La llegada de un nuevo director provincial de Educación no ha rebajado el conflicto abierto desde hace casi dos años entre el profesorado oscense y la Inspección Educativa. Los sindicatos han mantenido este martes su primera reunión con Carlos Oliván, nombrado director en julio, donde le han trasladado sus solicitudes.

La más destacada es una intervención inmediata sobre un servicio al que acusan de “aplicar criterios más restrictivos” que los utilizados en Zaragoza y Teruel. Además, los profesores se muestran preocupados por el clima de inseguridad que se ha generado en los centros educativos al multiplicarse los expedientes contra docentes.

Tras el encuentro, organizaciones sindicales se han concentrado en la plaza de Cervantes de Huesca para denunciar la “inacción” de la Administración. Sostienen que no ha respondido a las quejas acumuladas durante la etapa anterior ni ha adoptado medidas suficientes.

“Arrastramos una problemática que viene de la anterior dirección provincial y la actual todavía no está solucionando”, ha explicado Sara Urbano, profesora y delegada de CGT. Urbano opina que en la provincia altoaragonesa se ha impuesto una interpretación de la normativa con un carácter “mucho más sancionador que acompañante”.

Y es que la protesta trasciende de las discrepancias técnicas sobre programaciones didácticas. El conflicto se ha convertido en una discusión sobre el modelo de inspección, la libertad sindical y los límites de la potestad disciplinaria. Esto viene después de varias propuestas de sanción contra docentes que habían cuestionado públicamente su funcionamiento.

El dato que dimensiona el problema, y que procede de la propia Consejería de Educación, es que la Inspección de Huesca ha abierto más de 48 expedientes, 20 de ellos en 2026; frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel. Para las organizaciones, la cifra resulta “llamativa” porque Huesca cuenta con una plantilla docente “muy inferior” a la zaragozana.

“Es un dato objetivo que pone de relieve la situación singular que tenemos en la provincia”, ha señalado el delegado de CGT Raúl Ramón. El sindicato solo maneja las cifras y aseguran que desconocen la causa que ha motivado el aumento de expedientes.

Una burocracia distinta según la provincia

Los representantes sindicales sostienen que la Inspección de Huesca exige programaciones, tablas y documentos que no se solicitan con el mismo detalle que en Zaragoza o Teruel. “Se nos exige un desarrollo normativo mayor que en otras provincias, con una carga burocrática muy alta y documentos que ninguna norma recoge que tengamos que hacer”, ha denunciado Ramón.

Las organizaciones reclaman criterios comunes y previsibles para toda la comunidad autónoma. Según señalan, la Inspección debería acompañar y asesorar a los centros antes de recurrir a apercibimientos o procedimientos disciplinarios, especialmente cuando las discrepancias afectan al formato de una programación.

Por su parte, la representante de UGT Enseñanza en Huesca, Carolina Gallego, ha trasladado al nuevo director provincial la necesidad de analizar por qué “en la provincia de Huesca hay un número más elevado” de sanciones y expedientes. “Lo que solicitamos es que haya una equiparación en las tres provincias de los criterios de actuación de la Inspección Educativa, por el buen funcionamiento de los centros y para evitar que esto siga ocurriendo”, ha explicado.

Y es que las denuncias no son nuevas. En marzo y diciembre de 2024, la Junta de Personal Docente aprobó resoluciones para reclamar la unificación de criterios. A finales de ese mismo año, profesores y sindicatos salieron a la calle denunciando “un abuso de autoridad” y el temor del profesorado a manifestar sus discrepancias.

El conflicto llegó a las Cortes de Aragón en marzo de 2025. Una iniciativa parlamentaria instó a investigar la actuación del inspector jefe, Ignacio Polo Martínez. En diciembre, una mayoría parlamentaria respaldo la petición de cese formulada por la representación sindical, aunque el Gobierno de Aragón lo mantuvo en el puesto y defendió su trabajo.

Durante el curso pasado, las protestas se extendieron por diferentes centros educativos de la provincia de Huesca después de la propuesta de sanción contra Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal de Huesca. Cientos de docentes se concentraron en una movilización que resumieron en la siguiente frase: “En esta provincia, el que habla acaba sancionado”.

Diez meses sin empleo y sueldo

“La gota que ha colmado el vaso” o “el punto de inflexión”, en palabras de los manifestantes, ha sido la propuesta de suspender durante diez meses de empleo y sueldo a un delegado de CGT y miembro de la Junta de Personal Docente. Los motivos que ofrecen es que el expediente fue motivado por unas declaraciones realizadas, durante el ejercicio de su actividad sindical, sobre un instituto en el que trabaja y donde estudia un familiar del inspector jefe.

CGT considera que es una sanción “totalmente desproporcionada” y una de las “más graves” contra un funcionario público. Interpretan el expediente como una amenaza que trasciende al afectado porque condiciona el trabajo de quienes representan al profesorado. En la convocatoria de este martes en Huesca, han denunciado que parte de la plantilla siente “miedo” a presentar documentos, intervenir en reuniones o expresar críticas. En ella, han reclamado el cese del inspector jefe, una auditoria sobre el funcionamiento de la Inspección y una tutela temporal para recuperar criterios equivalentes.

Por su parte, el departamento de Educación ha defendido hasta ahora la actuación de Polo. Cuando las denuncias se hicieron públicas, el Ejecutivo aragonés destacó su “profesionalidad ejemplar” y llegó a asegurar que los equipos directivos valoraban positivamente su trabajo. Una versión que fue cuestionada por los docentes. El actual director provincial de Educación de Huesca también expresó su “apoyo total” al Inspector jefe al inicio del curso. Sin embargo, este martes ha trasladado a los sindicatos que analizará el asunto.

UGT ha valorado “con prudencia” este primer acercamiento. “Parece que nos ha tendido la mano y ha dicho que podemos reunirnos cuando lo consideremos, sin necesidad de esperar a un calendario si surge un problema. En principio se ha mostrado dispuesto a escucharnos a nosotros y a toda la comunidad educativa”, ha señalado Patricia Abardía, representante del sindicato.

Además de la Inspección

La concentración de este martes también ha servido para sacar a la calle otros problemas que afectan a los centros educativos en este inicio de curso. Los sindicatos denuncian vacantes sin cubrir y falta de trabajadores no docentes. Gallego ha apuntado a la escasez de auxiliares administrativos y de educación especial. Las organizaciones han reclamado un plan de climatización de los centros, más garantías para mantener abierta la escuela rural y una política educativa que funcione como cohesión territorial, además de rechazar la concertación educativa.

Los sindicatos convocados han terminado con un llamamiento a unir al profesorado, las familias y al resto de la comunidad educativa. “Los sindicatos representamos, pero hay mucha más comunidad educativa. Ahora, más que nunca, es necesaria esa unión. La disposición del gobierno es a silenciar cualquier tipo de movimiento asociativo, por lo que vamos a hacer ruido”, han señalado. Han pedido escuchar y un diálogo basado en una “negociación real” antes de que los conflictos terminen en los tribunales.

La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza ha abordado el proceso de primarias que se deberá poner en marcha en la capital aragonesa y Calatayud, al tener más de 20.000 habitantes, para elegir el candidato a las respectivas alcaldías para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Según el calendario que ha dado a conocer la secretaria general de PSOE Aragón, Pilar Alegría, el pasado 10 de septiembre, la presentación de candidaturas tendrá lugar entre el 23 y el 26 de octubre, de manera que la primera votación, en el caso de que haya más de un aspirante, se celebrará el 14 de noviembre y, en segunda ronda, si fuera preciso, el 21 de noviembre.

Además, la Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza ha decidido reunir a su Comité Provincial el próximo 7 de octubre, consciente de que el proceso electoral va a centrar buena parte de los esfuerzos para llegar a los comicios “absolutamente preparados”, con un diseño de modelo de ciudad para Zaragoza capital y con candidaturas en todos los municipios con el objetivo de conseguir “reafirmar” la presencia del PSOE, tanto en la capital aragonesa como en el resto de alcaldías de la provincia.

La secretaria de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha presidido la Ejecutiva Provincial de su partido, en la que ha constatado “la ilusión y el compromiso” que tienen los socialistas para abordar el nuevo ciclo electoral de 2027.

Los socialistas zaragozanos “ya calientan motores con el objetivo de ofrecer a la sociedad unas propuestas ilusionantes y de futuro ante el ataque al modelo del bienestar que está llevando a cabo la derecha, debilitando los servicios públicos”, ha opinado.

Teresa Ladrero ha reconocido que la familia de los socialistas zaragozanos tiene “altas dosis de implicación y de compromiso con la sociedad, para la que busca, de ”manera infatigable, mejoras, derechos y futuro“, en contraposición a la ”alicorta“ gestión del Gobierno de Jorge Azcón, que ”olvida sistemáticamente“ el territorio y acude a regañadientes a respaldar los municipios cuando surgen los problemas, ”como ha ocurrido con los incendios de las Cinco Villas“, ha puesto de ejemplo.

La secretaria de los socialistas zaragozanos ha asegurado que, en su formación, están “intactas” las ganas de trabajar y de ganar y asegura que los socialistas son “un bloque fuerte y cohesionado, que estará a la altura de los retos y de las exigencias que demanda la sociedad, sin tener que entregarse a formaciones contrarias a los principios de la democracia para hacerse cargo de la gestión de las instituciones”.

Las restricciones de agua que soportan los regantes del Gállego han irrumpido de lleno en el debate sobre el consumo de los centros de datos en Aragón y chocan con el discurso defendido este martes por el presidente autonómico, Jorge Azcón. Mientras el jefe del Ejecutivo ha asegurado en el foro Tech4Water, organizado por Amazon Web Services (AWS), que la industria del dato puede “aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume”, el colectivo No es sequía, es saqueo ha advertido de que miles de hectáreas agrícolas afrontan nuevas limitaciones precisamente en una cuenca en la que se concentran varios proyectos tecnológicos.

La organización ha denunciado que la histórica acequia de Camarera, que abastece a los términos situados al sur de Ontinar del Salz, ha visto reducida su concesión de agua al 35%. Se trata, según el colectivo, de la segunda restricción de este verano, después de que el pasado 3 de agosto se limitara al 60%, y afecta a unas 4.500 hectáreas de cultivo.

El contraste se produce mientras continúan avanzando importantes inversiones en centros de datos en el entorno del Gállego. No es sequía, es saqueo pone el foco en el complejo de AWS de Villanueva de Gállego y su ampliación, así como en los proyectos previstos en San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Villamayor de Gállego.

El colectivo cuestiona especialmente la prioridad que tienen estos consumos frente al regadío. Según argumenta, los centros de datos conectados a las redes municipales quedan incluidos dentro del abastecimiento urbano, junto a determinados usos industriales, lo que les otorga prioridad sobre los usos agrícolas conforme al régimen establecido en la legislación de aguas.

El proyecto que Azcón pone como ejemplo

Frente a estas críticas, el Gobierno de Aragón ha presentado este martes como ejemplo de sostenibilidad un proyecto impulsado por AWS junto a la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón y Agrow Analytics.

La iniciativa contempla una inversión de 3,73 millones de euros y pretende ahorrar más de 10.000 millones de litros de agua anuales cuando esté completamente desarrollada en 2030. Entre otras actuaciones, prevé sustituir 25 kilómetros de acequias a cielo abierto por tuberías cerradas para reducir pérdidas por evaporación y fugas.

También contempla la instalación de sensores para medir la humedad del suelo, el empleo de imágenes de satélite para ajustar las necesidades de los cultivos y la creación de un gemelo digital del sistema hídrico que permita gestionar el riego en tiempo real.

Azcón ha utilizado este proyecto para defender el modelo de crecimiento de los centros de datos en Aragón. “La industria del dato que impulsa Amazon Web Services permite ahorrar agua y aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume”, ha asegurado.

Una afirmación que No es sequía, es saqueo rebate al considerar que las actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia del regadío no eliminan el consumo de agua de los centros de datos ni resuelven el problema de su creciente demanda en un escenario de escasez.

El colectivo cita, entre otros ejemplos, el centro de AWS de El Burgo de Ebro, para el que señala un consumo de 36.461 metros cúbicos anuales, según datos proporcionados por la propia compañía. También advierte sobre otros proyectos de mayor tamaño y sostiene que los sistemas de refrigeración que reducen el uso directo de agua pueden incrementar, a cambio, las necesidades energéticas.

El debate llega al futuro real decreto

La polémica se produce además en plena discusión sobre el real decreto estatal que regulará los centros de datos. El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto normativo al considerar que algunas de sus exigencias pueden comprometer las inversiones previstas en la comunidad.

Azcón ha vuelto a cuestionar este martes la regulación planteada por el Gobierno central. “El camino no puede estar marcado por las limitaciones que señalen los artículos del Real Decreto del Gobierno de la nación”, ha afirmado. A su juicio, la alternativa pasa por exigir a las empresas que inviertan para “aportar a nuestras sociedades más de lo que reciben”.

No es sequía, es saqueo plantea justamente la posición contraria. El colectivo reclama que la futura regulación estatal incluya límites específicos al acceso al agua de los centros de datos en situaciones de escasez y critica que el proyecto normativo establezca parámetros de eficiencia hídrica pero no restricciones vinculadas al volumen de consumo o a los episodios de sequía.

La organización sostiene además que el problema no se limita a la cantidad de agua utilizada directamente por estas instalaciones. Cita el caso de La Puebla de Alfindén, donde el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto de centro de datos previsto en el municipio por sus posibles repercusiones sobre el abastecimiento, y los informes técnicos municipales elaborados en Zaragoza sobre las instalaciones proyectadas en La Cartuja Baja y Puerto Venecia.

Con este escenario, el colectivo considera especialmente paradójico que el foro sobre eficiencia hídrica de AWS se haya celebrado coincidiendo con nuevas restricciones a los regantes y reclama que el crecimiento de la industria tecnológica no se produzca a costa de otros usos del agua, especialmente el agrícola.

Representantes de PSOE, CHA, Teruel Existe e IU en las Cortes de Aragón han denunciado este martes la “política de rodillo” de los partidos que sustentan al Gobierno de Jorge Azcón para decidir qué cargos públicos comparecen en las distintas comisiones parlamentarias.

En concreto, los cuatro grupos han calificado de “deriva autoritaria” la decisión de la mayoría de rechazar la comparecencia del director general de Emergencias e Interior, Miguel Ángel Clavero, y sustituirla por la del responsable de Administración Electrónica. Según han advertido, no se trata de un caso aislado, sino de una práctica que se está extendiendo a otras comisiones.

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Óscar Galeano, ha denunciado el “ninguneo” que supone cambiar la comparecencia de un director general por otro para evitar abordar un asunto que considera prioritario y de plena actualidad tras “el trágico verano sufrido en el territorio”. Galeano ha asegurado que esta situación no se circunscribe a Hacienda, sino que se repite en otros órganos parlamentarios al rechazarse las solicitudes planteadas por los grupos de la oposición.

En la misma línea, la diputada de CHA Verónica Villagrasa ha lamentado que se impida la presencia del director general de Emergencias e Interior y ha advertido de que esta dinámica “se está extendiendo a todas las comisiones”. “Nuestra labor como partidos en la oposición se ve entorpecida por el rodillo de PP y Vox, manejando la opinión y de lo que se tiene que hablar en las Cortes”, ha afirmado.

Los cuatro grupos reclaman que no se limite su capacidad para ejercer el control parlamentario y plantear los asuntos que consideran de interés para la ciudadanía.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apreciado una voluntad de “obstaculizar la labor de control al Gobierno” desde el Parlamento autonómico, especialmente mediante el rechazo de las comparecencias solicitadas cuando surgen cuestiones de especial relevancia política o social. “Bloquear que se hable de incendios cuando Aragón ha estado ardiendo 15 veces más que en años anteriores nos parece absolutamente irreal respecto a las preocupaciones de la gente”, ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de IU, Marta Abengoechea, ha advertido de que el Parlamento aragonés está adquiriendo una deriva “autoritaria” y convirtiéndose, a su juicio, “en un espacio más de propaganda” en el que se restringe el pluralismo político. “Es preocupante por coartar la labor política de los grupos de la oposición y por hurtar a la ciudadanía debates que son de interés general y actualidad”, ha señalado.

Abengoechea ha considerado que “no es normal que se vete la comparecencia de la Dirección General de Emergencias y se proponga que venga la de Administración Electrónica”. “Esa dirección es importante, pero no es el momento, teniendo por delante la tarea de prevenir y rearmarnos para afrontar nuevos incendios”, ha argumentado.

Por ello, ha reclamado una “reflexión seria a los grupos del Gobierno para que se encaminen hacia el pluralismo político y la calidad democrática”.

Los cuatro grupos trasladarán este miércoles su protesta a la Junta de Portavoces y mantendrán esta reivindicación en las diferentes comisiones parlamentarias en las que, según denuncian, se está produciendo una “falta de consideración democrática” hacia las iniciativas de control planteadas por la oposición.

El denominado Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva, en Zaragoza, ya está operativo. Se trata de un espacio verde que simula una iglesia al aire libre y que de hecho ha sido diseñado a instancias del párroco, como recoge el propio proyecto. El parque, que incorpora elementos de simbología cristiana como un altar con crismón incorporado, ha sido financiado con dinero público: el Gobierno del PP en la localidad ha echado mano de fondos procedentes de la Diputación Provincial. El Consistorio recuerda que “es, ante todo, una infraestructura hidráulica de seguridad”, lo que ha condicionado su diseño.

Esta semana se cumplen dos meses del estreno oficial de la zona verde, que fue adjudicada a la empresa Solceq SL por 265.147 euros. Como reflejaba el proyecto, “durante la redacción se habló con [el párroco] don Gustavo y se propuso reproducir el templo de Santa María en el espacio público en la nueva zona verde, de forma que pudiera impartir misa en este nuevo espacio”. De ahí las gradas de hormigón y las plataformas horizontales. “Una piedra en la zona del altar, como ARA, permitirá oficiar la misa. Las familias, muchas con niños y niñas de todas las edades podrán asistir a la misa, ahora en un espacio amplio, natural, y sagrado (al reproducir las mismas medidas y proporciones del templo del monasterio). Los asistentes podrán estar de pie en la zona central, poner sillas si se requiere o sentarse en las gradas laterales”, añade.

La inauguración se produjo el pasado 17 de julio, como acto oficial en la jornada inaugural de las fiestas de Santa Ana del municipio. Fuentes del equipo de gobierno explican que su “función principal es proteger el municipio frente a episodios de lluvias torrenciales, recogiendo, laminando y canalizando las escorrentías procedentes de los barrancos del entorno antes de su evacuación hacia el río Huerva”. Esto es lo que ha hecho que el espacio no se planteara “como un parque convencional” y lo que llevó, “por ejemplo”, a descartar “la instalación de zonas de juego infantil permanentes sobre la superficie”.

Bodas civiles

“Desde su inauguración permanece abierto al público y puede utilizarse libremente, siempre de forma compatible con su naturaleza y características”, indican las mismas fuentes municipales, que apuntan que uno de los posibles usos es “la celebración de bodas civiles”. “Actualmente el Ayuntamiento todavía no ha registrado ninguna solicitud para celebrar un enlace en este espacio, pero es una posibilidad que está disponible para aquellas parejas que quieran escogerlo como escenario para su boda”, especifican.

El cartel que se puede observar en el mismo parque constata en todo caso la simbología religiosa del espacio público, que “se inspira en el Real Monasterio de Santa María de Santa Fe” y que “reinterpreta algunos de los espacios más representativos del conjunto monástico cisterciense”. Respecto del altar, “ejecutado en una sola pieza de piedra caliza”, incorpora el mencionado crismón, “símbolo cristiano usado por el Císter”. “El símbolo del Crismón remonta su origen a la época romana. Expresa los principios de la creación y sus leyes”, apunta el texto.

Inicialmente, la obra tenía por objetivo –como consta en el acto público que oficializó, en julio de 2024, la cesión del suelo por el Ayuntamiento de Zaragoza al de Cuarte, con las alcaldesas de ambas localidades– a “mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad, creando un nuevo acceso” al mencionado centro educativo y “dotando a este espacio de una parada de autobús escolar, de una zona de estacionamiento para las familias que acuden a diario al instituto y un ‘pump track’”. Sin embargo, el concepto se amplió posteriormente hasta convertirse en una auténtica misa al aire libre. En su inauguración, eso sí, el Consistorio indicó que se trataba de una actuación “hidráulica capaz de laminar y drenar el agua de lluvia hacia el río Huerva, una infraestructura pensada para reducir el impacto de las tormentas” en el municipio.

Para financiar esta actuación, el Ayuntamiento de Cuarte ha recurrido al plan de subvenciones Plus 2024 de la Diputación Provincial de Zaragoza, como consta en la documentación oficial. En principio, para adecuar una zona verde y a la implantación de carril bici en la zona del Monasterio de Santa Fe. Se da la circunstancia de que los trabajos se vieron afectados por las fuertes lluvias de finales de septiembre del año pasado, lo que obligó a retrasar su estreno.

Respecto al programa de actividades en esta zona verde, las fuentes municipales dice que está trabajando para las propuestas decara a los próximos meses. “Las asociaciones y entidades del municipio pueden plantear iniciativas para desarrollar allí”, inciden.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este lunes, en la puesta de largo de las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza en Huesca, que el estreno del edificio “viene a satisfacer una reivindicación histórica” de la ciudad y de la provincia. El nuevo edificio, donde se podrán estudiar los seis cursos del Grado de Medicina, es el resultado del proceso de recuperación y transformación de un edificio con una larga historia en Huesca, la Antigua Residencia de Niños, que “durante décadas tuvo distintos usos y que hoy vuelve a ponerse al servicio de la ciudad y, en este caso, de la formación de nuestros futuros médicos”, ha explicado el presidente.

“Es una reclamación que ha durado más de 50 años y que finalmente el Gobierno de Aragón ha convertido en una realidad”, ha expresado Azcón.

El sistema universitario aragonés formará cada curso académico a 410 médicos, empezando desde el recién iniciado curso, que cuenta con la novedad de que los tres campus de la Universidad de Zaragoza –Huesca, Zaragoza y Teruel– ofrecen plazas de formación –en concreto, 310–, a los que hay que sumar las 100 plazas de la Universidad San Jorge.

El campus de Huesca contaba con los dos primeros cursos de Medicina y este año se ha añadido tercero, con la proyección de que cada año se incorpore un nuevo curso, hasta el sexto. De esta manera los primeros alumnos formados en el Grado completo de Medicina de Huesca saldrán en el curso 29/30. Alumnos que estudian en unas nuevas instalaciones, punteras tecnológicamente y dando un paso más hacia un Campus Biosanitario.

Para este curso que acaba de iniciarse, la Facultad de Medicina de Huesca ofrece 45 plazas, de las que 42 están adjudicadas y se espera completara lo largo del día de hoy con último llamamiento. Para dichas plazas ha habido 3.657 solicitudes, es decir 81 solicitudes por plaza. Las 220 plazas que ofrece Zaragoza están completas y en Teruel 44 de las 45 y también se espera completar en el día de hoy. Un salto importante en el último año, ha dicho Azcón, ya que en el curso 22/23 precisamente 220 alumnos empezaron Medicina en Aragón, mientras que este septiembre lo han hecho 410.

Las nuevas instalaciones cuentan con 4.100 metros cuadrados, aulas para dar clase, laboratorios, aulas con habilidades clínicas, donde los alumnos entrenarán situaciones a las que en un futuro deberán enfrentarse. En este punto, ha insistido en la importancia de que estas instalaciones estén dotadas de las últimas tecnologías, ya que la sanidad va a ser uno de los ámbitos en los que la tecnología va a tener un mayor impacto y los alumnos en Huesca va a estar muy preparados.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha apuntado que para la institución educativa “es motivo de inmensa satisfacción e ilusión ver renacer parte de este edificio histórico gracias al trabajo conjunto de las instituciones y la entrega de toda nuestra comunidad universitaria. Abrigamos este hito con el compromiso de volcar lo mejor de la educación pública en la formación de los profesionales sanitarios del mañana, reteniendo el talento y abriendo una nueva etapa llena de futuro para Huesca”.

Apuesta por el talento

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha destacado que “Medicina tiene ya un nuevo hogar en Huesca, una nueva casa para nuestros estudiantes y un espacio desde el que estamos construyendo el futuro de la Medicina en el Alto Aragón”.

Claver ha subrayado que este paso “resume años de ilusión y de trabajo” y supone también “una apuesta clara por el talento, para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí todo su potencial y para que quienes vienen de otros lugares encuentren en Huesca un lugar donde estudiar, crecer y, por qué no, quedarse. Queremos que Huesca sea hogar para el talento, venga de donde venga”.

Ha mostrado, además, el “orgullo” de la Diputación por haber impulsado unas instalaciones que, “en apenas tres años, han pasado de la tramitación administrativa y la licitación a convertirse en una realidad”. “Estas aulas empiezan hoy a llenarse de futuros médicos. ”Medicina tiene un próspero futuro en el Alto Aragón y nuestro reto es que muchos de quienes se formen aquí encuentren también en Huesca el lugar donde construir su profesión y su proyecto de vida“, ha concluido.

La actuación ha supuesto una inversión de más de 7,3 millones de euros en la rehabilitación, a la que se suma la inversión necesaria para su equipamiento. Cuenta con más de 4.100 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas más bajo cubierta, con seis aulas con capacidad para 60 estudiantes cada una y otra para 80, cuatro salas de seminarios, cinco laboratorios y espacios específicos para profesores, tutorías e investigación.

Cuenta con espacios de simulación que reproducen un quirófano, una UCI, una sala de urgencias y consultas de Oftalmología y Obstetricia. También dispone de dos aulas de habilidades clínicas para que los estudiantes puedan entrenarse en situaciones y entornos lo más parecidos posible a los que encontrarán cuando comiencen su ejercicio profesional.

Aragón-Teruel Existe ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley (PNL) para reclamar mejoras urgentes en la N-211, especialmente en el tramo entre Alcañiz, Caspe y Mequinenza, ante la elevada siniestralidad y el alto volumen de tráfico pesado que soporta la carretera.

La iniciativa plantea solicitar una reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes, apoyar las movilizaciones de los municipios y colectivos afectados e instar al Gobierno de España a realizar los estudios necesarios para mejorar la vía.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha explicado en rueda de prensa que la N-211 es un eje fundamental para conectar el sur y este de Aragón con Cataluña y que el punto kilométrico 295 es el de mayor accidentalidad de toda la red viaria aragonesa. “Estamos hablando de que cada año se juegan vidas en esta carretera”, ha señalado, reclamando que “la seguridad del tráfico debe ser prioritaria frente a otras cuestiones de tipo político”.

Guitarte ha denunciado que, pese al compromiso anunciado por el Gobierno de España en 2023 para mejorar el tramo de las conocidas como curvas de Mequinenza, las actuaciones todavía no se han materializado. Por este motivo, ha insistido en la importancia de eliminar curvas y desniveles, ensanchar los arcenes y crear un tercer carril en los tramos con mayor tráfico pesado.

“Es la vía natural de entrada desde Cataluña hacia el sur de Aragón, que va a salir a la AP-2 o a la A-2, y vemos que cuenta con mucho tráfico porcino y tráfico frutícola”, ha apuntado.

Importancia territorial

En este sentido, el vicepresidente de la comarca del Bajo Aragón, Alberto Carmona, ha destacado la importancia económica y territorial de este eje, por el que circulan de forma constante camiones de transporte frutícola y ganadero. “Pedimos encarecidamente que tanto el Gobierno de Aragón como el de España se pongan de acuerdo y tomen una determinación para invertir, para esos territorios que históricamente han sido abandonados”, ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Mequinenza Manuel Molina ha incidido en el impacto que el mal estado de la carretera tiene sobre la seguridad de los vecinos. “Esto es lo más importante. Son personas, son vidas, y esto hemos de intentar solucionarlo”, ha reivindicado.

Molina ha reclamado que ambas administraciones trabajen conjuntamente para que la N-211 vuelva a ser “una carretera que nos una” y permita mejorar la conexión entre Mequinenza, Caspe y el resto de Aragón.

La iniciativa de Aragón-Teruel Existe también recoge el apoyo a las concentraciones y manifiestos promovidos por los municipios y colectivos afectados, y reclama que se cumpla el compromiso adquirido en 2023 para mejorar una infraestructura que continúa en fase de estudio.

Gran Premio de MotoGP

Desde Aragón-Teruel Existe también han recordado que la N-211 es una vía fundamental para el acceso a MotorLand Aragón y soporta un incremento importante de tráfico durante la celebración del Gran Premio de MotoGP de Aragón.

Tomás Guitarte ha señalado que se trata de una carretera de “vital trascendencia”, por la que circulan numerosos aficionados y motoristas que llegan desde Cataluña para acudir al circuito turolense.

En este sentido, Alberto Carmona ha lamentado que mientras se promociona MotorLand y el Gran Premio de MotoGP como grandes eventos para Aragón, quienes acuden al circuito “tienen que descubrir cuál es la realidad de la provincia al encontrarse con unas carreteras que necesitan inversiones y mejoras”.

Igualmente, Manuel Molina ha recordado que durante los grandes premios se producen accidentes con frecuencia en este eje y ha insistido en que “son personas, son vidas” y que la seguridad debe ser la prioridad.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado un informe de fiscalización sobre el establecimiento de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios aragoneses donde las mayores carencias recalan en la gestión del Gobierno del PP en Zaragoza. El documento constata que la capital aragonesa incumplió el plazo legal para poner en marcha su ZBE, fijado para antes de 2023, y que a 31 de marzo de 2025 la zona seguía sin estar operativa, con solo el proyecto y la normativa reguladora aprobados.

De las cinco principales capitales españolas, solo Valencia está a un nivel similar al de Zaragoza en este aspecto. De hecho, en la capital del Turia no ha aprobado ni el proyecto de ZBE. Tanto en Madrid como en Barcelona y Sevilla estas zonas ya están operativas. Hay

Más allá del incumplimiento del plazo legal, el propio calendario incluido en la Ordenanza aprobada por el Gobierno de Zaragoza revela un aplazamiento de siete años sobre lo exigido por la ley. Según recoge la Cámara de Cuentas en su respuesta a las alegaciones municipales, la primera fase de la ZBE, correspondiente al Casco Histórico, no se iniciará hasta enero de 2026 y no concluirá hasta enero de 2030; la segunda fase, la del Centro, arrancará en enero de 2030 y no estará completa hasta julio de ese año, fecha en la que —según el propio calendario municipal— la ZBE entraría en funcionamiento en su totalidad, eso si antes el pacto PP y Vox no condiciona más el plazo.

Carencias

La Cámara de Cuentas detalla una larga lista de carencias en el diseño de la ZBE zaragozana respecto a los contenidos mínimos exigidos por el Real Decreto 1052/2022. Entre ellas, no adaptó a tiempo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) al nuevo marco normativo; no analizó la coherencia de la ZBE con otros instrumentos propios, como la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud (ECAZ 3.0), la Agenda Urbana Local 2030 o el Plan de Adaptación al Cambio Climático 2022-2030.

Tampoco incorporó objetivos de calidad acústica ni delimitó 'zonas tranquilas', pese a ser un requisito legal, ni fijó calendario ni cuantificó los objetivos de cambio modal hacia transportes sostenibles ni de eficiencia energética.

El Consistorio no definió un procedimiento de seguimiento y revisión del cumplimiento de los objetivos y no consta que evaluara si las restricciones de acceso y circulación son proporcionales a los objetivos perseguidos.

El informe también advierte de que las excepciones a las restricciones de circulación son “elevadas, en particular en el municipio de Zaragoza”, lo que podría condicionar el cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire.

Los fiscalizadores consideran que el análisis del impacto económico de la medida realizado por el Consistorio es insuficiente, al basarse en un estudio de viabilidad genérico que no se ciñe exclusivamente a la ZBE y que solo cuantifica el control de accesos en las zonas de aparcamiento regulado, sin valorar las consecuencias para los colectivos vulnerables.

El informe destaca además que, pese a que la redacción del proyecto técnico se externalizó, no consta que el Ayuntamiento constituyera formalmente un grupo de trabajo para su elaboración ni para la de la ordenanza reguladora.

El 95% del parque de vehículos zaragozano es “contaminante”

El informe detalla que, de los 266.040 vehículos censados en Zaragoza, el 95% corresponde a las categorías más contaminantes según el distintivo ambiental de la DGT (sin etiqueta, o con etiquetas B o C), frente a solo un 5% con distintivo ECO o cero emisiones. Pese a ello, el catálogo de excepciones de la ZBE zaragozana es amplio: residentes, propietarios de garaje, locales comerciales, vehículos con matrícula extranjera, personas enfermas, hoteles, autoescuelas, vehículos históricos y hasta ocho autorizaciones mensuales para vehículos sin distintivo, a lo que se suma que estos últimos pueden circular libremente entre las 20:00 y las 7:00 horas entre semana y durante todo el fin de semana.

La Cámara de Cuentas concluye textualmente que estas exenciones “no responden al tenor literal del artículo 5 del Real Decreto al ser muy numerosas”, por lo que “la reducción efectiva de vehículos contaminantes en la ciudad resulta limitada”. El informe recuerda además que, según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 970/2022, no caben exenciones permanentes a vehículos contaminantes por razones de interés público o privado, y señala que Zaragoza no ha aportado justificación documental de sus excepciones de carácter permanente.

Otro de los datos que llama la atención del informe es el relativo al contrato de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de todo el término municipal de Zaragoza, adjudicado por 8.016.068,50 euros. De ese importe, solo se atribuyen 11.777,80 euros al coste de señalizar específicamente la ZBE, una cifra que —según recoge el propio informe— procede de un informe interno del jefe de unidad municipal, sin que conste un desglose independiente verificable.

El documento cierra con una serie de recomendaciones dirigidas específicamente al Consistorio zaragozano: adoptar políticas públicas integrales de reducción de contaminantes que no se limiten al tráfico rodado, dado que la propia ciudad ha identificado también la actividad industrial y el uso de la calefacción como focos de emisión; mejorar la coherencia entre sus distintos instrumentos de planificación; y establecer indicadores específicos para evaluar la eficiencia energética.

Huesca y Teruel

El informe analiza los tres municipios aragoneses con más de 20.000 habitantes: Zaragoza, Huesca y Teruel. Zaragoza (686.986 habitantes) y Huesca (54.704 habitantes) superan el umbral de 50.000 habitantes que obliga a implantar una ZBE conforme a la Ley 7/2021, y ambos incumplieron igualmente el plazo fijado antes de 2023. A 31 de marzo de 2025, Huesca ni siquiera contaba con un proyecto de ZBE ni con la ordenanza aprobada por el órgano competente, aunque el 5 de agosto de 2025 aprobó inicialmente en Pleno tanto el proyecto como la normativa reguladora.

Teruel (36.713 habitantes), en cambio, no está obligado a establecer una ZBE al no haber superado hasta la fecha los valores límite de contaminantes que fija el Real Decreto 102/2011, por lo que su situación se valora como no aplicable a efectos de este cumplimiento. Pese a ello, el Ayuntamiento turolense aprobó el 8 de septiembre de 2025 una Ordenanza de Prioridad Peatonal en el Centro Histórico y prevé redactar en el futuro un proyecto de ZBE, una vez se ejecute la obra del sistema inteligente de control de tráfico y accesos al centro histórico.

El Ayuntamiento de Zaragoza presentó un total de 16 alegaciones al informe provisional dentro del plazo establecido, frente a la única alegación remitida por el Ayuntamiento de Huesca.

De las 16 alegaciones presentadas por el Consistorio zaragozano, la Cámara de Cuentas solo estimó de forma plena una cuestión técnica menor y aceptó parcialmente otra, mientras que el grueso de las incidencias señaladas en el informe —incumplimiento de plazos, ausencia de la ZBE en funcionamiento, falta de adaptación del PMUS y carencias en el seguimiento de objetivos— se mantuvo intacto tras el trámite de audiencia.

El pulso PP- Vox para las cuentas de 2027

Las críticas de la Cámara de Cuentas coinciden además con el enfrentamiento entre PP y Vox por la aplicación de la ZBE. Ambas formaciones pactaron en febrero, para desbloquear el presupuesto municipal de 2026, vincular las sanciones a los episodios de contaminación, un acuerdo con el que el Gobierno de Natalia Chueca pretendía mantener además los 22 millones de euros de ayudas al transporte público que consideraba en riesgo.

Más de seis meses después, la modificación sigue sin cerrarse. El Gobierno municipal sostiene que los informes técnicos permiten limitar las sanciones a unos 20 días al año sin incumplir las condiciones estatales, mientras Vox reclama reducirlas todavía más y acusa al PP de no haber cumplido lo pactado.

El desencuentro ha llegado ya a la negociación de las cuentas de 2027. Vox ha advertido de que no apoyará un nuevo presupuesto si antes no se cumplen los compromisos de 2026, entre ellos la reforma de la ZBE, mientras Chueca defiende una solución que reduzca al mínimo las restricciones sin poner en riesgo las ayudas al transporte público.

Dado que el calendario municipal ya preveía completar la implantación en dos fases hasta julio de 2030 —siete años tarde respecto al plazo legal—, cada mes adicional de bloqueo entre PP y Vox para cerrar la ordenanza reguladora aleja aún más esa fecha: sin un acuerdo sobre el régimen sancionador, la propia Cámara de Cuentas ya advirtió de que el proyecto corre el riesgo de quedar “vacío de contenido”, por lo que la falta de entendimiento entre los socios de gobierno podría no solo mantener la ZBE fuera de la ley, sino impedir que llegue a estar plenamente operativa ni siquiera en la fecha ya retrasada de 2030.

Trece asociaciones y colectivos han remitido una carta a la dirección del Casademont Zaragoza en la que piden al club que reconsidere el fichaje de la jugadora israelí Yarden Garzon, incorporada este verano al equipo femenino aragonés. El escrito, enviado el pasado lunes, fue trasladado también a Inchas Lleons, una de las peñas históricas del baloncesto femenino zaragozano.

Firman la misiva plataformas propalestinas como Iniciativa por Palestina, Valle de Benasque x Palestina, Sobrarbe por Palestina, Huesca con Palestina y Altoaragón con Palestina, junto a organizaciones de otro signo: el sindicato CUT, el colectivo libertario Acción Libertaria, Ecologistas en Acción Zaragoza, el PCPE Aragón, Anticapitalistas Aragón, MHUEL, Coliche y TAJO.

En el texto trasladan su “profunda consternación, así como el malestar de una gran parte de la afición, ante la reciente decisión de incorporar a su plantilla a una jugadora que se enorgullece públicamente de un Estado que actualmente está perpetrando un genocidio”.

Los firmantes se anticipan a que el club apele a que “el deporte no tiene nada que ver con la política” y responden que “esto no es una cuestión de política partidista, es una estricta cuestión de derecho internacional humanitario y de derechos humanos fundamentales”. Sostienen que la jugadora ha usado “como plataforma el equipo en el que ha estado jugando para promocionar su apoyo a Israel y el genocidio”, según una publicación que adjuntan a la carta.

El comunicado cifra en “más de 73.000 muertos, con más de 1.000 víctimas mortales registradas incluso durante periodos de tregua” el balance de la guerra en Gaza y zanja: “No se trata de repudiar a una persona por ser israelí, es repudiar y no querer que se use como plataforma al equipo del Casademont Zaragoza para que se haga apología del genocido palestino”.

Garzon, de 22 años y 1,91 metros, nació en Ra'anana (Israel) y tiene también pasaporte alemán. Llega procedente de la NCAA, donde jugó tres temporadas en Indiana –de la que es máxima triplista histórica, con 220 canastas– y una última en Maryland. Es internacional absoluta con Israel desde categorías inferiores.

El dosier adjunto a la carta recoge publicaciones suyas envuelta en la bandera israelí y en una jornada 'We Stand With Yarden' en su antiguo equipo universitario, además de declaraciones suyas: “Mi poder está aquí, al intentar hablar de esto todo lo que pueda desde aquí [...] concienciar sobre lo que está sucediendo en Israel con los rehenes”. También incluye un listado de las cuentas que sigue en Instagram, entre ellas la del Ejército israelí (IDF), Athletes for Israel y el Congreso Judío Mundial.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha convocado una movilización para el próximo jueves 17 de septiembre con el objetivo de frenar el desahucio de Yolanda y su familia, previsto por Zaragoza Vivienda. El sindicato denuncia que la institución ha rechazado sus peticiones de negociación y exige la paralización del proceso judicial. Sin embargo, la entidad de vivienda pública gestionada por el Ayuntamiento sostiene que sí ha existido negociación y defiende su decisión alegando que “no actuar” en estos casos supondría “un agravio comparativo” frente a las más de 2.600 familias que cumplen las normas del parque público municipal.

Es la segunda vez que la familia de Yolanda afronta una amenaza de desahucio por parte de Zaragoza Vivienda. En 2019 la entidad ya interpuso una demanda con el mismo fin, proceso que quedó paralizado gracias a la moratoria antidesahucios aprobada durante la pandemia. Esa medida decayó el pasado mes de febrero, después de que PP, Vox y Junts votaran en contra de prorrogarla, lo que –según el sindicato– dejó sin protección a más de 60.000 personas.

El caso de Yolanda no es el único: el sindicato recuerda que el 30 de junio se movilizó también en la sede de Zaragoza Vivienda para reclamar la negociación de un nuevo contrato para Rocío, otra inquilina. En ese caso, según el sindicato, se logró paralizar de forma provisional el lanzamiento, aunque la institución no ha respondido a las peticiones de negociación.

Desde el sindicato afirman que “en junio” les prometieron una reunión “que nunca llegó, pese a múltiples intentos de concertarla”, y reclaman “la paralización del proceso judicial y una negociación real que garantice nuevos contratos para Yolanda y para Rocío”. El colectivo pide a Zaragoza Vivienda tres cosas: una negociación real que ponga fin a ambos desahucios, la paralización de los procesos judiciales en curso y nuevos contratos de alquiler que no dependan de la renovación discrecional de la entidad.

El sindicato enmarca ambos casos en una crítica más amplia a la política de vivienda pública, a la que acusa de operar como “herramienta de control sobre los sectores más precarizados de la población” y de dejar a inquilinos sin reparaciones básicas ni alternativa habitacional compatible con su vida. La convocatoria de protesta, bajo el lema 'La clase trabajadora por el derecho de la vivienda', está fijada para el jueves 17 de septiembre a las 12:00 horas en la calle de Alejandro Casona, 38.

“Se ha llegado a un límite”

La entidad municipal, en su respuesta a las reclamaciones del sindicato, sostiene que sí ha mantenido negociación con las familias, aunque considera que “se ha llegado a un límite”. Según explica, ambos casos responden a situaciones judicializadas y prolongadas en el tiempo: uno por una deuda acumulada por impago de las cuotas de alquiler, y el otro por la decisión de no renovar el contrato debido a “graves problemas de convivencia”. Zaragoza Vivienda precisa que, por respeto a la protección social de las personas afectadas, no puede ofrecer más datos en detalle.

La entidad afirma que las decisiones se adoptan de forma colegiada entre distintas áreas profesionales –jurídica, trabajo social, entre otras– tras el estudio de cada situación, valorando el cumplimiento de los pagos sociales de alquiler, el mantenimiento de las viviendas y el respeto a la convivencia con otros inquilinos. Según Zaragoza Vivienda, ambos casos fueron comunicados en su momento al propio sindicato, tras varias reuniones y propuestas con las familias afectadas.

La entidad recuerda asimismo que estos casos son “residuales” dentro del conjunto de programas municipales y que no intervenir supondría “un agravio” frente a las más de 2.600 unidades familiares atendidas en el parque público que sí cumplen las condiciones de estos programas. Añade que las cuotas se ajustan de forma personalizada, sin superar nunca el 20% de la renta en las familias más vulnerables, y que el 60% de los inquilinos recibe algún tipo de ayuda o subvención para el pago del alquiler.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha defendido este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón la actuación de la Jefatura de la Inspección Educativa de Huesca, en respuesta a las críticas del PSOE por el elevado número de expedientes disciplinarios abiertos a docentes en la provincia. Susín ha manifestado su “respeto absoluto a la libertad de expresión de algunos docentes” y ha preguntado a la portavoz de Educación del PSOE, María Rodrigo, “qué ha hecho mal” el jefe de la Inspección, antes de zanjar: “Lo que no voy a hacer es sustituir el hecho por el ruido”.

La diputada socialista ha trasladado a la consejera “el profundo malestar” entre docentes y sindicatos por la actuación de la jefatura en Huesca, que a su juicio “no es un simple desencuentro administrativo”, sino “una situación que está afectando al clima de trabajo en los centros, la confianza del profesorado en la Administración educativa y las garantías de los procedimientos disciplinarios”.

Rodrigo ha cifrado en más de 48 los expedientes disciplinarios incoados por la Inspección oscense –20 de ellos en 2026–, frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel este año, y ha calificado de “grave” la situación en el IES Ramón y Cajal de Huesca, donde se han acumulado siete de los expedientes.

“Cuando existe semejante concentración de expedientes y los sindicatos denuncian, día sí día también, usted tiene la obligación política de intervenir”, le ha espetado Rodrigo a la consejera, a quien ha exigido ordenar de forma “inmediata” una revisión “objetiva, rigurosa e independiente” de la actuación de la Inspección, en particular respecto al Ramón y Cajal. La parlamentaria socialista ha reclamado además el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada en 2025 por el Parlamento sobre un expediente informativo a un funcionario para “averiguar qué ha pasado”, y ha pedido que se escuche a los equipos directivos, al profesorado y a los representantes de los trabajadores. El PSOE, ha subrayado Rodrigo, “no prejuzga el resultado de ningún expediente”.

“Garantías”

Susín ha respondido que las medidas que adopta el Gobierno respecto a “cualquier funcionario” se toman “con las garantías del procedimiento administrativo” y no “en función de las concentraciones que se convoquen”. La consejera ha precisado, además, que del total de expedientes abiertos en Huesca solo han llegado a término cuatro, frente a los diez ya resueltos en la provincia de Zaragoza. “El día que la continuidad de un inspector dependa de la presión que se ejerza sobre ese inspector, habrá dejado de ser independiente y al profesorado nadie podrá asegurarle que se le aplica el mismo criterio con independencia de la capacidad de presión”, ha afirmado.

La titular del Departamento ha insistido en que Educación actúa con “rigor, proporcionalidad, objetividad y respeto, pero también con independencia”, y ha añadido que “si hay persecución y abuso de poder los tribunales lo tendrán que decir y esta consejera actuará”, tras precisar que en tres años no ha oído a “nadie” anunciar que acudirá a los tribunales.

El pulso de este viernes llega tras más de un año de tensión entre parte del profesorado oscense y la Inspección Educativa. La polémica se reavivó el pasado junio, cuando decenas de claustros de colegios e institutos de la provincia se concentraron de espaldas en protesta por la propuesta de sanción a Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal, y denunciaron un clima de “miedo” que, según los docentes, desincentiva las quejas. Aquella movilización no fue la primera: a finales de 2024 ya se denunció un presunto “amedrentamiento” en los centros y las Cortes llegaron a aprobar una PNL instando al cese del jefe de la Inspección, que el Gobierno de Aragón no ejecutó.

A comienzos de agosto, datos facilitados por el propio Departamento al grupo parlamentario de CHA –que prepara su propia iniciativa parlamentaria sobre el asunto– situaban en 48 los expedientes incoados en Huesca desde el curso 2023-2024, por 21 en Zaragoza y 11 en Teruel. El Departamento rechazó entonces las críticas de CHA y acusó a la formación de “desagregar interesadamente por provincias” unos datos que, sostiene, no comprometen la autonomía técnica de los inspectores.

“Bochornoso”, “lamentable” o “ridículo histórico”. La evacuación de los bienes del monasterio de San Juan de la Peña el pasado 13 de agosto, en los momentos más duros del incendio de Riglos, ha llegado a las Cortes de Aragón, donde el PSOE ha criticado la tardanza en actuar y ha pedido “responsabilidades” al Gobierno autonómico. El Ejecutivo ha defendido su respuesta, en la que primó la “anticipación” y el “criterio técnico”.

Ha sido una interpelación del diputado socialista Marcel Iglesias la que ha llevado el debate a la Cámara autonómica. En ella, el parlamentario ha empezado destacando la “importancia” del patrimonio que guardan los muros del monasterio viejo de San Juan de la Peña: “El Panteón Real más importante de Aragón y me atrevo a decir que de España”. A continuación, ha criticado el “episodio bochornoso” vivido esa tarde, con imágenes que recorrieron todo el país con los militares de la UME llevándose en urnas buena parte de los bienes. La actuación denotó, según el representante socialista, una “falta de competencia política del Gobierno de Aragón”, se vivieron “escenas lamentables que han quedado en la retina de todos los aragoneses y todos los españoles”.

“¿Por qué no se bajaron los bienes de San Juan de la Peña hasta el día 13 por la tarde? ¿Por qué se pusieron en riesgo no solo los bienes, sino a los miembros de la UME?”, ha preguntado Marcel Iglesias, quien ha atacado al Ejecutivo por pedir a los militares “una primera intervención” para retirar el patrimonio “sin asesoría y asistencia de los técnicos en el lugar”.

En su respuesta, la vicepresidenta Mar Vaquero, al frente del Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, ha acusado al diputado del PSOE de “total falta de sensibilidad y de conocimiento”. “Gracias a Dios estos incendios estuvieron bajo la gestión de un Gobierno del PP y de Vox. Con uno del PSOE, hoy los bienes no estarían a salvo en el Museo de Huesca”, ha contraatacado Vaquero, que ha continuado: “Nadie relacionado con la devoción o el mantenimiento de San Juan de la Peña tuvo ninguna crítica, pero ustedes, como aves rapaces, intentan aprovechar cualquier circunstancia para sacar rédito político”.

Sobre el operativo, la vicepresidenta lo ha calificado como “un ejemplo de anticipación a dos acontecimientos, de capacidad de coordinación y de sensibilidad”. Vaquero también ha incidido en la “buena coordinación” entre Interior y Medio Ambiente, por un lado, y de Patrimonio con Turismo, por el otro, en ambos casos repartidos entre el PP y Vox.

“Deprisa y corriendo”

La réplica de Iglesias ha comenzado con una alusión a las palabras de la vicepresidenta: “Los bienes de San Juan de la Peña, restos de nuestros primeros reyes no se salvaron gracias a Dios: se salvaron gracias a la UME, a los técnicos de Patrimonio y a la Guardia Civil”, ha apuntado.

Iglesias ha insistido con las fechas para reflejar la supuesta tardanza en el rescate de los bienes. “Desde el día 10 por la tarde ya se decía que el fuego podía ir hacia San Juan de la Peña. ¿Qué hicieron desde hasta el 13, cuando hubo que hacer una operación deprisa y corriendo?”, ha cuestionado, antes de acusar a Vaquero: “Defiende lo indefendible. Los técnicos hicieron un gran trabajo, pero alguien no los mandó cuando había que haberlos mandado. Y esto requiere asumir responsabilidades políticas”.

La “reacción tardía” del Ejecutivo autonómico, ha aludido el parlamentario socialista, provocó “indignación en la gente de los pueblos”, que vieron cómo se tenían que desviar medios a la evacuación de los bienes en vez del incendio, y también “entre los expertos de cultura y de patrimonio”. “El propio jefe de la UME explicó que se hizo una primera actuación en la que se les llamó para que sacaran lo que pudieran, que no conocían el patrimonio e iban recibiendo las órdenes por teléfono entre el humo con las llamas cerca. Sin saber lo que tenían que sacar ni cómo. Los propios militares se tuvieron que retirar porque sus vidas corrían peligro”, ha explicado Iglesias.

“Es evidente que se actuó tarde. Es una responsabilidad política del Gobierno de Aragón que alguien debería asumir. Fue un ridículo histórico”, ha concluido el diputado del PSOE.

Al cerrar la interpelación, la vicepresidenta ha insistido en su argumentación inicial, de que “gracias a Dios” había un gobierno PP-Vox, y ha vuelto a valorar la actuación llevada a cabo. “Un operativo que se coordinó desde el 112, se actuó con anticipación, con criterio técnico. Opinar desde fuera cuando ya ha pasado el riesgo es muy fácil. Fue un ejemplo de anticipación a los acontecimientos”, ha descrito Vaquero.

El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto de real decreto estatal que regulará los centros de datos al considerar que su actual redacción puede comprometer la transformación digital y la competitividad y poner en riesgo las inversiones previstas en la comunidad. La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que existe ya “mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores” ante unas exigencias que, a su juicio, pueden llegar a paralizar tanto proyectos en marcha como nuevas iniciativas.

Valle se ha mostrado partidaria de impulsar el desarrollo sostenible y eficiente de los centros de datos, pero ha considerado que los requisitos contemplados en el borrador “distan mucho de alcanzar el equilibrio deseado”. Aragón es una de las comunidades con mayor volumen de inversiones comprometidas en este sector y el Ejecutivo autonómico teme que el nuevo marco normativo pueda frenar su desarrollo.

La primera alegación cuestiona unas exigencias energéticas que Aragón considera de “casi imposible cumplimiento”. Entre ellas figuran los requisitos establecidos mientras el porcentaje de generación renovable no alcance el 90% en el sistema eléctrico español, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la denominada correlación horaria, que exige garantizar esa producción hora a hora durante las 24 horas del día. Según Valle, estas condiciones no contribuirían a ordenar el sector, como pretende la norma, sino que supondrían en la práctica una barrera de entrada a la actividad. El Gobierno aragonés considera, además, que unas limitaciones de este alcance requerirían una norma con rango de ley.

La segunda alegación sostiene precisamente que el proyecto excede la habilitación legal otorgada al Gobierno de España para desarrollar esta regulación, al introducir mediante un reglamento limitaciones que afectan al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica.

El tercer reparo se refiere a los efectos retroactivos del decreto. Aragón advierte de que las disposiciones transitorias afectarían también a instalaciones que se encuentran ya en tramitación e incluso en fases avanzadas de desarrollo. A juicio del Ejecutivo autonómico, esto supone una alteración sustancial del marco regulatorio, genera inseguridad jurídica y eleva el riesgo de litigios y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones.

Discriminación con otros países

La cuarta alegación apunta a la pérdida de competitividad. Aragón considera que, de aprobarse el decreto en los términos actuales, España tendría un régimen más restrictivo que otros países europeos, con el consiguiente riesgo de que las inversiones terminen desplazándose a otros Estados.

Finalmente, la quinta alegación cuestiona la memoria económica que acompaña al proyecto. El Gobierno aragonés considera que no incorpora una evaluación suficientemente rigurosa de sus consecuencias sobre la economía y la competencia ni analiza adecuadamente sus efectos presupuestarios y territoriales, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

Para Valle, una regulación de este alcance debería incluir un estudio detallado de su impacto sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad.

Ante estas objeciones, el Ejecutivo aragonés reclama una revisión integral del texto para evitar que la nueva regulación se convierta “de facto” en una prohibición de la actividad del sector y garantizar que respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y neutralidad competitiva, además de adaptarse a la realidad energética y tecnológica.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno aragonés son las tres disposiciones transitorias incluidas en el borrador y su posible incidencia sobre inversiones que se encuentran ya en desarrollo.

Las solicitudes desbordan cualquier previsión

El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, justifica la norma partiendo de una paradoja de escala: España se ha convertido en un destino muy atractivo para centros de procesamiento de datos gracias a su ubicación, clima y peso en renovables, pero el volumen de solicitudes desborda cualquier previsión. La Estrategia de IA (2024) calculaba una demanda de unos 4 GW para 2030, y sin embargo ya se han concedido derechos de acceso a la red por más de 12 GW –el triple del objetivo–, con más solicitudes pendientes.

El desajuste se concentra territorialmente: en Aragón hay ya 3,6 GW concedidos, el triple de la demanda eléctrica actual de la comunidad; en Madrid, 4,1 GW, el doble de su consumo. El Ministerio cita como advertencia los casos de Irlanda, Países Bajos y EEUU, donde el crecimiento desordenado de las granjas de servidores ha disparado precios eléctricos (hasta un 70% en EEUU para 2030 en algunas regiones), generado tensiones hídricas y provocado rechazo social y moratorias.

Frente a esto, el Gobierno defiende que, dado el fuerte interés del sector, España puede permitirse ser selectiva y quedarse con “los mejores” centros de datos: mayor beneficio, menor impacto, sin subir la factura eléctrica al resto de consumidores. El decreto exige dos bloques de requisitos a las instalaciones de más de 1 MW: soberanía digital (operador establecido en la UE, datos en territorio comunitario, salvaguardas frente a accesos de terceros países) y sostenibilidad (etiquetado europeo Categoría A en consumo de agua –WUE– y energía –PUE–, más 80% de energía renovable nueva en todas las horas de funcionamiento, ya sea por autoconsumo o PPA a largo plazo, un umbral que caerá cuando el mix nacional supere el 90% renovable).

El cumplimiento se verificará periódicamente por MITECO y Transformación Digital; el incumplimiento del 80% renovable conlleva penalizaciones crecientes en cargos y peajes eléctricos –para no trasladar el sobrecoste a otros consumidores– y, si se repite, la pérdida del acceso a la red. Los proyectos aún no conectados tienen seis meses para acreditar conformidad o renunciar a sus derechos, sin ejecución de garantías.

El Ministerio cierra señalando que la fase de audiencia pública ya concluyó, con más de 600 alegaciones recibidas, muchas de ellas con preocupaciones ambientales y sociales, y presenta la norma como un ejercicio de “liderazgo avanzado” frente a un debate que, dice, aún está abierto a nivel europeo.

Los grupos de la oposición municipal han reclamado este jueves a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cambios en sus políticas de cara al nuevo curso, aunque con prioridades diferentes. PSOE y Zaragoza en Común (ZeC) han coincidido en cuestionar la subida de las tasas municipales y reclamar medidas frente al cambio climático y una mayor atención a los barrios y los servicios públicos, mientras Vox ha condicionado cualquier negociación del presupuesto de 2027 al cumplimiento previo de los acuerdos alcanzados con el PP para las cuentas de este año.

Las portavoces de PSOE y ZeC, Lola Ranera y Elena Tomás, han cuestionado las prioridades del Gobierno municipal y han considerado que el incremento de los recursos durante los últimos años no se ha traducido suficientemente en una mejora de la vida cotidiana de los zaragozanos.

Ranera ha acusado a Chueca de desconocer “la realidad del día a día de los zaragozanos” y ha criticado su “falta de planificación” y su interés por “cortar cintas”, que, a su juicio, han convertido la ciudad “en un queso gruyere” por la acumulación de obras. Tomás ha resumido su diagnóstico en “mucho escaparate y muy poco barrio” y ha cuestionado que los presupuestos históricos y la llegada extraordinaria de fondos europeos hayan repercutido suficientemente en los servicios públicos.

Uno de los principales puntos de coincidencia entre PSOE y ZeC ha sido la política de tasas. Ranera ha reclamado su congelación para el próximo ejercicio ante el aumento del coste de la vida y ha asegurado que desde que Chueca gobierna “el recibo del agua y las basuras se ha encarecido alrededor de un 30 por ciento”.

ZeC también ha cuestionado las subidas de tasas y precios públicos al considerar que no están acompañadas de una mejora equivalente de los servicios. Tomás ha señalado que de los 800.000 euros presupuestados para inversiones relacionadas con el agua en 2026 únicamente se habían ejecutado 91.628 euros hasta agosto, mientras para 2027 se vuelve a establecer una previsión de 1,2 millones. “La ciudadanía ve algo muy sencillo: cada vez paga más, pero no recibe mejores servicios”, ha afirmado.

Ambas formaciones han coincidido también en denunciar deficiencias en los servicios públicos y reclamar más atención a los barrios. El PSOE ha pedido un plan de choque de limpieza y ha recordado que existen 7.473 quejas registradas en los canales municipales. ZeC ha situado igualmente la limpieza y el transporte público entre los ámbitos en los que persisten los problemas pese al incremento de los recursos municipales.

La adaptación al cambio climático constituye el segundo gran punto de encuentro. El PSOE ha reclamado un plan municipal para adaptar los colegios públicos a las temperaturas extremas mediante mejoras en protección solar, ventilación, aislamiento y climatización, además de ampliar el programa ‘Adapta tu Patio’ con más arbolado, zonas de sombra, vegetación y superficies permeables.

ZeC ha planteado medidas similares, aunque extendidas al conjunto de la ciudad, con más arbolado y sombra, renaturalización de patios escolares, una red más amplia de refugios climáticos y una planificación urbana que tenga en cuenta el aumento de las temperaturas.

Transporte gratuito por las obras

Junto a las reivindicaciones compartidas, el PSOE ha planteado como una de sus principales propuestas que el transporte público sea gratuito en las líneas afectadas de forma relevante y prolongada por las numerosas obras que se están ejecutando en Zaragoza.

Ranera ha citado las actuaciones del Coso y San Miguel, avenida de Valencia, el entorno del Portillo y el río Huerva, que están provocando cambios de recorrido y traslados o supresiones temporales de líneas y paradas, con mayores tiempos de viaje y molestias para los usuarios.

La gratuidad afectaría tanto al billete sencillo como a los desplazamientos con tarjeta y contemplaría una compensación proporcional para los abonos ya pagados. “Si unas obras municipales obligan durante meses a miles de vecinos a soportar peores condiciones de movilidad, el Ayuntamiento también debe asumir una parte de ese esfuerzo”, ha defendido Ranera.

Vivienda y los centros de datos

Zaragoza en Común, por su parte, ha situado entre sus prioridades la crisis de la vivienda y ha reclamado que el Ayuntamiento deje de desprenderse de suelo y patrimonio público mientras jóvenes y familias encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda.

Tomás ha defendido que ese patrimonio se destine a incrementar el parque público y favorecer alquileres asequibles. “Vender suelo público es renunciar a una de las principales herramientas que tiene un Ayuntamiento para aumentar el parque público y garantizar alquileres asequibles”, ha advertido.

ZeC también ha reiterado su preocupación por la concentración de centros de datos en Zaragoza y su entorno y ha reclamado analizar su impacto acumulativo sobre el agua, la energía, las temperaturas y el futuro del tejido industrial. “Zaragoza no puede quedar rodeada de centros de datos sin analizar seriamente qué impacto tendrán sobre nuestros recursos y sobre el modelo de ciudad que queremos construir”, ha señalado Tomás.

Vox se hace valer

Vox ha situado, por su parte, la negociación presupuestaria en el centro de su reunión con Chueca. Su portavoz, Eva Torres, ha mostrado su disposición a negociar las cuentas de 2027, pero ha advertido de que antes la alcaldesa deberá cumplir los compromisos alcanzados con su formación para el presupuesto de este año.

“Estamos dispuestos a sentarnos a negociar el Presupuesto del año 2027, ahora bien, previamente la alcaldesa tendrá que cumplir con sus compromisos presupuestarios del año 2026”, ha afirmado Torres, para quien “no cumplir un acuerdo presupuestario es algo muy serio que afecta a la credibilidad de quien incumple”.

Vox ha recordado que facilitó con su apoyo la aprobación de las cuentas municipales y ha situado ahora en el PP la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad. Torres ha criticado además que el Gobierno pueda buscar otros apoyos para aprobar el próximo presupuesto recurriendo, según Vox, a una “concejal tránsfuga” y rompiendo el pacto antitransfuguismo.

Entre los compromisos pendientes, Vox ha vuelto a situar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha propuesto vincular su activación a los niveles reales de contaminación, siguiendo una fórmula similar a la aplicada en Madrid. “Zaragoza no es una ciudad contaminada”, ha defendido Torres.

La portavoz de Vox también ha reclamado, en su condición de consejera de la sociedad de la Nueva Romareda, que se identifique a los inversores privados que participan en la gestión del estadio y se detallen sus porcentajes de participación. “Necesito saber y quiero saber con quién me siento en la mesa del Consejo de Administración”, ha señalado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves en las Cortes de Aragón un gasto extra de 42 millones de euros en medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales en Aragón, con la adquisición de helicópteros, aviones anfibios y autobombas para la extinción del fuego y la contratación de un centenar de personas más para el operativo. Desde la oposición, el PSOE le ha ofrecido un pacto y CHA le ha afeado que no haya hecho alusión al cambio climático.

“En los incendios, como en muchas otras cosas de la vida, el riesgo cero no existe. Pero el Gobierno asumirá el compromiso y la responsabilidad que demandan los aragoneses”, ha afirmado solemne el dirigente popular en una comparecencia a petición propia, a las que se han unido una del PSOE y otra de CHA. Antes, Azcón ha hecho pública una batería de medidas para mejorar la lucha contra el fuego que supera los 40 millones, a los que el jefe del Ejecutivo ha añadido otros 8 millones para resarcir de los daños por las llamas de este verano.

Concretamente, se incorporarán cuatro nuevos helicópteros pesados tipo 'Mike' por 3,5 millones, para un total de siete operativos; dos aviones anfibios 'Firebox' –con un coste de 1,2 millones–, seis autobombas –3,2 millones– y tres máquinas pesadas –500.000 euros–.

En cuanto al refuerzo de medios humanos, ha anunciado la contratación de casi un centenar de trabajadores de profesionales, “un 30% más que los que han intervenido este verano”, y una inversión de cinco millones anuales durante un trienio para ampliar las bases de las brigadas helitransportadas.

Respecto del gasto por los daños ocasionados este verano por los inecencios, Azcón ha dado a conocer una línea de ayudas de 2,1 millones de euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano y otra de tres millones de euros para autónomos y pymes. Asimismo ha mencionado que la Administración regional está invirtiendo tres millones para rehabilitar viviendas, infraestructuras e instalaciones municipales, y también ha recordado que retribuirá a los agricultores que han luchado contra el fuego por el gasóil gastado, algo que en todo caso aún no se ha hecho efectivo.

Además, el Instituto Aragonés del Agua está acometiendo obras por 500.000 euros para mejorar la red de abastecimiento de los municipios afectados por el fuego.

Junto a esto, Azcón ha apuntado que el Gobierno regional destinará 6,5 millones a un plan de impulso al aprovechamiento maderero y las intervenciones selvícolas, de manera que llevará a cabo “la mayor limpieza de los bosques que se ha hecho en la historia de la comunidad autónoma”.

El Gobierno de Aragón ha eliminado de la convocatoria de subvenciones para familias, infancia y adolescencia que se publica este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la línea 4, dotada con 500.000 euros procedentes íntegramente del Pacto de Estado en materia de violencia de género y aportados por el Gobierno de España. La supresión de esta partida –destinada a “fomentar la parentalidad positiva y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, para la prevención de la violencia familiar y de género”– reduce el presupuesto total de la convocatoria hasta los 948.500 euros, frente a los cerca de 1,5 millones del año anterior. La oposición y la Delegación denuncian que la comunidad ha perdido ese medio millón de euros por “motivos ideológicos”.

La medida se enmarca en el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Aragón en abril, que incorpora el criterio de “prioridad nacional” como pauta a aplicar durante toda la legislatura en el reparto de ayudas públicas. El Ejecutivo autonómico, liderado por Jorge Azcón (PP) con Alejandro Nolasco (Vox) como vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, aplicó por primera vez ese criterio en junio a las ayudas para familias en partos y adopciones múltiples, y volvió a hacerlo en julio con las mismas ayudas.

El vicepresidente aragonés compareció este martes junto al director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, para presentar la nueva convocatoria de subvenciones a entidades sociales (un centenar largo en Aragón) en materia de conciliación familiar. “Estas subvenciones traen una novedad con respecto a años anteriores, la introducción de la prioridad nacional. En los criterios de valoración de esta orden se premian en mayor medida aquellos proyectos que prioricen a los nuestros, a los de casa”, afirmó Nolasco.

El criterio otorga 5 puntos adicionales a las entidades que acrediten “un mayor número de familias y personas beneficiarias con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años”. Fuentes de la propia Consejería precisaron que se trata de “un criterio de puntuación, que no excluyente”. Nolasco defendió la medida apelando a que “los recursos de cualquier administración pública son finitos”, por lo que existe “la obligación” de repartirlos de la manera “más justa para todos los aragoneses y españoles”.

El reparto de la convocatoria

La convocatoria, dotada con 948.500 euros, se distribuye en tres líneas. La primera, para servicios de apoyo a la conciliación de familias con hijos menores de 16 años (o hasta 21 en caso de discapacidad o dependencia), cuenta con 498.500 euros: 350.000 de fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. La segunda, para familias a cargo de personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia, suma 150.000 euros, íntegramente autonómicos. La tercera, para actividades de prevención de la “violencia intrafamiliar”, se dota con 300.000 euros.

Según cifras facilitadas por la propia consejería, el año pasado la línea 1 contó con 600.000 euros (450.000 propios más 150.000 del Plan Corresponsables), 101.500 euros más que este año. A esa reducción se suma la desaparición íntegra de la línea 4, de 500.000 euros. La consejería cifra la merma total de la convocatoria en 600.000 euros respecto al ejercicio anterior.

La Delegación del Gobierno en Aragón, dependiente del Ejecutivo central, ha respondido acusando al Ejecutivo autonómico de “abrazar el negacionismo de la violencia machista” y “renunciar” a los 500.000 euros del Pacto de Estado. Según su versión, no se trata de una decisión del Ministerio, “sino de una renuncia consciente y por cuestiones ideológicas del Ejecutivo autonómico”, que habría perdido esos fondos al sustituir en la convocatoria el término “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”.

Críticas del PSOE

Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, la vicepresidenta Mar Vaquero ha salido al paso para matizar el alcance del criterio: la prioridad nacional, ha afirmado, “se tiene en cuenta para tener una mayor puntuación”, explicó, y ha precisado que el criterio “se viene incorporando” ya en “alguna de estas convocatorias”. Sobre la reducción presupuestaria, Vaquero ha hablado de “una minoración” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central, “que recortó fondos”, subrayando que el Ejecutivo aragonés “ha mantenido la aportación a la que se comprometió”. No se ha pronunciado sobre el cambio de terminología señalado por la Delegación del Gobierno.

Desde el PSOE, la diputada Mónica Iglesias ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón por renunciar al medio millón de euros, en línea con lo expresado por la Delegación del Gobierno. La parlamentaria socialista ha recordado que en 2025 existía una línea específica destinada a fomentar la parentalidad positiva, proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir expresamente la violencia familiar y de género. “Estamos ante una renuncia consciente. El dinero estaba disponible. Era dinero para Aragón, para proyectos desarrollados en Aragón y para beneficiar a menores y familias aragonesas”, ha señalado Iglesias, quien considera que el Ejecutivo autonómico “ha decidido prescindir” de ese dinero “por una cuestión estrictamente ideológica”.

“Lo más grave es que ese negacionismo ya no se queda en declaraciones: empieza a tener consecuencias presupuestarias y a costarle dinero a Aragón y a los aragoneses”, ha afirmado la diputada. Iglesias ha indicado que 46 entidades sociales aragonesas se van a ver afectadas por la exclusión de determinados proyectos. Entre ellas ha citado a Fundación Adunare, Fundación DFA, Kairos, Fundación Piquer, Asapme Aragón, entre otras.

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy miércoles por unanimidad el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) para este año 2026, que con 50 millones de euros sigue siendo la principal línea de ayudas que los municipios zaragozanos reciben año tras año y que permitirá que los 292 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo un total de 1.152 actuaciones fundamentales para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos y vecinas.

“En este 2026 el Plan Unificado de Subvenciones cumple 10 años dando vida y bienestar a nuestros pueblos. Lo pusimos en marcha en 2016 y fue una iniciativa totalmente pionera que cambió por completo la relación entre la Diputación de Zaragoza y sus municipios proporcionando a los ayuntamientos más fondos para ejecutar sus proyectos y dotándoles también de mucha más autonomía para decidir a qué destinan el dinero que les corresponde y de una mayor capacidad de planificación”, ha destacado la vicepresidenta, Teresa Ladrero, que además ha subrayado que desde la creación del PLUS “las ayudas de la DPZ se distribuyen con criterios totalmente objetivos y transparentes favoreciendo especialmente a los pueblos pequeños”.

A lo largo de estos diez años, las sucesivas convocatorias del Plan Unificado de Subvenciones han distribuido un total de 500 millones de euros con los que los municipios zaragozanos han podido financiar más de 15.000 inversiones y proyectos de toda índole: desde la renovación de calles o la construcción de nuevos equipamientos culturales, deportivos y de ocio hasta obras mucho menos habituales como helipuertos y pistas de ‘pump track’, pasando también por la construcción y rehabilitación de viviendas para nuevos pobladores, mejoras en los colegios y los consultorios médicos municipales, restauración del patrimonio, festejos populares, conciertos y festivales, exposiciones, recreaciones históricas, iniciativas turísticas... Además, el PLUS permite solicitar fondos para otros fines menos visibles que también son muy importantes para los ayuntamientos, como amortizar deuda o pagar las nóminas de los secretarios, de la Policía Local, de los operarios de limpieza o de cualquier otro empleado municipal.

“El Plan Unificado de Subvenciones no tiene vuelta atrás, al revés, solo puede ir a más. Los alcaldes y las alcaldesas de nuestros pueblos están encantados y por eso de cara al año que viene hemos incrementado un 50% la cuantía del PLUS 2027, que se ha convocado esta misma semana, incrementándola de 50 a 75 millones de euros”, ha recordado Ladrero mostrándose convencida de que el PLUS “cumplirá muchos años más”.

Una de las principales novedades del PLUS 2026 es que se ha elevado de 12.000 a 18.000 euros la ayuda totalmente incondicionada que reciben todos los ayuntamientos y que les permite hacer frente a gastos no previstos (sobre todo en el caso de los pequeños y medianos municipios).

A qué van a destinar el dinero los ayuntamientos

Los ayuntamientos van a destinar el 45% de las subvenciones finalistas del PLUS 2026 (20,1 millones de euros) a mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos y vecinas. Como todos los años, en este capítulo destacan las actuaciones de pavimentación de calles y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, que con casi 9,5 millones de euros suponen más de una quinta parte de todos los fondos.

Dentro de las mejoras de los servicios básicos municipales también destacan las peticiones en materia de seguridad y el orden público (4 millones dedicados, fundamentalmente, a financiar los sueldos y las mejoras en los equipamientos de diferentes policías locales, pero también a la instalación de cámaras de videovigilancia); limpieza viaria (1,8 millones) parques y jardines (1,4 millones); cementerios y servicios funerarios (1 millón); y alumbrado público (773.000 euros).

Siempre según lo solicitado en el PLUS 2026, los consistorios zaragozanos también van a destinar 7,3 millones de euros a la construcción o la mejora de equipamientos deportivos, cifra que marca un nuevo récord y que continúa la línea ascendente de los últimos años (el importe prácticamente se ha duplicado respecto al PLUS 2023 y se dedica sobre todo a la mejora de las piscinas municipales); 3 millones de euros, a instalaciones de tiempo libre (esta partida también se ha duplicado respecto al año pasado); 1,2 millones de euros, al arreglo de caminos; 1 millón de euros, a fiestas populares y festejos; 886.000 euros, a equipamientos culturales y museos; 835.000 euros, a actuaciones de restauración del patrimonio municipal; y 549.000 euros, a la mejora de colegios y escuelas infantiles municipales.

Un termómetro de los intereses y las necesidades

La evolución del tipo de solicitudes realizadas a lo largo de las 10 primeras convocatorias del Plan Unificado de Subvenciones sirve de termómetro para medir los intereses y las necesidades de los municipios en cada momento. “Por ejemplo, en el PLUS 2017 las peticiones para amortizar deuda sumaban casi 2 millones y en el PLUS 2026 no llegan a 500.000 euros, lo que muestra que la salud financiera de nuestros ayuntamientos ha mejorado mucho en esta década”, explica Ladrero.

En el extremo contrario están las solicitudes que hace 10 años eran casi testimoniales y en este tiempo han crecido mucho. “Lo hemos notado en la demanda de construir o rehabilitar viviendas municipales que sirvan para atraer nuevos pobladores, pero también en otras materias como la instalación de cámaras de videovigilancia que mejoren la sensación de seguridad de los vecinos o la construcción y mejora de pistas de pádel, un deporte que sigue haciendo furor”, detalla la vicepresidenta.

Algunos ejemplos

A través del PLUS 2026 Calatayud va a recibir 1,8 millones de euros para financiar proyectos como la reordenación y el acondicionamiento del espacio interior de la plaza San Juan El Viejo o seguir con la adecuación de la antgiua harinera de La Merced; Ejea de los Caballeros ingresará 1,6 millones para ejecutar iniciativas como la renovación de las calles Torre la Reina y Graneros o el acondicinamiento del recinto ferial de Luchán; Tarazona recibirá 1 millón de euros que en su mayor parte destinará a financiar el servicio de limpieza viaria y recogida de papel y cartón; y Caspe va a ingresar también 1 millón de euros con los que la principal inversión va a ser el acondicionamiento de los accesos a la torre Salamanca y zonas verdes.

Siguiendo con los ejemplos, Zuera ha solicitado 144.000 euros para mejorar la accesibilidad de las piscinas municipales; Tauste va a invertir 269.000 euros en la urbanización de la calle Pignatelli; Cariñena ha pedido 302.000 euros para mejorar sus instalaciones deportivas; Fuentes de Ebro va a destinar 285.000 euros a reformar el vaso grande y los accesos a las piscinas; Borja ha solicitado 226.000 euros para pagar el nuevo pabellón multiusos que acaba de inaugurar; y Daroca va a instalar un ascensor en la casa de cultura con una ayuda de 68.000 euros.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha sido el encargado de participar en la comisión extraordinaria de Presidencia convocada por el grupo del PSOE para dar explicaciones sobre el pago de ocho millones de euros al Real Zaragoza desde la sociedad La Nueva Romareda, de capital mayoritario público. Y sus respuestas no han satisfecho a la oposición, que ha arrinconado al edil del PP. Serrano ha llegado a aludir a posibles “actos terroristas” para justificar que no hayan hecho público el contrato de arrendamiento del nuevo estadio.

Los populares solo han contado con un apoyo: el de la concejal Marisa Gaspar, tránsfuga de Vox. El resto de partidos han sido unánimes.

El más vehemente ha sido el socialista Horacio Royo, que ha insistido una y otra vez en reclamar “transparencia” para conocer el mencionado acuerdo entre La Nueva Romareda y el Real Zaragoza SAD. Fue suscrito el pasado 2 de marzo y solo dos días más tarde la sociedad –participada en un 80% por el Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón– transfirió al club ocho millones de euros en concepto de 'naming rights' por el campo de fútbol, pese a que no estará listo hasta el próximo verano como mínimo.

“Ya llevaron a los zaragozanos engañados a las urnas al decirles en 2023 que construirían un estadio a coste cero. No van a volver a llevar a los zaragozanos engañados a las urnas”, ha sentenciado Royo, quien ha pedido saber “por qué se firmaron esos contratos” por un campo “a día de hoy es poco más que un montón de hormigón y de hierro a medio terminar”. “Ahí averiguaremos si se firma en base a algún interés público o con base en las necesidades financieras del socio privado”, ha señalado el edil socialista, antes de recordar que poco después de suscribir este acuerdo se concretó “la tercera venta del paquete mayoritario de acciones del Real Zaragoza” desde que se empezó a hablar del nuevo estadio.

El edil ha cuestionado si el Real Zaragoza SAD está pagando ya “el alquiler por ese contrato de industria del nuevo campo”, dado que ya ha cobrado por el nombre. “Si no (responden), tendremos la sensación de que nos intentan ocultar cosas. Y no sería la primera vez: estuvimos 16 meses en los que el Real Zaragoza no pagó sus aportaciones y no dijeron nada”, ha zanjado.

“Deber de confidencialidad” de Vox

Más complicado ha sido el papel de la portavoz de Vox, Eva Torres, que es miembro del consejo de administración de La Nueva Romareda, por lo que ha aludido a su “deber de confidencialidad” para no revelar detalles del contrato, ni siquiera a sus compañeros de grupo. Sí que ha intervenido como portavoz para recordar que se trata de “un proyecto de casi 170 millones de euros, mayoritariamente públicos”.

“A fecha de hoy, el socio privado puso diez millones de euros y meses más tarde obtuvo ocho millones por el 'naming'”, ha lamentado Torres, que ha dado a conocer la postura de su formación: “Este grupo lo ha dicho públicamente: quiere conocer estos contratos porque no los conoce. Y también quiere una explicación de por qué se entregaron esos ocho millones al Real Zaragoza. Entendemos que, pese a ser una sociedad mercantil, los grupos municipales tenemos derecho a la información”, ha manifestado.

Mientras, desde Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha ido en la misma línea y ha destacado que, “de los 16 millones que ha aportado la sociedad Real Zaragoza a la sociedad La Nueva Romareda, la mitad se los han regalado”. “¿Se puede hablar de confidencialidad cuando hablamos de 150 millones de euros de dinero público?”, ha criticado Domínguez, quien ha afeado a Vox que el PP cuenta con su “complicidad”. “Sabía o debía saber lo que estaba pasando. No entendemos por qué pone su prestigio personal al servicio de estos intereses”, ha atacado a Eva Torres.

La respuesta de Serrano

La respuesta del consejero de Urbanismo ha sido errática. Ya desde el comienzo, al no justificar bien su presencia en una comisión que no es la suya –el consejero de Presidencia es Ángel Lorén–, para responder a cuestiones de una sociedad cuyo consejo de administración abandonó en abril del año pasado, mucho antes de los hechos objeto de debate. Una circunstancia que no ha obstado para que, frente al “deber de confidencialidad” al que ha aludido la portavoz de Vox, Serrano haya dado por hecho que tenía en su poder el contrato de arrendamiento que evitar dar a conocer en su integridad.

Serrano ha leído titulares de prensa para justificar que la información es pública, pese a que el contrato de arrendamiento continúa sin ser revelado. “Si está todo publicado, ¿por qué estamos aquí? Cuando ustedes gobernaban, el Real Zaragoza jugó todos los años gratis en un estadio que era de todos y por el que el Ayuntamiento no percibió ni un euro de ingresos”, ha atacado el consejero de Urbanismo.

El edil solo ha respondido a las preguntas planteadas por la concejal tránsfuga, a quien ha indicado que “por primera vez” el club está pagando “un canon”. Además, Serrano ha dicho que había “informes técnicos” que justificaban los contratos.

Mientras, el momento más surrealista del debate ha llegado cuando, para justificar que no hagan público el contrato de arrendamiento entre La Nueva Sociedad y el Real Zaragoza, el consejero de Urbanismo ha aludido a “aspectos del contrato que son confidenciales”: “En las labores de mantenimiento de las instalaciones del campo hay una serie de informaciones sensibles que, mal utilizada, puede ser objeto de sabotajes o actos terroristas”, ha esgrimido.

Para terminar, ha querido dar por cerrada la polémica con el mencionado contrato, que ya fue solicitado con anterioridad por el PSOE: “Se les contestó ya que, sobre la base de los artículos 15 y 16 del reglamento orgánico, no tenían derecho al acceso a esta información”, una decisión que “no recurrieron”, ha recordado.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha justificado la decisión de dejar de participar en el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en este próximo curso escolarpor una cuestión de “seguridad en las aulas”, ante la imposibilidad de verificar la condición de funcionarios de sus docentes o sus posibles antecedentes penales, además de por tratarse de un compromiso del PP con Vox para la investidura de Jorge Azcón como presidente de la Comunidad.

En una rueda de prensa para explicar las novedades del inicio del curso 2026-2027, Susín ha recordado que los profesores que impartían este programa son del Gobierno de Marruecos y, según el convenio con España, el Ministerio de Educación tienen que presentar a las Comunidades Autónomas todos los documentos que acrediten tanto que esos docentes son funcionarios de Educación del Ministerio de Educación de Marruecos, como que no tienen antecedentes por delitos sexuales, una cuestiones reclamadas al Ejecutivo central el pasado 3 de agosto sin que hayan recibido respuesta hasta el día de hoy.

“La administración educativa no puede permitir tener personal docente de otro gobierno en nuestras instalaciones sin cumplir todos los requisitos que exigimos a nuestros profesores”, ha recalcado la consejera, quien ha añadido que, “con más motivo”, es algo que hay que requerir a los maestros que vienen de otro país.

Este programa, de carácter estatal, se rige bajo el Convenio de Cooperación Cultural entre España y Marruecos, suscrito el 14 de octubre de 1980. Implica a las Comunidades Autónomas a raíz de la transferencia de competencias, si bien la interlocución con el Gobierno del Reino de Marruecos y la supervisión del cumplimiento corresponden al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, han informado desde el Departamento.

Asimismo, la consejera ha indicado que solicitaron también acceso a las programaciones, contenidos y competencias para poder comprobar, de forma fehaciente, su “respeto a los valores democráticos, la tolerancia, la educación intercultural y la inclusión sociocultural del alumnado en el sistema y la sociedad aragonesa y española”.

Dado que no se ha recibido respuesta ante ninguno de estos requerimientos, Aragón se ha retirado del programa al entender que “se carece de las garantías mínimas para su correcto funcionamiento”, ha concluido Susín.

El desarrollo de este programa en Aragón se ha circunscrito a 10 centros en la provincia de Zaragoza, bajo la modalidad A --clases impartidas fuera del horario lectivo general--, con un acumulado de casi 500 alumnos en los últimos tres cursos.

El Gobierno de Aragón ha suprimido el programa de lengua árabe y cultura marroquí a partir de este curso 2026/27 en la decena de centros educativos aragoneses en los que se venía impartiendo. La medida, incluida el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox tras las pasadas elecciones del 8F, supone otra cesión de los populares a la extrema derecha en la comunidad.

Así lo ha confirmado este domingo el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que atribuido la decisión a la misma presencia de su formación en el Ejecutivo aragonés: “Comprobamos que Vox cumple sus promesas electorales”, ha remarcado.

El programa, coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, gestionado a su vez por las comunidades autónomas, se impartía hasta ahora en los centros CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José.

Está dirigido a alumnado marroquí escolarizado en centros de Educación Primaria y Secundaria, así como al alumnado no marroquí que lo desee. Se desarrollaba fuera del horario lectivo.

El vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en la región ha aprovechado la ocasión para lanzar consignas contrarias a la presencia e influencia del Islam: “No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España”, ha enfatizado.

En esa línea, ha recordado que su formación ya pidió la supresión de este programa el 14 de noviembre de 2025 en las Cortes de Aragón, durante la anterior legislatura.

Del mismo modo, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza defendió una moción el 26 de junio de 2025 para “solicitar la suspensión inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros educativos de España y en especial en Zaragoza y otros extremos”, que no logró el apoyo del resto de grupos municipales.