al superar las 51.000 unidades del Cupra Raval y los 50.000 del Volkswagen ID. Polo, ambos asignados a la factoría de Seat de Martorell.

La fábrica de Pamplona espera cerrar 2026 con unos 265.000 vehículos, frente a las 225.225 unidades de 2025, un ejercicio condicionado por las obras de adaptación y electrificación de las instalaciones. La recuperación de los volúmenes se apoyará en la progresiva puesta en marcha de los nuevos modelos y en el aumento de los turnos de trabajo. La compañía contempla incorporar un turno adicional los sábados por la mañana a partir de enero, en función de la evolución de la demanda.

El crecimiento de la producción irá acompañado de un aumento del empleo. Volkswagen Navarra cuenta con 4.865 trabajadores y prevé elevar esa cifra hasta los 6.000 en 2027. La evolución de la plantilla estará ligada al ritmo de fabricación de los nuevos vehículos eléctricos y a la necesidad de adaptar la capacidad industrial a los pedidos.

De una fábrica monomodelo a una planta multimarca

La llegada del Epiq representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Landaben, que en febrero de 2025 alcanzó los diez millones de vehículos fabricados. Cerca del 90% de su producción se destina a la exportación, una actividad que actualmente llega a 38 países y que podría extenderse a entre 45 y 50 mercados con la incorporación de los eléctricos. Alemania es el principal destino exterior, con alrededor del 19% de las unidades exportadas.

La planta ha evolucionado desde la fabricación de un único modelo hacia una estructura multimodelo y multimarca dentro del Grupo Volkswagen. Desde 1985 ha producido cinco generaciones del Polo, hasta que el Taigo y el T-Cross consolidaron la transformación de la gama. La incorporación de un modelo de Skoda abre ahora una nueva etapa para una factoría que aspira a situarse entre las tres más importantes del grupo por volumen de producción.

Landaben forma parte de una red industrial de 112 fábricas del Grupo Volkswagen. En la actualidad ocupa la quinta posición mundial por volumen, con la previsión de subir al cuarto puesto en 2026 y al tercero en 2027, de acuerdo con las estimaciones de la compañía. El nuevo escenario también reforzará su papel en la estrategia de electrificación del consorcio alemán.

La capacidad productiva de la planta, que ocupa una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados, permite adaptar los ritmos de fabricación a las necesidades del mercado. La compañía señala que, con ajustes de turnos y pausas, podría alcanzar incluso las 390.000 unidades anuales. No obstante, el objetivo inmediato pasa por acompasar la producción a la evolución de los pedidos y evitar desajustes entre la oferta y la demanda.

La transformación industrial también exige adaptar la logística y las instalaciones. Entre las actuaciones desarrolladas figura la modificación del trazado ferroviario para desplazar la vía que atravesaba la fábrica y situarla en su perímetro. La electrificación de los procesos y la preparación de las líneas para los nuevos modelos han condicionado los volúmenes de producción de los últimos ejercicios.

Un nuevo modelo para crecer en el mercado eléctrico

Para Skoda, el Epiq es una pieza clave en su ofensiva eléctrica. Tras el Enyaq y el Elroq, el nuevo SUV será el tercer modelo completamente eléctrico de la marca y el primero fabricado en España. La compañía ha recibido ya 60.000 pedidos en Europa, de los que unos 1.500 corresponden al mercado español.

El director de Skoda España, Fidel Jiménez de Parga, ha destacado el avance comercial de la marca, que aspira a situarse entre las diez más vendidas en España y alcanzar una cuota de mercado del 5%. Skoda superó las 43.000 matriculaciones en el mercado español en 2025 y mantiene una evolución positiva en 2026, aunque la compañía no prevé alcanzar este año las 50.000 unidades.

En Europa, la firma comercializó 666.501 vehículos durante el primer semestre, un 7% más, con una cuota del 6,3% que la sitúa en la segunda posición del mercado por marcas, por detrás de Volkswagen y por delante de Toyota. En el ámbito eléctrico, las ventas entre enero y septiembre alcanzaron las 140.175 unidades, con una cuota del 6,6%. La llegada del Epiq debería reforzar su posición en este mercado, mientras que en España la marca ha duplicado sus ventas de eléctricos durante el año.

El nuevo modelo estará disponible con dos configuraciones mecánicas, Epiq 40 y Epiq 55, y distintas líneas de acabado. La versión de acceso equipa una batería LFP de 38,5 kWh de capacidad bruta y un motor de 99 kW (135 CV), con hasta 324 kilómetros de autonomía. El Epiq 55 dispone de una batería de 55 kWh brutos y un motor de 155 kW (210 CV), con una autonomía de hasta 437 kilómetros. La gama incorpora también el acabado Sportline, el más equipado.

La oferta comercial se completará con los acabados Urban y Selection, cuya comercialización está prevista para enero de 2027. Skoda sitúa el precio de acceso desde 18.500 euros, una tarifa condicionada a campañas comerciales, financiación y ayudas públicas, entre ellas los 4.500 euros contemplados en el programa Auto+ y una bonificación de 1.000 euros por certificados de ahorro energético.

La marca considera que el Epiq puede ampliar el acceso a la movilidad eléctrica gracias a su tamaño compacto, su planteamiento práctico y su posicionamiento de precio. Con 4,17 metros de longitud, ofrece un maletero de hasta 475 litros y soluciones de almacenamiento adicionales, como un compartimento delantero de 25 litros.

La demanda marcará el ritmo de la fábrica

El volumen de pedidos del Epiq anticipa una carga de trabajo elevada para la planta navarra, aunque el reto será acompasar la capacidad industrial a la demanda real. La compañía estima actualmente en unos cuatro meses el plazo para recibir vehículos configurados a medida, mientras prepara las líneas para producir simultáneamente modelos de distintas marcas y sistemas de propulsión.

El aumento de la producción también tendrá impacto en la red de proveedores. La fábrica trabaja con cerca de 600 empresas de 29 países, con Alemania como principal origen, con unos 150 proveedores, seguida de España, con alrededor de un centenar. El incremento de las exportaciones de vehículos eléctricos ampliará las exigencias logísticas de una planta que ya depende mayoritariamente de los mercados exteriores.

Volkswagen Navarra mantiene, además, sus programas de formación profesional dual a través de la Volkswagen Academy. Según los datos facilitados por la compañía, el 91% de los participantes termina incorporándose a la plantilla, tras 14 promociones. La capacitación de nuevos trabajadores será relevante para cubrir las necesidades de empleo asociadas a la transformación industrial.

La compañía asegura asimismo haber reducido un 33% el impacto ambiental de la fábrica desde 2010, mediante la aplicación de 95 medidas. La electrificación de la gama abre una nueva fase para una planta que deberá elevar su capacidad, incorporar nuevas tecnologías y adaptar sus procesos para sostener el crecimiento previsto.

La evolución de las ayudas públicas será otro factor para el mercado español. Skoda confía en que el programa Auto+, cuya vigencia está prevista hasta antes de las próximas elecciones, tenga continuidad, aunque reconoce la incertidumbre sobre su futuro. La extensión de los incentivos podría contribuir a sostener la demanda de eléctricos en un momento en que el grupo prepara el mayor salto productivo y de empleo de la historia de Landaben.

La presidenta de Navarra, María Chivite, del PSOE, ha manifestado este jueves que la función del Gobierno de España con respecto accidente entre el AVE y el Iryo en Toledo al “es aclarar lo sucedido” para que la ciudadanía pueda “seguir confiando en las instituciones”. La declaración llega de forma simultánea al anuncio de que Oscar Puente solicitará comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda, según han anunciado fuentes del equipo del ministro de Transportes.

“Lo primero, por supuesto, es la solidaridad con las víctimas” y “con sus familiares”, ha indicado la presidenta durante su viaje institucional en Argentina. Ha considerado que la emergencia “se está gestionando bien”, aunque “lo siguiente y de manera inmediata es esclarecer lo sucedido”. “El porqué, y si fuera necesario también los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país”, ha indicado Chivite en declaraciones a los medios.

Además, la presidenta del Gobierno foral ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado en la embajada de España en Buenos Aires en recuerdo de las víctimas del accidente, que deja 74 personas fallecidas. “Me ha parecido muy oportuna la decisión de la embajada de hacer ese minuto de silencio. La vinculación de España, de Navarra también, con Argentina es total”, ha agradecido Chivite, que además ha señalado que una de las fallecidas en el accidente es argentina.

En su viaje, según ha señalado, también ha coincidido en Buenos Aires con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, del PP, lo que le ha permitido “trasladar al Partido Popular” sus “condolencias por el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez”, que viajaba en uno de los trenes siniestrados.

La Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 23 años y 9 meses de cárcel al propietario de una inmobiliaria de Tierra Estella por apropiarse de más de 226.000 euros en arras entregados entre 2021 y 2024. En la primera sentencia se le impusieron 5 años y 9 meses cárcel por un delito de apropiación indebida agravada, además de una indemnización a los afectados en total de 20.000 euros. Posteriormente, se le condenó a 9 años por un delito continuado de estafa y otros 9 por apropiación indebida al haberse apoderado de 201.433 euros de una veintena de perjudicados.

Según se recoge en las sentencias, el procesado era el propietario y único representante legal de una inmobiliaria de Viana y, a pesar de tener dos empleados, ser él quien realizaba todas las gestiones derivadas de las compraventas. Como los contratos que debían suscribir las partes, los importes que se depositaban en concepto de arras u otros derivados de las operaciones comerciales, y las cuentas bancarias. Además del disponer del numerario correspondiente.

Aprovechándose de este poder, el inculpado gestionó engañosamente múltiples operaciones. Falsificó poderes y archivos, no entregó fondos a los vendedores, actuó sin autorización y fingió vender propiedades que no poseía. Todos estos movimientos se han corroborado por las declaraciones de los afectados, a quienes tendrá que indemnizar, como de las pruebas documentales (contratos de arras, escrituras, contratos, transferencias y cheques y conversaciones de WhatsApp).

En ambas sentencias, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se ha apreciado la agravante de reincidencia. De hecho, durante su último juicio el propio acusado reconoció que tenía 8 condenas y que había sido notificado de otras tres en fechas recientes. 

Los jueces, además, consideran como determinante que no se ofreciera una explicación “satisfactoria” ni atendiera a los perjudicados, sino “al contrario”. “Ha continuado con su mecánica delictiva a pesar de haber sido condenado”, reflejan, y consideran que, por tanto, el acusado no tenía “duda alguna” de la ilegalidad “de sus maniobras”.

Un hombre de 49 años ha sido detenido en Tudela como presunto autor de un delito de violencia de género, al ser interceptado insultando y aporreando la puerta del centro de salud Gayarre, en el que se encontraba su pareja, también de 49 años de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la intervención tuvo lugar a las 12 horas de ayer martes, cuando la Policía Foral solicitó apoyo al encontrarse una víctima de violencia de género en el centro de salud mientras su pareja estaba “aporreando la puerta e insultando”.

El hombre fue detenido por violencia de género, por parte de los agentes de Policía Foral, a los que se acompañó en apoyo hasta sus calabozos, donde el detenido quedó a su cargo hasta su puesta a disposición policial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la ley foral de vivienda, norma que impide que las viviendas de protección oficial puedan perder esta calificación, una disposición que se incluyó además con carácter retroactivo.

La norma fue aprobada por el Parlamento foral en junio para impedir que 2.248 viviendas protegidas pierdan su calificación, que está próxima a vencer tras pasar 21 años desde su construcción.

En concreto, el PP recurre la disposición transitoria única, apartados 1 y 2, de la ley foral 14/2026, de 2 de julio, de modificación de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, según ha informado el Tribunal Constitucional.

Los preceptos recurridos abordan el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible en la Comunidad foral.

El PP alega en su recurso que la disposición transitoria única de la norma impugnada podría ser inconstitucional por contravenir el principio de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 de la Constitución) y vulnerar el derecho de propiedad (art. 33 de la Constitución).

El PP ha incluido en el número tres de su lista al Senado por Madrid a Carlos García Adanero, tránsfuga de UPN que en 2022 traicionó a su partido votando en contra de la reforma laboral para luego dar el salto al Partido Popular. Su compañero de traición, Sergio Sayas, también ha sido incluido en puestos de salida en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Será el número dos por Navarra en la lista que compartirán UPN y PP tras el acuerdo de coalición que alcanzaron hace unas semanas.

García Adanero ya fue elegido en 2023 como diputado en la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados tras su salida de UPN. Ante los nuevos comicios, pasa a integrar la lista de la Cámara Alta en una candidatura que está encabezada por el actual presidente del Senado, Pedro Rollán, y que se completa con María Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, como número dos.

Si se repite el resultado de las elecciones generales de 2023 al Senado, García Adanero conseguiría el escaño, dado que el PP se hizo con tres senadores y el PSOE con uno.

Adanero es además concejal del PP en Pamplona, que ya lo ha anunciado como candidato para las elecciones muncipales del 2027 a la espera de si extienden su acuerdo con UPN para esos comicios.

La Audiencia de Navarra ha condenado a un joven de 24 años a 18 años y 11 meses de cárcel por violar, maltratar, amenazar y acosar a su pareja. En septiembre de 2021 y marzo de 2022 ya fue condenado por hechos de violencia de género. El hombre llegó a pegarle golpes y patadas a su novia incluso cuando estaba embarazada, además de encerrarla o agredirla si se negeaba a mantener relaciones sexuales, según se detalla en la sentencia.

El acusado deberá indemnizar a su expareja con 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La víctima presenta ansiedad, baja autoestima, síntomas psicosomáticos y trastornos derivados de los hechos padecidos.

Ambos comenzaron la relación en diciembre de 2023, prolongándose hasta septiembre de 2024. Desde el comienzo, el acusado le dirigía “expresiones humillantes”, le exigía las claves a sus redes sociales, le aisló de sus amistades y su entorno, le controló la forma de vestir y no le permitía salir si no era con él, tal y como recoge la sentencia. En esa relación, según se considera en la resolución, el joven la violó. Cuando su pareja se negaba a mantener relaciones sexuales, “para doblegar su voluntad”, la agredía q incluso la llegaba a encerrar.

La sentencia recoge, asimismo, malos tratos (golpes y patadas), control psicológico y acoso permanente (llamadas y mensajes de madrugada, amenazas de publicar vídeos íntimos) hacia la víctima por parte del encausado, incluso cuando la mujer estaba embarazada.

Para el Tribunal, la declaración de la víctima y las pruebas forenses evidencian el maltrato psicológico y físico. La psicóloga forense que examinó a la víctima concluyó que la relación se basó en manipulación, dominación y control emocional. “La principal prueba directa con que contamos, teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjeron los hechos, es la declaración de la víctima que es a su vez testigo directo de los hechos”, argumentan los magistrados.

“Esta declaración ha resultado plenamente convincente, ha declarado de forma precisa, concreta, creíble, coherente y sin contradicciones en lo sustancial, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes”, destacan los jueces.

Su testimonio, remachan, se ha visto corroborado por diversos elementos periféricos: las declaraciones de las amigas de la denunciante, el informe del Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, el dictamen psicológico forense, así como los mensajes en las redes sociales.

El Parlamento de Navarra cancelará su actividad el próximo 11 de noviembre con motivo de la huelga general por la vivienda a petición de los grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin, así como EH Bildu, socio presupuestario. Así, ese día no se celebrarán dos comisiones que de Cultura, Deporte y Turismo y de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, que ya estaban calendarizadas tras el acuerdo alcanzado este lunes en la reunión de la Mesa y junta de portavoces.

Los socios del Gobierno de Chivite han defendido respaldar la propuesta de EH Bildu de sumarse a la huelga como un “gesto político” de apoyo a la reivindicación, aunque han matizado que suspender la actividad no implicará que no se trabaje. “El que quiera podrá hacer evidentemente su huelga y el que no, podrá venir a trabajar”, ha explicado el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona. Se da la circunstancia de que el PNV, uno de los socios de esta coalición, ha criticado en Euskadi la huelga, pero se va a sumar a ella en Navarra. “Ni UGT, ni ELA ni LAB. Ni media palabra sobre vivienda. Cero patatero. Ahora la vivienda es una prioridad. ¿Hace mes y medio no lo era en las clases obreras y populares?”, dijo el viernes el lehendakari Imanol Pradales.

El principal partido de la oposición en Navarra, UPN, se ha sumado a las críticas al apoyo a la huelga por parte del Parlamento foral y ha afeado a los socios de Chivite que quieran “gobernar” y al mismo tiempo “protestar como si gobernaran otros”.  “Gobierna el PSN, y es quien tiene que solucionar los problemas y, en lugar de eso, elige ponerse en la pancarta”, ha apuntado su portavoz, Javier Esparza.

Los regionalistas ven en el acuerdo para la suspensión de la actividad parlamentaria el 11 de noviembre “una muestra más” de que es EH Bildu “quien manda en el bloque del Gobierno”, pese a no formar parte de él.  “Esta es una huelga por motivos electorales, si no hubiera habido elecciones, no habría huelga; y por primera vez, además, en lo que afecta a este Parlamento, ante una huelga general, se paraliza”, ha asegurado Esparza.

Del otro lado, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y EH Bildu han defendido la medida de cancelar la actividad parlamentaria como un “gesto político” de respaldo a la causa que ha llevado a la convocatoria de la huelga general. “Surgió a raíz de un estallido social, cuando UPN, Partido Popular, Vox y Junts tumbaron en el Congreso los decretos Mari Carmen”, ha defendido la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu.

El Gobierno de Navarra destinará 5 millones de euros a ayudas al sector agrario afectado por la sequía prolongada registrada entre mayo y septiembre de 2026. El Gobierno de Navarra declaró el pasado 7 de octubre esta situación como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y ganadero de la comunidad foral, por lo que las ayudas permitirán compensar a las explotaciones ganaderas afectadas por la pérdida de rentabilidad y los sobrecostes derivados de la falta de pastos y forrajes.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Maria Aierdi, ha explicado que la “sequía sin precedentes” registrada en primavera y verano provocó una gran escasez de alimento para el ganado extensivo, lo que obligó a los ganaderos y ganaderas a renunciar al pasto en los comunales donde normalmente se alimentan sus rebaños en verano y recurrir a la compra de alimentos sustitutivos del pasto como paja, alfalfa o forraje que normalmente realizan en invierno. Al elegir esta opción, se han encontrado con un sobrecoste de precios, dada la escasez de la producción habitual, a lo que se suma que la situación climatológica y sus afecciones se han hecho notar en toda Europa.

Para valorar económicamente estos sobrecostes y las pérdidas de ingresos en la ganadería derivados de esta sequía, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha mantenido contactos con el sector y cuenta con dos informes de impacto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para justificar la situación de sequía y la sociedad pública de Transferencia e innovación en el sector agroalimentario INTIA, para valorar la pérdida económica que supone en cada tipo de ganadería.

Así, la intención del Gobierno de Navarra es habilitar con el aval del Parlamento una línea de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno y equino, con la que se espera llegar a un total 1.949 explotaciones ganaderas, con un apoyo de entre 8 y 50 euros por cabeza de ganado.

Según ha explicado el consejero Aierdi, se intentará habilitar un procedimiento ágil, para que los ganaderos puedan recibir la ayuda este mismo año.

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una propuesta presentada por uno de los socios del Gobierno municipal, Contigo/Zurekin, y respaldada por EH Bildu y PSN, que plantea aplicar un recargo de hasta un 150% en la tasa que pagan los propietarios de pisos turísticos. El Gobierno de Navarra, por su parte, ha indicado que “valorará” esta medida.

“En materia de pisos turísticos, no es nuestro modelo de turismo”, ha señalado Javier Remirez, portavoz del Gobierno foral. “Nosotros tenemos una visión constructiva y recibimos siempre de buena lid todas las aportaciones que nos hacen el resto de instituciones públicas de Navarra, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona”, ha añadido.

En concreto, la propuesta insta al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra a que adapten la ley foral de Haciendas Locales al reciente decreto estatal en materia de vivienda, en particular el relativo al recargo del IBI a los pisos turísticos.

Además, el Ayuntamiento de Pamplona se muestra “favorable a aplicar en Pamplona dicha normativa, de tal manera que sean posible recargos de hasta el 150% en la contribución urbana de los pisos turísticos”.

“Nosotros apostamos como Gobierno por un turismo sostenible, por un turismo que respete el ámbito del territorio, un turismo que no incremente o suponga una masificación del territorio”, afirmó Remírez. Además de incidir en que valorarán la propuesta del Ayuntamiento de Pamplona, “de cara a que todo lo que supongan los alojamientos turísticos en la Comunidad foral cumplen sus parámetros en el ámbito de sostenibilidad, de un turismo sostenible, de un turismo de calidad y de un turismo de masificación”.

UPN ha designado a su expresidente Javier Esparza como cabeza de lista de la coalición que ha conformado con el PP para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esparza abandonará así el Parlamento foral, donde es portavoz de la formación regionalista y líder de la oposición al Gobierno de la socialista María Chivite. UPN también ha nombrado a Leticia San Martín como número uno de la lista al Congreso, a la que acompañará Sergio Sayas como número dos y designado por el PP.

Se da la circunstancia de que Esparza, siendo presidente de UPN, fue quien expulsó a Sergio Sayas y Carlos García Adanero del partido después de que estos le mintiesen y votasen en contra de la reforma laboral cuando existía un acuerdo con el PSOE para apoyarla en el Congreso. La maniobra fue urdida por el PP, que buscaba una derrota del Gobierno de coalición.

Los dos diputados trásfugas acabaron dando el salto a ese partido y ahora Esparza compartirá lista con esa formación. De hecho, fue el propio Esparza el que decidió, por primera vez desde 1982, que en 2023 UPN y PP fuesen por separado a las urnas en las generales.

Para evitar una nueva división del voto de la derecha, la nueva líder regionalista, Cristina Ibarrola, alcanzó hace una semana un acuerdo con el PP para concurrir a las nuevas elecciones. Por ese acuerdo, a UPN le correspondía designar a los cabezas de lista tanto del Congreso como del Senado. La Parlamentaria Leticia San Martín será la candidata a la Cámara Alta, acompañada de Sayas, y Esparza lo será en el Senado.

Geroa Bai ha anunciado este viernes sus listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A diferencia de los últimos comicios, será Geroa Socialverde, partido fundado por la expresidenta Uxue Barkos, quien lidere la candidatura, y no el PNV, formación que ha quedado relegada al tercer puesto de las listas de Congreso y Senado. Pablo Azcona, portavoz de la coalición en el Parlamento de Navarra, será el candidato al Congreso y Mayte Espinosa será la número uno al Senado.

Desde Geroa Bai destacan que “reafirman” así su compromiso “con la defensa de los intereses de Navarra en Madrid y con la presencia en las Cortes Generales de una representación progresista”. Precisamente el anuncio de los candidatos llega una semana después de que no lograsen alcanzar un acuerdo con otras fuerzas de izquierda en Navarra para una candidatura conjunta.

En la candidatura al Congreso, a Azcona le acpmpañarán María Basarte, Javier Ollo Aitana Duque y Alfredo Agós. Ollo fue el candidato propuesto por el PNV y que estuvo en la fotografía con la que los 'jeltzales' presentaron sus candidatos para las generales. En la lista al Senado, la representante del PNV, Anika Luján, también ocupa el puesto número tres y que ya fue brevemente senadora en 2015 merced a una coalición más amplia con fuerzas de izquierda.

 En 2023, la plancha de Geroa Bai la lideró la 'jeltzale' María Solana, que fue séptima fuerza en la comunidad foral y quedó muy lejos de obtener representación. Geroa Bai no consigue escaño en el Congreso desde 2011, con la propia Barkos de candidata y revalidando el acta que obtuvo en 2004 y 2008 al frente de otra marca, Nafarroa Bai, una extinta confluencia con fuerzas que ahora están en EH Bildu como EA y Aralar. 

Una mayoría social navarra considera necesaria una mayor intervención pública del mercado de la vivienda. Es una de las principales conclusiones de una encuesta encargada por el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra a la empresa demoscópica CIES, cuyos resultados serán presentados este viernes en una comparecencia parlamentaria por la consejera Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). Entre ellos destaca que un 78% de las personas encuestadas está a favor de la regulación del mercado del alquiler para topar los precios, medida que lleva impliantada más de un año en 21 municipios de la comunidad foral, entre ellos Pamplona y Tudela.

La encuesta fue encargada por el Gobierno foral el pasado verano para “analizar la situación de la vivienda en Navarra” y conocer “la valoración de las políticas públicas, así como plantear posibles soluciones para abordar la demanda”. CIES realizó un total de 803 entrevistas a comienzos de septiembre, antes del desahucio de Maricarmen que provocó una gran movilización en España por la vivienda. Los resultados de la encuesta se entregaron a comienzos de octubre, después de que el presidente, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral. Por ello, y para evitar una posible sanción de la Junta Electoral, el Departamento de Vivienda ha optado por presentar los resultados en una comparecencia en el Parlamento que UPN, principal partido de la oposición, ha querido vetar.

Los resultados de la encuesta reflejan que una amplia mayoría de la ciudadanía navarra ve “acertadas” las políticas que intervienen el mercado de la vivienda. Destaca, además, que un 77% de las personas entrevistadas es propietaria de una vivienda. Navarra es una de las pocas comunidades que tiene topados los precios de los alquileres. Además, en los últimos meses ha aprobado otras medidas como la regulación del alquiler de habitaciones o de los alquileres de temporada, así como una ley que blinda la calificación de las viviendas protegidas de alquiler parra que no pasen al mercado libre. Está última norma, ha sido recurrida recientemente por el PP ante el Tribunal Constitucional.

“Hemos tomado muchas medidas, porque no hay una fórmula mágica, para tratar de hacer cambios estructurales que obtengan resultados en el medio y largo plazo, que es de lo que se trata”, aseguraba este jueves la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, en el Parlamento navarro.

Todas estas reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo foral son avaladas por los navarros según los resultados de la encuesta. El 78% apoya el tope a los precios de los alquileres, el 81% considera que la calificación debe ser permanente en el caso de las viviendas de compra y un 82% en el caso de las de alquiler. Además, un 88% está a favor de que no se permina a fondos buitre adquirir viviendas protegidas. Destaca a su vez que un 67% cree que se debería topar el precio de venta de las viviendas libres.

En la encuesta también se ha preguntado sobre medidas que la ciudadanía considera que podrían ayudar a mejorar el acceso a la vivienda. Así, más del 80% ve acertado que la Administración Pública impulse el alquiler asequible o un 72% cree necesaria la constitución de una inmobiliaria pública para gestionar el mercado del alquiler. En la comunidad foral existe una empresa pública de promoción de vivienda, Nasuvinsa, pero no una de este tipo.

Los resultados muestran a su vez que las mujeres apoyan en mayor medida que los hombres las políticas de regulación del mercado de la vivienda. Por edad, son los mayores de 65 años los que ven necesario poner tope a los precios del alquiler.

Preguntados por las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, el 66% no sabe que existe una bolsa pública de alquiler de viviendas asequibles, si bien, de los que sí la conocen un 75% la valoran positivamente.

El Gobierno de Navarra ha decidido invertir 1,9 millones de euros para mantener en su parque público de vivienda 27 casas, propiedad de Building Center, la filial inmobiliaria de Caixabank, y que iban a pasar al mercado libre entre los años 2027 y 2044.

La compra se ha cerrado este mismo jueves mediante el derecho de tanteo y retracto que tiene el Gobierno de Navarra. Fuentes consultadas por este periódico añaden que son viviendas que la inmobiliaria de Caixabank pretendía traspasar a otro fondo de inversión. Las viviendas, repartidas por diez municipios de la comunidad foral han sido adquiridas por un precio de media de 73.740,81 euros por casa.

La mayor parte de las viviendas adquiridas se sitúan en Murchante (13), Valtierra (3), Tudela (3) y Cadreita (2). El resto se encuentran en localidades como Huarte, Lakuntza, Cintruénigo, Peralta, San Adrián y Sangüesa. Todas están todavía sujetas al régimen de Vivienda de Protección Oficial -salvo la ubicada en San Adrián, que figura como libre-, calificación que tenía previsión de vencer en un rango temporal comprendido entre los años 2027 y 2044.

De estas 27 viviendas recientemente adquiridas, 11 están actualmente alquiladas y se mantendrán con los contratos vigentes hasta su finalización; las 16 restantes se destinarán a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social y la Bolsa de Alquiler de Gobierno de Navarra, gestionada a través de la empresa pública Nasuvinsa.

“La compra en lote de estas viviendas ha permitido al Gobierno de Navarra su adquisición por un coste muy por debajo del valor medio de los inmuebles, según un análisis realizado por la mencionada empresa pública Nasuvinsa”, destacan desde el Departamento de Vivienda que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin).

Rashid llegó a España hace tres años. En Argelia, su país de origen, pudo ahorrar lo suficiente para pagar a una mafia que le permitiera subir a una patera. Llegó a Almería. Ahora, con 21 años, vive en Pamplona en una tienda de campaña junto a otras personas con una situación parecida —por no decir idéntica—. El asentamiento, compuesto por unas 25 tiendas entre maleza, residuos, una colonia felina e incluso ratas, vive bajo la amenaza constante de desalojo por parte del Ayuntamiento de Pamplona, que hoy a las 11 de la mañana les había “dado un ultimátum para irse”, según han asegurado desde los colectivos que los atienden. “Yo vivo aquí en la tienda y estudio todos los días. También juego al fútbol, voy al gimnasio. Hago muchas cosas bien”, asegura el joven argelino en un español que todavía tambalea un poco.

“Queremos denunciar a un ayuntamiento [de EH-Bildu] que, aunque se llame progresista y de izquierdas, está haciendo política de derechas. ¿En qué se diferencia esto con Badalona, con la política del PP? ¿O del PNV en Bilbao? ¿En qué se diferencia esto con la política de UPN, que en el año 2023 también desalojó el convento de Agustinas?”, ha expresado Teresa González, portavoz de los colectivos que atienden a estas personas. “Son políticas que hemos de repulsar y que se han de recriminar. No vale con mirar a otro lado y hacer como que no existen”.

La activista ha denunciado que este lunes el Ayuntamiento de Pamplona, de EH-Bildu, ha “retirado las pertenencias” a algunos inmigrantes asentados por las inmediaciones del frontón de Aranzadi, y que estas “han acabado en los contenedores”. “Se están conculcando en Pamplona, en Navarra, derechos humanos básicos. Les han dejado con lo puesto”, ha afirmado, y ha enumerado objetos como “mantas, todas las cosas que tenían para llevar una cierta higiene” como “jabón, pasta de dientes, cepillos...” como algunos de los objetos requisados. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, sin embargo, han justificado la práctica como “una cuestión de seguridad”.

“Se han retirado los asentamientos cercanos a los cauces del Arga, aquellos que estaban localizados en zonas inundables y en los que no se puede asegurar la seguridad y la integridad de las personas que allí pernoctan cuando llega la época de lluvias”, han afirmado a preguntas de este periódico. Según explican, a aquellas personas asentadas se “les ofreció cobijo en los recursos que Acción Social tiene a su alcance y que garantizaban una solución habitacional transitoria”. Además de avisarles “con margen suficiente”, aunque “hay quien no atendía a lo que se les estaba comentando a pesar de la insistencia del equipo educativo y los agentes”.

Previsiblemente, aunque desde el Consistorio afirman que “no se desaloja a nadie”, admiten que se van a “acometer un proceso de limpieza de determinadas zonas del ámbito fluvial y mantener vigilancia en aquellas sobre las que existe riesgo para la seguridad” de estas zonas inundables. Además, defienden que se dio la opción a que estas personas recogieran sus pertenencias, aunque admite que, quizá hubiera quienes no lo hicieran porque “no atendían” a lo que se les advertía.

“No creemos que sea una forma de abordar el sinhogarismo”, ha denunciado la portavoz de los colectivos que atienden los asentados en Aranzadi. Además de invitar a que la sociedad se ponga “manos a la obra con un programa que trabaje por la integración de todas estas personas” si se quiere calificar así misma como “de progreso”. “Nadie les brinda una solución y no es porque el Gobierno de Navarra no tenga recursos”, ha señalado González apoyándose en los 575 millones de superávit que registró correspondiente al ejercicio de 2025. “Solo se destina 5 millones al sinhogarismo en Navarra. Si hubieran duplicado ese presupuesto, quizá todas estas personas podrían dormir en una cama”, ha expresado.

Las críticas también se han dirigido de forma directa al Consistorio pamplonés, al que han acusado de tener “camas vacías” y “pisos cerrados”. “Pamplona tiene recursos”, ha afirmado la activista que traslada la denuncia a la que se han adherido asociaciones como París 365, PIN (Punto de Información al Migrante), Asociación Salhaketa, Derecho a Techo, SOS Racismo, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Apoyo Mutuo, Steilas, CGT o Solidari. Sin embargo, a preguntas de este medio, el Ayuntamiento de Pamplona ha negado rotundamente que haya “albergues municipales sociales con camas vacías” y según la ordenanza, es decir, “lo que el Ayuntamiento, con los recursos que tiene, puede ofrecer”, solo pueden disponer de tres noches de pernocta con las necesidades básicas cubiertas.

La mayoría de estas personas vivían en el viejo convento de las Agustinas Recoletas hasta abril, cuando fue desalojado. Entonces, el Ayuntamiento de Pamplona afirmó haber atendido a 98 personas que pernoctaban en el lugar para realojarlas. Sin embargo, los activistas y asociaciones los cifraban en 140. “Para hoy había otra vez una orden de desalojo a los chicos. Les habían dicho que se tenían que ir hoy para las 11 de la mañana y que, el que quisiera, podía tener billete para irse fuera de Pamplona”, ha afirmado González. Respecto a “este servicio”, el Consistorio defiende que está a “disposición” de las “personas sin recursos para poder desplazarse por los motivos que consideren oportuno” y que simplemente “se informa” sobre este.

El perfil de personas asentadas al rededor del frontón de Aranzadi, es muy variado, aunque predominan los hombres de entre “18 y 60 años”. “Hay personas mayores y enfermas viviendo aquí”, ha denunciado González. Según ha explicado, en el caso de las mujeres se les procura dar “alguna alternativa habitacional (aunque sea de urgencia, como una bajera)”, pues además del “deterioro de vivir en situación de calle”, están expuestas a “a agresiones” sexuales. “Esta administración pública que dice defender los derechos de las mujeres, tampoco lo hace en este caso”, ha acusado.

A pesar de la situación, el Ayuntamiento defiende que “Pamplona es probablemente la ciudad más solidaria del Estado”. “En tres años se ha casi triplicado el presupuesto destinado a atender a las personas en situación de calle (hasta llegar a los 3,6 millones), pero los recursos municipales son limitados”, han afirmado. Consideran que no es “un problema de sinhogarismo”, sino parte de los “movimientos migratorios” que se desarrollan “a nivel mundial”. “Pamplona no tiene la capacidad para asumir, desde lo local, las soluciones a un problema que es global”, replican.

“No hay 'efecto llamada', hay 'efecto necesidad'”, ha asegurado la activista, y ha señalado que “los países de donde vienen todas estas personas tienen unos déficits tan grandes” que las personas que emigran solo “buscan otro lugar donde vivir, donde proyectar una vida con una mejor calidad de vida”. “[Buscan] un trabajo y derechos democráticos. Las personas gays vienen a buscar derechos aquí porque en sus países no se les reconocen. Hay mujeres que [huyen de sus países] para no ser obligadas a casarse con personas de muchísima mayor edad y ser vendidas por sus familias”, ha expuesto como parte de las “muchísimas razones que traen aquí a todas estas personas”.

“Como mínimo necesitamos un censo. Lo que deberíamos hacer sería conocerlas, conocer sus historias. Saber sus proyectos de vida para ver qué es lo que quieren hacer con su vida y cómo podemos ayudarles. Es lo mínimo que se debería plantear desde este Gobierno y desde este Ayuntamiento”, ha pedido González con Rahid al lado. El joven dice estar estudiando un “curso de jardinería” tras haber hecho “uno de fontanería” y, aunque puede pedir ayudas para el alquiler, necesita primero un arrendatario. “Cuando ven que soy 'moro' te dicen que 'no'”, explica a los medios presentes.

“Si estuvieran empadronados una trabajadora social podría ayudarlos” y por ello “se les niega”, se queja la activista. En los últimos tres años, se han conseguido empadrona a más de 800 personas en los servicios sociales de Pamplona. Las personas en situación de calle, “pueden acceder al empadronamiento social”, trasladan desde las instituciones municipales. “Aquí hay muchas personas que buscan trabajo. Un chico me contó que a final de mes le habían dado 500 euros. Le habían pagado 25 euros al día por seis horas de trabajo del pimiento en el campo. Por supuesto, sin seguridad social o contrato. Pero están dispuestos a hacerlo porque quieren trabajar”, ha añadido González.

La presidenta de Navarra, María Chivite realizará a finales de octubre un viaje institucional a Perú y Argentina para conocer iniciativas de cooperación al desarrollo y mantener una agenda institucional en ambos países. Lo hará tras conocerse que la Junta Electoral ha desestimado la reclamación de UPN para que lo cancelase por coincidir con la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Junta considera que no hay datos que permitan presumir que el viaje tenga una finalidad electoralista y no existe una “prohibición general de los viajes oficiales ni de toda actividad institucional desarrollada durante el periodo electoral”. “La eventual infracción debe apreciarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada actuación”, expone.

Según este órgano, “no consta dato alguno” del que se pueda presumir que la presidenta de Navarra “vaya a realizar actuaciones prohibidas por la legislación electoral, ni que el referido viaje tenga un contenido electoralista”. “La suspensión del desplazamiento constituye una medida de alcance general que no puede fundarse exclusivamente en la coincidencia temporal con el periodo electoral o en un riesgo abstracto de afectación de la neutralidad institucional”, añade.

La Junta, además, rechaza exigir la agenda completa del viaje. “Ante la alegada ausencia de información suficiente sobre la agenda y las circunstancias del desplazamiento no procede presumir un mal uso del mismo, por lo que no procede requerimiento alguno desde esta Junta”, indica. La Junta rechaza también advertir formalmente al Gobierno y entiende que el Ejecutivo conoce sus obligaciones legales.

No obstante, mantiene la posibilidad de actuar ante infracciones futuras. En concreto, si durante el viaje se produjeran actuaciones contrarias a la legislación electoral, podrían denunciarse y dar lugar a un expediente sancionador.

El Gobierno navarro ha celebrado la decisión de la Junta Electoral . “UPN no consigue coartar la actividad institucional de la presidenta, ninguna de las medidas solicitadas y el viaje oficial puede seguir adelante, sujeto a las obligaciones legales habituales del periodo electoral”, han apostillado.

El Ayuntamiento de Tudela, de UPN, denunciará ante la Policía Nacional las pintadas que han aparecido en apoyo a ETA y que también amenazan a su alcalde, de UPN, según ha informado Europa Press. En el mural, localizado en una céntrica calle de la ciudad, se han podido leer mensajes como “Gora ETA militarra”, “Al facha, serpiente y hacha” o “Tokero eta UPN kanpora” (“Toquero y UPN fuera”, en euskera).

“Es un delito de enaltecimiento del terrorismo que vamos a perseguir hasta donde haga falta”, ha asegurado el alcalde de la segunda ciudad más poblada de Navarra, Alejandro Toquero. “No son simplemente actos vandálicos”, ha añadido sobre las pintadas que, asegura, “blanquean” las amenazas “cobardes” y atentan contra “la convivencia”.

Sobre la detención de los dos acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional que han ingresado en prisión, Toquero ha advertido que es el momento de “no bajar la guardia”. “[Son] los partidarios de que ETA vuelva a las andadas”, sentenciaba. También ha aprovechado para referirse a EH-Bildu como “los herederos políticos” de ETA, que campan “a sus anchas por las instituciones”.

“En Tudela no hay espacio para el odio ni para el matonismo. No daremos tregua a los cobardes ni a quienes les apoyan”, ha destacado en sus redes sociales.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra que dirige Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin) va a destinar el próximo año 104 millones de euros para la compra de viviendas que fueron construidas con fondos públicos pero que tras perder la calificación pasaron al mercado libre y acabaron en manos de fondos buitre en los últimos años. Tal y como avanzó la consejera hace unas semanas se trata de unas 600 casas que están en manos de Testa, filial de Blackstone, Catella y otros fondos de inversión.

Navarra se sumará así a Euskadi, cuyo consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado recientemente que comprará más de 500 viviendas en Donostia a Blackstone por unos 100 millones de euros, la operación de este tipo de mayor calado en España. Los departamentos de Vivienda navarro y vasco llevan años colaborando para impulsar medidas como esta o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Según informan fuentes consultadas por elDiario.es, de los 104 millones, 22 estarán recogidos en los presupuestos que el Gobierno de Chivite está negociando con EH Bildu para garantizar su aprobación y 82 del plan de inversiones aprobado hace una semana. A esta medida además le acompañará la construcción de nuevas VPO en localidades que han sido declaradas como zonas de mercado residencial tensionado y para la que se destinarán 13 millones de euros provenientes de fondos del Estado. La comunidad foral es una de las pocas que, merced a la ley de Vivienda ha declarado 21 municipios como tensionados, topando así el precio de los alquileres.

“Nos repatea porque es pagar dos veces por un mismo bien”, lamentaba hace unos días la consejera Begoña Alfaro, que reprochó “la herencia recibida” de administraciones anteriores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente, por lo que las próximas promociones que se construyan nunca perderán la protección.

Las negociaciones con estos fondos buitre llevan meses en curso y, según apuntó la consejera, al menos Testa se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas. “La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, añadió.