Los sistemas políticos que mejor promueven la transición climática

A estas alturas casi nadie duda de que la crisis climática exige transformaciones profundas con inversiones iniciales importantes. Dos artículos recientes en la revista Annual Review of Political Science recuerdan que la transición ecológica es, sobre todo, un problema político: No faltan ideas ni tecnología para llevarla a cabo, sino instituciones capaces de sostener compromisos, repartir costes y beneficios, y resistir la presión de quienes tienen mucho que perder con el cambio.

El primer artículo, de Kathryn Baragwanath y Saad Gulzar, revisa la evidencia comparada sobre la hipótesis que las democracias deberían producir también mejores políticas medioambientales. Aunque existe cierta relación entre democracia y protección ambiental, esta es débil e irregular. Los autores encuentran que más que la democracia en sí, lo que propicia buenas políticas medioambientales es la existencia de algún tipo de control sobre los gobernantes (que también puede darse en sistemas autocráticos), los incentivos de las burocracias para desarrollar estas políticas, el margen de maniobra de las autoridades locales, y hasta qué punto la ciudadanía puede vigilar y sancionar. Visto así, la política ambiental se parece mucho a otros problemas clásicos de gobierno: hay fallos de información, intereses cruzados, tentaciones de corto plazo y riesgos de captura. Las elecciones pueden mejorar la rendición de cuentas, sí, pero también empujar a decisiones populares a corto plazo y dañinas a largo plazo. La descentralización puede acercar la gestión a la ciudadanía, aunque también abra la puerta a la captura por parte de élites locales. La conclusión es menos rotunda de lo que quizá querríamos, pero también más útil: no hay un efecto automático de la democracia; pero sí diseños institucionales que funcionan mejor que otros.

El segundo artículo, de Alexander Gazmararian y Dustin Tingley, se mueve en una dirección parecida. Durante mucho tiempo, la literatura sobre cambio climático se centró en el dilema de cooperación internacional: aunque todos los países se beneficiarían de reducir emisiones, nadie quiere asumir solo los costes. Ese enfoque sigue siendo importante, pero los autores sostienen que para entender por qué unos países avanzan en políticas ambientales y otros no, también hay que mirar dentro de cada Estado: qué actores ganan, cuáles pierden y, sobre todo, si las promesas de la transición resultan creíbles. Ahí entra el concepto central del artículo: la credibilidad. Una transición energética no sale adelante solo porque exista una mayoría abstracta a favor del clima. Sale adelante cuando empresas, trabajadores, inversores y territorios creen que las reglas serán estables, que las compensaciones llegarán de verdad y que los costes no recaerán siempre sobre los mismos. Si nadie confía en que el Estado cumplirá, la resistencia aumenta y la inversión se frena. Y si los beneficios potenciales de la transición tardan demasiado en llegar o aparecen de forma muy desigual, las coaliciones favorables al cambio se debilitan.

Leídos juntos, los dos textos sugieren que la democracia garantiza por sí sola no genera una buena gobernanza ambiental, y que la urgencia climática tampoco crea automáticamente las condiciones para una transición energética justa y eficaz. Entre los objetivos y los resultados se interponen instituciones imperfectas, intereses organizados y problemas de credibilidad. Hacen falta estados capaces de implementar políticas, coordinar actores, garantizar cierta estabilidad regulatoria y generar beneficios visibles. Estas capacidades pueden darse tanto en entornos democráticos como autocráticos.