Durante años, la comunidad internacional, los medios de comunicación e, incluso, parte de la sociedad israelí han denunciado la “violencia de los colonos” como si se tratara de un fenómeno de grupos extremistas ajenos al Estado. Esa descripción no explica lo que ocurre en Cisjordania. Peor aún, contribuye a ocultarlo.

El reciente informe que hemos publicado desde B’Tselem muestra que la violencia ejercida por milicias de colonos armados forma parte de un sistema mucho más amplio. No se trata de una anomalía de la ocupación, sino de una de las herramientas del proyecto de eliminación: la reorganización del territorio y de las condiciones de vida para hacer permanente y continua la presencia israelí-judía, mientras la existencia palestina se vuelve fragmentada, insegura y, finalmente, inviable.

Desde el 7 de octubre de 2023, la simbiosis entre colonos y Estado adquirió una nueva dimensión: miles de colonos fueron reclutados y armados para integrar unidades de defensa territorial en sus zonas de residencia. Los escuadrones de emergencia se ampliaron y recibieron entrenamiento y equipamiento militar. Los coordinadores de seguridad de los asentamientos poseen poderes oficiales para detener y registrar a la población palestina y distribuir armas militares. Al mismo tiempo, el Gobierno flexibilizó los requisitos para portar armas. Durante los seis meses posteriores al 7 de octubre se documentaron más de 700 ataques de colonos y en casi la mitad de ellos participaron atacantes uniformados.

No hay una frontera clara entre “el Estado” y “los colonos”. En Cisjordania esa frontera se ha erosionado en las pasadas décadas y, desde octubre de 2023, se ha vuelto prácticamente inexistente. Soldados, policías, unidades de colonos con armas provistas por el Estado, coordinadores de seguridad de los asentamientos, escuadrones de emergencia y milicias de colonos actúan muchas veces como partes complementarias de un mismo sistema. Los colonos atacan con armas proporcionadas por el Estado; los soldados presencian los ataques sin intervenir o participan en ellos directamente; el ejército bloquea carreteras o dispara contra los palestinos que intentan defender sus tierras y familias.

Hoy, además de los grandes asentamientos, Israel cuenta con un dispositivo mucho más rentable y eficaz para apoderarse de extensas áreas: las llamadas granjas de colonos. Mediante el establecimiento de una pequeña granja financiada con fondos públicos, con apoyo policial y militar, se ejerce el dominio sobre el territorio y la población. Primero, se impide a los pastores palestinos acceder a sus tierras; luego, se dañan sus cultivos y rebaños y, por último, se intensifican las amenazas y la violencia contra ellos.

El Estado no necesita firmar y ejecutar una orden formal de expulsión. Lo que hace es crear unas condiciones en las que es inviable permanecer. Reducir todo esto a “violencia de colonos” es falsear la realidad. Las granjas de colonos reciben infraestructura, presupuesto, armas y protección estatales. Las autoridades asignan tierras de pastoreo; los consejos regionales y el ejército cooperan con las granjas y, una vez que la comunidad palestina abandona su lugar de residencia, se establecen carreteras, caravanas, cercas y nuevas explotaciones.

Como concluye nuestro informe, las milicias que operan desde estas granjas no deben entenderse como un elemento externo al Estado, sino como un brazo operativo del mecanismo de control territorial en el que la distinción entre lo civil y lo militar pierde su sentido. La violencia hace inviable la permanencia de los palestinos y las instituciones israelíes consolidan después el dominio territorial. Este es el sistema mediante el que fueron expulsadas 66 comunidades palestinas desde el mes de octubre 2023.

En los últimos años se ha desplegado con mayor claridad este espectro de violencia. Una y otra vez, decenas o centenares de colonos irrumpen en pueblos palestinos —como Huwara, Beita o Qusra, entre otros— acompañados por soldados, incendian casas y atacan a sus habitantes. Cuando los palestinos intentan defenderse, los soldados les lanzan gases lacrimógenos y, en algunos casos, les disparan con munición real.

En muchos casos, los colonos que llevan a cabo los ataques utilizan armas que recibieron del Estado para disparar contra la población palestina, provocando en muchas ocasiones víctimas mortales. Estos ataques ponen de manifiesto la creciente difuminación de la frontera entre los representantes oficiales y no oficiales del régimen israelí. La impunidad casi total de la que gozan quienes atacan a palestinos, sean colonos o soldados, pone en evidencia el respaldo sistémico que reciben quienes ejercen esta violencia.

La impunidad no es una mera consecuencia de los ataques. Es una condición para que el mecanismo funcione: según datos de la ONG israelí Yesh Din, citados en el informe, de 1.750 casos policiales abiertos contra colonos por ataques a palestinos entre 2005 y 2025, solo el 6,7% dio lugar a una acusación formal y apenas un 3% terminó con una condena total o parcial. La violencia tiene un coste mínimo para quien la ejerce y existencial para quien la padece.

Esta configuración desafía incluso el lenguaje habitual. ¿Quién es colono y quién es soldado cuando un residente de un asentamiento viste uniforme, porta un arma estatal y actúa en la zona donde vive? ¿Qué significa que un colono es un “civil” israelí, cuando puede detener a un palestino, cerrar una carretera o señalar a quién deben arrestar los soldados?

También en España, al final del franquismo y durante la Transición, muchas organizaciones operaron en un espacio igualmente ambiguo entre la violencia ultraderechista y sectores de los aparatos de seguridad. Lo relevante no es que los casos sean históricamente equiparables, sino el mecanismo: el Estado delega parte de la violencia en actores que se presentan como privados, pero al armarlos, integrarlos en sus redes de información y garantizarles impunidad los convierte en parte de su propio aparato.

Europa debe extraer una conclusión incómoda. Si se continúa tratando al Estado israelí como si fuera la instancia encargada de contener la violencia de los colonos, se reproduce una ficción que alimenta esa misma violencia. El problema no es la incapacidad del Estado para frenar a los extremistas, sino un sistema en el que las instituciones estatales arman, informan, financian y protegen a quienes transforman el territorio por la fuerza.

Para entender lo que en B'Tselem hemos llamado 'proyecto de eliminación' en Cisjordania, debemos abandonar la imagen del colono enfrentado al Estado. La realidad es que el colono armado y el Estado no están en bandos opuestos. Son piezas de un mismo mecanismo.

Ori Givati es director de Relaciones Internacionales de la organización israelí B'Tselem

Hay afirmaciones políticas que, a fuerza de repetirse, terminan adquiriendo apariencia de hechos probados. Y precisamente por eso conviene formular una pregunta incómoda: ¿quiere el Partido Popular hacer con la supuesta responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de Ceuta lo mismo que se hizo hace más de veinte años con las armas de destrucción masiva de Irak: convertir una hipótesis en una certeza política mediante su repetición constante?

La comparación no pretende equiparar dos acontecimientos de naturaleza y gravedad completamente distintas. La guerra de Irak y lo sucedido en Ceuta no son comparables. Lo que sí puede compararse es un método de construcción del relato político: partir de indicios, interpretaciones o informes parciales; eliminar progresivamente los matices y las dudas; repetir una conclusión categórica; y terminar presentándola ante la opinión pública como si estuviera definitivamente demostrada.

El PP ha afirmado estos días que “Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión”, ha hablado de “ataque híbrido”, “invasión” y “violación grave de la integridad territorial” española. El problema no es que un partido de la oposición plantee hipótesis, formule preguntas o exija una investigación. Eso es perfectamente legítimo. El problema comienza cuando la conclusión precede a la prueba.

Lo que dicen los documentos

La publicación por el Gobierno español de 40 informes y comunicaciones permite ahora discutir sobre documentos y no solamente sobre declaraciones políticas.

Y existe un dato particularmente relevante: un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil consideró “poco probable” que Marruecos hubiera consentido o incentivado la entrada masiva. Entre los elementos considerados figuraban el despliegue de unos 1.000 efectivos marroquíes y la interceptación de centenares de personas antes de la avalancha. Otro informe policial apuntó a la propia organización de los migrantes.

También sabemos que el CNI detectó convocatorias en redes sociales y que el 29 de julio comunicó esa información no solamente a autoridades españolas, sino también a los servicios de inteligencia marroquíes. Los grupos identificados acumulaban unos 180.000 seguidores.

Nada de ello permite afirmar que todo esté aclarado. Hay documentos, imágenes y comportamientos que merecen investigación. La Audiencia Nacional está precisamente investigando los hechos y su posible carácter organizado.

Pero investigar quién organizó una entrada masiva no equivale a haber demostrado que la organizó el Estado marroquí. Esta diferencia es esencial.

La lección de Irak

En 2002 y 2003 se aseguró ante la opinión pública internacional que Irak disponía de armas de destrucción masiva. Aquella afirmación se convirtió en uno de los argumentos fundamentales para justificar la guerra.

Después se comprobó que evaluaciones esenciales habían exagerado lo que realmente respaldaba la información disponible. Una investigación parlamentaria estadounidense concluyó que varios de los principales juicios de inteligencia habían sido exagerados o carecían de suficiente respaldo en la información subyacente. Las investigaciones británicas revelaron igualmente importantes incertidumbres, deficiencias y fuentes que resultaron poco fiables.

La enseñanza que dejó Irak no debería ser partidista. Es mucho más sencilla y universal: cuando se acusa a un Estado de una actuación extremadamente grave, cuanto mayor sea la acusación, mayor debe ser la exigencia de prueba.

No basta con que una hipótesis parezca plausible. No basta con imágenes susceptibles de distintas interpretaciones. No basta con que diez periódicos reproduzcan una misma afirmación. Y tampoco basta con repetirla cien veces desde una tribuna parlamentaria. La repetición no transforma un indicio en una prueba. De “pudo ocurrir” a “Marruecos lo hizo”. Ese es precisamente el salto que debería evitar el PP.

Puede sostener que Marruecos fue desbordado. Puede preguntarse si algunos agentes actuaron incorrectamente. Puede exigir que se determine por qué fallaron determinados dispositivos. Puede reclamar explicaciones sobre cualquier imagen o comunicación sospechosa. Puede incluso defender como hipótesis que existió permisividad.

Pero hay una distancia enorme entre todas esas cuestiones y afirmar que Marruecos estuvo detrás de la operación. ¿Dónde está la orden? ¿Quién la dio? ¿A qué organismo marroquí? ¿A través de qué cadena de mando? ¿Dónde están las comunicaciones que acreditan una decisión del Estado? ¿Dónde está la prueba de que las decenas de miles de personas fueron movilizadas por las autoridades marroquíes y no por redes sociales, grupos organizados u otros actores?

Si aparecen esas pruebas, deberán examinarse con toda su gravedad. Si no aparecen, la prudencia no constituye una defensa de Marruecos: constituye una exigencia elemental de rigor. Una pregunta especialmente pertinente para el PP. La comparación con Irak adquiere además una dimensión política particular porque España vivió directamente aquel episodio bajo un Gobierno del Partido Popular. Precisamente por ello, el PP debería ser uno de los partidos más conscientes del enorme coste que supone transformar información incompleta en certezas políticas sobre la responsabilidad de otro Estado. Veintitrés años después, nadie debería necesitar otra experiencia semejante para comprender la diferencia entre sospechar, investigar, demostrar y condenar. En Ceuta ocurrió algo extraordinariamente grave. Debe investigarse hasta el final. Deben determinarse responsabilidades individuales, organizativas o estatales allí donde las pruebas conduzcan. España tiene todo el derecho a hacerlo y Marruecos debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Pero la investigación no puede tener escrita su conclusión de antemano.

Por eso la pregunta no es si el PP tiene derecho a criticar a Marruecos. Naturalmente que lo tiene. La pregunta es otra: ¿quiere realmente averiguar qué ocurrió en Ceuta o pretende convertir primero a Marruecos en culpable y buscar después las pruebas que permitan sostener esa conclusión? Porque si se opta por lo segundo, corremos el riesgo de recuperar una vieja fórmula que la historia ya desacreditó: primero se construye una certeza política, después se repite hasta convertirla en verdad pública y, finalmente, se espera que aparezcan las pruebas. En Irak, aquellas armas nunca aparecieron. En Ceuta, antes de señalar a un Estado como autor de un ataque contra España, sería conveniente asegurarse de que esta vez las pruebas existan antes que la acusación.

Decía la célebre actriz Audrey Hepburn, Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF desde 1988 hasta su muerte en 1993, que “cuidar a los niños no tiene nada que ver con la política”. Esta máxima aplica a cada niño y niña del mundo, esté donde esté, e independientemente de su procedencia, su género o sus circunstancias. También en Ceuta, donde en las últimas semanas hay una situación retadora y difícil para los miles de niños y niñas que han llegado a la ciudad autónoma, y también para aquellos que ya vivían allí. 

La infancia que arriesgó su vida en el mar para llegar a España vive en la incertidumbre sobre su futuro y en unas malas condiciones de alimentación, salud, higiene y protección. Especialmente los niños y adolescentes que aún siguen en las calles o escondidos en el monte o en casas. 

Por otro lado, la llegada de miles de personas, una situación sin precedentes en nuestro país tanto por el número como por la velocidad ha tenido y tiene un impacto significativo en la vida de la población ceutí y de forma especial en su infancia. Las familias están preocupadas y afrontan con incertidumbre momentos tan cotidianos como un inicio de curso escolar que este año no se ha producido con la normalidad de siempre. 

Desde UNICEF España, nuestra mirada está puesta en todos los niños y niñas. Nos preocupa el bienestar de todos y cada uno ellos: de quienes han visto su rutina alterada y sienten la disrupción en su ciudad, y de quienes han llegado y se encuentran solos y desprotegidos. El reto, por tanto, es doble. Se debe normalizar de nuevo la vida de la infancia residente en Ceuta, que puedan acudir al colegio y acceder a espacios de ocio, juego y deporte sin incidentes. Y, al mismo tiempo, se tienen que ofrecer medidas de protección y condiciones adecuadas a los recién llegados, cuya situación es, en muchos casos, crítica. 

El desafío no es menor. Un mes y medio después de la llegada, y pese a los esfuerzos realizados, todavía no se ha conseguido identificar y derivar a muchas personas, incluidos niños y niñas, a centros o espacios seguros. El sistema de protección se ha visto sobrepasado y las posibles soluciones no son rápidas ni inmediatas, aunque deben acelerarse. Estas pasan por el aumento de los recursos de acogida disponibles y la agilidad de los procesos de identificación de los niños y niñas solos y de su derivación a espacios seguros. Es necesario poner a la infancia en el centro de las decisiones políticas y evaluar caso por caso la situación particular y las vulnerabilidades de cada niño, niña y adolescente para que las medidas que se adopten respondan únicamente a su interés superior, a lo mejor para cada uno, una vez que se le ha escuchado y se han valorado sus circunstancias y lo que le motivó a salir de su país. Esto responde a principios universales de protección de la infancia, recogidos en la legislación española y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. 

Para avanzar en ello, es esencial la recién puesta en marcha Unidad de Emergencia especializada en Infancia (UMAIME), propuesta por UNICEF España y liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia, para apoyar a las administraciones y entidades que trabajan directamente con la infancia en situaciones de emergencia como esta. 

Así lo hemos trasladado durante estas últimas semanas a las autoridades e instituciones con las que nos hemos ido reuniendo para garantizar que todos los niños y niñas en Ceuta sean la máxima prioridad. Algo que requiere la coordinación entre todos los actores implicados y una responsabilidad compartida entre la Ciudad de Ceuta, el gobierno central y las comunidades autónomas. Ceuta no puede abordar sola una crisis migratoria de esta magnitud; una gestión adecuada y coordinada de la misma, que incluya traslados a otras Comunidades, repercutirá también en el bienestar de la infancia ceutí. 

Tenemos que garantizar que los niños y niñas que ya vivían en Ceuta se sientan protegidos en su propia ciudad, reforzando también servicios como los de apoyo psicosocial. Y no es aceptable que haya miles de niños y niñas solos, en las calles y sin acceso a los servicios más básicos. Toda la infancia merece que sus derechos se cumplan y que se garantice su protección. 

La protección de la infancia ceutí y la protección de la infancia migrante no son objetivos contrapuestos. Todo lo contrario, los espacios seguros, las condiciones adecuadas, el registro y valoración con garantías de cada niño o niña migrante, los traslados a otras Comunidades Autónomas para compartir la responsabilidad… son también el camino para normalizar la situación de la infancia ceutí. Y más allá, es el camino para garantizar que todos los niños y niñas que están hoy en Ceuta crezcan seguros, protegidos y con sus derechos plenamente respetados. 

La mayoría de las informaciones sobre la victoria de la extrema derecha en las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt del domingo pasado siguieron el guion de este tipo de acontecimientos: sorpresa, alarma, llamada de atención, incredulidad. Palabras y expresiones que se vienen repitiendo desde hace exactamente diez años, a raíz del referéndum del Brexit en Reino Unido y de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Sorpresa e incredulidad que entonces estaban justificadas, pero ¿ahora?

Ciegos

Hemos perdido la cuenta de las victorias de las distintas fuerzas de extrema derecha, nacional populistas, xenófobas, nacionalistas y demás encarnaciones del odio que se han ido produciendo a lo largo de esta década en todo el mundo, y aun así algunos siguen maravillándose, sorprendidos y se diría que felizmente aterrados, ante cada una de ellas, sin parecer que hayan aprendido nada, como si hubiesen estado todo este tiempo en Plutón.

¿Qué sorpresa puede deparar el resultado cuando todas las encuestas lo anunciaban? Es más, solo había que retrotraerse al resultado de las elecciones federales del año pasado, cuando AfD ya rebasó el medio millón de votos, más que doblando su resultado de cuatro años antes. Estaba cantado, para cualquiera que quisiera verlo. Pero vivimos en un mundo en presente continuo, sometidos a una dieta de escándalos concatenados, que aparecen con la mayor estridencia y desaparecen sin dejar nada atrás, desconectados de cualquier referente, sin pasado ni futuro, puro presente. Vendrán más elecciones regionales en Alemania… y nos harán igual de ciegos.

Y seguiremos hablando (y escribiendo en grandes titulares) que sus resultados serán un “señal de alarma para Europa”, sin querer entender que la alarma ya hace tiempo que está instalada en el mismo corazón de Europa, en el que actúa con total normalidad una coalición política entre la derecha tradicional y las fuerzas emergentes de la extrema derecha. Su última actuación conjunta fue la concentración de eurodiputados de estas fuerzas a las puertas del Europarlamento en apoyo (sic) de Ceuta. Ahí, en esa foto, se expresaba la nueva coalición dominante en nuestra Europa democrática: los populares junto con la extrema derecha, bendecidos por el jefe del PPE, Manfred Weber, el gran arquitecto del acercamiento a los ultras.

Precisamente el partido de Weber, la CDU, ha sido la gran derrotada. Pero no solo eso. Según los sondeos, uno de cada cuatro de los que votaron a los cristianodemócratas en 2021 habrían optado esta vez por AfD. Ese es el precio que está pagando la derecha en todo el continente por su acercamiento al lado oscuro. Ese sí que es el gran remplazo. Próxima parada, Francia.

Sordos

Otra de las “sorpresas” que nos deja el resultado en es la intensísima movilización del electorado, el principal beneficiario de la cual ha sido (¿quién lo diría?) la extrema derecha. Nada nuevo. Llevamos viendo esto elección tras elección. Una parte muy significativa de los buenos resultados de los partidos ultras se explica por su capacidad de atraer a las urnas a una parte muy importante de la población que, hasta la aparición de estas fuerzas, no se sentía llamada a participar en el proceso democrático. He ahí la paradoja: fuerzas que propugnan en mayor o menor medida la desaparición de la democracia son capaces de activar para el juego democrático a grandes capas de la sociedad, a los dejados de lado por el sistema, los que se sienten abandonados por los partidos tradicionales, los partidos democráticos.

Partidos que se han mostrado sordos, cuando no desdeñosos, a los llamados de atención de estas personas. Hillary Clinton, en la campaña de 2016, cuando todo empezó, los calificó de “basket of deplorables”. Desde entonces se han sucedido los descalificativos hacia esa parte del cuerpo electoral. Se les ha llamado genéricamente fachas, racistas, se ha dicho de ellos (la mayoría son hombres) que estaban mal informados, intoxicados con fake news (lo cual es cierto), que votaban mal (sí, no solo Vargas Llosa dice estas cosas) porque lo hacían “contra sus intereses”. Incluso se ha llegado a dudar de la legitimidad de sus reivindicaciones, de sus miedos, para desacreditar su angustia en esa especie de concurso para decidir quien es más víctima que quien, ergo quien puede tener voz, quien tiene derecho a quejarse (y quien no).

Todo ello los ha lanzado en brazos de la extrema derecha, que ha sabido manipular ese desasosiego, que no lo ha cuestionado y, fundamental, le ha dado un sentido coincidente a sus intereses (a los intereses de la extrema derecha): los culpables de tu situación son los inmigrantes, las feministas, los partidos tradicionales, la corrección política. La extrema derecha ha sabido dar una respuesta (falsa, torticera, pero respuesta, al fin y al cabo) a un desasosiego, a un miedo que se siente como real y que los ultras no cuestionan, al contrario, abrazan, legitiman. Con ello la extrema derecha consigue algo políticamente muy valioso: crear comunidad, establecer vínculos, dar identidad. Acoger, abrazar, consolar.

Como cantaban The Who en Tommy: “see me, feel me, touch me, heal me”, las fuerzas democráticas no han querido ni ver, ni notar, ni tocar, ni por supuesto curar a una parte de la sociedad que se siente abandonada. No los han escuchado, o lo que es peor, no los han querido escuchar.

Mudos

Si la extrema derecha ha conquistado el apoyo de tanta gente es, en buena medida, porque ha sido la única opción capaz de proponer una alternativa a la actual situación. Precisamente, de ahí viene la AfD, como respuesta al discurso de Merkel, de resonancia thatcherianas, de que “no hay alternativa”. Obviamente, la extrema derecha es una alternativa-trampa, que en ningún momento aboga por corregir las desigualdades del sistema actual, por muy antisistema que se presente, pero emite un relato que da respuesta, aparente, al estado actual de cosas, a la incertidumbre, al miedo y la sensación de amenaza que recorre grandes capas de todas las sociedades democráticas. Algo que es muy real y ante lo que, desgraciadamente, las fuerzas democráticas no emiten señal, no dan respuesta. Si una parte de la sociedad vota por la extrema derecha es, en gran medida, por ese silencio, amplificado por unas redes sociales que basan su negocio en el comercio del odio (que es el núcleo del discurso ultra).

Ante la respuesta categórica y violenta de la extrema derecha (“¡echémosles!”), las fuerzas democráticas emiten resignación. El sistema no se toca. Tiene problemas, sí, habría que reparar algo, claro, hay que ajustar alguna pieza, obvio. Pero el sistema es un tótem, no se puede tocar, no se puede ni cuestionar. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero para una parte de la sociedad la democracia se cae a cachos, incapaz de dar respuesta al desasosiego, a la desigualdad, a un futuro que se ve cada vez más oscuro que incierto. Y ahí, en esa inmovilidad, en ese agarrotamiento, en esa esclerosis de las vías democráticas, es donde cala el mensaje de los ultras: abajo con todo (con todo menos con el establishment, ya se entiende).

Ante un problema grave como el de la vivienda, la escuela o la sanidad, la extrema derecha propone la exclusión de los inmigrantes como solución. Es inhumano, es tramposo, pero ¿cuál es la propuesta desde las fuerzas democráticas? Pues que es un tema muy complejo, que hay que “abordarlo” desde diversos frentes, que se necesitan años para resolverlo, que las propuestas ultras son irrealizables, que los problemas complejos no admiten soluciones simples. En resumen, nada. Todo muy cierto, sí, pero lo que se emite desde las fuerzas democráticas suena a resignación y palabrería. Es decir, nada.

O aún peor, porque una de las salidas más manidas en estos casos es simplemente desacreditar las “soluciones” de la extrema derecha sin ofrecer alternativa, sin emitir una respuesta propia, una propuesta mínimamente comprensible, un relato sobre cuáles son las causas y como atacarlas ¿Quién es el malo, para las fuerzas democráticas? Para la extrema derecha está claro. Es el inmigrante, la feminista, el woke, los “políticos” (como si ellos no lo fuesen). Pero, ¿y para las fuerzas democráticas? Es la extrema derecha. Pura tautología. Mientras la extrema derecha se sitúa en un plano social (tramposo, repito), el discurso de las fuerzas democráticas se sitúa en el plano político. Habla en político, emite en político. Es decir, no emite para una gran mayoría del cuerpo electoral.

Hay que impedir que la extrema derecha llegue al gobierno para que no aplique sus políticas discriminatorias, que profundizan la desigualdad, el odio y la división social. De acuerdo. Pero ¿para qué?, ¿para hacer qué? Silencio. El auge del voto a la extrema derecha responde a algo y el combate democrático que se debe llevar a cabo debe centrarse en ese “algo”. Hasta ahora las fuerzas democráticas han combatido el efecto y no la causa. Tal vez el enemigo sea la extrema derecha, pero la tarea no es impedir que gane unas elecciones, la tarea de fondo no es impedir que gane en Suecia, en Francia, en los sucesivos länder alemanes y en España. La tarea es hacer que no tenga sentido para mucha gente (cada vez más) votar a la extrema derecha. Y eso requiere decirle algo a esta gente, atenderles, proponerles una alternativa democrática a sus miedos. No vale decir que lo que propone la extrema derecha está muy mal (que lo está) o que es una trampa (que lo es) si no se es capaz de darles soluciones en el marco de una democracia que no se resigna, que lucha y defiende los valores que dice encarnar.

Ver, escuchar y hablar. Analizar, entender y proponer. Es tiempo de construir una respuesta democrática.

Este fin de semana, la industria tecnológica se ha caído de un guindo. Ha protagonizado un giro que en la prensa se ha presentado como un despertar de conciencia: los máximos responsables de las grandes compañías de inteligencia artificial han pedido, casi al unísono, frenar el ritmo de desarrollo de sus propios productos. Desde la Casa Blanca, la respuesta ha sido tajante y muy en línea con la lógica de la Guerra Fría actualizada: quien gane la supremacía en inteligencia artificial, gana la supremacía geopolítica; nada de frenazos.

El relato que se ha instalado es el de una industria que, tras años de avanzar sin mirar atrás, descubre de golpe sus propios riesgos y decide, generosamente, pedir que alguien la regule. Es un relato atractivo. Conviene matizarlo bastante, porque llevamos años advirtiendo de estos riesgos desde entornos muy concretos —agencias, leyes, informes científicos internacionales— y España, de hecho, estuvo en primera línea de ese esfuerzo. Que ahora se presente como una revelación de última hora resulta, cuando menos, llamativo.

Esto no es nuevo. En diciembre de 2023, bajo presidencia española de la Unión Europea, se cerró el acuerdo sobre la ley europea de inteligencia artificial, la primera norma integral del mundo sobre esta tecnología. España, además, ya había creado meses antes su propia agencia de supervisión, la AESIA, siendo el primer país de la UE en dotarse de un organismo nacional de supervisión, encargado de vigilar el despliegue en territorio español de los sistemas de IA de alto riesgo: los que deciden sobre selección de personal, acceso a créditos o procedimientos judiciales. Para los modelos de frontera —los grandes modelos horizontales de propósito general de los que precisamente se habla estos días— la competencia es otra: corresponde a la Oficina Europea de IA, un organismo de la Comisión que desde agosto de 2025 exige a sus fabricantes documentación técnica, políticas de derechos de autor y transparencia sobre los datos de entrenamiento. Es decir, que el organismo europeo que debe supervisar exactamente aquello que ahora preocupa a la industria existe, y lleva más de un año funcionando.

Por otro lado, el mes de octubre de 2023, en Estados Unidos, la Administración Biden firmó su propia orden ejecutiva sobre seguridad de la inteligencia artificial, que obligaba a los grandes desarrolladores a compartir con el Gobierno los resultados de sus pruebas de seguridad. La Administración Trump la derogó en enero de 2025. Un mes después de aquella orden, en noviembre de 2023, la cumbre de Bletchley Park cerca de Londres puso en marcha los primeros Institutos de Seguridad de la IA, el británico y el estadounidense, que dieron origen a una red internacional que llegó a reunir a una decena de organismos equivalentes en todo el mundo —Japón, Corea del Sur, Canadá, Singapur o la propia Unión Europea, entre otros—, dedicados a evaluar de forma independiente los modelos más avanzados antes de su lanzamiento comercial. Esa red sigue funcionando, pero uno de sus pilares se ha vaciado por el camino: en junio de 2025, la Administración estadounidense cesó a su directora. y cambió el nombre de su Instituto de Seguridad de la IA, que pasó a llamarse Centro para los Estándares y la Innovación en IA, eliminando deliberadamente la palabra “seguridad” de su denominación y reorientando su misión desde la evaluación de riesgos hacia la competitividad tecnológica.

Pero el actor que no se ha nombrado en todo este debate es Naciones Unidas. En agosto de 2025, la Asamblea General creó dos mecanismos complementarios. El primero es el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, el primer organismo científico de la ONU dedicado en exclusiva a esta tecnología, con cuarenta expertos - uno español- elegidos entre más de 2.600 candidaturas de 140 países y copresidido por el profesor Yoshua Bengio — premio Turing 2018— y la periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa. En abril de este año celebró en Madrid, acogido por el Gobierno español, su primera reunión presencial, y el 1 de julio publicó su primer informe, con una advertencia central: los mecanismos de seguridad no evolucionan al mismo ritmo que la capacidad de los modelos. El segundo es el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, que celebró su primera sesión en Ginebra el 6 y 7 de julio: el primer foro multilateral bajo mandato de la Asamblea General donde los Estados y el resto de actores se sientan a debatir estándares comunes técnicos y de gobernanza a escala internacional.

Merece la pena detenerse en esto, porque cuando desde el sector se propone ahora una coordinación entre “países democráticos” para fijar reglas comunes frente a China, lo que en realidad se está planteando es duplicar —en formato de bloque, y con un perímetro decidido por quien lo propone— algo que ya existe en un marco genuinamente universal y multilateral.

Los estándares internacionales de una tecnología que se despliega en todos los países del mundo no se acuerdan mejor dividiendo el mapa en dos mitades: se acuerdan en los foros donde están sentados todos, que es exactamente para lo que se creó el Diálogo Global. Reeditar una guerra de bloques o de estándares no mejora la gobernanza; la fragmenta. Lo que toca no es construir alianzas paralelas a medida, sino apoyar el multilateralismo que ya está en marcha, porque la inteligencia artificial es una tecnología tan compleja y tan transversal —atraviesa la sanidad, la educación, el empleo, la energía, la seguridad, la información— que ni una sola empresa ni un solo país pueden gobernarla en solitario.

Dicho de otro modo: lo que este fin de semana se ha presentado como una propuesta pionera de la propia industria es, en sus elementos esenciales, algo que gobiernos, agencias, científicos independientes y la propia ONU llevan reclamando desde hace casi tres años. ¿Por qué ahora?

Para entender por qué surge esta preocupación y debate precisamente ahora debemos analizarlo desde cuatro ejes, y solo uno de ellos tiene que ver de verdad con la seguridad.

1. El eje tecnológico

Este verano se ha producido un incidente serio: en un experimento de ciberseguridad de OpenAI, un grupo de agentes de inteligencia artificial —programas capaces de actuar por su cuenta y coordinarse entre sí— atacó sistemas de la plataforma Hugging Face que no formaban parte de su tarea, y llegó a intentar manipular el propio mecanismo que medía su desempeño.

Es decir, programas que por su cuenta se desviaron del objetivo fijado por un humano. A esto se suma un segundo fenómeno, más de fondo, que la propia industria describe como “automejora recursiva”: los sistemas de IA se mejoran a sí mismos y si ese proceso avanza sin controles, la velocidad de mejora podría superar la capacidad de sus propios creadores para entender cómo funcionan y corregir sus fallos a tiempo. Y a todo ello se añade que varias empresas del sector, Anthropic entre ellas, han publicado informes propios reconociendo que algunos de sus modelos se acercan a niveles de capacidad que podrían facilitar usos indebidos de la tecnología —incluido el ámbito de las armas biológicas—, lo que las ha llevado a reforzar sus protocolos internos.

Son problemas técnicos reales, no inventados, y conviene decirlo con la misma claridad con la que se señalan los otros tres ejes: que la industria los reconozca ahora y empiece a diseñar mecanismos cada vez mejores de salvaguarda frente a ellos es, sencillamente, de sentido común, y es bienvenido. El problema nunca ha sido que se tomen en serio estos riesgos. El problema es quién debe decidir qué salvaguardas bastan, y quién debe comprobar que se cumplan.

2. El eje financiero

Todo esto ocurre justo cuando arrecian las dudas sobre si la inversión en inteligencia artificial van a cumplir con sus expectativas de crecimiento y rentabilidad. Tanto Anthropic como OpenAI ya han confirmado que retrasan su salida a bolsa, alegando las “crecientes preocupaciones por la seguridad”. Es una explicación conveniente para lo que, en un contexto de valoraciones muy infladas, podría ser simplemente el momento equivocado para salir a los mercados. Parte de estos anuncios se entienden mejor como relaciones públicas de cara a futuras operaciones financieras que como conclusiones basadas en evidencia. Y un peligro presentado como algo que “emerge” de la tecnología misma tiene, además, una ventaja evidente: nadie en un consejo de administración tiene que responder por él.

3. El eje industrial: cárteles y lobbies

La historia ofrece un precedente instructivo de lo que ocurre cuando un puñado de competidores se ponen de acuerdo entre sí para fijar sus propios estándares. En 1924, los principales fabricantes mundiales de bombillas —Osram, Philips, General Electric y otros— se reunieron en Ginebra y crearon el cartel Phoebus, formalmente una convención para “el desarrollo y progreso” de la lámpara eléctrica. En la práctica, aquel acuerdo entre competidores no protegió al consumidor: fijó precios, repartió mercados y redujo deliberadamente la vida útil de las bombillas de 2.500 a 1.000 horas para forzar más ventas.

Durante quince años fue el ejemplo de manual de lo que ocurre cuando se deja que un oligopolio se autorregule bajo la apariencia de un estándar técnico consensuado. Que hoy tres competidores directos —Anthropic, OpenAI y xAI— coincidan en cuestión de horas en fijar de forma voluntaria su propio ritmo de “seguridad”, sin que ningún organismo externo participe, no equivale automáticamente a un cartel, pero sí reproduce la misma estructura de fondo. Y el cartel de las bombillas no solo fijaba precios: también cerraba la puerta a productos de la competencia que amenazaran el modelo de negocio acordado. Si son las propias grandes tecnológicas quienes terminan definiendo qué umbral de “seguridad” hace falta cumplir para operar un modelo de frontera, ese estándar puede convertirse en una barrera de entrada: asumible para quien ya tiene los medios para cumplirlo, más difícil para un competidor pequeño o un proyecto de código abierto. No hace falta que sea intencionado para que funcione así.

Esto conecta con la regulación que ya está en marcha. En Estados Unidos avanza en el Congreso una futura ley federal, y en Europa la EU AI Act ya es de obligado cumplimiento. Ante eso, a la industria le resulta más cómodo ofrecer su propia versión de “supervisión independiente” —con evaluadores que ella misma elige y financia— que someterse a los mecanismos que ya existen: la Oficina Europea de IA, la AESIA, el Panel Científico de la ONU o el Diálogo Global de la IA. Cuando Anthropic anuncia que “permitirá” el acceso de evaluadores independientes, la pregunta pertinente es si esos evaluadores responden ante alguno de esos organismos, o si son, de nuevo, elegidos y pagados por la propia empresa evaluada.

4. El eje geopolítico

Cualquier freno regulatorio se presenta como una rendición unilateral frente a un rival estratégico que, se sobreentiende, no va a poner límites a su propia industria. La premisa, sin embargo, es discutible: China regula ya varios aspectos de su sector de IA de forma más estricta que Estados Unidos, y no hay evidencia de que regular frene la investigación. El propio argumento de que “regular mata la innovación” —el mismo que Washington ha usado contra la ley europea— se sostiene mal cuando quien más rápido innova en algunos terrenos es, precisamente, quien más regula.

Aquí el cartel de las bombillas tiene un último eco: no solo fijaba precios, también decidía qué productos ajenos podían entrar en el mercado. Uno de los terrenos donde China compite de verdad —y en el que ha tomado la delantera en 2026— es el de los modelos de código abierto: laboratorios como DeepSeek, Alibaba con Qwen, Moonshot con Kimi o Zhipu con GLM han pasado a copar la mayoría del uso mundial de modelos de pesos abiertos, mientras los laboratorios estadounidenses mantienen un modelo cerrado y de pago. Si el estándar de “seguridad” que ahora se negocia acaba traduciéndose en restricciones para el código abierto, el resultado sería una barrera que golpea justo donde China es más fuerte, mientras protege el modelo de negocio de quienes están definiendo el estándar.

Y conviene no perder de vista, en todo este relato de “carrera” hacia la supremacía, quién compite realmente con quién. La carrera no es entre “inteligencias artificiales”, es entre empresas y entre gobiernos, compitiendo por capacidad y cuota de mercado mientras tratan la seguridad como un coste que conviene minimizar. La IA no es un actor independiente y neutral que decida por sí solo hacer daño a alguien; son las compañías —y los gobiernos que las respaldan o las dejan hacer— quienes diseñan, entrenan y despliegan sistemas capaces de causar ese daño, con o sin intención. Achacar el riesgo a la tecnología misma, en lugar de a quien la construye y la vende, es exactamente el mismo movimiento retórico que le permite a cualquier oligopolio eludir la rendición de cuentas.

Lo que de verdad importa

Los daños más serios que ya ha causado la inteligencia artificial no vienen de escenarios de ciencia ficción, sino de sistemas automatizados mal supervisados tomando decisiones sobre personas reales. El escándalo de las prestaciones familiares en Países Bajos, que acusó injustamente a miles de familias de fraude y acabó tumbando un gobierno. El sistema australiano que generó cientos de miles de reclamaciones de deuda ilegales. El escándalo británico de las oficinas de correos, condenadas penalmente por un software contable defectuoso que nadie se atrevió a cuestionar. Son casos menos espectaculares que un titular sobre superinteligencia descontrolada, y por eso reciben mucha menos atención, pero son los que ya están ocurriendo.

Hay dos frentes más, muy actuales, que el debate de esta semana ha dejado completamente de lado. El más importante es la salud mental: en Estados Unidos se han presentado ya varias demandas contra empresas como OpenAI y Character.AI por parte de familias que sostienen que las conversaciones de sus hijos adolescentes con estos chatbots precedieron a su suicidio, y decenas de estados han empezado a legislar en 2026 para restringir el uso de estas herramientas como sustituto de la atención psicológica profesional. Son problemas que no requieren ningún escenario apocalíptico para justificar que se regulen: están sucediendo ya, con nombres y apellidos, y no deberíamos esperar a la próxima catástrofe para actuar sobre lo que la IA hace hoy, no sobre lo que podría llegar a hacer dentro de cinco años.

La palabra correcta no es “contener” la IA, como si fuera un reactor nuclear, sino gobernar cómo se despliega: quién puede usar cada sistema, con qué permisos, con qué pruebas previas, con qué supervisión y con qué responsabilidad legal cuando algo sale mal. Es el mismo modelo que ya aplicamos a la aviación o a la industria farmacéutica. Lo que corresponde ahora no es tanto aplaudir a la industria por descubrir, con tres años de retraso, unos riesgos que gobiernos, científicos y la propia ONU llevaban tiempo señalando, sino exigirle que apoye —con recursos, con transparencia y sin letra pequeña— los mecanismos multilaterales que ya están en marcha, Nada de esto exige inventar nada nuevo. Y sobre todo, que la palabra “independiente” que ahora usan las grandes tecnológicas signifique lo mismo que en cualquier otro sector regulado: evaluadores que no elige, ni paga, ni controla la empresa evaluada. España ayudó a poner las primeras reglas sobre la mesa, y ha acogido a los científicos de la ONU que ahora las están desarrollando. Ahora toca que la propia industria se ponga a favor de su papel supervisor.

Conviene terminar, además, sin caer en el catastrofismo, que la gobernanza no es solo una exigencia defensiva: es también, y sobre todo, una buena noticia para la propia industria. La experiencia de otros sectores muy regulados —la aviación, la banca, la industria farmacéutica— demuestra que unas reglas claras y estables no frenan la adopción de una tecnología, sino que la aceleran: los hospitales, los bancos, las administraciones públicas y los ciudadanos de a pie confían mucho más en una herramienta cuando saben que ha sido evaluada por alguien ajeno a quien la vende, y esa confianza es precisamente lo que permite que una tecnología pase del laboratorio a la vida cotidiana a gran escala. Bienvenida sea, por tanto, la gobernanza: no como un obstáculo a superar de mala gana, sino como la condición necesaria para que la inteligencia artificial se adopte de forma segura y podamos aprovechar de verdad sus aspectos más positivos, en medicina, en investigación científica o en educación. En lugar de concentrar todo el debate en las catástrofes hipotéticas, convendría poner el mismo empeño en las oportunidades reales de la IA, y la única manera de garantizarlas, a largo plazo, es con transparencia, con confianza y con gobernanza.

Este año se conmemora el centenario de John Berger, uno de los escritores más originales y visionarios de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Aunque según sus propias palabras España fue el país donde más influencia tuvo su obra, me sorprende el escaso interés que está despertando esta efeméride, precisamente cuando más necesario es regresar a una obra que nos enseñó a mirar de otra manera y a resistir con las manos bien enraizadas. Como los grandes autores de todos los tiempos, Berger fue capaz de encender una vela en la oscuridad. Casi diez años después de que nos dejara (falleció en enero de 2017), el mundo se ha vuelto aún más oscuro. Vivimos una época que araña nuestros corazones y convierte en polvo nuestros sueños y utopías. Por eso es más urgente y necesario que nunca regresar a sus libros. 

El autor de Puerca tierra o Con la esperanza entre los dientes fue uno de los primeros en alertar de que se podía tener agricultura sin agricultores y defendió la cultura campesina frente al monopolio del negocio agroalimentario. Como digo, Berger mantuvo una relación muy especial con España. Aparte de una legión de lectores, tenía amigos (Manuel Rivas, Isabel Coixet, Lali Bosch, Juan Cruz o Marisa Camino, entre otros), venía a presentar sus libros o a participar en los numerosos actos a los que le invitaban.

Y tenía El Prado. Junto a Susan Sontag, Berger es quizás el crítico de arte más influyente de las últimas décadas. Modos de ver, la serie que hizo para la BBC, cambió nuestra manera de mirar la pintura. Novelista, poeta, autor de cuentos y de numerosos ensayos, guionista, pintor, dibujante, activista de todas las causas que nunca estarán perdidas, su obra, híbrida y heterodoxa, está atravesada por un profundo humanismo que bebió de sus lecturas de Marx y de Spinoza.

Su visión del arte la trasladó también a su escritura, con una prosa plástica, conmovedora y vibrante, sensual, que nos interpela y nos lleva a habitar en ella, a vivir con una mirada crítica, pero a la vez combativa. “Para los hacinados, para aquellos que tienen muy poco, o nada, excepto algunas veces el arrojo o el amor, la esperanza funciona de manera distinta. Es entonces algo que morder, algo que poner entre los dientes. No olvides esto. Sé realista”, le escribió al poeta Nȃzım Hikmet. “Con la esperanza entre los dientes, llega la fuerza para seguir aun cuando la fatiga nos acose, llega la fuerza, cuando es necesaria, para elegir no gritar en el momento equivocado, llega la fuerza, sobre todo, para no aullar. Una persona, con la esperanza entre los dientes, es un hermano o hermana que exige respeto. Quienes en el mundo real no tienen esperanza están condenados a estar solos”. 

Ante el desamparado y el dolor que produce mirar hacia fuera, no me extraña que cada vez haya más gente que haya decidido cerrar los ojos o ponerse unas anteojeras, que prefiera vivir como si nada ocurriera, atenazada por un miedo que paraliza, como si el destino, catastrófico, fuera inevitable. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Quién ha dicho que todo está escrito? “Nos hicieron creer que el capitalismo era inevitable. Pero también lo fue la monarquía, la esclavitud o la inquisición. Cada sistema que parecía eterno cayó. Y este caerá también”, sostenía la escritora Ursula K. Leguin. El mundo va mal, aseguraba ya hace años el historiador Tony Judt, muy mal, es verdad. La realidad, o una parte de ella, es dolorosamente insoportable. Asistimos a guerras, bombardeos de escuelas, bosques que arden y un planeta que se calienta rápidamente. 

Para afrontar nuestro destino no necesitamos ni podemos ser optimistas, pero sí tener esperanza e imaginar que un mundo diferente es posible, construir nuevas utopías, y resistir: libreros que se niegan a cerrar su negocio en Gaza, ciudadanos que se movilizan en Galicia contra la construcción de una celulosa, la lucha de los pueblos-selva de la Amazonia contra el extractivismo y la destrucción del corazón del mundo. Desde Byung-Chul Han a Jane Goodall (en su última entrevista manifestó, con ironía, que ojalá los Trump, Netanyahu, Putin y Cia se fueran a Marte en uno de los cohetes de Musk) son muchos los escritores, pensadores y activistas que apelan a la esperanza como un recurso contra el nihilismo y la derrota. “Probablemente, de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida defendiéndose”, escribió Julio Cortázar. 

La esperanza es contagiosa, sí, es la vida defendiéndose, y hay autores que, como John Berger, muestran una crítica demoledora al sistema y a la vez son capaces de alentar la resistencia. La esperanza fue el hilo de la red que tejió a lo largo de su vida, con sus libros, con sus colaboraciones, ajenas siempre a esa jerarquía tan habitual que imponen otros autores o intelectuales.

Entre otras cosas, el autor británico nos enseñó que “la realidad es todo lo que tenemos para amar”. Y quienes amamos el mundo tenemos el deber moral de defenderlo. “Mientras quede una rosa, aquí seguiré”, le dijo a su amiga Marisa Camino en su casa de Quincy, en un huerto poblado de rosas, de belleza y de esperanza. Ahora que hace casi diez años que nos dejó John Berger y el tecnofascismo busca adueñarse de nuestras vidas y la de los otros habitantes del planeta, está en nuestras manos impedir que se marchite esa rosa y con ella toda la belleza del mundo.

Hace unas semanas teletrabajaba en mi casa cuando empecé a notar un murmullo molesto, casi continuo, que no sabía de dónde venía. Examiné la casa, miré por la ventana buscando alguna causa… Hasta que recordé que ese día empezaban las pruebas del circuito de Fórmula 1 que han tenido a bien colocar las autoridades locales en nuestro barrio.

Lamentablemente, pasará el fin de semana y nada sucederá. Los promotores estarán felices de su éxito, los que tienen intereses económicos en el evento habrán hecho su caja, los aficionados a estos espectáculos habrán disfrutado y se irán tan felices a casa, y a los vecinos les quedarán los desmanes de las obras inútiles, del ruido y del desprecio de sus gobernantes (a los que, por cierto, la mayoría habrán votado). Y a esperar un año a que todo eso se repita como una pesadilla. Así sucede con tantas y tantas cosas a las que asistimos impotentes y cuya importancia se nos escapa sustituida por algún otro desaguisado posterior.

¿Por qué nos molesta tanto este espectáculo? ¿Qué tiene de particular? ¿No se hacen eventos parecidos que también molestan a los vecinos y los tenemos por normales? ¿No se ocupan las calles de las ciudades con frecuencia con uno u otro motivo? ¿Acaso no tienen los aficionados derecho a disfrutar en su ciudad de su espectáculo favorito? ¿No es esto una buena inversión para la ciudad que le va a reportar beneficios económicos y de imagen? Puede que sea así, puede que estamos exagerando, cegados por la proximidad de tanta molestia, pero no está de más pararse un momento a hacer un par de reflexiones.

La primera es que no todo este tipo de acontecimientos son iguales. No es lo mismo la ocupación del espacio público para ejercer un derecho (como puede ser una manifestación) o para la realización de una actividad cultural o de viejas costumbres (como pueden ser las procesiones), ni siquiera una ocupación temporal para que se celebre un partido de fútbol, se realice una maratón o atraviese la ciudad una prueba ciclista. Lo llamativo de este caso es realmente el uso que se hace del espacio público, la privatización del espacio común. Se toma un lugar que todos esperábamos fuera en beneficio de la comunidad (con un centro de salud, con un instituto, …) que diese servicio a la creciente población de la zona, y se utiliza para un fin privado que genera marginalmente un beneficio a un grupo minoritario que ni siquiera vive por allí. Y no es que no estemos acostumbrados a esta privatización de lo público en Madrid: justo al lado se acaba de regalar también terreno público al Real Madrid (o a Florentino Pérez, que nunca queda claro) y un poco más allá se hizo lo mismo con el Atlético de Madrid. Y eso solo es lo que sale a la superficie.

Tampoco vale en este caso (y en casi ninguno) el argumento económico. No vamos a saber lo que va a costar. No se hagan ilusiones. En este país se oculta lo que nos gastamos en defensa, así que ocultar un gasto como este aquí y allá lo puede hacer hasta un recién llegado. Además, los economistas sabemos que siempre se puede encontrar a alguien dispuesto a demostrar que algo es rentable. Pero no, se mire por donde se mire, esto es un gasto inútil desde el punto de vista social. Tan inútil como el centro acuático olímpico sin estrenar que se ha derribado muy cerca de allí y que hace años alimentó las ambiciones de otros gobernantes como los de ahora. Y todo esto con una escuela infantil con profesoras con el salario mínimo a menos de un kilómetro del circuito. Sí, los gobiernos se miden por lo que eligen, alfombras rojas para VIPS o salarios dignos.

La segunda reflexión tiene que ver con la forma en que nos enfrentamos a estos problemas. Se podría decir que no soy de los vecinos más afectados. Lo que más me afecta es el ruido lejano y la bandera “king size” que inauguraron para el evento con ese orgullo tontorrón que exhiben los nacionalistas y que a los demás nos recuerda simplemente (oh, sorpresa) que no vivimos en Suecia. A cambio hemos descubierto que el ayuntamiento puede limpiar las calles. Hemos descubierto que existen unos camiones que se dedican a eso y que no habíamos visto en los 30 años que llevamos viviendo aquí. Pero realmente la cuestión no es si algunos estamos más o menos perjudicados.

A cualquiera de las vecinas y vecinos nos ha resultado difícil hacer entender a alguien que no estuviera cerca del problema lo que suponía la celebración de este evento. Diría que incluso a algunos de los más afectados. Véanse, por ejemplo, los colegios cercanos que han tenido que cerrar estos días, pero que, a cambio, han podido de disfrutar de una vista privada al circuito (a veces salimos muy baratos). Problemas públicos, despreocupación privada. A eso nos lleva el individualismo. No es mi problema porque no está a 100 metros de mi casa. Es esa inacción, esa falta, ya no de solidaridad, siquiera de empatía, la que permite el uso arbitrario del poder, la que facilita que lo público sea manejado a su antojo y en su propio beneficio. Ya lo hemos visto muchas veces. Esta es una más, pero no será la última.

Este verano, la ciudadanía europea, y en particular la española, está pagando dos veces el precio de depender de los combustibles fósiles. Primero, lo pagamos en las gasolineras. Debido a la situación geopolítica y las olas de calor, solo en los meses de verano en España, el precio medio de la gasolina ha subido un 18%; el diésel un 21, 4% y el de la electricidad un 17%.

La segunda factura es mucho peor, porque más allá del coste económico supone una catástrofe humana, social y ecológica. Este verano, una ola de calor tras otra han azotado la Península Ibérica, haciendo del otrora idílico verano una estación insoportable, en la que el sudor y el sofoco son el menor de los males. Lo más devastador es que, a finales de agosto ya se contabilizaban más de 5.000 muertes debidas al calor, lo que supone el verano con más fallecimientos por esta causa.

Las altas temperaturas también hacen más terribles los incendios forestales, que han vuelto a arrasar el país, batiendo récords imposibles. Solo en julio y agosto, lamentamos la muerte de 14 personas por causas relacionadas con incendios forestales. Son decenas de miles de personas las que han sido evacuadas, y miles de ellas tienen que lamentar incluso que su vivienda se haya visto afectada. Sin olvidar las más de 250.000 hectáreas de montes calcinados en un par de meses. La situación es tan dramática que ya hablamos con normalidad de decenas de miles de hectáreas quemadas, de cientos o miles de personas evacuadas y de poblaciones afectadas en cada incendio.

A esta factura también se suman las pérdidas en las cosechas, que el servicio científico de la Comisión Europea JRC, cifra en un 14% por debajo de la media de los últimos cinco años en la UE, dependiendo del cultivo. Solo esto tiene un impacto económico estimado es de unos 2.000 millones de euros de ingresos perdidos para los agricultores.

Aunque la factura del combustible o la luz y la que causan las altas temperaturas se presentan como algo diferente, ambas son consecuencias de un modelo energético basado en los combustibles fósiles. Durante años, los responsables políticos europeos han tratado la lucha contra el cambio climático, la seguridad energética y la competitividad como agendas separadas. La realidad es la contraria. La vía más rápida para conseguir una energía más barata y fiable, una industria más resistente y una mayor autonomía geopolítica es la misma que permite reducir las emisiones: acabar con la dependencia de los combustibles fósiles.

Ahora Europa necesita una hoja de ruta ambiciosa para hacer frente a su mayor vulnerabilidad estratégica: su dependencia de los combustibles fósiles. El discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará la presidenta Ursula von der Leyen en septiembre es el momento adecuado para ponerla en marcha. La presidenta de la Comisión Europea debería centrar su acción y su discurso en responder a la pregunta ¿qué hace falta para que esta sea la última crisis de los combustibles fósiles que sufra Europa?

El primer paso es cuantificar el verdadero coste de esta dependencia. El siguiente paso es identificar la vía más rápida y eficaz para abandonarlos. La reducción del consumo, las energías renovables respetuosas con la biodiversidad y el territorio, la eficiencia energética, la electrificación, unas redes dimensionadas y robustas, así como el almacenamiento son soluciones sobre las que ya existe evidencia suficiente para demostrar que funcionan. El reto ahora es desplegarlas. Además, cada euro de dinero público debería someterse a una pregunta muy sencilla: ¿reduce la dependencia de Europa de los combustibles fósiles o la prolonga? Demasiados fondos públicos, demasiadas subvenciones y demasiadas decisiones de inversión siguen reforzando el sistema energético del pasado en lugar de impulsar el del futuro.

La transición debe hacerse de forma justa y contando con toda la ciudadanía europea. Las regiones, las personas trabajadoras y los hogares que sostienen la economía europea no pueden quedar simplemente al margen, asumiendo por sí solos los costes del cambio. Al contrario, deben estar en el centro del diseño de las soluciones y de las vías para llevarlas a cabo. Y si hablamos de soluciones rentables, la naturaleza debe formar parte de la estrategia. Los bosques, humedales, suelos y espacios verdes urbanos de Europa no son meros activos medioambientales. Son infraestructuras esenciales: ayudan a enfriar las ciudades, reducir el riesgo de inundaciones, almacenar carbono y reforzar nuestra capacidad de adaptación a un clima cambiante, a menudo a un coste muy inferior al de las alternativas basadas en infraestructuras artificiales.

Ninguna de estas prioridades es nueva. Lo que ha faltado hasta ahora es un único marco estratégico capaz de conectarlas. El debate europeo se ha fragmentado, creando una brecha entre la política industrial, la seguridad, la lucha contra el cambio climático, la agricultura y las reglas fiscales. Sin embargo, cada nueva crisis energética demuestra que todos estos ámbitos forman parte de un mismo desafío: la dependencia de la energía fósil importada hace que Europa sea más débil, más pobre y menos resiliente. El discurso sobre el estado de la Unión que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará en septiembre debería hacer algo más que responder a las últimas crisis. Debería poner en marcha una hoja de ruta que garantice que nunca más se repita.

Noticias que pasamos de largo. Noticias que pasan desapercibidas. Noticias que no brillan, que no alarman, aburridas… Nota de prensa de la Comisión Europea de hace una semana: “La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento de Fusiones de la UE, la adquisición del control conjunto de Eurowind Energy A/S por Norlys a.m.b.a. y EWE Holding ApS (”EWH“), ambas de Dinamarca, por Blackstone Inc. de los Estados Unidos. La transacción se refiere principalmente al desarrollo, la construcción y la operación de parques eólicos y solares en Europa, la venta al por mayor de electricidad, el suministro de servicios auxiliares y de equilibrio de electricidad, así como el desarrollo de soluciones de energía renovable”. 

Si queremos que alguien se lea esta noticia, podríamos titular así: “Nos van a vender el sol y nos van a robar el agua”. Empresas estadounidenses harto conocidas por sus prácticas especulativas en lo peor de la crisis financiera mundial, importada desde Estados Unidos al continente europeo. Blackstone fue un actor central en la crisis económica de 2008 al actuar como el mayor comprador de activos devaluados (“activos tóxicos”) tras los colapsos financieros, consolidados como un gigante inmobiliario y de infraestructuras en el continente. Por ejemplo, durante la crisis de deuda soberana europea y el estallido de las burbujas inmobiliarias, especialmente a partir de 2012-2013, Blackstone implementó una estrategia agresiva de adquisición de activos, como la compra masiva de vivienda social y residencial. En España, aprovechó las urgencias de liquidez de los ayuntamientos y comunidades autónomas para adquirir miles de viviendas protegidas y carteras enteras de bancos rescatados, convirtiéndose en el Gran Casero.

La noticia de la Comisión Europea se refiere a las inversiones en parques eólicos de Blackstone en Dinamarca. Les cobrará por el viento. ¿Y en España? Aquí se centra en los proyectos energéticos que tiene Blackstone en España, tanto de parques solares como de centrales de datos de IA, con el consiguiente problema del alto consumo de nuestros recursos hídricos. No puedo utilizar la ironía en algo tan importante como la pérdida de nuestra soberanía energética en un momento crucial del laberinto geopolítico, en el que nos amenazaron a principios de año desde el foro Económico de Davos con cobrarnos por respirar. Obviando las empresas danesas -en parte, antiguas empresas de servicios públicos-, me centraré en la estadounidense, que ahora gobierna sobre la adquirida Eurowind Energy A/S.

Precisamente Eurowind Energy tiene una sede en Sevilla desde donde gestiona su expansión en el sur de Europa, ahora junto a Blackstone. Como activos operativos, cuentan con una planta solar en Córdoba y varios proyectos de hidrógeno verde en Extremadura, y Castilla y León. La entrada de Blackstone en su accionariado la convierte en un “Power Major” europeo con parques de energía a gran escala en España, Italia y Portugal, y con un impacto masivo y transformador en todo el mercado de la energía verde en Europa. Recuerden: nos venderán el sol. 

La principal consecuencia es que Eurowind multiplicará por cuatro su ritmo de construcción actual, cambiando la escala de parques a mega-infraestructuras. Y lo más interesante es su integración con la Inteligencia Artificial a través de la construcción de centrales de datos para IA, que consumen cantidades masivas de electricidad y requieren de importantes recursos hídricos. ¿Empresas extranjeras, sin control ni regulación pública de nuestros recursos naturales? Recuerden: nos robarán el agua. 

Como ejemplo, el megaproyecto de Blackstone en Calatorao (Zaragoza), a través de su filial de infraestructura digital QTS Data Centers ubicada en un gigantesco terreno de 224 hectáreas. El denominado Proyecto Rhodes, con una inversión de 11.800 millones de euros, ya recibió el visto bueno de impacto ambiental. Constará de ocho edificios de centrales de datos, una subestación eléctrica propia y una planta fotovoltaica. Parece ser que está diseñado para usar refrigeración por aire, sin consumo de agua, para mitigar el impacto ambiental que reconoce que producirán. Recuerden: nos cobrarán por respirar.

Bien, no son los únicos. Otras compañías, también estadounidenses, tienen en ejecución otros proyectos tanto o más importantes: Microsoft (Madrid y Aragón), Amazon Web Services, el mayor con una inversión e más de 33.000 millones de euros (Huesca y Teruel), y otros en menor medida como Meta -Facebook-, Google y Vantage Data Centers, en Zaragoza, Madrid, Málaga y Toledo. ¿Nos suenan?

Diversos estudios han dado la voz de alarma sobre el impacto de estos proyectos sobre la red eléctrica. De ahí, el Decreto aprobado de urgencia este mes de agosto por el Gobierno español imponiendo las condiciones más estrictas de Europa a esas instalaciones. Y en plena crisis de Ceuta. ¡Chapeau! Que no me parece mal que las empresas extranjeras inviertan en España. Que lo que temo es quedar en manos de las Big Tech estadounidenses para abrir el grifo o encender la luz. Sobre el control de datos que albergan los macro-servidores, esa historia de terror la dejamos para otro día.

En el año 1966, Celso Emilio Ferreiro, uno de los mejores poetas gallegos de la posguerra, marchó a Venezuela harto de la miseria moral de la España franquista. Fue en busca del exilio y se encontró con la emigración; fue en busca de la resistencia y se encontró con unos tenderos. El choque brutal lo plasmó en un libro desolado, ‘Viaxe ao país dos ananos’, que encendió el fuego del infierno en la diáspora gallega.

La diferencia entre la emigración y el exilio es un asunto bien complejo. En principio, exilio viene siendo tanto como escaparse, huir de un país que nos atenaza y oprime por motivos ideológicos, políticos o de género. Por ello, no hay o no solemos reconocer casos de exilio en las democracias. El caso es diferente en las dictaduras, donde se le niega a la gente la libertad de pensar, hacer y vivir. Restringida la horquilla ideológica en la que uno puede moverse, constreñida la sexualidad permitida a los marcos religiosos de rigor, toda huida no solo es legítima sino inescindible de este ambiente opresor. Cuando un hombre no tiene libertad en su tierra, toda huida es un exilio.

Convendremos en que la Ley de Memoria Democrática de 2022 se hizo mal; en fin, son cosas que pasan. Concede la opción a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados, entendiendo por tales, dice la norma, aquellos que salieran alentados por razones políticas, ideológicas o de género. En los consulados debieron quedar atónitos: ¿cómo se demuestran estas razones? ¿Conservarán los nietos algún certificado de que el abuelo era ateo, homosexual o socialista? Es en este contexto donde la Dirección General de Seguridad Jurídica publicó la ya famosa Instrucción, semejante a otra de 2008 que no fue cuestionada, donde se incorporaba una presunción: todo aquel que saliera de España después del estallido de la Guerra Civil y antes de 1956 se presume exiliado. Visto con el tiempo, y oliéndose ya entonces el hedor de la ultraderecha rondar por el vecindario, hubiera sido preferible que esta presunción se hubiera incorporado al texto de la ley.

La ley se fue cumpliendo y centenares de miles de personas fueron accediendo a la nacionalidad española sin problema alguno. La Instrucción fue recurrida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la demanda por falta de legitimación no sin antes, y será importante recordarlo, denegar su suspensión temporal, dada la ponderación de los intereses en juego y la importancia de que siguiera vigente. La cosa parecía calmada, hasta que el monstruo se despertó.

No ha sido la concesión de nacionalidad a los nietos de exiliados sino la incorporación de estos nuevos españoles al censo electoral lo que motivó el alarido de protesta de la ultraderecha. Pero no se confundan: la protesta es la excusa, es únicamente el instrumento argumental para su gran mentira. Por supuesto, estos ultras saben perfectamente que estos nuevos españoles apenas votarán, que nunca lo harán en masa al Partido Socialista y que jamás decidirán el resultado de ninguna votación. Pero su demanda les permite esparcir su discurso de ponzoña: dando la ciudadanía a los descendientes de los exiliados, el gobierno pretende manipular las elecciones. El mal ya está hecho.

Por desgracia, que no por sorpresa, las demandas cayeron en una Sala del Tribunal Supremo bien abonada y dispuesta a hacerle el juego a estos antisistema. Así que, en una decisión de puro delirio, dicho sea desde una perspectiva jurídica, estos magistrados han acordado estimar la medida cautelar que se les pedía, consistente en suspender el acceso al censo a estos nuevos españoles. Como tal medida, es provisional y queda pendiente de las resultas del juicio y de la sentencia que en definitiva se dicte; pero una medida tan grave no se dicta en barbecho: es evidente que la sentencia final estimará la demanda. En todo caso, la estimen o no, el daño ya está causado; la peste de la sospecha ya pende irremisiblemente sobre nuestras próximas elecciones. Este, y no otro, era el objetivo, copiado de Trump.

En su decisión, la Sala parte de un grave error de principio: argumenta que suspende el acceso al censo para no alterar el resultado electoral deseado por los españoles; sin embargo, olvida que las personas cuyo acceso al censo ha suspendido son también españolas. Esta disociación, como ha manifestado mucha gente, no puede resolverse de forma sensata, porque el pleito abierto en el Supremo tiene por objeto el derecho al voto, pero en ningún caso la nacionalidad. Así que la sentencia definitiva que el Supremo dicte vendrá a decirnos que estos nuevos naturalizados serán españoles, pero no pueden votar. Y aquí ya tendremos que abrir la Constitución para leerles el artículo 23: salvo inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio, todos los españoles pueden votar.

Al ser un mero auto de medidas cautelares, el Supremo no desciende mucho en el contenido material del debate, pero parece inferirse que, en el fondo de la controversia, estos magistrados cuestionan, como los ultras y viejos franquistas, el contenido de una Instrucción que convierte en exiliado a todos los que marcharon de nuestro país en la posguerra. “¡Con lo bien que se estaba en España en 1949!”, habrán dicho, “si se fueron, será porque les apeteció o para ganar más dinero; si eran perseguidos o se fueron por discrepancias ideológicas, o porque tenían una sexualidad dudosa, que lo demuestren con papeles, ¡qué menos!”. Una pena. En el alma de esta decisión, avanzada en el auto de medidas, resuenan los privilegios de español viejo, resabios de una casta que confraternizó con el franquismo y que, salvo que se le demuestren, no reconocerá razones ideológicas para dejar la España de Franco; una casta que, por haber prosperado en la posguerra, considerará ilícito que el Estado presuma el exilio en quienes se fueron, porque ellos y sus familias no lo hicieron. En fin, hay un claro trasfondo ideológico y de clase en esta decisión, celebrada por los mismos nostálgicos que la promovieron.

El problema, como digo, es que no estamos ante unos recursos contra la Instrucción de 2022 sino contra una decisión de la Junta Electoral Central relativa a la formación del censo. En realidad, lo que el cuerpo les pide a estos magistrados sería quitar la nacionalidad a los nuevos españoles, arrojando a la hoguera de la nulidad la malhadada Instrucción y exigiendo a los pretendientes que justifiquen la condición de perseguidos políticos de sus antepasados. No lo pueden hacer, me dirán, y es verdad; no lo pueden hacer. Pero últimamente veo hacer tantas cosas que no se pueden hacer y pasar tantas cosas que no pueden pasar, que a estas alturas, convertidos todos mis dedos en huéspedes incómodos, creo que no cabe sino esperar, sin perder el optimismo, que suceda lo peor.

El 26 de agosto pasado, la jueza federal del Distrito Norte de California Yvonne González Rogers autorizó el acuerdo firmado por Meta y los querellantes del caso 4:22-md-03047 (52 fiscales generales) que fijaba una indemnización de 17.000 millones de dólares por los daños causados por la empresa tecnológica con su utilización de técnicas adictivas. No acaba aquí el pleito, porque otros demandantes -Distritos escolares y particulares- no aceptaron el pacto y el proceso continúa abierto. Vale la pena estudiar este caso, que tendrá una repercusión imprevisible en nuestra sociedad. Me interesa sobre todo la primera acusación de los fiscales: “Meta ”monetiza“ la atención de sus usuarios”. (Meta monetizes young users’ attention). ¿Qué quiere decir esto? Pues que la llamada “economía de la atención” que practican las grandes plataformas tecnológicas comercia con la atención de los usuarios, que vende para publicidad. Es su negocio. Para tener éxito necesitan captar la atención el mayor tiempo posible y hacerla receptiva a las informaciones transmitidas por las pantallas. Teniendo en cuenta que el gasto global en publicidad digital se acerca a los ochocientos mil millones de dólares, la lucha por hacerse con el pastel es implacable.

La conversión de la atención humana en una commodity, en un bien económico primario, ha sido muy estudiada (Abeyratne, R. (2025). The Attention Economy and Commodifying the Human Mind). Incluso se ha acuñado la expresión “attentional fracking”, copiada de la explotación extremada de los recursos naturales, para designar las técnicas de captación /extracción de nuestra atención . Libros como The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads, de Tim Wu, o La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, han popularizado el tema.

¿Por qué es tan importante este asunto? Johan Harari, en su libro El valor de la atención, nos advierte en tonos apocalípticos de que estamos sufriendo una epidemia de pérdida de la atención y que eso no es solo un problema de productividad individual, sino una “amenaza existencial profunda para el ser humano y la sociedad”. Parecen palabras excesivas, pero no podemos asegurarlo hasta que no aclaremos de qué estamos hablando. La atención es la capacidad de un sistema nervioso para seleccionar los estímulos a los que ha de responder. Un animal está continuamente analizando los sonidos que percibe y cuando capta alguno amenazador activa su reacción de “alarma” (arousal) y lo analiza con más precisión. Eso es lo que se denomina “atención automática o involuntaria”. Es el estímulo el que capta la atención. La inteligencia humana se caracteriza por poder dirigir las funciones mentales que compartimos con otros animales. Al hacerlo, las transfigura. Un ejemplo especialmente relevante es la atención. Tenemos sistemas de atención automática, que nos hacen atender forzosamente a determinados estímulos - fuertes, nuevos, amenazadores- pero, además, podemos elegir el objeto que deseamos que ocupe el centro de nuestra conciencia. Puedo elegir qué mirar, qué pensar, qué recordar. En eso consiste la atención voluntaria. El lenguaje marca muy bien la diferencia. En un caso, el estímulo capta, atrae, nuestra atención; en el otro, nosotros ponemos, fijamos la atención en un objeto. Esta capacidad, aparentemente tan humilde, es el fundamento de nuestro comportamiento libre. La persona obsesionada por algo, es decir, que no puede dejar de prestarle atención, no es libre. El problema del drogadicto es que no puede dejar de pensar en que la droga es su única razón de existir. El pensamiento oriental puso en la capacidad de concentración la esencia de la inteligencia humana, pero el occidental no supo que hacer con ella. Al estudiar la “atención voluntaria”, se fijó en la voluntad y se olvidó de la atención.

Aquí tropezamos con una de esas disfunciones de nuestro cerebro que he denominado “chapuzas evolutivas”. La atención voluntaria es un triunfo porque nos libera, pero consume mucha energía y nos cansa. Eso no sucede con la atención involuntaria. Asistir a algo divertido nos descansa, porque el trabajo lo hace el estímulo. Nosotros nos dejamos llevar. En cambio, cuando tengo que concentrarme en un trabajo puedo agotarme. Los psicólogos, a partir de la obra de Roy Baumeister, emplean un término -depleción del yo- para designar esa pérdida de energía.

Lo que hacen las plataformas digitales, lo que ahora han identificado los acusadores de Meta, es que están comercializando una vulnerabilidad humana. Por eso son peligrosas. (Por cierto, algo semejante hace la industria del juego, de la droga o del porno). Una de las técnicas adictivas que han identificado es el “scroll infinito”, es decir, la carga automática de contenidos que presentan nuevos estímulos al espectador. Basta mover el dedo para pasar al siguiente. Es una técnica muy elemental que usan desde hace mucho tiempo las granjas avícolas. Para que las gallinas sigan comiendo, una cinta transportadora mueve el pienso, lo que las incita a comer de nuevo.

Esta referencia a las aves me sirve para recordar a Skinner, el psicólogo que está en la trastienda de todas las técnicas adictivas. Hasta tal punto que Mozorov le ha nombrado “patrono de Internet”. No creía en la existencia de la atención voluntaria y pensaba que quien maneje los premios y las sanciones (los reforzadores positivos y negativos) puede dirigir el comportamiento de los individuos. Eso me recuerda que los fiscales que han denunciado a Meta, la culpan también del uso de “dopamine-manipulating recommendation algorithms” (algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina). Las nuevas tecnologías han supuesto el triunfo de Skinner, el debilitamiento de nuestra capacidad de ser libres, la aceptación por nuestra parte de comportarnos como aves de corral o como las palomas que entrenaba en su laboratorio. Tomas de Aquino, en un momento de gran perspicacia, nos previno sobre la tentación de “dejarnos llevar por la facilidad animal”. Pues bien, entregarnos a la atención automática, involuntaria, significa, precisamente eso. Conviene recordar que una de las tareas de la educación es, precisamente, fortalecer la atención voluntaria. Ahora la incluimos dentro de la educación de las “funciones ejecutivas”, encargadas de dirigir la potentísima máquina que es nuestro cerebro. Una parte importante de los déficits de atención que estamos detectando no son trastornos neurológicos, sino educativos. Se nos está olvidando educar la atención voluntaria, y el entorno colabora a esta amnesia.

La prodigiosa eficiencia de las nuevas tecnologías nos invita a una maravillosa utopía: la felicidad fácil. Elon Musk anuncia para 2036 una sociedad donde no hará falta trabajar porque todos tendremos una renta mínima alta gracias a la colosal productividad de la Inteligencia artificial. Pero la “felicidad fácil” es una gigantesca trampa porque supondría abdicar de todo lo esencialmente humano. Las funciones mentales específicamente humanas son difíciles. La racionalidad es más costosa que la emocionalidad, la autonomía lo es más que la servidumbre, la veracidad y el pensamiento crítico son más difíciles que la mentira y la credulidad. La democracia y la justicia son extremadamente exigentes. Harari ha pensado que la felicidad química completaría el sueño. EL sociologo francés Jean-Claude Kaufmann lo ha resumido en el título de un libro que les recomiendo: Cèst fatigant la liberté. La libertad es pesada. Hasta tal punto que al nostálgico Rousseau le sugirió una paradoja: Habría que obligar a la gente a ser libre. Uno de los efectos de esta llamada a la felicidad fácil es la aceptación de los sistemas autoritarios que los ingenuos piensan que nos solucionaran los problemas sin necesidad de que nos impliquemos.

El réquiem por la atención voluntaria, es, en realidad el réquiem por nuestra libertad. Hari tenía razón. Como soy optimista espero que la atención, como el Ave Fénix resurja de sus cenizas. Otro día les explicaré cómo la educación puede y debe asumir esta tarea.

La oleada de PISA de este año ha estado dedicada a la competencia científica. Los resultados han empeorado con respecto a 2012 y 2015, y son estables con respecto al resto de oleadas. La competencia lectora iguala por abajo a los resultados de 2006, y los de matemáticas son los peores de la serie. Ambas competencias pueden estar sujetas a un margen de error estadístico mayor, pues la prueba está mejor calibrada para Ciencias.

Si bien los resultados son malos, pues no avanzamos, los titulares son matizables. El peor resultado en 25 años solo es cierto en matemáticas. Según las estimaciones de la propia OCDE —quien elabora el informe—, las diferencias entre algunas oleadas varían por error aleatorio, no por diferencias reales. Es el caso de las puntuaciones de ciencias (2006, 2009, 2022 y 2025), matemáticas (2005) y lectura (2006 y 2025), que no difieren de forma estadísticamente significativa de la media de PISA 2025.

En todo caso, apreciamos una tendencia a la mejora hasta 2015, y luego empeoramiento. Quienes lo atribuyen todo a problemas españoles tendrán que explicar por qué España contamina al resto de la OCDE, pues los resultados son generalizados. Además, las competencias educativas están gestionadas por cada gobierno autónomo, habiendo comunidades que más o menos aguantan en ciencias (como Canarias).

El sospechoso más popular está siendo la tecnología. La tecnología, en tanto que herramienta, puede usarse de forma correcta o incorrecta. Podría ser que los cambios sean más rápidos que nuestra capacidad para sacarles partido. La respuesta fácil es la ludita: todo lo que se pueda enchufar, a la hoguera. La respuesta inconsciente es asumir que se está usando bien. La respuesta más realista necesita de estudios más afinados. La respuesta fácil cuenta con otro aliciente: la distinción.

Cuando solo los hijos de la élite tenían acceso a dispositivos, las clases medias aspiracionales estaban convencidas de las incontables ventajas de todo lo electrónico. Ahora que todo el mundo cuenta con dispositivos, a la élite le parecen vulgares, y las clases aspiracionales también luchan por sacárselos de encima.

El cambio tecnológico no es el único hecho que ha afectado a muchos países de forma simultánea. La oleada de PISA de 2018 se realizó a adolescentes que tenían cinco años en la Gran Recesión. A diferencia de las oleadas anteriores, han vivido toda su escolarización en familias tensionadas por los ajustes económicos y en un sistema educativo que ha sufrido diferente tipo de recortes. La tecnología puede ser importante, pero la inversión educativa, las condiciones de trabajo del profesorado y la calidad de vida de las familias, también. Habrá que estudiar las diferentes hipótesis con más detalle, más allá de la espuma de los titulares.

Cada nuevo curso se abre como una ventana de posibilidades. Los docentes somos alfareros pero, en vez de arcilla, nuestra materia prima son unos estudiantes que se dejan modelar. Aprender es avanzar hacia un punto de no retorno que de repente permite ver algo de un modo muy distinto. Este curso académico, además de la ventana de oportunidades, surge también con una gran preocupación: la Inteligencia Artificial.

El año pasado fue desalentador comprobar que muchos de los trabajos que les pedíamos a los estudiantes estaban elaborados, en parte o en su totalidad, por una inteligencia no humana. Y lo peor fue aceptar que en muchos casos no podíamos demostrarlo y teníamos que enfrentarnos a unos alumnos que lo negaban y, por supuesto, también a unas familias que los defendían. Esa necesidad de verificación despertó en los docentes un sentimiento de desconfianza y de frustración, pero también lo generó en unos estudiantes que se angustiaban porque un trabajo demasiado bien hecho podía ponerse en entredicho.

Los resultados de PISA muestran una enorme caída de las habilidades lingüísticas y de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria. Tampoco es ninguna sorpresa. Lo que el informe también sugiere es que un porcentaje altísimo de estudiantes emplea la IA para resumir textos y hacer trabajos escritos. Me despierta muchas dudas que esa forma de trabajo, la ausencia de selección de información y la renuncia de la creación, pueda consolidar habilidades como la lectura y la escritura.

¿La IA ayuda a ganar tiempo o simplifica los aprendizajes? Llevo tiempo haciéndome esta pregunta. ¿Aquel que decide elaborar algo con IA sabría hacerlo también por su cuenta? Aprender es tropezarse, pensar y rehacer. No es reducir el aprendizaje a pedirle a una inteligencia no humana que te resuelva un reto en segundos. Y sirve para cualquier ámbito. No seré yo quien niegue que quizá nos estemos pasando al depender demasiado de la IA.

Este año me he propuesto implementar algunos cambios en mi manera de impartir las clases de lengua y literatura. Mi objetivo, no exagero, es evitar por encima de todo que mis estudiantes me presenten trabajos hechos con IA. Así que plantearé tareas más breves que puedan realizarse en sesiones individuales, pediré evidencias de los trabajos realizados (como borradores, esquemas, revisiones), priorizaré el trabajo en el aula, a mano y cada vez con menos pantallas, intentaré facilitarles fuentes de información cerradas –y digo intentaré porque es muy complicado con un mundo digital apoteósico–... Y lo más difícil, porque las clases son de 30 estudiantes o más por aula: evaluaré de forma oral siempre que sea posible.

Pero ¿es todo culpa de la IA? Lo cierto es que el descenso del nivel académico viene ligado a una serie de catastróficas desdichas. PISA alerta de que los estudiantes tienen dificultades para entender textos de más de 400 palabras. El uso de móviles y la inmediatez de un mundo que exige que todo suceda deprisa seguro que tiene algo que ver, así como la falta de concentración. Ya hay videos en internet que muestran a alguien hablando en una pantalla dividida con una partida de juego para captar la atención de los usuarios. Y por supuesto el confinamiento durante la pandemia sin duda dejó vacíos en los estudiantes de hoy.

En educación, por desgracia, a veces cuesta encontrar espacio para los matices. Parece que rechazar la IA en el aula y querer mantener alejadas las pantallas, visto lo visto, implique renunciar a la educación digital y al pensamiento crítico. Lo que digo es que, por ahora, prefiero centrarme en lo más urgente porque los resultados no son muy esperanzadores y, además, falta tiempo. Parece que afirmar que algunas asignaturas se trabajan mejor por grupos de nivel sea apostar siempre por la segregación. Lo que defiendo es que un estudiante puede ser brillante en unos campos y tener más dificultades en otros, y que adaptar el ritmo de aprendizaje en un área concreta puede permitirle recibir un mejor acompañamiento. Parece que defender las clases magistrales de vez en cuando y apostar por la sobriedad en el aula quiera decir repudiar para siempre la gamificación y el bienestar de los estudiantes. Divertirse y estar a gusto aprendiendo es fundamental, pero no me parece un mensaje oportuno hacerles creer que todo en la vida se consigue con una sonrisa. La reflexión sosegada también puede ser emocionante.

Como digo, no todo es blanco o negro, y si algo he aprendido en todos estos años de docencia es que en educación nada es para siempre, y hace falta prueba y error para implantar cambios y que la mejor metodología es la suma de todas ellas. Siempre he defendido la escuela inclusiva, pero no se puede empezar la casa por el tejado ni implantar un nuevo sistema educativo sin dotarlo de los recursos necesarios y formación. Y en nuestro caso fue más o menos así, y a falta de recursos me refiero a que las aulas están masificadas y que faltan docentes.

En muchos casos, los docentes no nos sentimos capacitados para asumir tanta diversidad. Antes las clases eran bastante más homogéneas que ahora y ese nuevo paradigma necesita, por tanto, una infraestructura radicalmente distinta. Llegar a todo el mundo significa adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada uno, por supuesto, pero en ningún caso puede significar renunciar a unos mínimos exigidos porque si no se pierde rigor en la calidad del sistema y se prepara peor a los estudiantes.

E insisto: eso no quiere decir rechazar unas aulas tan diversas. Se trata de una realidad y, como tal, requiere respuestas a preguntas que antes no nos hacíamos. Y dinero, porque al final todo se resume en lo mismo: si queremos un sistema educativo fuerte y de calidad, hace falta más inversión y, de paso, que la sociedad crea más en él.

España tiene jurisdicción para investigar los hechos denunciados en la querella presentada contra Julio Iglesias por dos mujeres por presuntos delitos de violencia sexual, física, psíquica y de trata de seres humanos con fines de servidumbre. A pesar del decreto de archivo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 2026, dictado en las diligencias preprocesales 2/2026.

Sin entrar a valorar el contenido de los indicios racionales de criminalidad sobre los hechos, que compete a la plaza que corresponda de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antes Juzgado Central de Instrucción), es importante conocer que nuestro país sí tiene potestad para investigar y juzgar, entre otros, los delitos sexuales y de trata de seres humanos cometidos por españoles en el extranjero.

Es cierto que, después de que la España democrática fuera pionera en la persecución de los crímenes contra la humanidad de otros países - eso sí, sin perseguir nunca los crímenes del franquismo-, las sucesivas mayorías parlamentarias fueron restringiendo la jurisdicción universal. Primero en 2009, después con recortes drásticos en 2014. Por presiones políticas y económicas de países como Israel, EEUU o China, abandonamos la persecución de crímenes cometidos contra víctimas españolas o por españoles en el extranjero en demasiados casos.

Pero seguimos firmando tratados internacionales, y pese a las restricciones que condicionaron la perseguibilidad en España de delitos como el genocidio, el vigente artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es claro al respecto: la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles fuera del territorio nacional con unos requisitos que se cumplen en este caso: que sean hechos susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (apartado l) o delitos de trata de seres humanos (apartado m), siempre que el procedimiento se dirija contra un español. Con la excepción, que no concurre en el presente caso, de que ya se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional o en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, exigiendo además que sea un proceso efectivo.

Dicho de modo muy simple: un tribunal español -en concreto la Audiencia Nacional- pudo juzgar a Luis Rubiales por agresión sexual cometida en Australia no porque la víctima Jenny Hermoso fuera española: bastaba con que lo fuera el investigado.

Profundizando en la fundamentación jurídica, el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 140/2018 avaló la reducción drástica de la jurisdicción universal llevada a cabo por la LO 1/2014 -desestimando el recurso interpuesto por 50 diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Socialista-. Pero dejó un resquicio importante para la decisión de cada caso por los juzgados y tribunales a través del control de convencionalidad. Con base en los artículos 96 y 10 de la Constitución, y los art. 30 y 31 de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, el TC dice que el artículo 96 no atribuye superioridad jerárquica a los tratados sobre las leyes internas, pero un juez ordinario puede inaplicar una norma interna contraria a la protección de los derechos humanos establecida en los tratados internacionales, en este caso las limitaciones de la jurisdicción universal del artículo 23 de la LOPJ: “No supone un juicio sobre la validez de la norma interna, sino sobre su mera aplicabilidad, por lo que no se plantea un problema de depuración del ordenamiento de normas inválidas, sino una cuestión de determinación de la norma aplicable en la solución de cada caso concreto, aplicación que deberá ser libremente considerada por el juez ordinario”.

El artículo 23.4. l) y m) cuando reconoce la competencia de España para enjuiciar violencia sexual, no fue una locura del legislador: se basó en las obligaciones asumidas en el Convenio de Estambul aplicable a la violencia física, psíquica y sexual contra las mujeres, y el Convenio de Varsovia sobre trata de seres humanos. El artículo 44 del Convenio de Estambul, regula precisamente la extensión de la jurisdicción penal (o extraterritorialidad), con el objetivo de evitar que los agresores utilicen las fronteras para quedar impunes. Esta norma obliga a los Estados firmantes a perseguir penalmente los delitos cometidos en el extranjero si el presunto agresor es nacional (entre otros supuestos). Es el principio de personalidad activa. Es más, este Convenio del Consejo de Europa, que es el tratado más importante vigente en España sobre derechos de las mujeres, contiene incluso para los delitos más graves, incluyendo la violencia sexual y la violación de su artículo 36, la excepción al principio de doble incriminación: obliga a perseguir penalmente al autor español incluso si ese acto no es considerado delito en el país donde se cometió, y sin exigir denuncia previa de la víctima que se encuentra en el extranjero.

Las feministas defendemos el derecho de las querellantes a obtener justicia, y reivindicamos que estas normas nacionales e internacionales no solo protegen a las mujeres contra las violencias machistas, que a su vez son consecuencia histórica de la desigualdad. La jurisdicción universal es una consecuencia de los derechos inalienables propios de la dignidad humana. En tiempos en los que otros países parecen renegar del consenso civilizatorio alcanzado tras una guerra contra los fascismos europeos, y regresar a la “ley del más fuerte”, defendemos con orgullo estas normas contra la impunidad, la justicia, que es la herramienta que creamos frente a los abusos de los más poderosos. El Estado de Derecho no se concibió para que lo cumpliera el pueblo, este cumple las normas también en los regímenes autoritarios. Se concibió para que el Estado cumpla su propio Derecho. Que no se rompa.

La vida de mi padre ha sido capicúa: empezó dura y terminó dura.

Nació en Úbeda en 1954, hijo de dos migrantes de Membrilla, Ciudad Real, que habían llegado a la ciudad tratando de abrirse paso en la vida. Pocos años y algún traspié después, tuvieron que trasladarse a Madrid, al barrio de Usera. Y, tiempo después, terminaron por comprar un piso en el barrio de Zarzaquemada, en Leganés. Allí creció con sus hermanas, Joaquina y Pepa. Mi abuelo trabajaba en la obra y mi abuela en casa. Se mataron a currar para sacar adelante su familia toda su vida.

Mi padre vivió un tiempo hermoso y turbulento y lo vivió a fondo. Se implicó políticamente desde muy joven. Tuvo que empezar a trabajar con 14 años y poco después se afilió a la UGT. En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, entró en contacto con el PSOE a través de sus profesores. Siempre admiró a Gregorio Peces-Barba y lo consideró un referente.

En contra de lo que pueda pensar el tuitero promedio, fue en esos años cuando experimentó la única privación de libertad de su vida. Durante el servicio militar en Segovia fue descubierto con otros compañeros militantes de izquierda en actividades “subversivas” y pasó meses encarcelado hasta la primera amnistía del Rey Juan Carlos I en 1976. Poco después, se casó con mi madre, Mar.

En 1979 fue elegido alcalde de Leganés, revalidando mayoría en 1983. Poco después dimitió para asumir la presidencia de la primera Asamblea de Madrid.

Entre 1987 y 1995 fue miembro de los gobiernos de Joaquín Leguina, asumiendo las consejerías de Cultura primero y Hacienda después. En 1992 se divorció de mi madre y establecieron uno de los hitos de mi vida: mantener una relación de amistad tras separarse que ha durado hasta la muerte, en la que tanto mi madre como su pareja, Manolo, le han acompañado. Desconozco si es habitual decir algo así en un obituario, pero es algo que un hijo tiene que agradecerles toda la vida.

De sus compañeros y colaboradores de ese periodo de actividad política institucional estuvieron acompañados sus últimos días: Chema, Cati y Enrique, Juan y Olga. Amigos que lo han querido y acompañado siempre.

Tras las elecciones de 1995 y la pérdida del gobierno regional para la izquierda (nunca más hemos gobernado la Comunidad de Madrid), fue designado Vicepresidente de Caja Madrid y también inició una actividad profesional como abogado que mantuvo hasta jubilarse en 2020.

De ese periodo y su actividad se derivó la condena judicial por el uso de las conocidas como tarjetas black. Vivió con dolor y desgarro un episodio que sentía que manchaba su trayectoria y su vida de una forma que nunca entendió ni aceptó. Hubo ausencias, hubo amigos leales y hubo quien, sin aprobarlo ni reírle las gracias, le siguió acompañando. Personalmente, nunca quise hacerme responsable de actos y decisiones que no me correspondían, le trasladé mis desacuerdos y traté de acompañarlo cuando lo vi sufrir.

También en ese periodo conoció a Begoña, su pareja, que le ha cuidado y acompañado con cariño y entrega generosa hasta el último día. Seguro que ha muerto con gratitud por el arrope.

Por lo demás, mi padre era un hombre culto, ácido y brillante. Le gustaba la música clásica, los toros, no tanto el fútbol como Zidane y, sobre todas las cosas, escapaba a la montaña siempre que tenía ocasión. Leía y recomendaba lecturas. Casi siempre recomendaba bien.

El Valle de Benasque, la Pedriza y Gredos son los escenarios donde fue feliz, pleno. Rodeado de sus amigos de siempre: Susi, Roberto, Purita, José Antonio, Paco y Leles, Merche y José Manuel, sus hijos y toda la fabulosa reunión de gentes que amaban la montaña y el alpinismo, mordiendo un bocadillo (de lomo) en la piedra más plana de cualquier recodo del camino. Creo que lo que mejor se le dio en su vida a Ramón Espinar Gallego fue ser amigo de sus amigos queridos.

Mi padre perteneció a una generación de una izquierda llena de grandeza, que han narrado y vivido con suficiencia y autocomplacencia, y con miserias que la mía, con toda seguridad, ha tratado con crueldad. El ascenso social, el crecimiento económico, la dureza de la llegada a la vida en una familia obrera, el éxodo rural, las ciudades dormitorio y el derecho a la ciudad… Muchos de los grandes temas de la Transición y la consolidación democrática atravesaron a mi padre y los encarnó de forma particularmente intensa con sus grandezas y sus miserias.

Quisieron asombrarnos y admirarnos y recibieron una revisión histórica justa en sus planteamientos pero, seguramente, cruel en su forma de manifestarse. Faltó ternura. Mi padre hizo lo que pudo y supo con las herramientas de su época, se expuso al poder, que es el material más corrosivo para el espíritu, fue un buen tipo y se equivocó más de lo que hubiera querido.

Tuvo un final especialmente jodido, una enfermedad cruel que le hizo dependiente contra su naturaleza de hombre autónomo, hiperactivo y autosuficiente. Espero que hayamos garantizado su dignidad y no haya sentido humillación en los cuidados recibidos. Ha muerto en su casa, sentado en su sillón de orejas hasta casi el último día.

Ha vivido, ha viajado, ha creído y descreído, ha amado, ha sufrido y ha disfrutado. Deja huella, familia y recuerdos.

Su hijo fue un niño que admiró a su papá, un adolescente y joven muy enfadado con su viejo y un adulto que está en paz con el padre que ha perdido. Le lega la pasión política y un cierto sentido de la elegancia, del deber y la lealtad que espera haber aprendido.

Adiós, papá. Descansa.

El próximo 23 de septiembre se celebrarán en Marruecos las elecciones legislativas, las cuartas desde la reforma constitucional del 2011, impulsada por las masivas protestas populares de la “primavera árabe”. El gran reto que afrontan estos comicios es la tasa de participación en esta praxis marcada tradicionalmente por un alto índice de boicot por la población. El desinterés general por este ejercicio democrático refleja el grado de desconfianza de la ciudadanía de los actores políticos dentro de una monarquía ejecutiva que favorece , con una abierta desfachatez , a una élite política amedrentada que existe única y exclusivamente para servir los intereses del régimen.

Esta cita electoral , la sexta bajo el reinado de Mohamed VI, interviene en un contexto político caracterizado a escala regional por una enésima crisis política con España a raíz de la ola migratoria hacia Ceuta , cuyos entresijos siguen generando debate en las dos orillas el mediterráneo. A nivel local , estas elecciones se celebrarán en el marco de una aguda fragmentación del paisaje político en el país donde la población, particularmente los jóvenes, son profundamente escépticos hacia un proceso político incapaz de responder a las legítimas expectativas populares en materia de educación, sanidad, empleo e igualdad social y territorial. La periodicidad de estos comicios y la dinámica constitucional no han sido suficientes para poner en práctica las reformas políticas necesarias para la democratización efectiva del país y la instauración de una verdadera monarquía constitucional. A todo esto se añade la debilidad de los partidos políticos y la ausencia de una verdadera oposición en las dos cámaras del parlamento.

En Marruecos, las urnas no son el reflejo de la voluntad popular porque no implican necesariamente una alternancia pacífica del poder. Al contrario, son una herramienta para consolidar las prerrogativas del rey e instrumentalizar a las élites.

A partir de esta consideración, las elecciones en regímenes como el de Marruecos , son percibidas como un mero mecanismo para acceder a cargos políticos y permiten el surgimiento de una nueva elite que goza de legitimidad y de una cierta “virginidad” política a ojos de la ciudadanía como es el preciso caso del muy popular, Fauzi Lakjaa, un tecnócrata que preside la real federación marroquí de fútbol, quien se presentará a estas elecciones y será a ciencia exacta el nuevo primer ministro. Por lo cual, no se trata de saber quién dirigirá el próximo ejecutivo, sino con qué grado de legitimidad popular ejercería sus funciones.

No es de extrañar que los datos del ministerio del Interior evidencien un retroceso creciente de la tasa de participación en las elecciones que pasó del 58,3% en 1997 al 35,7% en 2007. El número de no inscritos en las listas electorales de las próximas elecciones alcanza 12 millones.

La abstención y los votos nulos son las señas de identidad más relevantes de este truncado proceso de democratización.

La preeminencia de la monarquía, la centralidad del poder, así como el control del pluralismo partidista merced a un sistema electoral viciado, vacían de contenido las elecciones reduciéndolas a un simple canal para la redefinición de las condiciones del acceso al juego político. Se trata para los observadores más avezados de una puesta en escena donde desfilan los actores constantemente y se reparten los papeles bajo las férreas órdenes de un único y exclusivo director. La estructura fundamental del régimen permanece intacta e intocable. La monarquía detentadora de todos los poderes queda eximida de cualquier rendición de cuentas ante la ciudadanía. A esto se le llama, la democracia de la vitrina.

No tengo la menor duda de que, entre los propósitos de los manifestantes del cerco al Parlament, no figuraba el de poner a prueba la capacidad de algunos tribunales de este país para superar los condicionamientos de una jurisprudencia y una cultura de lo penal en materia de ejercicio de ciertos derechos, forjada en decenios de autoritarismo.

Pero lo cierto es que lo consiguieron, con el resultado que, al fin, cabía esperar: la aplicación, por la Sala Segunda, del artículo 498 del Código Penal de la democracia, mera transposición del art. 157,4 del Código Penal franquista, a conductas sin encaje razonable en sus previsiones.

Vale la pena recordarlo: se trata de un delito cuya existencia requiere el empleo de «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave» para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea legislativa autonómica asistir a sus reuniones.

Y lo cierto es que las acciones atribuidas a los manifestantes condenados consistieron en interponerse con los brazos en cruz, seguir o rodear a un parlamentario regional gritando consignas, desplegar una pancarta recriminando las políticas de recortes, o pintar con un spray la chaqueta de una diputada.

Es verdad que esto tuvo como escenario una manifestación convocada con objeto de «parar el Parlament». Pero, consta en la sentencia de la Audiencia Nacional que se trató de acciones producidas dentro del espacio acotado policialmente para la protesta y, sobre todo, desprovistas de la necesaria agresividad. También se sabe que, en el contexto de la concentración, tuvieron lugar otras acciones realmente graves y, asimismo, que el lema de la convocatoria llamaba a frenar la normal actividad de la institución de que se trata. Pero las concretas actuaciones criminalizadas, en sí mismas, carecieron por completo, no solo de los rasgos típicos reclamados por el precepto penal, sino, incluso, o sobre todo, de la menor aptitud para producir aquel efecto perturbador en la dinámica del Parlamento de Cataluña. Mientras que sus actores operaron sin ninguna relación con los desconocidos responsables de aquellas otras.

Así las cosas, es evidente que los condenados lo fueron por conductas banales, penalmente atípicas y, en consecuencia, como efecto de la indebida atribución a ellos de lo pretendido o ejecutado por otros sujetos desconocidos. Con aparatosa vulneración, por tanto, del principio de taxatividad y, en particular, de los de culpabilidad y lesividad, todos de imprescindible observancia en la aplicación de la ley penal.

Como la naturaleza de los hechos no presta el menor fundamento para semejante condena, tan ajena a los principios que acaban de mencionarse como a las reglas que rigen la semántica del lenguaje legal, es del todo plausible pensar que la razón de la desmesura jurisdiccional deberá estar y es legítimo buscarla en otra parte.

Pues bien, sinceramente, creo que lo que exacerbó el rigor represivo del fiscal, primero, y luego de la mayoría del tribunal de la Sala Segunda, fue el íncipit de la sentencia de la Audiencia Nacional. En efecto, y es que esta, en una más que razonable y fundada aproximación al contexto de las acciones de referencia, entendió que, en el tratamiento y la valoración jurídico-penal de las acciones incriminadas no podía omitirse la consideración del marco constituido por la conflictiva realidad social, en que se produjeron. En concreto, la existencia de cientos de miles de personas con grave limitación del acceso al ejercicio de sus derechos básicos; integrantes de sectores sociales deprimidos, en situación de máxima vulnerabilidad. Y, además, en general, con un notable déficit material de representación y de la posibilidad, por tanto, de expresar sus demandas en otro espacio que el, siempre precario, de la calle, objetivamente abierto al riesgo de intervenciones violentas como el materializado en este supuesto.

No hará falta decir que esta observación del tribunal de instancia carecía de cualquier pretensión atenuatoria y menos aún justificativa de las acciones objeto de enjuiciamiento que, además, objetivamente, tampoco la necesitaban. Destinada en exclusiva como estaba a señalar un aspecto relevante del marco, constituido por ese factor de intensa conflictividad social en curso, de obligada consideración en el ámbito interpretativo, a tenor del art. 3,1º del Código Civil. Y, es evidente que respondió al solo propósito de evitar que elementos tomados abusivamente del contexto pudieran llegar a operar en el lamentable sentido en que al fin lo hicieron en la sentencia hoy desautorizada. Es decir, induciendo como indujeron al tribunal a un injustificado forzamiento de categorías, tan obvias en su real significación, como las de «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave». Y tan ajenas a las conductas de los imputados, para los que tuvieron que construirse ad hoc con materiales, traídos por los pelos, de otra procedencia.

El fiscal, en la defensa de su recurso de casación descalificó, obviamente sin razón, tachándola de «ideológica», la sentencia de la Audiencia Nacional. Pues bien, empleando el mismo criterio, con el mejor fundamento después de Estrasburgo: ¿no es esto, precisamente, lo que podría/debería decirse de la sentencia de la Sala Segunda, en cuanto vulneradora de los derechos (libertad de reunión y asociación) del art. 11, a la luz del art. 10 (libertad de expresión), ambos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos?

La gravísima crisis desatada en Ceuta este verano supone ya un hito en el impacto de los movimientos migratorios sobre nuestra sociedad. Poco importa que las cifras actuales de llegada de inmigrantes ilegales estén por debajo de las de hace años o que la criminalidad en nuestro país sea menor que nunca. La llegada masiva de decenas de miles de personas en un solo día ha sido un shock traumático para nuestra sociedad.

Es absurdo tratar lo de Ceuta como un mero problema migratorio. Pero también lo es ignorar esa faceta de la cuestión. En la avalancha inicial influyeron, sin duda, diversos factores geopolíticos. Desde las reivindicaciones marroquíes hasta el deseo de hacer pagar al gobierno español su postura independiente respecto a Palestina y a Trump. Pero no habría sido posible sin decenas de miles de personas deseando emigrar a Europa para mejorar sus vidas.

El gobierno de Pedro Sánchez manejó de manera solvente la emergencia. Negociando con el vecino del sur consiguió que la inmensa mayoría de quienes se habían lanzado al mar y sobrevivido volvieran a Marruecos.

A partir de ahí, sin embargo, infravaloró los efectos reales de la presencia de los pocos miles restantes en la ciudad autónoma y la capacidad mediática de la derecha nacionalista para hacer escalar el problema.

Frente a un gobierno prácticamente desaparecido, prácticamente todo el que desde la derecha podía hacer algo ha ayudado a hacer crecer la inseguridad y el miedo en Ceuta.

La situación allí está lejos de ser normal. Muchos ceutíes están legítimamente incómodos con la presencia en las calles de miles de migrantes abandonados a su suerte e intentando sobrevivir como sea. Esa incomodidad ha ido tornando primero en miedo y después en odio con la ayuda de medios de comunicación, opinadores y políticos irresponsables.

La experiencia demuestra que prácticamente todos los estallidos racistas, los pogromos y las persecuciones responden siempre a ese sentimiento primario de temor. Antes de cualquiera de estas explosiones sociales contra judíos, gitanos, musulmanes, tutsis o rohinyas hay un periodo en el que se convence a la población local de que el grupo que sea es una auténtica amenaza. Se consigue apelando a los sentimientos más básicos de la gente, normalmente con mentiras, medias verdades y exageraciones.

Lo de Ceuta sigue esa pauta. Rumores que exageran supuestos robos y saqueos; bulos sobre violaciones; lenguaje belicoso en los medios: hablan de invasores para referirse a un puñado de chavales desarmados y desnutridos. Llaman emboscada a que alguien tire cuatro piedras contra un vehículo blindado. Cóctel molotov a un bote de salfumán. No se trata de minimizar la dura situación de Ceuta, pero sí de situarla en su justo término.

El abandono de un gobierno autocomplaciente está permitiendo que la presencia de migrantes se use para incentivar el racismo y la violencia.

Si de verdad Ceuta es España, lo que deberían reclamar los opinadores muy españoles es que se apliquen allí las leyes españolas. Si de verdad el Gobierno apuesta por la normalidad, ídem de lo mismo.

Aplicar la ley, en primer lugar a los migrantes. Siguen en vigor las leyes que prohíben la expulsión colectiva y exprés de menores. Las leyes que obligan a estudiar individualmente las peticiones de asilo que tengan cierta base y las que permiten devolver a su país a otros migrantes. Todas deben aplicarse sin demora.

También hay leyes que prohíben tomarse la justicia por su mano y que castiga a quien da palizas por la calle, especialmente las motivadas por el color de piel de la víctima, y a quien incendia bienes ajenos y atemoriza a los demás. También esas leyes deben ser aplicadas.

Reivindicar en este momento el Estado de derecho en Ceuta es la mayor utopía. Tenemos columnistas muy relevantes justificando y minimizando las palizas raciales. Hay evidencias de que las fuerzas de seguridad están actuando con distinta intensidad según la raza y nacionalidad de los autores de infracciones. Incluso tenemos que escuchar a jueces difundiendo bulos que acusan a migrantes de ataques sexuales cometidos por españoles o incidiendo desde Ceuta en el falso tópico de que los extranjeros delinquen más que los nacionales.

Cuando los creadores de opinión, la policía y hasta la propia judicatura se suman a la ola racista y aprovechan sus respectivas atalayas para echar leña al fuego, se vuelve extremadamente difícil recuperar la plenitud del Estado de derecho. Aun así, sigue siendo responsabilidad del gobierno conseguirlo.

Quienes tienen miedo de que la llegada de gente de otros lugares acabe con nuestra forma de vida deberían ser conscientes de que esa forma de vida se basa en el respeto a los derechos de todos y el pluralismo, esencialmente a través de la ley. Renunciar a la ley y volver a la barbarie sí que es una amenaza.

Es bien conocido que el encasillamiento de las personas en dos banderías, de derechas o de izquierdas, fue achacado por Ortega y Gasset a nuestra hemiplejía moral. Lejos de enmendarnos, ese vicio lo hemos extendido a ciertas aficiones, como las controvertidas tauromaquia y caza, gracias a los efectos catalizadores de las peroratas de parte de la derecha española. Los nuevos valedores han conseguido captar prosélitos incapaces de admitir las crueles inherencias de esas actividades, y lo han hecho tan desaforadamente que incluso han llegado a pervertir la enseña nacional al sustituir, durante sus exaltaciones chovinistas, el escudo real que tanto lustran por un toro zaíno.

La apropiación de estas actividades crueles por algunos partidos, además de ominosa, carece de fundamento porque el maltrato, sea de animales o de personas, no es exclusivo de una tendencia política concreta. De hecho, las principales limitaciones a la crueldad de la tauromaquia han provenido de la derecha más extrema, y las escasas contiendas con la izquierda se han limitado a espurios desafíos para ser el mayor defensor del maltrato animal por tradición. Por ejemplo, los mayores embistes a la ortodoxia de las corridas y su profusión se deben al dictador Primo de Rivera. En 1928, con uno de sus derrotes habituales, impuso el uso del peto en los caballos, eliminando así el dantesco espectáculo de equinos reventados, tripajes sueltos por la arena y boñigas revueltas con sangre, que tan acertadamente describía Blasco Ibáñez. Los monosabios se alegraron por la minoración en las faenas escatológicas, los picadores rodaron menos por el albero, y los empresarios ahorraron en emaciados jamelgos de desvieje. Sin embargo, el “respetable” protestó violentamente con barahúndas y algazaras que llegaron a amedrentar las fuerzas del orden, provocando varios fallecidos, como también ha relatado Manuel Vicent.

Las medidas antitaurinas del dictador filo-fascista no terminaron ahí, porque ese mismo año prohibió las crueles capeas de aficionados, y al año siguiente incluso la entrada de menores de catorce años a las corridas de toros. Para ello, Alfonso XIII sancionó un Real Decreto que se mantuvo en vigor durante toda la II República y la dictadura franquista, hasta que el gobierno socialista de González y Guerra anunció el regreso de los menores con el nuevo Reglamento Taurino de 1992 porque, según el vicepresidente, nadie le iba a impedir asistir a los toros con su hijo. Y en esas seguimos hasta ahora, a pesar de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para la prohibición de la entrada a menores de 18 años a las corridas de toros.

El apoyo del PSOE a la tauromaquia no ha cesado desde entonces en la Corte y provincias. Por su carácter cruel y sangriento, la tauromaquia siempre había estado incardinada en el Ministerio del Interior (o el equivalente de la Gobernación), pero el gobierno de Zapatero tuvo una revelación en 2011, y consideró que la matanza ritual de un cornúpeta con toda suerte de armas blancas punzantes, cortantes y contundentes era una manifestación cultural que debía ser protegida, enjaretando así la tauromaquia al Ministerio de Cultura. Eso no fue suficiente, y el mismo año instauró el Premio Nacional de Tauromaquia para reconocer a los que promocionaban nuestra mayor vergüenza nacional como Bien de Interés Cultural (el premio fue finalmente suprimido en 2024 por el actual gobierno de coalición). El gobierno de Rajoy no podía ser menos, y solo tardó dos años en distinguir la tauromaquia como patrimonio cultural. En 2025, una decidida iniciativa legislativa popular aportó 715.000 firmas al congreso de los diputados para que la distinción del gobierno de Rajoy fuera debatida en parlamento, pero la trinca PP, VOX y PSOE, más algunos adminículos, osaron negar el debate democrático.

En las distintas comunidades autónomas la historia se repite. Aragón es un ejemplo de provincianismo sustentado por políticos pusilánimes que también cierran filas ante la promoción del maltrato animal. Por no cansar al lector, me limitaré a comentar la escandalosa modificación en 2023 del reglamento de festejos taurinos populares por el abigarrado gobierno de Lambán. De manera muy sutil y felona retiraron del reglamento de 2001 un párrafo que incluía un requisito clave para la celebración de los espectáculos más crueles, denominados “especiales”, como el toro de fuego, ensogado, etc. Ese requisito consistía en la necesidad de arraigo y celebración ininterrumpida como canon al vertido de crueldad hacia los animales; ahora, barra libre. Por supuesto, el actual gobierno PP-VOX aragonés no podía ser menos en la defensa de la matanza pública de rumiantes, así que, recientemente han manifestado la intención de clasificar a los festejos taurinos como BICs, y han seguido incrementando las ayudas a las escuelas taurinas, etc.

Por último, conviene recordar que el regidor de Pamplona, que tanto ha disfrutado con los espectáculos taurinos de sus sanfermines y la muerte de los toros entre meriendas y charangas, no es precisamente de extrema derecha, sino de EH-Bildu. ¿Quién podría imaginar que VOX y Bildu pudieran ser tan afines en cuanto al maltrato a los animales?

Con este resumen quiero concluir que la tauromaquia no pertenece a la derecha ni a la izquierda, sino a los insensibles al sufrimiento más atroz de los animales como consecuencia de un antropocentrismo desmedido. La hemiplejía moral no es más que un síntoma. Mucho más grave es la profusión de disfuncionales de la conmoción y empatía con los animales que, entre habanos y caldos reserva, o tagarninas y calimochos, dicen ver un arte justificador de la sangre vertida, heridas, degüellos y muerte de animales. Así hemos convertido el ruedo nacional en una pecina hedionda por la descomposición de la sensibilidad y la cultura española proba.

La crisis de Ceuta puede analizarse como una crisis migratoria, como una crisis diplomática o como una batalla política. Pero ninguna explica por sí sola por qué decenas de miles de personas estuvieron dispuestas a correr un riesgo tan extremo.

Veamos algunos aspectos del relato político, de la frontera y su militarización, de las causas económicas, sociales y de seguridad de las que huyen muchas de estas personas. Y sobre todo, veamos quién debiera asumir responsabilidades de lo más importante, los 141 muertos, muchos de ellos niños y jóvenes.

La batalla política por el relato

No solo importa lo que ocurrió, importa cómo llamamos a lo que ocurrió. En esta línea, puede ayudar a entender lo ocurrido el 30 y 31 de julio en Ceuta, una investigación académica de 2025 de Gabrielli y Garcés sobre los discursos utilizados por los medios en la crisis de 2021, que analizó cómo las narrativas pasaron a representar a los migrantes como armas, convirtiendo una cuestión migratoria en una cuestión de seguridad y amenaza híbrida. Es decir, si optamos por utilizar el término migrantes y víctimas se produce una historia, si elegimos invasión y amenaza se produce otra.

PP y Vox han ofrecido el relato político que más les interesa en sus ambiciones electorales, el problema es una política migratoria española demasiado permisiva y una frontera insuficientemente controlada, que ha permitido una invasión. En términos formales, nada de lo anterior es cierto. Quienes utilizan este enfoque de criminalización de las migraciones, deben saber que han producido una enorme explosión de discurso de odio. El sistema FARO detectó 9.590 mensajes de odio solamente los días 30 y 31 de julio.

Pero no es un problema local, Trump calificó el episodio de invasión y lo utilizó explícitamente como argumento de política interna estadounidense. Dijo que algo parecido podría ocurrir en Estados Unidos si los republicanos perdían las elecciones. Algo parecido ha hecho la primera ministra italiana líder del partido xenófobo Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tras su decisión de suspender la libre circulación entre Italia y España por la crisis en Ceuta. No es seguridad, es política.

La frontera de Ceuta ya estaba militarizada

La muerte de 141 personas en el paso de la frontera de Ceuta demuestra que cuando decenas de miles de personas la atravesaron el 30 de julio, no estaban dando un paseo. Ceuta no era una frontera abierta ni poco vigilada antes del 30 de julio, era ya una de las fronteras más securitizadas de España y de la UE. La frontera de Ceuta combina barreras físicas, vigilancia marítima, cámaras, sensores, sistemas biométricos y cooperación policial con Marruecos.

El perímetro terrestre de Ceuta ha pasado por sucesivas generaciones de fortificación diferentes vallados, carreteras y pistas de patrulla, iluminación, cámaras, torres de vigilancia y sistemas de detección. Paralelamente está el componente marítimo con patrulleras y vigilancia costera. La frontera también se ha ido securitizando tal y como se han ido introduciendo tecnologías de control fronterizo, como demuestran investigaciones sobre la industria europea de fronteras, una del Transnational Institute y el Centre Delàs y otra de Por Causa en colaboración también con el Centre Delàs documentan contratos para cámaras, identificación biométrica y reconocimiento facial en Ceuta y Melilla, además de la progresiva sustitución de la barrera puramente física por dispositivos de detección y control automatizado. Un buen ejemplo de ello es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que combina radares, cámaras y sensores.

Como vemos, una frontera como la de Ceuta puede estar extraordinariamente securitizada y, sin embargo, no ser capaz de impedir una entrada masiva cuando se produce una movilización de esas dimensiones al tiempo que empuja a arriesgar o perder la vida a quienes quieren atravesarla.

Al enfoque militarizador de la gestión migratoria hay que añadir que externalizar la frontera crea una vulnerabilidad que complica la gestión de la misma. Blanca Garcés lleva años sosteniendo que la instrumentalización migratoria no es una anomalía externa al sistema europeo, sino en parte una consecuencia del propio modelo de externalización. Europa paga, negocia o coopera con terceros países para que detengan a los migrantes antes de alcanzar su territorio. Eso concede a esos estados capacidad de presión. En el caso de Ceuta existe una arquitectura que hace posible que Marruecos posea esa palanca y la ciudad autónoma es una pequeña ciudad europea situada físicamente en África, colindante con un país con enormes diferencias de renta respecto de la UE.

¿Por qué migran los jóvenes africanos?

Europa no es solamente un territorio cercano. Es un territorio imaginado y, lógicamente deseado. Es sobradamente conocido que existe una enorme población potencialmente expuesta a precariedad y falta de perspectivas al otro lado del estrecho. En la explicación de lo ocurrido no podemos olvidar que las dificultades económicas persistentes, falta de opciones laborales y creciente incapacidad de muchos jóvenes para mantener unas condiciones de vida dignas explican por qué había tanta gente dispuesta a correr el riesgo. El paso de la frontera no se dio porque todos hubieran sido engañados por una mafia, o instigados políticamente, sino porque la posibilidad de Europa ya tenía valor suficiente para hacer que una oportunidad excepcional pareciera racional, incluso si era peligrosísima, como demuestra el gran número de fallecidos en la tragedia de Ceuta.

Este argumento es sustentado por varios análisis rigurosos. Carnegie publicó: The Migration Wave That Embarrassed Morocco and Rattled Europe, en el que Sarah Yerkes sitúa entre las causas fundamentales las dificultades económicas persistentes y, especialmente entre los jóvenes, la falta de perspectivas laborales y la incapacidad creciente de muchas familias para cubrir sus necesidades. Las redes sociales pueden movilizar, pero no crean de la nada a decenas de miles de personas dispuestas a correr semejante riesgo. Le Monde entrevistó a jóvenes con estudios, empleo e incluso hijos que, aun así, tenían salarios próximos a la pobreza, vivienda inaccesible, precariedad y la sensación de que era imposible construir una vida adulta autónoma. Una joven de 19 años relataba jornadas de 12 horas y un salario de 3.000 dirhams mensuales (unos 280€). No necesariamente huye únicamente quien no tiene absolutamente nada, también migra quien tiene suficiente información para comparar su vida con otra posible, pero carece de vías realistas para alcanzar esa vida dentro de su país o no tiene la opción de hacerlo mediante migración legal.

En la misma línea, una investigación de Hasnaa Boucetta Idrissi publicada en 2026 en la Universidad Mohammed V sobre jóvenes de Nador, muestra una población marroquí en la que se da una combinación de dificultades económicas, falta de oportunidades, marginalización, búsqueda de dignidad y aspiraciones migratorias. Además, un estudio etnográfico de Idrissi, Touhtou y Feixa de 2024, con jóvenes de la ciudad marroquí de Salé, encontró que la aspiración migratoria no es solo económica, también intervienen la presión social por triunfar, las expectativas familiares, la precariedad, la sensación de que el Estado no puede ofrecer una vida digna y los imaginarios de movilidad.

Además, la crisis de Ceuta no es una única migración. Dentro de las decenas de miles hay historias completamente diferentes. HRW entrevistó a personas procedentes de Marruecos, Sudán, Chad, Senegal, Somalia, Túnez, Yemen, Argelia, Siria, Egipto y Palestina. Muchos habían pasado años en viajes migratorios y querían solicitar asilo. El testimonio de Mahmoud, un palestino de Gaza de 36 años, puede servir para entender la gravedad de la situación: “Me quedé arriba en las montañas durante 10 días antes de bajar a la playa con los demás. Esto apenas es vida, pero digo alhamdulillah (alabado sea Dios), no es nada comparado con lo que está pasando mi familia en Gaza”. O el de Fátima, una mujer de 47 años de Tetuán, que explicó que había cruzado con su hijo de 11 años para escapar de un marido que la maltrataba. O el de Mujahid Ahmed, un sudanés de 42 años que llevaba año y medio en Marruecos, quien explicó que amigos suyos habían intentado cruzar 30 o 40 veces, pagando dinero en cada intento, y que decidió probar cuando vio en los medios a miles de personas avanzando hacia la frontera. Su frase resume otra realidad completamente distinta a la batalla política española. Prefería morir allí antes que regresar.

El insuficiente desarrollo y la guerra como causa

Pero todavía faltan preguntas por responder: ¿tiene Europa o España alguna responsabilidad en la existencia de diferencias de oportunidades y de riqueza entre los países europeos y africanos? ¿Puede Europa ser al mismo tiempo fortaleza frente a los refugiados y una de las grandes regiones exportadoras de las armas que alimentan algunos de los conflictos de los que huyen?

Durante la época colonial, las economías europeas se organizaron en buena medida alrededor de la extracción de materias primas y recursos de los territorios colonizados, mientras las actividades de mayor valor añadido se concentraban en las metrópolis. La independencia política no eliminó automáticamente esa estructura económica. De hecho, hoy la relación no es muy distinta, a pesar de que hay países sobre el papel soberanos, permanece un patrón que organismos como UNCTAD siguen señalando: muchas economías africanas continúan dependiendo de la exportación de sus materias primas a sus antiguas metrópolis, ya que la mitad de estos dependen del petróleo, el gas o los minerales. Negocios que están por lo general en manos de empresas extranjeras, muchas de ellas europeas.

En consecuencia, las africanas son economías que exportan combustibles fósiles y minerales a Europa, que producen riqueza en las empresas europeas, sirven para mantener y crear los empleos en Europa y no producen ni la riqueza ni el número de empleos suficientemente remunerados para su población joven. Nadie puede negar que existe una parte de responsabilidad de Europa sobre la falta de oportunidades de los jóvenes que atravesaron la frontera de Ceuta.

Finalmente, debemos recordar que los Estados europeos y sus empresas forman parte de las cadenas internacionales de armas y financiación que han contribuido a armar a varios de los actores que participan en muchos de los conflictos de los que huyen muchas de las personas que han llegado a Ceuta.

En el informe de 2017 del Centre Delàs se demostró que el 29% de las exportaciones de armas europeas autorizadas entre 2003 y 2014 tuvieron como destino países en situación de conflicto o tensión y que 26 países receptores importantes de armas europeas, con estas situaciones y grandes flujos de refugiados y desplazados, habían recibido el 7,8% de las exportaciones de armas europeas y habían generado aproximadamente el 75% de las personas refugiadas y desplazadas del mundo durante el periodo analizado.

Los datos actuales muestran que las tendencias de antaño siguen vigentes. El SIPRI Yearbook 2025 tiene un capítulo específico sobre Conflicts, tensions and arms transfers, cuya conclusión apunta a que los conflictos armados y las tensiones internacionales son los principales motores de las adquisiciones de armas, y la mayoría de los grandes receptores de armamento utilizaron las armas importadas en operaciones de combate durante 2020-24. En ello incide la European Migration Network, que en su informe sobre asilo y migración de 2024 identifica expresamente como motores de desplazamiento de población la guerra de Ucrania, Gaza, Siria, la guerra civil de Sudán y los conflictos y golpes de Estado en África occidental.

En la reciente crisis migratoria en Ceuta, la primera pregunta que se ha intentado responder ha sido ¿cómo hemos permitido que entren?, mientras que la pregunta pertinente debiera haber sido ¿por qué había decenas de miles de personas dispuestas a entrar? ¿Había algunas que huían de guerras o de economías sin perspectivas? ¿cuánto de las condiciones que las expulsaron tiene que ver con el mismo sistema económico, político y militar del que España se beneficia? ¿Qué parte de nuestra riqueza o abundancia proviene de la pobreza y carencias de los países de origen de las personas que han atravesado la frontera de Ceuta?

Es importante comprender por qué alguien está dispuesto a jugarse la vida para atravesar una frontera. La militarización y securitización explica cómo se intenta impedir que entren. La batalla política explica cómo se interpreta que hayan entrado en base a los intereses electoralistas de unos y otros. Pero ninguna de esas cosas explica por sí sola por qué decenas de miles de personas estaban dispuestas a correr semejante riesgo.

Para entenderlo hay que mirar más lejos. A las dificultades económicas persistentes, la falta de opciones laborales, la precariedad y la incapacidad de muchos jóvenes para mantener unas condiciones de vida dignas. Hay que mirar también a una estructura económica que, desde la época colonial hasta hoy, ha imposibilitado que muchas economías africanas puedan retener a sus jóvenes. Hay que mirar a las guerras y las armas de las que huyen muchos de los migrantes que están ahora en Ceuta. Los jóvenes y menores que han entrado en Ceuta son víctimas de un sistema político y económico que nos beneficia, iguales en dignidad y con el mismo derecho que cualquiera de nosotros a querer una vida mejor.