La sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tumbado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Alcoa en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo). En un fallo de más de 300 páginas, los jueces consideran que es nulo por la “mala fe” que aprecian en las negociaciones por parte de la empresa. Su postura respecto a los despidos y las compensaciones no varió “ni un ápice” desde la propuesta inicial, señalan.

Alcoa formalizó un ERE para 524 empleados a principios de octubre, tras cuatro meses de negociaciones con el comité de empresa. Su intención era ir parando las cubas de electrolisis de forma ordenada hasta el primer trimestre de 2021, pero la justicia admitió las medidas cautelares reclamadas por los sindicatos CC.OO., UGT y CIG e impidió el pasado 4 de noviembre este proceso.

Desde que la empresa planteó los despidos -a finales de junio, aunque hubo conversaciones informales previas-, las partes pactaron ampliar el periodo de consultas del ERE en dos ocasiones. La última de ellas, en agosto, fue con el fin de abordar una posible venta a Liberty House. El grupo de origen británico mostró su interés por hacerse con las instalaciones, pero las conversaciones terminaron un mes y medio después sin acuerdo.

Ahora la compañía deberá reincorporar a los trabajadores afectados por el ERE y abonarles los salarios que hayan dejado de percibir desde la fecha del despido. Los jueces consideran en la sentencia que el objetivo de Alcoa en todo el proceso fue siempre el de “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”. Se trata, según sus conclusiones, de una “decisión comercial estratégica” y es “el imperativo categórico que nunca cambia, sea cual sea el escenario de consultas” con los representantes de los trabajadores y “sea cual sea la propuesta”.

Aunque Alcoa planteó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta 2022 ante una posible venta, la sala cree que esta propuesta era “vestir lo mismo -apagar las cubas y cerrar la fábrica- de una manera diferente”, dado que los contratos se podrían extinguir una vez acabado el periodo del ERTE.

Es, dicen, “sumamente significativo” el número de empleados afectados por los despidos porque el porcentaje “se aproxima, sin superarlo” al que le permitía a la compañía “consolidar las ayudas recibidas de las administraciones públicas sin tener que devolverlas”, pero “sin impedirle el cierre de las cubas”.

Los trabajadores que sí se mantenían en plantilla, agregan los magistrados, podrían ser despedidos al vencer los plazos de garantía de las ayudas. Los jueces creen que las “supuestas concesiones” de la multinacional en la negociación buscaban evitar que los despidos se considerasen nulos. Esta calificación de nulidad, prosigue la sentencia, es la “única” que “le impediría llevar a cabo la decisión estratégica” de parar la actividad.

En el mismo sentido, los jueces destacan que la Xunta advirtió a la empresa “hasta en diez ocasiones” de que debía prolongar el periodo de consultas, pero Alcoa accedió “siempre en el último momento y con resistencias”. Para ello argüía “empecinadamente” el elevado coste de mantener las cubas en funcionamiento.

La sala hace alusión a la “pobreza de las negociaciones”, que se han limitado “prácticamente a dos cuestiones”, la de las posibilidades reales de venta de la planta de aluminio a Liberty House y la de los efectos de la parada y rearranque de las cubas. El fallo considera que Alcoa tenía “posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final”.

La multinacional, por su parte, sigue argumentando que la planta “no es viable” por problemas “factores productivos estructurales”, como la caída del precio el aluminio, la sobreproducción y la falta de un marco energético competitivo en España. El funcionamiento de las cubas de electrolisis causa unas pérdidas que cifra en un millón de euros a la semana. Hasta septiembre de este año los 'números rojos' eran de 45 millones de dólares, cifra a la que se suman otros 126 millones desde 2018.

Alcoa ha dicho, tras conocer el fallo que tumba el ERE, que “la necesidad de reestructurar -la planta- persiste”. Según informa Europa Press, la compañía insiste en que ha actuado “de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley” y analiza la sentencia. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El plazo para presentarlo es de cinco días.

La segunda jornada de huelga de los trabajadores de Gamesa, en el polígono coruñés de As Somozas, ha comenzado este martes con barricadas y cortes de carretera. Los obreros protestan por la falta de pedidos en unha factoría dedicada a la fabricación de palas para aerogeneradores y propiedad de la multinacional Siemens Gamesa.

Las movilizaciones coinciden con la reunión que empresa, sindicatos, Gobierno central y Xunta de Galicia mantienen esta mañana en Madrid. Según informa Europa Press, los huelgusitas tienen “muchas de sus esperanzas laborales” puestas en el encuentro entre administraciones y agentes sociales.

En la reunión se tratará la actual situación de ausencia de carga de trabajo y los escenarios formulados por la multinacional. Esta, a pesar de no tener firmados nuevos contratos, asegura que “existe interés por parte de algunos clientes por materializar proyectos, pero no pedidos en firme”.

Inditex registró un beneficio de 866 millones de euros en el tercer trimestre de año (entre el 1 de agosto y el 31 de octubre), lo que supone un descenso del 13% respecto al mismo periodo de 2019. La compañía alcanzó un beneficio acumulado de 671 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2020 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre).

Inditex deja atrás los números rojos del primer semestre fiscal cuando se anotó unas pérdidas de 195 millones de euros en un contexto marcado por el impacto del Covid-19.

Las ventas del grupo en los nueve primeros meses del ejercicio 2020 alcanzaron los 14.085 millones de euros frente a los 19.820 de 2019. Inditex ha destacado que en el tercer trimestre, la recuperación desde el mes de marzo es “patente”, con ventas de 6.052 millones de euros, frente a los 7.000 millones de 2019.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha resaltado que estos resultados son consecuencia directa de una gestión “muy eficiente” en todas las áreas de la compañía y de la capacidad diaria para reaccionar y adaptarse a un entorno “difícilmente previsible”.

Generación de caja en máximos históricos

El beneficio operativo (Ebitda) alcanzó los 3.334 millones de euros en los nueve primeros meses, frente a los 5.702 millones de un año antes, y el beneficio de explotación (Ebit) se situó en 946 millones, por debajo de los 3.548 millones de un año antes. El primer trimestre incluyó una provisión para la integración digital de tiendas.

Asimismo, la compañía ha destacado que la “fuerte” generación de caja en el trimestre tiene un reflejo directo en la posición financiera neta, que se incrementó un 7% y alcanza su máximo histórico, 8.265 millones de euros.

Cuando, tras el Consello de la Xunta del pasado 3 de diciembre, se anunció la convocatoria de una oposición para cubrir 1.276 plazas en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, buena parte de los trabajadores de este ente comenzaron a preocuparse. La temporalidad entre las 1.500 personas que componen la plantilla alcanza el 92% y existen numerosos casos de contratos iniciados para un servicio y un tiempo determinados hace 13 años que se mantienen sin cambios hasta la actualidad. Sin una plaza ganada de forma fija, ahora se enfrentan a unas pruebas a las que pueden acceder en igualdad de condiciones otros aspirantes y temen no aprobarlas y que su trabajo se esfume tras años de dedicación.

“Tendríamos la misma opción de entrar que una persona recién graduada. No tienen la experiencia, pero sí el hábito -de estudiar- y la teoría más reciente”, expone Lorena Alvite, presidenta de Asociatem, una asociación en la que se han agrupado casi 300 personas con contratos temporales en fraude de ley en el Consorcio. Apunta también que pueden presentarse a las oposiciones candidatos que no tienen cargas familiares y disponen, por lo tanto, de más tiempo para prepararse. Manuel Santano, otro de los afectados, señala que el perfil entre los que ya trabajan en este ente público es de personas de más de 30 y 40 años con menores o mayores a su cargo.

El Consorcio lo integran la Xunta, 284 ayuntamientos y cinco mancomunidades. Gestiona servicios sociales como centros de día y residencias para mayores -de él dependen 64 centros, 11 residencias y seis viviendas comunitarias- y la red gallega de escuelas infantiles, las llamadas Galiñas Azuis, que son 145 en la actualidad, de acuerdo con la información de su sitio web.

Lorena Alvite superó en 2007 un concurso-oposición para entrar a trabajar en el recién creado ente -nacido un año antes, bajo la dirección del entonces vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana (BNG)-. El contrato que firmó, como trabajadora social, era de carácter temporal para la apertura y puesta en marcha del centro de día de Carnota (A Coruña). 13 años después sigue teniendo ese mismo contrato, pese a que las instalaciones se abrieron, se cerraron y se trasladaron al municipio vecino de Muros.

En una situación similar, con largos contratos temporales, se encuentran centenares de empleados, agrega y explica que esto supone que están “en fraude de ley”. A los tres años, el puesto se considera estructural y la plaza debería cubrirse de forma fija, pero esto no llegó a suceder en este tiempo. Las oposiciones anunciadas, todavía sin fecha, abren la puerta a que todos los candidatos se presenten en igualdad de condiciones al examen y, solo si lo superan, se valore la experiencia, dice Alvite.

Está prevista una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que, de acuerdo con el borrador, introducirá criterios para abordar estos casos y sancionará el abuso de la temporalidad. No obstante, los trabajadores del Consorcio creen que las oposiciones serán antes de que esa nueva norma entre en vigor. “Ni nos hacen fijos ni nos dejan esperar a que el Estatuto se modifique ni nos dan ninguna opción. Nos mandan a la guillotina directamente”, protesta la presidenta de Asociatem.

Demandas judiciales

Alvite señala otro posible conflicto derivado de esta situación: “Si convocan ahora esa oposición y yo la pierdo, pero después gano en el juzgado, hay dos personas en el mismo puesto”. Manuel Santano, que es asesor jurídico en el Consorcio, explica que algunos empleados han presentado ya demandas para que se les reconozca “el carácter indefinido de la relación laboral” y, en muchos casos, la justicia les ha dado la razón. También hay demandas que reclaman que se reconozca el puesto como fijo. En Galicia cita el caso de una trabajadora del Ayuntamiento de Pontevedra que ha ganado el pleito.

“La Xunta ahora convoca oposiciones para eliminar la temporalidad, pero se puede presentar todo el mundo, no solo el personal en abuso -de temporalidad-”, critica Santano. Cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en marzo de este año, recriminó a España el uso abusivo de contratos eventuales en la administración pública. El fallo indica que se deben sancionar estos comportamientos, pero lo deja en manos de los jueces españoles. Él prevé que buena parte de los actuales trabajadores no pasarán el examen y deberán ser compensados por la extinción del contrato.

Señala también que la mayor parte de los empleados del Consorcio superaron una oposición en su momento para acceder a sus puestos y considera que “no son justificables” otras pruebas tras 13 años “demostrando que prestan el servicio correctamente”. Santano sugiere al Gobierno gallego que diseñe un proceso “restringido” para que quienes ya están trabajando puedan consolidarse como titulares de su plaza y que esta sea fija. Pide a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que los reciba para negociar y avisa de que “se está empezando a hablar de una huelga”.

Fuentes de este departamento del Gobierno gallego señalan que la convocatoria de oposiciones cumple con el acuerdo alcanzado con los sindicatos para “estabilizar el empleo” en el Consorcio y que está por definir cómo y cuándo va a ser la prueba selectiva. La Xunta acordó en 2017 con UGT, CC.OO. y CIG que el personal de este organismo se integrase en el convenio colectivo del personal laboral de la administración gallega.

La investigación en Galicia todavía no se ha repuesto de los años de recortes públicos y privados en ciencia y tecnología que siguieron a la crisis financiera de 2008. La comunidad gallega gastó en investigación y desarrollo (I+D) en 2019 un 0,97% de su producto interior bruto (PIB), o lo que es lo mismo, de toda la riqueza que produce en un año, lo que la sitúa por debajo del máximo histórico del 1,04% alcanzado en 2008, en la etapa final del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG.

La cifra de 2019 supone, tal y como resalta la Xunta, una ligera mejora de 0,03 puntos porcentuales con respecto al año anterior y el mejor resultado desde la llegada del PPdeG al Gobierno gallego, pero apenas logra recortar distancias con España, que gasta de media un cuarto más que Galicia, o con la Unión Europea, donde el esfuerzo en I+D es más del doble. Poniéndolo en perspectiva, si el gasto en ciencia y tecnología de Galicia continuase creciendo al ritmo que lo hizo en los últimos seis años, la comunidad tardaría 19 años en alcanzar el porcentaje de gasto en I+D que tiene España ahora y 81 años en igualar al de la UE.

Los resultados están también lejos de parecerse al escenario imaginado por el propio Gobierno gallego. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se había propuesto en su Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3) llegar a un gasto en I+D del 1,7% en 2020. A la luz de los últimos datos, este objetivo parece difícilmente alcanzable.

Consultada sobre esta diferencia, la Vicepresidencia de Economía, de la que depende esta estrategia que coordina toda la política de gasto en I+D de la Xunta, se limitó a asegurar que Galicia “está consolidando su crecimiento” y se encuentra entre las autonomías en las que el gasto en ciencia y tecnología crece más rápido desde 2014.

Un objetivo que sí cumplirá la comunidad gallega es del número de personas trabajando en actividades de I+D. Si la meta de la Xunta para 2020 era alcanzar los 10.400 empleos, en 2019 ya se ha llegado a los 11.085, un 4% más que el año anterior. El gasto en I+D contabilizado por el INE suma las inversiones hechas por las empresas, la Administración pública y las Universidades en cada autonomía. En el caso de Galicia, algo más de la mitad de la inversión procede del sector privado, aunque todavía está lejos de la media española. Si en España las empresas gastan en ciencia y tecnología un 0,7% del PIB nacional, en Galicia el sector privado invierte un 0,5%.

El principal polo de investigación empresarial gallego gira alrededor de la automoción y se encuentra en el área de Vigo. Al I+D interno de las empresas, se suman centros tecnológicos que realizan investigaciones para las firmas del sector, como es el caso del Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), que, con algo más de 700 trabajadores, investiga en áreas como el vehículo eléctrico y autónomo, o la Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), que además de la automoción trabaja con empresas del sector naval.

Las causas

Pero, ¿por qué Galicia permanece tan lejos de los niveles de gasto en investigación, no solo de Europa, sino también de la media española? En opinión de Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela y director del grupo de investigación Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo (ICEDE), una de las razones radica en la estructura empresarial de Galicia. “Estamos especializados en sectores empresariales muy maduros donde las innovaciones que se pueden llevar a cabo no son necesariamente intensivas en I+D”, asegura. Ejemplo de ello sería el textil y su buque insignia en Galicia, Inditex. La compañía coruñesa, a pesar de ser una de las líderes mundiales del sector, no invierte tanto en investigación y desarrollo de tecnologías propias como en innovaciones logísticas o de diseño que ayudan a mejorar su productividad pero que no son estrictamente I+D.

La escasez de empresas medianas y grandes, con presupuesto para embarcarse en nuevos desarrollos tecnológicos, es otro de los hándicaps de la economía gallega. Mientras que en Galicia solo el 0,6% de las compañías tiene más de 50 trabajadores, en España este porcentaje sube al 0,8% y en la Unión Europea, al 1,1%, de acuerdo con datos del Eurostat.

Vence, que también fue portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) entre 2013 y 2016, cree que un tercer ingrediente tiene que ver con la “falta de estrategia” de la Xunta y con los recortes realizados por el Gobierno de Feijóo durante sus dos primeros mandatos. “Entre 2005 y 2009 se pusieron en marcha planes muy ambiciosos que tuvieron efectos positivos. La mayor parte de ellos quedaron en proceso, ya que, tras la llegada del PP a la Xunta, se paró todo y se aplicaron unos recortes terribles”, critica.

La partida de gasto en I+D presupuestada por el Gobierno gallego cayó tras la llegada de Feijóo al poder, que coincidió con el estallido la crisis y la llegada de la austeridad. Hasta 2018 no superó la cifra de inversión asignada en el último presupuesto de socialistas y nacionalistas. “Esto supuso la destrucción de muchos equipos y llevó a muchos investigadores predoctorales y postdoctorales a emigrar”, afirma Vence. 

Estrategia más allá de los fondos

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidade de Vigo Xosé Henrique Vázquez cree que el debate sobre la investigación no debe girar solo alrededor de los fondos. “La inversión en I+D como porcentaje del PIB es importante, pero prestar atención solo a eso es una concepción típica de los años 50. Los modelos de innovación cambiaron mucho desde entonces”, asegura.

A su juicio, antes que grandes inyecciones de dinero desde el Gobierno, Galicia y España necesitan reformas institucionales “consensuadas entre sindicatos y empresarios” que estimulen el emprendimiento y reformen el mercado laboral y financiero. “¿Es más importante construir una aceleradora para 20 start-ups o facilitar un entorno propicio para la creación de empresas y la contratación de personal? La aceleradora es cuestión de dinero, lo más difícil es intervenir en los procesos notariales, registrales, de permisos y licencias, que facilitan que la gente asuma riesgos”, expone.

Un ejemplo de ello es, en su opinión, el norte de Portugal. La región vecina, que en los últimos años ha sido noticia por captar inversiones de numerosas empresas de matriz gallega, estaba en 2011 a la par de Galicia en la mayoría de los criterios analizados por el Marcador de Innovación Regional de la Comisión Europea. Ocho años después, el norte portugués ha ensanchado sus diferencias y ya supera la puntuación media de la UE en seis de las 17 variables que analiza el barómetro. Galicia, sin embargo, solo mejora la media comunitaria en uno: la proporción de personas entre 25 y 34 años que cuentan con estudios superiores.

“A raíz del rescate de Portugal entre 2012 y 2014, hubo reformas de la administración y del mercado laboral y financiero. Fue algo tremendamente polémico pero fue lo único que cambió en Portugal, porque el Gobierno no aumentó significativamente los fondos en I+D. Las empresas se están yendo allí porque todo es más ágil y las condiciones de acceso son más incentivadoras”, argumenta Vázquez.

La falta de financiación y los años de austeridad sí que han hecho mella en los últimos tiempos en la investigación universitaria. O, al menos, esa ha sido la experiencia de José Martínez Costas, biólogo del CiQUS, uno de los siete centros singulares de investigación que hay en Galicia. Él lidera en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) uno de los grupos españoles encargados de desarrollar una vacuna contra la COVID-19 que, a diferencia de otras fórmulas, se basa en una tecnología de nanoesferas desarrollada por su mismo grupo y patentada por la USC. 

El camino andado hasta registrar la patente no fue fácil, dada la falta de recursos económicos. “No teníamos un duro. El dinero que se invierte en investigación es muy poco y, aunque la Consellería de Educación tiene líneas de ayuda, acostumbran a dar la mayor parte del dinero a los grupos de investigación que más tienen”, afirma. Ahora, y con la financiación del Instituto de Salud Carlos III, el Banco Santander y la Comisión Europea, mantiene un grupo de siete investigadores para los cuales el futuro sigue siendo incierto. “Tenemos financiación hasta marzo o abril. A partir de ahí, no sabemos que pasará”, lamenta.

Para Martínez Costas, la última muestra de la “desidia” y el “cortoplacismo” que padece la investigación en Galicia es el retraso por parte de la Xunta en la convocatoria del programa de becas posdoctorales I2C. Muchos de los investigadores beneficiarios del programa finalizan sus contratos a finales de diciembre. El Gobierno gallego, sin embargo, todavía no ha sacado la nueva convocatoria, lo que, de acuerdo con los plazos habituales de resolución de estos contratos, abocará a este grupo de casi 40 investigadores a ir al paro durante al menos 4 meses.

Los fondos europeos para la reconstrucción

Galicia y el resto de España tienen la oportunidad de dar un salto en I+D con los fondos de recuperación europea Next Generation UE. Hasta el momento, la Xunta afirma haber presentado 108 iniciativas aunque no las hará públicas hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos. Entre los que sí se han desvelado, hay una planta de hidrógeno verde, un complejo para producir viscosa con la que proveer de fibra vegetal a la industria textil, un centro de generación de biogás o una planta de fertilizantes.

Xosé Henrique Vázquez ve en estos proyectos “el peligro y la bondad” de estar vinculados a grupos empresariales. “Que surjan de la empresa no tiene por qué ser malo y puede garantizar su viabilidad. La clave será diseñar su implantación y definir qué retorno social tendrán, no solo para la empresa, sino para todos”, asegura. Más crítico se muestra Xavier Vence, para quien la Xunta solo ha presentado “proyectos aislados” sin una estrategia definida para promover la economía circular.

Noviembre no ha sido un buen mes para el empleo en Galicia. 6.165 personas más se han registrado en las oficinas de los servicios públicos, lo que supone un aumento del 3,4%, cinco veces más que en la media del Estado (+0,6%). Los datos los ha publicado este míércoles el Ministerio de Trabajo, informa Europa Press.

En la comunidad hay un total de 187.472 persoas en situación de desempleo. Si se establece una comparación con el mismo mes pero del año pasado, la diferencia resulta notable: 21.183 parados más, un 13,17%.

A lo largo de este mes, las siete ciudades gallegas, que concentran un elevado porcentaje de la población total de Galicia, han permanecido sometidas a restricciones derivadas de las medidas para combatir el coronavirus, lo que, entre otros asuntos, ha supuesto el cierre del importante sector de la hostelería.

Tras años de luchas internas, una sucesión de presidentes incapaces de acabar su mandato y con el bastón de mando sin dueño desde enero de 2018, el pasado martes, 24 de noviembre, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) anunciaba la paz en el seno de la organización. La patronal gallega informó aquel día en un comunicado de que José Manuel Díaz Barreiros había salido elegido por aclamación para liderar a los empresarios gallegos. Cinco minutos antes de que empezase la asamblea general electoral en su versión presencial, y con la votación telemática ya casi cerrada, anunció un acuerdo con el otro candidato, Pedro Rey, quien se retiró de la lid.

La tranquilidad duró 48 horas. Díaz Barreiros desayunó al día siguiente de su elección con informaciones sobre su empresa -una gestoría en Ourense, de donde es originario- que no fueron plato de gusto y conoció a lo largo del día que cuatro asociaciones integradas en la CEG habían presentado escritos para pedir aclaraciones sobre el proceso electoral. El jueves presentó su dimisión, en un giro de guion que causó sorpresa en el norte y el sur de la patronal y que vuelve a tensar su vida interna.

La organización deberá ahora convocar unas nuevas elecciones. Serán las séptimas en ocho años y pocos de los protagonistas ven alcanzable una candidatura de consenso que venga a poner fin al conflicto. Algunos van más allá. Jorge Cebreiros, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra -una de las asociaciones que pidió el acta electoral del día 24 de noviembre-, considera que es “una utopía”: “¿Quién va a querer dar el paso?”. Cree que “el daño” generado en este proceso deja a la CEG en una situación “mucho peor” de la que tenían.

Las diferencias dentro de la patronal empezaron a salir a la superficie en 2013. Ese año abandonó la presidencia, tras 12 años en el cargo, Antonio Fontenla, un empresario coruñés del sector de la construcción. En las elecciones de julio salió elegido José Manuel Fernández Alvariño, hasta entonces presidente de la patronal pontevedresa y propietario, entre otras empresas, de concesionarios de automóviles. Fue el único candidato, pero 53 de los 165 votos que se emitieron mostraron una disconformidad que se tradujo en dificultades en su mandato y un bloqueo de las cuentas. Alvariño convocó elecciones anticipadas para enero de 2016, a las que no se presentó.

En esa cita se enfrentaron el entonces presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canal, y otro ourensano, de una asociación sectorial de empresas de enseñanza, Antonio Dieter Moure. Con el crucial apoyo de la confederación coruñesa, dirigida hasta la actualidad por Fontenla sin interrupciones desde el año 2000, salió elegido este último. Su mandato estuvo lejos de agotarse y dimitió en octubre de ese mismo año. En enero de 2017 le dio el relevo Antón Arias, un candidato que se presentó cuando se daba por hecho que no habría aspirantes. Era el vicepresidente de la patronal coruñesa y los empresarios del sur recibieron mal a un líder que interpretaron que venía de la mano de Fontenla.

Críticas a Fontenla

Entre quienes atacan frontalmente el papel del expresidente de la patronal gallega y máximo responsable de la confederación coruñesa está otro expresidente, Antonio Dieter Moure: “Fontenla tiene que irse”. Opina que “la CEG es una república bananera” y que “la democracia es contraria” a su forma de funcionar actual. Acusa a Fontenla y sus afines de querer dejar la confederación gallega “en la mínima expresión” y llevar los proyectos a las provinciales, que “están muy ahogadas, salvo la de Pontevedra”. Pide “dejar paso a los jóvenes”. Moure firma otro de los escritos que piden aclaraciones sobre las elecciones del 24 de noviembre. El tercero está rubricado por el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, y el cuarto es de Cegasal, una asociación de centros especiales de empleo.

El mandato de Antón Arias duró un año y, desde que él renunció, en enero de 2018, la presidencia de la CEG está vacante. Hubo dos convocatorias de elecciones fallidas, a las que no se presentaron candidatos, y Fontenla comenzó a actuar como portavoz interino de la patronal gallega. Fuentes próximas a él señalan que aspiraba a descansar a partir de ahora y que también le sorprendió la dimisión de Díaz Barreiros. Interpretan la actitud de las asociaciones que han trasladado sus dudas sobre el proceso electoral como una incapacidad para permitir que otros asuman la dirección de la organización.

El alejamiento de Pontevedra

Estos conflictos internos enquistados han tenido derivadas en los últimos años. La “dinámica de autodestrucción” que Jorge Cebreiros ve en la CEG llevó a la patronal de Pontevedra a dejar de participar en los órganos directivos gallegos en 2019. El lunes un comité directivo hará “una primera reflexión” sobre la situación actual. Por el momento, destaca que la Xunta ya ha identificado proyectos tractores para solicitar las ayudas europeas para la reconstrucción y que los trabajos para aspirar a estos fondos encuentran a la patronal sumida en otro capítulo de su guerra civil.

El presidente de la confederación de Pontevedra es pesimista respecto al futuro, pero otras voces, como la del responsable de la patronal en Lugo, Jaime López, animan a “estar a la altura del empresariado gallego”. Considera que la dimisión de Díaz Barreiros deja una situación “compleja”, pero que “demuestra que la organización está viva”. “Hay que abandonar las batallas internas que no conducen a nada”, reclama. Como representante de los empresarios de Ourense, Marisol Nóvoa, se limita a trasladar su respeto por la decisión “personal” del recién dimitido presidente y a esperar al resultado de un nuevo proceso electoral.

Una vez se reúna la junta directiva, la nueva cita tendrá que fijarse en un plazo de no menos de 40 días, pero pueden acordar la fecha que consideren oportuna.

El presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), José Manuel Díaz Barreiros, ha presentado su renuncia solo dos días después de salir elegido por aclamación. El motivo son las “dudas manifestadas por asociados” que “ponen en entredicho la legalidad” de las elecciones celebradas el pasado martes, informa Europa Press.

Estos asociados que han puesto en duda ante la secretaría de la CEG el proceso piden información sobre el mismo. Lo hicieron mediante escritos que firman representantes de Asime (Enrique Mallón), Cegasal, Cece Galicia (Antonio Diéter Moure Areán) y la CEP (Jorge Cebreiros).

Díaz Barreiros accedió a la presidencia tras renunciar a su candidatura el aspirante Pedro Rey Vera cinco minutos antes de iniciar la asamblea general electoral de forma presencial, pero una vez que había cerrado ya la parte telemática y varios vocales habían emitido su voto.

Antonio Diéter Moure, ourensano como Díaz Barreiros, fue presidente de la CEG durante un breve periodo de tiempo y presentó su renuncia también ante los conflictos internos de la CEG en octubre de 2016. En noviembre de 2015 ya había dejado vacante el cargo el vigués José Manuel Fernández Alvariño y, tras Moure, también dimitió el coruñés Antón Arias, en enero de 2018. Desde entonces, Antonio Fontenla, presidente de la confederación de A Coruña, ejercía la portavocía de forma interina, ya que ninguna persona dio un paso al frente en sucesivas convocatorias electorales. Fontenla ocupó durante años el cargo y precedió en el mismo a Fernández Alvariño. La patronal gallega se ve ahora abocada a unas nuevas elecciones.

En la nota de prensa emitida a última hora de este jueves, la CEG apunta directamente a Cebreiros y afirma que “apoyó personalmente con su voto la elección por aclamación del nuevo presidente”. Díaz Barreiros accedió a la presidencia el pasado martes tras renunciar “voluntariamente” a su candidatura el aspirante Pedro Rey, respaldado por la CEP. Después, ambos comparecieron ante la prensa e informaron de que llegaron a un acuerdo a la vista de los apoyos que creían que iban a tener cada uno. El ourensano ofreció al vigués entrar en los órganos de gobierno y este declinó la oferta pero prometió su apoyo “desinteresado”.

Desde entonces, en apenas 48 horas, varias asociaciones expresaron su malestar. José Manuel Díaz Barreiros ha decidido renunciar pese a que defiende que el proceso electoral “fue democrático en todo momento y celebrado bajo las directrices de la CEG”. Lo hace “con la finalidad de proteger la buena imagen de la institución, que está por encima de los asociados”.

La patronal explica que, según la certificación telemática de la empresa contratada, la candidatura de Díaz Barreiros obtuvo 21 votos a su favor en la fase de voto en remoto. Sumados a los 116 vocales presentes y representados en la asamblea electoral presencial (según documentación de la CEG), sumarían un apoyo total de 137 vocales a su favor de los 179 con derecho a voto.

Tras conocerse la salida de Díaz Barreiros, a última hora de la tarde de este jueves, varias fuentes de la CEG consultadas por Europa Press han mostrado su sorpresa y estupor.

La que fue directora de Auditoría Interna del Banco Popular Yolanda Cagiao declaró este jueves en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, pero el interrogatorio fue breve. El juez, José Calama, lo suspendió para citarla de nuevo, pero como imputada por las presuntas irregularidades que llevaron a mediados de 2017 a la resolución y posterior venta del Banco Popular al Santander por un euro, informa Europa Press.

Cagiao, que ya está jubilada respondió a preguntas sobre funciones en el banco, sobre su cargo y acerca de su formación. Trabajaba en el equipo de auditoría interna de la entidad en el momento de la ampliación de capital de 2016, aunque en ese momento ella no era todavía la máxima responsable. Por este motivo, aseguró ante el juez que no intervino en nada relacionado con la financiación que dio el banco a sus clientes para acudir a esa ampliación, de más de 2.000 millones.

Posteriormente, dijo, se encargó de investigar la comercialización de esa ampliación, pero se limitó a comprobar que se cumpliera el reglamento MiFIR, el marco normativo europeo sobre mercados e instrumentos financieros que regula la transparencia de la negociación e incluye ciertas acciones supervisoras. Calama preguntó si no analizó cómo financiaban esa compra de acciones sus clientes y ella respondió que no y que no era ilegal financiar la compra de acciones ni le constaba que lo prohibiera el banco.

El que fue su jefe en el departamento de auditoría realizó la tarea de ver qué clientes recibieron financiación entre mayo y junio de 2016, y esa documentación le fue transferida a ella en enero de 2017, cuando asumió el cargo de directora de Auditoría Interna, relató. Los datos sobre los clientes que obtuvieron financiación le parecieron poco relevantes a Cagiao.

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro, las filtraciones a la prensa de un año después que supuestamente provocaron la resolución a mediados de 2017.

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el entonces presidente de la entidad financiera, Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación “inmejorable” del banco y vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución. Al frente del banco ahora extinto estaba entonces Emilio Saracho -también investigado-. Posteriormente comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.

Alberto Núñez Feijóo decidió el pasado mes de abril darle a Inditex un puesto en la mesa de expertos que seleccionan los proyectos con los que Galicia opta a los fondos europeos para la reconstrucción poscovid. El director general de finanzas de la multinacional, Ignacio Fernández, explicó en esas reuniones que los productores textiles buscan por medio mundo un nuevo material cada vez más demandado: la viscosa. Se trata de una fibra vegetal que se produce transformando la madera y que las principales marcas de ropa utilizan para fabricar prendas a las que poder colgar etiquetas en las que se lean palabras como “verde” o “sostenible”.

Con la idea de Zara bajo el brazo, la Xunta ha presentado un proyecto al Gobierno central con una inversión prevista de 850 millones de euros. El plan consiste en la puesta en marcha de una gran fábrica de viscosa que se alimente de la madera que ofrecen los bosques gallegos. Mientras Pedro Sánchez decide si incluye ese proyecto en la lista de candidatos a los fondos Next Generation, el presidente de la Xunta pide más madera. Feijóo anuncia un nuevo plan forestal (2020-2040) que incrementa un 33,3% la tala de árboles y una nueva ley para recuperar los montes abandonados y ponerlos a producir bajo el amparo de un banco de tierras controladas por la administración.

Galicia aporta el 60% de la madera cortada que produce España. Son un total de 9 millones de metros cúbicos que a Feijóo le parecen pocos. El presidente de la Xunta quiere ampliar esa producción hasta los 12 millones. El anuncio de incremento se produce paralelamente a la puesta en marcha del proyecto para el que se pide dinero de Europa y que supone que el bosque encuentre en el sector textil una nueva línea de producción más allá de la acostumbrada conversión de eucaliptos en pasta de papel.

Durante un encuentro con el presidente de Asturias auspiciado por el diario La Voz de Galicia el pasado 18 de noviembre Feijóo aseguró lo siguiente: “El tema de la viscosa para nosotros tiene una importancia estratégica; nos va a obligar a ordenar mejor los montes, a certificar la madera, a disminuir los costes en extinción de incendios y a que los gallegos sepan que en el plan forestal tienen un plan de pensiones: cada 20 años tendrán una corta que generará un ingreso familiar de forma sucesiva”.

El plan con el que la Xunta quiere acceder a los fondos europeos es ambicioso. Según explican a elDiario.es fuentes de la Consellería de Economía, “el proyecto parte de la previsión de conseguir una capacidad productiva de 200.000 toneladas de fibra textil. Se estima que, de este modo, Galicia representaría alrededor del 3% de la producción mundial situándose al nivel de los principales productores con una capacidad media anual de entre 160.000 y 190.000 toneladas”. La Xunta calcula que su plan generaría 2.400 puestos de trabajo directos (entre la construcción de la fábrica y su puesta en funcionamiento) y un número no calculado de empleo indirecto.

Más allá de esas cifras generales apenas se sabe nada del proyecto: no se ha decidido la localización de la factoría ni quienes serán los socios inversores para su puesta en marcha. En Inditex aseguran que “se trata de un proyecto de la Xunta” y no aclaran si ellos mismos pueden jugar un papel como socios o receptores de ayudas europeas.

La misma semana que la Xunta ha lanzado su proyecto el gabinete de Feijóo ha decidido fichar para su equipo a un nuevo director xeral para el área de comercio. Se trata de Manuel Heredia (Madrid, 1976) a quien Feijóo ha tenido que ir a buscar a Suiza, en donde trabajaba en una importante empresa del sector textil. En el currículum distribuido por el Gobierno gallego con motivo de su nombramiento se destaca que Heredia se formó en la plantilla de Inditex con responsabilidades en el ámbito de compras internacionales. Desde la consellería de Industria aclarar que la llegada del nuevo alto cargo no tiene relación alguna con el plan de construir la gran factoría de viscosa que ha propuesto la compañía que preside Pablo Isla y que sus funciones se centrarán más en el desarrollo de herramientas de ecommerce que dinamicen al sector en Galicia.

Mientras tanto, la compañía fundada por Amancio Ortega mantiene una decidida apuesta por el uso de fibras vegetales como eje de su producción. Solo durante el año pasado fabricaron 13 millones de prendas tejidas con este tipo de materiales. En su página web la compañía asegura que “en 2023, el 100% de las fibras celulósicas que utilicemos será sostenible, apoyando el compromiso hacia una viscosa responsable”. Las fibras que valora el mercado son aquellas con un sello de garantía que certifique que no se han obtenido de bosques primarios o amenazados. En este punto, el eucalipto gallego se presenta como la solución perfecta.

En la conversación telemática con su homólogo asturiano referida anteriormente, Alberto Núñez Feijóo dejó varias frases que suenan a confesión: “Los paisajes no se compran. Eso se tiene o no se tiene. Otra cosa es que lo cuidemos”. La comunidad vecina ha gestionado el bosque con una posición más crítica respecto a la generalización del eucalipto como especie principal de la producción silvícola. Asturias también ha puesto freno a la implantación de una nueva variante más peligrosa (eucalipto nitens) que resiste las bajas temperaturas y ha llegado ya a lugares de la montaña de Lugo en donde hasta hace unos años nunca se había visto plantaciones de esta especie. Así las cosas, cuando La Voz de Galicia preguntó a Feijóo por la calidad del paisaje gallego el presidente de la Xunta sentenció: “Ahí Asturias nos ha ganado”. No en vano, Feijóo resume del siguiente modo su idea de Galicia a vista de pájaro: “De tres millones de hectáreas de territorio, dos tercios es madera”.

La patronal gallega tiene nuevo presidente. José Manuel Díaz Barreiros llega avalado por la Confederación de Empresarios de Ourense y pertenece al sector de la asesoría, correduría y gestoría. Y ha alcanzado el máximo puesto de la Confederación de Empresarios de Galicia tras, a última hora, firmar un acuerdo con su rival Pedro Rey. Este retiró su candidatura cinco minutos antes de que comenzasen las votaciones este martes.

Díaz Barreiros presidirá así una organización que lleva años sumida en una interminable crisis interna. Sus dos anteriores presidentes, Antonio Dieter Moure y Antón Arias, acabaron dimitiendo, y desde 2017, Antonio Fontenla ejerció como portavoz de la misma. “Prima la unidad empresarial por encima de todo”, ha declarado el nuevo mandatario, quien ha avanzado que ofrecerá a Pedro Rey “colaborar con los órganos de gobierno, cerca del presidente”.

El nuevo presidente de la patronal ha reconocido “tensiones” en el interior de la confederación y las ha atribuido a “un problema de representatividad de las organizaciones sectoriales”, de una de las cuales procedía su rival, Pedro Rey. Más allá de admitir esta situación, Díaz Barreiros se ha comprometido a que la CEG “tenga el carácter del siglo XXI”. “Trabajaré por la unidad empresarial. ”Con la que está cayendo, una crisis sanitaria, económica, política y social, es la tormenta perfecta, y debemos centrarnos en otras cosas“, concluyó, según informa Europa Press.

Empresarios y empleados del sector de la hostelería han salido este sábado a la calle en las ciudades de A Coruña y Lugo para protestar contra el cierre obligatorio de un mes decretado por la Xunta en 60 municipios. El sector, muy crítico con las medidas que redujeron su clientela primero y fuerzan a bajar la persiana ahora, ya había organizado concentraciones en las últimas semanas en respuesta a las políticas del Gobierno gallego y prepara una movilización autonómica.

Coincidiendo con el primer día de cierre obligatorio han llevado sus protestas a algunas de las calles y plazas más emblemáticas de las dos ciudades. Piden ayudas económicas urgentes que palíen las pérdidas. En A Coruña, en una concentración en la plaza de María Pita, uno de los portavoces de los organizadores, Víctor Rama, calificó de “papel mojado” los apoyos presentados por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, esta semana: “No sabemos en qué condiciones, ni cuándo llegarán, ni nada. Van a llegar cuando la mitad de nosotros estemos cerrados”.

El presidente gallego dijo tras la última reunión del Consello de la Xunta que los hosteleros podrán acceder a ayudas de entre 2.200 y 7.000 euros. La novedad, en realidad, es una línea “urgente” que no concretó cuándo se distribuirá y que supone una aportación de 1.000 euros por cada mes que los establecimientos pasen cerrados. Las cifras suben si se les añaden los apoyos -que ya habían sido anunciados- para los autónomos en general, más generosos si tienen empleados a su cargo.

En Lugo ha sido la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo (APEHL) la convocante de la manifestación que hizo paradas ante los edificios de la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento. A la acción reivindicativa se sumaron vehículos de reparto de empresas distribuidoras para hacer ver la “cadena de valor” del sector.

Al finalizar la protesta, el presidente de la APEHL, Cheché Real, criticó los meses “afectados por cierres y restricciones” y destacó el “esfuerzo” de los locales de hostelería por adaptarse a las medidas de distancia social “sin ningún tipo de apoyo económico”. Los informes del Ministerio de Sanidad concluyen que en bares y restaurantes se produjeron, según este portavoz, “menos del 3,3 por ciento de los contagios acumulados en España desde mayo”.

Los hosteleros gallegos preparan movilizaciones contra el cierre del sector decretado por el Gobierno gallego y para exigir ayudas. Ultiman la convocatoria de una protesta a nivel autonómico, para la que todavía no se ha fijado la fecha, informa Europa Press. Estas acciones dan continuidad a las que ya organizaron en los últimos días en diferentes puntos de Galicia en contra de las medidas restrictivas que vaciaban los locales de clientes. El sector ha pedido también una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El responsable de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, explicó que este sábado habrá una manifestación en la ciudad a partir de las 11 de la mañana contra el cierre de la hostería en 60 municipios gallegos, incluidas las siete principales ciudades, hasta el 4 de diciembre. Se queja de que “se cargue” contra el sector de la hostelería “cuando todos los informes oficiales” a los que han tenido acceso dicen que “los contagios en cafeterías, restaurante y otros locales no pasan de un 3 ó 3,5 por ciento”. “No entendemos esta inquina con la hostelería”, lamentó. En las reuniones familiares o de amigos el nivel de contagio es, según Leal, del 18%. “En reuniones fuera del ámbito de la hostelería es donde se disparan los contagios”, argumenta.

También los hosteleros de A Coruña anuncian una concentración para el sábado a mediodía en la plaza de María Pita. Por parte de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Ourense, su presidente, Ovidio Fernández, reclama “plan de rescate” para el sector ante unos cierres “no entendidos”. Como otros, alude al cumplimiento hasta ahora por el sector de los protocolos sanitarios e insiste en que son “miles de negocios los afectados”.

Unas horas antes de que entre en vigor el cierre, que empieza a medianoche del sábado, la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra ha convocado una caravana de coches en protesta por lo que califica de “un duro golpe” para el sector. Será una movilización que partirá a las 11 horas del aparcamiento de Samil, en Vigo. Habrá protestas similares en Pontevedra y Caldas.

Entre otras cuestiones, piden que se les permita aplicar un “ERTE por impedimento, figura que recoge la exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad social”; la suspensión del pago de la cuota de autónomos y medidas para garantizar la liquidez de las empresas, como préstamos. A ello, suman la exoneración de tributos municipales “o al menos la parte proporcional a la ausencia de actividad económica”, señalan en un comunicado en el que vuelven a reclamar “ayudas directas” al sector.

Los trabajadores del sector del aluminio siempre insisten en que si una factoría para las cubas de electrolisis con las que se produce aluminio la fábrica ha muerto. Tal es el coste de su reactivación que los sindicatos de la planta de San Cibrao entienden que el interés de Alcoa por apagarlas solo tiene un objetivo: aplicar la política de tierra quemada y abandonar a su suerte a toda una comarca de la provincia de Lugo sin dejar as sus espaldas a un posible competidor de cara al futuro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la razón, prohibiendo que la multinacional americana apague el corazón de su fábrica.

El razonamiento adoptado por la sala de lo social del alto tribunal gallego es sencillo: Alcoa no puede apagar las cubas sin saber con certeza si el ERE que ha presentado contará con el aval de las autoridades públicas. El Gobierno central y el autonómico, por una vez trabajando al unísono, ya han anunciado que harán todo lo legalmente posible para tumbar el ERE que despedaza a una comarca que depende en gran medida de la fabricación de este metal que se usa en construcción de viviendas, automóviles y en un sin fin de aplicaciones industriales.

Los magistrados también se han posicionado sobre una posible intervención de la fábrica por parte del Estado. Consideran que la medida sería “desproporcionada”, sin esperar a que se resuelva antes el proceso de despido colectivo puesto en marcha por los dueños de la empresa pero abren la mano a un modelo de intervención que tenga por objeto único garantizar que no se apaguen las cubas.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 4.733 personas en octubre en Galicia en relación con el mes anterior, según los datos que publica este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por comunidades autónomas, es el séptimo mayor aumento en términos absolutos, por detrás de los registrados por Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León.

En el conjunto estatal, el desempleo se incrementó en 49.558 desempleados en octubre (+1,3%), su menor subida en este mes desde el año 2016, cuando se incrementó en 44.685 personas.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este lunes, 2 de noviembre, casi 650 millones de euros por el único dividendo que abonará el gigante textil este año a sus accionistas. Esta cantidad es un 60% menos que los 1.626 millones percibidos en 2019, abonados en dos pagos, informa Europa Press.

Inditex repartirá en total 1.090,82 millones de euros en concepto de dividendos. Ortega, que controla casi el 60% de la compañía, recibirá exactamente 646,8 millones. El grupo gallego afronta este año la retribución al accionista con un único pago, a razón de 0,35 euros por título, con cargo a los resultados de su ejercicio fiscal 2019, en un contexto marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19.

La compañía ganó 3.639 millones en 2019, un 6% más. Hizo provisiones por 287 millones por el coronavirus y decidió mantener su política con respecto al pago a los accionistas, con un 'payout' -porcentaje de los beneficios que se destina a pagar dividendos- del 60%, así como el complemento de un dividendo extraordinario total de 0,78 euros por acción. Estaba previsto que se distribuyese para 2020 y 2021, pero pasará a repartirse en 2021 y 2022.

El pasado año, Inditex abonó a sus accionistas en concepto de dividendo más de 2.742 millones de euros, a razón de 0,88 euros por título, repartidos en dos pagos, mayo y noviembre. Ortega recibió entonces 1.626,2 millones de euros.

El fundador de Inditex ingresará las cuantías a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil e invierte parte de los dividendos en el sector inmobiliario.

El Grupo Pontegadea, que engloba todas las sociedades de cartera propiedad de Amancio Ortega, sus filiales inmobiliarias y participaciones empresariales, cerró el ejercicio 2019 con un beneficio neto de 1.778 millones de euros, con un aumento del 14,7% respecto al año anterior. Hizo 104 millones de euros en donaciones a la Fundación Amancio Ortega y elevó el valor de mercado de su cartera inmobiliaria a 15.163 millones de euros. Esta cifra lo consolida como el operador más grande del mercado inmobiliario español y lo sitúa por encima de sus competidores europeos directos.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega, cobrará este lunes más de 55 millones de euros en dividendos de Inditex. El año pasado percibió 138 millones de euros.

Inditex regresó a unos beneficios de 214 millones de euros en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2020-2021 (entre el 1 de mayo y el 31 de julio). En los tres primeros meses tuvo unas pérdidas de 409 millones de euros, las primeras de su historia. En el primer semestre en conjunto (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), el impacto de la crisis del coronavirus provocó que la compañía registrase unos 'números rojos' de 195 millones de euros .

La delegación del Gobierno en Galicia asegura que los Presupuestos del Estado para Galicia el próximo año suman para la Comunidad gallega 700 millones que los previstos en 2018, los últimos aprobados en el Congreso. El delegado, Javier Losada, afirma que la comunidad recibirá un total de 8.968 millones de euros que “revierten los recortes del Partido Popular”.

Losada destaca que esta cifra “blinda” el estado del bienestar en Galicia y garantiza la reactivación económica y sostiene que se trata de un presupuesto “real” y “comprometido”. “No queremos caer ni vamos a caer en lo que nos tenían acostumbrados unos presupuestos tramposos del PP, con una ejecución muy baja de lo que se presupuestaba”, manifestó. El delegado del Gobierno en Galicia sostiene que la inversión aumentará un 9,9% en Galicia respecto al proyecto de presupuestos presentado en 2019. El presidente de la Xunta, por su parte, calificó los presupuestos del Estado como “los peores” para Galicia “desde hace 15 años”.

Las cuentas presentadas por el Ejecutivo central reservan 832 millones de euros para la comunidad, una cifra que supone un aumento del 9,9% si se compara con las partidas previstas para 2019, elaboradas por el Gobierno del PSOE en solitario y que no llegaron a aprobarse. Feijóo hace, por tanto, el cálculo con respecto a las cuantías de 2018, lo que muestra una caída del 11,2%.

Losada considera que el anteproyecto de ley responde a unos presupuestos progresistas para Galicia comprometidos con generar empleo, reforzar la cohesión social y las infraestructuras para la comunidad.

El paro subió en 2.300 personas en el tercer trimestre del año en Galicia, lo que supone un 1,61% más que en el trimestre anterior, pero casi nueve puntos menos que la media estatal, según la encuesta de población activa (EPA) que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, los desempleados en la comunidad gallega alcanzan los 144.800, que son 1.400 personas más que en el tercer trimestre de 2019 (+0,94%), informa Europa Press.

Por su parte, los ocupados gallegos, 1.082.600 en total, son 32.200 más que en el segundo trimestre del año (+3,06%), pero 23.100 menos que en el mismo periodo del año pasado (-2,09%).

Así las cosas, la tasa de paro en Galicia se sitúa en el 11,8%, mientras que la tasa de actividad asciende al 52,48%. Por sexos, el desempleo alcanza el 13,04% en mujeres (con un 47,64% de tasa de actividad) y el 10,68% en hombres (57,75% de actividad). En la comunidad gallega, los activos aumentaron en 34.500 personas en el tercer trimestre respecto al segundo (+2,89%), hasta 1.227.400, que, en cualquier caso, son 21.800 menos que en el tercero del pasado ejercicio (-1,74%).

La población de 16 años y más en Galicia, 2.339.000 personas, repuntó en 200 en tasa intertrimestral (+0,01%), y en 3.100 en variación interanual (+0,13%).

La Xunta oculta los proyectos que ha seleccionado para competir por los fondos europeos que llegarán a España para reactivar la economía tras la pandemia. El Gobierno gallego afirma que tiene 108 planes escogidos pero que no los hará públicos hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos que deberán tirar de la economía en los próximos años. Una pauta que aún no se ha fijado por parte de ninguna de las dos instituciones y que, según Feijóo no se espera que estén listos hasta finales de este año.

Se trata de proyectos impulsados por un número indefinido de empresas que tampoco se han dado a conocer y que han sido seleccionadas por la Xunta en una comisión interdepartamental interna, según explicó esta mañana el presidente de la Xunta tras la reunión de la Conferencia de Presidentes. Durante esa reunión, presidida por Pedro Sánchez, se han comenzado a tratar los criterios de reparto. Preguntado por cuándo dará a conocer los nombres de las empresas y los proyectos beneficiarios de estos millones -que la Xunta estima en más de 9.400, entre fondos de la UE y aportados por las compañías-, el presidente gallego ha ofrecido pocos detalles: “Espero que en las próximas semanas podamos concretar a qué proyectos nos referimos”, ha asegurado el jefe del Gobierno gallego.

Pese a la falta de información sobre quién y dónde gestionará buena parte de los millones que Galicia reciba para su reactivación económica a través de la fórmula de colaboración público-privada, el jefe del Ejecutivo gallego apuntó algunos ejemplos de proyectos, como la producción de fibras para el sector textil con madera o una planta de energía que utilice los residuos procedentes del sector primario. Nada se sabe de qué empresas las llevarán a cabo, pero Feijóo asegura que se podrán modificar para que encajen en los criterios de los fondos. A estos planes se les podrán sumar otros que están siendo evaluados por la Xunta.

En el Gobierno gallego preocupa el sistema de reparto que se seguirá para transferir a las comunidades el dinero que llegue de Europa. “Necesitamos conocerlo”, apremió Feijóo, que rechazó un sistema de reparto por cuotas, por población o “por criterios partidarios”. El presidente gallego quiere que las ayudas tengan en cuenta la “situación objetiva de cada territorio y su necesidad de reformas estructurales”. Es decir, que se realice una discriminación positiva que tenga en cuenta factores como dispersión de la población, la demografía, la transición industrial, el porcentaje de población rural y tener un nivel de renta per cápita por debajo de la media europea.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado los cambios realizados por el anterior Gobierno municipal de Santiago para prohibir nuevos pisos turísticos en la zona vieja de la ciudad. Considera que, aunque existe “justificación” para la medida tomada por Compostela Aberta, este veto tendría que haberse sometido a información pública, algo que no sucedió.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente un recurso presentado por un particular contra la modificación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica del 15 de noviembre de 2018. Aprecia que introduce “modificaciones sustanciales” en el texto y que ello exigía repetir el trámite público. El tribunal indica que “no se respetó el procedimiento” y echa atrás la prohibición. Contra este fallo cabe recurso de casación.

La sentencia recoge que el ayuntamiento pretendía “asegurar la preservación de la ciudad histórica como lugar de residencia” y frenar “el proceso de vaciamiento residencial” que “de facto” supone la proliferación de alojamientos turísticos, que “sustituyen población permanente por población flotante”. Esto, agrega, amenaza la protección de la zona vieja como “ciudad viva y habitada”.

El tribunal rechaza que se haya producido una desviación de poder, como reclamaba el particular demandante. No existe, argumenta el documento, “constatación” de que haya una “causa ilícita” en estos cambios.

El actual Gobierno de la capital gallega suspendió cautelarmente en diciembre del año pasado la autorización de nuevos pisos turísticos en toda la ciudad. La medida no es definitiva, sino que buscaba abrir un periodo de un año para plantear cambios en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).