“La inteligencia artificial no se hará democrática por decreto, pero puede serlo si hay redes de conocimiento que la orienten a la proyección de los bienes comunes, la igualdad y la dignidad humana”. Así ha inaugurado Juan María Sánchez-Prieto, director de I-COMMUNITAS UPNA, las Jornadas Internaciones IA e Investigación Social, que han dado a conocer esta semana los primeros resultados preliminares en España de Xenometer, un proyecto creado en Estados Unidos que usa la Inteligencia Artificial para detectar discursos de odio y xenofobia en internet. La herramienta, más allá de la investigación académica, tiene como uno de sus objetivos convertirse en un elemento útil “para instituciones, medios y responsables públicos que necesitan comprender y combatir este tipo de dinámicas en tiempo real”.

Las jornadas, que han abordado la inteligencia artificial no solo como una herramienta que recomiende contenido y automatice tareas, sino como un elemento clave “para detectar discursos de odio y anticipar conflictos sociales”, han reunido a expertos internacionales de Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Alemania y España para “analizar el papel de la tecnología en algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo”. “La tecnología no es neutral, pero puede convertirse en una herramienta decisiva para comprender, y transformar, la realidad social”, describen desde la Universidad Pública de Navarra.

El objetivo último del desarrollo Xenometer es “la creación de un mapa mundial, un geolocalizador, de la xenofobia en la red social X (antigua Twitter) en todo el mundo” para así “prevenir el autoadcotrinamiento y el enaltecimiento del terrorismo”, explica Leyre Lecumberri, investigadora de I-Communitas UPNA y coordinadora de Xenometer en España. Para tener ese alcance global, puesto que cada país tiene “su historia y situación”, es necesario crear “grupos de investigación en cada territorio” para que el algoritmo sepa adaptarse al “contexto cultural, la historia y las formas de referirse a las personas y a las cosas” de una población concreta. En este sentido, Sergio García-Magariño, coordinador de las jornadas, advierte que la “Inteligencia Artifical parece que resuelve todos los problemas, pero realmente es muy poco inteligente”, ya que “rompe las frases en palabras, les pone números y establece conexiones”. Por ejemplo “no captaba las sutilezas de la ironía y el humor de España”, explica. Por ello, el trabajo “manual” del equipo, que consiste en clasificar miles 'tweets' en categorías, es fundamental para “entrenar el algoritmo y que la herramienta funcione con efectividad total”.

Beth Lyon, profesora e investigadora de Cornell University (Estados Unidos) comenzó el proyecto “tras las elecciones de Donald Trump, mientras tenía una conversación con un estudiante” sobre por qué “nadie monitorea el discurso xenófobo” en redes sociales. Entonces ya se planteaba el “objetivo de crear un mapa que rastrease, en tiempo real, los cambios de los discursos [de este tipo] online”. “Básicamente, recopilamos 'tweets', llegando a etiquetar unos 7.000” de personas relevantes como políticos, periodistas, ONG e incluso instituciones. Después de los comicios, parte de su trabajo ha sido explicar cómo “Trump usaba la xenofobia para ganar votos”, un discurso que, a su juicio, sigue vigente en la actualidad. “El gobierno puede elegir, o no, si emitir discursos xenófobos, y está optando por hacerlo”. De la misma forma, en el caso contrario, “cuando los gobiernos quieren hacer intervenciones eficaces” para paliar la xenofobia e intentar mejorar la situación, “tienen muchas dificultades”, expresa Lyon. “Y de eso es de lo que trata nuestro proyecto”.

Este mismo fin y metodología se exportó a otros países, entre ellos España. “El proyecto Xenometer viene [directamente] heredado de la Universidad de Cornell”, explica Lecumberri, y “aterrizó en Pamplona en abril de 2024”. Con la misma metodología establecida por Lyon, el equipo de la UPNA descargaban mensajes de la red social X y los etiquetaban manualmente en una escala de con siete niveles (del -3 al 3, siendo el 0 el valor neutro) “para poder entrenar el modelo” de inteligencia artificial. “En primer lugar, buscábamos palabras clave” a partir de elaborar “una lista de palabras relacionadas con la inmigración”, también consideran “relevante descargar mensajes de cuentas de partidos políticos, organizaciones, asociaciones que tuvieran de España, ya que al final representan a la población” y su opinión respecto a la xenofobia y la población inmigrante. Por último, también revisaron “perfiles influyentes en la sociedad española” que no pertenecen al ámbito político o institucional, pero que, “por artículos que se publican”, los investigadores califican como figuras con “gran influencia en la población”. Un mismo 'tweet' “lo leen mínimo tres personas y lo etiquetan mínimo tres personas” para que no influya el punto de vista individual y “eliminar sesgos”.

Una de las conclusiones más importantes es que la mayoría de los mensajes son “no solo un poco negativos, sino muy negativos”, afirma Lecumberri. “Tenemos muchísimos más mensajes xenófobos que positivos hacia la inmigración”. Los datos, aparte de ser un reflejo social, puesto que esto “ya nos dice como son muchas cosas sobre la comunidad española en X”, los investigadores también se han percatado que esta descompensación genera ciertas limitaciones a nivel técnico. No tener “una muestra equilibrada” dificulta “entrenar bien” a la inteligencia artificial y que aprenda a “equilibrar las categorías”. Esta “mala distribución de los mensajes” es el reto más “significativo”, explica la investigadora de la UPNA.

También intervinieron Piedad Lucía Barreto, investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia y Karla P. Ramos, procedente de UCA de El Salvador, para mostrar los resultados de Xenometer en sus respectivos países. “¿Qué hace que un país no sea xenófobo?”, se preguntaba Barreto para explicar la situación del odio al extranjero en Colombia, que en el país americano deriva en “aporofobia”, “un rechazo a las condiciones de vulnerabilidad” y odio a quien supuestamente “no aporta a la sociedad”. En Colombia hay “una experiencia y aprendizaje positivo” por la propia historia migrante del país. Hay un “aprendizaje interno” porque la mayoría de la población “entiende la vivencia” y la inmigración “se ve con otro enfoque”. Una conclusión muy distinta a pesar de haberse utilizado “la misma metodología” y composición de equipos.

Xenometer es un proyecto fruto de “equipos interdisciplinares”, ya que es la única forma de que la inteligencia artificial pueda ser aplicada a las ciencias sociales, explica Lecumberri. Al fin y al cabo, “los equipos de inteligencia artificial no están especializados en conocimiento social” y hay que enseñar a la IA “formas que los usuarios en X utilizan para intentar esquivar el delito de odio en internet. Hay palabras muy duras de leer como mena, moro, pagapensiones, enemigo del jamón, jovenlandés. Por eso también es importante crear un equipo [específico] en cada país”. La inteligencia artificial “diferencia bien mensajes negativos o llamamientos a la acción, pero no si son sutiles o si no son explícitos”, afirma Garcia-Magariño.

“La policía está muy interesada en tener un instrumento que facilite su trabajo porque a día de hoy muchos de los agentes digitales hacen el trabajo manualmente”, explica Garcia-Magariño sobre el futuro de Xenometer. Por otro lado, también puede ser una herramienta para el Gobierno. “El proyecto HODIO [Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia] que anunció el presidente Sánchez va un poco en la misma dirección” para intentar “forzar a las plataformas digitales donde se producen estos discursos”, al menos, a “retirarlos”. Aunque “otro objetivo” más allá de la investigación académica y relacionado con la Administración pública es “alfabetizar a la población”. “Cuando se habla de la brecha digital” normalmente nos referimos a que “hay personas que tienen tecnología o no, personas que la usan o no la usan”, describe el coordinador de las jornadas. Sin embargo, el investigador del equipo de Xenometer afirma que “aunque estamos atravesados por la tecnología y eso parece que es mucho progreso”, se conoce “muy poquito, especialmente de los valores que van implícitos en cada dispositivo tecnológico, porque es contraintuitivo. Las personas se preguntan, ¿cómo van a tener valores las cosas? El micrófono, el móvil, el tractor... Pero de manera muy sofisticada la intención de las personas que diseñan un instrumento tecnológico, se filtra en ese instrumento y cuando la gente lo usa es socializada en esos valores y, sobre todo, cuando se usa masivamente, porque se transforma la cultura”. “El objetivo más elevado sería tener un Observatorio Mundial del Odio Digital” apoyándose en “las universidades implicadas”, que “se actualiza cada seis meses con un informe”.

“Todos sabemos lo que es la xenofobia. Es una forma particular de racismo, el miedo al extranjero o a una persona de otro país y lugar. O a las personas que se les percibe como extranjeras”, afirma Beth Lyon, que lo considera “en cierto modo” como parte del “ser humano, una especie de emoción. Un tipo de miedo y enfado mezclados”. “Siempre hay una sensación de que la gente está perdiendo algo, de que está en peligro, y entonces resulta fácil aprovecharse de ello”, concluye. “¿Cómo esto crece y llega a convertirse en una acción? ¿Qué [ocurre para que] algo que dices en X se convierta en un ataque cuando ves a alguien diferente a ti?”, se pregunta la investigadora. “Hay varios factores”, apunta, como “la complicidad del sector público”, refiriéndose a las recientes políticas y discursos sobre la inmigración de la administración de Donald Trump, “que instrumentaliza el discurso para culpar a los inmigrantes de ser autores de la mayoría de los delitos que se cometen o de quitar empleos”.

Un punto de vista que también comparte García-Magariño sobre el desarrollo de la xenofobia en España y Europa. “Hay gente que está altamente movilizada contra la inmigración”, explica. Sectores concretos, sin “describir partidos políticos, pero que tienen que ver con la ultraderecha”, que “uno de los elementos que hace que tengan tirón son las actitudes contrarias a la inmigración”. “La idea de españoles primero”.

La plaza de las Merindades de Pamplona y algunos tramos de la avenida Baja Navarra se han acordonado y desalojado este sábado por la mañana ante la aparición de un paquete sospechoso. Según explican fuentes de la Policía Foral a Europa Press, se ha localizado en la zona un paquete que ha levantado sospechas, lo que ha llevado a activar la Circular Cincuenta, que se refiere al protocolo antiterrorista de actuación policial, según recoge Europa Press.

Así pues, se ha acordonado la zona y se ha desalojado algún edificio colindante. Las zonas afectadas han sido la plaza de las Merindades y algún tramo de la avenida Baja Navarra. Se han movilizado el servicio de guías caninos, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional que están trabajando en estos momentos para valorar la situación.

Efectivos de la unidad de explosivos de la Policía Nacional han acometido una detonación controlada del maletín.

“La LGTBIfobia en Pamplona es persistente, no puntual, se manifiesta de forma multidimensional (verbal, simbólica, física, institucional), tiene un marcado componente transfóbico y se ve reforzada por la impunidad y la normalización social”. Ests son algunas delas conclusiones del cuarto informe anual Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, según las incidencias registradas en 2025.

El documento refleja que durante el año pasado se registraron 44 incidencias en la ciudad vinculadas a LGTBIfobia, el doble que en el último informe y 11 más que en el año 2023, aunque también se señala la infradenuncia en este ámbito. Además, destaca que en 2025 los servicios públicos en este campo situados en Pamplona, Harrotu y Kattalingune, sufrieron un número significativo de incidencias. Las personas trabajadoras de estos espacios sufren insultos y gritos desde el exterior y discursos de odio prolongados y muy agresivos.

Los resultados provisionales de este informe se presentaron para su análisis ante el Consejo Municipal LGTBI+ y para trabajar en ese foro para trasladar a medidas concretas las recomendaciones para abordar la LGTBIfobia en la ciudad, es decir, para diseñar acciones que eliminen el rechazo, miedo, prejuicio o discriminación hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales por su orientación sexual, identidad o expresión de género, así como sus manifestaciones más frecuentes: agresiones físicas, verbales o actos de discriminación directa o indirecta.

La web municipal recoge un espacio específico sobre el Observatorio contra la LGTBIfobia, que incluye una ficha de registro de incidencias anónima y confidencial, que no tiene carácter de denuncia. También incluye los informes realizados desde el año 2021.

Una radiografía de la violencia transfóbica

El Observatorio contra la LGTBIfobia es un sistema de observación permanente en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en Pamplona. Desde este órgano, se pretende tener una perspectiva global de las agresiones LGTBIfóbicas de la ciudad y así orientar las acciones de prevención y sensibilización que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento. 

A grandes rasgos, julio fue el mes con más incidentes, con el 25% de los casos (11) y el 50% tuvieron lugar en el espacio público el escenario (22, el 50%), entendiendo por espacio público bibliotecas, espacios de cruising, oficinas de administraciones públicas. El espacio laboral ha pasado de 0 incidentes en 2024 a 11 en 2025, específicamente los centros Harrotu y Kattalingune. Por barrios, el Casco Antiguo ha sido la zona de la ciudad en el que más incidentes se han producido con un 38,6% (17), seguido por Mendillorri con un 13,6% (6). En 2024 las agresiones en esos barrios fueron 5 y ninguna, respectivamente.

De los 80 tipos de violencia descritos como componentes de las 44 incidencias,8 (un 9,8%) han presentado violencia física y en 5 (6,1%) ha supuesto la expulsión del espacio. Más del 50%, han sido verbales o simbólicas (como pintadas con simbología fascista o nazi, carteles, destrozos de bancos LGTBI+ …). En el 71% de los casos el agresor fue un hombre (31), la mayoría de las veces desconocido para la víctima.

En casi la mitad de las agresiones no se emiten datos sobre el colectivo al que pertenece la víctima. Con los datos disponible el 38,5% de las agresiones se dirigió contra personas trans, el 26,9% contra gays. La franja de edad más afectada ha sido de personas entre 30 y 49 años (63,6%); en 2024 la franja más afectada fue 18 y 29 años, con un 50% de los casos.

Respecto del origen de la información, en 21 casos (47,7%) la persona que informa es la misma que sufre la agresión, en 17 un 38,6%, es la propia ciudadanía y, en 2 (un 4,5%), la persona informante es una amistad de la persona agredida. En cuanto al sexo de la persona informante un 52,3% se identifica como mujer, un 31,8% como hombre, un 13,6% como persona no binaria y un 2,3% no responde a este ítem. 34 de los 44 incidentes recogidos en 2025 se denunciaron a través del formulario web o de forma presencial en el espacio de Harrotu.

Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado en este Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y han reivindicado unas condiciones laborales “dignas” para los trabajadores. La manifestación ha partido, a las 11.30 horas, desde la sede de ambos sindicatos, en la calle Tudela, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en el Bosquecillo, donde se han programado una jornada festiva, con música e hinchables.

La marcha, tras la pancarta con el lema 'Salarios, vivienda y democracia', ha sido encabezada por los dirigentes de UGT y CCOO en Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo, respectivamente. Entre los asistentes, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, o la portavoz parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu, entre otros, informa Europa Press-

Antes del comienzo, el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “no a la guerra y sí a la paz, no a la discriminación y sí a incrementar salarios, sí a mejorar el precio de la vivienda, sí a la salud laboral, sí a la democracia”. Según ha expuesto, “vivimos unos tiempos de incertidumbres, con guerras que lo que hacen es atacar a los más vulnerables, vulnerar derechos fundamentales”. “En esas guerras los que salen siempre pagando el pato son las trabajadoras y las personas vulnerables y por tanto tenemos un mensaje muy claro hacia la sociedad en general: no a la guerra y sí a la paz”, ha insistido.

Ríos ha señalado que “hemos vivido tiempos en los que hemos conseguido avances, mejorar la temporalidad, mejorar de forma importante el SMI, hemos conseguido sostener las pensiones, avances importantes..., pero queda mucho por lograr”. “Hoy los trabajadores no siempre pueden llegar a final de mes con sus salarios”, ha dicho, para subrayar que “no puede ser que los trabajadores gasten la mitad del salario o más en la vivienda, no puede ser que haya 14 personas que el año pasado perdieran la vida y no puede ser que tengamos por delante un cuestionamiento de la democracia, la ultraderecha es incompatible con los derechos de los trabajadores, solo busca recortar, discriminar...”. Frente a ello, ha dicho, “el mensaje del sindicalismo confederal es más democracia, más cohesión social, no a la guerra y sí al futuro”.

Por su parte, Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra, ha defendido que “hoy es un día de reivindicación, un día importante para la clase trabajadora, en el que tenemos que reivindicar un trabajo digno, unas condiciones dignas y una vivienda digna”. “Estamos trabajando desde el sindicalismo confederal para la regularización extraordinaria de los migrantes, ya vale de trabajar sin derechos, ya vale aprovecharse del más débil”, ha afirmado, para indicar que esta petición es “un enfrentamiento claro contra la ultraderecha mundial, europea y española”.

Romeo ha comentado que “tenemos que reivindicar los accidentes laborales y darle una vuelta de tuerca para que no pase esto; reivindicar los coeficientes reductores tanto en el transporte para que no haya más muertes en la carretera, como en la construcción”.

ELA y LAB por el SMI propio

Por su parte el sindicato ELA se ha manifestado en Pamplona bajo el lema 'LGS 1.500. Jo ta ke hemen erabaki arte' ('SMI 1.500. No pararemos hasta conseguirlo'), en una jornada en la que, como el año pasado, ha vuelto a reivindicar el derribo del Monumento a los Caídos antes de comenzar la manifestación. La marcha ha partido pasadas las 11.30 horas desde la Plaza de la Libertad, junto al Monumento a los Caídos, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento. Antes del inicio de la manifestación, el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha señalado que la reivindicación principal del sindicato este viernes es “conseguir un salario mínimo propio de 1.500 euros y así le estamos dando continuidad a la reivindicación de la huelga general del 17 de marzo”. Según ha indicado, “desgraciadamente en el Parlamento de Navarra PSN y Contigo-Zurekin decidieron sumar sus votos al PP y Vox en contra de esta reivindicación”. Por ello, ha pedido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que “marque distancia respecto a la posición centralista de UGT y CCOO y que reivindique que Navarra sume una competencia con la que, en caso de conseguirla, estaríamos mejorando las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables como pueden ser las personas migradas y las mujeres”.

El sindicato LAB ha reivindicado una “vida digna” para todos así como un salario mínimo de 1.500 euros para Navarra. La marcha ha comenzado a las 12 horas desde la Plaza del Castillo, con el lema 'Bizitza duina denontzat' ('Una vida digna para todas y todos'). En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha señalado que “este Primero de Mayo es un día aquí y en el mundo entero de movilización y lucha en favor de los derechos y de las reivindicaciones de la clase trabajadora”. “Así queremos felicitar a las trabajadoras del sector de residencias que han conseguido el primer convenio navarro de residencias, que mejora sus condiciones de vida, de trabajo y sobre que es un ejemplo para la clase trabajadora navarra para entender que, si peleamos, vamos a adquirir grandes logros”, ha dicho, para afirmar que “si en Navarra negociamos, las condiciones son mejores respecto al Estado”.

Uno de cada cinco jóvenes migrantes que viven en Navarra denuncia haber sido discriminado en algún momento de su vida. Así se recoge en el estudio 'Juventud y movimientos migratorios. Trayectorias de movilidad residencial, identidades y convivencia intercultural de la juventud navarra' elaborado por el Instituto Navarro de la Juventud, que también apunta a que un 11% de la población autóctona ha sentido discriminación, siendo una de cada cuatro personas jóvenes navarras nacidas en el extranjero.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha presentado los resultados del estudio y ha remarcado que “la diversidad no es una excepción, sino una norma con la que ya vivimos en nuestra comunidad. En este sentido, ha explicado que ”casi una de cada cuatro personas jóvenes navarras ha nacido fuera de España y, si ampliamos la mirada, un tercio proviene de familias donde ambos progenitores han nacido en el extranjero“. En la presentación, ha estado acompañada por el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, y la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría.

“No vamos a crear una sociedad cohesionada si negamos su diversidad. Y lo conseguiremos reconociéndola, cuidándola y garantizando que nadie se quede atrás por su origen, su lengua o su cultura”, afirmaba refiriéndose a los jóvenes que siguen enfrentándose a discriminación, prejuicios y dificultades de acceso a oportunidades. En esta línea, ha insistido en “impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, que combatan la discriminación y que sitúen la convivencia intercultural en el centro”.

Para la elaboración del estudio, el Instituto Navarro de la Juventud ha llevado a cabo 701 entrevistas a jóvenes entre 16 y 30 años de los cuales un 68% ha nacido en Navarra, un 7,8% procede de otras Comunidades Autónomas y un 23,9% ha nacido en el extranjero. Además, en cuanto a la ocupación actual, el 52% se encontraba trabajando y un 49% estudiando.El Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, ha descrito el carácter “claramente plural” de la juventud respecto a las creencias religiosas ya que “alrededor de un tercio se identifica como católico, pero destaca un porcentaje muy elevado de personas jóvenes agnósticas, ateas o sin adscripción religiosa, que en conjunto superan el 55%. Algo que ya nos habla de una juventud diversa, plural y con trayectorias muy distintas”.

El estudio también señala que casi tres de cada diez personas jóvenes proceden de familias en las que ambos progenitores nacieron en el extranjero, lo que indica que “la diversidad no es un fenómeno reciente, sino ya plenamente integrado en la estructura social de Navarra. En conjunto, estos datos reflejan que la juventud navarra crece en entornos familiares cada vez más multiculturales, donde conviven raíces locales, nacionales e internacionales” ha afirmado. Respecto a la lengua, “el euskera aumenta su uso fuera del hogar respecto al familiar asociado a contextos educativos y comunitarios”, aunque el castellano “se consolida como espacio común, especialmente en el espacio público”. Por otra parte, “las lenguas de origen extranjero tienden a mantenerse en el ámbito familiar”. En cuanto a la identidad cultural, más de la mitad de la juventud se identifica principalmente con Navarra, la identidad española ocupa el segundo lugar mientras que entre jóvenes de origen migrante adquiere mayor peso la vinculación con la cultura de origen familiar. 

Burgaleta ha declarado que la juventud navarra “está comprometida con valores como la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad y la convivencia intercultural, aunque el activismo y el compromiso social aparecen más interiorizados y declarados entre las mujeres”. Además, el estudio remarca que “el compromiso juvenil no se articula únicamente a través de la participación formal o del activismo visible, sino también mediante formas culturales de expresión que, con intensidades diversas, reflejan valores, actitudes y posicionamientos ante el cambio social”.

Finalmente, Eva Gurría, Directora General de Políticas Migratorias ha denunciado que “el colectivo de jóvenes migrantes es quién ha sentido más la discriminación con datos preocupantes de los centros educativos o en los espacios de ocio que son los dos lugares en donde la juventud migrante se ha sentido más discriminada. Casi el 20% de la población joven migrante ha sentido algún tipo de discriminación frente al 11% de la población autóctona, destacando el origen de esta discriminación por la forma de hablar de los migrantes, por la religión o creencias o por la forma de vestir, algo en consonancia con los estudios de discriminación que se dan en otros lugares”.

A pesar de esos datos, Gurría ha concluido que “la población joven migrante está, mayoritariamente, bien integrada en la sociedad navarra si bien es cierto que hay numerosos puntos de mejora y que los comportamientos de rechazo a ellos y ellas es muy superior que los que sufre la juventud autóctona. Es un campo en el que debemos seguir trabajando porque, como he dicho al principio, la integración de los hijos e hijas de personas migrantes es una preocupación, un reto y una oportunidad para este gobierno”.

Los sindicatos LAB, CCOO y UGT han firmado este jueves un preacuerdo con la patronal para firmar el primer convenio colectivo de residencias de Navarra tras años de movilizaciones y paros. El acuerdo beneficia a más de 4.500 trabajadoras en 70 residencias y se amplía a otros centros de trabajo, como centros de día, centros psiquiátricos y servicios de ayuda a domicilio. En total, se estima que protegerá las condiciones laborales de más de 5.000 trabajadores.

El convenio tendrá una vigencia de más de cuatro años, desde noviembre de 2026 hasta final del curso 2030. Los salarios subirán de manera escalonada en torno a un 11% en los cuatro años de vigencia del convenio y se establece un salario mínimo de 1.500 euros. La jornada en 2026 será de 1.720 horas. Se reducirá en 30 horas para 2027, 15 para 2028, 20 en 2029 y 6 para 2030. Además, se han incluido cuatro días de asuntos propios y avances en el complemento de bajas.

El acuerdo ha sido celebrado por la presidenta María Chivite, que ha escrito un mensaje en la red social X en el que ha destacado que se “mejora las condiciones laborales de miles de trabajadoras”. “Por esto vale la pena estar en política”, ha aseverado.

El sindicato LAB ha destacado en una nota que “el convenio supondrá un avance significativo en la mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla”. Además, ha valorado que “se blindarán las mejoras laborales existentes en las empresas, es decir, las trabajadoras con mejores condiciones no sufrirán pérdidas y los salarios más altos continuarán incrementándose anualmente”.

El sindicato ha sostenido que “en Navarra es posible avanzar en la negociación propia y hacer frente a la estatalización del sector, abriendo así un nuevo escenario en el ámbito laboral y político”.

Por su parte, CCOO ha señalado que “este convenio supone un punto de partida para fijar las condiciones laborales del sector de los cuidados”. “Sin embargo, el trabajo no queda aquí. Los sindicatos y los comités de empresa deben velar por el cumplimiento del acuerdo y por el impulso organizativo de las plantillas en los centros de trabajo”, ha resaltado.

CCOO ha afirmado que “los cuidados son un sector estratégico para cualquier sociedad avanzada” y, en este sentido, ha considerado que “este acuerdo es un paso para dignificar las condiciones de las profesionales del sector”.

La Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra ha calificado el acuerdo de “histórico” y ha señalado que “supone un primer paso para seguir avanzando en la dignificación de las condiciones laborales de las más de 5.000 trabajadoras del sector”. “Llevamos más de 20 años intentando sacar adelante un convenio sectorial autonómico para las trabajadoras de residencias. El compromiso y trabajo realizado por UGT en este ámbito ha sido incuestionable”, ha señalado Carmen Iglesias, responsable del sector del sindicato.

Carmen Iglesias ha resaltado que, “con este convenio, garantizamos unas condiciones mínimas más dignas para todas las trabajadoras, aunque es cierto que nos hubiera gustado conseguir un convenio más ambicioso”. En este sentido, UGT-Servicios Públicos se ha comprometido a “seguir trabajando para mejorar todos aquellos aspectos que siguen siendo imprescindibles para el sector como la mejora de ratios, la estabilización del empleo, la disminución de la parcialidad involuntaria o el refuerzo de la formación acreditable”.

Por su parte, el sindicato ELA ha señalado que consultará con sus bases sobre esta propuesta de convenio, “ya que la patronal se niega a la cláusula para mantener el poder adquisitivo”. “La patronal ha mejorado cuestiones clave como las garantías de aplicación, la reducción de jornada en días enteros, mejoras en la contratación indefinida, etc., pero no incluye la cláusula para garantizar el IPC entre 2027 y 2030”, ha señalado.

Además, ELA ha afirmado que “resulta sorprendente que el resto de sindicatos no haya defendido esta reivindicación como condición para la firma del primer convenio navarro”.

30 millones de euros para concertar plazas

El Gobierno de Navarra ha anunciado este jueves que aumentará su presupuesto en 30 millones de euros cada año para concertar más plazas de residencias y centros de día y consolidar y financiar la subida salarial de los trabajadores pactada en el primer convenio de dependencia.

Para poder cubrir ese incremento retributivo, el Ejecutivo foral destinará tres millones de euros más este año para hacer frente a la aplicación de la subida que será efectiva el último trimestre de 2026. A partir del próximo año 2027 se destinarán 22 millones más a la financiación pública que el Gobierno realiza de las plazas de las residencias y centros de día para dar cobertura a la subida salarial que recoge el convenio, según han explicado desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

Además, el Gobierno destinará otros 8 millones de euros a incrementar en 300 el número de plazas con financiación pública. Concretamente, el Gobierno de Navarra espera ampliar en 150 plazas concertadas en residencias, 100 en centros de día y 50 en transporte avanzado.

Estas plazas se sumarán a las que actualmente el Gobierno de Navarra tiene concertadas con diferentes entidades, 2.500 plazas de residencia para personas mayores, 400 plazas de centro de día, 200 de estancia diurna y 300 de transporte adaptado (para la asistencia a centro de día). “El número de plazas concertadas ha aumentado un 25% desde el inicio del gobierno de Maria Chivite”, ha destacado el Ejecutivo.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, considera el preacuerdo alcanzado para el convenio de dependencia y el compromiso del Gobierno para financiarlo “un hito y un avance imprescindible para mejorar las condiciones del personal de los cuidados”.

Maeztu ha mostrado su “satisfacción” por este convenio, “tras muchos años de trabajo e impulso desde la Administración foral para alcanzar este acuerdo entre las partes”. “Es una gran noticia por la que hemos trabajado mucho y por la que merece la pena estar en política. Los cuidados son esenciales para sostener la vida y la sociedad. Con este preacuerdo mejoramos mucho las condiciones laborales de tantas y tantas personas, mayoritariamente mujeres, que cuidan en las residencias, en los centros de día, y renovamos nuestro compromiso porque tengan también un merecido reconocimiento social”, ha señalado. La consejera ha trasladado las “gracias a todas las personas que han trabajado para que esto fuera posible”.

Los Sanfermines de 2025 generaron un impacto económico de 259,4 millones de euros. Entre el 6 y el 14 de julio, se estima que 424.369 personas diferentes participaron en las fiestas, con un gasto medio de 412,20 euros y una estancia media de tres días. Los Sanfermines cumplieron también las expectativas generadas y obtuvieron una valoración de 8,9 puntos sobre 10. Un 40% vivió las fiestas en cuadrilla, el 41,8% Llegó a Pamplona tren o autobús de línea y un 29,7% pernoctó en casa de familiares o amigos. El 95% de las personas que disfrutaron de las fiestas espera volver de nuevo.

Así lo recoge el informe sobre el impacto económico, social y medioambiental que han presentado este jueves el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz, y el responsable de Proyectos de la empresa Ikertalde, Kepa Salaverría, que ha elaborado el estudio sobre la base de 2.727 encuestas de calle realizadas entre el 6 y el 14 de julio de 2025, además de otra documentación.

Las 424.369 personas que participaron en las fiestas de San Fermín de 2025 se reparten en 92.088 residentes en Pamplona (21,7%), 116.514 visitantes excursionistas (27,5%) y 215.767 visitantes turistas (50,8%). Según su origen, 192.134 eran de Pamplona y Navarra (45,3%), 176.177 de otras comunidades españolas (39,3%) y 65.458 procedentes de otros países (15,4%). Un 24,3% de quienes participaron en los Sanfermines de 2025 lo hicieron por primera vez.

Uno de cada tres visitantes, un 36,8%, procedía de Euskadi, mayoritariamente de Gipuzkoa, un 11,7% de la Comunidad Valenciana y un 10,3% de Madrid. En cuanto a turistas internacionales, Francia acapara el 27,1% de visitantes, con un 17,8% procedentes de Estados Unidos y un 5,3% tanto de Reino Unido como de México. La participación por sexos es similar, con un 51% de hombres y un 49% de mujeres.

La estancia media del turista nacional llega a los 3,27 días, que aumenta ligeramente hasta los 3,94 días para el turismo internacional. Los residentes en Pamplona disfrutan de las fiestas una media de 6,41 días, los que llegan desde otros puntos de Navarra una media de 4,17 días y los que vienen como excursionistas sin pernoctar una media de 1,25 días. La Comarca de Pamplona recoge el 76% de la pernoctación de turistas que participan en San Fermín. Un 2,7% de quienes vinieron el año pasado a San Fermín no lo hicieron por la fiesta.

El gasto medio de quienes disfrutaron de los Sanfermines del año pasado fue de 412,20 euros. Ese gasto varía según la tipología de la persona. Así las cosas, las personas residentes en Pamplona presentan el mayor gasto medio, con 511,60 euros, debido a su mayor estancia media en San Fermín. Un 18,2% reconoce que gasta más de 900 euros en las fiestas, el doble que la media.

Un sobresaliente de valoración

La valoración promedio de los Sanfermines es de un 8,9 sobre 10. Un 96% de las personas está satisfecha o muy satisfecha con la experiencia. Un 87% están satisfechas o muy satisfechas porque San Fermín es una fiesta “para todas las personas” y un 82,9% resalta la adecuación diaria de la ciudad. El transporte público y la seguridad ciudadana quedan como dos ámbitos “en los que se debe seguir trabajando”.

Un 96% de las personas recomendaría totalmente o bastante las fiestas de San Fermín a familiares y amistades Esa recomendación alcanza una nota de 9,2 sobre 10. Un 94,8% confirma que volverá a las fiestas, aunque el porcentaje baja al 85% en el caso del turismo internacional. Entre las causas para no volver, el llamado turismo 'check', que busca solo vivir una vez las experiencias, “el excesivo ambiente o la falta de disfrute”. Un 91,1% reconoce la posibilidad de volver a visitar Pamplona en otras fechas.

La organización de los Sanfermines de 2025 supuso una inyección directa de 10,6 millones de euros en la economía navarra, de los que cerca de 9,2 se dedicaron a la definición y ejecución de las actividades, y que redundó en entidades públicas y empresas, y cerca de 1,5 millones correspondientes a la estancia en Navarra de personas que pasan uno o varios días de las fiestas por motivos relacionados con la organización (prensa, montajes, artistas...).

El impacto indirecto de las fiestas del año pasado se ha cuantificado en 174,9 millones de euros y está vinculado a la movilización de las personas que vienen a San Fermín. El 56,8% de ese importe se corresponde con la inyección turística realizada por el turismo nacional e internacional, con un total de 99,4 millones; las personas residentes generan una inyección de 47,1 millones, un 26,9%; y quienes vienen a pasar el día, 28,4 millones, un 16,3%.

La hostelería es el sector que más ingresa, 95,3 millones, lo que supone un 55% de esos casi 175 millones de euros. Se incluyen en este concepto tanto los consumos de bebidas en bares como los desayunos, comidas y cenas que se lleven a cabo. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos suponen 28,8 millones de euros, un 16,5% del total. El comercio de la ciudad ingresa 22,9 millones, un 13,2%. Adicionalmente, la movilización de las personas que disfrutan de las fiestas inyecta 35,2 millones a cuenta del transporte, las actividades turísticas y otros gastos.

Los 10.639.633 euros de impacto directo vinculado a la organización de las fiestas y los 174.940.115 euros vinculados los gastos y consumos como impacto indirecto inyectados a la economía navarra generan una serie de producciones intermedias asociadas a las compraventas necesarias para cumplir con los servicios y ventas comprometidos. Es lo que se denomina impacto secundario, que supone la adición de 73.835.637 euros. Por tanto, de la suma del impacto primario (tanto directo como indirecto) y del impacto secundario sale la cifra global de 259.415.385 euros de impacto de las fiestas de Fermín.

En cifras macroeconómicas, los Sanfermines de 2025 generaron para el Producto Interior Bruto (PIB) de Navarra un rédito de 157.408.742 euros y un Valor Añadido Bruto (VAB) de 142.065.652 euros. La Administración ha recibido un retorno de 52.237.540 euros, de los 15,3 se corresponden con impuestos netos sobre productos, 8,2 al Impuesto de Sociedades, 19,7 a la Seguridad Social y 8,9 al IRPF. El estudio infiere que el efecto de San Fermín en la economía navarra equivale a la creación de 2.431 nuevos empleos a salario medio y anualizados.

Aumentan las emisiones de CO₂

Durante las últimas fiestas de San Fermín, se emitieron a la atmósfera 11.847,71 toneladas de CO₂, un 28,4% más que en 2024 y un 32,9% más que en 2023, lo que refleja un aumento de la huella de carbono en las fiestas.

El desglose refleja que un 85,2% de esas emisiones se debieron a la movilidad externa, es decir, a los desplazamientos de las personas que vinieron a la ciudad en autobús interurbano, avión y tren. Un 6,4% de las emisiones se deben a las pernoctaciones de las personas asistentes y un 5,7% al desplazamiento de proveedores de los Sanfermines y al transporte de materias primas. El estudio observa una estabilidad en la contribución relativa de las principales fuentes de emisión en un año 2025 condicionado, entre otros factores, por la reducción del servicio de transporte urbano debido a la huelga de villavesas.

Las plazas del Castillo, de los Fueros y de la Cruz, así como Antoniutti, se reconocen como “zonas críticas” en cuanto a niveles de ruido, por encima de las recomendaciones de la OMS. Se registraron 90 actas por exceso de ruido y 97 por música muy alta. De las 2.601 inspecciones realizadas, un 80% fueron correctas. Las plazas del Castillo y de los Fueros y la Ciudadela son los puntos de mayor luminosidad nocturna, debido a los conciertos, a las pantallas que se ubican en algunos de esos espacios y al lanzamiento diario de las colecciones de fuegos artificiales.

Los parlamentarios de UPN se han vestido este jueves de rojo para escenificar su “defensa” de la foralidad en el Parlamento de Navarra, donde se ha votado, y rechazado, una iniciativa presentada por el propio partido regionalista para borrar de la Constitución la disposición transitoria cuarta, aquella que abre una vía de entrada de Navarra a la comunidad vasca. Los regionalistas han acusado una vez más al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco por oponerse a la reforma.

Se trata de un debate al que UPN recurre cada cierto tiempo, pero que no abrió en los años en los que gobernó Navarra con mayoría absoluta, como le ha recordado este jueves la portavoz socialista Ainhoa Unzu. En su iniciativa, los regionalistas pedían instar al Congreso a reformar la Constitución para borrar la posible incorporación de Navarra a Euskadi. Para su defensa, los 15 parlamentarios, así como algunos invitados sentados en la tribuna, como la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, han acudido al debate con alguna prenda roja, color de la bandera de la comunidad foral. Además, Javier Esparza, ha defendido la iniciativa legislativa colocando en el atril una pequeña bandera de Navarra, gesto que han imitado el resto de diputados en su escaño.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución contempla que el Parlamento de Navarra puede activar la anexión de Navarra a Euskadi con una simple votación por mayoría simple, que deberá ser ratificada, eso sí, en un referéndum, también por mayoría simple. Solo votarían los censados en Navarra. Tal y como está redactado el texto constitucional, Euskadi no tendría nada que decir al respecto, se presupone su disposición a incorporar Navarra como la cuarta provincia vasca.

Finalmente la iniciativa ha decaído con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin y los únicos apoyos de UPN, PP y Vox.

Los regionalistas han vuelto a acusar al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco y querer dejar abierta la posibilidad de que la comunidad foral se incorpore a la vasca si la ciudadanía así lo reclama. “Eso es traicionar nuestra historia, traicionar a nuestros mayores, traicionar al viejo reino de Navarra. Con esta votación, el PSN se convierte en un partido antiforal”, le ha espetado Esparza a la bancada socialista. “Votan a cambio de mantenerse en el sillón, el primer paso para vender Navarra cuando sea necesario”, ha apostillado.

En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143

Disposición Transitoria Cuarta

Del lado socialista, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN que haya qurido llevar el debate al Congreso de los Diputados sin que se haya abierto un diálogo previo entre los gobiernos navarro y central al respecto. “Sería un precedente muy peligroso, porque si aceptáramos que una mayoría parlamentaria en Madrid puede modificar de manera unilateral elementos que afectan directamente a Navarra, pero sin contar con Navarra, mañana mismo podría cuestionar perfectamente cualquier otro elemento de nuestro autogobierno”, ha alertado la parlamentaria del PSN.

EH Bildu,Geroa Bai y Contigo/Zurekin por su parte han criticado que UPN quiera con esta reforma “quitar” y “recortar” capacidad de decisión a la ciudadanía navarra. “¿Cuál es el problema exacto que tiene UPN con la Transitoria Cuarta? ¿Que pueda haber en algún momento una mayoría que no piense como ustedes y pueda decidir democráticamente otra cosa?”, ha apuntado el portavoz de Geroa Bai Pablo Azcona. “Nuestro objetivo es la república confederada del País Vasco. Navarra formaría parte de ella con plena soberanía, porque así lo decidiría libremente la sociedad navarra. No apoyamos ninguna anexión o integración con ninguna comunidad o Estado”, ha matizado Laura Aznal, de EH Bildu.

Volkswagen Navarra prevé una contratación de entre 500 y 1.000 trabajadores por las buenas previsiones de fabricación para el año 2027. Los modelos eléctricos de la marca alemana y su filial checa Skoda, están teniendo “buena acogida” y la dirección de Volkswagen baraja una producción en la fábrica de Landaben de entre 340.000 y 380.000 coches para el año que viene que le obligará a aumentar la actual plantilla, conformada por unos 4.800 empleados.

Así se lo ha trasladado este jueves la dirección de Volkswagen Navarra al secretariado del comité de empresa (UGT y CCOO) en una reunión en la que ha informado que “las previsiones de producción para el año 2027 son de muy altos volúmenes de fabricación”. Con todo mantiene “en estos momentos el carácter provisional de los datos, ya que aún queda tiempo hasta la confirmación definitiva, que será en el mes de octubre”, según han explicado las dos organizaciones sindicales en una nota.

En el encuentro, se ha trasladado la necesidad de iniciar un proceso de selección, formación y capacitación de personal, ya que, “de confirmarse los altos volúmenes de fabricación, se necesita comenzar el proceso a partir de la próxima semana e ir buscando la herramienta más adecuada”, han explicado los sindicatos.

La dirección de la empresa ha trasladado en la reunión que este hecho es “un nuevo reto añadido” a los que ya tiene actualmente, los lanzamientos de los dos vehículos eléctricos. “Es decir, además de los lanzamientos fechados en el mes de junio (el Skoda Epiq) y en septiembre (el ID Cross), ahora nos toca prepararnos para la posibilidad de altos volúmenes de fabricación para el año 2027”, ha señalado.

Los “altos volúmenes de producción” significan que, a partir de la próxima semana, se inicia un proceso de selección, formación y capacitación de personal interno y externo para cubrir las necesidades de especialidades profesionales: electromecánicos, chapistas, guarnecedores, etc.

Desde las secciones sindicales de UGT y CCOO han valorado “muy positivamente” esta noticia, ya que “la señal” que se les traslada es que los productos fabricados en Navarra “están teniendo una buena acogida por los futuros clientes, y esto tiene ya un efecto muy importante para la potenciación del empleo actual y futuro”.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO trabajarán en dos escenarios, según han explicado. El primer escenario es “si las producciones se sitúan hasta 340.000”. Ante esta posibilidad, la medida de aplicación, a su juicio, sería “los desplazamientos de pausas mejorados” (5+1), lo cual “traería consigo un volumen de contratación en torno a 500 personas”.

El segundo escenario sería con producciones superiores a los 340.000 coches y, en esta posibilidad, la medida de aplicación sería un turno de fin de semana en toda la fábrica, lo cual implicaría la necesidad de en torno a 1.000 trabajadores para la realización de dicha producción.

“Somos conscientes de que este hecho supone una prueba más a superar. También tenemos en cuenta el carácter provisional de esta noticia, pero, independientemente de ello, se inicia ya el trabajo de selección de personal para estar preparados cuando llegue el momento”, han indicado.

Ante “estos volúmenes de producción y empleo”, ambos sindicatos consideran que deben “trabajar coordinadamente con el Gobierno de Navarra, la comunidad educativa y formativa (esencialmente escuelas de formación profesional) y los agentes sociales para que este proceso sea sostenible y equilibrado”.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que “nunca” se ha planteado dimitir por la situación en el sistema sanitario, después de que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se negasen a hacer horas extra, y ha afirmado que “el capitán es el último que abandona el barco”.

“Yo he dicho públicamente y en el Parlamento que me iré por problemas personales, por problemas familiares, cuando la presidenta de mi partido -forma parte de Geroa Socialverdes, integrado en Geroa Bai- o la presidenta del Gobierno consideren que me debo de ir. Mientras tanto, tengo que aguantar y sobre todo porque en esta situación no quiero abandonar, realmente el capitán es el último que abandona el barco”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

El consejero ha explicado que este miércoles se reunió con los jefes y jefas de los servicios del Hospital Universitario de Navarra “en una reunión que transcurrió en un buen ambiente” y ha valorado que “se acordó entre la mayoría de los allí presentes” seguir “trabajando para desatascar esta situación”. “Nosotros pondremos a disposición de los jefes y de los profesionales las herramientas de gestión que precisen para hacer más eficiente el trabajo y para facilitarles el trabajo”, ha explicado.

Por otro lado, ha explicado que el Departamento se ofreció “a seguir manteniendo reuniones individualizadas con los servicios”. Por el momento, no hay fechas para estas nuevas reuniones.

El consejero ha apuntado además que en el encuentro de este miércoles “surgieron una serie de temas” que ha querido “puntualizar” públicamente. “En primer lugar, quiero decir que cuando hablo de que los profesionales son el principal valor del sistema sanitario, me refiero, lógicamente, a todos los profesionales, pero también al colectivo médico, por el que realmente tenemos un gran respeto y un reconocimiento a la labor que están haciendo”, ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que “está claro que el sistema sanitario tiene unos problemas de accesibilidad” , pero ha matizado que es “uno de los mejores del país”. “Y lo digo con convencimiento después de conocer varios sistemas”. “Quiero transmitir esa confianza a la ciudadanía de que el sistema nunca fallará ante situaciones de emergencia, de urgencias, de situaciones graves, de patología severas, como oncológicas, neurodegenerativas, etcétera, y tampoco los profesionales van a fallar. Por lo tanto, quiero transmitir esa confianza en los profesionales porque es fundamental para que las cosas discurran con normalidad”, ha destacado.

También ha querido ser, en este contexto, “extremadamente prudente”. “Yo soy el responsable de comunicar lo que ocurre en el Departamento de Salud, y eso lo seguiré haciendo como lo he hecho, como lo estoy haciendo en este momento, pero también tengo que estar alineado con los profesionales y desde ese punto de vista me van a permitir que sea muy prudente, que los debates los llevemos con los profesionales”. “No quiero debatir públicamente con nadie, no quiero la confrontación, lo que quiero es trabajar con aquellos profesionales que realmente, alejados del ruido, de intereses políticos, de intereses sindicales, quieren la mejor calidad asistencial, que es lo mismo que pretendemos nosotros”, ha señalado.

Así, ha afirmado que “el trabajo va a ser exclusivamente” con los profesionales, “que quieren y que persiguen los mismos objetivos” que su Departamento, “que es mejorar la atención sanitaria”.

El consejero ha explicado que habrá nuevas reuniones con los profesionales. “Uno de los acuerdos que tomamos fue reunirnos individualmente con cada uno de los servicios que quieran, porque, lógicamente, todos tienen problemas comunes, pero sí que es verdad que cada servicio tiene unos problemas específicos que hay que abordar también”.

Sobre la decisión de médicos de no hacer jornada extraordinaria, el consejero ha explicado que las jornadas de tarde “son voluntarias” y que no pueden obligar a hacerlas. “Si no tenemos profesionales, lógicamente no se harán, pero nosotros las seguiremos ofertando, porque hay profesionales que sí que quieren hacerlas, tampoco hay unanimidad en todos los servicios y aquellos profesionales que quieran hacerlo podrán hacerlo”, ha apuntado. “Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la asistencia a la población, garantizándola con derivaciones o poniendo a disposición de la población los medios propios con los profesionales que podamos”, ha afirmado. El consejero ha reconocido que “alguna cita sí que se está anulando”.

Además, ha señalado que lo que le pidieron los servicios en la reunión de este miércoles “fue fundamentalmente mantenernos lejos del foco mediático”. “Ellos comentaron que pretendían seguir trabajando. Nosotros lógicamente cogimos el guante, les tendimos la mano, y trabajar conjuntamente”, ha afirmado, para señalar que él siempre es “optimista, tengo que serlo, necesariamente”.

El consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, ha mantenido este miércoles una reunión con los jefes de servicio del Hospital Universitario de Navarra tras la negativa de decenas de sanitarios de este centro a realizar horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. En el encuentro, en el que también ha participado la gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, las partes han acordado “continuar trabajando” para mejorar la situación actual, facilitar las herramientas de gestión necesarias para todos los servicios y la disposición a realizar reuniones individualizadas con cada uno de ellos“.

Así lo han puesto de manifiesto en comunicado desde el Departamento de Salud, tras una reunión mantenida este miércoles entre los jefes y jefas de servicio del HUN, el consejero de Salud, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la dirección del HUN y el director general de Salud.

Desde Salud han reiterado “el compromiso con la ciudadanía y el objetivo compartido que mueve todo el sistema: dar la mejor asistencia sanitaria a cada una de las personas usuarias”.

“Para conseguirlo, como se ha insistido constantemente, el mayor activo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea son sus profesionales y, en este contexto de debate y discusión interna que se ha trasladado al foro externo en los últimos días, no puede quedar duda del reconocimiento de Salud, y del propio consejero, al trabajo realizado por sus profesionales médicos de todos los ámbitos y de todos los servicios”, han indicado.

Según han añadido, Salud “arrastra un problema de accesibilidad reconocido que se ha agravado en los últimos años, pero la ciudadanía debe confiar y tener presente que, ante problemas graves, procesos oncológicos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes, etc., o situaciones que requieren atención tiempo-dependiente, somos uno de los mejores sistemas del estado”.

“Y esto no va a cambiar. En estos momentos de discrepancias a nivel público la confianza en nuestros profesionales médicos tiene que estar intacta, y así lo solicita el Departamento a la sociedad navarra”, han concluido desde Salud.

El Gobierno de Navarra ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las en torno a 10.000 personas que se van a ver afectadas en la comunidad foral por la no convalidación en el Congreso del decreto que prorrogaba los alquileres y ha asegurado que están “cubiertos” por la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Navarra declaró en 2025 a 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, como zonas tensionadas en aplicación de la Ley de Vivienda. Merced a esa norma, en esas localidades el precio está topado, por lo que pese a que el decreto haya decaído en el Congreso, el precio de los alquileres no podrá superar el fijado en cada zona.

“En Navarra los inquilinos y las inquilinas están cubiertos porque el precio está topado y en ningún caso las personas propietarias pueden subir el alquiler por encima del IPC o el precio de referencia en la renovación de los contratos”, ha destacado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez. Asimismo, el portavoz del Gobierno ha resaltado que “quien haya pedido la prórroga en este periodo, lo ha hecho en base a un decreto completamente legal y en vigor”.

“Lo que puede suceder en Madrid, por ejemplo, que un contrato de 1.500 euros, a su finalización, pase a ascender a 1.800 euros al mes, aquí no es posible”, ha apostillado.

Javier Remírez también ha destacado que el Gobierno foral “ayuda a 6.000 familias a través de los diferentes programas de ayuda para pago de alquiler, como son David y Emanzipa”. “Todas estas medidas, sin duda, dan buena cuenta del impulso que desde el Gobierno de Navarra hacemos del alquiler de vivienda, un alquiler asequible, siendo conscientes de que se trata de una de las necesidades más importantes que tenemos para dar respuesta”, ha indicado.

Remírez ha añadido que, “frente a la poca altura de miras que demuestran tanto UPN como el Partido Popular, como Vox, como Junts, aquí hay un Gobierno que piensa en la gente y piensa que tiene que tener garantizado el derecho a la vivienda digna y asequible”.

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a otras nueve personas por los incidentes ocurridos en febrero en el estadio del Sadar tras el partido Osasuna-Real Madrid. Se les acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. Los detenidos residen en distintas localidades navarras y pertenecen “al colectivo Indar Gorri”.

Según ha informado la Policía Nacional los detenidos son nueve varones de distintos municipios navarros y que pertenecen a Indar Gorri. Se les considera responsables de los incidentes tuvieron lugar en el estadio de El Sadar tras la finalización del partido, después de que la seguridad privada de Osasuna que presta servicio en los partidos de liga, requiriera apoyo de la Policía Nacional cuando trataba de identificar a un espectador que había lanzado una botella al campo “poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”.

Tras finalizar el encuentro y registrarse incidentes dentro del Sadar, la Policía Nacional afirma que procedió a “desalojar el mismo y que la tensión disminuyera”. Sin embargo, tras haber abandonado el interior, presuntamente los detenidos comenzaron a alentar a otros miembros del Graderío Sur, que acabaron conformando un grupo de unas 30 personas, a lanzar “objetos contundentes y cubos de basura” a tres agentes frente a una de las puertas del estadio. Ante estas “violentas acometidas que dejaron bloqueada la puerta de salida al exterior”, los efectivos afectados tuvieron que ser auxiliados.

La operación, que está cerrada, tiene como objetivo la identificación de los autores de los altercados producidos en El Sadar el pasado día 21 de febrero después del partido de Liga entre Osasuna-Real Madrid. En el mes de marzo ya se detuvo a otros cuatro varones por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad por su participación en los hechos dentro del estadio.

Estos altercados se produjeron después de que la seguridad privada de Osasuna, que es el encargado de garantizar la seguridad en los partidos de La Liga, pidiera apoyo por un “ataque violento de un numeroso grupo de personas que trataban de evitar la identificación de un espectador que había lanzado una botella al campo, poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”, ha expuesto la Policía. Por ello, los cuerpos de la Policía Nacional tuvieron que acceder al recinto y así garantizar la integridad de los vigilantes de seguridad.

A pesar de la presencia policial, “las personas que estaban intentando impedir la identificación referida no depusieron su actitud y atacaron a los agentes, teniendo estos que repeler dicha acción utilizando los medios a su disposición para reestablecer el orden”, explican desde los cuerpos de seguridad nacional.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha reprochado al PSN que le haya citado este martes en la comisión de investigación por “revancha” por haber denunciado la adjudicación de las obras de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “Yo hoy estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra y soy quien ha denunciado a Santos Cerdán”, ha aseverado.

Javier Esparza, que entre los años 2012 y 2015 fue consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del gobierno de la regionalista Yolanda Barcina, ha sido llamado a la comisión por el PSN para explicar las obras de ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra. Una obra que fue “absolutamente impecable”, ha solemnizado el portavoz de UPN.

Así, Esparza ha achacado su comparecencia a un “intento” de los socialistas de “esparcir la sospecha y la duda” por haber adjudicado “el mayor contrato de obra pública de la última década” en Navarra a “una UTE en la que está una empresa de la que según la Guardia Civil Cerdán es su propietario”.

“Esta comparecencia es un ataque político y personal hacia mí. Vengo yo que no tengo nada que ver con una adjudicación a ninguna presunta trama corrupta, y no viene el señor Alzórriz -exportavoz del PSN-, porque no han querido que venga cuando fue cesado por la presidenta del Gobierno el año pasado como portavoz del grupo parlamentario y como vicesecretario del PSN porque su compañera trabajaba en Servinabar”, ha añadido.

Reunión con Sánchez en 2018

Pero el portavoz regionalista ha aprovechado el interrogatorio de su compañera de partido Marta Álvarez para desvelar que el 30 de octubre de 2018 mantuvo una reunión con Pedro Sánchez la Moncloa a partir de la cual abrió una vía de diálogo con el presidente a través de quien era su director de gabinete, Iván Redondo. Así, ha asegurado que en 2019 “desde el entorno de la Moncloa” le trasladaron que “Pedro Sánchez no quería un acuerdo con EH Bildu en Navarra”. En agosto de ese año la socialista María Chivite fue investida presidenta de la comunidad foral tras alcanzar un acuerdo con Geroa Bai y Podemos y con el apoyo indirecto en forma de abstención de EH Bildu.

Esparza ha añadido que esos mismos contactos de la Moncloa le informaron que el PSOE quiso conformar una comisión gestora en Navarra “para quitar a María Chivite” de la secretaria general del PSN. “Los nombres de esa gestora que se proponían, los que me llegaron a mí, son el que hoy es vicepresidente del Gobierno, el señor Javier Remírez, y otro, creo que ya no está en la actividad política, se llama Guzmán Garmendia”, ha afirmado.

El portavoz de UPN ha confirmado que en 2017, cuando la presidenta de Navarra era Uxue Barkos (Geroa Bai), mantuvo un encuentro con Santos Cerdán, a la que también acudió el regionalista Óscar Arizcuren, para “tantear el clima político de un posible acuerdo después de las elecciones del 2019”. Tras la negativa de Cerdán, ha añadido Esparza, UPN exploró la vía de un acuerdo, que finalmente acabaron cerrando, con Ciudadanos y PP para conformar Navarra Suma.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha acusado este martes a Geroa Bai, socio del Ejecutivo de María Chivite, de ser “irresponsable” por amargar con apoyar una proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada tras el anuncio de que se retirará la financiación pública a 14 líneas de Infantil por la caída de la natalidad.

“Estamos defendiendo la escuela pública y quizás hay que aclarar la ética de que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año”, ha señalado el consejero Gimeno, que ha asegurado que Educación está dando cumplimiento al acuerdo programático que PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin firmaron en 2023 para investir a María Chivite y en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Lo que el Departamento ha establecido simplemente es ante una bajada de matrícula, unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley”, ha defendido el consejero de Educación.

“Esto ha ocurrido toda la vida, cuando la escuela pública perdía unidades, ninguna formación política dijo nada. Ahora tenían la escuela pública como coartada, pero esa coartada ya no está encima de la mesa porque la escuela pública no va a perder unidades”, ha apostillado en respuesta al portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que este lunes se abrió a apoyar la ley presentada por UPN si Educación no rectificaba el cierre de aulas en la privada. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, dijo.

“Yo creo que se está conversando y se le está proponiendo a Geroa Bai que haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley. Si lo que quieren es hacer otra ley para que encajen sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad que genera que la escuela pública pierda peso”, ha defendido Carlos Gimeno.

Así, el consejero ha advertido de que la aprobación de la proposición de ley de UPN obligaría a revisar los conciertos que ya se han aprobado. “Todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años, que no han perdido ninguna unidad, pueden ver en riesgo esa adjudicación de unidades por mor de una proposición de ley foral”. “Las tres ikastolas excepcionadas, Sangüesa, Lumbier, que tiene una solicitud, y Viana, tienen asegurado un concierto para cuatro años, cuando son centros en grave riesgo de perder el concierto. La ikastola Jaso, que tiene una unidad más, puede ver en riesgo el incremento de esa unidad por la proposición de ley foral”, ha añadido.

El consejero de Educación también ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que le acusó de “intransigencia” por “cerrar” aulas sin la “voluntad” de la mayoría del arco parlamentario. “Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, lo soy”, ha aseverado Carlos Gimeno.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros.

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

La coordinadora que agrupa las plataformas populares contra la instalación de “macroplantas de biometanización” en Navarra ha acudido al Parlamento para pedir “a los grupos políticos” la prolongación de la moratoria de un año aprobada hace unos meses “dos años más” que mantiene paralizados los proyectos. Según han señalado desde Sustrai Erakuntza en un comunicado, quedan “muchas tareas” pendientes para que la instalación de este modelo de energía “no suponga un perjuicio a los territorios y a la viabilidad del sector primario y a la calidad de vida en los territorios”.

Las plataformas populares afectadas por la instalación de las macroplantas de biogás de Viana, Los Arcos, Lodosa, Sesma, Arroniz, Mendavia, Cintruénigo, Sartaguda y Murillo el Cuende “ya habían solicitado una moratoria de dos años para la instalación de plantas de biometanización y que afectara a todas las plantas en tramitación en aquel momento”, tal y como han narrado ellos mismos. “El objetivo era la realización de una planificación democrática de esta cuestión, en condiciones y con garantías, basadas en la racionalidad, en el conocimiento de las necesidades reales y en la participación efectiva de los sectores afectados”, afirman. Sin embargo, la moratoria que aprobó el Parlamento en octubre de 2025 “descafeinaba las reivindicaciones iniciales”, ya que “acortaba el tiempo de su duración a 12 meses o hasta el momento de la aprobación de una normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables”. Además de limitarse a la “realización de un diagnóstico técnico sobre los proyectos en tramitación, el análisis de sus impactos, así como la presentación de recomendaciones para garantizar una planificación equilibrada y sostenible”.

Por ello, las plataformas locales afirman que “la situación es muy preocupante” y reclaman conocer “las acciones que el Gobierno de Navarra haya podido realizar” en el diagnóstico de la materia, el análisis de los impactos o las recomendaciones para una planificación sostenible. “A lo que se añade el hecho de que la moratoria puede finalizar en los próximos meses por lo ya indicado”, lo que “activaría los proyectos actualmente en suspenso” y comenzarían otros “que ya se anuncian en la Ribera”, apuntan.

Apoyándose en estas razones, la coordinadora ciudadana ha registrado “en el Parlamento un escrito” para ser analizado por “los grupos políticos”, al considerar que queda trabajo pendiente para que “la opción de la biometanización no suponga un perjuicio” al entorno y a sus ciudadanos. Primero, piden “aprobar una nueva moratoria, o en su caso la prolongación de la actual”, pues estiman que “se necesita al menos dos años más” para abordar “realmente este proceso con garantías territoriales, ambientales y sociales”. Otra de sus reclamaciones es el compromiso de “protección del suelo agrícola y acuíferos” frente a los intereses de las empresas promotoras“, pues es parte del ”interés general“ de sus habitantes y ”del sector primario“, productor de ”alimentos de calidad“. Y, por último, exigen la apuesta de un ”modelo de cercanía“, ya que ”el modelo adecuado para compatibilizar la actividad agroganadera de calidad con el uso de la biometanización debe tener un carácter descentralizado y autosuficiente, que asegure la cercanía entre generación y aprovechamiento de los residuos, respondiendo a las necesidades agroganaderas a nivel local“.

“Se debe imponer el principio de prudencia frente a la instalación de macroplantas de gran tamaño. Estas mezclan residuos de origen distinto al agroganadero, su transporte implica recorrer largas distancias, y producen riesgos de importantes afecciones ambientales en zonas ya de por sí consideradas vulnerables por la contaminación por nitratos”, exponen desde las plataformas.

Además de elevar las reclamaciones a las fuerzas políticas, la coordinadora ecologista también ha querido hacer “un llamamiento a la población” para que apoye y se una a “las acciones que ya se están realizando en las localidades afectadas”. Por eso mismo, la charla en el Centro Comunitario Salesianas de la Txantrea a las 19.00 estará abierta al público. También han convocado para el domingo 10 de mayo una manifestación con el lema 'Lurraren defentsan, STOP macroplantas BIOGÁS', a las 12: horas desde el Baluarte de Pamplona.

Decenas de profesionales de los servicios de Traumatología, Anestesia y Digestivo han anunciado en las últimas horas que no realizarán horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. Denuncian sentirse “señalados” por el Departamento de Salud que dirige Fernando Domínguez (Geroa Bai) como “responsables” del aumento del número de pacientes que aguardan por una primera consulta o por una cirugía.

Este anuncio aumenta la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera, especialmente en Traumatología, especialidad que acumula 14.461 pacientes en lista para una consulta. En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

Al personal de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), el más grande de los tres públicos que hay en la comunidad foral, se le ha sumado en las últimas horas el de Anestesia y Digestivo, que también han anunciado su negativa a hacer 'peonadas'.

El Departamento de Salud ha considerado “legítima” esta decisión de los profesionales del HUN, si bien ha mostrado su “preocupación” por cómo afectará la negativa a hacer horas extra a los datos de las listas de espera. También ha expresado su “compromiso y firme objetivo de mejorar la atención sanitaria de toda la ciudadanía navarra como principal meta de toda nuestra gestión” y ha señalado que “la actividad extraordinaria es una de las herramientas de gestión puestas a disposición del sistema para atender la demanda actual que no se llega a cubrir con la jornada ordinaria de 8 a 15 horas”.

“Hoy en día no hay posibilidad de contratar más profesionales del estamento médico de muchas especialidades y, por ello, invertimos parte de nuestro presupuesto en financiar esta jornada extra que nos permite atender a más pacientes por las tardes”, ha explicado.

Sin embargo, el Departamento ha precisado que “esta actividad es voluntaria”. “Desde la Administración no sé puede obligar a hacer esta actividad. Hasta ahora hemos encontrado la disposición de los y las profesionales para ello, pero en los últimos días algunos han anunciado que no lo harán en los próximos meses. Una decisión legítima, aunque nos preocupa el impacto que tendrá sobre las listas espera”, ha subrayado.

Desde Salud han explicado que se mantiene esta herramienta “para todos aquellos profesionales que quieran sumarse a ella”. “En los próximos días, a diferentes niveles, mantendremos encuentros con los profesionales para intentar conocer sus reivindicaciones y atenderlas dentro de las posibilidades y la normativa vigente con el fin de amortiguar lo máximo posible el impacto. Diálogo y mano tendida a trabajar en conjunto y colaboración, reiterando nuestro compromiso con la ciudadanía y con su atención sanitaria, corrigiendo las ineficiencias del sistema y respetando los derechos de nuestros profesionales”, han señalado.

UPN pide la dimisión del consejero y los socios del Gobierno reclaman más medidas

La crisis en Osasunbidea ha saltado también al escenario político. UPN y PP han pedido la dimisión del consejero de Salud, Fernando Domínguez, a quien han señalado como responsable de la crisis generada con el personal sanitario y los malos datos de listas de espera y han reclamado a la presidenta, María Chivite, que asuma “responsabilidades”. “El consejero no tiene ni la confianza del conjunto de los profesionales sanitarios ni, evidentemente, de la sociedad navarra. Y Chivite no puede mirar hacia otro lado, algo tendrá que hacer. Es la presidenta del Gobierno. Es la máxima responsable”, ha señalado Javier Esparza, portavoz de UPN.

Mientras, los socios del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) han mostrado su respaldo al consejero, si bien han coincidido en apuntar la necesidad de “reformas” en el sistema para mejorar los datos. En la misma línea EH Bildu, socio presupuestario, ha reclamado soluciones para “problemas estructurales” que a su juicio no se solucionan con horas extra.

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se insta al Departamento de Educación del Gobierno foral a crear un grado profesional de la enseñanza de la gaita en el Conservatorio Profesional de Música Sarasate y/o en el Conservatorio Escuela de Música-Conservatorio municipal Fernando Remacha de Tudela para el curso 2026-2027.

La moción, presentada por EH Bildu, pide para ello modificar el Decreto Foral 21/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

A tal efecto, y con el fin de posibilitar su implantación efectiva en el curso 2027-2028, la modificación del Decreto Foral 21/2007 deberá aprobarse con carácter previo a la Orden Foral por la que se regulen las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música correspondientes a dicho curso académico, “garantizando así la inclusión de la especialidad de gaita navarra en el procedimiento oficial de admisión”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que se emplaza al Ejecutivo foral a “planificar y calendarizar la implantación progresiva de la especialidad en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, garantizando su puesta en funcionamiento en un plazo máximo de tres años desde la aprobación de esta moción”. UPN ha presentado una enmienda de modificación, no aceptada por EH Bildu, dirigida a reformular el primer punto, sin cambiar su pretensión, para modificar el Decreto Foral 21/2007 con el tiempo necesario para que la enseñanza de gaita “pueda ser implantada en los Conservatorios Profesionales de Navarra en el curso 2027/2028”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu defiende la necesidad de instaurar un itinerario formativo integral para, mediante la ordenación académica en los grados profesional y superior de música, dotar a la gaita del “reconocimiento y la protección” que requiere uno de los instrumentos “populares más antiguos, prestigiosos y representativos del patrimonio cultural” de Navarra. 

A tal objeto y teniendo en cuenta que, dado que ningún centro que imparte gaita tiene carácter reglado (23 escuelas municipales, 25 academias privadas), no es posible obtener titulaciones oficiales en Navarra, se llama a abrir la vía adecuada para poder contar con profesorado cualificado y acreditado. 

En ese sentido, se apunta que en la Comunidad Foral solo existen cinco profesores de gaita titulados —gracias a una convocatoria extraordinaria en Catalunya en 2009— y alrededor de 340 personas que están recibiendo clases, 206 de ellas (curso 2024/25) en las escuelas de música municipales.

El Hospital Universitario de Navarra se ha incorporado a la red de Mamás en Acción, asociación dedicada a acompañar a niños y niñas hospitalizados sin un adulto de referencia, convirtiéndose en centro número 54 en formar parte de esta “cariñoterapia”.

La presentación oficial del proyecto ha tenido lugar en el propio hospital y ha reunido a la presidenta y fundadora de Mamás en Acción, Majo Gimeno, a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y al presidente del Grupo Cinfa, Enrique Ordieres, compañía farmacéutica con sede en Pamplona que ha impulsado y financiado la llegada de la organización a Navarra.

“No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”, ha señalado la presidenta de la asociación, que atiende a menores tutelados, víctimas de violencia y aquellos niños que sufren una situación de especial vulnerabilidad. Según explican, puede ser voluntario “cualquier persona que sea capaz de dar cariño”. A través del acompañamiento, los niños se recuperan mejor y facilitan el trabajo del personal médico y sanitario. Incluso, en los casos en el que un menor haya sido víctima de maltrato, evita los patrones agresivos adheridos a la agresión al “ser inoculados con cariño en el proceso de recuperación”.

En su intervención, Chivite ha definido el proyecto como “una forma de entender la sociedad basada en el cuidado, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan”, un prisma que, según ha dicho, se comparte desde el Departamento de Salud y Gobierno navarro. “Parte de la terapia y el tratamiento durante el ingreso en un centro sanitario es que los niños y niñas se encuentren en un entorno amable, y el juego, la tranquilidad y la seguridad de sentirse acompañados es esencial”, ha afirmado la Presidenta, y definía el trabajo de esta iniciativa como de “un valor incalculable”. “A veces, el gesto más pequeño puede tener un impacto enorme en la vida de alguien”.

Para la integración del sistema, “se ha establecido un procesidmiento ágil y accesible que permite a cualquier profesional” activarlo si lo es necesario para garantizar “una atención cercana y personalizada”. “Los trabajadores sociales sanitarios juegan un papel clave en la evaluación de la situación sociofamiliar y las necesidades específicas de cada caso, determinando la idoneidad de la familia para acceder a este voluntariado o, en su defecto, ofreciendo alternativas adecuadas que aseguren el bienestar integral del paciente”, explican desde Gobierno de Navarra.

Además, este convenio de colaboración entre la asociación y el Hospital Universitario de Navarra “reafirma su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria”, que a su vez “amplía su oferta de voluntariado”. Mamás en Acción supera en Navarra los cien voluntarios desde que se abrió el plazo el pasado mes de marzo, siendo más de 3.000 personas voluntarias en todo el país.