Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, integrantes de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, han anunciado este viernes la convocatoria de un calendario de movilizaciones a partir del próximo mes de septiembre. Las protestas de los empleados públicos se trasladarán a las calles y no se descarta la convocatoria de una huelga autonómica ante lo que consideran un “ninguneo” por parte del Ejecutivo regional en la negociación para corregir la brecha salarial respecto a otras comunidades autónomas.

Las tres organizaciones han recordado en rueda de prensa conjunta en Mérida que en abril del año pasado se acordó la creación de una comisión negociadora y cinco grupos de trabajo para redactar un nuevo acuerdo marco. Sin embargo, denuncian que tras un año de espera no se ha producido ningún avance. Según los representantes sindicales, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha ido “dando largas” y aplazando las reuniones escudándose en coyunturas como el adelanto electoral o la tramitación de los presupuestos.

“Ha llegado el momento de que los empleados públicos se expresen en las calles. La brecha salarial es insostenible”, han advertido Manuel Fernández Colo (UGT), Jesús Solaa (CSIF) y Sonia García (CCOO), quienes han reclamado un compromiso presupuestario real para poder sentarse a negociar.

Una diferencia salarial superior al 20%

Según los cálculos del frente sindical, la diferencia retributiva de los empleados públicos de la Junta frente a la media nacional supera el 20% en términos generales. Esta brecha resulta especialmente acusada en la Administración General, un colectivo que abarca a profesionales como bomberos forestales, agentes del medio natural, personal de residencias de mayores, centros de menores y escuelas infantiles, así como gestores de ayudas y servicios esenciales.

Para frenar este desfase, CCOO, CSIF y UGT plantean la necesidad de firmar un acuerdo plurianual —de tres o cuatro años— que permita recortar distancias de forma progresiva tanto en la Administración General como en los sectores de Educación y Sanidad. Los sindicatos han matizado que los incrementos derivados de los acuerdos de ámbito estatal no sirven para subsanar este problema, ya que se aplican de forma homogénea en toda España, por lo que resulta imprescindible una partida presupuestaria autonómica específica.

Las centrales sindicales han criticado además que la última reunión con la Consejería de Hacienda concluyera “de forma unilateral” y lamentan no haber recibido respuesta a una carta remitida directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola. “Extremadura no puede presumir de tener los presupuestos más expansivos de su historia mientras no destina recursos a mejorar las condiciones de quienes sostienen los servicios públicos”, argumentan.

La Junta remite la negociación al Presupuesto de 2027

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha respondido al anuncio de las centrales asegurando que el diálogo social “es una prioridad” para el actual Ejecutivo regional. La responsable de las cuentas autonómicas ha afirmado que la Junta se sentará a abordar la equiparación salarial cuando se determine con exactitud la disponibilidad financiera de la región, en el marco de la elaboración de los Presupuestos de 2027.

Manzano ha defendido la gestión del Gobierno autonómico al señalar que se han saldado compromisos heredados de la anterior administración socialista y aprobado subidas salariales por un valor acumulado de 400 millones de euros, a los que se sumará el incremento previsiones del 5% previsto para el próximo ejercicio.

“Partíamos de una situación de abandono total por parte del gobierno anterior”, ha sostenido la consejera, reiterando que la voluntad de la Junta pasa por corregir estas desigualdades de forma progresiva conforme se despeje el marco de recursos disponibles.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por gobernar “a golpe de sonrisa” cuando lo que se requiere son “respuestas políticas”.

“La sonrisa molesta” a quienes están trabajando a 40 grados en una obra, a quienes espera 14 días para ser atendidos por su médico de cabecera o a los docentes a los que se les prometió la homologación salarial durante la campaña electoral, ha aseverado a modo de ejemplo este viernes en Mérida, donde ha ofrecido un balance de los primeros cien días del Ejecutivo popular.

En rueda de prensa, ha aseverado que “Extremadura no se puede gobernar a golpe de sonrisa”, en alusión a la estrategia comunicativa del Ejecutivo autonómico, y ha defendido que la región necesita “seriedad, rigor y empatía” para afrontar los problemas en materia de sanidad, educación, vivienda, empleo y dependencia.

Así, ha aseverado que 810 personas han fallecido durante el primer semestre del año mientras esperaban una prestación del sistema de atención a la dependencia mientras los cereceros del norte de Extremadura reciben “una sonrisa” como respuesta tras perder su cosecha por las lluvias torrenciales al inicio de la campaña.

En materia de vivienda, ha criticado la intención de la Junta de recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 210 millones de euros, al considerar que esos recursos contribuirían tanto a facilitar la emancipación juvenil como a impulsar el sector de la construcción.

“A los jóvenes les gustan las redes sociales, les gusta el TikTok, por supuesto, pero también les gusta vivir bien, también les gusta tener un hogar, también les gusta poder pagar una hipoteca” pero, “la única respuesta que están encontrando en la Junta de Extremadura es una sonrisa en TikTok”, ha manifestado.

Ha lamentado además que Vox, al que los populares se refirieron como “los matones de la clase” en precampaña electoral, esté hoy representado en el Ejecutivo, por lo que a su juicio no vale con que Guardiola se ponga “detrás de las pancartas” en defensa de la igualdad y del colectivo LGTBI cuando tiene a este partido sentado en el Consejo de Gobierno.

Durante su comparecencia, Sánchez Cotrina ha hecho también balance de sus propios cien días como secretario general del PSOE de Extremadura en los que, ha recordado, ofreció a la presidenta de la Junta “diálogo permanente” y siete propuestas políticas, ofreciendo el apoyo a los presupuestos autonómicos si aprobada estas y echaba a Vox del Gobierno.

“Recibí un no por respuesta”, ha lamentado el líder socialista, quien ha reivindicado “normalidad democrática” y ha considerado que la presidenta de la Junta no está aprovechando las oportunidades que se le presentan, como los fondos del sistema de financiación autonómica que ha rechazado “cuando vamos a recibir la mayor cantidad de recursos económicos que tiene la historia de nuestra región”.

No obstante, ha reconocido algunas actuaciones positivas del Gobierno autonómico, como la disposición de los medios del Infoex para colaborar en incendios declarados en otras comunidades autónomas y la concesión de las Medallas de Extremadura al futbolista Pedro Porro y al activista por los derechos LGTBI José María Núñez.

Hace casi un año, a mediados de agosto de 2025, los titulares de prensa que hoy ocupan los incendios de Ávila, Castelló o Almería los ocupaba el incendio de Jarilla, el peor en la historia de Extremadura. El fuego arrasó más de 17.300 hectáreas en los valles del Jerte y el Ambroz y tardó casi dos semanas en quedar controlado. Pese al desastre, el presupuesto de la Junta de Extremadura destinado a combatir y, sobre todo, a prevenir los incendios forestales volvió a cerrar el ejercicio pasado con una importante tajada de fondos públicos sin gastar. Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del ejercicio 2025, publicados por la Intervención General en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el Gobierno de María Guardiola dejó en los cajones más de 50,9 millones de euros en prevención y extinción. Por eso también hay que buscar ahí la elevada ejecución en extinción del año pasado.

El mayor desfase presupuestario se sitúa precisamente en las labores estructurales que evitan que las masas forestales ardan cuando llegan las altas temperaturas. En concreto, el programa de 'Conservación, protección y mejora de los montes' contó en 2025 con un crédito definitivo de 96,19 millones de euros, pero solo se llegaron a reconocer obligaciones por valor de 52,18 millones. Esto supone un porcentaje de ejecución del 54,25%, por lo que el año pasado se dejaron sin ejecutar 44,01 millones de euros.

El programa de 'Protección y defensa contra los incendios', centrado en el dispositivo directo de respuesta y extinción, registró una mayor tasa de gasto. Sobre un presupuesto definitivo de 70,01 millones de euros, la Junta de Extremadura ejecutó 63,10 millones, es decir, el 90,14% de lo previsto, dejando un remanente sin gastar de 6,90 millones de euros, según los datos de la Intervención General.

Antes Vox, ahora PP

Estas competencias estaban en manos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que cambió de titulares precisamente en agosto de 2025, unos días antes del incendio de Jarilla. Ignacio Higuero presentó su dimisión en verano tras conocerse que había mentido al incluir en su currículum una titulación universitaria que no tenía y que ni siquiera existía cuando aseguró que se licenció en ella. Higuero, además, había sido nombrado por Vox en el primer gobierno de coalición en Extremadura y decidió permanecer junto al PP de María Guardiola cuando la extrema derecha salió a mediados de 2024 de todos los Ejecutivos autonómicos que compartía con el PP.

Su sustituto fue Francisco Ramírez, que solo ha estado unos meses al frente de esa consejería. Ese departamento ha desaparecido en el nuevo Gobierno de PP y Vox en Extremadura y las competencias en prevención y extinción están dividas en la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, y en la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

La escasa ejecución de inversiones contra incendios también sucedió en el presupuesto de 2024. Como publicó elDiario.es Extremadura, el Gobierno de Guardiola dejó sin invertir casi 43 millones de euros en ese ejercicio y ejecutó solo el 41% de las inversiones que estaban previstas para prevención y extinción.

La ejecución más baja de los últimos años

La respuesta que entonces dio la Junta de Extremadura es similar a la de ahora. El Gobierno resalta que las partidas para extinción se han incrementado año tras año, con lo que la inversión ha sido mayor. Según los datos que ha facilitado a este periódico, en 2021 el presupuesto fue de 42,2 millones de euros y el de 2025 superaba los 69,6 millones.

También reconoce que la ejecución de inversiones en prevención se quedaron en 2025 en un 54,2%, “pero la cuantía ejecutada es superior a años anteriores porque el presupuesto ha ido creciendo en los últimos años”. “No es lo mismo ejecutar 52 millones sobre un presupuesto de 96 millones (año 2025) a 29 millones sobre un presupuesto de 51 millones (año 2022)”.

A pesar de ello, los datos de los ejercicios 2024 y 2025, los dos únicos gestionados hasta ahora en exclusiva por el Gobierno de Guardiola, son los de menor ejecución en prevención de incendios de los últimos años. Ese programa en concreto, tuvo una ejecución del 49,48% hace dos años, del 57,03% en 2023, 56,50% en 2022 y 58,18% en 2021.

Desde la Junta atribuyen la imposibilidad estructural de ejecutar el 100% del programa dos ventanas de inactividad obligatoria impuestas por la normativa medioambiental. Por un lado, las paradas biológicas por nidificación y cría de especies protegidas entre febrero y julio, dependiendo de la especie. Por otro, entre el 1 de junio y el 15 de octubre es época de alto riesgo de incendios, por lo que está prohibido “introducir maquinaria pesada o realizar trabajos de desbroce y silvicultura”.

Las plataformas ciudadanas Salvemos Miajadas y Salvemos Vivares han entregado al alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, más de 4.500 firmas contra la proyectada instalación de una planta de biometano en este municipio cacereño.

Los colectivos han reunido cerca de 2.000 firmas en papel y más de 2.500 adhesiones a través de la plataforma digital Change.org, según han explicado sus portavoces, Juan Félix Soto y Francisco Javier Pizarro, en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento.

Los representantes vecinales han trasladado al regidor el rechazo que genera el proyecto entre la población de Miajadas y de la entidad local menor de Vivares, en una zona cuya economía que está estrechamente vinculada al sector agrícola y agroalimentario.

Las plataformas han expresado su preocupación por la proximidad de la instalación a los núcleos habitados, la posible generación de malos olores, el aumento del tráfico pesado para transportar residuos orgánicos y las eventuales consecuencias sobre el entorno y la actividad económica.

Los colectivos han agradecido también la colaboración de los comercios y establecimientos que han funcionado como puntos de recogida de firmas.

Salvemos Miajadas y Salvemos Vivares mantendrán la campaña de movilización y tratarán de sumar a localidades cercanas que podrían verse afectadas, entre ellas Valdehornillos, con el objetivo de crear un frente común contra el proyecto. Además, instalarán mesas informativas durante las actividades de preferia y repartirán pancartas para que los vecinos las coloquen en fachadas y balcones.

Las plataformas prevén trasladar el próximo 7 de septiembre sus reivindicaciones a Mérida, donde reclamarán la atención de las autoridades autonómicas responsables de la tramitación ambiental y energética de la planta.

El PSOE ha exigido este jueves a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que explique el “sinsentido” y la “contradicción” de recurrir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ante el Tribunal Constitucional, a la vez que acepta formalmente los fondos transferidos por el Gobierno de España para ejecutarlo.

Para los socialistas, la actuación de la Junta evidencia una absoluta falta de coherencia política y de seriedad institucional. “O el Plan Estatal de Vivienda invade competencias autonómicas y, por tanto, consideran que no debe aplicarse, o entienden que es un instrumento válido y aceptan los recursos para desarrollarlo. Lo que resulta incomprensible es defender ambas posiciones al mismo tiempo”, ha planteado el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, Juan Ramón Ferreira, en un comunicado.

A su juicio, esta forma de actuar responde a un gobierno que funciona sin criterio, sin coherencia y más pendiente de la estrategia política del Partido Popular que de resolver los problemas reales de los extremeños.

Los socialistas han advertido de que esta situación adquiere una “especial gravedad” en un momento en el que Extremadura es la comunidad autónoma donde más ha aumentado el precio de la vivienda. “Miles de jóvenes y familias tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda digna y lo que necesitan son certezas, estabilidad y políticas eficaces, no bandazos ni contradicciones permanentes por parte de la Junta”, ha denunciado Ferreira.

En ese sentido, el portavoz socialista ha lamentado que, mientras el Gobierno de España pone a disposición de Extremadura 210 millones de euros para políticas de vivienda, el Ejecutivo de María Guardiola “juguetee con un asunto tan serio, enrede y embarre el debate por puro interés partidista” del PP nacional.

Asimismo, el PSOE ha advertido de que esta actitud también genera una innecesaria incertidumbre en el sector de la construcción. En su opinión, empresas, promotores, cooperativas y agentes económicos necesitan seguridad jurídica, estabilidad y reglas claras para planificar inversiones y desarrollar nuevas promociones, justo lo contrario de lo que ofrece el Gobierno regional con esta estrategia de “ahora sí y ahora no”.

“Una vez más Guardiola prefiere seguir la estrategia de confrontación marcada desde la dirección nacional de su partido antes que aprovechar con lealtad institucional las herramientas que ofrece el Gobierno de España para mejorar la vida de los extremeños, ha asegurado Ferreira.

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, de los que corresponde 4.819 millones a Extremadura, un 7,8% más que en 2026.

Según el Ministerio de Hacienda, si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio, lo que significa que “nunca el Gobierno extremeño había contado con tantos recursos”.

A nivel nacional los 170.529 millones son un 8,1% más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord, según el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer esta cifra a los gobiernos autonómicos el día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación, y que finalmente ha sido aplazado al 4 de septiembre como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.

Si se añade a las entregas a cuenta la liquidación de 2025 -una vez conocidas las recaudaciones reales-, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más que en 2026. lo que Hacienda ha calificado también, en un comunicado, como una transferencia “histórica”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año gracias al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que aportaría otros 20.975 millones adicionales para los territorios, y ha recordado además que se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación “histórica” de la deuda autonómica que asciende a 83.252 millones.

España ha aprovechado para volver a tender la mano a todas las comunidades para sacar adelante la reforma del modelo de financiación -que rechazan las del PP y con las que son críticas también las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias- y ha lamentado específicamente que las gobernadas por el Partido Popular “se hayan negado a negociar hasta ahora”.

El titular de Hacienda ha destacado que estas entregas a cuenta muestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades” y ha reclamado a los gobiernos autonómicos que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar.

Actualización de 2026 y liquidación de 2024

Hacienda ha informado también este miércoles de que las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización -recientemente aprobada en el Congreso con los votos en contra solo de Vox- de las entregas a cuenta del año en curso correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Esto supone, como ha destacado Hacienda, que el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y la liquidación del año 2024, lo que para el Ministerio “garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan, especialmente en el ámbito de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales”.

PP y Vox han aprobado los primeros presupuestos de la legislatura, unas cuentas que tendrán un escaso recorrido, puesto que el cierre del ejercicio fiscal suele ordenarse en octubre, y que llevan el sello ideológico de la extrema derecha. Es el precio que ha tenido que pagar María Guardiola para ser investida presidenta el pasado abril y que le garantiza, al menos, la aprobación del resto de presupuestos de la legislatura.

PSOE y Unidas por Extremadura han sido los convidados de piedra en la única jornada de debate de estos presupuestos, que ascienden a 8.854 millones de euros, 755,6 millones más que el presupuesto prorrogado tras el adelanto electoral impulsado por el bloqueo del pasado otoño. La coalición de PP y Vox no ha dejado pasar ni una sola de las enmiendas, más de 600, presentadas por la izquierda.

Vox va a tener en sus manos la gestión de 1.297 millones de euros (el 15% del presupuesto)— repartidos entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural (1.080 millones) y la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (217 millones).

El sello de la extrema derecha se refleja en partidas clave defendidas bajo el concepto de “prioridad nacional”. En concreto, la aprobación de los presupuestos supone un recorte de 10 millones de euros en cooperación internacional, lo que en la práctica supone la extinción de la Agencia Extremeña De Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), y en ayudas destinadas a ONG y entidades que colaboran con personas migrantes.

Estas cuentas también reducen a la mitad las subvenciones destinadas a los agentes sociales (unos 286.000 euros) e incorpora a la patronal CIEM junto a la CREEX, UGT y CCOO.

Sin embargo, los toros se verán beneficiados. El presupuesto taurino en la región experimenta una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, Vox ha creado subveciones directas para la Asociación Provida de Badajoz y para la Asociación Custodia Compartida de Extremadura, que dedicará a un proyecto piloto de coordinación de parentalidad en separaciones de alta conflictividad.

Rebajas fiscales de 43 millones

Otro de los aspectos más destacados es que PP y Vox continúan con la senda de rebajas fiscales. El impacto en estas cuentas asciende a 43,1 millones de euros, con la elevación de los límites de las deducciones autonómicas, el recorte en los dos primeros tramos de la tarifa del IRPF y la ampliación de los beneficios en el impuesto de sucesiones y donaciones a las herencias entre tíos y sobrinos.

Tanto PSOE como Unidas por Extremadura han solicitado sin éxito que la región recupere el impuesto sobre el Patrimonio, eliminado en 2023 durante la primera coalición del PPy Vox. La izquierda ha calificado los presupuestos como “injustos” e “insolidarios” porque las rebajas fiscales “benefician más a quien más tiene”.

Unidas también ha planteado en sus enmiedas el incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda y una nueva tabla de IRPF en la que “los que más ganen paguen más”. También ha propuesto la reducción salarial en un 10 % de los cargos políticos que ha asegurado ha subido del mismo modo para tener unos salarios acordes con los de la sociedad.

El diputado de la coalición de izquierdas, José Antonio González Frutos, se ha mostrado “muy orgulloso” de los dos modelos de región que, en su opinión, se desprenden del debate, en alusión a lo dicho por Vox. “Queremos que la España que no madruga sea la que pague impuestos...en el momento en que le tocan el bolsillo, el patriotismo lo llevan regular”, ha asegurado a los diputados de Vox.

Las obras de construcción del nuevo puente sobre la N-V en Talavera la Real han concluido y entran este martes en servicio con el objetivo, entre otros, de facilitar el transporte de tomate que se lleva a cabo en la zona.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha explicado a los medios tras visitar este espacio que la apertura de este puente de nueva construcción está incluida dentro de una actuación que engloba 26 kilómetros de mejoras en el entorno del río Limonetes.

Las demandas realizadas por los sectores incluidos en el transporte del tomate obligaban a que esta iniciativa fuera “una prioridad” con el compromiso de que estuvieran listas “antes de final de este mes”, como así ha ocurrido, ha destacado.

La infraestructura, ubicada a la entrada de Talavera la Real, ha supuesto una inversión próxima al millón de euros.

Las obras engloban además la recuperación medioambiental del río Limonetes y actuaciones para minimizar los daños que puedan provocar futuras inundaciones, ha explicado.

“El cambio climático es un hecho, como se aprecia en los últimos tiempos, pues las olas de calor, los periodos de sequía y las lluvias intensas continuadas aparecen cada vez con más frecuencia”, ha indicado. De ahí, ha añadido, que “las administraciones deban afrontar las incidencias tanto medioambientales como económicas y sociales que provocan estos episodios”.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de construcción del tramo II de la Ronda Sur de Badajoz, por importe de 44.677.119,28 euros, y de la redacción del proyecto de la carretera '2+1' de Zafra a Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz, por importe de 1,6 millones de euros.

En cuanto a la actuación en Badajoz, el vicepresidente Abel Bautista ha dicho que el objetivo de estos trabajos es dar continuidad al tramo 3, puesto en servicio en la actualidad, a través de la glorieta de enlace de la carretera EX-107 y la ejecución de aproximadamente 4,6 kilometros hasta enlazar a través de la glorieta con la carretera EX-310.

Con ello se pretende rediseñar la movilidad de la ciudad, además de reducir los tiempos de recorrido, aliviando el tráfico del centro de Badajoz.

El contrato de estas obras está estructurado en dos lotes, el primero que abarca el tramo desde la EX310 hasta el punto kilométrico 6,140, incluyendo la glorieta y los ramales de enlace R-1 y R-2, y el segundo, que desde el final de este hasa la EX–107, incluida la conexión con el tramo 3.

Carretera Zafra-Jerez de los Caballeros

El objetivo es mejorar la funcionalidad, capacidad, seguridad vial y nivel de servicio de este itinerario, por el que diariamente pasan unos 360 vehículos pesados, mediante la conversión de determinados tramos de la actual carretera en una vía 2+1 y la ejecución de variantes que permitirán no tener que atravesar los municipios de Burguillos del Cerro y Brovales.

Avenidas de Plasencia

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de asistencia técnica de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, control y vigilancia de las obras de humanización de la Avenida Martín Palomino y de la Avenida de España, ambas en Plasencia, por un importe de 626.759,26 euros.

El tramo en el que se van a llevar a cabo estas obras corresponde al antiguo trazado de la carretera N-630 en Plasencia, que originalmente era interurbano y ha perdido esa función debido a su completa urbanización, convirtiéndose en una vía urbana principal con un trazado recto suroeste-noreste.

Convenio Adif-Ayuntamiento de Mérida

El ejecutivo también ha autorizado la suscripción de la adenda nº 3 modificativa y de prórroga al convenio de de 2022 entre la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida y ADIF para la ejecución de una pasarela urbana de uso peatonal y con carril bici sobre la playa de vías de la estación de ferrocarril de Mérida.

La comisión de seguimiento, reunida el 6 de febrero y el 1 de mayo de 2026, acordó proponer la tramitación de esta adenda para la actualización del coste de las actuaciones y ampliar la dotación económica del convenio en 219.284,28 euros, además de prorrogar el convenio por un período de un año para dar cumplimiento a las obligaciones recogidas en el mismo.

Por último, se ha autorizado la contratación del servicio de limpieza del edificio de servicios administrativos ‘La Paz’ en Mérida, sede de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y vivienda, cuyo importe asciende a 450.700,40 euros para un plazo de 24 meses.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la Abogacía General de la Junta de Extremadura la interposición de recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Ceuta sobre reubicación y traslado de menores extranjeros no acompañados a la comunidad.

Según el acuerdo de este martse, se considera que la Junta de Extremadura “está plenamente legitimada” para interponer el recurso, en su condición de Administración Pública obligada por la resolución impugnada, y recurre a ello “para defender las competencias, los recursos y los intereses de la región”. Además, exige que “cualquier actuación se lleve a cabo con pleno respeto al ordenamiento jurídico y a los principios de coordinación y lealtad institucional”.

Las competencias en el Gobierno de coalición están en manos de Vox y este es uno de los asuntos que el PP y la extrema derecha incluyeron en el pacto para investir a María Guardiola. En concreto, ese acuerdo recoge que el Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

También se descarta la financiación regional para la entrada oa cogida de estos menores y Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. El pacto de PP y Vox también incoprora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”.

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) y el nadador Guillermo Gracia recibirán el 7 de septiembre la Medalla de Extremadura, a propuesta de la comisión encargada, y se suman al futbolista Pedro Porro y el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, ya conocidos y propuestos por la presidenta extremeña, María Guardiola.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, así lo ha comunicado al finalizar el Consejo de Gobierno celebrado este martes y tras explicar que la concesión de la quinta Medalla de Extremadura, máximo galardón de la comunidad, ha quedado desierta a no conseguir los candidatos la mayoría absoluta necesaria.

Ha recordado que de las cinco medallas, la concesión de dos son potestad de la presidenta de la Junta, que ese año serán para el futbolista dombenitense Pedro Porro y José María Núñez, referente en la defensa del colectivo LGTBI, y las otras tres las decide una comisión y debe ser acordado con mayoría absoluta.

El acto de entrega de las medallas se celebra, como es habitual, en el Teatro Romano de Mérida la víspera del Día de Extremadura, que finalizará con el concierto que ofrecerá el grupo extremeño 'Sanguijuelas del Guadiana'.

Pedro Porro

Se destaca que el lateral derecho de la selección española el fútbol ha sido uno de los jugadores más destacados del campeonato del mundo, donde ha anotado dos goles, uno de ellos el que permitió el pase a la final.

Bautista ha afirmado que “es absolutamente extraordinario” que un extremeño gane un mundial de fútbol, “pero hacerlo desde los valores desde unos principios, desde la familia, desde la cercanía, desde la humildad, desde la enseñanza a los chavales es algo que no tiene precio”.

José María Núñez

José María Núñez, activista LGTBI y presidente nacional de la Fundación Triángulo, es economista y profesor de la Universidad de Extremadura (Uex), nacido en Barcarrota (Badajoz), pionero en el activismo del colectivo LGTBI y lleva más de tres décadas en la lucha de derechos por la diversidad.

El vicepresidente ha apuntado que “José María puso voz a todos los que estaban silenciados. Sobran las razones para ser merecedor de la Medalla de Extremadura”.

Guillermo Gracia

También se concede la Medalla de Extremadura al nadador cacereño Guillermo Gracia, figura destacada del deporte adaptado y varias veces campeón del mundo y de Europa.

El vicepresidente ha destacado que el deportista cacereño es un ejemplo de superación, que con solo 22 años acumula decenas de medallas que le han llevado a convertirse en un referente deportivo y social de la Comunidad Autónoma.

“Suscribimos letra por letra su lema 'Mi capacidad es mayor que mi discapacidad'”, ha destacado el vicepresidente y consejero de Presidencia.

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

Del museo emeritense se señala que cumple 40 años como una institución de servicio a Extremadura, aunque su origen se remonta a 1838 con la creación del Museo Arqueológico de Mérida en la desamortizada Iglesia del Convento de Santa Ana, siendo así el primer museo arqueológico de España.

Abel Bautista ha explicado que “se ha convertido en un referente no solo por su arquitectura y su contenido, sino también por las jornadas que allí se desarrollan y por haber sido también laboratorio de la Universidad de Extremadura”.

En estos momentos, el museo está inmerso en un proceso de ampliación y remodelación que nos colocará a otra escala regional, nacional e internacional.

Sorteo para el concierto de 'Sanguijuelas del Guadiana'

Además del concierto del día 7 de septiembre, 'Sanguijuela del Guadiana' ofrecerá otro el día 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida con entradas gratuitas que se sortearán a partir de las 18:00 horas de este miércoles, 29 de julio, en www.sanguijuelasdelguadiana.com .

El debate final de los presupuestos de Extremadura para 2026 se celebrará este miércoles con el rechazo de la oposición a unas cuentas que el PP defiende por su rebaja fiscal y Vox por su recorte en “gasto ideológico”, mientras el PSOE y Unidas por Extremadura los califican de “mentira” y “pantomima”.

Será un debate de una sola jornada, en lugar de dos, como es habitual, en la que se votarán las 328 enmiendas parciales de los socialistas y 294 de Unidas que han quedado vivas para el pleno tras la incorporación de las 36 formuladas por PP y Vox durante su tramitación en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces -la última de este periodo de sesiones-, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado que Extremadura será este miércoles, tras la aprobación de las cuentas, “la comunidad autónoma donde se paguen menos impuestos” y se sigan fortaleciendo los servicios públicos. Ha señalado que su grupo estudiará todas las enmiendas de la oposición, pero ha aclarado que, para ser apoyadas, “tienen que estar dentro del modelo” defendido por la presidenta de la Junta, María Guardiola, de modo que “todo lo que busque la confrontación no será aprobado”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha tildado las cuentas de “mentira” porque es “un despropósito aprobarlas a primeros de agosto para dar la orden de cierre en octubre”. “Vox propone y el PP traga y calla” en un presupuesto contra determinados colectivos y que elimina la acción de la Agencia Extremadura de Cooperación Internacional al Desarrollo, ha aseverado la diputada, quien no ha confiando en que el PP y Vox vayan a respaldar alguna de sus enmiendas pese a ser “técnicamente impecables”.

La portavoz parlamentaria de Vox, Inés Checa, ha destacado que con este presupuesto se cambian las prioridades “para que los recursos públicos dejen de destinarse a gastos políticos, ideológicos y totalmente improductivos y se concentren en las necesidades de los extremeños”. Ha subrayado que son unas cuentas que refuerzan las políticas sociales y destinan el dinero público a “atender primero las necesidades de los extremeños”.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tras criticar que el debate se haya reducido a una sola jornada, no ha confiado en que ninguna de sus enmiendas vaya a ser aprobada pese a ser “propuestas que está defendiendo la propia ciudadanía”.“Este presupuesto es el presupuestos de las lentejas, si las quieres bien, si no las dejas”, ha aseverado la diputada, que ha recriminado al Ejecutivo no tener “ninguna voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo” con la oposición.

Ha dudado también del nivel de ejecución de un presupuesto que “es una pantomima, un ejercicio de propaganda” que profundiza “en el relato de la prioridad nacional que quieren imponer porque Extremadura se ha convertido en el laboratorio de las políticas más racistas de todo el país”.

Debate de la región

Durante la reunión de la Junta de Portavoces se ha abordado también el informe jurídico de los servicios de la Cámara que avalan la no celebración este año del debate sobre el estado de la región, encargado por el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro.

El PP ha subrayado que el informe “contradice todo lo que dijo la oposición”, el PSOE ha expresado su respeto a los estudios de los letrados y Unidas ha considerado que se trata de un informe hecho a demanda del PP porque “no quiere dar la cara en la Asamblea”.

El presidente de la Fundación Triángulo, el extremeño José María Núñez, recibirá la Medalla de Extremadura por “toda una vida de compromiso social” en la defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBI.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lo ha anunciado en redes sociales, donde ha resaltado que Nuñez ha sido durante décadas la voz de muchos extremeños “silenciados, de tantas personas apartadas o señaladas por amar y por querer ser libres en su tierra”. “Su nombre está unido para siempre a la Fundación Triángulo”, según Guardiola, que ha destacado que desde ella, “con empeño y con muchísima dignidad”, ha demostrado que “una sociedad solamente se transforma perseverando”.

La presidenta extremeña ha asegurado que Núñez ha ayudado “a hacer una Extremadura mejor desde la escucha, desde el diálogo y reivindicando siempre la libertad y el respeto a los derechos humanos”.

Guardiola, que gobierna en coalición con Vox, ha subrayado que gracias a la entrega de personas como Núñez, Extremadura una “pionera” en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI “y es hoy una comunidad más diversa y más justa”.

La ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura fue aprobada en 2015, durante la presidencia de José Antonio Monago (PP). A su juicio, ese avance no solo se mide en leyes, sino en historias de vida “de personas que hoy pueden ser quien son sin miedo”.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este viernes el dictamen del proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026. En la sesión, la mayoría parlamentaria que forman PP y Vox ha hecho valer sus votos para incorporar las 36 enmiendas parciales presentadas conjuntamente por ambos grupos (29 del PP y 7 de Vox) y rechazar en bloque las 622 iniciativas registradas por los partidos de la oposición.

De este modo, las 328 enmiendas formuladas por el grupo socialista y las 294 presentadas por Unidas por Extremadura llegarán “vivas” al pleno fijado para los días 29 y 30 de julio, donde se procederá a la votación definitiva y aprobación final de las cuentas autonómicas de este año, que ascienden a la cifra récord de 8.854 millones de euros.

Tras la reunión de la comisión, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha valorado que las enmiendas aceptadas mueven 41 millones de euros y confirman que el Ejecutivo de coalición “funciona” y ofrece estabilidad a la comunidad. Pacheco ha recriminado a la oposición su “discurso de confrontación”, aunque no ha descartado estudiar sus propuestas antes de la cita plenaria, al tiempo que ha subrayado que la baja cifra de enmiendas presentadas por PSOE y Unidas demuestra “implícitamente” que son los mejores presupuestos de la historia regional.

Por su parte, desde Vox han resaltado en un comunicado que sus enmiendas aprobadas están centradas en reforzar los seguros agrarios, fomentar el relevo generacional en el campo, respaldar políticas de apoyo a la familia y favorecer la inserción laboral de los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores de la Junta.

La oposición habla de “Juan Palomo”

En el lado de la oposición, la portavoz y diputada socialista Blanca Martín ha apelado a la “reflexión” del bloque de gobierno para que estudien con rigor sus propuestas antes del pleno del 29 y 30 de julio, pudiendo aprobarse de forma directa o mediante transaccionales, y ha criticado a los socios de la Junta por “faltar al respeto al Parlamento” y dedicarse a hacer “oposición a la oposición”.

Desde Unidas por Extremadura, el parlamentario José Antonio González Frutos ha criticado la falta de diálogo con un expresivo “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. González Frutos ha advertido además de contradicciones internas tras aprobarse enmiendas con efectos contrarios sobre la financiación de los grupos ecologistas entre las consejerías de Agricultura (Vox) e Industria (PP), y ha calificado como síntoma de un “futuro divorcio” la decisión del PP de retirar a última hora su enmienda para flexibilizar la Ley de Hacienda en caso de presupuestos prorrogados.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado este viernes a la presidenta de la JUnta, María Guardiola, de dar “datos falsos” sobre los resultados de las pruebas realizadas a menores inmigrantes no acompañados para determinar su edad, ya que esa información la tiene el Ministerio Fiscal.

En la sesión plenaria del pasado 18 de junio en la Asamblea de Extremadura, Guardiola precisó que de las 329 pruebas de edad que se habían realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% determinaron que tenían más de 18 años, indicando que “260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores”.

De Miguel ha dado a conocer la respuesta por escrito que le ha dado el SES a su pregunta parlamentaria sobre los resultados de estas pruebas desde 2023. En el texto, la administración sanitaria señala que “la determinación de la edad corresponde al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no a los profesionales del SES”. Por lo tanto, ha concluido que Guardiola, al no tener esa información sobre los resultados, “se ha subido al carro de la ultraderecha de apuntar con el dedo a los menores no acompañados”, a quienes ha definido como las personas más vulnerables de Extremadura.

Asimismo, De Miguel ha tildado de “otra mentira” las afirmaciones del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, sobre que iba a hacer pruebas de edad. La diputada ha reiterado que el consejero no tiene competencia para ello y que “sería una ilegalidad”, puesto que las pruebas las debe realizar el Instituto de Medicina Legal a instancias del Ministerio Fiscal.

Desamparo de menores

Por otro lado, la portavoz ha criticado el “espectáculo dantesco” dado este jueves por el director general de la Consejería de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, al denunciar ante la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores unos “hechos graves de violencia, disturbios e intimidación al personal” en el Centro de Acogida de Menores no Acompañados de Caminomorisco (Cáceres). Según De Miguel, el director general ha descubierto de repente “el día a día” de estos centros, que es que los menores se escapan.

En este contexto, la diputada ha señalado “alto y claro” que las competencias de proteger a los menores desamparados, independientemente de su origen, corresponden al consejero Fernández Calle, y ha advertido de que en el momento en que haya un menor desamparado que no esté bajo la protección de la consejería, Unidas por Extremadura lo denunciará por la vía penal. De Miguel ha concluido afirmando que se está engañando a todos y que acoger a 300 menores en la región es como “un campamento de verano” y no supone un problema para Extremadura, reprochando al Gobierno regional que esté “enredado en este sainete” únicamente para “alimentar su relato y alimentar su discurso racista”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves una inversión superior a los 33 millones de euros para crear cinco polígonos industriales y tres parques empresariales durante la presente legislatura.

Guardiola ha realizado este anuncio durante una visita a las obras de urbanización del polígono industrial de Don Benito, donde el Ejecutivo autonómico invertirá, a través de Extremadura Avante, 7,2 millones de euros.

La presidenta extremeña ha considerado esta actuación un ejemplo del “cambio de rumbo” de la política económica de su Gobierno y ha comparado las inversiones realizadas en suelo industrial durante las últimas legislaturas. Según ha señalado, entre 2015 y 2023 se destinó alrededor de un millón de euros al desarrollo de suelo industrial, mientras que el actual Ejecutivo ha invertido más de 12 millones durante sus dos primeros años de mandato.

Guardiola ha defendido que las pymes y los autónomos son quienes crean riqueza y empleo en la comunidad y ha resumido la estrategia de la Junta en “menos impuestos, menos burocracia, más apoyo y más inversión”.

También ha destacado los avances en la digitalización de la Administración autonómica, que, según ha indicado, ha pasado de ofrecer telemáticamente el 45% de sus trámites al 91%, un porcentaje situado por encima de la media europea. En este sentido, ha avanzado que la Junta trabaja en una ley de simplificación administrativa que reduzca el papeleo y priorice la declaración responsable para facilitar la actividad de las empresas.

La presidenta ha recordado asimismo que la última convocatoria de incentivos autonómicos concedió más de 68 millones de euros a pymes extremeñas, unas ayudas que permitieron movilizar una inversión de 222 millones.

Guardiola ha asegurado que la confianza empresarial ha aumentado un 9% desde la llegada de su Gobierno y ha resaltado que Extremadura cuenta con más de 430.000 afiliados a la Seguridad Social.

Respecto al polígono industrial de Don Benito, ha explicado que los proyectos de desarrollo de suelo industrial promovidos por la Junta parten con un compromiso previo de venta de, al menos, el 60 % de las parcelas.

Ha añadido que existe una importante demanda empresarial en la zona y ha confiado en que el nuevo espacio industrial alcance una elevada ocupación.

Prevención de incendios

Por otra parte, preguntada por la propuesta del PSOE de realizar inversiones extraordinarias para reducir la masa forestal próxima a pequeños municipios, Guardiola ha defendido que su Gobierno está realizando la mayor inversión de la historia de Extremadura en prevención de incendios. Ha citado el primer Plan Forestal de Extremadura, dotado con más de 210 millones de euros, y ha señalado que más de 310 municipios cuentan ya con sus planes periurbanos aprobados.

La presidenta ha asegurado que todas las propuestas serán “bienvenidas”, aunque ha subrayado la necesidad de contar con unos presupuestos autonómicos aprobados para destinar recursos a la prevención y extinción de incendios y mejorar las condiciones de los bomberos forestales.

Guardiola ha insistido en que las cuentas regionales son la herramienta esencial para atraer empresas, crear puestos de trabajo y facilitar que los jóvenes puedan permanecer en Extremadura.

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura “máxima transparencia” y explicaciones inmediatas ante lo que consideran un posible trato de favor en la Consejería de Educación. La denuncia surge a raíz de la información publicada en exclusiva por elDiario.es Extremadura sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que beneficia a la hermana del secretario general de ese departamento, José Pedro Catalán (PP).

Según ha denunciado la portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, la subida de categoría y sueldo para la plaza que ocupa la familiar directa del 'número dos' de la consejería se produce, además, en un contexto marcado por los recortes de recursos en el ámbito rural.

En este sentido, Garlito ha señalado la contradicción del Ejecutivo autonómico tras las recientes declaraciones de la recién elegida presidenta del PP de Cáceres y consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien “se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares”. “Parece que no sabían lo que estaba sucediendo en la propia Consejería de Educación”, ha afeado.

Mismas competencias, distinto nivel salarial

En concreto, la denuncia se centra en los cambios aplicados sobre dos jefaturas de servicio del departamento educativo. Con la nueva RPT, una de las jefaturas —ocupada por la hermana del secretario general— pasa de un nivel 28 a un nivel 29, incrementando así su retribución. Por el contrario, otra jefatura de servicio de la misma área sufre una rebaja del nivel 29 al 28.

Desde el PSOE critican que no existe “ninguna justificación técnica ni de competencias” para este movimiento: A mismas competencias, a una jefatura se le resta nivel y a la otra se la beneficia. Queremos saber si hay trato de favor y exigimos las explicaciones pertinentes. No dudamos de la legalidad, pero exigimos transparencia sobre este proceso“, ha remarcado la portavoz socialista.

Garlito ha contrapuesto la disponibilidad presupuestaria para estos incrementos retributivos en los servicios centrales de Mérida con la política de ajustes aplicada en los municipios rurales. El mismo Diario Oficial de Extremadura (DOE) que hacía pública la modificación de la RPT recogía también la amortización de dos plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque.

“Resulta enormemente llamativo que se hable de optimizar recursos para justificar recortes en servicios básicos del mundo rural mientras hay recursos para subir sueldos en la Consejería”, ha criticado Garlito, subrayando el impacto que la pérdida de este personal tiene sobre los niños y familias usuarias de este centro educativo.

Por otro lado, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los diputados del PP de Extremadura en el Congreso para que apoyen la senda de déficit y el techo de gasto que se vota este jueves en la Cámara Baja. Recuerdan que este marco financiero contempla la condonación de más de 1.700 millones de euros para Extremadura, un “momento vital” en el que piden situar las necesidades de la región por encima de los intereses de partido.

Por su parte, el PP ha defendido la modificación de la RPT de la Consejería de Educación y ha reprochado al PSOE que hable de “trato de favor” a un familiar de un alto cargo de dicho departamento cuando “acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez”.

El PP defiende la subida salarial

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Ángel Sánchez Juliá, la modificación de la RPT “se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos”. “Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición”, ha explicado Sánchez Juliá.

Asimismo, ha destacado que esta modificación permite que, “por primera vez” los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales para que “también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación”.

Finalmente, el portavoz del GPP ha criticado que el PSOE quiera “enturbiar la política extremeña” y ha señalado que los socialistas “todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez” porque lo único que buscan es “generar una cortina de humo”.

El Club Deportivo Badajoz lucirá la bandera de España en su equipación oficial durante la próxima temporada 2026-2027. La decisión se ha tomado tras una votación organizada por la propia entidad en la red social X que ha rozado el 91% de apoyos a favor del 'sí'. Sin embargo, más allá del cambio en la indumentaria, lo que ha encendido el debate en las últimas horas es el tono marcadamente político y las ironías que la cuenta oficial del club ha dedicado a formaciones de izquierda y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al anunciar los resultados.

El episodio es el desenlace de una cadena de publicaciones que comenzó el pasado 14 de julio, cuando la cuenta del club, presidido por Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como 'Colate', celebró el pase de la selección española a la final del Mundial: “Enhorabuena a todos, somos finalistas. Arriba España”. El uso del lema falangista desató una oleada de críticas en la plataforma por sus connotaciones históricas vinculadas a la dictadura en una ciudad donde la represión franquista fue especialmente sangrienta con hechos conocidos como la Matanza de Badajoz, de la que este agosto se cumplirán 90 años y en la que murieron asesinadas entre 1.800 y 4.000 pacenses, dependiendo de las fuentes.

Entre las reacciones destacó la de Izquierda Unida Extremadura, que exigió la retirada del mensaje y disculpas públicas por la ofensa a las víctimas de la represión franquista en la capital pacense. La entidad deportiva, lejos de retractarse, respondió tirando de sarcasmo e invitando a los integrantes del partido a pasar por oficina para abonarse al club.

Con el triunfo final de la selección española, el CD Badajoz, que juega en Segunda Federación, volvió a la carga comparando al futbolista extremeño Pedro Porro con los conquistadores de la región y planteó formalmente la encuesta para la camiseta. Tras cerrar la votación con 90,8% de votos afirmativos y un 9,2% de negativos, la comunicación institucional cerró el proceso con un dardo directo a la oposición: “Esperamos que la izquierda, por escueto que haya sido el margen, acepte el resultado y no queme nada, que hace mucho calor ya”, rematando con la frase “ganamos los buenos”.

La estrategia en redes de la entidad ha provocado disparidad de opiniones entre la afición blanquinegra: mientras un sector celebra las publicaciones en el perfil oficial, otra parte de los seguidores lamenta la politización de la imagen del club y recuerda que la reglamentación de las peñas aboga por mantener un perfil puramente informativo y respetuoso con la pluralidad de su masa social.

El Grupo de Acción Social y Sindical, del que forman parte diferentes colegios oficiales, asociaciones profesionales y sindicatos, ha expresado su deseo, ante la próxima resolución de las Medallas de Extremadura, de que “no se olvide y quede relegado” el galardón para trabajadora social Belén Cortés, asesinada en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

Recuerdan que Belén Cortés Flor presentaba una trayectoria profesional digna de mención y representaba los valores de la región, además de que su galardón supondría un homenaje a título póstumo para ella y su familia, así como la expresión de reconocimiento “a un sector social muy abandonado y poco reconocido, con la intención de un cambio real tras los fatales hechos sucedidos”.

“Esperamos desde este grupo que la compañera tenga el galardón y homenaje que merece”, señalan.

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, que en el caso de Extremadura alcanza los 1.718 millones, lo que supone reducir la deuda un 32% respecto al cierre de 2023.

El Gobierno recuerda que el proyecto ya fue rechazado por los gobiernos autonómicos en los que participa el PP, como también se rechazó que Extremadura cuente con un margen presupuestario de 128 millones.

Además, señala que le permitirá a Extremadura un ahorro en el pago de intereses de 49 millones, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.

El denominado proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que fue aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre de 2025 fruto del pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC, tiene la intención de corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

Como explicó aquel día la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Andalucía, con 18.791 millones de euros, sería la comunidad con la mayor condonación, seguida de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644).

Entre las 15 comunidades de régimen común -todas salvo Navarra y País Vasco- podrían ahorrarse aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, con lo que tendrían capacidad de reforzar los servicios públicos, según ha repetido el Gobierno desde entonces.

Unos argumentos que no han convencido a las comunidades gobernadas por el PP, a pesar de que la mayor parte de la quita -siete de cada diez euros- les beneficiaría a ellas, puesto que la consideran una “trampa” que en realidad penaliza a los territorios que menos deben.

La medida sí es respaldada por las comunidades gobernadas por el PSOE, incluido el Ejecutivo castellanomanchego de Emiliano García-Page, enfrentado al Gobierno de Sánchez por la propuesta de financiación autonómica, pero que en este caso si entiende cumplidas sus expectativas.

Pese a mantener algunas reticencias, JxCat permitirá que se tramite el proyecto en el Congreso e intentará, en la tramitación parlamentaria, “introducir mejoras” para elevar el porcentaje de condonación a Cataluña, según ha explicado el secretario general de esta formación, Jordi Turull.