El proceso por el que ha resultado elegido un exasesor del Gobierno del PP como directivo de Zaragoza Deporte Municipal ha llegado hasta los tribunales. El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Físico Deportivos de Aragón (COLEFA) mantiene abierto un recurso judicial contra la convocatoria, al considerar que las funciones del puesto corresponden a los titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE). Ese era un requisito de la plaza a la que sustituye la ganada por Pablo Millán, que también ha aumentado de categoría. Los profesionales del sector expresan su “malestar” y “enfado” por el procedimiento.

Millán fue el encargado de elaborar un primer informe económico-financiero para justificar la inversión en La Romareda dado a conocer a tres días de las elecciones de 2023, y tres meses después fue designado asesor –personal eventual– del Gobierno del PP. Desde ese cargo elaboró un nuevo estudio en la misma línea, que se incorporó al expediente del nuevo estadio. Esta pasada primavera, una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) el 14 de abril las bases para el nuevo puesto, cesó en su cargo para preparar la oposición –entraban 80 temas– y cuatro meses y medio después se presentó al examen –un test y unos supuestos prácticos–, en el que obtuvo la nota más alta.

El Gobierno municipal convocaba, por turno libre y concurso-oposición, un puesto de personal laboral fijo de director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos, con la categoría A1-26. La plaza surgió tras la jubilación de un empleado y con una modificación de la relación de puestos que elevó su nivel –era A2–, el primero de esa categoría en el área deportiva de la sociedad.

La convocatoria atribuye al puesto la planificación, coordinación y supervisión de los programas, proyectos y eventos deportivos de Zaragoza Deporte, la coordinación del personal técnico y de las empresas contratistas y la supervisión funcional de las instalaciones que gestiona la sociedad. Para optar a ella, sin embargo, solo exige “un título universitario oficial de licenciatura/grado”, sin especialidad.

El viernes, el PP y Vox dieron su voto a favor de la propuesta de adjudicar a Pablo Millán la mencionada plaza, frente al rechazo del PSOE, Zaragoza en Común y la concejala tránsfuga.

“Enfado”

La presidenta del COLEFA Aragón, Mónica Aznar, sitúa el origen de la protesta en las quejas de los propios colegiados. “Hay mucho enfado en el sector, entre los profesionales y entre todos los que trabajamos aquí”, resume. Explica que el malestar tiene dos vertientes. La primera, “que habiendo profesionales bien formados en Aragón en materia deportiva no se les priorice”. La segunda, el contenido del puesto: “Las funciones que va a hacer son, mayoritariamente, nuestras competencias, propias del título”.

Según su relato, el colegio intentó evitar la vía judicial. “Nos hemos reunido oficialmente con los miembros del consejo de administración y con todos los grupos, salvo el PP. No han querido escuchar”, lamenta. Y apunta que no les quedaba “más remedio que llegar al contencioso”.

El COLEFA, que agrupa a unos 450 colegiados y se financia con sus cuotas, recibió siete llamadas y 18 correos de colegiados que pedían su actuación, según el escrito que remitió a los grupos municipales. En ese documento, firmado el 15 de octubre, pide a los partidos que apoyaron las bases que recomienden en el Consejo de Administración de ZDM o en el Ayuntamiento paralizar el concurso o modificar las bases para exigir la titulación en CCAFYDE.

El colegio apoya su tesis en la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón, que regula la profesión de director deportivo. La normativa le atribuye la planificación, dirección y supervisión de las actividades deportivas en servicios públicos o privados y exige acreditar la competencia “mediante las titulaciones oficiales o certificados de profesionalidad correspondientes”.

Un pleito atascado en la competencia

El COLEFA presentó a mediados de mayo un recurso de alzada dirigido al Ayuntamiento, pero Zaragoza Deporte Municipal lo desestimó apoyado en informes de la asesoría jurídica. Ante esto, el Colegio presentó a finales de juio un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares: suspender el proceso, restringirlo a titulados en CCAFYDE o, en su defecto, suspender el nombramiento si el elegido no tenía esa titulación. Lo admitió la plaza número 2 de la sección de lo contencioso del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

Tras personarse, el Ayuntamiento alegó que el asunto correspondía a la jurisdicción social, por tratarse de personal laboral. El juzgado abrió un incidente de competencia que paralizó el procedimiento y las cautelares, y en septiembre un auto declaró competente a la jurisdicción laboral.

Entretanto, el proceso selectivo siguió adelante. La fase de oposición se celebró el 2 de septiembre, sin que las cautelares se hubieran resuelto, y la plaza ha acabado en manos de Millán. El COLEFA ha recurrido el auto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Sostiene que lo que se discute, si las bases debían exigir una titulación concreta, es una cuestión estrictamente administrativa.

El título se exige al coordinador, no al director

Un informe de la Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte (GEDA), encargado por el COLEFA y fechado el 17 de octubre, compara los requisitos de los puestos de gestión deportiva en las tres capitales aragonesas. Su hallazgo principal afecta a la propia Zaragoza Deporte.

La sociedad municipal exige el grado o la licenciatura en CCAFYDE para una plaza de Coordinación Deportiva del grupo A2, convocada en diciembre de 2025, pero no para la Dirección de Programas, que planifica y supervisa esos programas desde un nivel superior. Tampoco lo pide para la Jefatura de Eventos e Instalaciones, convocada este año por promoción interna, ni lo pidió en 2023 para la Dirección del Pabellón Príncipe Felipe.

Fuera de Zaragoza Deporte, el Ayuntamiento de Zaragoza exige la licenciatura en Educación Física o en CCAFYDE para su técnico superior de Educación Física, y los ayuntamientos de Huesca y Teruel la piden para sus técnicos deportivos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo autonómico se dirigirá “inmediatamente” al Ministerio de Transportes para conocer “toda la documentación” y “todos los informes” que puedan avalar la posibilidad, planteada por el ministro Óscar Puente, de cortar el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se ejecutan las obras de renovación de la línea. Azcón se ha declarado “extraordinariamente preocupado” por esas declaraciones, en las que Puente ha citado en concreto el tramo entre Calatayud y Madrid.

“Vamos a pedir toda la información de forma inmediata para poder explicarle a la ciudadanía si desde el ministerio se está transmitiendo o no la verdad a los aragoneses y a los españoles”, ha afirmado el presidente aragonés, que ha vinculado la decisión a los dos grandes siniestros ferroviarios de este año. “Han sido necesarios dos accidentes en los que van a morir más de 100 personas para que el ministerio valore tomar medidas y parar el tráfico ferroviario. No fue suficiente el primer accidente”, ha criticado.

El ministro, sin embargo, ha negado expresamente que la medida responda a motivos de seguridad. En la rueda de prensa posterior al accidente de Urda (Toledo), Puente ha explicado que Transportes estudia aplicar el modelo de países como Alemania, donde el servicio se suspende durante las obras de renovación de vía para acortar los plazos, frente a la práctica habitual en España de trabajar en franjas sin circulación o con cortes puntuales. Según el ministro, una actuación que podría alargarse cinco años en banda de mantenimiento se reduciría a menos de 24 meses, o 12 en condiciones normales, a cambio de privar del servicio a los usuarios. Puente ha justificado la opción por la puntualidad, que atribuye al aumento de las inversiones en la red. Un eventual cierre afectaría de lleno a Zaragoza, una de las principales paradas del corredor.

La renovación de la línea Madrid-Barcelona forma parte del proyecto AV350, que prevé elevar la velocidad máxima de la línea de los 300 kilómetros por hora actuales a 350 y que el ministro presentó en noviembre de 2025, cuando situó en 2029 la disponibilidad de esa velocidad en el corredor.

Dimisión de Puente

Azcón ha comparecido ante los medios en plena jornada de luto oficial, tras el minuto de silencio celebrado en Zaragoza por las víctimas del accidente de Urda, entre las que se encuentra la exministra de Empleo Fátima Báñez. El presidente ha subrayado la “especial vinculación” de Báñez con Aragón y ha explicado que el consejero Octavio López no ha asistido al acto porque se encontraba en Huelva, en su entierro.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha insistido en que a las víctimas “se les debería estar pidiendo perdón” y en que “una parte fundamental” de ello pasa por asumir responsabilidades. “Estoy convencido de que no hay un solo español con sentido común que entienda que el ministro Puente pueda seguir siendo ministro”, ha señalado, antes de calificar de “absolutamente inconcebible” que la investigación quede en manos de quien ha dirigido el sistema ferroviario “durante todos estos años”.

Por su parte, el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha reconocido que la pérdida de Fátima Báñez le había dejado “bajo shock” y “muy impactado”, y ha comunicado que la exministra tenía pensado acompañarle el próximo 17 de noviembre en la entrega de un premio en la Embajada de Italia. “No solamente me felicitó, sino que me transmitió que iba a estar presente para darme un abrazo. Lamentablemente, para mí ese premio va a ser diferente, lo recibiré de una forma completamente distinta a cómo lo iba a recibir porque me va a faltar el abrazo de Fátima”, ha relatado.

A su juicio, resulta difícil explicar lo ocurrido cuando se trata de un sistema ferroviario que debería ofrecer garantías. “No se puede entender que falle un sistema completo, que falle el sistema de seguridad, que haya una serie de infraestructuras que no están a la altura de las necesidades, a la altura de las circunstancias”, ha sostenido. Sobre la continuidad de Puente, el presidente de CEOE Aragón ha incidido en que la decisión debe responder a un criterio de responsabilidad personal: “Detrás y delante de la política está la dignidad personal”.

El siniestro se produjo el miércoles 28 de octubre entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, cuando el tren AVE 2080 de Renfe, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, impactó por detrás contra un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía. Azcón ha cifrado en 69 las víctimas mortales. Se trata del segundo accidente grave en menos de un año, después del ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó 46 víctimas mortales.

De “analista financiero” a asesor primero del Gobierno del PP en la capital aragonesa, firmante de uno de los informes económicos para justificar las obras en La Romareda, y a inminente alto cargo laboral de Zaragoza Deporte Municipal a través de una oposición. Pablo Millán está a punto de convertirse en nuevo director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos de la entidad municipal en un proceso con puntos polémicos, como que sea una plaza de nueva creación y con mayor categoría que la que sustituye, que cesara del cargo justo en medio del plazo de solicitudes o que uno de los tres evaluadores de la comisión sea técnico de la misma área en la que Millán trabajaba como asesor.

Tal y como refleja la puntuación definitiva del concurso-oposición. Millán obtuvo 85,134 puntos, frente a los 78,700 del único aspirante que también superó las pruebas. El Consejo de Administración de Zaragoza Deporte tiene previsto aprobar precisamente este viernes la adjudicación de la plaza.

Su salario en el puesto recién creado ascenderá a unos 62.000 euros brutos al año –79.000 euros de coste real para la empresa municipal–, frente a los en torno a 49.000 euros que se percibía por la plaza anterior, de categoría A2.

El 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones municipales, Millán firmó como 'Senior Financial Analyst' un primer informe sobre La Romareda. El Ayuntamiento lo aportó como documento 14 ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso contencioso que el Gobierno municipal presentó contra la paralización del proyecto por parte del TACPA. El auto del tribunal recoge sus dos conclusiones principales: el nuevo estadio generaría 6.400 empleos y una “rentabilidad para la ciudad” de 335 millones de euros. Ese informe no figura en el expediente de constitución de La Nueva Romareda SL, por lo que no se conoce cómo se calcularon esas cifras.

Millán fue nombrado asesor del Gobierno del PP, como personal eventual, tres meses más tarde. Y semanas después suscribió, en calidad de “asesor del Área de Presidencia”, un informe económico-financiero de 65 páginas que se incorporó al expediente de constitución de La Nueva Romareda SL, la sociedad del Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza para financiar el nuevo estadio. El documento concluía que la sociedad sería “sostenible económicamente”, con una rentabilidad del 4,44%.

Al día siguiente, un técnico municipal de Contabilidad firmó otro informe con cifras distintas: la TIR era menor y beneficios no comenzaban hasta el año 16.

Una plaza a estrenar

El puesto que va a ocupar Millán no existía hasta este año. Zaragoza Deporte lo incluyó en su plantilla de 2026 para sustituir la Jefatura de Actividades y Programas, una plaza del grupo A2 que se amortiza por la jubilación de su titular, prevista para agosto. La entidad municipal defendió con posterioridad que el nuevo puesto tiene “unas funciones más amplias” y un carácter “muy transversal”, por lo que no se exigió una titulación concreta vinculada con el deporte: vale cualquier grado universitario.

Las bases las propuso el Departamento de Administración de la sociedad el 25 de marzo, “con el conforme del Sr. Vicepresidente”. Este puesto lo ocupa el concejal de Deportes, Félix Brocate, cuya delegación se integra precisamente en el Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana. El Boletín Oficial de la Provincia publicó las bases el 14 de abril, con un plazo para presentar solicitudes del 15 al 29 de ese mes: el día 21, un decreto cesó a Millán como asesor, “agradeciéndole los servicios prestados”.

El BOPZ publicó también la composición de la comisión de selección, con tres miembros con voto. La preside la jefa del Departamento de Administración de Zaragoza Deporte, la misma responsable que firmó la propuesta de bases y, más tarde, el escrito que las defendió frente a un recurso. La completan el director del Pabellón Príncipe Felipe y un “técnico del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza”. Se trata de la misma área en la que Millán se presentaba como “asesor técnico” de “proyectos estratégicos (deportes)”.

Según la documentación del proceso, el 4 de mayo, tras conocer la lista de aspirantes, todos los miembros declararon no estar incursos en ninguna causa de abstención.

Recurso del colegio profesional

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Aragón (COLEFA) recurrió las bases el 14 de mayo. Pedía que la plaza quedara reservada a titulados en Ciencias del Deporte y se amparaba en el artículo 81 de la Ley del Deporte de Aragón, que exige titulación oficial para ejercer como director deportivo. La Asesoría Jurídica municipal respondió que no se estaba “convocando una plaza de director deportivo” y que serían admisibles titulaciones como Derecho o Económicas. El Consejo de Administración desestimó el recurso el 29 de mayo.

Al concurso se admitieron 13 aspirantes, todos los que se presentaron. Ocho acudieron al examen y solo dos superaron el test, en el que Millán obtuvo la mejor nota: 25,80 puntos sobre 30, frente a 22,20. En el segundo ejercicio, dos supuestos prácticos que puntúa la propia comisión, sacó 29,334 sobre 40, frente a 26,500. En la fase de méritos, ambos aspirantes obtuvieron la puntuación máxima, 30 de 30, sin que se haya publicado el desglose.

Las bases otorgan 2,5 puntos por año de servicios en la Administración “en puesto análogo”. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la condición de personal eventual “no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública”. Al no haber trascendido el mencionado desglose, no se puede conocer si Millán obtuvo puntos por el periodo como eventual del Ayuntamiento.

La cuestión no es nueva en el Ayuntamiento. En 2021, Podemos y Zaragoza en Común denunciaron que a una exasesora vinculada al PP se le había computado su etapa como eventual para lograr una plaza fija en el Instituto Municipal de Empleo. Defendió entonces el proceso el mismo concejal de Personal que nombró y cesó a Millán, Alfonso Mendoza.

El proceso cumple con las “garantías legales”

Preguntado por este periódico, el Gobierno municipal defiende que el proceso “ha cumplido de principio a fin con todas las garantías legales y procedimentales exigidas”. Asegura que se trata de un procedimiento “plenamente transparente, equitativo y ajustado a derecho” y que la comisión actuó “con estricta neutralidad e imparcialidad”, con una valoración “objetiva” y conforme a las bases. La respuesta sostiene además que las bases establecieron un marco que fue aceptado por todas las partes “al no ser impugnado”. Sin embargo, el COLEFA recurrió esas bases el 14 de mayo y el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte desestimó el recurso.

El Ayuntamiento afirma que haber trabajado en la institución “no excluye el derecho de presentarse a una oposición” y que evaluar a candidatos que trabajan o han trabajado en ella no puede suponer “ningún menoscabo” de la objetividad del tribunal. No aclara, en cambio, si Millán y el técnico del Departamento de Presidencia coincidieron en su trabajo en esta área. Tampoco dice si se planteó la posibilidad de que el vocal se abstuviera. Sobre este último, el Gobierno municipal subraya que es un funcionario que “ha formado y forma parte de un importante número de tribunales”, con “una conducta intachable en cada uno de los procesos”. Por ello, sostiene, no cabe “la menor duda” sobre su neutralidad y objetividad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado este jueves el minuto de silencio que las Cortes de Aragón han guardado a las puertas del palacio de la Aljafería en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para cargar contra el Gobierno central, al que ha acusado de estar más preocupado por “filtrar audios” que por “atender a las víctimas que todavía hay en esos restos de los trenes”. Lo ha hecho en plena jornada de luto oficial y apenas 24 horas después de sostener, en la concentración celebrada en Zaragoza, que tocaba recordar a las víctimas y acompañar a sus familiares.

Azcón ha abierto su intervención con el pésame a las familias de las que ya son 69 víctimas mortales, pero ha añadido de inmediato que ese dolor, “conforme va pasando el tiempo, se une a un sentimiento de indignación”. “Un gobierno que está preocupado por filtrar audios, en lugar de atender a las víctimas que todavía hay en esos restos de los trenes, es absolutamente incomprensible”, ha afirmado. A su juicio, las grabaciones “tienen por objeto buscar excusas”, y ha zanjado: “El error no es humano, el error es político”.

El presidente aragonés ha atribuido el siniestro a “la falta de profesionalidad, la falta de responsabilidad” y a “no haber atendido las múltiples llamadas que se han conocido”. Sin embargo, esas llamadas, entre ellas los avisos de la maquinista del tren de Iryo al centro de control, se han conocido precisamente a través de los audios cuya difusión reprocha al Ejecutivo.

El tono distinto de la presidenta de las Cortes

El tono ha sido muy distinto en boca de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. “Desde las Cortes de Aragón estamos absolutamente consternados por el accidente ferroviario ocurrido ayer en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo”, ha declarado Navarro, que ha presentado el minuto de silencio como una muestra de dolor y de solidaridad con los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, que siguen trabajando sin descanso en la zona. Tras reivindicar Aragón como un territorio solidario, ha añadido: “Estamos profundamente rotos de dolor por lo sucedido ayer en Toledo”.

Las grabaciones recogen cómo, tras la caída del sistema de seguridad LZB en Urda, el Centro de Control de Adif en Atocha autorizó al AVE de Renfe a seguir circulando “con marcha normal” mientras la maquinista del Iryo avisaba de que seguía detenida a la entrada de la estación. El AVE terminó alcanzando por detrás al Iryo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “erróneo” e “inexplicable” que se diera esa orden, pero ha evitado señalar a nadie, se ha remitido a la investigación y ha descartado dimitir. Medios conservadores acusan al Gobierno de haber filtrado los audios para cargar la culpa sobre el operario de Adif, y el sindicato CSIF ha pedido la dimisión de Puente por señalar a un trabajador.

La frase de Azcón sobre el “error político” coincide con la línea marcada esa misma mañana por la dirección nacional del PP: su portavoz de campaña, Borja Sémper, ha reclamado al Gobierno que asuma “responsabilidades políticas” por el accidente, a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Un sistema que no existe en Aragón

Azcón ha centrado buena parte de su intervención en los usuarios aragoneses de la alta velocidad. “Los miles de aragoneses que cada día también cogen el AVE para ir a Madrid, a Barcelona, o a Calatayud o a Lérida, lo que quieren es seguridad”, ha dicho, antes de añadir que quieren “no tener que pensar en si cuando se suben a un tren en Aragón se están jugando la vida”.

El sistema cuyo fallo desencadenó el accidente, sin embargo, no opera en ninguna vía aragonesa. El LZB, de origen alemán, se instaló en 1992 en la línea Madrid-Sevilla, la primera de alta velocidad del país, que es también la única línea de AVE que todavía no cuenta con el sistema europeo ERTMS. La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, por la que circulan los trenes que cita Azcón, funciona con ERTMS desde su apertura. Adif adjudicó en septiembre de 2021 tres contratos por 136,4 millones de euros para implantar ese sistema en los 476 kilómetros de la línea andaluza, y el propio Puente reconoció el miércoles que el LZB está en proceso de ser sustituido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que se trata del “segundo accidente en menos de un año” –en referencia al siniestro de Adamuz en el mes de enero–, lo que a su juicio provoca “rabia y frustración” e “intranquilidad”. Azcón ha reclamado “inmediatamente medidas de seguridad y medidas de comprobación de las vías” y que “las responsabilidades se asuman”, porque, según ha dicho, “no puede volver a no ocurrir nada”.

Los sindicatos de la Junta de Personal de Educación de Huesca han vuelto a la calle. CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE iniciaron este martes un calendario de concentraciones semanales ante el Servicio Provincial de Educación, que mantendrán de forma indefinida hasta que el Departamento responda a sus reivindicaciones sobre la Inspección Educativa oscense. Cada protesta irá acompañada del registro formal de una nueva petición de reunión. Han pasado dos semanas desde la huelga y la manifestación del 14 de octubre y, según denuncian, la administración no ha vuelto a sentarse con ellos para abordar el fondo del conflicto, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones a la consejera de Educación, Carmen Susín, y al director provincial, Carlos Oliván.

“La movilización fue multitudinaria”, ha defendido en nombre de los sindicatos Teresa Hernández, que ha insistido en que siguen exigiendo “una solución al problema que afecta a toda la provincia al que no se está dando respuesta”. Según su relato, en el último contacto con el Departamento les dijeron que podían trasladar sus reivindicaciones, pero que el cese del jefe de Inspección no dependía de su interlocutora. Desde entonces no ha habido nuevas reuniones para abordar el fondo del problema.

Las peticiones registradas son las mismas que motivaron la huelga. La primera es el cese inmediato de la jefatura de la Inspección Educativa de Huesca, que consideran imprescindible para recuperar la confianza del profesorado. Piden además eliminar los llamados ‘mínimos imprescindibles’, una exigencia propia de la provincia que, a su juicio, añade carga burocrática y limita la autonomía pedagógica de centros y docentes. También reclaman unificar los criterios de inspección en Huesca, Zaragoza y Teruel y someter a una revisión externa e independiente los expedientes disciplinarios y las sanciones impuestas al profesorado.

48 expedientes frente a 32

Las cifras ayudan a entender la última de esas demandas. Los datos que el Departamento de Educación facilitó a Chunta Aragonesista en agosto muestran que desde el curso 2023-2024 se han incoado 48 expedientes a docentes en la provincia de Huesca, más que la suma del resto de Aragón: 21 en Zaragoza y 11 en Teruel. Y eso pese a que Zaragoza concentra un número mayor de docentes. A raíz de esos datos, la portavoz adjunta de CHA en las Cortes, Isabel Lasobras, anunció una proposición no de ley para exigir al Gobierno que justifique la diferencia y evalúe de forma independiente la actuación del servicio en la provincia.

Educación rechazó entonces las críticas. Defendió la autonomía técnica de los inspectores y acusó a CHA de interpretar los datos “desagregándolos interesadamente por provincias”. El epicentro de la polémica ha sido el IES Ramón y Cajal de Huesca. Según fuentes sindicales, en ese único centro se han abierto, que les conste, cuatro apercibimientos y dos expedientes, más que en toda la provincia de Zaragoza durante el último curso.

Hernández ha explicado que la Junta de Personal ha sabido por la prensa y por las Cortes que el expediente abierto a su delegado sindical está paralizado. Por eso ha reclamado que se revisen también “todos los expedientes o apercibimientos de los docentes de la provincia de Huesca y el resto de puntos”. Los sindicatos han vinculado ese caso a la libertad sindical, algo que el Departamento niega: sostiene que el expediente se abrió porque el docente habría vulnerado presuntamente la obligación de proteger los derechos de un menor, y que su tramitación quedó suspendida hasta que la Inspección General de Servicios concluya la investigación que pidieron los propios sindicatos.

Una huelga con cifras dispares

La huelga del 14 de octubre incluyó una concentración matinal y una manifestación por la tarde. Los sindicatos situaron el seguimiento por encima del 50%, mientras que Educación lo cifró en el 24,1%. Cerca de 2.000 personas, entre docentes, alumnado y familias, participaron en la manifestación, que reclamó el cese del inspector jefe provincial. Hernández ha destacado el carácter excepcional de una huelga de ámbito provincial que movilizó a la vez a Primaria y Secundaria, en un conflicto que se arrastra desde hace más de dos años.

La portavoz ha reconocido el “agotamiento” del profesorado, pero ha asegurado que el respaldo de los docentes les empuja a seguir. “Estamos muy contentos por el seguimiento de la movilización, la huelga fue histórica y seguiremos trabajando por los docentes y para que se resuelva este problema”, ha concluido.

Vox no está dispuesto a detener su actividad electoral pese al grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo. Mientras el resto de los principales partidos ha suspendido sus actos de precampaña, la formación de Santiago Abascal mantiene sus convocatorias y anuncia para este jueves, 29 de octubre, una mesa informativa en Teruel con su candidato al Congreso de los Diputados, Daniel Alda.

La convocatoria tiene, además, una peculiaridad gráfica. Vox ha elegido como escenario de su cartel electoral la emblemática plaza del Torico, pero en la imagen promocional –publicada en un mensaje en X– aparece la columna que preside la plaza sin su pequeño y famoso habitante. El Torico, sencillamente, ha desaparecido.

La imagen, de apariencia artificial, ha despertado la ironía de algunos usuarios de las redes sociales, que no han tardado en relacionar la ausencia del símbolo turolense con la procedencia del candidato. “Daniel tiene lo mismo de Teruel que esa plaza del Torico sin Torico”, comenta uno de ellos.

Otros usuarios van directamente al asunto de su vinculación con la provincia: “Podíais haber puesto como representante de Teruel a alguien de Teruel, y no a un madrileño q no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en Vox Teruel anteriormente”, reprocha otra de las respuestas.

Desde Vox reconocen los hechos, consideran una “anécdota” la publicación del mensaje en X y reafirman su “compromiso con Teruel y con el Bajo Aragón”, y ponen como ejemplo que sean uno de los denunciantes en el caso Forestalia.

La anécdota gráfica ha servido en todo caso para reabrir el debate sobre la elección de Alda como cabeza de lista por Teruel, una provincia cuya representación en el Congreso aspira a conseguir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El candidato turolense tiene 27 años, nació en Alcalá de Henares y tiene vínculos familiares en el Bajo Aragón, según el currículum enviado en su día por la formación sobre sus candidatos. Graduado en Historia, gestiona desde 2022 una explotación agrícola familiar y en los dos últimos años ha trabajado como asistente del grupo parlamentario de Vox en el Congreso en las áreas de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura.

El acto se convoca en medio de una jornada marcada por la tragedia ferroviaria de Toledo, que ha llevado al PP, PSOE y otras formaciones a cancelar sus actos de precampaña. Vox, por el contrario, ha decidido mantener su agenda. Abascal ha defendido que no piensa interrumpir su actividad política y ha vinculado el accidente con sus críticas al Gobierno central.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha dado un paso en el terreno de las relaciones internacionales. Junto a representantes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Extremadura, se ha reunido con el embajador de Senegal, Ibrahim Al Khalil Seck, para abordar la situación de los menores migrantes procedentes de ese país que se encuentran bajo tutela de las tres comunidades.

Sobre la mesa había cifras concretas: Aragón tutela a 33 menores procedentes de Senegal; Castilla y León, a 25, y Extremadura, a 19. En total, 77 menores cuya situación ha centrado una reunión en la que, sin embargo, no se ha anunciado ninguna medida específica ni compromiso bilateral.

Nolasco ha aprovechado el encuentro para reivindicar la capacidad de las comunidades autónomas para establecer acuerdos con otros países, una posibilidad que contempla la Ley de Extranjería en su artículo 35.2., si bien esos acuerdos deben estar dirigidos a garantizar la atención e integración social de los menores en sus países de origen, no a decidir su repatriación, una competencia que corresponde al Estado.

De esta forma, los gobiernos autonómicos pueden colaborar con Senegal para procurar que los menores sean atendidos adecuadamente en su país, pero no pueden decidir por sí mismos enviarlos de vuelta. Una diferencia jurídica que pone límites a las aspiraciones diplomáticas de los vicepresidentes de Vox.

La reunión ha sido calificada de “fructífera” y “agradable”, dos adjetivos que, en el lenguaje diplomático, suelen permitir salir airosamente de casi cualquier reunión, incluso cuando no se ha firmado nada. De hecho, el propio vicepresidente ha reconocido se trata de un primer contacto y que se han emplazado a seguir hablando con el fin último de velar por el bien superior del menor.

La cordialidad diplomática del encuentro contrasta, en cualquier caso, con las políticas que Nolasco viene impulsando desde su llegada al Gobierno de Aragón de la mano del PP. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, ha ordenado retirar las asignaciones semanales de 17 euros a menores extranjeros acogidos en determinados centros, una decisión que ha llegado a la Fiscalía; ha reforzado la vigilancia policial y contratado seguridad privada en instalaciones de acogida; y ha anunciado la suspensión de ayudas a ONG que, a su juicio, favorezcan la inmigración irregular. A ello se suma la supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios aragoneses, otra de las exigencias de Vox asumidas por el Ejecutivo de Jorge Azcón.

La reunión, con foto incluida alrededor de una mesa de trabajo con la delegación senegalesa, permite así a Nolasco exhibir una iniciativa internacional en materia migratoria, uno de los asuntos centrales del discurso político de Vox, aunque sus resultados prácticos son limitados y están por ver.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha condenado este miércoles los disturbios registrados durante la visita de Vito Quiles a Zaragoza, pero ha evitado criticar directamente al agitador ultra. En su lugar, ha dirigido el reproche a “la izquierda”, a la que acusa de no condenar “en bloque” los altercados. Quiles estuvo presente en el cierre de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero.

En declaraciones a los medios, Azcón ha subrayado que “todos” los disturbios callejeros son condenables y ha extendido esa condena tanto a los incidentes del jueves de la semana pasada en Zaragoza como a los registrados el lunes en Bilbao, donde se repitieron con mayor intensidad y con daños materiales pese a que el acto de Quiles se suspendió.

“La violencia es incompatible con la democracia”, ha enfatizado el presidente aragonés, que ha añadido que “toda violencia es condenable, venga de donde venga”. “Yo no voy a dudar nunca en condenar la violencia”, ha recalcado.

A partir de ahí, Azcón ha desplazado el foco hacia los partidos de izquierda. “Lo que hoy extraña es que sean disturbios que se producen en Zaragoza o en otras ciudades y extraña de forma extraordinaria que no toda la izquierda en bloque esté condenando esos disturbios”, ha observado. El presidente ha confiado en que “toda la izquierda condene también esa violencia y no la justifique en muchas ocasiones porque proviene de personas que puedan estar defendiendo causas que defiende la izquierda”.

Expediente sancionador abierto

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo autonómico no ha hecho ninguna referencia a la actuación de Quiles ni al expediente que le ha abierto la Delegación del Gobierno. El organismo anunció el lunes que había iniciado los trámites tras recabar en los días posteriores a los altercados la información jurídica y policial sobre lo ocurrido, con el fin de determinar las responsabilidades administrativas. Por ahora no ha trascendido qué infracción le imputa.

Quiles había anunciado una intervención a las 19.00 horas en la Facultad de Derecho, pese a que la Universidad de Zaragoza había rechazado celebrar el acto en sus instalaciones y había defendido la neutralidad institucional de sus espacios ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Al no poder acceder a la facultad, el agitador trasladó la convocatoria a la plaza de San Francisco a través de sus redes sociales. Allí se subió al quiosco situado detrás de la gasolinera y pronunció un discurso contra Pedro Sánchez, la Universidad y los medios de comunicación, con llamamientos a votar el 29 de noviembre.

La jornada del jueves 22 de octubre se saldó con cargas de la Policía Nacional contra la concentración convocada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, ocho agentes heridos, cinco detenidos y el corte del tranvía entre las paradas de La Romareda y Gran Vía. Al día siguiente, la Universidad de Zaragoza lamentó los enfrentamientos, recordó que la convocatoria de Quiles no estaba autorizada e hizo un llamamiento a la convivencia, el diálogo y el respeto.

Las instituciones y los partidos aragoneses han reaccionado este miércoles con muestras de duelo y ofrecimientos de ayuda tras el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de la mañana en Urda (Toledo), que según el Gobierno de Castilla-La Mancha ha causado decenas de muertos.

El siniestro se produjo a las 8.54 horas en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la estación de la localidad toledana, cuando un tren que había salido de Madrid con destino a Sevilla chocó por alcance con un Iryo que circulaba por delante. El impacto provocó el descarrilamiento de los dos últimos coches del último convoy, según la información oficial disponible hasta el momento.

El Gobierno de Aragón ha suspendido su agenda oficial de este miércoles en señal de duelo y ha pospuesto la presentación del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027, prevista para este jueves 29 de octubre, según fuentes del Ejecutivo. “Toda nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos”, ha expresado el Gobierno autonómico en la red social X.

Además del gesto institucional, el Ejecutivo ha ofrecido recursos materiales. El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha explicado que, tras conocer lo ocurrido, se contactó con el centro de emergencias 112 de Toledo para poner a su disposición los dos helicópteros sanitarios del Gobierno de Aragón para el traslado de heridos a los hospitales. El Departamento de Sanidad, por su parte, ha ofrecido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha los servicios del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, que se ha puesto a disposición del Centro de Transfusión de Toledo ante un posible aumento de la demanda de productos sanguíneos.

Azcón: “Hoy es el día de ofrecer todos los medios”

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias al inicio del acto de presentación de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Zaragoza, en el que intervino como presidente del partido en Aragón. “Es imposible que esta rueda de prensa no empiece estremecidos y tremendamente preocupados por las imágenes que estamos viendo del accidente en la línea ferroviaria de Toledo”, ha afirmado.

Azcón ha explicado que lo primero que hizo tras conocer el suceso fue llamar a la Junta de Castilla-La Mancha para ofrecer todos los medios a su alcance, “desde los medios humanos hasta los medios sanitarios, incluidos los helicópteros del 112”. También ha señalado que el departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública ya se había puesto en contacto con las autoridades castellanomanchegas.

“Por supuesto habrá tiempo de hablar de lo que ha ocurrido y de conocer las causas”, ha añadido el presidente, que ha insistido en que la jornada debía dedicarse a colaborar en el rescate y a expresar solidaridad con las víctimas.

Antes, en su cuenta de X, Azcón había escrito: “Desde el @GobAragon ya hemos puesto todos nuestros medios a disposición del @gobjccm para colaborar en las labores de rescate y asistencia”. Y añadió: “Todo mi apoyo a los equipos de emergencias y a las familias y seres queridos de los pasajeros”.

Las Cortes suspenden su actividad

Las Cortes de Aragón han suspendido la actividad parlamentaria al menos durante la jornada de hoy. La decisión la ha trasladado la presidenta de la Cámara, María Navarro, a la Mesa y a la Junta de Portavoces. El Parlamento aragonés guardará este jueves un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos y en apoyo a los heridos y sus familias.

Del resto de partidos, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha declarado “sobrecogida” y ha enviado su cariño a los afectados y sus familiares, además de su reconocimiento a los servicios de emergencias. En su mensaje ha difundido el teléfono habilitado por Renfe para los afectados, el 900 10 10 20.

Jorge Pueyo, líder de Chunta Aragonesista, ha expresado su “enorme preocupación” y ha enviado su apoyo a las familias de fallecidos y heridos y a los servicios de emergencia que trabajan sobre el terreno.

Mientras, Izquierda Unida Aragón se ha declarado “profundamente consternada” y ha trasladado su pésame a las familias y su reconocimiento a los profesionales desplazados a Urda.

La Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha desestimado las denuncias presentadas por Chunta Aragonesista (CHA) contra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los vicepresidentes Alejandro Nolasco y Mar Vaquero por sus declaraciones en rueda de prensa sobre el voto por correo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Chunta Aragonesista ha replicado que la resolución no cambia el problema de fondo porque “estar amparado por la legalidad no significa que sea políticamente responsable ni que contribuya a fortalecer la democracia”.

En el caso de Azcón, la resolución de la Junta Electoral Provincial, fechada el 27 de octubre, responde a la denuncia presentada por Verónica Villagrasa en representación de CHA tras las manifestaciones realizadas por Azcón el pasado 6 de octubre, cuando participaba en un acto de liberación de milanos reales en La Alfranca, y atendió a una pregunta periodística sobre los llamamientos a no votar por correo.

Azcón, preguntado por el llamamiento de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a evitar el voto por correo, aseguró que estaba gestionando los billetes de sus hijos, que estudian fuera de Aragón, para que regresaran a Zaragoza a votar presencialmente el 29 de noviembre. «Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza», afirmó. Preguntado posteriormente si desconfiaba de la limpieza del proceso electoral, insistió en que les había pedido que acudieran a votar en persona. Unas declaraciones que provocaron las críticas de PSOE y CHA, que le acusaron de alimentar la desconfianza en el sistema electoral.

La Junta Electoral concluye que aquellas manifestaciones no constituyeron una campaña institucional del Gobierno de Aragón ni existen elementos suficientes para considerar que vulnerasen los principios de objetividad, transparencia e igualdad exigidos a los poderes públicos durante el periodo electoral. Por ello, desestima la denuncia por presunta infracción del artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La resolución precisa que las declaraciones denunciadas fueron realizadas como respuesta a una periodista al finalizar un acto público, y no en el marco de una campaña organizada o promovida por el Gobierno autonómico.

La Junta Electoral considera que no pueden equipararse, sin otros elementos adicionales, a una campaña institucional de las reguladas por la LOREG y tampoco aprecia que estuvieran dirigidas a influir en el sentido del voto de los electores.

Sobre la denuncia presentada también por la formación aragonesista contra el vicepresidente y consejero de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, se refiere, asimismo, a la respuesta a una pregunta formulada por un periodista relativa a su opinión acerca del voto por correo, tras un acto público celebrado el 7 de octubre con ocasión del reparto en el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, de mil pulseras de detección de sustancias en la bebida vinculado a la cercanía de las fiestas del Pilar, promovido por el Instituto Aragonés de la Juventud.

Igualmente, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza estima que las palabras de Nolasco “no puede equipararse, sin otros elementos adicionales, a la realización de una campaña institucional de las contempladas en el artículo 50.1 de la LOREG, que, por otra parte, corresponde realizarla a los poderes públicos que hayan convocado un proceso electoral”.

De la misma manera, el dictamen determina que las declaraciones “se circunscribieron a dar respuesta a una pregunta planteada por un periodista relativa al voto por correo, sin que se aprecien, en el contenido examinado, expresiones orientadas al sentido del voto de los electores”, por lo tanto, “no se advierten elementos suficientes para considerar que la intervención denunciada constituyera una actuación institucional dirigida a influir en el proceso electoral o que vulnerase, por su contenido, los principios de objetividad, transparencia e igualdad que deben presidir”, procediendo a desestimar la denuncia.

Por último, la interpuesta contra la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, alude a la respuesta a una pregunta formulada por los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno sobre “su opinión y si cree que se debe poner en duda la fiabilidad del sistema de voto por correo a pocas semanas de unas elecciones generales”, formulando el mismo medio de comunicación una nueva pregunta como gobierno autonómico, a nivel institucional si “¿tienen alguna duda que les lleve a pedirle a los ciudadanos que no voten por correo?”.

En este supuesto, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza expresa que las manifestaciones denunciadas fueron efectuadas la vicepresidenta del Gobierno de Aragón al término de una rueda de prensa el 7 de octubre posterior al Consejo de Gobierno, instando a distinguir, a estos efectos, “entre la campaña institucional regulada en el artículo 50.1 de la LOREG y las declaraciones realizadas por una autoridad autonómica en el ejercicio ordinario de sus funciones de comunicación pública”.

Ya que la primera “constituye una actuación institucional específica, promovida por los poderes públicos legalmente competentes para convocar el proceso electoral, cuyo objeto es proporcionar a los electores determinada información sobre el ejercicio del sufragio”, mientras que las segundas, por el contrario, “no constituyen necesariamente una campaña institucional por el solo hecho de producirse durante el período electoral, de referirse a cuestiones relacionadas con la votación o de tener lugar en una comparecencia pública posterior a una reunión gubernamental”.

“En particular, la celebración de una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno responde ordinariamente a la finalidad de informar sobre la actividad desarrollada y los acuerdos adoptados por el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin que las respuestas ofrecidas a las preguntas de los periodistas puedan identificarse automáticamente con la puesta en marcha de una campaña institucional electoral”, aduce el dictamen.

En este sentido, la Junta Electoral Provincial estima que “no consta acreditado” que Mar Vaquero “promoviera, organizara o ejecutara una campaña institucional dirigida a informar a los electores sobre el procedimiento de voto por correo en las elecciones generales, ni que las manifestaciones cuestionadas se integraran en una actuación de esa naturaleza”, dado que “la mera referencia al voto por correo no determina, por sí sola, que una declaración verbal constituya una campaña institucional de las contempladas en el artículo 50.1 de la LOREG”.

De acuerdo a ello, se ha desestimado la denuncia contra la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón “al no apreciarse, a la vista de los hechos acreditados y de las circunstancias concurrentes, que las manifestaciones objeto de denuncia constituyeran una campaña institucional de las contempladas en dicho precepto”.

El fondo del problema y un desafío

En Chunta Aragonesista consideran que la resolución de la Junta Electoral no cambia el fondo del problema: “si el propio Azcón sostiene que cuestionar el voto por correo no supone un problema para la democracia, convendría preguntarse qué entiende por protegerla”, señalan. A su juicio, la Junta Electoral puede determinar si unas declaraciones vulneran o no la normativa electoral, “pero eso no convierte en responsable” una estrategia política que siembra dudas sobre la limpieza de las elecciones sin aportar pruebas concretas. “Que algo pueda estar amparado por la legalidad no significa que sea políticamente responsable ni que contribuya a fortalecer la democracia. Y si un presidente y miembros de su gobierno puede alimentar sospechas sobre una modalidad de voto legal y garantista y después escudarse en que la Junta Electoral no lo sanciona, el problema trasciende sus palabras y afecta a la responsabilidad de quienes representan las instituciones y a la confianza en el propio sistema democrático”. En este sentido, CHA cree que Azcón debería explicar “por qué contribuye a generar desconfianza en unas reglas electorales de las que su partido lleva años beneficiándose, dado que su primer sueldo de la política lo cobró en pesetas. La democracia se defiende respetando las garantías, no poniendo bajo sospecha el voto de miles de ciudadanos y ciudadanas para alimentar una estrategia partidista”,

La resolución devuelve la actualidad al enfrentamiento del pasado viernes 23 de octubre en las Cortes de Aragón. Pueyo exigió entonces a Azcón que retirase sus insinuaciones sobre un posible pucherazo electoral y le reprochó que asumiera posiciones próximas a las de Vox y otros dirigentes que cuestionan la fiabilidad del voto por correo.

El presidente rechazó rectificar y planteó un desafío público: si la Junta Electoral consideraba que sus declaraciones incumplían la normativa, comparecería para pedir disculpas; si no apreciaba ninguna infracción, sería Pueyo quien tendría que convocar una rueda de prensa para disculparse.

«Si la Junta Electoral me da la razón y dice que las declaraciones son una opinión democrática, usted da una rueda de prensa y pide disculpas. Si mis declaraciones incumplen la normativa electoral, pediré disculpas», afirmó Azcón.

Pueyo evitó aceptar expresamente el reto y replicó que «lo legal y lo moral muchas veces no van de la mano». Insistió en exigir una rectificación al presidente y le preguntó si pensaba disculparse con los trabajadores de Correos.

El intercambio se produjo en un debate especialmente tenso, durante el cual Azcón reiteró su desconfianza hacia el PSOE al que redirigió sus críticas y aseguró que «si el Partido Socialista no hace más trampas es porque no puede».

Carolina Llaquet, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Aragón, denuncia en esta entrevista la falta de avances tras el rechazo del Estatuto de las Mujeres Rurales y alerta de las desigualdades que persisten en el acceso al empleo, los recursos y los espacios de poder. Frente a esta situación, defiende que el futuro de los pueblos pasa por garantizar la autonomía económica de las mujeres, reforzar los servicios públicos y combatir la violencia machista sin que vivir en un municipio pequeño suponga una desventaja.

¿Cómo ha recibido Fademur el rechazo del Estatuto de las Mujeres Rurales en las Cortes de Aragón?

Con profunda decepción e indignación. Llevamos desde 2021 trabajando para que Aragón cuente con un Estatuto de las Mujeres Rurales y no entendemos qué ha cambiado para que ahora PP y Vox hayan decidido rechazarlo. Las Cortes conocían perfectamente el texto. Era exactamente la misma proposición de ley que se tomó en consideración en diciembre de 2024, con el apoyo de todos los grupos excepto Vox. Una norma que siguió los trámites parlamentarios establecidos. Se celebraron audiencias legislativas en las que participamos organizaciones y entidades vinculadas al medio rural y a la igualdad, y los propios grupos presentaron enmiendas durante el mes septiembre de 2025. Después de lo sucedido el pasado día 8 de octubre nos preguntamos por qué entonces sí consideraron oportuno legislar en esta materia y ahora no. ¿Qué ha cambiado para que quienes entonces apoyaron su tramitación ahora decidan darle la espalda?

¿Qué supone esta decisión para las mujeres que viven y trabajan en nuestros pueblos?

Creemos que se ha perdido una oportunidad para situar a Aragón a la vanguardia de la igualdad de género en el medio rural. Hay que tener un gran desconocimiento del medio rural, y de la situación de sus mujeres, para aseverar muchas de las cosas que escuchamos en el pleno y negar la necesidad de seguir avanzando en igualdad. Hemos conquistado derechos que nuestras madres y abuelas no tuvieron, pero todavía persisten desigualdades importantes. Quizá lo que incomoda no sea que las mujeres rurales hayamos conseguido ser visibles, sino que ahora reclamemos llegar a los espacios de poder y de toma de decisiones. Porque una cosa es aplaudirnos y otra muy distinta aceptar que también queremos decidir. La negativa de las Cortes a tramitar esta Ley significa renunciar a una herramienta legislativa que no afecta solamente a las mujeres de hoy, también al futuro de nuestros pueblos y a las oportunidades que tendrán nuestras hijas e hijos para crecer y desarrollar sus proyectos de vida en igualdad. No se puede hablar de luchar contra la despoblación y garantizar el futuro del medio rural mientras se renuncia a avanzar en igualdad.

Tras este rechazo, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de Fademur? ¿Contemplan retomar la iniciativa, negociar con los grupos parlamentarios o buscar otras vías para impulsar las medidas que recogía el Estatuto?

Nosotras vamos a seguir trabajando en la misma línea en la que llevamos haciéndolo desde hace más de veinte años: defendiendo los derechos de las mujeres rurales y luchando por la igualdad y el progreso de las mujeres que viven en los pueblos aragoneses. El portazo de la derecha al Estatuto tira por tierra años de trabajo y para retomarlo habría que comenzar de nuevo todo el recorrido parlamentario. Y, sinceramente, tenemos la sensación de que, durante esta legislatura, cualquier intento de avanzar en esta materia va a ser como darse continuamente contra un muro. El Partido Popular parece estar cautivo de sus socios de Gobierno y haber cambiado sus prioridades en materia de igualdad. Nuestros representantes políticos deben ser conscientes de que las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población de nuestros pueblos. No somos una minoría a la que se pueda ignorar o ningunear sin consecuencias. Las mujeres rurales también votamos, tenemos voz y tenemos memoria. Y quienes hoy nos dan la espalda deben ser conscientes de que sus decisiones también tendrán que explicarlas ante la ciudadanía. Desde Fademur vamos a seguir vigilantes, reivindicando y exigiendo responsabilidades a quienes tienen la obligación de garantizar esos derechos. Queremos una igualdad real y efectiva, que se traduzca en oportunidades, autonomía económica, participación y capacidad de decisión. Y vamos a seguir trabajando por ella, gobierne quien gobierne.

Tenemos la sensación de que, durante esta legislatura, cualquier intento de avanzar en esta materia va a ser como darse continuamente contra un muro. El Partido Popular parece estar cautivo de sus socios de Gobierno

¿Ha cambiado la imagen de la mujer rural en los últimos años?

La imagen de las mujeres rurales ha cambiado muchísimo, afortunadamente. Durante décadas hemos tenido que luchar contra una visión estereotipada que nos vinculaba casi exclusivamente al ámbito doméstico, a los cuidados o a un trabajo en las explotaciones agrarias que, en muchas ocasiones, ni siquiera estaba reconocido. Además, hemos conseguido que se hable de nosotras en plural.

¿Qué papel desempeñan hoy las mujeres en la economía y la transformación de los pueblos aragoneses, y qué obstáculos persisten para que su trabajo tenga el reconocimiento que merece?

Hoy las mujeres rurales somos agricultoras, ganaderas, empresarias, profesionales de todos los sectores, emprendedoras, investigadoras, responsables de proyectos innovadores y protagonistas de buena parte del dinamismo económico y social de nuestros pueblos. Mujeres rurales somos las que se quedaron, las que regresamos y las que llegaron desde otros territorios y países para construir aquí su proyecto de vida. También hemos avanzado mucho en visibilidad y reconocimiento. Pero no podemos confundir la visibilidad con la igualdad. Todavía persisten desigualdades en el acceso a los recursos, a la propiedad de la tierra, al empleo y, especialmente, a los espacios donde se toman las decisiones. Y seguimos asumiendo una parte desproporcionada de los cuidados, lo que condiciona nuestra autonomía económica y nuestras oportunidades. Nuestro gran reto ahora es conseguir que todo ese reconocimiento social se traduzca en derechos, independencia económica y capacidad real de decisión.

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las mujeres que quieren emprender en el medio rural?

El acceso a la financiación, la falta de asesoramiento especializado, las dificultades para encontrar vivienda o las limitaciones de transporte y conectividad son algunos de los principales obstáculos. Y a todo ello se suma la desigual distribución de los cuidados, que sigue condicionando las oportunidades profesionales de muchas mujeres. También hay una dificultad que conocemos muy bien: la soledad de las emprendedoras. No siempre tienen cerca redes profesionales, espacios donde compartir experiencias o el acompañamiento necesario para sacar adelante sus proyectos.

¿Qué apoyos y servicios hacen falta para que puedan desarrollar sus proyectos profesionales sin tener que abandonar sus pueblos?

En nuestros pueblos hay muchísimo talento femenino y mujeres con ideas y proyectos que están generando actividad económica, creando empleo y ofreciendo servicios que contribuyen al desarrollo de sus territorios. Pero emprender en el medio rural sigue siendo más complicado que hacerlo en una ciudad y, si además eres mujer, a las dificultades territoriales se suman las desigualdades de género. Desde Fademur impulsamos diferentes programas y proyectos que ofrecen formación, asesoramiento y acompañamiento, además de facilitar la creación de redes de apoyo entre mujeres. Pero el emprendimiento no puede depender únicamente del esfuerzo individual. Necesitamos políticas públicas que faciliten el acceso a la financiación, servicios de proximidad, medidas de conciliación y apoyo técnico adaptado a la realidad de nuestros pueblos. Emprender en el medio rural no debería ser una heroicidad ni una carrera de obstáculos. Debería ser una opción profesional tan viable como hacerlo en una ciudad. 

¿Qué medidas considera prioritarias para mejorar la conciliación?

Cuando no hay escuela infantil, transporte público o recursos suficientes para atender a las personas dependientes, alguien tiene que asumir esas necesidades. Y sabemos que, todavía hoy, esa responsabilidad sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Son ellas quienes con más frecuencia reducen sus jornadas laborales, renuncian a oportunidades profesionales o abandonan el empleo para hacerse cargo de los cuidados. La falta de servicios públicos tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres. Por eso necesitamos una red de servicios públicos de proximidad, adaptada a las características de cada territorio y, por supuesto, avanzar en corresponsabilidad, porque los cuidados no pueden seguir considerándose una responsabilidad exclusiva de las mujeres. No podemos pedir a las mujeres jóvenes que se queden en nuestros pueblos, que trabajen, emprendan o formen una familia si después no les ofrecemos las condiciones necesarias para hacerlo.

¿Qué particularidades presenta la violencia machista en los pueblos y cómo influyen el aislamiento, la dependencia económica, la falta de privacidad o el miedo a pedir ayuda?

En el medio rural concurren circunstancias que pueden dificultar especialmente que las mujeres víctimas de violencia machista pidan ayuda o consigan salir de una situación de violencia. La falta de anonimato, el miedo al qué dirán, el aislamiento, la dependencia económica o las dificultades para acceder a servicios especializados son barreras añadidas. En un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, romper el silencio puede resultar especialmente difícil. Desde Fademur llevamos años denunciando esta realidad. En 2021 pusimos en marcha el Observatorio de Violencia de Género en el Medio Rural, precisamente para visibilizar una problemática que las estadísticas oficiales no siempre permiten analizar desde la perspectiva territorial. Y los datos son preocupantes: en 2025 el 33% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes. En 2024 esa cifra alcanzaba casi el 40 % del total. En lo que llevamos de 2026 los datos son más espeluznantes ya que estamos en el 45%. 19 de las 42 mujeres asesinadas este año vivían en el medio rural. Estas cifras demuestran que la violencia machista está muy presente en nuestros pueblos y que necesitamos políticas de prevención, protección y atención adaptadas a sus particularidades.

En el medio rural concurren circunstancias que pueden dificultar especialmente que las mujeres víctimas de violencia machista pidan ayuda o consigan salir de una situación de violencia. La falta de anonimato, el miedo al qué dirán, el aislamiento, la dependencia económica o las dificultades para acceder a servicios especializados son barreras añadidas

¿Qué recursos tienen las víctimas para acceder a protección, atención psicológica, asesoramiento jurídico y alojamiento seguro?

En Aragón contamos con los servicios del Instituto Aragonés de la Mujer, atención psicológica y jurídica en las comarcas, el teléfono gratuito 900 504 405, disponible las 24 horas, y recursos de alojamiento y protección para las víctimas. Pero no basta con que los recursos existan: hay que garantizar que lleguen realmente a todas las mujeres, con independencia del municipio en el que vivan. Necesitamos reforzar la atención especializada, la coordinación entre administraciones y, especialmente, la prevención y la sensibilización social. Porque una mujer no puede tener menos posibilidades de salir de una situación de violencia machista por vivir en un pueblo de cien habitantes que por vivir en Zaragoza.

Una vez que una mujer consigue salir de una situación de violencia machista, ¿cuenta con suficiente acompañamiento para recuperar su autonomía económica y reconstruir su vida, y con garantías de seguimiento?

Salir de una situación de violencia machista es un paso fundamental, pero muchas mujeres deben afrontar después el reto de reconstruir su vida, recuperar su independencia económica, encontrar empleo y vivienda y superar las secuelas psicológicas. En el medio rural, estas dificultades se agravan por la falta de oportunidades y recursos. Además, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus pueblos, sus raíces y su entorno para empezar de nuevo, algo que debemos evitar siempre que su seguridad lo permita. Desde Fademur creemos que es imprescindible reforzar el acompañamiento a medio y largo plazo, facilitando el acceso al empleo, la vivienda, la atención psicológica y la conciliación. También es fundamental mejorar la coordinación entre los servicios públicos, acercar los recursos especializados a los municipios más pequeños y apostar por la prevención. Porque no basta con ayudar a una mujer a salir de la violencia: debemos garantizar que pueda reconstruir su vida con libertad, seguridad e independencia económica.

El Partido Popular de Aragón y el Partido Aragonés (PAR) han formalizado su acuerdo de colaboración para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una alianza que supone la renuncia de los aragonesistas a concurrir en solitario y que abre la puerta a un entendimiento político más amplio entre ambas organizaciones. El pacto llega después de varios meses de tensiones internas, tanto en el PAR como en el PP, por la incorporación del presidente aragonesista, Alberto Izquierdo, al gabinete del presidente autonómico, Jorge Azcón.

El documento, rubricado este lunes por la secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, y su homólogo del PAR, Francisco Nasarre, establece que los aragonesistas apoyarán las candidaturas populares al Congreso y al Senado. Ambas formaciones justifican su decisión en la voluntad de sumar experiencia, implantación territorial y respaldo electoral para fortalecer la representación de Aragón en las Cortes Generales y respaldar lo que consideran la única alternativa al actual Gobierno de España.

El acuerdo también contempla que las candidaturas se confeccionen de común acuerdo, aunque no concreta qué presencia tendrán los representantes del PAR en las listas. Asimismo, garantiza que ambos partidos conservarán sus estructuras y autonomía orgánica.

Sin embargo, su último apartado va más allá de la cita electoral: plantea avanzar hacia un marco político de colaboración más amplio y desarrollar conjuntamente un proyecto que ambas formaciones definen como más fuerte, más aragonés y más cercano al territorio.

Una alianza precedida de fuertes discrepancias

El acercamiento entre PP y PAR no ha estado exento de polémica. El pasado mes de junio, la decisión de Azcón de incorporar a Alberto Izquierdo como asesor de su gabinete, después de que el PAR perdiera su único escaño en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, provocó una contestación interna en ambos partidos.

En el PAR, un grupo de cargos y militantes exigió la dimisión de Izquierdo al considerar que su incorporación al Ejecutivo popular comprometía la independencia política de la formación. Entre las voces críticas destacó Rafael Samper, vicepresidente de la Diputación de Teruel, que cuestionó una estrategia que, a su juicio, podía conducir a la desaparición del partido como proyecto autónomo.

El malestar también alcanzó al PP de Teruel, donde decenas de alcaldes y cargos locales rechazaron el nombramiento, que llegaron a calificar de humillación. La dirección popular mantuvo reuniones para tratar de reconducir la situación.

Izquierdo defendió entonces que su incorporación al Gobierno respondía a un acuerdo personal y que permitiría mantener la interlocución institucional de los alcaldes y concejales aragonesistas. Por su parte, Azcón reivindicó su apuesta por reforzar el carácter aragonesista del Partido Popular.

La dirección del PAR terminó cerrando filas en torno a su presidente. El pasado 8 de octubre, su Comisión Ejecutiva respaldó con aproximadamente el 85% de los votos la propuesta de colaborar electoralmente con el PP, aunque las discrepancias sobre el futuro de la formación no habían desaparecido.

La nueva alianza llega en un momento especialmente delicado para el Partido Aragonés, que perdió en febrero de 2026 su representación en las Cortes por primera vez en su historia, después de obtener alrededor del 1,3% de los votos.

La formación arrastra, además, las consecuencias de una prolongada crisis orgánica iniciada durante la presidencia de Arturo Aliaga. El XV Congreso, celebrado en octubre de 2021 y en el que Aliaga fue reelegido, fue anulado judicialmente por irregularidades en el proceso. En febrero de 2025, una nueva resolución judicial firme ordenó repetir aquel congreso y cesar a los órganos de dirección derivados de la convocatoria anulada.

En octubre de 2025, el PAR celebró su XVI Congreso de Refundación, en el que Alberto Izquierdo fue ratificado como presidente y Francisco Nasarre asumió la Secretaría General.

La crisis también había provocado la salida de dirigentes y militantes hacia otras formaciones, como Aragoneses y Tú Aragón, que este mismo mes de octubre han anunciado un acuerdo de colaboración con vistas a las elecciones municipales de 2027.

En este escenario, el pacto con el PP supone un nuevo paso en la estrategia de Izquierdo, que ya había planteado la posibilidad de extender el entendimiento a las próximas elecciones municipales.

El Tribunal Supremo ha dado por buena la declaración de impacto ambiental (DIA) del Clúster Maestrazgo, el mayor proyecto eólico tramitado en España, pese a reconocer que el Ministerio para la Transición Ecológica evaluó los 22 parques en un único procedimiento sin que el órgano ambiental acordara formalmente unirlos, como exige la ley. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo considera una “mera irregularidad formal no invalidante” y desestima el recurso contencioso de la Asociación Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel contra la autorización del parque El Cid I, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2024, y contra la DIA de diciembre de 2022 para el conjunto del proyecto: 22 parques y 882,85 MW en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.

La sentencia, de 26 de octubre y el magistrado Fernando Román García como ponente, se notificó este martes y no admite recurso. Hasta ahora, los tribunales solo se habían pronunciado sobre las medidas cautelares, siempre en contra de los opositores al proyecto. El Supremo no impone costas a la plataforma por “las serias dudas de hecho y de derecho que el caso presentaba”.

Aunque el recurso se dirigía contra El Cid I, de 36,6 MW y promovido por Energías Renovables Ormuz –sociedad vehículo de Forestalia–, su autorización incluye la subestación Iglesuela y la línea de alta tensión hasta Morella (Castellón) por la que debe evacuar todo el clúster. Y la DIA que el Supremo valida es una sola para los 22 parques. La plataforma también la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el Supremo llegó a suspender en septiembre la deliberación para valorar la incidencia de ese otro pleito.

La acumulación que nadie acordó

Cada parque es, legalmente, un proyecto distinto, y la ley establece que cada evaluación ambiental se refiere, como norma general, a uno solo. Para estudiar varios juntos, el órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica–, debe dictar una resolución de acumulación que una los expedientes y lo justifique. En el Clúster Maestrazgo ese acto no existe, y ni la Abogacía del Estado ni la promotora lo niegan.

El tribunal resta importancia a este “defecto” porque la evaluación conjunta permite, a su juicio, “un mejor y más completo examen” de los efectos acumulativos. Y se apoya en un acuerdo de acumulación de 17 de diciembre de 2020 que sí existe, pero que dictó otro órgano, la Dirección General de Política Energética y Minas –también del Miteco–, y que agrupaba la tramitación eléctrica de los parques, no su evaluación ambiental. La sentencia reprocha además que la organización del expediente “complica extraordinariamente su estudio”.

El resto de motivos decaen. Sobre la capacidad económica del promotor, la plataforma aportó las cuentas de 2023 de Ormuz, que a su juicio reflejan una actividad de asesoramiento sin apenas ingresos. El informe de la CNMC de mayo de 2023 admitía que no contaba con “los elementos de juicio necesarios para poder verificar la capacidad económica del titular”, y la dio por acreditada con datos del grupo de 2021. Para el Supremo, ese criterio “goza de suficiente razonabilidad”.

La sala aplica además la presunción de “interés público superior” de las renovables que recogen la normativa comunitaria: el proyecto solo cedería ante “pruebas claras e inequívocas” de daños que no puedan mitigarse ni compensarse, y la plataforma, concluye, no las ha aportado. Rechaza también que la DIA omitiera una evaluación específica de la Red Natura 2000, pese a que, según la recurrente, los hábitats prioritarios ocupan casi el 47% de la superficie de El Cid I. Y descarta que un proyecto de estas dimensiones requiriera una evaluación ambiental estratégica.

Lo que la sentencia no menciona

La resolución no hace ninguna referencia a la causa penal que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel en el caso Forestalia, que afecta a la tramitación ambiental del clúster. Un informe de la UCOMA de la Guardia Civil sostiene que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez se asignaba casi todos los proyectos de Forestalia, entre ellos este, y que el proceso acabó en una resolución favorable contraria a la evaluación técnica original. El juez pidió en mayo al Ministerio el expediente completo.

El Clúster Maestrazgo, que Forestalia vendió al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), prevé según las últimas cifras publicadas 122 aerogeneradores, 744 MW y una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Las obras, que la propiedad preveía iniciar en el primer trimestre de 2025, no han comenzado: la autorización de construcción quedó en suspenso por vía administrativa a raíz de los recursos de la plataforma ante el Ministerio, y el juez de Teruel aplazó sin fecha en abril la vista para decidir sobre su paralización cautelar. Los alcaldes de los nueve municipios agrupados en la asociación Viento Alto reclaman desde hace meses al Ministerio que resuelva los recursos pendientes y permita empezar a construir.

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado este martes el “inteligente” pacto alcanzado entre su formación y Vox sobre las candidaturas para el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de “regenerar España”, para eso, ha continuado, “tenemos que ganar las elecciones” y “no vamos a aceptar que el PSOE decida desnivelar el tablero”.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de una visita al Mercado Central y el Casco Histórico de Zaragoza acompañado por la portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

“Es un acuerdo inteligente que busca que el voto se una y que sepamos cuál es el objetivo fundamental, que es reconstruir España y para eso tenemos que ganar las elecciones”, ha defendido Azcón en referencia al acuerdo PP-Vox para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta.

El pacto supone la renuncia de Vox a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras 14, mientras que los populares no se presentarán en tres circunscripciones en las que no han logrado escaños en los últimos años. En este sentido, el dirigente del PP en Aragón ha afirmado: “No nos vamos a dejar engañar. La izquierda ha decidido cambiar las reglas de la democracia cuando ve que si se vota a partidos pierden las elecciones y decide cambiar las reglas de la democracia y aliarse con todos los partidos”.

“Lo que espera –la izquierda– es que los demás nos quedemos mirando a las avutardas”, ha expresado Azcón, pero “no vamos a perder de vista el objetivo final de reconstruir España y que todos tengamos las mismas reglas en la democracia”.

Ha abogado por “competir en igualdad de condiciones”, lo cual “no significa que todos seamos iguales, pero, por supuesto, en el Partido Popular no vamos a aceptar que el PSOE decida desnivelar el tablero para favorecerle los acuerdos y que nosotros tengamos que mantener una posición que lo único que permitiría es que Pedro Sánchez continuara en La Moncloa”.

Por último, ha felicitado a “todos los que han estado trabajando y han hecho posible un acuerdo que va a respetar la voluntad de los aragoneses y que va a respetar la voluntad de los españoles”.

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, en poder de Vox, ha elegido a un abogado especializado en litigios y asesoramiento empresarial para dirigir el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), un puesto que llevaba vacante desde agosto. Álvaro Polo Ernicas, de 36 años, trabaja desde 2016 en el despacho Garrigues y su trayectoria profesional conocida está vinculada al ámbito jurídico, sin experiencia específica acreditada en la gestión de servicios sociales.

Polo será designado para el puesto en el próximo Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, el abogado ocupaba desde 2023 el puesto de asociado sénior en el área de litigación y arbitraje de Garrigues. Su trabajo se centraba en asuntos civiles y mercantiles, litigios y asesoramiento empresarial. También ha preparado oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado y cursado un máster en Asesoría Jurídica de Empresas en el Instituto de Empresa.

La consejería no ha detallado qué experiencia concreta ha valorado para elegir a Álvaro Polo. El IASS se ocupa de cuestiones tan delicadas como las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

Un relevo marcado por la polémica

El nombramiento llega casi dos meses después de que Marta Tejero dimitiera como directora gerente del IASS el pasado 31 de agosto, tras poco más de tres meses en el cargo. El Gobierno de Aragón atribuyó oficialmente la salida a “motivos personales” en una nota en la que el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), le agradecía “los servicios prestados”. Tejero, psicóloga de formación, era funcionaria y hasta su nombramiento había ocupado la jefatura del servicio de Menores del propio instituto.

Su marcha se produjo en plena tormenta por la gestión de los centros de menores migrantes, que Vox convirtió en eje de su acción de gobierno. En esos meses, la formación de extrema derecha reclamó más presencia policial en estas instalaciones, una exigencia que frenó el PP. También puso el foco en la edad de los menores y retiró la paga semanal solo a los menores extranjeros, una medida que acabó bajo investigación de la Fiscalía y que obligó al departamento a limitarla a tres centros. Los educadores sociales llegaron a censurar públicamente la “irresponsabilidad” de Nolasco.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), rechazó vincular el cese con “cuestiones polémicas”. La oposición, en cambio, sí relacionó ambas cosas. Chunta Aragonesista exigió explicaciones en las Cortes y sostuvo que la dimisión evidenciaba “un profundo malestar interno”, en línea con lo denunciado por sindicatos como CCOO. Además, acusó al presidente, Jorge Azcón, de “dejar hacer” a Nolasco. La formación aragonesista registró una batería de iniciativas para conocer los motivos de la salida y el calendario del relevo.

Desde entonces, el puesto ha permanecido vacante. El IASS es uno de los organismos con más peso del Ejecutivo autonómico. Gestiona las residencias de mayores, la dependencia, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones y la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital. En septiembre, la consejería se limitó a asegurar que el sustituto sería “una persona con experiencia en este tipo de ámbitos”, como lo era Tejero. El elegido, sin embargo, es un abogado procedente del área de litigación de un gran despacho, sin trayectoria conocida en la gestión de servicios sociales.

Zaragoza en Común (ZeC) ha puesto cifras a las prioridades presupuestarias del Gobierno municipal de Natalia Chueca: con los 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado el presupuesto destinado a la iluminación navideña podrían adquirirse ocho viviendas para destinarlas al alquiler asequible. La comparación, planteada por el concejal Suso Domínguez, forma parte de las críticas de la formación a la política municipal de vivienda y de una moción que defenderá en el Pleno de este jueves, 29 de octubre.

ZeC exige que el Ayuntamiento destine a vivienda pública los 43 millones de euros previstos en el presupuesto de 2026 por aprovechamientos urbanísticos y venta de suelo, frente a un incremento de la inversión en vivienda pública que, según denuncia, apenas alcanza los tres millones.

Domínguez sostiene que el Gobierno municipal dispone de herramientas para ampliar rápidamente el parque público, entre ellas el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas de protección oficial (VPO) que pueden incorporarse al patrimonio municipal antes de pasar al mercado libre.

La formación recuerda que en 2025 el Consistorio ingresó 1,5 millones por suelo de vivienda protegida y otros 16 millones por venta de suelo libre, sin que, según denuncia, estos recursos se tradujeran en una inversión equivalente en vivienda pública.

ZeC cuestiona las operaciones urbanísticas impulsadas por el Gobierno de Chueca, entre ellas las ventas de suelo en Montecanal, Alumalsa y Arcosur, así como las actuaciones de Jesús María, Instalaza y el Convento de Jerusalén. A su juicio, estas operaciones favorecen la construcción de viviendas de lujo y los beneficios privados mientras el Ayuntamiento obtiene únicamente los aprovechamientos urbanísticos legalmente exigidos.

También rechaza la cesión de suelo municipal destinado a equipamientos a grandes promotores y fondos de inversión durante periodos de hasta 75 años. “El suelo público de los barrios no puede convertirse en un regalo para que los fondos hagan negocio”, advierte Domínguez.

“Para este Gobierno la prioridad no es la vivienda, sino el negocio de los especuladores”, según ZeC, que sostiene que esta inversión en vivienda pública podría hacerse efectiva de una manera rápida haciendo uso del derecho de tanteo y retracto sobre las decenas de viviendas de VPO que, antes de pasar al mercado libre, el Ayuntamiento puede adquirir para aumentar el parque público de vivienda. 

“Esta moción habla de algo muy sencillo: de si queremos un Ayuntamiento que proteja a quienes necesitan una vivienda o un Ayuntamiento que siga facilitando el negocio de quienes convierten la vivienda en un activo financiero”, resume Domínguez.

Medidas contra los desahucios y los alquileres abusivos

La moción plantea garantizar una alternativa habitacional digna a las familias vulnerables afectadas por desahucios y adaptar las ayudas de urgente necesidad para prevenir la pérdida de vivienda.

Además, reclama al Gobierno de Aragón que declare zonas de mercado residencial tensionado en los barrios zaragozanos que cumplan los requisitos legales, permitiendo aplicar mecanismos de contención de los alquileres.

ZeC propone también limitar las viviendas turísticas en las zonas donde estén desplazando a la población residente, especialmente en el Casco Histórico; recuperar la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler; y aplicar un recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios, conforme a la legislación estatal.

La iniciativa incluye el apoyo a los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, aprobados el 6 de octubre, relativos a la protección del alquiler y la función social de la vivienda.

“No podemos normalizar que una familia sea expulsada de su casa y que la única respuesta de las administraciones sea decir que no tienen competencias”, sostiene Domínguez, quien ha confirmado que Zaragoza en Común apoyará la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha iniciado los trámites para abrir un expediente sancionador a Vito Quiles. El motivo es la concentración que convocó el pasado jueves 22 de octubre en la plaza de San Francisco de Zaragoza sin cursar la comunicación previa que exige la ley, y que derivó en desórdenes públicos que provocaron cinco detenciones y dejaron varios heridos, entre policías y manifestantes antifastistas. El organismo ha recabado ya la información jurídica y policial sobre lo ocurrido en el entorno del campus universitario.

La Delegación, que tiene al frente a Noelia Herrero desde la marcha de Fernando Beltrán al ser designado candidato del PSOE el 29-N al Congreso, recuerda que la comunicación previa es el trámite que permite a la Administración conocer de antemano una convocatoria y adoptar las medidas oportunas si se prevé una alteración del orden público. Quiles no la cursó: había citado a sus seguidores a las 19.00 horas en la Facultad de Derecho, pero la Universidad de Zaragoza no autorizó el acto en sus instalaciones. Ante el dispositivo policial que protegía los accesos al edificio, anunció a través de las redes sociales que trasladaba la convocatoria a poca distancia, en la plaza de San Francisco, cuando cientos de personas estaban ya concentradas a ambos lados del cordón.

Aún no se conoce qué infracción imputa la Delegación al agitador. La ley orgánica que regula el derecho de reunión obliga a comunicar por escrito las concentraciones en lugares de tránsito público con entre diez y treinta días de antelación, o con 24 horas si concurren causas extraordinarias y graves. Mientras, la legislación de Seguridad Ciudadana castiga como infracción leve, con multas de 100 a 600 euros, la reunión celebrada sin ese requisito. La responsabilidad recae en organizadores o promotores, condición que alcanza a quien, por sus publicaciones o declaraciones de convocatoria, pueda considerarse razonablemente director de la reunión.

El caso de Zaragoza contrasta con la primera parada de la gira, en Pamplona. Allí la Delegación del Gobierno en Navarra conocía el acto de antemano y pudo trasladarlo de la plaza del Castillo a la de Yamaguchi para evitar que coincidiera con una manifestación en su contra. En la capital aragonesa, en cambio, el acto anunciado en la Facultad de Derecho carecía de autorización de la Universidad, y el que acabó celebrándose en plena calle no había sido comunicado a nadie.

Del campus a la plaza

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había convocado una concentración a las 18.00 horas frente a la Facultad de Derecho para rechazar la visita. A su juicio, Quiles pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir.

La jornada estuvo marcada por los insultos cruzados entre los dos bloques y el lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos. Los manifestantes antifascistas superaban en número a los seguidores de Quiles, y los agentes los mantuvieron separados durante buena parte de la tarde. La tensión creció cuando el agitador se situó entre ambos grupos, y la Policía terminó cargando contra los antifascistas con las porras desenfundadas y gas pimienta.

En la plaza de San Francisco, Quiles se subió al quiosco situado detrás de la gasolinera y pronunció un discurso contra Pedro Sánchez, la Universidad y los medios de comunicación, con llamamientos a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras recibir un escupitajo, abandonó la plaza escoltado por la Policía. El tráfico y el tranvía quedaron detenidos durante los incidentes, y varios comercios de la zona echaron el cierre.

La Policía Nacional arrestó a cinco personas como presuntas responsables de delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Otros siete policías de la Unidad de Intervención Policial resultaron heridos leves, según el balance del cuerpo, que no precisó la identidad de los detenidos ni a qué grupo pertenecían.

La Coordinadora Antifascista cifra en más de un millar los asistentes a su convocatoria y en al menos diez los heridos por porrazos y pelotas de goma. La Policía solo ha informado de los agentes lesionados.

Críticas a la Delegación y al Rectorado

La actuación policial ha abierto un frente político contra la propia Delegación. La coordinadora la acusa de responder con violencia a la movilización y reclama la libertad sin cargos de los detenidos. También pide la dimisión de la rectora, Rosa Bolea, a quien atribuye haber solicitado la entrada de los antidisturbios en el campus. El sindicato Somos pedirá un informe sobre lo ocurrido, y CGT ha criticado que el Rectorado no se posicionara de forma directa contra el agitador. Al día siguiente, los convocantes se concentraron frente a la sede de la Delegación, en la plaza del Pilar.

Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista han exigido explicaciones a Noelia Herrero. La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, ha pedido aclarar quién dio las órdenes y por qué se actuó de esa manera, y ha defendido que el derecho a manifestarse no puede responderse con golpes. CHA, por boca de su secretaria de Memoria Democrática, Mary Carmen Bozal, ha reclamado que se investigue el uso de gas pimienta contra estudiantes.

La Universidad de Zaragoza ha lamentado los enfrentamientos y las personas heridas. En su comunicado, recordó que no había autorizado el acto y que trató en todo momento de evitar la concentración.

Zaragoza fue la tercera parada del 'Tour Combativos II', que Quiles desarrolla bajo el lema ‘Mafia o Patria’ en catorce ciudades entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre. El objetivo declarado de la gira es movilizar el voto de la derecha ante las elecciones del 29-N. Antes de llegar a la capital aragonesa, había pasado por Pamplona y por el campus de Bellaterra, con protestas e intervenciones policiales en ambos casos.

Tomás Guitarte, encabeza de nuevo la candidatura de Teruel Existe al Congreso, donde ya estuvo como diputado en la legislatura de 2019 a 2023. Actualmente es portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón pero dejará su cargo si consigue salir diputado para volver a la Cámara Baja.

El líder de la formación ha explicado que quieren volver a tener presencia en el Congreso y el Senado “porque nunca se ha hablado tanto de Teruel como cuando nosotros estuvimos”. Además, cree es la única formación que “no tiene dueños en Madrid” y exigirá que se cumplan los conpromisos con la provincia, además de defender los servicios públicos y la igualdad de oportunidades “para todos los territorios y todas las personas, vivan donde vivan”.

Además de ser el cabeza de lista de las elecciones autonómicas, Guitarte encabezó también en junio de 2024 la lista de la coalición europea “La España Olvidada EXISTE”, junto a formaciones como Teruel Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora, Jaén Merece Más, Por un Mundo más Justo, etc., si bien no obvieron ningún escaño.

En la lista al Congreso de los Diputados le sigue Beatriz Redón, concejal en el Ayuntamiento de Teruel y diputada en la Diputación Provincial de Teruel. Como número 3, se presenta Joaquín Moreno, en la actualidad alcalde de Utrillas.

En cuanto al Senado, la lista está encabezada por Raúl Blasco, agricultor y ganadero y concejal por Teruel Existe en el Ayuntamiento de Muniesa. Por el número 2 se presenta Beatriz Martín, que ya fue senadora en la legislatura 2019-2023 y que actualmente es vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel. Y en tercer puesto se presenta Daniel Sancho, politólogo y actual secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y el Ayuntamiento de Fórnoles.

Biografías

Tomás Guitarte es natural de Cutanda (Calamocha). Arquitecto de profesión y miembro fundador del Movimiento ciudadano Teruel Existe, del que forma parte desde hace más de 25 años, y cofundador del Centro de Estudios del Jiloca.

Fue elegido en 2019 por el Movimiento ciudadano Teruel Existe para encabezar la candidatura de la Agrupación de Electores al Congreso de los Diputados, siendo la suya la candidatura más votada en la provincia de Teruel. Guitarte ejerce como portavoz de la coalición Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón desde el año 2023, dónde ha defendido diversas iniciativas en defensa del desarrollo y la igualdad territorial.

Beatriz Redón es natural de El Castellar, aunque hace más de 30 años se trasladó a Teruel con su familia. Trabajadora Social de profesión, trabajando en los Servicios Sociales de la Comarca Comunidad de Teruel. Además, ha trabajado en una asociación de personas migrantes y en el Teléfono de atención de Víctimas de Violencia de Género. También es Terapeuta familiar. Experta en Relaciones Laborales y sindicalista, ha estado en la Ejecutiva de CC.OO. Master de Igualdad de Género y Voluntaria en el Grupo de Intervención de Emergencias Sociales de Aragón. Amante de la naturaleza y de los deportes de aventura.

Actualmente ejerce como diputada delegada de Igualdad y Bienestar Social en la Diputación Provincial de Teruel y como concejala en el Ayuntamiento de Teruel.

El tercero es Joaquín Moreno, natural de Utrillas, de 51 años, dedicado a la gestión de alojamientos y hostelería desde 1997. En la actualidad es alcalde de Utrillas. En el Parlamento aragonés ha destacado su labor dentro del ámbito de la Sanidad y la mejora de las comunicaciones, como una defensa constante de la A-68 y otras vías terrestres, importantes para toda la provincia y en especial para el Bajo Aragón Histórico.

Los suplentes de la lista al Congreso son: Inma Antón, Antonio Abad, Raquel Benedí, José Manuel Hernández, María José Alonso, Juan Miguel Monclús, Margarita Campos, Gerardo Villarroya, María Buj y Pedro Romero.

Candidatos al Senado

Raúl Blasco, es agricultor y ganadero autónomo. Concejal desde 2023 en el ayuntamiento de Muniesa y consejero en la comarca Cuencas Mineras. Muy involucrado en diversas asociaciones de defensa del territorio, donde tiene una dilatada experiencia desde los 16 años, “la edad mínima para poder participar”, como explica. Se define como un defensor a ultranza de la agricultura y la ganadería, su modo de vida.

Los suplentes son Inma Moliner y Saúl Valenzuela.

Beatriz Martín: Natural de Bueña. Es Diplomada en Empresariales y ha trabajado en este ámbito hasta 2019, cuando entró al Senado en representación de la Agrupación de electores Teruel Existe, donde desempeñó un gran trabajo para incluir la perspectiva rural en muchas de las leyes y medidas que se han desarrollado durante la pasada legislatura y defendiendo las reivindicaciones de Teruel y la España vaciada.

Ahora ejerce como vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel y como concejala de Bueña, su municipio natal. Es activa en el asociacionismo en la Comarca del Jiloca, donde lleva años colaborando.

Los suplentes son Enrique Marín y Carmen Fraj.

Daniel Sancho, natural de Alcañiz, es Graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. De 2024 a 2025 fue Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Aguaviva y desde 2025 es secretario-interventor en la agrupación municipal del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y del Ayuntamiento de Fórnoles.

Los suplentes son Elena Paricio y Alberto Carmona.

La Coalición Existe ha tenido que devolver 45.477,36 euros al Gobierno de Aragón por la campaña de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Así lo recoge el informe de fiscalización del gasto electoral elaborado por la Cámara de Cuentas, que explica el origen del desfase: la formación se quedó sin la subvención por el envío de propaganda electoral, su mayor gasto, con 141.045 euros. La ley electoral aragonesa solo concede esa ayuda a las candidaturas que logran grupo parlamentario, un requisito que exige tres diputados: la Coalición Existe obtuvo dos, y en mayo PP y Vox rechazaron en las Cortes rebajar ese mínimo, en una votación que ya entonces desató la polémica.

Existe declaró 231.660 euros en gastos de campaña, pero su subvención se queda en 43.169 euros a partir de sus escaños y sus votos –los dos conceptos subvencionables–, lo que cubre solo el 18,7% de lo gastado. Antes de las elecciones, la coalición había cobrado un anticipo de 83.211 euros, calculado sobre la subvención que recibió en 2023, cuando obtuvo tres diputados. Ahora tiene que devolver la diferencia, 40.042 euros, a la que la Cámara suma una reducción de 5.435 euros por pagar a proveedores fuera del plazo legal.

Según fuentes de la formación, este pago pendiente ya ha sido liquidado y las deudas con instituciones y proveedores están saldadas.

La partida que desequilibraba las cuentas del 8-F es el buzoneo electoral. Existe realizó 948.326 envíos, prácticamente a todo el censo de Aragón, la misma cifra que PP, PSOE y Vox. El presupuesto de la imprenta ascendía a 117.333 euros sin IVA por 988.786 unidades, más 4.000 euros por el transporte a Correos y el tratamiento del censo. La cuestión es que la ley subvenciona estos envíos con 27 céntimos por elector, pero solo a quien forma grupo. Chunta Aragonesista, con seis diputados y grupo propio, recibirá por este concepto 64.427 euros.

La coalición lo reconoce

La propia coalición lo reconoció en sus alegaciones a la Cámara. Quedarse sin grupo, explicaba, “alteró de manera sobrevenida la financiación inicialmente prevista y obligó a reorganizar la tesorería y los hitos de pago acordados con el proveedor, quedando una parte del mailing pendiente de pago al finalizar el plazo legal”.

Ese desajuste se tradujo en pagos fuera de plazo. La legislación obliga a pagar los gastos electorales en los noventa días siguientes a la votación, es decir, hasta el 9 de mayo. La coalición hizo dos pagos posteriores, de 5.000 y 1.442 euros, y el 12 de junio, cuando entregó su contabilidad, todavía tenía 47.913 euros pendientes. El documento marca la existencia de deuda con proveedores y habla de gastos “aún pendientes de pago a la fecha de elaboración de este informe”. El análisis fue aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas el pasado 30 de julio y la formación no ha dado a conocer qué importe hay pendiente a fecha de hoy.

El Gobierno de Aragón, por su parte, alegó que a Existe solo deben pagársele los votos obtenidos en Teruel. Con ese criterio, que la Cámara rechaza, la cantidad a devolver subiría a 56.819 euros.

La campaña se financió con 120.550 euros aportados por los partidos de la coalición, de los que 20.550 procedieron de Aragón Existe y el resto, de Teruel Existe, además del anticipo del Gobierno. El resultado es la campaña más cara por voto de las formaciones con escaño: casi diez euros, frente a entre tres y cuatro euros en el resto.

El veto al grupo propio

El requisito de los tres diputados enfrentó en su día a Aragón-Teruel Existe con PP y Vox en las Cortes. El 28 de mayo, el pleno rechazó con los votos de ambos partidos tramitar la iniciativa de la formación para permitir grupos parlamentarios de dos diputados, mientras que el PSOE, CHA e IU la apoyaron. Con la negativa, los dos diputados de la Coalición Existe siguen en el grupo mixto, que comparten con la única diputada de IU-Sumar.

El portavoz del PP, Ramón Celma, defendió que la pluralidad estaba “más que garantizada” y que “en ningún parlamento se puede constituir grupo con menos de tres diputados”, y advirtió contra “cambiar las normas por el interés de unos pocos”. Por Vox, Alejandro Nolasco, calificó la reforma de reglamento “a medida”.

El portavoz de Existe, Tomás Guitarte, aseguró que el PP era favorable a la reforma “hasta anoche” y acusó a Vox de haber “amenazado con tumbar este Gobierno”, una presión que Nolasco negó. Guitarte preguntó “quién manda en Aragón” y anunció un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. CHA calificó el rechazo de “hachazo a la pluralidad política”.

El Gobierno de Jorge Azcón trató de rebajar en 14.370,08 euros las subvenciones electorales de la Coalición Existe y de Izquierda Unida-Sumar por las elecciones autonómicas del 8 de febrero, pero la Cámara de Cuentas de Aragón le ha cerrado la puerta. El órgano fiscalizador rechaza en su informe sobre las contabilidades electorales la única alegación que presentó el Ejecutivo autonómico: pagar a ambas formaciones solo los votos obtenidos en la provincia en la que consiguieron representación, y no los del conjunto de Aragón.

Según el mencionado informe, hecho público este lunes, las seis formaciones que obtuvieron representación el 8-F declararon algo menos de 2,3 millones de euros en gastos de campaña: 807.651 el PP; 613.374 el PSOE; 370.145 Vox; 231.660 Existe; 179.389 CHA, y 59.109 IU-Sumar. Si se suma Podemos-Alianza Verde, que se quedó sin escaño, el gasto declarado asciende a 2,4 millones. La Cámara fija las subvenciones en 1.758.156 euros, que cubren el 78% del gasto admitido.

La alegación del Ejecutivo autonómico, firmada por el director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente, sostiene que la expresión “candidatura” que utiliza la ley electoral aragonesa debe entenderse referida a la lista presentada en cada circunscripción.

Aplicado ese criterio, a Existe solo le contarían los 8.693 votos de Teruel, en lugar de los 23.616 obtenidos en toda la comunidad, y su subvención bajaría de 43.169 a 31.827 euros. A IU-Sumar solo le computarían los 15.847 votos de Zaragoza, frente a 19.832 de las otras dos provincias, y pasaría de 27.683 a 24.654 euros. El Gobierno también recalculó a la baja los votos de Chunta Aragonesista –62.508 en lugar de 65.118, al no obtener escaño en Teruel–, aunque en su caso no tendría efecto: esta formación gastó menos que el tope de subvención con cualquiera de los dos cálculos.

Discrepancia de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas responde que “no comparte esa interpretación”, puesto que desde su punto de vista exigir escaño en cada provincia para pagar sus votos “supone introducir una limitación que no resulta del tenor literal del precepto”. El órgano fiscalizador también apela a la finalidad de la ayuda: compensar unos gastos de campaña que “se producen en el conjunto de la campaña y en las circunscripciones en las que la formación concurre, sin agotarse necesariamente en aquella en la que finalmente se obtiene escaño”. Y recuerda que el criterio que el Gobierno cuestiona no es nuevo: “La Cámara ha aplicado en anteriores procesos electorales el criterio ahora cuestionado”. Hasta ahora, el Ejecutivo nunca lo había puesto en cuestión.

Así, la Cámara concluye que “procede desestimar la alegación”, aunque deja una puerta abierta a las Cortes: el legislador autonómico puede, “si lo estima oportuno, precisar expresamente el ámbito territorial del cómputo de votos subvencionables para futuros procesos electorales”.

La mitad del gasto del PP, en 'otros servicios'

El informe deja además sin responder qué hay detrás de la partida más abultada de la campaña del PP. De los 807.651 euros que gastaron los populares, prácticamente la mitad figuran en el apartado 'otros servicios precisos'. Es el concepto residual de la ley electoral, que el informe describe como “cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones”. El PP acapara casi la mitad de los 810.134,97 euros que el conjunto de los partidos con escaño declaró en esa partida y el doble que el PSOE (202.170,53 euros).

La Cámara no desglosa en qué se gastó ese dinero. Se limita a señalar que los gastos del PP “han sido regularmente contabilizados, justificados y pagados, siendo admisibles en función de su naturaleza”, y es el único de los grandes partidos al que no rechaza ni un euro. Tampoco explica el resto del cuadro de gastos popular: el PP es por ejemplo la única formación con escaño que no declara ningún gasto en medios de transporte y desplazamientos. Su gasto en el apartado de resto de publicidad y propaganda se queda en 20.042,26 euros, frente a los 99.195,10 de los socialistas.

El PP es también el partido que más se acercó a uno de los topes legales: gastó 122.524 euros en publicidad en prensa y radio privadas, el 78,3% del límite de 156.407 euros.

El propio órgano fiscalizador admite que la clasificación está desfasada. Su segunda recomendación pide que, “a la vista de la evolución de los gastos electorales en los últimos años”, se revisen “las normas que los definen, clarificando su tipología, adaptando los subvencionables a la actualidad, descartando aquellos que ya no se producen y valorando tanto la posibilidad de definir en detalle los que no tienen una regulación clara”. El informe advierte además de que queda fuera de su alcance verificar “la existencia de otros gastos electorales del proceso no comunicados ni registrados en las contabilidades presentadas”, una tarea que corresponde al Tribunal de Cuentas.

Lo que cobra cada partido

La Cámara rechaza 9.243,43 euros “por ser irregulares o no estar justificados”, una cantidad mínima respecto al total de gasto. Una vez descontados los anticipos, quedan pendientes de liquidar 1.200.313,61 euros.

Al PP le corresponden 640.129,72 euros, de los que tiene pendientes 452.049,22. El PSOE recibirá 505.566,18 euros, con 320.818,78 por cobrar; CHA, 179.388,55, con 101.947,63 pendientes, e IU-Sumar, 27.682,94 euros, todos por cobrar porque no pidió anticipo.

Los partidos financiaron sus campañas con fórmulas distintas. El PP dispuso de 560.000 euros de una póliza de crédito de 600.000 con Ibercaja y aportó otros 60.000 de su tesorería. El PSOE recurrió a 304.800 euros en microcréditos y a aportaciones del partido por 211.319 euros, de los que devolvió 82.237 a la cuenta del partido en mayo “al no haberse utilizado”. Vox firmó tres préstamos por 272.800 euros con Santander, Abanca y BBVA. CHA se financió con 99.460 euros netos del partido, e IU-Sumar, con 62.329 euros de aportaciones, de los que solo 2.329 procedieron de Sumar.

Podemos-Alianza Verde, que se quedó fuera de las Cortes, gastó 122.220 euros, financiados íntegramente con 122.500 euros aportados por Podemos. No tiene derecho a subvención y devolvió el 19 de marzo el anticipo de 8.594,90 euros que había recibido.