“Empecé a ser consciente del problema que suponía la falta de aceras en Monte cuando tuve un bebé: dar un paseo con un carrito era un ejercicio de riesgo”. Hace ocho años que Elia Amo fue madre por primera vez. Ya lo sabía, pero fue entonces cuando midió las consecuencias concretas de que el barrio al que se había mudado en 2017 limitase su movilidad, al tener que moverse por estrechas y zigzageantes calles, caminos, y callejas sin aceras.

Hoy, para tirar la basura, Amo tiene que ir por una vía principal. Y, si va por el pan con sus dos hijas, la escena es así: “Tengo que pegarme a un costado y cogerlas de la mano en fila india no vaya a ser que se despisten”.

Monte es una postal de praderías y fincas que acaba en la costa, en la franja norte de Santander, a más de dos kilómetros del centro urbano. Pasó de pueblo con caminos a barrio con calles, sin mayores cambios en el suelo en ochenta años. Hasta que hace una década empezó un notable desarrollo urbanístico: las promotoras privadas de las nuevas urbanizaciones de chalets empezaron a construir aceras y el Ayuntamiento de Santander comenzó a mejorar viales y señalizaciones, pero una gran parte del extenso barrio continúa sin calzadas y las nuevas familias que llegan a la zona aumentan la población sin soluciones a la vista.

En 2023, el Ayuntamiento puso bolardos en el acceso a ambos centros y amplió el ancho del paso peatonal. Pero Elia Amo, que hoy tiene dos hijas, advierte de que es “un parche”. Por eso, junto a las madres del colegio público Eloy Villanueva se han organizado para reclamar un problema que el crecimiento demográfico exhibe, pero que implicaría expropiar parcelas en fincas para construir aceras.

“Este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras”, cuestiona Emma Vila, madre de tres niños en el colegio público y una de las organizadoras de las acciones por la demanda de aceras, en un barrio que tenía 2.580 habitantes, según el INE, en 2024.

Ahora habría unos 3.600 residentes, según estimaciones de la asociación de vecinos de un barrio en el que hay más de un centenar de calles y dos colegios, uno público y otro concertado.

“Pedí una acera y pusieron un badén”

Vila vivió cuatro años en la calle Resconorio y califica de “privilegio” ir a pie al colegio “pero no en esas condiciones”. Cuenta que en esa calle “y en otras muchas de Monte”, si se cruzan dos coches, no cabe un peatón: “Nada más cruzar la portilla de casa nos encontrábamos directamente en una carretera”. Antes de mudarse, escribió al ayuntamiento para pedir una acera y, en su lugar, pusieron un badén.

Las vecinas y familias del colegio público piden que el Ayuntamiento construya aceras o recorridos peatonales, en las parcelas que actualmente son prados o suelos sin urbanizar, “sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados”. Y en las zonas que ya están construidas, piden sobre todo reordenar el tráfico, priorizando el sentido único.

El crecimiento demográfico y urbanístico es consecuencia, en parte, de la venta de antiguas fincas privadas y también de la quiebra de la cooperativa de Monte, una histórica cooperativa agraria, con un abrupto desenlace en los tribunales, cuya quiebra dejó un reguero de deudas con los cooperativistas. Tras un acuerdo, sus propiedades y parcelas en propiedad pasaron a manos del Banco Santander, donde en los últimos años se ha desarrollado sobre todo promoción inmobiliaria privada.

El hecho de que gran parte del suelo sea de propiedad privada dificulta la ampliación de caminos con aceras, advierten un arquitecto y un geógrafo consultados. “Cuando son calles que ya existían, salvo que el ayuntamiento expropie, se espera que el particular ceda el suelo”, explica un arquitecto, bajo anonimato, con amplia experiencia en gestión municipal. “Los vecinos siempre esperan que la calle sea más ancha, pero, en estos casos, es a costa de su parcela, y eso es conflictivo”, plantea el experto.

El geógráfo y arquitecto de la Universidad de Cantabria Gerardo J. Cueto analiza imágenes de satélite de Monte y confirma que, desde 1953, la configuración de los viales no ha variado, que los caminos que tradicionalmente unían el caserío con los prados y barrios son los mismos que hace 80 años, “y seguramente varias décadas antes” en el intrincado devenir de Monte. “Creo que nadie desde el Ayuntamiento se ha ocupado en las últimas décadas de dotar a esos caminos tradicionales, ya convertidos en calles, de aceras, porque nunca les ha resultado interesante políticamente”, cuestiona Cueto, que reivindica el valor para la salud que supone para la población poder pasear “con tranquilidad”.

Javier Martínez, presidente de la asociación de vecinos desde hace más de quince años, advierte de que es “un contrasentido” que el barrio crezca, se mantenga una estructura “de callejas” y no se pueda garantizar la seguridad vial de Monte. Pero reconoce que la cesión de propiedades para el desarrollo de la zona es compleja: “Ahí sí que tendríamos o tenemos un problema”. 

“Mi hijo me dijo que había pensado en morirse para nacer de nuevo como un chico”. El día que el hijo de Antonia (nombre ficticio), con 12 años, le dijo esto en abril de 2026, su madre dejó de trabajar temporalmente para atenderle. Para ese momento, llevaba el niño un año desde que se identificó como niño y seis meses sin cita con la única psicosexóloga que hay en la unidad de género del Sistema Cántabro de Salud (SCS).

En 2025, el hijo de Antonia fue remitido a la unidad especializada del SCS por su pediatra de Valdecilla. Tuvo dos citas ese año. La última fue en octubre. De finales de noviembre a inicios de abril, no hubo citas de psicosexología para personas trans porque la plaza se quedó vacante. “Iba a preguntar y me decían que había mucha gente esperando y no podían hacer nada”, dice que le respondieron sobre una unidad que no solo atiende a personas trans. En ese largo periodo, su hijo se deprimió, “tenía pensamientos suicidas” y acudió a Alega, la asociación que representa a la diversidad sexual y de género. Hasta mayo no tendrá la tercera cita en el sistema público.

Hasta el 9 de marzo de 2026, las citas no se reactivaron y la plaza de psicosexóloga para Cantabria estuvo vacante: habían pasado 104 días sin atención psicológica, según los cálculos de varias madres. El colectivo Alega y familias afectadas exigen una reforma del protocolo de Valdecilla para garantizar la asistencia psicológica a personas trans. Además, proponen la creación de una unidad con personal especializado en acompañamiento trans.

La vacante de la psicosexóloga, piedra angular del tratamiento, provocó un vacío que no se ha resuelto: desde abril hay citas de nuevo con la sustituta, pero los más de tres meses sin psicóloga han impactado en la salud mental de las personas y ahora hay retrasos de meses en la atención. Esto ha provocado críticas porque detectan falta de especialización de la profesional sustituta en su manera de dirigirse a las personas.

“Es psicosexóloga, pero no es especializada en tratamiento trans”, cuestiona Luca González, vocal del grupo llar, trans y no binario, de Alega.

El 25 de noviembre de 2025, Jimena (nombre ficticio) recibió un whatsapp de la psicosexóloga del Sistema Cántabro de Salud que había acompañado durante los últimos tres años mensualmente a su hija de 13 años. Le informaba de que dejaba la plaza. La madre, sorprendida porque no se lo esperaba, le deseó suerte. Jimena advierte de que fue presencialmente a preguntar a la unidad de género y envió correos sin respuesta al hospital Valdecilla denunciando la situación.

Ni Jimena ni Antonia están convencidas con la nueva psicosexóloga, en la que aprecian una falta de empatía hacia los casos y Jimena asegura además hablar en nombre de otro adulto más con la misma impresión. “Si eres tan susceptible te va a ir mal en la vida”, dice Jimena, que escuchó decirle a la nueva psicosexóloga en su primera cita con su hija. “Yo no veía ni pies ni cabeza en la manera de tratar a a una niña que acababa de conocer”.

La atención de personas trans conlleva una atención integral, incluyendo acompañamiento psicológico. Desde 1991, el Centro de Salud Sexual y Reproductivo La Cagiga, en el Hospital de Valdecilla, en Santander, incluye la única unidad de género de Cantabria, atendiendo a personas trans “en sus procesos de definición, afirmación y vivencia”.

Pero los recursos de atención se han ido mermando: La Cagiga atendió 195 personas trans, entre 2015 y 2021 (últimos disponibles), según documenta la el SCS . La Consejería no ha facilitado información a elDiario.es.

Desde 2018, en Cantabria, existe un protocolo de atención a las personas trans. Fue consensuado entre varios profesionales, como el primer psicosexólogo (de los tres que han pasado por la unidad), y Alega, entre otros. Ahora, el colectivo de personas trans de Alega demanda una actualización del documento: “Cuando se vaya esta psicosexóloga, volverá a pasar lo mismo. Y lo que implica es el el paro del tratamiento de muchas personas”, cuestiona Luca González, quien ha conocido al menos una decena de quejas recientes del servicio de La Cagiga.

A la privada como alternativa involuntaria

“Necesitaba una estrategia para trabajar con mis padres, que son gente de mente muy cerrada, necesitaba hacerlo porque iba a empezar a tener cambios físicos y prepararme para las reacciones”. Juan (Nombre ficticio) tiene casi 30 años y tampoco obtuvo la estrategia en el servicio público psicosexológico: pasó tres meses sin asistencia, le cancelaron su cita de enero, también presentó una reclamación en Atención al Paciente de Valdecilla y cuando fue atendido por la nueva profesional en marzo, la sesión dice que duró “unos veinte minutos”.

Por la falta de continuidad, decidió empezar con una psicóloga especializada en consulta privada. Ya lleva dos sesiones, pero reivindica el servicio público. Matiza que no responsabiliza a la nueva psicosexóloga, si no al Sistema Cántabro de Salud, en un momento en el que necesita particularmente el acompañamiento con sus padres, porque la siguiente cita será en junio.

Desde Alega ven una posible solución, que ya plantean en el capítulo sanitario en su Estrategia LGBT 2025-2027: crear una unidad trans que incluya todas las especialidades para “con una formación adecuada, tratar con unos tiempos de espera adecuados”.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Anjana, de 86,8 MW de potencia, y sus infraestructuras de evacuación en cuatro municipios de Cantabria, además de en otros de Burgos y Palencia.

Promovido por la empresa Mowe Eólica 4, S.L., la instalación cuenta con una inversión de 91 millones de euros, según ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Afecta a los municipios cántabros de Valderredible, Valdeprado del Río, Valdeolea y Campoo de Enmedio; más Valdebezana, Arija y Santa Gadea de Alfoz, en Burgos, y Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán en Palencia.

El proyecto contempla 17 aerogeneradores divididos en dos agrupaciones: 'Anjana Este' (10) y 'Anjana Oeste' (7), y sus líneas subterráneas a 30 kV hasta cada una de las dos subestaciones de ambas agrupaciones.

Los aerogeneradores, con una potencia unitaria de 5.200-5.000 KW, tendrán un diámetro del rotor de 163 metros; mientras que la altura de la torre será de 98,5 metros y la altura del aerogenerador a punta de pala se prevé de 180 metros.

El periodo de alegaciones tiene un plazo de 30 días a partir del siguiente a su publicación y se puede consultar el anteproyecto de la instalación así como su Estudio de Impacto Ambiental en el enlace https://run.gob.es/dxoProyectosIndustriaCantabria o en la sede de la Delegación del Gobierno solicitando la correspondiente cita.

Las familias del alumnado del CEIP Eloy Villanueva de Monte han trasladado su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para garantizar caminos escolares seguros para los niños y niñas de la zona.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha organizando una marcha este sábado en la que han participado cerca de dos centenares de personas en bici, patines, patinete y a pie, en un recorrido que ha partido del centro escolar y ha concluido en el parque Ateca.

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar público han recordado que, en los últimos años, Monte ha experimentado un crecimiento significativo en población, incluyendo un notable aumento de menores en edad escolar.

Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras, compartiendo espacio con vehículos y asumiendo riesgos innecesarios.

Así, consideran prioritario que el Ayuntamiento de Santander impulse medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios.

Para ello, su propuesta pasa por actuar tanto en las⁠ zonas aún no desarrolladas (actualmente prados o suelos sin urbanizar), acometiendo la construcción de aceras y recorridos peatonales seguros sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados, como también en las zonas ya construidas. En estas últimas proponen medidas como reordenación del tráfico en calles estrechas sin aceras, priorizando la conversión a sentido único para liberar espacio peatonal; la implantación de plataformas compartidas con prioridad peatonal o de semáforos que reduzcan el riesgo para los peatones.

Estas actuaciones no solo mejorarán la seguridad de los menores, sino que fomentarán la autonomía infantil, la movilidad sostenible y una mayor calidad de vida para todo el barrio, han considerado.

Por todo ello, han solicitado la elaboración de un estudio específico de caminos escolares seguros en el barrio de Monte y la inclusión de estas actuaciones como prioridad en los planes de inversión municipal.

El secretario general del PSOE de Comillas, Julián Rozas, ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) que declare el municipio como zona tensionada, como ya hizo el Ayuntamiento en noviembre de 2024.

Así lo ha vuelto a solicitar durante una visita del secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, al municipio, con quien ha compartido la inquietud “por la situación de la vivienda en Comillas”, que ha calificado de “insostenible e inaccesible” para muchos jóvenes o familias.

Para el también primer teniente de Alcalde “es incompresible” que el Ejecutivo cántabro “esté dando la espalda a nuestra solicitud para que se evalúe el mercado de la vivienda en el municipio y se proceda a la declaración oficial como zona tensionada, cuya competencia es autonómica”, ha incidido.

“Hoy por hoy en Comillas es imposible emanciparse y encontrar una vivienda en la que vivir”, ha recalcado Rozas, que ha defendido que la declaración como zona tensionada permitiría establecer topes de renta y que las nuevas contrataciones no pudieran superar el alquiler del contrato anterior, salvo reformas acreditadas, o aplicar incentivos fiscales a los propietarios en la reducción del IRPF de hasta un 90%.

En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado que Comillas “lleva esperando desde noviembre de 2024, más de un año y medio después de la solicitud, a que el Gobierno de Cantabria dé una respuesta”.

Por su parte, Casares ha pedido al Partido Popular “dejar de mirar para otro lado para convertir a Cantabria en pasto de la especulación y la segunda residencia cuando los cántabros no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda propia o en alquiler”.

Además, el líder de los socialistas cántabros ha destacado que declarar zona tensionada un municipio “es beneficioso para propietarios, con grandes deducciones en el IRPF, pero sobre todo para los inquilinos, a los que se garantiza estabilidad de precios, protección frente a subidas abusivas y prioridad en programas de ayudas al alquiler”.

Por último, ha pedido al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que deje “de dar la espalda a los cántabros mientras abre la puerta a los mismos especuladores del suelo de siempre”. Para Casares, la Ley de Vivienda es “una buena ley para que la vivienda deje de ser un negocio y sea un derecho, y en ello incide esa declaración de zonas tensionadas para municipios como Comillas”.

Santander acoge este sábado, 9 de mayo, desde las 9.30 horas, las VIII Jornadas de Educación Ecosocial, un encuentro que reunirá a docentes, estudiantes, entidades sociales y personas interesadas en impulsar proyectos educativos vinculados a la justicia social, la sostenibilidad y la democracia.

Las jornadas se celebrarán en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, en el marco de la Red Vínculo Ecosocial y coordinadas por la Universidad de Cantabria, ha informado la organización.

Bajo el título 'Escuelas del futuro: 12 semillas para una educación ecosocial', esta octava edición propone un espacio de reflexión colectiva para repensar el papel de la educación “ante la urgencia ecosocial actual”.

El encuentro ofrece un programa diseñado para compartir experiencias, prácticas y enfoques educativos que sitúan en el centro valores como la democracia, el cuidado de la vida, el vínculo con el territorio y el compromiso con la equidad social.

Las “12 semillas” que articulan las jornadas funcionan como una metáfora y una hoja de ruta para imaginar y hacer crecer propuestas educativas capaces de responder a los desafíos ecosociales del presente. Por ello, a lo largo de la jornada se combinarán espacios de inspiración, diálogo y trabajo colaborativo que permitirán conectar miradas diversas del ámbito educativo formal y no formal.

El programa incluye una conferencia invitada, a cargo de Jesús Romero, profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la UC, titulada 'La ultraderecha 2.0, la sostenibilidad de la democracia: una mirada desde la educación'; la presentación del fanzine '12 Semillas', así como experiencias educativas vinculadas a la acupuntura ecosocial en entornos rurales, con Yayo Herrero, figura de referencia en el pensamiento ecosocial y los equipos educativos del CEIP Manuel Llano de Terán, en Cabuérniga, y del IES Foramontanos de Cabezón de la Sal.

Sello de Centro Ecosocial

También se dará a conocer el Sello de Centro Ecosocial, una iniciativa de la Fundación SM, la Universidad de Cantabria y FUHEM, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, orientada a reconocer y acompañar a los centros educativos comprometidos con la transformación ecosocial.

Durante la tarde, las jornadas se organizarán en seminarios paralelos que abordarán cuestiones clave como las escuelas como espacios de democracia y cooperación, las redes de centros presenciales y virtuales, el currículo situado, la diversidad como riqueza o la escuela como espacio vivo y comunitario. El encuentro concluirá con una puesta en común y una actividad lúdica.

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que el centro penitenciario El Dueso, en Santoña, se ha quedado sin médicos tras la jubilación de toda la plantilla y la falta de reposición de las siete plazas previstas.

Además, la formación, mayoritaria en Instituciones Penitenciarias, ha alertado de que la “privatización” del servicio por la que ha optado el Ministerio del Interior, con la contratación de una empresa externa por “solo 60 horas mensuales”, “colapsará” las urgencias del Hospital Valdecilla al “multiplicarse” los traslados a este servicio.

En un comunicado, ACAIP ha criticado el “abandono sanitario extremo” de los 400 internos de esta cárcel cántabra, que se han quedado sin la atención médica “mínima” en el centro, y tildan de “parche insuficiente” la medida del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

A juicio del sindicato, la adjudicación de la prestación sanitaria -a la empresa Emocional Technologies 22 SL por un coste anual aproximado de 60.000 euros- es “a todas luces insuficiente”, ya que el contrato contempla “únicamente” 15 horas de asistencia semanales para atender a “centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias”.

Por eso, advierte ACAIP, la falta de médicos en el interior de la prisión genera un “efecto dominó” que afecta a la sanidad cántabra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que la ausencia de diagnósticos previos de los reclusos de El Dueso “multiplicará” los traslados a Urgencias de Valdecilla, “colapsando sus servicios”, aseguran.

A ello se suma que cada traslado requiere la custodia y acompañamiento por parte de la Guardia Civil, “detrayendo efectivos de las calles de Cantabria para labores de vigilancia hospitalaria”, han añadido.

Gestión de datos sensibles

ACAIP-UGT también muestra su preocupación por el hecho de que personal externo de una empresa privada tenga acceso a expedientes clínicos e información “altamente sensible” de la población reclusa, una tarea que tradicionalmente ha recaído en personal funcionario bajo “estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad”.

El sindicato exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias soluciones “reales y estables” y señala que la Ley obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos “hace más de dos décadas”, un mandato que el Gobierno “sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona”.

La historia de la cantera Laherrán, abierta desde 1950 en Arce (Piélagos), acumula una intensa biografía judicial, un caso insólito que ha desafiado varias sentencias ordenando su cierre, pero pese a estas circunstancias ha seguido operando durante 76 años sin licencias ni autorizaciones de ningún tipo. Una explotación a cielo abierto que ha creado enormes cicatrices en el paisaje sin que se haya producido ninguna regeneración de la zona afectada.

El alcalde actual del Ayuntamiento de Piélagos, Carlos Caramés (PP), ha emitido ya tres resoluciones ejecutivas de cierre como consecuencia de las sentencias judiciales, “pero no se ha ejecutado ninguna, de tal manera que la empresa sigue funcionando”, lamentan desde Ecologistas en Acción.

En dos ocasiones anteriores, hace años, el Ayuntamiento llegó a precintar la instalación, pero eso no impidió que siguiese en activo. Tampoco tuvo consecuencias. En realidad, nunca las ha tenido. Ni siquiera cuando, después de dos sentencias de diferentes instancias judiciales emplazando a clausurar la planta, el Tribunal Supremo ratificó su cierre el pasado verano. La cantera sigue abierta ante la impasibilidad del Ayuntamiento del pueblo, el Gobierno de Cantabria y los propios tribunales de justicia, “gracias a que todo el mundo ha mirado para otro lado”, reprocha el portavoz de los ecologistas Floren Enríquez.

Durante casi ocho décadas ha sido impune a requerimientos, precintos y sentencias y a las quejas de los vecinos afectados por las detonaciones y el polvo de la cantera que viven a cien metros de la explotacion y que han reclamado insistentemente su cierre. Pero la cantera ha permanecido abierta desobedeciendo los reiterados mandatos judiciales, entre ellos tres sentencias firmes de clausura del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, más recientemente, la del Supremo hasta donde ha llegado este conflicto y que ratificó el cierre de la planta porque no tiene permisos.

La empresa Laherrán, propietaria de la explotación, “puede ostentar el récord de funcionamiento ilegal de sus actividades en la cantera y en las empresas auxiliares, pues viene funcionando desde el año 1950” puesto que “lleva funcionando de modo ilegal 76 años de modo ininterrumpido”, advierte Ecologistas en Acción.

En 2015, este colectivo, a petición de vecinos del pueblo de Arce, denunció estas irregularidades ante el Ayuntamiento de Piélagos que declaró la actividad como clandestina, ordenó su cierre e inició un expediente sancionador. Los tribunales lo ratificaron posteriormente, tras un recurso de la empresa.

El fallo judicial también criticó las “prácticas perniciosas” del Ayuntamiento de Piélagos por no ejecutar efectivamente el cierre, ya que la empresa continuó operando pese a la resolución de 2016. Otra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en respuesta a un recurso contra una resolución de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) denegó la legalización de la explotación, insistiendo en la necesidad de que la explotación se someta a la preceptiva evaluación de impacto ambiental.

Durante estos años ha habido más sentencias y denuncias, como la del SEPRONA en 2009 que ya entonces acreditó que la empresa no tenía licencia urbanística o de actividad para los trabajos de molienda y clasificación de áridos que llevaba décadas desempeñando en el pueblo.

Segundo intento de conseguir permiso medioambiental

Ahora los propietarios han vuelto a solicitar autorización por segunda vez para mantener abiertas sus instalaciones de extracción de áridos, planta de tratamiento e instalaciones de hormigonado a cien metros de un barrio de viviendas en la localidad de Arce del municipio de Piélagos (Cantabria). Aunque, en realidad, ha hecho caso omiso a la sentencia y la cantera sigue en activo. En febrero solicitó la declaración de impacto ambiental y las licencias de actividad y Urbanísticas del Ayuntamiento de Piélagos para extraer y tratar calizas.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno autonómico publica en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de información pública del proyecto que tiene un plazo de treinta días para presentar alegaciones. Es el segundo intento de la empresa por obtener el permiso medioambiental para poder desarrollar su actividad después de una primera denegación. El primero fue el 5 de febrero de 2025.

Precisamente el día antes de esta publicación oficial, Ecologistas en Acción pidió al juzgado que intervenga para cerrar las actividades de la empresa “que carecen de toda legalidad, sin licencias municipales y sin declaración de impacto ambiental”. El portavoz del colectivo, Floren Enríquez, denuncia que la empresa no obecede las órdenes de cierre y que “ha roto dos precintos puestos por el Ayuntamiento” a lo largo de estos años.

El colectivo también critica la actitud del Ayuntamiento de Piélagos “que tampoco hace valer su capacidad para cerrar o precintar unas instalaciones ilegales desde el año 1950”.

La empresa alega, en el proyecto que ha registrado en el Gobierno, que la mayor parte de las casas del entorno fueron construidas con posterioridad al inicio de la actividad de la cantera y que “la experiencia acumulada a lo largo del periodo de funcionamiento permite constatar la compatibilidad efectiva entre la actividad minera y el uso residencial circundante”. Circunstancia que , en su opinión, acredita el hecho de que las casas han permanecido en el mismo lugar y que incluso se han construido más en el área de influencia. Es decir, los propietarios de la cantera argumentan que no ha habido “procesos de abandono, despoblación o regresión del uso habitacional”. En consecuencia, desde su punto de vista, la evolución urbanística del entorno “pone de manifiesto que la actividad extractiva no ha constituido un factor limitante para el desarrollo residencial de la zona”.

Los ecologistas replican que la actividad ilegal de la planta de áridos solo beneficia a la empresa a costa de perjudicar a los vecinos con explosiones, vibraciones, polvo, ruido y molestias por el paso de camiones por las calles del barrio.

La sociedad mercantil propietaria de la cantera, una explotación a cielo abierto, calcula en 30 años la vida útil de la cantera a un ritmo de extracción de 200.000 toneladas al año de piedra caliza que se destinan a obras de infraestructuras y construcción para fabricar hormigones, morteros y productos asfálticos. También se emplea para obtener cal de alta calidad y para refinar azúcar.

La empresa sigue abierta e intenta por segunda vez legalizar su actividad mientras las sentencias y resoluciones siguen sin cumplirse.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla (Santa María de Cayón) ha convocado varias movilizaciones en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa que prevé 49 despidos en la planta cántabra y amenaza con una huelga indefinida, desde el 1 de junio, si la negociación no va bien.

Así, se han convocado paros de dos horas en cada turno —mañana, tarde y noche— los días 15, 20, 21, 27 y 28 de mayo coincidiendo con las fechas de las reuniones de negociación del ERE, que se celebrarán en Barcelona y en las que habrá cinco representantes sindicales de la planta cántabra. Coincidiendo con los momentos de paro se celebrarán concentraciones en la portería de entrada y en zona de carga de camiones.

Además, el 19 de mayo se llevará a cabo una concentración ante la Delegación del Gobierno, en Santander, a partir de las 11 horas; y para el día 24, a la misma hora, se ha programado una manifestación en Sarón, desde el campo de fútbol de la localidad hasta la portería de la fábrica.

Estas movilizaciones se han decidido en un pleno extraordinario del comité celebrado este viernes. El presidente del comité, Juan Miguel González (UGT), ha reconocido que la situación es “muy complicada” ya que el ERE puede llegar a afectar a 49 familias, y por ello ha pedido “unión y fuerza” a toda la plantilla, que supera los 800 fijos y que, añadiendo fijos discontinuos y eventuales, sobrepasa el millar de empleados. En declaraciones a los medios en La Penilla, González ha indicado que en una empresa que “da beneficios” un ERE así “no lo podemos permitir”.

ANPE Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que publique cuanto antes el calendario de oposiciones del cuerpo de maestros y actúe “con la transparencia y previsión que merecen miles de aspirantes que llevan meses (e incluso años) preparando este proceso selectivo”.

Tras años reclamando una mayor previsión y una información transparente sobre el proceso selectivo, y después de pedir de manera reiterada que este curso se publicaran con suficiente antelación criterios y rúbricas claros y objetivos, a estas alturas los aspirantes continúan sin disponer de las fechas de celebración de las pruebas, ha lamentado el sindicato en un comunicado.

Para ANPE, resulta “incomprensible que quienes se juegan su futuro profesional y personal continúen afrontando esta situación de incertidumbre”, y ha insistido en que la Administración “tiene la obligación de garantizar unas condiciones mínimamente claras, transparentes y previsibles”.

“La sensación vuelve a ser la de llegar al examen teniendo que interpretar expectativas cambiantes en lugar de poder prepararse con seguridad, objetividad y criterios conocidos de antemano”, ha lamentado.

'Modelo Silva'

Además, ha indicado que la Consejería ha decidido modificar el calendario habitual de oposiciones apostando por el denominado “modelo Silva”, un sistema que, en su opinión, “lejos de mejorar las condiciones de los opositores, añade más incertidumbre a un proceso que debería caracterizarse precisamente por la claridad y la igualdad de oportunidades”.

“Desde ANPE Cantabria reiteramos nuestra exigencia de transparencia, planificación y respeto hacia todas las personas que participan en el proceso. Publicar de inmediato el calendario y los criterios claros de evaluación no es una concesión: es una responsabilidad de la Administración educativa”, ha concluido.

La formación política Cantabristas ha criticado el “ridículo histórico” que está haciendo el Gobierno del PP de la presidenta Buruaga con el “humo en el que se ha convertido el centro de datos Altamira” y consideran que a la luz de la información que el propio ejecutivo autónomico va ofreciendo, el proyectado centro tecnológico “va a terminar en nada”.

Desde el partido, han recordado que Buruaga anunció que las obras comenzarían en el pasado enero de este año y que, incluso, “creó una figura legislativa ad hoc (Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria) para aupar al centro de datos, por no mencionar las portadas en periódicos que rellenó para promocionar su proyecto estrella”.

Anticipándose a la “maquinaria publicitaria del PP, el secretario general Paulu Lobete vaticina que ahora el Gobierno de Buruaga ”se enrocará“ en la excusa de que todo ha salido mal por culpa del gobierno central. ”Por culpa del famoso enchufe, la conexión energética necesaria para llevar adelante el proyecto“, explica. Sin embargo, Lobete ha cuestionado que, si la conexión eléctrica no estaba garantizada desde un inicio ”¿por qué Buruaga estuvo anunciando a bombo y platillo un proyecto de 3.600 millones de euros diciendo que era el proyecto de la legislatura y la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria?“.

El partido cantabrista, que desde un inicio dijo que el centro de datos Altamira parecía un proyecto “especulativo y poco realista”, también había mostrado su rechazo al mismo, argumentando sus “desastrosas consecuencias medioambientales” y el escaso beneficio que -en su opinión- ofrecen este tipo de proyectos a nivel de generación de empleo para la población local.

Para Lobete, el PP de Buruaga sencillamente “ha estado utilizando el centro de datos Altamira a sabiendas de que en realidad no tenían nada para sacar rédito político y fingir que hacen cosas para ocultar su absoluta inoperancia”.

El comité de empresa de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño (Camargo), ha convocado cinco días de huelga (13, 19, 21, 26 y 28 de mayo) ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, está caducado desde diciembre de 2024, y la negativa de la empresa a aceptar propuestas salariales vinculadas al IPC real tras varias reuniones infructuosas que se han venido celebrando desde el pasado mes de noviembre.

CCOO ha informado este viernes que la plataforma sindical planteaba inicialmente, junto a otras cuestiones “más sociales”, una subida salarial ligada al IPC más un punto porcentual con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido tras los años de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los recientes despidos, mientras que la propuesta de la empresa contemplaba un convenio a tres años, sin ningún tipo de subida en 2025 y con un incremento ligado al IPC real con un tope del 1,5% para 2026 y 2027.

“Ya entonces nos pareció ridículo pero luego la empresa se vino arriba, diciendo que la situación había cambiado y endureciendo las condiciones, proponiendo la congelación salarial también para 2026”, ha señalado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO), quien ha añadido que, en un intento por “desatascar” el conflicto con una nueva propuesta, el comité decidió aceptar la congelación para 2025 y 2026 pero reclamó para 2027 y 2028 un incremento ligado al IPC real más un 1,5%.

Sin embargo, la propuesta tampoco fue aceptada por la dirección, y la representación sindical, tras nuevos despidos en oficinas, retiró esa oferta, regresó a la plataforma inicial y suavizó únicamente la petición correspondiente al primer año.

“La postura de la representación sindical siempre ha sido dialogante e incluso nos hemos prestado a rebajar las pretensiones iniciales con el fin de tener un convenio lo antes posible. Sólo pedimos lo que es justo, que no es otra cosa que mantener el poder adquisitivo pero la cerrazón de la empresa es total y la última propuesta sitúa congelación para 2025 y 2026 y un IPC topado al 3% para 2027”, ha explicado Vega.

Después de varias asambleas con la plantilla, compuesta por unas 140 personas actualmente, el comité ha convocado cinco jornadas de huelga tras una mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) donde la empresa ha mantenido su postura inicial.

“No se han movido ni una décima de su propuesta e incluso nos han venido a decir en la mediación que cobramos mucho y se produce poco. Siempre nos hemos mostrado conciliadores porque mientras que la empresa pretende siempre ganar en todas las negociaciones, a nosotros nos vale con empatar, es decir, no perder poder adquisitivo”, ha afirmado el presidente del comité.

Además, ha asegurado que se trata de un grupo empresarial “que genera beneficios de manera regular, pero eso nunca repercute en esta plantilla, porque incluso cuando nuestro sector dentro del grupo Prysmian estaba boyante y dando unos números extraordinarios no veíamos incrementados nuestros salarios por encima del IPC”.

También ha hecho hincapié en que “si el 90% de la plantilla tiene una antigüedad en la empresa de más de 15 años, eso significa que respondemos, que somos personas válidas en nuestros puestos, que hacemos bien nuestro trabajo y damos el callo”.

“Después de haber estado dos años regulados por un ERTE y de sufrir un ajuste de plantilla posterior, lo único que pedimos es lo justo, mantener el poder adquisitivo”, ha insistido.

Los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU han alcanzado un acuerdo con la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para reforzar de manera urgente las plantillas de los centros de atención a la dependencia y responder a los problemas organizativos existentes en distintos servicios del organismo.

El acuerdo se ha suscrito tras una reunión de la Dirección del ICASS y el comité de empresa del personal laboral del Gobierno de Cantabria, que tenía como asunto principal la grave falta de personal que vienen sufriendo desde hace tiempo los centros dependientes del ICASS, una situación denunciada reiteradamente por UGT, CCOO, SIEP y TU, han indicado este viernes en un comunicado.

“Tras un intenso proceso de negociación”, los cuatro sindicatos han logrado un acuerdo que contempla nuevas contrataciones y acumulaciones de tareas en distintas categorías profesionales especialmente afectadas por la falta de efectivos, entre ellas, técnico socio sanitario, auxiliar de enfermería, cocina y servicios, han señalado.

Además, incluye “el compromiso” de cobertura de plazas comprometidas y medidas específicas para afrontar las necesidades derivadas del horario intensivo en los centros de atención a la primera infancia.

UGT, CCOO, SIEP y TU consideran que este acuerdo supone “un paso importante” para mejorar la atención a los usuarios y para avanzar en unas condiciones laborales “más dignas” para los trabajadores de los centros del ICASS.

Asimismo, han solicitado de manera inmediata la utilización de la bolsa abierta y permanente de técnico socio sanitario para agilizar la cobertura de sustituciones y necesidades urgentes de personal, y han reclamado la publicación definitiva de dicha baremación en el menor plazo posible.

Por otra parte, han lamentado que no haya sido posible alcanzar la unanimidad sindical en torno al acuerdo, “pese a existir coincidencias importantes en buena parte de las propuestas planteadas durante la negociación”, han asegurado.

Al hilo, han reafirmado su compromiso “con la negociación, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla del ICASS, entendiendo que este acuerdo debe servir para estabilizar la situación de los centros y garantizar una atención adecuada a las personas dependientes”.

“Entendemos que este acuerdo pone fin a actuaciones planteadas en los próximos días y las cuatro organizaciones nos comprometemos a vigilar el cumplimiento del acuerdo y seguir negociando mejoras”, han concluido.

El Ayuntamiento de Noja ha presentado el proyecto para cambiar el uso de un edificio municipal, a escasos 100 metros de la playa de Ris, en el futuro Centro de Surf de la localidad.

Con un presupuesto base cercano al medio millón (474.000 euros), se acometerá la rehabilitación integral del inmueble, destinado en la actualidad a sala de usos múltiples y almacén, para convertirlo en un espacio funcional para usuarios, escuelas y visitantes, situado en la Avenida de Ris número 79.

Según la nota de prensa, la nueva instalación contará con una superficie útil de más de 248 metros cuadrados dentro de un edificio de 391 m2 construidos, y será un equipamiento deportivo “moderno, accesible y plenamente integrado” en el entorno de Ris.

El nuevo centro contará con un almacén de tablas, que acogerá hasta 310 en disposición vertical, además de vestuarios, duchas, aseos y taquillas.

El proyecto contempla también mejoras estructurales y de eficiencia, como la renovación de las cubiertas, la modernización de fachadas mediante sistemas ventilados, la sustitución de elementos deteriorados y la creación de nuevas instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, climatización y ventilación.

Además, se incorporarán duchas exteriores y lavapiés en el entorno del edificio para minimizar la entrada de arena en las instalaciones, así como nuevos sistemas de control inteligente de accesos mediante pulseras electrónicas o dispositivos móviles para mejorar la seguridad.

En el diseño, según el comunicado, se ha priorizado la durabilidad y resistencia de los materiales frente a la humedad y al ambiente marino, y se emplearán soluciones técnicas como paneles fenólicos HPL, acero galvanizado y rodapiés de aluminio.

Educadoras infantiles se han concentrado este jueves por toda España en el marco de la huelga estatal convocada por CCOO y CGT ante la “precariedad” y el “abandono” institucional del ciclo 0-3 años y el “hartazgo” de los profesionales, y que ha tenido una media de seguimiento por encima del 75%, según datos del sindicato. En Cantabria, los manifestantes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno y han reclamado también la igualdad en la contratación “para acabar con la desigualdad entre las trabajadoras”, según ha recogido Europa Press.

Con motivo de esta huelga, CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 ciudades. En Madrid, además de la protesta de esta mañana frente a la patronal, las educadoras se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol, en una marcha que ha comenzado a las 18.00 horas. Por su parte, CGT ha convocado varias concentraciones en lugares como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña, entre otras.

La secretaria general de FECCOO, Teresa Esperabé, ha asegurado que el seguimiento de la huelga estatal de Educación Infantil 0-3 años es “masivo” y ha criticado que los servicios mínimos fijados son “abusivos”. “El dato que tenemos es masivo, nos están diciendo muchas localidades que han cerrado todas, que solo hay servicios mínimos y que son abusivos. Creemos que va a ser una huelga histórica y masiva”, ha recalcado.

Las organizaciones reclaman bajada de ratios, pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros. De esta manera, CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que se sienten a negociar para “corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites”.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, reclaman desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

El equipo de Gobierno de Piélagos (PP), que gobierna en mayoría, ha aprobado en el pleno de este jueves, con el rechazo de la oposición, la creación del puesto de personal eventual de gabinete de prensa. El PP ha defendido que ocupará un profesional con las mismas funciones y dedicación que hasta ahora, pero “con una rebaja del 25 por ciento” para las arcas municipales.

El PP ha defendido que se trata de una función que desde 2015 se ha prestado a través de tres empresas externas y que, con este cambio, el Ayuntamiento pagará 18.690 euros menos al año, al pasar de abonar 76.418 a 57.728 euros.

El alcalde, Carlos Caramés, ha dicho que con este paso se pone fin a una práctica “bastante chapucera” que nació hace dos legislaturas y que consistía en la sucesiva publicación de “contratos Frankenstein”, para enmascarar un puesto “fundamental” para la institución: “el periodista municipal”, ha defendido.

El PSOE ha advertido que el hecho de que “algo sea legal no implica que sea necesario ni prioritario”. También lo han hecho los regionalistas, que ya denunciaron este miércoles en un comunicado la creación de un nuevo cargo de confianza para tareas de comunicación y condenaron que el Ayuntamiento invierta casi 170.000 euros anuales en las nóminas de cinco asesores.

El grupo municipal @VIP ha señalado “todos los visos de una contratación irregular”, mientras que Vox ha considerado “más importante encontrar personal en otras ubicaciones del Ayuntamiento que alguien que lleve el gabinete de prensa”.

El mismo día en que ha nacido un nuevo colectivo en Cantabria para “concienciar a la sociedad urbana y rural del retroceso que está sufriendo” que está sufriendo la atención sanitaria, ha arrancado un congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), en el Seminario Mayor de Comillas.

El sexto congreso de Medicina Rural, junto con las octavas Jornadas Interautonómicas de Asturias, Cantabria y Castilla y León, se ha presentado este jueves en un “momento crítico” para la medicina rural. El presidente de Semergen, José Polo, ha defendido que hablar de medicina rural “es hablar de equidad real, de cercanía auténtica y de un compromiso inquebrantable con los pacientes, independientemente de dónde vivan”.

Además, ha subrayado que “reforzar la Atención Primaria no es una opción”, sino “una obligación urgente si queremos sostener el sistema sanitario”, ha dicho Polo, cuya sociedad demanda un estatuto médico propio, frente al estatuto marco que defienden otros profesionales para toda la profesión.

El Congreso, que se prolongará este viernes y sábado, abordará cuestiones de la atención sanitaria en entornos rurales, como el déficit de profesionales, la transición demográfica, la limitación de recursos o las dificultades de cobertura, como ha sucedido en Cantabria en el caso de la pediatra de Potes, donde el consejero de Salud, César Pascual, cuestionó que se mantuvieran las protestas sociales, aunque la cobertura estaba limitada a cuatro días a la semana.

En este sentido, el presidente del comité organizador del evento y de Semergen Cantabria, Javier Bustamante, ha señalado que los profesionales que trabajan en el medio rural viven cada día “situaciones de alta exigencia, con menor apoyo estructural y en entornos de gran dispersión geográfica”, ha señalado el portavoz en Cantabria, donde la contratación de seguros privados de salud se ha multiplicado por tres en los últimos años, en paralelo al deterioro de la calidad de la sanidad pública que tiene dificultades para cubrir plazas de médicos en atención primaria y acumula listas de espera.

Tras arrancar este jueves con varios cursos, la inauguración será este viernes a las 12.30 horas, y contará con la asistencia del consejero de Salud, César Pascual, y la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda.

El PSOE Santander ha registrado una solicitud de documentación en el Ayuntamiento para conocer los pagos, subvenciones, convenios o contratos publicitarios realizados a medios de comunicación y empresas de prensa escrita, digital, radio y televisión, así como a cualquier medio o creador de contenido similar durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha fundamentado esta petición en que, según sostiene, “en los últimos meses estamos viendo una operación de blanqueamiento político de una alcaldesa agotada y sin proyecto de ciudad”.

Asimismo, el socialista ha criticado la presencia de Gema Igual “en los micrófonos de un pseudo medio de comunicación insultando a trabajadores municipales, permitiendo que se llame organización criminal a la Policía Local e intentando hacerse un traje a medida para salir del paso de la basura que invade su perfil político como las calles de la ciudad”.

El dirigente socialista ha defendido el periodismo como “una profesión cuyo objetivo es proporcionar a los ciudadanos información veraz, oportuna y contrastada”, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el papel que desempeñan determinados “pseudo medios”.

En la solicitud registrada, el PSOE también reclama conocer el importe anual y el concepto de las partidas destinadas a publicidad institucional, suscripciones, convenios, etcétera.

“Cuando un medio vive del dinero público repartido por el PP, deja de fiscalizar al poder y empieza a actuar como una terminal política. Nosotros no vamos a callarnos. Queremos transparencia absoluta”, ha afirmado Fernández.

Por último, el socialista ha insistido en que Santander “está más sucia, más abandonada y más estancada que hace años por mucho dinero público que gasten en intentar maquillar el fracaso del PP” y ha añadido que “cada euro que se destina a propaganda es un euro que no va a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Santander”.

Un conductor de unos 50 años que ha dado positivo en cocaína y que afirma haberse quedado dormido al volante se ha salido de la vía sobre las 13.15 horas en la calle Calvo Sotelo, frente al Ayuntamiento de Santander, ha chocado contra un poste de la acera junto al paso de peatones, impactando contra varias personas que se encontraban en él e hiriendo a tres mujeres. Horas después, ha quedado en libertad esta tarde tras prestar declaración en dependencias policiales.

Según ha informado la alcaldesa, Gema Igual, que ha acudido al lugar, en principio, las tres mujeres atropelladas estaban “conscientes y orientadas” y han sido trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendidas.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que, aunque aún falta por determinar el alcance de las heridas, una de ellas parecía presentar un estado más grave que las otras dos y había sangrado abundantemente. Pese a todo, no se teme por la vida de ninguna de ellas.

Testigos del suceso han relatado que el coche, que iba en dirección Puertochico, se ha salido de la vía, ha invadido parte de la acera y ha chocado contra un poste en el que había una cámara de tráfico que se encontraba junto al paso de peatones frente al Ayuntamiento y a un andamio de una obra.

Varias personas que esperaban para cruzar han sentido el impacto del vehículo, que ha arrollado a las tres mujeres, que han quedado bajo el coche. Una de ellas ha podido salir con ayuda de los agentes y de testigos, mientras que las otras dos han sido rescatadas por los Bomberos, ha detallado la Policía.

El suceso ha implicado un gran despliegue policial y de servicios de emergencia, con presencia de varias ambulancias que han atendido a las heridas en el lugar antes de trasladarlas a Valdecilla. También ha acudido un camión de los Bomberos, que es el que ha rescatado a las víctimas bajo el coche.

Tras el accidente, la zona fue acotada durante casi una hora para impedir la circulación tanto de vehículos como de peatones, si bien a estas horas el tráfico se ha restablecido. Una unidad de atestados de la Policía Local estuvo con el conductor implicado, al que se le ha tomado declaración y se le han realizado pruebas de alcohol y drogas.

Desde la Policía Local han confirmado a esta agencia que el hombre ha dado positivo en cocaína y negativo en alcohol. Además, han informado de que éste ha asegurado haberse quedado dormido al volante, lo que ha propiciado el accidente. El conductor ha abandonado el lugar en la furgoneta de atestados y la grúa municipal se ha llevado su vehículo.

En declaraciones a la prensa en el lugar de los hechos, la alcaldesa ha pedido que se investigue lo que ha pasado y se realicen todas las pruebas pertinentes al conductor y al vehículo. Además, ha deseado la “pronta” recuperación de las tres mujeres heridas. Por otra parte, ha indicado que el poste contra el que chocó el turismo va a ser retirado y también se va a revisar la farola que está junto a él para ver si ha resultado afectada, así como el andamio próximo.