El rey Juan Carlos de España ascendió al trono en noviembre de 1975, tras la muerte del general Francisco Franco. El dictador lo había designado como su sucesor en 1969, tras una tortuosa pugna entre seis posibles candidatos de sangre real. Los seis eran: los dos candidatos “legítimos” de la casa de Borbón, descendientes del último rey, Alfonso XIII: el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, Juan Carlos de Borbón y Dos Sicilias; Jaime de Borbón y Battenberg, hermano mayor de don Juan, a quien se había convencido de que renunciara a sus derechos en 1933 debido a sus dificultades auditivas y del habla, pero que los reactivó en 1949 con la ayuda económica de Franco; el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre; y dos candidatos de los pretendientes carlistas rivales al trono, don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma. De hecho, Franco había descartado en secreto a don Juan por ser demasiado liberal y a los dos carlistas nacidos en Francia por ser extranjeros, aunque eso no le disuadió en el caso de Juan Carlos, que había nacido en Italia. La misión manifiesta del ganador elegido como jefe de Estado era la perpetuación de la dictadura. En consecuencia, Juan Carlos fue recibido por la izquierda como un títere despreciable y por la extrema derecha como un liberal encubierto. Los temores de la derecha se hicieron realidad cuando, con considerable valentía y determinación, desempeñó un papel clave en liberarse de las ataduras de las leyes e instituciones del Caudillo. Para llegar al trono, Juan Carlos tuvo que pasar los veintiún años comprendidos entre 1948 y 1969 actuando, o siendo manipulado, como uno de los peones en el juego de sucesión ideado por Franco y su eminencia gris, Luis Carrero Blanco. El origen del juego, la Ley de Sucesión de 1947, fue un artilugio para convencer a los Aliados victoriosos de que Franco estaba libre del estigma del Eje y de que era más monárquico que falangista. En términos de política interna, el premio prometido de la sucesión ayudó a mantener unida la coalición de fuerzas de Franco. Para seguir contando con el apoyo de los falangistas antimonárquicos era necesario humillar periódicamente a los monárquicos alfonsistas y carlistas, algo que tenía la ventaja añadida de hacer las delicias del retorcido sentido del humor del Caudillo. Para Juan Carlos, todo el proceso supuso una infancia perdida y una adolescencia miserable cuando fue enviado a España como rehén, lo que en un principio parecía asegurar el puesto de su padre en la competencia por la sucesión. Franco finalmente nombró a Juan Carlos “Sucesor con el título de Rey” en 1969, tras desplazar gradualmente al legítimo heredero al trono, su padre, Don Juan de Borbón.

Cuando fue proclamado rey en 1975, Juan Carlos despertaba una profunda desconfianza tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que fuera rey únicamente gracias a la Ley de Sucesión y de que su designación tuviera por objeto garantizar la supervivencia del régimen franquista explicaba las sospechas de la izquierda y la creencia generalizada de que sería “Juan Carlos el breve”. Como hijo del anglófilo Don Juan de Borbón, y debido a sus contactos con diplomáticos británicos, estadounidenses y alemanes, resultó ser igualmente sospechoso para la derecha franquista. Sorprendentemente, logró compaginar con éxito los objetivos aparentemente incompatibles de, por un lado, la fidelidad pública a los principios del Estado unipartidista franquista y, por otro, el compromiso tácito con el establecimiento de una monarquía constitucional democrática. Desde su ascensión al trono hasta 1982, Juan Carlos I defendió valientemente la democracia frente a la amenaza de una conspiración militar. En consecuencia, se convirtió en un héroe nacional y en una figura inmensamente popular tanto en España como en el extranjero, hasta que una caída en desgracia le obligó a abdicar en 2014.

Para el nuevo rey, los seis meses posteriores a su ascensión al trono fueron angustiosos. Su primera tarea consistió en neutralizar a los militares y otros partidarios de Franco, mientras su principal asesor, el brillante teórico constitucional Torcuato Fernández Miranda, preparaba un plan de reforma política dentro del marco legal de la dictadura. Esto supuso, en un primer momento, mantener en el cargo al presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, con el fin de calmar los temores de la clase dirigente franquista. Al mismo tiempo, tuvo que intentar convencer a la izquierda de que estaba comprometido con la transición democrática. No fue hasta el verano de 1976 cuando el rey pudo elegir al joven y carismático Adolfo Suárez como un presidente de Gobierno más afín para que se hiciera cargo de la siguiente etapa del proceso. Torcuato Fernández Miranda dijo una vez que Juan Carlos fue el empresario del drama de la Transición, del que él mismo fue el guionista y, Adolfo Suárez, el actor principal. 

Tras las elecciones democráticas de junio de 1977, los problemas que se avecinaban eran, en sentido estricto, competencia del Gobierno elegido, pero había cuestiones políticas inmediatas que resultaban imposibles de resolver sin la intervención del rey. La violencia antidemocrática de los conspiradores militares decididos a reinstaurar la dictadura y las actividades terroristas de la organización separatista vasca ETA complicaron enormemente la tarea de construir un marco constitucional ampliamente aceptado. El apoyo del rey fue esencial para la consolidación de la democracia, ya que el gobierno necesitaba su ayuda constante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así, tuvo que arriesgar constantemente su vida como una especie de bombero del inflamable sistema democrático. Juan Carlos se convirtió en el blanco de la hostilidad tanto de la extrema derecha como de ETA. Cuando Suárez dimitió a finales de enero de 1981, se ejerció una intensa presión militar para que se formara una coalición política encabezada por un general. Los líderes de los cuatro principales partidos —Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD centrista; Felipe González, del PSOE socialista; Santiago Carrillo, del PCE comunista, y Manuel Fraga, de la Alianza Popular conservadora— se mostraron abiertos a esa solución atípica, pero Juan Carlos optó por la vía constitucional y nombró a Calvo Sotelo presidente de Gobierno. En circunstancias complejas, el 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, se hizo con el control del Congreso de los Diputados y, de hecho, mantuvo como rehén a toda la clase política. La tarea de derrotar el golpe militar fue dirigida por el propio Juan Carlos. 

En retrospectiva, el intento golpista del 23F marcó un punto de inflexión no solo en la transición a la democracia, sino también en el papel del rey. Su verdadera importancia en lo que respecta a la Corona se reveló el 27 de febrero. Tres millones de personas se manifestaron en las ciudades de toda España en apoyo de la democracia y del rey. El estado de ánimo en la mayor parte del país, sin embargo, lo resumió el novelista republicano Francisco Umbral, quien escribió en El País dos semanas después: “Cuando los españoles creíamos merecernos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos”. La propia exasperación de Juan Carlos era perceptible en su respuesta a los líderes políticos que se reunieron para expresarle su gratitud por lo que había hecho. El texto que leyó [aquí la versión íntegra] iba más allá de los tópicos esperados: “La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y con la convicción de que la vida democrática y el respeto estricto de los principios constitucionales constituyen la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, todos deben ser conscientes, desde sus propias responsabilidades, de que el rey no puede ni debe enfrentarse, de forma reiterada y bajo su responsabilidad directa, a circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

Más tarde reconoció que lo que había intentado decir era que “mi papel no era el de un bombero, siempre listo para apagar un fuego”. 

La postura de Juan Carlos contra el golpismo había dado a la democracia una segunda oportunidad. Tras la contundente victoria electoral socialista en las elecciones de octubre de 1982, Juan Carlos pudo dejar que el Gobierno de Felipe González se ocupara del problema de la subversión militar. A partir de entonces, se convirtió más en un jefe de Estado constitucional y también en una especie de embajador comercial itinerante. Su trayectoria en el trono entre 1975 y 1982 lo convirtió, sin duda, en uno de los mejores monarcas de España. Ese notable logro no era algo que necesitara ser resaltado ni que pudiera realzarse con dignidad alguna en una autobiografía. Lo que le había costado en términos de juventud perdida y estrés diario tal vez explique por qué ahora comenzaba a dar prioridad a lo que podría llamarse “el descanso del guerrero”. 

Durante los treinta años siguientes, la reputación del rey se fue desvaneciendo en una búsqueda de placeres y beneficios. A lo largo de la década de los noventa, al codearse con una serie de “bucaneros capitalistas” como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde o Javier de la Rosa, su imagen se vio mancillada por su relación con los escándalos financieros que asolaron la vida política española. Las revistas del corazón sacaron mucho partido de su obsesión por la velocidad y los deportes caros en los que arriesgaba la vida y que con frecuencia le causaban lesiones graves. Esquiar, conducir coches de alta velocidad y motocicletas, pilotar helicópteros y aviones, junto con las regatas de yates, eran actividades que realzaban su reputación en algunos círculos y despertaban intensas críticas en otros. Lo mismo ocurría con su entusiasmo por la compañía de mujeres atractivas, que era objeto de gran atención en algunos sectores de la prensa semanal. Los rumores sobre crisis matrimoniales surgían con frecuencia. En 2012, mientras los españoles de a pie hacían frente a una dura crisis económica, Juan Carlos afirmó que la preocupación por el desempleo juvenil le quitaba el sueño. Sin embargo, el hecho de que hubiera estado en un safari en Botsuana, de un coste astronómico, se hizo público cuando fue trasladado en avión a Madrid para someterse a una operación de cadera tras un accidente. Se vio obligado a pedir perdón al país después de que los detalles de la escapada se hicieran públicos. Su acompañante en ese viaje fue la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, exmujer del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El declive del rey se aceleró y, en junio de 2014, se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, ahora rey Felipe VI. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España y se trasladó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en medio del escándalo por la transferencia de unos 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tras recibir pagos de un contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudí. 

Antes de que el deterioro de su popularidad llegara al punto más bajo del exilio, en junio de 2016, Juan Carlos presidió la presentación de un libro en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que su amigo el zar Simeón II de Bulgaria, exiliado, presentó su autobiografía, Un destino singular. Hacia el final del acto, un periodista le preguntó a Juan Carlos si alguna vez se plantearía escribir sus propias memorias, dada su agitada vida. Respondió en términos categóricos: “¡No, nunca las voy a escribir! ¿Para qué, para decir mentiras? La verdad no se puede contar, así que me lo guardaré”. En ese momento, hizo un gesto como si se tragara sus secretos y, señalando al cielo, añadió: “Y me lo llevaré allá arriba”. Sin duda, parecía una decisión sensata. Su considerable contribución a la transición de la dictadura a la democracia era tan conocida que solo podría verse menospreciada por unas memorias escritas a la defensiva. Al mismo tiempo, los escándalos financieros y sexuales habían sido investigados con tal exhaustividad por medios serios y por la prensa más morbosa que apenas quedaba margen para posteriores intentos de lavado de imagen.

La primera pregunta que suscitó el anuncio en 2025 de que, después de todo, habría unas memorias es: ¿por qué cambió de opinión? En los círculos editoriales españoles corrieron rumores sobre la magnitud sin precedentes del anticipo que, al parecer, se pagó por la edición española, *Reconciliación*, y la francesa, *Réconciliation*. Según el muy riguroso diario digital elDiario.es, es posible que la publicación de las memorias estuviera relacionada con este anticipo supuestamente cuantioso pagado por los derechos. En España se informó de que Juan Carlos había devuelto préstamos por importe de 4.395.901,96 euros, concedidos en 2021 por una docena de aristócratas anónimos y empresarios amigos, con el fin de regularizar su situación con la Hacienda española. Los préstamos debían devolverse en un plazo relativamente corto para que no se consideraran donaciones y, por lo tanto, estuvieran sujetos a impuestos adicionales. El reembolso de cuatro millones de euros o más en préstamos fue publicado en El Mundo el 6 de agosto de 2025 y en The Times el 7 de agosto de 2025. Las identidades de los prestamistas se publicaron en El Confidencial y elDiario.es el 6 de abril de 2021, y las copias de los contratos de préstamo fueron publicadas por elDiario.es el 15 de diciembre de 2025 y en El Periódico el 18 de diciembre de 2025. 

Más allá de la necesidad de un anticipo sustancial, resulta difícil discernir el propósito del libro. Para empezar, está el título. ¿Con quién pretende Juan Carlos reconciliarse? Según especulaban en The Times, “se dice que el título refleja el espíritu de la transición española a la democracia que él supervisó tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien lo preparó para el poder”. Refiriéndose a sus declaraciones anteriores sobre no escribir nunca memorias, dice: “¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Dado que abundan las biografías que le son favorables, es más probable que busque la reconciliación con el pueblo español, cuya mayoría en su día le adoraba, pero que ahora siente algo muy diferente. Sin embargo, el tono de estas memorias desmiente cualquier intención de ese tipo por su parte. Con un tono que oscila entre la autosatisfacción de quien se cree merecedor de todo y la autocompasión, difícilmente contribuirán a mejorar su imagen: “Me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país”. Justifica la intensidad de este sentimiento de abandono con la extraordinaria afirmación de que “Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí”. Cuesta creer que alguien conocedor de la historia de la Segunda República, de la lucha de masas contra la dictadura franquista y de los pormenores de la transición a la democracia pudiera haber escrito esta frase (Reconciliación, pp.15–16). 

La indignación popular en España por sus actividades durante una grave crisis del coste de la vida no ha hecho más que intensificarse con algunas de sus justificaciones. Si uno de los objetivos no declarados de las memorias era limar asperezas con su propia familia, sin duda ha lanzado un mensaje conciliador a su esposa, de la que está separado, la exreina Sofía. La falta de armonía en la pareja se remonta a la década de 1970. Hay que reconocer que en las páginas de sus memorias aparecen muchos comentarios amables sobre ella; pero estos seguramente son insuficientes para compensar la bien documentada historia de sus infidelidades, a las que aquí se refiere simplemente como “mis deslices sentimentales” (Reconciliación, p. 408). Además, su mal disimulado rechazo hacia la reina Letizia difícilmente habrá ayudado a las relaciones con su hijo. A pesar de expresar un vago arrepentimiento por sus aventuras amorosas en términos generales, no menciona sus largas y muy publicitadas relaciones con tres mujeres cuyos nombres son bien conocidos en España. Tampoco, en su relato en el que profesa un servicio desinteresado y poco apreciado a la nación, explica, y mucho menos justifica, el uso de fondos públicos para la lujosa remodelación de La Angorrilla, un pabellón de caza. Del mismo modo, no explica el uso del servicio secreto para impedir que salieran a la luz los excesos de su vida privada, incluyendo acuerdos económicos realizados para apaciguar y silenciar al menos a una de sus amantes. 

Como era de esperar, el texto de Reconciliación elude los temas que han provocado la mayor hostilidad pública hacia Juan Carlos en España. Simbolizados por el escándalo de Botsuana, estos han sido, en conjunto, el despilfarro económico y la matanza de varias especies en peligro de extinción en la que participó. Quizás, más que la infidelidad conyugal que hizo posible, lo que más provocó la indignación pública fue el enorme coste del proyecto a gran escala en el Monte del Pardo, en los terrenos del Palacio de la Zarzuela, llevado a cabo en parte para facilitar una de sus relaciones extramatrimoniales, y lo que reveló sobre su pasión por la caza. El proyecto consistió en la conversión de La Angorrilla, un antiguo pabellón de caza construido inicialmente para Franco en los terrenos de El Pardo, en un lujoso pabellón, con una planta baja de mil metros cuadrados y una planta superior de setecientos metros cuadrados. Tardó dieciocho meses en completarse y su coste final de 3,4 millones de euros fue sufragado por el Estado a través de Patrimonio Nacional. En las paredes de diez metros de altura de la planta baja de esta monstruosidad se encontraban las cabezas disecadas de elefantes, rinocerontes y jirafas que había abatido en safaris en el extranjero. El coste del transporte de los cadáveres de estos animales y la posterior taxidermia debió de ser enorme. En otras partes del edificio había espacio para sus trofeos de ciervos, jabalíes, lobos y cabras montesas que había cazado en España. También había una sala blindada destinada exclusivamente a albergar la gran colección de valiosos rifles de caza del rey, algunos de los cuales, según se decía, valían centenares de miles de euros. Poco después del accidente de Botsuana, Juan Carlos encargó la fabricación de una silla ergonómica especial que le permitiera seguir disfrutando de su pasión por la caza, a pesar de sus lesiones. No fue hasta después de esa crisis cuando el foco de la publicidad hostil en España se centró en la costosa reforma del pabellón de caza, que también había servido de residencia para su amante en aquel momento. 

No hay nada en el libro que pueda conducir a una reconciliación con su hijo. Es de suponer que ni el rey Felipe ni la reina Letizia apreciarán el comentario de Juan Carlos sobre “nuestro desencuentro personal” ni lo que dice de ella en el libro: “La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares” (Reconciliación, p. 41).

En un primer momento, al recordar la disculpa televisada de Juan Carlos I a la nación cuando salió del hospital tras el safari de Botsuana, podría pensarse que su intención con las memorias era reconciliarse con el pueblo español. Sin embargo, el texto plantea la pregunta de ¿con qué españoles querría reconciliarse? ¿Con los franquistas? Aunque quizá la reconciliación ni siquiera fuera posible con ellos. Al fin y al cabo, podrían acusarle de traicionar a Franco al permitir la democratización de España. En cualquier caso, el daño a su reputación en 2012 causado por el episodio de Botsuana tuvo menos que ver con la revelación de la infidelidad conyugal y mucho más con la aparente insensibilidad del rey ante la crisis del coste de la vida que sufrían los españoles de a pie. Si Juan Carlos hubiera querido utilizar este libro para reconciliarse con sus súbditos en general, habría tenido que resistir la tentación de quejarse de su supuesta penuria —o de su gran decepción porque las autoridades fiscales españolas no le hubieran permitido quedarse con los dos Ferraris que el jeque Mohamed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos, les regaló a él y a su hijo. Aún más insensible resulta la inclusión en el libro de una queja sobre el hecho de que el exrey sea el único español que no percibe una pensión de jubilación. Dado su estilo de vida, ampliamente difundido, esto solo podía provocar la burla del español medio. 

La coautora o escritora fantasma de las memorias de Juan Carlos I es su admiradora de toda la vida, Laurence Debray. De los cinco libros que ha publicado, incluido este, cuatro tratan sobre Juan Carlos. El otro es una autobiografía que aborda principalmente su relación con sus padres, Régis Debray y Elizabeth Burgos, quienes se consideraban revolucionarios. En octubre de 2021, en París, publicó un retrato excesivamente indulgente de Juan Carlos titulado 'Mon roi déchu' (Mi rey caído). Su tercer libro sobre Juan Carlos expresaba la angustia de la autora por su exilio (1). En algunos pasajes se lee casi como una extensa carta de amor. El tono de ese libro queda plasmado en la frase: “Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit” (“Érase una vez un príncipe que fue encantador, pero luego maldito”).

A continuación, escribió sobre su “relación” con él: “Depuis plusieurs décennies, j’étudie, scrute, commente son destin. Une page se tourne aujourd’hui. Il est temps de questionner cette relation si durable et structurante que j’entretiens avec lui, cet attachement aussi platonique que fidèle. Qu’est-ce qui peut bien réunir ‘une fille de révolutionnaires’ et un roi?”. (“Durante varias décadas, he estudiado, analizado y comentado su destino. Hoy se abre un nuevo capítulo. Ha llegado el momento de examinar este vínculo duradero y fundamental que comparto con él, este apego tan platónico como fiel. ¿Qué podría unir a una ”hija de revolucionarios“ y a un rey?”).

Sobre lo que ella percibía como el vínculo entre ellos, escribió: “Sa vie est un roman; Juan Carlos est devenu ”mon“ roman. Il faut bien y mettre un point final. Puisqu’il a décidé de s’effacer avant de mourir, je dois moi aussi conclure” (“Su vida es una novela; Juan Carlos se ha convertido en ”mi“ novela. Hay que ponerle un punto final. Dado que él ha decidido borrarse antes de morir, yo también debo concluir”) (2).

Ella ha declarado en entrevistas que, para recopilar material para el libro, pasó muchos meses en Abu Dabi entrevistando a Juan Carlos. Hay numerosos indicios de que fue ella, y no Juan Carlos, quien redactó la mayor parte de estas memorias. Hay incluso pasajes en el texto que casi invitan a preguntarse: si él no escribió el libro, ¿se molestó siquiera en leerlo? Aunque Debray se esfuerza por presentarlo bajo la luz más favorable, sus esfuerzos por hacerlo a veces tienen, sin quererlo, el efecto contrario. Para empezar, contiene muchos errores fácticos y contradicciones. La forma en que el texto aborda los notorios escándalos, tanto los suyos propios como los de su exyerno, Iñaki Urdangarin, es sesgada y parece contradecir gran parte de la información que ahora es de dominio público. También resulta chocante que, en un intento por generar simpatía, la voz narrativa adopte con frecuencia un tono lacrimógeno. Por ejemplo, lo que se escribe sobre las supuestas penurias de su familia es demostrablemente falso. 

Un ejemplo llamativo es el relato de la vida de la familia real exiliada en Portugal. El 2 de febrero de 1946, Don Juan de Borbón y su esposa, Doña María de las Mercedes, se trasladaron a la elegante pero tranquila localidad costera de Estoril, al oeste de Lisboa. Era una zona de casinos y espléndidas mansiones construidas para los banqueros y armadores millonarios de la cercana capital. Para su gran consternación, Juanito, de ocho años, se quedó atrás en Suiza al cuidado de su austero tutor, el teórico monárquico Eugenio Vegas Latapié. En estas memorias no se menciona la inevitable sensación de abandono por parte de sus padres que bien podría haber contribuido a crear el vacío interior de Juan Carlos que explicaría gran parte de su existencia en los años posteriores a 1982. Los monarcas exiliados vivieron en tres mansiones diferentes, hasta que finalmente, a finales de 1948, se instalaron en Villa Giralda, que había sido construida en 1936 como club de golf de Estoril. A pesar de quejarse constantemente de la pobreza, Don Juan de Borbón había sido capaz tanto de adquirir la lujosa residencia como de pagar una cantidad equivalente al precio de compra para que fuera completamente reformada y se le añadiera una tercera planta. El palacio resultante estaba rodeado de espléndidos jardines y en su salón se celebraban fiestas con cientos de invitados. Representantes de la nobleza española se turnaban en Estoril como cortesanos. Doña María contaba con una dama de compañía. En las memorias, sin embargo, Villa Giralda se describe como “una casa de alquiler” (p. 69) que su padre compró a regañadientes. El lujoso yate, el Saltillo, que el millonario vasco Pedro Galíndez Vallejo prestó a la familia, se describe como un simple velero (“velero” [p. 69]), cuando en realidad era un gran buque oceánico, provisto de tripulación completa y con los gastos de funcionamiento cubiertos. Como marinero entusiasta y experimentado, Don Juan lo aprovechó al máximo. Además, él y Doña María, ambos aficionados a la caza mayor, disfrutaban de costosos safaris (3). Esto no pretende restar importancia al coste psicológico que supuso para Juan Carlos su infancia trastornada; pero la simpatía de los lectores por las auténticas penurias emocionales que sufrió de niño se ve mermada por el énfasis que se da en las memorias a las dificultades económicas que supuestamente padeció la familia.

Un aspecto del libro que ha suscitado una gran polémica en España ha sido la calidez con la que Juan Carlos habla de Franco. Sin embargo, es importante recordar que el propio padre de Juan Carlos lo trató mal, más como un peón político que como un hijo. Esto ayuda a explicar por qué, en muchas entrevistas, se ha referido a varias personas como si fueran “como un padre” para él. Es plausible que Franco, que tenía una hija, pero no un hijo, también llegara a sentir cierto afecto por Juan Carlos. Aun así, esto apenas justifica la insistencia de Juan Carlos en que, a finales de la década de 1960, el Caudillo ya había llegado a la conclusión de que el país necesitaba democratizarse y que Franco le dio permiso explícito para llevar a cabo esa reforma inevitable. Las pruebas en contra —de que Franco estaba decidido a bloquear la reforma— son abrumadoras. Para respaldar su punto de vista en las memorias sobre los deseos de Franco, Juan Carlos relata una visita a Franco en el hospital, días antes de su muerte:

“Tuve una última conversación con él. Sentado a su lado en la cama del hospital, me tomó la mano y, como en un último aliento, me dijo: 'Alteza, le pido una sola cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió mantener el régimen tal y como era, ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, por lo tanto, las manos libres para poner en marcha las reformas siempre y cuando no se cuestionara la unidad de España'' (203).

El hecho es que, en ese momento, Franco estaba moribundo y era poco probable que fuera coherente. Incluso si lo hubiera sido, era improbable que hubiera contradicho sus propias leyes fundamentales y sus propias declaraciones, realizadas con vehemencia ante aquellos de sus ministros que le habían instado frenéticamente a desconfiar de las tendencias democráticas de Juan Carlos. 

El 12 de febrero de 1974, cuando su primer ministro de línea dura, el que en su día fue conocido como “el Carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso sobre una liberalización mínima, el desconcertado Caudillo pidió aclaraciones al ministro-secretario del Movimiento, José Utrera Molina, con quien había establecido una relación paternal. Cuando Utrera le explicó lo que se había aclamado como “el espíritu del 12 de febrero”, un Franco profundamente alarmado respondió: “Si el régimen permite que se ataque a su doctrina sustancial y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio” (4). En julio de 1975, Franco, con el lenguaje beligerante propio de la década de 1940, instaba a una delegación de oficiales falangistas del ejército a defender hasta la muerte su victoria en la Guerra Civil. El 1 de octubre de 1975, en el trigésimo noveno aniversario de su ascensión a la Jefatura del Estado, se presentó por última vez ante una multitud en el Palacio de Oriente. Apenas capaz de hablar, encorvado sobre el micrófono, pronunció con voz ronca los mismos clichés paranoicos de siempre. El problema de España se debía, declaró, “a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Ninguna de estas pruebas respalda el retrato del Franco liberal que se presenta en las memorias de Juan Carlos en Reconciliación.

En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe

Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Juan Carlos en que Franco no se opuso a la reforma que él llevó a cabo? ¿Quizás está tratando de legitimarse como demócrata sin dar pie a que los franquistas lo acusen de traicionar al dictador? Es una idea razonable, aunque extraña, porque en otras partes del libro argumenta acertadamente que arriesgó su vida luchando por la democracia. Hubo numerosos complots militares que incluían el asesinato del rey. ¿Por qué iban a querer matarlo los golpistas si él simplemente estaba cumpliendo los deseos del dictador? De hecho, en lo que respecta a las cuestiones de legitimidad, el libro tiene un problema mucho mayor. En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe.

Esto ocurre en un pasaje verdaderamente extraordinario del tercer capítulo. Juan Carlos relata que, en marzo de 2020, Felipe solicitó una reunión como parte del proceso que llevó a su padre a exiliarse. Cuando llegó al despacho de su hijo, Juan Carlos se llevó una sorpresa al encontrar allí también al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Felipe y Alfonsín le informaron de que su asignación económica sería recortada. Juan Carlos afirma entonces que le dijo a su hijo y futuro sucesor: “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme personal y financieramente, pero no puedes rechazar la herencia institucional que te sustenta. Y solo hay un paso entre ambas cosas” (38–39). En otras palabras, Juan Carlos le espeta a Felipe: “Si eres rey, es gracias a mí. No pienses jamás que eres rey porque perteneces a la dinastía de los Borbones. Eres rey porque Franco me hizo rey”. El error cometido por Juan Carlos aquí es colosal. Franco siempre insistió en que el nombramiento de Juan Carlos como sucesor no implicaba ninguna restauración de la monarquía constitucional borbónica, sino que se trataba de una monarquía del Movimiento de nueva instauración, tal y como establecía la Ley de Sucesión. Una vez que Franco murió, ese fue el estigma deslegitimador del que Juan Carlos tuvo que deshacerse. Y, de hecho, lo consiguió el 17 de mayo de 1977, gracias al sacrificio que hizo su padre al abdicar en favor de Juan Carlos, otorgándole finalmente legitimidad dinástica. Sin embargo, es precisamente esa legitimidad la que Juan Carlos tira por la borda en este pasaje. Para cualquier monárquico, esa declaración de Juan Carlos debe de ser un trago amargo.

Juan Carlos desempeñó un papel clave en la Transición. Por supuesto que sí. Aunque la Transición fue un esfuerzo colectivo de muchos españoles, Juan Carlos nunca dejó de utilizar su posición como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para promover la democratización del país. Si puede considerarse un gran rey, y yo diría que sí, es por esa razón.

Una cuestión clave que este libro no aborda es si Juan Carlos es, en lo personal, un demócrata. De hecho, la respuesta apenas importa, ya que actuó como tal, pues pronto se dio cuenta de que no había otra forma de garantizar la supervivencia de la monarquía. Aprendió de la experiencia de la familia de la reina Sofía en Grecia y escuchó los consejos que recibió de diplomáticos estadounidenses y británicos. Sin embargo, como mínimo, habría sido conveniente que se abordara este tema en el libro. Para que estas memorias fueran acogidas como una importante contribución histórica, habrían tenido que ofrecer un retrato de Juan Carlos I capaz de conciliar, por un lado, las auténticas dificultades de su infancia y adolescencia, y su inmensa contribución al establecimiento de la democracia y, por otro, las revelaciones de conductas cuestionables que culminaron en la abdicación del rey. El problema de esta épica autobiografía de quejas es que es poco probable que genere la empatía de cualquier español que haya sido lector habitual de los periódicos durante los últimos diez años. Además, si bien se espera que una autobiografía revele mucho sobre su autor y protagonista, en este caso puede que revele aún más sobre su coautora que sobre Juan Carlos.

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1 El primero fue 'La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España' (Sevilla: Fundación El Monte, 2000). Le siguieron 'Juan Carlos de España' (Madrid: Alianza, 2016) y 'Mon roi déchu. Juan Carlos d’Espagne' (Paris: Éditions Stock, 2021).

2 Debray, 'Mon roi déchu', 8–10, amp. 13–14; todas las traducciones son de mi autoría).

3 Véase José María Zavala, 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Madrid: La Esfera de los Libros, 2010), 111–13 & 171; José María Toquero, 'Don Juan de Borbón, el Rey padre' (Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1992), 58–61; Rebeca Quintans, 'Juan Carlos I. La biografía sin silencios' (Madrid: Akal, 2016), 71;

4 José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera (Barcelona: Editorial Planeta, 1989), 103.

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Reseña de las memorias de Juan Carlos I (con la colaboración de Laurence Debray), Reconciliación. Memorias (Barcelona: Editorial Planeta, 2025), 507 pp; edición francesa: Juan Carlos I, Réconciliation (Pars: Éditions Stock, 2025), 512 pp.

Juan Pérez Cuesta, un agricultor de Jumilla recibió hace unas semanas una orden de la Comunidad Autónoma de Murcia: le obligan a arrancar antes del 2 de mayo su plantación de chumberas, cuidadas durante años. 

Nos cuenta conmocionado lo que para él es una pesadilla: “No sé qué ha podido pasar… la orden dice que las chumberas son una planta invasora pero aquí las chumberas se cultivan desde siempre. Mis abuelos ya tenían su huerto. Los higos los comía la familia, las pencas se las echaban al ganado y el sobrante se vendía… Pero de unos años para acá la cosa no está clara: lo mismo unos dicen que hay ayudas de la Unión Europea, que la administración deniega el cambio de cultivo o, como a mí, nos obligan a arrancar el huerto. Luego vas al Mercadona y ves higos chumbos envasados que vienen de Andalucía y del Perú. Con todo esto, al final, la gente se siente insegura y tiene miedo de invertir y luego perderlo todo, y prefieren dejar la tierra de secano muerta… sin nada”.

Su caso de no es una excepción: en Andalucía, Extremadura y Levante se repiten decisiones similares con denegaciones de cambio de cultivo y órdenes de eliminación. Mientras la FAO con el respaldo científico internacional señala la chumbera como planta clave frente a la sequía y la desertificación, en España su cultivo se bloquea en la práctica por una errónea aplicación de la normativa sobre especies invasoras.

¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que mientras el mundo se prepara para la escasez de agua, aquí se arranca una de las pocas plantas capaces de resistirla y generar recursos y valor?

Para entender esta contradicción hay que retroceder cinco siglos. La chumbera, originaria de México, fue de las primeras plantas que vinieron a España desde América en el siglo XVI. Desde entonces se ha expandido y arraigado en el territorio hasta formar parte del paisaje, del patrimonio cultural y de la memoria rural de amplias zonas de España.

Durante siglos ha convivido en dos formas: como arbusto silvestre, creciendo en bordes de caminos, laderas y bancales abandonados, y como cultivo vinculado a la economía local tradicional. Apenas requería cuidados. Crecía sin riego, se utilizaba como linde natural, refugio de animales y forraje para el ganado. Sus frutos, los higos chumbos, se destinaban al autoconsumo y al comercio local.

Así fue durante quinientos años en España y en buena parte del Mediterráneo hasta finales de los 90 del siglo pasado cuando la FAO (organismo de las Naciones Unidas encargado de la agricultura y la alimentación) ante el avance de la sequía, la desertificación y la degradación de los suelos, comenzó a preguntarse qué cultivos podrían sostener la alimentación y la economía en el futuro. En esa búsqueda, su mirada se posó sobre una planta a la que, salvo en México, donde forma parte de la dieta tradicional, apenas se le había prestado atención. Esta planta es la chumbera (Opuntia Ficus Indica).

¿Qué había en esa planta que la hacia tan especial? La respuesta está en su biología. La chumbera posee un metabolismo fotosintético singular (CAM) que le permite captar CO₂ por la noche, cuando la temperatura es más baja y la humedad mayor. Durante el día mantiene sus estomas cerrados, reduciendo al mínimo la pérdida de agua. A ello se suma una morfología altamente eficiente: tallos transformados en pencas que almacenan agua, hojas reducidas a espinas que limitan la transpiración y un sistema de raíces superficiales y extendidas que aprovecha al máximo cada lluvia. Es, en términos prácticos, un organismo diseñado para sobrevivir donde otros fracasan, un auténtico “pozo botánico”.

Pero el extraordinario valor de la chumbera no está únicamente en su resistencia. 

A partir de ese momento, la comunidad científica y académica internacional intensificó su estudio. La FAO impulsó la red CACTUSNET, dedicada a la investigación y desarrollo de los cactus como recurso estratégico en zonas áridas. En 2017, la organización dio un paso más y señaló a la chumbera como “la planta del futuro”.

No era una declaración retórica. De la chumbera se aprovecha todo: pencas, frutos, pieles y semillas. Sus aplicaciones abarcan desde la alimentación humana y animal hasta la industria farmacéutica, nutracéutica y cosmética. Se investiga su uso en la producción de biogás, bioplásticos, nuevos materiales textiles o sistemas de potabilización de agua. Pero su valor va más allá: en las zonas áridas, que ya ocupan cerca del 40% de la superficie terrestre y donde viven más de 2.000 millones de personas, la chumbera se perfila como un auténtico motor de desarrollo, un potente recurso contra la pobreza de muchas poblaciones. Además de generar alimento y recursos, contribuye a regenerar suelos degradados y a capturar carbono de la atmósfera. El potencial de la chumbera no deja de expandirse.

En este contexto, mientras el mundo impulsa la chumbera como cultivo del futuro, en España bajo la calificación generalista de “especie invasora” algunas administraciones impiden su cultivo y ordenan su eliminación. Incurrimos así en la extraordinaria paradoja de que para proteger el medio ambiente en España se erradica el cultivo que la comunidad internacional de manera global impulsa para conservarlo

De ahí la perplejidad e impotencia que sienten el agricultor Juan López, de Jumilla (Murcia) y otros muchos agricultores cuando la Administración les deniega la posibilidad de plantar chumberas o, si ya las tienen, les obliga a arrancarlas. Una situación que resulta aún más desconcertante porque, al mismo tiempo, saben a ciencia cierta que el cultivo de la chumbera está permitido en España, que forma parte del sistema agrario tradicional y que sus frutos, los higos chumbos, viven un momento de auge, con presencia creciente en supermercados y tiendas delicatessen.

Estamos ante un problema que no es menor ni anecdótico, sino estructural: un atasco jurídico y administrativo que está bloqueando el desarrollo de la chumbera en España.

Lo que está ocurriendo es esto:

Hasta 2013, año en que se crea el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, en España no existía ningún conflicto con la chumbera. Convivían dos realidades sin problema: por un lado, la planta silvestre, integrada en el paisaje; por otro, la chumbera cultivada, presente desde hace siglos como parte del sistema agrario.

Solo en casos puntuales, en entornos especialmente sensibles, como el Parque Nacional de Doñana o pequeñas islas mediterráneas como Tabarca o las Columbretes, se detectó que la chumbera en estado silvestre podía afectar a especies autóctonas. En esos contextos concretos, la administración actuó con criterio, recomendando su control o eliminación.

La situación cambia en 2013, cuando la chumbera se incluye en el Catálogo. Hicimos una pregunta al Ministerio para la Transición Ecológica, para que nos explicaran los criterios de inclusión de esta planta en la lista, sin conseguir respuesta.

A partir de ese momento, algunas administraciones comienzan a aplicar la etiqueta de “invasora” de forma indiscriminada a todas las chumberas, sin distinguir entre realidades completamente distintas. Se está tratando igual a la chumbera que crece de forma espontánea y silvestre en el medio natural, que en determinados puede requerir control, y la chumbera cultivada, plantada y mantenida como explotación agrícola.

Esa falta de distinción es el núcleo del problema.

Porque la propia norma es muy clara: el régimen de especies invasoras no se aplica a los recursos fitogenéticos con valor para la agricultura y la alimentación. Es decir, el propio marco legal reconoce que no todas las chumberas son invasoras. Lo distingue expresamente. Las chumberas de cultivo, en tanto que recursos fitogenéticos, no son invasoras. 

El problema, por tanto, no está en la ley, sino en cómo se está aplicando.

Las administraciones actúan como si toda chumbera fuera invasora por definición, sin analizar caso por caso, sin atender a su naturaleza de cultivo, y sin aplicar la excepción prevista en la propia norma. El resultado es una aplicación automática, indiscriminada y jurídicamente improcedente.

Ahí se produce el atasco. Por un lado, una norma que distingue. Por otro, una práctica administrativa que no distingue. Entre ambas los agricultores y proyectos quedan atrapados en una inseguridad jurídica total: no pueden plantar, no pueden mantener sus cultivos y, en muchos casos, se ven obligados a arrancarlos. Todo ello, además, en un escenario incoherente, sin un criterio claro, donde otras plantaciones de chumberas sí se admiten, e incluso se protegen como es el caso de Canarias.

El resultado es desconcierto y miedo. Como explica Juan, agricultor de Jumilla, muchos prefieren no arriesgarse y dejan la tierra de secano sin cultivar antes que exponerse a perder su inversión y años de trabajo.

En definitiva, España se encuentra en una posición contradictoria en la que dispone de un marco legal que permite, apoya e incluso en ocasiones protege normativamente el cultivo de chumberas y al mismo tiempo lo bloquea en la práctica mediante una interpretación errónea o simplificada de la norma que regula las especies invasoras.

Y eso es, precisamente, lo que está impidiendo avanzar.

Afortunadamente, esta situación kafkiana tiene margen de corrección. El Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, como reconoce la propia norma, es un instrumento abierto y revisable. En esa vía trabajan ya un grupo de estudio interdisciplinar formado por juristas y técnicos medioambientales, que analizan cómo reconducir la interpretación actual y poner fin a un escenario desesperante que genera frustración, alimenta la inseguridad jurídica y disuade a los agricultores de invertir por miedo a perderlo todo.

Mientras tanto, en el terreno de Jumilla, las chumberas de Juan López siguen en pie. Son plantas resistentes. Probablemente sobrevivan a las condiciones más extremas. Lo que también esperamos es que sobrevivan a la interpretación de una norma. Muchas otras no han tenido esa suerte.

Porque aquí no se está decidiendo solo el destino de una plantación.

Se está decidiendo algo más profundo: si la chumbera en España va a ser tratada como una amenaza que hay que erradicar o como una herramienta clave para el futuro.

La diferencia no es menor. Mientras a escala internacional la chumbera se consolida como un recurso fitogenético estratégico, en España su ambigua consideración no solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica, sino que imposibilita su desarrollo.

La decisión que se adopte marcará algo más que el destino de una especie. Definirá si España se alinea con las soluciones que hoy se impulsan a escala global o si queda atrapada en un escenario caótico de confusión, desigualdad e inseguridad que, lejos de proteger, nos dejará atrás.

El desierto no ha podido con la chumbera. La Administración aún está por ver. La esperanza resiste.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lleva semanas formulando una pregunta insidiosa. Incluso lo ha hecho en el pleno del Congreso de los diputados. Feijóo dice que en España se recauda más que nunca pero que los servicios públicos funcionan peor que nunca, y, en consecuencia, le exige al gobierno que explique dónde está el dinero.

Él no lo sabe, pero esta formulación descalifica a su partido para presidir el gobierno de España, porque demuestra un desconocimiento profundo de cómo funcionan las administraciones públicas. En realidad, estamos ante un caso grave de insolvencia o de mala fe.

En primer lugar, ignoran que cada año, la Intervención General del de la Administración del Estado, la IGAE, realiza un detallado informe sobre el gasto público, denominado la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas, una estadística desarrollada por la OCDE, publicada por la División de Estadísticas de la ONU y calculada con la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales europeo.

Es una auditoría de las cuentas públicas que informa con extraordinario nivel de detalle en qué gastan sus recursos los diferentes niveles de las administraciones públicas en España. Es una información que está disponible para quien quiera consultarla en la Central de Información Económico y Financiera, en la web del ministerio de Hacienda.

Poner en duda a qué se dedican los recursos públicos es una inaceptable insidia contra el funcionamiento del Estado. Una insidia que, además, está acompañada de un desconocimiento profundo de cómo se distribuye el gasto entre los diferentes niveles de la administración pública española. Porque son las Comunidades Autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, donde más creció el gasto. Desde 2018 hasta 2024 el gasto ejecutado por las Comunidades Autónomas aumentó mucho más que el gasto de la Administración General del Estado.

Pongamos las cifras. El gasto ejecutado por los gobiernos autonómicos aumentó en 73.065 millones de euros desde 2018, hasta alcanzar una cifra total de 235.185 millones en 2024. Por su parte, el gasto de la Administración General del Estado — excluida la Seguridad Social— se incrementó en 49.424 millones de euros hasta alcanzar los 164.156 millones en 2024.

Aunque Feijóo y el Partido Popular lo ignoren, en estos siete años el gasto de las Comunidades Autónomas aumentó mucho más que el de la Administración Central. Y en 2024 el gasto consolidado de las autonomías es muy superior — el 43 % más— que el del gobierno central.

En realidad, la Administración General del Estado solo gestionó uno de cada cinco euros del aumento del gasto público desde 2018 y los otros cuatro euros se reparten entre la Seguridad Social, los ayuntamientos y las autonomías.

Los gobiernos autonómicos son la administración que más gasta y donde más creció el gasto en los últimos siete años. Esta es la realidad lógica de un estado tan descentralizado como es España, en el que los grandes servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia son competencia y están gestionados por los gobiernos autonómicos.

El PP, con el apoyo de Vox, gobierna en 11 comunidades autónomas, y, por lo tanto, la pregunta insidiosa de Feijóo se vuelve contra su partido: ¿por qué los servicios públicos funcionan peor en Andalucía, en Aragón, o en Galicia, si los gobiernos autonómicos tienen ahora más recursos que nunca en toda su historia?

Para terminar, esta insolvencia analítica del PP, se extiende también a nuestra estructura fiscal y al modelo de financiación de las comunidades autónomas. El PP dice que ¨Hacienda se forra¨ con los aumentos de la recaudación fiscal, obviando que las comunidades autónomas reciben el 50 % de la recaudación del IRPF y del IVA y del 58 % de los impuestos especiales, entre ellos, el que grava los combustibles.

Una falta de seriedad y rigor en el análisis que se traslada a un discurso falaz que solo se puede explicar por insolvencia técnica o por mala fe política.

Vivimos en nuestro país un momento crucial en la consolidación de los derechos de las mujeres. También en el reto de continuar con los avances en igualdad. Vivimos un momento en el que no podemos permitirnos retrocesos en ninguno de nuestros derechos y por supuesto tampoco en materia de derechos sexuales y reproductivos.

No hay igualdad real si las mujeres no somos libres para decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro sexo condiciona nuestro destino y nuestra función en la sociedad. Hace un tiempo no tan lejano, en nuestro país, el ser mujer reducía nuestro mundo al entorno del hogar, la reproducción, la maternidad y crianza de nuestros hijos e hijas.

Un mundo al que algunos quieren devolvernos, pero al que no estamos dispuestas a regresar. Vamos a continuar defendiendo nuestra libertad de pensamiento y de acción, nuestras decisiones conscientes sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades; vamos a continuar defendiendo los derechos por los que tanto han luchado generaciones de mujeres feministas.

El derecho al aborto en España lo han conquistado las mujeres que lo han defendido. El movimiento feminista ganó la batalla social, explicando de manera precisa a la sociedad española que nuestro país sólo avanzaría con el reconociendo de la igualdad plena entre mujeres y hombres, y para ello era fundamental el derecho al aborto. El derecho al aborto nos otorga a las mujeres una situación de poder democrático.

La primera ley de interrupción voluntaria del embarazo (ley de casos) fue promovida en 1985, con Ernest Lluch como ministro de Sanidad y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular. La sentencia declaró la plena constitucionalidad de la ley. En 2010 las Cortes Generales aprobaron la ley promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (ley de plazos). También fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular y, de nuevo, fue declarada acorde con la Constitución. Cuando el PP trató de recortar de nuevo el derecho al aborto en 2014 se dio de bruces con una respuesta social que encabezó el Tren de la Libertad y que supuso el cese de su ministro de Justicia.

Por eso es tan importante blindar este derecho reconocido y consolidado en España desde 1985. Porque, aunque su dimensión de libertad está reconocida en el ordenamiento jurídico, avalada por el Tribunal Constitucional y asumida por una mayoría social incuestionable, su ejercicio no es homogéneo. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es, sobre todo, un derecho a la salud y tiene que poder ser ejercido en cualquier espacio sanitario público de nuestro territorio.

La realidad en que se encuentra esta prestación, que además está incorporada a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, es que, en la práctica, el ejercicio de este derecho depende del lugar de residencia, lo que supone una brecha entre reconocimiento formal y efectividad real.

Actualmente, su práctica por Comunidades Autónomas es muy dispar. Esta situación genera una desigualdad material entre mujeres que resulta incompatible con los principios constitucionales.

La modificación de la Constitución para incorporar un nuevo apartado en el artículo 43 pretende asegurar la práctica del derecho al aborto en condiciones seguras y de calidad; pretende corregir desigualdades territoriales, reforzar la seguridad jurídica y prevenir retrocesos.

Se trata de constitucionalizar su vertiente prestacional y asegurar, no solo su reconocimiento, sino los medios necesarios para su ejercicio.

La reforma se centra en la dimensión prestacional del derecho, es decir, en la obligación de los poderes públicos de garantizar servicios sanitarios adecuados, acceso efectivo y en condiciones de igualdad. Esta reforma no modifica el modelo vigente ni la regulación sustantiva del derecho, sino que refuerza su garantía. Refuerza el derecho de las mujeres a elegir libremente su maternidad, consolida un Estado social y democrático de derecho y asegura no solo derechos formales, sino su ejercicio real.

Se sitúa en la línea de las democracias europeas avanzadas que están reforzando la protección de los derechos reproductivos. Un ejemplo de ello es Francia, donde incluso la extrema derecha ha votado a favor de la reforma. Ahora España se posiciona en la vanguardia de la protección jurídica de los derechos de las mujeres.

El debate no se sitúa sobre la legalidad o no del aborto, esta cuestión ya está superada. El derecho al aborto no obliga a abortar a nadie, no es una imposición, pero los Estados sí tienen la obligación de proteger la libertad de elección de las mujeres y de garantizar la prestación efectiva y pública del derecho. La modificación que proponemos dice literalmente: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo”.

Con esta propuesta reafirmamos nuestra defensa firme de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Reafirmamos que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás; que el Tren de la Libertad siempre está en marcha.

En la primavera de 2026, la Fundación Economía y Salud ha vuelto a documentar un fenómeno que el sistema sanitario español arrastra con carácter crónico: entre 40.000 y 50.000 pacientes con ictus permanecen ingresados en hospitales de agudos semanas o meses después de haber recibido el alta clínica, por no tener otras opciones de servicios sociosanitarios a los que puedan ser derivados. El coste de mantenerlos en una cama de agudos multiplica entre tres y cinco veces el de otros recursos alternativos que serían más apropiados, además de que la hospitalización prolongada genera en las personas mayores un deterioro funcional que en muchos casos resulta irreversible.

La respuesta habitual ante este diagnóstico apunta a la insuficiencia de recursos: déficit de plazas de media estancia, escasez de atención domiciliaria o demoras en el sistema de valoración de la dependencia. Esta lectura no es incorrecta, pero resulta incompleta. En buena medida, la escasez de recursos es también consecuencia de una arquitectura institucional que no está diseñada para ofrecer una respuesta articulada a la complejidad de las personas mayores, sino para gestionar dimensiones parciales de esa necesidad en subsistemas independientes, con escasos mecanismos de integración. Mientras no se aborde esta arquitectura, la intervención sobre los síntomas difícilmente permitirá resolver el problema de fondo.

Una necesidad indivisible atendida fragmentariamente

Las personas mayores con dependencia severa o enfermedad crónica compleja presentan perfiles de necesidad que pertenecen simultáneamente a cuando menos tres categorías: atención sanitaria continua, apoyo social y cuidado personal, y suficiencia económica para sufragar los costes de vida en situación de dependencia. Estas dimensiones no son separables: el deterioro funcional compromete la adherencia terapéutica, la insuficiencia económica restringe el acceso a los cuidados, y la ausencia de apoyo social acelera la progresión clínica.

La respuesta pública a este perfil de necesidades se ha construido, sin embargo, mediante subsistemas sectoriales concebidos con lógicas institucionales independientes. El Sistema Nacional de Salud opera con una lógica de episodio agudo que no encaja bien con la cronicidad y la dependencia. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por la Ley 39/2006, se constituyó como sistema paralelo al sanitario, con su propia lógica de valoración y elegibilidad, sin mecanismos institucionales de integración. El sistema de pensiones protege la renta en la vejez sin conexión con las necesidades de cuidado. Cada subsistema tiene su legislación, sus criterios de acceso, sus instrumentos de valoración y sus tiempos de resolución propios. El hospital gestiona el episodio agudo en días; el sistema de dependencia resuelve la valoración en meses.

Esta asincronía difícilmente puede entenderse solo como un fallo de gestión: responde, en gran medida, a una arquitectura que no está diseñada para la integración. Se trata, además, de un patrón extendido en muchos sistemas de bienestar europeos. El análisis comparado de la OCDE sobre sistemas de cuidados de larga duración en 29 países muestra que solo alrededor del 40% presentan integración plena con los servicios sanitarios, y que la legislación permanece fragmentada entre el sector sanitario y el de cuidados en la mayoría de ellos.

Incentivos estructurales a la descoordinación

Sobre esta fragmentación sectorial se superpone, en el caso español, una segunda dimensión que la agrava: la derivada de la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Cuando la atención sanitaria y los cuidados de larga duración se financian con cargo a presupuestos distintos y son responsabilidad de administraciones diferentes, cada actor tiende a trasladar hacia el presupuesto ajeno los costes que se sitúan en la frontera entre ambos sistemas. La literatura de federalismo fiscal denomina cost-shifting a este mecanismo y lo identifica como uno de los principales riesgos del gobierno descentralizado cuando las externalidades fiscales atraviesan fronteras administrativas.

En España, este patrón puede observarse en la gestión del alta hospitalaria diferida. El hospital de agudos, financiado con cargo al presupuesto sanitario de la comunidad autónoma, tiene incentivos para completar el alta tan pronto como la situación clínica lo permite. El sistema de servicios sociales, con financiación independiente y un proceso de valoración que puede prolongarse durante meses, no internaliza plenamente el gasto hospitalario adicional derivado de la demora. Como resultado, el coste de la descoordinación no recae de forma clara sobre ninguno de los dos sistemas, sino que se distribuye entre el presupuesto hospitalario, la persona mayor y su entorno familiar.

La pandemia de COVID-19 puso de relieve el coste humano de esta arquitectura con una intensidad sin precedentes. El 66% de las defunciones registradas entre marzo y junio de 2020 correspondieron a personas mayores residentes en centros de larga estancia. Los análisis posteriores han señalado como factores relevantes la limitada integración operativa entre la atención primaria del SNS y los centros residenciales, así como el uso reducido de los mecanismos de coordinación intergubernamental existentes.

Qué muestra la evidencia comparada

Los modelos internacionales más relevantes ilustran tanto las posibilidades como los límites de las distintas estrategias de reforma. La Pflegeversicherung alemana, introducida en 1995 como quinto pilar del sistema de seguridad social, creó un derecho independiente al cuidado financiado por una contribución obligatoria específica. Su aportación es fundamentalmente financiera: los cuidados de larga duración dejan de ser una carga residual de la asistencia social para convertirse en un derecho exigible. Su limitación reside en que no aborda la integración organizativa entre sanidad y servicios sociales, ni la tensión entre la fuente de financiación federal y la responsabilidad de los Länder en la planificación e inversión asistencial.

El programa PRISMA, desarrollado en Quebec desde 1999, adopta un enfoque distinto: no crea un nuevo sistema de financiación, sino que articula los existentes mediante seis componentes operativos —punto único de acceso, gestión de casos, plan de servicios individualizado, instrumento único de valoración, historia clínica compartida y coordinación institucional formal—. Su virtud principal está en la dimensión territorial: resuelve el incentivo al desplazamiento de costes mediante acuerdos explícitos de responsabilidad compartida entre organizaciones con presupuestos independientes. La evaluación cuasi-experimental con 1.501 personas mayores de 75 años mostró una reducción de 62 casos de deterioro funcional por cada 1.000 personas al año, sin incremento del coste total del sistema.

El programa PACE, reconocido como prestación federal en Estados Unidos en 1997 y que atiende actualmente a más de 91.000 participantes en 33 estados, es el único de los tres modelos que aborda ambas dimensiones de forma estructural. Una única organización y un único equipo interprofesional asumen toda la atención médica y social de personas mayores frágiles que desean permanecer en su comunidad. El mecanismo central es la capitación: la organización PACE recibe un pago mensual por persona de Medicare y Medicaid y asume el riesgo financiero integral de toda su atención. Una hospitalización evitable representa un coste directo para la organización, que tiene por tanto incentivos alineados estructuralmente con la prevención del deterioro. Los resultados muestran de forma consistente menores tasas de hospitalización, de reingreso y de institucionalización permanente en comparación con poblaciones equivalentes.

Las reformas necesarias y su orden

El análisis en dos dimensiones permite identificar con mayor precisión qué tipo de reformas son necesarias y en qué orden. Las reformas en la dimensión sectorial constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente. La implementación de un instrumento único de valoración sociosanitaria, que integre la valoración clínica y funcional en un solo proceso —realizado por un equipo interdisciplinar con acceso simultáneo a la historia clínica y al expediente social—, representa una condición técnica habilitante para avanzar hacia modelos de atención integrada. Lo mismo ocurre con la interoperabilidad entre los sistemas de información del SNS y del SAAD. Estas reformas pueden acometerse con relativa independencia de la organización territorial y conviene abordarlas con carácter prioritario.

Sin embargo, estas reformas por sí solas no modifican los incentivos que perpetúan la fragmentación territorial. Una valoración única implementada en un sistema con presupuestos separados y administraciones con intereses presupuestarios divergentes tenderá a seguir generando desplazamiento de costes. La evidencia comparada sugiere que los sistemas que han logrado mitigar esta limitación lo han hecho mediante algún grado de responsabilidad financiera compartida sobre los resultados: acuerdos explícitos de corresponsabilidad institucional, como en Quebec, o mecanismos de integración presupuestaria, como en PACE.

En el contexto español, esto apuntaría a la necesidad de desarrollar un instrumento de financiación intergubernamental específico para la atención sociosanitaria integrada, con corresponsabilidad entre Estado, comunidades autónomas y municipios, y con mecanismos que permitan que el actor que evita una hospitalización o una institucionalización innecesaria capture, al menos parcialmente, los beneficios asociados. Asimismo, sería necesario avanzar hacia un marco común de indicadores de resultado orientados a la persona —y no únicamente a la actividad sectorial— que facilite la comparabilidad en la rendición de cuentas entre comunidades autónomas y entre subsistemas.

El envejecimiento demográfico proyectado, con estimaciones que sitúan en torno al 30% la proporción de población mayor de 65 años hacia mediados de siglo, acentúa las ineficiencias del sistema y sus efectos sobre la calidad de vida. 

La reforma necesaria no se limita al ámbito sanitario o de los servicios sociales en sentido estricto: apunta a la arquitectura del Estado de bienestar y a los mecanismos de coordinación fiscal entre niveles de gobierno. La evidencia comparada sugiere que este tipo de reformas es viable, que no requiere necesariamente centralización competencial y que puede mejorar los resultados para las personas sin aumentar el coste global respecto al sistema fragmentado actual.

La principal dificultad no parece ser técnica, sino política: implica revisar equilibrios presupuestarios consolidados entre administraciones y avanzar hacia fórmulas de coordinación que no dependan únicamente de la voluntad de actores a los que el propio sistema no siempre incentiva a coordinar.

El proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con las prestaciones y servicios que sean necesarios para hacerlo efectivo, presentado por el Gobierno al Parlamento, culmina todo un esfuerzo del movimiento feminista durante 40 años de democracia para que se respete en España la libre autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y los derechos reproductivos.

Forma parte de toda una lucha por la democracia, que no es concebible sin los plenos derechos de la mujer y la no discriminación por razón de género. La lucha feminista es la lucha por la democracia y los derechos humanos.

El fin de la clandestinidad para abortar empezó con la ley socialista 9/1985, que derogó la ley franquista de 1941 que consideraba el aborto “un crimen social”. Pero en 1985 solo se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación; peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; o malformación fetal. Hubo que esperar a la ley orgánica 2/2010 para pasar a una ley de plazos que reconoce la libre decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. El Partido Popular, en 2015, introdujo la obligación de las mujeres de 16 y 17 años a obtener el permiso de los padres para abortar, pero esa limitación desapareció con la ley 1/2023. Sin embargo, aún hay limitaciones, en la práctica, para poder abortar en hospitales de la sanidad pública.

La garantía de la libre decisión de interrumpir el embarazo solo es completa si está garantizada al máximo nivel de legalidad. Y este es la Constitución. Solo así cabe asegurar la libertad de abortar frente a cambios legislativos. La evolución política de nuestro país muestra que esa libertad puede desaparecer ante la llegada al gobierno y al Parlamento de formaciones de derecha y ultraderecha, como así sucede ya en el nivel autonómico en España.

La presencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución significa que la autonomía de la mujer está garantizada frente a la aparición impetuosa de movimientos populistas y antifeministas. 

El derecho a la libre interrupción del embarazo tiene su base en el derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el pleno desarrollo de su personalidad (art. 10.1). De acuerdo con ello, se exige del legislador “el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación” (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo de 2023). Siempre tutelando por vía penal la vida prenatal, que es un bien constitucionalmente protegido. De ahí que el derecho a abortar se extienda a las 14 primeras semanas de gestación.

Este modelo legal está en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez que el legislador ha autorizado el aborto, el Estado tiene la obligación de crear el marco normativo y los mecanismos de ejecución necesarios para permitir a la mujer embarazada ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, constituyendo el incumplimiento de estas obligaciones una vulneración del derecho fundamental a la vida privada proclamado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Pues bien, el mejor marco normativo para asegurar a la mujer embarazada el ejercicio del derecho al aborto es la propia Constitución. De ahí la conveniencia de reformar su artículo 43 para recoger explícitamente la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ciertamente, la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a abortar en las condiciones legalmente establecidas no convierte al mismo en un derecho fundamental. Porque el artículo 43 está situado en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución referido a los llamados “Principios rectores de la política social y económica” y no en el Capítulo Segundo (“Derechos y libertades”). El artículo 43, su contenido, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE). 

El proyecto de la ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a abortar no es una iniciativa única en Europa. Francia ya incorporó ese derecho a su Constitución en 2024. No sólo eso. Recientemente se hizo pública una “iniciativa ciudadana europea”, suscrita por más de 1,2 millones de europeos y europeas, con el título “Mi voz. Mi decisión”. Tiene un objetivo sencillo: permitir a 20 millones de mujeres en Europa que no tienen acceso legal y seguro al aborto en su país de residencia (por ejemplo, Malta, Polonia, Hungría, Italia) trasladarse a otro Estado miembro para interrumpir su embarazo.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre 2025. La Comisión Europea exige que tres Estados miembros notifiquen su voluntad de unirse a esta iniciativa. Por el momento, la apoyan España y Eslovenia. En el pasado febrero, un colectivo de artistas, investigadores y escritores franceses se han dirigido al Presidente de la República para que también la apoye. 

La Comisión Europea ha aceptado que la interrupción voluntaria del embarazo se financie con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y que se garantice a mujeres que no necesariamente provengan del Estado dispuesto a utilizar ese Fondo para ese objetivo. 

Estas iniciativas ponen de relieve la demanda de millones de mujeres que desean que la interrupción del embarazo en condiciones seguras sea un derecho garantizado al máximo nivel legal. Por eso es tan importante que en nuestro país ese derecho sea recibido explícitamente en la Constitución española. Porque defender los derechos de la mujer es defender la democracia.

Hay trabajos que no se asocian de inmediato con enfermedades profesionales evidentes, pero que, de forma sostenida y silenciosa, acaban deteriorando la salud de quienes los realizan. El de camarera de piso es uno de ellos: una profesión esencial para el turismo, pero todavía demasiado invisible cuando se habla de trabajos penosos, a pesar de provocar dolencias crónicas, limitantes e incluso invalidantes. Este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, vuelve a poner sobre la mesa una evidencia incómoda: no se puede enfermar por trabajar.

El turismo emplea a cerca de tres millones de personas en España, en actividades como la hostelería, la hotelería o la restauración. Es un sector que refleja una contradicción cada vez más evidente: el brillo de los datos económicos, que baten récords año tras año y ganan peso en la economía del país, convive con efectos como la gentrificación y con condiciones laborales marcadas por altas cargas de trabajo, horarios extensos e irregulares y salarios por debajo de la media.

Dentro de este ecosistema destaca un grupo especialmente vulnerable: las camareras de piso, que sufren una cuádruple discriminación. Son mayoritariamente mujeres (91%), en muchos casos extranjeras (54%), con bajos niveles de cualificación —lo que limita sus opciones de promoción— y con una edad media creciente, superior a los 45 años en un porcentaje significativo del colectivo.

Esta feminización no ha ido acompañada de una verdadera incorporación de la perspectiva de género en la salud laboral. A diferencia de lo que ocurre en sectores industriales masculinizados, no es habitual medir de forma sistemática las cargas de trabajo. Sin embargo, los factores posturales que afrontan a diario derivan en problemas musculoesqueléticos que a menudo se cronifican, y la exposición a determinados productos químicos tiene efectos diferenciados según el sexo. Es poco frecuente que una camarera de piso alcance la jubilación sin secuelas físicas derivadas de su trabajo.

El peso de las mujeres migrantes en el colectivo añade una capa adicional de vulnerabilidad. Se trata, en muchos casos, de trabajadoras con menor capacidad económica, redes de apoyo frágiles y mayor riesgo de exclusión social. A ello se suman condiciones laborales exigentes y, cada vez más, largos tiempos de desplazamiento hasta los centros de trabajo, que terminan agravando el impacto sobre su salud.

En este contexto, algunas iniciativas recientes apuntan a posibles mejoras. El pasado 15 de abril, el Parlamento de Canarias aprobó, con amplio consenso, una reforma de la ley del turismo que obliga a las empresas a instalar camas elevables, carros motorizados y a realizar estudios de tiempos para medir las cargas de trabajo. Medidas similares ya se habían introducido anteriormente en Baleares, impulsadas también por reivindicaciones sindicales como las de CCOO, apuntando a un cambio de enfoque en la protección de la salud laboral en el sector.

También ponen de relieve la importancia de invertir en tecnología complementaria y no sustitutiva del empleo, algo especialmente relevante en un sector que combina bajos niveles de digitalización y tecnificación con rápidos retornos de beneficios, muchas veces basados en cargas irracionales de trabajo. Una tecnología orientada a la salud laboral será positiva si va acompañada de una adecuada medición de cargas de trabajo, permitiendo mejorar la salud laboral y mitigar el desgaste que se sufre en este ejercicio profesional.

Es una buena práctica que puede marcar un nuevo estándar replicable en otras comunidades autónomas. La extensión de este tipo de medidas, junto con otras orientadas a mejorar la cantidad y la calidad del empleo en el sector hotelero —como el impulso de sellos de hoteles socialmente responsables—, será determinante para corregir algunos de los desequilibrios estructurales que arrastra el turismo.

Todas estas mejoras deben contribuir a medio plazo a mejorar las condiciones laborales, pero no sustituyen otra reivindicación que sigue plenamente vigente: el acceso anticipado a la jubilación. El desgaste acumulado, la edad media creciente del colectivo y las consecuencias físicas del trabajo hacen razonable avanzar hacia la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación.

Detrás de las cifras hay vidas concretas. Mujeres que afrontan jornadas extenuantes que deterioran su salud día tras día, a lo que se suman responsabilidades domésticas y de cuidados. Dolores crónicos, lesiones musculares y, en muchos casos, la necesidad de medicarse para poder seguir trabajando. Un impacto que no es solo físico, sino también creciente en términos de salud mental.

El éxito del turismo no puede medirse únicamente en cifras si se construye sobre el deterioro de la salud de quienes lo sostienen. Defender unas condiciones laborales dignas no es solo una cuestión sectorial, sino un elemento central de cualquier modelo de sociedad que aspire a ser justo. Porque el progreso no puede hacerse a costa de la salud de las personas.

El gasto militar en 2025 ha alcanzado los 2,889 billones, el 2,5 % del PIB mundial, tras once años de crecimiento consecutivo, según los datos publicados por el SIPRI.

Las cifras récord de gasto militar de 2025 muestran el éxito o fracaso, según como se mire, de unos y otros. Es el fracaso de aquellos países que se han encargado de marcar el paso, de liderar la paz y la seguridad mundiales, a través de las vías militares, ya que la paz parece estar más alejada que nunca. Pero puede ser un éxito, porque han conseguido multiplicar, en unos pocos años, por dos e incluso por tres los presupuestos destinados a armamento de todo el mundo.

Los cinco primeros países en gasto militar son EEUU, China, Rusia, Alemania e India, que suponen el 58 % del total. Aunque EEUU en solitario acapara el 33 %, Europa el 30 % y Asia el 23%. Los 32 miembros de la OTAN alcanzan en conjunto 1,582 billones, el 55 %. Si les sumamos otros países aliados, como Japón, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudí, etc. superan el 70 %. EEUU triplica el gasto de China, quintuplica el de Rusia; Europa triplica el de Rusia. El conjunto de países OTAN y aliados militares multiplican la fuerza militar de cualquier país o región del planeta. La legitimación de seguir aumentando el gasto militar basada en la disuasión no se sostiene.

Merece este año especial atención el caso de Alemania y Japón. Alemania ha aumentado en tan solo un año un 24 % y lo ha hecho a doble dígito los últimos tres, alcanzando en la actualidad el 2 % del PIB en gastos militares, con el objetivo de llegar al 3 % en 2029. Además, todo ello lo hace con “trampa” contable, modificando su marco fiscal para facilitar el aumento del gasto militar, excluyéndolo parcialmente de su propio límite de déficit, permitiendo financiarlo con deuda mediante mecanismos fuera del presupuesto. Japón, con un aumento del 61 % desde 2016, ha llegado al 1,4 % del PIB, su cifra más alta desde 1958; ha cambiado su constitución para dotar de capacidad ofensiva a sus fuerzas de autodefensa y ha modificado recientemente la legislación que le impedía exportar armamento. Los dos países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, ahora estrechos aliados de EEUU, tienen carta blanca para militarizarse de nuevo.

Merece también un comentario la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a que el primero dedique hoy en día el 20 % de su presupuesto y el 63 % el segundo a gastos militares y no a otras necesidades sociales, y que ambos necesitan endeudarse para hacer frente a las enormes necesidades financieras de la guerra, hipotecando los gastos sociales de las futuras generaciones de sus respectivos países. Su ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones a sus gobernantes por no haber hecho lo suficiente para evitar la guerra. No basta con aceptar que la guerra era inevitable y dar el asunto por cerrado, como si se tratara de un desenlace ajeno a toda decisión política.

Por otra parte, si sabemos que el 60% de la facturación de las principales empresas de armas del mundo es de EEUU, que Israel exporta el 75% de su producción armamentista, aun estando en varias guerras a la vez, si también sabemos que el 55% de las importaciones de armas de la UE provienen de EEUU, podemos ver claramente quien se está beneficiando del contexto actual de escalada armamentística. No podemos decir que no lo sabíamos. Eisenhower nos lo advirtió después de dos mandatos presidenciales en su discurso de despedida, en 1961, cuando advirtió que “en los consejos de gobierno debemos guardarnos de la adquisición de una influencia injustificada, buscada o no buscada, por parte del complejo militar-industrial.”

En el capítulo de Donde Callan las Armas: Cañones o mantequilla: el verdadero precio del gasto militar hemos incluido otra cita de Eisenhower: en la que se centró en los costes de la carrera armamentística: “Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se lanza, cada cohete que se dispara significa, en última instancia, un robo a quienes tienen hambre y no son alimentados, a quienes tienen frío y no son vestidos.”

Nuestros gobernantes debieran saber que sabemos que el gasto militar es un indicador clave que refleja la acción política y muestra la voluntad de cada gobierno de destinar una parte de sus presupuestos públicos a la construcción de su estructura y de sus capacidades militares. Es decir, el gasto militar no es solo una cuestión técnica o presupuestaria, sino una expresión clara de prioridades políticas. Nos permite analizar cómo un gobierno decide asignar sus recursos dentro de un proyecto político concreto, es decir, qué prioridades establece cuando diseña sus presupuestos.

¿Qué camino queremos seguir como sociedad? ¿Queremos avanzar hacia modelos en los que el peso del ámbito militar sea cada vez mayor, como ocurre en países como Israel o Estados Unidos? ¿O, por el contrario, queremos situarnos con los países donde el gasto militar no ocupa un lugar central en su política exterior?

En el caso de países como España estas preguntas no son abstractas. Las decisiones que se tomen hoy, igual que las que se tomaron anteriormente, en materia de gasto militar contribuirán a definir no solo la política de defensa (o de paz), sino también el tipo de sociedad, de economía y de cultura política que se consolidará en el país en las próximas décadas.

Volviendo a los datos, España aparece en 2025 por primera vez entre los países con mayor gasto militar del mundo, con un crecimiento en tan solo un año del 50%, alcanzando en 2025 los 40 mil millones de dólares según el SIPRI (el 2,1% del PIB). Una cifra que podemos aumentar hasta el 2,42% si añadimos el resto de partidas que componen el gasto militar que calcula el Centre Delàs, que utiliza de forma estricta el criterio OTAN. Además observamos que en la lista de Programas de Modernización de Armas del Gobierno español vigentes para la próxima década se alcanza la cifra de 81.956 millones € y que 33.315 han sido aprobados en Consejo de ministros de 2025. Según estos datos, no podría asegurarse que España pueda ser, independientemente de quién gobierne, un país del No a la guerra, sino que, como el resto de los países que optan por las vías militares para conseguir la paz, más pronto que tarde se puede encontrar con una guerra por el camino.

El fin de semana pasado Mónica García anunció que quiere volver a ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por su partido, Más Madrid, en un momento en el que no hay convocadas elecciones (serán en 2027) y ella sigue al frente del Ministerio de Sanidad. En 2023 decidió no liderar de oposición a Isabel Díaz Ayuso y se marchó al Gobierno de España. Ahora quiere volver, en una estrategia que parece “made in PSOE”, desplazando a los que se han estado batiendo el cobre contra el Gobierno en la Asamblea madrileña en la presente legislatura, Manuela Bergerot y Emilio Delgado. 

Antes de que su candidatura sea oficial, García tiene que pasar por un proceso de primarias al que también podría concurrir Emilio Delgado y que se celebraría, posiblemente, después del verano. Los “emilistas” de Más Madrid ya aseguran que el diseño de este proceso de primarias restringe el voto de la militancia y favorece al aparato del partido, esto es, a Mónica García, que representa el continuismo. Un liderazgo que ha llevado a Más Madrid a ser el primer partido de la oposición pero está muy lejos de arrebatarle la presidencia a Ayuso, que disfruta de una cómoda mayoría absoluta en un Madrid con escasez de vivienda y abundancia de eventos y experiencias. García, médica y madre, como subrayan irónicamente sus detractores, es hija de psiquiatras, de familia acomodada, y su principal bandera ha sido la defensa de la sanidad pública, además del feminismo y los derechos LGTBI+. Delgado, hijo de un albañil y un ama de casa de Móstoles, ha vuelto a traer “el barrio” a su partido, y su obsesión es ensanchar el espacio político de la izquierda, para que quepan desde las señoras de 70 años a los gymbros que se matan a burpees. 

Si lo que quiere la izquierda madrileña es que Ayuso sea presidenta de la CAM hasta que se jubile, se aburra o perpetre otro descabezamiento dentro de su partido como el que sufrió Pablo Casado, Mónica García es la candidata. Hay que reconocer su enorme trabajo al frente de Más Madrid, pero por mucho que se repita que lo que importa son las ideas y los proyectos, las personas son las que marcan la diferencia dentro de las organizaciones y de la política. Mónica García ejerció una oposición consistente y entusiasta a Ayuso en 2021, pero es imposible separar su trayectoria en la CAM de su actual etapa como ministra, y la izquierda necesita nuevos líderes que no nos retrotraigan a 2015 sino que nos lleven con éxito más allá de 2027. 

Emilio Delgado es impulsivo, con querencia a meterse en jardines y no rehuir ningún enfrentamiento, se le entiende a la perfección cuando habla y ha asumido que la izquierda ha perdido el pulso entre la clase obrera y en el ágora digital. Aunque funciona con buenas dosis de entusiasmo y apariciones televisivas, Delgado intuyó hace tiempo que los malestares socioeconómicos se transforman en malestares identitarios, y no hay que menospreciar a los que se quejan de la inmigración ni olvidar al segmento masculino que está integrado en la manosfera o que llena los campos de fútbol. Uno de los libros que recomienda Delgado defiende su trayectoria e intenciones:´Nadie me esperaba aquí: apuntes sobre el desclasamiento, de Noelia Ramírez. El desclasamiento es uno de los temas de nuestra época, y Delgado lo percibe como lo percibe Annie Ernaux en libros como 'La vergüenza'. 

La izquierda debe desarrollar un nuevo lenguaje político constructivo que emocione al electorado, que conecte con todo tipo de gente. Debe articular ideas nuevas para un mundo nuevo, diferentes de las que triunfaron después del 15M, debe ser audaz al tiempo que protege las instituciones y, sobre todo, a las personas. Y debe articular nuevos liderazgos que renueven en el electorado el hambre de ganar unas elecciones, y más en una plaza tan significativa y complicada como Madrid. Emilio Delgado ha intuido todos estos retos y, con cierto desorden y alguna contradicción en su discurso, es un magnífico candidato para la contienda con Ayuso. No se lo van a poner fácil dentro de su propio partido pero los votantes de Más Madrid y todos aquellos que quieren que el PP deje de gobernar en la CAM necesitan incentivos para ir a votar. Puede que Delgado no lo consiga, puede que tengamos a Ayuso (y a Quirón) para rato, pero hay que intentar lo que aún no se ha intentado, agradeciendo todo el trabajo de estos años a Mónica García. Para que Madrid vuelva a ser Madrid y no un remedo de Miami, una ciudad para sus habitantes y no un parque temático que se vende al mejor postor. 

Desde que tengo memoria, la cena de corresponsales de la Casa Blanca era una ocasion en la que los periodistas de Washington y los funcionarios de Washington disfrutaban de la celebridad del otro.

La cena del sábado por la noche terminó abruptamente con disparos, los funcionarios del Servicio Secreto gritaron a los asistentes que “se tiraran al suelo”, Donald Trump y otros funcionarios fueron sacados rápidamente del salón de eventos, entre platos rotos y sillas cayendo, en un pandemónium general.

El sábado por la noche, las celebridades se convirtieron en personas normales que sentían pánico y miedo.

La mayor parte del tiempo, Washington es un escenario en el que los actores asumen roles y se visten para los papeles asignados. Recuerdo haber usado un esmoquin incómodo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca mientras trabajaba en la administración Clinton, tratando de tener una conversación agradable con personas que me habían asaltado esa mañana.

El glamour del evento contrastaba tanto con mi arduo trabajo diario que este parecía extrañamente etéreo, como si todos hubieran recibido un guion que sabían que era una tontería absoluta.

Trump ha cambiado mucho las cosas. Ha traído una sombría hostilidad a los que se dedican al trabajo público y a quienes informan sobre los que se dedican al trabajo público. Ha atacado personalmente a periodistas con burlas e insultos. Llamó a una periodista “cerdita” y a otra “fea”. Llama “enemigos a los periódicos y medios de comunicación que no le gustan, como The New York Times y CNN. Su Casa Blanca también prohibió a The Associated Press ingresar a la Oficina Oval después de que la agencia de noticias se negara a adoptar la terminología ”Golfo de América“ en lugar del Golfo de México. Esta fue la primera cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que aceptó asistir como presidente y, según todos los informes, estaba preparado para someter a los medios a un infierno con sus comentarios.

Y entonces el infierno estalló en forma de pistolero enloquecido. Mientras escribo esto, parece que un agente del Servicio Secreto resultó herido, pero ninguna de las estrellas resultó herida. Hasta ahora, los motivos del pistolero no están claros. Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, dijo que el pistolero podría ser acusado de intento de asesinato del presidente. Si se confirma, este sería el tercer intento de asesinato contra Trump.

Existe una estrecha relación entre la era Trump y la violencia: no solo los atentados contra su vida, sino también la violencia que su administración ha desatado en todo el mundo, la violencia que su ICE y sus agentes de la patrulla fronteriza han causado dentro de los Estados Unidos, la violencia que ha incitado entre sus partidarios. (Algunos de los invitados del sábado por la noche a la cena de los corresponsales estuvieron en el Congreso el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump atacaron el Capitolio de los Estados Unidos).

La violencia de la administración Trump ha causado miles de muertos y heridos. Eso no justifica el ataque del sábado por la noche, por supuesto, pero es parte de lo que ha forjado en Estados Unidos. Cambió el guion en Washington. Ha dado paso a un Estados Unidos más dividido, no fiable y hostil; un Estados Unidos donde los opositores políticos son enemigos que deben ser arrollados y destruidos en lugar de debatidos y desafiados en las urnas.

Ya no se trata solo del trabajo duro que recuerdo. El drama es que ahora estamos ante una tragedia caótica, la mayoría de cuyos actores, los que crean las noticias y los periodistas que las difunden viven en continua incertidumbre y turbación.

Mis vecinos de Piedralaves, entre los que hay cabreros, reponedoras de supermercado, dependientes de comercio, ganan más dinero que yo, que tengo media casa muy bonita llena de libros. Un malentendido trata de traducir en términos estrictos de “clase” lo que en realidad es una diferencia de otro tipo. Los veo raros. Me ven raro. Tres veces al año compartimos mesa. Ellos me agasajan porque me ven frágil; me cortejan porque les parezco interesante; les gusta sentarse a la mesa con un escritor que se sienta a la mesa con ellos. Yo les agasajo porque me parecen frágiles; los cortejo porque me parecen interesantes; me gusta sentarme a la mesa con un cabrero y una cajera de supermercado que se sienten contentos de sentarse a la mesa conmigo. Cuando nos despedimos piensan: “no quiero ser como él pero quiero que exista”. Cuando me despido de ellos pienso: “no quiero ser como ellos pero quiero que existan”. Un mundo llevadero, civil, es un mundo en el que cada uno de nosotros se gusta razonablemente a sí mismo mientras piensa del otro: “no quiero ser como él, pero quiero que exista”. El elitismo de izquierdas consiste en mirar al otro y decir: “quiero que sea como yo”, como si ese “yo” contuviese el patrón universal de una humanidad deseable. La guerra civil estalla cuando miramos al otro y nos decimos: “no quiero que exista”. Lo primero es narcisismo militante; lo segundo es fascismo.

Este “quiero que existas” entre vecinos es una interesante experiencia de “ficción” antropológica que, en toda su pureza, sólo encontramos en la literatura. Ahora que celebramos el Día del Libro es un buen momento para recordar que la “ficción”, ese gran invento de la humanidad (que, a su vez, inventa a la humanidad misma), nos protege del fascismo no porque sea antifascista sino porque crea un hábitat concreto en el que nada ni nadie sobra. La fórmula con la que san Agustín resumía el verdadero amor era volo ut sis, que Heidegger traducía como “quiero que seas lo que eres”, pero que, a mi juicio, se limita a reconocer y conservar la existencia del otro ante nuestros ojos: no sobras, no me sobras, me gusta que existas incluso si no me gusta como eres.

Más allá de la propia familia, poblada de tíos narigudos y abuelas furibundas, este gusto por la existencia ajena sólo se revela verdaderamente vinculante en las buenas novelas, de cuyos personajes, buenos o malos, no podemos prescindir. No nos identificamos con John Silver, no, pero queremos que exista; ni con lady Macbeth ni con lady Catherine de Bourgh, por supuesto, pero queremos que existan; ni con los malvados Dodson y Fogg ni con Felicísimo Carnicero ni con el enano Fitzerle, pero queremos que existan. Cuando situamos los relatos y, en general, la ficción fuera de la realidad, en una nube fantasiosa, estamos olvidando que una reunión de vecinos puede ser a veces una buena novela. Y que es justamente eso que tiene de novelesco nuestra vida cotidiana lo que nos protege del narcisismo y de la guerra civil.

Por eso es fundamental salvaguardar la autonomía de la ficción. Lo he dicho otras veces: ni podemos ni debemos correr riesgos en un hospital falto de recursos ni volviendo borrachas de noche a nuestras casas ni en un trabajo inhumano y sin contrato. Nada ni nadie podrá garantizarnos una seguridad absoluta, es verdad, pero una sociedad justa tiene que establecer condiciones materiales en las que estos peligros se vean reducidos al mínimo. Hay dos ámbitos, sin embargo, en los que los humanos no sólo no podemos evitar todos los riesgos sino a los que debemos proteger, al margen de cualquier intervención (iglesia, doctrina o partido), como espacios pensados precisamente para correr riesgos. Uno es el amor. El otro el arte. Un enamorado se enamora de la independencia del amado, pero esa independencia es, al mismo tiempo, fuente de belleza y de incertidumbre; no hay ningún enamorado que no quiera esas dos cosas juntas o que no acepte su simultaneidad inevitable. En cuanto al arte, es justamente el lugar que nos hemos reservado para ponernos en peligro y poner en peligro a las demás. La literatura debe servir para eso, no como evasión o esparcimiento. Una buena novela sirve de hecho para eso: para ceñir un espacio de autonomía en el que nos podemos permitir —y, aún más, debemos— correr riesgos. Hace años titulé una colección de reseñas literarias: Nadie está seguro con un libro en las manos. De esa inseguridad “local” depende nuestra humanidad general.

¿De qué riesgos hablo? El autor corre el riesgo de crear nuevas reglas sin ninguna certeza, el riesgo de no encontrar las palabras, el riesgo de no gustar. El lector corre un riesgo aún mayor: corre el riesgo de que exista el otro. Lo acabo de decir: el otro existe solamente, o sobre todo, en la ficción, y desde allí a menudo comparece también en nuestras vidas. El riesgo que acompaña a la existencia del otro es inmenso: el de que, por ejemplo, cambiemos de idea o de opinión. Cuando el otro existe realmente —para el enamorado o para el lector— ya no podemos estar seguros de tener razón. No sabemos, no, quiénes somos hasta que tropezamos con alguien del que decimos: quiero que existas. Una verdadera reunión de vecinos, porque se parece a una buena novela, conlleva el peligro de una transformación, para bien o para mal. Por eso las buenas novelas, como los grandes amores, son peligrosos.

 El problema hoy no es que se escriba poco (nunca se ha escrito tanto) o que no se lea (probablemente se lee más que nunca) sino que la literatura, como las reuniones vecinales, se inscribe cada vez más en un mundo caracterizado por el “aplanamiento”, según la expresión del filósofo francés Olivier Roy; es decir, en un mundo sin arrugas, sin ambigüedades, sin matices; un mundo en el que, en la sociedad, queremos tratar sólo con afines electivos y en el que, en la literatura, queremos leer sólo novelas que nos representen, cuyos personajes podamos identificar como “nuestros” y con los que podamos identificarnos. A derecha e izquierda, me temo, se sobrevalora el poder axiológico del arte y de la literatura, de manera que unos y otros buscan intervenir en su autonomía para apropiársela en favor de sus “valores”. Pero al querer evitar o monopolizar ese poder sobrestimado, lo que hacen es neutralizar su verdadero poder, inseparable precisamente de su peligrosa indeterminación frente a la planitud ideológica. Ningún niño se hará nunca antirracista o feminista leyendo cuentos moralistas cuyo mensaje sea evidente. La literatura, si quiere conservar su poder relativo, no puede ser un manual de instrucciones. Como bien decía Gramsci: “el arte es educativo, pero no porque sea educativo sino porque es arte”. La novela más antifascista que he leído es Viaje al fin de la noche, cuyo autor, el francés Louis-Ferdinand Céline, fue juzgado por colaboracionismo con los nazis; la más atea es Los hermanos karamazov, escrita por Dostoievski para combatir el ateísmo; la más sociológicamente reveladora Orgullo y prejuicio, que Austen escribió como divertimento. Si existe el otro, ya no sabemos qué va a ser de nosotros. Ese es el peligro, esa es la salvación. No quiero novelas antifascistas ni feministas ni democráticas. Quiero correr riesgos. Al menos ahí.

Decía el gran poeta Joseph Brodsky que un escritor sólo tiene una obligación: escribir bien; y que la sociedad, por su parte, no tiene nunca ninguna obligación en relación con los escritores. Tiene derecho a no leer y, aún más, a despreciar a sus artistas. Ahora bien, añadía, una sociedad que no lee y desprecia a sus artistas es una sociedad cuyo lenguaje crecientemente degradado la expone a la tiranía y la demagogia. Un mundo aplanado es un mundo en el que los escritores escriben para sus propios afines y en el que los lectores quieren leer libros en los que se sientan confirmados y confortados. Ese aplanamiento ha llegado ya a la política, al periodismo, a los tribunales, donde la literalidad, el fake y la prevaricación se han impuesto como forma rutinaria de negar al otro: “no quiero que existas”. Cuidemos al menos, por favor, la ficción y su autonomía, el único territorio en el que aún podemos distinguir el Bien del Mal y desear que existan los dos al mismo tiempo.

Hay líneas que no deberían cruzarse y, sin embargo, se están cruzando. Los acuerdos que avanzan en algunas comunidades, que unos llaman “arraigo” y otros “prioridad nacional”, esconden en realidad lo mismo: la pretensión de poner a unas personas por delante de otras en el acceso a derechos básicos por su nacionalidad. No estamos ante una política discutible; estamos ante una negación del ser humano, incompatible con la democracia, con la Constitución, con Europa y con cualquier idea de derecho natural. Y eso está generando una alarma creciente en la sociedad, en cualquiera que entiende que los derechos no pueden depender del origen.

Porque en España los derechos fundamentales no dependen del pasaporte. Ese ha sido uno de los consensos más valiosos de nuestra convivencia. Lo que ahora se plantea no lo matiza: lo rompe. Y al hacerlo abre algo más grave: una grieta en la que la dignidad deja de ser universal para convertirse en condicional. Cuando se empieza a decidir quién tiene derechos, se cuestiona al propio ser humano y se activa una lógica que la historia ha demostrado devastadora.

Como advirtió Hannah Arendt, el derecho esencial es el derecho a tener derechos. Cuando ese principio se quiebra, la democracia deja de ser igualdad y empieza a convertirse en un sistema que separa, clasifica y excluye.

Ese deslizamiento ya está en marcha. Se construye un relato que presenta a las personas migrantes como problema o amenaza, cuando la realidad demuestra lo contrario. España necesita inmigración para sostener su mercado de trabajo, su relevo generacional y su sistema de protección social. Las personas extranjeras trabajan, cotizan, cuidan, producen y sostienen sectores enteros de nuestra economía. Son parte de nuestra sociedad, aunque algunos se empeñen en situarlas fuera para convertirlas en un chivo expiatorio.

La gravedad alcanza su punto más extremo cuando afecta a menores. Los niños y niñas extranjeros no son una categoría política ni un instrumento de confrontación. Son sujetos de derechos cuya protección debe ser absoluta. Convertirlos en objeto de disputa no solo es una quiebra ética; sitúa a quienes lo hacen fuera del consenso internacional más básico —jurídico, político y humano— que obliga a proteger a la infancia sin condiciones. Apartarse de ese consenso no es una opción política más: es un paso atrás que erosiona los fundamentos mismos de una sociedad civilizada.

También desde el plano moral el mensaje es claro. El Papa ha recordado que las personas migrantes no son una amenaza, sino seres humanos con dignidad. Y la dignidad no se relativiza, no se gradúa, no se negocia. Ese recordatorio conecta con la base ética de cualquier sociedad democrática.

La llamada “prioridad nacional” no resuelve ninguno de los problemas reales —la vivienda, la desigualdad, la precariedad—. Lo que hace es desviar la atención y dirigir el malestar hacia quienes menos responsabilidad tienen. Es, en definitiva, una coartada que simplifica lo complejo a costa de debilitar lo esencial.

Pero hay una paradoja que debería incomodar. España ha sido un país de emigración, también interior. Durante décadas, miles de personas dejaron regiones como Extremadura o Aragón para buscar oportunidades en otros territorios. Esa movilidad forma parte de nuestra historia y explica buena parte de nuestro desarrollo. ¿Qué ocurriría si quienes se marcharon regresaran hoy y se encontraran con un sistema que les exige “arraigo” para acceder a derechos básicos? ¿Qué ocurriría si se les dijera que no cumplen, que hay otros “más de aquí” que deben pasar por delante?

La lógica de la exclusión no se detiene. Cuando se acepta, se expande.

Porque cuando los derechos dependen del origen o del tiempo de permanencia, la frontera deja de ser un límite jurídico y se convierte en una línea arbitraria que puede moverse en cualquier momento. Hoy son otros. Mañana puede ser cualquiera.

Por eso la conclusión es inevitable: cuando se decide quién tiene derecho a tener derechos, lo que está en juego no es solo la vida de otros, sino el fundamento mismo de la democracia. Y frente a eso no cabe la indiferencia. Defender la democracia, la libertad y los derechos no es una opción: es una obligación cívica. Es defendernos a nosotros mismos frente a una deriva que, si no se frena, termina por arrasarlo todo.

Una vez alcanza el poder, el político tiende con sorprendente rapidez a perder esa capacidad de confrontar las cosas como son, principalmente porque uno se centra en sí mismo y se encuentra muy satisfecho con lo conseguido; además, habitualmente, las personas de su círculo más cercano cierran filas alrededor como una guardia pretoriana, cuya prioridad es defenderle de las opiniones divergentes, mientras le susurran constantemente lo que quiere oír, hasta envolverle en una nube que le ciega para ver más allá de su contorno. En el mundo empresarial sabemos que dentro de las empresas viven los costes, mientras que para obtener ingresos hay que salir fuera.

Cada vez menos directivos salen de su caparazón, ahora digitalizado artificialmente, y se nota, porque tocan de oído. Paradójicamente, la mayor información procesada correlaciona con menor lucidez en la anticipación de lo que traerá el futuro.

La neurociencia señala que en las personas poderosas hay zonas del cerebro menos activas, entre otras aquellas que fomentan la empatía, que permiten ver con los ojos del alma a los otros, escucharlos y comprenderlos. Si el poder es ilimitado, descontrolado o desequilibrado, año tras año precipita esta metamorfosis perversa, cuyo diagnóstico tiene mal pronóstico Al cabo de no mucho tiempo el sordo que no quiere oír se mete en un túnel que empeora progresivamente. El tratamiento de choque apunta a una dosis contundente de realidad, que suelen aportar la familia o los amigos que son amigos, y, por lo tanto, insobornables, que le tratan como la persona normal que es, con las limitaciones naturales e intelectuales que la caracterizan.

El asesor político fetén sabe que lo que ha hecho del candidato el elegido no es lo que hará la mejor versión del político que puede llegar a ser. Para hacer política hay que dejar de hacer campaña. El asesor útil está obligado a hacer algo diferente, innovador, para mantenerse fuera del halo del poder; eso le permitirá ser capaz ver con nitidez e interpretar con precisión las cosas que pasan, de lo que se beneficiará su asesorado.

Paradójicamente, antes de lo que el asesor se imagina, el destino de esa objetividad en la visión, comprensión e interpretación de lo que pasa divergirá de la perspectiva de su jefe en el poder, porque este último flaqueará ante la tentación de ver a través del prisma de lo que desea porque le conviene. Los líderes políticos o empresariales solo salen de la ceguera o sordera autoimpuesta, es decir, solo cambian de opinión si antes han cambiado de comportamiento. No hay que olvidar que las personas ajustamos nuestras opiniones más debido a la observación que como resultado de la argumentación.

La soberbia causa incapacidad técnica también en política, a las pruebas locales y globales me remito.

La semana pasada hablé, en Madrid, con un ganadero de la Serena. Me preguntó algo muy sencillo: “¿Qué va a pasar ahora?”. No usó términos técnicos. No habló de la PAC ni de desarrollo rural ni de cofinanciación europea ni de protocolos. Pero sabía exactamente lo que estaba en juego. Y yo también.

Esta semana, la ultraderecha ha tomado la Consejería de Agricultura de Extremadura y, próximamente, según lo anunciado, también lo hará con la de Aragón. Dos de las regiones con mayor peso agroalimentario de España. Dos despachos desde los que se decide qué pasa con el agua, con los regadíos, con los y las profesionales agrarios, con las mujeres rurales, con el futuro de miles de familias que viven de la tierra.

Yo estuve ocho años en uno de esos despachos. Y ahora van a ver lo que es gestionar el campo de verdad.

Las sequías que no se anuncian. Los incendios que no tienen temporadas. Los agricultores que llaman un domingo a las siete de la mañana porque lo han perdido todo por la emergencia climática. La agricultora que sostiene su explotación con menos agua cada año y sigue. El sector tabaquero del norte de Cáceres, denostado durante décadas, del que viven treinta mil familias directa o indirectamente, y que necesita políticas valientes, no ideología.

Eso no se gestiona con relatos. Se gestiona con conocimiento, con trabajo y con la gente del sector al lado.

Esta semana, además, la presidenta de Extremadura me ha mencionado en su discurso de investidura. Me alegra que lo haga, porque así podemos hablar con documentos y no con relatos. Tierra de Barros era el proyecto de regadío más importante de la historia de Extremadura. Un nuevo regadío, es decir: construir de cero, tubería a tubería, la infraestructura de toda una comarca. Era ambicioso, trabajamos durante años y lo dejamos listo para licitarse. Fueron ellos quienes pararon las expropiaciones, eliminaron los fondos empleándolos en otras actuaciones y dinamitaron el proyecto. Los documentos existen. Y, si fuera necesario, los volveremos a poner encima de la mesa. No hay nada que esconder y nos encantará mostrarlos.

Pero esto no es la respuesta a un ataque. Quiero hablar de algo más importante.

El campo español no es un experimento ideológico ultra. Es el sustento de millones de familias. Es la razón por la que los supermercados y las neveras de todo el país están llenas. Es la posibilidad de que la ciudadanía española coma, sencillamente. Es el motivo por el que España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea. Es el país con mayor renta agraria de Europa según Eurostat. Y todo eso merece gestores que lo conozcan, no activistas que lo manoseen.

Esta semana el Gobierno de España ha abierto el proceso de regularización extraordinaria de trabajadores migrantes. Es, entre muchas cosas, una solución para la falta de mano de obra que ahoga al campo. Sin trabajadores no hay producción. Sin producción no hay sector. Sin sector agroalimentario no hay España. Rural o urbana.

Y al mismo tiempo, los pactos de gobierno firmados en Extremadura y en Aragón incluyen medidas para expulsar o dejar al margen a esa misma mano de obra. Que alguien me explique cómo se gestiona el campo español con esas dos ideas al mismo tiempo. Yo no sé hacerlo. Y creo que ellos tampoco.

Porque el campo no entiende de banderas ni de proclamas. El campo entiende de agua, de suelo y de gente que lo trabaja. Entiende de políticas públicas que lleguen a tiempo y de gestores que estén cuando hace falta, no solo cuando hay cámaras.

Extremadura necesita en su consejería de Agricultura a personas que no tengan que buscar el mapa cuando hablan del Jerte o de la Vera. Igual en Aragón y las comunidades autónomas que vendrán, estoy convencida, como Castilla y León. Que no apliquen políticas diseñadas en oficinas de Madrid sin ponerse las botas. Que entiendan lo que está en juego cuando se negocia un regadío; cuando se diseña una ayuda para el relevo generacional; cuando hay que defender, aquí y en Europa, que nuestro modelo de campo familiar y sostenible no es el pasado: es el futuro.

España está en un momento en que se decide qué modelo de país queremos. Uno que apuesta por la cohesión territorial, por la soberanía alimentaria, por las mujeres rurales, por los jóvenes que quieren quedarse en sus pueblos. O uno que usa el campo como escenario de una batalla cultural que no tiene nada que ver con la realidad de quienes lo trabajan.

El campo español no es ese lugar nostálgico, en blanco y negro, que algunos intentan pintar. Es espacio de innovación, de digitalización, de inteligencia artificial aplicada al riego y a la gestión de plagas. Es el lugar donde conviven las raíces y la ciencia, la tradición y el futuro. Es el lugar donde se produce lo que España come, lo que Europa exporta y lo que el mundo necesita. Es el principal embajador de la Marca España.

Y es, sobre todo, el lugar donde vive gente real, con proyectos reales, que merece políticas reales. No experimentos.

La España rural no es el margen. Es la raíz. Y sin raíz, no hay nación (o patria, si así lo entienden mejor) que crezca.

La existencia, revelada por la agencia Reuters, de un correo interno del Pentágono -sede de la defensa estadounidense- en el que se estudiarían alternativas para sancionar a los aliados de la OTAN que no han apoyado o facilitado la agresión de EEUU a Irán, entre los que se citaría a España, ha desatado un cierto revuelo en nuestro país y, tal vez, causado alguna inquietud en determinados círculos políticos y militares. Aunque es necesario decir que las campanas -siempre hablando en sentido figurado- han sonado más a gloria que a difuntos en un buen número de campanarios españoles, como sucede aquí con cualquier señal de hostilidad o de enfado que provenga de un individuo como el presidente estadounidense, Donald Trump, o de altos cargos de su administración.

Según la información que se ha conocido, el correo no hablaría - contra lo que han dicho algunos medios - de la expulsión de España de la OTAN, sino tal vez de su suspensión, pero ninguna de ambas cosas son posibles según el Tratado del Atlántico Norte (TAN) o Tratado de Washington, que dio origen en 1949 a la Alianza Atlántica. El correo plantearía la suspensión de altos cargos que España pudiera tener en su estructura o de otras medidas restrictivas en su participación, aunque ninguna de ambas medidas tendría tampoco tendría ninguna cobertura legal, ni serían muy lesivas para España. Nuestro país apenas tiene altos cargos en la OTAN: en el ámbito político, solo el diplomático Javier Colomina, representante Especial para la Vecindad Sur, y en el militar, el mando del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón y del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de Rota, que ejerce periódicamente como Mando Componente Naval de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, que, como están en España, son lógicamente dirigidos por militares españoles. En cambio, España contribuye con más de 1.700 militares en despliegues de la OTAN en Estonia, Rumanía y Eslovaquia, además de su participación periódica en la policía aérea del Báltico y en numerosas fuerzas y operaciones navales aliadas. Una aportación nada desdeñable.

Donde sí tendría más discrecionalidad EEUU sería en sus relaciones bilaterales de defensa con España, que se concreta en las facilidades e instalaciones de apoyo que usan en las bases españolas de Rota y Morón, autorizadas por un convenio que impide cualquier medida inamistosa hacia nuestro país en el ámbito de la defensa. Nada les impide abandonar esas bases, no “cerrarlas” como se dice en Washington, porque las bases seguirían operando sin ellos, ya que son muy importantes también para nuestras fuerzas navales y aéreas. Pero de esto se habla poco, porque trasladarse a otro país no les interesa, costaría mucho dinero y no mejoraría su situación geopolítica, sobre todo si se tratara de un país no OTAN. España tiene muy poco que perder salvo los puestos de trabajo que la presencia estadounidense promueve, pero que podrían ser compensados por decisiones políticas e inversiones del Gobierno central e incluso del autonómico andaluz, y asume un riesgo mayor por el estacionamiento allí de fuerzas de un país que cada vez tiene menos amigos. Como decíamos antes, muchos -o probablemente, la mayoría- de los españoles no se llevarían precisamente un disgusto si se diera este caso.

Este correo del Pentágono, que es puro humo y no tendrá mucho recorrido, solo responde a la petición de Trump para que se estudien las medidas que se podrían tomar contra los aliados rebeldes que se han negado a seguirle en su irreflexiva aventura en Oriente Medio, y no afecta solo a España sino a pesos pesados como Francia, que le ha negado su espacio aéreo, Reino Unido, cuya soberanía sobre las islas Malvinas dejaría de apoyar, incluso Italia, su mejor aliada en Europa, y Alemania, de donde se dice que se retirarían parte de las fuerzas de EEUU. Su reproche a estos países es que no han accedido a involucrarse, en el momento en el que él ha creído conveniente, en una guerra claramente ilegal que decidió emprender unilateralmente, de la mano de su amigo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sin consultar siquiera con sus aliados, como hubiera sido adecuado de acuerdo con el artículo 4 del TAN, y que está perjudicando gravemente a la economía mundial y en particular también a la europea.

No es España ni ningún otro aliado europeo de la OTAN (ni Canadá) quienes no cumplen con sus responsabilidades. Quizá el único país que merecería ser expulsado o suspendido sería precisamente EEUU. El artículo 1 del TAN, en el que se especifican los objetivos de la Alianza dice literalmente: “Las Partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas de modo que la paz y seguridad internacionales, como la justicia, no sean puestas en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. ¿Quién está vulnerando el tratado fundacional de la Alianza Atlántica?

A Trump le duele que la OTAN no acate sin más sus deseos, porque su concepción de ella parte de la falacia de que los aliados europeos están en deuda con EEUU por la protección que les ha prestado -siempre en beneficio de la propia seguridad estadounidense- y ahora tienen que “pagar” en forma de subida desmesurada de sus presupuestos de defensa, ya que las dos terceras partes de la compra europea de material militar se hacen en empresas estadounidenses, o acudiendo a su llamada cuando los requiere. En este caso concreto aduce que el cierre del estrecho de Ormuz afecta más a los países europeos y que tienen que ser ellos quienes se preocupen de abrirlo, cuando este paso estaba abierto antes de su ataque. Es él quien ha causado el problema, cuando las negociaciones con Irán iban bien y no había ninguna necesidad de hacerlo, y es él quien tiene que resolverlo. Pretender arrastrar a los europeos a una guerra en la que las decisiones las toma solo él, y además de una forma errática, cambiante e imprevisible, en contra de la legalidad internacional, no es más que una muestra más de su falta de respeto a Europa y de su escaso conocimiento de las relaciones internacionales

También nos duele la OTAN a los que pensamos que, lejos de servir para la seguridad común del área del Atlántico Norte, para lo que sirve es para que Washington utilice a los países europeos como y cuando más le interese para cumplir sus propios objetivos estratégicos. Los arrastró -con la valiosa colaboración de algunos- a la guerra de Irak, basada también en falsedades, y a la de Afganistán, que decidió abandonar unilateralmente, ambas en su exclusivo beneficio. Trump ha dicho claramente que solo le interesa EEUU -America First- y ha abandonado a Europa en su mayor problema de seguridad, la guerra en Ucrania, cortando toda la ayuda a Kiev y asumiendo en buena parte las tesis de Rusia. Su Estrategia Nacional de Seguridad dice claramente cuáles son sus intenciones respecto a sus aliados europeos: “Cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas”.

¿Para qué queremos una alianza así, cuando su principal protagonista nos ningunea, nos utiliza y pretende sancionarnos si no seguimos sus deseos por arbitrarios e ilegales que sean? ¿Creen los dirigentes europeos que callan y bajan la cabeza que están sirviendo a los intereses de sus ciudadanos con su sumisión, o que Trump se va a preocupar por ellos? ¿No podrían unirse para plantar cara conjuntamente a su principal aliado para condicionar sus posiciones tanto hacia Europa como en su actuación en el escenario internacional? ¿Qué más tiene que pasar para que se decidan a hacerlo?

Son preguntas esenciales, pero que no tendrán respuesta hasta que los europeos estemos realmente unidos, compartamos la misma concepción estratégica y los mismos fines políticos, y seamos capaces de construir una alternativa de seguridad colectiva autosuficiente que nos permita garantizar nuestra propia defensa, porque en otro caso seguiremos dependiendo de EEUU, por poco fiable que sea. Ningún aliado, tampoco España, desgraciadamente, puede abandonar en estos momentos la OTAN, solo y unilateralmente, porque sería un salto en el vacío y comportaría verdaderos problemas. Hay que hacerlo todos juntos, o al menos con un grupo de países de suficiente peso que tomen la iniciativa de crear primero un grupo de presión dentro de la OTAN y después una defensa autónoma, a los que luego sigan los demás como pasó con la moneda única

Debe hacerse en el seno de la Unión Europea, aunque se puedan unir otros países europeos, porque ya tiene instituciones políticas, e incluso una incipiente organización de mando y control militar. Y tiene que empezar por la definición de los principios y valores que esa unión defensiva se propone proteger, y los límites que va a respetar, porque si se trata de replicar a una de las potencias belicistas que ya existen, como parecer ser la aspiración de algunos países europeos en relación, por ejemplo con Rusia, no necesitamos crear nada nuevo, ya tenemos la OTAN. Lo que necesitamos es una UE pacífica, colaborativa, que respete las reglas de la legalidad internacional. Y para eso necesitamos liberarnos de la dependencia de EEUU, que tiene su propia estrategia y su particular forma de ver las relaciones internacionales y de intervenir en ellas,

Si no aprovechamos este momento, en el que la actitud prepotente y despectiva de Trump pone de manifiesto más que nunca la relación desigual que existe entre las dos orillas del Atlántico, y la fragilidad de la seguridad europea cuando se confía sin reservas en una potencia externa que lógicamente prioriza -o contempla solamente- sus propios intereses, y sobre la que no tenemos ninguna influencia mínimamente decisiva, probablemente lo lamentaremos. Porque si a Trump le sucede su segundo, J.D. Vance, la situación puede ir a peor, pero, aunque fuera otro, incluso un demócrata, una Europa dividida e impotente nunca podrá condicionar la política exterior estadounidense y tendrá que limitarse a sufrir sus consecuencias como ya ha sucedido en el pasado y como está sucediendo ahora ante la incertidumbre del final de la ilegal guerra en Irán.

El nuevo consenso posfósil ha llegado para quedarse. La necesidad de romper con urgencia la adicción al petróleo, gas y carbón ya no se exige en los márgenes, en movilizaciones de la sociedad civil y en foros académicos, sino que goza por fin de un apoyo mayoritario y está en boca de amplios sectores de nuestra sociedad, de gobiernos y de la propia Agencia Internacional de la Energía.

La prueba tangible de este cambio de paradigma internacional es la celebración de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Esta tendrá lugar entre el 24 y 29 de abril en la ciudad colombiana de Santa Marta. Más de medio centenar de países ya han confirmado su asistencia, representando alrededor de 2.000 millones de ciudadanos y un 37% del PIB mundial. El objetivo de la conferencia es muy concreto: generar una hoja de ruta técnica y política que acelere una transición justa, ordenada y equitativa de los combustibles fósiles.

A nivel social, el consenso posfósil también puede influir en la intención de voto. Cuando sube el precio del petróleo, cae el apoyo a la extrema derecha. VOX está fuera del consenso posfósil, se alinea con las grandes petroleras y desprecia la economía de las familias. VOX no entiende la conciencia climática y económica de la sociedad española. Existe una posibilidad real de que, si la tendencia se mantiene, la transición de los combustibles fósiles deje a la extrema derecha en la irrelevancia política.

El consenso posfósil existente en la sociedad invita a las instituciones a ser valientes e ir más allá de la retórica. En el caso del Gobierno español, este encuentro es una oportunidad para erigirse como un actor internacional de primer orden dentro de la Unión Europea en la defensa de los intereses comunes, corrigiendo la contribución histórica del país a la crisis climática, aportando transferencia tecnológica, apoyo financiero y condonando la deuda de los países con menos capacidad de transición, para que no dependan de los ingresos fósiles y puedan aplicar políticas climáticas sin condicionantes.

Pero más allá de oportunidades, el ejecutivo tiene la obligación de ser coherente. Coherencia que en muchos contextos en los que se aborda el clima es inexistente. España es sede de corporaciones como Repsol y Moeve, que siguen expandiendo su actividad en terceros países y batiendo récords de beneficios anuales, lucrándose también de la inflación que pagamos todas por los impactos de la guerra. Es imperativo que España lidere acuerdos para eliminar los subsidios públicos a estas empresas. 

La incongruencia clama al cielo cuando el Gobierno decide bajar el IVA del carburante indiscriminadamente a todos los conductores, como ahora con la crisis de Irán, y en 2022 con Ucrania, —cuando la evidencia científica señala que estas acciones benefician más a los hogares con rentas medias y altas—, mientras que otras medidas como reforzar el transporte público y otorgar ayudas específicas a colectivos vulnerables y sectores estratégicos no fueron tenidas en cuenta.

España también tiene una responsabilidad significativa en el ámbito financiero. El Santander es el primer banco español en inversión en proyectos fósiles y ha incrementado su financiación a 48.276 millones de dólares entre 2021 y 2024. Es el banco que más proyectos fósiles financia en Latinoamérica y el Caribe. Le siguen el BBVA y LaCaixa. El Gobierno debe liderar las reformas necesarias para el cese del flujo de capital hacia el sector fósil, reorientándolo hacia estrategias de generación de energía baja en carbono que se van a discutir en Santa Marta.

Otro punto importante que el Estado español debe impulsar con el resto de países comprometidos es la rescisión de los tratados de inversión con arbitraje internacional. Las cláusulas de arbitraje entre empresas petroleras y Estados blindan los intereses de inversores extranjero y se activan cuando un país decide, por ejemplo, revocar licencias de extracción de hidrocarburos. Los tribunales de arbitraje suelen fallar a favor de las corporaciones, imponiendo indemnizaciones que pueden alcanzar los miles de millones de euros para las arcas públicas. Esto desincentiva la acción climática.

También es imperativo que España se posicione en Santa Marta a favor de la prohibición de que las empresas fósiles tengan un asiento en la mesa donde se toman las decisiones climáticas y energéticas, como ocurre en las Cumbres del Clima. Al mismo tiempo, garantizar que la esfera pública no sea un espacio de legitimación de sus actividades. Ejemplos de ello son la reciente designación del presidente de Enagás, empresa principal de transporte de gas fósil en el país, como presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona, o los vínculos de Repsol con organizaciones de la sociedad civil y universidades. Estas tácticas de greenwashing minimizan el escrutinio ciudadano, ya que la sociedad no percibe a estos actores como responsables del problema y mantienen su legitimidad sociopolítica para seguir influyendo en las políticas climáticas.  

Santa Marta es una oportunidad histórica y un punto de inflexión en el establecimiento de un nuevo consenso global basado en alianzas internacionales para poner fin a la era fósil. La sociedad española está a la altura del momento y el gobierno de España, como actor relevante dentro de la Unión Europea y la comunidad internacional en la defensa del interés común, debe pasar de las palabras a la acción.

*En la columna también han participado Marcel Llavero Pasquina, Alejandro Marcos-Valls, Fatima Eisam Eldeen, Gorka Muñoa y Martí Orta-Martínez. Son un grupo de investigadores que forman parte del grupo EXIT (Industrias Extractivas, Salud Planetaria y Justicia Ambiental) del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

“Aún circula por nuestras venas la sangre de Pelayo”. Tan rotundo aserto aparecía en un artículo de El Día. Gaceta política independiente, el 6 de noviembre de 1859. La cita la retoma el ensayo Desmitificando la Edad Media peninsular. Cómo y por qué se ha construido una historia que no existió (Libros de la Catarata, 2026), escrito por Alejandro García Sanjuán, catedrático de Historia medieval en la Universidad de Huelva. Autor de importantes estudios sobre tergiversación histórica (La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, Marcial Pons, 2019), es además editor, junto con investigadores del CSIC y de otras universidades, de la revista de divulgación Al-Ándalus y la historia (https://www.alandalusylahistoria.com/).

Una creencia (errónea) propia de la cultura histórica europea es pensar que en la Edad Media se encuentra el origen de cualquiera de sus naciones. Se imagina una continuidad (artificial) entre Francia y Carlomagno, Inglaterra y la Carta Magna, Italia y las ciudades renacentistas, o entre Suiza y Guillermo Tell. Los héroes medievales encarnarían a todo un pueblo, Robin Hood, Juana de Arco, Pelayo o el Cid. Estas ideas son mitos que componen los grandes relatos históricos que proporcionaban sentido de pertenencia a los habitantes de los países europeos y una misión histórica con la que asentar identidades nacionales sobre comunidades que carecían de ellas. Sociólogos y politólogos les denominan “mito-motor” (mythomoteur) y se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, período de expansión de los Estados-nación. Y España no ha sido una excepción. Al llegar el siglo XX estos mitos medievales estaban ya tan arraigados, penetrando en la psique del europeo o del español común (como los cuentos de hadas que estudió el psicólogo Bruno Bettelheim), que resulta muy laborioso desmontarlos racionalmente.

Los historiadores de oficio analizan la Edad Media con métodos propios de una ciencia social con los que elaboran un conocimiento fundamentado del pasado. Probado está que las comunidades medievales no eran uniformes, sino complejas y carentes del sentimiento de nación. Pero este conocimiento cae a veces como un jarro de agua fría sobre quien prefiere recrearse placenteramente en las leyendas épicas medievalizantes de ciertas novelas históricas o de las series de turno. Los historiadores, si hacen bien su trabajo, son considerados, a veces, unos molestos aguafiestas. Y es que, para cierto tipo de lector, el ensayo de García Sanjuán puede resultar un libro incomprensible. En plena orgía de revivals neomedievales, cuando el Cid aparece hasta en los uniformes de la policía local, desmontar estos mitos tiende a generar sentimientos de rechazo. “¿Por qué se empeñan los historiadores en cogerle tirria al pobre Cid?”, pensarán. La respuesta pasa por comprender que las figuras históricas como el Cid no deben nunca confundirse con sus correspondientes mitos, y que los mitos, al sostenerse en emociones, se prestan a manipulaciones que pueden volverse muy dañinas. Explicar esto es la finalidad de este ensayo que pretende aportar las herramientas para esa comprensión. 

Escribía Eric Hobsbawm, uno de los historiadores europeos más lúcidos, en un ensayo de 1994 recogido en Sobre la historia que “la deconstrucción de mitos políticos o sociales disfrazados de historia forma parte desde hace tiempo de las obligaciones profesionales del historiador, con independencia de sus simpatías”. El ensayo Desmitificando la Edad Media peninsular se ciñe a ese programa, centrándose en los historiadores que se dedicaron (o se dedican) a hacer pasar por Historia lo que no era más que un conjunto de mitos sobre España o sus territorios. Porque, como ha escrito Tommaso de Carpegna: “Los verdaderos mitógrafos han sido los historiadores y arqueólogos” (El presente medieval. Bárbaros y cruzados en la política actual, Icaria, 2015).

El libro hace un viaje cronológico por la formación de los dos mitos que conforman lo que el autor denomina “el combo mitológico” del nacionalismo español sobre el medievo peninsular: la Reconquista, forjadora de una España luchadora contra el islam y salvadora de Europa, y el “mito antisemita e islamófobo de la España musulmana”, que diseñó un al-Ándalus paradójicamente desislamizado y despojado de sus componentes arabobereberes. Estos dos mitos se han retroalimentado, siendo el de la Reconquista el más persistente. Con una escritura clara y contundente desgrana en breves capítulos las piezas de ese doble combo mitológico (héroes, tópicos, reutilizaciones…), desde los antecedentes pre-nacionales anteriores al siglo XVIII hasta la actualidad, poniendo el foco en los historiadores y las obras que idearon y alimentaron todo ese entramado.

Historiadores liberales y republicanos, historiadores franquistas y también democráticos se vieron arrastrados por la seducción del mito. Perfiles ideológicos diversos, como los de Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz o Luis Suárez Fernández y otros medievalistas de la escuela de este último, que fue mandarín de la universidad durante el franquismo y postfranquismo, terminaron así coincidiendo en lo esencial. Esa transversalidad contribuyó a la asimilación y perdurabilidad de estos mitos, idea clave del libro que explica por qué han llegado hasta hoy. La visión que se nos ofrece no es partidista: no se enfrenta una crítica progresista a un relato reaccionario, no, puesto que la izquierda también alimenta esos mitos cuando idealiza a al-Ándalus con una historia inventada, tal como nos recuerda el autor. Los mismos mitos identitarios han servido al españolismo y a los nacionalismos periféricos, incluso a la propia tradición árabe e islámica. 

Desmontar mitos históricos manipulados no supone atentar contra la nación o nacionalidades de la patria común, al contrario, es una obligación cívica. El libro termina con un capítulo sobre mitificación y discursos del odio, muy oportuno en un momento en el que se apela a la Reconquista para incitar a la violencia, como ocurrió en Torre Pacheco el verano pasado. Las reflexiones finales de García Sanjuán apelan a la responsabilidad del historiador medievalista que debe ser consciente de la trascendencia de profundizar en la deconstrucción de los mitos identitarios, pues, enseñar una falsa historia medieval a la ciudadanía puede llegar a engendrar violencia. Y es que, como el propio Hobsbawm advertía “la historia mala no es historia inofensiva. Es peligrosa. Las frases que se escriben en teclados aparentemente inocuos pueden ser sentencias de muerte”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros.

Hay un dato que podría estar en el centro del debate educativo español y que, sin embargo, apenas aparece en él: entre el 73% y el 79,5% de los jóvenes que finalizan con éxito sus estudios de Formación Profesional (FP) se encuentran en situación de empleo activo, frente al 66% de los universitarios. Y esto es importante, porque pone en cuestionamiento la narrativa que durante décadas ha ordenado nuestras expectativas sobre qué estudios son válidos y cuáles no.

Llevo años trabajando con jóvenes que llegaron a la Formación Profesional casi por descarte. Muchos, convencidos de que habían fallado en algo. Y lo que encuentro, en la gran mayoría de ocasiones, es lo contrario: jóvenes que aprenden a una velocidad que el sistema anterior no supo ver, que conectan con lo que hacen porque tiene sentido práctico, que en pocos meses recuperan una confianza que años de fracasos escolares habían erosionado. La FP no los rescata a pesar de ser lo que es. Los rescata precisamente porque es lo que es.

España tiene uno de los mercados laborales más exigentes de Europa. En los últimos quince años, la economía española ha dejado de crear empleos para trabajadores con bajo nivel educativo y, por el contrario, ha generado 2,5 millones de puestos que requieren de una alta cualificación. Y, en ese contexto, la FP es una respuesta directa a lo que el mercado laboral está pidiendo.

Pero este no es solo un fenómeno español. Desde Ayuda en Acción llevamos años acompañando a jóvenes en situación de vulnerabilidad también en África y América Latina. En esta última región, un informe reciente elaborado junto a la CEPAL muestra que la educación técnico-profesional mejora el acceso al empleo en toda la región y permite elevar los ingresos hasta un 41% frente a quienes solo tienen formación secundaria.

Lo que hace que la FP funcione no es únicamente su carácter práctico, aunque esto sea importante. Su verdadera fortaleza está en que obliga al sistema educativo a mantenerse en diálogo constante con la realidad: con las empresas, los sectores productivos y las necesidades concretas de cada territorio.

El reto que tenemos por delante no es convencer a nadie de que la FP es válida. Los datos ya lo hacen. El reto es que el sistema la trate como lo que es: una palanca estratégica para el empleo, la cohesión social y la reducción de la desigualdad. Que la inversión pública esté a la altura. Que los centros educativos tengan los recursos necesarios para acompañar no solo la formación técnica, sino también el itinerario personal de cada estudiante. Que los currículos incorporen las transformaciones que el mercado laboral ya está viviendo, especialmente las que trae la inteligencia artificial.

Este último punto es algo que nos preocupa mucho a Ayuda en Acción. Un informe que publicamos junto al CSIC nos avisaba de que el 90% del alumnado de FP Superior ya usa herramientas de IA generativa para tareas escolares —el 77% para preparar trabajos, el 55,7% para estudiar exámenes— pero lo hace sin una estrategia pedagógica clara. El 60% del profesorado reconoce necesitar formación urgente, no solo para manejar las herramientas, sino para enseñar a pensar críticamente ante ellas. La preocupación central no es tecnológica: es de equidad. Sin competencias para contrastar lo que genera un algoritmo, la IA puede ampliar la brecha entre quienes tienen habilidades digitales y quienes no. La FP es precisamente el espacio donde esa brecha se puede cerrar, si se actúa a tiempo.

Lo que está en juego no es solo el empleo juvenil, sino el modelo de sociedad que queremos construir: una en la que el talento no venga determinado por las circunstancias de partida, en la que la FP no sea una segunda oportunidad, sino la oportunidad, y en la que la formación que conecta teoría y práctica sea reconocida por lo que ya está demostrando: su capacidad para impulsar y transformar trayectorias, generando nuevas oportunidades.

La reforma de la arquitectura internacional, históricamente, se ha considerado un lujo que debe acometerse en momentos de paz y prosperidad. Sin embargo, la rabiosa actualidad del mundo contemporáneo se lleva años empeñando en transmitirnos lo contrario: en ausencia de instrumentos políticos internacionales efectivos, no hay reacción efectiva posible ante problemas de dimensiones épicas, cuyas soluciones parecen obvias para la mayor parte de la población, pero que no llegan por falta de voluntad política. 

La crisis financiera que explotó en Estados Unidos en el 2008 se expandió rápidamente por el mundo y se transformó en una gran crisis económica global, que inspiró a los líderes políticos más importantes del planeta a reunirse, en reiteradas ocasiones, para, en palabras de Sarkozy, “refundar el capitalismo”. Tal refundación de la gobernanza económica mundial, no obstante, nunca llegó. 

Poco después, durante las revueltas que sacudieron a gran parte del mundo islámico conocidas como la Primavera Árabe, diversos estados usaron el aparato militar para reprimir duramente a su población, ante la mirada atónita de la opinión pública informada. El Consejo de Seguridad de la ONU, salvo en el caso libio —cuyo desenlace requiere su propia historia—, estuvo paralizado por vetos cruzados de sus miembros permanentes. Una de las múltiples consecuencias de dicha violencia fue la crisis de refugiados, principalmente procedentes de Siria, que afectó a Europa en el 2014. En esa ocasión, se observó que la misma Unión Europea, símbolo de gobernanza supranacional efectiva, en materia de política exterior y seguridad no estaba lo suficientemente integrada. 

La siguiente gran crisis, la de la Covid-19, unos años más tarde, aprisionó a la humanidad en uno de los mayores experimentos políticos y sociales en tiempo real conocidos. El virus no conocía fronteras y la protección de cada persona y país dependía de una protección sistémica. No obstante, a pesar de los estallidos efímeros de conciencia sobre la naturaleza comunitaria e interconectada de los problemas, así como de las soluciones requeridas, que condujeron a personalidades como Gordon Brown a proclamar la necesidad de una “forma temporal de gobierno mundial”, la reforma internacional nunca llegó. De hecho, la carrera por la vacuna pasó de ser un gran proyecto colectivo a una lucha entre naciones y farmacéuticas por hacerse antes con un antídoto para su población. 

Aunque seguramente la pandemia haya sido el principal y desaprovechado potencial revulsivo de la gran restructuración requerida del sistema de gobernanza global—desde la misma concepción de las Naciones Unidas—, la invasión rusa de Ucrania supuso una nueva sacudida. Las noticias, en tiempo real, relataban la ruptura impune de las más mínimas normas del derecho internacional público que apuntalan el sistema de seguridad colectiva del que forman parte tanto Rusia, como Ucrania, Estados Unidos y los países de la Unión Europea: la no agresión y el respeto de la soberanía nacional. De nuevo, la ONU en general y el Consejo de Seguridad en particular —el único mecanismo autorizado, más allá de la legítima defensa, para usar la fuerza a fin de detener una agresión— paralizados.

Desafortunadamente, el relato continúa. Sin que la guerra inducida por Rusia haya terminado, el atentado atroz de Hamás desató una reacción de Israel de dimensiones desconocidas para la mayor parte de esta generación, al menos en Occidente, contra la indefensa población de Gaza y, en menor medida, del Líbano. Y el mundo mirando, tanto la destrucción de una población como la inoperatividad de todos los instrumentos internacionales para la protección de la población civil de los excesos de un estado. 

Por último, dos nuevas agresiones impunes del derecho internacional público más básico han golpeado la actualidad: una intervención unilateral de Estados Unidos en Venezuela, rompiendo la soberanía de un estado —con un gobierno más o menos legítimo, pero esta es otra cuestión—; y un ataque ilegal a dos sobre el cruel régimen de los ayatolás de Irán, que ha desencadenado una serie de problemas multifacéticos que pueden desestabilizar por completo el orden internacional. El mundo observando impávido otra vez: dolor, sufrimiento y parálisis internacional. 

Una mirada superficial de todo este panorama probablemente lleve a la conclusión, parcialmente correcta, de que es el resultado de que cada país busca su propio interés, porque lo que domina el mundo es la fuerza y no las normas internacionales que nos hemos dado. Sin embargo, al rascar más allá de la superficie, se llega a otra conclusión que es la que se conecta con la paradoja enunciada arriba. Una mirada sofisticada del interés nacional más burdo pone de relieve que para que un país salvaguarde su bienestar a medio plazo, en un mundo interconectado, complejo, comprimido, con problemas entreverados de maneras extremadamente sutiles, cualquier problema que afecte al resto, ya sea económico o violento, pronto le afectará negativamente. 

En otras palabras, reformar la arquitectura de gobernanza global a la luz del principio del bien común, la prosperidad colectiva, la justicia, la sostenibilidad y la paz internacional no ha de considerarse un acto altruista, fruto del idealismo utópico, sino una imperiosa necesidad para asegurar la viabilidad política, económica y social —el interés nacional bien entendido— de cualquier país, ya sea Estados Unidos, Israel, Rusia o Irán. 

Si no se avanza en esa dirección, que está recogida en el nunca activado artículo 109 de la misma carta de las Naciones Unidas, perderemos todas las personas, organizaciones y naciones del planeta. Ya no es un lujo; es cuestión de supervivencia.