El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el quinquenio 2027-2031, una planificación marco que reserva una inversión directa de 5,2 millones de euros para el Aeropuerto de Badajoz.

Como principal novedad para la conectividad regional, el documento incorpora el compromiso formal de Aena para analizar la viabilidad técnica de implantar un sistema de aproximación por instrumentos (ILS) de categoría superior al actual, abriendo la vía a ejecutar los estudios previos y todas las obras que resulten factibles en los próximos cinco años para minimizar las cancelaciones por niebla en Talavera la Real.

La asignación presupuestaria de 5,2 millones de euros se concentrará en la modernización operativa y la seguridad de las instalaciones. Los fondos irán destinados a la adquisición de equipamiento para los filtros de pasajeros, la renovación de los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) y la actualización de los sistemas de información, comunicaciones, elementos de campo y ayudas visuales de la pista.

La inclusión de las actuaciones antiniebla ha sido acogida por el PSOE de Extremadura como un avance decisivo ante una “reivindicación histórica”. Los socialistas extremeños han atribuido este paso a las gestiones mantenidas durante los últimos meses con el Ministerio de Transportes y han puesto en valor el recorrido previo impulsado en la región para consolidar la Obligación de Servicio Público (OSP), la herramienta legal que asegura los vuelos diarios con Madrid y Barcelona.

En el plano nacional, el nuevo DORA establece una práctica congelación de las tarifas aeroportuarias de Aena, con un ajuste del 0,33% (equivalente a tres céntimos de euro por pasajero al año).

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado las tarifas de “muy competitivas” tras situar la previsión de crecimiento medio del tráfico aéreo en un 1,8% anual y detallar que la red estatal movilizará un volumen global de inversión de 13.000 millones de euros hasta 2031.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes una nueva transferencia presupuestaria de casi 22 millones de euros a favor de la empresa pública Urvipexsa. Esta partida económica se destinará de forma directa a la planificación, tramitación, ejecución y comercialización sobre plano de 110 viviendas de protección oficial (VPO) en Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña, en el marco del Plan Habita.

La distribución del paquete de viviendas asigna la mayor parte del cupo a la capital cacereña, con 100 inmuebles en fase avanzada de desarrollo para este 2026, mientras que Arroyo de la Luz contará con cuatro y Guareña con seis.

La aportación exacta de 21,8 millones de euros asumirá todo el ciclo operativo de las promociones: desde la adquisición de suelo e infraestructuras hasta la contratación de licencias, la supervisión de las obras y la gestión comercial de los pisos para sacarlos al mercado con rapidez.

Esta actuación supone un nuevo paso en la estrategia global del Plan Habita, con el que la Administración autonómica aspira a promover hasta 3.500 viviendas públicas a lo largo de la legislatura. La iniciativa contempla un volumen global de inversión cercano a los 500 millones de euros sustentado en la colaboración público-privada, la cesión de parcelas municipales por parte de los ayuntamientos extremeños y la firma de alianzas con entidades financieras para facilitar el acceso a préstamos hipotecarios a los compradores. Según los datos del Ejecutivo, desde 2023 se han edificado 570 inmuebles protegidos en la región.

En la misma sesión, la Junta ha dado el visto bueno al convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para articular el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, del cual a Extremadura le corresponde un 3% de los fondos totales.

El acuerdo movilizará 210 millones de euros en la comunidad, de los que 126 millones serán aportados por el Estado y 84 millones por la la administración autonómica, orientados al alquiler asequible, la rehabilitación y la emancipación juvenil.

El Ejecutivo regional formalizará el convenio para no comprometer la financiación, manteniendo en paralelo el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional al considerar que el plan estatal invade competencias autonómicas.

La memoria de la emigración extremeña se convertirá en el eje central de los actos institucionales de la Diada que la Generalitat de Catalunya celebrará este año en Extremadura. Cerca de 520.000 ciudadanos de la región emigraron entre 1960 y 1980 hacia zonas industrializadas, de los cuales unos 120.000 fijaron su residencia en territorio catalán, según datos de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura. Para rendir tributo a este éxodo, el president catalán, Salvador Illa, inicia una visita oficial cargada de simbolismo y encuentros sociales.

La agenda arranca este miércoles en La Zarza (Badajoz), un municipio que simboliza como pocos el impacto del fenómeno migratorio. De esta localidad partieron en aquellos años cerca de 1.600 vecinos, un tercio de su población de entonces, muchos de los cuales se establecieron en la ciudad gerundense de Tossa de Mar para trabajar en el sector hostelero y en la industria.

El alcalde zarzeño, Francisco José Farrona, hijo de emigrantes, recibirá a Illa en el ayuntamiento antes de participar a las 12:15 horas en un acto ante el monumento al emigrante. La escultura, obra de Javier Guerrero, luce el lema 'De aquí partí y aquí quiero volver', una seña de identidad compartida por otros municipios extremeños con homenajes similares, como Don Benito, Castilblanco, La Cumbre, Mata de Alcántara, Arroyo de San Serván y Alburquerque.

Tras su paso por La Zarza, el president de la Generalitat se desplazará a Mérida para mantener una reunión institucional con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Ya por la tarde, el Palacio de Congresos de la capital autonómica acogerá el acto principal de la Diada, que incluirá la proyección de la película 'El 47', galardonada con cinco premios Goya. La cinta recrea la historia real de Manuel Vital, emigrante natural de Valencia de Alcántara (Cáceres) que se convirtió en líder vecinal en Barcelona tras secuestrar en 1978 el autobús que conducía para llevarlo hasta el barrio de Torre Baró y exigir servicios públicos dignos.

Al pase asistirá su nieta, Joana Vital, en un evento marcado también por la memoria histórica: la localización de los restos del padre de Manuel, Diego Vital, fusilado en la Guerra Civil y hallado a más de 20 metros de profundidad en un pozo sellado de Valencia de Alcántara, coincidió en el tiempo con la presentación del filme.

La visita oficial concluirá el jueves en Mérida. Illa visitará el ayuntamiento emeritense, donde será recibido por su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y posteriormente se trasladará al Teatro Romano para rubricar un convenio de colaboración institucional entre el emblemático recinto extremeño y el Teatro Tàrraco de Tarragona.

La Junta de Extremadura ha autorizado la apertura al tráfico del aeródromo de Don Benito, en la provincia de Badajoz, tras completar el proceso técnico y administrativo exigido para verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha confirmado la puesta en marcha de la infraestructura, una decisión que el Ejecutivo autonómico califica como un “antes y un después” para la región y que despeja el camino para resolver otros expedientes de instalaciones aeronáuticas actualmente en tramitación.

La resolución constituye la primera de estas características que emite la administración extremeña desde que asumió plenamente las competencias para supervisar y autorizar aeródromos de uso restringido en su territorio. La asunción de esta tutela permitirá gestionar directamente este tipo de espacios y agilizar la tramitación de expedientes futuros en la comunidad.

El Gobierno regional ha subrayado el carácter estratégico del recinto de Don Benito, diseñado para dar soporte a servicios esenciales como la prevención y extinción de incendios forestales, el transporte aéreo sanitario, la gestión de emergencias y los trabajos agrícolas.

En la lucha contra el fuego, la base posibilitará recortar los tiempos de intervención ante conatos en comarcas como La Siberia, La Serena o Las Villuercas, al disponer de una ubicación más próxima que reducirá las distancias de vuelo y el consumo de combustible.

Además del dispositivo contraincendios, se prevé un uso habitual de la pista para tratamientos aéreos en el campo, como los vinculados a la pudenta del arroz. Asimismo, la infraestructura quedará abierta a operaciones ligadas al sector turístico, la aviación deportiva y de ocio, la logística, el comercio y la actividad institucional.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido este lunes de que la región afronta un “otoño caliente de movilizaciones” ante la brecha existente entre las prioridades del Ejecutivo de María Guardiola y las demandas sociales. Durante la habitual rueda de prensa de los lunes, la dirigente ha subrayado que la calle se manifestará para exigir mejoras laborales y frenar proyectos medioambientales conflictivos frente a un Gobierno regional que “no escucha”.

De Miguel ha enumerado los principales frentes de conflicto abiertos en la comunidad, entre los que destacan los paros anunciados por los sindicatos de la función pública, la huelga indefinida de médicos y las protestas vecinales contra las plantas de biometano. A su juicio, resulta incoherente que la Junta presuma de bajadas de impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos mientras los trabajadores extremeños continúan sufriendo brechas salariales respecto a la media nacional.

Crisis en Sanidad y reproches a Vox

En materia sanitaria, la portavoz ha situado de nuevo el foco sobre la consejera del ramo tras acumular “un escándalo casi por semana”. De Miguel ha afeado a la administración autonómica que, tras publicitar el contrato de ambulancias como el de mayor importe de la contratación pública extremeña, exista una “ausencia total de seguimiento”, un patrón que sostiene que se repite en la gestión del servicio de limpieza de los hospitales o en la cobertura de Oncología.

Asimismo, la líder de la confluencia se ha referido a las recientes declaraciones del vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, de Vox, sobre los incendios forestales y el calentamiento global durante el verano. De Miguel ha calificado de “chascarrillos cutres propios de un cuñado de barra de bar” sus afirmaciones al asegurar que “el cambio climático viene en coche y con mechero”, exigiendo una reprobación pública.

Por otro lado, Unidas por Extremadura ha presentado la flor de la jara como su nueva imagen gráfica de cara al nuevo curso político, con la que busca visibilizar una candidatura “arraigada al territorio” y con valores propios.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha denunciado este lunes el “precario estado” del servicio de Oncología del Área de Salud de Don Benito‑Villanueva de la Serena, y ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de mantener un “silencio cómplice” ante una situación que, según afirma, compromete la calidad asistencial de los pacientes.

González Andrade ha explicado que el servicio llegó a contar con cinco especialistas, pero actualmente dispone de uno y medio, con un profesional desplazado desde Badajoz. “Esa es la gestión de Guardiola en la sanidad pública”, ha señalado. Esta reducción, ha añadido, se traduce en un incremento de la presión asistencial: antes no se superaban los 16 pacientes por consulta, mientras que ahora la gerencia exige atender a 25 o 26, pese a tratarse de personas con enfermedades graves que requieren tiempo y seguimiento.

A esta situación se suma el cese de la supervisora de enfermería en Oncología y la falta de una política eficaz para atraer y retener profesionales. El portavoz socialista ha advertido de que la propia organización del sistema genera un “incentivo perverso”, ya que resulta más atractivo para algunos especialistas estar vinculados al Área de Salud de Badajoz y desplazarse puntualmente que trabajar de forma estable en Don Benito‑Villanueva.

El PSOE también ha puesto el foco en la escasez de especialistas de Digestivo, necesarios para pruebas diagnósticas relacionadas con pacientes oncológicos. Según González Andrade, esto provoca retrasos en controles y tratamientos, profesionales frustrados y un aumento de derivaciones a la sanidad privada.

“¿Dónde está Guardiola?”

González Andrade ha criticado que, mientras se deterioran servicios públicos esenciales, la presidenta de la Junta intenta transmitir normalidad. “Mientras Guardiola sigue haciéndose vídeos en TikTok, hay pacientes esperando y profesionales sanitarios al límite”, ha afirmado. El PSOE ha vuelto a reclamar el cese de la consejera de Salud, al considerar que ha perdido interlocución y confianza dentro del sector.

El portavoz socialista también ha exigido explicaciones sobre la situación de las ambulancias del SES, cuestionando quién supervisaba el contrato y debía comprobar que los vehículos contaran con los permisos necesarios. Ha preguntado igualmente por el destino de los 500 millones de euros adicionales que el Gobierno de Guardiola aseguró haber incorporado al presupuesto sanitario. “¿Para qué quieren 500 millones más si faltan especialistas, aumentan las cargas de trabajo, hay problemas con las ambulancias y los pacientes siguen esperando?”, ha planteado.

Frente a este escenario, González Andrade ha defendido que el PSOE está demostrando desde la oposición que hay “otra forma de hacer las cosas”, denunciando los problemas y proponiendo soluciones. Ha exigido a Guardiola que “salga y dé la cara” ante pacientes, profesionales, familias y el conjunto de Extremadura.

El portavoz ha reivindicado finalmente una región con sanidad pública fuerte, profesionales suficientes y servicios de calidad. “Ante un Gobierno que se esconde, el Partido Socialista siempre estará dando la cara; frente a un Gobierno que niega los problemas, el PSOE los pone encima de la mesa y aporta soluciones”, ha concluido.

El PP de Extremadura ha instado al líder regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, a exigir la dimisión inmediata del alcalde de Castuera, Francisco Martos, y del diputado provincial Ricardo Cabezas. Ambos dirigentes continúan al frente de sus responsabilidades públicas a pesar de la condena de inhabilitación dictada por la Audiencia de Badajoz en la causa por la contratación de David Sánchez.

El portavoz de los populares extremeños, Luis Miguel Núñez, ha cuestionado el silencio del dirigente socialista transcurridos dos meses desde la notificación del fallo. Núñez ha recordado que las edilas Juana Cintas (Olivenza) y Cristina Núñez (Talavera la Real), también condenadas a nueve años de inhabilitación en el mismo procedimiento, ya formalizaron la renuncia a sus cargos.

En la misma intervención, Núñez ha criticado la estrategia judicial del expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, al intentar que su inhabilitación de nueve años se ciña únicamente al puesto de “presidente”, lo que el portavoz popular considera una maniobra para abrir una “puerta giratoria”.

Reclamación de los sueldos percibidos

Por otra parte, la formación popular sostiene que la Diputación de Badajoz y el PSOE deben velar por los fondos públicos y reclamar, por la vía del Tribunal de Cuentas, la devolución de los sueldos abonados a David Sánchez y al asesor Luis María Carrero. Según las estimaciones del PP, el importe conjunto percibido por ambos alcanza los 427.000 euros.

La exigencia se produce tras la diligencia emitida por el consejero del Tribunal de Cuentas encargado del caso, en la que requiere a la Diputación pacense que se posicione sobre si ejercerá acciones como entidad perjudicada. El órgano fiscalizador actúa a instancias de los escritos de acción pública presentados por Vox e Iustitia Europa para determinar la posible responsabilidad contable derivada de la creación de ambos puestos de trabajo. Corresponderá ahora a la institución provincial decidir si nombra un delegado instructor para reclamar las cuantías o si solicita el archivo del expediente.

Vecinos y plataformas ciudadanas de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia han tomado las calles este domingo para expresar su rechazo frontal a la instalación de una planta de biogás proyectada en el término municipal de Don Benito. La marcha, que ha partido a las 8:30 horas desde los ayuntamientos de las tres localidades, ha culminado en los terrenos donde está prevista la infraestructura con un mensaje rotundo contra la llegada de industrias contaminantes a las Vegas Altas.

A la movilización se ha sumado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, junto al diputado Juan Schirinzi, para respaldar a las plataformas vecinales y denunciar el “hartazgo” de la ciudadanía ante iniciativas que rechazan en otros territorios.

“Este proyecto no viene a solucionar ningún problema; al revés, viene a crear problemas, a generar contaminación y riesgos para la salud de quienes habitan este territorio”, ha advertido De Miguel al término de la marcha. La portavoz de la formación autonómica ha cargado contra la llegada de proyectos industriales que “no traen riqueza” a la región y ha pedido a PP y Vox que “recapaciten sobre en qué están convirtiendo al medio rural extremeño”.

“Extremadura no se merece ser el vertedero de nadie y nosotros no tenemos los residuos que dicen que se van a gestionar en todas estas plantas de biometano. Lo que queremos es un territorio de oportunidades y no un estercolero”, ha enfatizado de Miguel durante la protesta.

Tramitación “en pleno verano” y petición de moratoria

Uno de los puntos centrales del malestar ciudadano se centra en la “falta de transparencia” que ha rodeado al expediente. Según ha denunciado la portavoz, los habitantes de la zona no tuvieron conocimiento de la infraestructura hasta mitad del verano, cuando los plazos legales para registrar alegaciones ya habían expirado o resultaban de difícil acceso para los vecinos. Por ello, exige la paralización inmediata del proyecto y la apertura de un nuevo periodo de exposición pública.

Ante esta situación, Unidas por Extremadura ha anunciado que volverá a llevar a la Asamblea de Extremadura la propuesta para aplicar una moratoria regional y una planificación ordenada sobre las plantas de biogás. La iniciativa ya fue rechazada anteriormente por la mayoría que forman Partido Popular y Vox en la cámara autonómica, aunque la formación confía en que la cercanía de las elecciones municipales fuerce un cambio de posición en los partidos del gobierno regional.

Una treintena de familias monoparentales extremeñas ha iniciado el curso escolar en Pasarón de la Vera reivindicando un reconocimiento autonómico específico para este modelo familiar. La delegación extremeña de la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) ha celebrado un encuentro de convivencia que ha servido para reforzar las redes de apoyo entre las familias y para reclamar a las administraciones públicas un marco normativo que tenga en cuenta sus necesidades particulares.

Durante el encuentro, madres, niñas y niños han compartido actividades de ocio, juegos y dinámicas destinadas a favorecer el encuentro entre familias con una estructura similar y a visibilizar la diversidad familiar. Para la asociación, estos espacios permiten además crear redes de apoyo y cuidados ante situaciones cotidianas que, en estos hogares, no pueden repartirse entre dos figuras progenitoras.

La reivindicación adquiere especial relevancia con el comienzo del curso escolar. La vuelta al colegio concentra en pocas semanas gastos de material, comedor, transporte, actividades extraescolares y otros costes asociados a la escolarización, además de las dificultades de conciliación cuando solo hay una persona adulta para organizar los horarios y atender las necesidades de los hijos e hijas.

“Tenemos que seguir trabajando para conseguir el reconocimiento autonómico de las familias monoparentales en Extremadura y avanzar hacia una normativa que tenga en cuenta las necesidades específicas de este modelo familiar”, señala Guadalupe Morgado, delegada de MSPE en Extremadura. “La monoparentalidad no es una realidad minoritaria ni homogénea y las familias necesitan que las administraciones públicas adapten las políticas de apoyo a su realidad”.

Casi uno de cada diez, en un hogar monoparental

Los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística permiten dimensionar esta realidad. En 2019, el INE contabilizó 649.400 menores de 15 años que vivían en hogares monoparentales, alrededor del 10% de todos los menores de esa edad. Ese mismo año había 1.530.600 hogares formados por una madre con hijos y 356.900 formados por un padre con hijos, de manera que alrededor del 81% de los hogares monoparentales estaban encabezados por mujeres.

Aunque se trata de la última estadística específica del INE sobre la estructura de los hogares monoparentales, la Encuesta de Condiciones de Vida ofrece datos más recientes sobre las dificultades económicas que afrontan estos hogares. En 2024, el 10,6% de los hogares formados por un adulto con niños no podía permitirse comprar ropa nueva para los menores, frente al 4,5% del conjunto de hogares con niños.

También existían diferencias en gastos vinculados directamente con la actividad escolar. El 9,2% de los hogares formados por un adulto con niños no podía permitirse que sus hijos participaran en viajes o acontecimientos escolares, frente al 6,4% del conjunto de hogares con menores.

Estos datos no significan que todas las familias monoparentales se encuentren en una situación económica vulnerable, pero sí muestran una mayor exposición a determinadas dificultades cuando todos los gastos y responsabilidades de crianza recaen sobre una única persona adulta.

Una reivindicación que ya llegó a la Asamblea

El reconocimiento específico de las familias monoparentales no es una reivindicación nueva en Extremadura. En 2021, la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad una iniciativa para instar a la Junta a crear un título de familia monoparental y un registro específico.

La demanda de MSPE es que ese reconocimiento permita desarrollar políticas públicas de carácter transversal y adaptadas a las distintas realidades de estas familias, en ámbitos como la conciliación, la educación, la vivienda, la fiscalidad, los servicios sociales o el acceso a determinadas ayudas.

La asociación reclama además que la monoparentalidad no se aborde como una realidad homogénea. No es lo mismo, señala, una familia formada por elección y mediante técnicas de reproducción asistida que una familia que ha quedado en situación monoparental tras una separación, un fallecimiento u otras circunstancias. También varían las necesidades en función del número y la edad de los hijos, la situación laboral o los recursos económicos.

La cuestión tiene además una dimensión de igualdad de género. La amplia mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, por lo que las dificultades para compatibilizar empleo y cuidados, asumir gastos o afrontar situaciones imprevistas recaen mayoritariamente sobre ellas.

Contacto y asesoramiento para las familias

La delegación extremeña de la Asociación Madres Solteras por Elección ofrece información, asesoramiento y una red de apoyo a las familias interesadas en conocer la entidad o participar en sus actividades y las personas interesadas pueden contactar con la asociación a través del correo electrónico extremadura@asociacionmspe.org, del teléfono y WhatsApp 622 32 31 73, o de su página web madressolterasporeleccion.org.

El Gobierno de Extremadura y los agentes económicos y sociales de la comunidad han acordado este viernes por unanimidad el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, que prevé movilizar una inversión estimada de 951 millones de euros durante los próximos cuatro años. Entre los fondos que sustentan el programa se incluyen 210 millones procedentes del Plan Estatal de Vivienda, cuya aplicación en Extremadura la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido que ambas cuestiones son compatibles. Aunque el Gobierno extremeño mantiene su recurso contra el Plan Estatal de Vivienda, ha señalado que esto “no es óbice” para aceptar sus fondos. En concreto, Extremadura recibirá 210 millones de euros, de los que el 60% corresponde a financiación estatal y el 40% a autonómica. Ramírez ha sostenido que el recurso no implica que la comunidad pueda perder esta financiación, ya que afectaría únicamente a los artículos que eventualmente pudieran ser declarados inconstitucionales.

El nuevo plan autonómico ha sido consensuado en la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo de la Junta tras un proceso de diálogo con UGT, CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX). Según ha señalado el consejero, las aportaciones de los agentes sociales han permitido incorporar buena parte de sus propuestas al documento.

Ramírez ha calificado el programa de “plan histórico” tanto por el volumen de recursos movilizados como por las medidas que contempla, dirigidas especialmente a jóvenes, familias con menos recursos y habitantes del medio rural.

Ayudas para jóvenes y acceso a la vivienda

El plan se estructura en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, impulsar la rehabilitación, reforzar el parque público y favorecer un desarrollo territorial equilibrado.

Más de la mitad de la inversión prevista, alrededor de 498 millones de euros, se destinará a facilitar el acceso a la vivienda. En este bloque se incluyen el desarrollo del Plan Habita Extremadura, programas de ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda, el incremento de la oferta residencial y medidas para reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

Los jóvenes son uno de los colectivos prioritarios. El plan contempla ayudas para la compra y el alquiler, así como sistemas de avales destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda. También se prevén nuevas fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial y actuaciones específicas para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural.

El programa incluye además medidas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y contempla el fortalecimiento del parque público mediante nuevas promociones, la movilización de viviendas disponibles y la mejora de los mecanismos de mantenimiento, inspección y acompañamiento social.

La Junta no concreta cuántas viviendas públicas se construirán

Por otro lado, el plan reserva más de 127 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana, con actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de conservación de los edificios residenciales.

Junto a las medidas de inversión, el documento incorpora reformas normativas para actualizar el marco regulador de la vivienda en Extremadura. Entre ellas figura la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del régimen de vivienda protegida y la simplificación de procedimientos urbanísticos.

Preguntado por el número de viviendas que se construirán o promoverán durante los cuatro años de vigencia del plan, el consejero no ha ofrecido una cifra concreta. Ramírez ha recordado que el PP llevaba en su programa electoral el compromiso de construir o promover 3.000 viviendas públicas, una cifra que posteriormente se elevó a 3.500 en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox.

El consejero ha señalado que el plan inicia ahora su tramitación administrativa, que puede prolongarse durante aproximadamente un mes o mes y medio. Después tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, algo que la Junta prevé que ocurra previsiblemente en octubre.

El PSOE de Extremadura ha exigido la salida de la consejera de Salud, Sara García Espada, tras conocerse que ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron durante el mes de agosto traslados de pacientes sin las autorizaciones reglamentarias.

Las irregularidades en el transporte sanitario de la región, el mayor contrato público de la Junta de Extremadura, ha sido desvelado por elDiario.es Extremadura, que también ha tenido acceso a los mensajes entre los trabajadores de la concensionaria para intentar burlar los controles de la Guardia Civil durante agosto, puesto que los vehículos de la flota carecían de la tarjeta de transporte.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado responsabilidades al Gobierno de María Guardiola y ha considerado insuficiente la respuesta ofrecida por la consejera de Salud ante estos hechos. “Si la respuesta es que ha tomado nota, su nota como consejera es un cero”, ha señalado Gil Rosiña, que ha reclamado su salida del Ejecutivo si no es capaz de ofrecer explicaciones y soluciones.

La dirigente socialista ha considerado “especialmente grave” que los profesionales de las ambulancias tuvieran que comunicarse entre ellos para advertirse de la presencia de controles de la Guardia Civil y realizar rutas alternativas para evitarlos, y ha vinculado este episodio con el deterioro que, a su juicio, atraviesa la sanidad pública extremeña. Por eso ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haya rechazado comparecer en la Asamblea para explicar la situación del SES.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, solicitó la pasada semana la comparecencia de Guardiola en el Pleno de la Asamblea. La Mesa de la Cámara rechazó el juevesesta petición. Para Gil Rosiña, la gravedad de la situación debería llevar a la presidenta a comparecer por iniciativa propia. “Si tuviera el más mínimo sentido de la responsabilidad y altura de gobernante, sería la propia presidenta quien debería venir a explicar qué está pasando en el SES y qué medidas va a tomar”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha insistido en que los problemas de la sanidad extremeña no son una exageración de la oposición y ha citado también deficiencias registradas en hospitales, así como retrasos que, según ha denunciado, estarían afectando a pacientes oncológicos y a mujeres embarazadas.

Asimismo, ha defendido el trabajo de los profesionales sanitarios y de las ambulancias, a quienes ha desvinculado de las deficiencias de gestión. “Los profesionales no han cambiado; lo que ha cambiado son los gestores y la manera de gestionar el SES”, ha afirmado.

Finalmente, Gil Rosiña ha asegurado que el PSOE seguirá llevando estos problemas a la Asamblea y ha reclamado a Guardiola que rectifique y comparezca para dar explicaciones sobre la situación de la sanidad pública extremeña.

El PSOE de Don Benito ha formalizado su oposición a la instalación de una planta de biogás en el término municipal tras asumir el malestar manifestado por los vecinos de las entidades locales menores de Hernán Cortés y Valdehornillos.

La posición ha sido ratificada por el secretario general y candidato socialista a la Alcaldía, Manuel Gómez, durante un encuentro celebrado con el secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, situando la escucha activa a la población afectada como un requisito irrenunciable antes de respaldar cualquier actuación de estas características.

Los socialistas se han reunido con los colectivos vecinales para evaluar el impacto en la calidad de vida, el territorio y la economía de la zona. En este sentido, la dirección local defiende la coherencia de su postura recordando su alineamiento previo con los vecinos de Vivares ante la planta de biometano proyectada en Miajadas, sosteniendo que la exigencia de transparencia y participación ciudadana se mantiene al margen de qué partido ostente el gobierno municipal.

El posicionamiento político se produce tras las explicaciones públicas ofrecidas por Emilio Camacho, concejal independiente integrado en el grupo municipal del PSOE y empresario local vinculado a la sociedad promotora Vegantia. Camacho detalló que su participación empresarial en el proyecto de biogás se remonta a septiembre de 2022, casi un año antes de su toma de posesión como edil en junio de 2023, enmarcando esta colaboración en su trayectoria previa dentro del sector agroindustrial y de representación económica en la comarca.

No obstante, el PSOE de Don Benito ha manifestado su respeto hacia la trayectoria profesional de Camacho y las aclaraciones sobre sus negocios privados, pero el candidato socialista ha marcado una distinción explícita entre la actividad empresarial y la acción política.

Los socialistas insisten en que ningún proyecto industrial “puede imponerse a costa de la calidad de vida o la actividad económica de la zona rural”. En este sentido, Gómez ha confirmado que trasladarán este rechazo a los órganos municipales para exigir que las entidades locales tengan voz real y voto sobre las decisiones que impactan en su suelo.

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han anunciado este jueves un calendario unificado de movilizaciones que arrancará el próximo 14 de septiembre en Extremadura para exigir la equiparación salarial de los 35.000 empleados públicos de la Administración General y la Sanidad autonómica. Las centrales sindicales han advertido de que, si la Junta no desbloquea la negociación de forma inmediata, la escalada de protestas culminará en una jornada de huelga general en toda la administración autonómica el 11 de noviembre.

Las tres organizaciones han acusado a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, de mostrar una “falta de voluntad” absoluta para atajar la discriminación retributiva que sufre el personal extremeño, cuyos salarios se sitúan de media un 20 % por debajo de la media autonómica del resto del Estado. Ante este escenario, los responsables sindicales han exigido a la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, que “se ponga al frente” del diálogo, recordando que la pelota “está en su tejado” tras la ruptura de los contactos el pasado mes de julio. Asimismo, han desmentido la existencia de cualquier reunión con la presidenta fijada para el próximo lunes, aclarando que la cita prevista corresponde a la Mesa de Concertación Social y no aborda este conflicto específico.

Los representantes de CSIF, UGT y CCOO, Benito Román, Manuel Fernández Colomo y Manuel Nicolás Molina, han criticado el agravio comparativo que la Junta genera dentro del propio sector público, al haber acordado recientemente la homologación salarial para el personal docente en Educación mientras mantiene “enquistada” la situación de los trabajadores de la Sanidad y los servicios generales. Los tres sindicatos, que han hecho un llamamiento al resto de centrales sin representación en la Mesa General para sumarse a la protesta, coinciden en que se han agotado las vías institucionales y que la respuesta debe trasladarse ahora a la calle.

El plan de acción arrancará el 14 de septiembre con una ronda de contactos con los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para forzar su posicionamiento. Diez días después, el 24 de septiembre, las centrales sindicales llevarán la primera movilización a las puertas del Parlamento autonómico. Durante el mes de octubre, la protesta se trasladará de forma semanal a los propios centros de trabajo con concentraciones fijadas para los días 1, 8, 15 y 22, como paso previo a una gran marcha convocada ante la Sede de la Presidencia de la Junta el 29 de octubre. Si para entonces no se produce un acercamiento en la negociación, el sector público autonómico irá a la huelga general el 11 de noviembre.

El servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, el contrato público más cuantioso de la administración autonómica, valorado en más de 285 millones de euros, funcionó durante el pasado verano al margen de la legalidad, en concreto, desde el 1 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Durante este tiempo, los vehículos de la concesionaria Ambuvital prestaron servicio público sin disponer de la autorización necesaria y obligatoria, por lo que trasladaron pacientes sin tener los permisos en regla, dejando al descubierto la cobertura de los seguros ante cualquier posible accidente en carretera y exponiendo a la Sanidad pública a un grave problema de responsabilidad patrimonial ante cualquier siniestro.

Además, la situación llevó a los conductores a coordinarse en chats internos para esquivar las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Fue precisamente un aviso en un grupo de WhatsApp el que desató la alarma entre la plantilla. Trabajadores consultados por elDiario.es Extremadura han confirmado la existencia de un grupo interno de mensajería en el que durante agosto se ha avisado de los controles de la Guardia Civil y se ha recomendado tomar rutas alternativas para evitar determinados puntos porque las ambulancias no disponían de la tarjeta de transporte. Los mensajes también permitieron que parte de los conductores conocieran que los vehículos carecían de esa documentación.

El problema llegó incluso a producir una actuación de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, una conductora fue parada y denunciada el 2 de septiembre por circular sin la autorización de transporte correspondiente. Este extremo contrasta con la respuesta facilitada por la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Junta, que ha señalado que “a día de hoy” no tiene constancia de expedientes de infracción que tengan su origen en denuncias de la Guardia Civil por falta de autorización en carretera.

Sin embargo, la Junta de Extremadura admite de forma implícita la irregularidad al confirmar a este periódico que en agosto tuvo que abrir un “procedimiento de rehabilitación” para las licencias de la flota (505 vehículos). Según el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), este trámite extraordinario solo se activa cuando la autorización previa ha caducado o ha sido dada de baja en el registro oficial.

Ambuvital inició su solicitud de visado en junio, pero el expediente no fue favorable hasta el 4 de septiembre. Según la Consejería de Transportes, la empresa tuvo que atender unos “requerimientos de subsanación” y en agosto se inició un “procedimiento de rehabilitación donde se aportó nuevamente toda la documentación para comprobar que la empresa cumple con todos los requisitos”. Eso no sucedió hasta hace una semana, como ya consta en el registro de empresas y actividades de transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También se puede demostrar que la autorización quedó rehabilitada hasta julio de 2028.

El contrato más caro de la sanidad extremeña

En cualquier caso, aunque la empresa ha logrado regularizar su situación, lo ha hecho después de que las ambulancias hubieran continuado prestando servicio durante agosto y hasta los primeros días de septiembre sin el visado y, por lo tanto, sin la autorización del ministerio para prestar el servicio de transporte sanitario.

Esta situación se ha producido cuatro meses después de la firma del contrato de transporte sanitario terrestre en Extremadura, más de 285 millones de euros. La adjudicataria, la UTE formada por Ambuvital y SSG, comenzó a operar el 1 de mayo, aunque la primera ya gestionaba gran parte del servicio. Además, Ambuvital fue adquirida a finales de 2024 por el fondo Asterion, integrándose dentro de la estructura corporativa del Grupo SSG.

Los pliegos del contrato establecen que corresponde a la adjudicataria obtener y mantener las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar la prestación. En particular, en las prescripciones técnicas se atribuye a la empresa la responsabilidad de obtener, mantener y renovar las licencias y autorizaciones que necesiten los vehículos para su circulación y uso sanitario.

El SES abre un expediente a la concesionaria

A pesar de ello, fuentes del sector han subrayado tras conocer “una situación ilegal y, si no, especialmente irregular”, la falta de “vigilancia y diligencia del SES para comprobar que las condiciones exigidas en el contrato se cumplen porque ”estamos hablando de un contrato muy relevante“.

El SES ha confirmado a este periódico la existencia de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones del contrato y la apertura de un expediente para determinar las posibles consecuencias contractuales para la empresa. Sin embargo, no ha aclarado qué controles ha realizado sobre este asunto.

En su respuesta, la Consejería de Salud asegura que con la entrada en vigor del nuevo contrato el pasado 1 de mayo, “los visados estaban vigentes” y que la empresa presentó el 25 de junio, “dentro del plazo legal establecido”, la solicitud para la renovación del visado de transporte, “junto con el abono de las tasas correspondientes”. Sin embargo, no hace referencia a que el expediente no resultó favorable hasta hace unos días, jornadas en las que la concesionaria de un servicio público estuvo operando al margen de la ley.

La defensa de David Sánchez se ha adherido a una petición de Manos Limpias en el trámite abierto tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y lo absolvió del delito de tráfico de influencias.

En un escrito presentado ante la Audiencia de Badajoz, la defensa manifiesta su “expresa e íntegra adhesión” a la petición de aclaración formulada por Manos Limpias para diferenciarse de otras acusaciones populares y pide que, en efecto, la actuación del sindicato ultra se distinga. La defensa sostiene que la referencia que hace la sentencia a una supuesta “maniobra fraudulenta” de otras acusaciones no puede hacerse extensiva a la dirección letrada de Manos Limpias. Según argumenta, el sindicato mantuvo sus conclusiones provisionales respecto a la participación de David Sánchez en la dotación de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Además, destaca que Manos Limpias reconoció en sus conclusiones definitivas la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. Para la defensa, esta posición demuestra una actuación “leal” y coherente con el procedimiento.

El abogado de David Sánchez contrapone esta actuación a la del resto de acusaciones populares, a las que acusa de haber pretendido sortear los efectos de la prescripción mediante una modificación de sus conclusiones. El escrito califica ese supuesto intento de “sortear arteramente” la causa de extinción de la responsabilidad criminal mediante una modificación que considera “tan infundada como improcedente”.

La posición de la defensa resulta especialmente significativa porque Manos Limpias fue precisamente quien presentó en 2024 la denuncia que dio origen al procedimiento penal contra David Sánchez, siete años después de su contratación por la Diputación de Badajoz. La investigación se centró principalmente en la creación y configuración de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música que posteriormente ocupó el hermano del presidente del Gobierno.

Ahora, tras las solicitudes de aclaración planteadas por distintas partes después de la sentencia, la defensa de David Sánchez pide a la Audiencia que tenga en cuenta la diferencia que establece entre Manos Limpias y las demás acusaciones populares.

En concreto, el abogado de Sánchez solicita que se tenga por presentado el escrito y por efectuadas sus manifestaciones, con una adhesión expresa a la petición planteada por el sindicato.

El curso escolar 2026/2027 ha comenzado este jueves en Extremadura, en general, con normalidad en las aulas y sin incidencias en las rutas de transporte escolar, según los datos de la Consejería de Educación y de la Asociación de Empresas de Autobuses Etransa.

La Consejería de Educación ha mantenido durante toda la jornada un seguimiento de la situación en los centros educativos a través de contactos con las direcciones de los colegios e institutos, las delegaciones provinciales, los servicios de inspección y las familias.

Según ha trasladado la Junta, los autobuses han salido a realizar sus rutas con normalidad y no se han registrado problemas con el transporte escolar. La situación se produce después de las dudas generadas en los últimos días por algunas rutas que todavía estaban pendientes de licitación.

Desde Etransa, su gerente, Nerea Carpintero, ha confirmado que, por el momento, la asociación no tiene constancia de incidencias en el servicio. Según ha explicado, todo apunta a que se han alcanzado acuerdos de última hora para cubrir las rutas que aún no habían sido adjudicadas.

Zahínos retrasa el inicio de las clases hasta el lunes

La principal incidencia comunicada en esta jornada se localiza en Zahínos (Badajoz), donde el inicio de las clases se ha aplazado hasta el próximo lunes debido al retraso en unas obras de eficiencia energética que se están ejecutando en el centro educativo.

La empresa responsable de los trabajos no ha terminado las actuaciones dentro del plazo previsto, lo que ha obligado a retrasar la vuelta a las aulas.

La Consejería ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando para que las clases puedan comenzar el lunes y está poniendo a disposición del centro distintos medios, entre ellos labores de limpieza. La Administración ha pedido disculpas a las familias por las molestias y el malestar que la situación haya podido ocasionar.

Etransa pide estabilidad para el transporte escolar

Aunque el servicio ha arrancado sin incidencias destacables, desde Etransa consideran que las dificultades surgidas durante el proceso de contratación deben corregirse para evitar que vuelvan a repetirse al comienzo del próximo curso.

Carpintero ha reclamado estabilidad para las empresas que prestan el servicio y ha advertido de que la solución no puede pasar por “subir precios a última hora”. La gerente de Etransa espera que este sea el último curso que comienza con incertidumbre sobre la cobertura de algunas rutas.

La asociación valora, en este sentido, que la Junta de Extremadura haya iniciado los pasos para abordar a finales de septiembre una negociación sobre las condiciones de los contratos, los servicios y los precios de cara al próximo curso.

A juicio de Etransa, contar con unas condiciones más estables permitiría a las empresas afrontar con mayores garantías las inversiones necesarias para mantener y renovar sus flotas de autobuses.

La Universidad de Extremadura (UEx) afronta el nuevo curso académico con la mirada puesta en la consolidación de su financiación y en la aparición de nuevos proyectos de universidades privadas en la región. Su rector, Pedro Fernández Salguero, ha reclamado este jueves que las instituciones privadas que puedan implantarse en Extremadura estén sometidas a los mismos criterios de calidad, control y seguimiento que se aplican a la universidad pública.

“Lo que sí se debe pedir es que se apliquen los mismos criterios de calidad y control y el similar seguimiento exhaustivo que se efectúa en relación con la Universidad de Extremadura”, ha señalado el rector antes de participar en el acto de apertura del curso académico, celebrado en el campus de Badajoz.

Fernández Salguero ha reconocido que existe “preocupación” ante los proyectos de universidades privadas, aunque ha descartado que haya “miedo” en la institución. En este sentido, ha defendido la posición de la UEx, de la que ha destacado su amplia oferta académica, su prestigio y su competitividad.

“Hay preocupación, aunque no miedo”, ha afirmado el rector, que ha situado entre las prioridades de la institución la necesidad de contar con “estabilidad, recursos y confianza”.

Una financiación más estable

Durante su intervención en el acto de apertura, Fernández Salguero ha puesto en valor el incremento de financiación destinado a la universidad por parte del Gobierno extremeño, pero ha reclamado que esta apuesta tenga continuidad mediante un plan que permita dotar a la institución de un marco financiero más estable.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido por su parte la apuesta de su Ejecutivo por la UEx. Según ha señalado, el compromiso se refleja tanto en los presupuestos regionales como en medidas dirigidas al profesorado y al resto del personal, así como en becas y otros beneficios para el alumnado.

Guardiola también ha destacado las actuaciones en materia de oferta académica, modernización e investigación y ha calificado de “fundamental” la contribución de la universidad extremeña durante sus más de 50 años de historia al proceso de transformación de la comunidad autónoma.

Más de 4.150 nuevos estudiantes de grado

La UEx espera superar este curso los 4.150 estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado que registró el año pasado.

La oferta mantiene 64 titulaciones de grado, sin nuevas incorporaciones en este curso, aunque la institución ya estudia la viabilidad económica de “dos o tres” posibles nuevos grados para los próximos años. La universidad cuenta además con 15 dobles grados, 25 programas de doctorado y 45 másteres, varios de ellos de carácter interuniversitario o internacional.

Entre las novedades del curso figura la previsión de incorporar dos nuevos másteres desarrollados junto a otras universidades en el marco de la alianza europea EU Green, vinculados a las nuevas tecnologías y al mundo de la empresa.

Investidura de nuevos doctores

El acto de apertura del curso académico ha incluido también la investidura de los nuevos doctores de la Universidad de Extremadura y la participación del coro universitario.

La lección inaugural ha corrido a cargo del catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Julián Ramajo, que ha abordado el análisis socioeconómico de Extremadura, con especial atención al diagnóstico de la situación actual y a los retos que afronta la comunidad en el futuro.

El Gobierno de María Guardiola destinará 1.862.352 euros de la sanidad pública extremeña a la asistencia religiosa católica en los hospitales durante los próximos cuatro años, según el convenio cuya firma ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El acuerdo se suscribirá entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz y tendrá una vigencia de cuatro años, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030., lo que supone una media de 465.600 euros anuales. El convenio contempla además la posibilidad de establecer prórrogas en los términos previstos en el propio acuerdo.

En virtud del convenio, en cada centro hospitalario de Extremadura habrá un Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC). Estará integrado por capellanes o por otras personas legítimamente designadas para desarrollar esta labor por las autoridades eclesiásticas competentes.

Los servicios estarán abiertos a las personas hospitalizadas y a sus acompañantes que soliciten recibir asistencia religiosa. Entre las actividades previstas se encuentran las visitas a los pacientes ingresados, la celebración de actos de culto y la administración de los sacramentos.

El personal encargado de esta asistencia también podrá ofrecer asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, así como colaborar en actuaciones relacionadas con la humanización de la atención hospitalaria.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este miércoles la firma de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permitirá destinar 15 millones de euros a reforzar las políticas activas de empleo en la región durante 2026 y 2027.

La financiación forma parte de las subvenciones aprobadas el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros, por un importe total de 110 millones de euros, para los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que la continuidad de esta financiación para Extremadura responde, según ha señalado, a la “reivindicación expresa” del Ejecutivo autonómico desde 2024. La aportación se mantiene pese a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Manzano ha defendido que estos fondos permitirán apoyar a trabajadores, autónomos y empresas con el objetivo de “generar oportunidades, mejorar la cualificación, facilitar esa contratación y seguir avanzando hacia un empleo de mayor calidad y mayor estabilidad”.

Más empleo y atención a los colectivos con más dificultades

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) gestionará los fondos y los orientará a los objetivos fijados en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027 y en el Plan de Empleo de Extremadura.

Entre las prioridades se encuentran la creación de empleo de calidad, la mejora de las condiciones laborales, el desarrollo de la empleabilidad, el fomento de la inclusión y la diversidad y el impulso de sectores considerados estratégicos para la economía regional. También se contemplan medidas para fomentar el emprendimiento, avanzar en la transformación digital y mejorar el funcionamiento del propio servicio público de empleo.

La Junta sostiene que Extremadura ha experimentado una “notable” mejora de sus cifras de empleo durante el último año, pero considera necesario mantener esta evolución mediante una mayor inversión en políticas activas de empleo y un compromiso a medio y largo plazo.

El Ejecutivo autonómico sitúa entre sus principales objetivos la reducción de los desequilibrios estructurales del mercado laboral extremeño y la convergencia con la media nacional, mediante medidas dirigidas especialmente a las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse o regresar al mercado de trabajo.

Mujeres mayores de 45 años y residentes en zonas rurales

Según el perfil que maneja la Junta, la persona desempleada más habitual en Extremadura continúa siendo una mujer mayor de 45 años, con estudios de Educación Secundaria Obligatoria y experiencia laboral en el sector servicios, especialmente en actividades vinculadas a la Administración Pública, el comercio o la hostelería. Además, reside habitualmente en zonas rurales, lo que añade dificultades relacionadas con la movilidad y el acceso a oportunidades laborales.

A este perfil se suma el problema del paro de larga duración, que continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo extremeño.

Los nuevos fondos del SEPE se incorporarán así a las medidas ya previstas en el Plan Director y en los planes de empleo anuales. Entre ellas figura el Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo de Extremadura 2024-2027, firmado en septiembre de 2024.

La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley de Concordia de Extremadura ha evidenciado una brecha en el discurso interno del Ejecutivo autonómico. Tras conocerse la paralización cautelar de varios apartados clave de la norma pactada entre el PP y la extrema derecha, la parte de Vox en la Junta ha optado por el choque frontal contra la alta magistratura, mientras el PP intenta rebajar el impacto del varapalo judicial.

La reacción más virulenta ha sido la del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle. A través de sus redes sociales, el líder de Vox en Extremadura ha cargado duramente contra el tribunal de garantías, al que ha calificado como el Constitucional “de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido”.

Fernández Calle ha ido más allá y ha acusado al tribunal de ser “el mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía”. Además, ha avisado de que la Junta no dará un paso atrás: “La ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta”.

Las exhumaciones siguen

Frente a la bronca de Vox, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista (PP), ha utilizado con un tono institucional para intentar amortiguar las consecuencias de la resolución. Bautista ha subrayado que la decisión del Constitucional “afecta únicamente a determinados preceptos”, por lo que, a su juicio, “el resto de la ley de Concordia continúa en vigor”.

Entre las partes suspendidas de manera cautelar por el tribunal se encuentran el artículo 4.2, en lo relativo al matiz de “evitando el enfrentamiento entre españoles”, el artículo 4.4, los artículos 16 y 17 (vinculados a la colaboración institucional y al reconocimiento de entidades afines) y las disposiciones transitoria y derogatoria, esta última responsable de haber tumbado la anterior ley de Memoria Histórica autonómica de 2019.

Pese al varapalo, Bautista ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el trabajo en las fosas comunes. Según ha argumentado, la ley de Concordia que pactaron PP y Vox mantiene su “objetivo fundamental”, que es “el reconocimiento de todas las víctimas y el procedimiento de exhumación para salvaguardar la memoria de todos”. El vicepreidente ha asegurado que este es “el Gobierno que más ha invertido y más empeño ha puesto en encontrar aquellos cadáveres que todavía no han podido ser recuperados”.

Respecto al recorrido de la causa en los tribunales, la Junta no recurrirá el auto de admisión a trámite, pero sí se personará en la causa para defender que incisos como el del “enfrentamiento entre españoles” son “plenamente constitucionales, democráticos y reflejan lo que quiere una amplia mayoría de extremeños”.

Malestar con el Constitucional por la fecha del fallo

Más allá del debate jurídico, la Junta ha trasladado su malestar por el calendario elegido por el órgano constitucional. Bautista ha criticado que la inclusión de este recurso en el orden del día del pleno se haya producido “precisamente en el Día de Extremadura, cuando no figuraba inicialmente entre los asuntos previstos”. A juicio del vicepresidente, el 8 de septiembre debía ser una jornada “absolutamente limpia, sin nada que reprocharse desde un lado ni desde otro”, para focalizar el mensaje en los elementos de unión de la región.

La decisión del Tribunal Constitucional, adoptada por unanimidad en la apertura del curso judicial, responde a la impugnación formalizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras el fracaso de la Comisión Bilateral de Cooperación abierta entre el Estado y la Junta de Extremadura.

El Gobierno de España argumenta que la norma aprobada por PP y Vox incurre en una invasión de competencias reservadas en exclusiva al Estado y rebaja la protección de las víctimas del franquismo reconocida en la Ley de Memoria Democrática estatal. Entre los aspectos más controvertidos bajo la lupa judicial figuran la dilución de la dictadura al extender el periodo temporal desde 1931 hasta la actualidad, las trabas administrativas impuestas a los expedientes de exhumación y el posible veto en el acceso a subvenciones para las asociaciones memorialistas tradicionales.