En El pasillo estrecho, Daron Acemoglu y James A. Robinson recuerdan una idea que la historia económica confirma una y otra vez: las naciones no prosperan únicamente por los recursos de los que disponen, sino por su capacidad para aprovechar las escasas ventanas de oportunidad que aparecen en determinados momentos históricos. Las grandes revoluciones tecnológicas alteran el equilibrio competitivo entre países y crean momentos en los que es posible cambiar la posición relativa de una economía. Quienes son capaces de adaptar sus instituciones, movilizar inversiones y desarrollar nuevas capacidades productivas se convierten en los líderes del siguiente ciclo económico. España se encuentra hoy ante una de esas ventanas de oportunidad.

Durante más de un siglo nuestro país ha carecido de recursos energéticos competitivos lo que nos obligó a importarlos para sostener nuestro crecimiento económico. Esa dependencia condicionó nuestra competitividad industrial, deterioró nuestra balanza comercial y nos hizo especialmente vulnerables a las crisis internacionales.

La energía fotovoltaica está cambiando radicalmente esta situación.

Por primera vez en nuestra historia, España dispone de un recurso energético abundante, autóctono y extraordinariamente competitivo. Gracias a una de las mejores radiaciones solares de Europa y a la disponibilidad de suelo, el coste de producir electricidad mediante energía fotovoltaica puede situarse hasta un 50 % por debajo del existente en países como Alemania. Lo que durante décadas fue una debilidad se ha convertido en una ventaja comparativa.

David Ricardo explicó hace más de doscientos años que las naciones prosperan cuando producen aquello para lo que disfrutan de una ventaja comparativa. Durante generaciones, España nunca pudo aplicar plenamente esa teoría al ámbito energético porque simplemente no disponía del recurso. Hoy sí lo tiene. Es el sol.

Esta transformación coincide, además, con otra revolución de alcance mundial: la electrificación de la economía.

La industria, el transporte, la climatización, la producción de hidrógeno, los centros de datos o la inteligencia artificial demandarán cantidades crecientes de electricidad durante las próximas décadas. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los combustibles fósiles, la competitividad de las energías renovables y la necesidad de reducir emisiones están acelerando un proceso que ya parece irreversible. En este nuevo escenario, las fábricas tenderán a instalarse allí donde la electricidad sea más abundante, más estable y más barata.

Eso sitúa a España en una posición privilegiada.

No se trata únicamente de atraer inversiones en energías renovables. Se trata de atraer industrias que consumirán esa energía: fabricantes de baterías, microchips, acero verde, fertilizantes, materiales avanzados, centros de datos o nuevas industrias vinculadas a la inteligencia artificial. La transición ecológica deja de ser un coste para transformarse en una oportunidad económica.

Esta oportunidad empieza a concretarse. Durante la planificación eléctrica 2021-2026 apenas se solicitaron 2 GW de nuevos puntos de conexión para demanda. Hoy, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya existen más de 42 GW concedidos. Si todos estos proyectos se llevaran realmente a cabo, estaríamos duplicando la demanda española de energía eléctrica. Si se añaden las solicitudes en redes de distribución, los concursos de capacidad pendientes y las previsiones incluidas en la planificación eléctrica hasta 2030, la dimensión del fenómeno resulta extraordinaria. Probablemente no todos se llevarán a cabo, pero en todo caso estamos ante una transformación sin precedentes de nuestro modelo productivo.

Algunos ya son una realidad. Diamond Foundry produce diamantes sintéticos en Trujillo utilizando electricidad renovable y proyecta nuevas ampliaciones. Otros nombres como PowerCo, CATL, Stellantis, Hydnum Steel, Envision o Mercedes-Benz ilustran el tipo de inversiones que empiezan a mirar hacia nuestro país.

En muchas de ellas existe un denominador común: la energía fotovoltaica.

Las grandes industrias buscan asegurar precios eléctricos competitivos mediante contratos de compra de energía a largo plazo (PPA) o mediante instalaciones propias de autoconsumo. De hecho, aproximadamente tres de cada cuatro nuevos proyectos industriales ya incorporan desde su diseño una planta fotovoltaica para abastecer parte de su demanda.

Pero el mayor potencial del autoconsumo no reside únicamente en las grandes inversiones.

España cuenta con millones de pequeñas y medianas empresas cuya competitividad depende en gran medida del coste energético. Reducir estructuralmente su factura eléctrica significa aumentar su capacidad exportadora, mejorar sus márgenes y reforzar el conjunto del tejido productivo. Pocas políticas industriales pueden alcanzar simultáneamente a tantas empresas. El autoconsumo se ha convertido en un factor de electrificación y crecimiento económico.

A ello se suma un segundo factor: el almacenamiento.

La rápida caída del precio de las baterías permite desplazar los precios baratos solares hacia las horas de mayor demanda, reduciendo la volatilidad de los precios eléctricos y aumentando el valor de la energía renovable. Al mismo tiempo, millones de pequeñas baterías distribuidas asociadas al autoconsumo pueden aportar flexibilidad al sistema eléctrico, aliviar congestiones en la red y reducir futuras inversiones en infraestructuras.

Sin embargo, disponer de una ventaja comparativa no garantiza el éxito.

Acemoglu y Robinson insisten en que las oportunidades históricas solo se convierten en prosperidad cuando las instituciones acompañan el cambio tecnológico. España necesita estabilidad regulatoria, procedimientos administrativos ágiles y una dotación de recursos humanos para la administración adecuada en cantidad y calidad, una aceleración de las inversiones en redes eléctricas, incentivos a la electrificación y un diseño del mercado que sea compatible con un sistema dominado por tecnologías de coste marginal prácticamente nulo. El actual sistema de fijación de precios nos lleva a la paradoja de tener que frenar la transición ecológica hasta que volvamos a consumir más energía fósil y cara que marque precios que permitan la recuperación de las inversiones.

También necesita una política industrial inteligente. La transición energética debe convertirse en una herramienta de cohesión territorial, orientando parte de las nuevas inversiones hacia aquellas comunidades autónomas que durante décadas han permanecido alejadas de los grandes polos industriales y que, precisamente, son hoy las que disponen de mayores recursos renovables. El dotar a estas zonas de la red eléctrica adecuada para aprovechar la oportunidad fundamental.

No estamos únicamente ante una transición energética. Estamos ante una oportunidad para redefinir el modelo económico español durante las próximas décadas.

Las ventanas de oportunidad aparecen pocas veces en la historia de un país. La revolución energética, sin embargo, nos sitúa entre los países mejor posicionados del continente.

El reto ya no consiste en descubrir una ventaja comparativa. Esa ventaja existe. El verdadero desafío consiste en no desperdiciarla y transformarla en inversión, industria, empleo y prosperidad.

Porque, como advierten Acemoglu y Robinson, las ventanas de oportunidad nunca permanecen abiertas para siempre. En las manos de todos está que se cierre el pasillo o la ventana se abra de par en par.

La Nación llevaba años enferma.

No era una peste de bubones ni de ratas. Era peor. Nadie creía ya en los oráculos ni en las sentencias. Los comerciantes pesaban dos veces las monedas, los novios se juraban amor ante testigos y los niños, cuando jugaban a jueces, preguntaban primero de qué partido era el acusado para amoldar la sentencia.

Los sacerdotes consultaron los libros antiguos.

—La ciudadanía ha perdido la confianza —dijeron—. Y ninguna democracia sobrevive mucho tiempo cuando deja de creer en quienes administran la Justicia.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, anunció solemnemente:

—La desconfianza de los ciudadanos en la Justicia es una tragedia.

Un anciano pidió la palabra.

—Conozco una historia parecida.

Marchena asintió.

—Adelante.

—Hace tres mil años, una ciudad llamada Tebas también sufría una tragedia. Nadie confiaba ya en sus gobernantes. El rey, llamado Edipo, juró descubrir quién era el responsable de tanta desgracia.

—Un buen rey —interrumpió Marchena.

—Eso creyó él también. Mandó investigar a todo el mundo. A los extranjeros. A los sacerdotes. A los mensajeros. A los pastores. Incluso interrogó al viejo Tiresias.

—¿Y encontraron al culpable?

—Sí.

—¿Quién era?

—Él mismo: Edipo.

Marchena sonrió con indulgencia.

—No recuerdo esa parte.

—Es la parte importante. Edipo buscaba al asesino de Layo, su padre, sin saber que él mismo había matado a Layo muchos años antes. Lloraba la desgracia de Tebas sin saber que había esposado a Yocasta, su propia madre, y mujer de Layo.

—Qué ironía.

—Más aún. También buscaba la causa del suicidio de Yocasta sin comprender que la verdad que él mismo había construido era la que acabaría empujándola a quitarse la vida.

Marchena permaneció unos segundos en silencio.

—Interesante leyenda. ¿Y qué enseñanza tiene?

El anciano respondió:

—Que hay tragedias cuyo culpable organiza personalmente la investigación para descubrir al culpable.

Al cabo de un rato, Marchena dijo de nuevo.

—La tragedia continúa. Es incomprensible. Nadie aparece. Nadie confiesa. Nadie explica por qué el pueblo ya no cree.

Entonces un niño levantó la mano.

—Señor Juez…

—Habla.

—Si un médico pregunta quién ha propagado la epidemia mientras sigue visitando enfermos sin lavarse las manos, ¿la enfermedad se cura con otra investigación?

—Saquen del palacio a este insolente mocoso, ordenó Marchena.

Marchena reflexionó unos instantes y dijo.

—Muy bien. Pero yo no hablo de la peste en Tebas, hablo de la Justicia española.

—Yo también, dijo el anciano.

Marchena dio por terminada la conversación.

Aquella misma tarde volvió a declarar ante los periodistas:

—Lo verdaderamente trágico es la pérdida de confianza de los ciudadanos en los jueces.

El anciano, desde la última fila, murmuró con pesar:

—Edipo tampoco entendió la primera vez.

Los cronistas, que conocían a Sófocles, cerraron el pergamino con una nota al margen:

“Hay hombres condenados a buscar durante toda la vida al culpable de una tragedia cuyo protagonismo les pertenece.”

El asalto que ha sufrido la ciudad española norteafricana de Ceuta por parte de una descomunal masa de emigración descontrolada, proveniente de Marruecos, es el peor de su ya difícil historia, superando con mucho el de mayo de 2021. Alrededor de 50.000 personas habrían accedido al enclave español en apenas dos días, la mayoría desde el mar, salvando a nado el espigón de El Tarajal que lo separa del territorio marroquí, pero después, en medio del caos y el desbordamiento de las fuerzas de seguridad existentes, también por las fronteras terrestres. Incluso ha habido una cierta réplica en Melilla con algunos centenares vulnerando la frontera para acceder a territorio español.

Ceuta se ha visto sumida en una grave crisis, también de seguridad, pero sobre todo humanitaria, porque no podía absorber a los recién llegados. La ciudad carece de medios, no tiene servicios sanitarios o alimenticios, ni de alojamiento, para hacer frente a tal cantidad de gente. El resultado ha sido una multitud de emigrantes, en su mayoría jóvenes, caminando sin rumbo o durmiendo en las calles, intentando obtener comida o incluso agua, en medio de una población autóctona asustada. Ante esta falta de recursos, o quizá porque se lo ordenaron, la mayoría de los que entraron regresaron a Marruecos apenas un día después, pero aún quedan en la ciudad suficientes para que la crisis no se dé por terminada. En todo caso, ya se puede extraer una primera lección: es necesario disponer de depósitos de alimentos no perecederos, agua, ropa, y capacidad de reparto, no solo en Ceuta, sino en todas las ciudades, para hacer frente a una emergencia porque pueden surgir en cualquier momento, y no solo migratorias sino de muchos tipos.

El Gobierno ha dado la impresión de haber sido sorprendido por una crisis de esta envergadura; se ve que los servicios de inteligencia españoles no son capaces de prever incidentes tan masivos como éste. Tardó horas en reaccionar, pero finalmente lo hizo, el propio presidente se desplazó a Ceuta, se enviaron refuerzos de seguridad a las dos ciudades, y se puso en marcha una presión diplomática sobre Marruecos que empezó a dar resultados con un aumento de la acción policial, bastante tímido hasta que llegaron órdenes (¿de quién?) de actuar con contundencia sobre los querían pasar a territorio español, y entonces todo se acabó, salvo pequeños grupos que se resistieron a abandonar

Como siempre que hay una crisis sobrevenida, como en la pandemia, como en los incendios, la oposición, lejos de colaborar, de aportar soluciones, de acceder a un consenso para buscar una posición común aceptable para todos, no solo coyuntural sino de futuro, aprovecha para atacar al Gobierno -en particular a su presidente- y culparle de lo que pasa, aunque sea con argumentos falsos, contradictorios o absurdos, dirigidos a un público muy bien dispuesto a respaldar cualquier acusación o invectiva contra él. En este caso, además, con especial fruición pues la cuestión migratoria es tal vez el arma política principal a la que recurren para obtener réditos electorales. Es fácil provocar el miedo o el egoísmo de la gente esgrimiendo tópicos como la invasión, que en Ceuta ha sido una realidad, pero para España son solo unos pocos miles de personas en un país con casi 50 millones de habitantes -de los cuales la inmensa mayoría de los más de 10 millones nacidos en el extranjero están perfectamente integrados- o el aumento -absolutamente minoritario- de la delincuencia. Demagogia populista.

La acusación principal contra el Gobierno es la inacción, si bien no dicen muy claro qué debería hacer y no está haciendo, salvo decretar la emergencia nacional, aunque el Sistema Nacional de Protección Civil no reconoce los flujos migratorios entre los supuestos que permiten declararla. Se podría acudir a la Ley de Seguridad Nacional, pero esto implica elevar el nivel de la crisis, que por el momento solo es un problema de orden público y logístico, y probablemente aumentar la tensión con Marruecos. Por otra parte, la declaración de emergencia nacional no resolvería el problema, como tampoco lo resuelve esencialmente el refuerzo del contingente de la Guardia Civil o el despliegue del Ejército para reforzarla. Estas últimas medidas, aprobadas por el gobierno, han sido muy importantes para garantizar el orden público y la seguridad de la población, así como para evitar la vulneración de las fronteras terrestres, pero, en lo que respecta a la llegada irregular desde el mar, no pueden mejorar la situación, porque el verdadero problema ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio en la que prohíbe las devoluciones en caliente de las personas que lleguen a nado, determinando que el rechazo exprés solo es aplicable a quienes tratan de entrar “superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”. Ante esa sentencia, ni la Guardia Civil ni el Ejército, ni una declaración de emergencia nacional, pueden hacer gran cosa para evitar la entrada de emigrantes desde el mar; solo pueden -y deben- socorrerlos.

Es difícil comprender que una persona que se cuela por un paso fronterizo o una valla puede ser expulsada sin más trámites pero una que accede desde el mar, con los mismos derechos o falta de ellos, no puede serlo. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo indica que, al referirse a elementos de contención fronterizos sin especificar que sean terrestres, queda abierta la posibilidad de que se establezcan elementos de contención en el mar, como podrían ser redes sujetas a una línea de boyas, lo que permitiría legalmente aplicar las devoluciones exprés a quienes llegan a nado. Por supuesto, la devolución en caliente de inmigrantes, hayan llegado por tierra o por mar, es una medida contraria al respeto a los derechos de recurso y asistencia jurídica que tienen estas personas, pero es inevitable en casos como éste en el que es imposible que Ceuta pueda acoger a 50.000 personas durante los tres o cuatro meses que requieren las tramitaciones, además de lo difícil que sería dar apoyo jurídico a todos ellos.

Es evidente que la sentencia del Supremo, aunque no haya sido ni de lejos la causa principal del asalto, ha contribuido a la creación y propagación de bulos en las redes sociales que aseguraban que la frontera con España estaba abierta y que los que entraran en Ceuta serían acogidos e iban a recibir documentación para saltar a la Península y Europa. Una muestra más de que el asalto no ha sido espontáneo, sino instigado y dirigido.

La oposición aduce que el efecto llamada lo ha producido la regularización de emigrantes que ha aprobado el Gobierno español, pero este es un argumento extraordinariamente falaz, puesto que la llegada clandestina de inmigrantes se ha producido desde hace muchos años sin que hubiera regularizaciones. Los que entran en España en pateras, escondidos en camiones, o con visado de turista, para buscar una vida mejor o huyendo de regímenes represivos, asumen que estarán en situación irregular, y lo seguirán haciendo igual si no son regularizados, aunque su falta de documentos les someta a condiciones laborales abusivas. La anterior crisis migratoria en Ceuta, en mayo de 2021, no se produjo después de una regularización de emigrantes.

Esta tesis del efecto llamada de la regularización ha sido asumida también por otros gobiernos de la Unión Europea, como el de Italia, que ha suspendido parcialmente el acuerdo de libertad de circulación con España, o incluso por algunos muy alejados del escenario de la crisis como Finlandia, Suecia o Dinamarca, que han solicitado que se excluyera a España del acuerdo de Schengen, algo que no hicieron cuando Angela Merkel dejó entrar en Alemania a un millón de refugiados sirios, en 2015. Pero estas posiciones no parecen realmente muy motivadas por los hechos que están sucediendo en Ceuta. Las probabilidades de que los que han entrado en la ciudad -la mayoría muy jóvenes y pobres- lleguen a coger un avión para volar hasta Italia -¡o Finlandia!- es bastante cercana a cero. Se trata más bien de aprovechar este incidente para reforzar su oposición respecto a la decisión del Gobierno español sobre una regularización que, además de ser consistente con el respeto a los derechos humanos, está siendo muy positiva para la economía, que ellos no han tenido el valor de tomar, y cuya adopción -exitosa- en un Estado miembro de la UE les deja en evidencia. Habrá que estudiar si la decisión de Giorgia Meloni vulnera el Acuerdo de Schengen, pero en todo caso la falta de solidaridad que demuestran estas posiciones es escandalosa y prueba el deterioro de la cohesión entre Estados miembros que amenaza ya con destruir la Unión Europea.

El origen de esta crisis, como de otras anteriores, no está en ninguna regularización, sino en Rabat. Por mucho que el Gobierno español elogie -tal vez por tacticismo diplomático- la cooperación con Marruecos y eche la culpa a las mafias -que en este tipo de irrupciones no obtienen beneficios-, una concentración de decenas de miles de personas en Fnideq, antiguo Castillejos, a las puertas de Ceuta, no pasa desapercibida, no se produce por sorpresa, ni mucho menos sin la permisividad de las autoridades marroquíes. El rey Mohamed VI, asesorado por el majzén -su auténtico gobierno antidemocrático en la sombra- utiliza a su pueblo, incluidos menores, para lanzarlo hacia las plazas de soberanía españolas cuando le interesa políticamente, con absoluto desprecio a su futuro, e incluso a su vida, que en este caso han perdido al menos 67 personas. Se trata de una agresión, se quiera llamar de “zona gris” o de guerra híbrida, para la que el sátrapa marroquí no se atreve a utilizar a sus soldados sino a una masa de desamparados, a los que lo único que les queda es la esperanza de lograr una vida mejor, aunque entre ellos haya también elementos disruptivos no tan inocentes.

El momento en el que ha sucedido no ha sido tampoco casual. La mayor entrada de inmigrantes se produjo precisamente el día siguiente de la fiesta del trono, en la que Mohamed VI suele hacer un discurso nacionalista después del cual siempre se producen manifestaciones reivindicativas. No habló de Ceuta y Melilla, pero sí de la nueva relevancia internacional de Marruecos, probablemente refiriéndose al apoyo de Trump. El asalto sucede 10 días después de que el presidente Sánchez visitara Argel para cerrar un acuerdo político y comercial, que no ha sentado nada bien en Rabat, y solo siete desde que el Congreso aprobó la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio era una provincia española, lo que en cierto modo desafía la soberanía marroquí. Probablemente la crisis de Ceuta es la respuesta de Mohamed VI.

Con todo, lo que hay detrás de este episodio -como de los anteriores y otros que vendrán- es la negativa de Marruecos a reconocer la soberanía española de Ceuta y Melilla, cuya marroquinidad reivindica sin cesar, aunque solo se puede basar en razones geográficas puesto que ambas ciudades eran españolas más de 400 años antes de que existiera un reino de Marruecos independiente. El derecho internacional da la razón a España y establece que ninguno de los dos enclaves es una colonia. En 1976, Marruecos presentó el caso ante Naciones Unidas para exigir su descolonización, pero la ONU desestimó la petición y nunca las ha incluido en su lista de territorios no autónomos o pendientes de descolonización, al reconocer que forman parte integrante del territorio y la soberanía de España desde mucho antes de la creación del Estado marroquí moderno. Es revelador que Rabat jamás ha reclamado un referéndum en estas ciudades -que por otra parte sería imposible con la actual Constitución española-, porque sabe que si pasaran a ser marroquíes sería en contra de la voluntad de sus habitantes, incluidos los de origen marroquí, que lógicamente prefieren ser españoles -y europeos- antes que marroquíes. Su estrategia se basa en aumentar la presión comercial y especialmente la migratoria, con la esperanza que los habitantes de ambas ciudades y el Estado español se cansen de sufrirla y le cedan su soberanía, algo que por ahora está muy lejos de pasar

Los gobiernos españoles, éste y los anteriores, siempre han reaccionado ante las reivindicaciones y muestras de agresividad marroquí intentando minimizarlas y desescalar las crisis. En marzo de 2022, el presidente Sánchez puso fin a cuatro décadas de apoyo político a la independencia del pueblo saharaui, con el que España había contraído una responsabilidad histórica, aceptando por escrito la soberanía de Rabat sobre el territorio, en favor de una autonomía que todavía es puramente teórica. A cambio, en abril, Sánchez y Mohamed VI firmaron un acuerdo que ponía fin a la tensión producida por el asalto de emigrantes a Ceuta de 2021. Se suponía que la traición a los saharauis conllevaría el cese de la presión sobre Ceuta y Melilla, incluida la apertura de una aduana comercial de nueva planta en Ceuta y la reapertura de la de Melilla, que las autoridades marroquíes cerraron unilateralmente en agosto de 2018. Pero no ha servido de nada, ese acuerdo no se ha cumplido, las fronteras se abren de forma intermitente, por la sola voluntad de Rabat que las cierra unilateralmente cuando lo cree conveniente.

Esto debería recordarnos una lección que Marruecos viene dejando clara desde hace muchas décadas en sus relaciones con España. El apaciguamiento no funciona con ellos, solo sirve durante un tiempo muy corto. Rabat entiende las cesiones como debilidad y en seguida vuelve a por más, con renovadas reivindicaciones y demandas, utilizando el bloqueo de las ciudades o, como en este caso, el arma de la emigración irregular. Solo una posición de firmeza, clara, consistente y creíble, podrá frenar esta falta de respeto a los acuerdos y a la convivencia entre vecinos, que puede conducir -si no se corta- a situaciones más peligrosas. Y en esa posición se debe exigir a la Unión Europea el apoyo absoluto e incondicional, hasta llegar si es preciso a la suspensión del acuerdo comercial preferente, en aplicación del contenido de los Tratados europeos.

Como suele suceder en regímenes autoritarios o no democráticos, la reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla, igual que anteriormente la del Sahara, pretende incitar un nacionalismo que cubra políticamente una situación interior deplorable, tanto en términos de derechos humanos -recuérdese la reciente detención del periodista Ali Lmrabet por difamación- como en las condiciones de vida, que condenan a una gran parte de los ciudadanos a la miseria, mientras aumentan los enormes dispendios del rey, que solo pasa temporadas en el país y es fiel amigo de Trump y de Netanyahu, en contra del sentimiento lógicamente favorable a Palestina de la mayoría de la población. Y es muy probable que esas amistades tengan mucho que ver con lo que ha pasado en Ceuta.

Los que se juegan la vida para alcanzar territorio español son los que menos culpa tienen. Huyen de la represión, de la pobreza, de la falta de futuro. Están en una situación desesperada e intentan mejorarla, como haría cualquiera en su lugar. Las migraciones tienen siempre raíces políticas y económicas. El producto interior bruto per capita español es más de ocho veces superior al marroquí, y esta es la mayor diferencia existente en el planeta entre países fronterizos. Es necesario ir a la causa, no al efecto, porque si la causa perdura, si Marruecos no mejora sus condiciones económicas y políticas, si se sigue permitiendo a Mohamed VI utilizar la presión migratoria como arma política, el efecto se repetirá inevitablemente y nos enfrentaremos una y otra vez al mismo problema, sin que la represión sirva para nada más que para castigar a los desamparados que osan desafiar su destino, y amenazar nuestro confortable bienestar.

El problema migratorio no es solo nuestro. En todo el mundo los flujos migratorios aumentan, y lo seguirán haciendo en la medida en que la globalización los facilita y las diferencias económicas entre países y regiones aumentan. Por ahora, la respuesta de los países ricos es la represión, brutal en EEUU con los crímenes del ICE, más disimulada en Europa, aunque igualmente cruel. Pero esta estrategia no va a dar resultado, no hay compuerta que detenga un tsunami, solo puede retrasarlo a costa de mucho sufrimiento.

Hay otra solución, que es nivelar progresivamente las condiciones de vida entre países ricos y pobres, y esa sí puede ser eficaz porque nadie quiere abandonar a su familia ni su país si no se ve obligado a ello. Asumirla exige una línea política diferente, que limite nuestro crecimiento en favor de la ayuda al desarrollo, y poca gente está todavía dispuesta a renunciar a una mínima parte de su nivel de vida. Los políticos lo saben, y actúan -en general- en consecuencia. Pero si no tomamos este camino, nos veremos abocados a un mundo en permanente tensión, y dominado por la violencia, con unos pocos países ricos viviendo rodeados de alambradas para proteger su bienestar mientras el resto intenta asaltarlas. Y no debemos olvidar que, si eso sucede, los que estarán confinados dentro de esas alambradas no serán ellos, sino nosotros.

Desde que me hice adulta, el verano empieza varias veces. De niña, comenzaba el día que acababa el curso, e iba todo seguido hasta septiembre. Seguirá siendo así para los niños, espero. En la ciudad se nota el fin de curso, y en las semanas siguientes va creciendo una desbandada: por momentos se ve la polvareda mientras se alejan los coches y las gentes.

Si queda algún evento por celebrarse en Madrid, esos primeros días de julio son la última oportunidad, de homenajear a una poeta o despedir al subsecretario de un ministerio, porque luego se acaba el mundo.

Los programas políticos retiran a sus estrellas a mediados de julio para descansar. Otro escalón en la pausa. Entramos en la segunda quincena con el flujo de noticias casi adormecido, pero de pronto una emergencia nacional por incendios nos despierta. Obliga a conectar incluso a los que están en la playa. Y encima Ayuso da la campanada con otro ático. ¡Qué fijación! Lo que son capaces de hacer algunas con tal de no acortar las listas de espera en los hospitales. Y cuando por fin parece que no puede ocurrir nada, salvo el descanso, se produce una crisis en Ceuta que nos quita la risa. A 2 de agosto, por fin deberíamos dar por inaugurado el verano, pero no se puede. El mundo sigue caliente y ese calor geopolítico pasa por nuestra soberanía.

Me pregunto si existe una palabra para definir lo que necesitamos: igual que ciertos animales hibernan para ahorrar energía en los meses fríos del invierno, ¿hacen algo en verano que merezca un nombre? Lo busco y lo encuentro: se llama “estivación”. Es el estado de torpor que aparece en algunos animales por el calor y la sequedad. Pero no usamos la palabra, lo cual es una prueba de cómo hemos degenerado: hay que hacer causa de la estivación, proclamarla y practicarla. En verano, el único lugar donde uno no está torpe es la playa o la piscina.

El verbo existía en latín (aestivare: pasar el verano), pero en español, no. Veranear no me sirve, es sólo marcharse a un sitio. Hay que poner en circulación “estivar”, aunque no quiera el diccionario. Los cocodrilos cavan cuevas en el lodo de los ríos y se entierran durante los meses en que no hay agua. Los caracoles, por su parte, se sellan para sobrevivir al calor: crean una capa de baba seca que cierra su concha. Y ahí se quedan, protegidos por las babas, hasta que llueve.

Sigo siendo animal: necesito estivar. Me quiero cubrir con una baba seca que me proteja de los temas calenturientos a partir de hoy. Algunos anfibios estivan hasta cinco años; me conformaría con tres semanas. Veintiún días de paz interior, de no escuchar debates públicos estériles, de nadie insultando a nadie, de la gente dándose cuenta de que somos animales políticos, pero somos mucho más y lo estamos olvidando. Hay otro mundo bajo las babas del caracol. Según leo, hay animales que, por alargar la estivación, mueren en el intento: tampoco es mi idea.

No canto una oda a la pereza, eso es para el invierno, cuando todos nos explotamos a nosotros mismos. Ahora la vagancia es un estado natural, esa holganza, esa desgana, ese dormir sin tener sueño y amodorrarse en la toalla. Ese mirar una hoja de parra y encontrar interesante la confluencia de sus nervios. El verano es para escuchar los matices de cada ola del mar, para dormitar en la tumbona y que te despierte el pelotazo de una criatura inocente.

Es el momento de vaguear. ¿Y qué me ha pasado? Pues que me ha pedido el jefe de Opinión de El Diario, mi querido Marco Schwarz, que siga escribiendo en agosto. ¿Y cómo lo haré, si estoy zambullida en baba? No tengo la menor idea, pero pienso hacer menos y jugar más; bañarme mucho y escribir sin prisa. Camus aseguraba que llevaba dentro un verano invencible para resistir los inviernos, reales y simbólicos. Yo me conformo con algo más prosaico: rendirme al verano y rellenarme de él, por lo que pueda pasar. Este verano estivo y escribo. Es decir, vivo.

Desde el pasado 15 de julio, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de “Barcelona a 50 ºC”, una de las nuevas iniciativas de acción climática del Ayuntamiento de Barcelona para preparar la ciudad ante episodios de calor extremo. Concretamente, se trata de un simulacro previsto para 2027 que se desarrollará en dos fases. La primera «de despacho», tendrá lugar en febrero de ese mismo año, y servirá para coordinar la respuesta de emergencia desde los distintos servicios y equipamientos municipales. La segunda, prevista para septiembre, recreará los efectos sobre las infraestructuras de una ola de calor monstruosa que condujera a la ciudad a un colapso sociosanitario, la disrupción en el acceso a suministros básicos como el agua y un apagón energético sin precedentes. En palabras del alcalde Jaume Collboni, el anuncio del simulacro supone poner en marcha «la cuenta atrás hacia el día que llegue Barcelona a 50 grados», una acción que presenta como un legado de protección y concienciación para el futuro.

La iniciativa, inspirada en un simulacro análogo celebrado en París en el año 2023, busca evaluar la preparación de la ciudad ante un escenario de estas características: revisar los protocolos de actuación, reforzar la coordinación entre servicios y mejorar la capacidad de respuesta de las infraestructuras urbanas, con especial atención a la protección de la población más vulnerable. Sin embargo, los objetivos declarados y el simbolismo inadvertidamente colapsista de la propuesta parecen abundar en los que consideramos dos problemas fundamentales de la política contemporánea de protección frente al calor extremo: primero, una identificación del calor con una exterioridad meteorológica, marcada por una catástrofe futura casi inimaginable; y, segundo, la centralidad de la respuesta experta ante el problema. Ambas soslayan algunas cuestiones y preguntas fundamentales que creemos debieran informar una política de previsión e intervención del calor urbano en el presente.

Sin descuidar el carácter crucial de la anticipación y la prevención ante proyecciones que anuncian horizontes cada vez más inhóspitos para la habitabilidad, ¿por qué privilegiar un futuro catastrófico como horizonte de la acción política, en lugar de atender a las urgencias y las posibilidades que ya se abren en el presente? La frivolidad y el sensacionalismo con que algunos medios han acogido la propuesta, parecen olvidar los efectos de las sucesivas olas de calor que han afectado a Europa desde el pasado mes de junio. Estas han vuelto a poner de manifiesto las imágenes ya habituales de cuerpos aplastados por el calor, exhaustos y sudorosos, buscando un alivio incierto en hábitats urbanos convertidos en zonas de sacrificio térmico: ya sea bañándose en fuentes municipales, abarrotando las terrazas, plazas y parques o haciendo lo que pueden para refrigerar espacios domésticos mal aislados.

Junto a ellas, también han aparecido muestras de cómo el calor extremo desborda la capacidad de las infraestructuras modernas para sostener la vida cotidiana a partir de un determinado rango de temperaturas hasta ahora poco conocido: las vías del tranvía de Leipzig deformadas por la licuefacción del material sellante entre los raíles y el asfalto, carreteras cortadas en Alemania por el deterioro del firme, escuelas cerradas en Francia ante las temperaturas extremas o la cancelación por parte de la SNCF de algunos de los trenes regionales que conectan París con el sur del país.

En paralelo, una suerte de hype mediático ha situado a España en el centro del debate europeo por su supuesto buen hacer en las políticas de adaptación al calor, a pesar de unos números apabullantes de padecimientos y fallecimientos ante las mismas condiciones térmicas. En este contexto de nacionalismo climático banal, junto al renovado elogio de tecnologías populares de adaptación al calor (la persiana, la siesta, el abanico o el botijo), ha vuelto a cobrar fuerza la red de refugios climáticos impulsada desde 2019 por el Ayuntamiento de Barcelona. Concebida como un sistema de equipamientos y espacios públicos de confort térmico distribuidos por toda la ciudad, esta iniciativa (de implementación y resultados desiguales) ha causado interés en otras ciudades y países. Esperemos que nuestros colegas europeos no se inspiren en sus horarios de cierre: en pleno verano y durante la noche, cuando el aire estancado en el interior de muchas viviendas con mala inercia térmica las vuelve inhabitables. Considerando todo esto, más que simular en una escape room una ola de calor monstruosa del futuro, deberíamos estar imaginando y discutiendo colectivamente cómo responder a las actuales a fin de evitar lo peor.

Más allá de las estrategias cotidianas para soportar las altas temperaturas o de las magras políticas públicas desplegadas para responder a los episodios de calor extremo, parece claro que lo que hoy experimentamos ya no puede entenderse simplemente como «el calor de toda la vida». Lo que durante mucho tiempo pudo vivirse como una contingencia térmica estacional (la canícula, nombre romano para referirse a los «días de perros» en que la estrella Sirius, de la constelación Can Mayor, aparecía en el firmamento), se experimenta hoy como el resultado previsible de un modo de existencia particular: la manifestación de la mutación climática inseparable de la modernidad industrial y nuestro consumo ilimitado de energías fósiles. Los historiadores ambientales Christophe Bonneuil y Jean-Baptiste Fressoz han acuñado el término Termoceno (una variación del Antropoceno) para referirse a una época geohistórica marcada por los efectos de los gases de efecto invernadero que impiden que parte de la radiación infrarroja liberada por la Tierra se disipe hacia el espacio, intensificando la retención de calor en la troposfera.

Antes que como algo «ahí afuera», en las actuales olas de calor resuena el logro macabro de una forma de habitar moderna (infraestructural, carbonífera y extractivista) que, al tiempo que sostiene nuestra prosperidad y nuestras formas de vida urbana, libra una guerra soterrada contra las condiciones mismas de habitabilidad del planeta. Como señalaban los filósofos Jeanne Etelain y Patrice Maniglier en un artículo reciente publicado en Le Monde a propósito de la canícula que afectó a Francia, ya no se trata simplemente de un aire más caliente, sino de «otro aire». Un aire desastroso, atravesado por el entramado infraestructural moderno del que dependemos para movernos, producir, consumir y habitar con algún confort en nuestros entornos urbanos actuales.

Considerando que los episodios recientes de calor extremo arrojan números devastadores y todo tipo de afectaciones en cuerpos e infraestructuras, ¿no hay nada que podamos hacer más allá de organizar simulacros que anticipan lo peor? Porque, ¿qué clase de vida urbana sería la de una ola de calor monstruosa que alcanzara los 50 grados? Sin duda, una no muy deseable, a menos que aspiremos a correr maratones en sarcófagos climatizados, como en Dubái o Abu Dhabi.

Si el calor extremo puede entenderse como una consecuencia previsible de nuestros modos de vida modernos, frente al énfasis experto del simulacro, quisiéramos preguntarnos, ¿qué papel pudiera tener en todo esto la ciudadanía y su capacidad de inventiva? ¿Cómo sostener su anhelo de protección conectándolo, además, con los deseos de otra vida posible? Tras tantos años de innovación democrática, ¿por qué insistimos en que sólo pueden hacerse cargo de la política climática las administraciones y los técnicos, en lugar de liberar la potencia colectiva del hacer y la capacidad de protegerse del Cualquiera para permitir una soberanía climática popular en contextos de emergencia e incertidumbre radical?

Como ponen de manifiesto algunas de las experiencias que hemos documentado en nuestros trabajos recientes, no resulta difícil imaginar otras formas de acción: la habilitación de usos seguros de parques, ríos y playas (siguiendo el rastro de algunas prácticas ensayadas informalmente por la ciudadanía); la instalación de toldos, umbráculos y otras formas autoconstruidas de climatización; la apertura nocturna de refugios climáticos acompañada por actividades de mediación cultural durante los episodios de calor extremo; por no hablar de la reorganización del orden laboral y de la movilidad durante las olas de calor más severas. Mientras que ya existen algunas iniciativas para hacer más vivibles nuestros entornos durante el día, la adaptación térmica nocturna necesita comenzar a articularse. Aunque, más que un déficit de soluciones, lo que parece persistir es una limitación del imaginario político: acerca de quiénes pueden actuar, cómo pueden hacerlo y bajo qué formas de organización colectiva.

Dicho esto, ¿por qué nuestras políticas climáticas insisten una y otra vez en justificarse desde alertas paralizantes, enfatizando las catástrofes por venir para, en el mejor de los casos, demostrar el poder operativo y tranquilizador de la respuesta experta? ¿Por qué esa respuesta técnica tiende a escenificarse de forma espectacular, en lugar de traducirse en una mejora sostenida de nuestro deficiente parque de viviendas, mediante acciones como el pintado de cubiertas de blanco, el refuerzo del aislamiento térmico o subsidiando a la producción de energía renovable para una climatización efectiva? ¿Por qué simular siempre lo peor con pocos medios, en lugar de poner nuestros mayores recursos, el empeño y la urgencia en abrir imaginarios cuidadosos y plurales de cómo evitarlo, aquí y ahora, para que el contador nunca llegue a marcar 50 grados?

Todos nuestros esfuerzos deberían ir orientados a hacer posibles y deseables las enormes transformaciones colectivas que pudieran permitirnos evitar a toda costa la situación que se quiere simular en Barcelona. Por ejemplo, coordinando democráticamente la despavimentación o el desmantelamiento infraestructural que pudieran permitir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, descompactar suelos, cambiar materiales o ampliar las iniciativas de renaturalización de la ciudad que permitan un mayor confort térmico.

Volviendo sobre el simulacro, en caso de apostar por este tipo de iniciativa, ¿por qué no simular una respuesta comunitaria, gozosa y vibrante, de amplio espectro y larga duración, en lugar de puramente técnica y de emergencia? Puestos a imaginar: ¿por qué no estimular la creatividad de todo tipo de respuestas, desde diferentes simbolismos y perspectivas, desde el deseo de una vida urbana posible, reduciendo nuestra dependencia de las infraestructuras de la cultura fósil que calientan nuestro planeta, además de nuestros cuerpos y entornos? Si el desafío climático es también un asunto de imaginación colectiva, ¿por qué no dedicar nuestros mayores esfuerzos y recursos a experimentar democráticamente con formas deseables de buena vida en entornos más habitables, en lugar de limitarnos a ensayar nuestra supervivencia militarizada en hábitats cada vez más cálidos e inhóspitos?

Las dos columnas de Hércules son algo más que un mito griego. Son la clave de la distribución de la energía en Europa a través del Mediterráneo y España podría perder la única que le queda. Sí, Ceuta, en cuyo monte Hacho se erigiría la columna que levantó Hércules en la orilla sur, paralela a la de la orilla norte, en Gibraltar, sobre el monte Calpe. La segunda ya se perdió en 1713 con el Tratado de Utrecht para pasar a manos de la Corona Británica, como bien nos han recordado desde Bruselas con la reciente firma del Tratado con el Gobierno del peñón.

La foto fija está ahora en las dos ciudades españolas en el continente africano, la frontera más meridional de la Unión Europea (UE). La avalancha de ciudadanos marroquíes entrando en Ceuta por tierra y mar de forma irregular en un breve espacio de tiempo, casi al unísono y con la connivencia de las autoridades policiales de Marruecos en la frontera, es un aviso a navegantes: “Entramos cuando queremos”.

Bien es cierto que la última “invasión” viene precedida por la Fiesta del Trono y el indulto de 1.700 presos marroquíes, que suelen tener el paso fácil por la frontera, como todos los veranos. También ayuda al enojo del Rey Mohamed VI por la reciente visita a Argelia del presidente español, Pedro Sánchez.

Que Ceuta pase a manos de la Corona marroquí no es un escenario imposible. Más se perdió en Cuba, perdón, en el Sáhara. También. Pero lo que aquí está en juego es el paso de los buques, mercantes o no, cargados con gas y petróleo por el Estrecho de Gibraltar. ¿Les suena lo del Estrecho de Ormuz? Sí, también éste estuvo otrora en manos españolas. Y también fue utilizado como aduana, con permiso de paso previo pago.

La jugada sería perfecta. ¿Para España? ¿Para Marruecos? No. Para Estados Unidos e Israel, que pretenden gobernar sobre los pasos de mercancías críticas a uno y otro lado del mundo. Y, sobre todo, para controlar el paso y distribución de los recursos energéticos: barcos cargados de gas natural licuado, petróleo e incluso la construcciones gasoductos y oleoductos. En este caso, de la mano de Marruecos, su guardián en el Mediterráneo, como Cerbero guardando las puertas del inframundo. Ya lo vienen anunciando claramente desde la primavera. Un informe interno del Congreso estadounidense hacía mención de Ceuta y Melilla como ciudades en territorio de Marruecos, bajo administración española, y animaba al secretario de Estado, Marco Rubio, a mediar.

La jugada viene de atrás, cuando Donald Trump, en su último día de despedida de su primer mandato, enero de 2020, le hacía firmar al monarca alahuita los acuerdos de Abraham con Israel. Nuestro vecino del sur ha sido paciente y ha esperado al siguiente mandato del presidente estadounidense para cobrarse la pieza. Aunque ya tuvo un buen mordisco con la Administración Biden en enero de 2022 con la inusitada y nunca justificada renuncia unilateral del Sáhara Occidental por parte del Gobierno español.

Lo de Ceuta será más sangriento. Y no sólo porque dejamos el control de la entrada al Mediterráneo al imperio anglosajón: el Reino Unido y Estados Unidos, con Marruecos como intermediario en un intercambio de cromos. Sí, los cromos son Ceuta y Melilla. Porque, ¿qué pasaría si España le planta cara en la cuestión migratoria a Marruecos? Ya está allí el ejército.

¿Va a dar un paso adelante la Unión Europea para defender su frontera sur? O, mejor, ¿lo va a dar la OTAN? Y aquí aparece la carta marcada de Estados Unidos, cuando obligó a España a entrar en la OTAN -como paso previo a su entrada en la UE- pero sin incluir Ceuta y Melilla. Ambas ciudades quedarán expeditas y a merced de un conflicto en el que ninguno de nuestros aliados estará obligado por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte a ir en nuestra ayuda. Ya pasó con la invasión de la isla de Perejil en el año 2002, pero allí nos jugábamos dos cabras, y no precisamente de la Legión.

Si nos salimos de nuestro mar, veremos cómo el recorrido de la Administración Trump por los mares de Dios tiene su lógica geopolítica. Comenzó fuerte con el Canal de Panamá, de donde echó a los chinos. ¡Vaya, otro paso geoestratégico! Bueno, en realidad lo que hicieron fue expulsar a varias empresas chinas que controlaban cuatro puertos. En este momento, los buques estadounidenses no pagan peaje por cruzar, al parecer.

Fue el primero en caer. Luego lo intentó con el Canal de Suez, bajo control egipcio. Aunque los hutíes del Yemen se lo han puesto difícil en más de una ocasión, a Trump y a Biden. Y en Ormuz, aún lo tiene peor, donde los bombardeos se extienden hacia otros países de la región. Irán no se rinde. La entrada Oeste al Mediterráneo la tiene más fácil. Con su lacayo, el Reino Unido, controlando el peñón de Gibraltar, sólo le queda la plaza española al otro lado. Recordemos que Tánger ya es el puerto más importante para la entrada de mercancías hacia el Mediterráneo occidental, desbancando a Algeciras y Valencia juntos desde 2024.

De momento, España se apoya en Ceuta y Algeciras para controlar el paso por el Estrecho de Gibraltar desde ambas orillas. Pero, si perdiera su plaza en el sur, las columnas que Hércules levantó separando las montañas para abrirse paso hacia la isla de Eritía se desmoronarían en la frontera meridional de la Unión Europea, mientras Trump culmina su décimo trabajo “Non terrae plus ultra”.

Cada gran incendio forestal deja tras de sí un paisaje quemado, personas afectadas y una comprensible necesidad de encontrar explicaciones. Vaya por delante la solidaridad para quienes lo han padecido y, especialmente, para quienes lo han combatido. También deja un espacio fértil para los oportunistas de la desinformación. Antes incluso de que se conozca la causa del fuego, las redes sociales se llenan de mapas sin contexto, supuestas conspiraciones y responsables elegidos de antemano. Desde la agenda 2030 (que muchos no han leído siquiera) hasta los ecologistas, la ristra de culpables y barbaridades se multiplica…

Como ejemplo (desgraciadamente hay muchos más), una de las burradas más repetidas afirma que “se quema el monte para instalar placas solares o aerogeneradores”. La frase funciona porque ofrece una explicación sencilla, un culpable reconocible y una indignación inmediata. El problema es que es falso y omite el marco jurídico.

Los hechos: la Ley 43/2003, de Montes, establece que las comunidades autónomas deben garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados. Su artículo 50 prohíbe el cambio de uso forestal durante al menos treinta años y también las actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal. Punto. Si bien es cierto que la ley contempla excepciones tasadas (como que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio o para que la competencia no fastidie los planes, por ejemplo), no es algo sencillo poner una planta solar o un centro de datos en tierra quemada. Dichas excepciones, además, deben ir acompañadas por medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente. En los montes catalogados de utilidad pública, para colmo, esta última excepción no puede aplicarse.

Por tanto, un incendio no recalifica automáticamente el terreno, no elimina sus protecciones y no abre una vía rápida para construir una instalación energética. En una sociedad normal esta explicación debería servir para atajar tales gilipolleces, pero la verdad es que la gente tampoco lee aquello que no le gusta. Maldita postverdad. Y malditos saprófitos que usan el miedo y la ignorancia a su favor.

Los incendios forestales son un problema complejo. Y, como tal, requieren soluciones de cierta complejidad. Pocas personas quieren ser ganaderas, agricultoras, forestales o pescadoras, porque es duro. Muy duro. Y por eso el monte, que desde que bajamos del árbol (algunos siguen en él) nos ha nutrido de recursos (leñas para cocinar y calentarnos, forraje para los animales que nos daban la carne, madera para construir barcos o edificios…), está en su mayoría abandonado a su suerte, salvo honrosas excepciones.

Desgraciadamente, la desinformación prospera precisamente cuando una cuestión compleja se reduce a una coincidencia dibujada sobre un mapa. Que exista una solicitud de parque solar, una línea eléctrica, una explotación minera o cualquier otro proyecto en una comarca no permite concluir que el incendio haya sido provocado para favorecerlo. Otro ejemplo: las dificultades burocráticas para que una finca tenga un proyecto de ordenación de montes con el fin de aprovechar sus recursos alimenta el discurso de quienes de forma falaz dicen: “Es que si tocas una piña te denuncian”. Convertir una sospecha en certeza sin investigación es desinformar, aunque la afirmación se presente como una denuncia valiente o como una defensa del territorio.

No son los únicos bulos. También se repite que los montes arden porque “no se limpian” (como si un ecosistema forestal fuera un solar y toda la vegetación fuese suciedad), que bastaría con llenar el país de cortafuegos o productos milagrosos, que más aviones apagarían cualquier incendio, o que el pastoreo, las quemas prescritas, la tala o la prohibición absoluta de intervenir son, cada una por separado, la solución definitiva. Todas esas herramientas pueden resultar útiles en determinados lugares y bajo determinadas condiciones. Ninguna sirve para todo el territorio, frente a cualquier comportamiento del fuego y en cualquier escenario meteorológico.

El incendio 3x1 (Burgohondo en Ávila, San Martín de Valdeiglesias en Madrid y Almorox en Toledo) se originó, respectivamente, por una imprudencia grave con maquinaria pesada, un vehículo que comenzó a arder en la carretera M-501 y la presunta negligencia junto a una urbanización y acabaron juntándose en el incendio más grande de nuestra historia. Entre 70 y 80.000 hectáreas. Y es que la causa de la ignición, siendo importante, lo es menos que la causa de la propagación. Y los fuegos se propagan más y con mayor intensidad porque hay más energía disponible arriba (atmósfera) y abajo (vegetación seca y disponible para arder).

Por cierto, el potencial del incendio 3x1 era de más de 100.000 hectáreas quemadas de no ser por el eje de contención entre Cebreros y Robledo de Chavela apoyado en la AV562, M539 y M512 a ambos lados del río Cofio de no ser por dos razones clave: la primera, las fincas El Queixigal (Ávila) y El Endrinal (Madrid), gestionadas por sus propietarios -¡gracias!- con trabajos forestales, ganadería extensiva y una red fantástica de caminos, han sido fundamentales para sostener la cabeza del incendio más grave de nuestro país hasta la fecha. La segunda, un gran despliegue de servicios públicos de emergencia, el esfuerzo denodado de profesionales y personas voluntarias para contener el paveseo (chispas incandescentes que saltaban a la carretera) con la utilización de maquinaria pesada, tendidos de manguera, descargas de medios aéreos, uso de fuego técnico… y trabajo en equipo.

Seguro que se puede hacer mejor. Tiempo habrá. Pero este episodio inédito, complejo y muy intenso muestra un paradigma claro: sólo conseguiremos afrontar el reto de los incendios forestales que vamos a sufrir a partir de ahora trabajando en equipo. Con todas las capacidades del país.

Las mentiras tienen una ventaja política: caben en un eslogan. La gestión forestal real, en cambio, exige diagnóstico, planificación, inversión continuada, personal cualificado, mantenimiento, evaluación de resultados y adaptación a cada paisaje. Exige decidir dónde actuar, con qué intensidad, para proteger qué valores y asumiendo qué efectos. Exige integrar selvicultura, ganadería extensiva, agricultura, aprovechamientos forestales, fuego técnico, restauración, conservación de la biodiversidad, infraestructuras defensivas y autoprotección. De ahí la importancia de la ciencia y el conocimiento. Y exige admitir una realidad incómoda: habrá incendios que, durante determinadas fases, superarán la capacidad de extinción. Prometer que todos pueden evitarse o apagarse es tan irresponsable como resignarse a no gestionar el territorio.

La agenda forestal de Navarra tasa en unos 10.000 euros el coste de extinción por hectárea (aviones, helicópteros, camiones, maquinaria, personal, comida, combustible, horas de personal…). Multipliquen por 80.000.

Si, nos hemos gastado en extinción unos 800 millones de euros.

¿Sabe usted cuántas hectáreas se pueden gestionar con esos recursos? Si invirtiéramos más en verde (hectáreas gestionadas), no gastaríamos en negro (tierra quemada).

Quiero aprovechar la oportunidad que me da elDiario.es para poner en valor un trabajo que hicimos muchas personas hace tres años tras los incendios de 2022. Frente al ruido, la Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España, impulsada por la Fundación Pau Costa, ofrece una base sensata para construir acuerdos. Su punto de partida es inequívoco: un problema complejo, agravado por el cambio climático, no puede abordarse mediante creencias, mitos ni discursos sesgados. La declaración se apoya en el conocimiento científico, la experiencia de los servicios de extinción y las necesidades del territorio. Si no nos hacemos las preguntas correctas, es imposible que encontremos las respuestas que necesitamos.

Combatir la desinformación no significa negar que existan delitos, negligencias, conflictos de intereses o malas decisiones administrativas. Significa exigir que cada acusación se sostenga sobre hechos comprobables. También significa rechazar el uso oportunista del miedo. Quien aprovecha un incendio para ofrecer culpables instantáneos y remedios universales degrada el debate público y aleja recursos y atención de las medidas que realmente pueden reducir el riesgo.

Considerar el monte un decorado estático que solo merece atención cuando arde, aceptar que la realidad forestal se propague por cadenas virales, vídeos manipulados o consignas electorales, es insostenible. ¿Queremos ser merecedores del apellido “sapiens”?

Demostrémoslo.

Suecia figura entre los países con mayor desarrollo humano del mundo. No sorprende que Gotemburgo haya acogido recientemente ARCH26, un congreso internacional sobre arquitectura, salud y cuidados. El encuentro partió de una idea cada vez más difícil de discutir: los espacios que habitamos influyen en nuestra salud.

La arquitectura es poderosa. Lo muestra la evidencia científica y cualquiera que haya buscado intimidad o intentado cuidar en un espacio poco pensado para ello. Las unidades neonatales son un ejemplo claro. Durante buena parte del siglo XX se creía que los bebés prematuros debían permanecer aislados, separados de sus familias tras un ventanal. Hoy sabemos que todo bebé necesita el contacto con su familia. Por eso los hospitales empiezan a incorporar habitaciones individuales donde las familias pueden estar y cuidar.

Sin embargo, hay lugares donde ni la investigación ni la experiencia cotidiana parecen bastar para transformar el diseño. Uno de ellos es el aseo. Estudios y experiencias muestran que una mujer puede necesitar más tiempo que un hombre para usarlo y que, con frecuencia, lo hace acompañando a menores o personas dependientes. ¿Por qué los aseos siguen sin evolucionar cuando no responden a los tiempos, usos y cuidados reales? Cada vez más mujeres nos indignamos al esperar más que los hombres o cuando la falda de un pictograma parece recordar que nos vuelve a tocar cambiar el pañal.

Esto no es una lucha entre sexos ni una búsqueda de culpables: es una adaptación física a las demandas actuales. La arquitectura no es neutra. Se proyecta desde ideas, prioridades y formas de imaginar a quienes usarán el espacio. Cuando esas ideas dejan de funcionar porque la sociedad cambia, el diseño también debe actualizarse. Ignorarlo perpetúa una discriminación desde el diseño normalizada demasiado tiempo.

Y no afecta solo a las mujeres. Afecta a la infancia; a hombres que buscan intimidad o quieren cambiar un pañal; y a personas con movilidad reducida, ostomía, diversidad funcional o grandes necesidades de apoyo. Los aseos son de los espacios más íntimos de cualquier edificio. Por eso deberían tomarse mucho más en serio.

Así nace Derecho al Aseo: un movimiento ciudadano para transformar la indignación en estrategia, las incomodidades en datos y las experiencias dispersas en visibilidad y cambio. Su propósito: que los aseos de espacios públicos, escuelas, teatros, estaciones, hospitales, universidades, aviones o festivales se diseñen según tiempos, usos y cuidados reales.

Puede sonar ambicioso. Lo es. Pero las transformaciones no empiezan cambiándolo todo: empiezan señalando un lugar concreto, una escena reconocible, una meta posible. En este caso, un festival.

La primera petición, dirigida a Mad Cool, obtuvo una respuesta. El festival afirmó que no aplica una distribución de aseos al cincuenta por ciento entre hombres y mujeres y comunicó una proporción más favorable para las mujeres, aunque con datos incompletos. Es un avance: el problema ha dejado de ser invisible. Pero aún no permite saber si las esperas son justas ni cómo influyen la distribución, limpieza, mantenimiento, accesibilidad o condiciones reales de uso.

Por eso toca dar un paso más. Las organizaciones pueden aportar planos, ratios, aforos o protocolos. Pero las personas usuarias conocen algo que rara vez se mide: qué ocurre dentro y alrededor de un aseo cuando hay que esperar, cuidar, cambiarse, acompañar, improvisar o renunciar a usarlo.

De ahí nace Cartas al Aseo, una campaña de ciencia ciudadana para recoger experiencias y convertirlas en datos. ¿Has tenido que esperar mucho más que otras personas en un festival? ¿No has podido cambiarte una compresa o lavar una copa menstrual? ¿Te ha resultado imposible acompañar a una persona dependiente porque no había espacio para dos?

No se trata de acumular anécdotas ni de exponer intimidades, sino de identificar patrones: situaciones que se repiten en festivales, estaciones, escuelas, teatros, hospitales, universidades o aviones porque todavía se diseñan aseos para una persona usuaria abstracta.

Ir al aseo en un concierto no debería significar perderse la canción que llevas meses esperando, dejar de beber para evitar la cola, orinar en cuclillas subida al inodoro, no poder lavar una copa menstrual o preferir aguantar ante un espacio hostil. Visibilizar estas situaciones, unir fuerzas y pasar de la indignación al movimiento es, sencillamente, más sensato.

Las visitas al aseo durante el congreso sueco ofrecían una escena distinta: pictogramas de inodoro o urinario, sin faldas ni pantalones, y cubículos con lavabo propio. Suecia no es perfecta; ningún país lo es. Pero quizá ahí está la enseñanza: la calidad de vida no se mide solo en grandes indicadores. Deberíamos valorar un país, una ciudad, un edificio o un festival también por cómo cuida aquello que casi siempre prefiere esconder.

En estos tiempos inciertos o que pueden parecerlo, donde nos llegan mensajes falsos como que la ley de montes impide limpiar a los particulares, déjenme arrojar un poco de luz sobre tanta opinión.

Más de 20 años trabajando en incendios forestales como bombero forestal, agente medioambiental, formador y pirofriki en mis tiempos libres me han ayudado por experiencia y observación a comprender mejor que esto a lo que nos enfrentamos no es sencillo.

Para los incendios forestales en la actualidad no valen soluciones simples. Como a lo largo de la historia, nuestra relación como seres humanos con el entorno natural está acompañado de unas consecuencias o unos resultados. Es una realidad el efecto que tienen en el clima nuestra forma de vida industrial y capitalista.

Las zonas rurales se han ido paulatinamente despoblando, los usos agrícolas y ganaderos van dando paso cada vez más al ocio y al turismo, y una consecuencia directa ha sido la recuperación de espacios por la vegetación forestal acabando con los paisajes mosaicos que formaban huertos, viñas u olivares.

Los bomberos forestales encontramos más combustible, más continuo y más seco.

Nuestro trabajo y medios también han ido mejorando, por lo que hemos apagado más incendios cuando todavía eran pequeños, extraña paradoja que hace acumular todavía más vegetación.

Las masas de bosque que eran aprovechadas por sus recursos perdieron valor, por lo que las políticas de gestión forestal quedaron al descubierto.

Hemos llegado hasta aquí con pueblos y zonas rurales con población envejecida que ve cómo se pierden sus formas de vida, que se ocupan masivamente en periodos vacacionales y en las que la maleza no para de crecer llegando a unir lo forestal y lo urbano (interfaz urbano-forestal).

La liberalización del suelo y el afán constructivo tampoco han ayudado, desdibujando los límites entre el monte y nuestras residencias.

En un clima mediterráneo con especies como el alcornoque (Ilex aquifolium) que se han adaptado al fuego no podemos considerar los incendios como excepcionales, aunque sí su magnitud y virulencia.

La ecología nos enseña que hemos modificado ecosistemas, lo hemos manejado y gestionado a nuestro favor para sacar rendimientos, pero que también somos capaces de recuperar, restaurar y devolver su equilibrio.

Mi experiencia trabajando me lleva a reflexionar sobre el colapso de los dispositivos de extinción, los incendios que denominamos “fuera de capacidad de extinción” y la inversión que destinan las administraciones a la prevención.

En la actualidad, las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) que dependemos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a los equipos EPRIF y EPAIF somos una referencia a nivel mundial, pero debemos seguir avanzando. Los episodios meteorológicos extremos (nevadas, danas…), las emergencias en el entorno rural y las misiones internacionales dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil para ayudar en cualquier parte del mundo -como ya hemos hecho en Chile, Bolivia o Canadá- son nuestro horizonte.

Por último, hablaré de los Incendios como emergencia compleja que afectan como estamos viendo a personas, bienes e infraestructuras junto a nuestra riqueza natural. Como ciudadanos, hemos de tomar conciencia y percepción de riesgo, realizar nuestra parte del trabajo en nuestra parcela y exigiendo a todas las administraciones que hagan lo propio. No podemos esperar a que se desate el incendio para acordarnos de tomar decisiones.

En ningún artículo de la ley de montes dice que no podamos realizar labores de mantenimiento y limpieza para mantener nuestra finca, nuestros animales o a nosotros mismos a salvo en caso de incendio, perdonar que sea tan efusivo.

He de despedirme hablando de nuestra vocación de servicio público, de mi compromiso con el futuro como padre y de la idea de construir un mundo mejor. Solo soy un hombre, no tengo todas las soluciones y tampoco soy capaz de todo pero si comparto una visión: todo es mejor si lo hacemos juntos.

Con una torpeza que empieza a ser marca de la casa (para desgracia de Núñez Feijóo), la portavoz del PP, Ester Muñoz, dejó meridianamente claro a las pocas horas de conocerse la sentencia que condenaba al hermano del presidente del Gobierno cuál era el objetivo real de todo aquel proceso: provocar la caída del gobierno. Muñoz dijo que la condena de David Sánchez representaba “un día histórico que haría caer a cualquier Gobierno”. Imposible dejarlo más claro.

Miguel Tellado, otro a quien se le entiende todo, escribió en las redes sociales “El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ”su“ fiscal general, como ”su“ primer número dos, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo”. La constatación de la existencia de una operación más o menos coordinada para tumbar al gobierno ya no en boca de un ministro o de un dirigente del PSOE, ni de un tertuliano progubernamental. El mismísimo número dos del PP explicándolo abiertamente a quien quiera oír y entender. Nada que esconder.

Fiscal general, contigo empezó todo

En el ordenamiento jurídico español, como en el de tantos países, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, es decir define la línea que han de seguir las instancias judiciales inferiores. Parecería que este precepto, más allá de su contenido estrictamente jurídico, también es válido para entender lo que está pasando. El proceso contra el fiscal general por revelación de secretos y su condena, sobre todo su condena y los argumentos en los que ésta se basó (discutidos por débiles, indiciarios y sesgados), mostraron al resto de instancias judiciales cuál era el margen de interpretación que podían tomarse a la hora de enjuiciar aquellos supuestos delitos que afectaban al gobierno y a su entorno.

Ese margen que se daba a todos y cada uno de los jueces era extraordinariamente amplio. Y no sólo a los jueces, también a los cuerpos que actúan como policía judicial, acostumbrados ya a formular hipótesis y juicios de valor y de legalidad que acostumbran a ser tenidos como verdades por parte de los instructores; y a los que se permitió registrar nada más y nada menos que el despacho oficial del fiscal general del Estado, además de vaciar el contenido de su teléfono móvil (que García Ortiz había borrado previamente, una acción que molestó tanto a sus juzgadores que acabó figurando en la sentencia como un indicio de su culpabilidad).

El proceso contra el fiscal general debe entenderse como el ejemplo de todos los demás también en su desarrollo, y no sólo por su arranque (una acusación por parte de una asociación ultraderechista basada en recortes de periódicos). El proceso contra García Ortiz derivó en una acción de intimidación al gobierno, no tanto por parte del poder judicial como por los medios. La idea era que, si el fiscal dimitía, el proceso decaía. Que se rinda y no le va a pasar nada, parecía la consigna, propagada por algún opinador bienintencionado próximo al PSOE. Con su obstinación, el fiscal general estaba poniendo en riesgo a la institución, lo más“sensato” era que dimitiese, por el propio bien de la Fiscalía.

La “obstinación” de García Ortiz en permanecer en el cargo y presentarse ante el tribunal como fiscal general en ejercicio tenía todo el sentido si se consideraba inocente. Era él quien devolvía la pregunta ¿Hasta dónde se estaba dispuesto a llegar frente al respeto a los derechos y la vida personal de los afectados y frente al propio respeto a las instituciones judiciales, su imparcialidad y su función en un Estado de Derecho? La respuesta derivada de la sentencia de la sala segunda del Supremo fue contundente: estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Un mensaje claro para todo el mundo, no sólo para los acusados, sino para los futuros acusados. Y para todos los jueces que tuvieran entre manos asuntos que afectan directa o indirectamente al gobierno. Barra libre.

El problema es que los jueces son, en este sentido, como los militares. Una vez se han convencido de salir de los cuarteles, es muy difícil convencerlos de que vuelvan a entrar en ellos.

Justicia de opinión

El término “opinocracia” define un mundo en el que la opinión se convierte en el centro del debate público, condicionándolo todo. Es algo claramente aplicable a nuestro mundo, atravesado por diversas crisis que han acabado por diluir la antigua frontera entre lo que se consideraba información y lo que era simplemente opinión. La información se basa en hechos reales contrastados, acontecimientos que realmente han ocurrido y a los cuales se puede volver para comprobar la veracidad de lo que se dice sobre ellos. La opinión no requiere de un apoyo en la realidad. No es comprobable ni verificable. Vale lo que vale quien la propaga, nada más.

En las últimas décadas el combate entre información y opinión ha ido cayendo del lado de esta última. La opinión ha ido invadiendo espacios en los que hasta hace relativamente poco tiempo le estaba vedado el acceso. El periodismo (o lo que queda de él) es hoy un terreno en el que es hasta cierto punto imposible separar lo que es información de lo que es opinión, sobre todo en aquellos medios rendidos a la ideología y al beneficio a cualquier precio. Las redes sociales ya nacieron como el imperio de la opinión.

Algunos espacios se mantenían (y se mantienen, a duras penas) exentos de la ofensiva de la opinión y resistían atados al palo de los hechos. La justicia era uno de ellos. Pero lo que vemos ahora son sentencias en las que, sin aviso previo, se cuelan opiniones, hipótesis, digresiones aparentemente inocentes, caídas aquí y allá, que en algunos casos sirven para apuntalar veredictos, sobre todo cuando éstos no encuentran suficiente sustento en los hechos probados. O incluso cuando hechos probados, o testimonios aportados en la causa, contradicen las conclusiones de la sentencia.

Más allá de los casos que afectan al Gobierno, esta deriva resulta particularmente preocupante en un paisaje judicial sobre el que desde hace años caen críticas que señalan que lo que está en peligro no es la independencia de los jueces, sino su imparcialidad y la consecuente exigencia de dejar de lado sus propias posiciones personales e ideológicas y actuar sin más criterio que el sometimiento a la ley.

Quiéreme como la justicia quiere a Aldama

Lo que estamos viviendo no es una operación concertada al milímetro, con un mando supremo y unos intereses inequívocos a los que se pliegan todas las acciones. Ese tipo de conspiraciones no van con el carácter nacional. Por debajo de la consigna, del toque de corneta, del “café” como el de hace noventa años, que recordaba el gran Juliana, hay vendettas personales, espabilados, zancadillas que se aprovechan que el Pisuerga pasa por allá y el que puede hacer pues ya que estamos, hace.

Si todo formara parte de un único plan maléfico no se cometerían según que errores. Pero la maraña de favores, actores secundarios, intereses y demás completa un cuadro barroco, atestado de tramas y personajes que a veces desvían la atención de lo que debería ser el núcleo del tema: tumbar al gobierno, si puede ser por la vía más rápida posible.

Sólo así se entienden algunas tramas secundarias de la obra, cuyo desenlace no ayuda en el objetivo final, sino que más bien lo perjudica, pero que tienen su razón de ser. Es el caso de la condena a Aldama en el caso “mascarillas” que condenó a Ábalos y a Koldo García aveinticuatro y diecinueve años de prisión, respectivamente. En la vista oral (ante los magistrados de la omnipresente sala segunda del Supremo), el comandante de la UCO (otros omnipresentes) declaró que las informaciones suministradas por Aldama no habían sido de gran ayuda a la investigación.

Pero es que Aldama no se ha librado de la cárcel (y ha mantenido las ganancias de sus negocios) por su contribución al proceso penal. No son sus declaraciones ante el juez de instrucción lo que le ha salvado, sino más bien sus apariciones en tertulias y programas televisivos, en los que ejerce de azote de la corrupción gubernamental y defensor de la democracia y de la Constitución, que en su autorizada opinión exigen la caída del gobierno. Sería ese papel de Cid reencarnado (“España se va a la mierda y yo solo no puedo”) el que le ha valido a Aldama el cariño maternal de la justicia. Ese al que ahora aspira también Julito, el amigo de ZP.

La precuela

Precisamente la aparición estelar de Julito, camino a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, cuerpo enjuto, mirada huidiza, nos proporciona una de esas imágenes que, sin más aderezo, lo explican todo. No por el protagonista, sino por quien lo acompaña, paso firme, ademanes profesionales, mirada de quien está acostumbrada a tener la sartén (y la cacharrería entera) por el mango. Su abogada, Maria Dolores Márquez de Prado, que conecta la actual operación con otra, la que se desplegó hace exactamente treinta años (de 1993 a 1996, casualidades de la vida) con idéntico objetivo: tumbar al gobierno socialista de entonces.

La reaparición de Márquez de Prado sitúa la actual coyuntura donde le corresponde. Como una secuela, algo que ya habíamos vivido. Cambian los actores (no todos, como se ve), cambian los diálogos y hasta el decorado (tampoco tanto), pero el guion es el mismo. Una y otra vez.

Caza mayor

Si el objetivo final de la operación es la caída del Gobierno y todo lo que ha pasado no lo ha conseguido, lo único que les queda a los que pueden hacer y hacen es apuntar al corazón del Ejecutivo. El fiscal general era una pieza importante, pero no letal, como se comprobó. Ábalos ya estaba de salida, así que no funcionó. Zapatero hace más daño, pero tampoco ha sido el tiro de gracia.

La derivada mafiosa de todo esto es el acorralamiento a la familia del presidente. Su hermano ha sido condenado por ser el hermano de quien es, en un proceso rocambolesco cogido por los pelos. Estaría bien que la UCO pidiera el volcado del móvil del presidente del tribunal para ver las conversaciones de los últimos meses. No sufran, no va a pasar, pues la UCO no actúa si no es en el marco de un proceso judicial y bajo la estricta dirección de un juez instructor, que aquí no existen. Circulen, circulen.

El caso de la mujer del presidente es el ejemplo más evidente de esta estrategia de presión, y a la vez es un factor que puede acabar dando muy malas noticias al PP en unas futuras elecciones, principalmente por la manera burda con la que el juez instructor ha ido llevando el caso hasta hoy. Aunque Peinado puede parecer un lobo solitario, el hecho que lo hayan dejado llegar hasta aquí, con la aquiescencia de la audiencia provincial (sin mencionar a los jaleadores mediáticos), hace de este un caso que va más allá de la acción aislada de un instructor con ganas de notoriedad y de salvar a España.

Begoña Gómez va a tener que enfrentarse a un juicio con jurado popular… a no ser que su marido dimita. Este es el mensaje, limpio y claro. El mismo que se enviaba en el caso de García Ortiz. Estamos dispuestos a lo que sea. Ríndete o acabamos contigo. Si esto no surte efecto, si Sánchez no se va para salvar a su mujer, ya sólo les queda una pieza que abatir: el presidente. Y visto lo visto, no les va a temblar la toga ni sus arraigadas convicciones constitucionales.

Charcos

Todo esto, evidentemente, tiene sus riesgos. Un juicio con jurado popular a la mujer del presidente puede activar al espacio progresista, que vería en ese acto un trasunto de los procesos inquisitoriales. El riesgo, además, es aún mayor por lo de las sentencias y los cuarteles. Siempre puede haber alguna sentencia o alguna instrucción que se pase de acelerón, por convicción o porque se aspira a una medalla. Peinado lo ha hecho varias veces, lo que ha contribuido a generar en el espacio de la izquierda la imagen de una justicia politizada y escorada claramente a la derecha.

Más allá de estas salidas de autopista de unos magistrados convencidos de que están salvando a España con cada auto y providencia, la operación corre peligro por la torpeza que ha demostrado el equipo dirigente del PP, que no ha dejado de meterse en cada uno de los charcos que se va encontrando en su camino. La ley de nietos, el concebido no nacido, el pacto con Francia, el acercamiento a Junts. No pasará, pero Feijóo podría acabar yendo a Waterloo. Históricamente, el PP ha sido una máquina electoral impecable, pura ingeniería alemana (mejor, americana desde 1989). Pero en las últimas elecciones mostró un perfil terriblemente torpe, hasta el punto de que podemos decir que si Feijóo no ocupa la Moncloa desde 2023 no es porque no quisiera (como declaró) sino porque cometió tal cantidad de errores no forzados en la última semana de campaña, que dilapidó toda su ventaja. A una semana de las elecciones, Feijóo tenía la mayoría, pero entonces encadenó error tras error, alguno mítico como el de renunciar a asistir al debate de TVE con la excusa de que es un medio entregado al gobierno, para luego decir que en realidad no fue porque le dolía la espalda.

Dime de qué me acusas y te diré qué pretendes

Donald Trump acaba de decir que en 2020 hubo injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales y que por eso no ganó. Por eso, y porque hubo funcionarios que intencionadamente manipularon los votos para evitar su victoria. Trump ha acusado abiertamente a China de interferir en las elecciones en las que perdió la reelección frente a Biden. Sin pruebas, sin aportar ningún documento que lo avale, e ignorando olímpicamente todos los documentos que precisamente prueban lo contrario.

Trump también soslaya las pruebas que demuestran que efectivamente hubo injerencia extranjera en las elecciones anteriores, las de 2016, las que precisamente él ganó. La famosa vía rusa, de la cual se habría beneficiado para convertirse en presidente. De eso no hizo ninguna mención Trump en su intervención a la nación. Viene siendo habitual en el repertorio trumpista acusar a tus rivales de hacer eso que aparentemente has hecho tú. Forma parte de la estrategia de la confusión desplegada por la derecha populista, y no sólo en Estados Unidos.

En España, las derechas hace tiempo que acusan a Pedro Sánchez de querer implantar un régimen autoritario. Se le ha acusado de torpedear la división de poderes cada vez que critica una actuación judicial o de querer silenciar al Parlamento para imponer un sistema a la turca (o a la venezolana). La apelación a que el “sanchismo” representa un peligro para la democracia española se ha convertido en un mantra de la derecha, junto con la defensa de la Transición que Sánchez (y antes Zapatero) se habría cargado con su ley de memoria democrática.

Ante esto, como en tantas otras ocasiones, es interesante recorrer a las declaraciones del expresidente Aznar, que acostumbra a actuar como vocero de las intenciones de la derecha (“el que pueda hacer…”). En una entrevista en ABC (2 de noviembre 2025) definió las próximas elecciones como “cuasi constituyentes” y en un almuerzo informativo (1 julio) remachó que “no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. Para evitarlo, según Aznar, hace falta una “mayoría nacional” que vaya de izquierda a derecha. Una llamada a salvar a España de la anti-España. Con 210 diputados es posible emprender reformas de la constitución (artículo 167). Tal vez tenga razón Aznar, tal vez sí estemos ante unas elecciones constituyentes y un intento de cambio de régimen, pero por parte de la derecha. Una derecha que siempre ha considerado que el poder en este país le pertenece por derecho y los otros no son más que usurpadores.

Hubo un tiempo en el que las guerras comerciales eran la excepción y las reglas la norma. Hoy empieza a ocurrir exactamente lo contrario. Las reglas se han convertido en una excepción administrada por quien dispone del poder suficiente para incumplirlas. Los aranceles han dejado de ser únicamente un instrumento económico para convertirse en una herramienta de política exterior.

Ese es el verdadero significado de la última decisión de Donald Trump.

Sería un error interpretarla como un episodio más del viejo debate entre proteccionismo y libre comercio. Lo que estamos presenciando es un cambio de naturaleza del poder. El comercio internacional ya no se utiliza solo para intercambiar bienes o generar prosperidad compartida. Se emplea para disciplinar aliados, castigar competidores, condicionar decisiones regulatorias y proyectar influencia geopolítica. En el siglo XXI, el acceso al mercado se ha convertido en una forma de soberanía.

Trump ha comprendido algo que Europa todavía parece resistirse a aceptar: el mayor mercado del mundo también es un arma.

Durante tres décadas dimos por sentado que la globalización reduciría el peso de la geografía. Nos equivocamos. La geografía nunca desapareció; simplemente dejó de verse. Hoy regresa con toda su fuerza. El Ártico porque el deshielo abre rutas marítimas y revela minerales críticos. Taiwán porque concentra la fabricación de los semiconductores más avanzados del planeta. El estrecho de Ormuz porque sigue siendo una arteria energética indispensable. Y el mercado estadounidense porque continúa siendo el mayor espacio de consumo del mundo.

La geografía ha vuelto convertida en geoeconomía.

No es casualidad que la Administración Trump haya reconstruido jurídicamente su política arancelaria apenas unos meses después de que el Tribunal Supremo anulara el esquema anterior. Ha cambiado la cobertura legal, pero no el objetivo político. La nueva arquitectura, basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, impone gravámenes del 10 % y del 12,5 % sobre importaciones procedentes de decenas de economías y alcanza, con distintas excepciones, al 99,4 % de las importaciones estadounidenses. El arancel medio efectivo de Estados Unidos ronda ya el 10,8 %, el nivel más elevado desde hace décadas.

Formalmente, Washington justifica estas medidas por la insuficiente lucha de otros países contra el trabajo forzoso. Nadie discute que el trabajo esclavo deba combatirse. Pero si ese fuera realmente el objetivo, la respuesta lógica sería reforzar la trazabilidad, prohibir productos concretos, sancionar empresas y perseguir cadenas de suministro contaminadas. Aplicar un arancel prácticamente universal se parece tanto a combatir el trabajo forzoso como cerrar todos los bancos para acabar con el fraude fiscal. Cuando una herramienta sirve para todo, normalmente es porque su verdadero propósito es otro.

Ese propósito es político.

Hace más de ochenta años, Albert O. Hirschman advirtió de que el comercio podía convertirse en una relación de dependencia política. Durante décadas aquella intuición quedó eclipsada por la expansión de la globalización y por la convicción de que la interdependencia económica haría el mundo más estable. Hoy recupera una actualidad extraordinaria. Washington ya no utiliza únicamente su superioridad militar o financiera para defender sus intereses. Utiliza también el acceso a su mercado. Los aranceles sirven para discutir impuestos digitales, regulación tecnológica, política industrial, inversiones estratégicas o incluso decisiones judiciales. El comercio deja de ser un espacio de cooperación para convertirse en un mecanismo de coerción.

Los economistas describen este fenómeno mediante elasticidades, cadenas de suministro y ventajas comparativas. Los ciudadanos lo perciben de otra manera. Una decisión tomada en un despacho de la Casa Blanca termina reflejándose en el precio de una lavadora en Ohio, en el coste de un medicamento en Milán o en la cuenta de resultados de una fábrica de componentes en Zaragoza. La geopolítica siempre acaba llegando a la cocina.

Y la realidad es mucho menos épica que el discurso político. Los estudios de la Reserva Federal de Nueva York muestran que entre el 90 % y el 94 % del coste de los aranceles termina siendo soportado por empresas y consumidores estadounidenses. Los aranceles no los pagan los exportadores extranjeros; los pagan, sobre todo, quienes compran, producen e invierten dentro de Estados Unidos. El relato promete que la factura llegará desde fuera. La economía demuestra que acaba llegando al supermercado.

Eso no significa que la estrategia carezca de eficacia política. Al contrario. Trump ha conseguido desplazar el centro del debate. Hace apenas unos años la discusión era si Estados Unidos debía levantar un muro comercial. Hoy la discusión consiste únicamente en decidir cuál debe ser su altura. Su mayor victoria no es económica. Es política y cultural. Ha convertido un arancel generalizado en la nueva normalidad.

Sin embargo, los resultados económicos son mucho más discutibles. El Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración del comercio mundial respecto a los ritmos de crecimiento registrados en los últimos años. La Organización Mundial del Comercio calcula que unos 240.000 millones de dólares de intercambios industriales ya se encuentran afectados por nuevas medidas arancelarias. La OCDE insiste en que el mayor coste no reside solo en el incremento de precios, sino en la incertidumbre permanente que paraliza inversiones, fragmenta cadenas de suministro y obliga a las empresas a sustituir criterios de eficiencia por criterios de riesgo político.

La incertidumbre también es un impuesto.

Adam Tooze ha resumido este cambio con una idea tan sencilla como inquietante: Estados Unidos corre el riesgo de dejar de comportarse como el garante del sistema económico internacional para actuar como quien utiliza ese sistema para extraer concesiones. Es una transformación silenciosa, pero profundamente estructural. La fortaleza del mercado estadounidense deja de ser un bien público para convertirse en un instrumento de negociación permanente.

Europa observa este proceso desde una posición incómoda. En términos relativos ha evitado el peor escenario. El acuerdo comercial con Estados Unidos limita el impacto inmediato de los nuevos aranceles y fija un techo del 15% para buena parte de las exportaciones europeas. Esa estabilidad tiene un valor económico evidente. Evitar una guerra comercial abierta era una obligación política.

Pero conviene no confundir estabilidad con equilibrio.

Europa cree haber comprado certidumbre. Quizá solo haya alquilado tiempo.

Mientras la Unión Europea ha eliminado los aranceles sobre buena parte de los bienes industriales estadounidenses, Washington mantiene un gravamen general sobre las exportaciones europeas y continúa amenazando con nuevas represalias si Bruselas regula las grandes plataformas digitales, aplica su legislación de competencia o mantiene los impuestos sobre los servicios digitales. La relación empieza a adquirir una preocupante asimetría: Europa garantiza acceso; Estados Unidos administra excepciones.

Ese es el verdadero riesgo. No que exista un arancel del 15 %. Sino que ese 15 % deje de ser un límite para convertirse en el punto de partida de la siguiente negociación.

Hay otro dato que invita a la prudencia. Pese a toda la retórica sobre la reindustrialización, distintos análisis muestran que la recuperación del empleo manufacturero estadounidense dista mucho de justificar el coste económico de una protección permanente. Proteger una industria puede darle tiempo para modernizarse. Protegerla indefinidamente rara vez la hace más competitiva.

Durante décadas Estados Unidos construyó su liderazgo ofreciendo reglas, instituciones y previsibilidad. Ese fue el verdadero activo del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy parece confiar cada vez más en otra lógica: utilizar el tamaño de su mercado para condicionar las decisiones soberanas de los demás.

Europa no debe responder imitando ese modelo. Una guerra arancelaria permanente empobrecería a ambas orillas del Atlántico y aceleraría la fragmentación de la economía mundial. Pero tampoco puede aceptar que su política industrial, su regulación tecnológica o su fiscalidad dependan de la amenaza constante de represalias comerciales.

La autonomía estratégica no consiste en alejarse de Estados Unidos. Consiste en poder cooperar con Estados Unidos sin depender de su benevolencia.

Eso exige una política industrial capaz de reducir dependencias críticas; una política comercial orientada a diversificar mercados; un mercado interior verdaderamente integrado; y la disposición a utilizar, cuando sea necesario, el Instrumento Anti-Coerción de la Unión Europea. No para alimentar una lógica de confrontación, sino precisamente para impedir que la coerción resulte rentable.

Porque la gran cuestión de nuestro tiempo ya no es cuánto comercio soporta la geopolítica.

La verdadera pregunta es cuánta geopolítica puede soportar el comercio antes de dejar de ser comercio y convertirse simplemente en otra forma de ejercer el poder.

La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de la economía mundial. Determinará también si el siglo XXI estará gobernado por reglas compartidas o por la capacidad de las grandes potencias para convertir su mercado en un instrumento de presión política.

Y esa, mucho más que el porcentaje de un arancel, es la discusión que Europa no puede permitirse perder.

Un verano más, y España arde. Y el fuego, cada año, se extiende con más rapidez y virulencia. Mientras escribo estas líneas, hay alrededor de 100.000 personas afectadas por las llamas y por el humo, confinadas, evacuadas, incluso quienes lo han perdido todo. En lo que va de año, ya han ardido más de 150.000 hectáreas. Se ha quemado una superficie cinco veces mayor a la que se había quemado el año pasado por estas fechas. El Gobierno ha decretado emergencia nacional ante la gravedad de los incendios de Toledo, Ávila y Madrid; este último, el incendio más destructivo de nuestra historia. Ahora mismo, todas las fuerzas están dirigidas a coordinarse entre las administraciones de las distintas comunidades, a desplegar todos los recursos para atender a los más vulnerables, salvar vidas y extinguir el fuego, indomable a causa de las altísimas temperaturas. Ni siquiera estamos en la mitad del verano. El verano que comenzó con el incendio de Los Gallardos y sus trece víctimas mortales.

A última hora de la tarde del pasado viernes, las autoridades madrileñas calificaron el incendio de su comunidad como “fuera de la capacidad de extinción”. ¿Puede haber un momento de pánico más terrible que ese para una población que ha sido evacuada de sus casas? Nuestro territorio ya no es el que era. Las circunstancias ambientales a las que nos enfrentamos son radicalmente distintas, porque el clima ha cambiado y por tanto también el contexto y la adversidad. Además, el campo acumula hoy día mucho más combustible, por el éxodo rural y la falta de medidas y prevención. Luis Berbiela, el ingeniero de montes que fue durante 20 años jefe del Servei de Gestió Forestal i Protecció de Sòl de Balears, dijo hace pocos meses: “Lo primero que hay que hacer es creerse la realidad. No seguir creyendo que los bomberos podrán apagar todo o que el bosque no ha cambiado”. Los días de calor extremo aumentan, las olas de calor son cada vez más tempranas, más frecuentes y más seguidas; las condiciones del medio, es indudable, han cambiado muchísimo: urge reformular, de forma prioritraria, nuestras actuaciones.

Un asunto de tamaña importancia como este no puede depender solo del viento. Tampoco de la suerte, ni del heroísmo cotidiano de quienes se juegan la vida para proteger la de los demás. Necesitamos convertir la prevención y la adaptación al cambio climático en una política de Estado, sostenida en el tiempo, ajena al calendario electoral y capaz de reunir el consenso de todas las fuerzas democráticas. Porque el fuego no distingue entre territorios, ideologías o administraciones. Solo encuentra combustible allí donde nosotros hemos fallado en anticiparnos.

España necesita un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un compromiso firme que fortalezca la gestión forestal, refuerce la planificación preventiva, impulse la investigación científica y garantice inversiones estables para que nuestras administraciones dispongan de los recursos necesarios antes de que llegue la emergencia, y no únicamente cuando las llamas ya son imparables.

Ese pacto debe empezar por reconocer, proteger y dignificar a quienes están en la primera línea. Los cuerpos de bomberos forestales y urbanos, los agentes medioambientales, las brigadas de extinción y todos los profesionales que combaten el fuego merecen mucho más que nuestro aplauso. Merecen plantillas suficientes, formación permanente, mejores medios materiales, estabilidad laboral y el reconocimiento institucional que corresponde a una profesión esencial para la seguridad de nuestro país. Ninguna sociedad puede permitirse exigirles que afronten incendios cada vez más extremos con recursos pensados para un clima que ya no existe.

En ese reconocimiento ocupa también un lugar destacado la Unidad Militar de Emergencias. La UME ha demostrado, una vez más, su extraordinaria capacidad de respuesta, su profesionalidad y su vocación de servicio público en algunos de los momentos más difíciles para miles de familias. Allí donde la emergencia supera cualquier previsión, su trabajo representa lo mejor del Estado: coordinación, entrega y solidaridad al servicio de la ciudadanía.

Pero sería un grave error pensar que todo puede resolverse con más medios de extinción. Si no actuamos sobre las causas, estaremos condenando a las generaciones futuras a combatir incendios cada vez más devastadores. La evidencia científica es incontestable y la realidad se impone con una dureza insoportable sobre nuestros montes, nuestros pueblos y nuestras vidas. Por eso preocupa profundamente que, mientras el riesgo crece, algunas administraciones estén recortando programas de prevención, debilitando políticas ambientales o cuestionando la propia existencia de la emergencia climática.

Creerse la realidad significa asumir que proteger nuestro patrimonio natural es también proteger nuestra economía, nuestro mundo rural, nuestra salud y nuestra seguridad. Significa entender que cada euro invertido en prevención evita un coste infinitamente mayor en reconstrucción, pérdidas humanas y destrucción ambiental. Y significa, sobre todo, comprender que todavía estamos a tiempo de actuar, pero sin más demora.

Como presidenta del Congreso de los Diputados, estoy convencida de que hay momentos en los que la política debe estar a la altura de la Historia. Este es uno de ellos. Y el Parlamento debe ser el lugar donde esa responsabilidad se convierta en acuerdos y las diferencias legítimas no impidan alcanzar los consensos imprescindibles. La ciencia ha de pesar más que los prejuicios y el interés general, sin lugar a duda, más que el cálculo partidista. La democracia demuestra su fortaleza cuando es capaz de unirse frente a los grandes desafíos colectivos.

Nuestro país necesita unidad, ambición y altura de miras. La magnitud del desafío no merece menos. Creerse la realidad es, hoy, el primer acto de responsabilidad política. Y actuar en consecuencia es el primer deber de quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía. Estoy convencida de que sabremos encontrar ese camino de unidad. Porque cuando está en juego la seguridad y el futuro de las próximas generaciones, no hay mayor patriotismo que proteger la tierra que compartimos y a las personas que la habitan.

Un año después de los incendios de León seguimos en el mismo punto. El sorteo de verano y su lotería invertida ya está aquí. Esta vez me puede tocar. Lo digo porque escribo desde Valdemorillo viendo caer ceniza de un cielo naranja pese a que son las cinco de la tarde. Me atrevo a decir que es bonito y si fuera emprendedor montaría una empresa de caza de fuegos forestales para llevar a turistas en busca de nuevos impactos sensoriales; olor a humo, calor, cielo de pirocúmulos cayendo sobre la cabeza y todo ello combinado con un cierto riesgo -controlado- en el que un profesional con gotas de sudor en un cuello radicalmente moreno sale derrapando con un todo terreno con aire acondicionado.

El listado de expertos y expertas va desfilando por las televisiones donde opinan y explican. Periodistas becados retrasmiten dejando ver detrás de ellos una columna de humo. Los responsables políticos van desfilando, con chalecos de comandante, con cara de estar preocupados. Puede que sea verdad. Hace un rato que he apagado la tele. A los que les ha tocado el premio están llorando y en unos días tendrán que enfrentarse a la burocracia de la post catástrofe. Los datos son de récord; superficie quemada, gente desplazada, miedo, biodiversidad destruida, enfado. El resto cogerá el coche, aunque la gasolina está carísima con las tonterías de Trump, para disfrutar de su merecido verano. Hace calor eso sí.

Lo que tenemos delante es nuevo, brutal, impactante, salvaje e inabordable. Incendios que no se conocían y para los que hay muy poco que hacer. Inapagables los llaman.

Es por ello por lo que el recetario de defensa que teníamos se ha quedado obsoleto. La discusión acalorada sobre si los montes están sucios o si de lo que hablamos es de biodiversidad y de bosques funcionales y sanos aporta poco. La matorralización de bosques jóvenes como consecuencia del abandono rural y de la dinámica de los espacios abandonados constituyen un fenómeno global. La superficie forestal aumenta. No deja de hacerlo. La mayoría son bosques jóvenes y poco funcionales ero la tendencia es clara. Otros proponen ver nuestros montes llenos de ovejas, vacas y cabras para que ahuequen estos nuevos bosques y limiten la biomasa -combustible lo llaman algunos en un afán reduccionista-. Pero la realidad es tozuda, no hay gente que quiera volver al monte, aunque se ha incentivado con todo tipo de programas públicos. El romanticismo de volver a los paisajes que nos vieron jugar a los más mayores es una utopía.

Otros piden más gestión forestal preventiva pero los datos que vamos escrutando indican que en estos mega incendios las masas tratadas no han sufrido menos que el resto de los bosques y matorrales. Esa gestión es muy útil en otro contexto climático, pero para estos “nuevos fuegos” parece que no sirven. Hay quien insiste en que lo que hace falta son más medios, aunque sabemos que frente a estos monstruos da igual. Puede que la industria de la defensa contra incendios lo viva como una oportunidad para seguir creciendo, lo vienen haciendo de forma casi lineal a lo largo de los últimos 25 años, y que la tentación del político por tirarse por esa cuesta sea una salida vendible, pero sabemos que ante estos fenómenos no hay mucho que hacer. Recordemos lo de “incendios inapagables”. Los agro-supervivientes esa gente que consigue a duras penas seguir viviendo en esos territorios echa en cara a los urbanitas el abandono al que han sido sometidos. Ellos son los que sufren de verdad esta vorágine. Nos le falta razón, pero en este punto, parece poco importante. Desde contextos urbanos se plantean iniciativas de todo tipo; lo que tenemos que hacer es meter bisontes y caballos de Przewalski en el monte. Se inventan un término nuevo más próximo a eso que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, rewilding o si preferís re-asilvestración, donde casi todo vale, hasta meter bichos de los que no tenemos constancia que hubiera en el territorio en una escala histórica. Si no fuera dramático lo que estamos viviendo podría comprar la idea. Dar un paseo por el monte del pueblo y encontrarse uno de estos bichos debe molar.

Pero estos incendios son inapagables. Eso dicen los que se dedican a apagar incendios.

Es por ello que sin meter mano a lo “gordo”, a la relación de Homo sapiens con el planeta en una escala de gobernanza global que no existe ni se espera, no hay nada que hacer. Imitando a aquel sabio de la economía española podríamos decir, esto es el mercado, quiero decir el Cambio Global, amigo. Quizás un pacto de estado sea un buen principio.

Dentro de la arquitectura económica en la que nos movemos y que no vamos a cambiar, sólo cabe trabajar en un marco de seguridad para la gente y sus bienes. A fin de cuentas, eso en el pequeño contexto del Gobierno de España y el de sus comunidades autónomas, se puede llevar a cabo sin torpedear nada. Habrá de desbrozar franjas de más de un kilómetro alrededor de cada pueblo, aunque sea una casa, educar a la gente para que sepa que tiene que hacer en caso de incendio, afinar los sistemas de alerta temprana, coordinar a los técnicos -ojalá la UME pase a ser una unidad civil y centralizada con, al menos, los mismos medios que tiene ahora- y dar recursos para la protección civil. Lo demás, es que no te toque la lotería. Sigo esperando a la Izquierda para enfrentar la Catástrofe. Hay que cambiar el sistema económico y no se me ocurre otra forma.

En octubre hablaremos de las Danas y de los nuevos Medicanes. Ese sorteo viene también lleno de premios. A ver a quién le toca.

La investigación y el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno por la justicia española, imputándole tráfico de influencias y malversaciones por la obtención de una cátedra en la UCM, es el ejemplo perfecto de la violación de uno de los principios constitucionales más relevantes de la democracia española y europeas: el Estado de Derecho.

El tráfico de influencias de un particular está regulado en el art. 429 del Código Penal, y consiste en la influencia en un funcionario público o autoridad “para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. Nada de esto, ni siquiera un indicio leve, parece haber existido en la conducta de Begoña Gómez. Imputarla por ello es una decisión que puede calificarse de arbitraria.

El otro delito de que se imputa a Begoña Gómez es “malversación” por una autoridad (art. 435 del Código Penal) de fondos públicos. Pero no hay indicio alguno de que tal conducta se haya producido, tal como señaló el Fiscal con todo lujo de detalles.

Sobre las dos imputaciones sobrevuela un principio capital del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, que es, además, un derecho fundamental (art. 24.2 de la Constitución), con amparo ante el Tribunal Constitucional.

Este principio traslada a la parte acusadora (judicial o de acción popular) la obligación o carga de la prueba de la destrucción de la presunción de inocencia. Se exime así al imputado de la necesidad de demostrar su inocencia. Un derecho el de presunción de inocencia recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (art. 14.2), en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ar. 6.2) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 46).

No basta en derecho penal la duda sobre la culpabilidad. Tiene que poseer la suficiente fuerza para destruir la presunción de inocencia. Según doctrina del Tribunal Constitucional, en caso de duda solo cabe una resolución judicial exoneradora de toda culpa o sospecha de culpa.

Estos principios no sólo están pensados para aplicarlos al momento del juicio penal, sino ante la importante decisión de decidir investigar unos hechos con apariencia delictiva. La investigación, imputación o juicio de una persona implica siempre una sombra de culpabilidad implícita que afecta directamente a la honorabilidad o sentimiento de esa persona el resto de su vida.

Esto es lo que sucede con Begoña Gómez. La ausencia evidente de pruebas indicadoras de los delitos de los que se la juzgará constituye una violación del principio constitucional de la presunción de inocencia.

El auto de la Audiencia de Madrid decide, de forma asombrosa, que es verosímil que por ser mujer del Presidente, y sólo por serlo, Begoña Gómez produce dos efectos: primero, un “influjo” -sin explicarlo- sobre la Universidad, y, segundo, una “presión moral suficiente” (sic) como para mover la voluntad de la autoridad académica. El primer efecto (“influjo”) sería tráfico de influencia. El segundo (“presión moral”) malversación, aunque el propio Fiscal, que ha solicitado el archivo de la causa, advirtió que Begoña Gómez percibió “cero euros” por la cátedra.

Sea cual sea el veredicto final del tribunal (del jurado) que juzgue a la investigada, ella habrá sufrido una pena insoslayable: la de una acusación y un procesamiento que pesará sobre la afectada por meses o años.

A la vista de que el Tribunal Supremo de EEUU anuló las subidas de aranceles iniciales, la Administración Trump pretende volver a intentarlo. Esta vez aumentándoselos a 60 países, entre ellos a la Unión Europea en su conjunto, con el argumento de que hay una competencia desleal mercantil porque en esos países no se prohíbe la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso.

Es evidente, porque así lo viene demostrando continuamente, que entre las preocupaciones de Trump no se encuentran las violaciones de los derechos humanos, particularmente la existencia de trabajo forzoso. Su fuerte incremento viene siendo denunciado últimamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero esto desde luego no es lo que mueve las decisiones de Trump. Es obvio que se trata de una excusa para poder insistir en su política de subida de los aranceles, que perjudica tanto a los consumidores americanos como a las exportaciones a EEUU desde terceros países. No es necesario insistir en las razones reales que lo motivan, pero sí merece la pena desmontar su aparente ropaje en el trabajo forzoso, tanto por lo que establece la legislación norteamericana como por las garantías presentes en el Derecho de la Unión Europea.

Desde la perspectiva de la legislación americana, se pretende apoyar en una ley de 1974, que permite aumentar los aranceles cuando un acuerdo comercial o una política de otro gobierno está perjudicando o restringiendo el comercio estadunidense. El argumento sería que los productos resultado del trabajo forzoso podrían abaratar sustancialmente su precio al ser exportados a EEUU, con el correspondiente perjuicio competencial con las empresas americanas que no acuden al trabajo forzoso. Sin embargo, este fundamento no se sostiene cuando los productos a los que se suben los aranceles en la mayoría de las ocasiones no son elaborados, ni en todo ni en parte, con trabajo forzoso, sino que simplemente se trata de productos elaborados en países que presuntamente no prohíben su comercio.

Por tanto, se está penalizando a quien no utiliza el trabajo forzoso ni perjudica o restringe el comercio en EEUU. De ahí que está ley de 1974 nunca se haya utilizado para estos casos, porque no puede utilizarse. Más aún, para hacer frente a los productos efectivamente elaborados, en todo o en parte, con trabajo forzoso existe otra ley americana, de 1930, que lo que prevé es la retención y destrucción de los productos extraídos, producidos o fabricados, total o parcialmente, con trabajo prohibido, incluido el trabajo infantil. Es esta la ley que tendría que aplicarse en estos casos, y no la subida de aranceles, pues esta subida en el fondo lo que permitiría es importar productos resultado del trabajo forzoso, sólo que incrementando su coste por los aranceles. Esta ley de 1930, que es la que se debe aplicar, apenas se utilizaba, pero ha comenzado a hacerse con intensidad desde 2015, parece que con buenos resultados, aunque las ONG denuncian falta de trasparencia en su implementación. Eso sí, a Trump no le interesa aplicar esta otra ley, porque en el fondo su objetivo no es la garantía de un trabajo digno, sino buscar una excusa para subir los aranceles, cosa que no le permite la ley de 1930.

Desde el otro frente, EEUU poco o casi nada le puede enseñar a Europa en el desarrollo de normativas y políticas públicas de prohibición del trabajo forzoso, cuando EEUU es de los países que menos convenios ha ratificado de la OIT en materia de derechos fundamentales laborales, al contrario de la tradición inversa del conjunto de los países de la Unión Europea. En concreto, todos los países europeos ratificaron desde sus inicios el convenio n.º 29 de 1930 sobre el trabajo forzoso (España, en 1932), cuando EEUU no lo ha ratificado y sólo lo ha hecho, en 1991, respecto del convenio n.º 105 de 1957 sobre idéntica materia, ratificados en fechas muy anteriores por los países europeos. Esta prohibición vincula a todos los países de la Unión Europea por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo ello supone que en el territorio de la Unión Europea se garantiza con toda contundencia y por muy diversas vías la prohibición del trabajo forzoso.

Pero, sobre todo, la Unión Europea ha aprobado recientemente dos importantes normas que afianzan la prohibición, sobre todo en la perspectiva de lo que le intenta criticar la Administración Trump, como es que Europa no impide la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso, cosa que no es cierta.

Por un lado, existe una norma sin presencia en ningún otro territorio, particularmente inexistente en EEUU, como es la Directiva sobre diligencia debida de 2024, con antecedentes en leyes alemanas y francesas. Se trata de una Directiva que obliga a las grandes empresas a vigilar el cumplimiento de estándares mínimos de respeto de los derechos humanos y de sostenibilidad ambiental por parte de las empresas con las que mantengan relaciones comerciales en su cadena de valor y que desarrollan su actividad en países emergentes con estándares laborales inferiores. Entre esos derechos humanos a vigilar se encuentra expresamente la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Esta vigilancia, por vía indirecta, impide la comercialización de productos del trabajo forzoso, contemplando importantes sanciones y, en su caso, responsabilidades a estas grandes empresas que incumplan su deber de vigilancia de sus contratistas y proveedoras.

Por otro lado, existe un Reglamento de la Unión Europea, también de 2024, cuyo objeto es precisamente prohibir, introducir y comercializar en el mercado de la Unión o exportar desde dicho mercado productos realizados con trabajo forzoso. Esta norma sin lugar a duda resulta más perfecta, adecuada y eficaz que la Ley americana de 1930. En efecto, la práctica americana lo que hace es identificar un país o región en el que considera que se producen prácticas de trabajo forzoso, con el resultado de que se prohíbe la importación de todos los productos que vienen de esa zona con independencia de que el concreto producto sea o no resultado del trabajo forzoso. Es lo que ha hecho recientemente EEUU en el caso emblemático de la persecución por parte de China de la población Uyghur, prohibiendo importación que venga de la región autónoma de Xijiang, con el efecto perverso de que deprime económicamente la región sin erradicar allí el trabajo forzoso. Como contraste, en el caso de la normativa europea, mucho más acertada, se impone la persecución, retirada y eliminación de los productos específicamente elaborados con trabajo forzoso, con un régimen de sanciones efectivas y disuasorias frente a su incumplimiento.

Lo único criticable del panorama europeo es que la Directiva sobre diligencia debida todavía no ha dado tiempo de ser transpuesta al ordenamiento interno de los Estados europeos obligados a ello, mientras que el Reglamento de la UE no entra en vigor plenamente hasta finales de 2027. Por ello, la reacción en el ámbito europeo, aparte de denunciar con firmeza la hipocresía de la Administración Trump y de falta de fundamento del incremento de los aranceles, debe ser acelerar la transposición de la Directiva y adelantar la plena entrada en vigor del Reglamento.

En todo caso, lo que debe quedar claro es que somos los europeos los que podemos darles lecciones a los americanos acerca del desarrollo legal y de las políticas públicas eficaces de erradicación del trabajo forzoso, incluido el infantil, haciendo frente a las políticas trumpistas dementes de subida de aranceles que perjudican a todos.

Hace unos días Isaac Rosa publicaba un artículo en el que confesaba haber usado una bufanda rojigualda, haber pintado a sus hijas la cara de rojo y amarillo y haber celebrado la victoria de España en el Mundial con intensidad populachera. Reivindicaba su derecho a no entregar la alegría —ni el “orgullo nacional” selectivo— a esa ultraderecha que no quiere que España vaya bien sino que sea suya y que, por eso mismo, se ha apropiado también de todos los símbolos y todas las celebraciones. Me identifiqué mucho, la verdad, con esta rabieta. Yo el domingo por la noche acabé dejándome abrazar en un bar de mi pueblo por un madridista de Vox envuelto en una bandera española, un tipo gritón y correoso que, al ver en la pantalla la imagen del rey, había declarado: “no me gusta Felipín porque es rojo”. Lo admito: yo también lo abracé. Este abrazo no significa nada; no disuelve nuestras diferencias políticas ni nos garantiza una tolerancia pacífica en la próxima guerra civil. El nacionalismo banal de los triunfos deportivos es como los “puntos para fumadores” que aún sobreviven en algunos aeropuertos del mundo: reúnen a adictos al tabaco que se encuentran durante un minuto, hermanados y aliviados, antes de tomar un avión en direcciones diferentes. Yo abracé a un facha; él abrazó a un rojo. ¿Por qué debería sentirme peor que él?

Ese “punto”, en todo caso, no carece de sentido. Se llama “españolidad”, que no es lo mismo que “españolismo”. ¿Por qué me produce alegría que gane la selección española? Me acordaba de ese cuento de Alejandro Zambra en el que el narrador, enamorado de una revolucionaria, le oculta su pasión por el fútbol, de manera que, como no puede reprimirse y sigue viendo partidos a escondidas (poniéndole pretextos para no quedar con ella la tarde del domingo), la chica acaba convencida de que su novio le está poniendo los cuernos y corta furiosa la relación. Es una historia bastante común. Durante años, los izquierdistas de mi edad ocultamos con disciplina militante nuestra afición infantil por el fútbol y, por supuesto, renegamos de cualquier vínculo afectivo con nuestro país.

El fútbol es sin duda un negocio repugnante en el que el tráfico de esclavos de lujo se combina con la compraventa de almas en el mercado de la publicidad. Pero los aficionados al juego de Messi o de Lamine Yamal, los que siguen con placer los regates y los goles de su delantero favorito, ¿tienen que reprimir como un delito vergonzoso su placer y su alegría? España, por otro lado, es una nación fallida cuya historia poco ejemplar vuelve ahora, como un regüeldo, a través del fascismo de Vox. Ahora bien, ¿esa historia debe impedirnos celebrar una victoria futbolística? ¿Entregaremos también la sangría y el jamón y los mejillones en escabeche a la ultraderecha? Y sobre todo, ¿esa historia no puede cambiar? ¿No ha cambiado ya en las últimas décadas? El desprecio izquierdista por el fútbol y por el orgullo identitario ocasional no es sólo rechazo del deporte capitalista y de la historia nacional; implica el desprecio clasista por la alegría común y la renuncia política a la transformación de España. Viene a decir: España no tiene remedio. Y viene a decir: esa irracionalidad compartida en la que se cruzan el placer del juego y los peligros de una bandera es “naturalmente” de derechas y, por lo tanto, es políticamente inutilizable. Pero si España no tiene remedio y todos los placeres comunes son de derechas, ¿para qué dedicarse a la política?

Isaac Rosa, republicano federalista, no ignora las dificultades. Yo tampoco. Las preguntas son dos. La primera: ¿se puede resignificar la bandera rojigualda? Difícilmente, aunque en este Mundial ha ocurrido algo inesperado: y es que esa bandera ha sido resignificada de hecho desde fuera. En la cintura del madridista de Vox ese trapo torero me producía repelús, pero la he visto ondear entre los escombros de Gaza, al lado de la palestina, y de pronto se ha preñado de otra historia posible. Por su parte, ese 85% del llamado Sur Global que ha apoyado a España en la final del pasado domingo no ve en esa bandera a los Reyes Católicos, la Inquisición y el Valle de los Caídos sino un país moderno, tolerante, digno, que se opone a Israel, que planta cara a Trump y acoge a los inmigrantes que otros rechazan. Que Palestina y el Sur Global vean en esa bandera otra historia (en parte idealizada) no va a impedir que las próximas elecciones las ganen el PP y Vox. Eso tendremos que impedirlo nosotros. Pero contemplar esa bandera en otras manos, desde otros ojos, debería servirnos al menos para seguir defendiendo el país que precariamente hemos levantado y seguir imaginando el país que queremos; y debería servir para aceptar, y hasta enarbolar, la rojigualda en las celebraciones deportivas, ese “punto para fumadores” que no evitará la próxima guerra civil, pero que -como ya ocurrió con el gol de Iniesta en el 2010- enajena a la derecha un símbolo para el que, nos guste o no, no tenemos alternativa.

Porque esa es la segunda pregunta: ¿qué proponemos a cambio? Para luchar contra la España histórica los nacionalistas catalanes y vascos tienen la senyera y la ikurriña. Los españoles de izquierdas carecemos de símbolos compartidos capaces de movilizar a las mayorías sociales. Me sigue emocionando mucho la bandera republicana, en la que se condensan ilusiones, sacrificios, luchas de las que no quiero olvidarme. Pero por muy justo que fuera restaurar esos colores, derrotados por un golpe de Estado, haría falta ahora una nueva injusticia -un golpe de Estado contrario y un ejercicio de autoritarismo inverso- para imponérselos a los españoles. Creo que en España hay muchos más republicanos potenciales que devotos de la bandera republicana; y que, para interpelarlos, los colores del 14 de abril son inútiles y, aún más, contraproducentes. No me parece, pues, que se puedan resignificar ni la bandera rojigualda ni la bandera republicana; y habrá que pensar más bien en una España sin bandera o en la que la bandera, completamente de-significada, se reserve para los eventos deportivos, en los que representará, como ha ocurrido en este Mundial, a un país plural, difícil, incompleto y fallido: un país que juega al fútbol mucho mejor de lo que hace política. De hecho, España es ya un país sin bandera y sin himno en el que disfrazarse de español, como las hijas de Isaac Rosa, anticipa otra España posible.

Vivimos en un mundo en el que triunfan, como actitudes vitales, dos impulsos. Por un lado el negacionismo de los que, por miedo o por interés, niegan el patriarcado, el genocidio en Gaza o el cambio climático. Esa es una reacción comprensible frente al mal. Más compleja y, sin embargo, no menos extendida es la otra respuesta, la que la lacaniana eslovena Alenka Zupancic llama “desentendimiento” para describir un tipo de conocimiento que no sólo no implica sino que excluye la acción: “lo sé todo pero aun así” (aun así no cambio de vida ni de costumbres ni de patrones de consumo, por ejemplo). Si pensamos en el cambio climático, son muy pocos los que siguen negando su existencia: pero los que lo aceptamos sin vacilación seguimos “desentendiéndonos” de él en nuestra vida cotidiana. ¿Qué clase de actitud alienta en el forofo futbolístico? ¿La del negacionismo o la del desentendimiento? Esta última, sin duda: todos sabemos de las miserias de la FIFA y, sin embargo, nos desentendemos de ellas cuando seguimos en el estadio o por la televisión a nuestros equipos y estrellas favoritas. Pero cuidado. Entre el cambio climático y la final de un Mundial la diferencia no es sólo que uno nos asuste y la otra nos produzca placer: es que el placer del fútbol no nos lo proporciona la FIFA sino que lo sentimos a su pesar y en paralelo, en un recinto en el que se mezclan el juego, la geometría, la épica narrativa, la excitación nacionalista, la geopolítica. “Desentenderse” de la FIFA facilita a la FIFA la explotación y manipulación de una belleza elemental que nos atrae también, sin embargo, en una cancha de barrio.

Más problemático es el “desentendimiento” que llamaré “de izquierdas”. Y lo es porque en este caso el placer -o el goce- procede directamente del conocimiento. El desentendimiento de izquierdas no se dice a sí mismo: “lo sé todo pero aun así”, como en el caso del ciudadano abrumado por el cambio climático; se dice más bien “lo sé todo y precisamente por eso” (precisamente por eso me desentiendo de aquello que verbalmente describo como escandaloso o terrible). Este tipo de “desentendimiento”, en efecto, tiene que ver con la identidad entre el conocimiento y el goce. No es que la conciencia paralice la acción sino que, como ocurre con las neurosis, la paraliza sólo en la medida en que la autoconciencia produce placer: un placer superior al sufrimiento que nos induce el mundo mismo, cuya reproducción este conocimiento desea como renovación de su goce cognitivo. Buena parte del pesimismo y del derrotismo de la izquierda (y de sus aires de superioridad moral) procede de aquí: saberlo todo del cambio climático, y poder dar lecciones, me produce tanto placer que acabo deseando el colapso; saberlo todo del genocidio de Gaza, y poder censurar a los otros, me produce tanto placer que acabo deseando un bombardeo más. No es una acusación general. Es una confesión, pero que creo aplicable más allá de mí mismo. ¿El colapso? Qué gustito. ¿El genocidio de Gaza? Qué deleite que los malos sean cada vez más malos. ¿El empuje del fascismo? Ya lo habíamos anunciado nosotros. La impotencia genera parafilias un poco perversas.

La izquierda tiene que encontrar el modo de afrontar el negacionismo sin asustar y el desentendimiento sin culpabilizar. Para ello tiene que renunciar a su propio desentendimiento autoconsciente. ¿Qué hacer? Desentenderse del fútbol contra la FIFA o contra España no añade nada a la conciencia: sencillamente no es una buena idea. Sólo se puede cavar una zanja y roturar un barbecho con los pies en el suelo. Que lo olvide Podemos es coherente con su desentendimiento creciente de las mayorías sociales (y de España en general). Los demás, en cambio, no deberíamos olvidarlo. Me irritó bastante, lo reconozco, un post del indispensable Antonio Maestre en el que, con actitud un poco pontificia, declaraba haber visto el partido bebiendo agua fría y haberse puesto a leer un libro inmediatamente después: toda una lección de temple moral y lucidez mental que, sin embargo, pocos de sus lectores agradecerán. Si hubiese bebido cerveza —se podría decir— no hubiese retrocedido un centímetro la lucha de clases que van ganando los otros. Y si hubiese dado unos saltos de alegría al lado de un madridista de Vox su próximo artículo habría sido igual de inteligente. Ni podemos encontrar alegría sólo en el conocimiento ni desentendernos de la alegría de los demás. Vital y políticamente Isaac Rosa esta vez (como tantas otras) tiene razón.

En el momento de escribir estas líneas hay en el territorio peninsular español más de 60 incendios activos y más de 3.500 focos. Una oleada de incendios en este mes de julio que estremece y recuerda a la segunda quincena de agosto de 2025 que arraso la cifra excepcional y terrible de casi 400.000 hectáreas. Preocupan sobremanera los que ahora están teniendo lugar en la Comunidad de Madrid por tres razones: por resultar de la combinación de varios incendios que han arrancado en las comunidades adyacentes de Castilla la Mancha (Toledo) y Castilla y León (Ávila) y han ido entrando en contacto amplificándose y reforzándose, porque las condiciones de viento intenso y la orografía complican de forma extraordinaria el abordaje de incendio del que no pudo hacerse en las primeras 36 horas ni siquiera el paso primero que es el perimetrado, y porque afecta a zonas con mucha población. A última hora del viernes 24 de julio, los afectados superaban las 60.000 personas (llegarían a más de 80.000 durante el sábado), entre evacuados y confinados. Los medios locales fueron desbordados al poco del inicio del fuego.

Las circunstancias, que se fueron complicando a lo largo del día, provocaron que ya en las primeras horas del viernes se solicitara desde la Comunidad de Madrid la calificación de Emergencia Nacional. Nivel de alerta que fue adoptado por el Gobierno de España poco después. Un nivel que no se aplicó ni siquiera en la catastrófica DANA de Valencia de 2024 y que nunca hasta ahora se ha declarado para incendios en nuestro País.

Conviene aclarar una serie de términos similares para entender el significado y la excepcionalidad de lo que está pasando. Una emergencia nacional (o de interés nacional) puede confundirse con el estado de alarma, pero se diferencian en la norma que los regula, la autoridad que los dirige y el alcance de sus medidas. La emergencia nacional se rige por la legislación de Protección Civil, y el Ministerio del Interior asume el mando operativo, mientras que el estado de alarma es un régimen constitucional excepcional gestionado por el Consejo de Ministros para restringir derechos fundamentales. A nivel de gestión pública en España, la emergencia de interés nacional y la situación operativa o nivel 3 de alerta son exactamente lo mismo. Otro término similar es el de emergencia general, un término técnico utilizado en los planes de autoprotección internos de empresas o edificios y que por tanto difiere mucho de la emergencia grave y más amplia de la que se está hablando ahora para el caso de estos devastadores incendios.

La decisión extrema de emergencia nacional o alerta de nivel 3 por los incendios de Madrid y Ávila, algo que tan solo cuenta con el precedente del gran apagón de abril de 2025, aunque fue impulsada en un primer momento por la Comunidad de Madrid, responde a la petición de ocho gobiernos autonómicos tras verse todos ellos superados por fuegos que amenazan la vida de decenas de miles de sus ciudadanos. La situación tan insólita como urgente ha generado grandes controversias y agitadas discusiones entre las distintas fuerzas políticas. Debates bastante estériles que ocurren mientras los bomberos forestales denuncian a pie de fuego una parálisis operativa por la falta flagrante de camiones y vehículos para combatir la virulencia de los focos simultáneos. Y la falta aún más clamorosa de más efectivos y la valoración laboral y económica acorde con el riesgo que corren y la función social que cumplen, empezando por contratos estables y continuos. Algo indiscutible dada la extensión de la temporada de incendios y la necesidad de coordinación y prevención durante todo el año.

El marco legal que ampara esta intervención es la Ley 17/2015, la cual permite la declaración de interés nacional cuando las dimensiones de la catástrofe exigen una respuesta coordinada que supere los límites administrativos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias ante este tipo de catástrofes naturales. La transición hacia esta estructura de situación operativa de nivel 3 busca mejorar la anticipación técnica y la distribución de medios aéreos y brigadas, evitando que los distintos operativos territoriales compitan entre sí por recursos logísticos esenciales.

La primera y más evidente reflexión de esta activación del nivel máximo de respuesta civil ante catástrofes naturales es que estamos ante incendios nuevos, algo que no se ciñe a España sino que es un fenómeno global. Unos incendios que no son solo grandes sino de una intensidad y virulencia inusual, algo que no puede explicarse sin la concurrencia de un clima que también es nuevo. El cambio climático está afectando a los tres ejes del triángulo del fuego: combustible, comburente y chispa o energía de activación. Son numerosos los estudios que muestran que el cambio climático está favoreciendo la acumulación de grandes cantidades de material vegetal seco, que está generando células convectivas en torno al fuego de tal tamaño que oxigenan la base de las llamas elevando su temperatura y que incrementa la ignición mediante el aumento de los relámpagos y las tormentas secas.

Por primera vez en la historia del país se ha declarado la emergencia de interés nacional debido a la voracidad de los incendios forestales. La decisión se oficializó cuando el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska aceptó la petición de auxilio formulada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante una situación crítica que afecta a decenas de miles de personas. El avance de cuatro focos fuera de control alimentados por vientos extremos empujó al sistema de protección civil al nivel tres de forma que el Gobierno central asume el mando único y la dirección total de la crisis. Bajo esta estructura Marlaska se erige como la máxima autoridad responsable delegando la ejecución operativa en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para centralizar todos los recursos estatales autonómicos y municipales disponibles. Aunque esta medida no equivale legalmente a un estado de alarma ni conlleva restricciones generales de derechos otorga al Estado la potestad de coordinar evacuaciones, confinar poblaciones o cerrar infraestructuras clave con gran rapidez. El despliegue permite movilizar bomberos, aviones y equipos especializados desde cualquier punto de la geografía española e incluso solicitar el apoyo internacional mediante el mecanismo europeo de protección civil.

Mientras los efectivos de Madrid y Castilla y León trabajan subordinados a las prioridades nacionales, el foco permanece en la protección inmediata de la población y el medio natural dejando la aprobación de indemnizaciones económicas para una fase posterior a la extinción. Esta centralización absoluta del poder y los recursos se mantendrá vigente de forma excepcional hasta que el riesgo extremo remita y las comunidades autónomas recuperen la capacidad de gestionar la situación por sus propios medios ordinarios.

En las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado se analiza ahora el comportamiento errático del fuego condicionado por factores críticos como la velocidad y la dirección del viento, la humedad relativa, la topografía y la continuidad de la vegetación inflamable. Los técnicos advierten que el éxito de esta medida inédita dependerá de una comunicación clara a la ciudadanía y de la capacidad del nuevo mando para integrar el conocimiento técnico local sin generar vacíos de dirección en el terreno.

En la mente de todos está el deseo de que esta excepción histórica sirva para aunar esfuerzos entre distintas administraciones, aunque sean de distinto color político, y que, escuchando a la ciencia, cambiemos las prioridades y nos esforcemos realmente en prevenir los incendios y no en trabajar desesperadamente en su extinción una vez se despliegan. Recordemos que un rasgo definitorio de los nuevos incendios es, precisamente, que son inextinguibles.

En su reciente entrevista en televisión española, José Luis Rodríguez Zapatero evocó a Jorge Luis Borges para mostrar su resiliencia frente al proceso judicial que afronta. “Todo lo que nos ocurre”, dijo, parafraseando al escritor argentino, “hasta las humillaciones, desdichas, contratiempos, son materia prima que sirve para dar forma a nuestra tarea.

La cita me sorprendió y me devolvió a un artículo que escribí hace casi cinco años a propósito de un pequeño libro que el dirigente leonés dedicó al autor de El Aleph. Aquel artículo dejaba entrever una abierta simpatía por el Zapatero expresidente. Por el que apoyó a los gobiernos de coalición del PSOE con Unidas Podemos, primero, y con Sumar, luego. Por el que defendió a gobiernos progresistas de América Latina, desafiantes con los Estados Unidos, Y por supuesto, al lector apasionado de Borges, un autor al que también admiro desde muy joven.

Que mi simpatía se ciña sobre todo al Zapatero expresidente no es algo gratuito. Para muchos de mi generación el Zapatero presidente tuvo más claroscuros. Los de un líder progresista que abrió debates democratizadores cruciales, sobre todo cuando necesitaba a Izquierda Unida y a la Esquerra Republicana de Joan Tardà. Pero también los de un dirigente que no terminó de ir a fondo con muchos de ellos. El que introdujo el debate sobre el republicanismo filosófico, pero sin atreverse a cuestionar la monarquía. El que se mostró abierto a un cierto federalismo plurinacional, pero acabó reculando y dejando solo a Pasqual Maragall cuando se debatió el Estatut de Catalunya. El que propició conquistas importantes en materia de derechos, pero tras el crack financiero de 2008, consintió recortes y se avino a reformar la Constitución para priorizar el pago de la deuda a los grandes acreedores`por encima de otros derechos ciudadanos.

Lo cierto es que ese Zapatero moderadamente progresista, pero “de régimen” al fin y al cabo, transmutó en algo distinto cuando Pedro Sánchez aceptó gobernar con el apoyo de fuerzas de izquierdas republicanas, independentistas, y también con el PNV y Junts. En ese contexto, dio apoyo a políticas progresistas en general. Se plantó ante la extrema derecha en América Latina, alentó una mayor apertura a China y fue un interlocutor destacado entre quienes defendemos una reforma plurinacional del Estado.

En estas actuaciones, el expresidente dio muestras inequívocas de coraje, una virtud que según el propio Borges define a un ser humano y justifica su vida.

Desde esta perspectiva, no cabe duda de que el proceso judicial en su contra, pleno de irregularidades e incluso de injerencias de los Estados Unidos de Trump, tiene mucho de castigo por su actividad política reciente. El problema es que también se nutre de impulsos que el Zapatero hombre de régimen no quiso o no consiguió refrenar.

Solo desde ahí puede entenderse que considerara “un regalo de cortesía” unas joyas que, según su portavoz autorizado, provendrían del mismo rey saudí que “regaló” 100 millones de dólares a Juan Carlos I tras la adjudicación del contrato del AVE Medina-La Meca. Y solo así, también, se explica que desempeñara ciertas actuaciones como lobbista que, aunque no fueran ilegales, no se esperan de un referente de la izquierda.

Esto no quiere decir que solo los Pepe Mujica estén autorizados a intervenir en política de gran escala con fines progresistas. Sin embargo, hay un punto en el que los malos entornos y una falta de autocontención en relación con los negocios acaban siendo incompatibles con una mínima austeridad republicana.

En mi artículo de hace unos años, establecía un cierto paralelismo entre Zapatero y Borges, por un lado, y Felipe González y Vargas Llosa, por otro. Mi punto era que González y Vargas Llosa eran dos personajes inteligentes que acabaron deslumbrados por el dinero, los consejos de administración de grandes empresas y los títulos de marqués. Zapatero y Borges, en cambio, compartían una sobriedad que, en el caso del leonés, estaba emparentada con el hecho de ser el nieto de un republicano fusilado.

Produce rabia escuchar críticas a Zapatero de boca de quienes defienden a los tantas veces indecentes y sin embargo impunes González, Aznar o Rajoy. Sin embargo, no está claro que el hombre de régimen que naturalizó ciertos comportamientos y relaciones haya estado a la altura de su referente literario. Pues si contra algo advirtió Borges, fue contra las trampas vulgares de la vanidad y la ostentación, sobre todo cuando el dinero se cruza de por medio.

Los incendios forestales no distinguen entre ideologías ni competencias administrativas. Cuando el fuego avanza sobre los montes, amenaza poblaciones y pone en peligro vidas humanas, debería desaparecer la retórica política y preguntarnos sobre dos cuestiones esenciales: si las administraciones públicas están preparadas y si responden con la eficacia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

La reciente decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de solicitar la declaración de emergencia nacional trasladando su responsabilidad al Gobierno del Estado, merece una reflexión que trasciende el propio incendio. No se trata de cuestionar la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles cuando una situación alcanza una gravedad extraordinaria porque el Estado tiene el deber de acudir allí donde una parte del territorio nacional necesita ayuda. Así debe ser en un Estado que se fundamenta en la solidaridad entre territorios y en la protección efectiva de las personas.

Ahora bien, la solidaridad institucional no puede confundirse con la sustitución de las responsabilidades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada administración. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece con claridad un modelo basado en la corresponsabilidad. Las comunidades autónomas son las administraciones competentes para prevenir, planificar, organizar y dirigir los dispositivos ordinarios de protección civil en su territorio. Solo cuando la emergencia adquiere una dimensión excepcional que supera objetivamente la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma puede declararse una emergencia de interés nacional, asumiendo entonces la Administración General del Estado la dirección de las operaciones.

Ese mecanismo constituye una garantía para la ciudadanía. Pero precisamente por su carácter excepcional obliga a formular una pregunta: ¿qué significa asumir competencias autonómicas si, cuando llega la prueba más exigente, resulta necesario trasladar al Estado la dirección de la emergencia? Las competencias no son únicamente espacios de poder político, son, sobre todo, ámbitos de responsabilidad. Quien reivindica capacidad de autogobierno debe garantizar también que dispone de la organización, la planificación y los recursos suficientes para ejercerlo eficazmente.

La paradoja resulta especialmente significativa cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, la autonomía con mayor capacidad económica de España y una de las que con mayor intensidad ha defendido una política continuada de reducción de impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios. Nadie puede cuestionar la legitimidad democrática de esa opción fiscal. Lo que sí merece debate es si esa estrategia resulta compatible con la necesidad de mantener unos servicios públicos suficientemente robustos para afrontar los riesgos cada vez más complejos derivados del cambio climático.

Los incendios forestales no comienzan cuando aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando se deja de invertir en prevención, cuando se desatienden estrategias que pongan en valor el patrimonio natural que son nuestros montes, cuando disminuye la gestión forestal o cuando la planificación deja de considerar los escenarios climáticos extremos con desprecio chulesco hacia lo que viene adelantando la ciencia y los expertos respecto a esta nueva generación de incendios forestales.

En este punto adquieren especial relevancia las reflexiones del biólogo Ricardo Almenar (El Monte Protector, 2018), quien ha insistido en que el monte, con bosque o con matorral, no puede contemplarse únicamente como una superficie vegetal o un espacio desconectado del funcionamiento de nuestra sociedad. Constituye un capital natural cuyos servicios ecosistémicos sostienen buena parte del bienestar colectivo.

Los bosques y el resto de la vegetación regulan el ciclo hidrológico, favorecen la infiltración del agua y la recarga de los acuíferos, reducen la erosión del suelo, capturan millones de toneladas de dióxido de carbono, moderan las temperaturas, preservan la biodiversidad, amortiguan inundaciones, protegen los cultivos, generan paisajes que sustentan el turismo y mejoran incluso la salud física y mental de la población.

La economía ambiental denomina a estas funciones servicios ecosistémicos, precisamente porque representan beneficios reales, aunque habitualmente no aparezcan reflejados en la contabilidad pública. Su pérdida supone costes enormes para toda la sociedad, sin embargo, estos se manifiesten años después en forma de inundaciones, desertificación, pérdida de biodiversidad, incapacidad para absorber emisiones contaminantes, disminución de recursos hídricos o empobrecimiento del medio rural.

Como ha defendido Almenar en sus trabajos sobre gobernanza ambiental el bosque debe entenderse como una auténtica infraestructura pública natural. Del mismo modo que una administración invierte en carreteras, hospitales o depuradoras porque prestan un servicio esencial, también debería invertir de manera estable en la conservación y gestión forestal, pues el rendimiento social y económico de esa inversión resulta extraordinariamente elevado. Los incendios no son meros accidentes estivales ni desastres inevitables de la naturaleza. Son la consecuencia de décadas de abandono rural, de políticas forestales erráticas o inexistentes y de una visión reduccionista del monte como un espacio marginal. La obra de Almenar pretende revertir este diagnóstico proponiendo un cambio de paradigma: contabilizar los beneficios que los bosques aportan a la sociedad y devolver a esos ecosistemas, en forma de políticas públicas de inversión, ayudas y fomento a los productos agropecuarios, una parte de esa riqueza.

Hoy, mientras el humo asfixia aldeas, pueblos y llega al mismísimo Madrid, mientras miles de personas ven cómo sus casas y recuerdos se reducen a cenizas, incluso algunos pierden sus vidas, es urgente recuperar propuestas y prácticas como las que Almenar formula: el bosque como manto protector, el monte como bien común que garantiza la vida presente y futura. Sigue proponiendo establecer reglas claras para medir lo que los bosques aportan, más allá de la producción maderera, esos otros beneficios invisibles. Enumeró servicios ecosistémicos, que en su ensayo definió desde un enfoque pedagógico sin que ninguna administración haya hecho el mínimo caso hasta hoy. Es más, los incendios se han convertido hoy en otro motivo de bronca política buscando obscenos rendimientos y, no hace muchos años, también en fuente de enriquecimiento sucio como el caso del exconseller valenciano del PP, Serafín Castellano, condenado en el proceso que se conoció como La trama del fuego por cobrar sobornos por adjudicar servicios de extinción a empresas corruptoras. Unos jugándose la vida o perdiendo sus haciendas, otros enriqueciéndose con tanta desgracia. Y a pesar de que se hayan producido hechos tan bochornosos, un verdadero reconocimiento debe dirigirse a los miles de profesionales que, con enorme riesgo personal, trabajan defendiendo vidas humanas y patrimonio natural muchas veces con medios escasos. Bomberos, agentes forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios representan lo mejor del servicio público. A estos traicionan quienes convierten los incendios en motivo de carnaza política, huida de sus responsabilidades o en vía de enriquecimiento corrupto.

La prevención nunca ha sido un gasto en ningún ámbito. Y menos en la prevención de incendios forestales, muy al contrario, es una inversión. La buena gestión forestal es inseparable de esas estrategias de prevención que pasan por integrar conocimientos y profesionalidad de técnicos, agentes forestales, bomberos especializados, propietarios forestales, la ciencia y las administraciones locales. Es una estrategia continua que no debe depender exclusivamente de cada campaña estival. El objetivo no consiste únicamente en apagar incendios, sino en evitar que se produzcan y, en su caso, que alcancen una intensidad incontrolable. El 90 por 100 de los incendios tienen causas humanas, mayoritariamente negligencias y accidentes, sobre ellas se debe actuar. Además, el cambio climático convierte los incendios forestales en un desafío estructural para las próximas décadas. Ante esa realidad, las administraciones no pueden limitarse a reaccionar cuando aparece la emergencia. Deben anticiparse mediante políticas públicas sostenidas en el tiempo, financiación suficiente, planificación científica y una gestión del territorio basada en el conocimiento y en el interés general.

La solidaridad del Estado seguirá siendo imprescindible cuando una catástrofe supere objetivamente la capacidad de respuesta de cualquier comunidad autónoma. Pero esa solidaridad no puede convertirse en una fórmula para diluir responsabilidades políticas o administrativas o en una maniobra de confusión de responsabilidades en la que tal vez subyazca la enfermiza obsesión con un gobierno al que se quiere ver fracasar ante unos incendios desbocados como los de Madrid. El gobierno autonómico solo adquiere pleno sentido cuando se vincula inseparablemente con la responsabilidad y con el compromiso con su territorio y con los ciudadanos que lo habitan. A no ser que la agenda oculta sea prescindir del Estado de las autonomías.

Porque como hemos dicho, proteger el monte no significa únicamente preservar árboles. Significa proteger agua, clima, biodiversidad, economía, salud, paisaje y calidad de vida. En definitiva, significa proteger un patrimonio y un futuro común cuyo valor excede con mucho cualquier cálculo presupuestario anual. Y esa es una responsabilidad que ninguna administración debería delegar y menos cuando se dispone de los recursos necesarios para asumirla como es el caso de la Comunidad de Madrid, el territorio que mayor riqueza acumula de España.

Coches calcinados con gente dentro que trató de huir y no pudo. El incendio de Los Gallardos, en Almería es el incendio más mortífero en España en mucho tiempo, con al menos trece muertos y decenas de personas sin localizar. Una catástrofe prevista por la ciencia deja de ser natural: es un nuevo tipo de violencia climática que se cronifica. Ya en agosto de 2025 España ardió de punta a punta —con especial dureza en Galicia, y en Castilla y León—, con casi 400.000 hectáreas devastadas y al menos siete muertos evitables. Entre aquellas llamas, Pedro Sánchez anunció un Pacto de Estado frente a la emergencia climática: un “escudo para España”. “La historia no absolverá la inacción”, proclamó. Ahora, ante las cenizas de Los Gallardos y mientras arde como nunca la sierra de Guadalajara, se ha vuelto a sacar del cajón.

Pensamos sin remedio que el fuego solo pertenece al verano, pero las llamas se prenden antes, desde múltiples sitios y fórmulas. Entre ellos, un despacho desde el que, bajo la influencia de los lobbys, se prioriza fomentar sistemas industriales fósiles y obsoletos en vez de todas sus alternativas, estrategias públicas que facilitan la industria intensiva de carne barata en lugar de fomentar el pastoreo y la conservación de sistemas de alto valor ambiental, y en el poco o casi nulo acceso digno a la vivienda y a la tierra en la mayoría de los medios rurales del territorio, por no hablar de las condiciones laborales que envuelven a la mayoría de las personas que producen lo que comemos. ¿No son acaso estos incendios una traducción inmediata de un modelo abrasivo entregado a la producción y la especulación, que ha abandonado la vida y lo común?

Y esto hay que decirlo alto y claro: es una decisión política criminal, repetida año tras año. Los fallecidos de Los Gallardos murieron porque hay pirómanos políticos que se negaron a blindar con financiación estable las medidas de prevención y protección civil que el Gobierno llevaba dos años prometiendo. Y también porque la Junta de Andalucía, sin Presupuestos aprobados para 2026, dejó que el cuerpo de agentes medioambientales perdiera 96 efectivos —un 14%— antes de esta campaña.

Pirómanos y padrinos del caos

Detrás de cada pirómano hay un grupo de interés que se beneficia. António Guterres, secretario general de la ONU, los bautizó como “los padrinos del caos climático”: se llevan beneficios récord y se dan un festín con subvenciones públicas. En España, el 86% de los 27.100 millones de euros en ayudas públicas analizados por Greenpeaceen 2024 resultó tóxico para el medioambiente.Y este año se vuelve a repetir el error: casi la mitad del paquete de unos 5.000 millones de euros de respuesta a la crisis de Irán, se dedica a incentivar el consumo fósil, un nivel de recursos que no ha realizado ningún país de la UE.

Repsol, Endesa y Naturgy son las tres empresas más contaminantes de España y suman el 30% de las emisiones del mercado de carbono español, según el informe Descarbonización 2026. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, se ofreció hace poco ante Trump a triplicar la extracción en Venezuela y cobró 4,75 millones el año pasado. Endesa la dirige ahora Gianni Vittorio Armani, con 900.000€ de sueldo más 250.000€ para vivienda y aviones. Francisco Reynés dirige Naturgy, con 5,38 millones de retribución. Sin olvidar que Iberdrola, con Pedro Azagra al frente, la preside Ignacio Sánchez Galán, que ganó 14 millones.

Josu Jon, Gianni, Juan, Francisco, Pedro, Ignacio: son algunos de nuestros padrinos del incendio nacional y global. Reparten dividendos multimillonarios mientras el país que respira su CO2 entierra a sus muertos.

Pactar con la ciencia y la ciudadanía

Lo que nos mata es una distancia criminal y muy poco visible entre la acción política, la ciencia y los bienes comunes. No hay foto del sabotaje a los objetivos de descarbonización, que son la única protección que ataja la crisis de raíz. Tampoco veremos portadas con la atroz imagen de los cuerpos calcinados en Los Gallardos. Esa es la realidad que nos ocultan quienes hablan de gestionar el colapso o venden la catástrofe como oportunidad. “Cuando hay fotografías”, escribió Susan Sontag, “el horror se vuelve real”. Pero aunque se censuren las imágenes o se esterilice el debate entre catastrofismo y tecno-optimismo, la emergencia ya es real para la mayoría: el 87% de la población española quiere que la ciencia marque el rumbo de la transición y exige participar en la toma de decisiones que permitirían ir más allá del crecimiento infinito que hoy destruye el planeta.

Un ejemplo de lo que significa esta fuerza ciudadana en la práctica acaba de verse en Galicia. Una sociedad entera se levantó gritando “Altri non”, para frenar el proyecto de una macrocelulosa que pretendía verter cada día 30 millones de litros de agua contaminada al río Ulla. La movilización masiva de plataformas como Defensa da Ría de Arousa o Ulloa Viva, junto al apoyo de organizaciones como Greenpeace, logró que el pasado 10 de julio de 2026 la Xunta archivara el proyecto. Siguen reclamando otro modelo de prosperidad, uno que no destruya el medio rural y el empleo que ya existe —el de las mariscadoras, los bateeiros, la agricultura tradicional— para beneficiar a una multinacional extranjera.

Aquí emerge una verdad muy incómoda: España no sufre un déficit de preocupación climática, sino un déficit democrático. Mientras la emergencia exige más deliberación pública e inteligencia colectiva, nuestro sistema de partidos sigue ofreciendo respuestas del siglo pasado, basadas en la negociación entre élites y el cortoplacismo electoral. Ese es el punto de mayor consenso en nuestra sociedad: la gente quiere escuchar a la ciencia, emprender el camino del poscrecimiento y sobre todo participar en las decisiones que afectan a su vida y a la de las generaciones futuras.

¿Y de qué queremos debatir cuando se nos da voz? La respuesta de la ciencia es clara y apunta a un concepto que la política institucional todavía teme nombrar: la suficiencia. Las científicas y los científicos del IPCC de la ONU señalan desde 2022 que para garantizar una vida digna en 2050 es imprescindible reducir democráticamente el uso de energía y materiales, repartiendo mejor lo que se produce. No se trata de escasez, sino de bienestar dentro de los límites planetarios. De hecho, en el sistema energético, Greenpeace ha demostrado, en un estudio para España y Portugal, que podemos lograr vivir mejor reduciendo el consumo energético un 39% para 2040, aplicando la suficiencia y la eficiencia, mientras atendemos las necesidades de servicios energéticos para toda la ciudadanía al 100% con energías renovables.

El verdadero problema actual no es si habrá o no un Pacto de Estado, sino qué partidos están dispuestos a pactar de verdad con esta evidencia científica. Según el Real Instituto Elcano, el 87% de los españoles quiere que el Parlamento adopte los objetivos que dicte la ciencia. Además, la experiencia demuestra que las políticas de suficiencia, lejos de generar rechazo social, encuentran un apoyo unánime en las asambleas ciudadanas climáticas siempre que se apliquen con justicia social.

Lamentablemente, la oportunidad de la Asamblea Ciudadana Climática de 2022 en España se desperdició en debates institucionales que nunca culminaron. Mientras esperamos, la desinformación gana terreno y el negacionismo habla el idioma de la “odiocracia”, atacando la evidencia científica a golpe de memes. El mundo ecologista se mueve a menudo en otras burbujas digitales minoritarias, cuando más que nunca, tenemos que hablar a todo el mundo, para proteger el derecho de la gente a estar verazmente informada. Por eso, en enero de 2025, varios colectivos sociales llevaron al Congreso una propuesta urgente: crear un Parlamento Ciudadano Climático permanente y recuperar la conversación pública informada por la ciencia a gran escala, con una asamblea por sorteo y un consejo de expertos con poder real. No es una utopía; es una dinámica global. Bélgica ya reforma su Senado para convertirlo en un Consejo Ciudadano, el Reino Unido debate hacer lo mismo con la Cámara de los Lores y la propia OCDE defiende una asamblea ciudadana mundial para blindar las decisiones climáticas frente a las olas autoritarias.

Como actores de la comunidad científica y de la lucha ambiental vemos que la propuesta sigue sobre la mesa en España, pero también preguntamos: ¿Quién la recogerá? La filósofa Marina Garcés nos advirtió de la trampa de caer en la falsa disyuntiva entre el colapso que paraliza y el solucionismo tecnológico que promete arreglarlo todo sin cambiar nada: “Lo que esconde esa disyuntiva es una rendición: nuestra renuncia a la libertad, es decir, a mejorar, juntos, nuestras condiciones de vida”. Solo incorporando ese poder deliberativo ciudadano a las instituciones, un Pacto de Estado dejará de ser una promesa vacía para convertirse en una hoja de ruta real hacia la democracia de la Tierra.

Llamamos a todas las fuerzas progresistas a ponerse manos a la obra.

Firman también:

Marta Rivera, investigadora CSIC-UPV / IPCC, IPBES

Rogelio Santos Queiruga, pescador de bajura, comunicador medioambiental, presidente de la Asociación de Defensa de la Ría de Muros y Noia

María Sánchez, escritora y veterinaria

Agnès Delage Amat, investigadora Univ. Aix Marsella/ UMR CNRS

Rafael Jiménez Aybar, experto en democracia medioambiental, Westminster Foundation for Democracy