Felipe VI se queda corto: lo que la monarquía aún no quiere reconocer

Felipe VI ha reconocido que entre las acciones del imperio español durante la conquista de América hubo “mucho abuso” y también “luchas y controversias morales y éticas”. Se trata de un modesto gesto pensado para ayudar a la normalización de las relaciones con México, que en 2019 pidió a la monarquía que se disculpara frente a los pueblos originarios por la violencia, saqueos y masacres cometidas en tiempos coloniales. Aquella petición, que en realidad tomó la forma de una carta privada, fue filtrada deliberadamente por la monarquía española y derivó en una crisis diplomática en la que España —gobierno y monarquía— se enrocó en no querer pedir perdón.

No hubiera sido tan raro elaborar esas disculpas. La carta del entonces presidente mexicano López Obrador fue también enviada al Vaticano, pues la Iglesia participó de forma activa en la invasión de América y en los procesos subsiguientes. Pero lo cierto es que la Iglesia ya se había adelantado, y en 2015 el papa Francisco había pedido perdón por los “muchos pecados que fueron cometidos en nombre de Dios contra los pueblos nativos de América”. Aún antes, en el año 2000 el papa Juan Pablo II había lamentado la “dolorosa violencia y persecución” contra los pueblos indígenas. ¿Por qué España no podía hacer lo mismo? 

Otros países que tuvieron colonias o que mataron y expulsaron a pueblos aborígenes han pedido perdón por su pasado imperial. Incluso el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución en 2009 en la que literalmente se pedían disculpas “a todos los pueblos nativos por los muchos ejemplos de violencia, maltrato, y abandono infligidos sobre los pueblos nativos por ciudadanos de los Estados Unidos”. Canadá, Alemania, Reino Unido, Australia o Japón son otros ejemplos que, con diferente intensidad, han reconocido su pasado colonial y han pedido disculpas de alguna u otra forma. En general, eso sí, las viejas potencias coloniales se han negado a reconocer que tales gestos impliquen responsabilidades legales, lo que derivaría en el pago de indemnizaciones. Y casi siempre se trata de reconocimientos parciales, que mencionan casos concretos o que tienen interés en mejorar las relaciones económicas contemporáneas —como pasó con las disculpas de Italia a Libia, previamente a la firma de acuerdos sobre gas y petróleo—. Es decir, existe una fuerte resistencia a vincular de manera estructural las viejas redes coloniales —y de sus muchos abusos— con los beneficios que obtuvieron desde la metrópoli.

La respuesta visceral del nacionalismo español, que se ha soliviantado incluso ante unas declaraciones tan modestas e informales como las de Felipe VI, debe entenderse en el contexto de fragilidad y reafirmación de una identidad construida a partir de mitos fundacionales y de una violencia extrema. Nada distinto de lo que ha sucedido en otras viejas naciones que también fueron imperios, pero que en el caso de España parece tan difícil de reconocer.

El imperialismo español se cimentó a partir de la conquista y la esclavitud, pero lo hizo mucho antes de la invasión de América. De hecho, las plantaciones esclavistas de azúcar que Colón implantó a los pocos meses de llegar a la isla de La Española —y que fueron realmente las primeras fábricas capitalistas, luego mejoradas a lo largo de toda América para hacer más eficiente el trabajo de los esclavos africanos— fueron una importación de las prácticas que los españoles y portugueses estaban llevando a cabo en las Azores, Madeira y las Canarias. También la brutalidad frente a los indígenas había sido ensayada previamente con los Guanches en las Canarias, con descripciones de los contemporáneos que hielan la sangre. En general, las islas atlánticas fueron el laboratorio donde aprender a desarrollar una colonización basada en el azúcar, la deforestación, el trabajo forzado y el comercio de esclavos, como ha señalado el historiador Jean-Baptiste Fressoz.

No podemos olvidar que el interés principal de los conquistadores era el saqueo de los recursos, como el oro, la plata y la fuerza de trabajo forzada. Los españoles —en realidad, básicamente castellanos— esclavizaron a los indígenas desde el comienzo, utilizando los mismos métodos usados en la península con los pueblos musulmanes: llamaban cabalgadas, razias o incluso, muy gráficamente, vendimias al proceso de asaltar rápidamente a comunidades indígenas para capturar nuevos esclavos. Esa mano de obra forzada se usaba en toda actividad económica, especialmente las plantaciones y la minería. Pero como la población indígena disminuía con rapidez por la terrible combinación de enfermedades y desnutrición, Carlos I autorizó desde 1518 el comercio de esclavos africanos para mantener la provisión de mano de obra barata. 

También es cierto que hubo controversias morales y éticas, como afirma Felipe VI, ya que una parte de la Iglesia se mostró profundamente consternada por cómo eran tratadas las poblaciones indígenas. La Corona fue sensible a esta visión hasta mitad de siglo XVI, llevando a la aprobación de las Leyes Nuevas en 1542, que es a lo que se refiere el actual monarca al insistir en que sus antepasados intentaron proteger a los indígenas. Ciertamente se trata de reformas y leyes que no se cumplieron, punto que ha dado pie a esa descripción de “muchos abusos” con la cual Felipe VI parece eximir a la monarquía de responsabilidad, situándola en los encomenderos y conquistadores que desobedecían a la metrópoli.

Pero todo el proceso de invasión de América implicó algo más que sufrimiento humano. Fue también lo que Marx denominó “acumulación originaria” del capitalismo, es decir, el primer paso para el enriquecimiento de fortunas personales que serían las responsables de extender la dinámica capitalista en Europa. Es cierto que España fue incapaz de aprovechar toda esa riqueza para un impulso propiamente capitalista, debido esencialmente al carácter rentista de sus élites, algo denunciado ya entonces por los economistas mercantilistas de la época. Luis Ortiz, funcionario de la corona en el siglo XVI, se quejaba amargamente de que los extranjeros “nos tratan peor que a indios” porque los países europeos llevan a España manufacturas mientras los españoles exportan materias primas, lana, sedas y otros productos similares. España, aun siendo un imperio, en términos económicos jugaba ya en el siglo XVI un rol de “semiperiferia” que justificaba que, aunque los españoles sacaban el oro y la plata a los indios —expresión literal de Ortiz—, otros países europeos se llevaban “el dinero del reino con su industria, sin trabajar en sacarlo de las minas, como nosotros hacemos”. Es decir, España participó activamente en la extracción de riqueza colonial, pero no logró traducir esa acumulación en un desarrollo industrial propio, quedando subordinada a otras economías europeas.

En los siglos siguientes, serían otros países, destacadamente Inglaterra, los que dieron el impulso definitivo al capitalismo en sus países y en Europa; un despliegue que se elevó sobre la disponibilidad combinada de combustibles fósiles y redes coloniales. Pero España no se quedó tampoco al margen del saqueo posterior, lo que ilustra el hecho de que más del 8% de los esclavos embarcados en África —lo que supone más de un millón de almas— lo hiciera en embarcaciones con bandera española. Hay una amplia bibliografía académica, comenzando por los trabajos del historiador José Antonio Piqueras, que ha documentado el enriquecimiento de familias españolas y catalanas a través del comercio esclavo; una relación que dio origen al primer capitalismo industrial también en España. La trata de personas era un negocio muy rentable que permitió amasar grandes fortunas en la península, las cuales se reinvirtieron —varios siglos después de la invasión de América— en los primeros proyectos burgueses. Tan es así que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud, para Cuba, en fecha tan tardía como 1886. 

Nada de lo anterior hubiera sido posible sin la connivencia de la monarquía, que no solo aprobaba las leyes respecto al imperio y sus posesiones, sino que también disponía de esclavos propios —los llamados “esclavos del rey”—. Naturalmente, sobra decir que toda la legislación posterior estaba profundamente atravesada por intereses comerciales y económicos en los que la monarquía tenía, como mínimo, un ejercicio de complicidad —para empezar, porque los recursos de la trata también revertían en las arcas del Estado—. Así pues, la monarquía tiene un alto historial de agravios acumulados que podría justificar un honesto reconocimiento de hechos y una consecuente disculpa. Porque no se trata solo de “muchos abusos” sino de una relación estructural entre el bienestar de unos —en el centro del imperio— y el saqueo, masacre y violencia ejercida sobre otros —las colonias—. 

Afortunadamente, hace tiempo que salimos de esa etapa y podemos mirar al pasado con mucha mayor objetividad. El peligro es que el nacionalismo español se niega a hacerlo, porque sería tanto como reconocer que esa identidad de la que hacen gala está construida sobre el dolor ajeno. Las sociedades modernas y democráticas asumen su pasado, aprenden de él y miran al futuro con nuevos principios y valores. Lo que las palabras de Felipe VI revelan es que la propia monarquía sigue sin estar dispuesta a dar ese paso: prefiere hablar de “abusos” puntuales antes que reconocer una relación estructural de saqueo y violencia sobre la que se edificó, también, su propio poder.