Hace justo 19 años Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre se montaban juntos en el primer vagón del Metro de Madrid que llegaba hasta la Terminal 4 de Barajas. Gallardón había impulsado el trayecto de la línea rosa del suburbano para conectar el centro con el aeropuerto, durante su época como presidente regional. Aguirre, que le sucedió en el cargo, había encargado las obras hasta la T4, privatizándolas mediante la fórmula de concesión.

La ampliación de la línea 8 llegó con polémica, porque el Gobierno de Aguirre quería que el Ministerio de Transportes —por entonces en manos de Magdalena Álvarez (PSOE)— fuera el que asumiera el coste por conectar una infraestructura del Estado gracias al suburbano. Pero la responsabilidad regional de toda la red de Metro pesó más en la discusión y la mandataria del PP acabó asumiendo las obras, aunque optó por la privatización para no tener que cargar su coste al presupuesto regional.

La obra supuso una subida de tarifas para todos los viajeros que salían o entraban en la red metropolitana desde la T4. La Comunidad de Madrid estableció un suplemento de 2 euros (luego llegó a los 3 euros actuales) para compensar las obras para llegar hasta la entonces nueva terminal, que excavaron 2,5 kilómetros de túnel. Aprovechando ese momento, también estableció el mismo suplemento para la parada Aeropuerto T1-T2-T3, que ya estaba construida desde el año 1999.

Las obras para llegar a la T4 habían arrancado en mayo de 2006 y las ejecutaba una empresa creada por FCC y Caja Madrid para explotar esta concesión, que asumió el coste de los trabajos, unos 58,5 millones de euros. Así se completaba un trazado de 13,8 kilómetros y seis estaciones que —en palabras del propio Gallardón— “contribuía eficazmente al despegue económico de la ciudad”. Aguirre iba más allá y el día de su inauguración definitiva colocaba a la capital de España al nivel de Londres. “Con la nueva estación de Metro, el aeropuerto de Madrid se pone a la altura de Heathrow, el único europeo que tiene dos estaciones de Metro convencional”, aseveró entonces.

El nombre de la empresa que obtuvo la concesión era Metro Barajas SA y el plazo para rentabilizar la inversión alcanzaba los 20 años, a contar desde el inicio de la construcción. Fue en mayo de 2006, hace justo ahora dos décadas. Aunque la propiedad pertenecía a FCC y Caja Madrid (al 50%), su empresa matriz se llamaba Globalvia, una compañía que obtuvo otras concesiones de Aguirre como la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey y varias líneas de Metro Ligero.

El capital de Globalvia era inicialmente español, pero la empresa cambió de manos de forma progresiva a partir del año 2013, cuando FCC y Bankia —la evolución de Caja Madrid— dieron entrada a varios capitales extranjeros, que en 2016 acabaron haciéndose con todo su accionariado. Actualmente está operada por los fondos OPTrust, PGGM y USS, que gestionan inversiones procedentes principalmente de pensiones.

El dato de cuánto ha recaudado Metro de Barajas SA con este suplemento durante los últimos veinte años no se ha hecho público. Antes de su lanzamiento el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) aseguró que abonaría importes en función del nivel efectivo de demanda de viajeros que emplearan el billete con suplemento. Habría también deducciones fijadas por determinados estándares de calidad, aseguraba la nota de prensa de la concesión. Los usuarios del abono de transportes están exentos de su pago, así como los trabajadores de Barajas.

Por el camino, el CRTM tuvo que abonar también una indemnización a la concesionaria porque la EMT de Madrid arrancó en el año 2010 un servicio de autobús directo hasta el aeropuerto, no previsto inicialmente en el contrato de concesión y considerado competencia directa. Desde entonces se han desembolsado más de 5,2 millones de euros, ya que solo en el año 2024 hasta 589.628 pasajeros del bus se subieron o bajaron en la T4.

Dos conexiones más con la T4

La Comunidad de Madrid no ha explicado qué va a hacer con el tramo hasta la T4 coincidiendo con el fin de la concesión, o incluso si levantará el suplemento actual de tres euros, que fue implantado para pagar las obras, ya amortizadas. A preguntas de este medio, la Consejería de Transportes guarda silencio.

El Gobierno de Ayuso apuesta actualmente por multiplicar las conexiones con el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Previsiblemente tendrá listo en los próximos meses otro enlace a través de la línea 5, alargando el túnel desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3. Será la tercera vía férrea en llegar a la Barajas después de la citada línea 8, que alcanzó la T4 en 2007, y el Cercanías de Madrid, que apareció allí en septiembre de 2011, esta vez sin suplemento adicional al haber asumido el coste de estas obras el Ministerio de Transportes.

La cuarta conexión llegará con la ampliación de la línea 11 de Metro por Valdebebas, cuyo proyecto informativo prevé otra parada más en la T4, dentro de las siete estaciones que prevé esta extensión. Y también está en proyecto un quinto enlace, con la red de AVE, ya anunciada por el Ministerio de Transportes.

En la Comunidad de Madrid, este último curso no está siendo como los demás. Septiembre arrancó con medio centenar de colegios impartiendo clases de Secundaria, después de que un año antes Isabel Díaz Ayuso anunciara su intención de incorporar Primero y Segundo de la ESO en algunos centros que, hasta entonces, solo incluían Primaria. Ahora pasan a convertirse en CEIPSO, que son escuelas públicas autorizadas a ofertar distintas etapas educativas, desde Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de un mismo recinto. El plan de la Consejería de Educación era que los 52 colegios que se presentaron voluntarios integraran, ya desde este curso, las asignaturas de Primero; y añadir las de Segundo en el curso 2026/2027. Sin embargo, este giro a alta velocidad ha generado polémica y más de un dolor de cabeza.

“No veo más que improvisación”, sentencia Inés, madre de un alumno de Sexto en el República del Uruguay, uno de los colegios públicos que ha aceptado incorporar 1º de la ESO a partir del curso próximo. Aunque tenían la opción de matricularse el primer año de Secundaria en su mismo centro, decidieron trasladarse a otro que cubriera los cuatro años completos. “Claro, teníamos miedo de que, una vez inscrito aquí, fuera más difícil cambiar luego de instituto para completar la formación”, confiesa. Así que al final, su marido y ella optaron por matricular al hijo de ambos en el IES Renacimiento, a cinco minutos de casa y al que está adscrito su colegio actual.

Pero no será fácil: la familia denuncia que el instituto ha reducido plazas considerablemente para ese curso, y eso hace que ahora mismo haya más solicitantes que huecos libres. “La Dirección nos comunicó que el año que viene se eliminarán dos líneas [grupos de un mismo año] en 1º de la ESO. Dejarán solamente cuatro, en lugar de seis”, señala la vecina, que apunta a un total de 115 solicitudes presentadas para un total de 48 plazas públicas, que son las que se ofertarán en 2026/2027.

Solo la mitad de los interesados podrá estudiar en ese instituto, aunque también hay plazas reservadas para repetidores o el alumnado con necesidades específicas. El resto deberá buscar otra opción. Las listas definitivas con los admitidos en todos los institutos de Madrid, incluyendo el IES Renacimiento, se harán públicas el 27 de mayo, dentro de un mes. Si esta familia no consigue una plaza en este centro, a cinco minutos andando de su casa, el trayecto hasta el siguiente centro de Secundaria puede durar unos 30 minutos a pie, según calculan. Y luego están los lazos que se pierden.

Un cuello de botella en el acceso a determinados institutos

“Mi hijo tendría que separarse de su grupo de amigos y creo que es importante tener compañeros de confianza cuando aterrizas en el instituto, para que te acompañen en ese tránsito”, lamenta Inés, que comparte esta preocupación con otras familias de este y más colegios expuestos a un cambio drástico. A fecha de publicarse este artículo, la dirección del IES Renacimiento ha preferido no responder a las preguntas de este periódico.

La medida estrella de los CEIPSO se propuso desde la Consejería de Educación cuando esta aún la integraban los Pocholos, un grupo de jóvenes cercanos a Emilio Viciana –el consejero destituido en febrero– que terminaron como asesores y diputados del PP en la Asamblea. Con el caso de las dos líneas eliminadas en el instituto de Latina, la lógica de la Consejería de Educación es compensar las que desaparecen en el IES con las que se abren para ese curso en el colegio donde estudia el hijo de Inés, según trasladan las familias. Pero la realidad no está encajando con el cálculo.

La demanda del IES Renacimiento no ha bajado y los centros adscritos, como el propio República del Uruguay o el CEIP Lope de Vega, siguen derivando al alumnado. El resultado es un cuello de botella en el acceso a Secundaria pública en el barrio. Por su parte, la Comunidad de Madrid justifica los nuevos CEIPSO como una medida para “proteger a la preadolescencia” y mantener al alumnado más tiempo en entornos conocidos, mejorar la convivencia escolar o facilitar la conciliación familiar, pues incluye comedor y clases durante la tarde en perjuicio (eso sí) del profesorado que antes solo acudía a institutos al uso.

Mientras que los maestros en este primer grupo de centros permanecen durante la comida y continúan en las primeras horas de la tarde, favoreciendo la conciliación de familias con hijos pequeños, lo habitual en centros de Secundaria son las jornadas intensivas, más ventajosas para los docentes a la hora de acabar antes su labor. Pero, más allá de esta disputa entre los intereses de las familias y el de los docentes, la situación pone en entredicho uno de los argumentos centrales del Gobierno regional: la libertad de elección de centro. Sobre el papel, las familias pueden elegir. En la práctica, denuncian, la falta de plazas convierte esa elección en algo condicionado. “Se supone que lo que se vende es que hay libre elección”, explica esta madre, “pero si pides un instituto que no está adscrito te arriesgas a quedarte sin plaza”.

Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?

Inés — Vecina de Latina y madre de un alumno de Sexto de Primaria

El modelo de los CEIPSO —que busca mantener a los alumnos en el mismo centro hasta los 14 años— tampoco convence a todas las familias. Algunas valoran positivamente evitar el salto temprano al instituto, pero otras ven improvisación en su puesta en marcha. “Todo esto se basa en que hay familias que piensan que a los 12 años los niños son demasiado pequeños para ir al instituto. Yo creo que no”, señala Inés. “Si se hace bien, me da igual el modelo, pero el problema es que veo improvisación”. Las dudas coinciden con las críticas que ya han lanzado directores de institutos públicos en Madrid, que han pedido a la Comunidad que reconsidere el traslado de Primero y Segundo de la ESO a los colegios al considerar que “carece de fundamento” pedagógico y organizativo, además de tensionar la red existente.

Más de 49 nuevos colegios serán CEIPSO el curso que viene

De todos los colegios que aceptaron integrar Primero y Segundo desde septiembre –aquí el listado oficial– hay 19 que forman parte de la Dirección de Área Territorial de Centro. La mayoría, en distritos como Hortaleza, Fuencarral-el Pardo o Vicálvaro, donde crece la población en edad de escolarización. El acrónimo DAT hace referencia servicio regional que organiza los centros públicos. En este sentido, otras 17 escuelas del catálogo que incluye Secundaria en 2025-2026 forman parte de la DAT sur; siete de la este; seis de la norte y por último, tres de la zona oeste. En todos estos hay más de un centenar de cursos de Sexto de Primaria, con su alumnado como conejillo de indias.

En marzo de este mismo año, la presidenta regional avanzó que el curso que viene esta cifra se duplicaría: otros 49 centros se sumarán a los 52 que ya adoptaron este año el cambio a CEIPSO, superando en centenar de colegios adscritos en toda la región. Además del República del Uruguay, en el barrio de Los Carmenes, otros 17 centros de Infantil y Primaria dentro de la capital pasarán a impartir la ESO en 2026/2027. También se incluyen escuelas de otras áreas, como el CEIP El Olivar de Rivas Vaciamadrid o el Ernest Hemingway de Alcalá de Henares al este, el colegio CEIP Laura García Noblejas (Villaviciosa de Odón) y el San José de Calasanz (Aranjuez) en la zona sur, o el CEIP Príncipe de Asturias (Navacerrada) y el CEIP Ciudad de Columbia (Tres Cantos) al oeste y norte, respectivamente.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan al 27 de mayo, cuando se publiquen las listas definitivas de adjudicación de plazas. Hasta entonces, intentan presionar para revertir una decisión que consideran errónea. “Se ha desbordado la demanda y, desde mi punto de vista, no tenemos una respuesta clara de cómo va a funcionar todo”, advierte esta madre. “Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?”, se cuestiona Inés, que pide reabrir los grupos clausurados del IES Renacimiento. Tal y como lo ve, la realidad de un sistema que “presume de su libertad de elección” comienza a parecerse más a un encaje de bollillos: “El mensaje que recibo es que no hay sitio para todos”.

“Su objetivo fundamental es que Chamartín no se pare. Que Chamartín siga avanzando”. Con esa aseveración concluía la nota de prensa que presentaba a Yolanda Estrada como nueva concejala presidenta del distrito del norte de Madrid en 2023. Menos de tres años después hay cosas que se han detenido, como los conciertos y las obras de los parkings del Santiago Bernabéu que los vecinos llevaron a la Justicia. Como un programa de refuerzo educativo promovido desde la Junta para el alumnado con necesidades especiales. Y como, según cuentan testimonios de personas que han estado vinculadas al organismo municipal, se está ralentizando la actividad ordinaria de la entidad debido a un ambiente “hostil” que ha desembocado en una denuncia por acoso laboral contra Estrada y otros dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio y degradante” en la Junta de Chamartín. La edil ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en las instancias municipales habilitadas para este tipo de cuestiones.

En cualquier caso, no es esta la primera polémica de Estrada (Hannover, Alemania, 1974) desde su llegada a Chamartín, todo un caladero de votos para el Partido Popular por el carácter conservador y acomodado de su población (con excepciones en zonas como el barrio de Prosperidad): la formación aglutinó el 61% de los sufragios en las últimas elecciones municipales. En los más recientes comicios celebrados hasta la fecha en la capital, las europeas de junio de 2024, los populares superaron el 69% y el 66% de los votos en las dos secciones censales correspondientes a las viviendas más afectadas por las molestias sonoras del Bernabéu. Pero las acusaciones de acoso laboral sí suponen la controversia que le afecta de manera más directa, al menos en la más reciente etapa de una trayectoria política originada en un entorno tan agitado como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en pleno estallido de la trama Gürtel.

De dimitir por su imputación en la Gürtel a ser repescada por Ayuso

Estrada pasó de la noche a la mañana de funcionaria interina en el Área de Urbanismo del municipio madrileño, puesto al que llegó en 2001, a concejala de Obras y Servicios entre 2003 y 2008. Eran los años de la burbuja inmobiliaria en una localidad de la periferia madrileña, por lo que las oportunidades de negocio parecían infinitas. También para los consistorios. Estrada ascendía mientras lo hacía la economía, hasta que todo colapsó a finales de 2007 y comienzos de 2008. Ese año se convirtió en teniente de alcalde.

Dicho regidor era Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel. Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades en las adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen nueve años desde 2010, cuando dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Pozuelo y el PP la expulsó del grupo municipal al ser imputada por el Juzgado Número 3 de Pozuelo debido a los incrementos del presupuesto para construir un parque. Finalmente, la causa acabó sobreseída.

En 2019, fue repescada por un Partido Popular de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura. La por entonces candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incorporó a sus listas para unas elecciones autonómicas en las que los populares consiguieron formar gobierno con la colaboración de Ciudadanos y Vox. Además de diputada autonómica, ejerció de coordinadora territorial del grupo parlamentario del PP en la Asamblea y estuvo al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda que también está protagonizando una agitada legislatura con los vecinos y su propio personal), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

Estrada, señalada por los vecinos del Bernabéu

En los comicios de mayo de 2023, Estrada pasó de las listas de Ayuso a las de Almeida, donde ocupó el puesto 21 (el PP consiguió 29 ediles). Su gestión en la Junta Municipal de Chamartín, a cuya presidencia le destinó el alcalde, ha estado marcada por los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos frenaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías. Un suflé que en las últimas semanas parece haberse rebajado, después de marcar toda la legislatura de Almeida, ya que el Consistorio no ha recurrido las más recientes decisiones de los tribunales (sí el Real Madrid) y se abre a dejar el proyecto de dos aparcamientos en uno solo.

Los residentes también se han movilizado contra el proyecto del Ministerio de Defensa, en un principio apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, para edificar una torre de 18 plantas y 60 metros de altura junto a la colonia El Viso (otro entorno con una elevada renta media). Finalmente, el área de Urbanismo trasladó a este diario que no se aprobará la construcción, después de numerosas alegaciones que aludían a la protección del terreno o molestias por tráfico y contaminación.

Estrada también se ha inmiscuido en controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Aunque sin duda la más comentada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Así lo expone en declaraciones a este periódico la edil de Más Madrid Mar Barberán: “El hecho de que haya distintos testimonios acusando a la concejala de vivir un ambiente asfixiante, hostil, nocivo y vejatorio es reflejo de lo que vivimos y soportamos en cada pleno de distrito. Parapetándose en su presidencia dirige la junta y los plenos como si Chamartín fuera su cortijo, insultándonos y descalificándonos constantemente. Las concejalas de la oposición y los vocales vecinos sufrimos faltas de respeto continuas, sus malos modos, su agresividad y sus provocaciones, como si de un hooligan se tratara”.

El clima de Chamartín según la denuncia: “Ansiedad, crisis nerviosas y llantos”

“Si todo esto lo hace en un espacio público como el pleno —donde hay cámaras y actas—, nos podemos imaginar cómo amedrenta y hostiga a las personas que trabajan para ella y de puertas para adentro”, teme Barberán. La documentación a la que ha accedido Somos Madrid acredita que la denuncia por acoso laboral a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, tras la “inacción” de la entidad de control laboral.

Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”. 20 páginas que desarrollan un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” tras la llegada de Estrada a la Junta de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se han generado “consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. También han proliferado las bajas laborales, cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según un denunciante que obra “con reserva de identidad” por “temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”, escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en 2024. El documento atribuye a Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas en reuniones o en presencia de otros empleados”. La lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar estas situaciones. La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras “se encontraba en enfermedad oncológica”.

“En realidad, el comportamiento de Yolanda Estrada representa muy bien lo que es el Gobierno de Almeida”, lamenta Barberán. “No podemos normalizar el insulto, el amedrentamiento o la vejación a representantes políticos ni a funcionarias. Deberíamos poder ejercer nuestro trabajo como servidores públicos mediante la escucha, no con gritos y humillaciones, generando confianza, no imponiendo e intimidando. Desde Más Madrid apoyamos a las funcionarias y funcionarios que levantan este Ayuntamiento cada día y exigimos a Almeida que puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado. Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo posible”, remata.

Más puestos sin cubrir y un programa educativo no renovado

En paralelo, las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026 (un 30% más), según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Ver un enclave en un mapa es encontrar un punto que genera preguntas. La existencia de lugares que emergen en medio de otros que le son administrativamente ajenos produce irremediablemente curiosidad, sugiere un momento en el que la historia se torció hasta romper la lógica del territorio. En España el más conocido es Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos pero se encuentra completamente rodeado por Álava. Pero Madrid también tiene el suyo, aunque más modesto y deshabitado.

Los 12 kilómetros cuadrados de la Dehesa de la Cepeda pertenecen al modesto municipio de Santa María de la Alameda, ubicado al oeste de la Comunidad y a 1.440 metros de altura (más que ningún otro en la región), del cual se constituye como pedanía. Les separan 6,2 kilómetros (hay otros 60 hasta Madrid ciudad), pero lo más significativo es que se encuentran en provincias y hasta comunidades autónomas distintas. La Cepeda se ubica al este de Ávila y al sur de Segovia, rodeada por la localidad abulense de Peguerinos y la segoviana El Espinar. Su término nunca confluye con el de la región madrileña a la que pertenece administrativamente.

La llamativa situación no genera demasiados titulares por las circunstancias del terreno en cuestión. Se trata de una zona deshabitada de pastos y rocas graníticas diseminadas. Tradicionalmente se ha destinado a la trashumancia, el pastoreo y la ganadería en general, de ahí ese calificativo de dehesa. Los promotores de esta actividad procedían en su mayor parte de Segovia, en concreto la localidad de El Espinar, que siglos después continúa reclamando la adscripción del territorio a su término municipal.

La anomalía de La Cepeda se remonta al siglo XIX y la famosa desamortización de Mendizabal. La dehesa, por entonces perteneciente al conocido como Sexmo de El Espinar (integrado a su vez en el Concejo de Segovia), fue incluída en las expropiaciones del ministro Pascual Madoz y sacada a subasta. La familia Sainz de Baranda, que no es solo una calle o una estación de Metro, fue la agraciada y se hizo con el extenso páramo. Casualidades de la vida, eran los allegados del por entonces máximo mandatario del Ayuntamiento de Madrid.

Un alcalde histórico en un momento determinante

Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti no fue además cualquier alcalde de la ciudad: fue el primero. Al menos técnicamente, ya que antes de su llegada el cargo se conocía como corregidor o presidente del cuerpo municipal. Destacada figura del liberalismo decimonónico, su figura fue clave en la reconstrucción de Madrid después de la Guerra de la Independencia. Abrazó con fervor la Constitución de Cádiz de 1812, a raíz de la cual puso en circulación el primer bando en el que se citaba el título de alcalde. Un puesto que sometía a votación cada 1 de enero, hasta que los absolutistas volvieron al poder de la mano de Fernando VII y derogaron La Pepa.

Un legado bien valorado por muchos historiadores que se topa en el caso de La Cepeda con el clientelismo propio de la época. El padre de Sainz de Baranda llegó a ser director del Banco Nacional de San Carlos, precursor del Banco de España. Él mismo alcalnzó ese puesto antes de emprender su carrera en el municipalismo en 1808. La mezcla de poder económico y político resultó en la adquisición familiar del terreno.

Cuando se produjo, Santa María de la Alameda todavía pertenecía a la provincia de Segovia. También Peguerinos, hoy en Ávila, y claro está El Espinar. Pero la ejecución de la división provincial de Javier de Burgos en 1833 dinamitó la organización territorial del entorno y partió en tres provincias los municipios históricamente ligados a La Cepeda.

Desde entonces, ni la cesión de los terrenos por parte de los Saiz de Baranda a otras familias ganaderas ha modificado el encaje administrativo de este punto geográfico. De hecho, el alejamiento administrativo solo ha ido a más. En 1983, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la frontera provincial pasó a ser además autonómica.

Litigios y reclamaciones cruzadas en “una pequeña Galicia”

Pero el paso de los siglos no ha terminado de tumbar los recurrentes intentos de recuperar el territorio por parte de la Diputación de Segovia y los consistorios de Peguerinos y El Espinar. La cuestión llegó incluso a los tribunales, cuando el 8 de abril de 1944 el Ayuntamiento de Peguerinos solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Cebreros (Ávila) la nulidad de la inscripción ya que no se adecuaba a la realidad. El escrito, según recoge el portal A21, argüía que el ayuntamiento de Santa María de la Alameda era titular únicamente del vuelo o facultad de edificación, pero el suelo era de Pereguinos. Se parapetaban en un acta de deslinde de 1909, en la cual los representantes de Santa María de la Alameda indicaban que el suelo era propiedad del pueblo abulense. El Consistorio de la localidad madrileña se defendió apelando a la inexactitud de algunas refencias históricas de la demanda y acabó conservando la titularidad del territorio.

Medio siglo después, fue El Espinar quien volvió a la carga para recuperar La Cepeda. O al menos, para poner el grito en el cielo. En 1995 su por entonces alcalde, Juan José Sanz Vitorio (Partido Popular), expuso su postura en declaraciones a El País. Elogió el “alto valor ecológico” del entorno y aseguró que su adscripción a la villa segoviana lo guarecería “eficazmente”. Para legitimar tal protección, Sanz recurrió a documentos con rúbrica monárquica que databan del siglo XIV. En ellos se estipula que La Cepeda era de uso comunal para los concejos segovianos, como El Espinar. El reportaje detalla que esta postura era compartida por su antecesor, el socialista Jesús Olmos, que llevó el asunto ante el arbitraje del Senado a través de la Diputación de Segovia, sin que prosperara.

Por aquel entonces acababa de tomar el bastón de mando de Santa María de la Alameda una joven alcaldesa, la popular Begoña García Martín, que respondió con contundencia, pero con cautela: “No tengo intención de renunciar a ningún territorio del municipio. La Cepeda pertenece a la madrileña Santa María de la Alameda al menos desde 1897. Pero aún hay que hablar el asunto. Necesito conocerlo bien. Estoy dispuesta a entrevistarme con el alcalde Vitorio”. 20 años después, la exalcaldesa seguía admitiendo la complejidad del asunto en otra entrevista: “Es bastante confuso. Este municipio está muy diseminado tanto dentro como fuera del término municipal, es como una pequeña Galicia”. Si Santa María es como Galicia, La Cepeda es su Finisterre: el último confín.

“Se le notan los tijeretazos”. “Una dramaturgia al servicio de un apolillado nacionalismo españolista”. “Más de 140 minutos de égloga pastoril destinados a enardecer el sentimiento nacionalista frente al invasor mameluco”. Son algunas de las críticas que recibió en su estreno Sangre de mayo (2008), la película más ambiciosa y el gran fiasco de la carrera de José Luis Garci, ganador de un Oscar por Volver a empezar (1982) y uno de los pocos directores españoles que ciertos sectores de la derecha española salvan del desdén (cuando no del odio). Esa misma derecha que insiste en el discurso de los “subvencionados” para descalificar el séptimo arte patrio, por mucho que las ayudas reviertan positivamente en la economía o contribuyan al desarrollo artístico de todo el país.

Frente a esos duros comentarios de la prensa especializada, Esperanza Aguirre calificó Sangre de mayo como un “resultado artísticamente muy satisfactorio”. Lo hizo para responder a las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, el mismo lugar donde pronunció la frase “yo destapé la trama Gürtel”. Una visión condicionada por el papel de la expresidenta autonómica en la película, financiada casi íntegramente a través de Telemadrid, con un proceso mucho más opaco y discrecional que el que regula las ayudas habituales al cine español. Aguirre fue más que la madrina del proyecto: se convirtió en su principal impulsora y la que encargó a Garci una gran producción con la que conmemorar los 200 años del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés.

Según datos de la Comisión de Empresa de Telemadrid, la televisión autonómica invirtió 15.570.477 euros “a dedo sin concurso público” para que la productora de Garci, Nickel Odeon, levantara la película. Una cantidad generada con una aportación extraordinaria al presupuesto del ente público a través la Consejería de Educación. Todo ello pese a los informes negativos de la Dirección Económica del Ejecutivo de Aguirre. A esa cifra hay que sumar otros 1,2 millones para la promoción y distribución del largometraje, a través de una contratación con la empresa Alta Classics, según recogió infoLibre.

Un masivo (y arbitrario) apoyo institucional que no fue correspondido en los cines. La recaudación en salas, después de su estreno el 3 de octubre de 2008 (ni siquiera llegó a estar lista para el 2 de mayo), no llegó a los 745.000 euros. Los datos, recopilados por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), implican que su taquilla recuperó menos de un 5% de la inversión pública.

Aunque fue una de las producciones con mayor presupuesto de aquel año y de la historia del cine español, ocupó la 21ª posición a nivel de recaudación entre las películas españolas de 2008. Por comparar, otra película histórica lanzada ese mismo ejercicio logró un respaldo del público mucho más elevado: Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, recaudó 4,2 millones de euros en todo el país y 5,7 millones a nivel global. Y eso que la temática de la Guerra Civil, según dicen, agota al público. El presupuesto de esta adaptación de varios relatos del libro homónimo de Alberto Méndez, con guion del propio Cuerda y Rafael Azcona, fue de cinco millones más otros 600.000 euros en marketing. En total, apenas un tercio respecto al del drama histórico de Garci.

Al director de El crack (1981) le fue algo mejor cuando su epopeya galdosiana se emitió en televisión, por supuesto a través de Telemadrid. Se emitió el 26 de diciembre del propio 2008 y logró un 17% de cuota de pantalla en la comunidad, con 332.000 espectadores. Esto es, casi el doble de los que logró en el cine, donde la eligieron menos de 127.000 personas.

Quienes no se perdieron Sangre de mayo, o al menos posaron antes de su proyección, fueron las personalidades políticas que acudieron a su preestreno en los cines Callao de la Gran Vía. Además de la propia Aguirre, retratada junto a Garci, se dejó ver por allí el exministro de Trabajo de José María Aznar y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana (a la postre condenado a diez años de prisión por corrupción).

Un fiasco que Aguirre justificó atacando a Zapatero

Ante la debacle de Sangre de mayo, Aguirre llegó a responsabilizar al ICAA y al Ministerio de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con un rocambolesco argumentario: “Me ha escandalizado, cuando hoy mismo me he enterado gracias al control parlamentario, que el Instituto de la Cinematografía le ha denegado a la productora de esta película el permiso para el doblaje al inglés y la reproducción de copias para asistir a festivales internacionales a los que había sido invitada la película. Resulta que a José Luis Garci, que es de los pocos directores españoles que tienen el Oscar, como no ha sido de los de la ceja y no aplaude a ZP, se le niega incluso la participación en festivales”, afirmó la expresidenta en la Asamblea, como recoge esta crónica de El Mundo.

El ICAA respondió que su negativa era a abonar a la productora Nickel Odeon una copia en inglés “con dinero público al margen de toda subvención reglada” y calificó las palabras de Aguirre de “rotundamente falsas”. En un comunicado, la entidad trasladó que no posee “en ningún caso, la facultad de aprobar o prohibir el permiso para que una película española se doble o subtitule al inglés con el fin de participar en certámenes internacionales”. Y añadían: “Una productora que ha recibido una ayuda directa de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid/Telemadrid [subvención quince veces superior a la máxima que pueden percibir como ayuda estatal las películas españolas] no precisa que también se haga una copia subtitulada a expensas del dinero público”.

En cualquier caso, la incidencia de este doblaje en la proyección internacional de la película habría sido mínima, ya que la inmensa mayoría de festivales (y todos los de mayor prestigio e influencia) pasan las películas en versión original subtitulada.

Años después, y pese a la proliferación del discurso difamatorio hacia las subvenciones desde sectores reaccionarios, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siguen concediendo ayudas directas. Ocurrirá con lo nuevo de Woody Allen, que se rodará íntegramente en la región y cuyo título incluirá “Madrid”, según el acuerdo de patrocinio al que llegó el cineasta con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, por el que accederá a sendas subvenciones de 1,5 millones cada una. Según fuentes municipales, estas aportaciones servirán para sufragar la cuarta parte del presupuesto de la película, estimado en 12 millones de euros.

El bicentenario del 2 de mayo, la obsesión de Aguirre en plena crisis económica

Conmemorar los 200 años de la rebelión popular contra las tropas napoleónicas (aunque en realidad este pasaje solo ocupa los últimos 40 de sus 150 minutos de Sangre de mayo) se volvió uno de los principales caballos de batalla de Aguirre durante su presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fundación Caja Madrid y el Gobierno autonómico financiaron publicaciones y algunas actividades canalizadas a través de la Fundación Dos de Mayo, creada para la ocasión, por un valor de ocho millones de euros. Todo el cuando la crisis económica ya hacía estragos entre la población.

El entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, denunció ante Miguel Blesa el “despilfarro” de la fundación estrella de Aguirre y expresó que algunas cifras presupuestadas eran “disparatadas”. Estas cuentas no incluyen actividades como la exposición Madrid Dos de Mayo: Un pueblo, una nación, que dirigió Arturo Pérez Reverte a cambio de 300.000 euros, ni por supuesto la inversión en el drama de Garci.

El responsable de El abuelo (1998) volvió a beneficiarse del potencial económico de Telemadrid, ya que produjo y presentó el espacio Cine en blanco y negro entre 2009 y 20212, que según eCartelera costó 865.000 euros. Consistía en un debate sobre cine, precedido por la emisión de una película, y cada programa salía a unos 7.000 euros. Además, la cadena pública financiaba parcialmente todas sus películas desde Historia de un beso (2002). Muy sonado fue en su momento el cameo del exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en la igualmente fracasada Holmes & Watson. Madrid Days (2012). Garci, la única persona capaz de salvar las diferencias y unir a Gallardón y Aguirre.

El drama histórico-detectivesco, convertido en objeto de culto ya desde su tráiler, también tuvo su cuota de controversia. Esa vez, después del estreno: tras conseguir apenas 60.000 euros en su primer fin de semana, mes y medio después experimentó un inaudito aumento en su recaudación superior al 5.000%. De unos 185.000 euros acumulados en los cines del 7 de septiembre al 14 de octubre, la recaudación bruta de Holmes y Watson subió hasta los 194.616 euros en solo una semana. La película pasó de vender entradas por valor de 682 euros en la semana previa a la anomalía a rozar los 9.000 durante esos siete días que causaron suspicacias. No tardaron en emerger acusaciones de autocompra de entradas para garantizar que la cinta pudiera beneficiarse de ayudas sujetas a logros en taquilla.

Un Garci menor a partir de Galdós

Garci se sirvió en Sangre de mayo de dos de los Episodios Nacionales firmados por Benito Pérez Galdós, La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo. Así, el material de partida que adapta junto a Horacio Valcárcel (su habitual coguionista) parecía augurar una calidad mínima. El problema estuvo en trasladar esos relatos, entre la épica, el costumbrismo y la intriga palaciega, a una película de dos horas y media.

El resultado es un drama de afán panfletario, deslavazado, irregular, sin ningún sentido del montaje (el uso de la cámara lenta en la escena más ambiciosa de la película es irrisorio) y en definitiva una de las peores películas de un director capaz de crear grandes obras. La terminan de lastrar la dificultad de construir escenas de acción verdaderamente potentes, un desenlace anticlimático o la sensación de descuido que transmite su rodaje en estudio, por mucho que haya exteriores como la Puerta del Sol o la plaza mayor de Torrelaguna. Este último problema es especialmente curioso, pues de ello se encarga el oscarizado Gil Parrondo, al igual que en la anterior Tíovivio c.1950 (2004), estupenda película coral cuya gran fortaleza es la construcción histórica, narrativa y emocional a través de los decorados.

Al largometraje, que actualmente no está disponible en ninguna plataforma más allá de YouTube, se le pueden encontrar eso sí algunos hallazgos. Especialmente en el plano interpretativo, con Miguel Rellán, Enrique Villén, Manuel Galiana, Fernando Guillén Cuervo y Tina Sáinz a la cabeza (Quim Gutiérrez y Paula Echevarría solo hacen lo que pueden con dos personajes protagonistas tan faltos de color como la fotografía de la película). Optó a siete premios Goya (Sáinz como mejor actriz de reparto y seis categorías técnicas), aunque no logró ninguno en una ceremonia que coronó una película contra la manipulación sentimental, mediática y económica del Opus Dei: Camino (Javier Fesser, 2008).

También tiene cierta gracia el retrato del Madrid decimonónico, sobre todo en un prólogo narrado por el propio Garci que dibuja ese centro castizo de la ciudad ahora arrasado por las políticas de fomento especulativo emprendidas por la propia Aguirre y retomadas por su discípula Ayuso. Una ciudad que es Corte y a la vez Villa, con ansias de nobleza y espíritu de plebe. Un Madrid del pueblo que por supuesto merece una película que aborde los sucesos del 2 de mayo. El problema, claro, es que es insostenible mantener ese enfoque popular durante dos horas y media con una producción levantada desde la élite madrileña.

Tras una pequeña tregua, la inestabilidad regresa en la Comunidad de Madrid para empañar el puente de mayo, con las festividades del Día del Trabajador y del 2 de mayo, que será un sábado con tormentas incluidas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, este viernes 1 de mayo, festivo, será una jornada mayoritariamente bajo cielos poco nubosos de intervalos de nubes altas, que aumentará conforme pase la tarde, y en las últimas horas no se descartará algún chubasco aislado con probabilidad de tormentas en la Sierra, que avanzará el tiempo del sábado.

Este mismo día, las temperaturas no sufrirán grandes cambios, aunque con ligero ascenso en la Sierra de las mínimas y máximas con ascenso generalizado, que será más acusado en el área metropolitana y en el sur. Así, las mínimas oscilarán entre los 8 y 13 grados y las máximas se quedarán entre los 23 y 26 grados.

En cuanto al viento, soplará flojo variable, que se establecerá de componente sur durante las horas centrales y el sureste al final de la tarde.

Festivo 2 de mayo pasado con tormentas en Madrid

Será, sin embargo, el sábado cuando la inestabilidad alcance su punto más alto durante el puente de mayo, al esperarse chubascos acompañados de tormentas. Un día con cielo nubosos, que acabará con tormentas ocasionalmente fuertes en algún punto de la Sierra y del extremo oriental.

Con las tormentas vendrá también un descenso generalizado de las temperaturas máximas, que bajarán hasta los 19 o 21 grados. Las mínimas, por su parte, subirán ligeramente, oscilando entre los 8 y 15 grados. El viento soplará flojo, pudiendo ser moderado en algunas zonas, de componente sur.

Domingo con más calma y descenso de lluvias

Después de la jornada tormentosa del sábado, el cielo comenzará siendo nuboso, disminuyendo a poco nuboso, a la vez que no se descartan chubascos dispersos en la Sierra durante las horas centrales del día.

En cuanto a las temperaturas, no se darán muchos cambios, solo un ligero descenso en las mínimas entre los 9 y 12 grados, mientras las máximas se quedarán entre los 18 y 21 de valores más altos. En lo que respecta al viento, soplará flojo variable con predominio del suroeste que podría ser moderado en horas centrales.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una votación para extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por un barrio de Carabanchel donde todavía no hay parquímetros y por otro donde el sistema se prueba en una pequeña parte desde hace años y ahora apuesta por extenderse.

La consulta tiene lugar en Decide Madrid hasta el lunes 11 de mayo y solo está disponible para los residentes de Opañel y San Isidro, los dos barrios afectados por la ampliación. Los residentes de estas zonas han de decidir si dan luz verde a las intenciones municipales de complementar el resto de ampliaciones del SER con esta nueva actuación, en zonas aledañas a calles con aparcamientos regulados con pintura verde y azul.

La ampliación más importante será la de Opañel, que afectaría a la mitad del barrio, desde la zona más cercana a Comillas hasta el límite marcados por las calles Mercedes Arteaga y Portalegre. Al sur, el final de la nueva zona SER estaría marcado por la avenida de Oporto. En total serán 2.760 plazas, de las que la mayoría serían para residentes y solo 136 azules, para visitantes.

En cuanto a la ampliación en el barrio de San Isidro, afectaría a varias manzanas aledañas a Marqués de Vadillo hasta llegar a la calle Comuneros de Castilla, sin afectar a las manzanas traseras del tanatorio. En este caso las plazas pintadas serán 401, de las que 355 serán para residentes y 46 para visitantes.

Esta audiencia pública ha estado precedida por una reunión informativa con vecinos, vecinas y asociaciones de ambos barrios, en los que se expusieron las distintas alternativas relativas a la implantación de la zona SER en Opañel. Dicha reunión se celebro el pasado 8 de abril en el centro cultural Fernando Lázaro Carreter.

La última ampliación del SER en Madrid data del pasado mes de noviembre, cuando el barrio de Zofío (Usera) entró en el sistema. Antes lo habían hecho en Comillas, donde las votaciones afirmativas alcanzaron el 86%.

El 1 de mayo de 1964, Francisco Franco se dio un baño de masas en el estadio Santiago Bernabéu durante las jornadas de San José Obrero (o Artesano), un intento de cooptar la fecha internacional del Primero de Mayo que se venía celebrando con espectaculares demostraciones sindicales de la Obra de Educación y Descanso desde 1958. Pero la celebración de aquel año, que coincidía con el veinticinco aniversario del régimen, quiso ser especial.

La Demostración Sindical incluyó las habituales actuaciones de los coros y danzas de las distintas regiones españolas con sus respectivos trajes regionales. Siguieron El baile de la cenicienta, con 200 bailarines sobre patines. Luego, se hizo el ruido en el coso madridista con el rugir de ochenta motoristas haciendo cabriolas al ritmo de La cabalgata de las valquirias. 700 jóvenes gimnastas de la Sección Femenina salieron a continuación. Un coro formado por 2.500 trabajadores y trabajadoras de distintos puntos de España cantó al unísono una parte del Mesías de Händel y del Príncipe Igor de Borodin también. Y ballet, con 150 bailarines de Bilbao por Tchaikovsky.

Para el número final, 4.000 trabajadores hicieron una tabla de gimnasia masculina. La noche terminó, a las once menos veinte, con las notas del himno nacional ante la atenta mirada de Franco y su familia. En un palco contiguo, los acompañaban Juan Carlos de Borbón, Sofía de Grecia y Alfonso de Borbón Dampierre.

Un rato antes, el Jefe del Estado había inaugurado a 500 metros del estadio del Real Madrid “la magna exposición” España 64. Franco llegó a la lonja de los Nuevos Ministerios a las siete y veinticinco de la tarde (según el diario falangista Libertad), acompañado de doña Carmen Polo de Franco y de su hija, la marquesa de Villaverde. Allí, les recibieron distintos miembros de su gobierno, otros altos mandos del régimen –como el conde de Mayalde, alcalde de Madrid– y, por supuesto, Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, que era el responsable del evento y dio un discurso del que el diario destacó la frase “la paz fue el objetivo supremo de nuestra lucha”.

La inauguración de la exposición se enmarcaba en una fecha estratégica y el aniversario redondo quería ser un punto de bisagra en la narrativa del franquismo. La década de los 50 había terminado con el agotamiento del modelo autárquico y el franquismo buscaba afianzar el modelo tecnocrático y desarrollista, lanzado con el Plan de Estabilización de 1959.

El nombramiento de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo en 1962 pretendía dar al franquismo una nueva imagen, que lo proyectara como Estado capaz de cabalgar la modernidad sin renunciar al orden. Para ello, se buscó un nuevo discurso sobre el momento fundacional del régimen, la guerra, abandonando la narrativa de la cruzada, subrayando el carácter de “guerra entre hermanos” y patrimonializando una supuesta misión por la paz entre españoles que permitía superar el trauma nacional.

El giro venía empujado por el trabajo de hispanistas como Hugh Thomas, Gabriel Jackson o Herbert Southworth, que desmentían profesionalmente los recetarios históricos del régimen; e incluso por proyectos editores en el exilio como Ruedo Ibérico. Para intentar ganar la batalla de la propaganda desde la construcción del relato del historiador, Fraga fundó el Gabinete de Estudios sobre la Guerra de España (a veces llamado Sección de Estudios), que tenía al frente al historiador Ricardo de la Cierva.

Para llevar a cabo la exposición España 64, el ministerio de Fraga encargó al arquitecto Emilio Pérez Piñero una estructura desmontable de aluminio. La propia biografía del arquitecto parecía subrayar la narrativa que hilvanaba los fastos: era hijo del ingeniero militar republicano Antonio Pérez Ruiz, que participó en el proyecto de las defensas de Madrid en 1936.

La infraestructura contaba con una cubierta de 8.000 metros cuadrados. La empresa contó con la asistencia técnica de la fábrica en Getafe de Construcciones Aeronáuticas S. A. (CASA). El pabellón costó 14 millones de pesetas, a los que habría que sumar otros 25 millones para la propia exposición y su gira itinerante. Se desmontó de Madrid en junio, pero fue llevada luego a Barcelona y San Sebastián, dibujando un itinerario de ciudades que había resistido hasta los estertores de la guerra. Aunque España 64 no llegó a todos los rincones del país, si lo hicieron otras más pequeñas formadas por carteles.

La clausura de la exposición volvió a orillas de la Castellana, el eje en el que el primer franquismo había querido construir su nuevo Madrid, lejos de la decadente Gran Vía y de los barrios bajos del populacho en la ciudad antigua. Terminó el 21 de diciembre de 1964 con una ceremoniosa colocación de la primera piedra del Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones de Madrid en la Avenida del General Perón.

La entronización del término paz continuaría jalonando el año 1964 más allá de los propios fastos oficiales de los XXV años de paz. El desfile de la Victoria, celebrado en el mismo mes de mayo, se bautizó como Desfile de la paz. Transcurrió, como era habitual, por el Paseo de la Castellana y estuvo presidido por Francisco Franco. En la plaza de Colón, el regimiento de zapadores construyó un puente metálico sobre el que se leía el mensaje “XXV años de paz española”.

Además, se inauguraron numerosas infraestructuras y hasta barriadas, como la que se construyó un año después en Málaga, que aún conserva el nombre. En el mismo sentido de cambiar la imagen exterior del régimen, podemos incluir otro acontecimiento que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu bajo la mirada del caudillo: la victoria en la final de la Copa de Europa de Naciones el 21 de junio frente a la Unión Soviética, con el icónico gol de Marcelino a Yashin. Tras la victoria de La Roja, L’Equipe publicaría: “En Madrid el fútbol ha dado una nueva lección de solidaridad y de comprensión, pues esta paz ha venido a reconciliar alrededor de un balón y de un encuentro, alrededor de una copa de plata, dos pueblos que se ignoraban”.

La España del 600 y el primer turismo, la que anhelaba entrar en la Comunidad Económica Europea, diseñó cuidadosamente un cambio de rumbo discursivo –de la cruzada a la paz, de la guerra contra el rojo a la tragedia fratricida– que le permitiera ser admitida en el club de la modernidad. Hablando de una guerra que habían ganado como si todos la hubieran perdido. Como si a ellos les correspondiese diseñar la paz.

No es fácil saber a qué convocatoria del Primero de Mayo acudir en una ciudad como Madrid, donde hay casi tantas citas como siglas componen el universo de las centrales sindicales. Hemos hecho una recopilación lo más completa posible para ayudaros a guiaros entre la oferta del día por excelencia de la clase trabajadora.

Como es habitual, las centrales sindicales mayoritarias han convocado juntas en la que se espera la manifestación más multitudinaria de la jornada. El lema que han elegido CCOO y UGT es “Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracracia”. La manifestación transcurrirá desde la Gran Vía en su esquina con Alcalá (la cita es a las 12 h.) hasta la Plaza de España.

El 1º de mayo interseccional y combativo reúne, como en los últimos años, a distintas centrales sindicales y a colectivos sociales, incluyendo a CNT Madrid, CGT, Solidaridad Obrera, sindicatos de inquilinas o sindicatos de barrio, entre otros colectivos sociales. En esta ocasión, la convocatoria transcurrirá desde Marqués de Vadillo (la cita es a las 11.30 h.) al parque Casino de la Reina, en Lavapiés. El lema que anima la manifestación es “Contra el imperialismo, unidad de clase”.

La Federación Local de Madrid de CNT-AIT (no confundir con CNT-CIT) ha convocado a las 12 del mediodía en el metro Buenos Aires bajo el lema “Estado y capital, alianza criminal”.

El Sindicato Único de Extremadura, el Sindicato de Transportes y Comunicación de Madrid y Fesibac (CGT) han organizado una concentración a las 13 h. en la Plaza del Reina Sofía con la actuación de los grupos Reincidentes y Lucy. “Contra el odio y la pobreza, que se justa la revolución”, reza el cartel.

La Coordinadora Juvenil Socialista se une este año al catálogo de convocantes de manifestaciones del 1 de mayo con itinerario propio. Ha convocado con el lema “Por la derrota del eje genocida”. La marcha comenzará a las 12h en la plaza Roja de Vallecas (nombre popular de la plaza de la Constitución) y recorrerá las calles del distrito de Puente de Vallecas.

USO también ha convocado este año en Madrid. La cita es a las 11:00 horas y la marcha transcurrirá desde el Paseo de las Delicias (en su confluencia con la calle Ferrocarril) hasta la plaza de Las Cortes, a donde se esperan llegar a las 12.30 h.

Cortes de tráfico previstos:

Madrid perdió 30.647 habitantes en 2025 respecto al año anterior, según los datos del padrón municipal que ha dado a conocer este jueves la vicelacaldesa Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La ciudad rompe así una tendencia alcista iniciada en los años posteriores a la pandemia y disminuye su población un 0,87%.

A 1 de enero de 2026, en la capital estaban registradas 3.497.277 personas. La ciudad se deja así el umbral simbólico de 3,5 millones de habitantes, que rebasó por primera vez en el padrón de 2024. Pese a ello, se trata de la segunda cifra más elevada de la serie histórica y el incremento desde 2019 es de 230.000 vecinos. Sanz ha apostillado, según recoge Europa Press, que los datos se han visto afectados por un ajuste del padrón “sin el cual la población hubiera crecido en torno a los 70.000 habitantes”.

Lo más reseñable es que este retroceso se ha producido aunque Madrid revierte su tendencia al saldo vegetatitvo negativo. Como ha indicado Sanz, “por primera vez en años” se han producido más nacimientos (27.097, 884 más que en 2024) que defunciones (26.533). En total, el número de alumbramientos supera en 564 al de muertes.

En relación al origen, el 80,6% de la población es de nacionalidad española frente al 19,4% de nacionalidad extranjera. Respecto al lugar de nacimiento, el 69,5% han nacido en España (2.432.079) frente al 30,5 % que lo ha hecho en el extranjero (1.065.198). Comparando las cifras del ejercicio anterior, los habitantes de nacionalidad española disminuyeron en cerca de 2.400 personas, mientras que en el caso de los extranjeros la caída supera los 28.000 habitantes. Por género, hay un 47% de hombres (1.642.288) y un 53% de mujeres (1.855.049).

Sanz ha explicado que, a la reducción del número de entradas desde el extranjero y al incremento de las migraciones interiores a otros municipios (dos circunstancias que han mitigado el saldo migratorio positivo de ejercicios previos), se ha unido un saldo negativo acusado derivado del número de bajas por gestión tramitadas en 2025. Son aquellas a las que obliga la normativa padronal, pero que no están causadas por movimientos efectivos de población.

Son bajas por caducidad y por no confirmación las que causan los habitantes extranjeros que no cumplen con su obligación legal o administrativa de renovar o confirmar su inscripción padronal. Asimismo, son bajas por inscripción indebida las de las personas de las que se tiene conocimiento que ya no residen en el domicilio en el que constan, pero que no se han empadronado en otro. Durante 2025 las altas y bajas tramitadas por gestión arrojan un saldo negativo de casi 100.000 habitantes, derivados de 28.450 altas y en 127.825 bajas.

Menos llegadas desde el extranjero y más mudanzas fuera de la ciudad

En cuanto a las mencionada reducción de llegadas desde el extranjero, en 2025 fueron 117.706 altas, por las 136.000 de 2024. Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, China, Ecuador y México aglutinan más de la mitad de esos movimientos. Los países de destino más habituales para quienes se marcharon de Madrid fueron Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Alemania, Suiza y Venezuel. El saldo migratorio exterior registró 117.706 altas procedentes del extranjero frente a 11.589 bajas, lo que arroja un saldo migratorio exterior positivo de 106.117 personas.

En un contexto de crisis de la vivienda y alza de los precios, son los movimientos migratorios interiores los que ahondan en cifras negativas, con una pérdida neta de 37.957 personas (82.235 altas frente a 120.192 bajas). La mayor parte de estas mudanzas se produjeron a otros municipios de la Comunidad de Madrid (cerca de 57.000), pero también hacia provincias como Toledo, Barcelona, Valencia, Alicante y Guadalajara. Al igual que en los movimientos de salida, los mayores flujos de entrada se produjeron desde los municipios cercanos a Madrid y desde la provincia de Barcelona, a la que se añaden Toledo, Valencia, Málaga y Alicante.

Carabanchel lidera la población y Vicálvaro el crecimiento

Donde no hay cambios es en el distrito más poblado de la ciudad, que vuelve a ser Carabanchel, esta vez con 278.000 vecinos. Le siguen Puente de Vallecas (257.924), Fuencarral-El Pardo (256.037) y Latina (251.139). Son solo cuatro de los 21 que hay en la ciudad, pero concentran casi el 30% de la población municipal. Vicálvaro (97.860), Moratalaz (94.405) y Barajas (50.613) son los que cuentan con menor número de residentes.

Vicálvaro y Barajas son precisamente dos de los únicos tres distritos donde sube la población, 2.627 y 74 habitantes respectivamente. El primer caso está sin duda marcado por el avance de nuevos desarrollos urbanos como El Cañaveral o Los Berrocales. Un proceso similar al de Villa de Vallecas, que gana 1.047 personas. En el extremo opuesto, los mayores descensos de población se han registrado en Centro (-4.549), donde más se acusa la actualización del padrón, seguido de Ciudad Lineal (-3.741) y de Salamanca (-3.540).

Diez distritos presentan un crecimiento vegetativo positivo, por encima de 300 personas, comandados por Vicálvaro (+2.120), Villa de Vallecas (+1.534) y Hortaleza (+1.492). Por contra, Centro pierde más de 2.700 residentes al medir la diferencia entre nacimientos y muertes. En total, se produjeron más de 111.000 cambios de domicilio dentro del municipio con destino a otro distrito de la capital.

Después de dos días en los que ha predominado el tiempo inestable en la Comunidad de Madrid, este jueves la tranquilidad se vuelve a instalar a nivel meteorológico, con subida de temperaturas incluido, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, la jornada de este jueves 30 de abril será un día sin avisos meteorológicos después de un intenso miércoles, en el que predominarán los cielos con intervalos nubosos, con nubes bajas durante la mañana y nubes altas durante la tarde.

A su vez, sin embargo, este jueves no se descartan chubascos dispersos de madrugada.

Máximas de hasta 24 grados

En cuanto a las temperaturas, se espera un contraste entre las máximas y las mínimas, pues mientras unas suben otras bajas. Así, las mínimas vivirán un ligero descenso, quedándose entre los 8 y 11 grados.

Por su parte, las temperaturas máximas volverán a subir después de bajar en los días anteriores, y estarán mayoritariamente por encima de los 20 grados, pudiendo alcanzar hasta los 24 grados en lugares como Aranjuez.

En lo que respecta al viento, soplará flojo variable, con predominio de componente suroeste.

El céntrico barrio de Letras sumará un nuevo hotel de lujo a la ya abundante oferta de Madrid, esta vez en un edificio que hasta hace poco era un convento de monjas. La antigua residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón, situada en el cruce de las calles Cervantes y San Agustín y que este año hubiera cumplido un siglo, se transformará en un hotel boutique si prosperan los cambios urbanísticos que está tramitando el Ayuntamiento de la capital a petición de un grupo empresarial de origen israelí.

Según los detalles del proyecto, el hotel contará con 33 habitaciones de lujo distribuidas en los 3.500 metros cuadrados de los que dispone actualmente el inmueble, que también albergarán un restaurante y un club privado, dentro de la tendencia que vive Madrid en los últimos años de ofrecer productos exclusivos de ocio para las clases altas.

El edificio fue construido entre 1892 y 1895 como casa señorial para Alonso Álvarez de Toledo, marqués de los Vélez y conde de Niebla, aunque en el año 1926 fue adquirido por la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, donde estableció su convento y un colegio. El proyecto inicial era del arquitecto Enrique Sánchez y Rodríguez, aunque para el uso religioso se produjeron diversas reformas, efectuadas por Joaquín Sainz de los Terreros. Entre ellas, la construcción de una cuarta planta a las tres con sótano que ya tenía, para hacer sitio a las aulas. En el año 2009 llegaron las últimas obras de modernización. Hasta ahora.

Detrás de esta operación inmobiliaria se encuentran las empresas Sircle Collection y Take Point, asociadas en este proyecto. La primera es una firma hotelera con sede en Ámsterdam pero dirigida por el israelí Liran Wizman, con establecimientos en Londres, Praga o Barcelona. La segunda es una promotora inmobiliaria fundada recientemente por antiguos gestores de Global Iberia, otra sociedad centrada en el ladrillo procedente de las inversiones del también israelí Teddy Sagi.

Aunque el hotel Sir Agustin —este es el nombre previsto— no tiene aún el proyecto aprobado, el antiguo convento está abierto al público desde hace semanas con motivo de Casa Decor 2026, una muestra de interiorismo que cada año interviene un espacio que va a ser reformado posteriormente, para mostrar las últimas tendencias en la decoración de hogares. En la presentación del evento estuvieron representantes tanto de Sircle Collection como de Take Point. “Este edificio es especial para nosotros”, explicó una portavoz de la primera firma durante la presentación a prensa, que ya anunció la apertura de un club privado en el inmueble, coincidiendo con la futura apertura del hotel. “Estamos muy orgullosos de poder abrir al público un edificio que tenga tanta historia”, explicaron desde Take Point, que prometieron “respetar la parte patrimonial y cultural” del edificio “con un toque de modernidad”.

Este proyecto hotelero que promete “aportar energía cultural y creativa a Madrid, reforzando la posición de la ciudad como capital europea del arte, el diseño y la inspiración urbana”, se une al de otros muy cercanos ya aprobados por el Gobierno de Almeida, como el del hotel que construirá la ONCE sobre su antigua sede de la calle Prado, a menos de 200 metros del convento de las Esclavas. O el que se levantará con la demolición de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en la cercana calle Verónica. La oposición habla de “ultrasaturación” de oferta hotelera en esta zona.

Dos de cada tres hoteles de Madrid son ya de lujo

Más Madrid es especialmente crítico con este nuevo proyecto: “Acabamos de conocer un caso, otro más, que lo resume todo. Una empresa de capital israelí acaba de comprar un convento en pleno barrio de Las Letras. Un edificio con protección integral”, explica su concejala, Sara Ladra. “Como su intención es cambiar su uso actual y convertirlo en hotel de lujo, han solicitado nada menos que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y el Ayuntamiento de Almeida se lo está tramitando”, asegura.

El principal partido de la oposición destaca que el edificio, con la máxima protección patrimonial, albergaba además del convento un colegio y una capilla neorrenacentista. “Y el alcalde ya está buscando la manera de autorizar esta lucrativa operación”, advierte. “No es una excepción. Es el modelo. En Madrid ya no hay ningún límite cuando el dinero llama a la puerta”. Según cifras de Más Madrid, en siete años, los hoteles de lujo han crecido un 50%. Este año abren nueve de cinco estrellas. Y dos de cada tres hoteles existentes en la capital son ya de cuatro o cinco estrellas. Las operaciones inmobiliarias de este tipo movieron 601 millones de euros en la capital solo en el año 2023.

Este modelo turístico recibe el apoyo sin fisuras del actual equipo de Gobierno, aunque esté encareciendo los precios considerablemente. “Almeida nos vende que el turismo de lujo beneficia a toda la ciudad. Es falso. Ese gasto se concentra en la almendra central. Vallecas, Carabanchel, Latina no ven un euro”, apunta Sara Ladra. “Lo que sí ven es cómo sus pisos se convierten en apartamentos turísticos, cómo sus alquileres se disparan y cómo sus barrios se vacían”.

Según Más Madrid, para Almeida la ciudad “es un producto para especular. Y el convento de Las Letras es la prueba más reciente de que ningún límite, ni siquiera la protección integral del patrimonio se interpone entre él y los fondos de inversión”.

Una mujer de avanzada edad ha fallecido este miércoles víctima de un atropello en el barrio madrileño de Las Águilas, ubicado en el distrito de Latina. El arrollamiento se ha producido en el cruce de la calle Rafael Finat con la calle Soledad Cazorla, junto a un paso de peatones no regulado por semáforo.

Personal sanitario del Samur-Protección Civil se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, no han podido revertir la parada y la mujer ha terminado falleciendo.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido, ya que no es el primer atropello de estas características que se produce en la zona. Ya en junio de 2023, una mujer de 83 años fue atropellada por una moto en este mismo cruce.

La mujer salió de entre dos vehículos aparcados en uno de los laterales de la calzada y fue arrollada por el motorista. En su caso, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo a causa del arrollamiento.

El Gobierno de Almeida ha decidido pelear en los tribunales la tasa de basuras y defenderá en el Tribunal Supremo la validez de su cálculo. Lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Madrid en el Pleno de Cibeles en respuesta a una pregunta de Vox en la que le solicitaba saber cuándo tenía previsto efectuar las devoluciones de los importes ya cobrados en 2025.

“Nosotros decimos a los servicios jurídicos ¿hay motivos o no hay motivos? Y el servicio jurídico nos dice que hay motivo y, por tanto, interpondemos recursos de casación contra esta ordenanza”, ha detallado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció a finales de marzo que el Ayuntamiento no había justificado adecuadamente el cobro de la tasa y que, por tanto, esta quedaba anulada.

Almeida intentó restar importancia en el debate a este fallo judicial asegurando que la Tasa de Residuos Urbanos decayó por “un motivo estrictamente formal” -lo que no resta un ápice su ilegalidad- y defendió el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que “hicieron una tramitación correcta del expediente”.

Luego, le espetó a Ortega Smith: “Usted debería saber que la ley marca límites para la devolución de los dineros cuando se trata de la anulación de disposiciones de carácter general o al menos debería saber que cuando los actos administrativos son firmes no cabe la devolución”.

El Ayuntamiento de Madrid defiende además que si el Supremo acaba tumbando la tasa, solo devolverá el importe de 2025 a los ciudadanos que reclamaron en su día a través de las vías disponibles. La situación -afirma el alcalde- “dice expresamente que no cabe la devolución a todas aquellas situaciones que son firmes ya en vía administrativa y que no son susceptibles de recurso”.

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello, que se ha reafirmado como “portavoz legítima” de este partido político, ha arremetido contra la “cacicada” del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a favor de Javier Ortega Smith, expulsado de la formación, una decisión que ha recurrido a los tribunales.

“Soy la portavoz legítima del partido político, de Vox, porque así se concurrió a las elecciones. Ahora mismo la situación jurídica es que hay tres miembros de lo que era el grupo municipal, que están expulsados, una decisión ejecutiva que tenía que haber realizado el Ayuntamiento y se ha producido una cacicada”, ha lanzado Cabello a su llegada al Pleno de Cibeles en declaraciones recogidas por Europa Press.

Se ha referido así al informe que está realizando la Secretaría de este órgano para dilucidar en qué situación quedarían dentro de la Corporación los tres ediles expulsados, Ortega, Carla Toscano (ausente del Pleno por baja) e Ignacio Ansaldo. Para realizarlo solicitaron a Vox todos los documentos que acrediten las expulsiones sumando las peticiones de medidas cautelares de los de Ortega ante la Justicia ordinaria. De momento, Ortega Smith controla el Grupo Municipal de Vox gracias a su mayoría de ediles fieles

Cabello ha asegurado que en el Ayuntamiento “no se ha aplicado el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice que cuando los miembros de un partido son expulsados, el grupo municipal tiene que enviar, si se solicita por parte del partido, a esos miembros a no adscritos pero esa situación, como suele ocurrir en un Ayuntamiento con un alcalde que actúa como un cacique, no se ha producido”, ha reprochado. “Estamos acostumbrados a un alcalde que actúa como un cacique, que pasa por encima de los derechos de los vecinos de Madrid, de los derechos de los españoles, pasa por encima de las leyes, pasa por encima de las sentencias judiciales”, ha lamentado.

El alcalde Almeida le ha respondido poco después, en su primer turno de palabra en respuesta a otra pregunta de Ortega Smith, al reprocharle a Cabello que “cuando uno tiene que apellidar la condición de portavoz, a lo mejor es que no es portavoz”.

Antes, la edil había subrayado que Vox “es el partido que se caracteriza por perseguir el cumplimiento de la ley en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus órdenes”, así que será ahora la organización política la que tendrá que considerar cuál es la situación que tiene el Ayuntamiento de Madrid y “obrar en consecuencia, como siempre hace en cualquier decisión que considera que no cumple lo estrictamente recogido en el ordenamiento jurídico”.

Arantxa Cabello ha insistido en que Ortega y Ansaldo acuden al Pleno “como integrantes del grupo municipal”. “Ahora mismo ya la resolución del partido tenía que haber sido ejecutiva, según dice la ley. Esto no es una cuestión de una opinión, esto lo dice exactamente la ley. El hecho de que estén aquí quiere decir que no están en no adscritos”, ha reiterado.

La edil votará en el Pleno de manera individual dándose la circunstancia de que tanto ella como Ortega defenderán una proposición en torno a la tasa de basuras. En la sesión, cuando tome la palabra, Cabello se presentará como “la representante legítima del grupo municipal Vox”.

El tiempo inestable dejó huellas este martes y este miércoles llega ya de pleno en la Comunidad de Madrid, con chubascos y tormentas que podrían incluso ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, la AEMET ha activado avisos en toda la Comunidad de Madrid durante las horas centrales del día, con alerta naranja en el área metropolitana y Henares, y siendo amarillo en la Sierra y Sur, Vegas y Oeste.

La jornada del miércoles será así un día con lluvias y chubascos, que se espera sean dispersos y débiles por la mañana y generalizados por la tarde. Estos podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, acompañados incluso de tormenta y granizo y que podrían llevar barro.

Temperaturas máximas en descenso

Los cielos, además, serían mayoritariamente nubosos o cubiertos, con nubosidad de evolución por la tarde, con algo de calima. El viento, por su parte, soplará flojo de componente sur, sin descartarse alguna racha fuerte o muy fuerte asociada a las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán solo pocos cambios, oscilando entre los 10 y 13 grados, mientras las máximas descenderán, sobre todo de forma localmente notable en la mitad sur, entre los 18 y 22 grados.

Parece mentira que hasta este martes 28 de abril no hubiera ningún Stolspereine en el distrito de Puente de Vallecas. No solo por el conocido carácter combativo de sus barrios sino porque los vecinos del entonces municipio (y arrabal de Madrid al otro lado del arroyo Abroñigal) jugaron un importante papel en la política de izquierdas de los años treinta.

Esta era una de las razones que hacía tan especial la colocación de siete piedras de la memoria para otros tantos vecinos deportados a campos de concentración nazi. La otra era la presencia de Gunter Demnig, el artista alemán que diseño los Stolpersteine. Ya estuvo en 2019 en Madrid, cuando Isabel Martínez y Jesús Rodríguez (almas del proyecto en la capital) comenzaban con las colocaciones. Pero entonces los adoquines dorados no eran conocidos en nuestra ciudad y lo que los dos activistas memorialistas llaman “la familia Stolsperteine” apenas estaba naciendo. Por ello, la presencia de Demnig en España no tuvo el impacto informativo de esta vez.

La llegada de piedras de la memoria al distrito vallecano se venía rumiando desde hace varios años en el entorno de distintos colectivos, como la Cofradía Marinera de Vallekas –sus reconocibles camisetas de rayas estuvieron muy presentes en la jornada– o la asociación Kascoviejo, que lo han impulsado de la mano de Isabel y Jesús.

“Nosotros les decíamos que necesitábamos contactar con familiares de los deportados para poder traer la experiencia a Vallecas. En diciembre de 2024 conocimos a dos familias y empezó todo. Por entonces, teníamos localizados seis deportados y ahora ya son quince”, explica Isabel, dando cuenta de la investigación rigurosa que han llevado a cabo en los últimos años para reconstruir la memoria vallecana en los campos de concentración nazis.

 “Solo fueron liberados dos de los quince que conocemos, lo que supone una mortalidad aún mayor de la habitual, pues solían morir dos de cada tres personas internas”, explica Jesús en otro momento del recorrido.

La primera de las colocaciones tendría lugar a las nueve de la mañana en la calle Mendivil. Allí vivía Esteban Díaz Baides, asesinado el 7 de enero de 1942 en el campo de Gusen. Inés es vecina de Vallecas y nieta del homenajeado. En su familia, al contrario que en otras, se ha hablado sobre el tema, pero les falta información. “El que más ha hecho por ello es mi tío Francisco, el único de los hermanos que queda vivo. Buscó mucho en archivos cuando se jubiló”, explica. Inés es profesora de secundaria jubilada y, con motivo de una actividad en la que le pidieron que hablara de su familia, comenzó también investigarlo.

Durante la colocación de la calle Mendívil apareció la policía municipal pidiendo explicaciones por la aglomeración de personas. El contratiempo quedó en anécdota, pero da cuenta de la descoordinación administrativa con un acto aprobado en la Junta Municipal.

Para Isabel, Jesús y el resto de implicados, la colocación de Vallecas ha supuesto un gran esfuerzo. Nadie puede imaginar todas las cosas –administrativas, documentales, afectivas – que hay que hacer para llegar al día del recorrido. Un día antes de la colocación, los agujeros donde han de incrustarse las piedras todavía no estaban hechos y aún flotan en el aire los nervios ocasionados por el extravío de 35 piedras procedentes de Almenia por parte de la empresa de mensajería SEUR. A pesar de haberse solicitado, no se cortaron temporalmente las calles en las que se han colocado las piedras.

La segunda de las paradas de la mañana tuvo un gran simbolismo. Se recordaba a Julián Fernández López en la calle de la Concordia. Excepcionalmente, la piedra no se colocaba frente a la casa donde vivió el deportado. Su rastro se ha perdido dentro de los terrenos que hoy ocupan las cocheras de la EMT y el puerto seco de Abroñigal. Otra situación excepcional: Julián fue el único de los homenajeados el 28 de abril que salió con vida del campo, en el que resistió cinco años antes de establecerse en Francia.

Se barajó poner la piedra junto a la Junta Municipal de Puente de Vallecas pero la propuesta no prosperó y hubo que buscar una nueva ubicación cargada de simbolismo: junto a la vieja Casa del Pueblo de la calle de la Concordia. Aunque esta pequeña vía de Puente de Vallecas ya se llamaba así antes de los años treinta, su denominación resulta muy adecuada, como resaltaba in situ el historiador José Moreno-Aurioles. En el edificio neomudéjar que está justo enfrente de la Casa del Pueblo, compartieron espacio el Ateneo Libertario y el Radio Comunista. Muy cerca, estuvo también el antiguo Ayuntamiento de Vallecas, donde hoy hay una biblioteca pública. “Un sitio donde olía a libertad y olía a república en este barrio”, dijo Luis Sánchez-Grande, presidente de la asociación Kascoviejo.

Desde estas primeras colocaciones quedó claro que Gunter Demnig no buscaba protagonismo. Fuera de foco, preparaba con mimo artesano el agujero y colocaba la piedra. Y salía de plano. Su centro de operaciones era una furgoneta roja con la que se trasladaba de un lugar a otro –cuanta ya con 78 años–. Cuando se abrían las puertas traseras del vehículo, quedaban al descubierto escoplos, cubos de cemento y otros enseres que convierten el coche en un taller ambulante.

Igual de reservado, protegido por el ala de su sombrero, se le vio en la recepción que se dio a continuación en el salón de plenos de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, donde se dejaron ver algunas figuras políticas de distinto color, escondidas entre una multitud que abarrotaba la sala y los pasillos de la vieja casa consistorial.

A continuación, tocó homenajear en la calle de Ramón Calabuig a Arturo Mera Vives, asesinado en Gusen el 15 de julio de 1941. Para llegar allí, paseamos por Peña Gorbea, Monte Igueldo o el mercado. Toda la mañana fue una ruta por las calles principales de Puente. Todos los trayectos eran puro Vallecas popular, con vecinos curioseando desde los balcones, saliendo a preguntar de los bares –“¿de qué es la mani?”– , con frases de apoyo y hasta algún “¡viva la República!”. Entregó la piedra Bego de la librería La esquina del zorro, que ha sufragado los gastos de este Stolsperteine.

En torno a las doce menos veinte le tocó el turno a Manuel Masiá Valdés (asesinado en Mauthausen el 19 de octubre de 1943). La placa se ha colocado junto a unas canchas de fútbol de la calle Francisco Laguna, enfrente de un colegio de barrio en el que estudiaron los miembros de la familia de Manuel. ¿La razón? La intensa remodelación de Vallecas ha borrado a su antojo calles y líneas de casas bajas.

Javier Masiá es sobrino de Manuel Masíá Valdés. Una distancia de una sola generación poco habitual en estos casos. “Tengo 54 años, es raro por edad, pero era uno de los hijos mayores de mi abuelo y, a su vez, mi padre era de los pequeños. Además, a mí me tuvo ya siendo mayor”, explica.

Su abuelo, Antonio Masiá, fue concejal de Vallecas en el consistorio de Amós Acero, el alcalde de Vallecas del Partido Socialista asesinado por el franquismo. “Aunque no sabemos exactamente por qué, parece que en previsión de lo que pudiera suceder mi tío Manuel escapó a Francia, con la mala fortuna de que después de año y pico acabó en Mauthausen”. En su familia, explica, siempre supieron que había fallecido en ese campo porque un superviviente vallecano regresó y lo contó. “Pero esa era la única noticia que teníamos al margen de las fechas”.

“Solo conservamos una foto que tiene muy mala calidad y cada vez que la miro pienso que no sabemos nada de estas personas. De los que quedamos vivos, nadie le ha conocido, no sabemos si en ese año y medio tuvo algún hijo, si era gay, que pasaba por su cabeza…es la impotencia de pensar que fue una vida truncada”, cuenta Javier, que sigue buscando imágenes de su tío. “Fui a la Imprenta Municipal, donde trabajaba de aprendiz antes de la guerra”.

En la calle Manuel Maroto espera, poco después, el recuerdo huérfano de Ramón Gallego Alarilla, asesinado en el campo de Gusen en enero del cuarenta y dos. La piedra se coloca junto a un taller mecánico (no será la única ocasión). El paso del autobús, una sierra de metal en las cercanías y el bullicio de la calle tapan las palabras leídas sobre Maroto. Pero el matrimonio que regenta la tienda de arte de enfrente sale a preguntar y lo mismo hacen muchos otros vecinos. La aglomeración que obstruye la calle llama la atención acerca del significado de la piedra. Es la primera de muchas otras llamadas de atención por venir, cuando los vecinos se tropiecen con un adoquín dorado que sobresale ligeramente del asfalto.

Esta conexión del barrio con su memoria perdida se reproduciría de forma especial en la siguiente parada, en la cercana calle de García Llamas, donde vivió José Sánchez Ugarte (asesinado en el campo de Stayr en 1942). Decenas de personas esperan frente a una casa baja de ladrillo, superviviente del avance inmisericorde de la urbanización. Gunter ha llegado pronto y se afana en preparar la oquedad del suelo. Hace calor y se ha despojado brevemente de su característico sombrero.

Se abren las puertas de la casa y queda a la vista un patio interior de vecindad, característico de las viviendas obreras del extrarradio. De su interior sale una de las familiares de José. Es la tía de Mar, la nieta del homenajeado, que no ha podido venir por asuntos laborales pero ha hablado con nosotros.

“Puedo contar poco, tristemente”, cuenta Mar acerca de la historia de su abuelo. Estuvo buscando durante mucho tiempo información junto con su hermano, ya fallecido. El único contacto con la memoria de José fueron algunos detalles que les pudieron transmitir su madre y su tía, hoy presente. “Es cierto que he podido aportar la única foto que tenía de él”, explica. Para Mar, la llamada telefónica para informarla de la colocación fue una sorpresa cargada de emoción, “un día que no podré olvidar nunca, no me lo creía”, recuerda con el peso de la emoción en la voz.

La comitiva, aún muy nutrida al filo del mediodía, enfila luego por la Avenida de San Diego y otras calles hasta las inmediaciones de la Asamblea de Madrid, donde se habría de colocar la última de las piedras. José Galindo es sobrino-nieto de Alejo Gutiérez Sebastián, cuya piedra se ha colocado en la esquina de las calles Romeo y Julieta con Diligencia. La madre de José Galindo tenía un recuerdo tenue de él y apenas una vieja foto que no han conseguido encontrar. Él es de formación historiador y le late el gusanillo de la curiosidad, por lo que emprendió en su momento una serie de averiguaciones que tiene previsto continuar. Detalla con precisión cada cuerpo del ejército en el que estuvo Alejo y los frentes en los que le tocó luchar.

La hégira de Alejo después de la guerra se parece a la de muchos otros perdedores de la contienda. Exilio en Francia, paso por el campo de Argelés-su-Mer, compañía de trabajadores –probablemente terminando de construir la famosa Línea Maginot–, detención por el ejército nazi, Mauthausen y Gusen, donde fue asesinado el 7 de diciembre de 1941. Una letanía común a otro homenajeados este martes.

Gran parte de la familia ha permanecido en Vallecas durante todos estos años. Por eso saben que las calles de Palomeras han cambiado mucho, hasta el punto de desdibujar los contornos urbanos que una vez tuvieron, por lo que la piedra ha sido colocada frente un moderno edificio. “La casa debía estar en el interior, más o menos donde está la piscina”, comentan. A José, a su familia y al resto de familiares ya les ha supuesto un importante impacto el acontecimiento. “Este mes de agosto vamos a ir a Gusen a intentar poner allí una placa en su nombre”, cuenta con emoción.

Como ha sucedido durante toda la mañana, Demnig mira desde varios metros atrás, junto a su furgoneta. Los niños de la familia introducen piedrecitas traídas Mauthausen y Gusen en el hueco. Es Isabel la que va a por Gunter para que pose en la foto que reúne a familiares de deportados que han recibido el homenaje hoy y en jornadas anteriores. Hay aplausos. Hay emoción y hay alegría.

Las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato, en medio de un clima laboral que algunos trabajadores califican de “entorno insostenible” y que ha derivado en una denuncia por acoso laboral contra su concejala presidenta, Yolanda Estrada. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026, según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

La falta de un 30% más de trabajadores es especialmente llamativa al excluir los polideportivos, que operan con mayor autonomía respecto a la Junta de distrito y donde además se ha llevado a cabo un proceso de estabilización para cubrir puestos. En ellos, las vacantes se han reducido desde las 13 de hace tres años a las siete con fecha del pasado 31 de marzo. Dejando a un lado estas unidades deportivas, las plazas sin ocupar se han disparado con Yolanda Estrada al frente de Chamartín, de 24 hasta alcanzar las 41 en marzo de 2026 (un 70% más).

Las áreas con mayor deterioro son el servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, que pasa de siete a once vacantes, y la secretaría de Distrito Chamartín, con plazas sin cubrir que se duplican, de dos a cuatro (y con una mayoritaria proporción de interinos en las que están ocupadas). Los ceses en los departamentos citados están recogidos en la denuncia por acoso laboral a la que ha tenido acceso este periódico, cuyos detalles se publicaron hace unos días.

“Menos y peores servicios”

Esta falta de personal se traduce en “menos y peores servicios”, opina el portavoz de Más Madrid en la Junta de Chamartín, David Penado. De hecho, la propia denuncia contra Estrada y los otros dos altos cargos del Gobierno de Almeida presentada ante la Inspección de Trabajo recoge el “deterioro del servicio público” como uno de los motivos del requerimiento, además del “acoso laboral institucional” y los “riesgos psicosociales”.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

El primer distrito en el que decae el servicio de refuerzo escolar

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió “sin previo aviso a las familias que lo utilizaban y a pesar de que en junio se les dijo que las actividades se reanudarían en octubre”, traslada Penado en declaraciones a este diario.

“En el pleno de marzo, desde Más Madrid pedimos que la Junta de Distrito de Chamartín tomase las medidas necesarias para que se volviese a prestar con la mayor brevedad posible, asegurando la continuidad del mismo; pero el PP votó que no”. En dicho pleno, Penado contaba cómo las familias no han podido ni siquiera consultar o recuperar los informes de quienes prestaban ese servicio, ya que el teléfono de contacto municipal habilitado para estas comunicaciones quedó inoperativo.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Este periódico ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos por los que no promovió la renovación o la posible incidencia en ello del aumento de plazas vacantes entre el personal, sin recibir respuesta por el momento. En el citado pleno la portavoz adjunta del PP en Chamartín, Ana Ballesteros, argumentaba que “las competencias municipales en materia educativa son limitadas y complementarias a las de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias plenas y ha implementado medidas especializadas de diagnóstico, recuperación y tratamiento en todos los centros del distrito”. Y añadió: “Hemos pasado de una ayuda concentrada en dos centros a establecer un sistema que se puede prestar en todos los del distrito”. Penado contestó a esta afirmación con una pregunta: “¿Si han mejorado el servicio con esta reforma como es posible que familias que lo recibían ahora lo hayan dejado de recibir?”.

Una denuncia que recoge “trato vejatorio”

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil” en la Junta de Chamartín. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada (que llegó a estar imputada en la trama Gürtel por su etapa como concejala en Pozuelo de Alarcón), y otros dos altos cargos del Ayuntamiento. La concejala ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en los organismos municipales habilitados para este tipo de cuestiones.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico acredita que la denuncia a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, ante la “inacción” de la entidad de control laboral. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

La denuncia desarrolla a lo largo de veinte páginas un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”. Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”.

Esta instancia llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”. “Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios que corroboran las aptitudes: “Yo he sufrido acoso”

Con este diario han conversado personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que atiende a este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye, antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y ante el acosador quien tiene más que perder es el trabajador”. Y a veces también los ciudadanos.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, asegura desconocer los desalojos emprendidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), dependiente de su propio Gobierno municipal, y que la empresa está negándose a reunir con los inquilinos, según le han contado los propios afectados. “No era consciente de esto”, ha respondido a un grupo que protestaba contra estos procesos este martes en el Teatro Real. A pocos metros de la inauguración del Bloomberg CityLab, un encuentro de líderes municipales mundiales para debatir el futuro de las ciudaded.

“Explícale al alcalde lo que está pasando”, ha indicado en primer lugar una persona a la manifestante que se dirige luego al regidor: “Soy una madre de 40 años. El edificio de EMVS está en la calle Doctor Tolosa Latour. Tengo tres niños menores, estoy enferma, al corriente de pago y me quieren desahuciar por una antigua deuda que estoy pagando. Hay edificios igual en Usera, Villaverde, Vallecas o Carabanchel”.

La afectada cuenta que “escribí al correo electrónico [del alcalde], me contestaron del gabinete y remitieron a EMVS, que ha pasado de todo y no me atienden”. Es entonces cuando Almeida responde a la mujer que “eso no puede ser de ninguna manera”. Cuando otra manifestante indica que “se están yendo familias a la calle sin alternativa y ya hay familias desahuciadas”, el regidor asegura que pretende tomar cartas en el asunto: “No era consciente de esto. Llamo ahora mismo a EMVS y que os reciban”. “Tienen derecho a ser escuchados”, concluye el primer edil.

Mercedes Revuelta es la mujer que facilita esa conversación entre Almeida y Vanesa, la madre de una familia con una orden de desahucio programado para finales de mayo. En declaraciones Somos Madrid, esta activista de la Asamblea de Vivienda de Usera (vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) señala que Vanesa “no tiene ninguna alternativa habitacional y está volviéndose loca para encontrarla”.

Cuestiona que el alcalde, “máximo responsable que debe supervisar y hacer las directrices de EMVS”, diga que no tenía conocimiento de estas prácticas: “En la sede de la empresa municipal ni nos reciben ni se sientan a negociar. Los activistas y los afectados estamos haciendo nuestros trabajo con creces. El alcalde y EMVS, no”.

Desde la compañía pública reconocen en declaraciones a este diaro que cuando el conflicto se judicializa “no hay interlocución directa”, pero mantinen que antes de ello “siempre hay atención”. “Por motivos de protección de datos y al afectar a derechos fundamentales y de privacidad de los afectados, no podemos dar información concreta de procedimientos actuales”, matizan a la hora de valorar casos específicos.

Declaran que “solo se inician procedimientos judiciales por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y subarriendos”. En esos supuestos, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda”. Lo explican aludiendo a que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños, y sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”.

60 juicios “porque en EMVS no le ha dado la gana de hacer bien su trabajo”

Revuelta afirma por contra que “EMVS está desahuciando a un porrón de familias”. Narra casos como el de Eva, “que duerme con sus tres niños hacinados en el sofá de un amigo”. “Hay 60 expedientes judicializados de EMVS porque no les ha dado la gana de hacer bien su trabajo. Deudas que van de unos 400 euros a unos 7000, pequeñas si tenemos en cuenta que hablamos de desahuciar gente de sus casas, que además son públicas. Todo porque no les ha dado la gana renegociar la deuda o hacer planes de deuda a los afectado aunque sean inquilinos que llevan muchos años”, expone esta defensora de los derechos en materia de vivienda. En paralelo, el consejo de administración de la entidad ha aprobado incorporar dietas de 612 euros por reunión para todos sus miembros, una política promovida por el propio equipo de Almeida.

“Si a alguien le falla el ingreso mínimo vital un mes, hay que buscar formas de replantear esa deuda, no puedes desahuciar para que entren inquilinos con mayor nivel de renta. Ya vemos en el plan ReViVe para que tipo de rentas se dirige, o en otros programas”, denuncia. Cree que es “una sinvergonzonería, cuando EMVS es el último recurso de muchas personas”.

En EMVS desmienten estas afirmanciones y sostienen que “planes de pago se hacen siempre”: “No llevamos al tribunal a quien queriendo pagar no puede. Ahora bien, si hay 60.000 personas en lista de espera que quieren pagar, no es de recibo que haya gente que pudiendo pagar no lo haga. Es un bien público y hay que cuidarlo como tal, como montar en autobús. La oposición deberá aclarar si apoya el cumplimiento de la ley y a los solicitantes inscritos legalmente en el Registro de Vivienda, o si respalda a quienes incumplen las normas y okupan ilegalmente el patrimonio de todos los madrileños”.

Una oposición que ha criticado duramento las respuestas de Almeida en la mañana de este martes. “La caradura del alcalde no tiene límites”, declara la concejala de Más Madrid Lucía Lois sobre el hecho de que el máximo mandatario municipal haya negado tener conocimiento de los desalojos de EMVS. “Llevamos tiempo denunciando esta política, pero puede que no se entere de nada entre feria y feria haciendo de comercial para los fondos buitre”, dice. “Ha pasado de tres desalojos en octubre de 2023 a 60 este abril. Almeida cierra la puerta de la vivienda pública a los más vulnerables justo después de que el PP dejara caer el escudo social en el Congreso”, reprocha la edil.

Para Mercedes Revuelta, ante deudas que se mueven en unos cientos o poco miles de euros o en contratos que pasan de padres a hijos y por tanto podrían contemplar la subrogación, la entidad pública debería ser garantista: “Son buenos inquilinos que pagan su renta y suministros”. Pero además, recuerda que establecer planes de deuda “es obligatorio, no una cuestion de humanidad, porque sabemos que EMVS no tiene ninguna”.

“Se debe permitir a las trabajadoras sociales hacer su trabajo; ir a las casas para ver por qué no se ha pagado y establecer planes de pago por una cantidad determinada de euros al mes que se añada a las mensualidades”, recalca Revuelta. Y añade: “Hay grandes empresarios que no pagan impuestos y se les hacen planes de pago, ¿cómo no permitirlo también con familias con menos posibilidades de defenderse?”. En EMVS argumentan que “la asistencia social opera en la propia empresa para los casos más extremos” y apostillan que “al que quiere pagar se le ayuda”.

El modelo de EMVS como modelo de ciudad

Todo ello, critica la activista, mientras “EMVS lleva diez años con el mismo número de viviendas (9.000)”. “No aumentan el parque ni llevan a cabo grandes sorteos, más allá de las 300 viviendas que rotan cada año por muerte o mudanza”, remata. Unas cifras que desmienten en la entidad: “Desde 2019, hemos pasado de 6.258 viviendas a alrededor de 10.000, un 60% y casi 3.600 patrimonios más. 3.300 de ellas son de nueva construcción y el resto compra. Además, se están edificando casi 6.000 viviendas más”.

La protesta de este martes, cuyos organizadores califican de “escrache”, ha sido promovida por la Asamblea de Vivienda de Usera, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y la PAH de Getafe. Buscaban la “gran visibilidad del evento”, pero también aprovechar su potencial simbólico: “Vienen alcaldes de ciudades con muchos problemas, pero que lo hacen mejor en materia de vivienda dentro de sus competencias, como Londres, París o Barcelona”, detalla Revuelta. “Se va a hablar de vivienda, de casas públicas que las personas amenazadas con un desahucio han contribuido a construir con sus impuestos y a mantener con sus esfuerzos. Por eso es improtante que los afectados estén delante”, dice para finalizar a este periódico.

El pago con tarjeta de crédito física o en el móvil en Metro de Madrid será una realidad desde comienzos de junio, con el objetivo de agilizar y facilitar el acceso de los viajeros al suburbano antes de la visita del Papa, prevista entre los días 6 y 12 del citado mes. Eso sí, la novedad solo llegará a las estaciones con tornos inteligentes (los de estética futurista), los cuales irán expandiéndose por el conjunto del suburbano con el propósito futuro de alcanzar las 303 paradas de la red.

Lo ha avanzado este martes Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press, Rodrigo ha explicado que la compañía metropolitana lleva tiempo trabajando para completar la implantación del sistema de pago con tarjeta de crédito y débito sin contacto, así como dispositivos móviles con tecnología contactless, sin necesidad de tener que adquirir previamente un título de transporte o abono.

En total, serán unos 900 tornos inteligentes los que se instalarán en los vestíbulos de las estaciones de toda la red para posibilitar una validación más rápida, así como reducir las incidencias en el acceso, en el marco del modelo de Estación 4.0 impulsado por Metro.

Para poder completar el pago, se ha instalado una nueva herramienta electrónica de control y lectores de códigos QR y EMV, los dispositivos de seguridad que leen el chip de tarjetas bancarias y dispositivos móviles (wallet). Admite tarjetas como Visa, Mastercard, Maestro o American Express. También el software correspondiente que permita gestionar los cobros con las entidades bancarias.

Cálculo automático de la tarifa más ventajosa para el viajero

La solución se apoya en la adaptación del sistema al modelo MT (Mobility anda Transporta Transaccional), que posibilita el cálculo automático de la mejor tarifa para el viajero en función de las validaciones efectuadas en un periodo determinado y la agrupación de los cargos en una única transacción. Para ello, incorporará un sistema, denominado BackOffice, que almacenará y procesará la información de los accesos que ha realizado el usuario.

Este medio permite almacenar durante un periodo de tiempo, ya sea un día o una franja de horas, las validaciones hechas en los equipos de peaje del suburbano y, al finalizar el periodo transcurrido, realizar el cálculo de la mejor tarifa a aplicar. En cualquier caso, se mantendrá la compatibilidad con la Tarjeta de Transporte Público (ATP) y los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma a otras iniciativas de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que en “pocos meses”, ha dicho el consejero, llegará también a iPhone. Además, el sistema de pago con tarjeta bancaria es posible en todos los autobuses interurbanos de la región desde el pasado 1 de julio.