La presidenta de Navarra, María Chivite, ha indicado este lunes que lo que trasladó Geroa Bai a la opinión pública tras el encuentro que mantuvieron este lunes los socios de Gobierno sobre la situación de la obra del túnel de Belate y el pago del sobrecoste de 8,3 millones “nada tiene que ver con lo que trasladó en el interno de la reunión”. “De ahí mi sorpresa”, ha manifestado la presidenta.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, Chivite ha añadido que en el encuentro de este lunes se emplazaron “a seguir hablando, a que el consejero diera más detalles” y a que “sigan estando informados como lo han venido estando desde el minuto uno de todos los pasos que se vayan a dar”. “Seguiremos hablando”, ha insistido.

Geroa Bai trasladó tras la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, que salían más preocupados de lo que habían entrado y que todas las salidas, tras los informes de la Intervención y de la asesoría jurídica sobre el modificado de la obra, son preocupantes. “No es lo que traslado en el interno de la reunión”, ha reiterado la presidenta, quien ha barajado que “quizás comenzamos en periodo preelectoral, entiendo esos posicionamientos en ese marco, pero no es lo que se trasladó en la reunión, donde se dijo que se van a trabajar soluciones”.

“Todavía no hay nada cerrado, estamos en conversaciones con la UTE, también con la asesoría jurídica del Gobierno porque todos los pasos que vayamos a dar tienen que venir perfectamente avalados desde un punto de vista legal y todavía no hay nada cerrado encima de la mesa”, ha sentenciado, para recordar que este miércoles darán “todos los detalles” en la comparecencia programada en el Parlamento. Y preguntada por qué tipo de soluciones se están planteando, Chivite ha señalado que “mañana contaremos”.

Sobre si cree que pudiera estar condicionando la proximidad de las elecciones, María Chivite ha indicado que “también estamos viendo cómo el PNV en el País Vasco va despegándose un poco del Partido Socialista”. Y ha repetido que lo expuesto por Geroa Bai “no es lo que se trasladó en el interno de la reunión, me sorprendieron las declaraciones, sí”.

“Hemos venido hablando con ellos, con todos los grupos, han sabido cada paso que se ha dado, cada informe que ha habido y vamos a seguir trabajando de la misma manera, con transparencia y aportando toda la información porque nos emplazamos a una reunión quizás más detallada, con cronogramas, con escenarios, conforme se vayan cerrando escenarios porque todavía está abierto”, ha añadido.

La presidenta ha manifestado que “el Gobierno de Navarra no va a pagar ni euro que no venga con el correspondiente respaldo de nuestra asesoría jurídica, por tanto no se va a pagar”. “Se abren otros escenarios, que iremos viendo cómo los afrontamos”, ha dicho, para asegurar que “la voluntad política es que la obra continúe”. “Es un reto que cogimos desde el inicio de la legislatura pasada, recuerdo que tenemos también a la Comisión Europea vigilando esta infraestructura porque se lleva incumpliendo una directiva europea desde el año 2004 porque gobiernos anteriores no hicieron”, ha afirmado.

Sobre si la UTE también muestra esa misma voluntad, Chivite ha indicado que “estamos en conversaciones, es pronto para decir; estamos hablando con la UTE”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presentado este martes el avance del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la ampliación de Sarriguren, que permitirá la construcción de 6.000 viviendas, de las cuales entre el 70% y el 80% serán protegidas en todas sus modalidades. De ellas, un porcentaje irá destinado al Ayuntamiento del Valle de Egüés. El Gobierno espera que la aprobación inicial del proyecto sea antes de que termine esta legislatura y la construcción de este nuevo desarrollo podría comenzar en dos o tres años.

Esta intervención se enmarca en la línea de trabajo que mantiene el Ejecutivo foral para “desbloquear y agilizar los planeamientos urbanísticos y propiciar la disponibilidad de suelo que permita la construcción de vivienda asequible, en función de las necesidades y demandas de la sociedad”, según ha destacado Chivite. La presidenta ha visitado Sarriguren acompañada del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, y el director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo.

La ampliación del PSIS de Sarriguren se estima sobre una superficie cercana a las 100 hectáreas, más el suelo para nuevos viales cifrado en torno a 30 hectáreas, con capacidad para unas 6.000 viviendas. La trama urbana y la tipología constructiva posibilitará la integración de diferentes formatos comerciales. Para las zonas verdes y espacios libres públicos se prevé una superficie de unos 350.000 metros cuadrados y para equipamientos públicos unos 125.000 metros cuadrados. El proyecto contempla superficies en instalaciones como guardería, educación primaria y secundaria. También para dotaciones sanitarias, instalaciones deportivas y bienestar social. Asimismo, la ampliación cuenta con espacios para actividades culturales y dotaciones polivalentes.

Para garantizar la movilidad de los nuevos habitantes de Sarriguren, la ampliación del PSIS prevé diversas actuaciones en infraestructuras viarias: nuevo enlace y acceso sur desde la PA-30 en Mutilva; nuevo enlace y acceso centro desde la PA-30 en Mugartea; nuevo enlace y acceso norte desde la PA-30 en Olaz, así como la mejora de la rotonda de Erripagaña y de la rotonda de Olaz y vial de servicio en la PA-30, algunas de ellas ya previstas por el Gobierno de Navarra.

En cuanto a las infraestructuras viarias, el nuevo entramado urbano proyecta la integración de itinerarios ciclables y peatonales en la ampliación del nuevo Sarriguren.

El director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo, que ha sido el encargado de presentar los detalles del plan, ha destacado que “estamos convencidos de esta propuesta y de que tiene todos los ingredientes para ser exitosa”.

Por su parte, María Chivite, que ha excusado a la alcaldesa del Valle de Egüés, quien no ha podido acudir a la presentación por otros compromisos, ha defendido la colaboración entre administraciones para dar respuesta a la demanda de vivienda, pero partiendo de “un desarrollo urbanístico compacto, sostenible y de calidad”.

En este sentido, Chivite ha destacado que el objetivo del Gobierno de Navarra es que la ampliación planteada “sea coherente con el actual Sarriguren y responda a un modelo de vida en el que vivienda, servicios y accesos estén garantizados”. Según ha recalcado, las dotaciones y conexiones viales “garantizarán un desarrollo sostenible humanamente y en términos urbanísticos, desde la lógica del continuo urbano”. Además, ha indicado que la ampliación del PSIS de Sarriguren se hará por fases, para asegurar que las dotaciones y los servicios se acompasan con las nuevas viviendas.

Esta ampliación avanzará de manera paralela a la mejora de las conexiones de movilidad, que “permitirán fluidez y accesibilidad no solo al nuevo desarrollo, sino al conjunto de Sarriguren”, también a los actuales residentes. La presidenta ha manifestado que la ampliación del PSIS de Sarriguren forma parte de un proyecto de planificación comarcal que “permitirá alcanzar un número de viviendas de en torno a 27.000”.

Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial ha defendido el avance del PSIS para la ampliación de Sarriguren como “un proyecto sólido y ambicioso”, que considera que “es consecuencia del trabajo y estudios realizados durante dos años para recoger las necesidades de la población actual, de la población futura, así como cuestiones trasladadas a la Dirección General de Ordenación del Territorio por varios grupos municipales del Ayuntamiento”.

Óscar Chivite ha enfatizado el compromiso del departamento con el desarrollo “equitativo” de Sarriguren, ya que debe avanzar de manera paralela en los estudios para “impulsar dotaciones y nuevos accesos que descongestionen y aporten soluciones a los problemas de tráfico actuales”. “Nuestra meta es que la aprobación inicial del proyecto sea antes de que termine la legislatura para cumplir con el objetivo final, la construcción de viviendas asequibles que respondan a las necesidades actuales y futuras”, ha puntualizado.

“La historia de nuestra familia es como la de muchas otras de nuestro país”, ha comenzado su intervención Fernando Zamora, sobrino nieto de Jesús Esteban, fusilado y enterrado en una fosa común tras intentar fugarse del Fuerte de San Cristóbal en mayo de 1938, al igual que Gerardo Gómez Lorenzo, preso fugado y capturado en la misma huida. Ambos han estado perdidos 88 años, 3 meses y 23 días. En total 32.257 jornadas que han estado sepultados sin nombre, “historia” y “dignidad”. Zamora asegura que encontrar los restos de los fusilados no solo alivia a la familia, sino que “es más bien que los huesos, que cada resto, tengan su nombre”. “Es importante también para ellos mismos y por la dignidad humana [de quién fue asesinado]”, expresa.

En un acto celebrado este lunes en el recién inaugurado ‘Rozalejo, Espacio de Memoria y Convivencia’ del casco antiguo de la capital navarra, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha entregado a sus familiares los restos de Jesús Esteban Muñoz y de Gerardo Gómez Lorenzo, identificados por el banco de ADN del Ejecutivo foral, tras las exhumaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018 en las fosas de Urtasun y de Leranotz respectivamente. Un nutrido grupo de familiares de ambos represaliados, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia, representantes institucionales, asociaciones memorialistas, parte del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Nasertic y del Instituto Navarro de la Memoria han participado en el acto.

“Esperamos y deseamos que este hecho [la entrega de los restos a sus familiares], contribuya a cerrar ese círculo que nunca se tuvo que abrir. Ese círculo que de forma terrible ocurrió hace 80 años”, ha declarado en su intervención la consejera Ana Ollo, que a su vez ha querido trasmitir a los asistentes la contribución de esta entrega “a la esperanza de cientos de familias que todavía no han encontrado a sus familiares asesinados”.

“Mi madre siempre hablaba de Gerardo porque era de su edad. Se le venían las lágrimas a los ojos porque eran como hermanos. Vivían en la misma finca de sus abuelos a 50 metros el uno del otro”, cuenta Julio Suárez, hijo de la prima de Gerardo Gómez Lorenzo. Frente a los asistentes, ha recordado que “era un niño” de tan solo unos cuatro o cinco años cuando los militares aparecieron en la casa familiar y preguntaron por el primo de su madre. “Su casa ya tenía cocina” y en ella había “una manilla dorada”. “Y yo me acuerdo de estar agarrado ahí mientras se marchaban los agentes”, narra Suárez. Años después, supo que su tío Gerardo intentó escapar “cuando fueron a buscarlo” y finalmente “fue apresado”. A partir de entonces “no supieron nada más de él”. “Ni mi madre, ni mi abuela, ni las primas de Buenos Aires. No supieron ni si estaba muerto o ni si estaba vivo”, describe.

La madre de Suárez murió sin saber qué le ocurrió a su primo, apresado con 18 años. El joven carpintero, natural y vecino de Bergondo (A Coruña) ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fecha de la fuga, 22 de mayo de 1938. Su cuerpo fue exhumado 80 años después de este intento de huida. “Lo enterraron con su pipa y el anillo, que llevaba sus iniciales”, describe Suárez.

Jesús Esteban Muñoz, nació el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y era vecino de Portillo (Valladolid). Para Maite Méndez, hija de la sobrina de este, la entrega de sus restos supone “recobrar la historia” de su familia. “Nuestro tío abuelo estaba en el limbo, no sabíamos nada de él. Sabíamos que había participado en la fuga, pero nunca supimos más”, afirma. Su madre, que ahora tiene 99 años y hubiera querido haber asistido, porque a pesar de la edad “la cabeza la tiene muy lúcida” y, sobre todo, “para esta memoria, siempre se acordó de su tío Jesús”. Fue ella, de hecho, quien aportó la mayoría de información sobre el segoviano al saber que había participado en la huida, hecho que conocía por “otros presos que no participaron en la fuga” y que vivían cerca de los abuelos de Méndez, explica ella misma.

“Para mi madre ha sido muy emocionante”, explica Méndez. Tras las investigaciones, se supo que Jesús Esteban formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio.

“Esas familias que durante muchos años han visto su círculo maldito abierto y hace décadas que no se les ha cerrado, es el momento de darles protagonismo”, ha reivindicado la consejera Ollo. “Reconoceros esa trasmisión de la memoria que ha conseguido que muchos años después estéis aquí, con la intención de reivindicar a vuestros familiares. Porque no eran personas que murieron por nada, por no haber hecho nada. Habían luchado por una sociedad más justa, más libre, más social y con más derechos para todas y todos. Y los mataron por eso”.

Con los de Jesús Esteban y Gerardo Gómez son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Según el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas. Desde el Instituto Navarro de la Memoria recuerdan que las familias de personas desaparecidas tras el golpe de estado militar de 1936 pueden contactar con el banco público de ADN a través del correo “para que se pueda continuar con nuevas identificaciones y restitución de cuerpos a sus familias, así como con la localización de emplazamientos donde puedan encontrarse nuevas fosas”.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

Ida es hija de Sielva e Iraia. Ondallu lo es de Cáseda y Alfonsita. Ambos pollos, hembra y macho respectivamente, nacieron en abril fruto “del esfuerzo de recuperación de una especie en peligro de extinción en Navarra”, tal y como expresan desde el Gobierno foral. Un trabajo que también se realizó con los padres de ambos desde al menos 2015. Los crías, que han comenzado a volar junto a sus progenitores a modo de “entrenamiento”, fueron marcadas para poder realizarles el seguimiento antes de que inicien su viaje hacia el sur y en el que, si todo va bien, volverán.

Las dos jóvenes águilas de Bonelli silvestres nacidas en primavera, un hito al considerarse una especie en peligro de extinción según el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, surcan estos días los cielos de Leire-Arbaiun (Sierra de Leire y Foz de Arbaiun) y Kaparreta (Gallipienzo). Un aprendizaje que realizan con sus padres a pocas semanas de iniciar “su periodo de dispersión, típico en estas aves”, fuera de la Comunidad Foral. Su retorno “es una expectativa”, ya que es frecuente que estas aves “vuelvan al lugar donde nacieron para reproducirse”. Una circunstancia que acercaría a esta especie a la “recuperación” y evitaría “la pérdida la biodiversidad”, implicaría la mejora del “control biológico de fauna y, en definitiva”, supondría una prueba de “la resiliencia de su entorno”, reflejan desde el Departamento de Medio Ambiente.

La conservación y reproducción de las águilas de Bonelli ha sido posible “por iniciativa de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, apoyada en dos programas LIFE con fondos europeos, diversas medidas de restauración de su hábitat, y la cooperación de gran número de personas y entidades, incluyendo los ayuntamientos de Cáseda y Lumbier”. Una actuación que constata que “la estrategia de recuperación puede funcionar”, afirman en el comunicado del Ejecutivo.

En esta ocasión, “los territorios con nuevos pollos han sido vigilados con especial preocupación por especialistas en biología de la Dirección General de Medio Ambiente y Basozainak ”, explican, puesto que Sielva, padre de Ida (un macho reintroducido en 2015), colisionó en la fase inicial de la crianza del pollo contra un tendido que le rompió el ala. Los nidos han sido vigilados con cámaras de fototrampeo y visitas continuas, además de la comprobación in situ por parte de los técnicos para supervisar a las crías. A las aves se les ha hecho un seguimietno veterinario estricto, además de llevar un “GPS de recarga solar” para “obtener su ubicación diaria, geolocalizar sus movimientos para estudiar su comportamiento y comprobar si vuelve para quedarse en la zona donde nació”.

Aunque son habituales los enfrentamientos entre los ejemplares por motivos territoriales o de apareamiento, “lo que a veces les produce graves lesiones o la muerte”, lo cierto es que la mayor amenaza para su superviviencia son los tendidos eléctricos, causantes del 50% de las muertes de las águilas. “De hecho, un tendido en Ciudad Real (Castilla la Mancha) fue, en enero de 2025, la causa de la muerte de Urri, la primera águila de Bonelli silvestre nacida en Navarra en 20 años, que hizo su primer vuelo en 2024”, explican desde el Gobierno navarro.

Bajo esta amenaza constante, las actuaciones “en relación a tendidos eléctricos se vienen realizando ininterrumpidamente desde 1989”, aplicándose recubrimientos aislantes, cadenas de aisladores suspendidos o distancias entre elementos de las estructuras. Según el Departamento de Medio Ambiente, en diez años se han corregido en Navarra unos 9.000 apoyos y, en la actualidad, un total de 16.370 tendidos ubicados en las zonas de protección (el 60,47%) han sido modificados.

“El trabajo de Navarra con el águila de Bonelli ha sido intenso y sus efectos se han extendido más allá de la especie de muy diversas formas. Ha tenido su reflejo en otras especies, por ejemplo, ya que ha permitido disminuir la mortandad de aves en tendidos eléctricos o las muertes por ahogamiento en balsas tras la instalación de plataformas flotantes. Asimismo, ha incidido en los sistemas agrícolas, ganaderos y en la gestión de la caza, ya que se ha favorecido la recuperación de usos y espacios tradicionales en los territorios de la especie, especialmente en las tierras de cultivo conocidas como 'en mosaico'”, concluyen.

EH Bildu ha denunciado este viernes la aparición “aparentemente coordinada” durante la pasada noche de “pintadas y amenazas de carácter fascista” en diferentes localidades de Navarra, concretamente en Lekunberri, Irurtzun y Leitza, y en el barrio pamplonés de Mendillorri.

En una nota, la formación de izquierda abertzale describe que “las pintadas son prácticamente idénticas y en todas ellas se repiten los mismos símbolos y amenazas de carácter nazi”.

A su juicio, “estos episodios se enmarcan en un contexto más amplio de auge de los discursos de odio y de la extrema derecha”, aunque esta se encontrará a “un pueblo profundamente antifascista” que estará “en primera línea de la lucha por la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia”, exponían desde EH Bildu.

El Gobierno de Navarra ha aprobado en una sesión extraordinaria celebrada este viernes el techo de gasto no financiero para los presupuestos del 2027, que se incrementará un 8,4% respecto al presupuesto aprobado para este año. El Ejecutivo ha previsto de cara a 2027 un gasto máximo de 6.850,6 millones de euros, lo que en términos absolutos supone un incremento de 531,9 millones de euros con respecto al pasado año. 

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha asegurado que “la evolución sigue siendo al alza” y que por ello un año más los presupuestos serán “expansivos”. “Se trata de la cifra prevista de ese techo de gasto no financiero”, ha explicado Arasti, “descontado lo previsto para la aportación al Estado, que asciende a 996,1 millones de euros; y para el Fondo de Haciendas Locales, que supone 360,6 millones. Sin esos montantes, queda una cantidad para el reparto por departamentos que alcanza los 5.493,9 millones”.

El consejero ha adelantado que todas las áreas de gobierno verán incrementada su capacidad presupuestaria. Es el caso de departamentos como el de Salud que, con un aumento del 10%, cubrirá las necesidades que el propio departamento ha requerido.

Los departamentos de Derechos Sociales y de Interior, por ejemplo, contarán con un 16,6% y del 17% más respectivamente. “Este aumento se plasmará en cuestiones como el nuevo convenio de Dependencia, que permitirá la subida salarial del personal de las residencias en Navarra y la concertación de nuevas plazas, o en la asunción en exclusiva y durante el año completo de la competencia de tráfico”, destacan desde el Ejecutivo foral.

Destaca, en esta ocasión, una circunstancia que marca diferencias con los anteriores procesos de elaboración del techo de gasto, y es el fin de la ejecución de los fondos MRR. En este sentido, el Gobierno realiza“ un mayor esfuerzo” para dotar de presupuesto a departamentos que hasta ahora se han visto beneficiados por estos fondos, en áreas como la innovación y la transformación digital, la cultura y el turismo, la vivienda o la industria.

El consejero Arasti ha puesto en valor la buena marcha de la economía foral y la gestión prudente y responsable de recursos, que ha permitido alcanzar una cifra de límite de gasto que crece con respecto al año anterior.

El establecimiento del techo de gasto máximo es el pistoletazo de salida del proceso para elaborar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de Navarra para 2027. El próximo lunes se aprobará y remitirá a los departamentos la Orden Foral con el reparto del techo de gasto y las directrices económicas y técnicas para su elaboración y, según las previsiones del Ejecutivo, su presentación en el Parlamento de Navarra para debate tendrá lugar antes del día 1 de noviembre.

El titular de la Fiscalía superior navarra, Jaime Goyena, alerta en la memoria de 2025 de la institución que en el último año se ha detectado una “cierta masificación” de reclusos en el centro penitenciario de Pamplona, que han pasado de los 406 de 2024 a los 457. La cárcel de la capital navarra tiene una capacidad total de 1.008 plazas, pero el ministerio fiscal apunta que en la actualidad solo se encuentran ocupados cuatro de los diez módulos disponibles. Los sindicatos añaden que se debe a una falta de personal funcionario.

Según los datos de la Fiscalía recogidos en su memoria, la cárcel de Pamplona en 2025 solo tenía ocupados cuatro módulos con capacidad para 144 internos (uno de mujeres), así como la enfermería, y el departamento de ingresos. “La convivencia en algún módulo empieza a resentirse”, sostiene el fiscal general, que indica que los módulos 3 y 4, los dedicados a los presos preventivos y penados principalmente, se encuentran masificados con 130 y 127 internos respectivamente, mientras que el módulo 2 asegura que está “saturado”.

“Aunque la capacidad de estos módulos es de 144 internos, dos por celda, la experiencia demuestra que, en los módulos con más de 100 internos, el mantenimiento del buen orden regimental resulta más complejo, debido a la tensión diaria que surge de la competencia entre los internos por el acceso a servicios como el disfrute del gimnasio, reparto de alimentos, y la asignación de celdas con internos afines”, apunta.

Añade además que no está “en las previsiones de la Secretaria General de Instituciones penitenciarias la apertura de módulos nuevos” ante la escasez de funcionarios, que lamenta “se da incluso respecto de la población reclusa ya existente.

Desde el sindicato ACAIP señalan que la falta de personal funcionario se extiende al resto de España porque no se están pudiendo cubrir todas las bajas por jubilaciones que se están registrando. Añaden que en próximas fechas se celebrará una OPE con la que se cubrirán más de mil plazas en todo el país, pero que todavía no serán suficientes. “La ganancia neta está siendo muy baja”, apunta Joaquín Leyva, portavoz de este sindicato.

Más señalamientos que fiscales

En la misma memoria, de 82 páginas, la Fiscalía también refleja que “uno de los mayores problemas” a los que se enfrenta en el día a día “es el elevado número de señalamientos de vistas y juicios” en los que el órgano estatal tiene que intervenir. “En ocasiones, es mayor el número de señalamientos que el de Fiscales disponibles”, se queja el fiscal general en el documento, y apunta sobre todo a los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona en los que se celebran “numerosos señalamientos para un único juicio o una vista” del Fiscal, “en lugar de concentrar todos esos señalamientos en una única jornada”. Este funcionamiento deriva en que, si “el primer juicio ha durado más de lo previsto”, el Fiscal llegue con “retraso” a segunda vista si esta se celebra en otro juzgado.

“Esta situación no solo acarrea una deficiente gestión de recursos humanos, sino que, además, contraviene lo dispuesto en el artículo 182.4.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil” y el “Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial”, expresan.

Preocupación por el aumento de denuncias a menores de edad

El fiscal general, Jaime Goyena, también muestra su preocupación por el aumento de denuncias a menores. “En las denuncias tramitadas como Diligencias Preliminares aparecen como denunciados un total de 1.108 menores de edad” en 2025, refleja la Fiscalía navarra, alertando del “elevado número de denuncias penales que se han tramitado durante este año, incrementándose prácticamente en todos los tipos de delitos (salvo en los delitos contra el orden público)”. “Es preocupante”, califican.

En especial, ponen el foco en “las denuncias por delito de acoso escolar, en particular a través de redes sociales”, que además de incrementarse es frecuente que los perpetren “ menores de 14 años, que son inimputables”.

En este apartado, también plasman como “creciente” los delitos contra la seguridad vial por parte de menores, “la mayor parte de las veces por conducir vehículos a motor o ciclomotores careciendo del preceptivo permiso de conducir”. Además, este delito suele cometerse “en concurso con otros delitos”, y plasma de ejemplo el caso de un menor que “condujo el automóvil que acababa de sustraer a un familiar, a la espeluznante velocidad de 231 km/hora, con el añadido de que, una vez interceptado por los agentes policiales, el menor se dio a la fuga”.

Petición de reforma del delito de hurto cuando es un móvil

Para concluir, en las “propuestas de reformas legislativas” el Ministerio Fiscal insta a modificar el artículo 234, que regula la “sanción prevista para el hurto (prisión de 6 a 18 meses, en su modalidad básica)”, puesto que “en numerosas ocasiones, ese hurto tiene por objeto el teléfono móvil”. En este sentido, han considerado que al perjuicio de “la pérdida patrimonial”, base en la que se apoya la calificación (que incluso califica como delito leve si el teléfono tiene un valor inferior a 400 euros), se le suma la extracción de un dispositivo “que ha terminado por convertirse en la auténtica piedra angular de la identidad digital de la persona”.

“Dicho dispositivo almacena información muy sensible, como son los datos de Identificación Personal (números de teléfono, correos electrónicos y documentos de identidad digitales), Datos financieros, Datos biométricos y de salud (huellas dactilares, reconocimiento facial, registros de actividad física o salud personal), Geolocalización (rastreo en tiempo real mediante señales de GPS y antenas de telefonía, que permiten reconstruir historiales de movimiento), así como Comunicaciones y Archivos (mensajes de texto, imágenes, vídeos e historiales de navegación)”, describe la Fiscalía para justificar “la gravedad del perjuicio” que supone la “sustracción de un teléfono”.

Por ello, “se propone como reforma legislativa” dicho artículo del Código Penal, “en el sentido de que el hurto de un teléfono móvil o un dispositivo electrónico semejante (tableta, ordenador personal, etc.) tenga siempre la consideración de delito menos grave, con independencia del valor material del dispositivo hurtado”.

Los delitos cae un 5%

En cuanto a las cifras, en la memoria se recoge que en 2025 los delitos penales “se incoaron un total de 31.381 Diligencias Previas” (inicio de investigaciones) lo que supone un 5% menos que en 2024, cuando se registraron 33.029. De esas diligencias, “incoaron un total de 2.749 Procedimientos Abreviados”, que causa avanza hacia la acusación y, eventualmente, el juicio. “Lo que supone un incremento de 8,1% respecto de los 2.544 incoados en 2024”.

Algunos de los datos desglosados que llaman la atención en la “evolución de la criminalidad” son los homicidios, registrándose un 125% más (9 respecto a 4 del 2024). Los procedimientos por “delitos contra la libertad sexual” han aumentado un 4,6%, un incremento que “contrasta con la importante disminución en el número de violaciones (agresión sexual con penetración vaginal, anal o bucal) pues de las 73 del año 2024 se ha pasado a las 31 de 2025 (-57,5%)”, refleja el Ministerio Fiscal navarro en la memoria. “Por el contrario, respecto de las agresiones sexuales cometidas sobre menores de 16 años, estas han pasado de las 88 del año 2024, a las 110 del año 2025 (+20%)”.

Respecto los “delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público”, que han aumentado un 21,1% en 2025 respecto al año anterior. Desglosado, se reflejan dos delitos por tortura (frente a los 7 de 2024) y 5 por delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público, un 400% más respecto al único registrado el año anterior.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha avanzado este jueves que la comunidad foral acogerá a cinco niñas migrantes procedentes de Ceuta que ya están “a punto de llegar”. Ha destacado que su Ejecutivo ayuda a la ciudad autónoma “con hechos y soluciones” y ha pedido al resto de administraciones que también lo hagan.

Sin embargo, desdel el Gobierno central explican que este traslado es fruto de la oferta del ejecutivo de Chivite en la conferencia sectorial de agosto, pero se trata de una negociación bilateral entre Navarra y Ceuta, sin intervención del Ministerio. Este movimiento no implica el desbloqueo del traslado del resto de menores que se encuentran en la ciudad autónoma.

Chivite, que ha contestado en el pleno del Parlamento foral varias preguntas sobre este tema formuladas por parte de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, ha advertido del “auge de un discurso radical antiinmigración, que están comprando formaciones que, por miedo electoral, pretenden competir con propuestas que obvian las leyes internacionales, los derechos humanos y que se basan en el miedo”. “El mundo camina aceleradamente hacia el individualismo y esos son los pilares sobre los que crece el autoritarismo”, ha afirmado.

La presidenta ha destacado que su Gobierno “estará siempre con la ley y los derechos humanos” y, en el caso de los menores migrantes, ha dicho que “todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, para que tengan futuro, no cabe” en su manera “de entender la política” y ha criticado que el PP “prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, incumplir con sus obligaciones legales”.

María Chivite ha defendido que “solo cooperando con lealtad, con el cumplimiento de la ley, con valores democráticos, podremos superar esta ola peligrosa que crea miedos para justificar la deshumanización y el recorte de derechos”. Así, ha destacado que su Ejecutivo ayuda a Ceuta “no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades y de nuestras competencias”.

La presidenta navarra, sin embargo, ha reconocido que el Gobierno central debió “ser más ágil y tener una respuesta más inmediata”. “Pero no comparto que la respuesta” sea la “reemigración”, ha añadido para criticar que UPN acudiera a la concentración convocada por el colectivo ultra Movimiento Cívico del Pueblo en la que se desplegó una pancarta con ese lema. “Dejen de sujetarle la puerta a la ultraderecha porque, además, les va a acabar comiendo electoralmente”, le ha reprochado al portavoz regionalista, Javier Esparza.

La segunda fase de los trabajos de excavación e investigación arqueológica en el entorno de la ronda del Obispo Barbazán, parte trasera de la Catedral de Pamplona y espacio colindante al lugar donde se halló el año pasado la 'puerta de los Canónigos', ha comenzado esta semana con el objetivo de “ahondar en la investigación y el conocimiento de los orígenes de la ciudad y sus fortificaciones”. Los trabajos pretenden analizar con mayor detalle los niveles inferiores del sustrato, además de desvelar nuevos hallazgos que permitan “musealizar” la zona “al aire libre”, según ha declarado el responsable de la excavación Iñaki Sagredo.

“Los trabajos han comenzado esta semana con el desmonte de piedras y continuarán durante la próxima semana”, ha explicado Maider Beloki, concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona. En los trabajos se reabrirá el sector donde se halló la 'puerta de los Canónigos' durante la primera intervención en septiembre de 2025 para analizar con mayor detalle los niveles de sustrato y se realizarán nuevas labores de topografía y fotogrametría en la zona. Además, según ha afirmado el Consistorio, “dentro del conjunto se instalará un laboratorio de registro arqueológico y de gestión del material que se pueda encontrar, que permitirá analizar los hallazgos a la vez que continúan los trabajos de excavación”.

Durante la intervención, el responsable de la excavación cree que “sin duda” se van a encontrar hallazgos nuevos y relevantes. “Nos va a reportar bastantes sorpresas y bastantes cosas, entre ellas una ventana gótica que está oculta por el terreno”, ha adelantado Sagredo. Elementos que el arqueólogo tiene “esperanza” de su relevancia para que en un “futuro no lejano se pueda musealizar la zona en un espacio abierto” y aportar al patrimonio medieval de Pamplona, que ha considerado escaso.

“Este proyecto es de especial importancia” para Pamplona porque permite desvelar “una parte de la historia que durante siglos permaneció oculta debajo de la tierra”, ha trasmitido Beloki. “No solo hablamos de confirmar la existencia de una puerta o estudiar una estructura de defensa, sino de continuar investigando diferentes etapas de la historia y cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo”. Entre las actuaciones, se intervendrá la parte donde actualmente se puede observar un arco ciego junto a la torre Barbazana para estudiar los usos que ha tenido este enclave a lo largo de los siglos. Tanto las reformas de la catedral, y sus inmediaciones, como los baluartes defensivos desde el siglo XVI. “Una vez analizados, la zona se volverá a cubrir con el material retirado”, aseguran desde el Consistorio.

“Desde el Ayuntamiento queremos apostar por la historia, la memoria y por nuestra identidad”, ha declarado Beloki, y añade que parte del proyecto también es que “la ciudadanía conozca lo que estamos hace”, por lo que se han planteado distintas actividades encaminadas a dar a conocer los trabajos a la ciudadanía, como la habilitación de zonas de observación segura, que permitirán seguir el proceso, y la organización de visitas guiadas. “Asimismo, también está previsto presentar las conclusiones a estos trabajos de los hallazgos en una exposición y en una jornada pública que tendrá lugares el 26 de octubre a las siete en Civivox Condestable”, ha adelantado la concejala de Cultura.

Los trabajos ahora anunciados vienen a completar los desarrollados en el septiembre de 2025, en una primera fase de esta labor investigadora. Hace un año, se llevaron a cabo trabajos arqueológicos en un espacio de 25 metros cuadrados junto a la torre Barbazana, descubriéndose la 'puerta de los Canónigos' en la antigua muralla medieval de la ciudad de la Navarrería.

Fue un hallazgo de especial relevancia, puesto que no existía información sobre su existencia. La puerta, de unas dimensiones peculiares, apareció tapiada, cerca de la capilla Barbazana. Tenía 1,3 metros de ancho y tres metros de altura, con un dintel formado con un arco escarzano y, junto a ella, se hallaron también restos de cerámica romana. Los materiales y la presencia de un estrato ennegrecido, remiten a los especialistas al siglo III d.C.

La hipótesis que manejan es que ese estrato se corresponde con un incendio importante cuyos efectos ya se apreciaron en las sucesivas campañas de excavaciones en la catedral. Una vez analizada, se volvió a tapar por criterios de conservación del elemento descubierto.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha avalado el reglamento general de los juegos y apuestas impulsado por el Gobierno de Navarra para prevenir la ludopatía de los colectivos vulnerables, como jóvenes y aquellas personas inscritas en Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Navarra, prohibiendo su entrada a los locales. La sentencia, por tanto, desestima el recurso presentado por la patronal navarra de los salones de juego, que se oponía a estas medidas de control.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, este reglamento fue aprobado en febrero de 2025 y se apoyaba en dos ejes principales. “Por un lado, la protección de los menores y de los colectivos vulnerables para tratar de reducir los riesgos de adicción y ludopatías. Por otro, el establecimiento de medidas que redujeran los riesgos de adicción y exposición, disminuyendo la flexibilidad y actuando sobre los factores de protección desde la educación y la sensibilización social”, ha explicado.

Tal y como explicó el Gobierno de Navarra a finales de enero de este año, entre las medidas se estipula que los locales deberán disponer de un sistema informático, al que tenga acceso el Gobierno navarro, que compruebe la mayoría de edad y si el usuario está incluido en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Navarra. Establece que los servicios de admisión y control deben colocarse junto a las puertas de acceso, de forma que nadie pueda entrar al local sin pasar obligatoriamente por ese control. Además, antes de permitir la entrada, el personal de admisión (o el sistema de identificación correspondiente) debe identificar a todas las personas que quieran acceder mediante DNI, NIE, pasaporte o un documento equivalente. De forma que nadie pueda acceder al interior sin previo registro.

Ahora, el TSJN ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su momento contra esta norma por la Asociación Navarra de Empresarios de Salones de Juego. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior navarro considera que el Gobierno foral, al elaborar y aprobar este reglamento, “tuvo en cuenta de forma principal el aspecto de salud pública del juego en relación a la protección de los colectivos más vulnerables, como jóvenes, así como la protección del orden público”, según ha señalado Javier Remírez.

El portavoz del Gobierno ha explicado que la Sala “abunda en sus conclusiones que la Administración primó los criterios de salud y orden públicos, quedando así justificada la existencia de razones imperiosas de interés general y la proporcionalidad de las medidas contenidas en los artículos objetos del recurso”. “Por tanto, valoramos muy positivamente que la justicia haya reconocido el compromiso ético de este Gobierno con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y, en este caso, en el ámbito del juego y las apuestas”, ha señalado.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de Navarra, han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno de Chivite tras el último revés jurídico sobre el abono del sobrecoste de 8,3 millones de euros que acumulan los trabajos. Los servicios jurídicos del Gobierno navarro han rechazado el pago de ese sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. Se trata del mismo sobrecoste que ya generó una crisis entre los socios en noviembre del año pasado después de que la Intervención General tumbase el modificado del contrato al considerar que carecía de justificación.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios del PSN en el Ejecutivo foral, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su malestar por el futuro incierto de las obras y han reclamado a la presidenta Chivite más explicaciones sobre el pago del sobrecoste.

“Lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa”, ha explicado Geroa Bai en una nota de prensa. “La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora”, ha añadido la coalición de Socialverdes y el PNV.

“Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno”, ha reprochado. En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando “desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes” que cualquier actuación relacionada con las obras “debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra”.

Desde Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, IU y Batzarre, han considerado “inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra”, ha expuesto. Ha advertido además de que no aceptarán “ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra”. “Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más”, ha opinado.

Por último, EH Bildu, socio externo del Gobierno de Chivite, ha reconocido su “preocupación” por el informe de los servicios jurídicos a raíz del sobrecoste, si bien no ha querido hacer más valoraciones hasta no tener más explicaciones de Chivite, a quien han solicitado una reunión. “Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación”, han expuesto en un comunicado.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

La obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de navarra, ha sufrido un nuevo revés jurídico en las últimas horas. La asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ha tumbado el pago de 8,3 millones de euros de sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Se trata del segundo varapalo jurídico que recibe esta obra a causa de un sobrecoste de 8,3 millones de euros que inicialmente se incluyeron en un modificado que el Departamento de Obras Públicas avaló. Pero en noviembre de 2025, la Intervención del Gobierno foral lo tumbó a través de un informe en el que consideró que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Así, en estos momentos la actividad en el túnel es muy escasa y todavía no se está trabajando en el avance y destroza, una vez en junio se unieron las dos bocas del nuevo túnel. “Todos los escenarios están abiertos”, ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez. “No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine”, ha añadido.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado que ahora se deberá estudiar con Acciona y Osés la situación “contractual y económica” del contrato de obra. “Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora, aunque ningún escenario está descartado, porque dependerá de las próximas reuniones y decisiones que debemos tener en el seno del Gobierno y teniendo en cuenta también la posición y el diálogo con la UTE”, ha apostillado.

Por el momento desde el Gobierno navarro no se atreven a dar plazos para que se retomen los trabajos, aunque insisten en que trabajarán para que sea lo antes posible. Sobre el pago del sobrecoste, seguirán estudiando posibles fórmulas. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha abonado unos 40 millones de euros a la UTE desde que se iniciaron las obras en 2024.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado que el Departamento ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso de casación respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que obligaba a aplicar a los centros concertados las reducciones de ratios de alumnado establecidas para la enseñanza pública, según ha informado Europa Press.

En pasado mes de junio, Gimeno lamentó que el fallo que daba la razón a la patronal de la red concertada. “¿Un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas?”, planteó antes del verano.

“Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública”, declaraba. Además de que la aplicación de la sentencia supondría un “caos organizativo en el sistema educativo absolutamente ostensible”.

En respuesta a los medios de comunicación, este martes ha explicado que el recurso se debe, entre otras cuestiones, a que “si no se recurre, la sentencia hubiese adquirido firmeza, habría que haberla ejecutado y habría que haber hecho una readmisión de todo el alumnado”, ya que “cualquier persona afectada podría haber presentado un recurso”.

“Por otra parte, la sentencia argumenta que no aplicar las mismas ratios a la red vulnera el principio constitucional de igualdad. Pues yo no sé por qué en el País Vasco hay una norma que fija ratios diferentes entre la pública y la concertada, concretamente el decreto 21/2009. Eso es una cuestión que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca y no pasa nada. Nadie ha recurrido esta cuestión”, ha añadido.

“Entendiendo que no hay jurisprudencia” al respecto, ha afirmado el consejero de Educación. “A nosotros nos parece interesante que un órgano jurisdiccional único se pronuncie al respecto. Nos interesa conocer la postura del Tribunal Supremo, al margen de que no estamos de acuerdo con la sentencia, la respetamos, pero no estamos de acuerdo con el principio de igualdad”, ha manifestado, tras añadir que “no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una materia supone una infracción”.

El último informe PISA (Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés), con datos de 2025, refleja que Navarra ha sufrido un mayor desplome que la media del país en todas las materias. La caída más dura se ha registrado en lectura, donde el descalabro ha sido de 37 puntos en relación con los datos del pasado informe, del año 2022. La comunidad foral ha pasado de superar a la media española en todas las materias a hacerlo solo en Matemáticas y por apenas cinco puntos de diferencia. Se pueden ver aquí los datos generales de España.

El consejero navarro de Educación, Carlos Gimeno, ha reconocido que los datos del último informe PISA han sido “desfavorables” que ha señalado como una de las causas del descenso “más acusado” en Navarra que la comunidad foral sea la cuarta con mayor tasa de alumnado inmigrante (26,70%), con aproximadamente uno de cada cuatro alumnos. “PISA no da los motivos de los resultados, no es un estudio causal, es un estudio externo sobre tres competencias, es un estudio parcial. No es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo”, ha manifestado el consejero, tras incidir en que Navarra cuenta con una tasa de inmigración “tremendamente alta y significativa” que “nada tiene que ver” con “años pretéritos”. “No se pueden comparar churras con merinas”, ha dicho.

Navarra obtuvo en PISA 461 puntos en matemáticas, ubicándose en el nivel 2, por encima de la media de España en esta competencia (457) y prácticamente equiparada con la media de la Unión Europea y del promedio de los países de la OCDE (463 puntos). En el último informe PISA 2022, obtuvo en la competencia matemática una puntuación de 492 puntos, superior a la media española (472), al total de la UE (474) y al promedio OCDE (473).

En Ciencias, Navarra alcanzó en este informe PISA 2025 un total de 472 puntos, situándose también en el nivel 2, mientras que España obtiene una media de 477, la UE 481 y la OCDE 482. En el anterior Informe PISA 2022, Navarra obtuvo 489 puntos frente a los 485 de la media española, la UE y la OCDE.

En competencia lectora, la comunidad foral ha obtenido 441 puntos, ubicándose en el segundo nivel, frente a los 451 puntos de la media española, 459 del total UE y 461 del promedio OCDE. En el informe PISA 2022, Navarra obtuvo 478 puntos, España 474, la UE 475 y el promedio OCDE 476.

Las puntuaciones obtenidas en los cuatro territorios reflejados (Navarra, España, Promedio OCDE y Total UE) son inferiores a las de la edición anterior, observándose un descenso “más acusado” en el caso de Navarra. En el ranking, Navarra ocupa el puesto número 11 en competencia matemática, el puesto número 14 en competencia lectora, y el puesto número 13 en competencia científica.

El informe constata también que se dan peores resultados en los centros de titularidad pública. Navarra es la tercera comunidad, solo por detrás de Euskadi y Madrid, con menor porcentaje de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública (62,6%). Según los últimos resultados la brecha entre los dos tipos de centros es de 47 puntos en Ciencias, 53 en Lectura y 38 en Matemáticas.

En cuanto a las puntuaciones medias obtenidas por el alumnado nativo y el alumnado inmigrante en Navarra, en PISA 2025 el informe constata “una diferencia estadísticamente significativa” entre ambos: 488 puntos para el alumnado nativo en Ciencias frente a 449 del alumnado inmigrante, 479 frente a 429 en matemáticas, y 453 frente a 427 en lectura. En este apartado, no obstante, el Informe “constata una importante diferencia” de resultados de puntuación entre el alumnado inmigrante de primera generación (tanto el estudiante como sus progenitores han nacido en un país distinto al de la prueba) y el de segunda generación (el estudiante ha nacido en el país donde se realiza la evaluación, pero sus progenitores han nacido en otro país.

En este aspecto, el alumnado de segunda generación “obtiene unas puntuaciones notoriamente mejores y mucho más cercanas al resultado del alumnado nativo”. Así, en Ciencias, el alumnado inmigrante de segunda generación obtiene 459,3 puntos frente a los 435,3 del inmigrante de segunda generación. En matemáticas, los estudiantes inmigrantes de segunda generación obtienen 441 puntos frente a 412,7 de los de primera generación, y en lectura, 438,8 frente a 410,9.

Finalmente, el Informe PISA 2025 analiza los resultados en función del género del alumnado. Así, las alumnas obtienen 477 puntos en Ciencias frente a 469 los alumnos. En Matemáticas, en cambio, los alumnos obtienen mejor puntuación (466 frente a 457 de las alumnas) y en Lectura las alumnas vuelven a registrar resultados bastante mejores que sus compañeros (457 puntos frente a 425).

Con respecto a PISA 2022, los alumnos pierden la ventaja que tenían de 8 puntos en ciencias; en Matemáticas las alumnas se acercan al rendimiento medio de sus compañeros reduciendo de 143 a 9 puntos la diferencia de los chicos; y en lectura crece la diferencia a favor de las alumnas, que pasan a obtener 32 puntos más frente a los 24 que separaron en PISA 2022 a ambos grupos.

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido este martes a un hombre de nacionalidad española como principal sospechoso del supuesto asesinato de un varón francés con el que compartía piso y cuyo cuerpo fue hallado descuartizado la tarde del 4 de agosto en el pantano de Yesa.

La investigación se inició el mismo 4 de agosto por parte de la Guardia Civil en Zaragoza, y días más tarde, la Policía Foral recibió una denuncia de desaparición de un varón. La coordinación en las investigaciones de ambos cuerpos permitió la conexión entre la denuncia de desaparición y los restos humanos hallados en Yesa, según ha informado la Guardia Civil y la Policía Foral en una nota.

Las investigaciones continuaron con una entrada y registro el pasado 8 de agosto en el domicilio de la víctima, en el barrio de La Milagrosa de Pamplona, lugar en el que compartía vivienda con otro varón.

La investigación ha sido dirigida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), que mantiene el secreto de las actuaciones.

El PP de Navarra exigirá a UPN la presencia de sus siglas en una hipotética coalición electoral en Navarra. Así lo ha confirmado la parlamentaria Irene Royo, si bien ha avanzado que desconoce si se está en conversaciones con el partido regionalista para reeditar la alianza electoral después de que en 2023 ambas formaciones decidiesen acudir a las urnas por separado. Desde UPN, por su parte, han señalado que todavía no están en “ese análisis”.

A falta de ocho meses para las elecciones forales y municipales, UPN y PP todavía no han decidido si reeditarán la coalición electoral con la que concurrieron a los comicios de 2019, en aquella ocasión también con Ciudadanos. Por el momento, el PP ya avanza que, a diferencia de aquella vez, quiere que sus siglas estén presentes en el nombre de la coalición y descartan, por tanto, una fórmula como la de Navarra Suma, marca elegida para aquellos comicios.

Según la parlamentaria del PP en la comunidad foral Irene Royo, las siglas del PP aportan “valor” a una hipotética suma de los partidos de derecha y ha asegurado que su formación no renunciará a su presencia. Del otro lado, UPN insisten en que todavía no están estudiando la posibilidad de una alianza electoral.

UPN y PP se han presentado juntos a las elecciones en multitud de ocasiones, la última en 2019 bajo la marca Navarra Suma. Con esa alianza, a la que también se unió Ciudadanos, pretendían devolver a la derecha al Palacio de Navarra tras la presidencia de Uxue Barkos (Geroa Bai). Pero no lograron la ansiada mayoría absoluta y resultó investida la socialista María Chivite. Durante esa legislatura se consumó la ruptura total entre las dos formaciones tras el episodio de la votación de la reforma laboral. Los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral que UPN se había comprometido a apoyar. Los dos diputados fueron expulsados del partido y dieron el salto al PP, lo que desde UPN se sintió como una traición de quienes eran sus socios.

Así, en 2023 dieron por amortizada la alianza y se presentaron en solitario a los comicios. Ahora, en busca de una nueva mayoría, explorarán una posible nueva alianza.

Joseba Asiron optará a continuar al frente del Ayuntamiento de Pamplona en las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. El actual alcalde de la capital navarra ha sido designado como candidato de EH Bildu por la secretaría de Pamplona. Asiron tratará así de revalidar la alcaldía a la que llegó hace cuatro años tras una moción de censura a UPN.

“Atendiendo a su trayectoria profesional, dedicación y al trabajo que viene realizando desde hace más de una década, en opinión de la Secretaría, Joseba Asiron es el perfil más adecuado para seguir liderando el proyecto y responder a los retos de la ciudad en la próxima legislatura”, ha afirmado EH Bildu en una nota de prensa. Por su parte, el actual alcalde de Pamplona ha afirmado este lunes al mediodía que está “profundamente agradecido” por la “confianza” de su partido y que “hay un proyecto en marcha, un proceso de cambio para esta ciudad”. “Este es el principio de un proceso”, ha afirmado.

Desde la coalición abertzale aseguran que, desde la llegada de Asiron a la Alcaldía se está “transformando” Pamplona en “un referente de servicios públicos de calidad, transición ecológica y convivencia” mediante “la articulación de mayorías alternativas a la derecha y basado en la participación ciudadana”.

Ante los medios de comunicación convocados este lunes en el Ayuntamiento de Pamplona, Asiron ha declarado que todavía queda la confirmación de “la decisión” por parte “de la militancia” de EH Bildu, “que es en última instancia quien tiene la palabra”. “Por mi parte ya he manifestado la ilusión que tengo por continuar y ahora tiene que hablar la militancia, que también quiero animar a su participación”, ha concluido.

Asiron, que ya había sido primer edil de Pamplona en una etapa anterior en 2015, llegó al frente de la Alcaldía esta legislatura merced a una moción de censura pactada con el PSN para desalojar a Cristina Ibarrola, de UPN. Así, en diciembre de 2023, cuando Ibarrola apenas llevaba seis meses como alcaldesa, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin unieron sus votos para investir a Asiron como nuevo alcalde.

Durante el pasado agosto han coincidido en Navarra la grabación de al menos cuatro producciones audiovisuales de forma simultánea: Odio al Verano 2, Narcopiso, Enredados (Disney) e Iruña 1997. Los vecinos del Casco Viejo de Pamplona pudieron disfrutar durante unos días de finales de agosto de un viaje en el tiempo por la grabación de este último proyecto, aunque también expresan quejas por los gritos de los figurantes de madrugada en la zona de la Casa Consistorial. Entre junio y septiembre de este año “14 producciones han elegido localizaciones de Navarra para sus proyectos”, según trasladan desde NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio). Sin embargo, hay opiniones dentro de la industria que lo consideran un “overbooking” que deriva en la explotación de espacios habitados. Según una trabajadora navarra del sector audiovisual, “se está forzando la máquina”. “Llegan, arrasan con todo y les da igual”, declara.

En 2024 el Gobierno de Navarra se propuso “una estrategia para apoyar e impulsar la industria audiovisual”, afirman desde el mismo Gabinete Cultura, Deporte y Turismo, que, junto con el Departamento de Economía y Hacienda, aprobaron “un incentivo” para poder ser “más competitivos con respecto a otras comunidades”. “Queremos promover y consolidar a la región como un territorio de referencia y polo de atracción para la industria cinematográfica y audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional”, trasladan desde el departamento dirigido por Rebeca Esnaola.

Los planes que impulsaron desde el Ejecutivo foral se amplían más allá de “atraer rodajes”, pretendiendo poner el foco a medio plazo en poder “lograr un tejido en el sector audiovisual que complete toda la cadena de valor de la industria audiovisual, desde la educativa hasta la profesional”, explican desde Cultura. Esta actividad se prevé que genere “empleo y beneficios para la economía”, además de exportar la “Marca Navarra” al mostrar en “la gran pantalla” los “paisajes y patrimonio” de la Comunidad Foral.

Las ayudas fiscales aprobadas en enero de 2025 al sector audiovisual, con mejoras del incentivo fiscal de hasta un 50% (llegando al 85% en determinados proyectos) y que afectaron con carácter retroactivo a los proyectos que se desarrollaron desde el 1 de enero de 2024, ha generado un boom de rodajes en Navarra. Según los datos de Navarra Film Industry en 2024 y 2025 en la comunidad foral se filmaron 374 proyectos.

“Lo que hacen las productoras, muchas veces de fuera de Navarra y que [en general casi] siempre son deficitarias, es venir aquí, rodar, hacer una AIE (una agrupación de interés económico) con inversores o con productoras de Navarra, y con eso generan las deducciones que se las venden a inversores con una rentabilidad del 20%”, cuenta Ana, nombre ficticio (pues prefiere mantener el anonimato), que forma parte de uno de los proyectos que se ha estado llevando a cabo en Pamplona a finales de agosto. Este margen del 20% está expresamente contemplado en la normativa navarra que regula el incentivo.

De esta forma, las ayudas fiscales se materializan de una forma muy sencilla. La productora recibe financiación de una empresa o inversor y, a cambio, este puede beneficiarse de la deducción fiscal generada por la película. Por ejemplo, si aporta 416.000 € y obtiene una deducción de 500.000 €, logra un ahorro fiscal de 84.000 €. De este modo, la productora consigue financiación que no tiene que devolver como un préstamo y el inversor obtiene un beneficio fiscal, incentivando que las empresas destinen recursos a financiar la industria audiovisual. Porque en la práctica en vez de pagar 500.000 en impuestos, paga 416.000 a una productora, ahorrándose la diferencia.

Puesto que la ayuda fiscal en Navarra parte del 45% y puede llegar al 85% (dependiendo en el tipo de obra y determinados requisitos), Ana afirma que “al final las productoras se cocinan mucho el incentivo”, creándose lagunas e ingenierías fiscales que no se controlan en un sector en que cada proyecto tiene un coste medio, solo de producción, de alrededor de 3,1 millones de euros, según el Instituto de Gestión Cultural y Artística en España. En sus palabras, ocurre con los empleados, que figura su actividad como realizada en Navarra, “pero luego se hace fuera” y otros aspectos. “Hay proveedores que te facturan cosas [como si fueran de origen navarro] que luego son de fuera, así muchas otras”. “Nadie te hace una auditoria”, expresa. Aunque en la normativa se plasma un procedimiento bastante exhaustivo de prevalidación, postvalidación e informe de memoria a cargo, según indican desde Cultura, de “una unidad específica en la Dirección de Cultura que se dedica a ello junto con Hacienda”.

Todos estos movimientos se enmarcan en los propios requisitos económico-territoriales establecidos por el Gobierno de Navarra. Para calcular la deducción sobre toda la inversión, al menos el 40% del gasto debe realizarse en Navarra, tal y como se establece en la Guía de Incentivo de 2026 publicada por Gobierno navarro. Si no se alcanza ese porcentaje, la base de deducción se reduce proporcionalmente. Por ejemplo, en una producción de 1 millón de euros, gastar 400.000 € en Navarra permite calcular la deducción sobre el millón completo; si solo se gastan 200.000 €, la base baja a 500.000 € y la deducción general del 45 % sería de 225.000 €.

De esta forma, las productoras y sus inversoras intentan aprovechar los incentivos fiscales al máximo, incluso de otras comunidades (como País Vasco y Canarias, que también gozan de ayudas fiscales a la industria audiovisual). “Hay una serie que se ha estado grabando esta semana” ambientada en Pamplona, pero “han grabado solo los exteriores y ahora se van a Bilbao” porque la deducción fiscal “es todavía más grande”, afirma Ana, que dice saberlo por una amiga que trabaja en esa producción. En Vizcaya, si se cumplen ciertas condiciones, la deducción llega al 70%. Según dice, esa misma empresa se ha traído el servicio de catering de Madrid, por lo que en la ciudad dejan “poco en comida”, a pesar de que dentro de considerado “gasto en territorio navarro” entra el consumo en “hostelería y restauración en establecimientos navarros”.

La entrada de grandes inversiones, según Ana, hace que las productoras locales también tengan dificultades para desarrollarse. “No todos tienen el dinero de Netflix, HBO o Amazon Prime. Hay producciones mucho más pequeñas y artesanales para las que es muy difícil conseguir igualar los sueldos que pagan las grandes plataformas” causados por el aumento de la demanda, explica. “Hay técnicos que llevan trabajando seis meses, seis meses de experiencia laboral, y te dicen: 'Yo por menos de 300 euros al día no me levanto de la cama'”, afirma a partir de su experiencia.

Aparte de la burbuja que se ha creado, que considera que en algún momento “explotará”, también señala la laxitud con la que se trata a las productoras. “No es normal que se den permisos de rodaje nocturnos en la plaza del Ayuntamiento con cientos de figurantes gritando, no se ha respetado el descanso de los vecinos”, cuenta conocedora de la actividad nocturna de los enclaves del Casco Antiguo de la capital navarra. “Los cortes de peatones intermitentes tienen un permiso máximo de tres minutos habitualmente y hacían cortes de 20 minutos, que no podías acceder porque estaba balizando porque estaban tirando piedras. Han usado salas municipales que, en principio, solo son para asociaciones y, aunque han pagado bastante viruta, han entrado para producir. Se les deja todo”, añade.

“Para el cine es bueno, pero no estable”, considera la trabajadora sobre el asentamiento de las productoras en Navarra. “Ahora hay cuatro o cinco producciones a la vez y luego puede no haber trabajo. La industria del cine es inestable de por sí. Tú puedes currar de repente tres meses y levantarte 3.000 euros al mes y luego no hacer nada cinco meses”, por lo que la creación de industria no es del todo real.

Tampoco considera que se haga un fomento real de la comunidad foral a pesar de que también sea obligatorio la aparición de Navarra en los créditos, puesto que en los espacios que se graba “muchas veces falsean con que es otro sitio”. “Así que ya ves”, concluye tras un soplido.