Jaume Collboni sigue sin poder aprobar unos presupuestos en Barcelona por mayoría en el pleno. El alcalde socialista ha visto este viernes como la oposición le tumbaba unas cuentas de 2026 para las que solo contaba con el apoyo de ERC, puesto que los Comuns anunciaron justo antes de empezar que no habían alcanzado ningún acuerdo con el Ejecutivo.

Como respuesta, Collboni ha anunciado que se activará una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, un mecanismo previsto para ejecutivos municipales en minoría para sacar adelante las cuentas si no se forma una mayoría de gobierno alternativa. “Barcelona tendrá los presupuestos que necesita”, ha proclamado al finalizar la votación.

No será la primera vez que recurra a esta vía. Ya lo hizo para aprobar los de 2024. En 2025, también sin los apoyos suficientes –e igualmente habiendo alcanzado un pacto con ERC pero no con los Comuns–, tuvo que prorrogarlos. 

La votación en el plenario de este viernes se ha saldado por lo tanto con 15 apoyos, los de PSC y ERC; nueve abstenciones, las de los Comuns, y 17 votos contrarios, los de Junts, PP y Vox.

“Tres intentos, certo acuerdos presupuestarios conseguidos”, le ha reprochado al Gobierno la portavoz de los Comuns, Gemma Tarafa, que estos días pedía aplazar la votación para encarrilar las negociaciones. El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, le ha respondido: “No ha sido falta de tiempo, es porque debemos salir de nuestras zonas de confort, es estéril dilatar una negociación si hay elementos que vemos difícil que puedan madurar”.

Los socialistas contaban ya con el sí de ERC, que como en los ejercicios anteriores llegó a un acuerdo con los de Collboni a cambio de varias medidas. Entre ellas, destinar más de un 30% de las partidas a vivienda (240 millones), aumentar las ayudas para promocionar el catalán o crear un fondo de compensación para los efectos del turismo. 

Sin embargo, con los Comuns las conversaciones han sido menos fluidas. Tarafa les ha criticado no solo la falta de tiempo, sino no haber aceptado varias de sus demandas, o a los sumo comprometerse a estudiarlas. Entre ellas estaban el compromiso de prohibir las compras especulativas de vivienda –no solo crear una comisión para evaluarlo–, poner fin a la promoción turística de Barcelona desde el consistorio o peatonalizar las calles de Sants o Passeig Maragall. 

Valls, por su parte, ha reiterado que algunas de estas propuestas, ya sean las peatonalizaciones o la prohibición de las compras de segundas o más viviendas, deben llevarse a cabo de forma “segura, solvente y con seguridad jurídica”, algo que asegura que con los tempos planteados por los Comuns no ocurriría.

Con todo, el alcalde ha querido dejar claro que mantendrán en el proyecto de Presupuestos algunas medidas que sí habían consensuado ya con los Comuns. Se trata de 100 millones para la compra de vivienda por tanteo y retracto, regular la limitación de compras especulativas –una vez se apruebe en el Parlament una iniciativa parecida–, o reforzar la atención al sinhogarismo con 12 nuevos profesionales.

La de Collboni con los presupuestos ha sido hasta ahora una historia de frustraciones o, según la oposición, de fracasos. La primera vez, con los de 2024, tuvo que someterse a una cuestión de confianza para sacarlos adelante, puesto que solo contaba con el sí de ERC. Y el año siguiente, para los actuales de 2025, los tuvo que prorrogar al tener de nuevo solo el apoyo republicano y no el de los Comuns. 

En el capítulo de las ordenanzas fiscales, por contra, el entendimiento sí ha sido posible con los Comuns. Y no solo este año, sino también en los ejercicios anteriores. De cara al plan fiscal de 2026, los socialistas, además de alcanzar un acuerdo con ERC, pactaron con ellos medidas como una subida del IBI a los hoteles o estudiar este mismo impuesto progresivo a los que tienen más de una vivienda. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado este miércoles una galería con los retratos oficiales de los exalcaldes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias y la exalcaldesa Ada Colau.

El alcalde, Jaume Collboni, ha inaugurado la galería en presencia de Serra, Clos, Hereu, Trias y Colau y de las dos hijas de Maragall en representación de su padre.

Los retratos oficiales se han colocado frente a la Sala del Bon Govern, uno de los espacios del edificio histórico del Ayuntamiento. En la inauguración, Collboni ha destacado que la iniciativa busca reivindicar a quienes han contribuido al “progreso de la ciudad” y la continuidad democrática de la institución.

Los exediles habían participado antes en un almuerzo y durante el acto han compartido anécdotas e imágenes como la de la conversación entre Trias y Colau, dos de los que probablemente mantuvieron más diferencias en el pasado.

Además, el Ayuntamiento ha entregado la Medalla de Oro a Clos, Hereu, Trias y Colau. En el caso de Serra y Maragall ya la habían recibido en el pasado. Todos han firmado también en el libro de honor del consistorio.

Cuatro años han pasado desde que la playa del Litoral de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) se viera obligada a cerrar por la contaminación y el mal saneamiento. Ahora, la playa ya está rehabilitada y los vecinos van a poder disfrutar de nuevo del sol y el mar cerca de sus casas, sin tener que desplazarse a otras ciudades colindantes. La reapertura ha coincidido con el inicio de la temporada de baño, para la que también se han reparado otras zonas del litoral barcelonés después de un invierno con temporales que han castigado algunas playas y obligaron a cerrarlas.

“Tenemos las dos playas habilitadas al cien por cien, tanto la del Fórum de Barcelona como la del Litoral de Sant Adrià, después de haberse cerrado, y ahora queremos que sean un espacio de disfrute durante todo el año, no exclusivamente para verano”. Así lo ha explicado la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, en la presentación celebrada hoy en la playa del municipio para poner en marcha la temporada de baño.

Sant Adrià es un municipio que no cuenta con piscinas públicas y eso ha dificultado los cuatro veranos que los vecinos han vivido sin poder bañarse. El origen de esta prohibición se debe a que, durante unas obras de instalación de fibra óptica submarina, se descubrió que había niveles por encima de los permitidos de materiales tóxicos para las personas como plomo, cobre, cobalto y arsénico, entre otros.  

Estos compuestos son potencialmente cancerígenos cuando la exposición es muy alta, en especial con niños y niñas. Estos contaminantes llevan décadas instalados en la arena de la playa del Litoral debido a las fábricas que poblaban esta parte costera, en especial la central térmica de las Tres Xemeneies, el gran símbolo de la ciudad que se convertirá próximamente en un nuevo Hub Audiovisual, Digital y de videojuegos. 

“La playa es un espacio natural a la par que urbano, es el lugar que más se usa y se visita, con más de once millones de usuarios al año en los más de 30km que están disponibles en todo el Área Metropolitana”, ha declarado en el acto el gerente del AMB, Ramon Torra. 

En este sentido, la temporada de 2025 cuenta con varias novedades para hacer de la playa una experiencia más segura y enriquecedora. Los bañistas van a poder disfrutar con más seguridad de los baños por las doce nuevas líneas de boyas, las mejoras en los accesos con más pasarelas y las dos nuevas pérgolas con accesos adaptados, para facilitar el baño a las personas con movilidad reducida. 

La regresión de las playas del litoral

Alrededor de ocho municipios del Área Metropolitana comparten casi 30 playas distintas. Algunas de estas también han tenido que cerrar, impidiendo el baño durante las épocas veraniegas, pero por motivos distintos a los que llevaron al cierre a la de Sant Adrià. Durante años, diversos temporales han ido retirando la arena de diversas zonas del litoral o han destrozado elementos de construcción como espigones o paseos marítimos.

Tanto es así que el año pasado el litoral catalán arrancaba una temporada incierta, con inexistente arena y unos paseos marítimos golpeados por los temporales. Es el caso del municipio de Montgat, con unas playas sin prácticamente arena. Esta regresión estructural es debida al cambio climático y a la construcción de infraestructuras que no han tenido en cuenta las características de la zona, lo que provoca que las playas vayan desapareciendo. 

Las playas de las comarcas catalanas del Barcelonés (la zona del norte) y el Maresme han perdido unos 30.100 metros cuadrados de superficie en cuatro años, lo que equivale a un 13%. Además, el volumen de estas playas ha disminuido un 15% con alrededor de 83.000 metros cúbicos. 

Ante esta preocupante situación por el mantenimiento de las playas del litoral catalán, el AMB sigue reclamando la ejecución de un Plan de estabilización al Ministerio de Transición Ecológica, para construir e implementar las infraestructuras adecuadas que frenen el riesgo de desaparición de las playas.

Al menos 51 personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado crítico, en el choque que se ha producido este lunes por la tarde entre dos autocares en la avenida Diagonal de Barcelona, a la altura del número 361, según han explicado fuentes de la Guàrdia Urbana. Entre los heridos críticos se encuentra un menor de edad.

El choque se ha producido en la intersección de las calles de Roger de Llúria con la de Rosselló. Hasta el lugar del accidente se han desplazado unidades de la Guàrdia Urbana, 10 unidades de los Bombers de Barcelona y 19 del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). El accidente se ha producido cuando uno de ellos estaba parado y los pasajeros procedían a subir al vehículo, momento en el que ha sido embestido por detrás

Un total de 63 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias a consecuencia de este accidente entre dos autocares, uno de los cuales transportaba a cruceristas y el otro a alumnos de un colegio italiano que realizaban una excursión de un día a Barcelona desde la localidad de Lloret de Mar (Girona). De las 63 personas atendidas, 12 han resultado ilesas y el resto, 51, han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios con lesiones de diversa consideración.

El autocar que llevaba a los cruceristas desde el puerto de Barcelona para realizar una visita a la ciudad estaba parado en el momento del accidente y los pasajeros subiendo al mismo cuando ha sido embestido por detrás por el vehículo que llevaba a los alumnos italianos, según ha explicado en declaraciones a los medios el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.

De los cuatro heridos críticos, dos son cruceristas que en ese momento estaban subiendo al autocar, entre ellos el menor de 17 años, y el otro ya se encontraba en el interior del vehículo, un guía turístico que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos. El cuarto es un peatón, que a consecuencia del impacto ha sido atropellado por uno de los autocares.

Además de estos cuatro heridos críticos, hay otros tres pasajeros en estado menos grave y el resto con lesiones leves, todos ellos trasladados a diferentes centros sanitarios para ser atendidos.

La autoridades sanitarias señalan que preocupa la situación de los cuatro heridos críticos, mientras se espera que en las próximas horas los heridos leves puedan ser dados de alta, ha dicho Batlle.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado hasta el lugar del accidente a 19 ambulancias, que ha realizado un triaje para atender a las víctimas más graves y priorizar su trasladado a un hospital, y a cuatro equipos de psicólogos.

Fuentes municipales han explicado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el catalán, Salvador Illa, se han puesto en contacto con Batlle.

En un apunte en su cuenta X, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha manifestado que se encontraba “muy preocupado y pendiente de la situación del accidente” y en contacto permanente con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y con los servicios de emergencias.

El desahucio de Josep, un profesor de 49 años, de la Casa Orsola ha quedado prorrogado hasta el próximo 18 de febrero a las 9:30 horas. El primer intento fue el pasado viernes y fue paralizado por una gran concentración de vecinos. El juzgado dio nueva fecha para la madrugada de este martes, pero según apunta el Sindicat de Llogateres, la fecha ha vuelto a ser aplazada. Todavía no se conocen los motivos del juzgado para prorrogar el desalojo.

“Es evidente que el aplazamiento no responde a otra cosa que a la movilización y a la evidencia de que se repetirá tantas veces como haga falta”, ha proclamado frente a la finca Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. Entre vítores de los integrantes de la Marea Pensionista, concentrados en Casa Orsola este martes, ha calificado de “victoria” la decisión del juez.

El Sindicat ha pedido que estos 15 días de margen sirvan para iniciar una mediación o negociación con la propiedad, bajo el auspicio a poder ser del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán). Aragonès ha recordado que desde el inicio defienden negociar una solución “colectiva” para todos los inquilinos, algo a lo que el titular de la finca rechaza.

La propiedad, abierta a vender la Casa Orsola

El propietario de la finca, Albert Ollé, y responsable de Lioness Inversiones, la empresa que compró la Casa Orsola, se ha mostrado abierto a vender la finca. Así lo ha asegurado en una carta que ha hecho pública la mañana de este lunes, pocas horas después de que se anunciara que el desahucio de Josep quedaba aplazado.

“Después de recibir todo tipo de insultos y ataques, supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca”, tal como apunta Ollé en la misiva. En el texto lamenta que Josep no haya querido hablar nunca directamente con la propiedad, sino a través de representantes del Sindicat de Llogateres -como si se tratara de una negociación laboral.

Igualmente, agradece al Sindicat y al Ayuntamiento su voluntad negociadora, aunque asegura que ha llegado “tarde”. Ese mismo argumento es el que tienen los activistas, que aseguran que la propiedad ha estado “cerrada” en todo momento a llegar a acuerdos.

Con todo, después de años de intentos, diversos vecinos como Josep siguen viviendo en sus casas a pesar de estar fuera de contrato (y pagando los alquileres en los juzgados). “Me pregunto, Sr. Torrent, ¿qué valores transmite a sus alumnos cuando defiende huelgas de alquileres y ocupaciones y cuando justifica que no se pueda pagar más de 700€ por un ático con 60 metros de terraza?”.

Ollé se refiere a pisos como los de Josep Torrent, que paga esa cifra por su vivienda, al igual que el resto de sus vecinos (una horquilla de entre 600 y 800), mientras que los pisos que quedaron vacíos en la finca y fueron reformados ahora se alquilan por más de 2.000 euros al mes.

“Se ha hablado mucho de vulnerabilidad, pero hay que diferenciar entre quien la sufre y quien la instrumentaliza”, asegura el propietario, que reitera el perjuicio que la situación le ha causado.

Por eso, ahora se muestra abierto a la posibilidad de vender la finca. Pero también lanza una advertencia: “Paradójicamente, cuando lo haga, es posible que se encuentren con un auténtico fondo buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en alcanzar acuerdos. Yo, en cambio, sólo quería mantener de forma sostenible un edificio modernista que forma parte de la historia de Barcelona”.

Un desahucio parado y otro aplazado

El pasado viernes, una gran movilización de cientos de vecinos logró paralizar el desahucio de unos de los inmuebles ocupados. Entre gritos de huelga de alquileres y vítores al Sindicat de Llogateres, el millar de manifestantes –algunos de los cuales habían dormido en la calle la noche anterior– celebraron la suspensión de la expulsión de Josep, un profesor cuyo caso se ha convertido en la punta de lanza de la reivindicación.

Debido a la gran presencia de manifestantes, la comitiva judicial resolvió aplazar el desahucio de Josep, por no poder realizarse con “las debidas condiciones de seguridad”. Tampoco se vio más presencia policial que la de la Guàrdia Urbana, encargada de cortar y desviar el tráfico. A las 10:30 de la mañana, a la hora prevista, llegó la comitiva judicial, que tuvo una breve negociación con Josep y representantes del Sindicat de Llogateres que se zanjó en aplazamiento.

Pocas horas después, se conocía la nueva fecha: este martes a las 5 horas de la mañana. El Sindicat convocó a la ciudadanía a concentrarse a las puertas del edificio desde las 3 de la madrugada, para poder paralizar el nuevo desahucio.

La Casa Orsola, situada en el corazón del Eixample de Barcelona, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la gentrificación y el alquiler de temporada en la ciudad. El conflicto con la propiedad se remonta a 2021, cuando el fondo Lioness Inversiones compró la finca. Entonces había 27 pisos habitados; de ellos, unos pocos tenían contratos indefinidos y al resto, se les vencería en pocos años.

Un año después del cambio de titularidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola siguen viviendo en el inmueble sin contrato.

En el spot electoral de 2019, la Ada Colau alcaldesa se encontraba con la Ada Colau activista y mantenían el “cara a cara más exigente de la campaña”. ¿Seguro que eres más útil donde estás ahora?, preguntaba la fundadora de la PAH a la alcaldesa. “Vinimos a devolverle la ciudad a quien le pertenece, la gente”, le respondía la de Barcelona en Comú, tras reconocer dudas. Un mes después, Colau volvía a tomar la vara de mando gracias a un pacto que le costaba explicar y que implicaba una investidura con los votos de Manuel Valls.

Ada Colau (Barcelona, 1974) dijo adiós este viernes al Ayuntamiento barcelonés, la que ha sido prácticamente su casa desde 2015, especialmente durante los ocho años en que fue alcaldesa. Lo hizo con una loa a la ciudad “rebelde”, la de las luchas vecinales de las que procede, y con un severo reproche a las élites barcelonesas, a quienes tachó de “provincianas y avariciosas”.

Su despedida, aunque puede que esconda un regreso en 2027, se hace extensiva al espacio político que fundó y que ha liderado en la última década, el de los Comuns, donde todos saben que tardarán en encontrar un sustituto de su calibre.

La salida deja una sensación de profundo cambio de ciclo cuando se cumplen diez años desde el lanzamiento de Barcelona en Comú, la candidatura mezcla de activistas y políticos de izquierdas que consiguió alcanzar la alcaldía de la capital catalana propulsada por el malestar ciudadano producto de la crisis. 

Durante la última década, Colau ha sido un símbolo para la izquierda catalana, para el llamado municipalismo “del cambio” que irrumpió en 2015 en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia o la propia Barcelona, y también como referente de algunas políticas de sello propio, como una unidad antidesahucios pionera, el freno a los pisos turísticos –incluida la persecución a los ilegales– o las peatonalizaciones a través de las llamadas supermanzanas, que han cambiado la cara al centro de la capital catalana.

Pero, a la vez, la exalcaldesa ha sido una política siempre en minoría y, por lo tanto, presa de la necesidad de transaccionar sus objetivos políticos con los de grupos contrarios a sus ideas. Comenzando por el PSC, un partido de la llamada “casta” al que incorporó como socio de gobierno antes de cumplir el primer año de mandato. O la convergencia antinatural de intereses que la llevó a amarrar la alcaldía en 2019 de la mano del exprimer ministro francés, Manuel Valls. Una votación a quemarropa que cuatro años después repitió junto al PP, esta vez para darle la alcaldía al PSC.

Ocho años de colauismo en el Ayuntamiento

De los dos mandatos de Colau, el primero fue el más ambicioso, aunque no siempre consiguió sus propósitos. Rodeada de amigos y activistas como Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Gala Pin, aprobó la moratoria hotelera, impulsó las primeras cooperativas de vivienda en suelo municipal y creó un servicio de canguros público para facilitar la conciliación. Pero no consiguió aprobar la funeraria municipal o el tranvía por la Diagonal –por el rechazo de ERC y PSC–, vio como los tribunales le tumbaban el dentista público y la posibilidad de municipalizar el agua. 

El segundo mandato fue más plácido políticamente, con el apoyo sostenido del PSC –sin que el procés rompiera su relación como en 2017– y el proyecto de las peatonalizaciones por bandera. Pero también coincidió con la lluvia de querellas que recibió de fondos buitre y otros agentes empresariales. 

Colau tuvo que gestionar además otra pieza que nunca le ha resultado cómoda: la de combinar sus aspiraciones políticas exclusivamente barcelonesas con la necesidad de articular un movimiento en el conjunto de Catalunya y con relaciones también en el resto de España. Con todo, la figura de Colau fue parte fundamental de los éxitos de los Comuns en el ciclo que los llevó a ganar las generales en las demarcaciones catalanas, en 2015 y 2016, igual que ahora con su dimisión se ha reconocido corresponsable de unos resultados recientes lejos de lo esperado.

Una de las contradicciones más importantes a las que se ha enfrentado Colau es la candidatura de Barcelona para acoger la Copa América. Los Comuns nunca fueron entusiastas del evento, que promovían sus socios del PSC, de la mano de los sectores empresariales barceloneses. Pero Colau, que ya había pagado un fuerte peaje entre los círculos del poder económico por su oposición a acoger una sucursal del Museo Hermitage, optó por poner su cara en la carrera para acoger en la ciudad una competición de la que ahora dice arrepentirse.

Tras perder la alcaldía, Colau pasó a la oposición, pero la descompresión que le supuso dejar esa responsabilidad la alejó del día a día de la institución, dando por hecho desde su entorno que más pronto que tarde iba a dejar el acta de concejal. Liberada del corsé institucional, centró su agenda de nuevo en el activismo, ya fuera la guerra de Gaza o las reivindicaciones del colectivo LGBTI. Y la confirmación del adiós llegó con el inicio de este curso.

Un adiós no definitivo, pero que cierra un ciclo

Colau se va, pero siempre ha amagado con la posibilidad de volver en 2027, cuando las municipales volverán a poner de nuevo a prueba la candidatura que levantó ahora hace una década. Definitiva o no, la salida de la que ha sido máxima referente de los Comuns subraya el momento de transición entre ciclos que vive el conjunto de la política catalana, donde todos los partidos –menos el PSC– están en una fase de reconfiguración.

Junto a la marcha de Colau, en el congreso que su formación celebrará los próximos 16 y 17 de noviembre está previsto que también se haga oficial la salida de Jéssica Albiach, líder del partido en el Parlament, de la coordinadora, el máximo órgano en el partido. Quien ascenderá es Gemma Tarafa, concejal con Colau y persona de la máxima confianza de la exalcaldesa, que, sin embargo, no tiene un perfil público comparable con el de ninguna de las dos líderes salientes.

Albiach, con todo, se mantendrá en un cargo de nueva creación, como representante institucional junto al ministro de Cultura Ernest Urtasun.

Los Comuns saben que de ese próximo congreso deben salir con un nuevo programa que les refuerce a nivel local, donde han perdido buena parte del impulso con el que llegaron hace una década. Al tiempo, por la formación pasan todos los acuerdos a los que pueda llegar tanto el Gobierno central como el Govern catalán para seguir gobernando. Una segura marejada en la que echarán de menos una dirección tan indiscutida como la de Colau.

El Ayuntamiento de Barcelona ha bautizado una parada de autobús de Torre Baró con el nombre de Manolo Vital, el histórico líder vecinal y conductor de la línea 47, famoso por secuestrar un bus en 1978 para llevarlo por primera vez hasta este barrio. Este espacio de memoria se ha presentado en un homenaje que se ha celebrado en la confluencia de las calles de Castellví y Lliçà, hasta donde Vital subió el 47 hace 46 años.

Los responsables municipales han aprovechado para anunciar que el próximo mes de diciembre el gobierno elevará a la ponencia del nomenclátor una propuesta para poner el nombre de plaza Manolo Vital en la rotonda que hay en este punto.

En el acto han participado la nieta del activista vecinal, Joana Vital; vecinos y vecinas de Torre Baró, y Marcel Barrena y Clara Segura, director y actriz protagonista respectivamente de la película 'El 47', que ha recuperado la figura de Vital.

Durante el acto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordado que los vecinos han marcado la agenda del Ayuntamiento desde los primeros consistorios democráticos. “Tenemos un plan de barrios para invertir más recursos en aquellos ámbitos que más lo necesitan, como Torre Baró. Seguiremos trabajando porque es un objetivo de todos que Barcelona sean Barcelona”, ha subrayado.

La rotonda que llevará el nombre de Manolo Vital y donde se encuentra la parada que le rinde homenaje fue precisamente el punto por donde el conductor de autobús entró en Torre Baró con el 47 el 7 de mayo de 1978 y donde el esperaban a muchos vecinos y vecinas para apoyar la acción, algunos abriendo paso al vehículo y otros subiendo. Con la hazaña de llevar el vehículo articulado por las calles empinadas y sin asfaltar, Vital quiso demostrar a las autoridades de la época que a Torre Baró también podía llegar el transporte público. Pocos meses después, la esperada conexión se hizo realidad.

Con la decisión de bautizar una plaza con el nombre de Manolo Vital, el Ayuntamiento de Barcelona da respuesta a la demanda histórica de los vecinos del barrio de dedicar un espacio a la memoria del líder vecinal.

El descarrilamiento de un tren sin pasajeros en la estación de Barcelona-Sants ha impedido este viernes la salida de más de una decena de trenes desde la capital catalana y ha generado retrasos de alrededor de una hora en los trenes AVE que salían de la estación hasta que, a primera hora de la tarde, se ha podido normalizar el servicio.

Algunos trenes que estaban dentro de la instalación de Can Tunis no han podido salir, y durante parte de la mañana tampoco ha habido servicio de AVE, Euromed e Intercity. Técnicos de Adif ya han resuelto la incidencia, que se ha registrado a las 06:35 horas.

Desde Protección Civil han activado el Plan Ferrocat (por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril) en fase de prealerta por la acumulación de viajeros de la línea AVE en la Estación de Sants por los retrasos de más de una hora que se están produciendo.

La incidencia ha impedido inicialmente que pudieran salir trenes desde la estación de Barcelona-Sants por el ancho estándar, lo que ha afectado tanto a la alta velocidad de largo recorrido como a los servicios Avant, así como a otros servicios, como el Euromed, que conecta con Valencia, o algunos Intercity.

El gestor de infraestructuras ha detallado que aunque ha podido restablecerse la circulación de trenes, la incidencia persiste a la entrada de las cocheras de Can Tunis, donde Renfe guarda su material rodante, que todavía no puede salir.

Además, la compañía ha detallado que hasta las 09:00 horas ha habido un total de 9 trenes que no han podido salir de las cocheras a dar servicio, y que el incidente ha afectado inicialmente también a otros operadores ferroviarios.

Protección Civil de la Generalitat, por su parte, ha activado la prealerta Ferrocat por acumulación de viajeros de la línea de alta velocidad de la estación de Sants de Barcelona como consecuencia de los retrasos causados por los daños en la vía.

Los vecinos de Barcelona están cada vez más preocupados por los efectos que genera el turismo en la ciudad, hasta el punto de que se ha convertido en la tercera preocupación de los ciudadanos, según muestra el primer barómetro municipal de 2024 publicado este martes.

El rechazo a la llegada de visitantes se ha doblado en apenas seis meses. En la última encuesta solo el 6,3% de los entrevistados señalaron al turismo como el principal problema de Barcelona. Ahora este número ha aumentado hasta el 13%, en un contexto en el que aumentan las protestas contra el modelo turístico actual, que trae a la ciudad a casi 30 millones de viajeros al año. En diciembre de 2022, solo el 2,9% de los entrevistados respondieron que esta actividad era su principal preocupación.

La dificultad de acceder a una vivienda, para muchos un asunto también relacionado con la llegada de visitantes, escala a su vez posiciones y sube cinco puntos porcentuales: del 11,7% hace seis meses, al 16,6% en el barómetro publicado este lunes.

El principal problema para los barceloneses, con todo, sigue siendo la inseguridad: el 27,2% lo señala como su principal preocupación, un porcentaje muy similar al de la última encuesta (27,7%). Lo que sí ha mejorado es la percepción de limpieza en Barcelona: a finales de 2023 el 9,7% de los vecinos lo veían como el principal problema. Ahora solo lo ha destacado el 5% de los entrevistados.

La valoración del actual alcalde, Jaume Collboni, no llega al aprobado —se queda en un 4,9— y pasa a ser el regidor de la historia reciente que ha tardado menos en ser suspendido por la ciudadanía. En la evaluación de los líderes solo aprueba el exalcalde Xavier Trias, que se retira este julio, con un 5,1. La exalcaldesa Ada Colau obtiene un 4,4 y la líder de ERC en el consistorio, Elisenda Alamany, un 4,7.

El 55% de los entrevistados señala que Barcelona ha empeorado durante el último año, una cifra muy similar a la de las últimas encuestas. Por otro lado, el 47% de los entrevistados consideran la gestión municipal de Collboni y su equipo de “buena” y el 36,8% como “mala”. El PSC, sin embargo ganaría de nuevo las elecciones municipales con una intención de voto del 17,2%, 5,3 puntos más que en los comicios locales de mayo del 2023 y 3,7 más que en el último barómetro.

A falta de unas semanas para el inicio de la Copa América, los barceloneses se muestran mayoritariamente a favor (77,5%, por un 22,5% en contra) y más de la mitad de los participantes creen que será beneficiosa para la capital catalana.

El anuncio por parte del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de que a partir de noviembre de 2028 no habrá pisos turísticos en la capital catalana ha generado un alud de preguntas sobre sus efectos, su ámbito y momento de aplicación y las consecuencias para los que tienen una vivienda con este tipo de licencia. Resolvemos las principales dudas.

¿Qué ha decidido el Ayuntamiento de Barcelona?

El alcalde, Jaume Collboni, ha anunciado su intención de que a partir de noviembre de 2028 no haya pisos turísticos en la ciudad.

¿A cuántos pisos afecta?

Son actualmente 10.101 inmuebles los que tienen la licencia para operar de esta manera. Se desconoce cuántos pisos turísticos ilegales operan en la ciudad (ha habido 9.700 órdenes de cese de actividad ilegal de estos inmuebles desde 2016, pero el Ayuntamiento admite que todavía hay operativos cientos de pisos turísticos sin licencia).

¿Por qué en noviembre de 2028?

Es cuando se cumplirán cinco años de la aprobación del decreto ley de la Generalitat que regula los pisos turísticos y prevé un régimen transitorio de un lustro. Los actuales inmuebles de este tipo perderán la licencia porque el Ayuntamiento de Barcelona no impulsará ningún planeamiento urbanístico que los ampare, tal y como requiere la normativa autonómica. Antes de que el Govern aprobara este decreto, las licencias eran a perpetuidad.

¿Es seguro que se aplicará la medida anunciada?

No. El actual mandato de Collboni acaba en mayo de 2027, con lo que que deberá ser el próximo alcalde (o el propio Collboni en caso de ser reelegido) quién deberá culminar la decisión de no permitir más pisos turísticos en la ciudad.

¿Más allá de no impulsar un planeamiento urbanístico que permita los pisos turísticos, prevé hacer algo más el Ayuntamiento?

La intención del Ayuntamiento también es eliminar del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) el concepto de la Vivienda de Uso Turístico (VUT), en una modificación de la norma que abordarán a partir de enero de 2025.

“Cualquier voluntad de querer seguir prestando este servicio debe ir sujeta a una licencia que aquí, en Barcelona, no se podrá pedir, porque no existirá la figura”, ha remarcado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet. 

Para modificar el PEUAT, Collboni necesitará llegar a acuerdos con otros partidos. El PSC cuenta con el previsible apoyo de ERC pero le hará falta también el de Junts o el de los Comuns. Ambas formaciones se han mostrado críticas, por distintos motivos, con el anuncio de este viernes.

¿Qué dice la normativa municipal actual de Barcelona sobre pisos turísticos?

La normativa actual, aprobadas al inicio del primer mandato de Ada Colau como alcaldesa, establece que no se pueden aumentar los pisos turísticos actuales. En caso de que una vivienda de uso turístico de alguna de las zonas tensionadas pase a un uso residencial, entonces sí se puede solicitar una nueva alta.

¿Qué normativa ampara la decisión del Ayuntamiento?

El decreto ley de la Generalitat sobre pisos turísticos establece que, en municipios con problemas de acceso a la vivienda y/o que cuenten con más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes, sólo se permitirán apartamentos con este uso si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico. En este caso, la intención del Ayuntamiento barcelonés es no impulsar ningún planeamiento que los regule y por tanto las viviendas de uso turístico de la ciudad quedarían fuera de normativa.

¿Qué pasará con los actuales pisos turísticos?

Los más de 10.000 pisos turísticos que actualmente hay en Barcelona pasarían a tener un uso residencial. Es decir, podrían venderse o alquilarse como cualquier otro piso, incluido el alquiler de temporada.

¿Los pisos turísticos de Barcelona con licencia podrían alargar su actividad más allá de noviembre de 2028?

La normativa de la Generalitat contempla que se pueda solicitar una única prórroga de cinco años adicionales en caso de que se pueda acreditar que el margen de cinco años concedido por el Govern no es suficiente para evitar las pérdidas derivadas de la obtención de la correspondiente licencia turística.

¿Puede abrirse una batalla jurídica contra la decisión?

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que, contra la decisión del Ayuntamiento de no impulsar un planeamiento que regule los pisos de uso turístico, apenas hay recorrido legal. “Uno no puede irle a un juez a exigirle que el Consistorio debe regular los apartamentos turísticos”, apunta un experto.

Ante lo que sí se podrían presentar recursos legales, explican las mismas fuentes, sería contra la anunciada modificación del PEUAT con la que pretenden eliminar el concepto de Vivienda de Uso Turístico.

Por otro lado, el decreto ley de la Generalitat que ampara la decisión del consistorio barcelonés ya fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional y admitido a trámite en febrero de 2024. El recurso de los populares considera que la normativa invade competencias estatales y afecta al derecho de propiedad.

¿Podía aplicarse una medida similar en otros municipios?

Sí, en Catalunya sí. Siempre y cuando se den las características mencionadas (municipios con problemas de acceso a la vivienda y/o que cuenten con más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes) y en todo caso dependerá del Ayuntamiento de cada municipio.

La federación de ERC en Barcelona ha salido este miércoles a defender, más que a detallar, el preacuerdo que ha alcanzado con el PSC para entrar en el gobierno municipal de Jaume Collboni. En un momento delicado para la organización a escala catalana, con una renovación de liderazgos pendiente y la decisión sobre si investir o no al socialista Salvador Illa como president, el grupo municipal republicano ha defendido su “autonomía” para cerrar el acuerdo con los socialistas en la capital catalana. 

“Nos hemos coordinado con el partido a nivel nacional desde el primer minuto y le hemos informado en todo el momento, actualizando casi un minuto y resultado”, ha querido insistir la concejal y presidenta de la federación, Eva Baró, que ha comparecido junto al portavoz del grupo municipal Jordi Coronas. “Cada institución tiene sus propios ritmos y no tomar decisiones también genera ruido”, ha expresado este último sobre la posibilidad de que la consulta a la militancia sobre el pacto complique todavía más la posición del partido. 

El congreso en el que las bases deberán votar el acuerdo se celebrará este jueves a las 19.00 en el local Foment Martinenc. La decisión que salga del conclave, han insistido en ERC, la asumirán. 

Baró y Coronas no han aportado más detalles del acuerdo con los socialistas ni han querido confirmar cuantas tenencias de alcaldía y concejalías de distrito asumirán. Sí han dado alguna información más sobre las áreas sobre las que gobernarán si las bases dan el sí, como turismo, derechos sociales o lengua catalana. 

También han detallado algunos de los aspectos programáticos del pacto, la mayoría de los cuales ya estaban incluidos en el acuerdo de presupuestos. La entente contempla la transformación del eje Besòs, la creación de una oficina para la lengua catalana –con un comisionado al frente–, la entrega de 1.000 pisos de protección al año y la creación de 11 centros de salud. Además, Coronas ha hecho hincapié en la gestión del turismo y ha anunciado la creación de un fondo anual de 40 millones para compensar los barrios más saturados.

Hasta el momento, las pocas voces que se han pronunciado sobre el anuncio han sido Oriol Junqueras, que en una entrevista en Catalunya Ràdio dio por bueno el pacto siempre que lo avalen las bases. Por otro lado, las juventudes del partido, Jovent Republicà, han pedido votar en contra tanto de entrar al gobierno municipal como de investir a Illa. 

A muchos lectores les sonará Saint Andrews por el famoso torneo veraniego de golf en el circuito de la ciudad, uno de los campos más antiguos del mundo. Pero no es la única cosa añeja que atesora esta pintoresca población escocesa del condado de Fife, al norte de Edimburgo. Cuenta con algo todavía más fascinante y valioso: la Universidad de St Andrews, la más antigua de Escocia y la tercera más antigua del mundo de habla inglesa. Y además es pública.

En ella habitan y trabajan Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen, los dos eruditos de la bibliografía que han escrito la monumental obra Bibliotecas. Una historia frágil, editada en España por Capitán Swing. No es una obra fácil de leer a pesar de que al principio resulte apetitosa de abordar. El motivo es la gran cantidad de información de detalle que aporta, lo cual la sitúa a un paso de la publicación académica.

No obstante, si se es apasionado de la historia de Europa, la obra resulta sumamente entretenida y reveladora, especialmente si se presenta obsesión por la sucesión de desencuentros y guerras que han conformado la biografía del continente en los últimos milenios, pues las bibliotecas, y por ende el conocimiento, han tendido a ser una de sus principales víctimas. Y así y todo, la historia de las bibliotecas deviene también la historia de los progresos de la humanidad, de las civilizaciones y los avances sociales, médicos o espirituales.

En alguna crítica se ha señalado esta obra es muy superior a El infinito en un junco de Irene Vallejo, lo cual es una comparación tan odiosa como injusta, pues los objetivos de ambas obras son distintos, como también lo son las herramientas que cada obra emplea para comunicarnos el milagro del libro como soporte del conocimiento.

El fin de la biblioteca de Alejandría: ¿censura o dejadez?

Un ejemplo es la densidad narrativa que Vallejo dedica a la formación de la biblioteca de Alejandría. Pettegree y der Weduwen resumen el acontecimiento con menos páginas y, no obstante, nos dan un dato revelador y valioso: es muy probable que el fin de la mítica institución no fuera su destrucción por mano humana sino todo lo contrario, por la falta de aplicación de dicha mano... en su conservación.

“La suposición histórica siempre ha sido que una biblioteca tan extraordinaria tendría un final trágico”, explican los autores para, a continuación desvelar que la verdad probablemente sea mucho más mundana: “El hecho de que todos sus rollos fueran copiados en papiro, un soporte frágil y muy susceptible al fuego o la humedad, jugó muy en su contra”. Es decir que probablemente la biblioteca simplemente se desmoronó.

“En climas cálidos habría sido necesario volver a copiar los rollos aproximadamente cada sesenta años y dada la escala de la colección de Alejandría, esta era una tarea imposible”, remachan en contestación a una de las preguntas formuladas por correo electrónico para la presente entrevista.

También explican que la idea del libro surgió como una reivindicación del coleccionismo privado de libros. “Nosotros dos ya habíamos escrito una historia de la cultura del libro en la República Holandesa del siglo XVII”, señalan al tiempo que aseguran que fue entonces cuando se dieron cuenta de lo importante que ha sido el coleccionismo privado de libros a lo largo de la historia como sustento de la industria gráfica. Pero critican que “las bibliotecas privadas rara vez han sido destacadas por sí mismas en las obras hasta la fecha escritas sobre la historia de los libros”. Es así que decidieron corregir este sesgo en Bibliotecas. Una historia frágil.

La incierta aparición de la primera biblioteca pública

En la obra no queda del todo claro cuándo podríamos señalar la aparición de la primera biblioteca pública, ya que al parecer hubo distintos grados de apertura de las colecciones privadas al público en general. “En el mundo clásico y la era de los manuscritos, los hombres ricos que los poseían solo permitían el acceso a los mismos a unos pocos favorecidos, generalmente poetas o eruditos”, argumentan.

De todos modos, matizan que no podemos considerar esas bibliotecas como públicas “en un sentido real” y tampoco hay atisbo de las mismas tras la invención de la imprenta: “En los primeros siglos después de la invención de la imprenta, cuando los libros se estaban volviendo más baratos y más disponibles, la mayoría de ellos fueron a parar a colecciones privadas”.

Según Bibliotecas, los primeros intentos más o menos dignos de crear colecciones de acceso público se dieron cuando los filántropos intentaron donar las suyas privadas a su ciudad natal, a su localidad o su parroquia, pero la cruda realidad estos libros rara vez se usaban. “Sólo en el siglo XIX, con el comienzo una educación y alfabetización casi universales, las bibliotecas públicas adquirieron protagonismo social”, apostillan los autores. Pettegree y der Weduwen sentencian: “En general y hasta tiempos muy recientes, la historia de la bibliofilia es en cierto modo la historia del fracaso en la creación de una red de bibliotecas públicas”.

En general y hasta tiempos muy recientes, la historia de la bibliofilia es la historia del fracaso en la creación de una red de bibliotecas públicas

La biblioteca como muestra de estatus

Durante muchos siglos, cuando los libros eran muy caros y difíciles de conseguir, las bibliotecas tuvieron el mismo valor artístico que las pinacotecas, soslayando así su potencial para el conocimiento; las obras y manuscritos eran unos objetos sujetos al prestigio de su dueño, que marcaban su estatus y su poder.

Sucedía ya en la Roma imperial, en la Edad Media o el en Renacimiento. “De hecho, hay pruebas de que a los grandes coleccionistas les molestó bastante la llegada de la imprenta, ya que esto permitió que se publicaran muchas más obras y animaron a sus conciudadanos a coleccionar libros”, observan ambos eruditos, que añaden con sorna: “Era más difícil impresionar a tus amigos ricos con una colección de un centenar de libros si tu propio médico o abogado poseía casi tantos”.

Otra paradoja que explica Bibliotecas es que fue sólo en la época de la imprenta, cuando los libros se volvieron omnipresentes en las sociedades europeas, que los viejos textos escritos a mano comenzaron a ser verdaderamente valorados por la erudición que contenían. “La mayoría de los eruditos extranjeros que acudieron a la Biblioteca Bodleiana de Oxford en el en el siglo XVII, por ejemplo, empezaron a leer manuscritos en lugar de libros impresos”, ilustran Pettegree y der Weduwen.

Preferentemente en latín hasta el siglo XVIII

Y más sorprendente todavía es el hecho, que el libro nos desvela, de la pervivencia que tuvo el latín en la industria editorial hasta bien entrado el siglo XVII. A la pregunta de cuándo empiezan a consolidarse los libros en lenguas distintas al latín, ambos historiadores responden con datos contrastados: “En el siglo XV, según el Catálogo Universal de Títulos Breves, el estudio más completo de los primeros siglos de libros impresos, 21.920 de los 32.010 libros impresos identificados estaban en latín (68%)”.

En cambio, doscientos años después, de 1651 a 1700, la producción impresa se había ampliado exponencialmente a 681.214 ediciones conocidas. De ellos, el 26% estaba en latín. Pero avisan que este último dato es engañoso: “Puedes sacar varias conclusiones de esto; una es que los libros en lenguas vernáculas como el alemán, el francés, el italiano y el holandés habían llegado a dominar el mundo del libro, pero lo cierto es que los libros en latín seguían constituyendo el segundo contingente más importante, con 179.720 obras, apenas superado por el alemán en el segundo lugar”.

Es difícil imaginar que la Reforma Protestante hubiera florecido como lo hizo en el siglo XVI si la imprenta no hubiera sido inventada

El latín sobrevivió unos cuantos siglos más tras la invención de la imprenta, cosa que, tal como el libro explica, no sucedió con la unidad del cristianismo en Europa occidental. “Es difícil imaginar que la Reforma Protestante hubiera florecido como lo hizo en el siglo XVI si la imprenta no hubiera sido inventada”, aseguran en una de sus respuestas. Y se explican seguidamente: “El éxito de la imprenta permitió en gran medida a Martín Lutero escribir para una audiencia amplia y así, la avalancha de panfletos resultante fue una muy buena noticia para la industria gráfica alemana, ya que las ediciones de 500 o 1000 ejemplares podrían agotarse fácilmente en una semana”.

Las guerras de religión contra las bibliotecas

Dicho esto, no debemos suponer que la imprenta era un monopolio protestante. En otras partes de Europa, aclara el libro, como Francia, la Iglesia católica hizo un uso muy intenso de la imprenta para defender su visión y rechazar el desafío del protestantismo francés. De hecho, en este caso la imprenta jugó un papel muy importante a la hora de garantizar que Francia siguiera siendo un país baluarte del catolicismo.

Y precisamente por el poder que confieren los libros al razonamiento, las grandes bibliotecas fueron muchas veces pasto de las llamas durante las guerras de religión. Generalmente se trataba de destruir el núcleo de pensamiento del oponente, al que se consideraba hereje. Tal como apostillan ambos investigadores de la Universidad de St Andrews, parafraseando presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt: “Los libros son armas en la guerra de las ideas”.

También razonan la táctica de tomar una ciudad oponente , ya fuera católica o protestante, y pegar fuego a todas sus bibliotecas: “Destruir los libros de un pueblo ocupado es un puñal en el corazón de una cultura rival, porque no son sólo víctimas de la guerra, sino sus agentes activos”. En otros casos, aprovechando la diferente ideología o credo del rival, el objetivo de los señores de la guerra no era la destrucción de las bibliotecas sino su apropiación y traslado a la tierra de origen del vencedor.

Se producía así un trasvase cultural importante que servia para fortalecer intelectualmente al país del soberano ocupante. Tal fue el caso de Gustavo II de Suecia, que logró acumular un número prodigioso de obras de gran valor a base de incautar las bibliotecas de los gobernantes vencidos durante la Guerra de los 30 años.

Hablamos en nuestro libro de colecciones de pergaminos y manuscritos en África, India y Asia Oriental, pero estos continentes no sintieron el impacto transformador de la imprenta

La imprenta, un fenómeno europeo

Acaso podría criticarse de Bibliotecas. Una historia frágil el centrarse excesivamente en Europa y las colonias europeas, incluso obviar la historia de las colecciones privadas en la península ibérica, aunque bien es cierto que ensalza la epopeya, fallida, de Hernando Colón de crear la mayor biblioteca del mundo en Sevilla. El hijo de Cristóbal Colón no es el único soñador a este respecto que aparece en el libro.

Pero poco se dice de la tradición escrita en el resto de continentes. No obstante, Pettegree y der Weduwen se defienden de esta crítica: “Dondequiera que haya materiales para registrar la escritura habrá bibliotecas”, dicen. Pero seguidamente matizan que “la mayoría de ellas estará dispersa cuando muera su primer creador y no dejarán rastro probatorio”, para así explicar la falta de conocimiento sobre colecciones en Asia o África.

“Hablamos en nuestro libro de colecciones de pergaminos y manuscritos en África, India y Asia Oriental, pero estos continentes no sintieron el impacto transformador de la imprenta con la intensidad de Europa”, añaden. La imprenta condujo, en consecuencia, a un gran salto adelante en términos de alfabetización en las naciones europeas, algo que no se replicó en otros lugares fuera de la masa continental europea, excepto en colonias establecidas por europeos hasta al menos el siglo XIX. “Siglo, por cierto, donde la llegada de los periódicos transformó las sociedades de todo el mundo”, remachan.

Las bibliotecas en la era digital

Finalmente, a la pregunta de cómo pueden las bibliotecas sobrevivir a la era de Internet, contestan: “En La biblioteca, una historia frágil, contamos una historia que demuestra un ciclo de creación, desarrollo, abandono y dispersión a lo largo de muchas épocas de la vida de las bibliotecas”. Precisan que a cada nuevo desarrollo tecnológico le sucede una montaña de profecías falsas; la gente ya ha imaginado secuencialmente que los periódicos, la radio, el cine, la televisión y ahora las tecnologías digitales darían la sentencia de muerte al libro y, sin embargo, esto no sucede.

¿Por qué es tan resiliente el libro? “La gente cuenta la historia de la comunicación en términos de desarrollo secuencial, mientras que es un desarrollo acumulativo”. Es decir que “la gente abraza lo que le gusta de lo nuevo sin abandonar lo viejo, y en este sentido no hay ninguna razón por la que las bibliotecas no deban desempeñar un papel en esa compleja ecología”.

Terminan la entrevista con una advertencia clara: “Que las bibliotecas públicas sigan desempeñando el mismo papel en el siglo XXI variará geográficamente y dependerá en gran medida de si logran adaptarse a las demandas de las nuevas generaciones de lectores”.

Apenas unos metros —y unos minutos— separaron a Jhon, de 9 años; y a su hermana Celeste, de 5, de poder abrazar a su madre tras más de dos años sin verla. Después de un largo viaje desde Colombia para reencontrarse con ella, la Policía no les ha permitido a ellos y a su padre entrar al país y desde hace cinco días malviven en una habitación sin ventanas del aeropuerto de El Prat, esperando la decisión sobre su deportación.

“No entiendo por qué no les dejan pasar, he ido dos veces al aeropuerto a por ellos y ni siquiera me los han dejado ver”, lamenta su madre, Ruddy, que llegó a España hace un año, dispone de permiso de trabajo y está pendiente de la resolución de su petición de asilo.

Un laberinto burocrático ha dejado atrapado a estos dos menores junto a su padre en El Prat. El progenitor asegura que lo llevaba todo en regla para poder entrar al país: una reserva de hotel, un vuelo de regreso y la solvencia económica acreditada. Pero al enterarse la Policía de que su mujer ya vivía en España sospecharon de que su intención real era quedarse y no le han dejado pasar.

Fuentes jurídicas apuntan que es habitual que la Policía no deje entrar a viajeros que simulan venir de visita con intenciones de quedarse a residir en España. Lo que consideran excepcional es que retengan a los menores teniendo en cuenta que su madre está ya aquí, trabajando en el servicio de limpieza de un hospital. “Están en un limbo jurídico y no está claro que ellos no puedan entrar”, apunta una abogada experta en extranjería.

Ruddy, su madre, explica que cuando ha acudido al aeropuerto para que le entreguen a sus hijos le han respondido que ella no tiene su custodia. “Esto es mentira, yo lo único que hice fue ir al consulado de Colombia para expedir un permiso para que su padre los pudiera traer”, sostiene en conversación telefónica. “Estoy desesperada”.

“Ambos están muy mal, es como si estuvieran en una cárcel”, explica el padre de los menores, Jhon Jairo. “Sobre todo la niña, lleva cinco días sin parar de llorar”. Precisamente el 10 de mayo, el día en que llegaron a España, Celeste cumplía cinco años y su mayor regalo era poder abrazar a su madre. 

El padre de los menores asegura que están en “condiciones deplorables” en una habitación sin ventanas, con unas literas y durmiendo encima de colchones con manchas y sin sábanas. “No son maneras de tener a dos niños pequeños”, apunta, “les pica todo y están cada vez más nerviosos”. Los tres pueden salir de la habitación hasta una zona común en la que sí entra la luz, pero no pueden hacer nada más.

Jairo admite que su intención inicial era entrar como si fuese un turista y, una vez en España, solicitar asilo. Apunta que en el pasado fue militar en su país, participó en algunas operaciones contra el narcotráfico y posteriormente empezó a recibir amenazas del crimen organizado en el local de comida que regentaba.

“Me extorsionaban, me amenazaban y llegaron a disparar dos balas en la fachada del negocio”, explica por teléfono desde la sala del aeropuerto de El Prat en la que está retenido.

En un primer momento no comentó nada a la Policía sobre su voluntad de solicitar asilo. Los agentes iniciaron lo que se llama una “Inspección minuciosa de segunda línea” sobre su caso para comprobar si reunía “todos los requisitos” para autorizarle la entrada al espacio Schengen. 

Fue cuando ya estaba retenido a la espera de esta segunda inspección cuando notificó su voluntad de solicitar asilo debido a la extorsión que, según él, sufre por parte del crimen organizado en su país, un extremo difícil de demostrar y por lo que se suele denegar la protección internacional en España excepto en contados casos. 

El martes le notificaron que su solicitud había sido rechazada y Jhairo ha pedido que revisen su caso. Ahora mismo está pendiente de saber si le dejarán entrar en España o le devolverán a Colombia junto a sus dos hijos, que no han podido llegar a ver a su madre. El Cuerpo Nacional de Policía no ha respondido a la solicitud de comentario de elDiario.es.

Malas condiciones en las salas de asilo

A las salas de asilo de los aeropuertos españoles llegan aquellas personas que, una vez aterrizadas, manifiestan en el control fronterizo su necesidad de pedir protección internacional. 

Este procedimiento —aplicado en los aeropuertos, puertos o puestos fronterizos— es diferente al activado en territorio nacional: se trata de uno acelerado, en el que las autoridades deben responder en un plazo de escasos días si admiten o no esa petición. Una vez presentada la demanda de asilo, los solicitantes esperan la respuesta en estas salas, de las que no pueden salir hasta que se resuelva su caso.

Diversas organizaciones internacionales, jueces e incluso el Defensor del Pueblo han reprochado las malas condiciones que tienen estos recintos en España, especialmente en Barajas, adonde llegan la mayor parte de los solicitantes de asilo. 

Solo en 2023 se registraron más de 152.000 peticiones de asilo en España, la mayoría procedentes de Venezuela, Colombia y Perú. De esas, casi 3.000 se formalizaron en puestos fronterizos, la mayoría aeropuertos. 

A finales del año pasado, un grupo de magistrados con competencias de control sobre los CIE visitaron estos recintos en Barajas tras recibir una denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los jueces constataron que en esos recintos había familias con menores de edad que llevaban días hacinadas a la espera de una respuesta.

En junio, también el Defensor del Pueblo alertó sobre la mala climatización de estos espacios así como de las dificultades que los solicitantes de asilo tenían para comunicarse con el exterior. 

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), por su parte, remitió el pasado noviembre al Ministerio del Interior una carta en la que solicitaba “medidas urgentes” para mejorar las condiciones de “insalubridad” y “hacinamiento” de los demandantes de asilo en Barajas. 

Acnur hizo esta solicitud después de que dos funcionarios de la agencia visitaran estas salas en el aeropuerto de Madrid. Los  trabajadores de la ONU mostraron su preocupación porque había “varios menores” que llevaban dos semanas en la misma sala “sin prácticamente acceso alguno a la luz natural”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado por hecho que Carles Puigdemont será el candidato de Junts a la Presidencia de Catalunya, añadiendo que no hay “ningún problema” en que una formación defienda sus ideas. “El problema no es el independentismo, el problema es que se pasan la Constitución por el forro”.

A preguntas de los medios desde Barcelona, ha apuntado que Puigdemont quiere “quedar por encima de ERC” y eso hace que el partido de Pere Aragonés “esté más nervioso de lo normal”.

Ha abundado en la idea de que no hay que tener “ningún tipo de temor a que cada uno defienda sus ideas”, sea independentismo o sea cualquier otra. “No hay que tener miedo a las ideas, hay que tener miedo simplemente a los políticos que están dispuestos para defender sus ideas con cualquier cosa, y a saltarse el ordenamiento y a saltarse las reglas”, ha dicho.

“El problema no es que haya independentistas. El problema es que se pasan la Constitución, el ordenamiento y los derechos del resto de los españoles por el forro. Y eso es lo que no se puede consentir”, ha enfatizado.

El “momento más degradado” de la política

Por otro lado, ha dicho ante la creciente crispación en el tablero político que el oficio “ha entrado en barrena”, y, como en los aviones, “la única manera de que la tripulación se salve es darle a un botón y saltar”. Asevera que “probablemente es el momento más degradado” de la política “en lo que llevamos de democracia”, ya que está “francamente muy mal”.

A preguntas de los medios desde Barcelona, ha apuntado que esta inercia “no lleva a ningún sitio” y “es la expresión de que realmente esta etapa es de absoluto caos político”. Lamenta en este punto el “exceso de frentismo que conduce a no darle importancia a lo que se hace, sino a quién lo hace”.

“Sobra mucho fanatismo, sobra frentismo y sobra. Es muy lamentable y muy deprimente. La crispación no deja de ser sino una parte del problema. Pero hay una decidida voluntad de jugar al frentismo y esto no funciona en ningún sitio”, ha afirmado.

Sobre su forma de hacer política, ha indicado que no le tiene miedo a las “políticas duras”, y aunque él es “firme” en sus opiniones, siempre habla con “respeto”. “Nunca me voy a meter en el terreno personal. Solo pediría que aunque quieran dar voces y decir tonterías, que no vayan al terreno personal”.

Segundo expediente sancionador en pocos meses en Barcelona contra un multipropietario de pisos turísticos ilegales. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para sancionar con hasta 420.000 euros al titular de una finca en el céntrico distrito de Ciutat Vella que alquilaba prácticamente todas sus viviendas, un total de 14, como alojamientos de uso temporal sin tener licencia para ello. La actuación municipal ha trascendido pocas semanas después de conocerse otra propuesta de multa contra una trama que gestionaba con el mismo fin unos 70 pisos.

El Ayuntamiento considera en el expediente que se trata de un incumplidor reincidente y califica la acción de “muy grave”. La propiedad del edificio, situado en el número 24 de la calle Ample, es una comunidad de bienes familiar que alquilaba a través de Booking y Airbnb hasta 14 alojamientos de finca, todos excepto uno, donde vivía una inquilina de renta antigua que era la encargada de gestionar la recogida de llaves y entradas y salidas de los huéspedes.

El concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado que el proceso de investigación por parte de la Guardia Urbana y los servicios de inspección ha sido “largo” y ha hecho valer la actuación por proponer una multa “ejemplar”. “Perjudicaba gravemente al resto de vecinos de la zona”, ha indicado Batlle, que ha hecho referencia a la “expulsión” vecinal que implican este tipo de actividades. “Esperamos que no se repita y sirva como un aviso”, ha remachado.

De acuerdo con Batlle, la propiedad ya había tenido expedientes abiertos, pero seguía con la misma actividad. El concejal espera que el trámite de la sanción de casi medio millón de euros sirva para advertir “a quien tenga tentación de hacer algo similar” de que el Ayuntamiento será “implacable”.

Actividad ilegal disfrazada de alquiler tradicional

Según el consistorio, la propiedad ha disfrazado de alquiler tradicional durante años una clara actividad turística sin autorización. Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y al mismo tiempo pidiendo las desactivaciones de los anuncios en las dos plataformas. Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, a fin de evitar la actuación inspectora de la administración.

En este período el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos le engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.

El pasado mes de abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin licencia de alojamiento turístico.

Tras meses de seguimiento y acumulación de pruebas, la Dirección de Servicios de Inspección, el distrito de Ciutat Vella y la Guardia Urbana han iniciado un procedimiento sancionador contra la propiedad del edificio para alquilar sin autorización las viviendas a turistas. La propuesta de sanción de 420.000 euros es una cuantía a la que se llega con el estimado cálculo del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turisme de Catalunya.

El Ayuntamiento señala que la actividad de la propiedad estaba “organizada para sortear la administración y utilizar de forma fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciante con el único piso de renta antigua, incorporando su arrendataria a la gestión turística del inmueble”.

Además, el consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, a fin de que la propiedad responda también en su caso ante la hacienda pública.

Según el Ayuntamiento, el alquiler turístico ilegal masivo se redujo de miles de pisos en los años 2016 y 2017 a poco más de un centenar mensual en la actualidad. Ante esta nueva situación, los servicios de inspección mantienen la persecución de la ilegalidad general, pero al mismo tiempo disponen de una radiografía precisa de la actividad ilegal profesional y pueden diseñar como en este caso una actuación más personalizada de seguimiento y actuación sancionadora de forma más contundente y eficaz.

Se confirma el primer gran revés de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona. Si hace unos días tuvo que retirar su proyecto de Presupuestos por falta de apoyos, este viernes ha visto como toda la oposición en pleno le tumbaba su propuesta de ordenanzas fiscales. Los 10 concejales del PSC se han quedado solos y solo han logrado recabar el sí de PP y Vox a su modificación de la ordenanza de terrazas, aunque tampoco ha sido suficiente para aprobarlas. 

El proyecto fiscal de Collboni no suponía ningún cambio en materia impositiva para los ciudadanos. Sus grandes novedades eran dos. Por un lado, un incremento de la tasa turística para cruceros de corta estancia y para pisos turísticos, de 3,25 a 4 euros. Del otro, el fin de la bonificación por el covid de la tasa de terrazas, pero a cambio de rebajar la recaudación sustancialmente respecto al plan aprobado –pero que no se llegó a aplicar– por Ada Colau en 2019. 

Tras la votación, el teniente de alcaldía del Área de Economía, Jordi Valls, ha confirmado que ahora ya no queda margen para revisar las ordenanzas y que, por lo tanto, se prorrogarán las actuales para 2024. Pero al mismo tiempo ha dejado la puerta abierta a buscar otras vías para sacar adelante su propuesta para las terrazas. “Tenemos que ver si encontramos otro tipo de soluciones”, se ha limitado a afirmar. Poco después, el concejal de Junts Ramon Tremosa ha propuesto hacerlo a través de un pleno extraordinario que prorrogue la bonificación actual, que es del 75%.

Con su propuesta fiscal, el PSC no ha sido capaz de atar ninguna de las dos principales mayorías que puede dibujar en el plenario. A la izquierda, los Comuns y ERC han considerado su proyecto demasiado tímido en cuanto a recaudación por impuestos. Al otro lado, Junts, con quien los socialistas ya sumarían 21 de 40 concejales, también le ha dado la espalda por no plantear el Gobierno municipal ninguna rebaja fiscal, por ejemplo el 2% del IBI que ellos pedían. Tanto unos como otros, eso sí, le han reprochado a Collboni haber presentado las ordenanzas con prisas y sin ánimo negociador, algo que la parte socialista niega. 

Valls ha recriminado a la oposición “falta de responsabilidad”. Y, dirigiéndose concretamente a los partidos de izquierdas, les ha echado en cara que no hayan votado a favor de una propuesta que planteaba mayor presión fiscal a actividades turísticas. 

En cuanto a las terrazas, la propuesta del PSC, pactada con el Gremio de Restauradores, consistía en una modificación del cálculo respecto a las ordenanzas elaboradas por el Gobierno de Colau en 2019 y que nunca se llegaron a desplegar por la pandemia. Esas tasas, que ahora serán las vigentes si el PSC no encuentra la fórmula para evitarlo, tenían al sector en contra porque suponían una recaudación de hasta 8 millones de euros. Luego vino el covid y se bonificó al 75% el impuesto, lo que generó para las arcas municipales unos ingresos de 2 millones hasta el ejercicio anterior. Ahora el PSC ponía fin a esa exención parcial pero con una propuesta muy inferior a la de 2019, que recaudaría 4,6 millones

Se cumplen cuatro meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, desde el pasado 26 de mayo, y por ahora solo una comunidad autónoma ha movido ficha para aplicar la medida estrella de la norma, el tope al precio de los alquileres. Se trata de Catalunya. Tras ella, es casi seguro que lo hará Navarra, puesto que forma parte de su acuerdo de Gobierno. Y solo otras dos han mostrado interés: Euskadi y Asturias.

La iniciativa para limitar la subida de precios depende de las comunidades autónomas. Son ellas las que deben trasladar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana su propuesta de declaración de las llamadas “zonas de mercado residencial tensionado”, en la práctica aquellos municipios donde los alquileres se han disparado y se quieren regular. Sin embargo, el radio de aplicación de la ley quedó reducido tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, cuando el PP arrebató al PSOE numerosos gobiernos regionales. 

De esta forma, solamente las autonomías controladas por socialistas y nacionalistas trabajan, con más o menos entusiasmo, para regular el precio de los alquileres. Y ni siquiera todas, puesto que Castilla-La Mancha ya ha dejado claro que no cree en el control de precios.  

Lo que prevé la ley es que en aquellas ciudades declaradas tensionadas los nuevos contratos de alquiler no puedan tener una renta superior al que estuvo vigente hasta entonces, salvo la actualización anual que no puede ser superior al 3% (o hasta un 10% si se han hecho obras de rehabilitación o accesibilidad). Para el caso de los pisos de grandes propietarios, la mensualidad no podrá ser superior a la que marque el futuro Índice de Precios de Referencia, con lo que se abriría la puerta incluso a una rebaja. 

Al margen de su aplicación, lo que acumula también la norma son recursos ante el Tribunal Constitucional. Su mayor instigador es el PP, que los ha presentado como grupo en el Congreso y desde los gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares. Pero también destacan los casos de Euskadi y Catalunya, en este último caso aprobado por el Parlament con votos de Junts, ERC y CUP. Los republicanos, apoyo fundamental en la aprobación de la Ley en Madrid, alegaron que no es incompatible defenderla con señalar aquellos artículos que consideran que invaden competencias autonómicas. 

La Generalitat catalana apremia al Gobierno 

Con unos precios del alquiler de récord, que superan los 1.000 euros de media en Barcelona –1.087, casi igual que el salario mínimo–, y tras haber experimentado ya una regulación de precios anteriormente, la Generalitat catalana ha sido la Administración más rápida a la hora de remitir al ministerio sus planes para controlar los precios. Según el documento que remitió al Ministerio el pasado 22 de agosto, su intención es declarar 140 municipios como zona tensionada –entre ellos las grandes ciudades–, donde vive el 81% de la población.

Apremiada por la escalada de precios y por el empuje de las entidades por el derecho a la vivienda, Catalunya ya aprobó su propio tope de los alquileres en septiembre de 2020, una regulación que estuvo vigente durante un año y medio, hasta que el Tribunal Constitucional la tumbó en marzo de 2022. La Generalitat hizo una valoración positiva de aquella medida y quiere que se vuelva a aplicar, ahora mediante la nueva ley. Mientras existió, el tope de los alquileres contribuyó a reducir los precios, aunque no hay consenso entre los expertos sobre si provocó o no un desplome de la oferta. 

Transcurrido un mes desde que Catalunya remitió la declaración de zonas tensionadas a Madrid, su validación sigue encallada en la mesa del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. En la última reunión bilateral, el 13 de septiembre, se constataron dos discrepancias entre ambas partes que bloquean el avance de la regulación. Por un lado, la que tiene que ver con el índice de precios de referencia, del que ya dispone la Generalitat pero que el Gobierno central quiere “homogeneizar” con el estatal, que todavía está en fase de elaboración. El otro escollo es que el ministerio echa en falta una parte de la memoria justificativa. 

Fuentes del ministerio aseguran que se está avanzando en la resolución de las diferencias técnicas. Pero desde la Generalitat no esconden su “malestar” por un “bloqueo” que creen que se podría resolver con “voluntad política”, en palabras del secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, Francesc Sutrias. 

En lo que respecta a la memoria, el ministerio considera que a la Generalitat le falta entregar el “plan específico” para corregir en el futuro la situación de las zonas tensionadas, de acuerdo con el artículo 18.4 de la ley. Sutrias discrepa y señala que el texto de la norma señala que la declaración de zonas tensionadas “conllevará” redactar ese plan, con lo que interpreta que es posterior –y no condición previa– a la validación de la regulación. 

Sea como sea, la Generalitat prevé entregar pronto el plan para desencallar esta parte. Lo que será más difícil es alcanzar un acuerdo sobre el índice. Ministerio y gobierno catalán coinciden en que lo ideal sería empezar a aplicar la regulación ya con el índice en marcha. Para ello, desde Barcelona argumentan que deberían poder usar el suyo, vigente desde 2017 y jamás tumbado por ningún tribunal. Pero el ministerio quiere adaptarlo al suyo. En este sentido, fuentes del Ejecutivo central no quieren ponerle fecha, pero sí esperan que esté antes de final de año. 

Navarra, Euskadi y Asturias, candidatas

Después de Catalunya, en el ministerio dan por hecho que el siguiente en presentar solicitud será Navarra. La regulación de los precios formó parte del acuerdo programático que firmaron los tres socios del Gobierno de María Chivite: PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin (la coalición que incluye a Podemos e IU). Fuentes de la Administración foral, sin embargo, reconocen que el trámite no será inmediato, puesto que carecen de una base de datos que les permita conocer el precio real de los alquileres. El pasado mes de junio abrieron un registro oficial para empezar a contabilizarlo. 

En Euskadi, la situación es más compleja. La consejería de Vivienda depende del PSE-EE y es partidaria de la regulación y está elaborando un informe para evaluar las zonas tensionadas. Pero el PNV, líder de la coalición de gobierno, no la ve con buenos ojos y la recurrió al TC por invasión de competencias. Mientras tanto, las ciudades de Gipuzkoa más pobladas, entre ellas San Sebastián, Irún o Rentería, ya han pedido al gobierno vasco que las declare zonas tensionadas.

También está sobre la mesa del Gobierno del Principado de Asturias, aunque se está lejos de tomar una decisión. “Antes debemos realizar un diagnóstico”, apuntan fuentes del Ejecutivo socialista. “Una vez conocida la realidad, tomaremos las medidas oportunas para para garantizar el equilibrio entre el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible y el mantenimiento de la actividad económica ligada al Turismo”, añaden. 

De entre las autonomías que conserva el PSOE queda Castilla-La Mancha, que es la única que descarta limitar los precios. “Con la gente siempre es mejor la zanahoria que el palo. Hay que plantear medidas en positivo”, señala el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que añade que eso pasa por “incentivar una mayor oferta de vivienda a precio asequible”. Según su perspectiva, el control de precios “no ha funcionado en ningún lugar de Europa donde se ha puesto en marcha”. 

Esta información se ha elaborado con la colaboración de Iker Rioja, Rodrigo Saiz, Bárbara A. Peri y Carmen Bachiller. 

Felipe VI ha recibido este lunes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la primera audiencia entre la Corona y el consistorio de la ciudad en 17 años. La reunión ha tenido lugar a las 12 h en el Palacete Albéniz, en la montaña de Montjuic, y ha durado casi una hora y media. Fuentes municipales han explicado que el encuentro ha transcurrido en un tono cordial y que la reunión marca la recuperación de la “normalidad institucional” entre las dos partes. El socialista Jordi Hereu fue el último alcalde a asistir a la audiencia con el Rey, entonces Juan Carlos I, en 2006.

Según han explicado fuentes del consistorio, el alcalde ha obsequiado el Rey con un ejemplar de la edición especial del cómic de 'Mortadelo y Filemón' que se publicó con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, cedida para la ocasión por la viuda de Francisco Ibáñez, Remedios Solera. También le ha entregado el libro de fotografías 'Barcelona', coeditado por el Ayuntamiento de Barcelona y La Fábrica. El libro hace un recorrido a la historia de la ciudad desde el siglo XIX a través de imágenes de autores reconocidos y ciudadanos anónimos.

Felipe VI se ha reunido también durante la mañana de este lunes con el comité ejecutivo de Seat y con el consejero delegado de la Copa América de Vela, Grant Dalton. Por la tarde ha recibido en audiencia a varios equipos españoles que participarán en el Campeonato del Mundo de Fukuoka 2023. Al atardecer, el rey Felipe VI y la reina Leticia se trasladarán al Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) para presidir el acto de entrega de la primera edición de los Premios La Vanguardia.

La oposición carga contra el encuentro

Desde los grupos municipales de BComú, ERC y Trias por BCN han cargado contra el encuentro entre Felipe VI y Collboni. El portavoz de BComú, Jordi Martí, ha recordado al alcalde que “Barcelona siempre ha sido una ciudad mayoritariamente republicana”. Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha valorado que el alcalde barcelonés no tendría que olvidar esta cuestión “incluso cuando es recibido por el rey Felipe VI”.

Martí ha admitido que el encuentro de Collboni con el monarca se enmarca en la idea de que las relaciones se tienen que dar entre todas las instituciones, pero ha dudado de los beneficios reales que la reunión puede tener sobre Barcelona o sobre sus habitantes. “No sé exactamente qué alcance o qué mejoras puede aportar a la ciudad”, ha comentado.

Por su parte, la concejal de ERC Elisenda Alamany también ha cargado contra el encuentro. Ha acusado el socialista “de arrodillarse ante un Borbón” y ha cuestionado que sea un “alcalde socialista”. “Hoy confirmamos que será la primera vez que esta ciudad conocida como una ciudad defensora de derechos y libertades se arrodilla ante un rey que tiene el padre huido de la justicia y manchado por la corrupción”, ha criticado.

En la misma línea, Alamany ha defendido que “ningún personaje de estas características es bienvenido” en Barcelona- y ha exigido a Collboni que “reconsidere” la decisión de encontrarse con Felipe VI.

A su vez, la concejal de Junts Neus Munté ha calificado el encuentro de “teatralización”. “Mientras hoy el gobierno municipal quiere que se hable tanto de esta audiencia, la ciudad tiene muchos problemas sin resolver”, ha subrayado Munté. Así mismo, la concejal ha considerado que el encuentro “estaría bien que sirviera para que el Rey conociera por boca del alcalde la opinión de miles de barceloneses sobre el papel, el rol y las declaraciones del rey de España el 3 de octubre de 2017”.

Por otro lado, desde el grupo municipal del PP han celebrado la recuperación de la “normalidad institucional” entre ambas partes. El portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona, Juan Milián, ha afirmado que la audiencia de Felipe VI al alcalde de Barcelona “es una buena noticia que recupera la normalidad institucional en Barcelona”. “No tendría que ser noticia, nunca se tendrían que haber interrumpido esta neutralidad y normalidad institucional”, ha defendido.

A primera vista, parecen los vestigios de un templo abandonado. De una civilización antigua. Hileras e hileras de columnas de unos diecisiete metros de altura sostienen esta enorme cueva que se abre bajo el parque Joan Miró, en Barcelona. 

El desgaste de esos delgados pilares, sin embargo, no se debe al paso de los siglos, puesto que están hechos de cemento. Es la erosión del agua que acumulan cada vez que hay fuertes inundaciones en la ciudad. Esta cámara escondida bajo tierra es en realidad uno de los depósitos pluviales más espectaculares de la capital catalana, que fue pionera en España a la hora de implantar los que se conocen también como tanques anti tormenta.

El primero que construyó Barcelona fue en 1999. Ahora tiene 15 repartidos por toda la ciudad. Pero no es la única urbe española con estos depósitos. En Madrid, debajo de la Casa de Campo, funciona desde 2009 uno de los mayores tanques de este tipo del mundo, en su caso fuera del núcleo urbano y para proteger al Manzanares. Hay ejemplos –consolidados o en obras– en Murcia, Bilbao, Alicante, Elche, Orihuela… “En España se produjo un boom de estos tanques entre los 2000 y 2010, porque antes casi no había nada”, contextualiza Luis Mediero, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que explica que los primeros depósitos de este tipo se idearon desde los Países Bajos. 

En Barcelona, la creación de estos tanques fue un revulsivo para la gestión de las inundaciones pluviales. Hace meses se destacó como modelo de éxito en la revista ‘Nature’. “Antes la ciudad se anegaba muy a menudo. Había muchos episodios y algunos con fallecimientos”, recuerda Gemma Barnet, jefa del Servicio de Explotación de la empresa pública Barcelona Ciclo del Agua (BCASA). 

De la parte alta de la ciudad solían bajar las calles como ríos. Una tormenta en septiembre de 1995 fue el detonante para poner en marcha la red de depósitos: se interrumpió el suministro de electricidad y gas para decenas de miles de usuarios y murió un hombre en el Eixample.

Barnet comenzó a trabajar el año en que se inauguró el primer depósito, el que está debajo de la Escuela Industrial, en el Eixample. Esta ingeniera se conoce al dedillo todo el entramado de colectores y depósitos que se despliegan por el subsuelo de Barcelona. Por eso sorprende su confesión durante la visita:

– Creo que es la primera vez que bajo hasta aquí. 

Para acceder al depósito pluvial de Joan Miró hay que descender desde la calle a un primer piso en el subsuelo con despachos y un centro de control. De ahí, hay que atravesar un par de puertas blindadas que conducen hasta el enorme agujero. A medida que se avanza, aumenta el hedor y el ruido de las aguas que en ese momento pasan de largo. El tanque está completamente vacío y solo se empieza a llenar cuando diluvia tanto que el caudal del alcantarillado se acerca a 1,5 metros del asfalto. Es entonces cuando se abren automáticamente sus compuertas y se comienzan a llenar sus 55.000 m3 de capacidad. 

Cuando el enorme agujero está vacío, se puede descender por una escalera de metal y pasear por su suelo enmohecido. Como su funcionamiento es casi todo informatizado, nadie suele bajar hasta ahí, excepto alguna brigada de vez en cuando para limpiarlo. Por su espectacularidad, suele ser objeto de visitas escolares y de rodajes de películas, como La Casa de Papel o Los últimos días, el film de Álex Pastor que transcurre en una Barcelona postapocalíptica. 

Evita inundaciones y abocamientos

En una charla que transcurre entre los despachos y el interior del depósito, Barnet da cuenta de todos sus entresijos. Su función, para empezar, es doble. “Por un lado, evitar las inundaciones aguas abajo”, explica. En este caso, protege el área desde la Plaza España y Gran Via de les Corts Catalanes hasta el Paseo de Zona Franca. “Y por otro lado, sirve para evitar abocamientos al medio”, añade. El primer motivo es fácil de comprender. Cuando el alcantarillado se empieza a tensionar en alguno de sus puntos, se abre el depósito más cercano y empieza a acumular miles de litros de agua para soltarlos cuando amaina la tormenta. Esto evita que suba el agua hacia las calles.

Al mismo tiempo, se logra así su segundo cometido: evitar que colapsen los colectores que conducen a las depuradoras, paso previo para poder expulsar el agua al mar o a ríos como el Besòs. Barnet recuerda que el agua que recogen estos tanques no solo es pluvial –la que procede de la lluvia–, sino también residual, puesto que ambas se mezclan en el alcantarillado. Antes de la existencia de los tanques, se producían muchos abocamientos de agua sucia directamente al medio ambiente. Ahora se estima que se evitan 900 toneladas de vertidos de este tipo al año. 

La capacidad conjunta de almacenamiento de los almacenes anti inundaciones barceloneses es de 447.000 m3. En su catálogo, actualizado a enero de 2022, salen los quince recintos operativos y los proyectados para el futuro. La intención es llegar a los 31 depósitos, para lo que el Ayuntamiento aprobó el pasado abril una reserva de subsuelo.

Muchos de los existentes se construyeron cerca de antiguas rieras y ramblas. En la ficha del de Joan Miró salen sus medidas, se explica que consta de dos compartimentos (uno más pequeño, el primero que se llena, y otro más profundo), y se acompaña de una sugestiva descripción: “Tiene una capacidad de 55.000 m3, igual que 22 piscinas olímpicas”. El más grande de Barcelona, el de Zona Universitaria, puede albergar unos 105.500 m3. El de la Casa de Campo de Madrid, hasta 400.000 m3. 

El plan de depósitos pluviales de Barcelona para evitar inundaciones merece un aprobado, según los expertos, pero tampoco es suficiente. “Mientras en el Área Metropolitana ha habido un ligero incremento de las inundaciones desde 1981, la tendencia ha sido negativa en Barcelona”, constata María del Carmen Llasat, profesora de Física Atmosférica en la Universitat de Barcelona (UB) y una de las autoras del estudio publicado en ‘Nature’. Pero advierte: “Hay que aumentar la permeabilidad del suelo con pavimentos que permitan la infiltración, se deben destinar más áreas a zonas verdes y las calles y los desagües deben mantenerse limpios”, receta.

Lejos de quedar rebasados

Con el régimen de lluvias actual y aunque aumente en el futuro, Barnet asegura que los depósitos en su conjunto están lejos de quedar desbordados. En realidad no se pueden llenar hasta los topes, puesto que si el agua llega a una cierta altura rebasa unos aliviaderos de emergencia que la devuelven al alcantarillado. 

Pero esto no ocurre casi nunca. “Cuando en la ciudad había solo tres depósitos, recuerdo un episodio en que se llenaron todos”, dice Barnet. Fue algo excepcional. En años con un régimen pluvial estándar, entran en funcionamiento entre 15 y 30 veces. Se considera que se han activado si el agua que almacenan supera el metro de altura. “El año pasado ocurrió en 13 ocasiones”, apunta.

Por poner un ejemplo recurre a 2019, uno de los años con más precipitaciones desde que hay registros. Hubo 79 episodios de lluvia, 10 de los cuales de intensidad importante. El doble que los años más secos. La precipitación máxima diaria fue de récord desde que existen los depósitos: 139 litros por metro cuadrado. Durante ese curso, el depósito alcanzó aproximadamente el 60% de su capacidad, no más.

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El Ayuntamiento de Barcelona reclamará 294.800 euros a las empresas adjudicatarias del contrato de limpieza después de detectar durante el verano hasta 269 incumplimientos en la prestación de servicios y el estado de los contenedores. Los incumplimientos se han detectado sobre todo en julio y por parte de todas las concesionarias después de haber realizado 3.500 inspecciones en los servicios que prestan. 

En total, contando también otros ámbitos, se han realizado 16.000 inspecciones. En paralelo, también se han incrementado las sanciones por incivismo. Durante julio y agosto, por ejemplo, la Guardia Urbana ha puesto 7.542 denuncias por consumo de alcohol en la calle, un 36% más que en el mismo periodo el pasado año. Son datos de un primer balance de la puesta en marcha del llamado 'Pla Endreça', con el que el alcalde Jaume Collboni quiso dar impulso a las políticas de seguridad y orden en el espacio público.

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda, Laia Bonet, y el teniente de alcaldía de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior, Albert Batlle, han valorado muy positivamente en rueda de prensa el impacto de la puesta en marcha del plan.

Multa a las concesionarias

Según ha especificado Bonet, durante el anterior mandato –en el que gobernaban BComú y el PSC– no se puso ninguna multa a las empresas que prestaban el servicio de limpieza. Por el contrario, ahora se ha decidido multar con cerca de 300.000 euros a las empresas adjudicatarias del último contrato de limpieza después de haber detectado incumplimientos.

De los 269 incumplimientos, 170 tienen relación con las labores de limpieza. Un 35% es por equipos no encontrados donde deberían estar trabajando, un 35% porque carecían de suficientes personas en la composición del equipo respecto a lo establecido y un 30% por cambios en el tratamiento de limpieza respecto a lo planificado. El resto de incumplimientos, 99, es por contenedores desbordados. 

La mayoría de infracciones, 148, se detectaron en julio y el resto, 22, en agosto. “Eso quiere decir que el mensaje ha calado y se ha traducido en un mejor servicio”, afirmó Laia Bonet.

Aparte de las inspecciones a las empresas encargadas de la limpieza en la ciudad, el Ayuntamiento también ha inspeccionado otros ámbitos. Por ejemplo, se han realizado 242 inspecciones en casi un millar de establecimientos comerciales para ver si hacían o no una buena gestión de los residuos. En 114 casos se han detectado incumplimientos, principalmente causados por desbordamiento de contenedores, y se han realizado 174 propuestas de sanción. Bonet ha señalado que los comercios son los principales causantes de este desbordamiento y ha remarcado que son un actor “muy importante” para garantizar una buena gestión de los residuos.

Limpieza de pintadas y otras actuaciones

Entre las actuaciones realizadas para garantizar el buen estado de la vía pública, destacan las actuaciones realizadas para eliminar pintadas y grafitis, una de las tareas que el gobierno municipal situó como prioritarias. En concreto, se han realizado 17.000 intervenciones y se ha actuado sobre 39.000 m2. En Ciutat Vella y en Sant Martí es donde se han realizado más actuaciones, con 3.865 y 3.607, respectivamente.

Además, pese a las dificultades para pillar 'in fraganti' a los autores de las pintadas, durante el verano se han puesto 55 denuncias por este motivo, casi el doble que el año pasado, cuando se pusieron 28.

Tal y como ya avisó el gobierno de Jaume Collboni, se han endurecido las sanciones y también se han impuesto más. En concreto, durante los meses de julio y agosto, la Guardia Urbana ha puesto un total de 7.542 denuncias por consumo de alcohol en la calle, un 36% más que el pasado verano. Las sanciones vinculadas a las necesidades fisiológicas en la calle suman 931 denuncias, un 19% más. También han incrementado las sanciones por lanzar residuos a la calle, con un total de 153, un 24% más.

El teniente Albert Batlle también ha puesto énfasis en las actuaciones para perseguir la venta ambulante en la ciudad. Según ha dicho, las sanciones impuestas por venta ambulante han aumentado un 34% respecto al pasado verano. Entre julio y agosto de 2023 se han intervenido 254.305 objetos por los 168.235 objetos comisados en verano de 2022. Es decir, cerca de 86.000 objetos más. Batlle ha reiterado que es una actividad que no quiere en Barcelona. “Es comercio ilegal y lo estamos combatiendo”, ha argumentado.

Continuación del Plan Dirección

Bonet ha recordado que éste es el balance de los primeros meses de puesta en marcha del Plan Endreça y ha subrayado que el plan ha venido “para quedarse”. En octubre, ha matizado, se inicia la segunda fase en la que se pretende modificar la ordenanza de civismo. A partir de abril de 2024, ha añadido, se desplegarán planes de mantenimiento. Sea como fuere, tanto ella como Batlle se han mostrado muy satisfechos de las actuaciones realizadas hasta ahora y de cómo las inspecciones y el incremento de las sanciones han repercutido en el binomio limpieza-seguridad, dos preocupaciones ciudadanas.