La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido un reconocimiento de una publicación médica en los XXI Premios a la Administración Sanitaria, donde ha anunciado que se realizará la vacunación intranasal frente a la gripe a los menores de entre 6 y 11 años en los propios centros educativos “alcanzando, de forma pionera, toda la etapa escolar de Primaria”.

En concreto, Guardiola ha recogido el 'Premio Especial Presidente Autonómico' haciéndolo extensivo a todos los profesionales que forman parte del sistema sanitario extremeño, en unos galardones organizados por Redacción Médica con la colaboración de Carburos Médica, Asisa, Abbott y Biogen.

 “Recibo este reconocimiento con orgullo, consciente de que se premia el trabajo y el esfuerzo de muchas personas que me acompañan en este nuevo camino que está recorriendo Extremadura”, ha señalado.

En su discurso, la presidenta ha defendido un modelo de gestión sanitaria basado en la escucha, el diálogo y el consenso, poniendo en valor la apuesta realizada por el Gobierno extremeño para reforzar la sanidad pública.

En este sentido, ha recordado que Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor esfuerzo inversor en sanidad y ha destacado que el nuevo presupuesto regional destina más del 56 % del gasto total a sanidad y dependencia, con una dotación que aumenta en 500 millones de euros respecto al ejercicio anterior, según recoge la Junta en nota de prensa.

La presidenta ha repasado algunos de los principales indicadores de gestión alcanzados desde 2023, entre ellos el récord histórico de actividad quirúrgica registrado por el SES, con más de 98.000 intervenciones realizadas durante el último año, así como la reducción de los tiempos medios de espera para cirugía y el incremento de la actividad en consultas externas.

Refuerzo de plantillas

Asimismo, ha mencionado las medidas impulsadas para reforzar las plantillas sanitarias y favorecer la retención del talento profesional. Entre ellas, la puesta en marcha del plan de fidelización para residentes, que, en 2025, ha permitido doblar el número de fidelizaciones que se consiguieron en 2023, mediante contratos de hasta tres años y mejores condiciones laborales.

La salud mental ha ocupado también un espacio destacado en su intervención.

Guardiola ha puesto en valor el refuerzo de las unidades infanto-juveniles, los programas específicos para trastornos de la conducta alimentaria y los hospitales de día, además del próximo lanzamiento de BIEMEX, el nuevo programa de atención psicológica telemática de la comunidad autónoma.

La transformación digital del sistema sanitario fue otro de los ejes de su discurso.

Ha citado proyectos como la Historia Clínica en Movilidad, el portal digital 'Mi Salud Extremadura', la futura Tarjeta Sanitaria Virtual o la extensión progresiva del sistema de gestión de citas a través de WhatsApp, iniciativas destinadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad asistencial en todo el territorio.

Infraestructuras y avances en salud pública

En materia de infraestructuras, Guardiola ha informado sobre el inicio de las obras del Hospital Universitario de Cáceres, que se convertirá en un centro de referencia regional

La presidenta también ha destacado los avances realizados en salud pública, especialmente en el ámbito de la vacunación y la prevención.

Entre las medidas desarrolladas mencionó la ampliación del calendario vacunal, la incorporación de nuevas inmunizaciones y la reducción progresiva de la edad de acceso al cribado de cáncer de mama.

“Vamos a dar un paso importante en la vacunación frente a la gripe de los menores de entre los 6 y los 11 años, con la vacunación intranasal, que se realizará en los propios centros educativos alcanzando, de forma pionera, toda la etapa escolar de Primaria”, ha anunciado igualmente.

Durante la clausura de su intervención, Guardiola ha afirmado que Extremadura cuenta hoy con “una sanidad más moderna, más eficiente, más humana y más justa”, gracias al esfuerzo conjunto de los profesionales sanitarios y a una estrategia centrada en ofrecer estabilidad, mejorar los servicios públicos y situar a los pacientes en el centro de las políticas públicas.

Finalmente, la presidenta ha reconocido la labor de Redacción Médica como medio especializado de referencia para el sector sanitario y felicitó al resto de premiados, destacando la importancia de reconocer públicamente el trabajo que miles de profesionales desarrollan cada día al servicio de la salud de los ciudadanos. 

La Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada por unanimidad en 2023, entonces sin la presencia de la extrema derecha en la Asamblea, no será derogada ni modificada. El único notivo es que no forma parte de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de PP y Vox, ha aclarado este martes el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, aunque, en su opinión, debería eliminarse.

El mantenimiento de la ley supone que la Junta de Extremadura está dispuesta a incumplirla. Entre otras cosas, el texto obliga a aumentar los fondos destinados a cooperación hasta llegar al 0,7% del presupuesto regional en 2030. Lejos de eso, Vox ha desmantelado prácticamente la Agencia extremeña de Cooperación (AEXCID) y ha recortado las ayudas a las organizaciones que trabajan en el sector en un 92%, al pasar de más de nueve millones el año pasado a menos de un millón para el ejercicio de 2026.

Fernández ha usado su intervención en la comisión parlamentaria para atacar las ayudas al desarrollo y la cooperación internacional. Según el director general, estas políticas generan “duplicidad” con las comunidades autónomas y deberían ser competencia exclusiva del Estado al tratarse de un asunto exterior.

Además, ha considerado difícil de justificar que Extremadura, siendo una de las regiones con menores índices de renta en España, figure entre las comunidades que más presupuesto destinaba a estos fondos. A su juicio, los recursos de los ciudadanos extremeños deben invertirse dentro de la propia comunidad, dado que estos ya financian la cooperación internacional a través de los presupuestos estatales.

Críticas al modelo y rechazo a “chiringuitos”

Más allá del encaje competencial, el representante de Vox ha cuestionado la eficacia y la base moral de la ayuda internacional. Apoyándose en diversos autores, Fernández ha afirmado que estas partidas suelen generar “efectos contraproducentes” al favorecer dinámicas dependientes y estructuras ineficientes en los países receptores.

En este punto, se ha mostrado especialmente crítico con el modelo extremeño por su “carácter ideológico” y ha calificado la cooperación de “moralmente reprobable” bajo el argumento de que empeora la situación de las naciones a las que llega. Fernández ha señalado que, mientras la mayoría de los países perceptores no han avanzado desde los años 50 a pesar de las “millonadas” invertidas, el Sudeste Asiático ha progresado sin estas ayudas, por lo que ha planteado la opción de no interferir y ha rechazado explícitamente la financiación de lo que denominó “chiringuitos”.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Beltrán ha defendido la vigencia de la norma recordando que el propio Estatuto de Autonomía obliga a trabajar en favor de la cooperación. Beltrán ha sostenido que estas políticas fomentan el avance de la democracia, la educación y la atención sanitaria en las zonas más vulnerables. Asimismo, ha lamentado que se niegue el apoyo a otros países cuando Extremadura ha sido históricamente una tierra de emigración, y ha advertido de que el desmantelamiento de estas partidas supondrá la pérdida en la región de unos 200 empleos cualificados para jóvenes. A su juicio, la postura de Vox no responde a una prioridad nacional, sino a “odio y rechazo” hacia el diferente, llegando a calificarla de “xenofobia y racismo”.

Por otro lado, en respuesta a las intervenciones de José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) y de Soraya Vega (PSOE), el director general ha evitado detallar los próximos pasos presupuestarios en la materia, pero ha avanzado que “muy pronto” se conocerán las primeras medidas del Ejecutivo en materia de desregulación y simplificación administrativa, aplicables también a los servicios sociales de atención básica.

Fernández ha atribuido la falta de concreción actual a que el equipo apenas lleva un mes en el cargo y el trabajo técnico es complejo, asegurando que el objetivo no es “eliminar normas de forma indiscriminada ni debilitar garantías jurídicas”, sino encontrar un término medio sin caer en la improvisación.

Movimientos decisivos y de calado en las estructuras de los dos principales partidos de la provincia de Cáceres. En apenas unas horas, tanto el PSOE como el PP han perfilado los liderazgos con los que pretenden afrontar el escenario político orgánico e institucional de los próximos años, con la mirada ya puesta en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

El alcalde de Ahigal y actual vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial en la Diputación, Fernando García Nicolás, se convertirá en el nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres. El cierre del plazo de presentación de precandidaturas este martes ha confirmado que es el único aspirante al cargo, un escenario que la organización interpreta en clave de unidad interna y consenso. García Nicolás sustituirá orgánicamente a Álvaro Sánchez Cotrina, actual secretario regional del partido. Desde el entorno socialista se subraya que la ausencia de rivales refleja la voluntad de la militancia de afrontar los futuros retos electorales de forma cohesionada y de reforzar la estructura territorial.

El ya virtual líder provincial, que cuenta con una dilatada trayectoria municipalista al ser alcalde de Ahigal desde 2007 y presidente de la Federación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas (FEMEMBALSES), ha fijado sus prioridades de gestión de cara al futuro inmediato. Sus objetivos se centran en consolidar un partido fuerte y cercano a los municipios, capaz de responder a los desafíos demográficos, económicos y sociales de la provincia. Asimismo, sitúa como meta prioritaria el ciclo electoral de 2027, con la intención clara de construir candidaturas sólidas en todo el territorio para revalidar mayorías en los ayuntamientos, recuperar alcaldías y, fundamentalmente, retener el gobierno de la Diputación de Cáceres como herramienta clave de cohesión territorial.

Manzano optará a presidir el PP de Cáceres

Por su parte, las filas populares también encaran su propio proceso de renovación interna. La actual portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano Silva, ha anunciado oficialmente que optará a presidir el Partido Popular de Cáceres en el próximo congreso provincial del 17 de julio, relevando así a Laureano León. De lograr el respaldo mayoritario de la formación, Manzano se convertirá en la primera mujer en presidir el partido en la provincia cacereña.

La candidata popular ha justificado su decisión bajo la premisa de impulsar un nuevo proyecto que aumente la implantación del PP en los municipios y permita disputar el poder institucional en las localidades y en la propia Diputación provincial. Manzano defiende una transición tranquila pero firme, enfocada en las demandas del ámbito local como motor del desarrollo de Extremadura. Para este reto, cuenta con un marcado perfil técnico y político como profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, doctora con premio extraordinario y experta en financiación autonómica. En el ámbito de la gestión, antes de asumir la cartera de Hacienda en el Gobierno de María Guardiola, desempeñó funciones como concejala en el Ayuntamiento de Cáceres y actualmente ejerce como vicesecretaria de Economía de la formación a nivel regional.

Ambos procesos enmarcan una renovación general de las estructuras políticas en Extremadura, donde tanto bloques de izquierda como de derecha buscan engrasar sus maquinarias territoriales para medir sus fuerzas en el horizonte de 2027.

Unidas por Extremadura ha denunciado este lunes que la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, gestionada por Vox, ha prohibido a sus trabajadores incluir las palabras inclusión, diversidad e inmigración en los documentos oficiales, así como portar insignias sobre estas materias.

Asimismo, “se está coaccionando por parte de esta Consejería a los trabajadores públicos para que no utilicen carteles, ni banderas, ni insignias que según ellos no sean adecuados o neutrales”, ha manifestado la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, este lunes en rueda de prensa.

“Es una censura absoluta”, ha aseverado la parlamentaria regional, quien ha afirmado que ya han existido coacciones y ha expresado su apoyo a los funcionarios que decidan interponer denuncias “frente a este ataque absoluto a la libertad de los trabajadores públicos”.

Sin embargo, ha desmentido “categóricamente” esa denuncia de la coalición de izquierdas y ha negado que exista ninguna instrucción o normativa “que prohíba a los empleados públicos hablar de inclusión, inmigración, diversidad o cuestiones relacionadas con colectivos como el LGTBI o el feminismo”.

Menores migrantes

Por otra parte, ha tildado de “inhumana” la petición a la Fiscalía de autorización para practicar la prueba de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados acogidos en la región, anunciada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.

Ha asegurado que estas pruebas ya están contempladas en el protocolo nacional y ha considerado que la intención del consejero con esta solicitud es que “nos centremos en este tema que es tan ridículo”, además de poco solidario con comunidades autónomas como Canarias, que está viviendo una emergencia migratoria con 6.000 menores “hacinados” frente al centenar que tiene Extremadura.

Se ha preguntado cómo puede ser un “problema de primera magnitud” que Extremadura acoja a estos menores cuando, tras el estallido de la guerra en Ucrania, recibió a más de 800 personas de este país, lo que a su juicio obedece a un discurso “profundamente racista y clasista”.

“La señora Guardiola está transigiendo con este discurso racista, que lo único que intenta es criminalizar a los menores que vienen no acompañados a nuestro país”, ha aseverado la portavoz de Unidas, que ha criticado que se haga un uso “utilitarista” de la inmigración cuando los datos demuestran que está frenando la despoblación y proporcionando mano de obra en sectores que antes no la tenían.

Fundación Yuste

Irene de Miguel ha considerado además un ejemplo de “puerta giratoria” el nombramiento del exalcalde de Plasencia Fernando Pizarro como nuevo director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y ha anunciado que pedirán su currículum vitae para comprobar si se ajusta al puesto que va a ocupar porque cree que lo que más ha pesado es su carné de Partido Popular.

Ha criticado que Pizarro “abandone” la Alcaldía placentina no para volver a su puesto de maestro, sino para dirigir una fundación “por la friolera de 60.000 euros al año, muy lejos de lo que cobran los maestros en nuestra tierra”, y ha acusado al PP de “manosear” las instituciones públicas llevando a estas a una pérdida de credibilidad.

Ha expresado su inquietud por que una fundación que supuestamente debería ser apartidista para proteger su independencia y el rigor, “esté cooptada por el Partido Popular, que la instrumentaliza y la manipula para su propio interés”, como en su opinión ocurrió con la entrega del último Premio Europeo Carlos V.

En materia educativa, Irene de Miguel ha vuelto a reclamar la homologación salarial de los docentes extremeños, dado que los 80 euros mensuales que se están abonando de subida salarial distan de los 200 prometidos por el PP en campaña electoral y los 300 de Vox.

Ha exigido también a la Junta de Extremadura que se marque como prioridad instalar una máquina de aire acondicionado en cada aula de Extremadura para garantizar el confort térmico y “que la calidad de la educación no se vea resentida”.

La Diputación de Badajoz ha diseñado el 'Plan Provincial de Empleo 2026/27', dotado con más de 11,05 millones de euros con el objetivo de “reforzar la creación de empleo y el impulso de la actividad económica” en los municipios pacenses.

La presidenta provincial, Raquel del Puerto, ha afirmado durante la presentación de este programa que “uno de los grandes objetivos de esta iniciativa es fijar población en los entornos rurales”. En este marco, el plan llegará a los 165 ayuntamientos y a las 15 entidades locales menores de la provincia pacense.

El presupuesto de este programa crece un 9,01% en relación a la edición anterior, dentro de la estrategia “de aumentar progresivamente la partida destinada a esta iniciativa” desde la llegada del plan en 2024. Raquel del Puerto ha afirmado que este programa se financia íntegramente con recursos propios de la Diputación, “sin necesidad de endeudamiento” y preservando “la estabilidad y sostenibilidad financiera de la entidad provincial”.

Una de las principales novedades de esta edición es el adelanto de los plazos de la convocatoria, una medida adoptada “tras el proceso de escucha activa” mantenido con los alcaldes, y a tenor “de la realidad y necesidades” de los ayuntamientos y los municipios.

Las bases de la convocatoria se publican este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras su aprobación en Junta de Gobierno el pasado 9 de junio. A partir del martes, las entidades beneficiarias podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo día 30, con un periodo de ejecución que se extenderá desde hoy hasta el 30 de junio de 2027.

La Diputación realizará además “un acompañamiento activo a todos los ayuntamientos y entidades locales menores para garantizar que puedan acogerse al programa”, con el objetivo de que “ningún municipio se quede atrás” o de “asegurar que todos los beneficiarios puedan solicitar el plan en tiempo y forma”.

Dentro del carácter municipalista del plan, diseñado especialmente para responder a las necesidades del mundo rural, las localidades de menos de 5.000 habitantes recibirán una asignación mínima de 48.546 euros, un nueve por ciento más que el año pasado.

Esta cifra representa por ejemplo que se pueda contratar al menos a dos personas a jornada completa.

La ronda de comparecencias políticas de los lunes ha evidenciado que las posturas entre el bloque de la Junta de Extremadura y la oposición son, a día de hoy, irreconciliables. El intento del PSOE de abrir una vía de negociación con el PP a cambio de romper con sus socios tradicionales ha encallado de forma definitiva ante la negativa del partido de María Guardiola.

El portavoz de los socialistas extremeños, Manuel González Andrade, ha contextualizado la oferta de pacto que el presidente de su grupo, Álvaro Sánchez Cotrina, lanzó la pasada semana en la Asamblea de Extremadura. González Andrade ha calificado este movimiento como “un ejercicio de responsabilidad política” con la ciudadanía y ha lamentado el silencio de la Junta. A su juicio, la falta de respuesta demuestra que “la verdadera María Guardiola es la que está cómoda con Vox y con la extrema derecha”.

El portavoz del PSOE ha recordado que el ofrecimiento pasaba por el cese inmediato de los dos consejeros de Vox y la aceptación de siete acuerdos programáticos. Sin embargo, ha aclarado que esta propuesta de diálogo no invalidaba la enmienda a la totalidad de su grupo a unos presupuestos que consideran “irreales, sectarios” y perjudiciales para los servicios públicos. “Estamos hablando de unas cuentas que mutilan el diálogo social, reducen fondos para ganadería e industria y triplican la externalización de operaciones quirúrgicas en la sanidad pública”, ha criticado González Andrade, anunciando que los siete puntos de su propuesta se mantendrán vivos ahora en forma de enmiendas parciales.

El PP cierra la puerta a la negociación

La respuesta del Ejecutivo regional ha sido contundente. El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha descartado cualquier acercamiento a la propuesta socialista, tildándola de “chantaje” y de “maniobra política que llega tarde y mal”. Núñez ha querido dejar claro que la estabilidad institucional de la Junta y el pacto de gobernabilidad firmado con la formación de Santiago Abascal “no están en venta” a cambio del apoyo de la oposición.

Para el portavoz del PP, el rechazo a las enmiendas de totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura en el parlamento regional representa “una victoria para los extremeños”, y ha afeado la postura de la izquierda recordando que “votar en contra no es gobernar, es bloquear”.

Asimismo, Núñez ha aprovechado para valorar la actualidad sectorial y ha vinculado la huelga de médicos que arranca esta semana en la región con la gestión del Ministerio de Sanidad. Según los populares, la ministra Mónica García “se ha quedado sola” con un Estatuto Marco sin consenso profesional, un conflicto que en Extremadura ya ha provocado la cancelación de 261.000 consultas y 3.200 operaciones, por lo que ha exigido una “rectificación inmediata”.

Vox reivindica su influencia y endurece las medidas migratorias

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Inés Checa, ha defendido la solidez del acuerdo con el PP, poniendo como ejemplo de cumplimiento la inclusión en los presupuestos de 2026 de la homologación salarial progresiva para el profesorado extremeño, evitando así que existan “docentes de segunda según el código postal”.

No obstante, el discurso de Vox se ha centrado con especial dureza en el apartado migratorio. Checa ha respaldado el anuncio del vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, sobre la intención de solicitar a la Fiscalía de Menores la autorización para realizar pruebas de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados acogidos en la región siempre que existan dudas. “Los extremeños no van a mantener a falsos menores”, ha aseverado la portavoz, quien también ha avanzado que la Junta recurrirá por la vía judicial cualquier nuevo reparto de menores migrantes que el Gobierno central pretenda enviar a Extremadura.

Las comparecencias en Mérida no han sido ajenas al panorama judicial en Madrid. Tanto el PP como Vox han coincidido en señalar la “complicada semana” que afronta el PSOE a nivel nacional debido a las citaciones judiciales de Begoña Gómez y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Núñez ha manifestado que el PP permanece “expectante” ante los tribunales, mientras que Checa ha calificado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “corrupto”.

En la bancada socialista, González Andrade ha evitado valorar los cambios internos en el PP de Plasencia tras la renuncia del alcalde Fernando Pizarro y, respecto a las causas abiertas en Madrid, ha remarcado que el PSOE extremeño mantiene una postura de absoluto “respeto a la justicia, a los tiempos y a la presunción de inocencia”.

 El PSOE de Cáceres celebrará su Congreso Provincial Extraordinario el 25 de julio, fecha en la que se votará la nueva dirección del partido, con su nueva secretaría al frente, que sustituirá a Alvaro Sánchez Cotrina, que ahora es el secretario general del PSOE extremeño.

El Comité Provincial ha aprobado este viernes por unanimidad el proceso de primarias para la elección de la Secretaría General y las bases de la convocatoria del Congreso Provincial Extraordinario.

En el Congreso Provincial Extraordinario se elegirá la nueva Comisión Ejecutiva Provincial y los representantes de los órganos regionales y federales del partido.

La secretaria general en funciones, María José Pulido, ha manifestado que esta unanimidad “vuelve a poner de manifiesto que el partido no solamente está trabajando en el día a día, sino que sigue unido y permanece fuerte en las cosas importantes”.

El calendario aprobado establece, como primer hito la apertura del plazo de presentación de precandidaturas a la Secretaría General, que permanecerá abierto entre los días 12 y 16 de junio y, posteriormente, del 17 al 24 de junio, se desarrollará la recogida y presentación de avales para las personas aspirantes.

La proclamación de candidaturas y la resolución de posibles recursos tendrá lugar entre los días 24 y 26 de junio. En el caso de que hubiera más de una candidatura, a partir de esa fecha comenzará la campaña de información interna, que finalizará el 12 de julio con la primera vuelta de las votaciones para elegir a la persona que ocupará la Secretaría General del PSOE de la provincia de Cáceres.

En caso de que ninguna candidatura obtuviese más del 50 por ciento de votos válidos emitidos, se celebrará una segunda vuelta el 19 de julio entre las dos candidaturas más respaldadas.

Elegido el secretario o la secretaria general, el proceso culminará el sábado 25 de julio con la celebración del Congreso Provincial Extraordinario, del que saldrá la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, así como los representantes de la provincia en el Comité Regional y en el Comité Federal del PSOE. 

El PSOE de Extremadura ha exigido este viernes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare “de manera inmediata” cuál es su posición ante el anuncio realizado por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, de recurrir a los tribunales cualquier traslado de menores migrantes no acompañados a la comunidad autónoma.

El portavoz del PSOE extremeño, Manuel González Andrade, ha asegurado que la presidenta no puede mantenerse “de perfil” ante una cuestión que ha calificado de grave. “Guardiola tiene que decir qué opina”, ha reclamado, al tiempo que ha recordado que en Extremadura “no existen dos gobiernos diferentes, uno del PP y otro de Vox”, sino un único Ejecutivo responsable de las decisiones que adopta.

En ese sentido, ha sostenido que cuando un miembro del Consejo de Gobierno anuncia una medida de este tipo “no habla en nombre propio”, sino como vicepresidente de la Junta de Extremadura. Por ello, ha instado a la presidenta a explicar si respalda la decisión anunciada por Fernández Calle o si está dispuesta a desautorizarla.

González Andrade ha cargado además contra las declaraciones del dirigente de Vox, que, a su juicio, “emanan racismo y xenofobia” y responden a una forma de hacer política basada en el señalamiento de personas vulnerables. Según ha señalado, la eliminación de la solidaridad y la justicia social de la acción política termina derivando en anuncios como el realizado por el vicepresidente extremeño.

El portavoz socialista ha vinculado estas declaraciones con las decisiones adoptadas por el Gobierno autonómico en materia de cooperación internacional. Así, ha recordado la supresión de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cese de su dirección y la desaparición de fondos destinados a estas políticas en los presupuestos regionales.

Asimismo, ha advertido de que la decisión anunciada por Fernández Calle “roza los límites de lo legal y, sobre todo, los límites de lo humano”. A su juicio, tratar a menores migrantes como un problema y no como personas que necesitan protección supone alejarse de los valores que deben inspirar la acción pública.

Por último, González Andrade ha defendido que Extremadura ha sido tradicionalmente una tierra solidaria y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que abandone los discursos de confrontación. “Lo que está en juego no es solo una decisión administrativa, sino el modelo de sociedad que queremos construir y los valores que deben representar las instituciones públicas”, ha concluido.

La Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía de Menores autorización para practicar pruebas de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados acogidos en la región cuando existan dudas sobre la veracidad de la edad declarada. Asimismo, recurrirá ante los tribunales los nuevos traslados de estas personas desde otros puntos del país. A partir de ahora, más allá de la vía administrativa que se viene aplicando, recurrirá y “agotará” todas las vías legales a su alcance, y judicializará, todas aquellas decisiones que supongan “un traslado desde otras partes de España” de “teóricos” menores migrantes no acompañados a la región.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, quien ha asegurado que el sistema de acogida de la comunidad autónoma se encuentra actualmente “al límite” de su capacidad.

Según los datos facilitados por el responsable autonómico, en estos momentos hay 104 menores extranjeros no acompañados protegidos por el sistema de acogida de la Junta de Extremadura.

Fernández Calle ha precisado que las pruebas para determinar la edad no se solicitarán de manera generalizada, sino únicamente en aquellos casos en los que “no haya garantía fehaciente” de la edad declarada o exista “sospecha” de que esta no se corresponde con la edad real de la persona acogida.

En esta línea, ha subrayado el “compromiso claro” de “defender los intereses de los extremeños”, actuando para ello también “de manera frontal” contra la “inmigración ilegal, masiva y descontrolada que ampara el Gobierno socialista de Pedro Sánchez”.

Los presupuestos de la Junta para 2026, elaborados por el Gobierno de coalición de PP y Vox, triplican los fondos destinados a derivar pacientes a la sanidad privada en comparación con las cuentas de 2023, las últimas firmadas por el anterior Ejecutivo socialista. Esta escalada ya se inició en 2024, coincidiendo con la entrada de PP y Vox en el Ejecutivo.

En concreto, la polémica se centra en el notable incremento de los programas Paracelso —destinado a derivar pacientes a clínicas privadas para aliviar las listas de espera quirúrgicas— y Galeno —enfocado en la externalización de pruebas diagnósticas—. Para el próximo año, el programa Paracelso alcanzará los 15,9 millones de euros, mientras que el Galeno estará dotado con 14,5 millones; unas cifras que consolidan el progresivo trasvase de fondos públicos hacia el sector privado.

Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han censurado con dureza este incremento presupuestario, una situación que, según denuncia la oposición, el propio director general de Planificación Económica del SES llegó a reconocer en comisión parlamentaria como un “inconveniente” que el Ejecutivo autonómico pretende modificar ahora por la vía de una “enmienda” técnica.

Isabel Gil Rosiña (PSOE) y José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) han coincidido en alertar de la “privatización encubierta” de la sanidad pública. Según ambos portavoces, ante las críticas de la oposición por el blindaje a la privada, el alto cargo del SES aseguró que las cifras consignadas en el proyecto no coinciden con las previsiones reales y que el Gobierno regional las rectificará antes de que expire el plazo el próximo día 15.

La portavoz socialista ha detallado el desglose de esta externalización, que “se triplica” al pasar de los 6,4 millones de euros que el PSOE presupuestó para intervenciones quirúrgicas a los 15,9 millones fijados para 2026; y de 5,2 millones para pruebas diagnósticas a los 14,5 millones actuales. Además, Gil Rosiña ha aseverado que la promesa de inyectar 500 millones más en la sanidad extremeña es “una gran operación de propaganda que no resiste el contraste con la realidad”, ya que esa cuantía se diluye en el conjunto de la Consejería de Salud y Dependencia.

Por su parte, González Frutos ha puesto el foco también en el ámbito educativo, criticando el aumento de los conciertos y la fórmula elegida para la educación infantil: “Pretenden vender la universalización de la etapa de 0 a 3 años a base de dar un cheque privado en vez de construir nuevas unidades en la escuela pública, lo que evidencia el carácter parasitario y lobista de los intereses privados en los servicios públicos”.

Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Hipólito Pacheco Delgado ha querido restar tensión al choque defendiendo que el director general del SES realizó “un ejercicio de humildad y transparencia” al admitir que existía “un error” en el proyecto de presupuestos que se va a solucionar de inmediato.

Asimismo, Pacheco ha replicado a Gil Rosiña exigiéndole “humildad” tras haber sido consejera durante ocho años y le ha recordado que el anterior Ejecutivo socialista también recurría a los conciertos sanitarios. “Aquí no se privatiza ninguna sanidad; la sanidad extremeña es y seguirá siendo gratuita y universal”, ha zanjado. En esta misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha defendido con firmeza que las cuentas de 2026 responden a las necesidades de la región, destacando medidas consensuadas en el seno del Ejecutivo de coalición como la homologación salarial de los docentes, la gratuidad de la educación infantil y la inversión en vivienda protegida, infraestructuras y simplificación administrativa.

La Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves en pleno extraordinario un plan de financiación para municipios y entidades locales menores de la provincia dotado con 19.998.387 euros, que tiene como principal novedad la posibilidad de destinar parte de las ayudas a la rehabilitación de viviendas para su posterior alquiler.

Esta línea de actuación se orienta a facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y a contribuir a la fijación de población en los municipios de la provincia, en un contexto de dificultades de acceso residencial y envejecimiento demográfico.

El vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado que el plan permite a cada entidad local decidir el destino de los fondos, combinando una asignación fija en función del tamaño del municipio con una cuantía variable por habitante.

Entre las finalidades más habituales elegidas por los ayuntamientos figuran la pavimentación de vías públicas, el gasto corriente y las instalaciones deportivas, aunque en esta edición destaca la incorporación de actuaciones vinculadas a vivienda.

En este ámbito, las entidades locales podrán destinar recursos a la rehabilitación de inmuebles de titularidad pública o privada para su transformación en vivienda de alquiler, una medida que la Diputación vincula a la necesidad de ampliar la oferta residencial disponible en el territorio.

El plan incluye también inversiones en gestión del patrimonio, parques y jardines, redes de abastecimiento, caminos vecinales, alumbrado público, servicios sociales, saneamiento, medio ambiente, infraestructuras agropecuarias y protección civil, entre otros ámbitos.

García Nicolás ha subrayado que la puesta en marcha del programa se ha realizado en un corto espacio de tiempo, lo que permite a los ayuntamientos ejecutar proyectos ya iniciados y atender necesidades urgentes.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la colaboración de los consistorios y del personal técnico de la institución para la tramitación del plan y ha puesto en valor su carácter flexible.

También, que esta herramienta financiera busca dar respuesta a las necesidades de los municipios. Y ha resaltado la incorporación de medidas vinculadas a vivienda como elemento relevante dentro de la estrategia.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha asegurado que la reciente decisión de “derivar a entidades externas” diversas terapias de habilitación funcional del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) de Cáceres supone un “nuevo avance en el proceso de privatización encubierta” de los servicios públicos de atención social y sanitaria en la región.

En un comunicado, señala que la “controversia política” surgida tras el anuncio realizado a finales de mayo por la Junta de Extremadura “resulta secundaria” frente a lo que considera el “verdadero problema de fondo”, que es la “progresiva pérdida de gestión pública directa” en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, que se encuentra externalizada “casi al cien por cien”.

Según el SIP, la externalización de estas terapias se ha justificado mediante argumentos que considera “falaces” y contribuye a reforzar la percepción de que Extremadura es “incapaz de sostener por sí misma su Estado de bienestar”.

En este sentido, el sindicato ha acusado al Ejecutivo autonómico de María Guardiola de “impulsar una estrategia orientada a incrementar el peso de la gestión privada” en estos servicios; y ha recordado que en los últimos meses viene alertando del deterioro de distintas áreas vinculadas a la sanidad y los servicios sociales.

Así, ha señalado que el pasado mes de enero anunció un seguimiento específico de la situación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), al que considera uno de los órganos “con mayores problemas de funcionamiento”.

Asimismo, ha incidido en que durante el mes de abril ya advirtió sobre la existencia de dificultades de personal que, a su juicio, tienen carácter estructural y no coyuntural, y que afectan a la capacidad de prestación de servicios públicos “en condiciones adecuadas”.

El SIP también ha vinculado esta situación con las movilizaciones desarrolladas durante los últimos meses por trabajadores del sistema sanitario extremeño, quienes han reclamado medidas para reforzar los recursos humanos y materiales disponibles en la red pública.

En relación con el ámbito de la discapacidad, el sindicato sostiene que la derivación de nuevas especialidades a organizaciones externas confirma una tendencia que, según afirma, ha llevado a que “la práctica totalidad de la gestión de estos servicios se encuentre actualmente externalizada”.

Además, ha planteado dudas sobre el cumplimiento íntegro del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX).

La organización ha advertido de que esta situación afecta a más de 6.300 familias extremeñas y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener sobre la calidad asistencial y las garantías de atención que reciben los usuarios del sistema.

Por último, el SIP ha rechazado que el debate deba centrarse exclusivamente en la continuidad de los servicios y ha defendido que la cuestión principal es determinar quién los gestiona y bajo qué condiciones.

En este sentido, ha insistido en que el mantenimiento de las prestaciones es una “obligación de la Administración” y ha reclamado una apuesta decidida por la gestión pública directa en el ámbito de la dependencia y la discapacidad. 

La Asamblea de Extremadura ha celebrado este jueves su 43 aniversario con llamamientos al diálogo y al entendimiento tanto por parte de su presidente, Manuel Naharro, como por parte del vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, quien ha advertido de la debilidad de la democracia y de la polarización actual.

Al acto, celebrado en el Patio de los Naranjos, han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, así como distintos consejeros del Ejecutivo regional.

En él se ha entregado la medalla de la Asamblea de Extremadura a los diputados de la actual legislatura que han asistido al acto y se ha reconocido también a los trabajadores jubilados de la institución, todo ello con el acompañamiento musical de la Joven Orquesta de Mérida.

Especialmente crítico con el momento actual se ha mostrado Abel Bautista, quien ha reconocido que a la ciudadanía “no acabaría de gustarle mucho lo que ven en esta Asamblea” más de cuatro décadas después de su constitución.

“No logramos entender cómo fue posible el entendimiento, el diálogo, el consenso y el respeto hace 43 años, cuando todo estaba por construir, y se antoja algo difícil y incluso como si fuera una utopía en este momento”, ha dicho el también consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias

Bautista ha citado al jurista extremeño Antonio Hernández Gil para afirmar que la democracia es “constitutivamente débil”, una frase, ha dicho, de “plena actualidad”, pues “las portadas de los periódicos y los telediarios nos ponen en contexto cada día y nos demuestran que esa debilidad es real”.

Ha hecho un llamamiento al “diálogo, al consenso, al respeto, al entendimiento” entre los diputados del Legislativo regional, a “estar por encima de partidismos estériles” y a poner siempre a Extremadura por delante de todo.

El vicepresidente de la Junta ha destacado que “esta tierra se ha construido con mucho trabajo, con mucho sufrimiento, con mucha emigración también” y ha instado a los extremeños a sentirse orgullosos de todo lo conseguido en estos 43 años y a “sacudirse los complejos”.

A su juicio, actualmente “tenemos un modelo de región más definido, tenemos más empleo, más industria, más inversión”, por lo que ha instado a que aflore en la región “una autoestima colectiva que los parlamentarios debemos acompañar y potenciar” con independencia de intereses partidistas.

Por su parte, Manuel Naharro ha recordado que la Asamblea de Extremadura nació “como expresión de la voluntad de los extremeños y extremeñas de gobernarse a sí mismos, de construir un proyecto codo a codo y de fortalecer una democracia sosteniéndola en los pilares de la libertad, el diálogo y la convivencia”.

En ese sentido, ha abogado por que la nueva legislatura que ahora arranca esté “marcada por el respeto, el diálogo y la búsqueda del interés general por encima de cualquier diferencia”.

“Aquí tienen cabida todas las voces legítimas y todas las aspiraciones de una sociedad plural. Esa es la grandeza del parlamentarismo, convertir la diversidad en diálogo y las diferencias en acuerdos que hagan avanzar nuestra comunidad”, ha dicho Naharro, quien ha pedido a los parlamentarios que actúen “siempre con altura de miras, con respeto a nuestras diferencias y con lealtad a los ciudadanos a los que servimos”. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio para adquirir los inmuebles de la Universidad de Extremadura (UEX) en los que se ubica el Museo Helga de Alvear en Cáceres, por importe de 2.490.637 euros, al objeto de garantizar la estabilidad institucional y la perdurabilidad de una institución cultural de referencia en España y Europa, con más de 200.000 visitas al año.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado en rueda de prensa de este acuerdo para la adquisición del edificio conocido como Casa Grande, una construcción modernista de principios del siglo XX que destaca por sus dimensiones y carácter arquitectónico, con una superficie construida de 3.086 metros cuadrados; y el patio anejo, de 3.016 metros cuadrados que incluye suelo, vuelo y subsuelo.

Manzano ha subrayado que el Museo Helga de Alvear juega “un papel esencial” para “atraer turismo a Extremadura, para dinamizar la economía y para proyectar la imagen de la región y de Cáceres a nivel internacional”.

Se trata del segundo museo más visitado de Extremadura y figura entre los cincuenta con mayor afluencia de público en toda España. Su colección está formada por más de 3.000 obras que representan “la mejor colección privada de arte contemporáneo del país y una de las más destacadas a nivel internacional”.

La firma del convenio se materializará entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes; la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social; y la Universidad de Extremadura.

Se enmarca en la Acción de Cohesión en Destino (ACD) 'Extremadura, destino de experiencias', y se financiará con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation EU.

Otro frente judicial para la Junta de Extremadura a cuenta de su política medioambiental. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que pretende modificar los límites de 52 espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Esta decisión judicial supone un nuevo revés para la estrategia del Gobierno de María Guardiola. Llega, de hecho, de forma casi simultánea al frenazo que el propio TSJEx ha asestado a la Junta al suspender cautelarmente el Decreto 180/2025, el polémico “atajo” con el que la Administración autonómica pretendía modificar los límites ambientales de varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el objetivo de salvar de la demolición el resort de lujo de Marina Isla de Valdecañas.

Si en el caso del complejo ubicado en el norte de Cácres el tribunal ya ha reprochado la maniobra de la Junta, este nuevo procedimiento eleva el conflicto. La nueva iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, con fecha de 7 de abril, afecta a un total de 39 ZEPA y 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuya superficie total protegida se pretende reducir de golpe en más de 10.600 hectáreas (7.018 hectáreas menos en las ZEPA y 3.639 menos en los LIC).

Desde Fondenex han comparado ambos escenarios: “Si grave fue la pretensión de modificar los límites de las 11 ZEPA -asociadas a Valdecañas-, más grave es intentar modificar los límites de 52 espacios protegidos”.

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, ha venido justificando de manera recurrente estos drásticos recortes escudándose en supuestos “errores cartográficos” cometidos durante las delimitaciones originales de los años 80 y 90. Un argumento que Fondenex rechaza por completo, recordando la solvencia de la cartografía de la época y apuntando a sospechas mucho más profundas. La entidad alerta de que la exclusión de estas miles de hectáreas —que sirven de hábitat y alimentación para especies protegidas como el cernícalo primilla en zonas como los Llanos de Cáceres o el Embalse de Orellana— podría coincidir de forma deliberada con futuros proyectos de desarrollo urbanístico o energético.

Desde el punto de vista legal, el recurso recuerda que cualquier reducción de la Red Natura 2000 solo puede ampararse en cambios naturales científicamente demostrados, exige una tramitación por ley y, además, requiere el visto bueno previo de la Comisión Europea. Sin embargo, la Junta de Extremadura ha intenado esquivar todos ellos por la vía del decreto.

Frente a las sospechas de los ecologistas, el Ejecutivo autonómico defiende en su propuesta que el objetivo de este decreto, más allá de corregir los supuestos errores cartográficos, es “permitir el desarrollo de núcleos donde hoy resulta difícil ampliar cementerios, polígonos o equipamientos básicos”. La Administración aduce que existen cascos urbanos y zonas consolidadas con un grado de protección ambiental que, a su juicio, ya no está justificado por sus valores naturales actuales.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo al presupuesto de 2026 por “la obligación moral y ética de desvelar el alma”, “muy fea”, de unas cuentas que tienen “un corazón de piedra” y que “se inventan problemas que no existen para ocultar los intereses que defienden”.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, González Frutos ha destacado que estas cuentas se presentan con la estrategia de “dientes, dientes, que es lo que les jode”, como dijo Isabel Pantoja, para disimular que “nacen del acuerdo de la vergüenza” con Vox y ocultar que el PP “ha metido el fascismo en las instituciones”.

El parlamentario de Unidas ha recordado al Papa León XIV, que dijo el lunes que uno “no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano”, para criticar la 'prioridad nacional' que recogen los presupuestos, “que no se conmueven con el dolor ajeno” al contemplar medidas como la eliminación de 10 millones en las ayudas a la cooperación al desarrollo, lo que ha considerado una “auténtica canallada”.

Se ha preguntado también qué entienden PP y Vox por “gasto político o chiringuitos” cuando su proyecto de presupuesto recoge una subida salarial del 9% para altos cargos y del 13% para eventuales contratados por el Gobierno, mientras el aumento es cero para partidas como la renta básica, los mínimos vitales o el complemento a las pensiones no contributivas.

González Frutos ha lamentado también el mensaje de “disciplinamiento” que recogen los presupuestos con medidas como el recorte en un 50% de las ayudas a los sindicatos, lo que ha atribuido “al sueño húmedo de la derecha de acabar con la autorganización de los trabajadores”.

Igualmente, el parlamentario de Unidas ha criticado la “política fiscal frívola y ridícula” que inspiran, nuevamente, las cuentas de 2026, con el “fanatismo ideológico” de atraer, sin éxito, a los ricos de otras regiones.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha acusado a Unidas por Extremadura de presentar una enmienda a la totalidad poco trabajada, fanática y sectaria, “una auténtica pesadilla política de terror que podría titularse 'clasismo infernal' o 'apocalipsis privada'”.

A su juicio, presenta “una realidad totalmente distorsionada”, en la que se critica hasta la gratuidad de la educación cero a tres años, con argumentos inventados sobre “una fiscalidad para ricos” o que alertan de la “privatización absoluta de todos los servicios”, lo que, en su opinión, pone de relieve que este grupo “está instalado en el bloqueo y en el odio”.

Más tajante aún ha sido el diputado del PP Hipólito Pacheco, quien ha considerado trasnochada la enmienda de Unidas y ha acusado a los integrantes de esta formación de haberse quedado en hace 30.000 años, en la etapa de los cromañones, “la más oscura de la historia”.

“Soberbia académica” de Elena Manzano

En esa misma línea se ha manifestado el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo al considerar que la alternativa propuesta por el grupo liderado por Irene de Miguel es “una apelación permanente el pesimismo, al miedo y al desánimo”. A su juicio, se ve como “una amenaza lo que constituye una esperanza”, que es el gobierno de coalición entre su partido y el PP.

Pelayo Gordillo ha dejado claro que han sido los extremeños y no María Guardiola quien los ha puesto en la Junta de Extremadura, y ha defendido la 'prioridad nacional' y la bajada de impuestos, “el eje de nuestro discurso político que defendemos con orgullo” y que está contemplado en un pacto de gobierno que, según ha defendido, se va a cumplir en su totalidad.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña, que junto a José Antonio González Frutos ha criticado la “soberbia académica desmedida” con la que Elena Manzano trata a la Cámara, ha apoyado la enmienda de Unidas por Extremadura por compartir con ella su filosofía, la de un presupuesto que recoge “la imposición ideológica de la extrema derecha”, prioriza a los privilegiados, no protege los servicios sociales y debilita la democracia en la región. 

Finalmente, las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura han sido rechazada por los 40 diputados de PP y Vox. El viernes se abrirá el plazo para las enmiendas parciales y el 30 de junio se celebrará el pleno en el que se aprobarán las cuentas de 2026.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido su enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales de PP y Vox, un modelo “ideológico” que “abandona a mucha gente” en Extremadura, desde el que harán una oposición “seria, realista y constructiva” que hable “de las cosas del comer”, frente a la “polarización” de la extrema derecha.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, ha condicionado la retirada de su enmienda a que la presidenta María Guardiola “expulse” a los consejeros de Vox del gobierno y asuma una propuesta “alternativa” sustentada en “siete acuerdos”. Pero la enmienda del PSOE y la de Unidas por Extremadura no ha salido adelante por el rechazo de los 40 diputados de PP y Vox.

En Educación propone la reducción de ratios, subida salarial para los docentes de 200 euros mensuales o la puesta en marcha de un plan de climatización de los centros educativos; y en Sanidad, un refuerzo estructural de 250 millones de euros para la Atención Primaria que permita garantizar citas médicas en menos de 48 horas.

Otros pactos pasan por Vivienda con, por ejemplo, la construcción de 1.000 viviendas destinadas a jóvenes y familias trabajadoras; Financiación Municipal, para elevar el Fondo Regional de Cooperación Municipal hasta los 76 millones de euros en 2026; e Infraestructuras, donde plantea culminar la EX-A1 y la carretera Badajoz-Olivenza.

Impulsar la contratación en origen y favorecer los procesos de regularización laboral para garantizar mano de obra en sectores estratégicos; blindar el diálogo social, recuperar la AEXCID y garantizar una inversión equivalente al 0,7 % en cooperación al desarrollo son otras de sus propuestas.

“Usted fue pionera en abrir las puertas del Gobierno a la ultraderecha y será recordada por normalizar su presencia en las instituciones. Yo aspiro a ser recordado por sacarlos de ellas”, ha apuntado el líder socialista, quien ha abogado por una Extremadura sin “división social”, libre de “odio” y “de miedo al diferente”, centrada en “resolver los problemas de la gente”.

Sánchez Cotrina ha puesto nombre a las, a su juicio, fracasadas políticas de la Junta al mencionar, entre otras personas, a “María que espera que se construya una residencia de mayores” para una plaza “empujándola a la privada”, mientras le cuida Ana, “una migrante que está en un proceso de regulación extraordinario, que levanta los servicios públicos, que cuida a nuestra gente y que sin Ana, María se muere”.

En este sentido, ha censurado la prioridad nacional del pacto para interpelar a Guardiola que eso de que “primero Extremadura” sea una verdad: “Extremadura o Vox, esa es su ecuación”, al tiempo que ha advertido de que estarán vigilantes para perseguir “todas y cada una de las decisiones de este pacto que atenten contra la ciudadanía extremeña”.

Con motivo de la visita del Papa, ha aprovechado para rescatar unas palabras del sumo pontífice, que “nadie puede arrodillarse ante Dios y, a su vez, despreciar al hermano: tiene usted (dirigiéndose a Guardiola) la oportunidad de echar de su Gobierno a los que le hacen y le obligan, se supone, a despreciar a sus hermanos”.

“Falso diálogo”

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha reprochado a Sánchez Cotrina estar instalado en el “no por sectarismo ideológico”, así como su “soberbia” con un falso mensaje de “diálogo” cuando presentó rápidamente una enmienda a la totalidad que es en realidad “la confirmación del presupuesto” con “medidas ya implantadas” por un gobierno al que respalda “el 60%” de los extremeños en las urnas.

Le ha afeado igualmente que “lo único que le interese sea ser presidente de la Junta, ocupar el sillón”, pero no haga aportaciones para mejorar la comunidad tras 40 años de gobiernos socialistas que han lastrado su desarrollo socioeconómico, con un verdadero “infierno fiscal”.

En su intervención, Manzano ha cuestionado a Sánchez Cotrina su postura respecto al calendario de cierre de la central de Almaraz, mostrándose este de acuerdo con que Almaraz “cumpla tres años más, que es lo que han pedido los empresarios”, pues no puede “obligarlos” a más; o la financiación autonómica, cuestión en la que ha dicho luchará, junto a la Junta, por “una financiación más justa”.

En el debate ha habido un rifirrafe a cuenta de la denominación 'Sánchez', pues el líder socialista ha pedido que, al igual que como se le conoce fuera del hemiciclo, se le llame también por el segundo apellido de su madre, Cotrina: “Cuando me llaman el señor Sánchez, no es mi primo el presidente del Gobierno”, ha ironizado.

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, le ha pedido que se pase “al lado bueno del apellido”, porque él no se “avergüenza” de ninguno de los suyos: “veo que usted en Sánchez se arrepiente”, y, a propósito de las palabras de León XIV, le ha sugerido que lea “los mandamientos: el sexto, no cometerás actos impuros, y el séptimo, no robarás”, pues “nos tienen abochornados con todos los escándalos del PSOE”.

Desde las filas de Vox, la portavoz Inés Checa ha criticado la postura “hipócrita” y “falsa” de Sánchez Cotrina en la defensa del mundo agrario cuando votan en Bruselas propuestas que “destrozan al campo” extremeño y cuando en sus años de gobierno “no han sido capaces de generar prosperidad”, solo “dependencia de subsidios”.

“Si María, a la que usted ha hecho referencia aquí, se muere en la espera, que no le quepa duda que es porque el PSOE roba a manos llenas a todos los españoles para gastárselo en prostitución, en cocaína y en chiringuitazos”, ha aseverado Checa, quien ha defendido el principio de 'prioridad nacional', que los recursos de los extremeños “se quedan con los extremeños”, y no para “el empoderamiento de la mujer en Mali”.

La enmienda a la totalidad del PSOE ha contado con el único apoyo de Unidas por Extremadura ya que, según la diputada Nerea Fernández, son unos presupuestos “antisociales”, que “descapitalizan la administración pública para justificar futuras privatizaciones por falta de eficiencia”, con una hoja de ruta: avanzar hacia los “recortes”, la “segregación”, y “en contra de los más vulnerables”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el decreto de la Junta que pretendía evitar la demolición de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres.

La norma suspendida, que fue aprobada el pasado 16 de diciembre, ajustaba los límites de 11 espacios declarados Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la región, entre ellos el de Valdecañas. Sin embargo, los magistrados de la Sala han sido tajantes en su resolución: “La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas”, en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico ordenada por el Tribunal Supremo y, posteriormente, avalada por el Constitucional, que desestimó los recursos de amparo que pretendían mantener en pie el complejo.

La Junta de Extremadura sostiene que el decreto solo pretende corregir imprecisiones cartográficas derivadas de mapas en papel obsoletos, pero el TSJEx ha concluido lo contrario al no apreciar “una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes”.

Dada la naturaleza del caso, el alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida tiene “como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente” y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular.

“Un fraude de ley en toda regla”

El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha subrayado que la decisión del TSJEx “ha desnudado por completo la maniobra de la Junta”. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, “sino de un fraude de ley en toda regla” para “intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho”. Aunque no es la sentencia final, supone “un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta”, ha valorado.

Por su parte, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha anunciado formalmente que recurrirá el auto del TSJEx. A través de un comunicado, el Gobierno de María Guardiola ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha asegurado que “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material”.

La Junta defiende que el decreto recurrido emplea cartografía digital y tecnología más precisa para enmendar delimitaciones antiguas y sostiene que, precisamente, la situación de la Marina Isla de Valdecañas deriva de “errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran”.

En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que esta consideración “debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos”. Además, ha destacado que la resolución judicial actual se limita a acordar una suspensión cautelar “sin pronunciarse sobre la validez del decreto”.

Una polémica de casi 20 años

Este nuevo varapalo del TSJEx a la estrategia de la Junta de Extremadura se suma a una larga lista de reveses judiciales que arrastra el complejo turístico, conocido como 'el Algarrobico extremeño', objeto de polémica desde que en 2007 obtuvo el visto bueno del Ejecutivo autonómico para levantarse en medio del pantano de Valdecañas y en una ZEPA, después de que la Junta lo declarase Proyecto de Interés Regional para permitir la recalificación de los terrenos para su construcción.

El recorrido en los tribunales quedó firmemente sellado cuando el Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort de lujo de la Isla de Valdecañas, estimando el recurso de Ecologistas en Acción contra una resolución previa del TSJEx, que pretendía salvar los chalets y el campo de golf que ya estaban construidos. De esta forma, la orden es echar abajo las 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf, además de todo lo que está en pie, pero se quedó sin concluir.

Los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se encuentra el resort, y la Junta de Extremadura acudieron al Tribunal Constitucional, que a finales del año pasado desestimó uno por uno los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Supremo.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha anunciado este martes su renuncia al cargo tras quince años al frente del Ayuntamiento de la capital del Jerte, una decisión que coincide con el anuncio de la Junta de Extremadura de proponerlo como nuevo director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Pizarro, que llegó a la Alcaldía en 2011 y ha revalidado el cargo mediante cuatro mayorías absolutas consecutivas, ha comunicado su marcha a través de un escrito en el que hace balance de una etapa marcada, según señala, por la dedicación al servicio público y por la confianza depositada en él por la ciudadanía placentina durante más de una década.

En su despedida, el regidor ha definido la Alcaldía como “el mayor honor” de su vida y ha agradecido el respaldo recibido por parte de los vecinos durante sus años de mandato. Asimismo, ha querido trasladar que esta decisión no supone su retirada de la vida pública, ya que continuará desempeñando responsabilidades institucionales vinculadas al desarrollo de Extremadura.

Su salida del consistorio se produce después de que la Junta haya anunciado su intención de situarlo al frente de la Fundación Yuste, una entidad de referencia en la promoción de los valores europeos e iberoamericanos y en la proyección internacional de la comunidad autónoma. El nombramiento será propuesto formalmente por el Patronato de la fundación en su próxima reunión, prevista para el 15 de junio, en sustitución de Juan Carlos Moreno.

Una vez obtenga el visto bueno del Patronato, el relevo deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta y posteriormente publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

Licenciado en Magisterio en la especialidad de Educación Musical y en Historia del Arte, Fernando Pizarro ha desarrollado también una trayectoria profesional vinculada a la docencia en centros públicos de Plasencia y Carcaboso. Desde el Ejecutivo autonómico se ha destacado que su experiencia institucional y su perfil cultural pueden contribuir a impulsar una nueva etapa en la Fundación Yuste.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, adscrita a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, desarrolla actividades orientadas a la defensa y difusión de los valores europeos e iberoamericanos. Entre sus iniciativas más conocidas figura el Premio Europeo Carlos V, cuya decimonovena edición se ha celebrado este año.

Con esta propuesta, la Junta pretende reforzar el papel de la fundación y ampliar su presencia en los ámbitos en los que desarrolla su actividad, consolidando su proyección institucional y cultural tanto dentro como fuera de Extremadura.

Partido Popular

El Partido Popular de Extremadura ha subrayado que Fernando Pizarro deja la Alcaldía de Plasencia tras quince años de mandato con una trayectoria marcada por la “dedicación, el compromiso y la vocación de servicio público”. El partido destaca que su objetivo durante todo este tiempo ha sido convertir Plasencia en “una ciudad con más oportunidades y una mayor calidad de vida”, y reivindica que su proyecto, iniciado en 2011, ha permitido una transformación profunda de la ciudad gracias a un liderazgo “moderado y transversal”.

El partido sostiene que la continuidad del proyecto municipal está garantizada con David Dóniga, quien asumirá la Alcaldía y seguirá desarrollando la línea de trabajo respaldada por los ciudadanos en las últimas elecciones.

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.