El Partido Popular y las acusaciones ultra que sustentan la causa contra el hermano de Pedro Sánchez han defendido este lunes sus conclusiones finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. En contraposición a las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los letrados han ensalzado las “demoledoras” conclusiones del instituto armado, que apuntan a que la plaza adjudicada al músico estaba amañada. 

Así, los informes de las acusaciones populares han tratado de desacreditar los testimonios de los testigos que, a excepción de una contrincante del hermano del presidente del Gobierno en el concurso de selección, han apuntalado las tesis de las defensas. Especialmente duro ha sido el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, que ha buscado atacar su credibilidad. “Los testigos han aportado bastante poco. O son inducidos, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración en el seno de este plenario”, ha aseverado. 

“No podemos pretender que un informe realizado por la UCO tenga la misma validez que las declaraciones realizadas por personas con el carnet del PSOE que trabajan para la Diputación y que tienen una dependencia orgánica”, había dicho previamente la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación de Badajoz, compareció la semana pasada ante el tribunal. Este mando policial aseguró que de la lectura de esos correos se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”.

En concreto, señaló al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera David Sánchez ocupara el puesto.

El letrado del PP, Alberto Durán, ha defendido que son esos correos los que “dicen la verdad de lo que aquí ha ocurrido”, dado que “nadie deja por escrito en un expediente administrativo su propósito delictivo”. Previamente, el abogado del partido minoritario Iustitia Europa, Luis María Pardo, había definido ese expediente administrativo como “el envoltorio de una voluntad omnímoda ya consumada”. “Se ha convertido la potestad reglamentaria y administrativa en una herramienta de vasallaje al servicio de intereses particulares y también de intereses políticos”, ha añadido este mismo abogado. 

“Lo que nos dice la UCO es que hay un impulsor que va más allá del área de Recursos Humanos, que también está implicada, que va más allá del área de Cultura, que es el área de Presidencia del señor Gallardo”, ha defendido Polonia Castellanos, la representante de Abogados Cristianos, que ha calificado las conclusiones del instituto armado de “demoledoras” y “aplastantes”. “La UCO hace una relación de acciones y responsabilidades de cada uno de los autores que ponemos en valor y que entendemos que es correcto”, ha añadido otro de los letrados, Alexis Aeneas, representante de Liberum, un colectivo antivacunas.  

Por su parte, la representante de Vox, Marta de Castro, ha sacado a colación la declaración del teniente coronel Balas, quien defendió que “el motivo del impulso y el núcleo de decisiones” está en la Diputación de Badajoz. Basándose en los atestados de la UCO, la letrada ha defendido que esa institución tenía la “capacidad política” y que desde ahí fue descendiendo por todos los órganos necesarios para conseguir la finalidad perseguida: “crear un puesto a medida del máximo beneficiado de David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar”.

Además, al inicio de la sesión, el tribunal ha rechazado la petición de la defensa del hermano de Pedro Sánchez de volver a declarar después de que todas las acusaciones populares menos Manos Limpias duplicaran su petición de pena hasta los seis años. Las acusaciones argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Al considerar el tribunal que ese hecho estaba prescrito, Emilio Cortés, el abogado del principal investigado no le hizo preguntas al respecto. Este lunes, tras el cambio en la petición de pena, el letrado ha solicitado poder interrogar de nuevo a su cliente. Tras retirarse brevemente a deliberar, el tribunal ha rechazado su petición al considerar que no hay una modificación sustancial de los hechos que justifique una nueva declaración. 

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes en Extremadura un escenario dominado por el cielo poco nuboso o despejado, acompañado de un ligero descenso de temperaturas. Las mínimas apenas variarán en la mitad norte de la región, mientras que las máximas se mantendrán altas para esta época del año.

Los termómetros oscilarán entre 14 y 33 grados en Badajoz, 14 y 34 en Mérida, 16 y 32 en Cáceres y 18 y 34 en Plasencia, consolidando un ambiente cálido en las horas centrales del día.

El viento soplará de oeste y noroeste, con intensidad floja o moderada, sin previsión de fenómenos adversos.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha defendido este jueves ante los jueces de la Audiencia de Badajoz que no influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero como jefe de sección de actividades transfronterizas de la Diputación de Badajoz. “Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha aseverado. David Sánchez ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Emilio Cortés, que no le ha preguntado sobre el proceso de adjudicación de su puesto porque el tribunal decidió no juzgar al músico por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. Su declaración apenas ha durado diez minutos.

También ha asegurado que no intervino ni ejerció influencia alguna en el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Ha rebatido así las tesis de las acusaciones que sustentan la causa, que defienden que esa modificación fue una vía para adaptar el puesto a sus preferencias personales. “Todas las actividades se enmarcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Eran publicitadas con los logotipos de la Diputación. Había expedientes, controles de gasto... No puede ser una actividad privada mía”, ha afirmado.

Además, ha señalado que no intervino en el cambio de denominación del puesto y se enteró cuando este ya se había realizado, pero que supone que se produjo “por una evolución natural de las actividades que se venían realizando”.

En este sentido, ha defendido que la Oficina es una categoría administrativa y que “no era entendido” como “un edificio físico con una ventanilla”. Así, ha mantenido que, en los años 2023 y 2024, ya como jefe de la Oficina, estuvo trabajando en “espacios comunes” hasta que hubo una “reubicación” a los servicios centrales de la Diputación. De esa forma ha intentado aclarar su declaración durante la instrucción, en la que tuvo dificultades para explicar dónde se encontraba físicamente su lugar de trabajo.

En relación con la contratación de su amigo Luis María Carrero en comisión de servicio, David Sánchez ha mantenido en septiembre de 2023 empezó a escuchar por los pasillos de la Diputación que iba a haber “un refuerzo” en el área de Cultura. Y que, en consecuencia, le dijo a su amigo que estuviera “atento” porque el puesto le podría interesar. David Sánchez ha defendido que fue un “malentendido” el correo que usan las acusaciones para defender que él ya conocía su adjudicación.

“Dos meses más tarde, me cruzo con él, y me dice que la plaza ya estaba. El malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. En ese mismo correo, el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario (...). Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha explicado a preguntas de su letrado.

Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que participaron 42 testigos, estuvieron definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

El investigador y activista cultural José Ramón González ha recuperado una obra inédita del pintor extremeño Godofredo Ortega Muñoz que se encontraba en un almacén de Guadalajara y que no constaba en el catálogo del autor.

La pieza, un retrato de una mujer, ha recibido la validación oficial de la Fundación Ortega Muñoz, que ha confirmado su autenticidad e inclusión definitiva en el Catálogo Razonado del artista.

Una pieza de “extrema singularidad temática”

El hallazgo se produjo tras un minucioso rastreo en el mercado secundario, después de que González identificara un retrato femenino al pastel de una “calidad técnica excepcional” en un almacén de antigüedades de la provincia de Guadalajara.

La obra, de carácter clásico, elegante y gran sobriedad, había permanecido oculta para los especialistas durante décadas y no está incluida en el catálogo razonado del artista. Tras el análisis del material técnico y fotográfico en alta resolución, los expertos de la institución han certificado la autoría del Ortega Muñoz con un “alto grado de seguridad”, señala el investigador.

La importancia de esta pieza, añade, reside en su “extrema singularidad temática”, pues en la producción de Ortega Muñoz, dominada casi en su totalidad por sus “icónicos y descarnados paisajes”, el retrato es un género “extraordinariamente inusual”.

Un “acto de justicia” para el patrimonio

La obra descubierta presenta unas dimensiones y una ejecución análogas a las de la Señora Uriarte (1941), una de las escasas referencias de este tipo documentadas hasta la fecha. Su aparición, por tanto, arroja nueva luz sobre la producción del pintor durante su etapa madrileña de posguerra.

“Identificar y lograr la validación oficial de este Ortega Muñoz ha sido un acto de justicia con nuestro patrimonio”, afirma José Ramón González, quien explica que supo que era obra de Ortega Muñoz al ver “la factura del pastel y la profundidad psicológica de la mirada” de la mujer que protagoniza el retrato. “Es un orgullo devolver esta obra a la luz”, afirma.

Esta nueva recuperación llega después de otros hallazgos de González, como es la recuperación de la obra monumental 'Sendas obstinadas' de Pedro Gross, desaparecida hace 75 años, y la localización de una pieza de Pérez Comendador robada hace casi tres décadas en Badajoz.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito, según ha determinado el tribunal de la Audiencia de Badajoz, que mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Asimismo, el tribunal ha acordado no atribuir al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, otro de los 11 acusados, cualquier hecho punible relacionado con la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también acusado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

El tribunal considera que se trata de una acusación “sorpresiva”, pues durante la instrucción y su interrogatorio “no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible”.

Estas cuestiones previas han sido admitidas por el tribunal, que ha dado a conocer su resolución al inicio de la segunda jornada del juicio por la contratación de David Sánchez por la Diputación pacense.

Rechazada la nulidad de la investigación

El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados.

La nulidad fue planteada por las defensas al considerar que los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral (tráfico de influencias y prevaricación).

Tanto David Sánchez como Gallardo, para quienes se solicitan tres años de prisión, declararán inicialmente entre los días 4 y 5, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos.

El punto 4 del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Extremadura ordena la “supresión inmediata” del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros de Primaria y Secundaria de la región. El texto justifica la medida apelando a un supuesto “adoctrinamiento”, a “injerencias extranjeras” y a un intento de “diluir nuestra identidad, usos y costumbres”. Sin embargo, en el único municipio extremeño donde se imparte este programa —Talayuela, 7.439 habitantes— nadie reconoce esa descripción. Ni los equipos directivos, ni las familias, ni la comunidad educativa, que defienden unánimemente un recurso que consideran esencial para la convivencia y la integración.

Talayuela es una localidad marcada por las dinámicas migratorias vinculadas al desarrollo agrícola desde finales de los años noventa. El tabaco, el espárrago o el pimiento atrajeron a cientos de trabajadores marroquíes que, con el tiempo, se asentaron con sus familias. Hoy, alrededor del 40% de la población es de origen marroquí, una realidad estable y normalizada que forma parte de la identidad del municipio.

El programa cuya eliminación se plantea para el próximo curso no supone coste alguno para la Junta de Extremadura ni para el Gobierno central. Se financia íntegramente a través de un acuerdo bilateral con Marruecos, que mantiene a los dos docentes que trabajan en Talayuela, uno en cada centro educativo público. Pese a ello, su futura supresión ha generado un rechazo generalizado entre los centros y sus familias, que subrayan que su valor va mucho más allá del aprendizaje lingüístico.

Uno de los colegios afectados es el CEIP Juan Güell, con unos 230 alumnos, de los cuales cerca del 40% son de origen marroquí. En el CEIP Gonzalo Encabo, más antiguo y con más de 400 estudiantes, la proporción asciende al 60%. “Es un recurso fundamental para facilitar la adaptación del alumnado que llega nuevo y para mejorar la relación con las familias”, explica su director, Luis Alfonso Corrales. La retirada del programa, advierte, obligará a los centros a asumir esas funciones con menos medios. “Cualquier recurso que se elimina y que está demostrado que beneficia al alumnado es una pérdida”.

Corrales considera que la medida parte de un “desconocimiento total” de la realidad educativa del municipio. “La mayoría de nuestro alumnado ha nacido ya en España y sus familias llevan más de 20 o 30 años aquí, trabajando y cotizando”. Le sorprende que un programa que solo afecta a un pueblo y a dos colegios aparezca en un acuerdo regional. “No le encuentro el sentido”.

El director insiste en que las clases no tienen ningún contenido religioso ni político. “El profesorado no quiere saber nada de religión islámica, ni de política, ni de nada. Hay un punto en el convenio que indica precisamente que se debe informar sobre las leyes y la normativa española para que el alumnado y sus familias la conozcan y la respeten”. La convivencia en el centro, asegura, es “total”. “Aquí no hay niños españoles ni marroquíes, simplemente hay niños y niñas”. Se emociona al recordar casos de alumnos que llegaron sin conocer el idioma y hoy han prosperado, como una estudiante que ahora ejerce como abogada. “Si conocieran lo que hacemos, no quitarían estas clases”.

La comunidad musulmana del municipio comparte la preocupación. Youssef Meziane Yaala, uno de sus representantes, recuerda que Talayuela recibió en 2004 el Premio de Extremadura a la Integración. “Nunca han sido un problema estas clases; al contrario, ayudan a que haya una mejor convivencia en los colegios”. Subraya que la evolución positiva del municipio es fruto de la colaboración entre todos los tejidos sociales.

Recurso clave

En el CEIP Juan Güell, su director, Regino Regidor, defiende la continuidad del programa como un recurso “clave” para el centro, que además no solo beneficia al alumnado de origen marroquí: en su colegio al menos cinco familias españolas han inscrito a sus hijos en esta actividad extraescolar. “Es una herramienta de apoyo tanto académica como social. Facilita la vida en el centro, refuerza la acogida del alumnado recién llegado, la mediación familiar y la convivencia escolar”. Actualmente, unos 50 niños y niñas participan en las clases de tarde, mientras que por la mañana el profesorado del programa colabora en tareas de integración y acompañamiento lingüístico. “Hay niños que llegan sin conocer el idioma y este recurso permite trabajar el vocabulario básico y acompañarles en sus primeros pasos en España”.

Regidor rechaza que el programa tenga un carácter segregador. “No se trata de religión en absoluto, sino de integración”. Y lamenta la falta de información oficial por parte de la Junta. “No estamos de acuerdo con una medida que perjudicará al centro”. En los próximos días se reunirá el consejo escolar para analizar la situación y decidir qué pasos dar si finalmente se confirmara la supresión de la extraescolar de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. “Además, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para informarnos de nada”, se lamenta.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Talayuela, el popular Óscar Baños, gobierna gracias a los apoyos de Vox y Extremeñistas. Pese a que la medida afecta de forma directa a sus vecinos y vecinas y a la convivencia en el municipio, evita fijar una posición pública. Ante las preguntas de elDiario.es Extremadura, Baños se limita a remitir al Ejecutivo regional, “que es quien ha tomado esta decisión”, sin entrar a valorar el impacto que tendrá en los dos colegios del municipio.

Mientras tanto, en Talayuela crece la sensación de que se está legislando desde lejos, sin conocer la realidad de un pueblo que lleva décadas construyendo convivencia y de una actividad que beneficia a unos y otros. Una convivencia que, según quienes la sostienen día a día, no se fortalece eliminando recursos, sino manteniéndolos.

El municipio de Jerez de Los Caballeros, al sur de Badajoz, ha conseguido “colarse” en el video Kilómetro Sur con el que el PP andaluz ameniza sus actos de campaña, en los que se repasan imágenes de diferentes sitios de Andalucía y al que pone voz el propio candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno.

El diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo, natural de esta población, ha sido quien ha puesto el foco sobre el asunto al publicar en redes sociales la apreciación. La estampa más típica del municipio, limítrofe con la provincia de Huelva, la dan sus cuatro torres de su pasado templario.

Precisamente, la panorámica de tres de sus cuatro torres son las que se han colado en este video en que se mezclan imágenes de actos del candidato, paseos por calles andaluzas, playas y diferentes enclaves de la comunidad autónoma. A las estampas andaluzas las acompaña la voz de un cantante que suena inusitadamente como el propio Moreno, cantante en el pasado de dos bandas, aunque su equipo de comunicación ha eludido confirmar esta semejanza por el momento.

“El territorio no es atrezo de campaña”

“Hola @JuanMa_Moreno, ¿tan poco conoces Andalucía? En tu vídeo sale Jerez de los Caballeros, que está en Extremadura”, ha escrito el diputado socialista, que añade: “Sabíamos que Jerez trasciende fronteras, pero admito que esta no la vi venir. ¿Así podemos votar aquí el 17M? Porque si es así, votaré a @psoeandalucia”.

A renglón seguido, Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura y alcalde de Salorino, también ha criticado el error en la edición del audiovisual. “Extremadura agradece la promoción, pero Andalucía merece que su presidente sepa diferenciar Jerez de la Frontera de Jerez de los Caballeros”, ha publicado en sus redes sociales, “el territorio no es atrezo de campaña”.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha ampliado este miércoles la alerta amarilla por lluvias y tormentas a las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y a la Meseta cacereña, según ha informado la Junta de Extremadura.

Con esta actualización, el aviso afecta también al norte de Cáceres, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, comarcas que continúan bajo seguimiento ante la inestabilidad meteorológica prevista para la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. Además, las tormentas podrían venir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento, así como de granizo de forma ocasional.

El 112 mantiene activada la alerta amarilla desde las 12.00 hasta las 22.00 horas en el norte de Cáceres, mientras que en las Vegas del Guadiana y la Meseta cacereña el aviso se prolongará hasta la medianoche.

Ante esta situación, el centro coordinador ha trasladado una serie de recomendaciones a los ayuntamientos para minimizar riesgos. Entre ellas, mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento.

Asimismo, insta a revisar bajantes de agua en tejados, retirar escombros, objetos, hojas o tierras que puedan obstaculizar el paso del agua en cauces, cunetas, acequias y alcantarillado, y vigilar especialmente sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le recomienda extremar la precaución en carretera, prestar atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar vías inundadas y evitar estacionar en cauces secos o junto a las orillas de los ríos.

En los domicilios, aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de emergencia o necesidad, el 112 recuerda que permanece operativo para atender cualquier incidencia.

Los discursos de investidura tienen algo de 'carta a los reyes magos', y si la María Guardiola de 2023 recibiera esa carta escrita por ella misma en 2026, quizá le costaría reconocerse. Lo que entonces no quería Guardiola para su tierra parece desearlo ahora. El discurso que este martes ha pronunciado en la Asamblea de Extremadura –para volver a hacerse con el poder tras un controvertido pacto con la extrema derecha– ha sido notablemente más conservador que el de 2023.

Es la enésima constatación de que la candidata que se adscribía a una de las dos hipotéticas almas del PP –la supuestamente moderada– se ha situado sin lugar a dudas en el alma más derechista. Tanto, que hasta Isabel Díaz Ayuso ha criticado uno de los puntos más polémicos del pacto de Guardiola con Vox, el de la llamada “prioridad nacional”; concepto que, quizá por eso, la líder extremeña ha omitido este martes.

Si en 2023 María Guardiola se presentaba con un tono moderado y conciliador, ofreciendo pactos de Estado a la oposición y rechazando la polarización y las “trincheras”, este martes ha subido al estrado tras haber firmado un acuerdo de gobierno explícito con Vox, asumiendo e integrando gran parte de la agenda ideológica de la extrema derecha.

Las diferencias ideológicas entre el discurso de 2023 y el de este martes atraviesan todas las áreas, pero son más palpables en las que hace tres años le granjearon sonoros enfrentamientos con Vox ante los que finalmente Guardiola arrió la bandera y, traicionando su palabra, acató. La María Guardiola de 2026 ha asumido de lleno las batallas culturales de la extrema derecha.

Feminismo bueno y feminismo malo

En el discurso de 2023, Guardiola hizo una férrea defensa del feminismo, nombrando a referentes femeninos de su partido, negándose a dar “ni un paso atrás” y utilizando términos explícitos como la erradicación de la “violencia machista” y la “violencia de género”.

En abril de 2026, su discurso adopta un tono crítico con el feminismo tradicional, afirmando que hay quienes hablan de feminismo “sólo detrás de las pancartas, y sólo para juzgar” y prefiere llamarlo “feminismo de los hechos”, orientando estas políticas casi exclusivamente hacia la maternidad, la conciliación y la aprobación de una “Ley de Apoyo a la Familia para el Fomento de la Natalidad”.

Los inmigrantes no son delincuentes, pero...

En 2023, la inmigración y la inseguridad no tuvieron ningún protagonismo en su alocución ante la Asamblea extremeña. En abril de 2026, en cambio, el discurso de Guardiola asume una postura de línea dura frente a la inmigración. Critica las políticas migratorias del Gobierno central, se niega a aceptar el reparto obligatorio de menores inmigrantes e introduce la creación de una polémica “Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón” para combatir el supuesto uso fraudulento de ayudas sociales.

Además, en el mismo bloque –y no por casualidad– ha desglosado sus medidas contra la ocupación de viviendas, prometiendo garantizar desalojos en un plazo máximo de 24 horas (algo que por otra parte ya hace la Policía cuando se trata de allanamientos de morada).

El Pacto Verde, ese anatema

Mientras que en 2023 Guardiola defendía el campo buscando la compatibilidad con el medioambiente, en abril de 2026 asume la retórica contraria a las políticas ecologistas europeas, prometiendo proteger al campo del “Pacto Verde”, flexibilizar las leyes de protección ambiental y realizar una defensa explícita de “la caza y la tauromaquia” como esencias del mundo rural. Sin pestañear, ha anunciado su intención de “revisar las Zonas de Especial Protección de Aves” que quedarán condicionadas, entre otras variables, por la “actividad económica”.

Guardiola califica ahora las limitaciones ambientales como “pretextos sectarios” e “imposiciones puramente ideológicas”, prometiendo que en los procedimientos administrativos se aplicará el principio de “declaración responsable” para evitar papeleos al agricultor. Está por ver si los estrictos requisitos de la Política Agraria Común son compatibles, a la hora de repartir subvenciones, con esa fórmula de “declaración responsable” que elimina controles administrativos.

Y de repente, la Conquista de América

El discurso de este martes ha introducido Guardiola sorpresivamente un componente identitario totalmente ausente en 2023. Ha sentido la necesidad de rechazar la “leyenda negra” sobre el pasado de España en América, afirmando que “América no fue una colonia sometida” y que –a diferencia de lo que piensa, por ejemplo, el rey Felipe VI– “España no tiene nada de lo que pedir perdón”.

También ha anunciado la creación del Instituto del Mestizaje para proyectar esta visión histórica, una nueva institución que huele mucho a la fallida “Oficina del español” que intentó crear Ayuso en Madrid. Habrá qué ver qué partida de dinero público y que persona pondrá Guardiola al frente de ese nuevo organismo que tan necesario ve en la tierra de Hernán Cortés, Pizarro y Núñez de Balboa.

Un tren a ninguna parte

Es muy llamativo que en el pacto firmado el viernes entre PP y Vox no haya una sola alusión al ferrocarril. Este martes Guardiola sí lo ha mencionado, pero de pasada. Contrasta con 2023, cuando la entonces candidata dedicó un espacio amplio y sumamente detallado a la cuestión ferroviaria, partiendo de un “sentimiento de frustración por ese tren indigno”. En 2023 exigió explícitamente la finalización del AVE, completar los tramos de plataforma pendientes, la electrificación del servicio y la llegada de nuevos trenes con mejores horarios. Reclamó la conexión ferroviaria directa, sin transbordos, entre Madrid y Lisboa y defendió la reapertura del tren Ruta de la Plata (reactivando el tramo Plasencia-León) como uno de sus “caballos de batalla” y un logro regional dentro del corredor atlántico.

Este martes la referencia al tren se limita a un bloque donde exige infraestructuras al Gobierno de Pedro Sánchez. “Llevamos demasiado tiempo esperando un tren digno” ha dicho. Esta mención se agrupa, de pasada, con la falta de autovías, potencia eléctrica y conectividad digital. El ferrocarril parece haber dejado de ser una prioridad.

El PP ha comprado definitivamente el marco mental de Vox. Es lo que se desprende del pacto de Gobierno alcanzado entre ambas formaciones en Extremadura este jueves. Lejos de domesticar a Vox, el documento incorpora de manera explícita la agenda ideológica identitaria de la extrema derecha (antiglobalismo, xenofobia, islamofobia, discriminación en las ayudas públicas y una guerra declarada a la Agenda 2030). Además, Vox logra un peso orgánico mucho mayor en el Ejecutivo de María Guardiola: una Vicepresidencia y el control de los servicios sociales, que no poseía en la legislatura anterior.

Entre el pacto de 2023 y este de 2026 existen algunas coincidencias, pero todas las diferencias son concesiones a Vox. Pese a haber sido insultada como “feminazi” por Vox durante la campaña, Guardiola ha vuelto a transigir con las exigencias de la extrema derecha, como ya hiciera para acceder al poder en 2023. Es elocuente que en el título del nuevo pacto se caiga la idea de “cambio” para Extremadura, que sí figuraba en el anterior, aunque realmente las medidas sí introducen un cambio: hacia la derecha.

Analizamos a continuación las principales diferencias entre ambos pactos. Diferencias que podrían marcar la tónica de los acuerdos que todavía no se han alcanzado en Aragón y en Castilla y León, y que también podrían ser necesarios en Andalucía, si Juanma Moreno no logra la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo. El nuevo pacto implica un salto cualitativo respecto al documento de 2023. Son 61 puntos y 74 medidas que en muchos casos dependen de reformas de leyes nacionales que el PP, de momento, está lejos de poder garantizar. Aun así, los de Abascal se han contentado con esa promesa de difícil cumplimiento y han sellado el pacto, lo cual no es descartable que suceda igualmente en Aragón y Castilla y León.

La “prioridad nacional”, el eufemismo xenófobo que asume el PP

Mientras que en 2023 no se mencionaban las políticas migratorias, ahora el concepto de “prioridad nacional” es una de las grandes novedades de este acuerdo. Es una versión eufemística del lema ultranacionalista “los españoles, primero”, que busca restringir y priorizar el acceso a las ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda protegida.

El objetivo de “la prioridad nacional” es asignar los recursos públicos de manera prioritaria a aquellas personas que puedan demostrar un “arraigo real, duradero y verificable” en el territorio extremeño, dificultando o impidiendo el acceso a la población inmigrante más reciente o indocumentada. Crea, de facto, ciudadanos 'de primera' y 'de segunda'.

Además, el nuevo pacto explicita la utilización del padrón, a pesar de no tener competencias para ello. Vox y el PP se comprometen a exigir un empadronamiento ininterrumpido en Extremadura de hasta 10 años para comprar vivienda protegida (5 años en el caso del alquiler), y exigen al Gobierno central reformar la legislación para anular automáticamente la inscripción en el padrón municipal de los “okupas” o de cualquier persona que no acredite un título válido de propiedad o alquiler, creando además una unidad administrativa específica dedicada a perseguir los empadronamientos ficticios y los “pisos patera”.

El machismo ya no existe en el nuevo pacto

En materia de políticas de igualdad, ambos acuerdos comparten la omisión absoluta de cualquier mención a los derechos del colectivo LGTBI o a la diversidad sexual, pero evidencian un claro retroceso conservador entre un texto y otro. Mientras que el pacto de 2023 aún conservaba un compromiso explícito para “erradicar los discursos machistas” y rechazar la “violencia contra la mujer” —aunque ya entonces eludía el término “violencia de género” o “machista”—, en 2026 no hay mención al machismo. Este viraje de 180 grados ya se percibió en febrero, cuando Guardiola dijo defender “el mismo feminismo” que defiende Vox.

En su lugar, el nuevo acuerdo sustituye la agenda de igualdad tradicional por un enfoque exclusivo en el fomento de la natalidad y la creación de una “nueva ley de familia”. Además, el pacto de 2026 instrumentaliza el concepto de igualdad dentro de su agenda identitaria, utilizando la defensa de “los valores de igualdad y dignidad” de la mujer como el argumento jurídico y moral para justificar una medida de rechazo frontal al islam ultraconservador: la prohibición del burka y el niqab en los espacios público (atuendos, por cierto, absolutamente marginales en la región).

Una falsa “neutralidad ideológica en las aulas”

En materia de educación, ambos acuerdos comparten la promesa de garantizar la “neutralidad ideológica” en las aulas, blindando el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación “acorde a sus convicciones” (lo que abre la puerta al veto parental). Vox, sin embargo, suele defender “los usos y costumbres locales” para imponer en el espacio público la doctrina católica.

Este nuevo pacto refuerza un marcado giro identitario y nacionalista: mientras que en 2023 las propuestas eran más genéricas, enfocadas en dignificar al docente y modernizar los centros, el nuevo documento de 2026 impone la supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí alegando un rechazo a las “injerencias extranjeras”. La persecución de la lengua árabe es otra medida que Vox está intentando en varias comunidades y que el PP ya ha aplicado, por orden de Vox, en Murcia.

Pese a la supuesta “neutralidad”, lo cierto es que en ocasiones Vox ha pedido que la asignatura de Religión (católica, claro) sea evaluable y tenga el mismo peso que las materias troncales, garantizando su oferta incluso en Bachillerato. PP y Vox dicen huir del “adoctrinamiento en las aulas” pero buscan blindar el catolicismo, camuflándolo como “libertad religiosa” y arrogando a la doctrina católica el papel de pilar fundamental de la identidad cultural española (con una ignorancia explícita de las aportaciones de las culturas grecorromana, hebrea e islámica a la tradición española).

Negacionistas climáticos a los mandos de la agricultura: el motor económico extremeño

La entrada de Vox en la Vicepresidencia y en la gestión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural supone también un cambio de paradigma. Vox ya no es un acompañante en la gestión forestal (la residual cartera que asumieron en 2023) sino el gestor del principal motor económico de la región: el campo.

El pacto de 2026 radicaliza su postura al evolucionar de una petición genérica para revisar las políticas verdes a un “blindaje” frontal contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Ahora se rechaza explícitamente el acuerdo UE-Mercosur, se establece un fondo de compensación frente a las “imposiciones de Bruselas” y se exige priorizar el 100% de productos nacionales y autonómicos en los comedores públicos.

Misión: salvar la central de Almaraz

En materia de energía nuclear, el pacto de 2023 se limitaba a una exigencia política genérica pidiendo que se “rectificara” el plan de cierre de la central nuclear de Almaraz. El documento de 2026 anuncia un plan de acción autonómico concreto para blindar la central: la progresiva eliminación de la “ecotasa” autonómica que grava la producción de energía nuclear, aplicando una reducción del 30% anual hasta su supresión total antes del final de la legislatura.

Además, el nuevo acuerdo introduce una medida territorial inédita, comprometiéndose a destinar el 50% de la recaudación restante de esta tasa a un fondo exclusivo para promover el desarrollo socioeconómico, la generación de empleo, la mejora de infraestructuras y la promoción de vivienda en los municipios del entorno de la central y su área de influencia.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye medidas como la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos, el rechazo a la acogida de menores migrantes y la supresión total de subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, entre otras. En un documento de 23 páginas remitido por ambos partidos, se recogen las medidas acordadas, con una fecha tope asociada para llevar cada una a cabo.

El PP cede a la agenda de la ultraderecha en materia de inmigración y recoge un total de 12 medidas (más de tres páginas), a pesar de obtener 29 escaños en las pasadas elecciones (casi el triple que Vox, que alcanzó 11). La gran mayoría, además, deberá aplicarse en este 2026. En resumen, los partidos firman un “rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central”, a aplicar “desde el primer día”. En diferentes puntos, las medidas hacen referencia a cuestiones que o bien ya se aplican o bien la Junta no tiene competencia para legislar.

“No más menores extranjeros no acompañados”, recoge la medida que encabeza el bloque de inmigración, donde se incluye también el compromiso de “facilitar y agilizar las repatriaciones y retornos efectivos” de los menores migrantes. No se habilitará ningún nuevo centro de acogida ni se ampliarán plazas en los existentes, se reducirá el gasto legal “al mínimo” y se endurecerá el régimen disciplinario. Sí se destinará presupuesto, en cambio, para realizar a las personas migrantes “pruebas de determinación de edad” para “evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”.

PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. Esta medida es una declaración de intenciones con la que los de María Guardiola se acogen al ideario más ultra. Sin embargo, y pese a que la sanidad es una competencia transferida casi de forma íntegra a las comunidades autónomas, debe ser ofrecida a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y derechos estatales, entre los que se encuentra una sanidad universal . El Gobierno central reforzó recientemente el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, por medio de un real decreto (180/2026, de 11 de marzo).

El nuevo Ejecutivo se compromete a la supresión total de subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, es decir, en palabras de Vox y PP, que “actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. En este apartado, alientan el bulo del “efecto llamada”; en este caso, en relación con la ayuda que les prestan las organizaciones. También destinará presupuesto a la creación de una “Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” para detectar “empadronamientos ficticios”. Asimismo, se incluyen medidas destinadas a “combatir el fraude y la ocupación ilegal”, cuya principal acción es impedir el padrón de quien no acredite un “título habilitante de ocupación de la vivienda o documento equivalente”. Actualmente, en Extremadura ya se requieren documentos que acrediten el uso de domicilio para obtener el padrón.

Según el documento, se “prohibirá el uso del burka y el niqab en espacios públicos” antes de fin de 2026 “en el ámbito de las competencias” de la Junta de Extremadura, que son limitadas. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2013, no obstante, anuló la prohibición del velo integral en Lleida y concluyó que “los ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental de libertad religiosa, destacando la necesidad de la regulación por Ley”. De hecho, el pasado martes el Congreso, con los votos en contra de PP y Vox a ceder competencias migratorias a Catalunya, decayó el intento de Junts de prohibir el burka.

En el texto no hay mención alguna al colectivo LGTBI, ni a términos relacionados con diversidad sexual o identidad de género. Las medidas centradas en el ámbito familiar y social mencionan explícitamente a las “familias numerosas”, “familias monoparentales”, “jóvenes”, “personas con discapacidad” y “personas dependientes”, así como el fomento de la natalidad, pero no contienen referencias al colectivo LGTBI.

Vox también impone su agenda en política medioambiental. En esta materia, destaca el sí a las nucleares y las trabas a las energías renovables. “El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural”, reza el pacto.

En este sentido, se compromete a blindar el sector primario frente a la 'Agenda 2030', sin especificar cómo. Así ocurre de igual modo con la caza, que se “consolidará como una actividad estratégica compatible con la conservación del medio natural”, según dicen. Ello, al tiempo que simplifican la normativa en Red Natura 2000, Red de Espacios Protegidos y trámites ambientales y revisan las zonas catalogadas ZEPA y LIC, “con el objetivo de compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico, respetando en todo caso la legislación vigente”.

En el ámbito fiscal, se reduce la progresividad, con una bajada progresiva en los primeros tramos del IRPF y una ampliación de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (incluyendo a sobrinos).

Consulta el documento completo del pacto aquí.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Extremadura una jornada marcada por cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar la presencia de brumas y algún banco de niebla matinal aislado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán una subida entre ligera y moderada, más acusada en el sur de la comunidad.

Así, los termómetros no bajarán de los 8 grados en Badajoz y Mérida, de 9 grados en Cáceres y de 11 en Plasencia.

Por su parte, las máximas alcanzarán los 29 grados en Mérida, 28 en Badajoz y 26 grados tanto en Cáceres como en Plasencia. El viento será variable y, en general, flojo.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles, 15 de abril, en Extremadura una jornada de cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta la presencia de brumas o nieblas a primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, que podrá ser moderado en las máximas, especialmente en el sur de la comunidad. Así, los termómetros alcanzarán los 25 grados en Mérida, 24 en Badajoz, 23 en Plasencia y 22 en Cáceres.

Por su parte, las mínimas se situarán en torno a los 8 grados en estas localidades, salvo en Plasencia, donde subirán hasta los 10 grados.

El viento soplará de componente oeste, flojo en general, con algunos intervalos de intensidad moderada.

La Agencia Tributaria ha abierto este martes el formulario para las ayudas previstas para profesionales y empresas que sufrieron daños por los temporales meteorológicos de comienzos de año en Andalucía y Extremadura. El Ministerio de Hacienda ha informado de que se pueden pedir desde este 17 de marzo hasta el próximo 30 de junio.

El formulario, accesible aquí en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, dará acceso a las ayudas aprobadas por el Gobierno, que alcanzan “5.000 euros para empresarios y profesionales personas físicas” y “entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, según su facturación”, recuerda Hacienda.

“Estas ayudas están exentas de tributación tanto en IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades y son inembargables”, informa la Agencia Tributaria.

Los datos para recibir la ayuda

El Ministerio dirigido por María Jesús Montero informa de que “con el objetivo de que tanto la solicitud como la concesión de estas ayudas sea lo más sencilla y rápida posible”, se ha puesto a disposición de los afectados un formulario electrónico en el que los solicitantes deberán indicar datos básicos.

En concreto, “su nombre y apellidos, NIF, una cuenta bancaria de la que sean titulares para recibir el abono de la ayuda, y un número de teléfono de contacto, sin necesidad de aportar ninguna documentación”.

De manera previa, para la presentación de la solicitud es necesario disponer de ‘Clave’ o certificado electrónico, indica la Agencia Tributaria, que indica que, junto con el formulario, ha puesto a disposición de la ciudadanía “una serie de módulos informativos que incluyen preguntas frecuentes como quiénes pueden beneficiarse de las ayudas y un acceso directo al registro en ‘Clave’ para los solicitantes que no están registrados en el sistema de identificación”.

Posteriormente, las ayudas serán abonadas por la Agencia Tributaria mediante transferencia bancaria en la cuenta señalada por el solicitante en el formulario. “En el caso de que el solicitante quiera modificar, por ejemplo, la cuenta bancaria consignada, debe dar de baja la anterior solicitud y presentar una nueva”, explica el comunicado de Hacienda.

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda.

El Instituto Armado ha encontrado restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de esta vivienda propiedad de estos dos hermanos, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), participan desde primera hora de esta mañana en el registro de este inmueble.

Poco antes de darse a conocer ese hallazgo, el abogado de los dos hermanos, José Duarte, había explicado a los medios que estaban siendo investigados por un presunto delito de homicidio, pero seguía sin tener información sobre en base a que habían pasado a tener la consideración de investigados.

Al llegar esta tarde a la localidad, el letrado ha advertido a los periodistas de que después de la declaración el lunes de uno de ellos y del registro de la vivienda durante toda la jornada de hoy sus defendidos seguían en libertad.

Duarte explicó que se había producido un receso en el registro para que los hermanos pudieran descansar, en el que él no ha podido estar presente porque tenía un juicio, aunque ha contado con la presencia de un letrado de la Administración de Justicia.

Los periodistas han podido comprobar cómo los hermanos salían de su domicilio poco antes de la cinco de la tarde cargados con varias mochilas y cómo abandonaban el lugar en un coche, aunque, al parecer habrían regresado de nuevo a su casa una hora después.

A preguntas de los periodistas sobre si la vivienda tenía un pozo que fue tapado durante una reforma de la casa, ha manifestado que desconoce ese extremo, pero que, si es así, los agentes tienen medios suficientes para acceder al lugar.

El letrado, que ha apuntado que desde el 2017 han sido investigadas otras personas, ha recalcado que el tratamiento que hay que dar ahora a sus defendidos es el de “inocentes”.

Los hermanos, según su abogado, han pasado por tres estadios: “sorpresa”, “intranquilidad” hasta que se tomó declaración a uno de ellos, e “indignación” porque en algunas redes sociales se les haya calificado de “asesinos”.

El músico y productor Alén Ayerdi, batería de Marea y mánager hasta sus últimos días de Robe Iniesta, ha denunciado en redes sociales la organización de “falsos homenajes” al artista placentino que, según ha afirmado, utilizan su imagen o su nombre con fines comerciales.

Ayerdi, responsable también de la discográfica El Dromedario Records, ha señalado que el entorno del fundador de Extremoduro vive “la tortura” de ver cómo “personas indeseables venden entradas en carteles con la imagen o la marca de Robe, asociando su nombre a marcas comerciales de las cuales también obtienen lucro”.

Según ha indicado, estos actos se presentan como homenajes pero en realidad buscan “hacer caja o hacer promoción de sus mediocres proyectos”, lo que, a su juicio, provoca “un dolor irreparable” a la familia, amigos y equipo del músico, además de un perjuicio económico por las acciones legales que se ven obligados a emprender para defender los derechos de honor e imagen del artista.

El músico ha asegurado que el último de estos casos “ha superado todos los límites de la insensibilidad” en la propia localidad del cantante y ha pedido que se respete a la familia para que sea ella quien decida “cómo y cuándo homenajear a Robe”.

Estas declaraciones se producen horas después de que la familia, amigos y compañeros del músico hicieran público un comunicado en el que agradecían las muestras de apoyo recibidas tras el fallecimiento del artista el pasado mes de diciembre, al tiempo que pedían sensibilidad y respeto durante el proceso de duelo.

En ese texto, el entorno de Iniesta agradecía los homenajes realizados en su memoria, aunque subrayaba que cualquier manifestación artística debe ser respetuosa, no perjudicar a la familia y no tener ánimo de lucro.

El comunicado se difundió tres días después de que el escultor Antonio Morán realizara en Plasencia una performance en forma de procesión por varias calles de la ciudad con una escultura inspirada en la portada del álbum Yo, minoría absoluta.

Aunque el texto no mencionaba expresamente esa acción, la familia advertía de que determinadas iniciativas pueden resultar especialmente dolorosas para quienes mantienen un vínculo cercano con el músico y recordaba que en una ciudad pequeña conviven muchos familiares, amigos y personas que están viviendo un duelo personal.

No obstante, Ayerdi ha reconocido que también se están celebrando homenajes “sinceros y sin ánimo de lucro”, que, según ha señalado, resultan emocionantes y son recibidos con agradecimiento por parte del entorno del artista.

El calendario laboral correspondiente a Extremadura para el año 2026 fija las fechas que tendrán consideración de día no laborable en el conjunto de la comunidad autónoma. Este documento establece el marco de referencia para la organización del tiempo de trabajo y descanso, tanto en el ámbito público como en el privado, y permite conocer con antelación las jornadas en las que se interrumpe la actividad laboral de forma general.

Las fechas incluidas responden a distintos criterios normativos y culturales, ya que combinan festividades comunes en todo el país, celebraciones propias de la comunidad y días vinculados a tradiciones religiosas. A este conjunto se añaden los festivos locales que determina cada ayuntamiento, lo que completa el calendario de jornadas no laborables aplicable en Extremadura a lo largo de 2026.

Festivos en Extremadura 2026

Durante 2026, Extremadura contará con 12 días festivos de aplicación general en todo el territorio autonómico:

Festivos locales en las provincias de Extremadura

Además de los festivos de ámbito general, cada municipio de Extremadura establece dos días festivos propios, que solo se aplican dentro de su término municipal. En el caso de las capitales provinciales, los días fijados para 2026 son los siguientes:

Badajoz

Cáceres

Vox es un partido que, pese a afirmar que vota lo mismo en toda España, tiene contradicciones. Y algunas se ven cuando hay unas negociaciones en marcha. La formación de Santiago Abascal plantea en Extremadura, donde son claves para formar gobierno con el PP, que se elimine la oficina de expresidentes autonómica, un recurso que tiene un coste cercano a los 336.000 euros según afirmó el partido.

Su portavoz, Óscar Fernández Calle, planteó el asunto en la primera reunión de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, el pasado martes, por considerar el gasto “superfluo”. La formación ultra apunta que aunque el recurso está disuelto oficialmente, sigue existiendo al amparo de una ley de 2014, el estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta ley eliminó las retribuciones para los exmandatarios, pero establece que “La Asamblea de Extremadura asumirá los gastos necesarios en relación a los medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura, a partir de su cese, que serán fijados por la Mesa de la Cámara, con cargo a su presupuesto, oída la Junta de Portavoces” y que “Tendrán derecho a percibir dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación a instancia de la Junta de Extremadura”. E

En la práctica, la estructura cuenta con ocho puestos eventuales, entre secretarios y conductores, lo que supone un coste anual de casi 336.000 euros, una cifra que Fernández Calle considera “injustificada y que supone el mayor gasto político prescindible, puesto que no aporta ningún beneficio a los extremeños y responde únicamente a privilegios políticos”.

Sin embargo, la formación no fue tan severa cuando se planteó la misma cuestión en las Corts Valencianes. El partido que en el Parlamento valenciano dirige José María Llanos rechazó una propuesta de Compromís para modificar el Estatuto de Expresidentes valencianos, la norma que regula los privilegios cuando vence su mandato. Vox votó junto al PP 'no' a la iniciativa que limitaba el apoyo con fondos públicos a la actividad institucional, como “actividades, conferencias y publicaciones”. La coalición ha vuelto a presentar esta medida, aún pendiente de debatirse en las Corts.

Gracias a esta norma el expresidente Carlos Mazón puede disponer de una oficina, chófer y asesor -puesto en el que ha situado a su mano derecha en comunicación durante la dana, José Manuel Cuenca- y, si lo desea, puede ser miembro del Consell Jurídic Consultiu, con un salario de más de 80.000 euros. Solo podrá disfrutar esa retribución durante dos años, al no haber acabado la legislatura. En cambio, la oficina y los recursos derivados no tienen límite temporal previsto en la ley.

Diciembre de 2025 no solo ha marcado un antes y un después en el mapa político de Extremadura; también lo ha hecho en su ecosistema mediático. Según los últimos datos certificados por GfK Content Audience Data, el medidor oficial del mercado publicitario, elDiario.es Extremadura ha alcanzado su máximo histórico con 821.052 usuarios únicos, lo que supone un crecimiento espectacular del 174,15% respecto al mes anterior.

El extraordinario repunte de audiencia coincide con la celebración de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, una cita electoral adelantada que generó un interés masivo en la ciudadanía. Durante la campaña y la noche electoral, los extremeños buscaron análisis críticos y datos rigurosos para entender un escenario complejo: la victoria del PP de María Guardiola (29 escaños) que, pese a su ascenso, sigue dependiendo de un Vox disparado (11 escaños) para gobernar, frente a un PSOE que registró su peor dato histórico (18 escaños).

El despliegue informativo con noticias diarias sobre la actualidad política, reportajes, entrevistas, análisis y artículos de opinión ha obtenido el respaldo de los lectores de elDiario.es, que han elegido el periodismo independiente para informarse. Pero este éxito no habría sido posible sin el apoyo de los compañeros del periódico que trabajan en la edición nacional.

Valoración: La consolidación de la alternativa

Estos datos consolidan a elDiario.es Extremadura como el tercer medio digital con más audiencia en Extremadura, solo por detrás de las versiones online de las dos cabeceras históricas en papel (hoy.es y El Periódico Extremadura).

La relevancia de este hito reside en la tasa de crecimiento. elDiario.es ha logrado atraer a un nuevo público (más de 521.000 nuevos usuarios solo en un mes), lo que demuestra una demanda creciente por una línea editorial independiente y centrada en temas que a menudo quedan fuera del foco oficialista.

Si analizamos la evolución durante 2025, se observa que elDiario.es Extremadura ya mostró síntomas de robustez en junio (se batió hasta entonces un récord con 558.903 usuarios únicos), pero el dato de diciembre confirma que este periódico es cada vez más un medio de referencia. A pesar del tamaño reducido de su redacción, ha podido competir de tú a tú con dos grandes grupos de comunicación en la comunidad durante las elecciones autonómicas, un evento que ha acaparado la atención informativa en todo el país.

Sin lugar a dudas, este éxito de audiencia es, ante todo, un respaldo de nuestros lectores a un modelo de periodismo financiado por sus socias y socios, que permiten que investiguemos y contemos Extremadura desde aquí, desde el terreno y sin las ataduras de los poderes públicos o financieros en un momento clave para el futuro de nuestra comunidad.

El exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado por sorpresa su decisión de no tomar el acta en la Asamblea regional para “preservar la dignidad y recuperar la serenidad”. Lo ha hecho público en su perfil de la red social X donde ha colgado un comunicado. Gallardo fue candidato en las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en las que el PSOE sacó el peor resultado de su historia.

Tras aquel batacazo electoral, Gallardo presentó su dimisión como secretario general del partido en Extremadura. Su renuncia ahora al acta de diputado supone que perderá al condición de aforado.

Gallardo está imputado en el caso de la supuesta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, de la que Gallardo fue presidente. El juicio está previsto que se celebre entre el 28 de mayo y el 4 de junio en la Audiencia Provincial pacense.

En concreto, está acusado de prevaricación y tráfico de influencias y junto a él se sentarán en el banquillo David Sánchez y nueve personas, principalmente cargos vinculados al PSOE, que participaron en la contratación del músico en 2017.

El pseudosindicato Manos Limpias ha liderado la acusación popular, que pide tres años de cárcel para el exlíder socialista y el hermano de Pedro Sánchez. Durante la instrucción, formaron también parte de la acusación Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Vox y el PP. Ahora, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado desunir la hasta ahora acusación popular, como habían solicitado los letrados de las distintas asociaciones y formaciones políticas, porque considera que la necesidad de garantizar el buen orden del proceso y de evitar dilaciones indebidas “ya no constituye un interés de primer orden” y no existe escollo jurídico alguno para ejercitar la labor de las acusaciones de forma individualizada.

Por su parte, la Fiscalía y las defensas en el proceso de David Sánchez reclaman la absolución.

Miguel Ángel Gallardo ha comunicado su renuncia este miércoles a la comisión gestora del PSOE de Extremadura, constituida tras su dimisión, y en las redes sociales ha asegurado: “Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”.

El exlíder socialista ha explicado en el comunicado que su decisión no es “fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual”, pero lo cierto es que su cambio de opinión ha sido una sopresa. El pasado 22 de diciembre, cuando anunció su dimisión como secretario general del PSOE tras perder 108.000 votos y obtener 18 diputados (diez menos) defendió su intención de recoger su acta como diputado porque “otra cosa sería traicionar la confianza de las 136.000 personas que nos votaron porque les dije que trabajaría desde el Gobierno o desde la oposición”, dijo. Ahora, “tras un tiempo de reflexión”, asegura que su decisión es la “correcta en este momento”.

Además, niega de forma explícita que su intención haya sido nunca utilizar el cargo público para obtener un “aforamiento” o cualquier tipo de “privilegio” jurídico ante el juicio que tiene pendiente. “Con esta decisión quiero acallar definitivamente los bulos y desinformaciones que me situaban en el Senado y cortar de raíz los rumores sobre un supuesto aforamiento buscado o deseado por mi parte”, recoge el texto publicado en las redes sociales. Gallardo pide ahora “celeridad judicial” y manifista su “confianza” en la justicia.

El comunicado concluye asegurando que no es adiós definitivo de la política activa, sino “un punto y aparte”: “Siempre he estado a disposición de mi partido y siempre podrá contar conmigo”.