El pleno ordinario de octubre de la Diputación de Cáceres ha dado luz verde a una inyección de cerca de 2,9 millones de euros destinada a municipios, asociaciones y entidades deportivas de la provincia. Las partidas aprobadas abarcan desde mejoras en infraestructuras públicas y programas sociales hasta la modernización tecnológica del territorio. Sin embargo, el debate político de la sesión ha quedado marcado por la decisión de la institución provincial de asumir de forma extraordinaria la financiación del personal técnico de las oficinas urbanísticas mancomunadas tras la retirada de la Junta de Extremadura.

En concreto, la Diputación destinará 300.000 euros a garantizar la contratación de los técnicos que prestan asesoramiento jurídico, de planificación y de gestión a los ayuntamientos en nueve mancomunidades de la provincia. La portavoz del equipo de Gobierno provincial, Esther Gutiérrez, ha explicado que esta aportación se concede con carácter excepcional después de que el Ejecutivo autonómico haya abandonado el convenio de colaboración que hasta ahora contribuía al sostenimiento de estos profesionales.

Gutiérrez ha recordado que la competencia en materia de vivienda y ordenación territorial corresponde estatutariamente a la Junta de Extremadura, advirtiendo de que de cara al próximo ejercicio será imprescindible buscar una solución definitiva para evitar que los pequeños municipios queden desatendidos.

Inversiones en municipios y servicios esenciales

Más allá del choque presupuestario en materia urbanística, la corporación provincial ha aprobado un paquete de subvenciones nomitativas por importe de 319.390 euros para financiar obras e infraestructuras en 18 municipios y en la Mancomunidad de Servicios Los Cuatro Lugares.

Entre las actuaciones municipales aprobadas destacan las intervenciones en la vía pública de Moraleja, la adecuación de los accesos compartidos al cuartel de la Guardia Civil, al retén del Infoex y a la parque del Sepei en Nuñomoral, la construcción de un pabellón polideportivo en Berzocana, la habilitación de pisos tutelados en Hinojal, así como reformas en dependencias municipales de San Gil y Jerte. Asimismo, se ha autorizado la partida destinada a las obras del nuevo campo de tiro de El Cuartillo.

En el ámbito de la transición digital, el pleno ha respaldado un presupuesto de 950.000 euros para la adquisición de equipamiento y licencias informáticas, así como para la aportación provincial al convenio suscrito con la entidad estatal Red.es, orientado a implementar soluciones tecnológicas que impulsen el desarrollo productivo y económico en las zonas rurales.

Apoyo al tejido social y a la inclusión

La sesión plenario ha tenido también un apartado reservado a la acción social con la aprobación de 62.000 euros en ayudas para el tercer sector. De este montante, 30.000 euros irán dirigidos a la asociación Novaforma para la adquisición de un vehículo adaptado al transporte de personas con discapacidad.

El resto de las partidas sociales servirá para financiar los gastos corrientes y operativos de entidades como ASPACE, EQUALTECH y FEXAS, que desarrollan proyectos focalizados en la integración deportiva, la visibilización social y la reconexión comunitaria en la provincia de Cáceres.

El primer día de la ronda de comparecencias de los altos cargos de la Junta de Extremadura para detallar las cuentas regionales de 2027 en la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha dado lugar a numerosos choques ideológico, como era previsible, sobre todo porque uno de los departamentos protagonistas era la Consejería de Desregulación que dirige la extrema derecha. PP y Vox han cerrado filas para defender el drástico recorte aplicado al Capítulo 2 (gastos de funcionamiento y proyectos) del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), justificando la minoración de fondos en la necesidad de desmantelar un organismo al que acusan abiertamente de “adoctrinar” a los jóvenes y de haber ejercido como una plataforma “ideológica” al servicio de la oposición.

La reestructuración contempla despojar al CJEx de su capacidad ejecutiva para traspasar todo el peso operativo de las políticas juveniles al Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), dependiente directamente de Vox. Bajo el argumento de eliminar “duplicidades” y “gastos superfluos”, la Junta pretende relegar al Consejo de la Juventud a un rol estrictamente “consultivo y asambleario”, reduciendo su capacidad de acción independiente.

En concreto, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

El PP exige espacios “neutros y blancos” y Vox tilda al Consejo de “chiringuito”

Durante las intervenciones, el PP ha dejado clara la carga política que atribuyen a la trayectoria del organismo juvenil. Su portavoz, Teresa Tortonda, ha defendido la reorganización de competencias asegurando que las instituciones públicas deben garantizar la imparcialidad: “No queremos una juventud ni adoctrinada ni aborregada ni una juventud obediente”. En esta línea, ha afirmado que los entornos dirigidos a los jóvenes “tienen que ser neutros, blancos, ni azules ni rojos ni verdes ni morados”, dando a entender que la estructura del CJEx había perdido la pluralidad para inclinarse hacia posicionamientos partidistas.

De hecho, durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

Por su parte, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha empleado un tono aún más duro al calificar directamente al Consejo de la Juventud como un “chiringuito” opaco. Según ha dicho, “aproximadamente la mitad de este presupuesto se iba a pagar gastos de funcionariado”, mientras que las asociaciones juveniles miembro recibían únicamente “migajas” equivalentes al 9% del total de las partidas. Checa ha acusado a la oposición de utilizar el CJEx para hacer “propaganda política” y ha celebrado que las nuevas cuentas pongan fin a lo que considera una red de subvenciones ideológicas.

Esta postura coincide con la tesis expuesta por el secretario general de la Consejería, Fernando José Guerrero, quien ha explicado en la comisión que el Ejecutivo autonómico actúa para corregir una deriva histórica, argumentando que el Consejo de la Juventud “ha evolucionado a ejercer políticas de juventud de forma ideológica” que solapaban el trabajo de la propia administración regional.

La oposición denuncia un “hachazo” para acallar a la juventud organizada

Las explicaciones de la derecha y la extrema derecha han encontrado una contundente réplica en los grupos de la izquierda, que acusan al Gobierno de María Guardiola de perpetrar una persecución política contra el asociacionismo independiente. Desde el PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo ha tildado la medida de “recorte ideológico” y ha advertido de que el verdadero propósito del Ejecutivo es “impedir que haya una juventud extremeña organizada, diversa y plural que pueda decir las cosas a los gobiernos”.

En los mismos términos se ha pronunciado Unidas por Extremadura. Su portavoz, José Antonio González Frutos, ha desmentido la existencia de duplicidades administrativas reales y ha alertado del impacto directo de dejar desiertas las partidas de apoyo a proyectos juveniles locales: “¿Cómo se garantiza la participación juvenil organizada” si se retira el sustento económico para la operatividad y la sede del Consejo?, ha cuestionado.

Tijeretazo en Inclusión Social y Cooperación

El conflicto por el Consejo de la Juventud ha sido la punta de lanza de una Sección 24 del presupuesto autonómico, que experimenta una caída global del 3,1% en sus cuentas, descendiendo de 218,6 a 211,8 millones de euros. Desde Unidas por Extremadura, González Frutos ha calificado el presupuesto de “un peligro para las políticas sociales” al revelar que la partida destinada a Inclusión Social sufre un recorte de 11 millones de euros, precisamente en una comunidad autónoma que soporta una tasa de pobreza del 30,4%. González Frutos ha criticado además que mientras se ajustan las ayudas sociales, la propia Secretaría General de la Consejería “sube sus gastos un 39%”.

Asimismo, el PSOE ha denunciado el desmantelamiento práctico de la cooperación internacional a través de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), cuyas transferencias quedan testimonialmente reducidas a un “fondo de contingencia” de 300.000 euros. Para los socialistas, las cuentas aplican la política de “la motosierra” a los colectivos más vulnerables bajo el pretexto del ahorro.

Frente a la lluvia de críticas, tanto la Junta como el PP han defendido los incrementos localizados en el área de infancia y familias, que alcanza los 99,7 millones de euros (un 3,65% más). Entre las cifras exhibidas por el Gobierno destacan la consignación de 16,7 millones de euros (un aumento del 96%) para concertar plazas en hogares de protección de menores tutelados, la duplicación de las ayudas individuales a enfermos de ELA (que pasan de 2.000 a 4.000 euros) y el refuerzo con 500.000 euros adicionales para el programa de respiro familiar de cuidadores.

La sede local del PSOE en Almendralejo (Badajoz) ha amanecido este jueves con un nuevo acto de vandalismo en su fachada. Las verjas metálicas del acceso principal al inmueble han aparecido con una pintada en la que se podía leer la palabra 'asesinos'.

Desde la agrupación socialista han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el suceso y han decidido subir la verja metálica para evitar que el mensaje permanezca visible en la vía pública. No obstante, fuentes de la formación han confirmado a la Agencia EFE que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Comisaría de la Policía Nacional de Almendralejo a través de la correspondiente denuncia para que se abra una investigación e intentar identificar a los responsables.

Un inmueble que ya sufrió el embate de una retroexcavadora

No es la primera vez que la sede socialista de la capital de Tierra de Barros sufre un ataque de estas características. El precedente más grave tuvo lugar en marzo de 2024, cuando la misma puerta de entrada fue embestida deliberadamente con una máquina retroexcavadora, lo que causó severos destrozos materiales y obligó a reemplazar por completo la estructura de acceso.

Por aquellos hechos, agentes de la Policía Nacional procedieron en su momento a la detención de un joven de 20 años como presunto autor del asalto.

Unidas por Extremadura ha arremetido con dureza este jueves contra el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad (PGEx) para 2027. Durante la defensa de la enmienda a la totalidad en el pleno de la Asamblea, el portavoz de Hacienda de la formación, José Antonio González Frutos, ha comparado las cuentas autonómicas con la película Bienvenido, Mister Marshall, calificándolas como “un acto de servilismo” hacia las multinacionales energéticas propietarias de la central nuclear de Almaraz.

González Frutos ha criticado la “frivolidad” del Gobierno regional al reducir los ingresos públicos bajo la premisa de que “hay otro que paga la fiesta”, advirtiendo de que esta política se ejecuta a costa de la “redistribución de la riqueza” y de la calidad de los servicios fundamentales. La coalición ha contrapuesto su enmienda —que busca proteger a la “mayoría social”— con la hoja de ruta del Ejecutivo de María Guardiola, orientada, a su juicio, a “una minoría privilegiada”.

“Un modelo de bajo coste”

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha desmontado el relato triunfalista de la Junta sobre el crecimiento de las cuentas, recordando que los de Mérida “no son los anfitriones” de ese incremento, ya que se debe en realidad “a las transferencias del Estado, de la Unión Europea y al endeudamiento” en pleno ciclo económico expansivo.

Retomando la analogía con la cinta de Luis García Berlanga —a la que ha definido como “una parodia fantástica del servilismo”—, González Frutos ha censurado la rebaja de la ecotasa a las eléctricas de Almaraz, cuya contribución fiscal es “ridícula” respecto a los beneficios que obtienen en la región. Asimismo, ha denunciado que se otorguen “privilegios a los grandes proyectos de fuera” mientras se “machaca” al tejido productivo local, que representa el 95 % del entramado empresarial extremeño.

“Nosotros decimos que los proyectos que vengan respondan al interés general; el problema que tienen ustedes es que ven a alguien con dinero y pierden el culo”, ha dicho el portavoz.

Tiempos de recortes y mensajes “autoritarios”

En su análisis de las partidas presupuestarias, el diputado ha cuestionado la política de vivienda por aplicar “recortes millonarios” que reducen el número de beneficiarios, y ha enumerado a las que considera las principales “víctimas” del presupuesto: la función sindical, la cooperación al desarrollo, las asociaciones de atención a personas migrantes y el Consejo de la Juventud.

“Cuando usted se carga a todo aquello que le resulta incómodo manda un mensaje profundamente autoritario y antidemocrático”, ha replicado González Frutos a la Junta, rechazando que estos tijeretazos respondan a la necesidad de volcarse en “lo importante”, puesto que “sube más el capítulo de altos cargos que la sanidad o la atención primaria”.

El portavoz parlamentario ha advertido también sobre el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, la implantación de cheques para guarderías privadas en detrimento de la educación pública, la desatención del sistema de dependencia mediante “un modelo de bajo coste” y el uso electoralista de las inversiones para la campaña de las municipales. Respecto al papel de Vox en la administración autonómica, González Frutos ha sostenido que “han cogido las consejerías para el relato, porque medidas de calado, cero: solo recortes y perjuicios ideológicos”.

La respuesta de la Junta: “Bienvenidos todos los que vengan a generar riqueza”

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha respondido tirando de la misma metáfora: “Bienvenido, Mister Marshall, y bienvenidos todos los que vengan a invertir, a generar riqueza, a trabajar en Extremadura y a formar sus vidas aquí”. Según la titular de las cuentas regionales, esa atracción de inversiones sí se está consiguiendo ahora gracias a las directrices fijadas por María Guardiola.

Aunque Manzano ha reconocido el “trabajo” dedicado a la redacción de la enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura, ha asegurado que la propuesta de la coalición propone una política alternativa “desconectada al máximo” de las necesidades reales de los ciudadanos, caracterizada por oponerse a todo por sistema. Además, ha argumentado que las recriminaciones de la izquierda no se corresponden con la realidad de las cifras, que reflejan subidas en sanidad, educación y dependencia.

Finalmente, la consejera ha exigido respeto para la totalidad de los miembros del Consejo de Gobierno, tanto del PP como de Vox, y ha censurado a los grupos de la oposición por “avalar”, a su juicio, un modelo de financiación autonómica que margina a la región dejándola con “un plato vacío: cero euros de 21.000 millones”.

Las grandes compañías energéticas que operan en Extremadura pagarán menos impuestos en 2027 porque, según el Gobierno autonómico de PP y VOX, están al límite. Durante el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de Presupuestos regionales, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha justificado el recorte progresivo de la ecotasa escudándose en la “absoluta desesperación de las eléctricas” ante la carga tributaria que les impone el Ejecutivo central.

El argumento ha servido a la Junta para amparar el inicio de un calendario de bonificaciones a las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) con la premisa de que rebajarles la presión fiscal regional ha sido la única vía para forzar la prórroga de la planta cacereña y proteger unos 4.000 empleos, según sus datos. Frente a los cerca de 9.000 millones de euros que ingresa el Estado por la fiscalidad energética, la titular de Hacienda ha reprochado a Madrid que haga “caso omiso” a las demandas del sector.

La explicación de la consejera ha encontrado un rechazo frontal en la bancada socialista durante la defensa de su enmienda a la totalidad. Desde el PSOE han tildado de “falta de respeto a la inteligencia del pueblo extremeño” vincular el futuro de Almaraz con una rebaja de impuestos autonómicos y han cuestionado con dureza la supuesta vulnerabilidad del sector. “Madre mía, tomarán trankimacín para dormir los que ganan 10.000 millones de euros al año”, ha ironizado la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña, que ha pedido a la consejera “no levantar los pies del suelo” mientras a muchas familias de la región “les cuesta llegar a fin de mes”.

Los socialistas han recordado que la ecotasa, que ha aportado históricamente en torno a 100 millones de euros anuales a las arcas regionales, según la cifra que ha manejado Gil, Rosiña, “forma parte del autogobierno y de la dignidad de un pueblo que se negó a ser espoliado”, avalada en su día por los tribunales tras las batallas judiciales libradas por los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. “Se ponen al lado de los poderosos, abrazan a las grandes eléctricas y le dan la espalda a los ciudadanos regalándoles 28 millones en este presupuesto”, han afeado a la Junta.

Las cifras del plan: así se calculan los 178 millones

Más allá de la batalla política, los números del proyecto presupuestario han diseñado una renuncia de ingresos de calado a tres años. La merma de recaudación acumulada para la Hacienda autonómica alcanzará los 177,9 millones de euros hasta 2029, año en el que el tributo ambiental quedará completamente extinguido para las instalaciones atómicas si antes el Gobierno central beneficia a las multinacionales eléctricas con rebajas fiscales, ha precisado la consejera de Hacienda.

El cálculo se articula en tres fases sobre una base de recaudación potencial de 93,6 millones de euros anuales: en 2027 (primer año) se aplicará un descuento del 30% en la cuota de la ecotasa, lo que supondrá 28,1 millones de euros menos para las arcas públicas, tal y como recogen las cuentas autonómicas. En 2028, las deducciones se ampliarán hasta el 60%, con un impacto de 56,2 millones de euros. Y el tercer año (2029) se alcanzará la bonificación del 100%, lo que implicará dejar de ingresar la totalidad de la cuota, estimada en 93,6 millones de euros.

La suma de esas mermas arroja un saldo de cerca de 178 millones de euros en beneficios fiscales para Iberdrola (53% de Almaraz), Endesa (36%) y Naturgy (11%).

Un Gobierno “vago”

La portavoz del PSOE también ha criticado la rebaja fiscal propuesta para el año que viene porque supondrá la pérdida de 500 millones de euros en tasas e impuestos para las arcas públicas, traducidos en un ahorro de apenas 4,31 euros al mes para las familias trabajadoras mientras se “regalan” 22 millones de euros a las rentas altas con la supresión del Impuesto de Patrimonio y 28 millones en este ejercicio a las multinacionales energéticas.

“Nunca antes Extremadura había tenido un Gobierno tan irresponsable, tan vago y tan incapaz de cumplir con lo mínimo”, ha sentenciado Gil Rosiña, denunciando el “coste ideológico” de las cuentas de PP y VOX, que a su juicio castiga la juventud, la cooperación al desarrollo y la memoria histórica tras una “falsa moderación” de Guardiola.

Frente a la enmienda a la totalidad de la oposición, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha cerrado filas reprochando al PSOE su “agradecimiento y defensa” de la gestión de Pedro Sánchez frente a una deuda del Estado con Extremadura que ha cifrado en 1,75 billones de euros. “Son el peor Partido Socialista de la historia de la región porque se posicionan al lado del que ha intentado aniquilar los servicios públicos”, ha arremetido Manzano.

La titular de Hacienda ha defendido la ejecución presupuestaria de 2026 como “la mayor de los últimos diez años” y ha argumentado que las cuentas de 9.254 millones de euros (425 millones más que el año anterior) contienen una fiscalidad “justa” para favorecer el acceso a la vivienda y el crecimiento económico. “Nos da igual que a ustedes no les guste el Presupuesto, les gusta a los extremeños. A los extremeños no les gusta el PSOE”, ha concluido Manzano sobre una enmienda que ha calificado como “la nada más absoluta” ante un proyecto que saldrá adelante con el respaldo del 66% de la Cámara.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha puesto a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha los recursos y servicios que puedan ser necesarios tras el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), que ha dejado al menos diez personas fallecidas.

El siniestro se ha producido en torno a las 08.45 horas, cuando dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla han colisionado y posteriormente se han precipitado por un terraplén.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Guardiola ha señalado que ya ha contactado con el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, para ofrecer la colaboración de Extremadura. “Me he puesto a disposición del presidente García-Page para todo lo que puedan necesitar”, ha escrito.

Asimismo, la presidenta extremeña ha trasladado su apoyo a los efectivos de emergencia que trabajan en las labores de rescate y asistencia en la zona afectada, así como a las personas que viven con preocupación las consecuencias del accidente.

“Todo mi apoyo a los servicios de emergencia que están trabajando en el lugar y a todas las personas que están viviendo estos momentos con mucha preocupación”, ha añadido Guardiola.

La médica de familia Amparo Botejara y el politólogo Álvaro Jaén encabezarán las candidaturas de Podemos al Congreso de los Diputados por Badajoz y Cáceres, respectivamente, con vistas a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. El partido apuesta así por dos perfiles con amplia trayectoria institucional y política en la región para liderar sus listas extremeñas.

Amparo Botejara vuelve a la primera línea política nacional en la provincia de Badajoz. La doctora, que fue la primera presidenta de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria, ya ocupó un escaño en la Cámara Baja en las legislaturas XI y XII (2016-2019). Durante su etapa parlamentaria destacó por el impulso de iniciativas del ámbito sanitario y social, entre ellas la primera propuesta de Ley de Eutanasia, la eliminación de los copagos y un anteproyecto de Ley de Salud Mental. En la lista pacense al Congreso le siguen Ildefonso Calvo, Jara Romero, Francisco Salgado y María Josefa García.

Por la provincia de Cáceres, la cabeza de cartel será Álvaro Jaén. El actual concejal en el Ayuntamiento de la capital cacereña y técnico de investigación en la Universidad de Extremadura (UEX) cuenta con un amplio bagaje en el partido: fue secretario general de Podemos Extremadura entre 2015 y 2020, además de ejercer como portavoz en la Asamblea extremeña en ese mismo periodo. La candidatura cacereña se completa con Consuelo López Balset, Luis García Marín y Sonia Chanclón.

En lo que respecta al Senado, la propuesta de Podemos por Badajoz estará liderada por Rosa Mogollón, funcionaria de la Administración autonómica, enfermera, historiadora y militante activista en movimientos como el Foro Extremeño Antinuclear y Cáceres por Palestina. Le acompañarán en la nómina Antonio de la Cruz Ruiz Millán y Araceli Ortiz. En la provincia de Cáceres, la número uno a la Cámara Alta será Milagros Martínez Morán, vinculada a los círculos de la Sierra de Gata, respaldada por Arnaldo Ramos Serradilla y Petra Vacas Fernández.

El exsecretario provincial del PSOE de Badajoz entre 2012 y 2025, Rafael Lemus, ha criticado este martes a la dirección regional de su partido por no comunicarle de manera directa su exclusión de la lista al Senado por su circunscripción, en la que figuraba en el tercer puesto tras el acuerdo de integración alcanzado con el Frente Amplio.

A través de las redes sociales, Lemus ha afeado las formas de la cúpula socialista regional al contrastarlas con el aviso recibido por parte de sus socios de coalición: “Joaquín Macías -IU- me ha llamado para comunicarme que me sustituirá en la lista al Senado. Un gesto que le honra y que no ha tenido la dirección regional de mi partido para anunciarme mi salida”, ha señalado.

El exsenador socialista, que ocupó el escaño en la Cámara Alta entre 2015 y 2026, había llegado a encabezar inicialmente la candidatura extremeña, aunque su posición se vio modificada posteriormente al tercer puesto por decisión del Comité Federal de Listas del PSOE, que situó al exdelegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al frente de la plancha.

Tras hacer pública su salida de las listas, Lemus ha deseado “suerte a todas los candidatos y candidatas” y ha zanjado su mensaje con una reflexión del estratega chino Sun Tzu: “Cuando el general es débil y sin autoridad, cuando sus órdenes no son claras y nítidas, cuando no hay deberes fijos asignados a los oficiales y a los hombres, el resultado es el desorden total”.

Los votos del PP y Vox han tumbado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento presentada por Unidas por Extremadura para recuperar la impartición del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en el Centro Cultural de Talayuela. La iniciativa, debatida en la Comisión de Educación, instaba al Ejecutivo central a reinterpretar el convenio hispano-marroquí para permitir su impartición en modalidad extracurricular fuera del recinto escolar y restablecer el programa para el curso 2026/2027.

Durante el debate, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha afirmado que el desarrollo de estas clases es “urgente” y “necesario”, tal como ha exigido la comunidad educativa del municipio. Fernández ha criticado que el PP se haya plegado al criterio de “prioridad nacional” impuesto por Vox, recordando que se trata de una línea formativa “gratuita” al estar financiada por el Gobierno marroquí. Tras constatar las diferencias de discurso entre los dos grupos de la derecha, Fernández ha ironizado señalando: “Veo problemas en el matrimonio”.

Por su parte, la diputada de Vox Marta Gervasia Garrido ha rechazado la propuesta sosteniendo que el plan deja la enseñanza en manos de Marruecos. “Esto es adoctrinamiento”, ha aseverado Garrido, quien ha argumentado que el objetivo de conservar la identidad de origen dificulta la integración y responde a un multiculturalismo “suicida y destructivo”. “Primero, los nuestros y ni un solo euro para los programas de Mohamed VI”, ha añadido.

Desde el grupo socialista, la diputada Lara Garlito ha reprochado la inacción de la Junta ante la demanda social de la zona. “Estos golpes de pecho no atienden la realidad de Talayuela”, ha respondido Garlito para denunciar la pasividad de la administración autonómica. Por parte del PP, la parlamentaria Isabel Sánchez ha explicado que la Junta “lleva meses” buscando una solución en dependencias municipales fuera del horario lectivo, pero ha alegado que el Gobierno central ha expresado su desacuerdo al considerar que sacarlo de los centros puede perjudicar la inclusión escolar, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta de los Ejecutivos de España y Marruecos.

Reducción de ratios y avance en digitalización educativa

En el marco de la misma comisión parlamentaria, la gestión de la Consejería de Educación ha centrado las intervenciones de los altos cargos de la Junta. El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico mantendrá su política de reducción progresiva de la ratio de alumnos por aula al considerarla una pieza clave para “mejorar la calidad del sistema educativo”.

Catalán ha defendido que el Gobierno regional ha situado las ratios por debajo de la norma estatal —bajando de 25 a 22 alumnos en Infantil y de 35 a 30 en Bachillerato—, frente a etapas anteriores en las que se optó por “acompañar el descenso de la natalidad con una reducción de la plantilla del profesorado”. Según las cifras aportadas por el secretario general, la media regional se sitúa actualmente en un profesor por cada 7,66 alumnos.

Asimismo, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez, ha expuesto los avances en la transformación tecnológica de los centros escolares extremeños para garantizar la igualdad de oportunidades “vivan donde vivan”. “Lo que queremos realmente es una digitalización, una tecnología que una territorios, que apoye a los docentes y que además ofrezca oportunidades para todo el alumnado”, ha recalcado Gómez.

Entre las actuaciones destacadas, la directora general ha puesto en valor la distribución de cerca de 21.550 ordenadores, el impulso al Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura (INNOVATED) y el despliegue de las denominadas 'aulas de futuro', que alcanzan ya las 180 unidades instaladas en la región.

La Junta de Extremadura ha descartado, por motivos de “igualdad de trato”, asumir el coste derivado de la no aplicación de la bonificación del abono joven de transporte en la Comunidad de Madrid a los estudiantes extremeños que no se encuentran empadronados en dicho territorio, una medida cuyo coste ha cifrado en unos dos millones de euros anuales.

El director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, ha respondido de esta forma a la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, donde ha sido cuestionado sobre las actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo regional para garantizar que los jóvenes extremeños en Madrid accedan a esta bonificación sin necesidad de empadronarse.

Maza ha recordado que en Extremadura, al igual que en otros territorios, los viajeros también deben acreditar la residencia habitual mediante el certificado de empadronamiento para acceder a la gratuidad del billete de transporte público por carretera en los trayectos con origen y destino en la región. Según ha detallado, este servicio ha sido utilizado en 2025 por más de 158.000 extremeños que han realizado 1.735.000 viajes subvencionados gracias a una aportación autonómica de ocho millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 66% en el número de usuarios desde 2023.

A su juicio, el debate no radica en cuestionar si los jóvenes merecen respaldo institucional, sino en determinar qué administración debe sufragar su movilidad en otras comunidades autónomas. “No debemos confundir sensibilidad con la obligación de financiar cualquier gasto”, ha apuntado Maza, defendiendo que los estudiantes desplazados ya pueden utilizar la red madrileña con tarifas reducidas para no empadronados.

Bajo los principios de “igualdad de trato, respeto a las competencias y responsabilidad en la gestión de recursos públicos”, el director general ha justificado la negativa a establecer compensaciones específicas. “¿Por qué deberíamos ayudar a un estudiante desplazado en Madrid y no a otro que ha tenido que trasladarse a Sevilla o Salamanca?”, ha cuestionado para evitar “agravios comparativos”. Respecto a los convenios específicos de Madrid con otras regiones, como Castilla-La Mancha, Maza ha señalado que responden a particularidades territoriales de integración en la red de cercanías, por lo que “no todas las situaciones son equivalentes”.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto, ha abogado por ofrecer facilidades a los jóvenes que se ven obligados a marchar fuera de la comunidad ante la ausencia de la oferta formativa deseada en el territorio extremeño. Soto ha cifrado en un 192% más el sobrecoste que asumen los estudiantes extremeños por no disponer del abono joven madrileño, bonificado hasta los 26 años para empadronados por diez euros mensuales, frente a los 29,20 euros que pagan por 40 viajes al mes los universitarios no empadronados.

El Consejo de Gobierno ha dado la aprobación definitiva este martes al Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, un documento dotado con 951 millones de euros que ha sido pactado con los agentes sociales tras pasar por la Comisión Sectorial regional. El programa ha nacido sustentado en parte por los 210 millones de euros correspondientes al Plan Estatal de Vivienda, una partida cuya aplicación en la comunidad autónoma ha sido recurrida por la propia Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional al considerar que el marco diseñado por el Ministerio invade competencias autonómicas.

El Gobierno extremeño ha defendido la compatibilidad de ambas decisiones manifestando que la impugnación judicial no representa un obstáculo para recibir y ejecutar los fondos transferidos por el Estado. En este esquema de financiación, el 60% de los 210 millones procede de aportaciones estatales y el 40% de fondos autonómicos. La postura mantenida por el Ejecutivo regional sostiene que el recurso ante el órgano constitucional se ciñe a los artículos normativos discutidos y no compromete la asignación presupuestaria destinada a la región.

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ha explicado las líneas clave del proyecto señalando que el objetivo prioritario es “garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, así como “reforzar el parque público de viviendas e impulsar la rehabilitación residencial”. Asimismo, Manzano ha enfatizado la vertiente territorial del documento al destacar la meta de “fijar población al mundo rural” frente al desafío demográfico.

La portavoz ha definido la vivienda como “uno de los principales desafíos sociales y económicos” a los que se enfrenta la comunidad. Para darle respuesta, el plan se estructura en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas concretas, destinando su mayor partida presupuestaria, cifrada en 694,9 millones de euros, a facilitar el acceso a la vivienda.

La iniciativa ha incluido la fijación del reto demográfico como “una prioridad estratégica” mediante el desarrollo de herramientas dirigidas a “movilizar” los inmuebles que se encuentren desocupados y apoyar la edificación en municipios rurales. Entre los mecanismos previstos se encuentran el Plan Habita Extremadura, el refuerzo de los avales públicos de hasta el 95% para la entrada de primeras viviendas destinadas a jóvenes, líneas de apoyo a la autopromoción, subvenciones al alquiler y deducciones en el IRPF.

Junto a los fondos de acceso al mercado residencial, el texto ha consignado 127 millones de euros para programas de rehabilitación y regeneración urbana orientados a la eficiencia energética, la accesibilidad y la conservación de inmuebles. Asimismo, se han destinado 126,1 millones de euros a la protección del parque público de vivienda y 3,4 millones a tareas de información, innovación y cooperación.

El plan ha contemplado además una “importante agenda de reformas normativas” entre las que figura la redacción de la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del marco normativo de la vivienda protegida y la agilización de procedimientos urbanísticos para “simplificar procedimientos y dar mayor seguridad jurídica” a fin de incentivar proyectos de colaboración público-privada. En el ámbito social, se han reservado medidas de atención prioritaria para colectivos vulnerables, incluyendo a familias con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, personas mayores de 70 años, ciudadanos con discapacidad y víctimas de emergencias.

La estabilidad del gobierno municipal de Don Benito ha sufrido un importante revés, otro, tras la dimisión del concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez. El edil ha hecho pública la entrega de su acta durante el turno de ruegos y preguntas del pleno ordinario de octubre, escenificando una ruptura que va más allá de su salida individual y que constata la crisis interna que atraviesa Siempre Don Benito desde hace tiempo, la formación política que nació con el objetivo de frenar el proceso de fusión con la vecina localidad de Villanueva de la Serena.

En su intervención, Sánchez ha asegurado que más de la mitad de los fundadores del partido, entre los que él mismo se incluye, han abandonado ya la organización. El hasta ahora responsable municipal de Cultura ha defendido que la plataforma cumplió con éxito el cometido que motivó su creación, pero ha lamentado que ese logro inicial haya derivado en una “decepción” por la posterior evolución del proyecto político.

Según ha detallado el ya exconcejal, tras dos años de gestión compartida con el PP en el ayuntamiento comenzaron a detectarse dinámicas que no respondían a las expectativas de la ejecutiva fundadora, con discrepancias especialmente marcadas en el área de personal y en el propio estilo de gobierno. Los intentos por solucionar estas diferencias en reuniones internas no dieron fruto y han terminado evidenciando una “gran pérdida de confianza en la máxima responsable de dicha gestión”, tensando la convivencia interna hasta provocar la dimisión en bloque del órgano de dirección y asestando un “daño irreparable” a la formación.

En su balance de salida, el edil ha definido la trayectoria de la plataforma argumentando que “Siempre Don Benito fue un éxito en un momento crucial para nuestra ciudad”, aunque también lo ha calificado como “la historia de una decepción” al considerar que un “criterio personal y oculto” se había impuesto a un proyecto que se había concebido de forma “colectiva y transparente”.

Sánchez ha justificado su renuncia en la imposibilidad de seguir en la corporación respaldando una gestión con la que no comulga: “Renuncio a mi cargo, pero mi compromiso con Don Benito permanece intacto”, sentenció.

La marcha de Francisco Javier Sánchez introduce un elemento de incertidumbre en el ejecutivo dombenitense, donde Siempre Don Benito gobierna en coalición con el PP en virtud de un pacto que fijó la rotación de la Alcaldía. Tras dos años al frente de la corporación por parte de María Fernanda Sánchez, Elisabeth Medina asumió la alcaldía del municipio en julio de 2025.

El socialismo extremeño y la política regional están de luto tras la muerte este lunes de Luciano Fernández Gómez, conocido por todos como 'Chano', a los 74 años de edad. Natural de la localidad cacereña de Ibahernando, Fernández fue una de las figuras históricas más reconocibles y respetadas del parlamentarismo regional, habiendo desempeñado responsabilidades de relevancia institucional como la Vicepresidencia de la Asamblea de Extremadura, además de su labor como diputado en autonómico a lo largo de varias legislaturas.

Docente de profesión y apasionado por la vida pública, Chano Fernández dedicó más de cinco décadas a la actividad política y social en la comunidad autónoma. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la ciudad de Mérida, donde ejerció la militancia en la Agrupación Socialista local y mantuvo un papel activo tanto en la gestión de asuntos públicos como en el debate político, continuando en sus últimos años su faceta divulgativa como colaborador en tertulias y medios de comunicación.

Tras conocerse la noticia de su pérdida, las muestras de condolencia y dolor no se han hecho esperar dentro de las filas del PSOE extremeño y entre representantes de distintas formaciones políticas, instituciones y colectivos sociales de la región. Dirigentes políticos y compañeros de partido han coincidido en destacar su carácter afable, su profunda vocación de servicio público y su contribución imprescindible a la consolidación de las instituciones democráticas y al desarrollo de Extremadura.

El debate presupuestario en la Asamblea de Extremadura vivirá este miércoles la discusión de las enmiendas a la totalidad registradas por los grupos de la oposición. Tras la ordenación del Pleno fijada por la Mesa y la Junta de Portavoces, el Parlamento autonómico abordará la petición de devolución formulada por el PSOE y por Unidas por Extremadura, cuyos representantes sostienen que el proyecto de ley presentado por la Junta no da respuesta a las necesidades de la región. Por su parte, el PP y Vox acuden a la cita con la intención de defender un proyecto centrado en el crecimiento económico y la rebaja de impuestos.

Desde el grupo parlamentario popular, su portavoz José Ángel Sánchez Juliá ha indicado que afrontan la sesión con la “satisfacción del trabajo bien hecho y del deber cumplido”, destacando que el Gobierno de María Guardiola es capaz de sacar adelante dos presupuestos en menos de seis meses para que “Extremadura siga creciendo y de que los extremeños paguen menos y reciban más”.

En esa misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha asegurado que la presencia de su formación “se nota” con “menos gasto superfluo, con menos impuestos y con más recursos para lo que de verdad importa”, defendiendo además que “el dinero de los extremeños se queda con los extremeños” e insistiendo en el respaldo a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

En el turno de la oposición, los grupos parlamentarios han justificado la presentación de sus enmiendas con duras críticas a la gestión autonómica. La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que su grupo plantea una propuesta alternativa para hacer ver que “con los mismos dineros se puede gestionar la vida de la gente de manera muy distinta”, al tiempo que ha reprochado a la Junta su falta de ambición para aprovechar el “viento tan favorable del que hablan los datos macroeconómicos”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado las cuentas de “continuistas” y compuestas por “anuncios vacíos y propaganda”, denunciando que “se regalan impuestos a las grandes fortunas y a las grandes eléctricas” con propuestas que “no están a la altura de los dolores de nuestra tierra”.

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Extremadura han vuelto a dirigirse a la Consejería de Educación para exigir una respuesta urgente sobre una cuestión que consideran esencial para el desarrollo de su trabajo: cómo deben realizar los desplazamientos necesarios para atender a los centros educativos ubicados fuera de la localidad donde tienen su sede. Dos semanas después de la reunión celebrada el 9 de octubre en Mérida con responsables de la Administración autonómica, los profesionales aseguran que siguen sin recibir ninguna contestación.

En un nuevo escrito remitido a la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez Labrador, los orientadores recuerdan que la solicitud de asesoramiento ya había sido presentada previamente por escrito y que fue reiterada durante aquel encuentro. “Consideramos urgente esta solicitud, que ya se efectuó en su día por escrito, y se reiteró en la reunión mantenida hace 15 días, sin que hasta ahora hayamos tenido ninguna respuesta”, señalan en el documento.

La petición se enmarca en el conflicto que mantienen con la Junta de Extremadura por el uso de vehículos particulares para realizar desplazamientos laborales. Los y las profesionales reclaman que la Administración aclare qué medios deben emplear para garantizar la atención a los centros educativos dispersos por el territorio sin que el servicio dependa de la disponibilidad de sus propios coches.

Más allá de una reivindicación económica, los orientadores cuestionan que la Administración considere implícitamente sus vehículos privados como un recurso necesario para la prestación del servicio público. Por ello reclaman alternativas que permitan desarrollar su labor sin asumir personalmente los costes, responsabilidades y riesgos derivados de los desplazamientos.

El respaldo de 273 profesionales

El conflicto afloró públicamente a finales de septiembre, cuando los orientadores anunciaron que dejarían de poner sus vehículos particulares a disposición de la Administración si no se alcanzaba una solución. Según los datos facilitados por el colectivo, 273 de los 303 profesionales que integran los equipos de orientación de Extremadura respaldaron el escrito presentado ante la Junta.

El detonante inmediato de la controversia fue la modificación de las indemnizaciones por razón de servicio. Aunque la compensación por kilometraje pasó de 22 a 26 céntimos por kilómetro, los profesionales muestran su desacuerdo con los cambios introducidos en el acceso a la media dieta. La nueva regulación exige regresar al centro de trabajo después de las 16.00 horas para percibir esa compensación, cuando anteriormente bastaba con hacerlo a partir de las 15.00 horas.

Los orientadores sostienen que este requisito perjudica especialmente a quienes desarrollan gran parte de su jornada en centros educativos de distintas localidades y regresan antes de esa hora pese a haber realizado largos recorridos. Por ello reclaman un sistema que tenga en cuenta las características reales de su trabajo y no dependa exclusivamente de la hora de regreso.

La situación afecta a profesionales que realizan evaluaciones psicopedagógicas, seguimiento del alumnado, asesoramiento a docentes y familias, elaboración de informes especializados y coordinación con numerosos centros educativos. En una comunidad autónoma marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural, los desplazamientos forman parte inseparable de su actividad cotidiana.

La advertencia de posibles sanciones

La tensión se incrementó el 1 de octubre, cuando la Consejería de Educación remitió una comunicación a los equipos en la que advertía de posibles consecuencias disciplinarias si se negaban a efectuar determinados desplazamientos sin que existiera una convocatoria formal de huelga. La Administración argumentaba que esa negativa podría interpretarse como un incumplimiento de los deberes profesionales o una dejación de funciones.

En ese mismo escrito se convocó a representantes de los equipos a la reunión con el objetivo de abordar el conflicto. Tras esa comunicación, UGT Servicios Públicos de Extremadura pidió a la Consejería que aclarara el fundamento jurídico de dichas advertencias, especificara las posibles infracciones y aportara la documentación que sustentaba esa interpretación.

Los orientadores han defendido en todo momento que no pretenden abandonar sus funciones ni dejar de prestar atención al alumnado. Su reivindicación, insisten, se centra en las condiciones materiales necesarias para desarrollar el trabajo y en la obligación de la Administración de garantizar los medios adecuados para los desplazamientos laborales.

La nueva reclamación pone de manifiesto que los profesionales continúan sin instrucciones concretas sobre cómo actuar. El escrito no reclama únicamente una mejora económica, sino una respuesta operativa que permita resolver un problema que afecta a la organización diaria del servicio.

Una negociación abierta desde 2025

La cuestión de la movilidad se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción de una negociación que se prolonga desde hace más de un año. Según explican los profesionales, en julio de 2025 representantes de los equipos de Cáceres y Badajoz ya mantuvieron reuniones con responsables de Educación para abordar posibles fórmulas de compensación de los desplazamientos y el reconocimiento de los EOEP como centros educativos. Sin embargo, aseguran que aquellos compromisos no llegaron a concretarse en medidas efectivas.

Posteriormente, en abril, UGT volvió a solicitar una reunión urgente con la Consejería al denunciar que una petición registrada en noviembre de 2025 seguía sin respuesta. El sindicato también trasladó otras reivindicaciones relacionadas con el acceso a puestos de asesoría en los Centros de Profesores y de Recursos y con la participación de estos profesionales en programas Erasmus.

A estas demandas se suma la petición de reconocimiento económico para quienes desempeñan funciones directivas dentro de los equipos de orientación, que consideran insuficientemente valoradas las responsabilidades de coordinación y gestión que asumen.

Por su parte, la Administración sostiene que los desplazamientos están cubiertos mediante la correspondiente indemnización por kilometraje y ha señalado que las reivindicaciones continúan siendo objeto de análisis, incluida la posibilidad de estudiar fórmulas complementarias de compensación o alternativas de transporte.

Mientras esa respuesta no llega, los equipos de orientación mantienen abierta una reclamación que va más allá del debate sobre dietas o kilometraje. Lo que exigen ahora es una instrucción clara sobre cómo deben desplazarse para seguir atendiendo a los centros educativos repartidos por la geografía extremeña sin que la prestación del servicio dependa de la utilización de vehículos privados.

La Federación de Asociaciones de Estudiantes de Extremadura (FADAEX) ha dado un paso al frente tras confirmarse el drástico recorte presupuestario diseñado para el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx). La organización estudiantil advierte de que la rebaja del noventa por ciento en los fondos del organismo no es solo una decisión contable, sino un golpe directo que deja sin red de apoyo, formación y recursos de bienestar emocional a los institutos y colegios de la región.

El colectivo pone el foco en la vulnerabilidad en la que quedan iniciativas clave que el Consejo trasladaba a diario a las aulas extremeñas. Entre ellas destaca el programa Salud Mental en la Jaula, una herramienta fundamental para acercar la atención preventiva y la sensibilización sobre el bienestar psicológico al estudiantado, además de los proyectos Espabila y Rebex, orientados a impulsar la implicación activa, el asociacionismo y la dinamización en los centros de enseñanza.

Desde FADAEX insisten en que la participación de los jóvenes necesita espacios físicos, estabilidad y recursos reales para que los estudiantes puedan estructurar su representación y canalizar sus demandas ante las administraciones.

El órgano juvenil actúa como el principal punto de encuentro entre colectivos y como el único interlocutor institucional vertebrado para la juventud en Extremadura, un papel que ahora queda seriamente comprometido tras la virtual eliminación de su partida de funcionamiento y la supresión de los fondos de investigación.

Ante el inicio del debate parlamentario, la federación de estudiantes ha apelado formalmente a la Junta de Extremadura y a los grupos políticos con representación en la Asamblea para que corrijan el rumbo durante la tramitación de las cuentas autonómicas. Reclaman restituir una dotación suficiente que garantice la continuidad del Consejo y evite que la comunidad educativa pierda un pilar de cohesión social e interlocución que ha tardado años en consolidarse.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha salido al paso de los rechazos en bloque anunciados por la oposición al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027. Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado de “enmiendas a la desesperada” las peticiones de devolución registradas esta semana por el PSOE y Unidas por Extremadura, asegurando que el proyecto elaborado por el Ejecutivo de María Guardiola permite a la ciudadanía “pagar menos y recibir más” a través de un modelo fiscal expansivo y social.

Ante las duras críticas vertidas por la izquierda, que tildó las cuentas de “propaganda, fracaso y subordinación a los poderosos”, la formación popular defiende que el proyecto presupuestario demuestra que “se pueden bajar los impuestos a todos los extremeños y fortalecer los servicios públicos”. Según Sánchez Juliá, el documento para 2027 consolida un esquema basado en el crecimiento económico, la justicia fiscal y el blindaje de la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, lo que a su juicio deja a las formaciones de la oposición totalmente “en fuera de juego” y carentes de un proyecto alternativo real para la región.

En el plano tributario, la portavocía del PP ha subrayado que Extremadura cuenta en la actualidad con el tramo autonómico del IRPF “más bajo de toda España”, reivindicando las deducciones fijadas para jóvenes, familias y acceso a la vivienda, así como los beneficios fiscales específicos para personas afectadas por la talidomida y la polio. Sánchez Juliá ha aseverado que “por primera vez, Extremadura cuenta con un gobierno que utiliza la política fiscal como una herramienta de justicia social”, al tiempo que ha cuestionado si la oposición tilda también de “inútiles o propaganda” las medidas orientadas al colectivo de autónomos y a la ampliación de coberturas públicas.

El portavoz parlamentario ha cargado de forma específica contra los escritos presentados por ambos grupos progresistas de cara al pleno de la próxima semana. Sobre la enmienda del PSOE, Sánchez Juliá la ha tildado de “prácticamente un corta y pega” de la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas al presupuesto del ejercicio anterior, mientras que ha afeado a Unidas por Extremadura estar instalada en una dinámica “del no por el no” frente a cualquier proyecto de desarrollo.

“Frente a la Extremadura del crecimiento, de la justicia económica, de la justicia social y de la justicia fiscal que ofrece María Guardiola, encontramos a una oposición que lo único que ofrece es un portazo a todos los extremeños”, ha dicho Sánchez Juliá.

El choque de modelos se resolverá el próximo miércoles 28 de octubre en el pleno de la Asamblea regional, donde PP y Vox harán valer su mayoría absoluta para rechazar ambas enmiendas a la totalidad y continuar con la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas.

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2027. La formación autonómica considera que las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de María Guardiola suponen una senda de «propaganda y fracaso» sustentada en un ideario “neoliberal” mediante medidas tributarias que, según denuncian, “no resuelven ni de lejos” los problemas estructurales de la región en materia de vivienda, empleo y servicios sociales.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha tachado de “insulto” la decisión del Ejecutivo regional de “regalar” unos 28 millones de euros en beneficios fiscales a las compañías eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz. El parlamentario ha recordado que estas multinacionales ganan miles de millones de euros al año mientras aportan “una milésima parte de sus beneficios” en Extremadura, calificando la política fiscal de la Junta como una clara “subordinación a los poderosos”.

Desde la formación señalan que los que consideran los cuartos presupuestos de la derecha en el actual ciclo político presentan un crecimiento “insuficiente” al situarse por debajo de la subida interanual del IPC. Asimismo, sostienen que la mayor disponibilidad de fondos no responde a un impacto positivo de las políticas públicas autonómicas, sino a las mayores entregas a cuenta estatales, la llegada de transferencias de la Unión Europea y el recurso al endeudamiento público.

En su desglose por partidas, González Frutos ha ironizado sobre el grado de compromiso del Gobierno regional con el acceso a la vivienda —catalogado por el grupo como el principal problema social de la ciudadanía— al consignar un raquítico aumento del 0,8% en sus fondos específicos, algo que “indica lo que le preocupa este problema al Gobierno”. De igual forma, el grupo ha criticado que, pese al incremento global del 3,2% en la consejería de Sanidad, la inversión en atención primaria crece “únicamente” un 1,8%, manteniéndose aún “lejos” del compromiso del 25% del gasto sanitario total reivindicado por los profesionales del sector.

El grupo parlamentario ha censurado además lo que considera “un mensaje autoritario y disciplinario” tras aplicar un recorte del 48,6% en la financiación destinada al Consejo de la Juventud de Extremadura. Según González Frutos, este tijeretazo traslada el aviso de que “aquel que no sea afín y un poco crítico ya sabe el futuro que tiene”, dando continuidad a las reducciones presupuestarias ya aplicadas en ejercicios anteriores sobre las subvenciones a organizaciones sindicales y a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Unidas por Extremadura formaliza su rechazo global proponiendo en su escrito una batería alternativa de diez ejes de actuación centrados en la reforma fiscal progresiva, el blindaje de la sanidad y la educación pública, el apoyo a pymes, autónomos y el campo, la equiparación salarial del personal público, el refuerzo de la atención a la dependencia y la protección social, y una adecuada financiación municipal. El diputado ha sentenciado que las cuentas del Ejecutivo regional no se pueden arreglar con enmiendas parciales porque «no están a la altura de los dolores de nuestra tierra».

El debate plenario de las dos enmiendas a la totalidad registradas contra los presupuestos de 2027 —presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE— tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre en la Asamblea regional, donde los partidos que sustentan al Gobierno, PP y Vox, harán valer su mayoría absoluta para superar el primer trámite parlamentario.

PP y Vox han cerrado la puerta a cualquier crítica a los centros de datos en Extremadura, a pesar de que cuatro megainfraestructuras se proyectan en la región, alguna con trámites muy avanzados. Los socios de gobierno han impedido la comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea del científico del CSIC Manuel García Domínguez, propuesta por Unidas por Extremadura para que aportara “una visión científica acerca de los beneficios y los riesgos asociados a los proyectos de instalación de grandes centros de datos” en la comunidad.

El diputado de la coalición de izquierdas, Francisco Llera Cáceres, explicó que el investigador se encuentra elaborando su tesis doctoral precisamente sobre la gobernanza, los cuellos de botella, la sostenibilidad y el impacto socioeconómico real de los centros de datos en Aragón y Extremadura, pero pese a los argumentos académicos esgrimidos por Llera, el PP y Vox rechazaron de plano la solicitud. La portavoz del PP en la comisión, Isabel Cortés

Pese a los argumentos académicos esgrimidos, la bancada del Partido Popular rechazó de plano la solicitud. La diputada del PP Isabel Cortés, cargó con dureza contra el perfil del ponente, cuestionando que se convoque a “alguien de fuera”, pese a sus vínculos familiares con Extremadura, y que, a su juicio, mantiene “una visión muy negativa y un ecologismo chavista”.

Cortés defendió el interés empresarial suscitado en la región y cifró en unos 700 los empleos directos de operación que generarán estas plantas, reprochando a la izquierda estar instalada en el “no a todo” frente al crecimiento regional y contraponiendo esta postura con los 4.000 puestos vinculados a la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, Vox justificó su negativa amparándose en motivos competenciales. La diputada Eva García Alegre sostuvo que los trabajos de la comisión parlamentaria deben ceñirse a un enfoque estrictamente técnico-industrial orientado al desarrollo económico, por lo que las valoraciones de carácter científico como las del investigador propuesto deben canalizarse a través de los trámites administrativos de información pública y alegaciones.

La iniciativa contó únicamente con el respaldo del bloque progresista de la Cámara. Desde las filas del PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo calificó la solicitud de “oportuna” y confirmó el voto favorable de su formación con el fin de evaluar tanto los riesgos como los potenciales beneficios de estos megaproyectos.

Ecologistas en Acción carga contra el “negacionismo ambiental”

El veto parlamentario ha provocado una contundente reacción de Ecologistas en Acción, que ha denunciado formalmente que PP y Vox “cierran las puertas de la Asamblea a la ciencia ambiental” al impedir la intervención del científico. Desde la organización ecologista inciden en que la intención del grupo proponente “no era paralizar ningún centro de datos, sino escuchar a un investigador antes de tomar decisiones que pueden condicionar el futuro de Extremadura durante décadas”.

Para el colectivo, resulta “preocupante” que la derecha relegue el conocimiento científico a meros expedientes administrativos de información pública, excluyéndolo del debate y la fiscalización parlamentaria. Ecologistas en Acción advierte de que el rechazo se produce en un contexto de “fuerte presión” por grandes inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas, donde las preguntas sobre el elevadísimo consumo de agua y energía, la ocupación de suelo o las emisiones “quedan relegadas frente al discurso triunfalista de los anuncios de inversión”. En este sentido, recuerdan que la propia Junta de Extremadura ha llegado a reclamar la retirada de propuestas estatales destinadas a fijar exigencias de eficiencia energética e hídrica a estas plantas informáticas.

“El negacionismo ambiental no consiste solo en negar el cambio climático; también se manifiesta cuando se ignoran las evidencias científicas, se minimizan los impactos económicos o se impide escuchar a quienes pueden explicarlos”, indica la organización. El colectivo subraya que la comunidad autónoma padece ya manifestaciones graves de degradación (embalses eutrofizados, acuíferos contaminados por nitratos, suelos degradados y dehesas amenazadas por la seca) que exigen rigurosidad técnica y evaluación de efectos acumulativos. “Cerrar las puertas de la Asamblea a la ciencia no hace desaparecer los impactos ambientales. Solo impide conocerlos y prevenirlos antes de que sean irreversibles”, concluyen.

Cuando las luces se apagan en el Teatro López de Ayala y la orquesta interpreta los primeros compases, el público asiste al desenlace de una historia que comenzó muchos meses antes. Detrás de cada función hay ensayos, talleres, viajes, escenografías que se levantan pieza a pieza y decenas de profesionales trabajando lejos de los focos. También hay escolares que han conocido la ópera en sus aulas antes de escucharla sobre un escenario, estudiantes que descubren oficios vinculados a las artes escénicas y autobuses que parten desde pequeñas localidades extremeñas rumbo al Teatro Real de Madrid. Porque lo que sucede cuando se abre el telón no es únicamente una representación lírica: es el resultado visible de un proyecto que acaba de cerrar una etapa decisiva y se prepara para comenzar otra.

Detrás de cada función de Ópera Joven hay mucho más que un espectáculo. Hay una iniciativa cultural que ha demostrado que la ópera no pertenece a las grandes ciudades ni a las élites culturales, sino que puede formar parte de la vida cotidiana de cualquier territorio. Ahora, tras consolidar una estructura propia de producción, formación y mediación cultural, el programa encara una nueva fase marcada por la continuidad de un modelo que ha logrado acercar la lírica a miles de extremeños.

Se quería demostrar que la ópera no está reservada a las clases eruditas, ni porque sea difícil ni porque quienes viven en el entorno rural tengan menos capacidad para producirla o comprenderla. Esa convicción, que acompañó el nacimiento del programa, resume mejor que ninguna otra el sentido de una iniciativa que acabaría transformando el panorama lírico extremeño. Y en pocos lugares esa idea parecía tan improbable como en Extremadura.

Durante décadas, la ópera fue percibida como una manifestación artística distante. Asociada a grandes capitales, a teatros históricos y a públicos especializados, parecía vivir en un universo paralelo al de las pequeñas ciudades y los pueblos. Cuando nació Ópera Joven, Extremadura carecía de una programación operística estable, de una estructura de producción propia y de una tradición continuada de formación de públicos. La iniciativa llegó para crear un ecosistema que nunca existió.

Precisamente contra esa convicción nació en 2019 Ópera Joven, impulsado por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. No para importar espectáculos de manera puntual ni para programar una sucesión de funciones aisladas, sino para construir desde cero una red de producción artística, formación y participación cultural. Una red que hoy afronta una nueva etapa tras haber demostrado que era posible producir ópera desde Extremadura.

La ópera como derecho cultural

La historia de Ópera Joven es también la historia de una pregunta incómoda: ¿por qué determinadas expresiones artísticas siguen considerándose patrimonio de unos pocos?

La iniciativa nació precisamente para combatir esa frontera invisible. Quería demostrar que la dificultad atribuida a la ópera tiene más que ver con la falta de oportunidades para conocerla que con una supuesta incapacidad de los públicos para comprenderla. Que el entorno rural no posee menos sensibilidad ni menos capacidad de creación que los grandes centros urbanos. Y que un vecino de cualquier localidad pacense puede emocionarse ante una aria de Donizetti o una partitura de Bizet exactamente igual que un espectador de Milán, Madrid o Viena.

Ese planteamiento ha atravesado todas las ediciones del programa. Porque Ópera Joven nunca se limitó a representar títulos. Su objetivo fue construir una relación duradera entre la ciudadanía y la cultura. De ahí que sus funciones formen parte de una estrategia más amplia donde conviven la creación artística, la mediación educativa y la cohesión territorial.

Cuando la lírica echó raíces

La primera piedra de esa aventura se colocó en 2019 con L'elisir d'amore, la célebre comedia romántica de Gaetano Donizetti. Aquella producción inaugural era toda una declaración de principios. No se trataba de contratar un montaje ya terminado, sino de levantar una producción propia desde Extremadura. La obra reunió a intérpretes de prestigio como Berna Perles, Guillén Munguía, Alberto Martínez, Ricardo Llamas y Nuria García, acompañados por la Orquesta Sem Fronteiras, el Coro de Cámara de Extremadura y la Banda de Música de Montijo.

La respuesta del público confirmó que existía un espacio para la lírica que llevaba demasiado tiempo esperando ser ocupado. Los estrenos en Badajoz registraron una acogida extraordinaria y dejaron una sensación que se repetiría en los años siguientes: la ópera no era un cuerpo extraño en Extremadura. Simplemente, había estado ausente hasta ese momento.

Aquella primera producción sembró una semilla cuyo crecimiento nadie podía prever entonces.

Crear espectadores antes que consumidores

Uno de los mayores aciertos de Ópera Joven ha sido comprender que un proyecto cultural de largo recorrido no puede depender únicamente de la programación artística. Necesita formar públicos. Por eso, desde sus inicios, la vertiente pedagógica ha ocupado un lugar central. Talleres, encuentros, actividades divulgativas, conferencias-concierto y acciones de mediación han acercado la lírica a miles de estudiantes extremeños. La ópera entró así en las aulas mucho antes de llegar a los escenarios.

El alumnado pudo conocer cómo funciona una producción, acercarse a los intérpretes, descubrir el lenguaje de la escena y comprender una disciplina que durante mucho tiempo había permanecido fuera de los circuitos educativos habituales.

Algunos de esos jóvenes asistieron después a representaciones en directo. Otros viajaron al Teatro Real de Madrid en actividades organizadas por el proyecto, una experiencia que para muchos supuso no solo el descubrimiento de la ópera, sino también el acceso por primera vez a uno de los grandes templos culturales europeos. La formación de espectadores dejó de ser un objetivo secundario para convertirse en una auténtica política cultural.

Un gato para abrir las puertas

Tras la pandemia, el programa regresó en 2021 con una decisión inteligente y profundamente coherente con su filosofía: El gato con botas, de Xavier Montsalvatge.

La elección hablaba por sí sola. Frente a la imagen solemne y distante que suele acompañar a la ópera, la propuesta apostaba por la fantasía, el humor y la accesibilidad. Dirigida musicalmente por Enrico Pagano y escénicamente por Cristina Silveira, la producción reunió a Yeraldín León, Gabriel Alonso, Tiago Matos, Mar Morán y Manuel Torrado en una propuesta especialmente pensada para conectar con familias y públicos jóvenes. Aquella apuesta confirmó que la renovación generacional era posible. No había que rebajar la exigencia artística para atraer nuevos espectadores. Bastaba con ofrecerles una puerta de entrada.

Una provincia como escenario

Sin embargo, la auténtica singularidad de Ópera Joven no reside únicamente en los espectáculos producidos, sino en su vocación itinerante. Mientras gran parte de la actividad cultural continúa concentrándose en las capitales, el programa asumió la provincia como espacio natural de exhibición y llevó la lírica a municipios donde jamás había existido una programación operística estable. Así, la ópera abandonó los circuitos tradicionales para instalarse en teatros municipales, auditorios y espacios culturales repartidos por toda la geografía pacense. En cierto modo, la provincia entera se convirtió en escenario. Era la cultura la que viajaba hasta los espectadores, guiada por una convicción sencilla, la de que el acceso a la excelencia artística no debe depender del código postal.

Cruzar la Raya

Ese compromiso territorial encontró una expresión especialmente significativa con Gianni Schicchi, la brillante comedia de Puccini inspirada en la Divina Comedia. La producción recorrió diversas localidades extremeñas antes de cruzar la frontera y llegar a Portalegre, fortaleciendo los vínculos culturales de la Raya. La imagen resumía perfectamente el espíritu del proyecto: una ópera creada en Extremadura viajando hasta Portugal para encontrarse con nuevos públicos.

Más allá del valor artístico del espectáculo, había un mensaje implícito. La cultura podía actuar como un espacio compartido entre territorios históricamente unidos por una geografía común.

El valor de arriesgar

Quizá la prueba más evidente de la madurez alcanzada por Ópera Joven llegó cuando decidió mirar no hacia el repertorio heredado, sino hacia la creación viva. En 2023 produjo el estreno absoluto de La Paz Perpetua, una ópera de cámara con música de José Río-Pareja y libreto de Juan Mayorga, una de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea española. La elección no era menor. Encargar y estrenar una nueva obra con la firma de Mayorga significaba situar a Extremadura en un espacio poco frecuentado por los circuitos de producción lírica periféricos: el de los territorios que no solo programan ópera, sino que contribuyen a crearla. Esta vez no se trataba de acercar al público una gran obra del pasado, sino de participar en el nacimiento de una nueva obra destinada a formar parte del presente de la lírica.

La obra, dirigida musicalmente por Jordi Francés y escénicamente por Susana Gómez, reunió al Ensemble Sonido Extremo y a solistas como Isabella Gaudí, Christian Gil-Borrelli, Juan Noval-Moro, Toni Marsol y Cristian Díaz. No era una apuesta sencilla. Programar una obra contemporánea implica asumir incertidumbres artísticas, económicas y de recepción. Precisamente por eso resultó tan importante. Porque demostraba que el proyecto ya no aspiraba únicamente a divulgar el repertorio histórico, sino también a formar parte activa del presente de la creación operística.

Una escuela detrás del telón

Toda trayectoria tiene un momento simbólico que permite medir el camino recorrido. Para Ópera Joven ese momento llegó con Carmen. La obra de Bizet supone uno de los mayores desafíos para cualquier compañía. Afrontarla exige recursos humanos, capacidad organizativa y una madurez artística considerable.

La producción dirigida por Pedro Luis López Bellot y Mauricio Sotelo-Romero asumió ese reto desde una estética contemporánea que reflexionaba sobre la libertad, el poder y la posición de la mujer en la sociedad. Al frente del reparto brilló la mezzosoprano ucraniana Olga Syniakova junto a Eduardo Pomares, Alejandro Von Büren, Irene González, Mar Morán, Laura Orueta y Luis Renas Pereira.

Pero, una vez más, lo más revelador sucedía también fuera del escenario.

Alumnos de sastrería, peluquería y caracterización participaron en la producción, incorporándose a un proceso profesional que convirtió la ópera en un espacio de formación y aprendizaje.

La función se transformaba así en algo más que una representación. Era también una escuela.

El efecto multiplicador

Hay otro legado menos visible que las críticas o los aplausos, pero quizás más importante: cuando Ópera Joven comenzó su andadura, la actividad lírica en Extremadura era escasa y dispersa. Cinco años después, la presencia de iniciativas relacionadas con la ópera, la mediación cultural y la formación de nuevos públicos resulta mucho más habitual.

La iniciativa ha actuado como catalizador. Ha generado interés, ha abierto caminos y ha contribuido a que la lírica forme parte de la conversación cultural de la región. Su influencia ya no se mide únicamente en las producciones estrenadas, sino en todo aquello que ha ayudado a poner en movimiento.

Una revolución cultural en voz baja

Durante décadas, la pregunta parecía ser si la ópera tenía cabida en Extremadura. Cinco años después, la cuestión ha cambiado por completo. Las producciones han recorrido la provincia, los teatros se han llenado, miles de estudiantes han descubierto el género a través de las aulas y centenares de jóvenes han conocido desde dentro los oficios que hacen posible un espectáculo lírico. Lo que comenzó como una apuesta cultural se ha convertido en algo más amplio: una demostración de que la excelencia artística no depende de la proximidad a una gran capital, sino de la voluntad de construir proyectos sólidos y sostenidos en el tiempo.

El verdadero legado de Ópera Joven no se mide únicamente en producciones, representaciones o escenarios conquistados. Está también en los públicos que ha contribuido a formar, en los jóvenes que han descubierto nuevas vocaciones y en los municipios que han encontrado en la lírica una forma más de participar en la vida cultural. En ese recorrido, Extremadura ha dejado de ser solo un lugar al que llegan espectáculos para convertirse en un territorio capaz de crearlos, producirlos y proyectarlos.

La próxima producción, La verbena de la Paloma, abre un nuevo capítulo en esa historia. No se trata solo de dar continuidad a un proyecto, sino de seguir ampliando las posibilidades de la ópera desde el territorio, con la ambición artística y la vocación pública que han marcado su trayectoria. Porque el mayor logro de Ópera Joven quizá sea haber demostrado que la distancia respecto a los grandes centros culturales no tiene por qué convertirse en una barrera. Y que, cuando existen voluntad, recursos y continuidad, la cultura no solo llega a los territorios: también puede nacer en ellos.