Las agrupaciones parlamentarias de Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida de las Cortes de Aragón han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para recuperar las subvenciones para contratación de personal. El recurso se presenta contra el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, alcanzado con los votos de PP, PSOE y Vox, del 31 de marzo, que determinaba el importe de las ayudas para el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias y los grupos y que reducía drasticamente la financiación de los dos grupos más pequeños.

Con este acuerdo “se vulnera el derecho de nuestras agrupaciones a la participación política que recoge el artículo 23.1 de la Constitución española y también se vulnera por la vía de los hechos, por la vía de no darte los recursos adecuados para cumplir con tus funciones”, ha dicho Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe. Marta Abengochea, portavoz de IU, ha tildado de “agravio” la decisión de la Mesa y Junta de Portavoces, “un ataque al pluralismo político”, reivindicando que los grupos minoritarios tienen el mismo derecho a llevar a cabo su trabajo “con dignidad” y “representar a la ciudadanía aragonesa”, lo que “no puede hacerse aplicando un criterio de proporcionalidad puro en la asignación de recursos”.

Guitarte ha dicho, también, que el Estatuto de Autonomía de Aragón mandata al Parlamento al respecto, estableciendo en el artículo 51.1 que la Mesa y Junta de Portavoces determinarán en cada momento las ayudas necesarias, “que habrán de ser suficientes para el correcto cumplimiento de su función”, poniendo a disposición de las agrupaciones y los grupos los medios personales y materiales “necesarios y adecuados”, incluyendo la aportación para la contratación de personal de apoyo.

De esta forma, “ha de haber un mínimo que no se cumplió en la decisión que tomó la Mesa y Junta de Portavoces porque se aplicó un criterio estricto de proporcionalidad en función del número de diputados”, ha continuado Guitarte, quien ha observado que “para hacer las mismas funciones no es lo mismo que un grupo tenga 20 diputados que tenga uno o dos”.

“Si no había criterios, sí que había un consenso histórico que se ha roto”, ha lamentado Abengochea, haciendo notar que “se ha roto en el momento en que los grupos mayoritarios —PP y PSOE— han perdido diputados y, sin embargo, van a tener más asignación de recursos”, lo que “es deliberado”.

“Los grupos minoritarios necesitan unos recursos mínimos para poder funcionar con dignidad”, para ejercer su labor de impulso y control al Ejecutivo, ha continuado la diputada de IU Aragón. Ha agradecido que, el 31 de marzo, CHA votara en contra del acuerdo de PP, PSOE y Vox.

El portavoz de Teruel Existe ha considerado que “se debe apoyar al que tenga dos o uno, o al que tenga tres o cinco frente al que tenga muchos más diputados”, añadiendo que “limitar la estructura administrativa de apoyo es limitar la capacidad de defender y hacer el trabajo que encomienda el Estatuto a los grupos y agrupaciones”. También ha dicho que “hay un precedente histórico durante todas las legislaturas desde que está en vigor el Estatuto de Autonomía y nunca se ha aplicado ese criterio estricto de proporcionalidad, siempre se ha fijado una cuantía mínima”. Para Guitarte, “la discrecionalidad que parece que se refleja en el reglamento —de las Cortes— no puede significar arbitrariedad”.

En el recurso de amparo, las agrupaciones parlamentarias piden al alto tribunal que se pronuncie sobre si los órganos del Parlamento pueden variar el presupuesto “sin un mínimo de motivación” e impedirles ejercer “con garantía” sus derechos constitucionales de control al Gobierno. Las formaciones han solicitado al TC medidas cautelares para paralizar el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, ya que la Ley del Tribunal Constitucional permite, en su artículo 56.1 la suspensión total o parcial de manera cautelar. De esta manera, han pedido volver a la situación previa.

La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza –CCOO, CSL, OSTA y UGT– ha denunciado este martes que la propuesta económica del Gobierno del PP para los agentes de la futura Unidad Égida de Policía Local, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género en el sistema Viogén, minusvalora la responsabilidad que exige el servicio. Según la propuesta municipal, los policías tendrán que estar disponibles 328 días al año, las 24 horas del día, a cambio de apenas 1,79 euros por día, lo que supone poco más de 42 euros al mes. El equipo de gobierno ha respondido acusando a las centrales de “utilizar un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política”, de “generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación” y de no plantear alternativas.

La negociación de las condiciones laborales y económicas de la Unidad Égida lleva meses enquistada. El pasado 13 de marzo, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó oficialmente la creación de la unidad como parte de la adhesión de Zaragoza al sistema estatal Viogén, con nueve agentes especializados encargados de atender aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad. Tres meses después, la unidad sigue sin estar operativa: no hay calendario para la selección del personal, ni para la formación específica de los agentes, ni para la entrada en funcionamiento del servicio. La siguiente reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos está prevista para este jueves.

Los sindicatos consideran llamativa la diferencia de trato respecto a otras unidades de la Policía Local y otros servicios municipales, cuya valoración económica en la negociación –aseguran– ha sido notablemente superior. A su juicio, esa disparidad pone de manifiesto la escasa importancia real que el equipo de gobierno otorga a una unidad que, sin embargo, presenta públicamente como una apuesta estratégica en la lucha contra la violencia machista. “Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, han señalado las centrales sindicales.

Los representantes advierten asimismo de que unas condiciones tan poco atractivas dificultarán captar a los perfiles más adecuados para el puesto. Aunque reconocen que puede haber profesionales con vocación de servicio y compromiso con esta problemática, asumen que la propuesta económica puede hacer que el destino se perciba como una carga antes que como un reconocimiento.

Plazo de un año

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado en anteriores ocasiones las críticas sindicales y ha recordado que el convenio con el Ministerio del Interior fija un plazo de un año para la implantación en Viogén, plazo que el Ayuntamiento prevé no agotar. Lorén ha subrayado también que, mientras la Unidad Égida no esté operativa, las víctimas de violencia de género de Zaragoza están protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha expresado su apoyo a los profesionales de la Policía Local que asumirán la responsabilidad de proteger y acompañar a las víctimas desde la Unidad Égida, y ha cuestionado al mismo tiempo el compromiso de la alcaldesa. En cuanto a la retribución propuesta, la portavoz del PSOE la califica de “muy grave”: a su juicio, pretender valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de quienes tendrán que atender situaciones de máxima vulnerabilidad y urgencia lanza “un mensaje muy preocupante” sobre la prioridad real que el PP concede a la lucha contra la violencia machista. “No se puede presumir de hacer de esta lucha una prioridad mientras se regatean las condiciones de quienes van a garantizar la seguridad de las mujeres”, ha concluido Ranera.

Por su parte, Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha manifestado su “absoluto rechazo” ante la decisión del Gobierno municipal. “Lo que estamos conociendo es profundamente preocupante. Es insultante valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de los agentes que tendrán que atender y acompañar a víctimas de violencia de género”, ha afirmado Tomás, quien considera que esa cifra “transmite un mensaje equivocado y evidencia una falta de compromiso real con una política pública que debería ser una prioridad absoluta”. La portavoz de ZEC ha reclamado además que la unidad cuente con recursos suficientes, una organización sólida, formación especializada y condiciones que permitan atraer y mantener a profesionales cualificados: “La lucha contra la violencia machista no puede quedarse en anuncios ni en titulares”.

Respuesta del Ayuntamiento

En su respuesta, el Gobierno municipal de Zaragoza ha acusado a las organizaciones sindicales de estar “utilizando un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política y generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación”. Las informaciones lanzadas en los últimos días, asegura, “no se corresponden con la realidad de las conversaciones mantenidas hasta el momento”.

La propuesta económica puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento, ha afirmado el concejal delegado de Policía Local, “no fue arbitraria ni improvisada, sino que ”está fundamentada en criterios objetivos y en la doctrina fijada por una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la Policía en Gran Canaria“. Frente a esto, los sindicatos ”no han presentado ninguna propuesta técnica o económica que justifique una alternativa a la planteada por el Gobierno municipal“, ha añadido.

El equipo de gobierno del PP ha manifestado oponerse a la pretensión sindical de que los integrantes de la futura Unidad Égida sean designados “mediante un sistema de libre designación”. Se trata, han indicado, de “una línea roja” puesto que “corresponde a la Administración determinar los procedimientos de selección y organización de sus efectivos”. “La única referencia económica que han puesto sobre la mesa ha sido equiparar el complemento de esta unidad al que perciben los agentes de la UAPO”, ha precisado Lorén, para quien esta comparación “carece de fundamento, puesto que las funciones, responsabilidades, competencias y carga de trabajo de ambos servicios son completamente diferentes”.

Lorén también ha cargado contra el PSOE y Zaragoza en Común, cuya posición es desde su punto de vista “cínica e hipócrita” ya que “durante años no impulsaron ninguna medida para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista”.

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 148,68 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de más de 581 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Zaragoza.

El Gobierno ha dado luz verde a seis expedientes de contratación, divididos en 29 lotes. Cuatro de ellos se corresponden con actuaciones en carreteras estatales en la provincia de Zaragoza, en Aragón. Se ha autorizado un lote que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la AP-68, entre los kilómetros 237 y 295 y su enlace con la A-2.

Otro lote se refiere a la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia, incluyendo 124,49 kilómetros de la A-2, entre los kilómetros 180 y 294; así como distintas vías de servicio de la misma, en el punto kilométrico 65 de la N-234, entre los kilómetros 236 y 304, en 39 kilómetros de la N-2, entre los puntos kilométricos 203 y 252, la N-2A entre los km 223 y 227, y 4 kilómetros en la N-2R, entre el 204 y 227.

El tercer lote tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-2, entre los kilómetros 299 y 339; la A-68, entre los kilómetros 207 y 234; la N-2 entre los kilómetros 326 y 340; la N-232, entre los kilómetros 186 y 207; 5 kilómetros en la N-232-A, entre el 208 y 219; la Z-40, entre los puntos kilométricos 13 y 34; además de distintas vías de servicio y enlaces de estas carreteras.

El último lote de estas licitaciones es para la conservación del sector 4 de carreteras, correspondiéndose con la AP-2 entre los kilómetros 18 y 120. También para la rehabilitación del firme en la autopista AP-2, entre los puntos kilométricos 46,615 y 52,795.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, fue una de las miles de asistentes al cierre de la histórica residencia de Bad Bunny en Madrid. La regidora asistió este lunes al último de los diez conciertos que el artista puertorriqueño ha ofrecido en el estadio Riyadh Air Metropolitano, según muestran las imágenes captadas por Europa Press.

Chueca siguió el espectáculo desde la grada Los Vecinos, una de las ubicaciones más cotizadas del recinto y considerada por la organización como una de las mejores zonas para disfrutar del concierto. Las entradas para ese sector tenían un precio de partida de 203,30 euros, al que había que sumar cerca de 27 euros en gastos de gestión, superando los 230 euros por localidad.

Preguntado por este periódico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha señalado que la asistencia de Chueca al concierto se produjo en el ámbito privado y que no se trató de un acto institucional.

Las imágenes muestran a la alcaldesa acompañada de varias personas de su entorno durante una actuación que se prolongó durante cerca de tres horas y en la que Bad Bunny repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera. La última noche de la residencia contó además con la participación sorpresa del cantante canario Quevedo. El artista puertorriqueño cerró este lunes una residencia de diez conciertos en Madrid tras haber pasado también por Barcelona. La gira, una de las más exitosas del año, ha estado marcada por la enorme demanda de entradas, los elevados precios de algunas localidades y la presencia de numerosos rostros conocidos entre el público.

Más de un año después de aprobar las nuevas denominaciones para sustituir tres calles con nombres franquistas, el Ayuntamiento de Huesca sigue sin haber cambiado físicamente las placas del callejero. La situación ha llevado a las asociaciones memorialistas que impulsaron el procedimiento judicial a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia que ordenó retirar esos nombres, una petición que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca ha admitido a trámite. El Consistorio asegura que se van a cambiar “proximamente”, antes del 13 de julio.

El pasado 12 de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca admitió la solicitud de ejecución presentada por las asociaciones memorialistas que impulsaron el procedimiento. En la diligencia, la letrada de la Administración de Justicia concede al Ayuntamiento un plazo de 20 días para informar sobre el grado de cumplimiento de la sentencia. Según recogen los demandantes, las placas de las Calles José María Lacasa, Mariano Ponz y Mateo Estaún “siguen sin haber sido cambiadas y por tanto, materialmente, no se ha dado cumplimiento a la sentencia”.

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y varios particulares recurrieron la decisión municipal de mantener esos nombres en el callejero pese a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En marzo de 2022, el juzgado les dio parcialmente la razón y condenó al Ayuntamiento a retirar del callejero las denominaciones de Mateo Estaún, José María Lacasa y Mariano Ponz, además de eliminar una placa franquista situada en el patio consistorial. La resolución consideró que mantener esos nombres vulneraba la normativa autonómica de memoria democrática.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en junio de 2023 confirmó íntegramente el fallo. Posteriormente intentó llevar el caso a casación, pero el recurso fue inadmitido, por lo que la sentencia quedó firme y debía ejecutarse. La ejecución, sin embargo, se ha quedado a medio camino. Según exponen las asociaciones en el escrito presentado ante el juzgado, el Consistorio sí retiró en 2022 la placa franquista del patio municipal, sustituyéndola por una identificación del Museo de Huesca, por lo que esa parte de la resolución quedó cumplida.

El problema está en las calles. Tras años defendiendo el mantenimiento de las denominaciones, el Ayuntamiento acabó aprobando en pleno el 28 de mayo de 2025 los nombres que debían reemplazarlas. Así, José María Lacasa pasaría a denominarse Orfeón Oscense; Mariano Ponz, Embalse de Vadiello; y Mateo Estaún, Cámara de Comercio.

Sin embargo, las asociaciones denuncian que, pese a haberse adoptado ese acuerdo hace más de un año, el cambio no se ha materializado. Las placas continúan sin sustituirse y las tres calles siguen identificadas con los nombres que los tribunales ordenaron retirar. Por ello consideran que existe un incumplimiento “material” de la sentencia, aunque formalmente ya se haya aprobado la nueva denominación.

En su escrito, recuerdan además que han transcurrido sobradamente los plazos previstos por la legislación para ejecutar resoluciones judiciales y solicitan que se obligue al Ayuntamiento a completar el proceso. Incluso reclaman que se fije un plazo máximo de un mes para retirar definitivamente las placas. La decisión ahora está de nuevo en manos del juzgado. El Ayuntamiento deberá explicar qué actuaciones ha realizado y justificar por qué, más de un año después de aprobar los nuevos nombres y cuatro años después del inicio del litigio, las referencias franquistas continúan visibles en las calles de Huesca. Fuentes del Consistorio aseguran que se van a cambiar antes del 13 de julio y no especifican el motivo de la demora.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes, de manera inicial, la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que propiciará una recalificación a la carta en el antiguo convento de Jerusalén, junto a La Romareda. Un pelotazo urbanístico que permitirá al propietario, el inversor aragonés Bancalé, levantar hasta 220 viviendas libres de lujo, 70 de ellas de alquiler, más un nuevo vial público con aparcamientos, una residencia sanitaria y otra asistencial para personas mayores. El expediente ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y el rechazo de PSOE y ZeC.

Según ha detallado el consejero municipal del área, Víctor Serrano, se “va a generar un viario que acaba con la calle de fondo de saco” al ser una actuación que “no solo mejora la movilidad para los vecinos, sino que también incrementará la dotación de aparcamientos”. Además, acogerá un importante desarrollo residencial porque se generan hasta 220 viviendas, de las que 70 serán de alquiler y se edificará una residencia para personas mayores y otra residencia para personal sociosanitario, una decisión “estratégica que ha justificado por la idoneidad de la ubicación, dado el enclave frente al Hospital Universitario Miguel Servet”.

Respecto a los siguientes pasos administrativos, el responsable de Urbanismo ha indicado que se inicia una tramitación que llevará a la publicación del proyecto para someterlo a un mes de información pública. Según sus previsiones, en torno al mes de septiembre u octubre podrá volver a la Comisión de Urbanismo la aprobación definitiva de esta modificación.

Por último, Víctor Serrano ha recalcado el “fuerte” impacto económico que esta operación urbanística tendrá para las arcas municipales, ya que supondrá “un ingreso de 22 millones de euros para el Ayuntamiento”. Unos fondos que, según ha garantizado, se destinarán “íntegramente a políticas de vivienda y para poder seguir impulsando programas en materia de rehabilitación o en materia de construcción”. Como muestra de este compromiso ha recordado el anuncio realizado el pasado viernes, destacando los “más de 8 millones, cifra absolutamente récord, destinada a la rehabilitación de vivienda”.

Desde el PSOE, la concejal Ros Cihuelo ha cuestionado que el interés general alegado por el Gobierno del PP quede suficientemente acreditado. La edil socialista ha recordado que el propio consejero de Urbanismo reconoció que “no están garantizados los 100 millones de inversión, que no están garantizados los 22 millones de los que ha hablado de retorno y que no está garantizado en ningún caso el número de viviendas”. “Lo que sí que está garantizado es que son de lujo y exclusivas”, ha proseguido Cihuelo, quien ha rechazado que este tipo de promociones puedan justificarse apelando a las necesidades de jóvenes, familias o profesionales sanitarios: “Si la memoria hace expresa invocación de los jóvenes que se quieren independizar, de las familias que no pueden comprar una vivienda y de los profesionales sanitarios que están en formación, no podemos hablar de que un proyecto que es de lujo exclusivo y de acceso para muy pocos responda al interés general”, ha considerado.

El proyecto

La modificación nace de la propuesta de la mercantil Enta Properties bajo la denominación 'Proyecto Living Romareda', y que propone “modificar parcialmente” la calificación de los terrenos, asignándole una zonificación que amplíe su condición actual de equipamiento de usos terciarios y de residencial para posibilitar el desarrollo de un complejo que incluirá vivienda destinada a la venta y al alquiler, una residencia para la tercera edad y otra sanitaria.

Este espacio, que en la actualidad es un solar en desuso tras el traslado de la congregación y el derribo del convento tras una sentencia judicial, se transformaría en un eje de servicios y vivienda. “Lejos de ser un mero desarrollo inmobiliario, la modificación planteada se erige como una operación de extraordinario beneficio para el patrimonio de todos los zaragozanos. El promotor asume la totalidad de los deberes y cesiones urbanísticas derivadas del nuevo aprovechamiento, materializadas en una compensación económica al Ayuntamiento de 22.030.569 euros”, ha resumido.

Serrano ha indicado que, tal y como consideran los funcionarios técnicos municipales de Planeamiento y Rehabilitación, esta cifra supone una inyección de capital determinante. “Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica. No solo se revitaliza una parcela obsoleta, sino que el Ayuntamiento capitaliza un retorno económico superior a los 22 millones de euros que, por imperativo legal, se deberá reinvertir íntegramente en mejorar equipamientos públicos, zonas verdes, infraestructuras y patrimonio municipal. Es una oportunidad excepcional de financiación para mejorar los barrios de Zaragoza”, ha subrayado.

A lo que no ha aludido Serrano es a las dudas que generan las cifras propuestas por Enta Properties al mismo Servicio de Planeamiento y Rehabilitación, tal y como constataron en un informe en enero. Entre ellas, la edificabilidad terciaria propuesta, de 15.595 m²: “Le corresponde un índice de edificabilidad de 1,5 m²t/m²s, por lo que la superficie edificable de la parcela es de 12.241,50 m²”, advertían entonces los técnicos. Además, tampoco ha acotado la justificación de los 22 millones de euros que propone el propietario, tal y como planteaba el mismo documento.

Viviendas

El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de techo (m2t) de uso residencial, lo que supondrá levantar hasta un máximo de 220 nuevas viviendas de lujo. Para asegurar un “impacto social directo”, la propuesta compromete que el 35% de este volumen, 70 viviendas, serán exclusivamente al alquiler de larga duración. El Proyecto Living Romareda reserva los mencionados 15.595 m2t –casi el 40% de la edificabilidad total– a nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie se destinará a crear un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad cuya ubicación es inmejorable dada su accesibilidad y su vecindad con los principales hospitales de la comunidad autónoma. La otra parte restante acogerá usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados, es decir una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados.

La propuesta contempla el retranqueo de las alineaciones y la ampliación del espacio público en el acceso por la calle de Jerusalén. Y además se creará un nuevo vial que conecte el paseo de Isabel la Católica con la calle de Don Álvaro de Bazán, que en la actualidad termina en fondo de saco. Esto supondrá un desahogo peatonal vital para la zona, esponjando el tránsito, mejorando la seguridad y creando una transición natural y amable frente al nuevo estadio Ibercaja Romareda.

El expediente, que ha comenzado con la solicitud de un pronunciamiento previo y discrecional por parte del Consejo de Gerencia de Urbanismo, ha superado la fase de aprobación inicial y se llevará a pleno antes de iniciar periodo de información pública y alegaciones no inferior a un mes –publicado en el BOPZ– y, finalmente, la validación definitiva.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el sector público local aragonés respecto del ejercicio de 2023 ha reflejado la falta de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza en un ámbito relevante: el gasto que escapa a los órganos de control municipales. Así, pese a que los acuerdos sin fiscalización previa trasladados por el Gobierno municipal suponían un montante de 16,5 millones de euros, en realidad fueron mucho mayores, ya que alcanzaron los 90,1 millones, tal y como constató Intervención.

Esto es así porque la información fue incompleta: solo se comunicaron a la Cámara de Cuentas los acuerdos del pleno, pero no del propio Gobierno municipal, que supusieron cuatro de cada cinco euros en este ámbito. Dicho de otro modo, hubo casi 74 millones de euros en acuerdos con omisión de fiscalización previa aprobados por la junta de gobierno local en el ejercicio de 2023 que no fueron trasladados a la Cámara a través de la plataforma de rendición.

¿Qué supone esta falta de fiscalización previa? Que los expedientes de gasto llegan al órgano de gobierno sin que el interventor haya podido pronunciarse sobre su legalidad. A diferencia del acuerdo contrario a reparo –en el que el interventor se manifiesta en contra pero el órgano político sigue adelante–, la omisión elimina directamente el trámite de control.

Este no es sin embargo el único punto que protagoniza el Gobierno del PP en Zaragoza, que está al frente del Ayuntamiento desde 2019, entonces con Jorge Azcón. La Cámara de Cuentas también destaca el elevado endeudamiento municipal, lo que a su vez conlleva un importante gasto anual para financiar este pasivo.

Endeudamiento

Así, el endeudamiento por zaragozano asciende a 1.016 euros, el más alto de todas las entidades locales y muy por encima de la media: en los ayuntamientos de 10.000 a 100.000 habitantes es de 414 euros, y el de los que tienen entre 5.000 y 10.000 vecinos, de 421 euros. Como consecuencia de ello, las arcas municipales deben asumir anualmente gastos financieros de casi 58 millones de euros.

Y, al mismo tiempo, el fondo de maniobra es negativo en 55 millones de euros –también el mayor, muy destacado– debido a las “elevadas cifras de la deuda que vence a corto plazo”, según la Cámara de Cuentas. La ratio de liquidez –la correlación entre el activo corriente y el pasivo corriente– fue de 0,77, el único valor inferior a 1 entre todos los tramos de ayuntamientos y muy lejos de la media, de 2,16.

Lo que ayudó al Ayuntamiento de Zaragoza a amortiguar esta presión financiera fue el elevado volumen de ingresos: 914 millones de euros, con un nivel de ejecución –del 94%– muy superior a la media. La recaudación municipal se incrementó en 37,3 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso interpuesto por Aragón contra el Gobierno central con motivo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar una acogida digna de los niños y adolescentes no acompañados que llegan a España. En concreto, se trata de la impugnación presentada por el Ejecutivo de Jorge Azcón ante el supuesto silencio del Consejo de Ministros en torno a los criterios de aplicación del sistema de distribución por parte de las comunidades autónomas.

La sala concluye que el Ejecutivo autonómico dirigió su apelación “contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa”, y por ello acuerda la inadmisión del procedimiento.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han subrayado que las pautas han sido públicas desde el principio puesto que así figuran en el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes decretos de desarrollo. Del mismo modo, estos criterios –sostienen– fueron debatidos en las distintas conferencias sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna región propusiese en ellas otras reglas alternativas.

Fuentes ministeriales recuerdan que con este son ya al menos cinco los “varapalos judiciales” que recibe el Gobierno aragonés desde la aprobación del Real Decreto-ley para la acogida solidaria y vinculante de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. A ello, añaden, se suman las resoluciones desfavorables que en esta misma línea también se han producido respecto a las acciones legales similares emprendidas por otras administraciones como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana.

La ministra Sira Rego ha vuelto a defender “un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria”. “Esto se ha traducido en una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de comunidades autónomas del Estado”, manifiesta. Según Rego, “el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan. Nosotros reforzamos derechos donde otros pactan racismo. Y esto no se negocia”.

La administración autonómica, que desde el inicio se ha opuesto al reparto obligatorio aprobado en la última modificación de la norma de extranjería, puso en marcha ya en la pasada legislatura una estrategia de judicialización de todo el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó primero las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de distribución y luego la propia impugnación. Y la Audiencia Nacional desestimó las demandas planteadas frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Por otra parte, existen también cuatro sentencias, dictadas por un órgano de instancia de Ceuta, que anulan el traslado a la Comunidad de otros tantos jóvenes extranjeros no acompañados. Los fallos no son firmes y responden a las impugnaciones presentadas por el Gobierno de Aragón contra el desplazamiento de estos chicos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha admitido este jueves que resulta “muy difícil” que el Bachillerato concertado pueda implantarse el próximo mes de septiembre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendiera la orden de concertación aprobada por el Ejecutivo autonómico. El fallo judicial da la razón a los colectivos de la escuela pública al considerar que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones pero Azcón lo ha justificado precisamente “para que pudiera implementarse en septiembre”.

Aunque ha insistido en que será el Departamento de Educación quien estudie las posibles alternativas junto a los representantes de la enseñanza concertada, el presidente aragonés ha reconocido las dificultades para que la medida llegue a tiempo para el inicio del próximo curso.

La consejera de Educación mantiene de hecho este viernes una reunión con representantes de la educación concertada para analizar los distintos escenarios abiertos tras la resolución judicial.

Pese al revés sufrido en los tribunales, Azcón ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha explicado que la decisión de aprobar la orden cuando el Gobierno estaba en funciones respondió exclusivamente a una cuestión de plazos.

“Si no hubiera sido en funciones, hubiera sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento”, ha afirmado. Según ha explicado, el objetivo era que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse de la concertación del Bachillerato a partir del curso 2026-2027.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de Aragón respetará la decisión de la Justicia, aunque ha reiterado su compromiso con la ampliación de la oferta educativa concertada. “Lo importante es que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de seguir ampliando derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada”, ha afirmado.

Azcón ha recordado además que la concertación del Bachillerato formaba parte de los compromisos adquiridos por el Partido Popular tanto durante la campaña electoral como en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá trabajando en esa dirección. “No renunciamos a esa apuesta por la educación pública, pero también por la educación concertada”, ha concluido.

“Quien debería dimitir es Azcón”

Mientras, en las Cortes de Aragón, la consejera de Educación ha adoptado la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque. En una respuesta al diputado socialista Jorge Pastor, y pese la contundente sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha indicado al PSOE que “en pocos meses tendrán que explicar por qué 55.000 familias no van a tener el derecho a elegir en qué colegio quieren terminar sus hijos sus estudios”.

Pastor ha preguntado a la consejera si va a dimitir y ha recordado que “han hecho una bandera tan grande de la privatización del Bachillerato y los conciertos que quien debería dimitir es Azcón”. Le ha pedido que “desistan” de concertar el Bachillerato porque “no se necesitan más plazas y en el futuro se van a necesitar menos”.

El diputado socialista también ha cuestionado por qué el Gobierno de Azcón no concertó el Bachillerato antes de entrar en funciones y si Vox presionó al PP, y le ha solicitado que explique qué va a hacer con el Colegio Catalina de Aragón, que cierra dos aulas, el Gil Tarín, el Hermanos Marx, y ha mostrado su preocupación por los centros rurales agrupados. “Detrás de cada cierre hay un niño, una familia, unos profesores, un municipio que quieren una explicación”, ha zanjado.

“No tienen ni idea de quién va a un colegio concertado”, ha acusado por su parte la consejera Susiín, que ha apuntado que muchas familias de la concertada votan a los socialistas. La titular de Educación también ha hablado sobre el proceso de escolarización, que finalizó el 29 de mayo, y en el que el 97,46% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en su primera opción, lo que “acredita” el éxito del espacio único de escolarización. Solo se han cerrado siete vías, por 23 en el último año de gobierno del PSOE, ha añadido.

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento Zaragoza, Chema Giral, ha propuesto a la alcaldesa, Natalia chueca, un plan de mejora “urgente” en movilidad que debería contar con bonificaciones económicas a los usuarios de las líneas de autobús afectadas por las obras en las vías urbanas, con la finalidad de intentar paliar los “perjuicios” que sufren los vecinos. Estas ayudas se aplicarían a través de distintas tarjetas de transporte como la tarjeta bus, la tarjeta LAZO y Tarjeta Ciudadana, entre otras.

Asimismo, este plan de mejora urgente de la movilidad tendría que establecer una campaña de información “mucho más intensa de lo que hay hasta ahora” para que los usuarios sepan qué líneas de autobús están afectadas, cuáles son sus recorridos y sus frecuencias.

También, con la llegada del verano y la consiguiente disminución de las frecuencias de los autobuses en estos meses, Giral ha sugerido que en las líneas desviadas no se produzcan dicha reducción de frecuencias, porque “entonces perjudicarán todavía más a los usuarios y se agravarían los problemas ya existentes de estas líneas”, ha razonado.

Ha trasladado esta propuesta por la “caótica situación de la movilidad con atascos constantes y más de 17 líneas desviadas y otras 11 que se verán afectadas en el entorno de El Portillo desde el lunes por la mala planificación en la reforma de calles y avenidas que ha dejado para final de mandato”.

En rueda de prensa, Giral ha otorgado un “rotundo suspenso” a Chueca en movilidad porque a esta situación de “atascos y caos circulatorio” se suma lo que Natalia Chueca lleva haciendo durante estos tres años en materia de transporte público, que es “absolutamente nada”.

Contrato del bus sin adjudicar

Al respecto, ha argumentado que la Chueca en la campaña de las elecciones municipales de 2023 prometió un nuevo contrato de autobús para mejorar y reorganizar las líneas existentes y sobre todo sus frecuencias, pero a menos de diez meses de la próxima convocatoria electoral “todavía no se ha adjudicado el nuevo contrato” que supone seguir sufriendo las “malas” frecuencias de los autobuses, en especial los fines de semana.

En cuanto al tranvía, que ha calificado como el “mejor transporte público” de Zaragoza al ser el único de alta capacidad y el mejor valorado por todos los ciudadanos, “tampoco ha hecho nada” sobre la ampliación de la línea norte sur. Ante el incremento poblacional en los distritos del sur, como Arcosur, Valdespartera y Rosales del Canal “no ha movido un solo papel técnico para empezar a realizar un proyecto de extensión de esa línea”, ha criticado. “Hasta el Gobierno de Aragón, de su colega Jorge Azcón, le ha ofrecido financiar dicha extensión y ella no ha hecho absolutamente nada”, ha apostillado.

Sobre la segunda línea del tranvía, que reclama el PSOE desde hace tiempo, ha lamentado que Chueca “siempre” se ha manifestado con un “rotundo no a la posibilidad de esta segunda línea del tranvía, que a todas luces sería beneficioso para unir los barrios del este con los barrios del oeste”. En tono irónico ha comentado que Chueca “no ha sido siempre tan rotunda en el no a la línea 2 del tranvía”, porque en la campaña electoral autonómica de febrero “tuvo un arranque de sensatez, un lapsus y dijo que se habría a valorar esa posibilidad”, pero ese lapsus le duró lo mismo que la campaña electoral, porque “después se siguió negando”. A su parecer, lo que sí ha hecho Chueca en el tranvía es “inundar los vagones de publicidad de forma que no se ve absolutamente nada y se dificulta la accesibilidad a los vagones”.

Subida del billete

A todas esta “mala gestión” se suma que Chueca es la “única alcaldesa de la historia de este ayuntamiento que todos y cada uno de los años ha subido el precio del transporte público del autobús y del tranvía”.

Esta subida no solo atañe a los usuarios del transporte público, sino también a los ciudadanos que utilizan el vehículo privado y que “en horas punta tienen unos atascos tremendos, en especial en varias zonas de la ciudad”, entre las que ha citado paseo de Echegaray y Caballero, la calle Asalto, paseo de la Constitución o la zona de El Portillo, la calle Anselmo Clavé, la avenida Valencia o la zona de Pedro Cerbuna.

Antes de concluir ha reiterado que los usuarios del transporte público son los “principales afectados”, porque se están encontrando que han “empeorado” sus frecuencias de paso; los recorridos de estos autobús, al ser desviados, son mucho más largos; que no hay información suficiente para conocer estos desvíos; y también están obligados, en ocasiones, a realizar ahora transbordos que antes no tenían por qué realizar“, ha detallado.

El insoportable calor en las aulas en los últimos días de mayo, cuando la ola de calor elevó las temperaturas hasta 27 grados pese a no haber siquiera llegado a junio, no ha sido óbice para que una diputada de Vox, la expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández, se haya mofado de las protestas de la oposición, pero también de los alumnos, de los padres y madres y de los docentes. “Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha manifestado la representante de la extrema derecha en un alegato en el que además ha vuelto a poner en duda el cambio climático.

Ha sido durante una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP para solicitar al Gobierno central que cumpla con un compromiso de 2022, anunciado precisamente por la entonces ministra de Educación Pilar Alegría, para invertir 200 millones en la climatización de los centros escolares de toda España. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los populares y de Vox y, en su explicación de voto, Marta Fernández se ha mofado de las críticas por las altas temperaturas.

“Quería bajar el balón al suelo. No sé si soy la única de este Hemiciclo que en su infancia ha cogido la bicicleta y se ha ido por caminos a 40 grados. Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha proclamado la diputada, quien también ha relativizado el calor registrado: “Esta semana estamos a punto de acabar el cole y precisamente calor no ha hecho. Ustedes [en referencia a la diputada de CHA Isabel Lasobras] ha dicho que en el Gobierno climatizaron algunos colegios, pero el calor yo creo que no viene del año 2015, es algo que ocurre todos los veranos, con más intensidad unos que otros. Y esta semana hemos pasado frío”, ha insistido, en un discurso negacionista habitual en Vox.

La intervención posterior ha sido del diputado socialista Fernando Sabés, que ha puesto el acento en esta cuestión: “Escucho a una diputada que apoya a este gobierno negar el cambio climático”, se ha sorprendido. “Que no se lo cree nadie”, le ha replicado Fernández, según ha repetido el propio Sabés. “Suerte que los micros solo recogen lo que quien está interviniendo dice”, ha repuesto el representante socialista.

“Dejación de funciones”

Antes, la diputada del PP Silvia Casas ha aprovechado para cargar contra Alegría por la promesa de la que las comunidades autónomas siguen “sin tener noticia”. “Los centros docentes no necesitan improvisación”, ha aseverado Casas. Sabés le ha afeado que los populares “solo” miren “al Gobierno de España” y que persistan en “su dejación de funciones”, apuntando que en tres años lo único que han hecho es enviar un cuestionario a los centros educativos “para saber si hace frío o calor”.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha anunciado su voto en contra “por dignidad parlamentaria y coherencia política” porque la PNL es “una cortina de humo diseñada para confrontar con el Gobierno de España utilizando la salud como munición electoral”. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha valorado que se trata de un programa “grave” y ha considerado que la respuesta del Gobierno de Aragón “es claramente insuficiente”.

Finalmente, la diputada de IU Marta Abengochea ha preguntado al Ejecutivo autonómico “qué han hecho hasta ahora”, apuntando que el Departamento de Educación solo ha climatizado 40 aulas con fondos europeos. “Cero gobernar para el Gobierno aragonés y hacer oposición al Gobierno estatal”, ha sentenciado Abengochea.

El Gobierno de Jorge Azcón ha aprobado un decreto ley para llevar a cabo una modificación de crédito de 619 millones de euros destinada a cubrir necesidades adicionales de financiación de los servicios públicos esenciales, ante la prórroga de los Presupuestos de Aragón de 2024. El texto, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, deberá ser convalidado por las Cortes de Aragón e incorpora también medidas urgentes relacionadas con determinadas subvenciones de interés público.

Entre ellas figura la ejecución del acuerdo de gobernabilidad suscrito por PP y Vox, que contempla una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a los agentes sociales —sindicatos y organizaciones empresariales— y a los sindicatos agrarios por su participación institucional. No obstante, la aplicación será progresiva: en 2026 la reducción será del 15%, mientras que el recorte a la mitad entrará en vigor en 2027.

Actualmente, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO reciben una aportación conjunta de 1,3 millones de euros anuales —325.000 euros cada organización— por este concepto. Con la entrada en vigor de la medida, esa cuantía quedará reducida a la mitad a partir del próximo ejercicio completo. Es decir, cada entidad perderá 48.750 euros en este primer recorte, mientras que el próximo año recibirán 162.500 euros menos.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha justificado la decisión por la necesidad de actuar “con coherencia con los acuerdos firmados” con su socio de gobierno. No obstante, ha minimizado la medida al considerar que el ajuste afecta exclusivamente a las partidas vinculadas a la participación institucional, alegando que el Ejecutivo “garantiza el apoyo al conjunto de la actividad de los agentes sociales y sindicatos agrarios”.

El pacto entre PP y Vox establece que «se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, en el sentido recogido en el artículo 13 de la Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón». Asimismo, prevé la reducción de ayudas a entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, con el objetivo de que los recursos públicos se destinen “exclusivamente al servicio de las necesidades de los aragoneses”.

La medida, se suma a otra reciente anunciada por el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, relativa a la no renovación del convenio que financiaba la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa que durante años ha impulsado actividades de formación, investigación y sensibilización vinculadas a la cooperación internacional.

Necesidades presupuestarias

El Decreto Ley contempla el refuerzo de efectivos para garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial. Junto a las necesidades para cubrir el gasto de personal (394 millones de euros), el suplemento incorpora créditos destinados a garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales. Una parte muy significativa de los recursos se destina al funcionamiento ordinario del sistema sanitario público, con 169 millones de euros, con el fin de asegurar el mantenimiento de la actividad asistencial y la cobertura de las necesidades derivadas de la prestación sanitaria.

Asimismo, se habilitan créditos de 33 millones de euros para atender los gastos de funcionamiento de los centros residenciales (12 millones) y otros servicios gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, reforzando la red pública de servicios sociales, así como para financiar la universidad pública, el operativo de prevención y extinción de incendios forestales y la reposición de los recursos utilizados con cargo al Fondo de Contingencia (10 millones).

La modificación presupuestaria contempla destinar 36 millones de euros al pago de subvenciones nominativas, cuya autorización debe realizarse mediante decreto ley cuando las cuentas autonómicas se encuentran prorrogadas, como sucede actualmente en Aragón.

 Frente a las necesidades de crédito por valor de 619 millones de euros, la evolución prevista de los ingresos permite, según ha explicado la portovoz, a aflorar recursos adicionales por importe de 485 millones respecto de las previsiones incorporadas en el presupuesto prorrogado, fundamentalmente como consecuencia del incremento de la financiación autonómica y de la evolución favorable de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. “Más del 80 por ciento se financia por la evolución económica y financiera de la comunidad autónoma y el resto mediante operaciones de endeudamiento”, ha apuntado Vaquero.

En este sentido, ha indicado que resulta necesario complementar esta financiación mediante la autorización de operaciones de endeudamiento por importe de 134 millones de euros. 

“Vox impone, el PP obedece y Aragón pierde”

El PSOE ha mostrado su oposición “recorte de recursos” a los agentes sociales que el Gobierno de Aragón ha anunciado va a realizar. Así lo ha dicho este jueves el diputado Fernando Sabés, quien ha criticado que el PP se pliega a los recortes de Vox a los agentes sociales, algo inaudito en Aragón “donde siempre había primado el diálogo social como elemento de estabilidad”.

Sabés ha asegurado que la forma de actuar de este gobierno aragonés es “Vox impone, el PP obedece y Aragón pierde”. Ha añadido que “Vox marca el camino y da las órdenes y el Partido Popular las asume y las ejecuta, aunque perjudique a los trabajadores, aunque perjudique a las empresas y aunque perjudique también a los agricultores”, ha apuntado en rueda de prensa.

“Nos preguntamos dónde está Jorge Azcón y qué pinta el Partido Popular en este Gobierno. En un gobierno en el que solo se da a conocer aquellos recortes que plantea Vox, como los de esta misma semana a la Universidad de Zaragoza y los que hemos conocido ahora”, ha manifestado.

Los representantes de CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT han denunciado este jueves que el Gobierno municipal de Natalia Chueca continúa retrasando la puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén.

El próximo 13 de junio se cumplirán tres meses desde que el Gobierno de Zaragoza aprobó oficialmente la creación de esta unidad especializada. Sin embargo, a día de hoy sigue sin estar operativa. En la última reunión celebrada el pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento emplazó a la representación sindical a nuevas sesiones de trabajo los días 15 y 29 de junio, una decisión que, según las organizaciones sindicales, vuelve a dilatar un proceso que podría haberse resuelto hace semanas.

Los cinco sindicatos muestran su preocupación por una estrategia que, a su juicio, pretende trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que corresponde exclusivamente a la Administración municipal. Consideran que el calendario planteado por el Gobierno local aleja aún más la entrada en funcionamiento de la unidad y aumenta el riesgo de que su implantación quede pospuesta hasta después del verano.

Las organizaciones sindicales cuestionan además la diferente velocidad con la que el Ejecutivo municipal aborda distintos asuntos. “Resulta difícil comprender que para asuntos considerados prioritarios por el Gobierno municipal, como la Oferta de Empleo Público u otras materias de interés político, se convoquen hasta tres reuniones de negociación en menos de diez días para alcanzar acuerdos con rapidez, mientras que para la implantación de una unidad destinada a la protección de las víctimas de violencia de género los plazos se dilatan durante meses”.

La crítica se produce apenas una semana después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, alabara públicamente la futura Unidad Égida durante los actos celebrados el pasado 4 de junio con motivo de la festividad de la patrona de la Policía Local. En aquel acto, la regidora presentó la unidad como una realidad inminente y vinculada a nuevas responsabilidades para el cuerpo policial.

Sin embargo, los sindicatos recuerdan que la realidad es muy distinta. Tres meses después de su aprobación, la Unidad Égida sigue sin existir de forma efectiva y sin prestar servicio a las víctimas para las que fue concebida.

Un proyecto anunciado hace meses

La creación de la Unidad Égida fue aprobada por el Gobierno municipal el pasado 13 de marzo como parte de la incorporación de Zaragoza al sistema estatal VioGén. La nueva unidad debía estar integrada inicialmente por nueve agentes especializados encargados del seguimiento y protección de mujeres con niveles de riesgo bajo y medio, asumiendo aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad.

La adhesión de Zaragoza al sistema VioGén llegó tras años de negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior y fue presentada por el Gobierno municipal como un avance histórico en la protección de las víctimas.

Sin embargo, las críticas por los retrasos no son nuevas. Ya el pasado mes de abril distintas organizaciones sociales y representantes institucionales alertaron de que la unidad todavía no había iniciado siquiera el proceso formativo necesario para comenzar a operar. Entonces, el propio delegado del Gobierno en Aragón confirmó que la puesta en marcha seguía pendiente de la negociación de las condiciones laborales y de la selección definitiva de los agentes.

Para los sindicatos policiales, la situación evidencia una falta de voluntad política para acelerar un proyecto que el propio Gobierno municipal ha presentado reiteradamente como prioritario.

“Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, concluyen las organizaciones sindicales. “Merecen compromiso, recursos y decisiones que permitan convertir las promesas en realidades”.

“Hay un plazo de un año”

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado las críticas sindicales y asegura que las víctimas de violencia de género están protegidas actualmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la futura Unidad Égida servirá para reforzar esa atención. Asimismo, niega que la negociación se esté dilatando y recuerda que se ha fijado un calendario de reuniones para abordar tanto la creación de la unidad como las condiciones laborales y económicas de los agentes.

Lorén subraya además que el convenio con el Ministerio del Interior contempla un plazo de un año para la implantación en el sistema VioGén y que el Ayuntamiento prevé ponerla en marcha antes de agotar ese periodo. Además, ha reprochado que anteriores gobiernos municipales del PSOE y Zaragoza en Común no impulsaran la adhesión de Zaragoza al sistema VioGén, vigente desde 2007.

Las Cortes de Aragón investigarán los viajes realizados a la comunidad por el exministro de Transportes José Luis Ábalos durante la pandemia de la covid-19, pero no examinarán la gestión y el coste del nuevo estadio de La Romareda. Todos los grupos salvo IU, que se ha abstenido, han votado a favor de crear, a iniciativa del PP, una comisión de investigación sobre los desplazamientos del exdirigente socialista a Aragón. Sin embargo, populares y ultran han rechazado otra impulsada por el PSOE para analizar los acuerdos, deliberaciones y plan de negocio de la sociedad Nueva Romareda, así como el incremento del coste del estadio –que se acerca ya a los 200 millones de euros–, al considerarla “innecesaria”.

La iniciativa sobre Ábalos pretende esclarecer los viajes realizados por el entonces ministro a Zaragoza y Teruel durante las restricciones sanitarias, después de las informaciones que apuntan a que se habrían utilizado recursos públicos para facilitar encuentros de carácter sexual.

La diputada popular Elena Allué ha defendido la investigación alegando razones de “transparencia, higiene democrática y dignidad de Aragón” y ha asegurado que las Cortes tienen la “obligación política y moral” de aclarar unos hechos que calificó de “enorme gravedad”. Además, ha dirigido sus críticas contra la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en la comunidad, a quien ha acusado de haber mirado “a otro lado”.

Desde Vox, Santiago Morón ha justificado la comisión por la presunta utilización de recursos públicos para actividades privadas y ha reclamado que se depuren tanto las responsabilidades judiciales como las políticas. También ha cuestionado el papel de Alegría durante aquellos desplazamientos.

Pese a las acusaciones de PP y Vox, el PSOE ha votado a favor de la comisión. Pilar Alegría ha asegurado que su partido no tiene “nada que esconder” y ha calificado la iniciativa de “paripé” y “show político” destinado a desviar la atención de los problemas de Aragón. La dirigente socialista ha defendido que ya se han dado explicaciones sobre este asunto y ha reprochado a los grupos promotores que intenten convertir las Cortes en un escenario de confrontación con el Gobierno central.

La misma mayoría parlamentaria que ha impulsado la investigación sobre Ábalos ha tumbado, sin embargo, la propuesta del PSOE para crear una comisión sobre La Romareda. La iniciativa pretendía analizar los acuerdos adoptados por la sociedad Nueva Romareda, el plan de negocio del futuro estadio y el incremento de su coste, después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de que la inversión podría superar los 200 millones de euros y señalara la ausencia de información sobre algunos gastos asociados al proyecto.

El portavoz adjunto socialista, Jesús Morales, ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer las condiciones económicas de una operación que, ha recordado, se presentó inicialmente como un proyecto sin coste para las arcas públicas. “Hemos pasado de cero millones a 76”, ha dicho, al tiempo que ha reclamado explicaciones sobre la viabilidad financiera de la iniciativa y el impacto que puede tener la situación deportiva del Real Zaragoza en el futuro del proyecto.

PP y Vox han rechazado la comisión al considerar que resulta “innecesaria”. La diputada popular Lorena Tabanera ha argumentado que el informe de la Cámara de Cuentas ya está siendo analizado en una ponencia parlamentaria específica y ha sostenido que las comisiones de investigación deben reservarse para asuntos que no dispongan de otros mecanismos de control. Por su parte, el diputado de Vox Juan Vidal ha acusado al PSOE de actuar con “hipocresía” y ha defendido que las desviaciones presupuestarias señaladas tienen explicación técnica.

La postura de los grupos minoritarios

Sobre la investigación a Ábalos, la diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha lamentado que las mujeres en situación de explotación sexual aparezcan “en el centro del debate” en esta “batalla política” y ha defendido que las mujeres prostituidas “son personas que sufren, no son munición política”. Ha mostrado su preocupación porque algunos partidos solo se acuerden de la existencia de mujeres explotadas cuando existe confrontación política. No obstante, ha considerado que, si se demuestra que alguien utilizó recursos públicos para fines particulares, debe ser condenado. También ha recordado la condena al PP por la trama Gürtel y ha sostenido que el PSOE “no puede seguir escondiendo la cabeza como los avestruces porque les seguimos viendo”.

Respecto a La Romareda, el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha pedido “respeto para los zaragocistas” y ha asegurado que “Zaragoza quiere un campo, pero no a toda costa”. Asimismo, ha defendido el informe de la Cámara de Cuentas, que sitúa el coste del proyecto en 178 millones de euros y apunta que determinados gastos deberían ser asumidos por la propiedad del club. Pueyo ha acusado al presidente aragonés, Jorge Azcón, de ignorar la reclamación de un plan de negocio y ha cuestionado la protección que, a su juicio, el PP brinda a los propietarios de la entidad.

Desde Aragón-Teruel Existe, la diputada Pilar Buj ha calificado de “inaceptable” lo ocurrido en el Parador de Teruel, tanto por el posible uso de recursos públicos como por la utilización de prostitución en plena pandemia, algo que ha considerado de “una bajeza moral tremenda”. Además, ha criticado la creación de la comisión de investigación al entender que responde a una utilización partidista de las Cortes y que tendrá escasa utilidad práctica, ya que los hechos ya se investigan en el Senado y el Gobierno de España no suele comparecer en las comisiones autonómicas.

En relación con el estadio, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha cuestionado que el Real Zaragoza pueda explotar durante 75 años una infraestructura pública “a cambio prácticamente de nada”. También ha advertido de que el proyecto puede convertirse en “un gigante con pies de barro jurídico” y ha recordado que inicialmente se aseguró que no tendría coste para las arcas públicas.

Por parte de IU, Marta Abengochea ha defendido su abstención en la comisión sobre Ábalos al considerar que los hechos ya están siendo investigados judicialmente. Además, ha cargado contra lo que ha denominado una “estrategia de acoso y derribo” contra el Gobierno central y ha reclamado al PSOE un “giro radical” para impulsar medidas contra la corrupción.

La diputada de IU sí ha respaldado la creación de una comisión sobre La Romareda al considerar que se trata de un asunto de gran relevancia pública. Abengochea ha criticado el proyecto por estar pensado para “los amiguetes de siempre”, ha señalado que el informe de la Cámara de Cuentas evidencia importantes carencias y ha cuestionado la ausencia de un plan de negocio viable. A su juicio, el PP trata de ocultar información sobre una operación sufragada con fondos públicos.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción desvelado esta semana tras levantarse el secreto de sumario del caso Leire Díez pone negro sobre blanco, a partir de conversaciones captadas entre los implicados por los agentes de la Guardia Civil y de la compraventa de empresas, la operativa que la trama planificó con Forestalia para favorecer supuestamente tramitaciones tanto de financiación pública como de parques fotovoltaicos. Entre los aludidos está el propio Santos Cerdán, que concertó una reunión en el domicilio del propietario del grupo aragonés, Fernando Samper, y que urgió a sus socios a que reclamaran una presunta mordida de 200.000 euros.

Pero las contraprestaciones podrían ser muy superiores, ya que la UCO da cuenta de una plusvalía de 6,7 millones de euros a favor del denominado grupo Hirurok –compuesto por la socialista Leire Díez, por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso y por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI– al adquirir dos sociedades de Forestalia y revendérselas más tarde a un precio muy superior: Anticorrupción sospecha que el millonario beneficio está vinculado con las autorizaciones a dos plantas solares en la provincia de Teruel.

Tal y como consta en la denuncia suscrita por la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025, todo nace de un atestado presentado por la UCO unos días antes, el 25 de noviembre, en el que se indicaba que, a raíz de las averiguaciones en el caso Mascarillas, pudieron registrar con autorización del Supremo el domicilio del empresario Antxón Alonso y la sede de Servinabar 2000 SL, participada según la UCO por el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

Entonces ya se hablaba de un grupo estructurado formado por los tres principales investigados (Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández) que se autodenominó Hirurok ('nosotros tres', en su traducción del euskera). La fiscal explica que desde 2021 “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros”. Cifra en cinco las operaciones, que incluirían una de Mercasa y otra de Enusa (participadas por la SEPI), el rescate de Tubos Reunidos, una adjudicación al Parque Empresarial Principado de Asturias y, en último lugar, la relacionada con Forestalia.

La Fiscalía recuerda que los tres investigados se comunicaban por la aplicación Threema en el grupo Hirurok y que desde mayo de 2022 continuaron por otro grupo denominado 'Hirurok Berriro' ('Los tres otra vez').

Reuniones en casa de Samper

En lo relativo al grupo aragonés vinculado con las energías renovables, la fiscal menciona en su informe dos reuniones físicas en el domicilio de Fernando Samper, en la avenida General Militar de Zaragoza, en mayo y julio de 2021; esta última, auspiciada por Santos Cerdán y que contó con la presencia del exsecretario de Organización. Allí supuestamente habrían trasladado al responsable de Forestalia cómo actuar y qué pasos dar para facilitar sendas tramitaciones para Forestalia y Arapellets, en este caso una financiación de 17,3 millones de euros del Sepides, organismo público dependiente de la SEPI, para desarrollos industriales.

De conseguirlo, el grupo Hirurok se llevaría supuestamente una mordida de 200.000 euros. “Vamos a éxito con ellos”, habría afirmado Vicente Fernández en la red Threema, y a continuación insistió, tal y como recogen las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil: “Si consiguen la financiación del Fondo FAIPP (SEPIDES) para sus proyectos de FORESTALIA y ARAPELLET, 200.000€ si hay éxito” (sic).

Ante el avance en la tramitación, el 1 de mayo de 2022 el propio expresidente de la SEPI escribió a Alonso que, al haberse “despejado los problemas” y al constatar que el Sepides les iba a “aprobar las operaciones”, “sería bueno” recodar “el tema a Samper”, en referencia a la supuesta mordida. Cinco días después, por si había dudas, Fernández insistió en que Antxón Alonso debía trasladarle a Samper: “Decirle que estamos dándolo todo con sus dos expedientes, esperando tener resueltos ambos en junio”.

No fue hasta enero de 2023 cuando se aprobó la correspondiente ayuda a Arapellets para una planta de pellets en la localidad de Guardo (Palencia). En cuanto al trámite para Forestalia, no se puedo localizar nada en “un sentido o en el contrario”. La Guardia Civil sí que especifica que, pese a que el acuerdo era “a éxito”, no se había podido localizar el abono de los 200.000 euros.

Plusvalía de 6,7 millones de euros

Otra de las líneas de investigación de la Guardia Civil tiene que ver con millonarios intercambios de participaciones en empresas que generaron cuantiosas plusvalías para Antxón Alonso y, frente a esto, un negocio ruinoso para el grupo Forestalia.

La fecha clave es el 17 de mayo de 2022: ese día, dos sociedades –Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet SL– salen del grupo Forestalia y se integran en una estructura administrada perteneciente a Antxón Alonso a cambio de 141.404 euros en total. Apenas año y medio más tarde, el 27 de diciembre de 2024, Forestalia las recupera por casi 6,9 millones de euros.

¿Qué sucedió entre medias? Aunque el informe de Anticorrupción no puede constatar que haya causa y efecto, sí que apunta al hecho de que dos plantas fotovoltaicas que estaba tramitando ambas sociedades en la provincia de Teruel, Masía I y Masía II, estaban apenas en fase de solicitud en el momento de la adquisición, mientras que para cuando las dos empresas volvieron a estar controladas por el grupo liderado por Fernando Samper ya se había aprobado la declaración de impacto ambiental, se habían otorgado las pertinentes autorizaciones administrativas previas y se había autorizado la construcción.

Así, según los investigadores la intervención del grupo Hirurok habría sido clave para que los proyectos vieran la luz, lo que se habría supuestamente compensado con una retribución encubierta. De ahí que los presuntos delitos que la Fiscalía atribuya a los implicados sean tráfico de influencias, cohecho y, potencialmente, delito contra la Hacienda Pública.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón al frente, contra la ley de amnistía al 'procés' usando los mismos argumentos por los que desestimó los recursos que interpusieron otras comunidades del PP.

Así lo ha comunicado el órgano de garantías en una nota de prensa, en la que ha detallado que en su sentencia, cuya ponente ha sido la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, el tribunal “aplica la doctrina establecida” en fallos anteriores.

Sobre la impugnación de la ley en su conjunto, el Constitucional explica que la sentencia se remite a la doctrina fijada en otras dos sentencias anteriores –una de ellas la que avaló casi la totalidad de la ley en junio de 2025– que acordaron que “de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar”.

Asimismo, recuerda que “el legislador no incurrió en arbitrariedad” al aprobar la ley de amnistía “y que esta no vulnera la reserva de jurisdicción ni el principio de separación de poderes”. “En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas contra la ley en su conjunto”, concluye.

El Ejecutivo aragonés “alegaba que la exclusión del ámbito de aplicación de la amnistía de quienes hubieran cometido los delitos amnistiados con la finalidad de oponerse al proceso secesionista catalán vulneraba el derecho a la igualdad”, indica el TC.

Desde el tribunal de la calle Domenico Scarlatti indican que “esta cuestión ya fue resuelta” en una sentencia anterior, “que declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto”.

El TC ha comunicado que la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del sector conservador: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

El Gobierno de Aragón ha reactivado este miércoles la tramitación de su futura ley de Vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto legislativo que ya inició su recorrido parlamentario en 2024 y cuya aprobación definitiva quedó paralizada por el adelanto electoral. El Ejecutivo de Jorge Azcón enviará al Parlamento exactamente el mismo texto que entonces, aunque PP y Vox prevén introducir nuevas enmiendas para adaptarlo al acuerdo de gobernabilidad alcanzado tras las elecciones autonómicas e incluir así el concepto de prioridad nacional o arraigo.

“Cumpliendo un compromiso político”, ha señalado López, el Ejecutivo ha decidido remitir a las Cortes el mismo texto que ya se aprobó para su tramitación en diciembre de 2024. El consejero ha defendido que esta decisión permitirá aprovechar el trabajo ya realizado y optimizar los plazos parlamentarios, aunque ha recordado que los grupos podrán presentar nuevas enmiendas durante el debate. Entre esas modificaciones figurará la incorporación del denominado principio de prioridad nacional para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler asequible, una de las medidas incluidas en el pacto entre ambas formaciones. Según ha explicado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el objetivo es que la norma pueda quedar aprobada durante el primer trimestre de 2027.

En este sentido, ha avanzado que tanto el PP como Vox registrarán propuestas por separado y también conjuntamente para adaptar el proyecto al acuerdo programático firmado por ambos partidos. Entre ellas se encuentra la regulación de los criterios de arraigo para el acceso a la vivienda protegida.

Según recoge ese pacto, se establecería un sistema de adjudicación inspirado en el principio de prioridad nacional que otorgaría preferencia a quienes acrediten una vinculación duradera con el territorio. El acuerdo contempla un mínimo de diez años de residencia para acceder a la compra de vivienda protegida y cinco años para optar al alquiler asequible, además de valorar factores como la vinculación laboral, familiar, económica o social con Aragón.

Preguntado por esta cuestión, López ha señalado que el contenido definitivo deberá ajustarse a la realidad concreta de la ley durante la tramitación parlamentaria. “Está claro el concepto de arraigo, de vinculación, apostar por quien tenga un arraigo especial al margen de la nacionalidad”, ha afirmado.

La futura ley pretende convertirse en la primera norma autonómica específica en materia de vivienda, más de cuarenta años después de que Aragón asumiera las competencias en este ámbito. López ha recordado que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico al inicio de la legislatura y ha lamentado que el adelanto electoral impidiera culminar su aprobación el pasado año.

Más vivienda pública y apoyo a la VPO

Entre los principales objetivos de la norma figura el incremento del parque público de vivienda y el impulso de la vivienda protegida. El consejero ha vinculado estas medidas a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y ha recordado que en Aragón todavía hay alrededor de 47.000 personas que no han podido emanciparse.

El proyecto se enmarca además en el Plan Aragón Más Vivienda, una estrategia dotada con 400 millones de euros para los próximos seis años. Según ha explicado el consejero, la ley servirá de soporte normativo para medidas como la rehabilitación de vivienda pública en municipios pequeños, la movilización de suelo público para nuevas promociones o el impulso de la colaboración público-privada.

El texto también contempla la actualización del módulo de vivienda protegida para favorecer la viabilidad económica de las promociones y evitar que se paralice la construcción de nuevas viviendas asequibles. Asimismo, regula nuevas fórmulas residenciales adaptadas a las necesidades actuales y prevé soluciones específicas para colectivos vulnerables.

López ha defendido además el “blindaje” de la vivienda protegida en Aragón, una cuestión que, según ha asegurado, quedará recogida en la futura ley.

Oposición a la ley estatal

Durante su comparecencia, el consejero ha reiterado la oposición del Gobierno aragonés a la ley estatal de vivienda aprobada por el Ejecutivo central. También ha anunciado la creación de una cátedra especializada en vivienda en la Universidad de Zaragoza y de un Observatorio de la Vivienda para analizar la evolución del mercado y orientar las políticas públicas en este ámbito.

Además, el Ejecutivo prevé impulsar una reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar el acceso a la vivienda, una medida que podría incorporarse en futuras leyes presupuestarias.

López ha defendido la gestión del Gobierno autonómico en esta materia y ha asegurado que Aragón es actualmente la primera comunidad autónoma en construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible en términos relativos. También ha destacado el impulso a la promoción de vivienda protegida desarrollado durante la legislatura.

El proyecto de ley remitido a las Cortes se estructura en un título preliminar, cuatro títulos que suman 78 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales. Según el Ejecutivo, durante su elaboración se incorporaron 59 aportaciones completas y 184 parciales procedentes del proceso de participación pública.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles la renovación de los conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2026-2027 y 2030-2031, una decisión que consolida la financiación pública del primer curso de Bachillerato en centros privados y concertados, una de las medidas más controvertidas impulsadas por el Ejecutivo de Jorge Azcón. La autorización contempla un gasto de 56,7 millones de euros destinado a los centros que ya estaban acogidos al régimen de concierto durante el curso 2025-2026 y que han solicitado su renovación o modificación, así como a aquellos que cumplen los requisitos legales y han solicitado por primera vez incorporarse al sistema.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido que la medida “garantiza la gratuidad de la enseñanza, respeta el principio de coeducación y responde a una ”demanda social“ vinculada a la libertad de elección de las familias”: “El presidente se comprometió a ponerlos en marcha para atender una demanda social y poder elegir la educación de los hijos, apoyada en el principio de igualdad de oportunidades”, ha señalado.

El nuevo acuerdo distingue entre el concierto general, aplicado a las enseñanzas obligatorias y gratuitas, y el concierto singular, que afecta a enseñanzas postobligatorias. En este último caso se incluye el primer curso de Bachillerato, cuya financiación pública fue aprobada por el Ejecutivo autonómico al inicio de la legislatura y permite a los centros concertados cobrar a las familias un copago mensual de entre 18 y 36 euros.

Vaquero ha precisado que el concierto incorpora únicamente las unidades de primero de Bachillerato que ya habían sido autorizadas previamente y no contempla nuevas unidades para todos los centros que lo soliciten. Asimismo, ha subrayado que la vigencia del acuerdo hasta el curso 2030-2031 no impide que pueda modificarse en el futuro.

Pendiente de los tribunales

La decisión llega en un momento en el que la concertación del Bachillerato sigue pendiente de la resolución judicial.  Un total de 17 organizaciones vinculadas a la escuela pública —entre ellas sindicatos docentes, federaciones vecinales, asociaciones de familias y partidos políticos— presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden del Gobierno autonómico que abre la puerta a financiar con fondos públicos enseñanzas de Bachillerato en centros privados.

El recurso se dirige contra la Orden ECD/515/2026, aprobada el pasado 6 de abril por el Departamento de Educación y que modifica la convocatoria de conciertos educativos para el curso 2026-2027. Según sostienen las organizaciones, la norma “abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias” y cambia el modelo que existía hasta ahora. Los colectivos consideran que la medida va más allá de los conciertos “singulares” que contempla la ley para determinadas situaciones y denuncian que el Ejecutivo autonómico pretende convertir el concierto educativo en “una vía ordinaria de financiación pública del Bachillerato privado”.

Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno ha actuado con el respaldo de sus servicios jurídicos y mantiene la convicción de que la medida se ajusta a la legalidad. “Estamos seguros de que cumple con la legalidad independientemente de que se esté valorando en los servicios judiciales. No tenemos conocimiento de ninguna resolución y seguiremos adelante con este concierto educativo”, ha afirmado. La portavoz ha insistido en que el sistema de enseñanza concertada “convive pacíficamente” con la red pública y ha defendido que responde a una realidad consolidada en Aragón. “Es un sistema que responde a una demanda social y que vemos con total normalidad”, ha añadido.

El Gobierno de Aragón ha anunciado este miércoles que ha recibido tres nuevas sentencias favorables en los recursos presentados contra el traslado de tres menores migrantes no acompañados a la comunidad autónoma. Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, los fallos judiciales consideran que las resoluciones estatales carecen de la motivación suficiente para justificar la asignación de estos menores a Aragón y no a otras comunidades autónomas.

Las nuevas resoluciones se suman a una sentencia conocida la semana pasada, en la que el Juzgado de Ceuta ya cuestionó el procedimiento seguido para el traslado de un menor migrante a Aragón. Según ha señalado Vaquero, los tres nuevos fallos se fundamentan en los mismos argumentos jurídicos que aquella resolución anterior.

La portavoz ha asegurado que los jueces aprecian una “falta de motivación” en las decisiones adoptadas por la Administración General del Estado y consideran que esta situación dejó al Gobierno de Aragón en una posición de “indefensión” al no quedar acreditados los motivos por los que los menores fueron derivados a esta comunidad y no a otras. “Se prevé obligar a retrotraer a la situación anterior a ese reparto y motivar los criterios de esos traslados”, ha explicado Vaquero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Las sentencias no son firmes y pueden ser recurridas en el plazo de quince días. Por ello, la portavoz ha insistido en que, mientras no se conozca si el Gobierno central presenta recurso, la situación de los menores afectados no experimentará cambios. “Estos menores siguen en la misma situación, no hay ningún cambio que vaya a operar en su vida, ha afirmado.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que cumplirá las resoluciones judiciales en los términos que finalmente se determinen. “La situación se mantiene de momento”, ha añadido Vaquero.

Durante su comparecencia, la portavoz ha aprovechado para cargar contra el modelo de distribución de menores migrantes impulsado por el Gobierno de España. Según ha sostenido, el Ejecutivo central puso en marcha un sistema de reparto que dejaba fuera a Cataluña y al País Vasco.

“Solo respondía al interés superior de Sánchez”, ha afirmado Vaquero, que ha interpretado las resoluciones judiciales como un respaldo a la posición defendida por Aragón desde que decidió recurrir los traslados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza acusa al Gobierno de Natalia Chueca de acumular una larga lista de proyectos anunciados “a bombo y platillo” que han terminado convertidos en fracasos, retrasos o problemas de gestión. Los socialistas denuncian además una forma de gobernar “a golpe de parche” y reprochan a la alcaldesa que se sitúe sistemáticamente del lado de las empresas concesionarias en lugar de exigir el cumplimiento estricto de los contratos y la puesta en marcha de los servicios adjudicados.

Por ello, el concejal socialista Horacio Royo ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, en la próxima comisión del jueves para que dé explicaciones sobre varios de estos proyectos. “Le pedimos que haga algo revolucionario, único y rompedor: contar la verdad, reconocer un error tras otro y asumir responsabilidades políticas. Ya no sabemos qué nuevo sobresalto nos espera y, desgraciadamente, todo apunta a que todavía habrá más”, ha afirmado.

Royo ha valorado especialmente las últimas informaciones sobre el Parque de Atracciones de Zaragoza, cuya dirección ha confirmado que, por primera vez en su historia, no abrirá sus puertas durante esta temporada. “Es un desastre que se veía venir y que tiene responsables políticos. Natalia Chueca prometió convertir el parque en una gran referencia de ocio del nordeste de España y en un polo de atracción turística. Tres años después, Zaragoza se encuentra con que el parque no abrirá este verano”, ha señalado.

El edil socialista ha recordado además las consecuencias laborales derivadas de esta situación, que afectan a los 81 trabajadores que permanecían en un ERTE a la espera de una solución y que ahora desconocen si podrán conservar sus empleos, además de los puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad del recinto.

“Esta situación es imputable exclusivamente al Gobierno municipal, que renunció a ejercer su responsabilidad y permitió que la empresa adjudicataria no asumiera la gestión de las instalaciones en la fecha prevista, el 28 de febrero”, ha denunciado Royo. A su juicio, el Ayuntamiento tampoco ha explicado por qué aceptó esa situación ni las razones que llevaron posteriormente a dictar una orden de continuidad que considera “insostenible y arbitraria”.

Para el concejal socialista, si el Gobierno municipal sigue sin ofrecer explicaciones sobre las condiciones aceptadas a la empresa adjudicataria, “probablemente sea porque no puede darlas”. En este sentido, considera que las discrepancias existentes entre las empresas implicadas no justificaban la actuación del Ayuntamiento, al que acusa de posicionarse a favor de una de ellas y de firmar una orden de continuidad con una compañía que atraviesa serias dificultades económicas y financieras y se encuentra en concurso de acreedores.

“Las únicas certezas que tenemos es que este Gobierno es incompetente y peligrosamente mentiroso”, ha afirmado.

Royo también ha criticado la falta de transparencia respecto a las conversaciones mantenidas con el Grupo Fénix y ha exigido aclaraciones sobre si el Parque de Atracciones podrá reabrir finalmente en 2027.

Asimismo, ha enumerado otros proyectos que, a su juicio, reflejan la misma forma de gestionar del Gobierno municipal. Entre ellos ha citado el caso de Giesa, cuyo expediente permaneció paralizado durante seis meses hasta que el Ejecutivo autonómico cerró los acuerdos relacionados con los ciclos formativos de FP del Grupo San Valero, además de la polémica adjudicación vinculada al proyecto audiovisual destinado a justificar una inversión pública de 20 millones de euros en el recinto. Igualmente, ha recordado la situación del Canal de Aguas Bravas, cuya apertura continúa bloqueada después de que la empresa concesionaria rechazara asumir las instalaciones.

A ello ha sumado el incremento del coste previsto para la nueva Romareda, que ya alcanza los 180 millones de euros, y el proyecto del Centro Deportivo Sur, que contempla más de cinco millones de euros de inversión pública para unas instalaciones cuya explotación corresponderá a una empresa privada.

“Es evidente que a cualquier gobierno puede fracasarle algún proyecto. El problema es que en Zaragoza la excepción se ha convertido en un patrón”, ha lamentado.

Royo se ha preguntado “qué más tiene que pasar para que este Gobierno asuma responsabilidades políticas por el daño causado al interés público”. En su opinión, tampoco basta con señalar al conocido como “concejal en la sombra”, José María Ruiz de Temiño, porque “aunque actúa como Atila, por donde pasa no crece la hierba, no deja de ser un instrumento al servicio de la frivolidad y la falta de criterio de la alcaldesa”.