Cáceres se convierte este fin de semana en el epicentro nacional del debate sobre la enseñanza de la historia reciente y los valores constitucionales con la celebración del Encuentro Nacional 'Memoria y futuro de la democracia'. Las jornadas, que se desarrollan este viernes y sábado en el Complejo Cultural San Francisco, están promovidas por la Fundación Educativa CIVES junto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el marco del programa 'Memoria, Escuela y Democracia', y cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres.

El evento reúne a representantes institucionales, profesorado, alumnado, investigadores y entidades sociales de todo el país para debatir sobre los retos actuales en la transmisión de la memoria democrática y fomentar una ciudadanía crítica y participativa.

El acto institucional cuenta con la previsión de asistencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Fundación CIVES, Victorino Mayoral. A lo largo de las dos jornadas, el programa combina mesas de debate y ponencias con voces destacadas de los ámbitos educativo, académico, periodístico y cultural, entre las que figuran figuras como Nicolás Sartorius, Paco Cerdà, Alejandro Tiana, Juan José Tamayo y Olga Rodríguez, además de colectivos y centros educativos de distintas comunidades autónomas.

El contenido de las sesiones aborda cuestiones clave como la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar, el análisis de las nuevas narrativas del neofranquismo, los retos en la defensa de los derechos de las mujeres, el papel de las universidades en la investigación histórica y los mecanismos para garantizar una transmisión intergeneracional eficaz de los valores democráticos.

Asimismo, el encuentro reserva un espacio destacado para que docentes y estudiantes compartan experiencias prácticas y proyectos educativos desarrollados directamente en las aulas, mostrando cómo la memoria puede constituir una herramienta pedagógica fundamental para comprender el pasado y construir convivencia.

La programación incluye también actividades culturales y actos simbólicos, como la inauguración del Jardín de la Memoria, concebido como un espacio permanente de reconocimiento y diálogo intergeneracional. Las actividades del viernes concluyen con la proyección y presentación del documental La Sementera de la Memoria, mientras que el cierre del evento, previsto para la jornada del sábado, ofrecerá a los asistentes una visita nocturna guiada por la Ciudad Monumental de Cáceres.

Durante 32.448 días, las víctimas han permanecido bajo tierra sin nombre. Durante 88 años y casi diez meses, sus familias han convivido con una ausencia suspendida entre la certeza y la incertidumbre, sin una tumba a la que acudir y sin una respuesta definitiva sobre el lugar exacto en el que fueron enterrados sus familiares tras la represión franquista.

Ahora, en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, aquella espera empieza a quebrarse. Bajo una capa de tierra de apenas setenta centímetros han aparecido ya seis cuerpos en una zona donde la documentación histórica sitúa los restos de 153 personas represaliadas. Son los primeros hallazgos de una intervención que tienes visos de convertirse en una de las mayores exhumaciones de memoria democrática realizadas en Extremadura.

La excavación se desarrolla en el llamado cuartel cuatro, conocido durante décadas como el antiguo Limbo. Allí trabaja el equipo de antropología forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que afronta una tarea mucho más compleja que recuperar restos humanos. El objetivo inicial consiste en comprender cómo fueron enterradas las víctimas, localizar los límites de cada fosa y reconstruir la organización interna del espacio para evitar que la información de unos cuerpos se mezcle con la de otros.

“Estamos intentando corroborar lo que nos marca la documentación”, explica la antropóloga forense María Fortuna, directora del proyecto. Los registros localizados describen ocho filas de enterramientos y distintas fosas dentro de cada una de ellas. Traducir ese plano histórico al terreno real es ahora la prioridad.

Los primeros seis cuerpos han aparecido en el nivel más superficial de la excavación, pero todo apunta a que bajo ellos podrían existir más enterramientos. Algunas posiciones anatómicas observadas por el equipo sugieren que los cadáveres fueron depositados en varios niveles, una circunstancia que obligará a extremar las precauciones durante los próximos meses.

Cada centímetro excavado aporta información. Las extremidades flexionadas, los desplazamientos producidos durante la descomposición o la profundidad a la que aparecen determinados huesos permiten reconstruir lo ocurrido hace casi nueve décadas. No se trata únicamente de encontrar esqueletos, sino de interpretar científicamente las circunstancias de los enterramientos.

Por eso el trabajo avanza con la lentitud precisa. Antes de retirar un cuerpo, los especialistas documentan su posición, registran su relación con los enterramientos contiguos y elaboran una cartografía precisa del subsuelo. En una investigación de estas características, conservar el contexto resulta casi tan importante como recuperar los restos.

En los primeros días también ha aparecido un pequeño tramo de muro cuya localización puede ayudar a definir uno de los límites del cuartel cuatro. Si se confirma su utilidad arqueológica, permitirá contrastar sobre el terreno la documentación histórica y organizar con mayor precisión las siguientes fases de la excavación.

Identificación

La identificación de las víctimas tampoco comenzará directamente en un laboratorio genético. El proceso arranca mucho antes. Los antropólogos deberán determinar sexo, edad aproximada, posibles patologías y características individuales de cada persona exhumada. Esa información será comparada después con la documentación histórica disponible sobre quienes fueron ejecutados y enterrados en esta zona del cementerio.

Solo entonces llegarán, cuando sean necesarias, las pruebas genéticas. Fortuna insiste en que no todos los familiares ofrecen las mismas posibilidades de identificación y que será necesario valorar caso por caso qué muestras resultan más adecuadas para cada estudio.

En esa labor de interlocución con los descendientes juega un papel esencial la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), impulsora de un proceso que comenzó hace más de una década. La entidad mantiene contacto con familias de distintos puntos de Extremadura y también con descendientes que hoy viven fuera de la región como consecuencia de las migraciones producidas durante generaciones. Algunos de estos familiares ya han viajado hasta Cáceres y han podido hablar con Amececa y con la propia María Fortuna.

Muchas de esas familias llevan años aguardando este momento. Algunas han seguido cada paso administrativo desde 2010. Otras han conocido la existencia de las exhumaciones tras la difusión pública de los primeros hallazgos. Para todas, la aparición de los restos supone una mezcla de esperanza y prudencia: la posibilidad de una identificación sigue requiriendo meses de trabajo científico.

La continuidad de ese trabajo está garantizada gracias a la financiación aportada por la Diputación Provincial de Cáceres y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha reiterado el compromiso de completar las exhumaciones y facilitar la identificación de las víctimas para que puedan recibir una sepultura digna.

Entre los nombres que aparecen en la documentación relacionada con la represión franquista en Cáceres figura el de Antonio Canales González, alcalde socialista de la ciudad durante la Segunda República. Detenido tras el golpe militar de 1936, fue fusilado el 25 de diciembre de 1937. Diversas fuentes históricas señalan que su familia recuperó posteriormente el cuerpo, por lo que no figura entre las víctimas que previsiblemente permanecen en las fosas del cuartel cuatro.

Junto a él, la represión alcanzó también a numerosos cargos municipales de la provincia, alcaldes, concejales y dirigentes sindicales de distintas localidades cacereñas que fueron ejecutados o encarcelados durante aquellos años. Muchos de ellos continúan sin localizar o sin una identificación definitiva.

La previsión de Aranzadi es completar esta primera intervención entre finales de año y comienzos de 2027. Después, los trabajos avanzarán hacia el sector donde se encuentra el memorial actual y, posteriormente, al cuartel uno. Las labores de campo podrían prolongarse hasta antes del verano de 2027, aunque el calendario dependerá de la complejidad de los hallazgos.

Sin embargo, el final de las excavaciones no supondrá el final de la investigación. Quedarán por delante los estudios antropológicos, los análisis genéticos, las reconstrucciones tridimensionales, la elaboración de informes técnicos y, sobre todo, el largo proceso de poner nombre a quienes fueron reducidos durante décadas a un número en un registro.

Por ahora, la tierra del antiguo Limbo empieza a devolver las primeras pruebas de una historia conocida por los documentos y silenciada durante generaciones. Los seis cuerpos hallados son solo el comienzo. Bajo ese terreno permanecen todavía decenas de personas cuya identidad sigue esperando ser recuperada. Y para muchas familias, después de 32.448 días, la búsqueda entra por fin en la fase más ilusionante y decisiva.

El Espacio UEX, ubicado en la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres, acogerá el próximo 26 de octubre, lunes, a las 19.00 horas, una mesa redonda dedicada a la memoria de las víctimas extremeñas de la dictadura franquista. El encuentro reunirá a representantes institucionales, especialistas en investigación forense y científica, asociaciones memorialistas y familiares vinculadas a algunos de los principales espacios de memoria de la provincia.

La actividad se enmarca en el proyecto Memoria, Educación y Verdad: Reflexiones sobre la dictadura franquista, desarrollado por la Facultad de Formación del Profesorado con colaboración de la Diputación de Cáceres a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática. La iniciativa persigue incorporar la memoria democrática al ámbito educativo y promover entre los jóvenes una reflexión crítica sobre la represión franquista, los derechos humanos y el derecho a la verdad.

La mesa contará con la participación de Fernando Ayala, en representación de la Diputación de Cáceres; María Fortuna, integrante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y vinculada a los trabajos de localización e identificación de personas desaparecidas; y María Jesús Criado, representante de la asociación AMECECA.

Junto a ellas intervendrán familiares relacionadas con lugares emblemáticos de la memoria en la provincia. La periodista Inma Montero aportará su testimonio desde la experiencia vinculada a la Mina de la Paloma en Zarza la Mayor, y abordará la búsqueda de verdad y reconocimiento en torno a la fosa. Su intervención permitirá situar en primer plano la dimensión humana de los procesos de investigación y reparación.

La sesión estará moderada por la periodista de elDiario.es, Sandra Moreno Quintanilla. Tras la apertura institucional y una intervención musical, los participantes debatirán sobre los avances y desafíos de la investigación de las fosas, las obligaciones de las administraciones públicas, el trabajo desarrollado por el movimiento memorialista y las reivindicaciones de las familias que continúan reclamando respuestas sobre el destino de sus allegados.

El programa incluirá asimismo un turno de preguntas abierto al público y un espacio para el intercambio de experiencias antes de cerrar la jornada con una actuación musical.

Memoria democrática y educación

Dirigido principalmente al alumnado universitario, aunque abierto también a estudiantes de Secundaria, profesorado, investigadores y ciudadanía interesada, el proyecto plantea la memoria democrática como una herramienta de conocimiento histórico y formación cívica.

A través del análisis de la represión franquista, la recuperación de testimonios y el estudio de los lugares de enterramiento de las víctimas, la iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a una parte de la historia reciente que durante décadas permaneció relegada al silencio de los archivos y de muchas familias.

La jornada aspira así a poner en diálogo investigación académica, acción institucional, movimiento memorialista y experiencia familiar para abordar una cuestión que sigue ocupando un lugar central en los debates sobre verdad, justicia y reparación.

Las excavaciones en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres han arrojado sus primeros hallazgos científicos. El equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha confirmado la localización de las primeras evidencias de restos de víctimas de la represión franquista. Se trata de osamentas compatibles con hombres jóvenes que presentan lesiones traumáticas en el cráneo causadas por proyectiles de arma de fuego, confirmando sobre el terreno lo registrado en la investigación documental previa.

Los trabajos comenzaron el pasado 5 de octubre tras años de tramitación y de espera por parte de las familias. Las estimaciones de la intervención apuntan a que en el denominado Cuartel 4 del antiguo Limbo, ubicado bajo el actual Memorial a las víctimas, se localizan al menos ocho filas de fosas clandestinas que albergan los restos de entre 153 personas (según las previsiones iniciales en la zona de intervención) y hasta cerca de 300 víctimas en el conjunto del área, lo que podría convertir este enclave en la mayor fosa común excavada hasta la fecha en Extremadura.

La actuación forma parte del proyecto 'Exhumación de las fosas del Cementerio Nuestra Señora de la Montaña y estudio antropológico forense de los restos de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en la ciudad de Cáceres', una iniciativa impulsada mediante un convenio entre la Diputación de Cáceres, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la propia Sociedad de Ciencias Aranzadi, con financiación de la corporación provincial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Avanzar hacia la identificación genética

Tras las dos primeras semanas centradas en la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas, el equipo técnico inicia ahora la fase de recuperación minuciosa, documentación y análisis antropológico forense de los restos. Todo el proceso seguirá protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y pruebas de ADN con los familiares y allegados localizados por AMECECA, con el objetivo de lograr su identificación y posterior entrega a sus allegados.

La asociación memorialista y la Diputación de Cáceres han recibido el hallazgo con “satisfacción y emoción”, calificando los primeros resultados como un “paso histórico y trascendental” en el camino iniciado en 2010 hacia la verdad, la justicia y la reparación para los represaliados y sus familias en la capital cacereña.

La dictadura franquista no se sostuvo únicamente sobre la victoria militar de 1939, sino también sobre una compleja red de leyes, tribunales, sanciones y mecanismos de control que durante décadas persiguieron a miles de personas. Cómo funcionó ese engranaje represivo en la provincia de Cáceres, quiénes lo dirigieron, a quiénes castigó y de qué manera condicionó la vida cotidiana de los vencidos es el objeto de La represión franquista en Cáceres, el libro del historiador Francisco Javier Ruiz Cano. Presentado en la Biblioteca Pública de Cáceres junto al investigador José María Izquierdo Calle, la obra, adaptación de su tesis doctoral, constituye hasta la fecha uno de los estudios más exhaustivos sobre la implantación y el funcionamiento de la maquinaria represiva franquista en la provincia cacereña entre 1936 y finales de los años cincuenta.

La investigación tiene su origen en la tesis doctoral Implantación, consolidación y actuación represiva de la dictadura franquista en la provincia de Cáceres: el Gobierno Civil, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, dirigida por Juan Andrés Blanco Rodríguez, y se sitúa en diálogo con los estudios de Julián Chaves Palacios y Sergio Riesco Roche.

El libro parte del análisis del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, que no sólo desencadenó una guerra civil de casi tres años, sino que supuso el desmantelamiento inicial del Estado republicano y de sus instituciones democráticas. Desde los primeros días del conflicto, los sublevados comenzaron a configurar un nuevo orden institucional de carácter autocrático y represivo, inspirado inicialmente en modelos totalitarios europeos como el italiano y el alemán. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial el régimen viró hacia un autoritarismo menos abiertamente fascista, sus instituciones mantuvieron siempre prácticas sistemáticas de violencia política, justificadas por la doctrina del Nacional-Catolicismo y amparadas en leyes represivas como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Seguridad del Estado o la Ley de Bandidaje y Terrorismo.

Ruiz Cano subraya que, aunque el régimen rara vez empleó la palabra “represión”, esta figuraba en textos legales que pretendían legitimar la lucha contra la disidencia. La violencia política se elevó a norma y se institucionalizó mediante disposiciones jurídicas que otorgaron apariencia de legalidad a la persecución de la disidencia política y social. El nuevo sistema derivó hacia la aplicación jerarquizada de la aniquilación y la exclusión, sustentado en la retórica de la España y la AntiEspaña.

La represión comenzó con la justicia militar —los consejos de guerra— y continuó con leyes de excepción y tribunales especiales. El libro explica que era necesario implantar la dictadura en todas las demarcaciones provinciales, por lo que la violencia del Nuevo Estado tuvo una repercusión significativa a nivel local y regional, golpeando con severidad también a la provincia de Cáceres.

El libro analiza no sólo las modalidades represivas, sino también las instituciones que las ejercieron y los actores que las dirigieron, así como los grupos sobre los que recayeron. El periodo estudiado (1936-1959) abarca desde la toma de la provincia por los sublevados hasta el final del mandato del último gobernador civil analizado, en un momento en que el régimen ya estaba consolidado.

Reconstrucción del proceso

A lo largo de cinco capítulos, Ruiz Cano reconstruye el proceso mediante el que la dictadura franquista se implantó y consolidó en la provincia de Cáceres, desde las tensiones sociales previas al golpe de Estado hasta la consolidación definitiva de su aparato represivo. El primero estudia las condiciones socioeconómicas de la provincia y las tensiones sociales previas al golpe, que explican su rápida adhesión a la sublevación. Cáceres era una provincia agraria con un profundo desequilibrio entre propietarios y trabajadores: grandes fincas en manos de una minoría, pequeñas y medianas explotaciones en manos del grueso de la población, y una crisis agraria que generó protestas y movilizaciones. La reforma agraria avanzó lentamente, lo que incrementó la crispación social. El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 y los sindicatos, especialmente UGT, protagonizaron reivindicaciones. Falange supo aprovechar la tensión y aglutinar apoyos, convirtiéndose en un rival del gobierno republicano. Todo ello explica que la ocupación de Cáceres el 19 de julio de 1936 se produjera sin apenas resistencia.

Desde ese momento comenzó a configurarse un sistema represivo que fue articulándose a través de distintas instituciones y mecanismos de control. El Gobierno Civil quedó en manos de los sublevados y se crearon instituciones como el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sustentadas en las leyes de 1939 y 1940, con el objetivo de castigar y controlar al disidente y estructurar un sistema autocrático basado en el control social.

El libro explica que el personal político que ocupó los organismos del nuevo orden fue renovado por personas jóvenes, excombatientes y con inicios políticos en los años treinta. Sin embargo, la presencia de Falange en Cáceres fue escasa: sólo uno de los gobernadores civiles procedía de sus filas. La unificación del cargo de Jefe Provincial de FET de las JONS con el de Gobernador Civil (1938-1945) no evitó los conflictos entre familias del régimen, que mantuvieron su identidad ideológica pese a integrarse en el Partido Único.

Todos los dirigentes aplicaron severas formas de represión. El Gobierno Civil inició depuraciones que, en sus primeros momentos, fueron paralegales. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas impuso sobre todo sanciones económicas, destierros e inhabilitaciones, debido a la escasa resistencia republicana y al empobrecimiento de la provincia. La reforma de 1942 suspendió muchas causas. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo dictó pocas penas de prisión y ninguna de la máxima gravedad, debido al bajo grado masónico de los acusados y a su escasa vinculación con las élites republicanas. La mayoría de las condenas fueron confinamientos.

La violencia afectó a dirigentes republicanos, corporaciones municipales, jornaleros, militantes de UGT y PSOE, y mujeres, que recibieron un doble castigo por su condición de género y por transgredir los principios nacional-católicos. Se castigó a madres solteras, prostitutas y mujeres sospechosas de relaciones con otras mujeres. Adoptó múltiples formas: paralegal, institucionalizada, económica, social y psicológica.

La resistencia

El único foco de resistencia fue la guerrilla antifranquista, pero su debilidad y la abundancia de delatores facilitaron su neutralización por la Guardia Civil. Con su desaparición se consolidó definitivamente el engranaje represivo en la provincia, donde la violencia política estableció una división entre vencedores y vencidos y afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana.

El libro concluye que la represión franquista en Cáceres reprodujo el modelo de exclusión y control social característico del régimen, y que su estudio permite completar el mapa de la implantación y represión de la dictadura en España. Su presentación en la capital cacereña refuerza la importancia de seguir investigando la violencia política en Extremadura y de documentar con rigor la actuación de las instituciones franquistas en la provincia.

Al final, La represión franquista en Cáceres trasciende el análisis de leyes, tribunales e instituciones para mostrar el impacto humano de un sistema concebido para controlar, castigar y excluir. Detrás de cada expediente, cada destierro o cada confinamiento aparecen vidas marcadas por el miedo, la pérdida y el silencio. Con una investigación rigurosa y ampliamente documentada, Francisco Javier Ruiz Cano, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y especializado en el estudio de la violencia política y las estructuras represivas del franquismo, reconstruye con detalle la implantación de la maquinaria represiva en la provincia y contribuye a completar el mapa de la represión franquista en España desde una perspectiva local imprescindible para comprender el alcance real de la violencia ejercida por el régimen.

Los trabajos para exhumar la fosa común del cementerio municipal de Cáceres han comenzado este miércoles con unas estimaciones que apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos. Por la dimensión del enclave, la actuación podría convertirse en la mayor exhumación de una fosa común realizada hasta la fecha en la región.

El inicio de las labores sobre el terreno se produce tras completar la tramitación administrativa y obtener los permisos correspondientes. La intervención se enmarca en el convenio suscrito entre la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Diputación de Cáceres para investigar, localizar, exhumar e identificar a víctimas de la represión franquista, y cuenta con financiación de la propia corporación provincial y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Debido a la envergadura del espacio, los trabajos se prolongarán durante varios meses y se ejecutarán de forma gradual por fases. Según señalan desde la Diputación de Cáceres, las fuentes documentales y los estudios históricos previos ubican los restos de varios centenares de represaliados justamente en el ámbito que hoy ocupa el Memorial dedicado a las víctimas en el propio camposanto cacereño.

El equipo técnico de Aranzadi ha arrancado las tareas con la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas y áreas de excavación. A esta fase inicial le seguirá la recuperación minuciosa de los restos, su documentación científica y el posterior análisis antropológico forense. Durante todo el proceso se aplicarán los protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y la realización de pruebas genéticas, con el fin de avanzar en la identificación de los represaliados y posibilitar su devolución a los allegados.

Desde AMECECA han subrayado que el arranque de los trabajos supone “un paso esperado durante años” por los familiares y descendientes de las víctimas. La entidad ha participado activamente en la recogida de testimonios, el análisis de documentación histórica y la búsqueda de allegados para facilitar los cotejos de ADN. Desde la organización de las obras han precisado además que se extremarán las precauciones para no interferir en la actividad habitual del cementerio durante el desarrollo de la investigación.

Los restos de tres personas represaliadas por la dictadura franquista, exhumadas en 2024 e identificadas a lo largo de este año, serán entregados a sus familias el próximo 17 de octubre en el cementerio municipal de Villanueva de la Serena, en el marco de un acto de homenaje a las víctimas.

La convocatoria, organizada por la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), dará comienzo a las 11:00 horas. El acto coincidirá con el desarrollo de los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en la fosa clandestina ubicada en el propio recinto cementerial. El programa incluirá intervenciones de autoridades, testimonios de allegados, actuaciones musicales y una ofrenda floral, que culminarán con el entierro de los tres cuerpos identificados.

Divulgación para estudiantes de la comarca

La iniciativa tendrá continuidad entre el 19 y el 22 de octubre con la celebración de la cuarta edición de las 'Escuelas de Memoria', dirigidas a estudiantes de varios institutos de Educación Secundaria de la zona.

Durante esas cuatro jornadas, los alumnos acudirán durante las mañanas al cementerio para conocer sobre el terreno las labores de exhumación en la fosa y escuchar los relatos de los familiares. La asociación señala que el propósito de estas visitas es acercar al alumnado el conocimiento sobre la represión franquista.

La jornada de homenaje y las actividades divulgativas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Diputación de Badajoz, Amnistía Internacional Extremadura y diversas organizaciones memorialistas.

La Diputación de Cáceres ha aprobado una partida de 105.000 euros destinada al convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a cabo trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Las actuaciones se centrarán en el enclave de Mina La Paloma y en el cementerio de Piedras Albas.

Esta cuantía se integra en un paquete de 213.647 euros consignado a entidades privadas y sin ánimo de lucro con fines culturales. Dentro de este bloque económico se incluyen también 28.595 euros para realizar estudios de sondeos y localización de fosas de la Guerra Civil en la ermita de San Bartolomé de Almoharín, así como 15.972 euros orientados a la catalogación del patrimonio de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia.

Asimismo, se han aprobado 30.000 euros para la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, destinados a la organización del II Encuentro Memoria, Educación y Democracia, y 15.000 euros para la Academia de Cine de Extremadura con el fin de desarrollar un ciclo de proyecciones de cine regional en el medio rural.

Inversión en el SEPEI y plan de repoblación con REDEX

Entre los acuerdos aprobados por el pleno provincial destaca la asignación de 1,5 millones de euros para incrementar la adquisición de diversos vehículos destinados al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI).

En materia de desarrollo rural, se han aprobado 302.897 euros para la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX). Estos fondos se destinarán al personal del equipo territorial y a programas de repoblación, lo que permitirá incorporar a cinco técnicos para prestar servicio a los 47 municipios interesados en iniciativas de atracción de nuevos pobladores. El trabajo de estos profesionales abarcará la localización de viviendas disponibles, el impulso al relevo generacional y empresarial, y la articulación de medidas de acogida e integración.

El pleno ha respaldado igualmente un convenio de 72.000 euros con RENFE para la puesta en marcha del tren turístico y ha asignado 7.500 euros para la ejecución del cerramiento del claustro en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Infraestructuras eléctricas, deportivas y gestión territorial

En el apartado de inversiones locales, la corporación ha dado luz verde a 567.956 euros asignados a ocho municipios a través del Plan de Mejora de la Infraestructura Eléctrica (PLAN MIE-2025). Las actuaciones se desarrollarán en Torrejoncillo, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Montehermoso, Moraleja, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Coria.

Junto a ello, se han aprobado 154.000 euros para obras e inversiones en entidades locales, 240.000 euros para la construcción del nuevo campo de tiro con arco en el complejo de El Cuartillo, en la capital cacereña, y 30.000 euros para trabajos de corrección de riesgos y adecuación de instalaciones en la finca Haza de la Concepción, situada en Malpartida de Plasencia.

Por último, el pleno ha ratificado la aprobación definitiva de la Agenda Provincial de Cáceres, la incorporación de seis municipios a la Red Provincial de Comunidades Energéticas y la adhesión de la institución a la Red Española de Oficinas de Datos (REOD), además de su integración en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

El municipio pacense de Valencia de Alcántara conmemorará este sábado, 26 de septiembre, el 90 aniversario de los asesinatos cometidos en la Mina Terría durante el inicio de la Guerra Civil. El acto cívico, de carácter institucional y abierto a la ciudadanía, rendirá tributo a las 49 personas represaliadas en 1936 cuyos cuerpos fueron arrojados a una antigua pozo de extracción de wolframio situada en la finca Cuadrillas de Arriba.

La convocatoria tendrá lugar durante la mañana en el cementerio municipal de la localidad y está organizada de manera conjunta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, con la colaboración de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Extremadura (UEx).

Los asesinatos en el paraje de la Mina Terría se ejecutaron de forma sistemática a partir de finales de agosto de 1936. Las víctimas, arrojadas al pozo a unos 25 metros de profundidad, fueron represaliadas por su “lealtad a la II República y sin formación de causa ni proceso judicial alguno”, según destacan desde la ARMHEX.

De la fosa al mausoleo municipal

Entre las personas ejecutadas se encontraba el entonces alcalde republicano de Valencia de Alcántara, Amado Viera Amores, asesinado el 25 de septiembre de 1936. Aunque la mayor parte de los represaliados eran vecinos de Valencia de Alcántara, el listado abarca también a residentes de municipios colindantes de la comarca del Tajo-Salor, como Cedillo, Membrío y Herrera de Alcántara.

Los restos mortales de las 49 víctimas permanecieron en la cavidad de la mina durante más de ocho décadas hasta que fueron localizados y exhumados en 2018, en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Cáceres y el consistorio de Valencia de Alcántara con el asesoramiento técnico de arqueólogos e historiadores.

Tras los complejos trabajos de exhumación e identificación, los restos recibieron sepultura definitiva en julio de 2022 en el cementerio municipal. Durante aquel homenaje público se inauguró un mausoleo erigido en su memoria, sufragado por el Ayuntamiento y promovido por las familias de los fallecidos y la propia ARMHEX. Este sábado, cuatro años después de la inauguración del memorial y al cumplirse nueve décadas de los crímenes, familias y vecinos volverán a reunirse en el recinto para mantener el compromiso con la memoria democrática en la zona.

Alrededor de 1.500 personas han participado este domingo en la III Marcha Columna de los 8.000 en la localidad pacense de Fuente del Arco. La cita ha superado las expectativas de asistencia y se consolida como la principal movilización en defensa de la memoria histórica y democrática en la región.

Los asistentes han completado un trazado de más de diez kilómetros por diversos enclaves del término municipal. Por este recorrido discurrió la población civil que huía del avance de las tropas franquistas durante la Guerra Civil y que sufrió los ataques del ejército sublevado.

Desde la organización destacan que la marcha busca rescatar la memoria de aquellas miles de personas, al tiempo que actúa como una reivindicación frente al machismo, el racismo y los discursos de odio. El objetivo, señalan, es seguir construyendo una cultura regional crítica, tolerante y comprometida con la verdad, la justicia y la reparación.

Mario Piñero, uno de los portavoces de la iniciativa, ha calificado de rotundo éxito el desarrollo de la jornada. Ha destacado la coordinación y el ambiente de compañerismo registrado a lo largo de todo el trayecto, que transcurrió sin ningún tipo de incidente.

La movilización ha reunido a colectivos locales y a decenas de participantes llegados desde diferentes puntos de España e incluso del ámbito internacional. Durante el acto, los convocantes han vuelto a instar a la Junta de Extremadura a recuperar la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica derogada por la coalición de PP y Vox.

Tras el cierre de esta tercera edición, los organizadores han confirmado que ya trabajan en la preparación de la convocatoria de 2027, con la meta de seguir ampliando la participación ciudadana y combatir el revisionismo histórico.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá el próximo 22 de septiembre las jornadas 'Nos sembraron miedos, nos crecieron alas', un encuentro que servirá como marco para la presentación de un documental enfocado en visibilizar la represión sufrida por las mujeres durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz con el respaldo de la Diputación Provincial, busca romper décadas de silencio y rescatar del olvido la memoria de miles de represaliadas.

Durante la presentación del evento, la diputada provincial Lourdes Linares ha destacado que el título del proyecto alude directamente a “las dificultades que sufrieron las mujeres durante la represión franquista”, unos obstáculos que, según ha remarcado, “no pueden ser olvidados”. Linares ha enfatizado la necesidad institucional de reparar este vacío histórico: “Ya es momento de que estos testimonios salgan a la luz y se pongan en valor”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha explicado que el audiovisual rinde tributo a “dos generaciones” de madres, abuelas e hijas que vivieron marcadas por “el miedo, el silencio, las puertas cerradas y la incertidumbre de no saber dónde estaban sus seres queridos”. A pesar de ese contexto adverso, Franco ha subrayado que estas mujeres “lograron abrir camino al sacar a sus familias adelante” y desempeñaron un papel clave en la reconstrucción social.

En su intervención, la representante del colectivo asociativo ha vinculado además la recuperación de la memoria con el contexto sociopolítico presente: “En estos momentos tan convulsos que hoy se viven es importante preservar la democracia que estas mujeres contribuyeron a crear, todo ello frente a la actual corriente ultraderechista que contamina con sus discursos de odio a parte de la sociedad, en especial a los jóvenes”.

El documental recoge una amplia variedad de vivencias, desde los relatos de mujeres que fueron ingresadas en el Patronato de Protección de la Mujer hasta los testimonios de aquellas cuyos familiares fueron fusilados. La sesión del 22 de septiembre incluirá la proyección de la cinta, una mesa redonda con la participación de la investigadora Candela Chaves y de María Castilla (hija y nieta de represaliados), y un turno de debate abierto con el público.

Por último, la expresidenta de la asociación, Inés Rodríguez, ha incidido en la dimensión “didáctica” del proyecto, especialmente dirigida al ámbito juvenil. Con ese objetivo, las entidades promotoras pondrán el documental a disposición de todos los ayuntamientos, centros educativos y colectivos de la provincia que soliciten su proyección.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha registrado ante la Junta de Extremadura 13 informes elaborados por especialistas internacionales en historia, arte, patrimonio, memoria democrática y psicología social para fundamentar su petición de archivo del expediente que busca declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres. La organización reclama al Ejecutivo autonómico que valore la documentación aportada antes de adoptar una resolución definitiva.

Los informes están rubricados por expertos vinculados a la Universidad de Extremadura (UEx), la Universidad Complutense de Madrid, la UNED, la Universidad de Santiago de Compostela, ICOM-España, Durham University (Reino Unido) y el Instituto de Historia del Arte de Zagreb (Croacia). Según ARMHEX, los análisis cuestionan que el monumento reúna los criterios de singularidad, excepcionalidad y relevancia patrimonial exigidos para la figura de BIC, situando su único interés en el contexto histórico y la memoria social vinculada a su construcción.

En sus alegaciones, la asociación señala que, aunque el propio expediente reconoce la relación del monumento con la arquitectura y simbología de exaltación del franquismo, pretende justificar un cambio de significado por las modificaciones realizadas en 1984. Frente a esto, la entidad sostiene que la tramitación debe evaluarse bajo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, recordando que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria democrática.

Los especialistas advierten asimismo sobre la “carga memorial” y el “conflicto social” que rodea a la estructura, advirtiendo de que su protección oficial resultaría problemática para las víctimas de la dictadura y sus familiares.

Como alternativas a la declaración como BIC en la ubicación actual, los informes proponen la documentación, el estudio histórico y la contextualización crítica del elemento.

ARMHEX recuerda además que el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ya aprobó en 2004 el traslado de la cruz al cementerio municipal, acuerdo que no se ejecutó, y que la revisión de 2010 del Plan General Municipal contempla expresamente que sus condiciones de protección permiten la reubicación.

El Instituto vasco para la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ha identificado genéticamente los restos de cinco personas que fueron detenidas una vez terminada la Guerra Civil y murieron en 1941 en la prisión franquista de Orduña (Bizkaia). Cuatro de ellas eran originarias de la provincia de Badajoz y la quinta, de Albacete.

Los restos identificados corresponden a Francisco Barquero Tejado, de Quintana de la Serena; Juan Carreras Calzado y Francisco Navarro Márquez, de Hornachos; Antonio Corbacho Merino, de Alange, y Francisco Ávila Martínez, de Ontur (Albacete).

Con estas cinco identificaciones son ya 36 las personas identificadas de las 93 cuyos restos fueron recuperados en el cementerio de Orduña. Todas ellas fueron víctimas de la Prisión Central de la localidad vizcaína entre 1939 y 1941.

La familia de Francisco Barquero Tejado recibirá sus restos este próximo fin de semana de manos de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y del director de Gogora, Alberto Alonso.

Las labores de exhumación en el cementerio concluyeron en 2024. Desde entonces, el Instituto vasco de la Memoria trabaja en la identificación genética de los restos y en su entrega a las familias.

Para realizar estas identificaciones es necesario disponer de muestras de ADN de familiares que permitan cotejarlas con los restos recuperados.

Un centenar de extremeños entre los fallecidos

La documentación conservada y las identificaciones realizadas hasta ahora muestran un patrón común entre las víctimas de la Prisión Central de Orduña. En la mayoría de los casos fueron detenidas después de terminar la guerra, trasladadas lejos de sus lugares de origen y acabaron muriendo en el penal debido a las condiciones de las cárceles franquistas.

En la prisión de Orduña consta que murieron al menos 225 personas, todas ellas varones y trasladadas desde otras comunidades autónomas. Más de la mitad, 127, eran extremeños.

A ellos se suman 41 presos procedentes de Castilla-La Mancha —34 de Ciudad Real, cuatro de Toledo y tres de Albacete—, 22 trasladados desde la prisión de Málaga, siete de Tarragona y otros 28 procedentes de distintas provincias españolas.

Gogora mantiene en su página web información dirigida a las familias que crean que algún familiar pudo morir en la Prisión Central de Orduña y explica el procedimiento para aportar muestras de ADN y participar en el proceso de identificación.

Aquel aliento sofocante de agosto de 1938 no solo traía a Don Benito la calima propia del verano extremeño, sino también el hedor denso del miedo. Apenas dos semanas antes, la ciudad había dejado de respirar bajo el amparo republicano para desplomarse en la garra de las tropas sublevadas. En mitad de esa zozobra, una joven de apenas 17 años caminaba a paso apresurado con una fardela de tela entre las manos. Llevaba comida caliente para su madre, encarcelada tras las primeras batidas de la represión.

Al cruzar el umbral del presidio improvisado —ubicado en un antiguo caserón de la entonces calle La Cilla, hoy rebautizada como calle Madre Matilde y ligada históricamente a los edificios del Colegio Sagrado Corazón y las Azules—, la respuesta oficial no adoptó la forma de una notificación firmada ni de un trámite judicial. Fue un portazo verbal, seco y definitivo: “Dese la vuelta. A su madre la han fusilado esta misma mañana”. Sin despedidas. Sin cuerpo al que velar. Sin una sola explicación.

Isabel Rodríguez Sánchez-Collado había sido ejecutada al amanecer de aquel 8 de agosto de 1938. Su hija, Francisca Aparicio Rodríguez, tuvo que desandar el camino a casa con la comida intacta, el pecho destrozado y una inmensa responsabilidad sobre los hombros: con solo 17 años, tuvo que hacerse cargo inmediatamente de todos sus hermanos menores. Aquella frase atroz y aquel golpe brutal resonarían en el seno familiar durante casi noventa años.

En el Don Benito republicano, donde las estructuras sociales asignaban a las mujeres un papel abnegado y doméstico, Isabel rompió moldes con la contundencia de un relámpago. Mientras los registros burocráticos apenas conservaron de ella trazos esquemáticos que la encasillaban simplemente como 'ama de casa' o vecina del municipio, la memoria viva de la comarca de La Serena guarda un retrato inconfundible. La llamaban ‘La Roja’, pero sobre todo era conocida por ‘La Truena’. El apodo no era fruto del azar: hacía referencia a su carácter indomable y a una voz potente, capaz de proyectarse en arengas con apasionada firmeza por encima de las muchedumbres.

Isabel no se limitaba a simpatizar con la causa de los trabajadores; subía a los estrados, tomaba las tribunas públicas y pronunciaba mítines en una época en la que el simple hecho de que una mujer hablara de política en la plaza representaba un acto de audacia revolucionaria. Aunque la documentación no ha conservado aún las siglas concretas de su militancia, el recuerdo de sus intervenciones públicas permaneció grabado a fuego. Un objeto encontrado en su casa, que podría pertenecer a uno de sus hermanos, y ahora de su nieto, Francisco Lozano Rodríguez, deja todo mucho más claro. Se trata de un sello de las Juventudes Socialistas Unificadas del entorno del partido comunista. Lo que es más que evidente es que en aquel verano sangriento de 1938, tomar la palabra en público equivalía a firmar tu propia condena.

Para comprender el contexto de su detención hay que mirar al colapso militar de la comarca. Don Benito pertenecía a la denominada Bolsa de La Serena, uno de los últimos reductos leales a la República en suelo extremeño. Entre el 20 y el 24 de julio de 1938, una encarnizada ofensiva franquista logró cerrar el cerco sobre la zona, iniciando de inmediato una cruenta labor de depuración social y política en Don Benito y Villanueva de la Serena. Quienes ostentaron cargos, militaron en sindicatos o destacaron por su beligerancia verbal quedaron expuestos a las detenciones sumarísimas y a los paseos en la madrugada que acababan con la respiración y, por lo tanto, con la misma vida.

Isabel fue recluida en la cárcel habilitada en la calle La Cilla. Gracias a la investigación histórica del profesor Julio Carmona Cerrato sobre la figura de Juan Aparicio Quintana, publicada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, hoy se sabe que Isabel compartió celda durante varios días con Inocencia, la madre de Juan Aparicio. Ambas mujeres permanecieron juntas en aquel caserón hasta que a finales de julio Inocencia fue puesta en libertad. Su marido, Joaquín Aparicio, había intercedido durante el periodo republicano por una influyente familia comerciante de la ciudad, salvando a varios de sus miembros, lo que sirvió para librar a su esposa de la muerte. Isabel, en cambio, no contó con esa salvaguarda ni con intercesores del otro bando. Fue fusilada pocos días después.

El destino de Isabel quedó sepultado también bajo una maraña de opacidad administrativa. Mientras las investigaciones de la historiadora Jacinta Gallardo Moreno sobre la represión en Badajoz situaron su fallecimiento el 8 de agosto de 1938, el certificado oficial de defunción no se estampó en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1948. Diez largos años separaron su ejecución de su reconocimiento legal, un patrón habitual del régimen franquista para sumir a las familias de los represaliados en un limbo burocrático y amortiguar las cifras de la represión.

Silencio y exilio

Tras la muerte de Isabel sobrevino el miedo y un prolongado silencio. Aquella joven de 17 años que regresó con la fardela de comida se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica matriarca. Durante décadas, Francisca guardó en el dolor y en la privacidad los detalles de lo sucedido para proteger a los suyos, transmitiendo la historia en susurros contados por los abuelos y los padres: los mítines, el apodo de ‘La Truena’, el encierro en La Cilla, la comida devuelta y el paredón.

La losa de la dictadura llevó a la familia a tomar una decisión tajante en la década de 1960: la hija de Isabel cogió a toda la familia y emigró a Francia. Allí rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, hijas y nietos, y no regresaron a España hasta 1978, cuando la democracia parecía al fin asentada. La matriarca trajo de vuelta a toda la estirpe para reencontrarse con sus raíces sin el peso del pánico que la había acompañado desde la adolescencia.

Hoy, la investigación familiar —tanto la de Francisco como la de otro de sus bisnietos, Alain Rodríguez Quirós,— y el rastreo documental han permitido despejar una duda que durante años se interpretó como un misterio genealógico. Había una segunda mujer registrada como fusilada el 8 de agosto de 1938, María Teresa Rodríguez Sánchez‑Collado, no era una hermana ni una posible gemela de Isabel. Era la misma persona. Primero fue inscrita como Teresa y, tras ser adoptada por otra familia en su infancia, recibió el nombre de Isabel. El cruce de padrones, actas de nacimiento y testimonios orales ha permitido reconstruir ese tránsito identitario y confirmar que bajo ambas denominaciones se escondía una sola biografía: la de la mujer que acabaría siendo conocida en la comarca como La Truena.

Durante mucho tiempo quedaron preguntas cruciales sobre la mesa: saber con precisión en qué fosa común descansaban sus restos, rescatar la documentación judicial o penitenciaria que detalle las acusaciones formales y reconstruir cada paso de aquella mujer que desafió a su tiempo. Casi noventa años después, al encajar los papeles oficiales con los recuerdos que sobrevivieron al exilio francés, la historia de Isabel Rodríguez Sánchez-Collado emerge definitiva. Su nombre vuelve a pronunciarse en voz alta en Extremadura devolviendo la dignidad a la mujer a la que pretendieron callar y cuyo eco vuelve a resonar en la memoria democrática de su pueblo. Que jamás se olvide su nombre.

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.

La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.

Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.

Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.

La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.

Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.

Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo de manera torticera”.

Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.

La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.

Quitar para poner

Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.

También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.

Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.

Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.

Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.

Acuerdo de gobierno PP-Vox

Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.

Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.

La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento profundamente agraviado”.

La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.

La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz) ha permitido recuperar hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista. La actuación, iniciada a lo largo del mes de agosto, cuenta con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento de la localidad, además de la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.

Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona junto a un equipo multidisciplinar de antropología forense e investigación histórica, retoman la intervención iniciada en el verano de 2025. En aquella primera fase se logró exhumar una fosa con tres individuos masculinos que presentaban signos de muerte violenta, mientras que dos depósitos más quedaron parcialmente delimitados a la espera de ampliar el área de excavación.

En las últimas semanas, los especialistas han completado la exhumación de esas dos fosas pendientes, de las que se han extraído los restos de nueve personas. El equipo técnico ha documentado un alto grado de alteración en ambos depósitos debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados que desplazaron parte de las estructuras óseas, lo que ha exigido una labor minuciosa para reconstruir la posición original de las víctimas.

De forma paralela, la apertura de un nuevo sondeo ha permitido hallar un enterramiento individual que albergaba el cuerpo de una décima persona con evidencias directas de ejecución. Los restos carecían de ataúd y conservaban un proyectil alojado en el interior de la cavidad craneal.

Las labores de campo continuarán desarrollándose hasta la primera semana de septiembre mientras avanzan los estudios antropológicos y documentales. Por este motivo, el equipo ha hecho un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o represaliadas en Bodonal de la Sierra para que aporten testimonios, documentación e información genética que ayude a la identificación de las víctimas, pudiendo acudir directamente al cementerio o ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Las organizaciones de memoria histórica de Extremadura han decidido dar la batalla administrativa contra el expediente iniciado por la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, instalada en la Plaza de América. Los colectivos han anunciado la presentación de alegaciones y su personación formal en la tramitación para exigir acceso a los informes técnicos autonómicos y frenar el blindaje del monumento.

En un comunicado conjunto, las entidades califican la declaración BIC como una “maniobra política” fruto de los acuerdos entre PP y Vox para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Sostienen que el objetivo de la Junta es bloquear la resolución firme dictada el pasado 17 de abril de 2026 por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ordenó la eliminación de la cruz y su inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Los colectivos subrayan que la retirada del monolito acumula un largo recorrido institucional. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad en diciembre de 2004 su traslado al cementerio municipal, una medida refrendada años después por el Informe sobre símbolos franquistas encargado por el propio Consistorio en 2017 y por el Catálogo de vestigios de la Diputación Provincial desde 2018.

Las asociaciones remarcan que la cruz fue concebida en 1937 y erigida en plena Guerra Civil para la “glorificación de la dictadura”. Por ello, consideran que su permanencia en la vía pública constituye un elemento de “humillación” para las familias de las más de 677 personas ejecutadas por la represión franquista en Cáceres entre 1936 y 1943, de las cuales muchas continúan desaparecidas.

Por otro lado, cuestionan que el monumento atesore valores artísticos excepcionales que sustenten la figura BIC, aludiendo a informes técnicos que definen la obra como de trazado “simple y repetitivo” y recordando que la retirada de sus placas en 1984 no alteró su carácter de exaltación totalitaria.

La iniciativa está promovida de forma conjunta por AMECECA, ARMHEx, el Grupo de Memoria Histórica de Garciaz, AMHD Tierra de Barros, AFAMEVVA y la Asociación Matilde Landa. Entre sus exigencias figuran la anulación inmediata del expediente de protección, la máxima transparencia con la publicación de los informes autonómicos y la entrega de las firmas recogidas durante la campaña social ante la Junta y el Ayuntamiento cacereño.

La Junta de Extremadura ha iniciado formalmente el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la Cruz situada en el centro de la plaza de América de Cáceres. La resolución, firmada el 12 de agosto por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, se publica este martes en el Diario Oficial de Extremadura y abre un periodo de información pública de un mes.

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como BIC, sino el comienzo del procedimiento administrativo para dotar al monumento de esa protección. La decisión llega, además, en plena disputa institucional sobre su futuro: el Gobierno central ha ordenado su retirada del espacio público al considerarlo un símbolo contrario a la memoria democrática, mientras el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura defienden su permanencia.

El expediente autonómico pone sobre la mesa una doble lectura del monumento. Por un lado, documenta de forma expresa su nacimiento ligado al bando sublevado durante la Guerra Civil y su utilización como espacio de exaltación durante la dictadura. Por otro, sostiene que las modificaciones realizadas en democracia, especialmente la retirada de las referencias franquistas en 1984, han cambiado la manera en la que la cruz es percibida actualmente y permiten valorar sus características arquitectónicas y urbanísticas.

Una cruz levantada durante la Guerra Civil

La documentación histórica incorporada al expediente sitúa el origen de la cruz en 1937. Ese año, el Ayuntamiento acordó sustituir la fuente conocida como La Palmatoria, situada en la actual plaza de América, por una cruz “en homenaje a los caídos de Cáceres”.

El proyecto contemplaba inicialmente inscripciones explícitamente vinculadas al bando franquista, con referencias a quienes “dieron su vida por España, Una, Grande y Libre” y al '18 de julio de 1936, Franco y Arriba España'. La construcción fue sufragada por el Ayuntamiento y tuvo un coste de 28.041,35 pesetas. La obra fue diseñada por el arquitecto municipal Ángel Pérez y construida en 1938.

Los informes técnicos destacan además que la cruz de Cáceres se encuentra entre las primeras de este tipo construidas en España durante la Guerra Civil. Su arquitectura se caracteriza, según el expediente, por la austeridad, la monumentalidad, el clasicismo y una marcada verticalidad.

La Junta considera que estos valores formales, unidos a su ubicación y a su relación con el espacio urbano, justifican su consideración como patrimonio cultural.

El propio expediente reconoce la función política del espacio

Uno de los aspectos más significativos de la documentación es que la Junta no oculta la función política que tuvo el monumento en sus primeros años.

El informe señala que la cruz estaba integrada en un espacio urbano concebido específicamente para reforzar su carácter monumental y acoger las ceremonias de la dictadura. Según el documento, las plazas del entorno respondían a “un plan arquitectónico y urbanístico preconcebido para ensalzar al régimen”.

La documentación recoge también que desde los primeros años del franquismo se estableció un calendario de celebraciones en torno a la cruz para honrar a los llamados Caídos y que las dimensiones de las plazas del entorno permitían acoger esos actos.

El propio informe establece una relación directa entre el monumento y su contexto urbano al señalar que la cruz “no se entendería” de la misma manera fuera de ese entorno o perdería parte de sus rasgos definitorios.

La Junta apela a la resignificación de 1984

El argumento central para explicar el significado actual de la cruz se sitúa en 1984. Ese año, durante el mandato del alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, el Ayuntamiento acordó sustituir la placa que conservaba la inscripción original. En su lugar se colocó otra con el texto: 'La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria'.

Para los autores del informe, aquella actuación supuso un proceso de “resignificación” que permitió “desvincular su lectura pública de los elementos explícitos de exaltación franquista”. La Junta considera que este cambio debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el monumento en la actualidad.

La resolución, por tanto, no sostiene que la cruz carezca de origen franquista. De hecho, el expediente dedica una parte importante de su contenido a documentarlo. La tesis autonómica es otra: que la eliminación de las referencias explícitas al régimen modificó su significado público y que, con el paso del tiempo, el monumento se ha incorporado al paisaje urbano de Cáceres como un elemento patrimonial.

Un 'hito urbano' que la Junta quiere proteger

La declaración propuesta no se limita a la cruz. El expediente delimita también un entorno de protección alrededor del monumento.

La Junta lo justifica por su “acusada presencia visual” y por su condición de “hito urbano” de Cáceres, atendiendo a su emplazamiento, escala, visibilidad y relación con la plaza de América.

La protección pretende conservar precisamente esa relación entre la cruz y el espacio que la rodea. Por ello, las actuaciones que puedan afectar al monumento o a su entorno deberán someterse a la normativa de patrimonio y requerirán autorización previa de la administración cultural competente.

Enfrentada a la decisión del Gobierno central

La incoación del expediente autonómico se produce cuatro meses después de que el Gobierno central ordenara la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y dispuso su retirada del espacio público. El Ayuntamiento de Cáceres recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia también por la vía judicial.

El Gobierno municipal, del PP, sostiene que la cruz forma parte de la ciudad y que las referencias franquistas fueron eliminadas en 1984. El alcalde, Rafael Mateos, ha defendido públicamente que el monumento no supone actualmente una exaltación de ningún régimen y ha anunciado que el Ayuntamiento agotará las vías legales para evitar su retirada.

La protección como BIC forma además parte del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura. La Junta ya había anunciado en julio que estaba recabando informes técnicos de historiadores para fundamentar la declaración patrimonial.

Ahora, el procedimiento entra en su fase formal. Durante un mes, cualquier persona o entidad interesada podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que considere oportunas.

La cruz queda así en el centro de dos concepciones enfrentadas sobre su permanencia en el espacio público: la del Estado, que atiende a su origen y utilización como símbolo de exaltación franquista, y la de la Junta, que reconoce ese pasado pero considera que la resignificación posterior y sus valores arquitectónicos y urbanos permiten otorgarle protección patrimonial.

Los documentos militares lo sitúan en el mismo grupo que los principales responsables institucionales del Frente Popular en Cáceres. Sin embargo, su destino fue distinto: no murió fusilado, pero pasó años en prisión tras una condena de treinta años que más tarde sería revisada. Su caso permite entender cómo funcionó la maquinaria represiva franquista más allá del paredón: largas condenas, procesos sumarísimos, acusaciones genéricas y una justicia militar diseñada para castigar la militancia política y borrar cualquier rastro de la legitimidad republicana.

El Consejo de Guerra que lo juzgó construyó su relato sobre la criminalización de la actividad política. Según la sentencia, Zorita y el resto de procesados eran “elementos destacados del Frente Popular”, una etiqueta que en 1937 equivalía prácticamente a una condena automática. El tribunal consideró probado que, tras conocerse el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, varios dirigentes republicanos acudieron al Gobierno Civil para informarse de la situación y debatir posibles respuestas. Entre ellos estaban el alcalde Canales, el presidente de la Diputación, varios dirigentes socialistas y republicanos… y Virgilio Zorita.

La radio

Zorita acudió al edificio del Gobierno Civil con una radio para escuchar las emisiones de las emisoras republicanas. Ese gesto —informarse de lo que estaba ocurriendo— fue interpretado por el tribunal como una prueba de “identificación con los que combatían al Generalísimo Franco”. No se acreditó participación armada, ni organización de resistencia, ni acciones violentas. Bastó con su presencia en el Gobierno Civil y su militancia política para que se le imputara un delito de adhesión a la rebelión, una figura jurídica que el régimen utilizó para invertir la realidad: los defensores de la legalidad republicana fueron acusados de rebelarse contra quienes se habían levantado en armas.

La sentencia fue especialmente dura con las dos figuras más visibles del Frente Popular cacereño. Antonio Blas Canales y Ramón González Cid fueron condenados a muerte por su “notoria perversidad” y su relevancia política. El resto —entre ellos Zorita— recibió penas de treinta años de reclusión mayor. Pero incluso esa diferencia fue cuestionada dentro del propio tribunal. El capitán de la Guardia Civil, Luis Salas Ríos, emitió un voto particular en el que pedía la pena de muerte para todos los procesados, alegando que su condición de dirigentes y su “cultura” los hacía más peligrosos. El voto no prosperó, pero revela el clima de revancha política que impregnaba estos juicios.

Las penas de muerte fueron aprobadas por la Auditoría de Guerra y ejecutadas tras recibir la autorización del general jefe de la región. La documentación militar recoge la orden con una frialdad burocrática que hiela: “Dispóngase la ejecución”. Mientras los dos principales acusados eran fusilados, Zorita comenzó a cumplir su condena en diciembre de 1936. Pasó años en prisión, sometido al régimen penitenciario franquista, que combinaba trabajos forzados, disciplina militar y reeducación ideológica.

Revisión del caso

En 1940, la Junta Central de Examen de Penas revisó su caso. La comisión provincial de Cáceres propuso una reducción, y la autoridad judicial la respaldó. Finalmente, la pena quedó fijada en diez años de prisión mayor, aplicando los criterios de la Orden Circular de 25 de enero de 1940, que permitía conmutaciones en función de antecedentes, conducta y “peligrosidad social”. En 1946, diez años después del inicio de su condena, se emitió el testimonio final para comunicarle oficialmente la conmutación. Su vida, como la de tantos represaliados, quedó marcada para siempre por la cárcel, la inhabilitación civil y la estigmatización política.

La Causa 64/36 no es solo un expediente judicial: es un ejemplo de cómo funcionó la represión franquista en Cáceres y en toda España. En ella se observa la criminalización de la militancia republicana, la aplicación retroactiva del delito de rebelión, la rapidez y arbitrariedad de los consejos de guerra, la combinación de ejecuciones y largas condenas y la existencia de votos particulares aún más duros que muestran la voluntad de exterminio político. La figura de Virgilio Zorita, eclipsada por las ejecuciones de Canales y González Cid, permite completar el cuadro: no todos los represaliados murieron, pero todos fueron castigados por igual por su compromiso con la República.

Hoy, casi nueve décadas después, la historia de Zorita sigue siendo poco conocida fuera de los círculos familiares y de investigación histórica. Su caso ilustra la necesidad de seguir documentando y difundiendo la represión franquista en Extremadura, donde miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o depuradas. La Causa 64/36 es un recordatorio de que la represión no se limitó a los fusilamientos: también destruyó carreras, familias y vidas enteras. Y de que, para comprender plenamente lo ocurrido en Cáceres en 1936 y 1937, es necesario recuperar la memoria de quienes, como Virgilio Zorita, sobrevivieron a la cárcel pero quedaron marcados para siempre. Así lo cuenta uno de sus nietos, José Ramón Zorita, quién además asegura que hay que mirar para atrás de vez en cuando para comprobar que por suerte “ahora estamos mucho mejor”.

El 1 de julio de 1977, en una España que daba sus primeros pasos fuera de la dictadura, una mujer de 74 años llamada Agripina Moreno Fernández tomó pluma y papel para saldar una deuda de honor adquirida en el infierno. La carta no iba dirigida a ninguna institución oficial, sino a Dolores Ibárruri, Pasionaria, quien acababa de retornar del exilio.

Con pulso firme, la anciana extremeña liberaba un secreto celosamente guardado en su pecho desde las sombras de la posguerra: el testimonio directo de las últimas horas de Las Trece Rosas y la promesa empeñada a unas jóvenes que caminaban hacia el paredón.

Una extremeña de Almaraz en el penal de Ventas

Gracias a la investigadora, Desiré Rodríguez Martínez, sabemos que nació en la localidad cacereña de Almaraz, y que Agripina Moreno terminó hacinada en la Prisión de Mujeres de Ventas (Madrid) durante la primavera de 1939. Aquel edificio, concebido durante la Segunda República por Victoria Kent bajo principios de rehabilitación y dignidad, había sido transformado por la represión franquista en un recinto saturado donde miles de prisioneras políticas malvivían en condiciones extremas de insalubridad y terror.

Allí, en las galerías saturadas del penal, Agripina entabló un vínculo directo con las jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y del PCE detenidas tras la caída de Madrid. Entre ellas se encontraba Pilar Bueno Ibáñez, una de las dirigentes del grupo, quien relató en el patio de la cárcel a la prisionera extremeña las brutales torturas e interrogatorios sufridos a manos de la policía política antes de ser ingresadas en presidio.

La trágica madrugada del 5 de agosto

La noche del 4 al 5 de agosto de 1939, la tensión en la cárcel de Ventas se volvió insostenible tras conocerse la sentencia a muerte dictada en un consejo de guerra sumarísimo contra las jóvenes. En la capilla del penal, el capellán pretendía administrar los auxilios espirituales a unas condenadas que reivindicaban su inocencia y su convicción ideológica. “El cura decía que no era momento de pensar en el mundo sino en Dios, y a nosotras, que éramos tan jóvenes, nos parecía increíble”, rememoraría Agripina sobre la atmósfera angustiosa de aquella noche.

En la madrugada del 5 de agosto, la dirección de la cárcel concedió un permiso excepcional a Agripina Moreno y a su compañera de cautiverio Aurora Rodríguez para despedirse formalmente del grupo antes de su traslado. En ese instante de abrazos y lágrimas contenidas se selló el pacto de memoria. Las represaliadas, que se vestían con sus mejores prendas para marchar hacia las tapias del Cementerio del Este, encomendaron a Agripina la misión de hacer llegar a sus familias y a la dirección política sus cartas de despedida y la consigna de que su dignidad no fuera olvidada.

Posteriormente, una religiosa teresiana del presidio le relataría a Agripina cómo las jóvenes se negaron a que les vendaran los ojos ante el pelotón, afrontando la muerte a cara descubierta y profiriendo gritos de libertad.

La Rosa 'número catorce' y el silencio cómplice

El testimonio custodiado por Agripina Moreno fue clave para respaldar un detalle histórico omitido durante décadas: la existencia de la Rosa número catorce.

Antonia Torre Yela (Anita), una joven obrera de 19 años que trabajaba en una fábrica de sobres y residía en el barrio madrileño de Tetuán, había sido detenida junto a Luisa Rodríguez de la Fuente y procesada en la misma causa que el resto de las víctimas. Sin embargo, aquella madrugada no fue conducida al paredón debido a una equivocación burocrática: en la orden de ejecución firmada por las autoridades militares su nombre figuraba erróneamente transcrito como 'Antonio Torre Yela'.

Las reclusas de Ventas, incluida Agripina, supieron del fallo. En un acto de solidaridad colectiva, ninguna de las prisioneras delató la equivocación a los funcionarios. Anita logró prolongar su vida seis meses en el penal hasta que la burocracia rectificó el expediente. El 19 de febrero de 1940 fue fusilada en el mismo Cementerio del Este. Por este motivo, Agripina siempre rechazó la cifra oficial y sostuvo de manera firme que el encargo recibido procedía de 'catorce muchachas'.

Misión cumplida

Durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, hablar abiertamente de los fusilamientos del Cementerio del Este conllevaba penas de prisión o represalias severas. Agripina Moreno conservó en la memoria clandestina los nombres de las víctimas, los detalles de sus últimas horas y las primeras poesías compuestas en las celdas en su honor.

El 1 de julio de 1977, cumplidos los 74 años, Agripina envió la carta que cerraba su promesa. En sus párrafos se leía: “Hace muchos años llevo guardando en el corazón un mensaje para ti. Un mensaje muy triste. Creí muchas veces que no llegaría a cumplir esta misión que me encomendaron catorce muchachas. Se trata de las ”trece rosas“ y de otra camarada. Querida camarada Dolores, después de realizar este trabajo me siento muy tranquila. Puedo decir a nuestro Partido Comunista y Juventudes: Misión cumplida”.

En la misiva se adjuntaba la nómina completa de las represaliadas —Joaquina López, Virtudes González, Carmen Barrero, Dionisia Manzanares, Pilar Bueno, Julia Conesa, Blanca Brisac, Victoria Muñoz, Adela Duque, Martina Barroso, Luisa Rodríguez, Ana López, Elena Gil y Antonia Torre Yela— garantizando que ningún nombre quedara relegado.

Dolores Ibárruri incluyó íntegramente la carta de Agripina en sus Memorias (1939-1977) publicadas en 1984, transformando la memoria oral de la anciana extremeña en una prueba documental básica para la historiografía sobre la represión en Madrid.

Hoy, el legado de Agripina Moreno Fernández permanece como un referente de la memoria democrática en Extremadura. Su firmeza demostró que ni el miedo ni el paso del tiempo pudieron impedir que el último mensaje de aquellas jóvenes llegara a su destino.