El Gobierno de coalición de PP y Vox en Aragón ha anunciado que retirará las ayudas económicas de la Consejería de Bienestar Social y Familia a las ONG que, a juicio del vicepresidente Alejandro Nolasco, “colaboren con la invasión de Ceuta”. La decisión llega en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma y apenas unos días después de que el dirigente de Vox ordenara eliminar la asignación semanal que recibían los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad.

En un comunicado difundido este viernes, Nolasco asegura haber ordenado “con carácter urgente e inmediato” la suspensión de todas las ayudas económicas de su departamento dirigidas a entidades que “colaboren con la invasión migratoria de Ceuta”. El vicepresidente justifica la medida por motivos de “seguridad nacional”, “defensa de la soberanía” e “integridad territorial” y sostiene que está amparada por el pacto de gobierno entre PP y Vox.

La instrucción inmediata consiste en revisar todos los acuerdos en vigor y los procedimientos en curso para impedir que “ni un euro público” de su departamento acabe “beneficiando a los protagonistas de esta invasión migratoria”. Según esa explicación del Departamento, las colaboraciones “se irán suspendiendo conforme se detecte” que alguna entidad cumple ese criterio, aunque por el momento el Ejecutivo aragonés no ha identificado qué ONG se verán afectadas ni qué ayudas concretas están siendo revisadas.

Durante el comunicado, Nolasco sostiene que “ni un euro de las comunidades autónomas, ni directa ni indirectamente, puede ir destinado a amparar lo que es una auténtica 'invasión' que compromete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional”. También afirma que “si a alguien hay que proteger en estos momentos es a los ciudadanos españoles residentes legalmente en Ceuta” y asegura que quienes han cruzado la frontera “no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes”, sino que forman parte de “una acción perfectamente coordinada”.

El vicepresidente llega a afirmar que “las víctimas no son quienes nos han invadido”, a quienes califica de “invasores”, sino “el pueblo español”, al considerar que Ceuta está siendo “tomada literalmente por una invasión” debido, según sostiene, a la “inacción del Gobierno más corrupto que ha tenido España”.

Por el momento, el Gobierno de Aragón no ha concretado qué entidades considera que “colaboran con la invasión de Ceuta”, qué criterios utilizará para determinarlo ni el volumen de ayudas que podrían verse afectadas por la revisión anunciada.

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación sobre la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. Según ha adelantado la Cadena SER, la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, y el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, han incoado sendos expedientes gubernativos para analizar si la medida vulnera el interés superior del menor o puede constituir un delito de odio.

Los dos fiscales trabajan conjuntamente y ya han requerido a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia la instrucción por la que se ordena retirar el dinero de bolsillo. También han solicitado que el Ejecutivo confirme si la medida afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados y que justifique ese trato diferenciado. En función de la respuesta, estudiarán tanto una posible actuación por la vía penal como un recurso contencioso-administrativo si consideran que la instrucción vulnera derechos de los menores.

Según ha confirmado Europa Press, desde la Fiscalía General se ha remitido un oficio a través de la Fiscalía de Menores de Zaragoza a la Consejería para que confirme si ya ha aprobado la resolución. Además, también pide información sobre si la medida afectará solo a menores extranjeros y solicita que justifique los motivos de su aprobación. La Fiscalía General ha trasladado la información a la Fiscalía de Odio para que valore si podría haber un delito de odio y, si lo considera, presentar una denuncia en el ámbito contencioso-administrativo, precisan estas fuentes.

La apertura de la investigación coincide con un cambio en la explicación ofrecida por el Gobierno de Aragón sobre el alcance de la medida. Después de anunciar la retirada de la paga semanal a los menores extranjeros no acompañados, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia sostiene ahora que la nueva instrucción se limita a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de la Salt, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.

El departamento que dirige Alejandro Nolasco justifica este cambio de criterio en motivos de seguridad. Asegura que recibe de forma constante partes de incidencias de estos centros y que dispone de informes que reflejan un elevado número de “asaltos, reyertas, robos y actos de delincuencia” que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los propios menores, que, subraya, “también son víctimas de otros internos”. Según la Consejería, la circulación de dinero en efectivo incrementa estos episodios violentos al favorecer robos, agresiones y extorsiones entre los residentes.

El Ejecutivo insiste en que la instrucción “no responde a la nacionalidad” de los menores, sino a que esos tres centros concentran los mayores problemas de convivencia. “Se suprimen las pagas porque coincide que donde se encuentran estos menores se dan los mayores índices de delincuencia y violencia, no por el hecho de que sean extranjeros”, sostiene el departamento. Añade además que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y se enmarca en el endurecimiento del régimen interno de los centros previsto en el pacto de gobierno entre PP y Vox, por lo que anticipa que habrá nuevas actuaciones en esa misma línea. El departamento añade que esta decisión responde también a la necesidad de reforzar la guarda y custodia de los menores y recuerda que la Audiencia Provincial condenó este año al Gobierno de Aragón a indemnizar con cerca de 200.000 euros a una mujer de 94 años agredida por dos menores extranjeros tutelados, una sentencia que, según la Consejería, cuestionaba el funcionamiento del sistema de protección.

Sin embargo, esa explicación será precisamente uno de los aspectos que analizará la Fiscalía. En declaraciones a la Cadena SER, la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha explicado que uno de los requerimientos enviados al Gobierno de Aragón busca conocer la instrucción por la que se retira el dinero de bolsillo, confirmar si la medida afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados y exigir al Ejecutivo que justifique esa diferencia de trato. Asimismo, ha señalado que la Unidad de Delitos de Odio estudia si los hechos podrían ser constitutivos de este delito y que, si concluyen que la instrucción vulnera el interés superior del menor o supone una discriminación contraria a la ley, la Fiscalía podría recurrirla por la vía contencioso-administrativa.

Una semana de polémica

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, anunció el lunes la retirada de la asignación semanal de 17 euros que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. El dirigente de Vox defendió que la medida permitiría ahorrar unos 180.000 euros al año, una cantidad que, según aseguró, se destinaría a financiar hasta siete plazas en residencias para personas mayores. En ese momento, fuentes del Departamento explicaron que la decisión afectaría únicamente a los menores extranjeros no acompañados, sin precisar que la instrucción se limitaría a los tres centros para los que ahora se anuncia su aplicación.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado la situación como “sumamente grave” porque se pone “en cuestión” al Gobierno de Aragón: “El presidente del Gobierno de Aragón es el responsable último de todas las actuaciones que realiza cualquiera de los miembros de sus consejeros o cualquiera de sus miembros del Gobierno”, ha advertido Beltrán. El delegado del Gobierno ha defendido que se trata de una “discriminación por motivo de país de origen, por motivo de color de la piel” frente a lo que establece la Constitución, “que todos somos iguales independientemente de nuestra religión, raza u orientación sexual”, algo que, considera, “el Gobierno de Aragón se lo está llevando por delante por esa discriminación entre los menores que son extranjeros y los que no son extranjeros”. En ese sentido, ha remarcado que el Ejecutivo aragonés tiene la responsabilidad de tutelar a todos esos menores y debe velar por su bienestar y su adecuación a la vida adulta. Por ello, ha advertido de que disponer de dinero de bolsillo “no es un elemento caprichoso, es un elemento también de poder ir haciendo su propia gestión económica, es una preparación para la vida adulta, como lo hemos hecho cualquier padre con nuestros hijos cuando hemos empezado a darles asignación o paga semanal”.

La decisión ha abierto varios frentes para el Gobierno de Aragón y también para el Partido Popular, al que la oposición reclama que se pronuncie sobre la iniciativa impulsada por su socio de gobierno. En los últimos días, el Ministerio de Juventud llevó el caso ante la Fiscalía, el Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio, Amnistía Internacional ha pedido a Jorge Azcón que revoque la medida por considerarla “discriminatoria” y el PSOE ha solicitado las comparecencias de Nolasco, la gerente del IASS y el director general de Desregulación en las Cortes.

Además, la Orden y los conciertos vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que las entidades recibieron instrucciones para dejar de abonarlo con efecto inmediato antes de que se modificaran esos conciertos.

UGT también ha rechazado la instrucción de la Consejería al considerar que introduce “una discriminación por origen y nacionalidad” entre menores bajo la misma tutela pública. El sindicato sostiene que la asignación semanal “no es una propina”, sino una herramienta educativa y de autonomía personal, y rechaza que la conflictividad en los centros se combata suprimiéndola. En su lugar, reclama un plan de refuerzo de las plantillas, una reducción de las ratios de educadores y la mejora de las condiciones laborales.

La puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza —destinada a asumir competencias del sistema Viogén contra la violencia de género— sigue atascada. Tan solo nueve agentes se han presentado para cubrir las ocho plazas convocadas (menos del 0,7% de la plantilla), un resultado que los sindicatos califican de “fracaso total”. Tras conocerse los datos, la alcaldesa Natalia Chueca ha cargado duramente contra las organizaciones sindicales, pidiéndoles “generosidad” y que “dejen de pensar en sí mismos y piensen más en las mujeres zaragozanas”. Chueca da la negociación por cerrada, defiende que el plus ofrecido está en la línea de otras ciudades y acusa a los sindicatos de querer forzar un aumento económico por encima de lo pactado.

Natalia Chueca ha cargado contra los sindicatos por cuestionar las condiciones del servicio y el PSOE ha acusado al Gobierno municipal de convertir la adhesión al sistema Viogén en un “elemento propagandístico”. La alcaldesa ha afirmado que los sindicatos “están intentando cobrar un plus mayor y cambiar las condiciones respecto a las que se han pactado”. Ha asegurado que el complemento ofrecido está en línea con el de otras ciudades e, incluso, por encima de lo fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También ha recordado que el Ayuntamiento revisará esa cuantía dentro de un año, en función de la carga de trabajo que asuma la unidad.

La regidora ha aprovechado además para reivindicar la actuación del Partido Popular en la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén. Ha recordado que fue el entonces alcalde Jorge Azcón quien inició los trámites y ha sostenido que ha sido su Gobierno el que ha culminado la adhesión para que la Policía Local pueda colaborar con la Policía Nacional en la protección de las víctimas de violencia de género.

Las declaraciones llegan después de que los sindicatos calificaran de “fracaso total” el resultado de la convocatoria para integrar la Unidad Égida. Las organizaciones sindicales sostienen que la escasa participación responde a que las condiciones laborales y económicas planteadas por el Ayuntamiento no resultan atractivas y rechazan que la baja cifra de aspirantes se deba a una falta de compromiso de la plantilla.

CCOO insiste en que el resultado de la convocatoria “no supone un fracaso de la plantilla, sino del modelo diseñado por el Gobierno de Natalia Chueca”. El sindicato sostiene que las condiciones impuestas de forma unilateral, la falta de reconocimiento de la formación y la experiencia específicas, la disponibilidad permanente y la incertidumbre sobre el funcionamiento de la unidad han desincentivado la participación.

El PSOE acusa al PP de hacer “propaganda”

El concejal socialista Horacio Royo ha acusado al Gobierno municipal de convertir la adhesión al sistema Viogén en un “elemento propagandístico” y ha criticado que, siete años después de que Jorge Azcón anunciara la incorporación de Zaragoza al sistema estatal, la unidad siga sin completarse y todavía no haya una fecha concreta para iniciar la formación de sus integrantes.

Royo ha asegurado que conoció el resultado de la convocatoria con una “sensación de profunda vergüenza” y ha atribuido la escasa respuesta de los agentes a las condiciones económicas planteadas por el Ayuntamiento. Según ha explicado, el complemento previsto ronda los 90 euros mensuales para un puesto con una elevada disponibilidad, frente a los cerca de 265 euros que perciben los agentes de la Policía Nacional que realizan funciones similares.

Por ello, ha instado al Gobierno municipal a reabrir la negociación con los sindicatos y a destinar la subvención concedida por el Gobierno de Aragón para la implantación de Viogén a mejorar las retribuciones de los agentes que integren la Unidad Égida. Además, ha advertido de que poner en marcha la unidad sin cubrir todas las plazas supondrá una mayor carga de trabajo para quienes finalmente se incorporen.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha reivindicado este jueves la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la comunidad y ha cargado contra el Gobierno de Jorge Azcón por mantener una estrategia basada en el “no a todo”, que, a su juicio, está haciendo perder oportunidades y financiación a Aragón. Durante la presentación del balance de la acción del Gobierno de España en la comunidad, ha defendido que las políticas impulsadas desde 2018 han supuesto inversiones “históricas”, récord de empleo y un refuerzo de la protección social.

“A los aragoneses les va bien con Pedro Sánchez y le iría mejor con un Gobierno de Aragón que colaborara”, ha afirmado Beltrán, quien ha lamentado que el Ejecutivo autonómico esté anteponiendo “los intereses partidistas” al beneficio de la comunidad. Frente “al ruido y la polarización interesada”, ha asegurado que los datos muestran que España lidera el crecimiento económico entre las grandes economías europeas y que Aragón se está consolidando como uno de los principales motores industriales del país gracias al impulso del Gobierno central.

El delegado ha sostenido que nunca antes un Gobierno de España había destinado tantos recursos a Aragón. Según ha explicado, la comunidad recibirá este año 5.318 millones de euros en entregas a cuenta para financiar los servicios públicos, 1.969 millones más que en 2018, lo que supone un incremento del 55,8%. Además, desde 2019 Aragón ha recibido 1.524 millones de euros en conferencias sectoriales, un 188,5% más que durante el último Gobierno del PP.

Beltrán ha destacado también el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha movilizado 3.918 millones de euros en la comunidad, de los que 2.297 millones proceden directamente de la Administración General del Estado y han llegado a más de 53.000 beneficiarios. A ello ha sumado la inversión realizada por los ministerios, especialmente los 2.548 millones destinados por Transportes desde 2019 —un 75,6% más que en la etapa anterior—, con un aumento del 36,3% en carreteras y del 459% en ferrocarril. Según ha subrayado, en los seis primeros meses de 2026 se han invertido 111 millones de euros en la red ferroviaria aragonesa, más que durante los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el ámbito industrial, el delegado ha resaltado los 870 millones de euros destinados por el Ministerio de Industria, un 312% más que entre 2012 y 2018. Ha vinculado estas inversiones a proyectos como la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas, beneficiaria de 365 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico; el proyecto Catalina de hidrógeno verde en Andorra, con 245 millones; el PERTE Agro, con 156,5 millones, o la futura Agencia Estatal de Salud Pública, que tendrá su sede en Zaragoza.

Beltrán ha defendido que estas inversiones también tienen un impacto directo en el día a día de los ciudadanos. Como ejemplo, ha citado el pabellón climatizado de Albalate de Cinca, convertido en refugio climático gracias a las ayudas estatales; las mejoras en residencias de mayores de municipios como Alfambra, Andorra, Valderrobres, Albalate del Arzobispo o Calanda mediante el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), así como el impulso a las exportaciones agroalimentarias, que ha permitido a empresas de Calatayud, La Almunia, Ricla o Mequinenza vender sus cerezas en China tras el acuerdo alcanzado entre ambos países.

En materia de vivienda, ha señalado que el Gobierno de España ha destinado 294 millones de euros entre 2018 y 2025 para impulsar la construcción de 1.240 viviendas y la rehabilitación de otras 4.504, además de prever otros 266 millones hasta 2030 con el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Al mismo tiempo, ha reprochado al Ejecutivo aragonés que no aplique la Ley de Vivienda para proteger a quienes residen en zonas tensionadas.

El delegado también ha defendido la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, que, según ha indicado, supondría 630 millones de euros adicionales al año para Aragón, así como la condonación parcial de la deuda, que reduciría el endeudamiento de la comunidad en 2.124 millones.

Precisamente, ha centrado buena parte de sus críticas en el Ejecutivo de Jorge Azcón por rechazar iniciativas impulsadas desde el Gobierno de España. Ha citado la negativa a la condonación de la deuda, al nuevo modelo de financiación autonómica, al Plan Estatal de Vivienda o a distintos acuerdos alcanzados en conferencias sectoriales.

“Ayer mismo tuvimos dos ejemplos en los que no asistieron a reuniones en las que se iba a destinar dinero para educación y para contratar profesores universitarios. Hace unos días conocimos que el Gobierno de Azcón no apoyó las ayudas del Gobierno de España para climatizar los centros públicos. Es un goteo constante de decisiones partidistas que perjudican a los aragoneses”, ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que Zaragoza haya renunciado a proyectos susceptibles de financiación europea, como la segunda línea del tranvía, y ha recordado que actuaciones como los autobuses de cero emisiones, las nuevas unidades del tranvía, las obras de las avenidas de Cataluña y Navarra, la renaturalización del río Huerva o la recuperación de espacios patrimoniales como Giesa, la Celda del Prior o la Harinera de Casetas cuentan con una aportación decisiva del Gobierno de España.

En el plano económico y social, Beltrán ha defendido que el crecimiento económico se ha acompañado de una mejora de las condiciones laborales y del refuerzo del Estado del bienestar. Según ha expuesto, desde la reforma laboral los contratos indefinidos han aumentado un 203% en Aragón, hasta alcanzar los 175.365, mientras que 58.400 trabajadores se benefician de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Además, uno de cada cinco solicitantes del proceso extraordinario de regularización de extranjeros ya está dado de alta en la Seguridad Social, con 6.412 afiliados de un total de 33.865 solicitudes presentadas en la comunidad.

En cuanto a las políticas sociales, ha destacado que la pensión media de jubilación ha aumentado un 45% desde 2018, hasta situarse en 1.644 euros mensuales, 510 euros más que hace ocho años. También ha cifrado en 19.685 los estudiantes becados por el Ministerio de Educación, en 62.182 las personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital y en 45.827 los hogares beneficiarios del bono social eléctrico. A ello ha añadido el incremento de la financiación estatal para la dependencia, que alcanzará los 145 millones de euros en 2026 y los 193,6 millones en 2027, además de inversiones de 621,8 millones en educación, 921,7 millones en ciencia e innovación y 465 millones en transformación digital desde 2019.

Beltrán ha concluido asegurando que el Gobierno de España afronta el último año de legislatura con el objetivo de culminar las reformas en vivienda y cambio climático y ha insistido en que “nunca antes un Gobierno de España había apostado tanto por Aragón ni había movilizado tantos recursos para transformar esta tierra”. A su juicio, “cuando el Gobierno de España apuesta por Aragón, Aragón avanza”, aunque ha reiterado que la comunidad “podría llegar todavía más lejos si el Gobierno de Aragón abandonara la política del 'no a todo' y trabajara con lealtad institucional en beneficio de los aragoneses”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia en las Cortes de Aragón del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y del director general de Desregulación para que informen sobre las actuaciones y directrices dictadas en relación con los menores acogidos en centros del sistema público de protección.

En concreto, los socialistas han registrado una petición para que Nolasco comparezca ante el Pleno de las Cortes con el fin de explicar la política de su departamento respecto a los menores tutelados por la Administración. Paralelamente, reclaman que la directora gerente del IASS y el director general de Desregulación acudan a la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia para informar sobre las actuaciones y las directrices realizadas y recibidas en relación con estos menores.

Las solicitudes llegan en plena polémica por la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad, una medida anunciada esta semana por Nolasco y que el Ejecutivo justifica por motivos de legalidad y por el ahorro de 180.000 euros anuales que, según sostiene, permitirá financiar hasta siete plazas en residencias de mayores.

La decisión ha abierto varios frentes en los últimos días. El Ministerio de Juventud ha denunciado ante la Fiscalía de Sala de Menores la medida, la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para recabar información sobre su fundamento y ámbito de aplicación y Amnistía Internacional ha remitido una carta al presidente, Jorge Azcón, en la que pide que se revoque la decisión por considerar que supone una medida discriminatoria contra la infancia migrante.

Además, la Orden y los conciertos actualmente vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que el Gobierno trasladó a las entidades gestoras la instrucción de dejar de abonarlo con efecto inmediato, pese a que la modificación de los nuevos conciertos todavía no tiene fecha.

Amnistía Internacional ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que revoque la decisión de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. La organización considera que la medida, impulsada por la Consejería de Bienestar Social y Familia, dirigida por Vox, constituye una actuación “claramente discriminatoria” que vulnera derechos fundamentales de la infancia.

En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo autonómico, Amnistía recuerda que los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de una administración pública “no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por razón de su nacionalidad u origen”. A su juicio, la retirada de esta asignación únicamente a los menores migrantes supone “una clara violación de los derechos humanos, de la Constitución Española y de varias leyes estatales y autonómicas”.

La organización sostiene que el principio de no discriminación impide establecer diferencias de trato que carezcan de una justificación objetiva y razonable para excluir o limitar el acceso de determinadas personas a prestaciones públicas. Asimismo, subraya que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier decisión que afecte a la infancia. “Cumplir esto es una obligación, no una opción”, recalca.

En este sentido, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha señalado que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los niños y niñas disfruten de una igualdad efectiva de oportunidades, con independencia de su origen o nacionalidad.

Cumplir el interés superior del menor es una obligación, no una opción

Amnistía Internacional también defiende que la asignación semanal cumple una función educativa, ya que permite a los menores aprender a gestionar su propio dinero y adquirir habilidades para la vida adulta. Por ello, considera que su eliminación exclusivamente para los menores migrantes “tan solo contribuye a ahondar en su estigmatización y señalamiento”. Además, la organización recuerda que corresponde al Gobierno de Aragón garantizar que todos los menores bajo su tutela dispongan de un alojamiento adecuado, acceso a la salud y la educación y un plan individualizado que favorezca su autonomía, con independencia de su nacionalidad.

Por todo ello, insta al Ejecutivo autonómico a garantizar que todos los niños y niñas tutelados por la comunidad “tengan reconocidos todos sus derechos sin ningún tipo de discriminación” y reclama que las administraciones públicas combatan los discursos racistas y xenófobos mediante el refuerzo de los recursos sociales.

El vicepresidente Alejandro Nolasco anunció esta semana la supresión de la asignación semanal de 17 euros que perciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración, una medida que justificó por el ahorro de 180.000 euros anuales y por el principio de “prioridad nacional” recogido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. En los últimos días, la decisión ha sido remitida a la Fiscalía de Menores por el Ministerio de Juventud, la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio y las entidades y partidos políticos han criticado la medida.

Uno de los remolques que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, utiliza en su recorrido por el territorio español entregando el sistema de extinción de incendios Eco Fire lleva visible el logo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). La presencia del distintivo puede apreciarse en un vídeo difundido por el eurodiputado en sus redes sociales, en el que aparece junto a uno de estos remolques durante una de las entregas de este producto. En la imagen se aprecia el remolque de color rojo donde unas letras indican que es un equipo antiincendios de primera intervención y debajo lleva colocados los logos de la DPH y Eco Fire.

Fuentes de la DPH han explicado a elDiario.es que el carro “no es propiedad de la Diputación”, sino del inventor del sistema Eco Fire, César Sallén, natural de Binéfar (Huesca). Según la institución provincial se trata del mismo remolque que se utilizó durante la presentación pública del proyecto en Torla, en 2024, cuando el dispositivo todavía no estaba en funcionamiento y al que, para ese acto, se le colocó una pegatina con el logotipo de la DPH.

La Diputación sostiene que el vehículo que aparece en los vídeos publicados por Alvise Pérez no forma parte de los medios con los que cuenta actualmente el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS). Desde la institución creen que el propietario del carro pudo haberlo cedido posteriormente y “ha olvidado” retirar la pegatina de la institución.

Actualmente, la Diputación Provincial de Huesca dispone de cinco remolques Eco Fire en servicio, distribuidos estratégicamente por el territorio para reforzar la primera respuesta ante incendios forestales. Estos están distribuidos en Beranuy, para cubrir la zona Norte-Oriental; en Torla y San Juan de Plan, en el sector Norte-Central; y en Hecho y Agüero para la zona Occidental.

Por ello, la DPH insiste en que ninguno de esos cinco remolques es el que aparece en las imágenes difundidas por el líder de SALF. Además, subrayan que el vehículo no es propiedad de la institución, pese a conservar un logotipo oficial que identifica al servicio provincial de incendios.

Iniciativa en redes sociales

En las últimas semanas y ante la oleada de incendios que asola España, Alvise Pérez ha convertido este sistema en una de sus iniciativas más visibles en redes sociales. A través de sus perfiles asegura estar distribuyendo miles de litros de Eco Fire a distintos municipios del país. El dirigente afirma que ha adquirido 5.000 litros para ampliar el reparto y está en constante coordinación con alcaldes y ayuntamientos afectados por el fuego. Unas afirmaciones cuya veracidad está siendo objeto de comprobación por distintos medios especializados en verificación, como Maldita.es.

El Eco Fire es un sistema de apoyo a la extinción de incendios diseñado por el binefarense César Sallén. El dispositivo combina un remolque con depósito y autobomba con un agente extintor que es entre 50 y 100 veces más eficaz que el agua en tareas de extinción.

El producto se utiliza para la creación de cortafuegos y como aislante térmico. Crea una barrera que dificulta la propagación de las llamas y reduce la transmisión del calor, permitiendo a los equipos de intervención aproximarse con mayor seguridad al foco del incendio. Su promotor sostiene que, además, es un producto ecológico, orgánico y biodegradable, cuyas propiedades permanecen activas hasta que se registran precipitaciones superiores a diez litros por metro cuadrado.

180.000 euros que se podrían destinar a siete plazas en residencias de ancianos. Con esta premisa justificó el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), la retirada de la asignación semanal a los menores extranjeros no acompañados tutelados. Sin embargo, los conciertos que regulan la gestión de los centros de acogida incluyen esa prestación dentro del precio por plaza y una de las entidades gestoras, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que ese dinero “no se devuelve” a la Administración, sino que se destinará a otros gastos del propio servicio.

Los propios conciertos contrastan con el principal argumento económico empleado por el Ejecutivo para defender la medida. Nolasco anunció este lunes la supresión de la paga semanal de 17 euros que reciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración y aseguró que permitirá ahorrar 180.000 euros al año. Sin embargo, los conciertos vigentes enmarcan esta asignación dentro del conjunto de prestaciones que deben garantizar las entidades gestoras, al mismo nivel que el alojamiento, la manutención, la atención educativa o el acompañamiento a la autonomía. Los pliegos no solo incluyen el “dinero de bolsillo de asignación semanal”, sino que obligan además a disponer de un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos” para regular su entrega.

Según explica una de las organizaciones que gestiona estos recursos, el importe que abona el Gobierno de Aragón por cada plaza concertada es fijo y no varía por la retirada de esta prestación: “Ese dinero no se devuelve. Si no se destina a la paga semanal, habrá que emplearlo en otros gastos”, señala la entidad. Entre ellas cita actividades educativas y de ocio, salidas culturales o gastos extraordinarios, como la compra de unas gafas para poder ver el eclipse o cualquier otra necesidad que pueda surgir durante la estancia en el centro. Esos fondos, añade, deberán utilizarse para cubrir otras necesidades de los menores o financiar actividades previstas dentro del proyecto educativo de los centros.

La propia Orden que regula estos conciertos, además de exigir que los centros dispongan de un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos”, establece que las entidades concertadas asumirán, entre otros gastos, el material escolar, las actividades de ocio y tiempo libre, los campamentos de verano y el “dinero de bolsillo de asignación semanal”. Asimismo, recoge que deberán proporcionar a los menores los recursos necesarios para la vida diaria, entre ellos los “gastos de bolsillo”. La Orden que regula actualmente estos conciertos continúa en vigor y el Gobierno no ha aprobado, por el momento, una nueva norma que la sustituya o modifique. Pese a ello, el Departamento defiende que la instrucción remitida a los centros es el instrumento que debe aplicarse mientras se tramitan los nuevos conciertos.

El Departamento de Bienestar Social y Familia sostiene que la instrucción remitida a los centros “prevalece” porque el Gobierno de Aragón es el titular del servicio y las entidades deben ajustarse a las condiciones que establezca el Ejecutivo. Añade que ni la Orden ni los conciertos tienen rango de ley y anuncia que los nuevos conciertos incorporarán estas nuevas condiciones, aunque todavía no concreta cuándo se firmarán. Respecto al ahorro anunciado por Nolasco, el Departamento explica que los 180.000 euros corresponden a una estimación calculada a partir del número de menores tutelados, los 17 euros semanales y las 52 semanas del año. El Departamento no aclara si ese ahorro implicará una reducción del importe de los conciertos vigentes o de qué manera se trasladará al presupuesto autonómico mientras estos continúen en vigor.

El anuncio del Ejecutivo afecta exclusivamente a los menores extranjeros que forman parte del sistema de acogida, no a los españoles, tal y como confirmó el propio departamento a este diario. El Gobierno de Aragón sostiene que la ayuda a los menores migrantes “carecía de cobertura normativa” y que su supresión responde a un criterio de legalidad, aunque hasta ahora formaba parte del funcionamiento habitual de estos centros y de los conciertos suscritos con las entidades gestoras.

Aplicación inmediata antes de la instrucción

La retirada de la asignación ya ha comenzado a aplicarse en los centros, pese a que la instrucción interna anunciada por el Gobierno de Aragón todavía no se ha publicado. El mismo lunes en que Nolasco hizo público el anuncio, la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) remitió un correo urgente a las entidades gestoras para solicitar el importe de la asignación semanal, el número de menores que la percibían y el gasto total correspondiente a 2024 y 2025. Horas después envió un segundo mensaje en el que pidió que comunicaran si alguna entidad se había adherido o compartía un comunicado crítico con la retirada de la ayuda.

Una de las entidades afectadas asegura que, junto a esas comunicaciones, recibió la orden de dejar de abonar la asignación con efecto inmediato, a pesar de que la instrucción que debe regular formalmente la medida aún no ha sido publicada. La organización considera además que la decisión entra en conflicto con los conciertos actualmente en vigor, ya que estos siguen recogiendo el dinero de bolsillo entre las prestaciones incluidas en el servicio.

Frente político y judicial

La retirada de la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados ha desencadenado un choque político y jurídico. El Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado el caso a la Fiscalía de Sala de Menores al considerar que puede existir una discriminación por razón de origen, al mantener la ayuda para los menores españoles tutelados y eliminarla únicamente para los extranjeros. El departamento que dirige Sira Rego sostiene que la medida podría vulnerar los artículos 14 y 39 de la Constitución y recuerda que el dinero de bolsillo tiene un carácter educativo y favorece la autonomía de los menores.

La oposición también ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón. El PSOE ha anunciado que solicitará la intervención de la Justicia de Aragón y ha acusado al Gobierno de asumir el discurso de Vox, mientras CHA ha presentado una denuncia ante la Fiscalía al apreciar posibles indicios de prevaricación y de un delito de odio. IU ha calificado la decisión de “racista”, “inconstitucional” y “moralmente miserable” y ha reclamado su retirada inmediata.

Sin embargo, el PP ha evitado cuestionar públicamente la decisión de su socio de gobierno. Tanto el presidente, Jorge Azcón, como la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, han remitido el asunto a la Consejería de Bienestar Social y Familia y a los informes jurídicos que deben sustentar la medida. El Gobierno ha defendido que responde al acuerdo de coalición con Vox y ha insistido en que su aplicación deberá ajustarse a la legalidad.

Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón –cargo equivalente al Defensor del Pueblo autonómico–, ha acordado abrir un expediente de oficio tras las informaciones publicadas sobre la decisión del Gobierno autonómico de retirar la asignación semanal que perciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración.

La institución ha adoptado esta decisión en ejercicio de sus competencias sobre la protección de la infancia y la adolescencia, con el fin de obtener la información oportuna sobre la medida y, en su caso, sobre su fundamento y su ámbito de aplicación.

La actuación se produce dos días después de que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), anunciara la supresión de la asignación semanal de 17 euros que reciben estos menores. El dirigente defendió que la medida permitirá ahorrar 180.000 euros al año —una cantidad que, según afirmó, equivale al coste de hasta siete plazas en residencias para mayores— y la enmarcó en el principio de “prioridad nacional” recogido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

La decisión afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Aragón. Los menores españoles integrados en el sistema de protección continuarán percibiendo esta asignación. El Ejecutivo sostiene que la ayuda carecía de cobertura legal y que su retirada responde a un criterio de legalidad.

Este mismo miércoles, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha registrado un escrito ante la institución del Justicia de Aragón, en el que solicita su intervención para que investigue si la decisión del vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, de retirar la asignación semanal destinada a gastos personales de los menores extranjeros no acompañados cuenta con el respaldo legal y técnico exigible. Alegría ha calificado esta medida de “nueva política xenófoba y segregadora” del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón y ha considerado que supone un trato discriminatorio hacia los menores extranjeros bajo tutela de la administración autonómica.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha registrado este miércoles, 29 de julio, un escrito ante la institución del Justicia de Aragón, en el que solicita su intervención para que investigue si la decisión del vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, de retirar la asignación semanal destinada a gastos personales de los menores extranjeros no acompañados cuenta con el respaldo legal y técnico exigible.

Tras presentar el escrito en la sede del Justiciazgo, Alegría ha calificado esta medida de “nueva política xenófoba y segregadora” del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón y ha considerado que supone un trato discriminatorio hacia los menores extranjeros bajo tutela de la administración autonómica.

La dirigente socialista ha explicado que la petición se dirige al Justiciazgo al entender que la institución tiene competencias para velar por la protección de los derechos de los menores y supervisar la actuación de las administraciones públicas aragonesas.

En concreto, el PSOE pide que el Justicia investigue si la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón está respaldada por informes técnicos y jurídicos, si se han seguido todos los procedimientos previstos en la legislación de protección del menor y si se ha tenido en cuenta la situación de los jóvenes afectados antes de adoptar la medida.

Asimismo, el escrito solicita también la suspensión cautelar de la medida, mientras la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, desarrolla sus actuaciones y analiza la documentación aportada por el Ejecutivo autonómico.

“Los hijos del Gobierno de Azcón”

Durante su comparecencia, Alegría ha sostenido que los menores tutelados “vengan de donde vengan” son responsabilidad del Ejecutivo autonómico y ha afirmado que la obligación del Gobierno es protegerlos y atenderlos, no “estigmatizarlos y señalarlos”.

“Esos niños y esas niñas son los hijos del Gobierno de Aragón”, ha manifestado la secretaria general del PSOE Aragón, quien ha insistido en que los menores extranjeros no acompañados llegan a la Comunidad Autónoma por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad y bajo la tutela de la Administración. En este sentido, la también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar políticas “absolutamente racistas y discriminatorias” y ha advertido de que este tipo de decisiones “empiezan a ser una constante” durante la presente legislatura.

Alegría también ha defendido que la asignación económica, cuya retirada ha anunciado el Gobierno de Aragón no se concede de forma automática, sino que responde a criterios establecidos por los profesionales que trabajan en los centros de protección de menores. La líder de los socialistas aragoneses ha considerado, además, que corresponde al Justicia de Aragón comprobar si la medida cumple con el marco legal de protección de la infancia y si se han respetado todas las garantías administrativas antes de su aprobación.

Preguntada por las declaraciones realizadas este lunes por miembros del Ejecutivo autonómico, que aseguraron desconocer los informes jurídicos que sustentan la decisión, Alegría ha criticado que el Gobierno trate de “echar balones fuera” y ha responsabilizado directamente al presidente aragonés.

“Aquí no vale decir que esto no va con él. Jorge Azcón es el presidente de Aragón y el máximo responsable de las políticas que adopta el Gobierno”, ha afirmado. Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico no puede desvincularse de una decisión que, a su juicio, discrimina a un colectivo concreto de menores por su origen y que, además, afecta a personas especialmente vulnerables. Alegría ha insistido en que el PSOE pretende que el Justicia solicite toda la documentación que sustenta la orden y determine si existen informes técnicos, jurídicos o sociales que avalen la retirada de la ayuda económica.

Críticas a la política del gobierno

La secretaria general del PSOE Aragón ha sostenido también que este tipo de iniciativas sirven al Gobierno autonómico para centrar el debate público en cuestiones que, a su juicio, apelan a las emociones mientras se aprueban otras decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.

Como ejemplo, ha citado el incremento del 14% del módulo de la vivienda protegida aprobado por el Ejecutivo aragonés, una medida que, según ha dicho, traslada la idea de que el principal problema de la vivienda es la rentabilidad de las empresas promotoras y no las dificultades de acceso que sufren las familias y los jóvenes.

“Yo creía, como la mayoría de los aragoneses, que el principal problema de la vivienda es que las familias y especialmente los jóvenes no pueden acceder a una vivienda por los precios tan abusivos”, ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que, en anteriores ocasiones, el Ejecutivo aragonés promovió otros debates relacionados con los menores extranjeros mientras, según ha asegurado, aprobaba medidas como el concierto del Bachillerato.

Pilar Alegría ha explicado que el PSOE ha optado por acudir al Justicia de Aragón por las competencias que la institución tiene en materia de defensa de los derechos de la ciudadanía y, en particular, de los menores de edad.

En su opinión, resulta necesario que el Justiciazgo analice la legalidad de la decisión y valore si vulnera los principios de igualdad y protección de la infancia recogidos en la normativa vigente.

La dirigente socialista ha reiterado que el objetivo de la iniciativa es lograr la paralización de la medida mientras se esclarece si el procedimiento seguido por el Gobierno de Aragón se ajusta al ordenamiento jurídico y garantiza los derechos de los menores tutelados afectados por la retirada de esta prestación económica.

La nueva Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza comenzará a andar con una participación mínima en el proceso de selección. El plazo para incorporarse al equipo se ha cerrado con una solicitud para la plaza de intendente y nueve para las ocho plazas de agente, una cifra que el sindicato CSL, mayoritario en el cuerpo, considera un “fracaso total” al no alcanzar, según sostiene, ni el 1% de la plantilla. Un resultado que llega tras semanas de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y los sindicatos por las condiciones económicas y organizativas del servicio.

El desenlace se produce, además, después de que el Ayuntamiento haya solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para facilitar la incorporación de las policías locales al sistema Viogén. La convocatoria autonómica permite financiar el cien por cien de las actuaciones subvencionables e incluye expresamente los complementos asociados a las guardias y a la atención de las víctimas de violencia de género.

El Consistorio anunció hace meses su intención de adherirse al sistema Viogén y conformar la Unidad Égida, encargada de asumir estas funciones dentro de la Policía Local. Aunque el número de aspirantes supera en uno las plazas convocadas para agentes, desde CSL sostienen que la escasa participación evidencia el “rechazo” de buena parte de la plantilla a las condiciones planteadas por el Ayuntamiento. “Significa que algo ha fallado”, resume el sindicato, que vincula el resultado al conflicto mantenido durante las últimas semanas.

En la reunión mantenida este miércoles entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales, el Gobierno municipal se comprometió a revisar las condiciones de la unidad una vez lleve un tiempo en funcionamiento. Sin embargo, según CSL, ese compromiso no incluye cambios en aspectos que consideran clave, como la disponibilidad telefónica o las condiciones laborales que han centrado la negociación, por lo que el sindicato no aprecia “visos” de que la situación vaya a modificarse.

Fuentes municipales evitaron valorar el número de aspirantes. “Cuando acabe el proceso de selección se harán las valoraciones pertinentes”, señalaron, al tiempo que recordaron que el plazo para presentar solicitudes ya ha concluido, pero que el procedimiento continúa ahora con la actuación del tribunal encargado de la selección.

Un conflicto enquistado

La negociación entre ambas partes se ha prolongado durante semanas. Los representantes sindicales denunciaron inicialmente que la propuesta económica del Ayuntamiento suponía una compensación de apenas 1,79 euros diarios por la disponibilidad exigida a los agentes, una cifra que calificaron de insuficiente para un servicio con las características de Viogén. Posteriormente, el Gobierno municipal anunció que había alcanzado un acuerdo para poner en marcha la Unidad Égida, aunque las organizaciones sindicales desmintieron que existiera ese consenso y acusaron al Consistorio de dar por cerrada una negociación que seguía abierta.

Los sindicatos remitieron la pasada semana un nuevo comunicado en el que califican de “surrealista” el proceso negociador. En él denuncian la “falta de seguridad jurídica” derivada de las modificaciones introducidas en la Orden General del Cuerpo, critican que el Gobierno municipal se haya negado a convocar una última Mesa General de Negociación para votar el acuerdo definitivo y acusan tanto al consejero de Régimen Interior como a la alcaldesa, Natalia Chueca, de permitir una situación que, a su juicio, “aboca al fracaso absoluto” la implantación de la Unidad Égida.

Frente a esas críticas, el Ayuntamiento ha defendido durante las últimas semanas que las condiciones ofrecidas son suficientes para poner en marcha el servicio y ha confirmado a este diario que ha solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para sufragar parte de los costes de la unidad.

La convocatoria de subvenciones, publicada en junio en el Boletín Oficial de Aragón, está dotada con 300.000 euros y contempla la financiación del 100% de las actuaciones subvencionables. Entre ellas se incluyen expresamente los complementos e indemnizaciones del personal asociados a las guardias o a la atención de los casos de violencia de género, además de la formación de los agentes y otros gastos corrientes relacionados con el servicio.

La orden prevé, además, ayudas de hasta 250 euros mensuales por cada efectivo dedicado a estas funciones y de hasta 300 euros al mes para la coordinación de la unidad, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la convocatoria.

La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública pone el broche a una candidatura que comenzó a tomar forma hace casi cuatro años. Aunque ha sido el Gobierno de Jorge Azcón el que ha presentado la propuesta definitiva que ha acabado imponiéndose, el trabajo arrancó durante la legislatura de Javier Lambán. Fue entonces, en 2022, cuando el Departamento de Sanidad creó un grupo impulsor para preparar el expediente y reunir a las principales instituciones científicas, sanitarias y académicas de Aragón.

El presidente aragonés ha calificado este martes la designación de “histórica” y ha asegurado que sitúa a Aragón “en el epicentro de la sanidad española”. Azcón ha recordado que el Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado enero a la candidatura definitiva tras “un intenso trabajo” y ha destacado que el proyecto se articula en torno al Pabellón de Aragón, un edificio de 7.000 metros cuadrados cuya rehabilitación rondará los 20 millones de euros. Hasta que concluyan las obras, la Agencia dispondrá de una sede provisional en Expo Empresarial.

Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, el nuevo organismo generará un impacto económico cercano a los tres millones de euros durante el primer año, una cifra que podría alcanzar los 15 millones cuando la plantilla llegue a los 300 trabajadores.

Una candidatura nacida tras la pandemia

La historia de esta candidatura comenzó en octubre de 2022. El Gobierno de Aragón movió ficha pocos meses después de que el Ejecutivo central anunciara su intención de repartir por el territorio distintos organismos estatales y constituyó un grupo técnico e institucional para preparar la propuesta de Zaragoza. La entonces consejera de Sanidad, Sira Repollés, explica a elDiario.es que la idea surgió tras la pandemia, cuando Aragón había ganado peso por el trabajo desarrollado desde la Dirección General de Salud Pública. “Pasamos la pandemia con una dirección general que funcionó de manera ejemplar. Teníamos un equipo muy bueno y propuestas muy innovadoras en vigilancia epidemiológica. Eso nos hizo pensar que Aragón tenía credenciales para aspirar a albergar la Agencia”, recuerda.

El acta de la primera reunión de ese grupo, celebrada el 6 de octubre de 2022, refleja que el Ejecutivo autonómico ya había remitido una carta al Ministerio de Sanidad proponiendo oficialmente a Zaragoza como sede. Aquel equipo tenía un cometido claro: elaborar el dossier de la candidatura e identificar los puntos fuertes de Aragón incluso antes de que el Gobierno fijara los criterios para elegir la ubicación definitiva.

En ese grupo participaron representantes del Departamento de Sanidad, la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón) y otros organismos científicos. Más adelante se sumaron el Ayuntamiento de Zaragoza, la FAMCP, el CITA y otras entidades para reforzar una candidatura que buscaba implicar a toda la comunidad.

“Nos pusimos en marcha con mucha ilusión y mucha potencia”, recuerda Repollés. Según relata, aquel equipo elaboró el documento técnico, definió las fortalezas de la candidatura, estudió varias ubicaciones y acabó eligiendo el Pabellón de Aragón como futura sede de la Agencia. También preparó medidas para facilitar la llegada de los trabajadores, desde apoyo para encontrar vivienda hasta la escolarización de sus hijos.

Según Repollés, el documento elaborado por el grupo impulsor y presentado por el anterior Ejecutivo en 2023 ha sido el punto de partida sobre el que el Ministerio y el actual Gobierno de Aragón han trabajado para completar la candidatura definitiva. “Se implicó muchísima gente y hubo mucho consenso. Queríamos que Zaragoza fuera un emblema de salud global”, resume.

Un argumentario que se ha mantenido

Las fortalezas con las que Zaragoza ha logrado finalmente la sede son, en esencia, las mismas que el Gobierno de Aragón defendía hace cuatro años: la posición estratégica de la ciudad, sus conexiones, el ecosistema científico y sanitario, el IACS, el IIS Aragón, las facultades de Medicina y Veterinaria o la apuesta por el modelo One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental.

La secretaria general del PSOE Aragón y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reivindicado el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo autonómico. “El Gobierno del socialista Javier Lambán, con Sira Repollés como consejera de Sanidad, ya trabajó para posicionar a Zaragoza como sede de esta Agencia”, ha señalado. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también ha puesto este martes el foco en esos argumentos y ha recordado que fue el Gobierno de Aragón quien impulsó la propuesta para albergar la Agencia, además de destacar el consenso institucional y científico que la ha acompañado.

La candidatura, sin embargo, tuvo que esperar varios años para materializarse. Aragón comenzó a prepararla en 2022 y la presentó oficialmente en 2023, pero la elección de la sede quedó en suspenso porque la propia Agencia Estatal de Salud Pública todavía no había sido creada. El primer proyecto de ley registrado por el Gobierno decayó con el final de la legislatura y la convocatoria de las elecciones generales de 2023, por lo que la norma tuvo que volver a tramitarse desde el inicio.

El texto regresó al Congreso en 2024, aunque su aprobación volvió a retrasarse después de que el PP, junto a Vox y Junts, votara en contra del proyecto en marzo de 2025. El Gobierno volvió a presentar la ley unas semanas después y esta vez salió adelante. Tras superar también su tramitación en el Senado, la Agencia quedó creada por ley en julio de 2025, lo que permitió reactivar el proceso para elegir la ciudad que albergaría su sede. Con la creación del organismo ya aprobada y el concurso reactivado, el Gobierno de Aragón actualizó la candidatura elaborada durante la legislatura anterior y la presentó oficialmente el pasado enero.

Es una Vicepresidencia de nombre enrevesado –Desregulación, Bienestar Social y Familia–, con cinco direcciones generales y dos organismos autónomos, pero con casi un único cometido: sostener una guerra total contra 238 niños, niñas y adolescentes sin acompañar en Aragón. Todo ello, con la connivencia del PP de Jorge Azcón. Ese es el balance de tres meses que se puede hacer hasta el momento de la segunda etapa de Alejandro Nolasco, cabeza visible de Vox en la comunidad, como número dos del Ejecutivo autonómico. Un relato que incluye pruebas forenses a pequeñas de nueve años para determinar su edad o la retirada de una paga semanal de 17 euros a todos los menores migrantes, sea cual sea su comportamiento.

Esta película de miedo, con entregas semanales salvo en el lapso en que Aragón ha estado asediado por los incendios, ha dado lugar ya al menos a dos denuncias ante la Fiscalía: una del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego y otra de Chunta Aragonesista.

El comienzo del 'asedio' se puede situar en el propio acuerdo de gobierno suscrito por Azcón y Nolasco el 22 de abril: 'No más MENAS', arrancaba el segundo epígrafe, dedicado a inmigración. “El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, precisaba el documento. Pese a que el plazo marcado era “desde el primer día”, lo cierto es que Vox se ha visto obligado a seguir recibiendo menores migrantes bajo tutela ante el riesgo de violar la ley si se oponía.

El pacto incluía en realidad un rosario de medidas con este mismo fin: el despliegue de un 'plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal', con “acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos” –una competencia que en todo caso corresponde al Ejecutivo central–; 100.000 euros para el Instituto de Medicina Legal de Aragón dentro de una “partida específica” con el objetivo de incrementar las pruebas de determinación de edad entre los menores migrantes no acompañados; “ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible” en este ámbito, y el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, con más “protocolos de intervención y disciplina”.

Primera intervención en las Cortes

Ya investido como vicepresidente, la primera intervención de Nolasco en las Cortes de Aragón fue para mantener la intensidad de la guerra contra este conjunto de niños, niñas y adolescentes: “Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos”, tituló el Departamento la nota de su comparecencia.

El 26 de mayo, primer conato de crisis de gobierno. El vicepresidente Nolasco manifestó públicamente que se iba a reforzar “la seguridad” en los centros con menores migrantes ante la “alarmante acumulación de altercados”, que no sustentó en datos. La también vicepresidenta Mar Vaquero (PP) le recordó que no era “posible” meter a policías nacionales solo a vigilar estos centros, ya que son de acogida y por lo tanto solo pueden acceder ante situaciones de violencia. Dos días más tarde, Nolasco cerró la polémica reculando en parte: la seguridad se reforzaría “de una manera u otra”.

Esa semana, el portal oficial del Ejecutivo autonómico –donde hasta ahora se había vendido solo la acción de Gobierno– publicó una nota de la Vicepresidencia sobre una supuesta agresión de un menor a una trabajadora social, con datos como la edad y la nacionalidad del joven. Esta práctica se ha ido sucedido en el tiempo: hasta nueve notas de prensa oficiales más en apenas dos meses similares. Hasta la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón han tenido que salir al paso para afear a Vox las publicaciones y la terminología empleada. La respuesta del vicepresidente de esta formación fue acusar a los periodistas de “estar a la orden de partidos políticos”.

Otra marcha atrás

A principios de junio se vivió una de las mayores controversias, cuando el vicepresidente Nolasco anunció que su Departamento iba a llevar a cabo pruebas forenses a todos los menores migrantes en Aragón para determinar su edad. Y puso el ejemplo de una niña de nueve años que, según la estimación que le habían trasladado, tenía “trece”. El dirigente de la extrema derecha tuvo que dar marcha atrás en parte –una constante en estas semanas–, ya que el Gobierno de Aragón solo puede trasladar su interés en llevar a cabo análisis concretos a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que debe dar el visto bueno.

Por entonces, la oposición en las Cortes de Aragón al completo se unió para criticar la “grave irresponsabilidad” del Ejecutivo de Jorge Azcón por “contribuir a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados mediante mensajes institucionales que señalan y estigmatizan a un colectivo especialmente vulnerable”.

También salieron al paso los propios educadores sociales, los encargados precisamente de tratar con los menores migrantes en los centros de acogida. Este colectivo lanzó un duro comunicado en el que censuraba la “narrativa” de Vox, que solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, analizaban, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión de estos chicos y chicas.

La última polémica ha llegado con la paga semanal para los niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. Son 17 euros semanales que reciben en función de su comportamiento y que ahora dará lugar a una discriminación: la Vicepresidencia de Vox ha anunciado que solo lo recibirán los nacionales, no los extranjeros, una acción que terminará en la Fiscalía entre acusaciones de “discriminación”.

¿Cuál ha sido el papel del PP en todo ello? Entre tibio y connivente. El presidente Azcón se ha manifestado dos veces últimamente, y en ambas ha intentado templar gaitas con el mismo argumento: si lo afirmado por Nolasco era “verdad” y estaba dentro de la “legalidad”, algo que no cuestionaba, lo aceptaba. En la misma línea de argumentario, la vicepresidenta Vaquero ha evitado el choque este mismo martes, al aceptar los pasos dados por la extrema derecha por formar parte del acuerdo de gobierno. El límite, ha dicho, es cumplir la ley: “Las dos partes sabemos que es así”.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de partos o adopciones múltiples. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha subrayado que “la gran novedad se halla en que introducimos el requisito de la residencia legal para ser beneficiario de la subvención”. Del mismo modo, “los beneficiarios deberán residir en cualquier municipio de Aragón como mínimo desde cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud”, ha añadido.

Nolasco ha valorado que, de esta forma, “la prioridad nacional ha llegado a las ayudas en materia de partos o adopciones múltiples, de acuerdo con el marco legal vigente”. El vicepresidente ha agregado que “lo responsable es atender primero a los de casa, a quienes llevan más tiempo cotizando y trabajando para mantener el sistema público”, dado que “los recursos son finitos”. Asimismo, la orden recoge como requisitos estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y no tener deudas pendientes de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.

La orden establece dos líneas de ayudas dirigidas a partos o adopciones múltiples o dobles. Una de ellas son las ayudas destinadas a partos o adopciones múltiples o dobles con discapacidad. En este caso, habrá una cuantía máxima por cada menor hasta que cumpla los 13 años de edad, y se aplicarán porcentajes correctores en función de los criterios de renta definidos en cada convocatoria.

La otra línea incluirá también una ayuda de pago único, correspondiente al año de nacimiento de dos hijos procedentes del mismo parto, o al año en que adquiera firmeza la resolución judicial de adopción o se dicte la resolución de acogimiento familiar permanente o de guarda con fines de adopción. Se dotará a esta ayuda de un importe fijo por familia, destinada a cubrir los gastos extraordinarios derivados de dichas situaciones.

En cuanto a las ayudas que se concedan, no será necesaria otra justificación que la de acreditar hallarse en la situación que motiva la concesión. Todo ello, sin perjuicio de los controles que pudiera establecerse para verificar su existencia.

La nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana de Zaragoza no se aprobará finalmente este mes. Un error administrativo en la tramitación del expediente ha obligado al Ayuntamiento a aplazar su aprobación definitiva hasta septiembre, cuando estaba previsto que pasara por el pleno municipal de julio.

El problema se produjo en la documentación necesaria para llevar la norma a votación. El expediente no contaba con uno de los requisitos adminitrativos en los plazos que estaban establecidos, la documentación debía estar disponible para los grupos municipales con una antelación mínima de 48 horas antes del pleno. Al no cumplirse este requisito, el Gobierno de Zaragoza ha optado por retrasar su aprobación.

La aprobación definitiva tendrá que esperar así al primer pleno al acabar verano. El retraso no modifica el contenido de la ordenanza, que ya ha sido negociada entre el Partido Popular y Vox y que salió adelante con su apoyo.

Una norma con multas de hasta 3.000 euros

La norma pretende regular el uso del espacio público y establecer sanciones ante determinados comportamientos considerados incívicos.

Entre las medidas incluidas figuran multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves. El texto contempla sanciones por actos vandálicos, grafitis o venta ambulante no autorizada, además de otras conductas como el botellón, despedidad de soltero o comportamientos que generen molestias en el espacio público.

Uno de los puntos que más debate ha generado durante la tramitación de la ordenanza es la sanción por dormir en parques y jardines. La norma incluye multas para quienes utilicen estos espacios públicos como lugar de descanso, una medida que ha sido especialmente criticada por su posible impacto en las personas sin hogar. Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una regulación sobre el uso del espacio público, mientras que las entidades sociales y parte de la oposición consideran que puede acabar sancionando situaciones de vulnerabilidad.

La decisión del Gobierno de Aragón de retirar la gratificación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad mientras la mantiene para los menores españoles ha unido este martes a la oposición en sus críticas al Ejecutivo de Jorge Azcón. PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han exigido al presidente aragonés que rectifique una medida que consideran discriminatoria y han rechazado que el líder del PP trate de desvincularse de una decisión adoptada por el departamento que dirige Vox.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mónica Iglesias, ha acusado al Gobierno de Aragón de “mentir de manera deliberada” y ha defendido que la asignación no es una “paguita” ni una “propina”, sino “una herramienta educativa” que las entidades sociales utilizan para favorecer la autonomía y la integración de los menores tutelados. “Solo se retira en este caso a los menores extranjeros”, ha recordado.

Iglesias ha sostenido además que la medida contradice el compromiso adquirido por el PP cuando presentó su acuerdo de gobierno con Vox y aseguró que todas las actuaciones se desarrollarían dentro de la legalidad. “Esta medida no está dentro de la legalidad vigente”, ha afirmado. A su juicio, “Vox está haciendo lo que dijo que haría; es el precio que pagamos para que el señor Azcón sea presidente”.

La dirigente socialista ha dirigido buena parte de sus críticas al presidente autonómico, al que ha acusado de eludir su responsabilidad política. “El señor Jorge Azcón ya no puede esconderse. No puede decir que preguntemos al departamento de Vox”, ha señalado. “Tiene que explicar si desconocía una decisión de este calado adoptada por su Gobierno o si la conocía y ha decidido desentenderse”. En su opinión, el presidente debe “desautorizar la medida, ordenar que se retire o asumirla como propia” y no “esconder la cabeza como un avestruz mientras Vox marca la agenda” de su Ejecutivo.

La portavoz socialista también ha denunciado la forma en que, a su juicio, se ha gestionado internamente la medida. Según ha explicado, el PSOE ha tenido acceso a dos correos electrónicos enviados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS): en uno se solicita recopilar de forma urgente los datos económicos de los menores extranjeros y, en otro, identificar a las entidades que han criticado la decisión. “Esto es coacción a las entidades que están cumpliendo con su trabajo”, ha asegurado. “No solo se señala a unos menores por su origen, también a quienes se atreven a discrepar”. Además, ha anunciado que el PSOE solicitará la intervención de la Justicia de Aragón al considerar que la decisión vulnera la normativa vigente.

CHA denuncia a Nolasco por delito de odio

Las críticas también han llegado desde Chunta Aragonesista, que este martes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, al apreciar un posible delito de prevaricación y otro de odio por la instrucción que retira la asignación semanal a los menores extranjeros tutelados mientras la mantiene para los españoles. La formación ha solicitado además la suspensión cautelar de la medida.

Su presidente, Jorge Pueyo, ha acusado a Nolasco de actuar “por racismo y xenofobia” y ha cuestionado que la supresión de la ayuda afecte únicamente a los menores extranjeros. “Si el señor Nolasco considera que estas asignaciones son injustificadas, ¿por qué las elimina exclusivamente para los menores extranjeros?”, se ha preguntado. A su juicio, una vez que Aragón asume la tutela de un menor, también adquiere la responsabilidad de garantizar su protección y autonomía, “porque bajo la tutela del Gobierno de Aragón no debería haber menores de primera y menores de segunda”.

Pueyo considera que la instrucción vulnera la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación aragonesa, además de provocar “el señalamiento público de un colectivo especialmente vulnerable”. También ha rechazado que Vox justifique la medida con el supuesto ahorro económico para crear plazas residenciales para mayores. “El mismo Gobierno que perdona cientos de millones en impuestos a grandes empresas ahora se dedica a recortar 17 euros a la semana a unos chavales. Es cuestión de prioridades”, ha afirmado.

Izquierda Unida también ha cargado contra el Gobierno de Aragón y ha exigido a Jorge Azcón que frene una medida que considera “racista, inconstitucional y moralmente miserable”. La coordinadora de la formación en Aragón, Marta Abengochea, ha acusado a Vox de utilizar a la infancia migrante “para alimentar el odio” y de convertir las instituciones “en una herramienta para enfrentar a la sociedad aragonesa”.

Abengochea ha recordado que la asignación semanal forma parte de los recursos que utilizan las entidades sociales para favorecer la integración, la autonomía y la transición a la vida adulta de los menores tutelados. “Retirarles esa pequeña asignación no mejora absolutamente nada. No favorece la convivencia, no mejora la integración y no contribuye a construir una sociedad más segura. Solo sirve para estigmatizar y castigar”, ha afirmado. Asimismo, ha respaldado la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de acudir a la Fiscalía al considerar que la medida podría vulnerar derechos fundamentales.

La dirigente de IU también ha dirigido sus críticas contra Azcón por intentar desvincularse de una decisión adoptada por uno de sus vicepresidentes. “¿Dónde está el señor Azcón? No puede esconderse detrás de un departamento cuando fue él quien decidió colocar al señor Nolasco al frente de esta consejería”, ha afirmado. En su opinión, el presidente debe aclarar si comparte una medida que, según ha dicho, “rompe el principio de igualdad, criminaliza a menores por su origen y sitúa al Gobierno de Aragón en una posición incompatible con los valores constitucionales”.

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha sostenido que el presidente aragonés “no puede escudarse” en que la decisión corresponde a Vox porque la Ley de Presidencia le convierte en el responsable de coordinar la acción del Ejecutivo. “Él tiene que responder por todo este tipo de medidas”, ha afirmado, antes de insistir en que la retirada de la asignación a los menores extranjeros tutelados tiene “muy difícil sustento jurídico” y recordar que el Ministerio ya ha trasladado el caso a la Fiscalía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo llamado a reforzar las capacidades del Estado en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias. El jefe del Ejecutivo ha dado a conocer la decisión durante la rueda de prensa de balance del curso político, en la que ha asegurado que se trata de “un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial de nuestro país”. “Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas”, ha añadido.

La decisión ha sido celebrada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien la ha calificado de “histórica” y ha asegurado que la llegada del organismo “pone Aragón en el epicentro de la sanidad española”. El dirigente autonómico ha recordado que la candidatura fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 14 de enero tras “un intenso trabajo” y ha señalado que las estimaciones apuntan a un impacto económico cercano a los tres millones de euros durante el primer año, que podría alcanzar los 15 millones cuando la Agencia cuente con los 300 empleados previstos.

El anuncio culmina el proceso iniciado por el Ejecutivo aragonés para convertir a Zaragoza en la sede del organismo. La candidatura, remitida al Ministerio de Política Territorial, defendía que la capital aragonesa reunía “condiciones óptimas” para albergar la Agencia gracias a un ecosistema científico, sanitario y universitario consolidado, el uso avanzado de datos sanitarios y un amplio respaldo institucional y social. El proyecto también destacaba el enfoque One Health y la capacidad de Aragón para poner en marcha una red ya consolidada en el ámbito de la salud pública.

La propuesta situaba la sede permanente en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008, un edificio de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de la superficie mínima exigida. El Gobierno de Aragón prevé invertir 20 millones de euros en su adecuación, unas obras que tendrán una duración estimada de entre dos y tres años. Mientras tanto, ofrecerá una sede provisional de más de 900 metros cuadrados en Expo Empresarial para que la Agencia pueda comenzar a funcionar. Según ha avanzado Azcón, el siguiente paso será firmar un convenio con el Gobierno de España para concretar los compromisos de ambas administraciones y poner en marcha la sede provisional.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado que la elección de Zaragoza responde al “elevadísimo consenso” institucional, político, social y científico que ha respaldado la candidatura, así como al potencial sanitario e investigador de la comunidad y a su posición estratégica. Además, ha reconocido el “entusiasmo” del Gobierno de Aragón por liderar una propuesta articulada en torno al Pabellón de Aragón y ha subrayado que la Agencia reforzará la proyección nacional e internacional de Zaragoza con la celebración de reuniones científicas, congresos y grupos de trabajo especializados.

Durante su comparecencia, Sánchez también ha reivindicado las políticas sanitarias impulsadas por su Ejecutivo. El presidente ha asegurado que durante su mandato el gasto en el estado del bienestar y las prestaciones sociales ha aumentado en 145.000 millones de euros para sanidad, educación y servicios públicos. Asimismo, ha destacado la incorporación de casi 500 nuevas plazas de Formación Sanitaria Especializada en la última convocatoria, hasta sumar 4.500 plazas más desde 2018; la ampliación de los cribados neonatales de siete a 23 enfermedades; la extensión del cribado de cáncer de mama hasta la población de entre 45 y 74 años; y el denominado Plan Veo, que, según ha dicho, beneficia ya a más de 370.000 menores de 16 años con ayudas de 100 euros para gafas y lentillas.

El Gobierno de Aragón ha evitado este martes entrar a valorar la decisión de Vox de retirar la gratificación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad mientras la mantiene para los menores españoles que residen en los mismos centros de protección. La medida establece un trato diferente en función de la nacionalidad y ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a denunciar el caso ante la Fiscalía por una posible discriminación. Pese a ello, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha evitado cualquier crítica al socio de coalición y ha enmarcado la actuación dentro del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox.

La instrucción dictada por la Consejería de Bienestar Social elimina la gratificación semanal de 17 euros para los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. Según precisaron fuentes del departamento a este diario, la supresión afecta únicamente a este colectivo, mientras que los menores españoles tutelados por la Administración seguirán percibiendo estas gratificaciones, cuya gestión recaerá en las direcciones de los centros de acogida.

La medida choca además con el discurso que el PP sostuvo cuando presentó el acuerdo de gobierno con Vox. Entonces defendió que la denominada “prioridad nacional” no implicaría discriminar por razón de nacionalidad y subrayó que todas las actuaciones se desarrollarían dentro de la legalidad y con los correspondientes informes jurídicos. La instrucción anunciada ahora distingue, sin embargo, entre menores tutelados en función de su nacionalidad.

Preguntada por la medida, Vaquero ha insistido en varias ocasiones en que se trata de una decisión adoptada por la consejería de Vox y ha remitido a las explicaciones ofrecidas por ese departamento. “Es una decisión tomada por la propia consejería y nos remitimos a los términos en los que esa instrucción queda definitivamente redactada”, ha afirmado. La portavoz también ha señalado que será la Vicepresidencia la que “comunique los términos en la redacción definitiva de esa medida”.

La portavoz ha defendido que el Ejecutivo respaldará las decisiones que adopten los distintos departamentos. “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”, ha asegurado. Asimismo, ha insistido en que “el Gobierno de Aragón es único, apoyado por dos formaciones” y que “el respaldo a todas las medidas es la deriva de ese acuerdo”. También ha recalcado que “no es una cuestión que se someta a votación en el ámbito del Gobierno”, sino que forma parte de las competencias de la Consejería de Bienestar Social.

Vaquero ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la decisión y ha centrado su defensa en la necesidad de que la instrucción cuente con respaldo jurídico. “Cualquier actuación que llevemos a cabo en el ámbito de nuestras competencias siempre tiene que tener los informes jurídicos”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que “los límites de las acciones llevadas a cabo por cada consejería son el cumplimiento de la ley”. En este sentido, ha apuntado que la medida todavía podría modificarse antes de su aplicación definitiva: “Cualquier medida, a la hora de materializarse, implantarse y ejecutarse, tiene que llevar estos informes. A veces tienes que adaptarla si hay algún condicionante jurídico; con esta medida se hará lo mismo”.

Respecto a la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de acudir a la Fiscalía, la portavoz ha asegurado que el Ejecutivo autonómico todavía desconoce el contenido de esa actuación. “Tendremos que conocer los términos de la reacción que fue conocida ayer a través de los medios. No tenemos conocimiento de ningún documento”, ha indicado. En cualquier caso, ha reiterado que “cualquier actuación del Gobierno de Aragón irá respaldada siempre por esos informes jurídicos”.

El Ministerio de Juventud e Infancia anunció este lunes que ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que investigue la decisión del Gobierno de Aragón al considerar que la retirada de la gratificación semanal únicamente a los menores extranjeros no acompañados podría vulnerar sus derechos fundamentales. En el escrito sostiene que la medida establece “una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen”, lo que podría suponer una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales, además de ser contraria a los artículos 14 y 39 de la Constitución y al principio del interés superior del menor. El Ministerio recuerda además que las administraciones que tutelan a menores están obligadas a garantizar su atención e integración “sin discriminación alguna” y que estas asignaciones contribuyen a fomentar su autonomía y su transición a la vida adulta. Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que estudie los hechos y adopte las medidas que considere oportunas para garantizar la protección de los menores.

Zaragoza en Común (ZEC) ha denunciado un presunto trato de favor del Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP) hacia el empresario Juan Forcén, propietario del restaurante El Roto y muy próximo al presidente autonómico y exalcalde Jorge Azcón, tras analizar la documentación económica relativa a las concesiones de los quioscos del parque José Antonio Labordeta. Según la formación, el Ayuntamiento dejó de cobrar cerca de 40.000 euros en concepto de canon durante varios meses y tardó hasta un año en emitir los recibos correspondientes a varias de las empresas del grupo.

El parque cuenta con seis quioscos, cinco de ellos adjudicados a sociedades vinculadas a Forcén mediante un concurso público formalizado el 26 de mayo de 2022. Los pliegos establecían un periodo de carencia inicial de nueve meses para acometer las obras de reforma integral exigidas. Ante los retrasos en la tramitación de las licencias municipales, el Ayuntamiento amplió ese plazo mediante un decreto del 1 de julio de 2024, lo que retrasó el inicio de la obligación de pago del canon en todos los establecimientos: siete meses adicionales para El Roto, casi cinco para La Tagliatella, cerca de diez para Pura Brasa, casi ocho para Frutolandia y casi trece para Latas.

Zaragoza en Común sostiene que, más allá de estas prórrogas concedidas por la propia Administración municipal, dos de los establecimientos continuaron sin abonar cantidades relevantes porque el Gobierno municipal no había emitido los recibos. Así, Frutolandia acumuló una deuda de 26.430 euros correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2023 y el 22 de mayo de 2024, y Latas, 12.433,99 euros por el mismo periodo. En conjunto, 38.863,99 euros permanecieron sin cobrar hasta que los recibos fueron finalmente girados el 15 de julio de 2026. La formación añade que otros recibos de El Roto y La Tagliatella se emitieron con aproximadamente un año de retraso respecto a las fechas en que debían haberse girado.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha calificado de “incomprensible que una administración que exige puntualidad a miles de autónomos, pequeños comerciantes y familias” no emitiera durante años “los recibos correspondientes a uno de los grupos empresariales más beneficiados por concesiones municipales”.

Diez reclamaciones por 310 euros

La formación ha señalado además que distintas sociedades del mismo grupo empresarial –entre ellas Painting Promovende, Port Venecia Espresso, Masaland PA, WTCZ Espresso, Ribs Puerto Venecia, Sibuya Plaza España, FM6 2012 Local Rent y Plaza 14 Tower Real State– presentaron en junio de 2024 diez reclamaciones ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Zaragoza por diferencias de apenas 310 euros en tasas municipales. Tomás ha contrapuesto ese dato con los casi 40.000 euros que el propio Ayuntamiento había dejado de reclamar.

El restaurante El Roto ha sido además objeto de expedientes de la Policía Local. Entre ellos, uno abierto en enero de 2025 por un supuesto incumplimiento de las obligaciones de información a los consumidores, relacionado con la falta de hojas oficiales de reclamaciones. La sanción fue abonada en junio de 2026 con la reducción prevista por pronto pago.

Para Zaragoza en Común, la sucesión de hechos –ampliaciones extraordinarias de los plazos de carencia, retrasos de hasta un año en la emisión de recibos y casi 39.000 euros no reclamados hasta julio de 2026– no responde a un error administrativo aislado. “Estamos ante una forma de gestionar que siempre parece beneficiar a los mismos. Cuando se trata de determinados empresarios, todo son facilidades, retrasos y comprensión. Cuando se trata del resto de la ciudadanía, el Ayuntamiento actúa con una diligencia muy distinta”, ha afirmado Elena Tomás.

La formación ha anunciado que continuará investigando la documentación de estas concesiones y que exigirá responsabilidades políticas por una gestión que considera incompatible con los principios de igualdad, transparencia y buena administración.

El anuncio del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (de Vox), de que su departamento va a dejar sin asignación semanal (de 17 euros) a los menores migrantes en los centros de acogida, mientras la mantiene para los niños y niñas nacionales, ya ha tenido consecuencias. El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para poner en su conocimiento esta decisión del Gobierno autonómico.

La medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, establece una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen. “Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años”, ha señalado la ministra. “Es una medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos.”

Rego ha subrayado que se trata de “la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox” y ha advertido de que el único objetivo de estas políticas es “crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma”.

En el oficio, el Ministerio considera que los hechos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor.

El texto recuerda que la medida es contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.

El Ministerio recuerda que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo están obligadas a garantizar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y a promover su integración normalizada, sin discriminación alguna. Asimismo, las asignaciones de este tipo contribuyen a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de las y los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta.

Por todo ello, el ministerio traslada la información a la Fiscalía de Menores para que, si así lo considera, investigue los hechos y despliegue las medidas necesarias que aseguren la plena protección de estos niños, niñas y adolescentes. “Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo”, ha concluido la ministra en redes sociales.

“Repugnante”

En un hilo en la red social Bluesky, la ministra Rego ha manifestado que “discriminar a niños y niñas tutelados por su origen no tiene otro nombre”, ya que supone un “atentado” contra la Constitución “y contra los derechos humanos”. “Una medida racista, miserable y cutre para seguir criminalizando a personas por no nacer aquí”, ha valorado la titular de Juventud, para quien la “prioridad nacional” de Vox es “un paso más para establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos”.

Así, por “atentar” contra la Carta Magna y por “azuzar el odio”, el Ministerio ha decidido ir a la Fiscalía por una medida que es de las más “repugnantes” que Rego dice haber visto “en los últimos años”. “Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara al respecto. Somos un país de acogida y un país reconocido en todo el mundo por alzar la voz en defensa de los derechos humanos”, ha concluido la ministra.