Tanea Arqueología y el Ayuntamiento de Riotuerto han organizado el ciclo de talleres 'Mujeres que narran', que pretende “recuperar la memoria colectiva para que la cultura funcione como un motor de cohesión social”.

Los encuentros se celebrarán el 24 de septiembre y 1 de octubre en el Centro Cívico y Cultural Carlos III de La Cavada, de 18.00 a 20.00 horas, con un doble objetivo: por un lado, “avanzar hacia una verdadera democracia cultural”, y por otro, fortalecer las comunidades patrimoniales locales “reconociendo algo que a menudo permanece invisible”.

Tanea ha explicado que se trata de poner en valor las experiencias de las mujeres y todos aquellos conocimientos, trabajos y formas de relacionarse que sostienen la historia común.

Aunque ambas citas son de acceso libre y están abiertas a cualquier persona interesada, la invitación se dirige especialmente a las mujeres de Riotuerto.

A través de la escucha activa y la conversación, los talleres abordarán cuestiones clave como la desvalorización del trabajo femenino, el peso vital de los cuidados y las redes de apoyo y solidaridad entre vecinas. También habrá espacio para reflexionar sobre los efectos sociales de la migración interior, la despoblación y las transformaciones que han experimentado los pueblos durante las últimas décadas.

El programa se estructura en dos jornadas, la del jueves 24 bajo el título 'Memoria y territorio', en la que las participantes compartirán sus experiencias para reconocerse mutuamente y construir el sentido del proceso; y la del 1 de octubre, 'Narrativas compartidas', un espacio orientado hacia el futuro, en el que el grupo decidirá qué saberes, conocimientos y formas de vida se deben mantener vivos en los pueblos y definirá qué vivencias desean aportar como comunidad al cierre del proyecto.

Los dos talleres se enmarcan en el proyecto 'Cultura Expandida: Derechos culturales y ruralidades para la inclusión social. Mujeres rurales, migración y salud mental', con financiación del Ministerio de Cultura y del Gobierno de Cantabria.

Esta iniciativa estatal teje redes de colaboración directa con procesos comunitarios similares impulsados en el Principado de Asturias y Euskadi. Todo el ciclo de trabajo culminará el 3 de octubre con un encuentro final en La Cavada, donde las mujeres de los tres territorios compartirán sus experiencias, aprendizajes y saberes. La sesión contará con la mediación de La Ortiga Colectiva.

La formación política Cantabristas ha reaccionado ante las últimas informaciones sobre las presiones a pacientes de la sanidad pública para ser derivados a la privada y considera que “el Gobierno del PP se está escondiendo detrás de los funcionarios públicos para atacar estructuralmente a la sanidad pública”.

Estas palabras se refieren a las explicaciones del consejero de Salud, César Pascual, que ha dicho que fue “un funcionario” quien ordenó derivar pacientes a la sanidad privada. La portavoz cantabrista en materia sanitaria, Ester López, no se fía de estas explicaciones, dada su tardanza y parquedad, y sostiene que el proyecto del Gobierno del PP es “trasladar de forma estructural parte de la actividad y la financiación pública a los centros sanitarios privados”.

López ha recordado que tan solo hace nueve meses de que el consejero Pascual presentó el Plan Integral de Reducción de Listas de Espera -en el que se integraba la derivación de pacientes de la pública a centros privados como Santa Clotilde- prometiendo total transparencia. “Sin embargo, no ha pasado ni un año para que tengamos ya el primer escándalo con este tema”, ha dicho la portavoz cantabrista.

Desde Cantabristas advierten sobre estas “ideas privatizadoras del PP de Buruaga” que, a pesar de ser vendidas como derivaciones totalmente voluntarias, “no dejan de ocultar un proyecto político de privatización de la sanidad pública”.

Por eso, Ester López alerta de que -aunque Pascual haya rectificado “escondiéndose” tras un funcionario- “frente al afán privatizador del PP, tenemos que estar alerta para defender nuestro servicio de sanidad pública”.

La candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández, ha pedido al Gobierno de Cantabria (PP) que suba el mínimo exento para tributar y deflacte el diez por ciento del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para alcanzar un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo --en minoría-- en materia económica.

Fernández ha hecho estas declaraciones este martes, después de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, anunciase ayer en el Parlamento que Cantabria volverá a bajar los impuestos en las cuentas de 2027 y que hará “esfuerzos” en el IRPF.

La regionalista ha subrayado que estas medidas planteadas por su partido servirían para paliar la subida de precios y la inflación que está viviendo Cantabria, “que está a la cabeza de España”.

En este sentido, ha detallado que la subida del mínimo exento para tributar atendería a las necesidades del día a día de los cántabros, mientras que la deflactación del IRPF supondría que la carestía de la vida se pueda asumir y que haya más dinero en las nóminas.

Finalmente, ha informado de que no hay “ninguna previsión” de comenzar los contactos con el PP para trabajar en los presupuestos de 2027, los últimos de la legislatura. Los anteriores han contado con el respaldo de los regionalistas.

El PSOE de Santander ha denunciado “importantes deficiencias” en el funcionamiento del servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas, con estaciones que se encuentran “completamente vacías en días laborales”, su precio, ruedas con una presión “insuficiente” o frenos “averiados”, lo que “dificulta o impide su uso”.

Así lo ha lamentado este martes en un comunicado el secretario general y portavoz municipal de la formación, Daniel Fernández, en el que ha informado que ha registrado una batería de preguntas para su debate en el próximo Pleno con el objetivo de abordar los retos de la ciudad en materia de movilidad urbana sostenible, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, y pedir explicaciones al equipo de Gobierno (PP).

Fernández ha afirmado que son “numerosos” los usuarios que se encuentran estaciones “completamente vacías en días laborables y en momentos en los que existe demanda”.

Incluso, ha añadido, estaciones con capacidad para 20 bicicletas que “no cuentan con ninguna disponible”. En otros casos, “aunque haya alguna bicicleta en la estación, ésta no dispone de batería suficiente para poder ser utilizada”, ha señalado.

Además, el dirigente socialista ha explicado que a “la falta de disponibilidad” se suman “las deficiencias” de mantenimiento que presentan algunas de las bicicletas disponibles, como “ruedas con una presión insuficiente o frenos averiados, que dificultan o incluso impiden su uso”, y su precio que “puede constituir una barrera para aquellas personas que quieran utilizar este servicio de manera habitual”, ha sostenido.

Explicaciones en el Pleno

Por ello, Fernández quiere conocer cuántas bicicletas se encuentran actualmente operativas y con disponibilidad efectiva para los usuarios, es decir, “en condiciones técnicas adecuadas para su utilización”, a pesar de que el Ayuntamiento anunció que el servicio cuenta con 258 unidades disponibles.

También preguntará en el Pleno cómo el Consistorio explica que los usuarios se encuentren “de forma recurrente” con que la estación a la que acuden “está vacía” y que, “en ocasiones, también lo estén las dos o tres estaciones próximas”, así como que haya “un número elevado de bicicletas sin batería” en las estaciones, lo que “impide que los usuarios puedan utilizarlas, aunque estén físicamente disponibles”.

Igualmente, cuestionará al equipo de Gobierno sobre si considera que el precio actual del servicio es asequible para fomentar su utilización habitual entre los vecinos.

“Una ciudad que apuesta realmente por una movilidad urbana sostenible debe garantizar que sus servicios públicos de movilidad sean accesibles, fiables, funcionales y suficientemente disponibles, facilitando su utilización por parte de la ciudadanía”, ha concluido el portavoz socialista.

Por otra parte, ha incidido en que “en numerosas ocasiones” su formación ha denunciado las “deficiencias” del servicio municipal de autobuses, especialmente en los barrios periféricos, donde las frecuencias resultan “insuficientes” y los tiempos de desplazamiento siguen siendo “una preocupación para muchos vecinos”.

Podemos Camargo ha exigido al Ayuntamiento y al Ejecutivo de Cantabria, ambos gobernados por el PP, “transparencia y explicaciones públicas” sobre el proyecto para construir un nuevo aparcamiento de camiones en la localidad de Herrera destinado a dar una solución a los autónomos y pequeñas empresas que todavía utilizan el aparcamiento de la Ciudad del Transportista (Citrasa), como anunció este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Fomento, Roberto Media.

En un comunicado, la formación morada ha reclamado que ambas instituciones informen sobre la ubicación exacta y la superficie prevista para la infraestructura; el número de camiones que podrá albergar y las condiciones de funcionamiento; qué accesos tendrá y el impacto sobre el tráfico pesado de la zona. También han solicitado los estudios de ruido, contaminación, seguridad vial y afecciones ambientales.

Además, quiere saber qué participación ha tenido el Ayuntamiento de Camargo en la elección del emplazamiento y qué compromisos ha adquirido el Gobierno con el Consistorio y con los vecinos; así como ha pedido que se facilite a la ciudadanía toda la documentación del proyecto y se habilite un proceso de información y participación vecinal.

El portavoz de Podemos Camargo, Ricardo Amigo, ha advertido que esta infraestructura “puede tener consecuencias sobre el tráfico pesado, los accesos, el ruido, la seguridad vial y el entorno”.

“Los camargueses y camarguesas tienen derecho a saber dónde exactamente se ubicará, qué dimensiones tendrá, cuántos camiones podrá acoger y qué impacto tendrá sobre Herrera y sobre el conjunto del municipio”, ha reclamado.

Además, Amigo ha indicado que la formación también quiere conocer por qué se ha elegido Herrera, qué alternativas se estudiaron y cuáles han sido los criterios técnicos, urbanísticos y de movilidad utilizados para tomar esta decisión.

“No cuestionamos que haya que buscar una solución para los profesionales del transporte que actualmente utilizan Citrasa, sino que una infraestructura de estas características pueda llegar a Camargo sin que nuestro Ayuntamiento explique nada y sin que la ciudadanía conozca el proyecto”, ha añadido, a la vez que ha enfatizado que el municipio “no puede enterarse de una infraestructura de esta importancia por los medios de comunicación”.

Según informó el consejero, el proyecto ya está redactado y se encuentra actualmente pendiente de la tramitación ambiental.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha negado “tajantemente” haber intervenido en el despido de tres trabajadores del servicio de basuras y ha defendido que tiene “la dignidad de no meter mano ni hacer lo que el PSOE suele hacer”.

“No todos somos iguales, ni muchísimo menos”, ha señalado a preguntas de la prensa, después de que el Grupo Municipal Socialista haya denunciado la “posible intervención política” de la alcaldesa “en el despido de tres personas que la empresa habría elegido para puestos de responsabilidad”.

La regidora ha aseverado que es “mentira” la acusación lanzada por los socialistas, los cuáles, ha dicho, “se deben de creer que todo el mundo hace lo mismo”.

Además, Igual ha indicado que entiende que, “en caso de haber algún político como los del PSOE, presuntamente corruptos”, las empresas, como es el caso de Acciona y Oxital, no accedan a ello ni lo toleren.

Asimismo, ha apuntado que el contrato está sujeto a un pliego y a una oferta en el que la premisa es respetar el convenio laboral de los trabajadores y subrogarlos. Con lo cuál, si ha habido algún despido, ha asegurado que ella no ha tenido “nada que ver”.

En cuanto a las “mentiras” del PSOE, Igual ha trasladado que se ha informado y dos de los empleados mencionados no son subrogados, sino que la empresa los ha contratado en un primer momento como refuerzo para “ponerse al día” pero después “no los ha necesitado”. “El Ayuntamiento ni entra ni sale porque no eran subrogados”, ha dicho,

Mientras que la otra persona despedida, que sí estaba subrogada, ha indicado que las empresas tienen sus “derechos y obligaciones” y, por lo tanto, “pueden ejercer expedientes disciplinarios y despidos”, pero es un asunto “entre el trabajador y la empresa”.

En este punto, ha manifestado que “jamás” va a defender a un trabajador que no haya hecho bien su trabajo, al igual que tampoco va a defender a una empresa que no haga bien su trabajo.

Así, ha aseverado que ni el comité de empresa ni ninguno de los trabajadores implicados se ha puesto en contacto de manera oficial con el Ayuntamiento para que interceda a la hora de defender los derechos ni de unos ni de otros.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre los avances del servicio de limpieza y recogida viaria.

El coordinador del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de la CEOE, Martín Silván, ha calificado de “muy positiva” la nueva Ley de Control Ambiental del Gobierno de Cantabria que entró en vigor el pasado 29 de agosto aunque también ha considerado que hay “flecos” que “se pueden mejorar”.

En este sentido, ha apuntado a las ecoetiquetas, los sistemas de gestión, a los que ya aludieron por escrito en sus alegaciones presentadas a la normativa, y “a la regulación de los suelos”, otra cuestión que les es “sensible”.

Al respecto, ha opinado que el artículo 21 “se puede mejorar bastante” porque “deja mucho que desear en su propia redacción” e incluye una serie de obligaciones “para que las empresas realicen unos informes que no tienen sentido en los plazos que ahora mismo están establecidos”.

Pese a estas “posibles mejoras”, Silván ha afirmado que el Gobierno ha hecho “una cosa muy importante” que es que “ha agarrado el toro por los cuernos” y ha abordado uno de los “principales escollos”, en alusión a las tramitaciones municipales de las antiguas licencias de actividad, posteriormente licencias de comprobación.

En este sentido ha subrayado que el Ejecutivo autonómico “ha sacado de los 101 municipios todas estas tramitaciones” y las ha “traído” a la Dirección General de Medio Ambiente, donde se abordan “solo aquellas que tienen cierta entidad, al elevarse los umbrales de de importancia”.

También ha destacado la agilidad que aporta la figura de la declaración responsable, consolidada ya en la legislación estatal, pero que “no es una barra libre” ni supone “que no haya control ni vigilancia”.

Silván ha efectuado estas valoraciones al comienzo de una jornada organizada por la CEOE en la que el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha hablado de esta ley ante los empresarios de la comunidad.

Media ha indicado que la Ley de Control Ambiental tiene “una clara vocación de simplificación administrativa” y una “decidida voluntad de reducir y agilizar los trámites y la carga burocrática que soportan las empresas y los ciudadanos en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental”. Así ha resaltado el papel de la declaración ambiental responsable.

Al mismo tiempo, ha añadido que permite “que las actividades económicas puedan convivir en armonía con la protección del medio ambiente”.

Por último, ha resaltado también la voluntad “de consenso” de esta iniciativa que, por otro lado, “ya esté dando los resultados” que se pretendía con su aprobación.

Un total de trece trenes de Cercanías se han suprimido hasta las 14.30 horas de este martes en Cantabria, en las líneas que conectan Santander con La Cantábrica, Torrelavega, Los Corrales de Buelna y Reinosa. Además, se están registrando demoras en esta última conexión y también en la que enlaza con Cabezón de la Sal y en la que va hasta Liérganes, de hasta 30 minutos, según información de Renfe a los viajeros.

En concreto, se han suprimido los convoyes de la línea C-3 de primera hora de la mañana por una avería en la infraestructura en Astillero, lo que además ha ocasionado demoras de hasta media hora en la conexión con Liérganes.

Así, no han circulado los trenes con salida programada a las 9.00 horas de Santander a La Cantábrica, a las 9.30 en sentido inverso, a las 9.45 de Santander a La Cantábrica y el de las 10.30 horas de vuelta, todos ellos en la línea C-3 que comunica la capital con Liérganes, que ha estado durante casi once meses cerrada al tráfico ferroviario por las obras de duplicación de la vía entre Astillero y Orejo, lo que ha obligado a transbordar durante ese tiempo a los viajeros por carretera y hasta Liérganes.

Aunque el pasado jueves se abrió al paso de trenes, continúan los trabajos, tanto en la vía como en algunas estaciones objeto de diferentes mejoras, lo que implica que sigan los trayectos en autobús en ciertos tramos, como en San Salvador y La Cantábrica.

Este martes también se han suprimido en la línea C-1 los trenes con salida a la 8.14 horas de Santander, entre Reinosa y Bárcena; el de las 8.52 de la capital campurriana a Bárcena, y el de las 9.57 de Santander, entre Bárcena y Reinosa. En estos casos, ha sido por reajuste del servicio y se habilitado transporte por carretera.

Además, se ha suspendido los Cercanías de las 10.00 horas de Santander a Torrelavega, de nuevo por reajuste del servicio, el de las 11.00 de vuelta de Torrelavega a Santander; el de las 14.15 horas de Santander, entre Los Corrales y Reinosa; el de las 14.42 horas de Santander a Los Corrales; el de las 14.25 horas de Santander a Torrelavega; y el de las 15.00 horas de Torrelavega a Santander, también en estos casos por reajuste del servicio.

En cuanto a las demoras, en los trenes Liérganes-Santander se han debido a la avería en Astillero; en la línea a Cabezón han sido por reajustes del servicio y una avería, y en la conexión a Reinosa han obedecido a gestión del tráfico ferroviario, ha precisado Renfe a los pasajeros.

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha restaurado por primera vez un largometraje, en concreto la película 'Santander, la ciudad en llamas', dirigida por Luis Marquina, englobada en el género de catástrofes y cuyos exteriores fueron rodados en la ciudad.

Una película singular que describe el incendio de 1941, y que fue estrenada apenas tres años después, en 1944.

La cinta muestra diferentes enclaves de la ciudad y del extrarradio, además de la bahía y la playa del Sardinero. Toda la parte del incendio se filmó en los estudios CEA de la Ciudad Lineal, donde también se construyó una gran maqueta de Santander para las tomas generales.

Su proceso de restauración, que ha supuesto una inversión que supera los 10.000 euros, ha consistido en escanear el largometraje al que se le ha aplicado además, un intenso proceso de limpieza y restauración, que permite apreciar el filme con una calidad no vista desde su estreno en 1944.

“Pero lo relevante de este proyecto no es sólo que hayamos recuperado para el gran público Santander, sino que hemos incorporado este título al patrimonio cántabro, ya que los herederos de Germán López, el productor de la película, han cedido los derechos de difusión para el sector cultural, a perpetuidad, a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, y la Filmoteca gestionará sus derechos de difusión”, ha explicado el consejero de Cultura, Luis Martínez.

Gracias a esta donación, cualquier filmoteca o centro cultural, de Cantabria o de fuera, que quiera proyectar la película podrá hacerlo previa petición a la Filmoteca.

Primera proyección

El 7 de octubre, a las 20.00 horas, la Filmoteca acogerá la primera proyección pública de la copia restaurada de 'Santander, la ciudad en llamas'. Será un pase gratuito que servirá de colofón a un pequeño ciclo con películas restauradas el último año y organizado para celebrar el Día del Cine Español.

Esta sala acogerá esa semana otras dos proyecciones, y posteriormente, se incluirá en la programación de la Filmoteca Regional.

De igual modo, a partir de esa fecha, cualquier casa de cultura o entidad cántabra que quiera proyectar el filme sólo tendrá que dirigirse a la Filmoteca para concretar las sesiones y recibir los materiales.

Martínez Abad ha recordado que la labor de la Filmoteca se centra en la preservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico y ha explicado que, durante sus veinticinco años de existencia, se ha distinguido como una de las entidades más activas en el ámbito de la difusión, con una intensa programación que alcanza las 1.600 proyecciones anuales.

Actividad que se ha realizado tanto en sus sedes estables de Santander y Torrelavega como en los más de 40 municipios cántabros a los que llega a través del ciclo Filmoteca Regional y de las acciones coordinadas con la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Unas proyecciones que, en conjunto, superan los 50.000 espectadores cada año.

Más de 500.000 euros para el sector audiovisual de Cantabria

El consejero ha valorado la colaboración entre la Filmoteca y la Cantabria Film Commission, entidades que trabajan para servir de soporte a la cinematografía cántabra.

Un apoyo que se traduce en la gestión de las ayudas al cine que convoca la Sociedad Regional, 200.000 euros cada año, cantidad que se acerca al medio millón de euros si se suman otras ayudas al cine desde la Consejería, así como en iniciativas como el Taller de Impulso de Proyectos Cinematográficos; los 'Diálogos de Cine y Producción', dirigidos a profesionales del sector, o el Catálogo de Cortos de Cantabria, cuya edición de este año presentábamos hace unos meses.

Además de estas actividades, la Filmoteca organiza cada año diferentes cursos y charlas de formación, y también atiende a los investigadores que se dirigen a la entidad, ya sea para acceder a sus fondos fílmicos o para consultar el archivo personal de Mario Camus, que se custodia en Bonifaz desde el año 2023, cuando fue donado por los herederos del cineasta.

Al tiempo, se ha desarrollado una intensa campaña de recuperación de fondos fílmicos, centrada especialmente en los formatos de cine familiar, sobre todo el super 8, que ha permitido recuperar ya más de un millar de películas familiares de corto metraje, y más de un centenar de cintas de cine industrial.

Tanto la directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández- Rosillo, como el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Francos, ha coincidido en destacar la importancia de esta restauración, que, además, ha contado con la colaboración de la Filmoteca Española, quien ha asesorado sobre el proceso de reocupación del filme.

Franco también ha destacado la singularidad del convenio firmado con los herederos del productor mediante el que se cede los derechos a perpetuidad de la exhibición de la película en circuitos culturales, “y que puede servir de ejemplo al resto de la filmoteca”.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha guardado este mediodía un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género confirmada por el Ministerio de Igualdad, una mujer de 34 años presuntamente asesinada por su pareja en Madrid y cuyo cadáver fue localizado el pasado 19 de septiembre de 2026.

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Santiago García, ha encabezado este minuto de silencio a las puertas de la sede de Calvo Sotelo, en el que ha participado la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, y personal de la institución.

También han tomado parte en este acto de repulsa por esta vida arrebatada por la violencia de género efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 38 en 2026 y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La institución ha expresado su condena y su rechazo ante este nuevo asesinato confirmado por el Ministerio de Igualdad y ha trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

La Delegación del Gobierno ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y los 365 días del año.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, ha indicado la Delegación en nota de prensa.

CCOO ha advertido de la urgencia de poner límite a la siniestralidad laboral en Cantabria tras conocer las estadísticas publicadas por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), que muestran 1.084 accidentes de trabajo registrados durante el mes de agosto, de los que 607 han sido con baja y 477 sin baja.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha alertado de que “este ha sido el peor mes de agosto desde el año 2009, con más accidentes de trabajo con baja, con más accidentes graves y, lo que es peor, con una escalada de accidentes mortales”.

En este sentido, Lombilla ha denunciado que el impacto de los accidentes mortales es “gravísimo”, y ha recordado que dos personas han perdido la vida el mes pasado en la región mientras trabajaban.

“Los accidentes mortales tienen que parar y lo que está sucediendo nos debe hacer encender todas las alarmas”, ha insistido.

Asimismo, ha señalado que hasta agosto Cantabria cuenta con nueve accidentes mortales, “la peor cara del mercado de trabajo”.

“Las personas trabajadoras están pagando con su vida la mala gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en el desempeño de su profesión”, ha denunciado Lombilla, que ha pedido que se centren esfuerzos “para atajar esta lacra”.

Por último, ha destacado la necesidad de que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos “de forma rigurosa”, ya que, a su juicio, los datos indican “que no está siendo así”.

“Nos negamos a acostumbrarnos a estas cifras, que son inasumibles, y seguiremos reclamando que la Prevención de Riesgos Laborales debe ser prioritaria en todas las empresas para proteger lo más importante, la salud y la seguridad de la clase trabajadora, para lo que hace falta la voluntad y trabajo de todas las partes y, muy especialmente, de las empresas”, ha concluido Lombilla.

Vecinos de Fontibre (Hermandad de Campoo de Suso) han señalado que el que fuera presidente de este Concejo Abierto entre 2003 y 2015, que está siendo juzgado esta semana por malversación de 72.000 euros, no convocaba reuniones, y por tanto no se celebraron, en las tres legislaturas en las que ocupó el cargo. Según los testimonios, a lo sumo una al año o por mandato.

Los testigos han añadido que durante ese periodo apenas se realizaron obras en la localidad -salvo las “obligadas” de mantenimiento o la reparación de un tejado-. Entre tanto, y según han añadido, el exalcalde llevaba “una vida un poco desmesurada”, con gastos “extraordinarios” que a su juicio no son “acordes” a los de un ganadero como él.

Así lo han indicado tres habitantes de la pedanía durante su declaración en el juicio contra José Ricardo Escalada ((PP), que se enfrenta a cinco años de prisión y once de inhabilitación que pide el fiscal, y que la entidad menor -que ejerce la acusación particular- eleva a seis y diez años, respectivamente; mientras la defensa interesa la absolución de su cliente, pues aunque no justificara gastos, no se quedó “con nada”.

Sobre esto último, uno de los citados a declarar, el actual presidente de Fontibre, ha manifestado que no puede precisar el destino de las cuantías objeto de este pleito, “solo que no hay justificante” de las mismas, y ha apuntado que siempre ha tenido una relación “de vecinos” y “cordial” con el implicado, aunque ha admitido que ahora hay “más distanciamiento” entre ambos.

El procesado, que ya fue juzgado y absuelto de un delito de falsedad documental, se ha sentado de nuevo en el banquillo en la Audiencia Provincial de Cantabria, esta vez ante un jurado popular, por presuntamente malversar fondos públicos mediante extracciones en metálico y extensión de cheques de la cuenta del Concejo sin acreditar, de los que adeudaría más de 52.700 euros. Fue denunciado por su antecesor en el cargo, José Luis Macho, perteneciente al PSOE y ya fallecido.

Tras la constitución del tribunal popular, el lunes, las sesiones propiamente dichas han comenzado con tres testigos de la acusación, que ya declararon en la vista oral anterior, entre ellos el que es alcalde de Fontibre desde 2020. Según ha explicado, tuvo conocimiento de la documentación y movimientos de dinero durante el mandato del 'popular' cuando tomó posesión el socialista y denunciante porque -ha dicho- con anterioridad “no se convocaban concejos”, al menos no con la regularidad que obliga la ley, pues “posiblemente” se celebraba uno al año o durante toda la legislatura.

Ha agregado que en los ejercicios objeto de este procedimiento -y que también se llevó al Tribunal de Cuentas- se hicieron en el pueblo labores habituales de mantenimiento o desbroces y la reparación de un tejado, pese a que “se comentaba” y “se sabía” de la llegada de subvenciones, como una del Gobierno de Cantabria de más de 50.000 euros para expropiaciones de terrenos para ampliar una carretera.

Los otros dos habitantes, que son vecinos de Fontibre “de toda la vida” y que han dicho no tener relación con el procesado “ni de enemistad ni amistad”, han coincidido en que no se llevaron a cabo concejos en los doce años de mandato del enjuiciado --“prácticamente ninguno”, ha apostillado uno de ellos-. Estos testigos también han negado que se aprobaran las cuentas o se acometieran obras, como la citada ampliación de vía, punto en el que han precisado que solo se ejecutaban las de mantenimiento “obligadas” y la reparación de un tejado, pero uno “diferente” al previsto.

Igualmente, han cuestionado el nivel de vida de Escalada, a sus ojos “un poco desmesurado”, con gastos “extraordinarios” y no acordes a un ganadero: “Lujos y yates no, lo demás sí”, ha apostillado uno, mientras el otro ha indicado que no tuvo constancia del dinero en cuestión en las cuentas particulares del expresidente o que se comprara algo con ello.

Asimismo, han señalado que le veían “a menudo” en la taberna y en el banco también, pero han matizado sobre esto último que no participaron en la gestión económica de la pedanía ni estaban tampoco presentes en las retiradas de efectivo, pese a lo cual saben que faltaban cantidades, aunque “de oídas”, no “al cien por cien”. Uno de ellos pertenecía al Concejo Abierto durante el mandado del encausado, como secretario: “Eso me han dicho, yo no lo sabía”, ha manifestado para asegurar que no se presentó al puesto.

No quedó reflejado el gasto realizado

Según la Fiscalía, el acusado realizó durante tres años --entre febrero de 2004 y el mismo mes de 2007-- 17 disposiciones de dinero. En abril de 2007 canceló la cuenta y se quedó con el importe restante, 22.869 euros, y tres meses después abrió otra cuenta a nombre de Fontibre con un saldo inicial de 1.000 euros, en la que hizo ocho extracciones.

El importe total de lo detraído asciende a 71.919 euros, de los que hay que restar 16.771 por unas obras en un edificio del Concejo. Además, abonó 2.400 euros del procedimiento seguido en el Tribunal de Cuentas, por lo que adeuda 52.746 euros, según la acusación pública, que entiende que en todo este caso no quedó “reflejado el gasto realizado”.

El abogado que representa al Concejo Abierto ha explicado al tribunal que él “defiende al pueblo de Fontibre frente a su alcalde”, pues en su opinión “se llevaba el dinero” a través de unas 35 extracciones y extensiones de cheques y sin que se “acredite” el gasto realizado.

“En doce años (de pedáneo) lo único que puede haber (acreditado) es el arreglo de un tejado por más de 16.000 euros, pero ¿dónde está el resto?”, se ha preguntado este letrado.

Enemistad cainita y rivalidad política

Finalmente, la defensa ha esgrimido que las disposiciones en efectivo del pedáneo, “un ganadero humilde sin conocimientos de contabilidad”, estaban destinadas a pagos de obras de acondicionamiento de las diferentes propiedades, caminos públicos, pistas, cerramientos, desbroce y siega, así como en una vivienda propiedad de la Junta Vecinal.

Además, ha argumentado que su patrocinado no puede justificar documentalmente disposiciones que se realizaron hace más de 18 años y afirma que “no se ha apropiado de ninguna cantidad”.

Por eso, esta parte ha interesado ante una eventual condena se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas muy cualificadas al haber transcurrido casi diez años desde el inicio de la investigación y por el abono de parte de la cantidad objeto del procedimiento tras el seguido en la vía del Tribuna de Cuentas.

Por lo demás, ha pedido a los jurados que tengan en cuenta el “nivel de subjetividad elevadísimo, el de conflicto personal tremendo y el odio cainista” existente en Fontibre, algo “muy propio de los pueblos pequeños”, como este de “40 habitantes” y a lo que ha sumado los enfrentamientos propios de rivalidad política.

La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado en 3,2 millones de euros la segunda y última fase del proyecto de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona de Miengo.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha explicado que con esta actuación Ejecutivo culminará la mejora de la infraestructura y dará una solución definitiva a una reivindicación “histórica”, al dotar al municipio de un puerto autonómico “a la altura” del resto de instalaciones portuarias de la comunidad.

La adjudicataria, la UTE La Pozona de Miengo, contará con 24 meses para ejecutar estos trabajos que contemplan la creación de una nueva dársena con 86 amarres, frente a los 59 actuales, distribuidos en dos calles de navegación. También se llevará a cabo la sustitución de pantalanes y pasarelas, la instalación de torretas de suministro eléctrico y agua, y el acondicionamiento del espacio terrestre con rampas de varada y accesos rodados y peatonales.

El proyecto se completará con la limpieza y regeneración de la zona intermareal, garantizando la protección medioambiental y la integración paisajística, ha informado el Gobierno.

Media ha destacado que con la adjudicación de estos trabajos se materializa uno de los compromisos asumidos por el Gobierno al inicio de la legislatura y supone dar respuesta a una demanda por la que los usuarios de La Pozona llevan años trabajando.

En este sentido, ha señalado que “el proceso ha sido largo y difícil” desde que en 2003 la Asociación La Pozona comenzó a trabajar para conseguir la legalización de esta instalación portuaria, y ha recordado que su mejora fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el actual Ejecutivo. “Es una reivindicación histórica que el Gobierno de Buruaga hace realidad”.

Estas obras se suman a las actuaciones ejecutadas en los últimos meses en esta infraestructura dentro de la primera fase del proyecto, que contó con una inversión de 204.309 euros e incluyó el acondicionamiento y estabilización de la escollera, que presentaba un importante deterioro, así como la colocación de dos balizas de señalamiento en la bocana de entrada y el cierre perimetral de la instalación.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado, en su reunión de este lunes, el proyecto técnico para la construcción de un nuevo carril bici que conectará la Avenida de Los Castros con Cuatro Caminos, a través del Paseo Altamira.

El proyecto, que cuenta con un itinerario “seguro” y “funcional”, se ha aprobado con un precio base de licitación de 585.757 euros y un plazo previsto de ejecución de seis meses, han informado fuentes del Consistorio a Europa Press.

En concreto, el trayecto definido incluye dos transversales que conectarán directamente la calle San Fernando, la Avenida de los Castros y el Paseo Altamira, a través de la Avenida Pedro San Martín y la calle José Hierro.

El carril bici es bidireccional y tiene una anchura de entre dos y tres metros para permitir el cruce de dos ciclistas. Asimismo, en el caso de los tramos compartidos con los peatones, el ancho mínimo será de 1,80-2 metros.

Se trata de uno de los dos proyectos de carriles bici que tiene en ejecución el Ayuntamiento (el otro es de la S-20), que no prevé llevar a cabo ninguno más “de manera inmediata”, ha indicado la alcaldesa, Gema Igual.

Según ha señalado la regidora, todas las ciudades tienen que continuar ampliando la red de carriles bici, si bien deben realizarlo “de manera progresiva y paulatina”.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes a licitar, a través de Adif, las obras de integración de la línea de ancho métrico Santander-Oviedo a su paso por Torrelavega, con un valor estimado del contrato de 128,6 millones de euros (IVA no incluido).

Este proyecto se enmarca en el nuevo convenio firmado en Santander el 18 de junio entre Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución y financiación de las actuaciones, según el cual Adif asumirá el 50% del presupuesto, el Gobierno regional el 30%, y el 20% restante correrá a cargo del Ayuntamiento.

Según ha informado en nota de prensa el Ministerio, las obras incluyen los trabajos de plataforma, vía y energía en un trayecto de unos 2,1 kilómetros que arranca en el viaducto sobre el río Besaya, quedando totalmente cubierto el tramo entre los pasos a nivel ubicados en el paseo del Niño y la calle Pablo Garnica, que se suprimirán.

Este tramo, con una longitud de 615 metros, se integrará en el entorno urbano mediante el sistema constructivo de falso túnel o cut and cover, que combina la ejecución de pantallas laterales desde la superficie con la posterior excavación y cubrición de la línea ferroviaria mediante losas de hormigón.

En el interior del túnel, las vías se montarán sobre placas de hormigón y material elastomérico, especialmente indicado para la absorción de vibraciones.

Además, en el tramo subterráneo se construirá una nueva estación que reemplazará a la actual estación de Torrelavega Centro. La arquitectura de la nueva estación y la urbanización de las zonas colindantes serán objeto de otros contratos.

El contrato contempla, además, las instalaciones de protección civil y seguridad del túnel, así como una serie de actuaciones complementarias, como la construcción de un aparcamiento subterráneo para la nueva estación (con capacidad para más de 100 plazas) y un sistema de drenaje conjunto para la infraestructura ferroviaria y el aparcamiento.

Por otro lado, se trasladarán al inicio del trayecto las instalaciones de mantenimiento de la infraestructura que se ubican en el entorno de la estación actual, dotándolas de dos vías de apartado, un edificio destinado a cochera de 335 metros cuadrados; otro edificio para almacén, taller y oficinas de 280 metros cuadrados; campas exteriores y vial de acceso.

Mantenimiento del servicio durante las obras

Las obras se llevarán a cabo sin interrumpir el servicio ferroviario en la línea C2 ya que un desvío canalizará el tráfico hacia Puente San Miguel, Cabezón de la Sal y Asturias, y se mantendrá operativo durante el tiempo que se prolonguen los trabajos.

Este desvío, que se encuentra en un avanzado estado de ejecución, discurre por el corredor del arco norte, en el entorno de las calles Lucio Marco y Antonio Bartolomé Suárez.

De forma complementaria, se realizará un andén provisional en el entorno de la Carmencita que permita el servicio de ida y vuelta entre Santander y Torrelavega sin transbordo o planes alternativos para los viajeros que tengan destino u origen en Torrelavega.

El PSOE de Cantabria ha pedido el cese del gerente del Hospital de Valdecilla, Félix Rubial, y una auditoria interna al Servicio Cántabro de Salud para conocer la verdad sobre el “pilotaje para forzar las derivaciones diagnósticas a Santa Clotilde”.

En rueda de prensa, y tras reunirse con una persona afectada y con miembros de la Defensa de la Salud Pública, el secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha exigido al consejero de Salud, César Pascual (PP), al que ha calificado como “el rey de los recortes y las privatizaciones”, que depure “responsabilidades” porque “el tiempo de las explicaciones ya ha pasado” y más cuando “cada día se ha dado una versión diferente del mismo hecho”.

La realidad, para el líder socialista, es que el Gobierno de Cantabria ha pasado de anunciar la libre elección hospitalaria a “condenar a los cántabros a acudir a un hospital privado a recibir atención médica y a amenazarles con que, de no hacerlo, les sacan de las listas de espera”.

“Ese es el modelo del PP”, ha criticado el socialista, que ha tachado de “muy grave” todo lo que se está conociendo sobre ese pilotaje “para forzar con amenazas” a los pacientes las derivaciones diagnósticas a la sanidad privada.

“No estamos ante una cuestión menor de procedimiento, ni ante un error humano. Aquí había intención, había decisión, había voluntad y había determinación”, ha lamentado el secretario general del PSOE, que ha afirmado que, aunque ahora lo niegue el Gobierno, “lo sabían todos” porque la instrucción remitida por correo eléctrico incluía en copia a muchos responsables de Valdecilla, desde el director gerente del hospital hasta el director y la subdirectora médica.

“No es un error, es una decisión política, es ideología, aunque nos quieran hacer creer que era solo responsabilidad del director de Planificación Sanitaria”, ha insistido Casares, que ha remarcado que el correo electrónico con la instrucción para iniciar la prueba piloto evidencia que “este pilotaje se había decidido y consensuado”.

Por otra parte, el socialista ha denunciado que, además de la instrucción sobre cómo proceder con las derivaciones a Santa Clotilde, para el pilotaje se distribuyeron las agendas de todos los pacientes de Radiología de los hospitales de Cantabria.

Un servicio por el que se iniciaba esa prueba piloto para derivar las pruebas a la sanidad privada y que, en caso de que el paciente se negase, amenazarle con sacarle de la lista de espera.

“Los pacientes tienen miedo y se sienten amenazados”, ha alertado Casares.

Ante todo ello, Casares ha exigido a Pascual, como máximo responsable de la sanidad pública regional, que actue para “conocer qué está ocurriendo en la sanidad” y proceder a depurar responsabilidades.

“La pregunta no puede limitarse a si hubo o no un error. La pregunta es quién tenía conocimiento de ese procedimiento, desde cuándo, qué instrucciones recibió el personal, cuántos pacientes fueron llamados, cuántos fueron derivados a Santa Clotilde, cuántos rechazaron la derivación y qué ocurrió posteriormente con cada uno de ellos”, ha señalado el líder socialista.

Además de pedir una acción directa del Ejecutivo, ha avanzado que el PSOE ha registrado una interpelación y una batería de preguntas en el Parlamento de Cantabria para que los cántabros conozcan la verdad.

“Ayer el consejero de Salud decía que lo ocurrido no es motivo de cese y que se trata de un error. Pero en la Sanidad Pública de Cantabria desde que gobierna el PP vamos de error en error, y de recorte en recorte. No basta con decir que la instrucción era errónea”, ha insistido Pedro Casares.

Además, ha asegurado que el PSOE ya advirtió que el “megacontrato con el hospital privado de Santa Clotilde, por más de 256 millones de euros, no era una colaboración público-privada más y que tendría consecuencias”, las cuales, a su juicio, están saliendo a la luz y cuyo “trasfondo y objetivo es desmantelar progresivamente servicios clínicos de la sanidad pública para que sean gestionados por hospitales privados”.

“El negocio es redondo. Primero deterioran lo público con recortes, amplían las listas de espera y firman contratos con hospitales privados para ampliar su estructura con dinero público, y ahora amenazan a pacientes con que perderán su plaza en la lista si no se hacen las pruebas en la sanidad privada”, ha advertido el dirigente socialista.

Por su parte, la paciente Laura Colina ha explicado -como ya adelantó elDiario.es- que el 10 de septiembre le llamaron del Hospital de Laredo para darle cita de una resonancia que tenía pendiente y que la derivaron a Santa Clotilde.

Tras recibir esa información, ha explicado que no lo aceptó y que desde el Servicio Cántabro de Salud la amenazaron telefónicamente con quitarle la prueba, por lo que ha puesto una reclamación.

El juzgado ha admitido a trámite el segundo recurso que se ha presentado contra el cierre al tráfico del arco de Faro Santander. Un proceso iniciado por los vecinos del número 12 de la calle Sanz de Santuola que, en la misma línea del primer recurso de Izquierda Unidad, aunque en este caso solicitan ampliar las medidas cautelares. De hecho, han solicitado al juez del número 2 de lo Contencioso -donde se resolverán los dos recursos- que también permita el acceso a los propietaros y usuarios de plazas de garaje en esa calle.

En las primeras medidas cautelares se ordenó al Ayuntamiento de Santander que permitiese el tráfico de la línea 5 de autobús -que siempre ha hecho su recorrido por esta calle-, taxis, vehículos de residentes, sanitarios y de reparto. De todos modos, el arco del antiguo Banco Santander sigue cerrado al tráfico desde que el 3 de septiembre un auto judicial ordenó recuperar el tráfico.

Un expediente exprés a posteriori

El Ayuntamiento de Santander alegó que no podía hacerse hasta el 20 de septiembre por los actos de inauguración del edificio. La fecha ya ha pasado pero el arco sigue cerrado a la circulación de vehículos. Izquierda Unida ha dado dos ultimátums a la alcaldesa, pero el juzgado no ha movido ficha para ejecutar la orden del juez.

Posteriormente, se ha conocido que cuatro días después del auto judicial, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó -fuera del orden del día- legalizar la peatonalización que, según este movimiento, estaba sin aprobar. Es decir, el expediente se hizo a posteriori y de forma exprés, como ha denunciado IU.

El recurso presentado por los vecinos ha correspondido al mismo juzgado que ya estaba tramitando el primero que presentó Izquierda Unida. El juez ha admitido a trámite el recurso y ha reclamado al Ayuntamiento que le envíe el expediente administrativo de peatonalización del tramo de la calle bajo el arco del edificio Faro Santander, en un plazo de 20 días.

En paralelo, ha abierto una pieza de medidas cautelares. Los vecinos piden las mismas que ya se le habían concedido a Izquierda Unida y, además, que se extienda a los propietarios y usuarios de plazas de garaje con entrada desde la calle Marcelino Sanz de Sautuola 12. El Ayuntamiento tiene cinco días para responder a esta cuestión.

Los autobuses del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) serán gratuitos este martes, 22 de septiembre, mientras que el Ayuntamiento de Torrelavega ofrecerá servicio gratuito en todas las líneas del Torrebus hoy y mañana, en ambos casos con motivo de la celebración del Día sin Coche, una iniciativa que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

En Santander, la gratuidad se aplicará durante toda la jornada, hasta la finalización del servicio.

Los usuarios deberán pasar igualmente su tarjeta al acceder al autobús, aunque el viaje tendrá coste cero, con el objetivo de que el TUS pueda mantener el registro habitual de viajeros y disponer de los datos de utilización del servicio durante la jornada.

En la capital del Besaya, la gratuidad será efectiva este martes y el miércoles en todas las líneas del servicio, sin necesidad de realizar ningún trámite previo por parte de los usuarios.

La Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre promovida por la Comisión Europea, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de avanzar hacia un modelo de movilidad más respetuoso con el medio ambiente.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', la campaña pone este año el foco en una movilidad accesible y disponible para toda la ciudadanía y que favorezca la equidad y la colaboración intergeneracional.

La candidata del PRC a la Presidencia, Paula Fernández, ha exigido este martes la comparecencia del consejero de Salud, César Pascual (PP), en el Parlamento autonómico para explicar los indicadores de salud, si se está cumpliendo la Ley de Ordenación Sanitaria y qué está pasando con las derivaciones al Hospital de Santa Clotilde.

Respecto a esto último, la diputada ha asegurado que hay quejas de pacientes de Laredo y Valdecilla porque, cuando son derivados a Santa Clotilde y se niegan, “se les saca de la lista estructural y se les pone en una situación de demora”.

Sin embargo, Pascual volvió a negar el lunes que haya habido una instrucción por parte del director de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para advertir a los pacientes de que rechazar una derivación al Hospital Santa Clotilde podría suponer la anulación de la prueba y su salida de la lista de espera.

Por el contrario, Fernández, que cree que el consejero “no dice la verdad”, ha informado de que el PRC va a activar “de manera inmediata” la modificación que hicieron de la Ley de Ordenación Sanitaria en el Parlamento, que se aprobó por el PP, y que conlleva que la formación pueda pedir la comparecencia del consejero antes de que se financie en este nuevo año el convenio de Santa Clotilde.

“Nos tienen que dar explicaciones de cómo han ido los indicadores de salud hasta esta fecha, de si se está cumpliendo lo que pone el convenio y de qué está pasando con esas derivaciones”, ha insistido.

Así, Fernández ha asegurado que el PRC tiene quejas, “e incluso respuestas” del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que dicen que los pacientes que no aceptan el cambio de hospital “salen de la lista estructural”.

“Nos constan las quejas con nombres y apellidos”, ha advertido la candidata, que ha reconocido que no ha vuelto a hablar con las personas afectadas.

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha reclamado la rehabilitación urgente de la torre de San Telmo, situada en los acantilados que separan la playa de El Sable en la ensenada de Santa Justa, entre Suances y Santillana del Mar.

Esta torre medieval con funciones de faro, torre de vigilancia o atalaya ballenera “es un icónico monumento costero en proceso acelerado de desaparición”, ha denunciado EAC, que ha lamentado que “además de los estragos del tiempo, sufre la pasividad de las administraciones”.

El torreón es de propiedad particular y tiene la protección de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria. Está situado en la zona superior de la ermita de Santa Justa, declarada Bien de Interés Local en 2010, construido sobre el anticlinal que cobija a la ermita, en un punto geológico singular.

En marzo de 2020 la asociación Hispania Nostra incluyó la torre en la Lista Roja del Patrimonio que recoge 35 conjuntos del patrimonio cántabro que están abocados a su desaparición si no se actúa sobre ellos de forma inmediata.

En este sentido, EAC ha indicado que existe un anteproyecto de restauración y consolidación firmado por los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos, junto a las restauradoras Gloria Martínez y Belén Miguel, desde el año 2021, encargado por el Ayuntamiento de Santillana del Mar, con todos los detalles técnicos para la rehabilitación de la estructura.

Ecologistas en Acción ha venido reclamando su urgente rehabilitación a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico en noviembre de 2023, pidió la incoación de expediente de Bien de Interés en diciembre de 2023, y demandó una respuesta de las anteriores notificaciones en mayo de este año. Al no recibir respuesta contactó con la Dirección General en agosto por vía telefónica y “se nos informó que el expediente solicitado hace tres años aún no se había iniciado”.

Ante esta situación y después de reuniones del Grupo Alcea, Hispania Nostra, Costa Quebrada y Ecologistas en Acción con la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, y con la Alcaldía de Santillana del Mar, el colectivo considera perentorio que la Consejería de Cultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Santillana, “impulse de forma muy urgente los procedimientos que hagan posible la restauración y conservación del torreón de San Telmo, con la señalización y recuperación del espacio, la dotación de paneles informativos para conocimiento de los visitantes que se acerquen al lugar, garantizando su seguridad y la pervivencia de este excepcional testigo de nuestra historia”.

“En este momento el lugar permanece abierto a los miles de visitantes que este verano lo han visitado y es providencial que las piedras que están a punto de caer de la estructura no hayan causado ningún accidente”, ha subrayado.

En este sentido ha advertido que “el estado el torreón no admite más esperas y es lamentable que los responsables del patrimonio regional no consideren la urgencia de su rehabilitación, como símbolo insustituible y único de nuestro pasado, con independencia de la incoación del expediente para declarar la figura de protección que se considere”.

“Podemos afirmar sin ninguna duda que, si no se toman medidas, seremos testigos en un plazo corto de tiempo, de un derrumbe catastrófico del torreón, y entonces ¿quién se hará responsable?”, ha cuestionado Ecologistas en Acción, que ha enfatizado que “Cantabria no puede perder otro monumento más de nuestro patrimonio histórico”.