La entrada en prisión de los exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo y Norberto Plasencia, condenados por el caso Mamotreto a tres años y dos años y tres meses de cárcel, respectivamente, se retrasa hasta el próximo 12 de mayo.

Fuentes judiciales han informado de que el aplazamiento se debe a que los dos condenados tienen que intervenir en un juicio los días 8, 9 y 10 de mayo, en la sección quinta de la Audiencia Provincial, por el llamado caso La Ninfa, donde se discutirán los supuestos delitos de prevaricación, estafa procesal y desobediencia a la justicia.

En principio, la otra condenada a tres años de cárcel por el caso Mamotreto, la técnico municipal Loreto Ariz, debe ingresar en prisión este jueves, tras el rechazo del indulto por parte del Consejo de Ministros.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes, 21 de noviembre, el pliego de cláusulas administrativas para la ejecución de la obra de demolición total del edificio de aparcamientos ubicado en la cabecera de la playa de de Las Teresitas, conocido como mamotreto, por un presupuesto máximo de licitación de 540.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La aprobación del pliego se produce después de la instrucción dictada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el pasado 9 de noviembre, en la que ordenaba al área de Infraestructura, Vivienda y Patrimonio de esta corporación que “adopte las medidas necesarias para culminar el procedimiento de licitación y adjudicación del proyecto de demolición total del edificio de aparcamientos ubicado en el frente de la Playa de Las Teresitas, ejecutando dicha obra”.

La citada instrucción del alcalde se produjo después de que se recibiera en el Ayuntamiento una providencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife en la que se dispone el cumplimiento del fallo de la sentencia sobre la citada construcción, una vez recabados por ese órgano los informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y de la Viceconsejería de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Canarias.

Para la adjudicación de la obra se tendrán en cuenta especialmente aquellas propuestas que rebajen el presupuesto de licitación y los plazos para la ejecución de la misma.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dejado claro que ninguna sentencia le obliga a pagar el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial situado en la playa de Las Teresitas. En respuesta a una pregunta presentada por el concejal socialista José Ángel Martín Bethencourt, el grupo de gobierno menciona el contenido del fallo en primera instancia del juzgado número 5 de lo penal y el de la Audiencia Provincial que ya es firme, para indicar que en ninguno de ellos se dice que la Corporación local deba asumir este gasto.

En ambos casos, el Ayuntamiento indica que en las sentencias se apunta que deben ser las seis personas que resultaron condenadas en este proceso, tres exconcejales y tres técnicos, quienes deben costear la demolición de su propio bolsillo y a partes iguales. Sin descartar tampoco posibles indemnizaciones a terceros de buena fe. “Tal y como se puede comprobar, la responsabilidad de los condenados a hacer frente a los costes deriva de dos resoluciones judiciales, por lo que la interpretación y ejecución de las mismas, incluyendo la exigencia de responsabilidades económicas a los condenados por el coste de la demolición, corresponde al Juzgado de lo Penal número 5”.

No obstante, el Ayuntamiento confirma que está dispuesto a colaborar con este órgano judicial “para la íntegra ejecución de dichas sentencias, incluyendo la exigencia de abono del coste de la demolición facilitando cuantos medios sean necesarios para ello y en la medida en que así nos sea requerido”, se indica en otro momento de la respuesta.

Pese a todo ello, lo cierto es que el Consistorio llegó en su momento a encargar hasta dos proyectos de demolición según fuese ésta total o parcial. Además ha anunciado que sacará por urgencia las obras a concurso con un presupuesto de 540.000 euros, con una partida presupuestaria propia y un plazo de ejecución de seis meses.

El concejal de Sí se puede, Pedro Arcila, al tener conocimiento del contenido de la respuesta ha mostrado su sorpresa e indica que de la misma puede desprenderse que la participación del Ayuntamiento en todo este proceso, por lo visto, sólo ha tenido como fin el obstaculizar al máximo posible el derribo. “De lo contrario no se entiende que sea ahora cuando de pronto se den cuenta de que nadie les obligaba a nada, después de haber puesto todos los impedimentos habidos y por haber para salvar el edificio o la mayor parte del mismo”.

El alcalde de Santa Cruz Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dicho este martes que tiene la conciencia “muy tranquila” porque le ha explicado al juzgado que donde se va a derribar el llamado 'Mamotreto' se va a construir un aparcamiento de similares características, tal y como recogerá el Plan Especial de la playa de Las Teresitas que se está redactando.

“Tengo la tranquilidad de que se lo he dicho al juzgado, que ha valorado eso y ha dicho que se cumpla la sentencia y se derribe totalmente. Por lo tanto, yo poco más puedo hacer o decir”, recalcó el alcalde, quien reconoce que va a ser difícil explicar a los vecinos que se va a tirar un aparcamiento que dentro de dos años se va a poder construir.

En una entrevista a Cope Canarias, José Manuel Bermúdez explicó que el auto judicial que ordena el derribo del 'Mamotreto' llegó al Ayuntamiento el pasado 20 de junio, día en el que el alcalde dio instrucciones para que se hiciera “de manera inmediata” para dar cumplimiento a la sentencia.

Indicó que el Área de Infraestructuras deberá someter el proyecto de derribo a aprobación, el cual fue redactado a finales del año pasado, y una vez aprobado se sacará a concurso la licitación, se valorarán las distintas ofertas que se presenten y se procederá a la adjudicación de los trabajos de derribo del edificio de aparcamientos.

El alcalde ha hecho hincapié en que hay una orden “muy clara” de que este procedimiento administrativo se lleve a cabo “lo más rápido posible”. De hecho, anunció que se va a ampliar el procedimiento de urgencia para que se haga en la mitad de los plazos que la ley establece.

Bermúdez prefirió no dar una fecha de cuándo tendrá lugar el derribo del 'Mamotreto'. No obstante, insistió en que ha dado instrucciones “muy claras” porque hay que ejecutar la sentencia “de la manera más rápida que se pueda”, si bien ha querido dejar claro que el Ayuntamiento “en ningún caso” se va a saltar el procedimiento administrativo para adjudicar los trabajos.

El derribo del edificio costará entre 600.000 y 700.000 euros, un dinero que adelantará la Corporación municipal y que luego tendrán que abonar los responsables de su construcción, ya condenados. Asimismo, el Ayuntamiento intentará dejar la zona “en las mejoras condiciones posibles, aunque no lo recoja la sentencia”, indicó Bermúdez.

Han sido al menos tres los autos judiciales que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, ha remitido al Ayuntamiento de la capital tinerfeña ordenándole que proceda a la demolición del edificio diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, situado en la principal playa de la ciudad, Las Teresitas. El último tiene fecha del pasado 17 de junio y la juez recurre a las mayúsculas y a los subrayados para dejarle claro al alcalde, José Manuel Bermúdez, que debe proceder a derribar la totalidad del edificio y no sólo una parte, como pretendió el Consistorio hasta el último momento.

Bermúdez, que también figura como número dos en las listas de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, convocó este pasado viernes una Junta de Gobierno extraordinaria para iniciar por la vía de urgencia los trámites que desembocarán en el derribo de este inmueble, firmado por uno de los arquitectos más conocidos internacionalmente. En el realidad, el edificio iba a estar situado bajo tierra y pretendía servir como aparcamiento y centro comercial, además de formar parte de un proyecto global de remodelación de esta playa con zonas deportivas, chiringuitos de diseño y un anfiteatro.

Pero la que se planteó como la obra con la que el exalcalde Miguel Zerolo quería pasar a la posteridad como gran gestor, lo único que ha conseguido, por lo pronto, es que se siente en el banquillo de los acusados el próximo mes de septiembre acusado de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. Nada menos que ocho años de prisión le pide la Fiscalía Anticorrupción a Zerolo, en una causa en la que hay otros doce acusados entre los que se encuentran exconcejales, funcionarios y empresarios por la que está considerada la mayor trama de corrupción de Canarias y que tiene a esta playa como epicentro.

En el año 2000 el Ayuntamiento convocó un concurso de ideas internacional que ganó Perrault con un diseño cuya idea fundamental se basaba en despejar de construcciones todo el frente de la playa. Una petición que los vecinos habían salido a la calle a defender. En aquellos momentos los terrenos pertenecían a dos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, que los habían adquirido a toda prisa poco antes de que trascendiera el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconocía los derechos edificatorios en la playa. La Corporación se gastó 52 millones en comprar once parcelas, pero no tuvo en cuenta la tasación de la arquitecta municipal, Pía Oramas -hermana de la candidata número uno de CC al Congreso de los Diputados, Ana Oramas- que las valoraba en apenas 17 millones.

A partir de entonces la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) recurrió a los tribunales, que finalmente le dieron la razón y anularon la compraventa. Eso ocurrió en 2007, poco antes de las elecciones municipales de aquel año. Pero meses antes, Zerolo había comenzado las obras deprisa y corriendo, sin esperar al resultado de los numerosos contenciosos que planeaban sobre Las Teresitas. El resultado es que al final nadie sabía a quién pertenecían los terrenos, no se llegó a pedir permisos para construir el edificio que el ingenio popular había bautizado ya como “el mamotreto”, no se firmó el imprescindible convenio con Costas y, al final, el hormigón invadió terrenos de dominio público. Por si fuera poco, se incumplió el principio de que no se puede ejecutar obra alguna mientras se esté fijando el deslinde marítimo costero, como ocurría entonces.

En el mes de marzo de 2008 los trabajos se paralizaron ante el estupor del equipo de Perrrault, que llegó a calificar de “chapucero” al Ayuntamiento de Santa Cruz. Justo en ese momento la Fiscalía para los Delitos contra el Medio Ambiente comenzó a investigar unas denuncias presentadas por particulares, el PSOE y colectivos ecologistas. Años después, el procedimiento judicial culminó con una sentencia que condenó a tres exconcejales y a otros tantos técnicos, con penas de cárcel y a abonar de su bolsillo los gastos que se deriven del derribo del edificio.

A su paso por la Audiencia Provincial se abrió la puerta a que se legalizara una parte del mamotreto, concretamente la que no invadía el dominio público. El Ayuntamiento se agarró a esta alternativa, pese a que las posibilidades de obtener algún tipo de resultado eran nulas. La jurisprudencia es clara al señalar que no se puede legalizar vía planeamiento lo que la Justicia ha declarado como ilegal. El grupo de gobierno puso entonces sus esperanzas en la redacción de un Plan Especial que en sus primeros esbozos contemplaba un aparcamiento en este mismo lugar, aunque sólo de forma indicativa.

Pero el auto emitido hace escasas fechas deja claro que el cumplimiento de esta sentencia que devino en firme hace ya dos años no puede esperar más a la redacción de un documento que carece de plazos y cuya aprobación no depende sólo del Ayuntamiento. Así que la orden de la magistrada es clara: la Corporación local debe asumir los gastos y encargar el derribo de todo el edificio y luego pasarle la factura a los condenados.

Ya parece evidente que se han acabado los argumentos, los intentos de dilatar el procedimiento y de encontrar excusas, en lo que se ha convertido en uno de los episodios más bochornosos de la gestión de los nacionalistas tinerfeños. El propio alcalde ha encargado el derribo por la vía de urgencia, consciente de que se le han cerrado todas las puertas y posibilidades. De que está más cerca de ser acusado por desacatado que de salvar edificio alguno.

Lo único que ha conseguido el grupo de gobierno (actualmente formado por CC y el PP, partido este último que lleva la cartera de Urbanismo) es que cuando caiga el mamotreto, a la vez desaparezca el símbolo de una forma de gobernar la ciudad. Desde los inicios de la democracia, las riendas de Santa Cruz las ha asumido una única formación política, aunque bajo distintos nombres y con diferentes matices ideológicos. Ahora, el proyecto para la principal playa de los santacruceros que pretendía afianzarlos aún más en el poder, se ha convertido en su gran fracaso.

En cuanto a Perrrault, se da por seguro que se iniciarán pleitos judiciales para fijar sus multimillonarios honorarios y antes o después acabará borrando este proyecto de su página web. De hecho, un pleno municipal aprobó por unanimidad descartarlo de forma rotunda. Pero rizando el rizo del sinsentido, poco después el alcalde intentaba mantener en pie el edificio que era la principal pieza de aquel diseño.

La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ratificó este viernes una instrucción del alcalde, José Manuel Bermúdez, de fecha 20 de junio, por la que se ordena al área de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio que “con carácter urgente disponga los trámites administrativos y técnicos necesarios para aprobar el proyecto de demolición total del edificio de aparcamientos ubicados en el frente de playa de Las Teresitas e iniciar el procedimiento de licitación y adjudicación del mismo, culminando la ejecución de dicha obra.

La nota de prensa ha sido dada a conocer después de que trascendiera el contenido de un auto judicial que ordena el derribo de todo el edificio diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault.

El acuerdo se adoptó en la mañana de este viernes, en el transcurso de una reunión de carácter extraordinario, en la que se analizó el auto judicial llegado al Ayuntamiento el pasado lunes. Se da la circunstancia de que ese mismo día, una vez conocida la resolución judicial, el alcalde dictó la instrucción hoy ratificada.

En el comunicado el Ayuntamiento indica que “desde finales del pasado año, en el mes de diciembre, el alcalde ordenó el encargo de la redacción del proyecto de derribo del edificio, tarea que ha llevado a cabo la empresa pública Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur) y que ya ha concluido, por lo que el Consistorio dispone del mismo para licitar la ejecución de los trabajos”.

La Junta de Gobierno acordó hoy también la presentación de un recurso de apelación contra el citado auto, ante la negativa del juzgado a admitir la petición de personación planteada por el Ayuntamiento.

En respuesta a las acusaciones del grupo municipal socialista, el equipo de gobierno apunta que “lejos de ocultar la existencia del auto judicial que, como es preceptivo, se comunica a las partes, tanto a los acusadores como a los demandados (la Corporación municipal no es parte en el procedimiento) se ha limitado a estudiar los términos del mismo para decidir su posición. Un proceso que ha durado apenas cuatro días, a pesar de la complejidad jurídica del expediente”.

El grupo de gobierno indica en la misma nota que están sorprendidos por la “sesgada interpretación que ha realizado el grupo socialista sobre un asunto que requiere una actuación municipal con las máximas garantías jurídicas y administrativas”.

El Juzgado de lo Penal númer 5 de Santa Cruz de Tenerife ha emitido el pasado día 17  un contundente auto en el que recurre una vez más a los subrayados y las mayúsculas para dejar claro que el Ayuntamiento debe procede a “la inmediata” demolición de la “totalidad” de edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas conocido como mamotreto.

El auto es nuevamente de una rotundidad que deja poco lugar a las elucubraciones y rechaza la pretensión municipal de paralizar la ejecución de la sentencia hasta que se apruebe el Plan Especial de Las Teresitas. Ésta era la última estratagema a la que había recurrido el grupo de gobierno para no derribar la polémica construcción diseñada por el arquitecto francés, Dominique Perrault. El argumento utilizado es que en este planeamiento se ubican unos aparcamientos aunque sea de forma indicativa.

Sin embargo, en el auto se indica que en no existe normativa urbanística aprobada o de inmediata aprobación que permita la legalización de parte del edificio que no invade la servidumbre de protección. Y es que el propio Ayuntamiento reconoce que el Plan Especial aún está en fase de estudio y de redacción de trabajos preliminares.

“Luego la hipotética aprobación resulta tan futura como incierta, además de no depender en absoluto de la voluntad de la Corporación local”. El auto rechaza la petición municipal de suspender la ejecución de la sentencia ya que los plazos para aprobar el documento son “absolutamente inciertos”.

Por lo tanto, se concluye que ante la inexistencia de una normativa aprobada o de previsible aprobación en un futuro inmediato que pudiera dar cobertura legal al edificio y no pudiendo depender del cumplimiento de sentencias firmes de previsiones o indicaciones orientativas debe estar al cumplimiento del pronunciamiento principal de la sentencia que obliga al derribo total.

Al respecto se recuerda que casi dos años después de que el fallo judicial sea firme, el Ayuntamiento aún no puede garantizar una fecha para la aprobación del plan especial con el que se pretende esta legalización, pese a que los informes jurídicos municipales también descartan este extremo.

Además, se rechaza el intento de la Corporación municipal de personarse en este procedimiento judicial, con el fin de defender el patrimonio municipal, tal y como pretendía. En este caso, se indica que nunca se ha dudado de la titularidad del inmueble pero que esta circunstancia no es suficiente para permitir su personación en este procedimento. Hay que recordar que han sido condenados tres exconcejales y otros tantos técnicos, con penas de cárcel y la obligación de pagar de su bolsillo el derribo, cuyo dinero adelantará el Ayuntamiento que también deberá efectuar la demolición.

La juez, Beatriz Méndez recuerda que los diversos autos emitidos desde que la sentencia es firme han tenido como único objetivo conseguir la colaboración del Ayuntamiento, lo que hasta ahora no parece haberse conseguido. En cuanto al argumento de la convencia social o económica que implica la demolición, utilizada por el Ayuntamiento, la juez se limita a recordar que su competencia es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, quedando para otro tipo de instituciones ese tipo de valoraciones.

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción ha afirmado este viernes que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se “burla” de la justicia al haber solicitado personarse y señala que este es el “penúltimo” intento de sabotaje para no ejecutar el derribo.

Este colectivo califica en un comunicado de “realmente indignante” que más de un año y medio después de declararse firme la sentencia del derribo del mamotreto, el consistorio capitalino solicite la personación en la causa argumentando que esta responde a un supuesto interés en colaborar en la correcta ejecución de la sentencia.

Para la Plataforma esta solicitud de personación “extemporánea y malintencionada” no responde a un inusitado interés del grupo de gobierno por colaborar cabalmente con la Justicia, ya que lo hace una vez agotadas todas la vías utilizadas por el consistorio para legalizar lo ilegalizable.

Añade que en febrero se denegó a la Plataforma la personación en la causa con el argumento de que las personas que a título personal lo hicieron no eran parte en el procedimiento penal.

Sin embargo, el Diputado del Común ha admitido a trámite la queja en la que la Plataforma solicita amparo “al considerar que el grupo de gobierno municipal, con el alcalde al frente, estaba perturbando la tutela judicial en tanto en cuanto se estaban dilatando intencionadamente los plazos para hacer efectiva la ejecución de la sentencia”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, ha emitido un comunicado en el que asegura que tal y como siempre ha defendido, va a ejecutar el derribo total del edificio situado en la playa de Las Teresitas diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, conocido como mamotreto. El primer edil reconoce que los dos últimos informes jurídicos “internos” que encargó, “no implicarán cambios en la gestión llevada a cabo hasta ahora por el Ayuntamiento, que ya ha encargado el proyecto de derribo total”.

La existencia de estos dos dictámenes fue dado a conocer en el transcurso de la última sesión plenaria después de que así lo comunicara un miembro del grupo de gobierno al concejal socialista, José Ángel Martín. En aquel entonces ya se sabía que las conclusiones eran contrarias al derribo parcial, pese  lo cual el alcalde poco antes había encargado la redacción de un proyecto para la demolición total y otra de sólo una parte. Una semana después, a través de un comunicado de prensa, Bermúdez indica: “Los documentos, elaborados por los Servicios Jurídicos de la corporación y por la Secretaría General del Ayuntamiento, no interfieren ni contradicen la línea de trabajo que ha seguido el grupo de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Provincial del 18 de noviembre de 2014”.

El alcalde reitera que el Ayuntamiento ya adjudicó el pasado 16 de diciembre a la empresa Gestur la redacción del proyecto de demolición total del edificio de servicios, para lo que dispone de un plazo de tres meses. La nueva versión ofrecida por el grupo de gobierno incide en que: “Los dos nuevos informes fueron solicitados por el alcalde para descartar por completo la posibilidad de ir a una demolición parcial, lo que explica que en su momento se encargara también a Gestur un proyecto para dar respuesta a esa contingencia, hoy descartada”.

Durante la celebración de la comisión de control los miembros de la oposición denunciaron que el Ayuntamiento tendrá que abonar de su propio bolsillo este último proyecto ya que nunca estuvo amparado por el fallo judicial firme. Lo cierto es que el grupo de gobierno intentó hasta el último momento salvar una parte del controvertido inmueble, amparándose en el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial, en el que se abría esta posibilidad, aunque para ello, el Ayuntamiento debía encontrar una forma de legalizar la parte que quedara en pie. Pese a los numerosos intentos lo cierto es que todos los informes municipales advirtieron que este extremo era imposible.

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el segundo recurso de apelación presentado por los técnicos y exconcejales condenados por el conocido como caso Mamotreto, en referencia al edificio de aparcamientos y centro comercial a medio construir en el comienzo de la playa de Las Teresitas. En esta ocasión, se trata del presentado por la extécnica, Candelaria Benítez, la única de los que recurrieron al Constitucional sobre la que no pesan penas de cárcel. Por ello, esta apelación tenía como objeto que se le librara de desembolsar una elevada cantidad de dinero para sufragar los gastos que implica el derribo del edificio y que tampoco se le inhabiltara para trabajar en el sector público.

Hace algunas fechas fue rechazado uno de los dos recursos presentados por el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Además, están siendo deliberados los interpuestos por el también exconcejal, Norberto Plasencia y la exarquitecta, Loreto Ariz. Sobre estos tres últimos sí pesan penas de cárcel ya que las condenas superan los dos años. El abogado de este grupo es Eligio Hernández.

Por lo tanto, con éste son ya dos, de los cinco recursos presentados, los pronunciamientos emitidos por el Constitucional. Lo cierto es que resulta complicado superar los estrictos filtros que impone este tribunal y por lo tanto la mayoría de los recursos se quedan a las puertas, tal y como ha ocurrido una vez más. Pese a ello, Hernández suele recurrir a este ámbito judicial y en este caso lo ha hecho para dejar sin efecto la contundente sentencia condenatoria emitida a finales del pasado año por la Audiencia Provincial. Fuentes judiciales apuntan que teniendo como referencia lo ocurrido en otros casos, es probable que el Juzgado de lo Penal en el que se emitió la sentencia inicial, esté esperando a las resoluciones del Constitucional para ordenar los ingresos en prisión.

Todos los recurrentes han solicitado al Tribunal Constitucional que directamente examine este caso, al considerar que el fallo final se encuentra “contaminado” y los magistrados no actuaron de forma imparcial ya que tenían un prejuicio previo sobre el asunto a dictaminar. El recurso de apelación se emitió después de que la Audiencia rechazara otro de nulidad. Los recurrentes planteaban entonces y lo hace ahora argumentos como que el suelo “invadido” no era urbanizable sino urbanizable no consolidado, que no se justifica por qué la Gerencia de Urbanismo sea considerada promotora de la obra o también por qué se refleja que es una obra inacabada, “y se motiva brevemente que sería no autorizable”.  Todos ellos han sido rechazados.

La sentencia firme ordena el derribo de todo lo construido y obliga a pagar el coste a las seis personas a las que considera culpables de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. El fallo de la Audiencia abría la puerta a que el Consistorio legalice en el planeamiento la parte de la obra que no ocupa servidumbre de protección. Sin embargo, lo cierto es que en estos momentos desde la Corporación local no se ha presentado ante el Juzgado una alternativa válida para legalizar el inmueble.

Por el contrario, lo que sí ha hecho la juez que abordó este asunto en primera instancia y por lo tanto responsable de ejecutar el fallo, Beatriz Méndez, es ordenar que se aplique el presupuesto que implica el derribo total del edificio. A petición de la magistrada, el Ayuntamiento de Santa Cruz había elaborado varias estimaciones según el alcance de la demolición que oscilan entre los 21.000 de la parcial y los 700.000 euros, de la total. En lo que puede claramente entenderse como toda una declaración de intenciones, la juez se decanta por este último, lo que supondrá que cada uno de los seis condenados tendría que desembolsar alrededor de 117.000 euros de su bolsillo.

El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, ha pedido la comparecencia del primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y responsable de los Servicios Jurídicos Municipales, José Ángel Martín (PSOE), en la Comisión de Control que se celebra este jueves en el Ayuntamiento de Santa Cruz, “para que confirme que, como han afirmado juristas de la macrocausa de Las Teresitas y de su pieza separada, el caso mamotreto, el nuevo deslinde de la playa no influye en la sentencia firme sobre el mamotreto porque el nuevo deslinde sólo tiene efectos hacia el futuro y, por tanto, la sentencia ni es revisable, ni el mamotreto se puede legalizar”.

Al respecto, Guigou, señala que “no podemos permitir esta campañita con todos los instrumentos del poder al servicio de los intereses particulares para engañar a los ciudadanos de Santa Cruz y quitarle hierro al monumento de la corrupción; y por eso hay que dejar claro, de una vez por todas, que el mamotreto es ilegal e ilegalizable y hay que derribarlo cumpliendo con la sentencia firme”.

En este contexto, aseveró que espera ver derribado el mamotreto, así como el cierre de la refinería, o la recuperación de Emmasa antes de abandonar la política, tras este mandato “después de haber luchado tanto contra estos símbolos de la corrupción en Santa Cruz”, apostilló.

Por otro lado, tras el cierre del expediente reservado contra el funcionario de Urbanismo encargado de las licencias de apertura que ha concluido que, además de tener ilegalmente una empresa “actuó con ánimo defraudatorio”, el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz preguntará también a José Ángel Martín por “los siguientes pasos que dará el Gobierno en este asunto”.

Guigou, que recordó que fue él quien destapó este caso, como presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz, manifestó que espera “que la investigación no se quede ahí y se siga rascando porque tengo la intuición, que me han dado los años de lucha contra la corrupción, de que ésta es sólo la punta del iceberg”.

Ante los acontecimientos que se han producido las últimas semanas en torno al supuesto error en el deslinde de la playa de Las Teresitas en el que se basó parte de la sentencia del caso mamotreto, el abogado Felipe Campos, asevera que “no se trata de un error, sino que es un nuevo criterio” que se propone para fijar el límite del dominio público marítimo terrestre.

De este modo, argumenta que “por lo tanto, el expediente que se ha iniciado ahora no tiene ninguna incidencia sobre la condena penal”. Al respecto, detalla que “es solo una propuesta inicial, que no creo que tenga resultado final, en la que se ha planteado cambiar el deslinde del año 1961 y del 2009, pero que si acaso tendría efecto sería de cara al futuro”.

Es más, subraya que “no estamos ante un expediente de rectificación sino de procedimiento de nuevo deslinde, y que todavía está en fase de alegaciones”.

Campos explica que “la palabra error únicamente aparece en una frase al final de un informe de un técnico de la Dirección General de Costas, pero que la utiliza de forma indebida ya que, en realidad, está hablando de la razón por la que proponen un cambio en el deslinde”.

“A partir de ahí comienza a hablarse de error en el deslinde de 2009”, agrega el abogado al tiempo que arguye: “Yo no sé quién es el autor intelectual de esta patraña, ni quiénes son los cómplices o quiénes saben que eso era así y se han hecho los tontos ni quienes no sabían nada, pero lo que sí sé es que completamente falso”.

Por su parte, el también abogado, José Pérez Ventura, recuerda que “el señor Troya, que es el técnico que firmó ese documento, fue uno de los peritos que declaró en el juicio del caso mamotreto, por lo que ahora no es muy creíble que ahora aparezca en un informe en el que se habla de un supuesto error, sin explicar ni argumentar su origen”.

Igualmente, apunta que “confiamos en que nadie tenga la tentación de falsificar documentos al respecto, porque se trata de un procedimiento penal que ha estado mucho tiempo en el Juzgado, en el que se ha practicado un montón de pruebas periciales, así que si aparecen nuevos documentos no se lo va a creer nadie, y, desde luego, si así fuera lo íbamos a mirar hasta con microscopio”.

Así pues, enfatiza que “todo esto es un caldo de cultivo para diluir la clara decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de no derribar el mamotreto”.

En este contexto, ahonda que el alcalde, José Manuel Bermúdez, “se está intentando esconder detrás de los técnicos de Urbanismo, de los arquitectos o de la Dirección General de Costas y elaborando una coartada para poder seguir adelante con su decisión”.

En este sentido, alega que “debe quitarse la careta y asumir que no lo quiere demoler porque no le da la gana, por sus compromisos políticos en CC, por sus pactos con el Zerolismo o por sus cargas y servidumbres”.

Ante esta “maniobra para convertir una mentira en una verdad oficial”, Campos tacha de “preocupante que ninguna administración, ni siquiera Costas salga a decir que están mintiendo”.

“Campaña de mentiras”

Respecto al concejal de Urbanismo y candidato a la Alcaldía por el PSOE, José Ángel Martín, indica que “esta situación lo coloca en el precipicio ya que no puede permanecer un minuto más un Gobierno municipal que se niega a cumplir la sentencia firme de la Audiencia Provincial y que está liderando una campaña de mentiras intolerables”.

Mientras, Pérez Ventura afirma que “ya está bien de sacarse conejos de la chistera como el del supuesto error en la delimitación del dominio público marítimo terrestre” y se pregunta “cuál será la próxima excusa”.

Aún así, sostiene que “atendiendo a esa propuesta de redelimitación del deslinde sigue habiendo afectación de la servidumbre de protección y sigue habiendo delito”. A esto añade que “tampoco debemos olvidar que la condena por prevaricación urbanística se hace no solo en consideración a la obra ejecutada, sino también en función al proyecto”.

Por todo ello, expresa su confianza en que “la jueza no se deje influir por estas cortinas de humo y que se dé cuenta de que no hay motivo para paralizar la ejecución de la sentencia”.

Por su parte, Ramón Afonso, de la Plataforma por el derribo del mamotreto y contra la corrupción defiende que “el señor Bermúdez debería cumplir con la orden de derribo, para demostrar que su discurso de que respeta las leyes y las sentencias judiciales se transforma en hechos”. Sin embargo, señala que “él ha elegido alinearse con los intereses de la oligarquía chicharrera”.

Así, manifiesta que el alcalde “ha utilizado todos sus medios para enturbiar lo que a nuestro juicio ha sido una sentencia ejemplar”.

Entre tanto, el también miembro de la plataforma, Cándido Quintana, reprueba “que se intente confundir a la ciudadanía” ya que, “según la Ley de Costas, la línea que determina los terrenos que pertenecen al mar y a las playas, que son públicos, y los interiores la establece la marca de la pleamar más alta o el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos”, con lo que “dos tercios del mamotreto están dentro de esa franja”.

Por último, Quintana asevera que “tenemos que defender que el dominio público sea lo más amplio posible porque es de lo que va a disfrutar el pueblo”.

“Nos hace falta la playa en su totalidad, ya que tiene que dar cobertura a más de medio millón de personas que residen en el área metropolitana”, esgrime. Por tanto, concluye que “es necesario seguir luchando porque no podemos tolerar que alguien se apropie de partes de arena tan importantes como la que ocupa el mamotreto”.

El Cabildo de Tenerife tiene previsto iniciar el próximo 1 de abril las obras de mejora en la canalización de los barrancos de El Cercado y Las Huertas, en la localidad de San Andrés, en el municipio capitalino, tal y como ha anunciado el presidente de la Coporación insular, Carlos Alonso, que precisó que esta actuación supondrá una inversión de 2,4 millones de euros.

Alonso destacó que este proyecto, que se ejecutará a través del Consejo Insular de Aguas, se acometerá pro el procedimiento de emergencia, cuyo decreto se dictará el día 4 de marzo, con el objetivo de agilizar los trabajos “que permitirán resolver de manera definitiva los problemas de encauzamiento en esta zona”.

Teniendo en cuenta que se trata de unos terrenos colindantes al polémico mamotreto, cuyo futuro aún está pendiente de la aclaración judicial solicitada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, Alonso reiteró que esta intervención es “compatible con cualquier resolución, incluso con el mantenimiento del edificio”.

En esta línea, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, enfatizó que “el edificio de aparcamientos no afecta ni condiciona a esta obra, ya que sería la misma tanto si éste estuviera como si no”.

Al ser cuestionado por una posible modificación del proyecto en función del fallo de los tribunales, Bermúdez agrumentó que “es una decisión que habrá que tomar a resultas de cómo transcurra la ejecución de sentencia que tenemos que revisar”.

Así, detalló que “hay una parte que hemos pedido una aclaración al Juzgado que es la que tiene que ver con la posible legalización de una parte del aparcamiento y, en función de los últimos acontecimientos, hasta la zona de servidumbre habrá que aclararla”.

No obstante, incidió en que, independientemente de ello, “la solucion que ha dado el Consejo Insular de Aguas con este proyecto es práctica y realizable ya que no produce obstáculos ni problemas”.

Al respecto, Alonso calificó de “buena noticia” los útimos acontecimientos dado que “en principio, parece que se va a permitir mantener el edificio”.

Por tanto, avanzó que, en función de lo que ocurra, “el Cabildo también contribuirá con el Ayuntamiento para financiar la mejora de la Playa de Las Teresitas”.

Entre tanto, el consejero insular de Aguas, José Joaquín Bethencourt, destacó la dificultad para “conseguir una solución constructiva adecuada para un problema real intentando conciliar todas las perspectivas posibles”. En este contexto, señaló que se ha compaginado las cuestiones técnicas, con las necesidades de movilidad de personas y vehículos, así como las de índole social y las de tipo jurídico.

Así pues, aseveró que “hemos logrado darle la mayor seguridad jurídica posible a la solucion que resuleva de una vez por todas el problema de las inundaciones en el barrio”.

Mientras, el concejal de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, subrayó que la superficie de actuación “está dentro del ámbito municipal de dominio público marítimo-terrestre fijado por la Dirección General de Costas”.

Ampliación del cauce

En cuanto a la repercusión de estos trabajos, Arteaga resaltó que “este tramo de unos 200 metros, en los que se pasa de 18 metros a 30 metros, viene a garantizar la seguridad de bienes y personas, a tenor de la importante ampliación en la capacidad de desaguar del tramo final del barranco”.

En su turno de intervención, el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Fernández, explicó de manera pormenorizada el contenido del proyecto, que se desarrollará en cinco fases, y respecto al cronograma del proyecto, indicó que “este martres, día 24 de febrero, se presentó a los vecinos de la zona, el viernes 27 se entregará el proyecto definitivo, mientras que está previsto que el 4 de marzo se inicie el procedimiento de contratación de emergencia mediante una resolución del presidente del Cabildo, para dos días después comenzar la consulta a una serie de empresas constructoras y el día de 13 acabaría el periodo que tienen para presentar las ofertas”.

A continuación, “el 16 de marzo se haría la apertura de los sobres y el 18 se procedería a la selección y adjudicación de las obras, que empezarían el 1 de abril que se prolongaría durante ocho meses, con lo que los trabajos estarían listos el 1 de diciembre”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz incidió en que “con esta actuación se solventará uno de los problemas históricos de San Andrés”, pero apuntó que “tiene que ser complementada con la terminación del encauzamiento del barranco de las Huertas, para lo que hemos pedido un mandamiento judicial que permita ocupar las parcelas que colindan con ese barranco con las que existen algunos problemas”.

Por último, Alonso recordó que, estos trabajos se incluyen en el paquete de intervenciones que se llevarán a cabo este año en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en materia de mejora de cauces de barrancos y colectores pluviales para evitar riesgos ante episodios de lluvias torrenciales, cuyo valor asciende a 10 millones de euros.

Ante esta circunstancia, manifestó que “le pediría a algunos políticos que en vez de hacer declaraciones rimbombantes y llevar al Parlamento de Canarias declaraciones de emergencia o Proposiciones No de Ley (PNL) que no conducen a nada, que trabajasen un poquito para traer dinero a Santa Cruz, ya que en esta actuación que es tan importante para el litoral capitalino el Cabildo ha aportado el 80%, de la financiación frente al 20% ayuntamiento, mientras que la asignación del Estado y el Gobierno de Canarias ha sido cero”.

El candidato socialista a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, José Ángel Martín, ha reiterado que “la posición del PSC-PSOE sobre el mamotreto sigue siendo la misma de siempre: el rechazo a su construcción y el respeto a la decisión que finalmente adopte la justicia cuando proceda a aclarar la sentencia sobre qué debe hacer el consistorio con esta edificación”.

Martín Bethencourt ha explicado que el departamento municipal que dirige ha pedido a la Demarcación de Costas que “aclare y remita la información que le ha llevado a modificar el deslinde en la zona que afecta al mamotreto” al tiempo que advierte de que “no vamos a permitir ninguna trapisonda que busque incumplir una sentencia por la puerta de atrás”.

No obstante, ha asegurado que, en último término, “el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá cumplir lo que diga la Justicia, una posición que se ha mantenido invariable y que llevó a los socialistas a votar en este sentido en el último pleno de la corporación junto a parte de la oposición”.

Martín Bethencourt ha salido también al paso de las declaraciones del portavoz municipal de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, que ha asegurado que los socialistas de Santa Cruz han cambiado de posición y defienden ahora mantener en pie el Mamotreto, algo que ha negado “tajantemente”.

El candidato socialista ha acusado a Fernández Arcila de “mentir” y de actuar como un “trilero”, tratando de confundir a la opinión pública, y le ha pedido que deje de “opinar y de meterse en esta cuestión sin haberse ni siquiera leído lo que dice el expediente de Costas”.

“Mientras el señor Fernández Arcila se dedica a atacar al PSOE, el PSOE se dedica a recopilar información, exigir aclaraciones y tratar de evitar que nadie se salte lo que dictan las sentencias judiciales”, añadió.

El concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha pedido al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, que actúe con más rigor con el llamado mamotreto de la playa de Las Teresitas, y ha lamentado que ahora el PSOE descarte su derribo.

Fernández Arcila, indica, por medio de un comunicado, que ha pedido al grupo de gobierno municipal, CC-PSOE, que encarguen un informe en el que se determine de una vez por todas cuál es el deslinde marítimo terrestre en la zona del edificio de aparcamientos conocido como mamotreto.

Igualmente, agrega que “es fundamental zanjar esa cuestión y acabar con el espectáculo patético que se está ofreciendo a la ciudadanía”, al tiempo que sostiene que “para saber cuál es el verdadero deslinde habrá que hacer un informe técnico riguroso en el que se aporten datos como hasta dónde alcanzaban las olas en los máximos temporales conocidos o la existencia de playa o zona de depósitos de materiales sueltos como arenas, gravas o guijarros”.

En caso de que el Ayuntamiento rehúse emprender esta acción, Sí se Puede convocará a las organizaciones sociales para proponerles la redacción de ese informe por parte de técnicos independientes.

Sobre la posible legalización del mamotreto, el concejal de Sí se Puede lamenta que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSOE), haya afirmado que con la nueva información facilitada por la Demarcación de Costas sobre un posible error en la delimitación del dominio público marítimo terrestre el mamotreto queda fuera de la zona de servidumbre y se salva del derribo.

“Nosotros ya habíamos advertido que el PSOE estaba cambiando su postura, pero ahora muestra claramente sus cartas para decirnos que en este asunto está en la misma línea que Coalición Canaria, que es la de la ilegalidad y la corrupción”, apostilla Arcila.

Para el portavoz de Sí se Puede que el mamotreto era ilegal cuando se construyó porque el proyecto final “invadía el dominio público marítimo terrestre, considerando tanto donde antes se encontraba el mojón como donde se dice ahora que debiera estar, y, dado que esto es así, alguien informó favorablemente una obra que no debía ser autorizada”.

A esto se le suma que los concejales de Coalición Canaria eluden de manera “consciente o inconsciente: la acción que condena la justicia no tiene que ver solo con lo que está construido, sino también con lo que se autorizó”.

El citado fallo dice además que con esta acción los condenados vulneraron aspectos legales en materia de ocupación, de usos del suelo, de altura y de edificabilidad, entre otros, comenta el concejal de Sí se Puede.

Por último sentencia que “el mamotreto sigue siendo ilegal por cuanto el Plan General de Ordenación (PGO), aprobado por los mismos partidos que ahora defienden al unísono la conservación del edificio de aparcamientos, no contempla para la zona de San Andrés y Las Teresitas ninguna edificación con esa tipología y esos usos”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dicho que si hay un error en el deslinde de la playa de Las Teresitas la situación sería “inaudita” por cuanto se ha parado una obra, el llamado mamotreto, y se ha pagado por asegurarla, además de paralizar el proyecto.

José Manuel Bermúdez quiere ser prudente respecto a la posibilidad de que en 2009 se produjese un error al establecer los deslindes de la playa, y ha señalado que ante esa posibilidad hoy ha pedido a la Dirección General de Costas que con carácter urgente aclare la situación.

Explicó el alcalde que el posible error lo han detectado técnicos del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La Dirección General de Costas ha iniciado este año un expediente de deslinde en aplicación de la ley de 2013, por lo que los técnicos de la corporación municipal acudieron para ver el expediente y obtuvieron información según la cual el deslinde de 2009 podría estar mal.

Ante esa situación el alcalde ha pedido un informe aclaratorio a la Dirección General de Costas para actuar en consecuencia, manifestó José Manuel Bermúdez, quien agregó que, por ahora, sigue vigente la instrucción de cumplir la sentencia por la cual el mamotreto debe ser derribado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife actuará con independencia de lo que hagan las personas encausadas, señaló el alcalde, en alusión a los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, condenados como autores de dos delitos de prevaricación urbanística y de delito contra la ordenación del territorio a dos años de prisión, a año y medio y a un año de prisión respectivamente.

También ha sido condenada la funcionaria Loreto Ariz, considerada autora de dos delitos de prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio y condenada a dos años de prisión.

La Audiencia Provincial también condenó a los funcionarios Epifanio Gómez y Candelaria Benítez, a 18 meses y un año de prisión respectivamente como autores de un delito de prevaricación urbanística y como cooperadores necesarios de un delito contra la ordenación del territorio.

Bermúdez insistió en que las cosas no están claras y si se ha producido un error por el cual el mamotreto estaría fuera del deslinde, será la Dirección General de Costas quien lo diga. Por ello el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido a la Dirección General de Costas que aporte un informe pero también los deslindes y que explique cómo se hicieron, cuándo, y quien los hizo.

Tal vez influidos por el espíritu turistico que todo lo contamina estos días en los que Madrid celebra una nueva edición de la feria turística Fitur, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto ha organizado para este sábado, a las 12:00 horas, una “visita guiada por el escenario de la corrupción”, que partirá desde la rotonda del final de Las Teresitas hasta el mamotreto.

Esta acción, que forma parte del programa de actos previstos dentro de la manifestación para reclamar en derribo inmediato de la polémica construcción situada a la entrada de la playa, estará conducida por un actor que hará las veces de guía turístico e irá explicando uno a uno todos los puntos en los que se han cometido ilegalidades y que han dado pie al caso Mamotreto, según apunta Carmen Rosa Santos.

Al margen de esto, se llevará a cabo un recital de música a cargo del cantautor Kakó y otras actividades sopresa con el objetivo de celebrar “una gran fiesta de ganadores sobre la corrupción”, apostilla.

Por su parte, Ramón Afonso, otro de los miembros de esta plataforma, explica que “ante la campaña para legalizar el mamotreto, emprendida por CC y PP, pero fundalmente, por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, hemos llegado a un punto en que la iniciativa popular toma una relevancia esencial”.

Así pues, asevera que “ahora le toca el papel protagonista a la ciudadanía”, a la que insta a participar activamente en la manifestación del sábado para demostrar su rechazo frontal al mantenimiento de este “adefesio”.

En este sentido, sostiene que “la movilización popular es la única que es capaz de hacer que las instituciones cumplan con la ley”. Por tanto, arguye que “el mamotreto solo lo podremos derribar si hay una implicación de la ciudadanía”.

Afonso, critica “las intenciones de legalizar lo que, a todas luces es un delito, y la conspiración técnica de tres arquitectos que, arrogándose una autoridad que no tienen al querer hacer ver que representan a todo el colectivo, han intentado engañar a todo el pueblo de Santa Cruz defendiendo que la única ilegalidad en la que incurre el mamotreto son los 400 metros que sobrepasa el dominio marítimo terrestre”.

Sin embargo, ahonda que “han obviado, de forma intencionada que el mamotreto no es sólo ilegal por ese motivo y se han saltado a la torera todas las normas urbanísticas y requisitos que se han incumplido”, lo que define como “un cóctel de irregularidades que finalmente estalló”.

Por otro lado, subraya que “también la vertiente jurídica ha hecho aguas en este caso”, así que al Ayuntamiento únicamente les queda un recurso que es el de “vender la necesidad del mamotreto como una cuestión de interés general”.

En este contexto, tachó de “sinvergonzonería” que este grupo de políticos apelen a este argumento para intentar salvar “esta construcción que no sirve para nada y que incumple todas las normas urbanísticas”.

De hecho, lamenta que “no hagan nada por la gente que está en los pasillos de los servicios de Urgencias de nuestros hospitales, pero, para legalizar un delito, esta gente se ha vuelto loca y han movido todos los hilos que han sido posibles”.

Aún así, esgrime que “todas las líneas argumentales que han ido utilizando se les han ido cayendo en un precipicio de basura, ya que sólo estaban fundamentadas en el interés particular de determinados poderes económicos que han sido los que han estado llevando a cabo el planeamiento de una ciudad tan importante como Santa Cruz”.

En otro orden de cosas, el portavoz de este colectivo comenta que “está a punto de abrirse el juicio oral por el caso de Las Teresitas y, probablemente ahí nos enteraremos de otras relaciones que se esconden detrás de ese esfuerzo titánico por mantener ese dechado de corrupción urbanística”.

En cuanto a la reunión mantenida recientemente con el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSOE), Afonso explica que “tal y como nos comunicó, su posición es favorable a nuestras tesis”. No obstante, matiza que “nosotros creemos que la ejecución de la sentencia debe ser más rápida, pero ellos alegan que están esperando por los informes técnicos. Lo que, desde nuestro punto de vista, puede ser para evitar entrar en conflicto con sus socios de grupo de Gobierno (CC) que mantienen una postura distinta”.

Por último, en lo que atañe a la demora del informe encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre el mamotreto, entiende que “seguramente, esta dilación obedece a las presiones políticas que están recibiendo los técnicos”.

Aún así, confía en que “no prevariquen más y no se pongan de acuerdo otra vez con los grandes grupos de poder” y recuerda que “ya hay tres técnicos del Ayuntamiento capitalino con penas de prisión por su participación activa en unos hechos delictivos, así que seguro que sabrán lo que tienen que hacer”.

Mientras, Lola Schneider denuncia que, “ahora las intenciones pasan por reactivar el viejo plan de Perrault de construir un puente y una carretera encima del mamotreto, lo que acarrearía un mayor impacto ambiental que el que ya hay”.

Por último, Cándido Quintana denuncia el gran gasto que supondría este nuevo proyecto y la inviabilidad de esa actuación dado que, además, “está en estado ruinoso y las últimas riadas han afectado seriamente su estructura”.

Los exconcejales, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor y el técnico hoy jubilado, Epifanio Gómez, acusan a los jueces del caso mamotreto de “estar contaminados”. Según sus abogados sería así en cuanto, se ha producido “un clara vulneración” del derecho a que la cuestión sea debatida por un juez imparcial. O lo que es lo mismo que el magistrado, “no tenga una opinión previamente formada sobre el asunto sobre el que se tiene que resolver”.

En el caso mamotreto, donde las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia han sido contundentes contra la Gerencia de Urbanismo, el “órgano decisorio, no sólo está abiertamente contaminado por el sentido de su previa decisión, sino que ésta además no puede ser revisada” por otra instancia judicial.

Por ello, se pide que sea el Tribunal Constitucional el que directamente examine este caso. O subsidiariamente que lo estudien magistrados distintos a los que participaron en este procedimiento en la Audiencia Provincial, “y por lo tanto no se hallen contaminados” por la resolución anterior, repiten los letrados.

De hecho, este recurso de nulidad ya ha sido rechazado en el caso del exconcejal Norberto Plasencia y de la técnico, Loreto Ariz, a los que junto a Parejo, se les ha comunicado su obligación de entrar en la cárcel y su inhabilitación.

En estos casos se plantean los argumentos que durante estos días han sido recogidos ante algunos medios de comunicación: que el suelo “invadido” era no urbanizable, cuando según afirman es urbanizable no consolidado, no se justifica por qué la Gerencia de Urbanismo es considerada promotora de la obra, por qué se refleja que es una obra inacabada, “y se motiva brevemente que sería no autorizable”. En el caso de la técnica, Candelaria Benítez, también se solicita la anulación del desembolso económico por el derribo del mamotreto, al que han sido condenados todos ellos, al ser muy elevado dada la capacidad económica de Benítez.

Sin embargo, la Audiencia ya se posicionó sobre parte de estos asuntos cuando el abogado, Eligio Hernández, que representa al exconcejal, Norberto Plasencia y la técnico, Loreto Ariz presentó un recurso de nulidad.

A mitad de diciembre se descartó que se haya vulnerado el artículo 24 de la Constitución, al supuestamente haberse resuelto cuestiones prejudiciales que eran determinantes para decidir la culpabilidad o inocencia de sus defendidos.

También se alegó, sin suerte, la vulneración del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva. Y ello sería así en cuanto los jueces, según Hernández, no se pronunciaron sobre cuestiones planteadas en el recurso de apelación y no se motivó el acuerdo de demolición de unas obras que se consideran ilegalizables, “sin fundamento legal o jurisprudencial alguna”. Igualmente el abogado creía que no se abordó la necesidad de requerir la legalización del edificio antes de acordar la demolición.

El abogado Felipe Campos denunció ayer la “campaña indecente” que se viene desarrollando en los últimos meses con el objetivo de evitar el derribo del mamotreto de Las Teresitas y el ingreso en prisión de los condenados en esta causa a pesar de la sentencia en firme emitida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que considera que el edificio es “ilegal e ilegalizable”.

A su vez, argumentó que, “después de los ataques hacia la jueza y la fiscal, antes de la sentencia en Primera Instancia, y, posteriormente, la campaña amenazante hacia la Audiencia Provincia, ahora estas presiones se han focalizado expresamente hacia los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz ya que, en estos momentos, los técnicos están decidiendo si el mamotreto se puede legalizar o no”.

En esta línea, confió en que “a la jefa de los servicios jurídicos del Consistorio capitalino, Luisa del Toro no le tiemble el pulso y el informe que emita esté a la altura del estado de derecho”.

Al respecto, criticó que “tres arquitectos hayan defendido el mantenimiento de la polémica obra utilizando el nombre del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), cuando en realidad hablaban a niver particular”.

En esta línea, aseveró que no es la primera vez que Joaquín Mañoso como Argeo Semán y José Domínguez Anadón actúan de esta manera, citando como ejemplo el asunto del fuera de ordenación que afectó a 80.000 vecinos, y que trataron de justificar a través de un manifiesto en nombre del COAC.

A su vez, Campos recalcó que “en el caso de Domínguez Anadón, se da, además, la circunstancia, de que es primo del exconcejal de Obras, José Domínguez Pastor, que es otro de los condenados por el caso mamotreto”.

En cuanto a Joaquín Mañoso, puntualizó que “es autor del proyecto del mamotreto palmero, que es el edificio de Los Tarajales, inmerso también en una causa penal por ejecutar la obra en dominio público marítimo terrestre”. Así pues, arguyó que el nuevo presidente de la demarcación de la COAC tinerfeña parece que intenta utilizar su cargo “para defender los intereses de sus familiares y las personas de su grupo de poder”.

Por tanto, arguyó que todos ellos “son partes del problema, con lo cual, no tienen ninguna objetividad”.

Ante esta situación, el abogado instó al resto de integrantes de la COAC a que “reaccionen de una vez por todas y reprendan a estas personas que utilizan esta institución tan seria para defender sus intereses particulares”.

En lo que atañe al capítulo meramente urbanístico, subrayó que todo el “argumentario demencial” que están defendiendo para amparar la legalidad del mamotreto se basa en un informe realizado por el propio Domínguez Anadón en el que “aplican a la parcela de ésta construcción la calificación de otra parcela colidante, que es la de parque urbano y, de este modo, ”.

Sin embargo, resaltó que “aún admitiendo eso, todo el artificio que han montado haría aguas, ya que ente otras cuestiones, el límite de edificabilidad para esta parcela era de 2.900 metros y lo edificado sobrepasó los 5.000”.

Al margen de todo esto, Campos añadió que “la normartiva vigente exige un estudio de detalle para levantar el mamotreto que nunca se hizo y conforme al plan insular, tampoco se podría haber construído sin el desarrollo de un plan territorial especial, que actualmente sólo está en fase de avance”.

Por su parte, el también abogado José Pérez Ventura, incidió en que “con este ejercicio de trilerismo urbanístico se está intentando dar gato por liebre a la ciudadanía y ocultar lo que realmente ha sucedido con el tema del mamotreto”.

Al respecto, enfatizó que, a pesar de las “mentiras” de estos “grupos de poder”, con esta construcción “se saltaron todos los trámites legales, donde los propios interventores del ayuntamiento advirtieron de las responsabilidades en las que podían incurrir, y que, pese a ello, impusieron su voluntad al cumplimiento de la legalidad, tal y como ratifican las sentencias”.

Pérez Ventura destacó que “es ahora que saben que no tienen visos de prosperar todas las iniciativas jurídicas que están prosperando, recurren a estas campañas”.

De hecho, precisó que “cualquier estudiante de Dercho sabe que el recurso de revisión planteado por el exfiscal general del Estado y abogado de tres de los acusados, Eligio Hernández, no tiene ninguna opción”.

En este contexto, aclaró que “solo es válido para la aparición de nuevas pruebas que no pudieron ser obtenidas con anterioridad o si se ha producido alguna coacción o falsificación en alguna de las pruebas aportadas al proceso y ninguno de estos escenarios se ha dado en este juicio”.

Tanto él como Felipe Campos advirtieron de que para legalizar el mamotreto y evitar su derribo es necesario el convenio con la Dirección General de Costas para el deslinde marítimo-terreste, que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento siete días después de la sentencia del caso mamotreto, y la modificación del planeamiento urbano“, una decisión que tendría un evidente ”coste político“ ya que se trata de una artimaña para ”legalizar un delito“.

Al repecto, Campos sugirió que “tal vez José Manuel Bermúdez podría asumirlo”, teniendo en cuenta que “está preso de los intereses de CC y, posiblemente, sea alcalde de Santa Cruz por haber pactado todo este tipo de temas como el mamotreto, Las Teresitas, etcétera”.

Mientras, sobre las manifestaciones del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en las que argumentaba la posibilidad de legalizar esta edificación, aseveró que estan justificadas porque “es un agente empresarial que está puesto ahí al servicio de los intereses de ciertos grupos de poder”.

Por contra, apeló a que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSOE) “debería de abandonar inmediatamente el grupo de gobierno municipal si hay alguna voluntad política decidida a legalizar el mamotreto”.

La Demarcación provincial de Santa Cruz de Tenerife del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC) defiende que fue “una cadena de errores” la que provocó una sentencia de culpabilidad para los tres delitos que se imputaban a los acusados por el “caso mamotreto”, entre los que figuran los exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, así como la técnico municipal María Loreto Ariz, para los que se dictaminó penas de cárcel.

En este contexto, tras una detallada exposición sobre los distintos proyectos de la playa de Las Teresitas y los distintos planeamientos urbanos de la ciudad “con el objetivo de contextualizar los hechos y aclarar dudas”, en la que participaron el presidente de la Demarcación, Argeo Semán, el decano Joaquín Mañoso, y el arquitecto Jose Ángel Domínguez Anadón, el colectivo esgrime que “existe una gran confusión porque se trata de un asunto muy complicado tanto desde el punto de vista urbanístico como legal”.

De hecho, Argeo Semán lamenta que “se ha simplificado en demasía el problema a un asunto de corrupción cuando, en realidad, estamos hablando de un proyecto público, en un suelo público y con dinero público, y que parecía que, cuando Dominque Perrault ganó el concurso internacional de ideas, satisfacía plenamente las necesidades que tenía la playa”.

Por su parte, Domínguez Anadón, recalcó que “la confusión que ha habido por parte de los peritos, transmitida a la judicatura en el desarrollo del juicio, es lo que ha quedado en la calle. Es decir, la gente es incapaz de entender que se trata de un proyecto de urbanización especial y no pueden llegar a imaginar lo que podría llegar a ser el proyecto de Perrault una vez construido. Por lo tanto, lo rechazan porque lo único que ven ahora es una construcción muy fea pintada de negro que molesta mucho porque está a la entrada de la playa”.

Al respecto, precisó que “lo que estaba previsto sobre la cubierta de esta obra era un mirador, avalado por el plan general de 2005 que considera a la playa con un gran parque y que fija el deslinde marítimo terrestre que entonces dio por bueno la Dirección General de Costas”.

Así pues, esgrimió que, atendiendo a estos datos, “no tenía que haber ningún problema y, sin embargo, el conflicto se creó artificialmente poco después porque, mientras se va desarrollando el proyecto, hay un momento en el que se produce la anulación de la compraventa de los terrenos de la playa, lo que provoca que se meta todo enun mismo saco y se empiece a atacar a este proyecto de la playa como si fuera parte de un supuesto pelotazo urbanístico”.

En esta línea, arguyó que “a partir de ahí, el montaje que mucha gente tiene en la cabeza es que en el Ayuntamiento de Santa Cruz hay constituido un grupo de delincuentes que lo que están haciendo es lucrarse”. Así, Domíngez Anadón enfatizó que por este motivo, “no se han enjuiciado estos hechos por sí mismos sino por proximidad con otro caso que es diferente”.

A esto, agregó que “los peritos judiciales van a crear una nueva presunción de delito ya que al personarse en la zona para ver por qué se estaba construyendo el edificio de aparcamientos informan de que se estaba construyendo un centro comercial, y a partir de ahí, a pesar de darse cuenta del error, en sus sucesivos informes no lo corrigen”.

Igualmente, el arquitecto ahondó en que “entre los delitos que se le achacan a los condenados están el derivado de haber aprobado el proyecto original ya que suponen que incumple la normativa urbanística, que no es así, pero los peritos ayudan a crear esa ficción, así como el de la aprobación de un modificado relativo a un sótano que es totalmente inocuo y no hay ninguna manera de atribuirle ningún incumplimiento urbanístico, mientras que, en lo que se refiere a la ocupación de la zona de servidumbre que se ha ordenado a demoler, se limita a una zona de 400 metros de los 10.000 que ocupa toda la construcción”.

A la postre, Domínguez Anadón aseveró que “todo este lío jurídico se debe al condicionante de la presunción de complicidad o comportamiento corrupto en relación con la compraventa de la playa así como que los peritos informan equivocadamente”.

A su vez, subrayó que “existe una gran dificultad a raíz de la doctrina del Tribunal Supremo que determina que los problemas de delitos urbanísticos tienen que resolverse en la jurisdicción penal”. A su modo de ver, “esto es muy duro” y, a modo de ejemplo, explicó que “esto es como tratar con castigo físico al hijo que no entra en vereda con los estudios o como si se recurriera al Ejército para resolver problemas ordinarios de la Policía”.

En cuanto a la interpretación del marco del código penal, el arquitecto manifestó que la polémica construcción se levantó en “suelo urbanizable”, pero, tanto la primera sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife como la de la sala segunda de la Audiencia Provincial, se equivocan al considerar, en el primer caso que se trataba de “suelo especialmente protegido” mientras que en el fallo de la Audiencia se entiende que es “suelo no urbanizable”.

Así pues, insistió en que “el Tribunal se equivoca radicalmente, dado que está calificado como suelo urbano por el Plan General de Ordenación y, por lo tanto, no podía haber estimado delito”. De hecho, ahonda que “esto es lo que ha propiciado los recursos de los incidentes de nulidad que están planteados”.

Ante toda esa argumentación, Domínguez Anadón, apostilló que “la sentencia es firme, pero relativamente, ya que a partir de este incidente de nulidad, la judicatura debe explicar por qué ha sentenciado considerando que se ha construido en suelo no urbanizable cuando realmente se ha hecho en suelo urbano”.

De tal manera, defendió su “máximo respeto a la justicia, pero otra cosa es cerrar los ojos a una realidad que nos habla de una serie de errores de naturaleza técnica”.

Por todo ello, consideró que tres personas pueden acabar en la cárcel por “errores de interpretación” de algunos peritos judiciales, mientras que “no se le prestó atención al que perito que en el juicio dijo todo lo que hemos dicho ahora”.

Finalmente, este extremo fue confirmado por el decano de la Demarcación tinerfeña de la COAC, Joaquín Mañoso que destacó que “algunos de los peritos no estaban lo suficientemente cualificados para haber realizado estos informes, como es el caso de los aparejadores al servicio de la administración con competencias ambientales y que, al parecer, han tenido mucho peso”.