Operación salvar a un rey del banquillo: los préstamos que evitaron la imputación de Juan Carlos I por fraude fiscal

Las memorias publicadas este año por Juan Carlos de Borbón y Borbón repasan con indulgencia algunos de los puntos críticos de la vida del monarca emérito. Desde su llegada al trono hasta su descrédito y exilio en Abu Dabi pasando por la fortuna millonaria que amasó a espaldas de Hacienda. Lo que no detalla en su libro de más de 500 páginas es cómo obtuvo el dinero que le permitió pagar más de cuatro millones al fisco en 2021 y, en la práctica, esquivar una imputación por fraude fiscal cuando se enfrentaba a una triple investigación penal de la Fiscalía. elDiario.es ha tenido acceso a uno de los múltiples contratos de los préstamos que le hicieron esos días diversos empresarios y amigos para que pudiera saldar sus deudas: le dieron dos años de margen para empezar a devolver el dinero, con unos intereses del 3%, unos plazos intermedios de amortización y un límite para retornar todo. El próximo 28 de enero de 2026.

El padre de Felipe VI dejó la corona en junio de 2014 después de casi 39 años en el trono. En un momento en que el desgaste de la monarquía española venía de episodios como el del safari en Botswana –“Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”– y de los rumores sobre su vida amorosa al margen de Sofía de Grecia, todavía quedaba más de un lustro para que los españoles conocieran el verdadero alcance de su vida oculta. Los millones en el extranjero, la fortuna oculta en un 'trust' en Jersey y las fundaciones y cuentas en Suiza o Panamá.

Todo eso afloró cuando, en junio de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió hasta tres diligencias de investigación penales contra él. La primera por los 65 millones de euros que la monarquía saudí le pagó, supuestamente, como una comisión en el proyecto de llevar el AVE a La Meca. La segunda por los 10 millones que guardó en la isla de Jersey. Y la tercera por los más de ocho millones de euros que una fundación de su primo lejano, Álvaro de Orleans, le pagó en viajes en aviones durante años. Causas que abarcaban distintos delitos relacionados con la corrupción y los sobornos pero con una clave de bóveda: que nunca pagó impuestos por su fortuna.

El entorno del monarca emérito dio en el clavo poco después de que abandonara España para instalarse en los Emiratos Árabes Unidos: había que quedar en paz con Hacienda antes de ser formalmente acusado. Acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, que da por “regularizada” la situación tributaria si el potencial acusado paga sus deudas antes de que se le notifique “el inicio de actuaciones de comprobación o investigaciones”. Un plano amplio de esos años revela que Juan Carlos I hizo dos pagos a Hacienda cuando ya era público que estaba siendo investigado pero antes, según la Fiscalía, de que supiera qué concretas acusaciones pesaban sobre él.

Su primera regularización fue un pago de 678.394 euros a Hacienda en diciembre de 2020. Un pago “sin requerimiento previo”, destacaron entonces sus abogados, pero dos meses después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía le investigaba por el dinero que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause le había suministrado para que él y otros familiares lo gastaran entre 2016 y 2018. Su segunda y más voluminosa regularización llegó ya en febrero de 2021, cuando desembolsó 4.395.901,96 euros por los impuestos que había dejado de declarar mientras la Fundación Zagatka, de su primo lejano Álvaro de Orleans, le había pagado millones de euros en billetes de avión durante años.

Diversos medios de comunicación relataron cómo consiguió Juan Carlos de Borbón todo ese dinero en tiempo récord en las primeras semanas de 2021 y desde su exilio en los Emiratos. Los últimos billetes de avión pagados por la Fundación Zagatka eran del año 2018 y, por tanto, la prescripción no le protegía totalmente de ese posible delito fiscal. Amigos, empresarios y miembros de la aristocracia aportaron cantidades de en torno a 200.000 euros por cabeza en formato de préstamo para ayudar al monarca emérito a salir del paso. Un préstamo que tenía que devolver, pero que no estaba sujeto a impuestos como sí lo habría estado una donación.

Los nombres de algunos de los prestamistas fueron publicados poco después. El naviero Vicente Boluda, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, Jaime Castellanos, Alejandro Aznar, Diego de Alcázar o los hermanos Corsini. Préstamos de condiciones similares –con pocas esperanzas de recuperar el dinero, se publicó entonces– comunicados a la Agencia Tributaria aunque exentos de impuestos y con una línea roja para devolver el dinero a finales del próximo mes de enero. Uno de estos préstamos, a cuyo detalle ha podido acceder elDiario.es, fue suscrito por la empresaria Alicia Koplowitz.

200.000 euros al 3% de interés

Alicia Koplowitz (Madrid, 1952) es considerada una de las fortunas más altas y estables de España por la prensa especializada. Hija del empresario Ernesto Koplowitz –polaco de origen judío que llegó a España a finales de los años cuarenta huyendo del exterminio nazi– la dueña del 'family office' Omega Capital fue una de las aristócratas que ayudó a Juan Carlos de Borbón a zanjar sus deudas con Hacienda antes de exponerse a una imputación. El contrato de préstamo, por valor de 200.000 euros, fue firmado por la empresaria y el monarca en los últimos días de enero de 2021 y la transferencia bancaria se hizo pocos días después. Desde el entorno de ambos no se han hecho, por el momento, puntualizaciones o comentarios a preguntas de este periódico.

El documento ha podido ser examinado por elDiario.es y se puede consultar al pie de esta noticia con los datos personales o privados de prestamista y prestatario eliminados, así como se ha difuminado la firma de Alicia Koplowitz. El contrato da a Juan Carlos de Borbón un plazo “máximo” de cinco años, por lo que “la fecha máxima de devolución”, añade, es el 28 de enero de 2026. Pero no tuvo que empezar a pagar inmediatamente: el contrato contemplaba un periodo de carencia de dos años. También unos intereses del 3% durante todo el préstamo.

Una vez vencido el primer periodo de carencia, el contrato imponía metas volantes a Juan Carlos de Borbón para ir pagando poco a poco el préstamo: 65.000 euros el primer año, otros 65.000 más el segundo y los últimos 70.000 euros antes del 28 de enero de 2026, con la posibilidad de pagar por adelantado y la advertencia de aplicar intereses de demora y el compromiso de la prestamista a presentar “la correspondiente autoliquidación” ante Hacienda porque, entiende el documento, el préstamo está teóricamente sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pero exento de su pago.

Personas cercanas al monarca emérito organizaron estas colectas hasta que la lista inicial de más de 30 benefactores se redujo a poco más de una docena, según publicaron diversos medios en esos días de 2021. Nombres como los hermanos Javier y Miguel Corsini o, explican fuentes conocedoras de la operación concreta del préstamo de Koplowitz, el exjefe de la Casa del Rey durante la década de los noventa, Fernando Almansa, conocido de la empresaria, ejercieron de intermediarios.

Préstamos clave para Juan Carlos I

Los préstamos de dinero que estos empresarios y aristócratas hicieron a Juan Carlos de Borbón fueron clave para que el padre de Felipe VI evitara una hipotética imputación por fraude fiscal en el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción dirigida por Alejandro Luzón anunció en marzo de 2022, tras varios años de investigaciones, que archivaba las tres diligencias penales que mantenía abiertas contra él. Algunas habían caído por falta de pruebas: según la Fiscalía, los 65 millones de euros que le regaló el régimen saudí no tenían por qué ser una comisión ilegal por intervenir en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. Y si hubiera un posible cohecho, estaría prescrito.

También decayó la investigación sobre el 'trust' de Jersey donde se le atribuían 10 millones de euros guardados al monarca. “No existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón”, dijo el decreto. Y los múltiples delitos fiscales que se le habían atribuido a lo largo de la investigación, por gestionar su fortuna a espaldas del fisco español, estaban blindados: o habían prescrito o habían ocurrido antes de su abdicación y, por tanto, cuando estaba protegido por la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.

Allí donde no llegaban ni la inviolabilidad ni la prescripción sí llegaron sus regularizaciones fiscales de 2021. La Fiscalía Anticorrupción bendijo el efecto exoneratorio de esos dos pagos a Hacienda al entender que saldó sus deudas fiscales antes de ser notificado formalmente por lo que estaba siendo investigado. Aunque la propia Fiscalía le había notificado la incoación de las diligencias. Unos avisos que, según el propio decreto de archivo de Anticorrupción, “no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización”.

El efecto de estas regularizaciones fue confirmado por el Tribunal Supremo cuando la Sala de lo Penal rechazó querellas que posteriormente intentaron sortear los decretos de archivo de Anticorrupción. Una de esas iniciativas penales cuestionó, precisamente, que esos pagos pudieran exonerar al rey emérito de enfrentarse a un juicio por fraude fiscal: “Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”, zanjó el Supremo.