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Bermúdez ordena el urgente derribo del Mamotreto tras el ultimátum del Juzgado

La Junta de Gobierno, no obstante, presenta un recurso para que se acepte su personación en el procedimiento judicial 

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Edificio de aparcamientos construido junto a la playa de Las Teresitas

Edificio de aparcamientos construido junto a la playa de Las Teresitas

La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ratificó este viernes una instrucción del alcalde, José Manuel Bermúdez, de fecha 20 de junio, por la que se ordena al área de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio que “con carácter urgente disponga los trámites administrativos y técnicos necesarios para aprobar el proyecto de demolición total del edificio de aparcamientos ubicados en el frente de playa de Las Teresitas e iniciar el procedimiento de licitación y adjudicación del mismo, culminando la ejecución de dicha obra.

La nota de prensa ha sido dada a conocer después de que trascendiera el contenido de un auto judicial que ordena el derribo de todo el edificio diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault.

El acuerdo se adoptó en la mañana de este viernes, en el transcurso de una reunión de carácter extraordinario, en la que se analizó el auto judicial llegado al Ayuntamiento el pasado lunes. Se da la circunstancia de que ese mismo día, una vez conocida la resolución judicial, el alcalde dictó la instrucción hoy ratificada.

En el comunicado el Ayuntamiento indica que "desde finales del pasado año, en el mes de diciembre, el alcalde ordenó el encargo de la redacción del proyecto de derribo del edificio, tarea que ha llevado a cabo la empresa pública Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur) y que ya ha concluido, por lo que el Consistorio dispone del mismo para licitar la ejecución de los trabajos".

La Junta de Gobierno acordó hoy también la presentación de un recurso de apelación contra el citado auto, ante la negativa del juzgado a admitir la petición de personación planteada por el Ayuntamiento.

En respuesta a las acusaciones del grupo municipal socialista, el equipo de gobierno apunta que "lejos de ocultar la existencia del auto judicial que, como es preceptivo, se comunica a las partes, tanto a los acusadores como a los demandados (la Corporación municipal no es parte en el procedimiento) se ha limitado a estudiar los términos del mismo para decidir su posición. Un proceso que ha durado apenas cuatro días, a pesar de la complejidad jurídica del expediente".

El grupo de gobierno indica en la misma nota que están sorprendidos por la "sesgada interpretación que ha realizado el grupo socialista sobre un asunto que requiere una actuación municipal con las máximas garantías jurídicas y administrativas".

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