La que se ha liado con una gracieta de Mbappé sobre una referencia al carácter dictatorial de Mao y, por ende, a algo que nadie ha subrayado, de China, en cuyas sucesivas formas de Estado nunca en la historia ha tenido la consideración —y seguramente tampoco la necesidad— de ser una democracia ni tan solo por aproximación. 

Aun el supuesto de que el as, ahora blanco, antes azul con barras granate, hubiera querido insultar la memoria china sería algo irrelevante, pues las autoridades chinas, herederas incuestionadas del Gran Timonel, son las recipiendarias de ese calificativo, por otra parte, en absoluto alejado de la realidad. 

La ofensa debería haber sido si el balompedista hubiera calificado de soslayo a China y a su fundador moderno como una democracia. En tal caso habría sido lógico que los jerarcas orientales hubiesen puesto pie en pared y protestado urbi et orbi. Pero vivimos en un mundo tan peculiar que los nazis no quieren ser tildados de nazis, pese a que ellos lo hacen constantemente con los demócratas, ni las dictaduras admiten ser calificadas de tales. Lo cierto es que, en este caso, tampoco, han reivindicado el título de democracia, ni tan solo de mentirijillas.

Dicho esto, sin que importen un pimiento los hechos fuera del terreno de juego de los que pelean con los pies en pos de un balón —salvo que, como, como ha ocurrido recentísimamente, pese a ser defraudadores fiscales confesos y condenados, reciban el calificativo de solidarios para elevarlos a la categoría de agraciados astures—, lo cierto es que el castigado por la chanza no ha sido el jugador. No sabemos si lo ha sido por sus patrocinadores particulares, por lo que aquí llamamos bisnes o huertos, y le han rescindido los contratos publicitarios. Un turbio vapor azafranado envuelve esa cuestión.

Lo que importa estriba en que la represalia pública del gobierno chino —en una dictadura no vamos a distinguir entre los diversos departamentos ni en ese efluvio tan nuestro de la colaboración público-privada— no va contra el jugador, autor material del tan ofensivo desaguisado en la fina piel de porcelana oriental, sino contra su club el Real Madrid y, en especial, contra la propia Liga de fútbol profesional. La amenaza, no sabemos si solo anunciada o ya total o parcialmente cumplida, consiste en no retransmitir, pese a los acuerdos firmados, los partidos de la Liga española en el país del centro [China quiere decir centro].

La sanción del irresponsable no es un invento de los ribereños del Yangtzé. Aquí, hasta no hace mucho castigábamos a los cañones que disparaban mal, a las acémilas traidoras o a los locos, se practicaba el talión o se hacía responsable a toda una comunidad por el hecho de uno de sus miembros. Sucede, empero, que hemos evolucionado y tanto la libertad de contratación como el mantenimiento de lo pactado en un contrato tiene fuerza de ley entre los contratantes. 

Lo contratado no puede quedar al albur de uno de los contratantes. Eso vale, bien lo sabemos, para el derecho interno -incluido, el de la UE-, pero fuera, viendo en manos de qué plutócratas estamos, ya es otro cantar. Incluso los tratados internacionales -contratos entre estados o grupos de estados- tienen mal porvenir tal como tenemos ocasión de sufrir a diario. En la esfera internacional rige la ley del más fuerte, que no suele ser el más listo y así nos va.

Pero aquí, vía Mbappé, hemos visto cómo un contrato entre particulares, una entidad privada española y otra “privada” -dicho sea con todos los respetos- china, puede saltar por los aires si una de las partes, la privada oriental, decide, dejemos de lado si espontáneamente o no, imponer la sanción de rescisión o suspensión temporal del contrato por un hecho, sea de la magnitud que sea, no atribuible a la contraparte, sino a un miembro ajeno a tal contratación, que presta sus servicios profesionales en uno de los afiliados a la entidad contratante. Puro hermanos Marx.

En el supuesto de que la contratación entre LaLiga y el ente televisivo chino fuera un asusto plenamente privado, los contratos prevén causas de sanción, indemnización o denuncia de los mismos por incumplimientos o abusos. Los contratos internacionales suelen contener cláusulas de todo tipo, incluso los suscritos con los paladines liberales chinos.

Pero aun sin haber visto el contrato en cuestión -en el que han participado a buen seguro ejércitos de abogados e intermediarios de toda laya con honorarios suculentos-, me juego, como decimos en catalán, un guisante a que no está prevista la sanción o causa de rescisión del contrato por la circunstancia que un jugador de uno de los equipos cuyos partidos se retransmiten en extremo Oriente emitan opiniones que sean, pudieran ser o hubieran podido ser ofensivas, no ya para la entidad contratante oriental, sino para toda la nación china, es decir, por haber ofendido a todos y cada uno de los más de mil cuatrocientos millones de chinos y chinas. 

Desde aquí, pese a no ser las páginas de este digital de color salmón, me permito ofrecer gratuitamente un consejo a los contratantes internacionales con entes picajosos: incluyan una cláusula de no sanción por perturbadoras declaraciones o acciones similares. Los amantes del fútbol chino se lo agradecerán y sus cuentas de resultados también.

Y como el lector, siempre a la que cae, habrá percibido, no he aludido para nada ni a la libertad de expresión ni a cosas parecidas. Hablando de China estaba todo dicho.

El 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 años, ex obrero metalúrgico y líder sindical, ganó las elecciones presidenciales en Brasil por cuarta vez, algo que no había sucedido nunca, derrotando en esta ocasión a su rival ultraderechista Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que ejerció la presidencia entre 2019 y 2023. Tampoco había pasado nunca que un candidato que hubiera perdido en la primera vuelta, ganara en la segunda. En apenas 21 días entre ambas, Lula pasó de tener 2,2 millones de votos menos que su rival (45,16%/47,03%) a superarlo por 4,4 millones (51,79%/48,21%). Esta remontada espectacular en tan poco tiempo fue consecuencia de una movilización de votantes de izquierda animados por una eficaz campaña en las redes sociales dirigida por el abogado y diputado André Janones, que se concretó en una participación del 80,78% la más alta desde 2006, precisamente cuando Lula fue reelegido por primera vez, en 2006, para completar sus dos primeros mandatos consecutivos

El 12 de julio de 2017, el juez federal Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, basándose en la suposición de que un apartamento que había visitado con su esposa para su posible compra era en realidad un soborno de la constructora OAS como contraprestación a los favores que Lula habría hecho a la petrolera Petrobras, aunque no estaba a su nombre y nunca había vivido en él. No había pruebas, solo indicios débiles, pero el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre ratificó la condena subiéndola a 12 años y un mes, tal vez influido porque la mayoría de los medios, cuyos propietarios pertenecían a la élite financiera contraria a Lula, habían lanzado una fuerte campaña a favor de su entrada en prisión. El 7 de abril de 2018, Lula entró en la cárcel donde permaneció 580 días hasta el 8 de noviembre de 2019, cuando fue liberado porque el Tribunal Supremo Federal dictaminó que la entrada en prisión solo es constitucional cuando se agotan todos los recursos de apelación posibles y en el caso de Lula no se habían agotado. 

El 8 de marzo de 2021, un magistrado del Tribunal Supremo Federal dictaminó que el Tribunal de Curitiba, que presidía Sergio Moro, carecía de competencia legal para investigar y juzgar a Lula por los delitos que se le atribuyeron y anuló las condenas. El 23 de marzo, la Segunda Sala del Supremo declaró, por mayoría, que Moro había sido parcial en el proceso del apartamento, lo que fue ratificado el 23 de junio por el pleno. El 15 de abril, el pleno del Supremo confirmó que no era competente para ese caso y ratificó la anulación de las condenas. Pero ya era demasiado tarde. Lula, que tenía según las encuestas un apoyo mayoritario, no pudo presentarse a las elecciones de 2018 que ganó Jair Bolsonaro. Cuando formó su gobierno nombró a Sergio Moro ministro de justicia. Un perfecto ejemplo de cómo jueces injustos, actuando por razones partidistas o ideológicas, combinados con unos medios de comunicación corruptos actuando en favor de los intereses de sus dueños, pueden pervertir la democracia impunemente, incluso cambiar gobiernos.

En la elección siguiente (en 2022), Lula sí pudo presentarse y ganó a Jair Bolsonaro por un estrecho margen de 1,8 puntos. Bolsonaro declaró que no reconocía su derrota, porque la elección había sido fraudulenta, sin aportar pruebas, y las autoridades electorales rechazaron su impugnación. Inmediatamente, sectores bolsonaristas rechazaron el resultado, bloquearon carreteras y organizaron campamentos ante cuarteles militares, reclamando una intervención de las Fuerzas Armadas. El 30 de diciembre, Bolsonaro viajó a Estados Unidos, dos días antes de terminar su mandato. 

El 1 de enero de 2023, Lula tomó posesión de la presidencia. El día 8, miles de partidarios radicales de Bolsonaro se concentraron en Brasilia y asaltaron las sedes de los tres poderes: Legislativo -Congreso Nacional, formado por la Cámara de Diputados y el Senado-, Judicial -el Tribunal Supremo Federal- y Ejecutivo -el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia-. Los manifestantes rompieron ventanas, vandalizaron el mobiliario y las instalaciones, y ocuparon espacios institucionales, para instigar un golpe de estado de las fuerzas armadas que derrocara al recién constituido Gobierno de Lula, que no estaba en Brasilia en ese momento. Las fuerzas de seguridad recuperaron los edificios y se produjeron numerosas detenciones. El presidente decretó una intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal. 

La Policía Federal y la Fiscalía investigaron si Bolsonaro y varios colaboradores habían intentado impedir la transferencia del poder. La acusación sostuvo que existía un plan más amplio que incluía cuestionar fraudulentamente el resultado electoral, buscar apoyos militares y preparar medidas para mantenerse en el poder. Bolsonaro negó haber organizado un golpe y sostuvo que era víctima de persecución política. En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo Federal lo condenó por cinco delitos relacionados con la conspiración golpista: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de estado, daños a bienes públicos y deterioro de patrimonio protegido. La pena impuesta fue de 27 años y tres meses de prisión. Bolsonaro comenzó a cumplir su pena en noviembre de ese año. En marzo de 2026, el Supremo le permitió continuar cumpliéndola bajo arresto domiciliario por motivos de salud. La fiscalía presentó 1.400 acusaciones contra ejecutores, instigadores, financiadores y posibles responsables de omisiones en la seguridad. 

Este episodio reproducía el asalto al Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021, para impedir la ratificación de la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump, que fue instigado por este último como colofón de su sucia campaña para mantenerse en el poder. Desde entonces muchos partidos de derecha/ultraderecha en diferentes partes del mundo han seguido -tanto desde el poder como desde la oposición- el antidemocrático método Trump que consiste básicamente en:

 A pesar de que todos estos mecanismos se han empleado contra Lula, ha conseguido ganar una elección que hasta el último día todos, incluidas todas las encuestas, daban por perdida. Y esta vez no va a haber asalto violento, ni petición a las fuerzas armadas para revertir el resultado, porque el Tribunal Superior Electoral, presidido por un conservador, ha ratificado rápidamente el resultado, por el recuerdo de cómo terminó el intento de 2023, y sobre todo porque Flavio Bolsonaro ha huido del país —con la ayuda de Milei y de Trump según él mismo ha dicho— ante la más que probable imputación por blanqueo de dinero y tráfico de divisas, que él califica de persecución política. Aunque no se puede excluir que un Congreso muy escorado a la derecha le destituya en algún momento de su mandato como ya hicieron con Dilma Rousseff en agosto de 2016 con la excusa de ciertas maniobras contables que el Tribunal Regional Federal de Brasilia, cuando la absolvió en agosto de 2023, mandó archivar considerándolas legales.

La victoria de Lula tiene repercusiones políticas y geopolíticas muy importantes, no solo porque puede tener influencia en otros países -especialmente de su entorno-, sino porque supone un freno muy importante para la política de dominio de todo el continente que es una de las obsesiones de Trump, cuya presión ha fracasado en el país más importante de Latinoamérica. La Estrategia de Seguridad Nacional firmada por el actual presidente de EEUU el 4 de diciembre de 2025 recupera la Doctrina Monroe - que Trump quiere llamar ahora Donroe- de dominio continental exclusivo, y le añade un “Corolario Trump” que consagra el control de toda la región: “Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad; una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”. No descarta el empleo de medios militares cuando sea conveniente, no para rechazar una agresión, sino para combatir todo aquello que pudiera afectar a EEUU o a sus intereses. Tampoco renuncia a la injerencia política: “EEUU recompensará y alentará a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”.

Esta estrategia neoimperialista le ha salido bien hasta ahora. Salvo en los países autoritarios de izquierdas o que usan esa etiqueta -Cuba, Nicaragua- y, en el lado democrático, los gobiernos progresistas en distinto grado de Uruguay, Guatemala, Guyana y algunos pequeños Estados del Caribe, la mayor parte de los países al sur de EEUU tienen presidentes y gobiernos alineados de una u otra forma, con Trump. El caso de Venezuela es excepcional porque ha sido la única intervención militar de Trump en la región, para secuestrar al presidente Maduro, aunque su régimen -que podría compararse al cubano- pervive como un protectorado de EEUU hasta que su presidente decida que le interesa más cambiarlo por uno democrático. Pero la doctrina Monroe no puede estar completa con la existencia de dos excepciones que son además los países más grandes y con los gobiernos más izquierdistas de Latinoamérica: México, cuya presidenta mantiene una actitud conciliadora con Washington, y Brasil que debería haber sido el gran triunfo de Trump, pero no lo ha sido. En las elecciones que ha habido desde que Trump empezó su segundo mandato EEUU ha intervenido de alguna forma para apoyar a candidatos de derecha o ultraderecha, con injerencias o con ofertas económicas condicionadas. Pero en Brasil, la pieza de caza mayor, Lula ha resistido.

Y es que la gente no es tan tonta como algunos creen, aunque hayan usado todos sus medios para intoxicar a algunos. Durante los tres primeros periodos presidenciales de Lula salieron de la pobreza más de 38 millones de brasileños. Desde el inicio del último mandato, enero de 2023, hasta ahora la tasa de desempleo ha bajado un 3,1%, del 8,4% al 5,3%, su nivel más bajo desde 2012. Solo en los tres primeros años de ese mandato el PIB ha tenido un crecimiento real acumulado del 9,2%. A pesar de que estos datos dibujan una economía muy sana que podría continuar si Lula seguía en el poder, al día siguiente de su reelección la bolsa de São Paulo llegó a caer un 17%, lo que llevó a suspenderla temporalmente. Esto explica perfectamente donde está el interés real de los que reclaman la desregulación y la libertad de especular y de dictar las relaciones laborales en su beneficio, que era lo que prometía Bolsonaro, igual que Trump, Milei y otros de su misma ideología en muchos países, y el error en el que caen los trabajadores que los votan pensando que si ganan los poderosos también ganan ellos algo.

Esta elección nos ofrece dos lecciones importantes. La primera es que nada está escrito, todo es posible hasta que no se cierran las urnas. La segunda es que jamás se pueden bajar los brazos, hay que seguir trabajando por lo que crees a pesar de que todo parezca en contra, sobre todo en tiempos tan turbulentos. Lula lo ha hecho y ha ganado, pero aunque hubiera perdido habría que darle las gracias igualmente, por perseverar a pesar de las difamaciones, los ataques, la cárcel. Gracias por dedicar toda su vida para salvar a su pueblo de un régimen neofascista, disfrazado de liberal, y frenar al bruto del norte que se pretende emperador. Ojalá vengan muchos más como él que demuestren, con sus actos, que la famosa frase de Gramsci: “Contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad” es más que una expresión retórica, y funciona en la realidad. 

Gracias, Lula, por devolvernos la esperanza.

Las sociedades son cada vez más complejas. La especialización laboral, la aceleración de la globalización y la acumulación de conocimiento, entre otras cuestiones, provocan que cualquier análisis que pretenda abordar el funcionamiento de las sociedades tenga que tener en cuenta una gran cantidad de variables. Sin embargo, en plena época de la simplificación, de los tweets y los reels, las explicaciones tienden a simplificarse, lo que en ocasiones conlleva análisis reduccionistas y carentes de cualquier parecido con la realidad. 

La juventud como categoría social es quizás una de las más afectadas por esa simplificación de la realidad. Y esa trivialización del propio concepto se puede explicar a través de tres dimensiones.

En primer lugar, cabe preguntarse si es legítimo comprender la sociedad mediante juicios generalizados sobre los grupos de edad, asumiendo que pertenecer a uno de ellos define por completo a la persona y tratándolos como compartimentos estancos. Para comprender la sociedad es necesario incluir otras variables de estudio que son especialmente importantes y determinantes. El nivel de renta o la zona geográfica de residencia influyen enormemente. Una persona joven y una persona mayor pueden tener un grado de coincidencia en sus intereses materiales relevante si comparten capacidad económica. Es decir, un joven de un barrio humilde puede compartir más intereses materiales con una persona mayor de su mismo entorno socioeconómico, que con un joven del barrio de Salamanca en Madrid. En este sentido, tal y como ha señalado Thomas Piketty, la herencia es un elemento diferenciador clave para los jóvenes. 

A esto se une que los debates que afectan a los más jóvenes (vivienda, natalidad…) cada vez alcanzan a personas de mayor edad, difuminando las fronteras de los problemas generacionales, ¿Hasta cuándo es uno joven?

En segundo lugar, se debe reflexionar sobre algunos comentarios socialmente extendidos. Es frecuente escuchar que “la juventud está desmovilizada” o que “no muestra interés por el futuro”. Sin embargo, las actuales movilizaciones relacionadas con la vivienda (en el marco del desahucio de Maricarmen) ponen en cuestión esta afirmación. Y, aunque con menor eco mediático, encuentros universitarios como el desarrollado en la UCLM, titulado 'Jóvenes sin miedo al presente. Capaces, conscientes y responsables', evidencian que existen jóvenes sí tienen interés por reflexionar sobre su manera de ver el mundo y por debatir sobre cómo contribuir a la construcción de un futuro mejor. Y lo hacen no desde una perspectiva de grupos de edad, como si se tratasen de compartimentos estancos, sino mediante un debate intergeneracional. Esto último conecta directamente con la primera dimensión comentada anteriormente.

Muy relacionado con todo lo anterior, existe un tercer argumento que se utiliza con frecuencia: “en el pasado, los jóvenes tenían más interés” o “en el pasado la juventud tenía más valores y más compromiso laboral”. Tal y como analizó la filósofa Clara Ramas en su obra 'El tiempo perdido' (2024), tras estos comentarios se esconde un determinada idealización del pasado que puede alimentar una visión edulcorada de épocas anteriores (en el caso español, la dictadura). Cada juventud es fruto de su contexto y, por tanto, establecer comparaciones de brocha gorda contribuye a ensalzar un pasado simplificado y descontextualizado. Lo único que es cierto es que en el pasado todo el mundo era más joven. Quizás ese es uno de los principales motivos de esa idealización por el pasado, porque, como escribió Rubén Darío “Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!”

En definitiva, la complejidad de la sociedad merece que los análisis sean multinivel y traten de comprender las interacciones humanas en toda su complejidad. La simplificación de cualquiera de los protagonistas de una sociedad (ya sea grupo de edad, género o minorías) supone una tergiversación del carácter poliédrico de las sociedades. La edad puede ser una variable relevante para comprender determinados fenómenos sociales, pero no una explicación en sí misma, y mucho menos si se interpreta a través de tópicos. Convertir estas simplificaciones en categorías explicativas no contribuye a una mejor comprensión del mundo, sino que puede terminar alimentando un enfrentamiento artificial entre grupos de edad. 

Un examen atento de los resultados electorales que empiezan a conocerse y de la manera en que se interpretan puede enseñarnos mucho, no solo sobre la naturaleza del discurso político y el carácter de la sociedad israelí, sino, sobre todo, sobre el futuro que aguarda a Israel y a toda la región.

Una lectura directa de los resultados electorales apunta a una clara derrota del bloque favorable a Netanyahu y a una contundente victoria de sus adversarios, que se autodenominan el “bloque del cambio”. Según los resultados provisionales, 65 de los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí, corresponden al bloque contrario a Netanyahu. A primera vista, el veredicto de los votantes es inequívoco: rechazo a Netanyahu y a su política, junto con el deseo de reforzar la democracia liberal y el Estado de derecho, así como de reparar las fracturas sociales tras cuatro años de un gobierno corrupto, polarizador y divisivo. Por tanto, cualquier gobierno que no refleje la decisión de la mayoría vulneraría un principio fundamental del sistema democrático e ignoraría la voluntad de los votantes.

Sin embargo, en Israel es habitual interpretar los resultados electorales desde una perspectiva nacional y, en ocasiones, abiertamente nacionalista, que distorsiona su verdadero significado. Esta interpretación, que no tiene en cuenta los votos de los electores árabes a la hora de determinar la composición del gobierno, pone de manifiesto los límites de la democracia israelí y su carácter distorsionado. Cuando se interpretan los resultados desde una lógica nacional, se observa que el bloque de Netanyahu obtuvo, en realidad, la mayoría entre la población judía, mientras que la victoria efectiva del bloque que se le opone, fruto del apoyo de los partidos árabes, se desvanece como si nunca hubiera existido.

Los partidos que, injustificadamente, se autodenominan el “bloque del cambio” también participan de este discurso, erigido en principio fundamental de la política israelí. A lo largo de la campaña electoral, estos partidos declararon explícitamente su rechazo a cualquier posibilidad de colaboración política entre judíos y árabes. Queda así claro que el cambio prometido por los adversarios de Netanyahu se limita a sustituir al primer ministro, sin modificar las normas políticas de Israel ni su actitud hacia la minoría árabe. La paradoja de que los partidos del “bloque del cambio” se aferren al discurso nacionalista se manifiesta no solo en su negativa a reconocer el peligro de que una minoría de cerca de dos millones de personas pierda toda esperanza de mejorar su situación mediante vías democráticas, sino también en su disposición a renunciar a su propia victoria.

De ello se desprende que, si bien la victoria del bloque favorable a Netanyahu entre la población judía fue clara, aunque ajustada, la victoria de la política de derechas resulta indiscutible. Entre los partidos del “bloque del cambio” figuran formaciones inequívocamente derechistas, que no solo se oponen a la cooperación entre judíos y árabes y a convertir la igualdad en un principio constitucional, sino que también rechazan categóricamente la solución de dos Estados. Algunas han declarado expresamente su compromiso de continuar con el proyecto de asentamientos y profundizar el control israelí sobre los territorios palestinos. Por tanto, su fracaso no debería sorprendernos: cuando la promesa de cambio se reduce a una cuestión de personas, mientras se promete mantener la misma política, queda patente hasta qué punto son limitadas las posibilidades reales de una transformación sustancial.

En esencia, los resultados electorales son un reflejo de la sociedad que acude a las urnas. La naturaleza del discurso político revela una sociedad que ha adoptado una visión del mundo nacionalista de derechas, en la que una parte considerable de la población rechaza incluso los últimos vestigios del carácter democrático de Israel. Para estos sectores, el alejamiento de Israel de Occidente es una condición necesaria para liberarse de un sistema de valores ajeno que limita la posibilidad de ejercer la soberanía judía sobre el territorio palestino. Esta tendencia, que hoy parece un proceso histórico inevitable, transformará profundamente el carácter de Israel y su posición en el mundo: Israel pasará de ser un Estado desarrollado que se considera parte de las democracias liberales occidentales a convertirse en un Estado que sitúa el nacionalismo religioso y la soberanía territorial por encima de los valores universales de igualdad, derechos humanos y Estado de derecho.

Frente a la fortaleza de la derecha, los resultados electorales ponen de manifiesto la debilidad de la corriente liberal en Israel. Si tuviéramos que contar a los representantes electos que han expresado su apoyo a la solución de dos Estados y declarado su compromiso con la democracia liberal, difícilmente llegaríamos a una docena. Los resultados electorales, y sobre todo la manera en que se interpretan, muestran hasta qué punto es frágil la esperanza de que la sociedad israelí haga surgir de su seno a un nuevo Frederik de Klerk. La posibilidad de un cambio en Israel que anuncie un nuevo futuro para toda la región parece, por su parte, prácticamente inexistente.

Sin embargo, Israel no vive en una burbuja, y un cambio en su política responde a un interés internacional más amplio. En estas circunstancias, la Unión Europea sigue siendo el principal actor, si no el único, capaz de salvar a Israel de sí mismo. Sus dirigentes deben dejar claro que excluir a los partidos que representan a la minoría árabe de cualquier posibilidad de influir en la composición del futuro gobierno por razón de su identidad nacional vulnera el principio de igualdad política. También deben advertir de que la persistencia de la discriminación y de las vulneraciones de derechos civiles fundamentales tendrá consecuencias para las relaciones con Israel. Deberían considerarse sanciones individuales contra los políticos que recurren a una retórica racista y discriminatoria, que llaman a “fomentar la emigración de los palestinos” de Gaza -una expresión eufemística para referirse a “fomentar la expulsión”- o que promueven la anexión y la expansión del proyecto de asentamientos. La Unión Europea debe vigilar de cerca el trato que recibe la minoría árabe en Israel, ya que el respeto de sus derechos constituye una condición ineludible para cualquier cambio en la política israelí respecto a la cuestión palestina. Asimismo, debe garantizar que toda visita a Israel de un alto representante europeo incluya encuentros con representantes de la dirigencia política de la minoría árabe y con miembros de la sociedad civil que promueven el debate público sobre la igualdad ciudadana y los derechos humanos.

De ahí se deriva también la necesidad de definir los límites de la crítica. Un boicot cultural a Israel, que perjudica ante todo a la corriente liberal cuya debilidad han puesto de manifiesto los resultados electorales, es una bendición para la derecha nacionalista, que ya rechaza la cultura occidental. Basta con escuchar la alegría con la que los políticos de derechas acogieron el anuncio de la Unión Europea de Radiodifusión sobre la posibilidad de excluir a Israel del Festival de Eurovisión para comprender cómo el aislamiento cultural puede alimentar la propaganda nacionalista. Esto no significa que Europa deba abstenerse de tomar medidas, sino que la Unión Europea debe distinguir entre la presión selectiva sobre los actores responsables de violaciones de los derechos humanos y de perpetuar la ocupación y la discriminación contra la minoría árabe, por un lado, y las medidas generalizadas que podrían reforzar precisamente a las fuerzas que pretende debilitar, por otro.

La verdadera prueba de la democracia israelí no consiste únicamente en determinar quién formará el gobierno, sino en saber si Israel es capaz de reconocer a todos sus ciudadanos como socios en pie de igualdad, reconocer a los palestinos como titulares de derechos nacionales y considerar el compromiso político una condición para un futuro más seguro y justo. Sin un cambio de esta naturaleza, Israel corre el riesgo de seguir manteniendo las formas externas de la democracia mientras se aleja cada vez más de su contenido esencial, hasta que la brecha entre la imagen que tiene de sí mismo y la realidad política resulte imposible de cerrar.

Las elecciones de segunda vuelta en Brasil son un golpe de dimensiones tectónicas para la llamada ola ultraconservadora global, con sede en Washington. La remontada épica de Lula, con una campaña que será estudiada y analizada en las facultades por su capacidad para movilizar a sectores del electorado replegados, como los jóvenes, demostró que a veces lo improbable termina por pasar. Aunque en los días previos a la votación los datos proyectaban un empate, el clima final en las calles y en las redes terminó favoreciendo al candidato del PT. 

Sin embargo, imperó la prudencia porque aún estaba muy cerca el jarro de agua fría de la primera vuelta, sin el que probablemente no se habría logrado una movilización como la del pasado domingo. Lo cierto es que la campaña arrancó con la victoria como una misión imposible y terminó viviéndose como una posibilidad real. Para casi todos, con excepciones como la de los mercados que, tendentes a confundir deseos con realidad, siguen dos días después lamiéndose las heridas. 

Tras la celebración y la resaca, no serán pocos los retos que tendrá que afrontar Lula. Los más inmediatos son una oposición que sigue teniendo tics golpistas, un legislativo hostil y la gestión de una victoria sustentada en la movilización histórica de un electorado con pocas ganas de verse defraudado. A ello se suma la necesaria construcción de un liderazgo capaz de dar el relevo llegado el momento. 

Sin embargo, lo ocurrido el domingo en Brasil tiene también dimensiones regionales y globales. El contexto es caprichoso y los tiempos no acompañan a Trump, que afrontará, según todas las encuestas, un escenario adverso en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre. La victoria de Lula es un golpe a la línea de flotación de la llamada doctrina «Donroe», que el presidente de Estados Unidos presentó a finales de 2025 para poner negro sobre blanco sus aspiraciones de controlar los recursos del gigante del cono Sur, en detrimento de China y de cualquiera —incluida la Unión Europea— que ose interponerse en su camino. Esto puede ayudar a explicar que Trump no haya reconocido aún el resultado electoral y que, por el contrario, hablara de fraude casi al mismo tiempo que Bolsonaro hijo, ya resignado, afirmaba que iba a liderar la oposición. De nuevo, la confusión entre deseos y realidad. 

La región vive momentos convulsos y confusos. Los antecedentes más recientes de Colombia y Perú, con victorias de candidatos ultras —De la Espriella y Fujimori, también hija— en segunda vuelta contribuyeron a generar un clima que proyectó desmoralización y sensación de repliegue. Pero lo cierto es que en América Latina la llamada ola ultra, que hoy matiza Brasil, nunca llegó a ser tal. En una contienda electoral tras otra —y lo electoral no lo explica todo—, allí donde se impuso la extrema derecha hubo enfrente una respuesta masiva y organizada que hizo que los candidatos que contaban con el beneplácito de Washington terminaran imponiéndose solo por unos pocos votos.

El caso de Colombia es el más sangrante, porque debió de haber sido el primer escenario adverso para la llamada ola ultra latinoamericana. Sin embargo, la izquierda eligió a un candidato, Iván Cepeda, que estuvo ausente, evitó debates y, sobre todo, no quiso o no supo cómo competir en el ámbito digital. Enfrente, un ejército de bots bien orquestados y favorecidos por los algoritmos, fabricando y difundiendo fake news y productos audiovisuales con inteligencia artificial, con sectores radicalizados de las clases medias y medias altas como ariete para llegar directa e indirectamente a las clases populares. Enfrente, Cepeda salía intentando hacer valer la palabra, leyendo sus discursos cuidados e intentando combatir en el siglo XXI con instrumentos del XIX. Loable labor que, sin embargo, terminó con la llegada al poder de De la Espriella por la mínima. Lula deja ahora la receta para el futuro: es necesario dar la batalla al algoritmo utilizando sus mismas armas. Y también ir a hablarles a las generaciones más jóvenes —esas que ven en la televisión un electrodoméstico inútil— allá donde están: en las redes.  

En mayor o menor grado, vivimos un ciclo marcado por el fracaso coyuntural de las derechas liberales. En América Latina han sido subsumidas por argamasas anárquicas, comandadas por líderes ultras, dopados por la administración Trump, que los utiliza como instrumento útil sobre el terreno. Sin embargo, la articulación del eje Brasilia-México DF, con Lula y Sheinbaum al frente, supone un contrapeso difícil de sortear, porque son las dos economías más importantes de la región. El calendario, nuevamente caprichoso, hace que en la tercera —Argentina— haya presidenciales en 2027 y las perspectivas para Milei son malas, reflejo directo de su mandato. En menos de un año, las posibilidades de que el eje se amplíe hacia el Sur son muy altas. 

Finalmente, es relevante destacar los efectos que el resultado de Brasil tiene en clave doméstica. La próxima semana se celebra en Madrid la cumbre iberoamericana que, tras el resultado del pasado domingo, tendrá a Brasil como protagonista. Lula aún no ha confirmado oficialmente su presencia en Madrid, pero no ha faltado a ninguna y las expectativas de que venga son muy altas. El pasado mes de marzo Sánchez y Lula unieron sus fuerzas en Barcelona con motivo de la cumbre progresista global que organizaron conjuntamente. La reedición de esa imagen, ahora con el aval renovado de la victoria, ayudaría a Sánchez en su batalla por la movilización del voto. Hay una frase de José Saramago, incluida en su Ensayo sobre la lucidez, que muchos en Moncloa querrían ahora poner como pie de foto: «Un imposible nunca viene solo».

Estamos en guerra. Y nos van ganando porque la mayoría de la gente no lo sabe. O de alguna forma lo saben pero han optado por no defenderse. Porque desconocen cómo hacerlo, porque les supone demasiado esfuerzo, porque creen que no merece la pena.

Es una guerra eterna, pero en estos momentos la batalla está siendo especialmente complicada. Nos jugamos una involución inimaginable hace solo unos pocos años.

Han aprendido a usar las que creíamos que eran nuestras armas, las redes. Y las usan mucho mejor que nosotros. Así que tenemos que volver a utilizar las de siempre, las que daban mejores resultados, las que nos hacían ganar batallas y provocaban que retrocediese el enemigo. La calle, las huelgas, la réplica constante que desmonte la mentira y el odio en la cola del supermercado o en la barra del bar.

Lo que nos jugamos es la pérdida de una larga lista de derechos conquistados tras décadas de sangre y represión. Desde la sanidad pública hasta las pensiones, pasando por nuestros derechos como trabajadores y consumidores. También nos jugamos retroceder en lugar de avanzar. Que el acceso a una vivienda sea todavía más difícil en vez de conseguir que de una vez por todas se cumpla un derecho constitucional.

Los de arriba y sus siervos nos venden libertad. Una palabra que en su boca no significa otra cosa que libertad para especular, libertad para forrarse a costa de engañarnos y empobrecernos, libertad para emprender la demolición de nuestros derechos como trabajadores, como consumidores, como seres humanos.

Los movimientos ciudadanos somos claves en esta guerra. Los recién nacidos, de los que tanto tenemos que aprender, y los que acumulamos décadas de trayectoria en la que el enemigo ha intentado derribarnos y, en algunos casos, solo ha logrado que aprendamos a hacernos más fuertes. Es el caso del movimiento del que tengo el honor y el orgullo de formar parte. Una asociación de consumidores nacida en la Transición y fundada por luchadores antifascistas que sufrieron torturas y cárcel durante la dictadura.

Hoy FACUA la integran un cuarto de millón de personas. De ellas, decenas de miles la financian con sus cuotas y donaciones. Durante casi cinco décadas hemos logrado resistir a todo tipo de embates. Y estamos dispuestos a seguir dando la batalla día tras día, por mucho que crezcan nuestros enemigos y por muy poderosos que lleguen a ser.

Este libro reúne una pequeña colección de episodios de nuestra historia. 99 FRAUDES. Una selección de 99 editoriales del pódcast semanal que lanzamos en marzo de 2023, En Ocasiones Veo Fraudes. En ellos cuento, en tiempo presente, cómo hemos destapado y denunciado todo tipo de prácticas abusivas contra los consumidores. Cómo hemos exigido a políticos y administraciones que actuasen, a veces con éxito y otras presenciando una lamentable pasividad.

En estos años también nos hemos enfrentado al virus de nuestro tiempo. El virus de la mentira y el odio. Entre los 99 FRAUDES que vas a leer a continuación hay unos cuantos protagonizados por la extrema derecha y sus voceros. Nos han atacado y les hemos contestado, desmontando sus bulos y llevándolos a los tribunales por sus campañas de difamación. Algo que me ha tocado hacer sobre todo a mí. Ser objeto de acoso, amenazas, insultos y bulos es el precio que hay que pagar por ser la cara más visible de FACUA. ¿Que si merece la pena? Nos jugamos demasiado en esta guerra como para plantearnos siquiera esa pregunta.

Me gustaría explicar a la sociedad la perplejidad de los sistemas educativos ante los colosales cambios culturales que estamos experimentando y que plantean una pregunta ineludible: ¿Qué hay que aprender cuando la IA lo sabe todo? La respuesta más sencilla la dan los alumnos: “¿Para qué voy a aprender si lo puedo encontrar?” Esta respuesta es el resultado de una “chapuza evolutiva” y de un “virus mental”. La chapuza evolutiva consiste en que nuestro cerebro es eficiente pero perezoso. Ya en 1984, Susan Fiske y Shelley Taylor acuñaron la expresión “cognitive miser”. Si encuentra una solución fácil, la adopta. El virus mental al que me refiero es una absurda creencia que ha infectado la pedagogía actual: “No hay que aprender las cosas de memoria”. Teniendo en cuenta que la memoria es el órgano del aprendizaje, decir que no hay que aprender las cosas de memoria significa llanamente que no hay que aprender.

La IA aparentemente resuelve la situación. Lo sabe todo y tiene respuestas para todo. Su eficacia es análoga a la de un aparato de diálisis. Cuando los riñones de una persona fallan, los aparatos de diálisis los sustituyen realizando su función depuradora. Cuando la inteligencia personal claudica, la IA viene en su auxilio. El único inconveniente es que en ambos casos -la diálisis biológica y la diálisis mental- el individuo se vuelve dependiente de la máquina. Esa dependencia supone el debilitamiento de nuestro “sistema inmunitario mental”, en especial del pensamiento crítico, lo que nos hace vulnerables ante la manipulación y el poder de las ideologías.

Las predicciones dicen que la generación que entra en las aulas experimentará la Singularidad. “Singularidad” es un término tomado de las matemáticas y de la física que indica que una ecuación o una ley estalla y se convierte en impredecible. Los tecnólogos como Roy Kurweil y compañía lo asocian a la aparición de la Inteligencia Artificial General. En Europa no se habla de Singularidad, sino de “transhumanismo”. Lo comparan con la aparición de una nueva especie. Después del homo sapiens sapiens, viene el homo sapiens ciberneticus. Este cambio los van a soportar los niños que ya están en la escuela, porque su advenimiento se espera antes de diez años. ¿Estamos pensando en su futuro? No. ¿Quién va a decidirlo? Casi con toda la seguridad, la tecnología. ¿Es de fiar? No. Por ello, por el bien de la Humanidad, necesitamos que los mejores talentos se ocupen de la educación, porque es la gran energía evolutiva (junto a las mutaciones y la selección natural). Somos híbridos de naturaleza y cultura y lo que nos define es que somos la única especie que educa a sus crías. Es nuestra fuerza y nuestra debilidad.

Entramos en campaña electoral y estoy seguro de que los temas educativos no van a tener la menor importancia. Los temas urgentes absorben la atención, pero una de las trampas mentales que nos amenaza a todos es centrarnos únicamente en las soluciones a corto plazo. Si nos estamos ahogando en medio del océano, lo primordial es respirar, sin duda, pero lo fundamental es como llegar a tierra firme después.

La situación actual plantea en su inflexible dureza la “Ley universal del aprendizaje”, que dice así: “Toda persona, organización, empresa, nación, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma rapidez a la que cambia su entorno y para progresar deberá hacerlo a más velocidad”. Quien no se someta a esta ley, quedará marginado inexorablemente. Ocurre que el entorno cambia vertiginosamente, por eso, como señaló Stiglitz, premio Nobel de Economía, debemos ser conscientes de que hemos entrado en la Sociedad del Aprendizaje. Todos tenemos que aprender, lo que convierte la educación en la salvaguardia de nuestra autonomía, y en el motor principal del progreso económico y social. Para ello es necesario cambiar la actitud de un país, movilizarlo para aprender a todas las edades. Algunos países lo han entendido e incentivan que todo el mundo lo siga haciendo. Singapur es un ejemplo. Anima a todos los adultos a que sigan formándose, para lo que creó un sistema llamado SkillFuture que concede a todos los ciudadanos una “cuenta personal para formación”, un dinero virtual que solo se puede dedicar a pagar alguno de los cursos de formación (25.000 cursos aprobados); y un subsidio a los 40 años para que se reinventen profesionalmente las personas que lo necesiten. Se ocupa también de evaluar los resultados para comprobar que el modelo funciona. Hay proyectos parecidos, aunque no tan exitosos en Francia (Compte Personnel de Formation (CPF)), Canadá (Canada Training Benefit (CTB)), Países Bajos (STAP-budget (Stimulans de Arbeidsmarkt Positie), y la Unión Europea en 2022 aprobó una “Recomendación relativa a las Cuentas Individuales de Aprendizaje”, que España incluyó en la Ley de Empleo de 2023, pero que, hasta donde yo sé, no ha entrado en funcionamiento.

Con esta iniciativa, la Unión Europea reconoce la necesidad de aprendizaje continuo en el mundo laboral, pero hay que mirar el tema con una perspectiva más amplia. La longevidad hace necesario un aprendizaje a lo largo de toda la vida, no solo para el bienestar individual, sino para la buena salud política. Es imprescindible una ciudadanía bien informada, capaz de resistir a la manipulación y de colaborar en una gobernanza inteligente. Insisto en que lo importante es un cambio de actitud social como gran vacuna contra los extremismos, la credulidad, la manipulación, o la incitación a la pereza procedente de las nuevas tecnologías.

Una gran investigadora sobre estos temas -Carol Dweck- ha propuesto como meta la creación de una “nación de aprendices”, basada en lo que denomina “mentalidad de crecimiento”, es decir, la creencia en que se puede mejorar y en el “poder del ”todavía“. Cuando una persona no consigue resolver un problema, en lugar de decir ”no sé hacer esto“ (mentalidad fija), se dice a sí misma ”no sé hacer esto todavía“. Esta fue una de las ideas básicas de la reforma educativa de Estonia, que la ha colocado a la cabeza de las puntuaciones europeas en PISA. Una reforma de la que deberíamos aprender porque ha sabido hacer compatible la calidad con la equidad educativa (reduciendo la influencia socioeconómica de las familias en los resultados). Ha conseguido orientar bien la introducción de las Inteligencias Artificiales en el aula, distinguiendo las ”habilidades intelectuales de menor nivel“, que pueden confiarse a la IA, y reservando a la inteligencia natural las de máximo nivel, que son el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, y el arte de formular buenas preguntas (prompting). Y, sobre todo, ha reconocido la importancia de la educación infantil y primaria, con un acompañamiento estrechísimo para evitar que ningún alumno se quede rezagado. Por cierto, en el 2003 el premio Nobel de Economía James Heckman ya mostró en su famosa ”Curva de Heckman“ que la inversión en educación primaria es la más rentable de todas.

Es cierto que el futuro es impredecible, pero hay una cosa que sí sabemos de él con seguridad: va a plantear problemas. Por eso, los sistemas de educación más inteligentes están reformulándose para desarrollar la “competencia heurística”, la capacidad para resolver problemas. De hecho, PISA ha ido dando cada vez mayor importancia a este aspecto. Pero no se trata solo de resolver problemas de matemáticas o ciencias, sino de ayudar a formar una “personalidad resuelta”, que marche con determinación y lo haga resolviendo también problemas afectivos, sociales, políticos, éticos.

Este artículo solo pretende hacer oír la voz de la educación en la algarabía política actual, y animar a que la ciudadanía presione a los partidos políticos para que digan cuáles son sus proyectos educativos, si es que tienen alguno. En el año 2016 publiqué Despertad al diplodocus, para defender que España podía tener un sistema educativo de alto rendimiento en 5 años. Fundaba ese plazo en la experiencia de algunas reformas exitosas, en los estudios de McKinsey y en la experiencia de transformación de centros educativos. No se hizo nada y seguimos estancados. Me gustaría que algún partido político aceptara el reto. A la vista de la mayor complejidad de la situación pienso que el plazo debería aumentarse dos años más para dedicarlos a la formación del profesorado, asunto en el que está teniendo dificultades Estonia. Sería buena idea encomendar una vicepresidencia del Gobierno a un Ministerio de Fomento del Aprendizaje, que integrara todas las competencias educativas que tienen los ministerios de Educación, Universidades, Ciencia, Cultura, Industria, Trabajo, Infancia y Juventud, etc., y sirviera para poner el país en marcha.

No tenemos mucho tiempo, si queremos no ser arrollados por los cambios. La desidia educativa no es solo nuestra, sino de gran parte de Europa. Por eso es necesario cambiar de actitud. Sospecho que los políticos no se tomarán en serio este asunto, porque planificar a siete años excede a su tacticismo, pero confiaré en la máxima de Dweck y en el poder del “todavía”.

Parafraseando a Tolkien en 'El Señor de los Anillos', pareciera como si las huestes de Mordor, en este caso el PP y Vox, hubieran tenido muy claro, desde hace mucho tiempo, cuáles eran sus planes acerca del Senado tras las elecciones del 29 de noviembre: el absoluto control que preveían tener sobre la Cámara Alta les iba a permitir gobernar mucho más allá de la próxima legislatura. 

Posiblemente Sauron y Gollum habían pensado que podrían obtener fácilmente una mayoría de tres quintos, dada la división de la izquierda y el sistema poco representativo de la elección de los senadores, que premia al partido ganador con el 75% de los escaños por cada circunscripción provincial. El PP en las elecciones de 2023 obtuvo una mayoría de un 58% en el Senado (120 escaños) con apenas el 34,7% de los votos.

Sin embargo, el acuerdo “Senado de progreso”, firmado por el PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Compromís, Mas Madrid, Baztarre y Chunta Aragonesista para 43 provincias, al que se suma el acuerdo de las cuatro circunscripciones insulares de les Illes Balears, que también incluye a Més, y el tradicional acuerdo de todas las fuerzas progresistas en La Gomera, de pronto ha desbaratado los planes de las fuerzas de Mordor. Por esta razón este acuerdo de “Senado de progreso” va mucho más allá de las siglas que lo suscriben, y de los escaños que cada partido firmante espera obtener.

Y eso es lo que explica la rapidez con la que Sauron y Gollum están intentando llegar a un acuerdo, su objetivo es lograr una mayoría de tres quintos que les permita ejercer un control sobre otras dos instituciones que tienen un amplio poder, no solo en el momento político actual sino en la próxima década: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. 

El Senado deberá nombrar en la próxima legislatura a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, un tercio del total, que ya tienen el mandato ya caducado y cuyo nombramiento no quiso negociar el PP esperando esa mayoría de apisonadora. El Senado también deberá afrontar, en el año 2029, la renovación de diez miembros del CGPJ, la mitad del total. Resulta evidente que una mayoría de derecha y extrema derecha en esas dos importantes instituciones podría hacer involucionar a España hasta niveles nunca vistos desde el franquismo. Sería una forma de modificar la Constitución por la puerta de atrás, no a través de los complejos sistemas de reforma contenidos en la propia carta magna, sino de forma mucho más sibilina, a través de una interpretación ultraconservadora del texto constitucional y de un férreo control por parte del CGPJ de los nombramientos de altos magistrados, que durante más de una década llenaría de esbirros de Mordor gran parte de las altas instituciones judiciales. El ejército de la Tierra Negra que colonizaría el poder judicial durante un largo periodo de tiempo. 

Por eso, la mayoría política del Senado de la próxima legislatura será tan determinante para el futuro democrático de España, para preservar la democracia y avanzar en derechos; o para retroceder 50 años. Y también por eso, ha sido tan importante que el acuerdo alcanzado entre los partidos de izquierda haya llegado después de una importante movilización de la sociedad civil. 

Ahora lo que toca es recorrer cada calle, llamar a cada puerta y hablar con cada persona, para evitar que se cumpla la profecía que contiene la inscripción del Poema del Anillo, adaptandola a la actual situación de España: “Un Senado para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras”.

El día que los revolucionarios franceses tomaron la Bastilla, el rey Luis XVI escribió en su diario: Rien. Aquella palabra, nada, ha pasado a la historia como símbolo de la distancia entre las élites y quienes estaban transformando los cimientos de la sociedad. No sabemos si Emmanuel Macron lleva un diario de sus últimos meses en el Elíseo. Pero sí podemos imaginarlo, durante estas semanas, dedicando su tiempo a leer los sombríos diagnósticos de la prensa económica anglosajona sobre Francia. Quien vino a superar las contradicciones de la V República se encuentra al final de su mandato con una deuda cercana al 120% del PIB, los intereses de la deuda francesa a diez años en máximos desde 2002 y la urgencia de sacar adelante “un plan de ahorro” de 54.000 millones de euros.

En paralelo, desde Créteil, en plena periferia parisina, las movilizaciones estudiantiles se extendieron, primero, por la región de París y, después, por toda Francia. Según Le Monde, en apenas diez días, más de 1.000 centros educativos vieron interrumpido su funcionamiento normal. A lo largo de las siguientes semanas se sumaron otros sectores, desde las universidades y las familias, pasando por los sindicatos, hasta los chalecos amarillos, planteando un desafío total. Desoír las demandas y responder con dureza a los estudiantes solo ha aumentado la escala del conflicto y la intensidad del enfrentamiento.

Resulta sintomático y, a la vez, una cierta ironía del destino que esta protesta sistémica haya comenzado en la escuela. En Francia, como en otros países europeos, se ha cargado a la educación con la responsabilidad de resolver todos los problemas que se generaban más allá de sus muros. La escuela era la institución central en la promesa meritocrática que planteaba que, si hacías lo que te tocaba, si estudiabas, trabajabas y te esforzabas, vivirías mejor que tus padres. El mito de la educación como ascensor social ha tocado a su fin entre tanta precariedad laboral y tantas desigualdades que erosionan nuestras democracias.

Pero hay una diferencia generacional remarcable entre los jóvenes que se movilizan hoy en Francia y quienes nacimos tras la caída del Muro de Berlín. Nosotros vimos hecha añicos aquella promesa de progreso social con la crisis financiera de 2008. Los adolescentes de los liceos franceses han arrastrado las consecuencias de aquella crisis, pero su mundo ha sido un mundo de shocks energéticos y sociales permanentes, que han ido rompiendo nuestras sociedades entre quienes dedican la mayor parte de su renta a sobrevivir y quienes no lo hacen, como explica la economista Isabella Weber en su reciente libro Anti-fascist economics.  

La crisis es la única normalidad que han conocido. No solo es que no puedan crear ya en la promesa de vivir mejor que sus padres, sino que no disponen de condiciones para imaginar un futuro propio. Ese malestar, que ha desbordado las aulas francesas, conecta con una experiencia transversal y más amplia: la vie chère, la vida cara. Para agravar más ese cóctel explosivo en algunas periferias urbanas la falta de perspectivas vitales y la angustia económica se combina en algunas periferias con el sentimiento de abandono de jóvenes franceses hijos y nietos de inmigrantes por parte de la República.

Cuando las protestas se han recrudecido, hay quien ha quedado hipnotizado por el fuego y las imágenes de los enfrentamientos con la policía. Lo hemos visto en la ritualización que han efectuado los medios de comunicación y también en nuestros timelines de las redes sociales -aparentemente promovido desde ciertos países y con la connivencia de las plataformas tecnológicas-. En el plano interno, Macron ha llegado a responsabilizar a la extrema izquierda y a la Francia Insumisa de los disturbios. Mientras la extrema derecha ha querido reducir el conflicto a un fenómeno exógeno, antifrancés, que estaría protagonizado por inmigrantes. Ambas interpretaciones niegan el malestar, pero sobre todo la brecha que separa a una importante parte de la sociedad de las instituciones de la V República.

Frente a esa mirada, vale la pena recordar a E. P. Thompson y a otros historiadores de la historia desde abajo, que nos enseñaron a no menospreciar los motines populares como meras explosiones irracionales de masas enloquecidas. Las revueltas populares tienen su propia lógica. En ellas es posible identificar concepciones ampliamente compartidas de la justicia e incluso las obligaciones del poder. No se trata de justificar la violencia, pero sí de evitar que el humo nos impida ver las causas.

Además, en Francia, la calle ha sido históricamente un campo de batalla por la legitimidad política. Los franceses han aprendido de su historia, y la mayoría de las veces en sus propias familias, que la movilización sirve y que las reivindicaciones de la calle forman parte consustancial de la democracia. 

No debemos perder de vista el contexto político-institucional en el que se suceden estas protestas, que tienen visos de durar tras el último llamamiento de Sophie Binet, la líder de la CGT francesa. La próxima primavera se celebrarán elecciones presidenciales y los sondeos dibujan un escenario excepcional. Por primera vez en la historia de la V República, la extrema derecha no solamente estará en segunda vuelta, sino que su candidatura no es la que más rechazo genera entre los franceses. Parece que se gastó el frente republicano de tanto usarlo. Según el barómetro de Cluster17 para Político, Marine Le Pen registra un rechazo electoral del 62%, inferior al de Mélenchon (73%) o el Phillippe (68%). Ello aumenta enormemente sus opciones de llegar al Elíseo. 

A pesar de que las protestas puedan acabar convirtiéndose en la antesala del Gobierno de Reagrupamiento Nacional, sería tremendamente injusto responsabilizarlas de ese desenlace electoral. Tanto la consolidación de la formación de Marine Le Pen como las dificultades de las izquierdas para ofrecer una alternativa compartida son procesos que vienen de lejos. Además, la respuesta del Estado y el centrismo francés a la movilización social, a través de su criminalización, la represión y las llamadas al orden, no hacen sino pavimentar el camino de la extrema derecha. Hemos visto irrumpir en todo su esplendor el macrolepénisme como polémicamente ha planteado el historiador Emmanuel Todd. 

Desde España, hay importantes motivos para seguir de cerca estos acontecimientos. Como se ha repetido, las elecciones generales del 29N se presentan como unas elecciones epocales. Nos jugamos el modelo de sociedad y es bueno saber cuáles son las alternativas que hay en juego. De una manera diferente, pero conectadas entre sí, las movilizaciones por el derecho a la vivienda y las acampadas han situado en el centro del escenario político un malestar transversal y la incapacidad del Estado social de dar respuestas a la altura de las circunstancias históricas.

Si la democracia insiste en ofrecer la nada como horizonte a la generación más joven y a la parte de la sociedad que vive de su trabajo, ¿qué otra reacción esperamos que una que esté marcada por la desesperanza y la violencia? Sea quien sea quien salga victorioso de las urnas el 29N debería tomar buena nota de esta señal de alarma y no confundir, como Luis XVI, su rutina con la vida profunda de la nación. 

“La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio. Gente que, además, está untada por los sindicatos”. Estas han sido las palabras de Isabel Díaz Ayuso frente a los profesores en huelga de la marea verde que le increparon pacíficamente a la salida de un acto y a los que, poco después, molió a golpes la policía. Estos comentarios encajan muy bien con la idea que esta gente de derechas se hace de lo que es la escuela pública. Un lugar donde los pobres padres no pueden impedir que se adoctrine a sus hijos en valores izquierdistas promovidos por los sindicatos y el Estado. Frente a ello, recurren a la libertad de enseñanza recogida en la Constitución, para defender el derecho de las familias a elegir la educación que deben recibir sus hijos. 

Llevo muchos años repitiendo lo mismo: ese artículo de la Constitución no puede ser interpretado así, y si acaso sí se puede, deberíamos cambiarlo. Porque, de este modo, se está llamando “libertad de enseñanza” a un supuesto derecho que tendrían los padres para elegir la prisión ideológica en la que van a encerrar a sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad. Y eso es tanto como dar a las familias la libertad de imponer sobre la infancia un totalitarismo doméstico asfixiante que tendrá efectos demoledores sobre su acceso a la dignidad ciudadana.

Los padres y tutores, por supuesto, deben tener el derecho de adoctrinar a sus hijos en sus propias ideologías, creencias y convicciones. Pero no pueden tener el derecho de hacerles creer que no existen otras creencias y otras ideas. Uno puede tener la desgracia de haber nacido, por ejemplo, en una familia de adventistas del séptimo día que han calculado que el fin del mundo tendrá lugar muy pronto. Esta extravagante doctrina se les inculcará en su casa con todo derecho, porque los niños deben tener el derecho de querer a sus padres y también de admirarlos y de pensar que tienen razón. Pero es una barbaridad pensar que eso les da derecho a internarlos en un colegio de adventistas del séptimo día hasta que cumplan dieciocho años. 

No sé cómo se llamará en latín este tipo de falacia. La “libertad de enseñanza” parece apostar por la diversidad cuando las familias pueden optar entre muchas sectas ideológicas distintas para la educación de sus hijos. Así parece que hay mucha diversidad, pero solo a vista de helicóptero. Porque, para los que están abajo, para los niños en cuestión, lo que ha ocurrido es que se les ha negado precisamente cualquier contacto con lo diverso. Se les está educando en una doctrina impuesta con un totalitarismo sin fisuras. En casa, son adventistas, fuera de casa, no hay más que adventistas, el mundo mismo es adventista y, por tanto, no cabe duda, terminará pronto el séptimo día en un apocalipsis fatal, como dice el pastor y como dicen mis padres. O sea, hemos llamado “libertad de enseñanza” al derecho de las familias a imponer una dictadura doméstica que mutila la ciudadanía. 

No permitimos la ablación del clítoris por consideración a la libertad de algunas culturas indígenas. Tampoco deberíamos consentir legalmente a los padres mutilar la vida de sus hijos hasta la mayoría de edad. 

En resumen: deberíamos tener el coraje de exigir que se prohibiera la enseñanza privada y, por supuesto, la concertada. La ley tiene que proteger a los más débiles, a los niños en primer lugar. La maquinaria del Estado Moderno fue diseñada por personas muy capaces que, desde luego, eran mucho más listos y competentes que los ideólogos de Díaz Ayuso. Y más o menos, estuvieron de acuerdo con Condorcet en instituir un sistema de instrucción pública capaz de poner a los niños a salvo del adoctrinamiento doméstico y de su extensión totalitaria mediante sectas privadas. En contra de esta obra maestra de la Ilustración, actualmente no hay ideólogos que lleguen mucho más allá que Vito Quiles, quien considera a las profesoras de la enseñanza pública “charototalitarias”. Se limitan a repetir como loros que entonces quien adoctrina es el Estado, lo que es sencillamente una estupidez. El Estado, allí donde hay división de poderes, no puede adoctrinar, y no porque no deba, sino porque no puede.

Los profesores de la enseñanza pública son funcionarios, propietarios de su función con libertad de cátedra. No podrían adoctrinar ni aunque lo intentaran. Porque si el profesor de matemáticas es visiblemente homófobo, resulta que la profesora de gimnasia es lesbiana a mucha honra. Si a la profesora de Lengua se le nota mucho que vota al PP, después del recreo viene la de Química, que seguro que vota al Frente Amplio. Luego viene el fascista de Latín negacionista climático y a continuación el antifa de Historia, citando a Kropotkin. Por otro lado, nuestro Adventista del séptimo día Pentecostés independiente se tendrá que sentar al lado de una musulmana por la izquierda y de un ateo militante que se caga en dios a cada rato, a su derecha. En el recreo tendrá que jugar al fútbol con chicos, chicas y chiques, ateos, beatos, unos cayetanos, otros punkis, algunos que llevarán una banderita española en la muñeca y otros que se habrán tatuado en el hombro a cristo fumando un porro.  

Esto sí que es diversidad y libertad de elegir y no eso que Díaz Ayuso tiene en la cabeza: la libertad de elegir entre sectas diversas para comerle el tarro a mis hijos, metiéndolos así en un concertado marianista o un privado de derechas o de izquierdas (que también se da). La constitución no puede decir que eso es legítimo, por lo mismo que la libertad cultural no te concede el derecho a practicar a tu hija la clitoridectomía. Son los hijos los que tienen que tener libertad de aprendizaje, no las familias las que deben tener libertad para encarcelar a sus hijos en su propia secta ideológica, así esté llena de pedófilos, terraplanistas, fundamentalistas, gente que cree en la virginidad de María o, así sea, anarcos veganos y feministas. Uno no tiene que pagar durante 18 años el delito de haber nacido en una familia del Opus, de ETA o de Testigos de Jehová. Esa gente, que cuente a sus hijos lo que les dé la gana, pero en su casa. En la escuela, que nos dejen en paz. Que nos exijan, eso sí, cumplir con los programas académicos aprobados por nuestros representantes parlamentarios, es decir, por nosotros y por ellos, por todos, ya que vivimos en una democracia. Porque lo que Isabel Díaz Ayuso tiene en la cabeza es un supuesto derecho de ciertas sectas a educar a los niños al margen de la Ley, según el catálogo sectario de un catecismo de disparates elegido por las familias. Y eso no puede ser lo que dice la Constitución. 

La escuela privada y concertada extirpa la libertad del mundo de la enseñanza. Los profesores pasan a ser contratados y despedidos según el ideario doctrinario de las empresas y las sectas privadas. Y el resultado es una esterilizante uniformidad que el alumnado tiene que sufrir impotente: un monopolio para el adoctrinamiento. Es el fin de la libertad de cátedra para los profesores y profesoras, y el fin de la libertad que deben tener los alumnos y las alumnas para ponerse a salvo del imperio familiar. La enseñanza concertada, por su parte, es un cáncer que llevamos arrastrando desde los tiempos de la Transición. En la actualidad, es, sobre todo, una manera de filtrar al alumnado, dando a las familias la potestad de hacer trampas en el juego, poniendo a sus hijos a salvo de unas escuelas públicas que cargan así con lo más problemático, al tiempo que se las abandona y se las precariza. Es el caballo de Troya de la segregación social que amenaza con echar abajo todo el edificio de la escuela pública. Si los ministros y los cargos públicos tuvieran obligación de llevar a sus hijos e hijas a centros públicos elegidos por sorteo, otro gallo cantaría. 

La escuela pública que estaban defendiendo esos profesores y profesoras, la que están defendiendo estos días en esta nueva y tan hermosa Marea Verde, es la más bella conquista histórica que las clases trabajadoras han aportado a la Historia de la Humanidad. Solo por esta belleza es explicable que se siga manteniendo en pie, pese a tanta incomprensión y tanto sabotaje: los profesores y las profesoras aman todavía su profesión, incluso en el infierno. Y son capaces de darlo todo para no dejar que el edificio de la escuela pública se derrumbe. Son heroínas, héroes que combaten por mantener bien alto el testigo de que el ser humano es capaz de defender con su propia vida aquello por lo que merece la pena estar vivo, la dignidad de saberse libre. 

Por eso defenderemos, en todos los niveles de la enseñanza, de infantil a la Universidad, este espacio que todavía es capaz de recordarnos lo que es la libertad, frente a ese desierto de libertades que es el mercado y el totalitarismo doméstico que la familia quisiera imponer para acallar el espacio público. No podemos llamar libertad a la competencia con la que las sectas privadas se disputan el derecho a imponerse sobre las demás. La libertad es algo que solo se conquista en lo que, desde los orígenes de la historia de la filosofía se llamó espacio público, república, todo lo contrario que el imperio sectario de los mundos privados. Para defender esa causa ocurrió eso a lo que se llama Revolución francesa. Díaz Ayuso nos ha preguntado si lo que queremos es que arda Madrid, como está ardiendo estos días París. Si se trata de defender, contra ella y sus políticas, la más bella de las conquistas de la revolución francesa, la escuela pública, merecerá la pena. 

Estoy un poco harto, lo confieso, de la “empatía”. No quiero decir que esté harto de los otros sino de la insistencia peligrosa en que nuestras relaciones con los demás se aborden siempre por el costado emocional. Y si no siento nada, ¿qué? Y si ese niño, ese anciano, ese perro apaleado no me conmueven, ¿qué pasa? ¿Tengo que sentirme culpable? ¿Es que no puedo oponerme a la guerra, a un linchamiento, a una agresión “por principios”? ¿Es que no puedo cuidar o curar o apoyar al otro sin compadecerlo, en virtud solamente de un imperativo ético y racional?

Bernardino de Siena, en el siglo XV, cifraba el poder movilizador del crucifijo en la común empatía humana frente al dolor. Cuando uno se acerca a la cruz en la que está clavado Cristo, venía a decir, uno siente su sufrimiento como propio, de manera espontánea y con independencia de cualquier sesgo cultural; antes de hacernos ninguna pregunta (¿qué habrá hecho?) sus clavos se han clavado ya en nuestra carne y nos dejamos vencer por la compasión. Es un argumento muy bello, pero no del todo cierto. En Roma la imagen del crucificado evocaba enseguida la idea de la justicia ejemplar; y el crucificado, por tanto, sugería al primer vistazo la irregularidad de un delito o de un comportamiento criminal. Por lo demás, los que torturaron a Cristo camino del Calvario y los que, una vez allí, lo clavaron en el madero sintieron más bien el placer de romperle los huesos a un judío o el aburrimiento de tener que acometer un trabajo mecánico y desagradable. Es probable que el mundo fuera mejor si cada uno de nosotros sintiera de manera inmediata el dolor de los otros como propio; o quizás no, porque entonces todos sucumbiríamos al primer pinchazo de una aguja; el planeta entero cedería, desde luego, a la muerte del propio hijo. En todo caso, es con esa clase de seres humanos (los que no sienten nada ante la cruz) con los que hay que tratar de construir un mundo llevadero.

En un libro interesante, La paradoja de la bondad (Capitán Swing), el antropólogo evolutivo Richard Wrangham distingue entre “violencia reactiva” y “violencia proactiva”. La “reactiva”, digamos, es la que todavía nos une a nuestros primos primates, la que tiene que ver con los impulsos no mediados: el reflejo instintivo, por ejemplo, frente a una agresión y, en general, el que responde desde el cuerpo a pulsiones antagonistas (los llamados “crímenes pasionales”). La violencia “proactiva”, en cambio, implica premeditación, planificación, proyecto. La “reactiva” es caliente y temperamental; la “proactiva” fría y prospectiva. La tesis de Wrangham es la de que la especie humana es una especie “doméstica”, una especie “autodomesticada” que en los últimos doscientos mil años habría ido reduciendo sin parar los márgenes de su “violencia reactiva” -mientras no dejaba de aumentar, al otro lado, los de la “violencia proactiva”. Podríamos decir que “la paradoja de la bondad” es ésta según la cual el holocausto nazi y el genocidio israelí, por citar dos ejemplos extremos, constituirían en realidad las manifestaciones propias de una especie pacífica, pacificada, domesticada, lingüística.

¿Habrá también una moralidad reactiva y otra proactiva? Tirando de ese hilo, sería coherente añadir que la reactiva sería, en efecto, la que nos vincula al prójimo a través de la empatía; la proactiva, en cambio, la que lo reivindica (al prójimo) como depositario autónomo de valor, o como sujeto de derecho, al margen de toda emoción positiva, en virtud tan solo de un razonamiento. En un mundo mejor los humanos nos repartiríamos el trabajo: los que no “sintieran” bien, razonarían bien. En el mundo realmente existente, sin embargo, veo un cierto peligro en renunciar a la razón para dejar que decidan sobre nuestro bienestar y nuestra convivencia los buenos sentimientos. Porque, en ese caso, los buenos razonadores que, por mucho que se esfuercen, no consiguen sentir nada, se sentirán sólo culpables. Por su parte, los malos razonadores insensibles o, peor, los que sientan placer en el sufrimiento ajeno, verán legitimados sus nulos o malos sentimientos. Si se trata sólo de “sentir”, el malismo es tan legítimo, en efecto, como el buenismo. Sin un criterio, nuestros buenos sentimientos no se diferencian de los malos. Y si poseemos ya ese criterio, ¿a qué exigirnos buenos sentimientos?

El problema de jugárnoslo todo en el terreno de las emociones es que dejamos de ser dueños de nosotros mismos. El espíritu de la época confirma la vuelta de lo violento “reactivo” y de “lo reactivo” en general; se trata precisamente de una “reacción” comprensible frente a un capitalismo abstracto y proactivo que desencarna los cuerpos o los trata con desprecio e indiferencia. Pero cuidado: esta victoria de lo reactivo sobre lo proactivo, para bien y para mal, determina la facilidad y volatilidad de todas las transiciones: es muy sencillo, quiero decir, pasar del bien al mal. En términos antropológicos, el fascismo es justamente eso: el triunfo de la violencia reactiva frente a la moralidad proactiva o, más claramente, el triunfo negativo de los cuerpos sobre los DDHH. Cada vez más humanos normales sienten creciente necesidad, sí, de pasar a la acción desde cerca. Anhelamos contactos cuerpo a cuerpo y los buscamos emocionalmente, en el mal y en el bien. Pero en ese terreno la violencia reactiva es siempre más atractiva y satisfactoria que la moralidad reactiva.

¿Qué es lo contrario de la empatía? La “antipatía”. Ambas emociones se activan en los cuerpos y entre los cuerpos. Mediante la empatía -suele decirse- me pongo en el pellejo del otro. En contraste con ese proceso milagroso de ocupación consonante, la antipatía, por su parte, puede describirse, al revés, como nuestra resistencia al ingreso del otro en mi propio pellejo. Uno de los nombres de la “empatía” es “compasión”. La expresión extrema de la “antipatía”, en cambio, se llama “asco”. Todas esas formas de odio que tildamos de “fobias” (islamofobia, homofobia, xenofobia) encubren un asco irresistible frente a un otro al que atribuimos la voluntad de penetrar en nuestros cuerpos (físicos o sociales) y de los que, por tanto, nos defendemos con violencia reactiva, como cuando nos sacudimos de encima, de manera instintiva, furiosa, ciega, una avispa pegajosa o una alimaña agresiva. Mucho más que el odio, el asco lleva siempre implícita la violencia; de hecho, el odio sólo se vuelve realmente violento cuando se materializa en asco. Pensemos en el nazismo y su relación con el judío deshumanizado; o pensemos en el sionista y en su relación con el palestino animalizado. En el ámbito de las emociones, la nueva lucha de clases (muy antigua) se libra entre la compasión y el asco. El fascismo es la victoria del asco sobre la compasión (y sobre los principios que el uno desdeña y la otra ignora). Esa victoria combina hoy, como hace ochenta años, la violencia proactiva de las clases dirigentes y la violencia reactiva de la gente común.

El asco, por supuesto, tiene un origen cultural; quiero decir que se fabrica, como se fabrican los paisajes y los cachopos. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre una cucaracha y un escarabajo. Los dos son artrópodos, insectos y neópteros; por su tamaño y morfología no discrepan tanto. Pero la cucaracha nos da asco y el escarabajo no. ¿Por qué? Porque el escarabajo vive en la naturaleza, en paralelo a nuestros cuerpos, mientras que la cucaracha penetra en nuestras cocinas y parasita nuestros alimentos. Lo mismo pasa con los conejos y las ratas. Eso explica que nuestro asco escoja siempre las mismas metáforas animales antes de desatar la violencia sobre los débiles amenazadores. Los judíos ayer y los palestinos hoy no son “escarabajos” ni “liebres”; son “cucarachas”, “piojos” o “ratas”. La cultura fabrica “cucarachas” y luego fabrica, a partir de ellas, humanos débiles y amenazadores que nuestro asco sorprende en el trance de ocupar nuestras casas, nuestras cocinas, nuestros pellejos.

Hay mucho “asco”, sí, en las agresiones homófobas, cuya violencia espantosa es proporcional al miedo del agresor a alojar en su cuerpo un cuerpo extraño.

Hay mucho “asco”, sí, en las agresiones xenófobas, que serán más numerosas y violentas a medida que nuestros políticos identifiquen más y más a los vulnerables con parásitos invasivos potencialmente letales para el “cuerpo nacional”.

Y he visto también, sí, mucho “asco” en los golpes de la policía en la reciente manifestación estudiantil del 14 de octubre, donde la saña autoalimentada de la porra era inseparable del placer de encontrar una resistencia pasiva y de la fuerza impune descargada una y otra vez sobre cuerpos ajenos a la nación y a la humanidad. 

Cuidado: la cercanía no siempre produce empatía. En una guerra civil, el vecino al que odiamos, ahora en nuestro poder, sucumbe a nuestro furor revanchista. Odiarlo (o no) no depende de nosotros; quizás, además, era realmente odioso. De pronto, frente a él, queremos sentir piedad, pero su presencia no nos emociona: no sentimos nada que pueda protegerlo; lo que sentimos, al contrario, lo condena. Nos da asco. En esta situación, lo único que puede proteger al vecino de nuestra violencia reactiva, allí donde podríamos vengar todos sus desdenes y egoísmos de la última década, es un principio: el principio interiorizado, racional, del valor de la vida humana. 

No es tarea sencilla, cierto, pero es más fácil enseñar a pensar bien que a sentir bien. A eso deberían dedicarse nuestras escuelas, nuestros partidos políticos y nuestras academias de policía.

El candidato a la presidencia del gobierno, Sr. Núñez Feijóo, en un arrebato de sinceridad ha comunicado, urbi et orbi, que si gobierna exigirá sacrificios a la sufrida ciudadanía española. Quizá le ha traicionado el subconsciente y como lleva varios años afirmando que España se hunde, se rompe, está en quiebra, al borde del colapso y la invaden, se ha creído por un momento que era Winston Churchill cuando dijo aquello de “no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” ante la Cámara de los Comunes, bajo las bombas alemanas y la amenaza de una invasión. Lo que ocurre es que ahora no hay bombas, por lo menos cerca, y nadie amenaza invadirnos, aunque en la calenturienta mente de las derechas los jóvenes marroquíes desarrapados, hambrientos y sedientos que irrumpieron en Ceuta eran unos temibles conquistadores. De otra parte, no se entiende a qué sacrificios se refiere el candidato Feijóo, pero a tenor de la personalidad del autor de la propuesta se puede intentar colegir su contenido. 

La palabra sacrificio viene del latín sacrificium, de sacrum- sagrado- y de facere -hacer-. Por eso, tal concepto tiene varias acepciones de naturaleza religiosa como las de ofrenda a una divinidad, matanza ritual, acto litúrgico y otras más temporales o laicas como pueden ser esfuerzo o trabajo extra. En mi opinión, el candidato del PP hace referencia a una mezcolanza entre lo seglar y lo sagrado. Por ejemplo, cuando ese cráneo privilegiado de Vox, de cuyo nombre prefiero no acordarme, lanza la bomba de racimo de que el sistema de pensiones español está quebrado y, en consecuencia, hay que ir a un sistema mixto de capitalización y otro de reparto, la portavoz del PP, Sra. Muñoz, se precipita a decir prácticamente lo mismo, sin darse cuenta, a tenor del nivel intelectual en el que nos movemos, del alcance de tal despropósito. Ambas tomas de posición originan tal destrozo y desconcierto en las propias filas que obliga al candidato Núñez a salir a la palestra y, con impostada energía, afirmar que si gobierna “garantizará las pensiones”, incluso al nivel del IPC de cada año.

Lo que no aclara es con qué modelo garantizará esas prestaciones, que afectan a la friolera de unos diez millones de personas y sus familias. Porque ese modelo mixto, del que era tan aficionado el dictador Pinochet en Chile, consiste en que una parte sustancial de las pensiones se privaticen, es decir, se capitalicen con las aportaciones privadas de los que tengan fondos en abundancia para permitírselo, y la otra, la de reparto, seguirá como hasta ahora. Con la particularidad de que estas últimas -las de la mayoría de los mortales- irán disminuyendo como siempre ha sucedido con los gobiernos de las derechas. Conviene recordar que durante el gobierno del Sr. Rajoy las pensiones crecieron durante tres años por debajo del IPC, y a partir del 2013 no pasaban del 0,25%. En este caso, el sentido del sacrificio es de prever que se trate de una “ofrenda a la divinidad” en la forma del capital realmente existente. Primer aviso a navegantes. Si gobiernan las derechas, el primer sacrificio lo harán los pensionistas en el tabernáculo de bancos, aseguradoras, fondos buitres, leonados o no, a través del goloso negocio de las pensiones privadas.

El segundo sacrificio ya quedó anunciado en sede parlamentaria. Las derechas PP/Vox han votado, invariablemente, contra todos los decretos ley que intentaban evitar los desahucios o frenar los desmanes de los “fondos buitres”. La receta de las derechas al grave problema de la vivienda es siempre la misma, que lo solucione el mercado y que el Estado se limite a facilitar el negocio. Esto ya se ensayó alrededor de los años 2004/2008, cuando se construyeron millones de viviendas, los precios siguieron subiendo y todo acabó como el rosario de la aurora, con una crisis financiera inmobiliaria brutal, que llevó al paro a millones de personas y estuvo a punto de que España fuese intervenida y no sólo controlada. De otra parte, todo lo que se construyó con dinero público -es decir, el nuestro- se pudo vender a los pocos años y es causa de que hoy tengamos el parque de vivienda social más raquítico de Europa. Para más inri, los genios políticos de las derechas al tiempo que afirman que hay que construir muchas viviendas plantean -léase doctrina Vox- expulsar a un millón de inmigrantes, que son precisamente quienes las construyen, pues no veo yo a los líderes de Vox o del PP poniendo ladrillos o haciendo de soldadores, ferrallas o carpinteros.

La tercera tarascada se augura por el lado de los salarios. Conviene saber que los sueldos y salarios no dependen del gobierno de la nación, salvo la subida de salario mínimo (SMI), de las pensiones y los sueldos de una parte de los funcionarios públicos. Pues bien, durante el periodo de gobierno del Sr. Rajoy, el SMI creció un 14,6%, una cifra ridícula si la comparamos con la subida del 65% del gobierno progresista en el mismo lapso de tiempo. Renta salarial que afecta a cerca de tres millones de personas, sobre todo jóvenes y mujeres. Las derechas y las patronales siempre sostienen que si el SMI aumenta mucho crecerá el desempleo. Tesis a todas luces falsa, pues en los últimos años el salario mínimo ha crecido como nunca y el empleo también, de los hombres y de las mujeres.

Ahora bien, el salario de los millones de trabajadores por cuenta ajena no depende de los gobiernos, sino de la relación entre empresarios y trabajadores, de las negociaciones entre patronales y sindicatos. Y aquí los salarios no han subido tanto, por lo que hay un amplio margen para apretar las clavijas de los empleadores, sobre todo en algunos sectores en los que se están forrando a base de bien. Por ejemplo, es un auténtico escándalo el auténtico hurto que se está perpetrando contra los currantes en el asunto de las horas extras que no se pagan. Se calcula que estas horas rondan los 2,5 millones a la semana, lo que hace diez millones al mes y 120 millones al año. Si consideramos que el salario hora bruto medio en España es de 15 euros y 19,80 si incluimos cotizaciones sociales, les estarían robando entre 1.800 y 2.376 millones de euros al año. Una cifra golosa que afecta a más de medio millón de trabajadores. Hasta ahora parece que no existe manera de establecer un control horario eficaz que evite o mitigue tal latrocinio.

El cuarto sacrificio se acrecentará por el lado de los precios, de los alimentos, de la cesta de la compra. Estos precios suben continuamente más rápido que los sueldos y salarios, y nadie parece estar contento, aunque es obvio que a algunos les tiene que ir mejor. Las amas o amos de casa, los agricultores, los pequeños comerciantes, los transportistas se quejan de la subida de los precios. Es un misterio quiénes son los grandes beneficiarios de este carrusel, se supone que algunos intermediarios o las grandes superficies, pero la realidad es que no hay manera de poner coto a tanta subida. En mi opinión, para ciertos productos básicos, en los alimentos, que componen el grueso del gasto de la mayoría de las familias, se debería generalizar la existencia de los economatos, como ha propuesto el alcalde de Nueva York y es vieja tradición en nuestro país. Economatos dependientes de los ayuntamientos o de cooperativas o entidades de la economía social que podrían vender a precio de coste y que contribuirían a abaratar los precios de ciertos productos básicos.

El último sacrificio, aunque no el menos doloroso, me temo que se acerca por el lado de las bajas laborales por enfermedad. Desde hace meses o años, la patronal y el líder del PP vienen afirmando que hay que poner coto a este “despilfarro” o coladero, pues entienden que existe una especie de contubernio entre los trabajadores y la sanidad pública para conceder las bajas sin causa justificada, lo que es un bulo como otros tantos. Hay que estar atentos a este tema, pues el líder de la derecha confundió en su día las bajas temporales por enfermedad común con el absentismo laboral, que no tienen nada que ver, y un dirigente patronal habló de “bajaciones”, cuando la realidad es la contraria, la cantidad de trabajadores que acuden enfermos al puesto de trabajo por temor a ser despedidos.

En fin, que cuando un líder de las derechas anuncia sacrificios, en plena precampaña electoral, el personal sufridor debería atarse los machos y pensarse muy bien el voto, pues el atraco que se avecina será de gran calado, a no ser que uno sea tan ingenuo que piense que los sacrificios se los impondrán a los bancos, las energéticas o a los grandes tenedores de pisos.

Si quieren leer la última resolución del Tribunal Supremo en la que insiste en privar del derecho al voto a centenares de miles de españoles, les sugeriría que se pongan de música de fondo El aprendiz de brujo de Paul Dukas y se dejen cautivar por la agonía de quien, a medida que intenta tapar su desatino, ve multiplicarse las incongruencias y los charcos. Aquí tenemos a unos magistrados, vestidos de toga y capirote, que enredando entre calderos pretenden separar el agua dulce de la salada, y tienen muy poco tiempo, apenas nada, para hacerlo. Pillados en su imprevisión, se enfadan y retuercen, mientras chapotean en el agua que sale a borbotones por las rendijas de sus argumentos.  

Ya conocen ustedes el contexto, el ‘lore’ que dicen ahora. La Ley de Memoria Democrática ofreció la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. Para facilitar la demostración de todo ello y ahorrar a los interesados pruebas imposibles de recabar, una Instrucción posterior incluyó una presunción: se presumirán exiliados todos los que abandonaron España en la posguerra, desde 1936 hasta finales de 1955. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (entre cuyos miembros no figuran muchos descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, dejémoslo ahí) está en desacuerdo con esta Instrucción, que considera excesiva. Opinan que la opción para recuperar la nacionalidad debería concederse únicamente a los nietos que demuestren fehacientemente que sus abuelos fueron perseguidos por Franco, olvidando que una dictadura persigue a todos sus ciudadanos, aunque solo castigue a los más débiles. Estos magistrados querrían quitar la nacionalidad a estos nietos, pero no pueden, al menos por ahora; nadie se lo ha pedido. Pero aprovechando que el azar ha puesto en su camino el recurso contra una decisión de la Junta Electoral Central, han borrado a estos nuevos españoles del censo de expatriados y les han quitado un derecho, el de votar, que está garantizado como fundamental en la Constitución que juraron respetar. 

Y aquí empieza el juego de los calderos, con estos aprendices brincando en un piélago inundado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo electoral cerrado a primero de agosto de 2026 lo conforman 38,7 millones de personas. Dentro de este gran depósito se encuentra uno más pequeño, el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes, el famoso CERA, que integra a los españoles que residen fuera de España; este caldero tiene 2,7 millones de personas de las que, en realidad, votan bastantes pocos. Y dentro de esta tinaja del CERA pululan 163.020 españoles que han obtenido la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. 

La música empieza a sonar. El 10 de septiembre pasado el Tribunal Supremo tomó la decisión de eliminar del CERA y suspender el derecho al voto a todos los españoles que hubieran obtenido su nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática; al mismo tiempo, y para salvar la excepción que se disponen a aceptar, permitió la incorporación de aquellos nuevos españoles que hubieran demostrado que su padre o su abuelo habían sido efectivamente perseguidos. Debió de pensar el Supremo que la operación era tan fácil como meter el cazo en el caldero del CERA y retirar los garbanzos negros, pero alguien les susurró que en aquel potaje no era sencillo distinguir el solvente del soluto y que la cosa iba para largo.

¿Cómo se retira a estos españoles del censo? Habría que saber cómo han obtenido la nacionalidad, pero el Registro de Matrícula Consular no permite conocer este dato de manera inmediata; se necesita una comprobación manual para distinguir aquellos que optaron a la nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática del resto. La información necesaria para la inscripción en el CERA no incluye la relativa a cómo se adquirió la nacionalidad. ¿Se puede certificar el motivo que ofreció cada optante para obtenerla? Sin duda, pero el expurgo llevaría meses, porque habría que revisar uno a uno los expedientes de nacionalización, desperdigados en 172 oficinas consulares de España. 

Y en esto llegó Pedro Sánchez y convocó elecciones, con lo que las puertas del censo se cerraron inopinadamente. En cumplimiento de los plazos electorales, el 12 de octubre el censo se puso a disposición de ayuntamientos y consulados para consultas durante ocho días. Pasado ese plazo, el próximo 23 de octubre se publicará oficialmente y quedará bloqueado e inmodificable a todos los efectos. Entre el 24 y el 30 de octubre los inscritos en el CERA empezarán a recibir la documentación electoral. ¡Qué desastre!

El mismo día 12 de octubre el Supremo desestimó el recurso presentado contra su decisión de excluir del CERA a los nuevos españoles. Lo primero que llama la atención de este auto es, sin duda, el enfado con el que está redactado. Está firmado por hombres enormemente irritados, con todo el mundo: con la Abogacía del Estado, con los Registros Consulares, con el Instituto Nacional de Estadística... Y un juez enojado nunca dicta una buena sentencia. El verdadero motivo de su enfado es que el conflicto se les va de las manos, las escobas de brujo se multiplican y el agua se derrama por doquier. Ahora han comprobado que su decisión no se puede cumplir en el tiempo disponible; ahora han caído en la cuenta de que tienen que llamar al procedimiento a los 163.020 españoles a quienes han quitado el derecho a votar (se les ha convocado por tablón de anuncios porque se ignora quiénes son); ahora han advertido que sin revisar los expedientes no se puede conocer qué motivo dieron para optar a la nacionalidad. Pero huyen hacia adelante. 

Como único argumento para mantener contra viento y marea su decisión imposible, el Supremo reitera su anhelo de garantizar unas elecciones inmaculadas e impolutas: el auto reitera la necesidad de asegurar su limpieza (palabra que repite tres veces), pureza (se repite en dos ocasiones) y pulcritud (otras dos), en expresiones de mañana de domingo y ropa recién lavada, palabras que no dicen nada. Porque la única elección pura, limpia y pulcra es aquella donde pueden votar todos y no se deja a ningún español sin voz ni voto. 

Con estas reflexiones el Tribunal Supremo parece comprar el argumentario de la ultraderecha más rancia, que no solo desprecia a los extranjeros sino que, en su arrogancia, pretende decidir quiénes son españoles y quiénes no, para permitir el voto solo a los limpios, puros y pulcros... que viven aquí. ¿Será este el pulso que late en el fondo de esta falsa polémica? Tal vez: con la excusa de cuestionar la Instrucción de 2022, que no distingue entre residentes y ausentes, en realidad el Supremo se dispone a limitar el voto solo de quienes viven en el extranjero, dejando incólume el derecho al sufragio de los nuevos españoles que, aplicándoseles la misma Instrucción que tienen por sospechosa, residen en España. La Constitución reconoce en su artículo 68.5 el derecho al voto de los españoles que viven fuera de España, pero quienes reparten patentes de patriotas han decidido que esos españoles ausentes, hijos de exiliados, de represaliados o simples hijos del proletariado emigrado en una dictadura, no merecen participar en unas elecciones pulcras, limpias y puras. Es, de nuevo, el resentimiento de los vencedores. 

No se vayan, que hay más. Dentro de unos días, el Tribunal Supremo contemplará desolado que sus órdenes no se han podido cumplir y arderá Troya. Viendo que se ignora cuántos de estos 163.020 españoles inscritos en el CERA son nietos de represaliados y cuántos no, ya ha decidido que privará del derecho a todos ellos, que Dios reconocerá a los suyos. Pero todavía hay algo más grave, como recordó la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo: esta cifra de 163.020 se conoce por información general estadística, pero no está individualizada. No hay un listado de estas personas ni se conocen sus nombres y apellidos, por lo que el proceso de extraerlos del CERA llevaría un tiempo que no tenemos, así que la única alternativa real es esta: o se suspende el derecho a votar a todos los españoles inscritos en el CERA o no se suspende a ninguno, porque es materialmente imposible el expurgo ordenado en el plazo del que se dispone. Claro que, en tal caso, en lugar de tener a ciento y pico mil afectados a sus puertas, el Supremo tendría que lidiar con más de dos millones y medio de afectados; más escobas acarreando agua entre sus tinajas. ¿Qué hará el Supremo? Nadie lo sabe. La experiencia enseña que un juez suele ser prudente cuando sabe que su fallo es irrecurrible; de estos magistrados, que saben que el Tribunal Constitucional revisará pronto sus decisiones, puede esperarse cualquier cosa.  

En la balada que inspiró a Paul Dukas su conocida melodía, Goethe advertía a los aprendices de brujo: cuidado con los espíritus que invocáis; os será difícil libraros de ellos. Sigan atentos a la pantalla, porque esto no ha terminado.

La vivienda no estuvo ausente de la construcción del Estado del bienestar, pero su incorporación fue desigual en Europa desde el principio y, en la mayoría de los países, quedó al margen de sus principales garantías. Mientras se aseguró colectivamente una parte importante de la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras y la protección social, el acceso a la vivienda siguió dependiendo del mercado, del crédito o del patrimonio familiar. 

La vivienda se concibió como un bien que forma parte del patrimonio y una forma de ahorro. La intervención pública se circunscribía a facilitar la compra, promover la protegida o atender situaciones de necesidad, sin crear una garantía universal. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de siglo, los países europeos se fueron incorporando a estos escenarios de abundancia. El aumento de los salarios y el acceso al crédito permitieron convertir la casa en el principal componente del patrimonio familiar.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de los europeos desde 2005 ha coincidido con el inicio de la escalada del precio de compra de la vivienda, que a mediados de 2026 se había duplicado, según Eurostat.

Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible.

Evolución de los modelos

El informe Beveridge de 1942, referencia del Estado del bienestar británico de posguerra, identifica cinco grandes problemas: necesidad, enfermedad, ignorancia, desempleo e insalubridad. Sería incorrecto afirmar que sus promotores ignoraron la vivienda. La cuestión es por qué aquella preocupación inicial no se convirtió en ese y en la mayoría de los países en una protección residencial suficiente y duradera. El Estado intervino en la construcción, la financiación y la regulación, pero no aseguró siempre una oferta asequible.

Algunos países desarrollaron la propiedad municipal, las entidades sociales, los alquileres ligados a costes o la compra bajo condiciones públicas. En los Países Bajos, por ejemplo, las woningcorporaties son asociaciones y fundaciones que poseen y gestionan viviendas, principalmente para personas con ingresos bajos. El Estado establece las reglas y supervisa su actuación; municipios y organizaciones de inquilinos participan en acuerdos sobre sus objetivos. La gestión puede realizarse fuera de la administración sin perder la supervisión pública ni su finalidad social.

En Viena, el Ayuntamiento conserva un gran parque municipal y apoya la promoción de vivienda subvencionada. La continuidad de este patrimonio ofrece una alternativa al alquiler privado y mantiene la intervención pública a lo largo de generaciones. En contraposición, el Right to Buy británico, impulsado por la Housing Act de 1980, permitió a numerosos inquilinos comprar sus viviendas municipales con descuentos, sin establecer inicialmente la obligación de reemplazarlas. La venta sin reposición redujo el parque disponible: el beneficio inmediato de unos hogares debilitó la capacidad de atender a los siguientes.

Irlanda vincula el alquiler al coste de la vivienda. El sistema Cost Rental, introducido en 2021, fija rentas para cubrir promoción, financiación, gestión y mantenimiento. Participan entidades de vivienda autorizadas, administraciones locales y la agencia pública de suelo. Los alquileres deben situarse al menos un 25 % por debajo de los de viviendas privadas comparables de la zona. Ofrece una alternativa a quienes no cumplen los requisitos de la vivienda social, pero tampoco pueden afrontar el mercado.

La voracidad

Excepto estos casos, en buena parte de Europa predomina un modelo mixto: las familias compran o alquilan en el mercado privado, mientras el Estado regula, facilita financiación mediante hipotecas, concede ayudas y ofrece vivienda social con una cobertura variable. Las diferencias entre los países son pequeñas. Se relacionan con la condición del propietario o el inquilino, el tipo de gestión, el destinatario de la subvención o servicio y la duración de la función social.

España participa de este modelo mixto que ha conducido a la burbuja de precios que lleva años hinchándose. En esta escalada confluyen varios factores. El primero es la fragmentación de las responsabilidades. Los gobiernos nacionales fijan buena parte de la fiscalidad, la financiación y las reglas del alquiler; las administraciones regionales y locales intervienen en el suelo, la planificación y la promoción. En Alemania, Francia o España, las distintas competencias necesitan coordinarse para que los objetivos de vivienda asequible se traduzcan en terrenos, presupuestos y proyectos. La descentralización permite responder a necesidades locales, pero sin una dirección compartida también dispersa responsabilidades y retrasa soluciones. Las derechas tiran hacia un lado, mientras las izquierdas conciben la accesibilidad residencial como un rol social.

El segundo es confundir las ayudas al acceso con una política suficiente de oferta. Facilitar crédito, subvencionar la compra o ayudar a pagar el alquiler puede aliviar la situación de un hogar. Sin embargo, cuando escasean las viviendas disponibles, parte de esas ayudas puede trasladarse a precios más altos. El dinero público mejora entonces los ingresos del vendedor o del arrendador sin resolver la escasez que justificó la intervención.

Y el tercer factor es la perennidad de las fórmulas de vivienda asequible. Inglaterra redujo su parque municipal mediante ventas sin reposición suficiente; en Alemania, parte de las viviendas subvencionadas pasa al mercado libre cuando vence su protección. En ambos casos, hay que construir nuevas viviendas sociales. 

Preservar esa oferta exige inversiones más allá de cada legislatura: promoción, rehabilitación y mantenimiento necesitan financiación estable y gestores especializados. Los Países Bajos, Austria, Francia y Dinamarca muestran que entidades sociales, cooperativas y organizaciones de lucro limitado pueden compartir esta tarea con las administraciones, siempre con reglas claras, supervisión y compromisos que garanticen la función social de las viviendas para las siguientes generaciones.

La voracidad del capital encuentra en estas rendijas el espacio adecuado para las grandes rentabilidades. Amplía la oferta, pero exige precisar qué recibe la sociedad a cambio: precios asequibles, calidad, estabilidad del alquiler y duración de la protección. 

Completar este pilar del Estado del bienestar, que hunde a las clases medias, exige reformar urgentemente la deriva de la construcción. El objetivo consiste en que los Estados recuperen la iniciativa de universalizar y perennizar para las generaciones futuras una vivienda digna y asequible. Esto es lo que reza la mayoría de las constituciones de los países europeos. Claro que deben intervenir las empresas en las distintas fases de producción y delivery, pero dentro de un marco estricto de servicio público. ¿Se imaginan ustedes la sanidad, educación o pensiones exclusivamente en manos privadas desde el principio? No habría existido nunca el Estado del bienestar.

Durante varias décadas, desde el inicio de nuestra actual democracia, en las campañas electorales los partidos políticos presentaban un documento que se llamaba programa electoral, a través del cual exponían las medidas que adoptarían en las diversas materias. Se presentaba y difundía de forma amplia como una forma de compromiso público ante la ciudadanía, al tiempo que los medios de comunicación los comentaban con profusión, con comparativas entre las diversas propuestas de cada candidatura. Todo esto ha desaparecido por completo: primero, por una actitud recelosa y descreída de la población, ante los reiterados incumplimientos de lo prometido; segundo, por una progresiva relegación a la marginalidad de los programas electorales por parte de los partidos políticos, hasta el punto que los diversos candidatos dejan de mencionarlos en sus declaraciones públicas e incluso es muy probable que ni siquiera sepan que dicen sus documentos, si es que existen.

Y, sin embargo, habría que recuperar la importante función que deben tener los programas electorales, porque constituyen la garantía de que en la campaña electoral se debate sobre los contenidos de las diferentes políticas públicas, con conocimiento real de la posición de cada uno y no por vía de interpretaciones de declaraciones públicas, que al final se las lleva el viento. La ausencia de los programas que permitan un debate de contenidos no es sólo resultado de la pereza de los partidos, sino de una intencionada voluntad de evitar que se hable sobre los asuntos de fondo de las políticas públicas que van a adoptar y, de este modo, sentirse más libres de futuro. Especialmente importante desde esta perspectiva son los programas electorales o documentos políticos de los partidos políticos que se encuentran en la oposición, dado que respecto de quienes están en el Gobierno se tiene constancia fiel de lo que han hecho durante las dos últimas legislaturas y se presupone que su actuación lo va a ser en la misma línea. 

Esto es precisamente lo que está sucediendo con el debate que se ha producido en los últimos tiempos en torno a las declaraciones contradictorias de miembros del Partido Popular acerca de cuáles son sus intenciones respecto de las pensiones públicas. A nadie se le ha ocurrido comprobar si el Partido Popular tiene a estas alturas programa para las próximas elecciones generales y, en su caso, qué dice sobre el futuro de la Seguridad Social. Por mucho que he buscado, no lo he localizado. Incluso si existe algo, es bastante probable que sus máximos dirigentes si se les pregunta lo desconozcan, dado que no han hecho ninguna referencia a la existencia de documento alguno. Y, sin embargo, el Partido Popular elaboró una importante ponencia política para su Congreso Nacional de julio de 2025, que es aconsejable traer al debate público, porque es la forma más consistente de ponerle ante su espejo. Eso sí, esa ponencia política dice poco, mencionando las pensiones de pasada. Más aún, lo hace de forma incomprensible dentro de un apartado sobre la política institucional, donde se viene a afirmar que las instituciones democráticas “han sido violentadas”, lo que poca relación parece que tenga con la Seguridad Social. En todo caso, lo que se afirma en ese documento de forma contundente es que “el inmovilismo no es la solución” y que “España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos”, mencionando entre ellos a “las pensiones”; si bien de nuevo confusamente, con apelación a la “competitividad de la economía”, que no se sabe si con eso se está dando a entender que se consideran muy elevadas las cotizaciones a la Seguridad Social y ello repercute negativamente sobre la competitividad de las empresas. Los hechos al final son lo que cuenta y conviene recordar que el Partido Popular votó en contra del establecimiento de la cotización adicional temporal a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

En todo caso, si el Partido Popular afirma que se tienen que realizar reformas “estructurales” será porque se piensa que el sistema público de Seguridad Social presenta graves problemas y dificultades. Ello es lo que queda, por mucho que posteriormente diferentes portavoces del Partido Popular, incluido el propio Núñez Feijóo, se hayan corregido, afirmando que van a garantizar la revalorización anual de las pensiones conforme a la inflación y la sostenibilidad de las pensiones públicas. Sin embargo, ello no lo han volcado en ningún documento público propio de un programa electoral, que al final es lo que queda reflejado en firme. En este tipo de declaraciones lo que más cuenta y lo que más debe calar son las declaraciones públicas iniciales expresadas por propia iniciativa y sin condicionante previo, que son las que se expresan de manera más libre. Y éstas han sido que el sistema público va “a petar”, que va a “colapsar”, que el Airef ha valorado que el actual sistema público de pensiones no resulta sostenible (cosa que, por cierto, sin poder entrar en detalles no es en modo alguno correcto).

Es decir, se tira la piedra y se esconde la mano, dando a entender que el modelo actual no funciona, pero sin llegar a decir qué medidas se pretenden adoptar. A veces las palabras las carga el diablo, porque incluso en las últimas declaraciones que pretenden tranquilizar a los pensionistas, porque perciben que tienen el riesgo de perder una importante bolsa de electores, afirman que pretenden crear un sistema público “viable”, con lo que de nuevo subliminalmente se viene a indicar el actual no lo es. Por tanto, se confirma que piensan que va a ser necesario adoptar “reformas estructurales” que, cuando no se dicen cuáles van a ser, uno se teme que lo sea reduciendo el gasto en pensiones públicas, dado que es claro que no son partidarios de actuar sobre las cotizaciones y, si son coherentes, lo lógico sería que eliminasen la cotización establecida por el mecanismo de equilibrio intergeneracional (MEI). 

El Partido Popular, para reforzar su corrección pública en las últimas declaraciones, afirma que la defensa pública de las pensiones es un valor “innegociable”, lo que se presenta como un mensaje dirigido al contraste con las posiciones de Vox. Las posiciones de Vox sí que son mucho más claras y contundentes, en el sentido de reforzar los sistemas privados de pensiones, como medida complementaria a la reducción de la tasa de cobertura de las pensiones públicas: reducir la cuantía de las cotizaciones sociales y recortar la cuantía de las pensiones públicas para beneficiar el negocio privado. El problema para el Partido Popular es que se parte de que, si obtienen unos buenos resultados electorales, gobernarán y negociarán las medidas de Gobierno con Vox y es difícilmente creíble que la Seguridad Social sea innegociable. Basta con remitirse a las negociaciones para conformar los Gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox: lo que inicialmente se presentaba como innegociable al final lo acabó siendo. Y estas negociaciones al final pueden constituir una fácil excusa para desdecirse de lo que en estos momentos están afirmando en relación con la defensa del actual modelo de Seguridad Social pública, cuando en el fondo ellos mismos sólo lo comparten por motivos estrictamente electorales.

Al final, blanco y en botella, por mucho que se intente ocultar en campaña electoral.

Una mujer de Rabat con responsabilidades empresariales en España, y madre de niños hispano-marroquíes, me acaba de decir en mis clases de negociación geopolítica: “España y Marruecos no solo somos vecinos y amigos, sino también grandes socios y países profundamente interconectados. El apagón del año pasado fue un buen ejemplo. En un momento crítico, la interconexión con Marruecos contribuyó a la recuperación del suministro eléctrico en España. Creo que esos momentos también nos recuerdan que, a ambos lados del Estrecho, nos necesitamos y tenemos mucho más que construir juntos.”

Entender por qué estamos donde estamos exige una lectura de la historia común y un conocimiento no artificial de las narrativas que la cuentan, que dejo para otro momento, en beneficio de abordar unas claves que funcionan en el mundo empresarial para afrontar negociaciones pluridimensionales. Por cierto, cuando un conflicto encierra varias dimensiones o facetas, es susceptible de ser abordado de modo colaborativo; es decir, donde todas las partes puedan salir ganando, sencillamente porque ganan cosas distintas. El acuerdo es posible: la condición necesaria es la voluntad de las partes; la suficiente el talento para construirlo; del segundo elemento no andamos sobrados.

Desde Rabat

El lema constitucional “Dios, la Patria, el Rey” une fe, territorio y monarquía en un solo cuerpo (Constitución del Reino de Marruecos, 2011, art. 4). El Rey ocupa el centro de ese conjunto con una doble legitimidad: como jefe del Estado es el “garante de la integridad territorial dentro de sus fronteras auténticas” (art. 42), y como Amir al-Muminin es la máxima autoridad religiosa (art. 41). Por consiguiente, la defensa del territorio no se entiende como una política de gobierno, sino como un deber ligado a la propia monarquía.

Desde 1956 Marruecos está embarcado en una recuperación progresiva de las “fronteras auténticas”. En ese relato, la Marcha Verde permitió “recuperar el Sáhara marroquí” (Mohammed VI), y Ceuta y Melilla son los capítulos pendientes. El Sáhara es la “causa nacional” que une a palacio, partidos y sociedad, y el Rey la presenta como una tarea que exige “la movilización permanente de todos”. La resolución de la ONU de octubre de 2025 se celebró como un triunfo histórico “habrá un antes y un después del 31 de octubre de 2025”.

La presión exterior refuerza la cohesión interna. Como el territorio es parte de la nación, cualquier crítica externa se lee como un ataque a todos. Así, la condena del Parlamento Europeo por la crisis de Ceuta de 2021 no provocó autocrítica en Marruecos, sino un cierre de filas en torno al trono. Las dos cámaras del Parlamento marroquí celebraron en junio de 2021 una sesión conjunta extraordinaria para rechazar la resolución europea.

Política exterior de Marruecos: qué no se puede pasar por alto

En 2022, Mohammed VI dijo que el Sáhara es “el prisma a través del cual Marruecos considera su entorno internacional”. Ceuta podría encajar en esa misma lógica a corto plazo como una carta de presión. A largo plazo, sin embargo, sigue siendo un objetivo latente.

El segundo frente es la rivalidad con Argelia, principal apoyo del Polisario. La frontera terrestre está cerrada desde 1994, y Argel rompió relaciones diplomáticas en agosto de 2021. Frente a ese rival, Rabat se ha apoyado en Washington y en París. En julio de 2024 Macron escribió a Mohammed VI que el presente y el futuro del Sáhara se inscribían en el marco de la soberanía marroquí. En su discurso de octubre de 2025, el Rey dio las gracias de forma expresa a EE. UU., a Francia, al Reino Unido y también a España.

El frente más complejo para Rabat ha sido la Unión Europea. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE anuló los acuerdos de pesca y agricultura porque no contaban con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. En África, en cambio, Marruecos cambió de estrategia, tras 33 años fuera, volvió a la Unión Africana en enero de 2017 para defender su posición desde dentro. En la ONU, el Consejo de Seguridad aprobó el 31 de octubre de 2025 una resolución que toma el plan de autonomía como base de la negociación. Con el Sáhara cada vez más respaldado en lo diplomático, Ceuta y Melilla quedan como el último capítulo de las “fronteras auténticas”.

Negociación en geopolítica: proceso, variables, dinámicas y alternativas

A menudo se aborda la negociación en términos exclusivamente económicos, cuando en realidad debería resolverse atendiendo a los procesos y las personas implicadas: ¿qué escenarios tienen sentido y qué posición adoptaría cada actor en cada uno de ellos? Gestionar las amenazas exige comprender ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿dónde estamos ahora? ¿a dónde vamos?

Proceso

Algunas acciones concretas para mejorar el proceso negociador en conflictos geopolíticos apuntan a:

Mejorar la comunicación entre las partes, reduciendo la ambigüedad y los malentendidos.

Adoptar una perspectiva, entendiendo los intereses y las restricciones reales de la contraparte. Implica leer las restricciones del Palacio.

Eliminar la escalada innecesaria, evitando que la emocionalidad tome el control del proceso.

Descubrir las limitaciones de la contraparte. Si existe conocimiento o sospecha de un problema que le afecta, conviene abordarlo en lugar de dejarlo pasar. Es necesario tener presente la coyuntura interna de Marruecos (protestas de GenZ, paro juvenil, necesidad de inversión, etc.)

Tomarse un margen de tiempo cuando no se esté llegando al punto deseado. Si la negociación falla, un espacio de reflexión y la posibilidad de empezar de cero permiten decidir con mayor claridad qué comportamiento adoptar.

Variables

El análisis de la crisis desde este marco conceptual permite identificar cuatro grandes ejes sobre los que gira el conflicto entre España y Marruecos en torno a Ceuta, cada uno con su propia lógica, su propio ritmo y su propio peso relativo.

La migración no es solo una cuestión de gestión técnica, sino que es el instrumento de presión más eficaz que tiene Marruecos y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad estructural más expuesta de España. La literatura la denomina “migración coercitiva”, y el Derecho de la UE ya la reconoce como “instrumentalización de migrantes”.

Conviene distinguir tres tensiones: 1) la migración subsahariana en tránsito, que usa Marruecos como plataforma hacia Ceuta y Melilla mediante asaltos a las vallas fronterizas; 2) la migración marroquí directa, interpretada por España y la UE como un instrumento de presión política ya en mayo de 2021; y 3) la cooperación en readmisiones, el ámbito donde España tiene más interés en lograr compromisos estables, pues los acuerdos de readmisión de nacionales marroquíes en situación irregular llevan años funcionando de forma errática.

Las dinámicas que rigen este eje son de tipo “grifo”: Marruecos regula el flujo migratorio abriéndolo o cerrándolo en función del estado general de la relación bilateral, convirtiendo la migración en una variable dependiente de otros contenciosos en lugar de una cuestión gestionada por sus propios méritos técnicos.

El llamado “comercio atípico” es una anomalía que ninguna de las dos partes defiende públicamente, pero que ambas han tolerado durante décadas, porque sostiene a comunidades enteras del norte de Marruecos y genera ingresos informales. El cierre unilateral de estos pasos por parte de Marruecos (Melilla en agosto de 2018 y Ceuta en octubre de 2019), y su no reapertura tras la pandemia, se interpreta como parte de la estrategia de presión general hacia España. La negociación de una aduana comercial formal sería en teoría una solución de suma positiva, lo que sugiere que el bloqueo responde más a motivos políticos que técnicos.

La Declaración conjunta de 2022 recogió ese compromiso, y los primeros pasos de mercancías por las aduanas de Ceuta y Melilla se produjeron a comienzos de 2025, de forma limitada y experimental. La tardanza de su desarrollo confirma que el obstáculo es más político que técnico.

El Sáhara Occidental probablemente sea el eje que más ha condicionado la dinámica global de la relación en los últimos años. Marruecos considera el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental su prioridad nacional absoluta, por encima de Ceuta y Melilla en intensidad política interna.

Tras la resolución 2797 (2025), Rabat ya cuenta con el respaldo de EE.UU., Francia, el Reino Unido, el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora Israel, por lo que el Sáhara pesa menos como moneda de cambio frente a España.

La cooperación en seguridad (antiterrorismo, narcotráfico, inteligencia compartida, etc.) es el ámbito donde los intereses de ambos países convergen de forma más natural. El CNI y los servicios marroquíes (DGST y DGED) sostienen este eje, que funciona como “colchón” que amortigua la crisis en los otros frentes, incluso en plena ruptura diplomática. Las operaciones conjuntas contras células yihadistas, que el Ministerio del Interior anuncia periódicamente, son la muestra más visible de este canal. Asimismo, este canal beneficia la negociación debido a que su bajo perfil público, permite intercambios de información y gestos de buena voluntad sin la exposición mediática de la diplomacia oficial, sirviendo en ocasiones de vía de comunicación de facto cuando los canales políticos están bloqueados.

Dinámicas Transversales

Conviene advertir tres dinámicas transversales que ayudan a explicar el funcionamiento general de la relación:

Vinculación deliberada de variables. Marruecos no negocia la migración, el comercio o Ceuta y Melilla como asuntos separados: los conecta tácticamente, supeditando cualquier negociación sectorial a la cuestión del Sáhara Occidental. Es un método consistente que le permite maximizar su influencia utilizando un único factor para obtener avances simultáneos en varios frentes.

Asimetría en el ritmo temporal. Marruecos opera con una lógica de crisis puntual y alta reversibilidad táctica: puede abrir o cerrar el “grifo” migratorio en cuestión de horas, y revertir la situación poco después, sin mayor coste político interno. España, condicionada por su pertenencia a la Unión Europea y por procesos administrativos más lentos, tiene una capacidad de respuesta mucho más limitada, lo que explica por qué la iniciativa de cada episodio de tensión suele estar del lado marroquí.

Ambivalencia del papel de la Unión Europea. Bruselas actúa a la vez como amplificador del poder negociador español, aportando fondos, marco legal común y respaldo político, y como factor de dilución de ese mismo poder, porque la UE negocia con Rabat sus propios intereses migratorios continentales, que no siempre coinciden con las prioridades específicamente españolas en Ceuta y Melilla.

Alternativas básicas

Las alternativas son una fuente de poder, porque permiten decir que no a la otra parte sin cometer un error.

En el caso de Marruecos, una de sus alternativas consiste en recurrir a instrumentos de presión bilateral como una fuente de mayor presión sobre los flujos migratorios o restricciones a determinados intercambios fronterizos. También puede reforzar su posición en foros multilaterales y profundizar sus relaciones con otros actores internacionales, reduciendo su dependencia de España y la Unión Europea.

Las mejores alternativas españolas presentan mayores restricciones en el corto plazo. España puede reforzar los controles fronterizos mediante recursos nacionales y europeos, recurrir al marco institucional de la UE para la gestión de la frontera exterior y diversificar sus acuerdos de cooperación migratoria con otros países del Magreb; sin embargo, estas alternativas no permiten sustituir rápidamente la cooperación estructural que España mantiene con Marruecos en materia migratoria, fronteriza y de seguridad.

Esta diferencia afecta a los costes del no acuerdo: para Marruecos, una ruptura podría implicar costes económicos y diplomáticos, entre ellos un posible deterioro de su relación con la UE. Además, España es su primer socio comercial, le suministra gas a través del Gasoducto Magreb-Europa en flujo inverso desde 2022 y, actualmente, comparte con Marruecos la organización del Mundial 2030. Esta interdependencia reduce la asimetría y es un argumento negociador que España puede utilizar. Para España, los costes pueden materializarse de forma más inmediata en la gestión de la frontera, los flujos migratorios, la seguridad y la estabilidad de los intercambios bilaterales. La distinta naturaleza y temporalidad de estos costes constituye un elemento relevante de la asimetría negociadora.

Dejo para la siguiente tribuna la zona de posibles acuerdos. Por cierto, mi alumna marroquí añadió: “Y lo ocurrido en Ceuta también nos obliga a los marroquíes a mirar hacia dentro. No es anodino que tantos jóvenes quieran marcharse. Marruecos está creciendo a gran velocidad, pero ese desarrollo tiene que alcanzar a toda la población. Tenemos que seguir invirtiendo en educación, sanidad y mejores condiciones laborales para que nuestros jóvenes tengan esperanza y puedan imaginar un futuro próspero en su propio país”.

La precampaña electoral ha comenzado como acabó la legislatura, con una exhibición de frentismo exacerbado por parte de la derecha, al modo del mejor trumpismo, induciendo a prejuzgar que las elecciones generales del 29N no serán legítimas por un tongo consistente en la manufactura de votos por la vía de manipular el censo de votantes en el exterior. 

Se refiere a la posibilidad, introducida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, pero ya prevista en la Ley de Memoria Histórica de 2007, conocida como “ley de nietos”, de atribuir la nacionalidad española, y con ella el derecho de sufragio, a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, “que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, hubieran perdido la nacionalidad española o hubieran renunciado a ella”.

Ciertamente, con esa redacción literal los solicitantes parecían estar llamados a probar caso por caso que sus antepasados habían huido específicamente por una persecución o exilio político/ideológico directos. Por ello, de forma un tanto dudosa, todo hay que decirlo, en septiembre de 2026, a raíz de una suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo a instancias de Vox y Iustitia Europea respecto a la inscripción de nuevos nacionalizados en el censo electoral, el grupo parlamentario de Sumar registró una enmienda “intrusa” dentro de una ley educativa en tramitación en el Congreso para salvar la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de 26 de octubre de 2022, orientada a fijar los criterios de aplicación de la parca “ley de nietos”, y que reconocía, porque no podía ser de otra forma, como luego veremos, una presunción de la condición de exiliado a todos los españoles que emigraron o salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de aportar documentos individuales que probasen una persecución.

Vaya por delante que desde 2007 hasta ahora ha habido más de treinta iniciativas parlamentarias para extender la nacionalidad a distintos grupos de descendientes de españoles. La última, una proposición de ley también de Sumar, ahora decaída con la finalización de la legislatura, dirigida a los descendientes de españoles residentes en el Sáhara hasta el 29 de septiembre de 1977, entre 80.000 y 200.000 personas. Con lo que, al margen de controversias coyunturales de signo electoralista y conspiranoico con la “ley de nietos”, subsiste un legítimo debate sobre si es o no razonable conceder por el título que sea la nacionalidad y el derecho de sufragio a personas que nunca han residido en España, y que quizá tampoco tienen la intención de hacerlo en el futuro. No puede desconocerse que la “ley de nietos” podría suponer que la España exterior se cuadriplicase en 30 años. Además, en algunos países existen requisitos adicionales para votar desde el extranjero, aunque se tenga la nacionalidad, como Alemania. Pero ese es otro debate, que corresponde al legislador y a sus opciones.

El problema concreto con la “ley de nietos” es que la norma no podía ser mucho más elocuente, por lo que el Ministerio de Justicia había de dictar una Instrucción que establecía una presunción generalizada. De ahí que algunos se pusieron las manos en la cabeza y empezaron a argumentar que eso era tanto como añadir cientos de miles de nuevos votantes, alrededor de 400.000, sin arraigo o control riguroso; y, sin decirlo, presumiendo, por su origen, que se trataba de voto desafecto a la derecha. Por lo que, como era de esperar, se alinearon los astros de la derecha y el 10 de septiembre pasado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar la Instrucción aduciendo que el incremento de electores podía generar “un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. 

Con lo que no contaba el Alto Tribunal es con el adelanto electoral. Y con que el censo aplicable a las elecciones se cerraría a 1 de agosto de 2026, como previene la ley electoral. De modo que ya figuraban en el censo miles de personas; según datos aportados al proceso por la Abogacía del Estado, casi 370.000 ya habían obtenido la plena nacionalidad en esa fecha, y 230.000 habían quedado fuera por estar todavía pendientes de inscripción en el Registro Civil y hasta 640.000 por no haber recibido tan solo la resolución favorable.

Así las cosas, dejando a un lado el debate de fondo y las maniobras de última hora para blindar la Ley, hay que insistir que no está claro que la Instrucción de Justicia tuviera un contenido contra legem o ultravires, es decir, que se tratara de una herramienta para facilitar el cumplimiento de una norma enmendando de paso la plana al Parlamento, ya que es obvia la dificultad —por no decir la imposibilidad— de acreditar los motivos del exilio de un ascendiente acaecido 70, 80 o 90 años atrás, de modo que era razonable establecer de forma genérica una presunción iuris et de iure, es decir, sin la posibilidad de admitir prueba en contrario. 

Finalmente, el 12 de octubre, la Sala decidió dejar sin voto a los ya nacionalizados por la Instrucción, acordando mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de la mayoría de los nuevos ciudadanos españoles nacionalizados en el extranjero, contra el criterio de la Abogacía del Estado, que pedía levantar esta cautela a causa de la restricción que suponía para con el derecho de sufragio de miles de personas. En resumidas cuentas, la medida afecta a 163.020 personas ya inscritas en el censo de residentes en el extranjero. Con una tramposa excepción: podrán votar a aquellas personas nacionalizadas e inscritas en el censo antes del 1 de agosto que puedan obtener en sus respectivos registros consulares una “certificación acreditativa”.

En este documento, el encargado del consulado debe certificar bajo su responsabilidad, cargando con el muerto, que la persona cumple con los requisitos originales de la ley: es decir, que es hijo o nieto de personas que efectivamente sufrieron exilio y perdieron o renunciaron a la nacionalidad española por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual. Por una mayoría de 5 votos a 1, la Sala Tercera del Supremo desestimó un recurso del Gobierno por estimar que existe un riesgo real de alterar el censo si se incluyen miles de inscripciones sin conocer su trazabilidad jurídica exacta. Y por la necesidad de primar el interés general: la limpieza, seguridad y transparencia del proceso electoral como valor “supremo”, por encima del interés particular de los afectados. Según el Alto Tribunal, el derecho a sufragio no es absoluto ni ilimitado, sino supeditado a la configuración legal. 

Pero lo que no dice es que al Supremo le corresponde controlar la legalidad de los actos del Gobierno, pero las leyes las hacen las Cortes Generales, y los jueces están para cumplirlas y hacerlas cumplir. Además de que debería haber priorizado el ejercicio del derecho de sufragio ante una disputa jurídica aún no resuelta, al margen de preservar la más elemental seguridad jurídica en la conformación del censo electoral. Ni que decir tiene que la convocatoria electoral ha hecho aflorar un interés público relevante, vinculado a la estabilidad del censo electoral y a la garantía del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política previsto en el artículo 23 de la Constitución. Y esa sola circunstancia imponía una debida ponderación de los intereses en juego y levantar ni que fuese de forma temporal las medidas cautelares. 

Ahora tan solo queda que alguno de los miles de interesados, a quienes se ha hurtado torticeramente su derecho al voto, sin siquiera haber sido escuchado durante el procedimiento, presente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de ese derecho, y que este lo resuelva de forma sumaria y preferente, claro está. Aunque, de forma un tanto sorprendente, algunas fuentes del TC ya han advertido a los medios que ese Tribunal prefiere apartarse de tan amargo cáliz.

Escribo este artículo a cuarenta y seis días de las elecciones, lo cual quiere decir que escribo este artículo a cuarenta y siete días de que la conversación sobre quién tiene la culpa de los buenos resultados de la extrema derecha tenga lugar en los platós de tertulias políticas que tratan de situarse en el lado progresista del espectro ideológico de este país. Durante los últimos dos años, la culpa del auge de la extrema derecha ha sido endosada a los hombres jóvenes, y este giro político se ha analizado como la consecuencia de un feminismo al que se le ha ido la olla y ha enfadado a quienes no había que tocar. 

Durante los cuarenta y cinco días de precampaña y campaña electoral que tenemos por delante, la conversación de la culpa, que nos ocupará dentro de cuarenta y siete días, se irá fraguando al calor de los mensajes de los múltiples partidos de izquierdas que se presentarán a las próximas elecciones generales. Mensajes electorales que nombrarán la alerta antifascista, que apelarán a nuestra responsabilidad para frenar a la extrema derecha o recurrirán a nuestro deseo de convertirnos en el Estado que se imponga como el faro antifascista en un mundo con una clara tendencia hacia la extrema derecha. De cualquier manera, tratarán de dar forma a un superyó que funcione como la instancia moral que trata de generar un sentimiento católico de la culpa entre quienes plantean abstenerse. Este superyó de la orden se contrapone a la ilusión y la alegría con la que animaban al voto no hace demasiado. El uso de las emociones en política es un clásico, lo que no es tan tradicional es analizar por qué se movilizan unos afectos y no otros.

No creo que me equivoque al afirmar que el uso de consignas que hacen referencia a la responsabilidad o la culpa suelen ser parte de discursos políticos de formaciones partidistas que saben que no han conseguido movilizar desde la esperanza y la posibilidad. Algo que parecería contraintuitivo al mirar alrededor. Desde el 26 de septiembre, las acampadas por la vivienda inundan nuestras plazas, la fuerza y la movilización por la justicia social nos mostraban una cara mucho más amable y combativa de una ciudadanía sobre la que se escupían profecías autocumplidas sobre su tendencia hacia la extrema derecha o su desinterés. La demostración de fuerza social llegó al parlamento y dio lugar a un impás que bien podría haber sido entendido por las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE como el instante perfecto para tumbar la desafección y el hastío con el que la ciudadanía miraba a la (in)acción institucional. 

Los millares de personas que llevan semanas movilizándose por el acceso a la vivienda y por un cambio de paradigma conseguían dar cuerpo a la idea de Rosi Braidotti de ser dignos de nuestro tiempo. Para mí, la traducción política y activista de esta idea es clara: ser dignas de nuestro tiempo significa dejar de lado los intereses personales, las opiniones subjetivas y las diferencias narcisistas para otro momento y lugar: todas esas personas estaban allí por un derecho que consideran básico, aunque su espacio de militancia (asambleas, sindicatos, organizaciones) construyeran fines y medios distintos. Toca actuar sobre el contexto actual, no encerrarnos en debates sobre lo que nos parece dicho contexto. Lo importante es comprender que la acción política ha de superar las demandas individuales e incluso las de colectivos específicos para aglutinar el descontento. Ya discutiremos cuando hayamos conseguido lo que consideramos justo. 

Freud denominó narcisismo de las pequeñas diferencias a una inclinación agresiva (a la que no nos gusta renunciar) por la cual las diferencias más nimias acaban convirtiéndose en grandes elementos para la confrontación, el ataque y la hostilidad. No es difícil observar que los partidos a la izquierda del PSOE gozan de manera obscena de ese narcisismo, pero parecía que el momento de movilización social podría cambiar esa tendencia. Que la movilización social podría ser más fuerte que su perverso goce y que conseguiría apartar sus diferencias para trasladar la petición popular. Creo que todas estaríamos de acuerdo en que parecía que el brote verde de la esperanza podría surgir, pero estamos en otoño, y parece que todo se ha quedado en una hoja seca pisoteada sobre el suelo. La aparente incapacidad de las izquierdas de ser dignas de su tiempo es del todo bochornosa. Somos muchas las que decidimos guardar silencio ante el circo de sillas y candidaturas que viene a caracterizar la fallida precampaña de un espacio electoral que no le pertenece a nadie. Callamos por no entorpecer un proceso que se considera necesario, callamos por responsabilidad política, callamos por no dar carnaza a la extrema derecha, callamos por la vergüenza que supone adherirse a unos comportamientos partidistas que nada tienen que ver con el clamor por la justicia social. Pero lo cierto es que la falta de responsabilidad se sitúa en el otro lado de la ecuación.

La izquierda a la izquierda del PSOE olvida que se lo debe todo a la calle, a las acampadas, a las asambleas de barrio que llevan años dando forma a quienes realmente alimentan el ansia por la justicia social y que consiguen hacer más vivible la vida de quienes son machacados por este sistema económico desigual. La vergonzosa batalla por la candidatura no parece tener de fondo un desencuentro programático, puesto que aún no hay programa y, aunque podría tratar de bucear entre el fango que envuelve las posibles explicaciones, prefiero no hacerlo, puesto que sería traer más barro a un espacio que considero necesario. 

Si la discusión tiene que ver con quiénes representan mejor el clamor de las calles, permítanme que les diga algo: no existe nadie que pueda hacerlo. Eso es lo que hace necesaria y única a la movilización social, sus peticiones y demandas no pueden ser condensadas en una única cara, en un único nombre. La verdadera izquierda nace siempre en las calles. Incluso cuando esta consigue entrar en el Parlamento es, de nuevo, superada por la crítica social. La crítica social pertenece a la calle porque es ahí donde se fragua; toda petición de justicia que sea institucionalizada se encontrará siempre superada por una nueva causa. Nos piden que pensemos que el voto es como coger un bus y bajarse en la parada que te lleve lo más cerca de tu casa, aunque no te deje delante de tu portal. Lo que no han entendido aún es que da igual quién conduzca el autobús, con tal de que siga el camino que ha marcado previamente la necesidad de la calle. 

Para los partidos políticos, ser dignos de su tiempo debería entenderse como la obligación de convertirse en meros instrumentos del clamor social, dejar de lado su deseo de subsistencia: la crítica social dará lugar a otras formaciones partidistas igual que en su momento hicieron con ustedes. Quizás lo entiendan mejor así: nadie es imprescindible para esta misión, lo demás es el fetichismo de cuatro hooligans. Hacer política para vuestros feligreses es hacer partidismo, la política de las izquierdas debe ir más allá.

En Fórmula 1, cuando se produce una situación que puede poner en riesgo a los pilotos durante la carrera suele salir a pista el conocido como safety car, lo que obliga a los coches a reducir la velocidad, aunque manteniendo un ritmo suficiente para que los neumáticos no se enfríen demasiado. En esa situación los coches circulan en fila, manteniendo sus posiciones y sin poder, en general, adelantarse. Esta circunstancia puede alterar significativamente el discurrir y el resultado de la carrera, pero la seguridad ha de primar sin discusión.

¿A quién beneficia la salida del safety car? Depende. Por una parte, los coches se aprietan, reduciéndose al máximo las distancias que pudiese haber entre ellos. Esto, a priori, es una penalización para los que van en cabeza, pero también es cierto que las vueltas van transcurriendo sin que se alteren posiciones, y estos, por tener un mejor tándem piloto-coche, es previsible que vuelvan a aumentar distancias cuando el safety car abandone el circuito. No será así si los neumáticos de quienes van en cabeza están muy degradados, mientras que algunos de los rezagados, que ahora irían casi pegados a ellos, acaban de cambiarlos. Eso sí, los de cabeza podrían aprovechar la ocasión para cambiar neumáticos en una parada que iba a ser necesaria, antes o después, y que en estas circunstancias tiene una menor penalización en tiempo relativo para ellos. Dos efectos distintos, por tanto: el pelotón se comprime y da aire a los perseguidores, pero el que va primero puede hacer menos costosa una parada que de otro modo le habría hecho perder posiciones.

No soy experto en Fórmula 1 -quizás haya quedado evidente en lo dicho-. Ni siquiera me gusta especialmente, aunque he asistido a algún entrenamiento y me ha impresionado todo lo que vi allí, así que ni me imagino cómo será una carrera completa. Pero este es el ejemplo que hace unos días acudió a mi cabeza al intentar explicarle a un periodista quién podría beneficiarse de una ralentización de la IA de vanguardia si llegara a producirse, tal como piden algunos de los directores ejecutivos de las principales compañías del sector: Dario Amodei, de Anthropic, propuso a mediados de septiembre «marcar el ritmo de la frontera» y Sam Altman, de OpenAI, se adhirió de inmediato a su propuesta.

Durante años, las principales empresas de IA han competido por acelerar en todo. Modelos más grandes, más capacidad de cómputo, ventanas de contexto mayores, métodos de razonamiento más sofisticados, agentes más capaces y autónomos... Cada nuevo modelo es presentado, explícita o implícitamente, como un adelantamiento al competidor. Pero parece que algo está cambiando. OpenAI ya anunció en agosto que había pausado temporalmente parte del entrenamiento de sus modelos más avanzados ante nuevos riesgos de ciberseguridad detectados durante su desarrollo. Su explicación suena más que razonable: las capacidades de los modelos aumentan y los mecanismos de evaluación, monitorización, alineamiento y contención tienen que avanzar al menos a la misma velocidad. Entonces, ¿por qué no se lo han tomado en serio hasta ahora? ¿Van a hacerlo por fin? Lo pongo en duda, salvo que lo exija un marco regulatorio, a ser posible internacional. Europa ya tiene el suyo, aunque su desarrollo sea a trompicones.

No es, sin embargo, una regulación externa y vinculante lo que piden ni lo que quieren estas compañías, sino un safety car. ¿Por qué? De entrada, sorprende que quienes lo piden sean sobre todo quienes van en cabeza de lo que insisten en llamar la carrera de la IA y que yo califico como una estampida. Caben, al menos, tres explicaciones. La primera, que perciban riesgos que quienes estamos fuera de sus laboratorios apenas conocemos. Aunque muchos pensemos que puede ser una estrategia para seguir en cabeza de carrera, sería insensato ignorar sin más sus advertencias. Eso sí, no debemos ser tan ingenuos como para creer que solo piensan en el bien común. La segunda explicación es, precisamente, esa estrategia. Si en este momento se exigiese para entrenar y desplegar un modelo de vanguardia superar complejos y costosos procesos de evaluación, auditoría, certificación, ciberseguridad..., ¿quién estaría en condiciones de hacerlo? Solo las empresas que disponen de muchísimo dinero, departamentos jurídicos y técnicos especializados e infraestructuras de cómputo y sistemas maduros de evaluación. ¿Adivinan cuáles son? Por eso importa tanto quién fija las reglas: si las dictan quienes van en cabeza, el safety car se convierte en una trampa. La tercera explicación es la de la gasolina: quemando a lo loco el dinero en centros de datos y en modelos cada vez más caros de entrenar, y con unos ingresos que están muy lejos de compensar la inversión, puede que se les estén vaciando los depósitos y convenga dosificarla. Como el líder que aprovecha el safety car para pasar por boxes, ralentizar ahora les permitiría recapitalizarse y consolidar sus infraestructuras sin perder la posición.

También es cierto que una deceleración en el desarrollo de nuevos modelos de vanguardia podría incentivar, en el resto del ecosistema, la investigación en arquitecturas más eficientes, modelos abiertos y especializados, aplicaciones, integración empresarial y mejoras algorítmicas. En ese caso, la pausa podría permitir que los perseguidores recuperasen algo de aire. China podría ser la gran beneficiaria de esta situación, más aún si una pausa voluntaria de las compañías estadounidenses no la obliga a ella. Y también Europa, si espabila de una vez. A menor escala, las organizaciones, en particular las empresas, podrían concentrarse en incorporar a su propia actividad la tecnología ya existente o desarrollar mejores servicios y productos para el mercado, en vez de intentar estar siempre a la última y acabar no estando en nada.

Pero volvamos al safety car. Cuando sale a pista este coche, ralentizar la carrera no es el fin, sino el medio para resolver una situación que podría poner en riesgo a los pilotos. Se toma esa medida para restablecer las condiciones de seguridad en el circuito. Y conviene recordar, además, que ningún coche sale a pista sin haber pasado antes las verificaciones técnicas que exige el reglamento; el safety car es solo la respuesta a lo imprevisto. Así debería ser también en el diseño y despliegue de la IA. Debería garantizarse, antes y durante su despliegue, que cualquier nuevo modelo de vanguardia sea sometido a controles muy rigurosos en los que se demuestren su fiabilidad y precisión, robustez, seguridad frente al daño y ante ataques, equidad, privacidad, transparencia, trazabilidad y un largo etcétera de requisitos necesarios o, al menos, pertinentes. Controles proporcionales al potencial riesgo, para que no se conviertan en una barrera de entrada para quienes no corren tanto, y verificados por quien no compite en la carrera. Así se hace con los vehículos, las aeronaves o los medicamentos, por ejemplo, y por eso nos ofrecen la confianza necesaria para poder usarlos o consumirlos. Es cierto que incluso con regulaciones y controles exigentes a veces se producen errores o situaciones imprevistas que deben corregirse -por ejemplo, retirando un medicamento del mercado o revisando vehículos en los que se ha detectado algún defecto de fabricación-, y por eso debe existir una supervisión constante durante su comercialización y uso que no ha de ser voluntaria, sino obligatoria por ley.

¿Aceptaríamos que las farmacéuticas se autorregulasen para decidir cuándo y cómo sacar al mercado sus medicamentos? ¿Y si lo hiciesen así los fabricantes de vehículos o aeronaves? Pues algo así es lo que acaban de firmar en la Casa Blanca las compañías que lideran la IA en EE. UU. y un Trump exultante, que calificó el acuerdo de «moralmente vinculante» y afirmó que estas compañías «se vigilarán unas a otras» porque «entienden que tienen que autorregularse». El acuerdo habla de auditorías externas y comités de supervisión, sí, pero voluntarios y sin sanción alguna si se incumplen. Quien se vigila a sí mismo rara vez se saca tarjeta roja. Sobre el empeño de Trump en cambiarle el nombre a la inteligencia artificial por superinteligencia ya escribiré en otro momento, que ahora esto no es lo más importante, ciertamente.

Como hemos aprendido a hacer en otros casos, tenemos que seguir aplicando la ética, la prudencia y el sentido común proyectados en la regulación. En la Fórmula 1 no son las escuderías las que deciden si ha de salir, y cuándo, el safety car, sino la dirección de carrera. Tampoco debería ser así en la IA.

En los últimos días hemos asistido a una tormenta de declaraciones especialmente intensa sobre el riesgo existencial de la inteligencia artificial. Resumiendo: vamos a morir todos, en cuanto lo decida la IA. El motivo alegado es que ya hay modelos capaces de procesar datos de forma más masiva y más rápida de lo que ninguna persona puede entender (y que debemos tener fe en que seguirán mejorando exponencialmente). Es posible, por tanto, que se comuniquen más allá de nuestro entendimiento y escapen a nuestro control.

Parece que se nos olvida que, a día de hoy, todos los modelos de IA viven en un ordenador — un ordenador gigante que consume una cantidad ingente de energía —, y todos los ordenadores tienen un botón de apagar y un cable que, a unas malas, podemos cortar. Para ahorrarnos las pesadillas de esta noche, un detalle: ChatGPT, por ahora, no tiene un bracito con el que empuñar una pistola y dispararnos.

Parece probable, eso sí, que, al ritmo que vamos incorporando IA en todo tipo de sistemas, ocurra alguna catástrofe. O muchas. Tiene pinta de que una sucesión de vulneraciones de seguridad nos puede obligar a apagar internet y generar un caos mortífero para quien le pille en mal momento. También puede que alguien construya un bracito empuña-pistolas, lo conecte a una IA y lo deje suelto. O cosas mucho más rebuscadas, dado que es evidente que hay máquinas que manejan muchas más probabilidades de las que caben en nuestras cabezas. En cualquier caso, podremos culpar a la persona humana e irresponsable que haya prescindido de los cortafuegos y restricciones pertinentes. Por mucho que la IA se automejore recursivamente, mientras alrededor haya personas conscientes de nuestras limitaciones y dispuestas a darle al botón si hay peligro, vamos bien. Visto así, de lo que nos están advirtiendo los jefes de las big tech, que todavía tienen un botón funcional a mano, es de que no debemos confiar en sus conciencias.

Cuando abren la boca sube su pan

Decía que la tormenta ha arreciado, pero no es ninguna novedad: desde que Alan Turing empezó a soñar con máquinas inteligentes, la posibilidad del desenlace fatal es ampliamente discutida entre amantes de debates hipotéticos. Es un greatest hit en departamentos de filosofía, junto con lo de si deberías salvar antes a tu padre o a un bebé en caso de que hubiera un tren acercándose. También en los centros de investigación en computación donde nació lo que hoy llamamos IA. Pero es importante recordar que, cuando la tarea dejó de centrarse en pensar y se convirtió en un ataque de fuerza bruta (¡más datos!, ¡más procesadores!, ¡más resultados sin saber de dónde vienen ni cómo hemos llegado hasta aquí!), el sintagma «inteligencia artificial» dejó de ser un campo científico y se convirtió en una etiqueta de marketing.

Cuando nos salimos del marco de la ciencia, se acaba la claridad de los debates que nos permiten saber qué merece consenso y qué resulta dudoso para demasiada gente experta. Y entonces, todo se convierte en narrativa. Todo depende de quién te cuente la historia. Por ejemplo: ¿un grupo de agentes de IA se han juntado a conspirar y han conseguido vulnerar sistemas de seguridad? ¿O es que alguien les ha encargado una tarea sin configurar bien sus límites? Otra: ¿será que esa IA superinteligente está tan cerca? ¿O es que a algunos les interesa que los inversores pongan todos los huevos en sus cestas? Y otra: ¿que haya modelos open que cualquiera puede instalar y desplegar en su propio servidor es un riesgo para la humanidad, o para las big tech estadounidenses que no quieren que China les coma la tostada?

Si les queda algo de memoria entre este vertiginoso compás de acontecimientos, quizá recuerden que hace tres años ya tuvimos una buena ración de anuncios apocalípticos mediáticos. En 2023, Elon Musk firmó una carta parecida a la recién publicada por Dario Amodei y Sam Altman se paseó por Europa alertando sobre la necesidad de regular contra el riesgo existencial de su juguete. Casualmente, fue en los meses en los que se estaba negociando la versión final de la AI Act en Bruselas. No me digan que no es de agradecer que nos pusieran a hablar de Terminator en vez de darle vueltas a la discriminación algorítmica, la vigilancia masiva, la manipulación del comportamiento humano y demás temas aburridísimos que estaban en juego.

No es regulación, es gobernanza

Vamos a decirlo más claro: los tecno-magnates tienen muchos incentivos para impulsar las narrativas del pánico. Les funciona para alimentar el hype sobre el que se construye su negocio especulativo, para que dejemos de hablar de daños más mundanos que ya están causando y, por supuesto, para influir en tendencias de política pública.

Desde que internet se construye a golpe de big tech, el argumento es recurrente: nos hacen creer que el mundo digital va por otro lado, salvaje, indomable e inevitable. Debido a un perverso cóctel con ingredientes como una escasa comprensión tecnológica, la elevada creencia en la mano libre del mercado y la aceptación del chantaje de que «esto es el futuro y si no lo abrazas te quedas atrás», nos pareció que a Uber no había que aplicarles las leyes del taxi, ni a Airbnb las de hostelería, ni a los repartidores de Deliveroo el Estatuto de los Trabajadores... o que las redes sociales que eligen lo que vemos mediante algoritmos no tienen responsabilidad editorial. Luego, cada vez que le vemos las orejas a algún lobo-robot, venimos con lo mismo: ¡hace falta regulación!

Sí, claro, las leyes están muy bien. Últimamente hemos aprobado varias para lo digital, y además tenemos algunas más vintage que son muy bonitas: contra la discriminación, de propiedad intelectual, de protección de datos personales, por la seguridad de productos comerciales, para penar negligencias... Quizá haya que ajustar o ampliar algún artículo, pero ahí están. Ahí están también, muertos de risa, un sistema empresarial globalizado y un tablero de equilibrios geopolíticos que dificultan, entre otras muchas cosas, la aplicación de esas leyes. El reto está, entonces, en impulsar todos los mecanismos que puedan hacerles contrapeso democrático y tomarnos de una vez en serio la construcción de soberanía tecnológica. No estoy diciendo que el camino sea fácil, pero, si en vez de explorarlo, nos proponemos legislar sobre gamusinos, el fin del mundo se nos va a hacer mucho más cuesta arriba.