No es lo habitual, y menos en el panorama político estatal, pero el PP y el PSOE de Los Realejos han llegado a un acuerdo para aprobar, en el próximo pleno, una propuesta común, con abstención de CC (al menos en la comisión informativa previa), que deja meridianamente clara el total rechazo del ayuntamiento a la planta de gas propano que pretende levantar en el municipio la empresa Disa. Además, solicitan “que la revocación definitiva de este proyecto en el término municipal se haga antes de la celebración de las elecciones de mayo 2027”

La iniciativa cuenta con el aval de la plataforma vecinal, según confirma a este periódico su presidenta, Carmen Luisa González, y ratifican fuentes de los citados partidos. Sobre todo, porque se apoyan prácticamente todas sus reivindicaciones. Esa oposición queda patente en el primer punto de la propuesta, fundamentada en la presentada a la comisión por los socialistas. “Manifestar el rechazo rotundo, íntegro y definitivo del pleno del Ayuntamiento de Los Realejos a la instalación de la Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW denominada planta Tigaiga, correspondiente al expediente GE25/017, en cualquier ubicación situada dentro del término municipal de Los Realejos, incluida expresamente la nueva ubicación propuesta en el Polígono Industrial La Gañanía”.

Este rechazo ya se había explicitado en el salón plenario local el 25 de junio de 2025, cuando la planta se quiso instalar en la zona de La Zamora, y así se recuerda en la moción. En aquella ocasión, CC también apoyó la postura del gobierno local (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE), si bien ahora, de momento, se abstuvo en la comisión. La propuesta se reafirma en ese acuerdo institucional “de rechazo a la instalación de la planta Tigaiga en el municipio y a cualquier otra instalación de similares características en el territorio municipal”. 

Además, se insta “al Gobierno de Canarias, a la consejería competente en materia de Energía y al resto de administraciones públicas competentes a que tengan en consideración la posición expresamente manifestada por el pleno del ayuntamiento y descarten la implantación de la planta dentro del término municipal, incluida la ubicación propuesta actualmente”. También solicitan a las administraciones y organismos competentes “que, en el ámbito de sus respectivas competencias, no autoricen ni impulsen la implantación de la planta en ningún emplazamiento situado dentro de Los Realejos, y que se tengan en consideración las determinaciones y pronunciamientos adoptados por este consistorio”. 

La iniciativa conjunta será trasladada al Gobierno de Canarias, a la consejería de Transición Ecológica, a la dirección general competente y a Disa Generación, como entidad promotora del proyecto, “comunicando expresamente el rechazo manifestado por el pleno”. Asimismo, se enviará el acuerdo “a los vecinos y vecinas de La Cruz Santa, así como a los demás barrios y núcleos de población del municipio que pudieran verse afectados por la implantación de este tipo de instalaciones, haciendo pública la posición adoptada”. Asimismo, se le remitirá a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias y del Cabildo insular de Tenerife, “solicitando que conozcan y apoyen la posición expresada por el pleno”.

Acciones a desarrollar para evitar su instalación

El texto también compromete al Ayuntamiento realejero a ejercer, “dentro del marco de sus competencias, cuantas actuaciones administrativas y jurídicas resulten procedentes para la defensa de los intereses municipales y para el cumplimiento del presente acuerdo, incluyendo, en su caso, la formulación de alegaciones, recursos y demás acciones que legalmente correspondan, previa adopción de los acuerdos que resulten preceptivos”.

Los vecinos del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el norte de Tenerife, contrarios a la instalación de una planta de gas junto a sus viviendas han registrado este martes un manifiesto en el Ayuntamiento para dejar claro algunos aspectos de su reacción que consideran que se están tergiversando. Sobre todo, que no tienen ninguna adscripción política y que su radical oposición tiene que ver, básicamente, con su rechazo a las consecuencias para la calidad de vida y los riesgos que, aunque se minimicen, consideran que representa esta instalación.

La planta de gas, de la empresa Disa, se quería levantar inicialmente en La Zamora, pero después se cambió su ubicación hasta la prevista actualmente, justo debajo del núcleo poblacional y muy cerca de viviendas y empresas situadas por debajo de la carretera general o en las proximidades de la parte superior.

Tras una reunión con el alcalde, Adolfo González (PP), que califican de claramente “insatisfactoria”, según las fuentes consultadas y pese a que el gobierno local también rechaza la planta, los residentes y miembros de la plataforma vecinal contraria a la instalación decidieron redactar y presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito dirigido a todas las fuerzas políticas locales. El texto, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, se adelanta al próximo pleno municipal, en el que se prevé debatir y votar diversas mociones sobre este polémico proyecto, denominado Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW (Planta Tigaiga, expediente GE25/017).

La plataforma vecinal No eléctricas-Propano en la Cruz Santa recalcan que “no estamos defendiendo unas siglas políticas, sino nuestra salud, nuestra seguridad y el futuro de nuestras familias. Por ello, no vamos a tolerar que esta causa justa se convierta en una moneda de cambio o en un escenario de confrontación partidista”.

Los vecinos tienen claro que es el Gobierno de Canarias el que “realmente tramita la autorización administrativa”, aunque subrayan que eso no es óbice para que también se dirijan al Ministerio de Transición Ecológica y le trasladen el acuerdo de rechazo, toda vez que financia estas obras de emergencia. Además, abogan por las propuestas municipales que exigen a la corporación local que “active la vía jurídica y contencioso-administrativa si fuera necesario”.

Asimismo, aplauden que se defiende usar “todos los medios al alcance del consistorio para defender que esta planta no se instale en ningún lugar del municipio. Exigimos –añaden- que cualquier acuerdo institucional que emane de este pleno cumpla con los siguientes puntos irrenunciables: rechazo incondicionado y definitivo, pues no nos vale que se diga que la planta está más lejos en el polígono de La Gañanía”. En este sentido, aseguran que “el cambio de ubicación es una trampa administrativa” y, por eso, reclaman el “rechazo rotundo a esta infraestructura en cualquier parcela del término municipal”. También piden a la consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias “denegar formalmente la solicitud de autorización administrativa. No pedimos que miren para otro lado, sino que bloqueen el expediente”.

Otra de sus exigencias en este manifiesto pasa por un “compromiso jurídico real”, al considerar que el Ayuntamiento “debe comprometerse, por acuerdo plenario, a ejercer todas las acciones administrativas y judiciales necesarias (incluyendo recursos contencioso-administrativos) para frenar a la empresa promotora si las administraciones autonómicas fallan a los vecinos”. También aluden a los plazos y remarcan que “la resolución y archivo definitivo de esta amenaza debe materializarse de forma efectiva antes de mayo de 2027. No queremos promesas a futuro ni declaraciones de intenciones vacías ante las próximas elecciones. Instamos a los concejales y concejalas de todos los partidos a actuar con altura de miras, rigor técnico y un criterio de puntuación y redacción legislativa que no deje resquicios legales a la empresa promotora. Si la moción resultante se debilita mediante enmiendas de conveniencia para salvar la cara de unas siglas u otras, la plataforma señalará públicamente a quienes antepongan la disciplina de partido al bienestar de Los Realejos”.

La plataforma remata el manifiesto con un lapidario: “Ni en La Cruz Santa, ni en La Gañanía, ni en ningún rincón de Los Realejos. ¡Planta de propano, NO!”.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha adjudicado definitivamente las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros con IGIC, indica una nota de Obras Públicas.

La actuación partía de un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros por lo que el importe de adjudicación supone una reducción de más de 8,2 millones de euros respecto al presupuesto inicialmente previsto, aunque, según Obras Públicas, se mantienen los criterios técnicos y de seguridad establecidos para la ejecución de la infraestructura.

La intervención ampliará de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, lo que, según el Gobierno canario, favorecerá una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, y se sustituirá el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, y se evitará continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente.

Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá, según el Gobierno canario, a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico. 

Rectificaron en pocas horas, pero algunos particulares de La Orotava y Tenerife y al menos cuatro entidades ecologistas, sociales o partidos de Canarias (la Coordinadora Ecologista El Rincón, la plataforma Salvar Chira-Soria, algunas arquitectas de Cascos Púrpura y Asamblea por La Orotava) no les creyeron y han actuado en consecuencia. En las últimas semanas, y hasta la madrugada de este miércoles, cuando acababa el plazo, diversos colectivos y ciudadanos de las Islas han presentado alegaciones a la intención inicial del gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) de retirar y reubicar un total de 85 palmeras de la carretera del paraje protegido de El Rincón, en La Orotava, porque no se creen el anuncio que hizo esta administración a las pocas horas de que Canarias Ahora se hiciera eco de esta posibilidad y de la reacción rotundamente contraria de grupos como Asamblea por La Orotava, que en principio fue secundada por el gobierno de la Villa (CC).

En la mañana del pasado 18 de agosto, este periódico trasladó a sus lectores la honda polémica y el malestar generalizado que había causado la noticia de que el Boletín Oficial de la Provincia había anunciado un proyecto del Cabildo tinerfeño para retirar 85 emblemáticas palmeras canarias de la carretera que lleva a las tres playas orotavenses (El Bollullo, Los Patos y El Ancón) y a los dos millones de metros cuadrados protegidos y agrícolas de El Rincón, el primer espacio natural en España que propició una Ley regional de protección aprobada por el Parlamento canario en 1992 tras la iniciativa popular que logró 35.000 firmas y que derivó en el Plan Especial de 1997, que en realidad nunca se ha cumplido.

Se trata de 85 palmeras canarias de gran porte que llevan, en algunos casos, más de 50 años en esta vía y que forman parte ya de la idiosincrasia del lugar. De hecho, y como transmitieron a este periódico fuentes del gobierno orotavense, el rechazo el consistorio sería contundente de seguir adelante con la iniciativa aunque los ejemplares se replantaran, proyecto para el que se había previsto un total de 741.908 euros.

En principio, el gobierno insular sostuvo que se trataba del planteamiento de los técnicos y que todo obedecía al riesgo actual o futuro que las raíces de esas palmeras supuestamente representan para el firme de la calzada, aunque la mayoría de imágenes demuestran, al menos de momento, lo contrario: ningún desperfecto, ninguna grieta, nada de piche levantado en muchos casos, si bien sí en algunos.

Al mediodía de ese día 18, y tras las conversaciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento villero, la Administración de la Isla se rectifica a sí misma y envía un comunicado anunciando que se habían replanteado el proyecto en coordinación con el consistorio, con lo que, en teoría, ya no se contemplaba esa eliminación de las palmeras.

Sin cambios en el Boletín Oficial

Sin embargo, el proyecto ha continuado en el BOP sin ninguna rectificación o notificación posterior de ese supuesto cambio o reculamiento. Ante esto, y en diversos grupos de wasap, vecinos de La Orotava han lanzado una campaña para intentar alentar las alegaciones particulares ante las dudas de diversos grupos y colectivos que no se han creído la rectificación y las presentaron previamente. Estos orotavenses llaman la atención sobre el hecho de que hayan sido entidades de otras Islas las que se han movilizado ante cualquier duda y creen que sigue la incertidumbre sobre lo que pasará, por lo que alentaban que, “cuantas más alegaciones, mejor”.

El proyecto pretende intervenir en 1.500 metros lineales de la célebre carretera que baja a la zona orotavense de El Rincón. Aunque el documento técnico cifra las palmeras problemáticas en 80, se añaden cinco más a las condenadas a la mudanza sin más explicación. El Cabildo sacó a concurso la reforma de la vía y justificó de entrada la retirada de las palmeras y su trasplante en viveros por los daños que, según sostiene, producen sus raíces en el asfalto, algo que ponen en duda formaciones como Asamblea por La Orotava. De hecho, los propios técnicos insulares hablan de “degradación moderada, sin agotamiento estructural” de la carretera.

El Cabildo sacó a exposición pública el anuncio de estas obras en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 12 de agosto; es decir, en el mes menos hábil del año. El proyecto lo presentó Tecnologías Avanzadas de Macaronesia, S.A. y lo firma el ingeniero de caminos Óscar Pérez Hernández. Para el traslado de las palmeras se prevé un gasto de 82.909 euros, así como 213.155 para el firme (de un total de 741.000), 157.669 para obras complementaria, 64.624 para la gestión de residuos, 50.355 para salud y seguridad, 49.118 para demoliciones y acondicionamientos, 36.863 sólo por los desvíos de tráfico y 10.880 para la señalización, balizamiento y defensas.

Nuevo cierre temporal de parte de Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, aunque esta vez se procederá a prohibir los chapuzones no sólo en la cala de Punta Brava, sino, además, en la que se sitúa entre esta y la de El Castillo, conocida popularmente en la principal ciudad turística de Tenerife como El Charcón. Fuentes de la plataforma vecinal Stop Vertidos confirman a Canarias Ahora el cierre inminente de estas dos calas, que se suma al efectuado en la de Punta Brava el pasado mes de agosto.

Como en aquella ocasión, el cierre apenas duró un día y, según han trasladado desde el Ayuntamiento portuense a la plataforma, se espera que esta nueva prohibición de baño no se extienda más allá de uno, dos días o, a lo sumo, hasta el próximo lunes, aunque todo dependerá de las analíticas sobre contaminación por aguas fecales.

Según traslada la entidad a este periódico, los últimos análisis de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, aconsejan esa medida en el caso de la playa mayor, la de Punta Brava, conocida también como María Jiménez y de mejor calidad de arena, mientras que las analíticas privadas encargadas por el Ayuntamiento portuense daban positivo en el caso de El Charcón. Ante unos informes contradictorios entre unos y otros, el gobierno local (PP-ACP-CC) ha optado por cerrar estas dos calas, según le trasladó el alcalde, el conservador Leopoldo Afonso, a la plataforma este mediodía. En ambos casos, las analíticas dan por encima de 800 en escherichia coll (bacteria fecal), cuando la referencia aconsejada como máxima es de 500.

Se da la circunstancia de que el pasado día 21 de agosto, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, exalcalde y hermano del máximo mandatario actual en la ciudad, recalcaba en Gente Radio, emisora portuense, que el cierre en agosto “apenas duró 24 horas” (en realidad, duró 47 horas), al tiempo que detallaba las dificultades para reponer el emisario y desarrollar las obras previstas en la depuradora del Valle de La Orotava, si bien resaltando las gestiones realizadas por las distintas administraciones.

Días antes, Leopoldo Afonso afirmó en esa misma emisora que las obras por la rotura del emisario no se llevarán a cabo antes de mayo de 2027 (elecciones locales) porque se retrasan las autorizaciones de Costas del Gobierno de España. Sin embargo, esas competencias están ya en manos del Ejecutivo canario y, además, tanto las del emisario como las de la depuradora están autorizadas por la Comunidad, toda vez que ese traspaso de competencias se produjo en 2023.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la principal ciudad turística del norte de Tenerife, se expone a una sanción de 3.005 a 601.012 euros en función de si el Gobierno de Canarias considera que ha incumplido con su obligación de cerrar al baño una de las tres calas de Playa Jardín (la de Punta Brava) tras la analítica que dio positiva por contaminación fecal el pasado 22 de junio, víspera de San Juan, con una gran fiesta prevista en esa zona. En un informe de Salud Pública del 24 de ese mes, se constata que el consistorio no siguió la exigencia de impedir el baño en esa playa justo el 23 y 24 de ese mes y todo depende ahora de si esto se considera por la Comunidad una infracción leve, grave o muy grave, aunque el gobierno local (PP-ACP-CC) se muestra a Canarias Ahora totalmente tranquilo y no teme esa multa.

De considerarse una infracción leve, la sanción se podría fijar en un máximo de 3.005 euros, las “graves” fluctúan entre esa cantidad y los 15.025, mientras que las “muy graves” van de esos 15.025 hasta un tope de 601.012 euros, según los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

En el artículo 38, se deja claro que se consideran “infracciones sanitarias muy graves” aquellas en las que comprueba el “incumplimiento doloso o gravemente culposo de las normas sanitarias, cuando produzca o daño efectivo a la salud individual o pública”. También se alude a la “resistencia a colaborar con las autoridades sanitarias en situaciones de riesgo inminente y grave para la salud individual o pública” y el “incumplimiento reiterado de órdenes específicas de las autoridades sanitarias”, que es lo que se deduce de ese informe de Salud Pública del 24 de junio.

En ese documento, se constata que se había comprobado que no se llevó a cabo ningún cierre, si bien se sostiene que el “concejal que se encontraba en la playa en el momento de la inspección manifiesta que colocaron la información del cierre, pero que la gente la había quitado”. Esto, sin embargo, contrasta a las claras con las contundentes, visibles y hasta expeditivas medidas tomadas el 12 de agosto cuando, tras otra analítica positiva por contaminación fecal, se cerró toda la playa de Punta Brava con vallas y se prohibió el baño, de forma que ni siquiera se podía bajar a la arena, algo que no se dio en el año en que estuvo desaconsejado el baño de julio de 2024 a junio de 2025.

Pese a este evidente riesgo de posible sanción, desde el gobierno portuense se traslada a Canarias Ahora la casi seguridad de que no habrá multa y que la actuación del consistorio ha sido en todo momento la adecuada y legal.

Fuentes del equipo gobernante subrayan el “enorme trabajo desarrollado” y hasta “la forma en que se ha informado puntualmente a los medios de comunicación, facilitando toda la documentación disponible, incluidos los correspondientes análisis”. Se trata, por tanto, de “una cuestión de acreditación documental y de cumplimiento de los procedimientos establecidos.

En cualquier procedimiento administrativo, judicial o sancionador, lo determinante son los hechos y las pruebas. Y, hasta donde alcanza la documentación, existen elementos suficientes para acreditar no sólo que no se ha actuado al margen de la legalidad, sino que las decisiones se han adoptado siguiendo escrupulosamente los procedimientos oficiales y actuando en consecuencia“, por lo que no existe ningún temor a esa posible multa.

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles de que procederá, a partir del próximo 30 de agosto, al cierre total del tramo del Anillo Insular de la carretera TF-5 comprendido entre los puntos kilométricos 50+900 y 62+200, entre los municipios de Icod de los Vinos y El Tanque, por obras de rehabilitación del firme.

La actuación afectará a los accesos de Icod de los Vinos, a la altura de la rotonda de Buen Paso, y El Tanque, así como al enlace de desvío hacia El Amparo, detalla la corporación insular en un comunicado.

Los trabajos comenzarán los días 30 y 31 de agosto en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, para ejecutar las labores previas de regularización del firme.

A partir del martes 1 de septiembre, el corte se ampliará también al horario diurno, coincidiendo con el inicio del extendido del microaglomerado en frío.

La duración prevista de la actuación es de aproximadamente dos semanas, en función del desarrollo de los trabajos y de las condiciones necesarias para su ejecución.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, esgrime que esta medida responde a “una necesidad estrictamente técnica”, ya que las condiciones nocturnas no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos debido al material que se va a emplear y es preciso que tenga unas condiciones ambientales determinadas para que se consolide adecuadamente.

Mientras duren las obras se establecerán desvíos de tráfico preferentemente a través de las carreteras TF-42 y TF-82.

El Cabildo de Tenerife solicita a los conductores que tengan en cuenta esta afección durante el periodo de ejecución de los trabajos, planifiquen sus desplazamientos y sigan en todo momento la señalización provisional y las indicaciones establecidas en la zona.

La plataforma Salta a la Transición Ecológica denuncia el intento de boicot a la captación de firmas digitales contra la planta de gas que pretende instalar la empresa Disa en Los Realejos (en el norte de Tenerife), primero en La Zamora y, ahora, cerca de casas del barrio de La Cruz Santa, en ambos casos con el rechazo del gobierno local (PP) y del resto de grupos del ayuntamiento.

La entidad explica que se han topado con un intento de obstaculizar la recogida de firmas de vecinos de La Cruz Santa y del resto de la localidad o de fuera y que, de hecho, “alguien ha logrado paralizar la recogida digital denunciándola en Google”, aunque no saben bajo qué pretexto “puesto que la política de protección de datos estaba completa e incluida en el texto”.

Según recalcan, “ante este hecho los vecinos han redoblado el esfuerzo en la recogida en papel en distintos sitios pero, sobre todo, en el municipio y la respuesta ha sido amplia en Los Realejos en contra de esta central de propano al lado de viviendas”.

La plataforma recuerda que el Gobierno canario “tiene la llave para desactivar este atropello de infraestructura contaminante y peligrosa, sencillamente no concediendo la autorización. Esta es la decisión que esperan los vecinos y el propio Ayuntamiento de Los Realejos del Ejecutivo regional”. Pese a los obstáculos, continúan con su campaña de recogida de firmas en diferentes ámbitos y, como ya hicieran cuando se intentó instalar esta planta en La Zamora, dejan claro que seguirán en la lucha para evitarla.

Mientras, las posturas sobre esta iniciativa siguen igual. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), considera que esta instalación no tiene cabida en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y así se lo trasladará al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar la situación con sus concejales en el primer consejo de gobierno de septiembre.

Por su parte, la compañía, en la respuesta a las alegaciones de los vecinos, defiende la total legalidad de la planta y su necesidad por los riesgos de apagones energéticos, que es la principal línea argumental, asimismo, de la consejería regional de Transición Ecológica que dirige Mariano Hernández Zapata (PP).

La Orotava, en el norte de Tenerife, aprobó hace 33 meses solicitarle al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada para, entre otras medidas, poder topar los precios de los alquileres, al menos, de la zona del casco histórico, pero sigue sin dar ese paso propuesto por los concejales de Asamblea por La Orotava y respaldado por el pleno local hace casi tres años.

Este importante municipio del norte de Tenerife, el de mayor superficie de la Isla y con el 72% del Parque Nacional del Teide, cuenta con una población de unos 42.500 habitantes, y su Ayuntamiento ha elaborado un reciente informe sobre los precios de las casas (de venta y alquileres) de 2020 a 2023 que fue expuesto en la comisión de Urbanismo del pasado 1 de julio y que constata que la localidad no sólo cumple los requisitos para la declaración de zona tensionada en el casco histórico, sino que también lo hace la mayoría de sus barrios, con aumentos de las cantidades que se piden de hasta el 129% en algunas de esas zonas periféricas, como ocurre en Pinolere, Aguamansa y La Florida. El límite exigido para declarar la zona tensionada es del 19%. Además, hay zonas con incrementos del 60 y 70%.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta ahora ninguna de las peticiones recibidas para declarar zona tensionada en ningún municipio de las Islas. El Ejecutivo de Clavijo no aplica la Ley estatal de Vivienda y, de hecho, cuando esta fue aprobada, anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que después no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. El Gobierno canario ha señalado en diversas ocasiones que su solución a la crisis de vivienda en las Islas pasa por construir más y más rápido, sin adoptar medidas para regular los precios de los alquileres o controlar la especulación.

En el pleno de este pasado martes, el gobierno local (CC) admitió que aún no ha remitido al Ejecutivo regional esa solicitud, en la que insiste desde hace mucho tiempo grupos como Asamblea por La Orotava. Una situación que critica el portavoz de esta coalición, Manuel Pacheco, que censura que “ni siquiera sepan el procedimiento para declarar el municipio zona tensionada pese a contar ya con ese informe del mercado inmobiliario, que nos mostraron en comisión, pero que aún no poseemos porque, como siempre, no lo adjuntaron a la convocatoria y que hemos pedido durante todo este mes de julio”.

“Aún no han abordado ni qué hacer con ese diagnóstico, si enviarlo o no a la Comunidad, pese a que la ley es clara y obliga a adjuntar un plan específico de medidas cuando se cumplen los requisitos de las llamadas zonas tensionadas”, comenta a Canarias Ahora. Además, compara a La Orotava con otros municipios que sí han enviado la solicitud en menos de un año.

Versión del gobierno local

Durante el pleno, el portavoz de CC y edil de Hacienda, entre otras áreas, David Felipe Benítez, explicó que ese estudio no se elaboró en exclusividad para la declaración de zona tensionada, sino que “es mucho más ambicioso sobre el mercado residencial en La Orotava, abarcando múltiples aspectos sector por sector, distrito por distrito en función de la población, edades, precios de la vivienda y cómo ha evolucionado. Incluso, planifica el futuro y prevé las nuevas viviendas a construir según el PGO y, por tanto, va mucho más allá que un simple informe sobre la declaración de zona tensionada”. Además, remarcó que “no es el ayuntamiento el que declara esa zona, sino el Gobierno regional el competente y no hemos enviado el acuerdo plenario porque no tendría ningún sentido y sería absurdo hacerlo sin los datos del estudio para que se puedan estudiar. Es ahora, cuando ya se ha informado en comisión, cuando ese acuerdo del pleno se enviará con ese estudio de forma conjunta y ya nos informarán sobre si procede o no procede”.

Sobre el plan de acción municipal en esta materia, y también a preguntas de Asamblea, indicó que se redactará en función de esa respuesta autonómica, “si cumplimos o no con lo de la zona tensionada para no empezar trabajos en balde. 33 meses después, no se han leído la ley”, les reprochó.

Grandes tenedores

El edil de Asamblea por La Orotava ya se quejó públicamente el pasado mes de junio de que el Consistorio villero lleve 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No lo hace por la mayoría de contribuyentes, a los que beneficia una congelación así, sino por los grandes tenedores de inmuebles, sobre todo constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve viviendas.

Según esgrime, el Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 casas vacías en la localidad. Si la mitad de estas propiedades pertenecen a grandes tenedores, “principalmente a entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”. Esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda, “una de las grandes debilidades de la gestión local”.

Sin embargo, el gobierno orotavense se ha escudado hasta ahora, según denuncia, en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

Benítez explicó entonces a este periódico que Benítez, explica a este periódico que, “en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (grandes empresas y entidades bancarias)”, si bien reconoció que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añadió que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tengamos ese estudio”.

La compañía TITSA incorporará este martes guaguas de dos pisos para reforzar las líneas 100 y 108, que enlazan Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos con la capital tinerfeña, dos rutas que mueven unos dos millones de pasajeros al año, según ha informado este lunes el Cabildo de Tenerife.

A la presentación de estos vehículos han asistido este lunes la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, y los alcaldes de La Orotava e Icod de los Vinos, Francisco Linares y Javier Sierra, respectivamente, en un acto donde se informó de que estas líneas son utilizadas preferentemente por usuarios residentes en la isla.

En concreto Rosa Dávila explicó que el 90% de las personas que utilizan estas rutas vive en Tenerife, y en el caso de la 108, el porcentaje es aún mayor, del 97%.

Gracias a la doble altura, la capacidad aumenta un 44% al pasar de 59 a 85 butacas por vehículo, lo que implica ofrecer miles de plazas adicionales al año en estas rutas, según la corporación insular.

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señaló que esta semana se prevé la llegada de otras tres guaguas de doble piso y el Cabildo ya ha adjudicado la compra de otras cinco que llegarán en 2027.

Estos nuevos modelos prestan servicio también en la autopista del sur (TF-1), concretamente en las líneas directas 110 y 112, que unen Santa Cruz con Costa Adeje y Los Cristianos, respectivamente.

García destacó que los vehículos han sido fabricados de forma “artesanal” para adaptarse a las características de Tenerife y las necesidades del servicio.

Además, señaló que cuentan con tecnología de última generación para garantizar tanto la seguridad de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor.

Entre estos equipos, destaca el sistema de arranque con control de alcoholemia (Alcolock), un sistema de aviso por abandono de carril o de detección en ángulo muerto que avisa al conductor o conductora si detecta la presencia de una bicicleta, peatón u otro elemento en una zona de riesgo.

También disponen de cámaras digitales que sustituyen los retrovisores convencionales y siete cámaras de videovigilancia en el interior, cuatro en la planta inferior y tres en la superior.

La entrada en servicio de las guaguas de doble piso forma parte del proceso de renovación integral de la flota que impulsa el Cabildo de Tenerife pues, en apenas tres años, se han incorporado 351 nuevos vehículos, lo que sitúa a TITSA entre las flotas más modernas de España, con una antigüedad media cercana a los tres años.

La renovación continuará durante los próximos meses con la llegada de otras 57 guaguas antes de finalizar el año y de 25 nuevas unidades en 2027 destinadas a trayectos interurbanos.

Cinco de ellas serán también de doble piso, lo que permitirá elevar hasta 18 el número de estos vehículos.

La inversión realizada por el Cabildo de Tenerife supera los 125 millones de euros y ha permitido reducir en más de un 7 % las emisiones de la flota de TITSA.

Esta modernización coincide, además, con el mejor momento del transporte público en la isla, que superó los 87 millones de viajeros en el último año, el mayor registro de su historia.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha asegurado este viernes que la calidad del agua de baño en Playa Jardín es “excelente”, si bien ha admitido que el pasado 22 de junio hubo un resultado “discordante” en un muestreo, registrado por Salud Pública, al que siguieron otros “plenamente favorables” que descartan “una contaminación continuada o generalizada”.

En una rueda de prensa, el regidor expuso que Playa Jardín permanece abierta desde el 17 de junio de 2025, después de estar sometida a un proceso de recuperación sustentado en controles sanitarios, trabajos continuados sobre la red de saneamiento y medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de alivios, obstrucciones y vertidos accidentales, con resultados ahora “excelentes”.

Cabe destacar que Playa Jardín estuvo cerrada al baño desde julio de 2024, por vertidos fecales al mar, hasta su reapertura en junio del pasado año.

Afonso ha respondido así a las recientes acusaciones realizadas por el PSOE, que ha denunciado que del 22 al 24 de junio se registró un episodio de contaminación microbiológica en Playa Jardín, sin que se procediese al cierre del baño como estaba recomendado, y que además, ha pedido un pleno extraordinario en agosto en el Cabildo insular para debatir los problemas en el litoral de la isla.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el 22 de junio hubo “un resultado aislado registrado por Salud Pública” en el punto de muestreo PM5, correspondiente a la zona de El Charcón, pero las muestras posteriores realizadas por la autoridad sanitaria “ofrecieron valores plenamente favorables”, y encargó por su parte analíticas a un laboratorio independiente que también acreditaron una calidad excelente del agua.

“El conjunto de las muestras posteriores descarta la existencia de una contaminación continuada o generalizada en Playa Jardín”, ha subrayado el Gobierno municipal.

El único resultado “discordante” fue “contradicho inmediatamente por diferentes análisis posteriores” y por tanto “debe ser estudiado desde un punto de vista técnico y no utilizado para generar alarma entre la ciudadanía”, ha defendido el alcalde.

Según el Ayuntamiento, la divergencia “deberá ser determinada por los organismos competentes, sin convertir una hipótesis sobre la toma de la muestra en una conclusión definitiva”.

El alcalde de Puerto de la Cruz, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández; y el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, ha asegurado que el Ayuntamiento, durante esos días, “no recibió ninguna comunicación oficial” de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín.

Entonces, el alcalde dice que el Ayuntamiento no podía ejecutar una medida sanitaria que no le había sido comunicada oficialmente. Por el contrario, fue el propio Gobierno local el que trasladó a Salud Pública, mediante oficio remitido el 24 de junio, los resultados de las analíticas encargadas por el consistorio para verificar preventivamente el estado del agua durante las celebraciones de San Juan.

“No existió ninguna comunicación oficial al Ayuntamiento que indicara que Playa Jardín debía cerrarse. Lo que sí existen son documentos, analíticas y resultados que confirman que el agua presentaba una calidad excelente”, ha sostenido Leopoldo Afonso.

Para ello, el regidor ha presentado durante la comparecencia un certificado emitido por la Secretaría accidental del Ayuntamiento en el que se hace constar que los días 22 y 23 de junio no tuvo entrada en el consistorio ninguna comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que la respuesta municipal se sustenta “en documentación oficial y en resultados científicos, no en sospechas ni en afirmaciones alarmistas”.

Por otro lado, ha asegurado que “Playa Jardín es probablemente una de las zonas de baño más controladas de Tenerife y continuará sometida a una vigilancia constante para garantizar la seguridad de residentes y visitantes”.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz no consigue empresas para buena parte de los con cursos públicos que ha convocado desde diciembre del año pasado. Así ha ocurrido con las obras de reforma y acondicionamiento de algunos proyectos considerados relevantes para la ciudad, como las del local social El Peñón, la de la escuela infantil Jacaranda o la de la plaza de La Vera.

En el caso del local social, y según consta en el sitio web de contratos del Estado desde el 1 de julio, se declara desierto el lote número 1 de este proyecto y se explica que la empresa propuesta como adjudicataria no ha podido constatar su capacidad para contratar, dentro de la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, por lo que no se ha confirmado “la validez de la oferta” según los términos del concurso.

También se declara desierta la rehabilitación de la citada escuela infantil al “no haber ninguna oferta válida, toda vez que el único licitador que respondió a la invitación (…) presentó una oferta y documentación administrativa que no se corresponde con este expediente de contratación”. Asimismo, y en el caso de las obras de la plaza de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, en el barrio de La Vera, quedó desierto el concurso la fase 1 de la urbanización tras no presentarse ninguna oferta.

Mientras, las obras del cine Chimisay, con las que se pretende transformar este célebre edificio en un espacio multifuncional y cultural, se han llevado ya dos veces a concurso ampliándose el plazo y se ha vuelto a extender una tercera vez hasta el 30 de julio porque, de momento, no se han podido adjudicar desde el 19 de junio.

Estos tres proyectos los impulsa el área de Urbanismo, que dirige David Hernández (ACP), si bien hay otro del departamento de Hacienda, que lleva Pedro Antonio Campos (PP), relativo al aparcamiento de la plaza de La Constitución y cuyo con curso también ha visto ampliar dos veces el plazo para presentar propuestas, pero sin éxito.

Por tanto, y salvo que haya empresas que convenzan con lo de las obras del cine Chimisay, cuatro proyectos desde finales de 2025 que siguen atascados pese al trabajo administrativo para sacar los concursos.

Canarias Ahora ha pedido la opinión del gobierno local (PPO, ACP y CC), pero sin lograr respuesta hasta ahora.

Nueva Canarias ha pedido este martes explicaciones y la depuración de responsabilidades tras la denuncia realizada por la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm) sobre el presunto uso de compuestos derivados del cloro para el tratamiento de las aguas afectadas por los vertidos en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Se trata de la misma playa que permaneció cerrada durante un año por vertidos fecales en sus aguas.

Según expone la formación, la asociación ha alertado del posible empleo de compuestos organoclorados, entre ellos trihalometanos y otros subproductos de la cloración, para el tratamiento de las aguas de baño.

Nueva Canarias advierte de que estas sustancias, si se estuvieran utilizando, podrían representar un riesgo para la salud pública y el medio ambiente por su potencial toxicidad y reclama que cualquier actuación esté avalada por criterios científicos, técnicos y sanitarios.

El portavoz de NC-BC en Tenerife, Valentín Correa, ha pedido a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que aclare los procedimientos aplicados y publique la información técnica que los respalda, al tiempo que ha solicitado que se depuren responsabilidades si se confirma el uso de estos compuestos.

La formación considera que esta situación vuelve a poner de manifiesto la gravedad de la crisis de los vertidos que afecta desde hace años al litoral de Puerto de la Cruz y sostiene que el problema responde a décadas de insuficiencia de inversiones en las infraestructuras de saneamiento y depuración.

Asimismo, NC-BC ha reclamado al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que impulsen soluciones definitivas para acabar con una situación que, además de afectar al medio ambiente y a la salud pública, perjudica la imagen turística del municipio y la actividad económica vinculada al sector.

Playa Jardín permanece afectada por problemas de contaminación derivados de los vertidos de aguas residuales, una situación que ha motivado cierres al baño y distintas actuaciones de las administraciones para tratar de recuperar la calidad de sus aguas.

Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de este municipio del norte de Tenerife. De hecho, en la costa de toda la isla hay numerosos vertidos de aguas residuales sin autorización, que representan menos de un tercino del total, según ha denunciado este mismo martes la Fundación Canarina.

La respuesta dada este 24 de junio por parte del director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, a unas alegaciones presentadas a la modificación de la autorización del vertido desde tierra al mar de las aguas residuales urbanas depuradas en la EDAR de Puerto de la Cruz (que abarca al Valle de La Orotava y Santa Úrsula) han permitido difundir una nueva fecha para la conclusión de las obras de rehabilitación del emisario submarino de la zona.

Estos trabajos, envueltos en la polémica del consejo público de no bañarse en Playa Jardín desde julio de 2024, se adjudicaron en junio de 2025 por 2,7 millones de euros a la empresa Ferrovial y se recalcó que tendrían un plazo ejecutorio de 16 meses. Sin embargo, en la citada respuesta de la dirección, dependiente de la consejería regional de Transición Ecológica y Energía, se apunta que, “tras la obtención de los necesarios permisos”, se prevé que la conclusión de las obras tenga lugar, “de manera aproximada, en diciembre de 2027”.

Esta actuación comenzó tras los trabajos ejecutados en los pozos filtrantes. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), y el vicepresidente, Lope Afonso (PP), se trasladaron al Puerto de la Cruz para detallar esta actuación en el emisario y recalcaron que se invertiría un total de 30 millones para “acabar con los vertidos, proteger el litoral y garantizar un tratamiento adecuado del agua”, cifra que incluye la nueva estación depuradora y esta reforma del emisario que, sin embargo, va a incumplir el plazo anunciado entonces de 16 meses por un total de 28.

Las obras del emisario consisten en la sustitución de la instalación submarina en el barrio de Punta Brava en un tramo que presentaba poliéster reforzado con fibra de vidrio y en el que se situaba la fisura hallada. El nuevo material es de polietileno de alta densidad, lo que, según el proyecto, mejorará la situación actual del vertido, aparte de que se repondrán las tapas en este tramo, “en el que los bloques prefabricados, que funcionan como muertos de anclaje de la conducción, las han perdido, así como el fondeo de nuevos bloques de lastre para la zona de difusores”.

Estas obras, presentadas como una clara apuesta por resolver el problema de las aguas residuales en la comarca del Valle, se completan con la construcción de la nueva EDAE, con una inversión prevista de 25 millones de euros. Una depuradora prevista para unos 100.000 residentes de La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos y Santa Úrsula.

Además, se invirtieron dos millones en la instalación del sistema terciario de la actual depuradora, con el fin de disponer de un caudal adicional de agua regenerada para riego, que se impulsa desde la EDAR hasta la balsa de La Cruz Santa, en Los Realejos, reforzando el suministro agrícola en la comarca.

Por otro lado, quedan pendientes también las obras de mejora del alcantarillado de las viviendas de Punta Brava, con una inversión de un millón para disponer de una red de saneamiento moderna que evite vertidos.

Una de las playas más salvajes y hermosas de la isla de Tenerife se encamina a su tercer verano cerrada, sin que se pueda disfrutar de sus aguas abierta al océano ni de su arena negra volcánica.

Es lo que ha denunciado el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, que ha puesto sobre la mesa este miércoles el incumplimiento por parte del grupo de gobierno -Coalición Canaria y Partido Popular- de los acuerdos alcanzados tras el debate celebrado en diciembre de 2025 sobre la situación de la playa de Los Patos y el conjunto del paraje de El Rincón, en La Orotava.

El consejero socialista Javier Rodríguez Medina ha criticado que, transcurridos más de seis meses desde aquel debate, no se haya producido ningún avance efectivo para facilitar la reapertura de la playa, que permanece cerrada desde diciembre de 2023.

“Lo más grave ya no es solo que no hayan cumplido nuestra propuesta inicial. Lo más grave es que los compromisos que asumieron entonces han quedado en papel mojado. No se ha producido ningún avance, no se han iniciado expedientes administrativos y comenzamos un verano más, el tercero, con Los Patos cerrada”, lamentó Rodríguez Medina.

El Grupo Socialista recuerda que en diciembre ya advirtió del riesgo de que el cierre se cronificara ante la ausencia de una hoja de ruta clara, un calendario de actuaciones y compromisos concretos por parte del gobierno insular. Seis meses después, considera que aquella preocupación estaba plenamente justificada.

“Han pasado dos veranos completos desde el cierre de la playa, se inicia el tercero, y seguimos exactamente en el mismo punto. No existe una planificación pública conocida, no se han impulsado los trámites necesarios y nadie es capaz de explicar cuándo podrá volver a abrirse este espacio tan importante para la ciudadanía y para quienes visitan la isla”, señaló el consejero socialista.

Rodríguez Medina considera especialmente preocupante que no se hayan iniciado los procedimientos administrativos necesarios para avanzar hacia una solución. “Cuando ni siquiera se ponen en marcha los expedientes, resulta imposible plantear plazos o expectativas razonables. Lo que vemos es una absoluta falta de impulso político”, afirmó.

Un nuevo verano sin respuestas

“Mientras miles de personas buscan espacios de baño y disfrute del litoral, el gobierno insular sigue sin ofrecer respuestas ni avances. Los Patos forma parte de la identidad de Tenerife y no puede quedar condenada indefinidamente al abandono por la inacción de las administraciones”, indicó Rodríguez Medina.

El Grupo Socialista insiste en que El Rincón dispone de instrumentos de gobernanza específicos y de un marco jurídico consolidado para coordinar actuaciones entre las distintas administraciones implicadas, por lo que considera injustificable la falta de progresos registrados durante este tiempo.

Por ello, el PSOE de Tenerife exige al Cabildo que informe públicamente sobre las actuaciones realizadas desde diciembre de 2025, detalle los expedientes iniciados y establezca una hoja de ruta clara que permita avanzar hacia la reapertura segura de la playa de Los Patos.

“No podemos permitir que el cierre se convierta en una situación permanente. La ciudadanía merece transparencia, planificación y soluciones. Lo que no puede seguir habiendo son excusas y promesas incumplidas”, concluyó Javier Rodríguez Medina.

La izquierda alternativa, a la izquierda del PSOE, en el municipio de Los Realejos no sólo consolida su unidad para las elecciones locales de 2027, movimiento con el que quieren servir de ejemplo en otras localidades y a otras administraciones en Canarias, sino que tienen claro en qué asentar gran parte de su proyecto: en la recuperación, implicación y máxima cercanía y escucha a los barrios y sus vecinos. Por eso, y según trasladan a Canarias Ahora, han organizado una primera asamblea en el núcleo de Tigaiga para el próximo 20 de junio, cita en la que quieren que los protagonistas sean los residentes que asistan, exponiendo sus necesidades, propuestas, prioridades y exigencias a una plancha electoral al consistorio.

Esta unión la promueven fuerzas como Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Podemos, aunque sigue abierta a cualquier otro partido o entidad que quiera sumarse porque consideran determinante la mayor concentración posible de formaciones progresistas, y más en el contexto actual de la izquierda en general en Canarias, España y el mundo, con una ultraderecha al alza y una derecha conservadora cada vez más permeable o coincidente con banderas ultras como el concepto de “prioridad nacional”.

Las formaciones que promueven esta unidad tienen claro que la única opción de volver a tener representación en el Ayuntamiento realejero es con una confluencia lo más amplia posible, que ilusione y movilice a un electorado progresista realejero que, durante muchos años, gobernó o no sólo dio mayorías absolutas al PSOE, sino representación a fuerzas como ICU, ICAN o IU. De hecho, los socialistas gobernaron con mayorías absolutas de 1979 a 2003, volvieron al gobierno en el mandato 2007-11 con un pacto con CC muy mal visto por los dirigentes nacionalistas superiores y, desde 2011, han visto como el PP ha asentado unas crecientes mayorías absolutas, con un PSOE con una media de 5-6 ediles, CC con sólo uno y con la izquierda alternativa con varios mandatos sin ningún edil, como ocurre en el presente.   

Por eso, las formaciones que apuestan por la máxima unión llevan meses reuniéndose, han notado una gran acogida al anuncio de esa posibilidad y se han lanzado ya a presentar su proyecto y, sobre todo, escuchar a los vecinos de cada uno de los numerosos barrios y núcleos clave del casco, como la parte céntrica de Realejo Bajo y Alto, en pro de la mejor imbricación con el pálpito social y las necesidades de los residentes, atendiendo siempre a los diferentes grupos de edad.

“¿Por qué cuentan cada vez menos las necesidades de los vecinos y vecinas?”

La primera reunión tendrá lugar el sábado 20 de junio, a partir de las 12:00 horas, en la sede de la Asociación de Vecinos de Tigaiga. La organizan bajo una pregunta lema muy explícita: “¿Qué está pasando en nuestros barrios? ¿Por qué cada vez cuentan menos las necesidades de vecinos y vecinas?”. Añaden otro mensaje con carga de profundidad (“Nuestros barrios, ante la deriva”) y anuncian la participación de Pablo Esteve Hernández como conductor de una charla y debate en el que se quiere asentar una alternativa para el municipio desde la izquierda transformadora con una idea fuerza clara: que los barrios “no se abandonan, sino que se defienden”. 

Según señalan sus promotores a este periódico, se compartirán análisis y propuestas para afrontar los principales retos que afectan a los barrios del municipio y se pretende abrir así “un espacio de reflexión y diálogo” sobre la situación que atraviesan muchos núcleos de Los Realejos, “marcada por problemas como el deterioro de los servicios públicos, las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de lugares de participación vecinal, las carencias en movilidad y la necesidad de fortalecer la cohesión social y comunitaria”.

Durante el acto, se expondrán propuestas para la defensa y revitalización de los barrios, “apostando por políticas centradas en la justicia social, la participación ciudadana, la mejora de los servicios públicos y la construcción de un municipio más habitable, inclusivo y sostenible Desde la Confluencia Realejera -remarcan-, se hace un llamamiento a la ciudadanía, al tejido asociativo y a los colectivos vecinales a participar en esta reunión, que pretende ser un punto de partida para impulsar soluciones colectivas frente a los desafíos que afrontan los barrios realejeros”.

Además, insisten en que quieren servir de ejemplo a otros municipios del Norte de Tenerife y del resto de Canarias en pro de la unidad de la izquierda alternativa, lejos de la atomización que tanto les perjudicó en 2023 en administraciones como la regional o el Cabildo de Tenerife, así como numerosas localidades con tres, cuatro o más planchas a la izquierda del PSOE.

La Orotava, en el norte de Tenerife, lleva 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y seguramente la inmensa mayoría de los residentes lo agradecen a fondo. Sin embargo, todo tiene sus peros y, en este caso, y según señala a Canarias Ahora el grupo de Asamblea por La Orotava, lo discutible es que se lleve ese tiempo sin aplicar ningún aumento a los grandes tenedores de casas del municipio, especialmente a constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve inmuebles (de haberlos).

El Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 viviendas vacías en la localidad. Manuel Pacheco, concejal de Asamblea, señala que, si la mitad de esas casas pertenecen a grandes tenedores, haciendo hincapié en entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, “se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”.

A su juicio, esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda. Un ámbito que, a su juicio, supone una de las grandes debilidades de la gestión de CC desde hace mucho tiempo. Además, insiste en la necesidad de que se pueda declarar alguna zona, como el casco histórico, “tensionada”, lo que haría que aquellas empresas, bancos o propietarios con cuatro o más inmuebles entren también en la consideración de grandes tenedores y se les pueda aplicar esa subida de esta tres veces la cantidad del IBI que les cobra el consistorio.

Para Asamblea, lo más triste hasta ahora, desde que se aprobó la ley estatal de 2023, es que el gobierno orotavense se ha escudado en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

La versión del gobierno local, que está elaborando un informe

El concejal de Hacienda de La Orotava, Felipe David Benítez, explica a este periódico que, en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (“grandes empresas y entidades bancarias”), si bien admite que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añade que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tangamos ese estudio”.

Para Asamblea, se llega tarde, al pasar ya tres años de la ley sin se haya elaborado ese informe y, sobre todo, sin que se haya aplicado un incremento a estos grandes tenedores que, a su juicio, compensarían de sobra al consistorio si simplemente se atiende al actual PGO.

Ningún municipio de Canarias ha sido declarado zona tensionada, pese a que varios lo han solicitado formalmente, ya que la decisión depende del Gobierno regional, que se ha negado desde el principio a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda.

El gobierno del Puerto de la Cruz (PP, ACP y CC), la principal ciudad turística del Norte de Tenerife, descarta hallar nuevas oquedades en el Lago Martiánez tras el análisis elaborado estos días por buzos y otros especialistas en una de las instalaciones turísticas más visitadas de la Isla. El estudio surge después de que se produjera un pliego en una parte considerable de la zona más expuesta al rompiente del Atlántico, en el área anexa al Monumento al Mar, uno de los referentes de esta obra señera de los años 70 (se inauguró en 1977, aunque los trabajos comenzaron mucho antes) con el sello de César Manrique.

Ese pliegue preocupó inicialmente a los responsables del mantenimiento y al consistorio, al producirse hacia arriba y elevarse el suelo unos pocos centímetros. Tras las pertinentes catas e inspecciones mediante buzos, se intervino en la importante oquedad descubierta, que se rellenó con hormigón. No obstante, y como confirma a Canarias Ahora el alcalde, Leopoldo Afonso, convenía hacer un análisis más exhaustivo, que finalmente ha constatado que no existen más huecos peligrosos, ni siquiera en esta área, donde rompe con más fuerza el Atlántico de toda la instalación.

Mientras, los operarios continúan con la recuperación de este espacio, un área relevante de la principal piscina (la propiamente llamada Lago), una vez completada la plataforma de cemento y a falta de recolocar las baldosas empedradas. Esta zona, por supuesto, se encuentra ahora cerrada a los bañistas, aunque se espera reabrirla cuanto antes.

Al principio, se temió que el hueco hallado pudiera tener otras réplicas cercanas y en otros sitios de una instalación con casi medio siglo de vida y que se levantó en una amplísima área de bajíos, charcos, entrantes y caprichos de la lava al besar el océano. Por eso, y según señala el alcalde, se hizo un análisis más amplio que, de momento, descarta más riesgos problemas futuros en este sentido para una de los atractivos turísticos y de baño más importantes y célebres de Tenerife.       

El acuciante problema de la vivienda, de los incontrolados precios de venta, las zonas tensionadas con prohibitivos alquileres, parece ser ajeno a algunos municipios canarios. En ese contexto de emergencia habitacional, hay viviendas sociales que no se han usado hace 21 años, en una mezcla de desidia y descoordinación institucional de desaprovechamiento de los recursos públicos. Es el caso de ocho viviendas de protección oficial (VPO) creadas en 2005 en el populoso barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el Norte de Tenerife.    

En realidad, hace ya más de dos decenios se crearon en la calle Tindaya de este núcleo, lindante con La Orotava, un total de once VPO. Las construyó la entonces empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos (Vivire) y no estaban nada mal para ese 2005: algunas con tres habitaciones, garaje, placas solares para agua caliente sanitaria y, luego, fotovoltaicas… No obstante, nadie vivió nunca en ellas, aunque cada vez que se acercaron elecciones locales desde entonces (2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, desde 2011 con mayoría absoluta del PP), las pintaban y adecentaban unos meses antes, para luego acabar de nuevo en el agujero de la desidia.

Pese a la denuncia reiterada en prensa durante años por partidos como Izquierda Unida (IU), esa situación se mantuvo hasta que, en 2022, el gobierno local decidió ceder estas once casas a la consejería regional de Obras Públicas y Vivienda. Sin embargo, y según le consta a Canarias Ahora, desde entonces sólo se han utilizado un máximo de tres de estas casas para casos de desalojos forzosos de familias, violencia de género y otras situaciones sociales de esta índole, pero las otras ocho han seguido vacías y sin uso desde 2005: un total, pues, de 21 años de cierre y desaprovechamiento de casas pagadas por todos los contribuyentes en una ascendente crisis habitacional en España y, en particular, en muchas zonas de Canarias.

Canarias Ahora intentó desde este martes conocer la versión de la consejería regional, que dirige Pablo Rodríguez, pero sin resultado. Desde el gobierno realejero, por el contrario, se apunta que estas casas “han estado ocupadas por usuarios de Servicios Sociales en todos o casi todos los casos de manera temporal por situaciones de especial necesidad”. Eso sí, no se alude a usos por parte de familias durante etapas largas, que es lo que suele ocurrir con las VPO, aparte de que el ayuntamiento desconoce qué ha ocurrido con las viviendas desde que se las cedió al Gobierno de Canarias.

El Gobierno regional, tras ser consultado por este periódico, asegura que en la actualidad las once viviendas se están utilizando para personas víctimas.

El fuerte oleaje de este invierno y primavera en el norte de Tenerife, casi sin precedentes con tanta constancia, ha dejado al descubierto una segunda tubería de gran calibre en la principal cala del Puerto de la Cruz, la histórica ciudad turística de esta comarca de la Isla: Playa Jardín. Canarias Ahora pudo fotografiar la boca de este segundo tubo que el Atlántico ha dejado a la vista de todos (al menos hace unos días), tras el que quedó en las mismas circunstancias el pasado febrero.

Se trata de un extremo en forma de boca o enlace con rosca, de las mismas dimensiones y prácticamente inmovible, que tenía continuación hacia la profundidad y que, si cualquier bañista o paseante por la orilla (algo muy habitual en esta playa) no lo apreciaba, suponía incluso un peligro de tropiezo o daño en los pies descalzos.

En febrero, y como muestra la foto y el vídeo que acompañan a estas líneas (que se difundieron mucho en redes), la tubería que dejó descubierta el mar en un invierno en el que se ha perdido o retirado muchas más arena de lo habitual era mucho más larga y con varias ramificaciones elevadas. En ese momento, el gobierno local indicó que desconocían la función de ese tubo y que lo retiraron, aunque no se aclaró su largo y si constaba en el ayuntamiento algún expediente sobre esta instalación.

Por lo indagado por Canarias Ahora entre exalcaldes y exconcejales con responsabilidad en Medio Ambiente, todo apunta a que se trata de hasta cuatro tuberías que se colocaron hace unos 30 años, a lo sumo. En principio, y según algunas de las personas consultadas, su función consistía en sacar la salmuera de la instalación del Loro Parque, que había incorporado o tenía previsto añadir las orcas a sus espectáculos con animales, pero sin total seguridad o evidencias.

Tampoco la dirección general de Costas o el Gobierno regional tienen constancia de expedientes sobre estas tuberías, lo que acrecienta el misterio en una playa que estuvo cerrada un año precisamente por vertidos fecales, lo que causó una gran polémica, desató protestas vecinales y de usuarios, dañó la imagen turística y ambiental del Puerto de la Cruz, Tenerife y, por ende, Canarias y hasta se utilizó para justificar, en parte, la moción de censura contra Marco González (PSOE) del 16 de agosto de 2024.        

De momento, y ya con pruebas de hasta dos tuberías de grandes dimensiones, se acrecienta el misterio de estos tubos en plena arena de una cala más que relevante en el Norte tinerfeño.