Apple se apunta a la ola reciente de declaraciones ambientales de las grandes corporaciones. En un informe que publicó el 21 de julio, la compañía tecnológica más grande del mundo se compromete a ser neutra en emisiones en 2030 y proclama importantes medidas para reducir su huella ambiental, como un futuro sin minería.

Se trata de una promesa muy sustancial. Al contrario que Microsoft y Amazon, ambas también con planes de emisiones cero para el futuro presentados este año, Apple no solo ofrece servicios sino que manufactura sus propios productos electrónicos, una actividad que necesita mucha más energía y requiere de múltiples materias primas. De hecho, como señala la propia compañía en su informe, el 76% de las emisiones de Apple (25,1 millones de toneladas métricas en 2019) se producen durante la fabricación. Pero, por eso mismo, sus planes parecen más difíciles de cumplir.  

Según advierten algunas organizaciones, es complicado que una empresa que vende más de 200 millones de iPhone y 40 millones de tabletas al año pueda prometer productos de impacto cero sin cambiar su modelo de negocio. A pesar de los esfuerzos que se publican en el informe de usar energías renovables (desde 2015, Apple ha reducido un 35% sus emisiones), de mejorar la eficiencia del uso sus aparatos (de media, sus aparatos usan un 73% menos de energía) y de invertir en proyectos de conservación de sabanas o manglares para compensar sus emisiones (una manera controvertida en la que supuestamente el CO2 que se emite lo absorberán los bosques o ecosistemas que se protegen), es difícil que la producción pueda considerarse sostenible si continúa creciendo.

Además, Apple se enfrenta a las acusaciones de las asociaciones de reparaciones, que desde hace años reclaman a la compañía que facilite los recambios de sus piezas para reducir el consumo, y de la Unión Europea, que ha intentado en vano que la compañía adopte cargadores universales para reducir los residuos electrónicos.

"El modelo circular que sugiere Apple [de uso de energía renovable y materiales reciclados] implicaría un paso hacia un modelo de servicio", explica Andrew Bloodworth, director científico de Minerales y Residuos del Instituto Geológico Británico (British Geographical Survey en inglés). "Es lo que han empezado a hacer algunas compañías como Rolls-Royce, que ya no vende el motor del avión sino las horas en funcionamiento de ese motor. En una economía circular, el beneficio no se generaría vendiendo el teléfono sino ofreciendo servicios como música o almacenamiento, que es al final lo que quiere la mayoría", añade.

En el informe, sin embargo, el modelo de negocio de Apple no se menciona. Y algunas de las medidas que se proclaman como soluciones, a pesar de sus buenas intenciones, todavía resultan inviables con la tecnología que tenemos. La cuestión es si las promesas, entonces, no serán simples palabras que suenan bien.

Minería cero

Desde hace tres años, Apple viene asegurando un futuro de minería cero. En sus planes, avanza que sus aparatos incluirán cada vez más materiales reciclados hasta que no necesiten nuevas materias primas. En algunos casos, los pasos son prometedores. Desde 2006, Apple ha empezado a usar aluminio reciclado en algunos de sus productos, lo que supone un ahorro energético muy importante ya que se trata de un material que genera grandes emisiones cuando se extrae del mineral. Pero, según los expertos, la idea de teléfonos y ordenadores fabricados 100% con materias recicladas se trata de una visión más cercana a una aspiración ya que a corto plazo no es posible de conseguir.

Daisy y Dave, los nuevos robots de reciclaje que Apple ha presentado en 2018 y 2020, son dos enormes artilugios de brazos articulados capaces de desmontar hasta 200 iPhone por hora. En el caso de Dave, la máquina de última generación, puede desarmar una de las piezas clave de los teléfonos, el Taptic Engine, uno de los componentes que permiten las respuestas táctiles de estos teléfonos y que contiene algunos de los elementos raros que son más difíciles de recuperar. Preguntada por la cantidad de aparatos que estos enormes robots han desmontado, la empresa no lo precisa.

Apple incluye en su informe que hasta el 100% de los elementos raros del Taptic Engine en algunos de sus productos (el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max) provienen de materiales reciclado . Sin embargo, para Antoni Dorado, investigador del Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC de la Universidad Politécnica de Cataluña, aunque es algo que suena muy atractivo, hoy en día la idea de reciclar todos los metales de los aparatos electrónicos está muy lejos de cumplirse.

"Los aparatos electrónicos son un residuo muy complejo porque en cada modelo, incluso de la misma compañía, la composición de los metales varía muchísimo y, por lo tanto, no puede usarse un mismo sistema de recuperación", explica por teléfono. "Si a eso le unes que los metales están todos mezclados y algunos se encuentran en cantidades muy pequeñas podemos ver que la complejidad es muy grande".

El iPhone, por ejemplo, incluye más de 70 elementos de la tabla periódica, según han señalado algunos científicos (más de la mitad de todos los elementos conocidos) y cada año presenta alguna innovación que es muy probable que cambie su diseño interno. "Reciclar al final es separar cada elemento uno a uno", concluye Dorado. "Y con los aparatos electrónicos, esto es un reto enorme".

Pero, además, el reciclaje de los aparatos se enfrenta a un problema que, aún siendo posible de resolver, encuentra grandes obstáculos: los teléfonos y los ordenadores deben devolverse cuando dejen de usarse para que se puedan reciclar.  En sus planes, Apple nos explica en un email que contempla este desafío con un programa de incentivos en algunos países donde ofrece dinero por devolver tu iPhone. Sin embargo, los estímulos de momento no son suficientes. "Por ahora, tanto en Europa como en el resto del mundo, muchas personas siguen apilando sus teléfonos y aparatos electrónicos en un cajón en el armario", dice Bloodworth, "para tener un buen sistema de reciclaje necesitas que estos productos se devuelvan y lleguen a un mismo lugar".

Dificultades para reparar

Nathan Proctor, director de la campaña de derecho a reparar del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos (U.S. PIRG), lleva mucho tiempo reclamando a Apple que facilite la reparación de sus productos. Para su asociación, como para muchas otras que luchan por este derecho, Apple es una de las compañías tecnológicas que ha puesto mayores obstáculos en este sentido. El diseño de sus aparatos que se componen de grandes piezas soldadas o pegadas difíciles de abrir, la exclusividad de sus componentes (incluso los tornillos son específicos) y el control que mantienen sobre quiénes pueden arreglar sus productos suponen un impedimento para que los aparatos electrónicos se usen el máximo tiempo posible.

"Apple se merece reconocimiento por prometer un cambio drástico hacia la energía renovable y los productos más sostenibles", explica Proctor, "Pero para conseguir esos objetivos, necesita cuestionarse su enfoque sobre las reparaciones. Hoy en día, es una de las compañías que más se opone a las legislaciones que promueven el ‘derecho a reparar’, y la idea de reparar y reusar está fuera del informe que ha presentado. Esto necesitaría cambiar".

Para Ugo Vallauri, fundador de la asociación Restart Proyect, Apple promueve además reemplazar los productos en vez de arreglarlos al tener unos precios tan elevados por sus piezas sueltas. Según la página Web, un arreglo de un iPhone XS está en 591 euros y de un iPhone11 en 431 euros. "Excepto para el recambio de batería y pantalla, tienes que pagar más de la mitad de lo que cuesta un aparato nuevo. Lo cual es extremadamente problemático", explica desde Londres.

Apple insiste, sin embargo, en que con sus innovaciones será capaz de vender productos sostenibles que no tendrán ningún impacto ambiental. No porque reducirá la actividad que genera sus mayores emisiones y uso de recursos, la fabricación de los aparatos, sino a través de una tecnología futura que todavía no existe y que, según los expertos, tardará tiempo en desarrollarse. Los datos, en cambio, advierten que las soluciones para ahora pasan por usar más tiempo los iPhone y los iPad. "En un estudio que publicamos este año, encontramos que si los estadounidenses mantuviéramos un año más nuestros teléfonos móviles equivaldría a quitar 636.000 coches de la carretera", dice Proctor. Por el momento, esta opción todavía no aparece en el informe ambiental.

Casi la totalidad de las propiedades de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) españolas estarán en zonas de alto riesgo de escasez de agua en 2030, lo que podrá derivar en un aumento en el coste de los inmuebles.

Así lo refleja un nuevo informe que el fondo de inversión BlackRock —el mayor del mundo— ha hecho público esta semana. En su estudio, BlackRock advierte de que para el final de esta década cerca del 60% de los activos de las socimis de todo el mundo estará en regiones con elevado estrés hídrico, o sea, en lugares donde la demanda de agua sobrepasará la disponibilidad natural.

Para llegar a estas conclusiones, los especialistas de BlackRock han geolocalizado cerca de 84.000 propiedades de estos fondos de inversión inmobiliaria en 74 países, y han comparado la localización de estos terrenos con los mapas de riesgo de estrés hídrico elaborados por el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés).

Los resultados revelan que los mercados de socimis que se verán más afectados por la crisis del agua en 2030 son los de Singapur, Hong Kong, España, Indonesia, Australia, Filipinas y Malasia.

En España, el segundo país con más socimis del mundo —solo superado por EEUU—, las inversoras inmobiliarias para alquiler existen desde hace apenas 11 años y disfrutan de beneficios fiscales como la exención de pagar el impuesto de sociedades, entre otros. A finales de 2019 estas sociedades controlaban en torno a 50.000 millones de euros en activos (viviendas, oficinas, locales comerciales, naves o plazas de garaje). Y, de éstos, cerca del 70% está en zonas altamente expuestas a la escasez de agua. Al final de la década, BlackRock calcula que el porcentaje ascenderá al 95%, aproximadamente.

A nivel global, la diferencia entre los suelos e inmuebles que están expuestos al estrés hídrico hoy y los que lo estarán en 2030 es mucho mayor. De media, la cifra se duplicará (el 30% actual pasará a ser el 60%), y se triplicará o incluso más en algunos países, como es el caso de Australia, Indonesia, Francia, Malasia, Filipinas o Hong Kong, entre otros.

Las consecuencias de esta nueva situación podrán traducirse, según el informe, en un incremento en los costes de los inmuebles. Algo que se deberá al aumento de los costes directos de la obtención de agua y también a la necesidad de gastar más en medidas de eficiencia mientras la regulación se endurece con criterios ambientales cada vez más estrictos para preservar este recurso.

Aunque los costes relacionados con el agua hoy en día “constituyen una mínima parte de los gastos de operación para un edificio tipo”, los autores auguran que “la adopción de medidas como el tratamiento de aguas residuales in situ, el riego inteligente y los sistemas de detección de fugas podrían convertirse en diferenciadores clave para los inversores que evalúan el rendimiento de una empresa en cuanto a la eficiencia del agua”.

El análisis de BlackRock también aborda de qué forma afectarán a otros sectores los riesgos financieros que acarrea la escasez de agua, que según el WRI ya sufre una de cada cuatro personas en el mundo y en 2030, agravada por la crisis climática y la creciente presión urbanística, la ONU estima que afectará a una de cada dos personas.

Inciden, por ejemplo, en las implicaciones que la falta de agua (o la sobreabundancia) tiene sobre el sector agrícola y el de la alimentación, resaltando el “vínculo directo” entre la disponibilidad de agua para el riego y el rendimiento de los cultivos. “La agricultura de regadío es, en promedio, al menos dos veces más productiva por unidad de tierra que la agricultura de secano, según el Banco Mundial”.

Recalcan además el desafío “serio” que el estrés hídrico comporta para el sector eléctrico, pues en EEUU hasta el 27% de la producción de electricidad resultaría “severamente impactada” por un aumento sostenido de estrés hídrico que se espera de aquí a 2030, como puso de manifiesto en 2017 un estudio publicado en la revista científica Nature.

Aún así, aclaran que no todo está perdido. “Posiblemente [el estrés hídrico] pueda ser mitigado a través de avances como una mejor irrigación y tratamiento de aguas residuales, y progresos en la eficiencia del agua y la desalinización. Sin embargo, estamos muy convencidos de que es un componente clave de los riesgos climáticos que, con el tiempo, serán cada vez más relevantes para los inversores. Esto sugiere que el momento de integrarlos en los procesos de inversión es ahora”.

Tania Álvarez perdió el sentido del olfato hace dos años. Quizá por tratarse de una mujer de pocas palabras, esta mexicana no se detiene en protestas ni aspavientos sobre aquel episodio. Por el contrario, afirma, su limitación es una forma de evadir las oleadas de vapores fétidos que se desprenden de las instalaciones de la procesadora de pollo Sanderson Farms, su lugar de trabajo en Bryan, una pequeña ciudad republicana del estado de Texas.

Allí se lavan, despluman, descuartizan, despiezan y empacan los pollos para ser vendidos en forma de alitas, pechugas o nuggets en cientos de restaurantes y almacenes de gran superficie como Wallmart. Para cumplir con la avalancha de pedidos, los empleados deben faenar en medio de un hostigamiento constante por parte de supervisores que, en el caso de Tania, le exigen tener destreza suficiente para empacar 60 trozos de carne de pollo por minuto. Es decir, uno por segundo; 3.600 en una hora; y más de 25.000 al día.

Tania cuenta que en junio del año pasado se lesionó un dedo. El médico le indicó que solo podía trabajar cuatro horas en la línea de empacado. El resto las debía cumplir en oficios livianos. Un estudio de 2012 indica que el 42% de los trabajadores del sector avícola estadounidense presenta un entumecimiento en las manos que se conoce como síndrome del túnel metacarpiano, según el Centro Nacional para la Salud Campesina. El dolor y la falta de fuerza limita incluso la acción de destapar una botella de agua. Pero Tania afirma que en la empresa "no cuidan a los lastimados". "Tengo una compañera que empaca pechuga con la misma lesión. A ella le dijeron: 'Pues empaca cuatro horas con una mano, y las otras cuatro con la otra", recuerda.

Para sostener el imperio de la industria avícola estadounidense, el mayor productor de carne de pollo en el mundo, hoy se emplea a 350.000 trabajadores. La mitad son mujeres. La mitad de ellos son latinos. Los demás provienen de Asia, África, o son estadounidenses sin apenas educación. También se suele reclutar presos.

Gente vulnerable a abusos laborales diarios, discriminación racial, problemas de salud crónicos y condiciones de precariedad. No en vano son empleos conocidos como los 3D: dirty (sucio), demanding (demandante) y dangereous (peligroso). Habría que sumar una D más: deshumanizador.

Un informe publicado en 2016 por la ONG Oxfam reveló que en múltiples empresas, especialmente en el medio-oeste y el sur del país, se les negaba a los empleados tiempo para ir al baño. En muchos casos, inclusive, debían usar pañales para no abandonar su tarea. La investigación resonó en la opinión publica y las cuatro grandes corporaciones, Tyson Foods, Pilgrim’s Pride, Perdue, Sanderson Farms y Koch Foods, que manejan el 60% del negocio, se comprometieron a solucionar el enredo. María García, compañera de Tania en Sanderson Farms, señala que cuatro años más tarde la situación en la planta de Texas es de "descontrol".

Una mañana de enero de 2019, María pidió permiso a la supervisora, una afroamericana de temperamento tosco, para ir al baño. La respuesta fue "si te vas de la línea, mejor no regreses". Como ya llevaba cinco años en la empresa y conocía los protocolos, se fue directamente a la enfermería y le explicó a la médica que necesitaba "una toalla femenina [una compresa] y una nota excusándola" porque la iban a despedir.

"Imagínate para una mujer que está en su mes, o embarazada, y que tenga que estar pasando por esa vergüenza. De hecho, ir al baño tiene un castigo. Las mentadas 'rayadas'. Cada vez que vas al baño sin permiso te dan una 'raya'. A las tres rayas te suspenden, a la cuarta pierdes el trabajo. Así es imposible hablar de derechos humanos", remata la trabajadora nacida en San Luis Potosí (México).

De entre los centenares de trabajadores entrevistados para el trabajo de Oxfam, buena parte son refugiados centroamericanos, indocumentados con papeles falsos. No es el caso de Tania ni de María, que tienen sus papeles en regla. Las dos mexicanas, sin embargo, son madres solteras. No se pueden dar el lujo de renunciar.

Han tolerado todo porque en la "pollera" es donde mejor pagan (12-13 dólares la hora). Mejor que en el club de golf limpiando baños (7,25), o en el diario local repartiendo periódicos de casa en casa (8). Por eso resisten jornadas enteras enclaustradas a temperaturas que rondan los cuatro grados centígrados, entre máquinas que chirrían y vibran sin cesar y entre charcos de sangre, grasa y cantidades considerables de cloro y amonio que se utilizan para arrinconar las bacterias e infecciones.

Comer pollo fue, durante la primera mitad del siglo pasado, un hecho excepcional para la mayoría de la población mundial. Se trataba de un menú de lujo. Pero tras la Segunda Guerra Mundial se unieron varios factores que abarataron los costos de producción y propulsaron el consumo de esta proteína hasta niveles insospechados.

La historia del granjero californiano Charles Vantress y del profesor Robert Baker sirve para rastrear la increíble metamorfosis de esta ave. El primero halló, en 1951, el cruce perfecto para llegar a un modelo de pollo que se asemejaba más a un pavo, con pechugas más grandes, delgadas y carnosas, según las especificaciones delineadas por un grupo de científicos. Esto sucedió dentro del marco del concurso el Pollo del Futuro (The Chicken of Tomorrow). Vantress, además de llevarse el premio y un cheque por 5.000 dólares, dejó sentadas las bases fundacionales del tipo de pollo híbrido que hoy manda en el mercado.

El segundo actor clave, el profesor Baker, dio en 1963 con la fórmula mágica para disparar las ventas de un sector que ya para entonces contaba con excedentes en los corrales. Tras graduarse como agrónomo, Baker entró a trabajar en la Universidad de Cornell, la primera en desarrollar un departamento de ciencia avícola, en 1949. Diez años más tarde, las autoridades universitarias le encargaron la misión de impulsar productos que ayudaran a mejorar las ventas.

De sus primeros ensayos resultaron paquetes de pollo con pequeñas bolsas de salsa barbacoa para sugerir a los compradores una forma de adobarlo. Luego diseñó una máquina de uso industrial, que separaba la carne de pollo de los huesos del animal. Y en el año 63 salieron de su laboratorio los palitos de pollo, hoy conocidos mundialmente como nuggets.

Baker nunca patentó su creación. Por el contrario, la compartió durante décadas en boletines mensuales de la universidad, y no menos de 500 compañías de alimentos recibieron guías completas de diseño de empacado, recetas y técnicas de mercadeo de su creación.

Detrás de todo este afán por innovar y producir, en plena posguerra, se hallaba el descubrimiento y utilización de antibióticos como la penicilina. La industria alimentaria no tardó en explorar el terreno y los experimentos demostraron con rapidez que suministrando pequeñas dosis en la dieta animal se podían mejorar las condiciones de salud y estimular el peso en poco tiempo. Los efectos a largo plazo, o no se meditaron, o se miraron de soslayo.

Hoy se calcula que el 80% de la producción anual de antibióticos va a parar al sector agrario. Su función central no gira en torno a la salud humana, sino en engordar a la mayor cantidad de animales sanos en el menor tiempo posible, así como frenar infecciones y bacterias. El consumo de pollo ha crecido un 70% en los países de la OCDE en los últimos 30 años y el peso promedio de una de estas aves a los 56 días de nacer se ha duplicado desde 1957 hasta hoy. Comemos, en general, un animal diseñado en los laboratorios de grandes corporaciones, producido y distribuido de forma masiva para cumplir con la demanda.

Tan masiva que el pollo doméstico se ha convertido en el ave más abundante del planeta. Con una población de 22.700 millones de ejemplares, supera por mucho a las más numerosas de las especies silvestres, como la quelea común (con 1.500 millones), el gorrión (500 millones) o la paloma (250 milllones).

Un grupo de científicos británicos publicó en diciembre en la revista Royal Society Open Science un estudio donde plantean que los huesos de pollo enterrados a lo largo de la historia son una evidencia más del llamado Antropoceno, la época geológica propuesta por una parte de la comunidad científica como aquella marcada por los impactos de la especie humana en el planeta. Al igual que ocurre con los rastros de plástico, residuos radiactivos o cemento, los restos de pollo desenterrados en yacimientos arqueológicos desde la época de los romanos muestran también cómo los humanos han cambiado la Tierra. En este caso, agigantando el tamaño de esta ave y multiplicando su consumo hasta convertirlo en el ave más abundante de la biosfera.

Basilio Castro es un guatemalteco que trabaja en el Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte. Vive en Morganton, pequeña localidad que se expande en las estribaciones de la imponente Cordillera Azul y uno de los puntos más aguerridos en la lucha por los derechos laborales. Cuenta que desde la llegada del presidente Trump "a la gente le cuesta alzar la voz ante una injusticia".

Explica que es una situación paradójica, puesto que las grandes empresas de alimentos, en general alineadas con las políticas republicanas, necesitan mano de obra barata e inmigrantes desenterados de sus derechos y dispuestos a aceptar trabajos pesados y repetitivos. Sin embargo, las trabas migratorias del presidente Trump han difundido el miedo y dificultan el proceso de reclutar gente. Basilio se sintió "descorazonado" cuando a mediados de agosto vio en los telediarios cómo los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) retenían a 680 empleados de siete procesadoras en el estado de Mississippi. La mayoría fueron liberados, pero la zozobra quedó marcada tras la redada más grande que se recuerde en diez años, según la cadena CNBC.

EEUU es el país con mayor consumo de pollo en el mundo: con un promedio de 49,8 kilos por persona en 2018. Eso se traduce en un negocio que vendió 95.000 millones de dólares el año pasado. Resulta, además, una proteína barata y crujiente, que genera más confianza en los médicos que, por ejemplo, la carne bovina. Solo así se entiende que la producción haya crecido un 30% en los últimos 20 años. En paralelo, sin embargo, la industrialización ha desembocado en una pauperización de las condiciones de los empleados y de las aves, hacinadas en granjas industriales y sobrecargadas de antibióticos.

Basilio es heredero de una tradición de resistencia. Lo han precedido refugiados Maya guatemaltecos que, huyendo de la violencia política y de dictaduras de décadas pasadas, han instaurado desde los años 90 un pulso de hierro con la empresa Case Farms, uno de los lugares más peligrosos para trabajar en Estados Unidos, según estadísticas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, según sus siglas en inglés). La corporación recibió en 2015 multas por dos millones de dólares por infringir normas de seguridad laboral.

Las directivas de Case Farms varían su estrategia de vez en cuando. Como la capacidad de asociación de los guatemaltecos y sus manifestaciones cada vez más recurrentes incomodaban, empezaron a reclutar refugiados birmanos. Luego llegaron nepalíes expulsados de Bután. La llegada de foráneos ya está incorporada a la vida de los vecinos de Morganton. Como afirma Basilio Castro, los "patrones" se sirven del revoltijo de idiomas y dialectos para que no haya comunicación en la línea. Para que no haya forma de organizarse.

Tras las denuncias de Oxfam sobre la prohibición de ir al baño y otros reportajes publicados en The New Yorker o ProPublica, donde se evidenciaba distintas vejaciones, surgió algo de interés por parte de multinacionales como Tyson Foods, acaso la más poderosa con una plantilla de más de 100.000 trabajadores, para sentarse a la mesa y negociar programas de buenas prácticas, que incluían medidas como mejora de sueldos y el compromiso de reducir los accidentes laborales.

Elizabeth Gedmark, abogada e investigadora de la organización A Better Balance, señala desde Nashville (Tennessee) que ha habido algunos adelantos, como una batería de leyes, aprobada en 27 estados, para reforzar la lucha contra el acoso sexual y la discriminación por embarazo en la industria alimentaria. "Es evidente que la opinión pública y los medios se centran en los casos de acoso en lugares como Hollywood o Manhattan. Y a eso se suma que muchas trabajadoras tienen miedo y no hablan, un hecho que se ha acentuado bajo esta Administración. Pero es fundamental que conozcan sus derechos, que reciban educación en este sentido, y que comprendan que son situaciones que jamás van a ser toleradas", afirma la abogada.

Las cosas en Bryan (Texas), sin embargo, marchan a un ritmo diferente. Según María García, la situación en Sanderson Farms no ha ido a mejor en los últimos tiempos. Explica que hay jóvenes de 20 años que entran a la empresa en estado de total "sumisión e indefensión". Los superiores se aprovechan de su posición. A cambio de darles un permiso para salir temprano, o ir a ver a sus hijos en caso de cualquier emergencia, la moneda de cambio es "algún favor sexual", apunta Clara Morales, integrante de un centro de trabajadores en Texas.

"Es muy normal que estés en la línea", añade María García, "y pase el supervisor y te suelte comentarios como 'estas trabajando mucho, te estas matando. Si quieres pasa por mi despacho, yo te ayudo'. Eso no viene gratis. Luego te piden tu número y todo da pie para un jueguito abusivo".

Los mecanismos de vigilancia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos han sido ineficaces. Así es que para las compañías, que inyectan sumas de dinero importantes en campañas políticas y grupos de presión en el Congreso, ha sido fácil hallar rendijas y esquivar los controles. Leah Varsano, investigadora de Oxfam, sostiene que los directivos de las corporaciones están "bastante divorciados" de la situación real en las plantas. Por eso suele rondar el secretismo en torno al sector. No es un mundo que se caracterice por su transparencia. De hecho, para las investigaciones que ha realizado la ONG en los últimos años, ningún permiso para ingresar en sus instalaciones les ha sido otorgado.

En la misma línea, el rigor en los protocolos sanitarios ha menguado. Leah Varsano afirma que en los registros de los inspectores del Departamento de Agricultura se encuentran semanalmente, y a veces a diario, "reportes de carcasas de aves podridas en el suelo de algunas plantas, zancudos y caos". María García, la mexicana de San Luis de Potosí, añade que en Sanderson Farms los encargados lograron disminuir, de dos a seis, el número de inspectores del Departamento de Agricultura asignados por ley para supervisar al final de la línea. "Obviamente lo que te estas llevando a la boca no es seguro", afirma, "eso sin contar el pollo que se cae al suelo y los supervisores, en contra de la política de la empresa, te obligan a echarlo de nuevo a la línea".

Tanto María como Tania anhelan regresar algún día a México. Por lo pronto, Tania disfruta de los otoños en Texas y María disfruta de sus tres hijos. Las dos participaron en octubre de 2018 en una protesta frente a las instalaciones de Sanderson Farms para frenar los casos de hostigamiento sexual. Cuentan que participaron unas 50 personas. Que había algo de miedo. Un compañero se disfrazó para evitar represalias. E incluso a la reportera del diario local La voz hispana se le prohibió cubrir la nota "porque sus jefes no querían meterse en problemas con una empresa que se anuncia en sus páginas".

En febrero de 2019 hubo otra manifestación. Cuenta que surtió efecto, que desde entonces han contado con más tiempo para ir al baño. María García tiene conocimiento de que también hubo un llamado a los supervisores para informarles de que en adelante habría cero tolerancia con los casos de acoso sexual. Pero María es realista. Tiene dudas de que los encargados de la compañía los "vean como seres humanos, o como simples números, o robots, como lo quieras poner". Pero suspira, hace una pausa y recuerda de nuevo la mañana de otoño en que salió a hacer ruido para defender sus derechos: "Tenías que ver la cara de los supervisores ese día", afirma con entusiasmo, "el mero jefe de la planta andaba como la pantera rosa, con mucha precaución, con cara de ¿qué está pasando acá?".

Este reportaje ha sido publicado en el N20 de la revista Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquíaquí

La lección que deja la gran crisis financiera de 2008 es que las políticas de estímulo verde tienen más ventajas que los estímulos fiscales tradicionales. Esta es la principal conclusión de un estudio firmado por cinco potentes economistas, entre ellos el Nobel Joseph Stiglitz y Nicholas Stern –el primero que estableció el coste de no hacer nada respecto al cambio climático para la economía mundial– tras analizar durante el mes de abril hasta 700 medidas de estímulo que se aplicaron desde 2008; y de entrevistar a 231 analistas de bancos centrales de todo el mundo, ministerios de finanzas e instituciones académicas.

En su análisis, que firman en la revista Oxford Review of Economic Policy, estos economistas se han centrado en aquellas medidas que se tomaron teniendo en cuenta el cambio climático, pues ahora temen que “los inminentes paquetes fiscales consoliden el actual sistema económico, intensivo en energías fósiles”.

La reducción masiva de gases de efecto invernadero que se ha producido por las medidas de confinamiento en distintos países era previsible, sobre todo por el brutal parón del transporte. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2020 las emisiones habrán disminuido un 8%; y para entender la magnitud de lo que esto significa, los economistas comparan el impacto del coronavirus con la Segunda Guerra Mundial, cuando las emisiones de CO cayeron un 4%; o la crisis de 2009, un momento en el que descendieron un 1%.

El problema es que esta caída será temporal, hasta que la economía se vaya recuperando y entonces se produzca el conocido ‘efecto rebote’, por el que las emisiones aumentarán de nuevo y mucho más rápidamente de lo que descendieron “una vez que el confinamiento termine”.

Por ello es muy importante, explican, aprender de la gran crisis financiera, aunque sus causas no sean iguales ni tampoco su dimensión.

“Los estudios sobre las respuestas fiscales a la gran crisis financiera sugieren que su éxito está condicionado por dos elementos: la rapidez con la que se implementan y el retorno por cada dólar invertido”. En este sentido, de las 700 medidas estudiadas concluyen, por ejemplo, que las energías renovables son positivas a corto plazo, pues generan más empleo cuando este se contrae a causa de una recesión; esto a su vez aumenta el gasto, lo cual hace que se incremente la demanda, favoreciendo el crecimiento de la economía.

A largo plazo, las renovables, mantienen estos economistas, requieren menos empleo, lo cual libera mano de obra cuando la economía se recupera. También respecto al retorno de la inversión, los proyectos de construcción verde y de infraestructuras de energías limpias han resultado más positivos que una recuperación que apuesta por mantener las energías fósiles como pilar de la economía.

“Los paquetes de rescate de emergencia que se están implementando representan decisiones de vida o muerte para la gente hoy. Los paquetes de recuperación que se van a establecer muy pronto rediseñarán la economía a largo plazo, representando decisiones de vida o muerte para las generaciones futuras teniendo en cuenta su impacto en el clima”.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.aquí

Aunque las cadenas de suministro siguen operativas a pesar de la parálisis por el coronavirus, el empeoramiento de la economía por el confinamiento amenaza con exacerbar la inseguridad alimentaria, según han advertido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Enrique Yeves, director de la FAO en España, explica cómo la globalización ha contribuido a aumentar el hambre en el mundo y qué rumbo, a su juicio, debería tomarse en tiempos de crisis.

La Organización Mundial del Comercio calcula que la crisis sanitaria puede provocar una caída en los flujos comerciales globales de hasta un 32% en 2020. ¿Qué puede implicar esto para la industria alimentaria?

Depende de cuánto dure la crisis. Si es un mes o mes y medio, es recuperable. Por otro lado, hay que ver cómo reaccionan los países. Ante esta crisis global, en la que todos los estados experimentan los mismos problemas, tenemos dos disyuntivas muy claras. Una es que cada país decida ir por su cuenta, que es lo que está ocurriendo, desgraciadamente.

Ni siquiera dentro de la UE hemos sido capaces de llegar a acuerdos colectivos. Cada país ha decidido cuándo se abren las fronteras, cuándo se cierran, si abren o no los colegios. Tenemos instituciones colectivas –aunque sean débiles– para dar respuestas a un problema que es común. Pero estamos viendo que países como EEUU, en vez de colaborar con Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud, deciden salir del sistema y congelar fondos. Y que la actuación de cada país no tiene nada que ver con lo que está haciendo el otro. Ese es el mayor peligro ahora.

Desde el año 2015 el mundo ha pasado de tener cerca de 785 millones de personas que pasan hambre a más de 820 millones, y la FAO ha advertido que la pandemia incrementará la cifra. ¿Qué opciones tenemos para salvaguardar la seguridad alimentaria en un mundo en el que podrá haber más crisis sanitarias similares?

Hemos asistido en las últimas décadas a síntomas y señales claras de que el planeta está llegando a un límite. Es uno de los problemas colaterales de la macroproducción de alimentos, como también lo es la gran plaga del siglo XXI: la obesidad. En los últimos años hemos aprendido dos cosas fundamentales de la lucha contra el hambre. Una es que no basta con aumentar la producción, porque además tiene que ser sana, y otra es que no podemos aumentar la producción a cualquier precio, porque los costes medioambientales son altísimos.

Hay una sensibilización por parte de la opinión pública cada vez mayor, y estamos intentando ir por ese sendero de la alimentación saludable. Hay cosas que sabemos que funcionan muy bien, como la alimentación local y de productos de temporada.

¿De qué manera ha favorecido la globalización el hambre en el mundo?

La forma de producción alimentaria que hemos generado desde el capitalismo es una forma masiva de producción de alimentos que ha dado buenos resultados en algunos momentos pero que ha hecho que algunos países sean más vulnerables que otros. El ser humano ha pulverizado el entorno y lo ha convertido en una gran despensa. Un ejemplo de ello es cómo está cambiando nuestra dieta: en los años 80, los chinos comían de media unos 14 kilos de carne por persona. Ahora comen unos 55 kilos.

En las últimas décadas, el consumo mundial de carne ha aumentado el doble que la población. El consumo de huevos, tres veces más. Brasil produce cada año 7.000 millones de pollos, casi tantos como habitantes tiene la Tierra, una cantidad que sacrifica y exporta a todos los rincones del mundo. Pero EE UU y China producen una cifra parecida.

En la globalización, países que han estructurado su economía en función de las exportaciones –sobre todo, en África y en América Latina–, cuando hay variaciones de precios, cuando la inversión decide ir de un continente a otro, se vuelven muy frágiles. La otra cara de la moneda es que la globalidad, pese a fomentar la vulnerabilidad de esos países, ha ayudado de alguna forma a que no haya carestía de alimentos. Pero la cuestión es que el hombre nunca ha tenido falta de alimentos. El hombre siempre ha sido capaz de producir tantos alimentos como hacía falta o más para la población que había, a pesar del aumento de población.

En los últimos 500 años, la población se ha multiplicado por 14, pero la producción de alimentos se ha multiplicado por 240. No hay hambre por la falta de alimentos ni tampoco por desperdicio alimentario, sino por desigualdad, por pobreza. Esa es la causa principal. Hay otros factores que pueden influir, como la globalización o el cambio climático. Es una ecuación compleja, pero en lo básico está la relación entre pobreza y riqueza.

¿Qué mecanismos cree que se podrían aplicar para favorecer a la pequeña agricultura en estos momentos?

La crisis está afectando a todos los sectores de la sociedad. Lo fundamental es ver cuánto va a durar esta crisis y cuánto tiempo va a afectar al sistema productivo. Si estamos hablando de un mes o un mes y medio –aún con toda la gravedad que ello supone– es probablemente recuperable. Si se alarga mucho más, vamos a tener problemas a medio y largo plazo. La solución es la intervención del Estado. Lo estamos viendo en todos los sectores.

Estamos asistiendo a un resquebrajamiento del sistema liberal capitalista como lo tenemos entendido y solamente tenemos los precedentes parecidos de las grandes guerras, cuando, a pesar de que era el momento álgido del liberalismo capitalista, los Estados decidieron que tenían que intervenir de forma drástica en sus propias economías, nacionalizando, decidiendo qué se producía y qué no... Estamos en una fase parecida y obviamente se ha identificado la alimentación como uno de los sectores clave. Y la solución pasa por una intervención estatal en las distintas formas de producción de alimentos, y sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, como son los pequeños agricultores.

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Esta entrevista ha sido publicada en el N15 de la revista Ballena Blanca Ballena Blanca

Para ella, la economía tendría que tener la forma de un donut, de una rosquilla. Kate Raworth (Londres, 1970) ha planteado una teoría que rompe con el mercado tal y como es hoy. Propone dejar de buscar riqueza a costa de los límites ambientales y la justicia social. Su teoría fue presentada como un documento de trabajo para Oxfam en 2012, después tomó protagonismo en la Asamblea General de la ONU y fue un referente para el movimiento social Occupy London. Su teoría perfila una transición desde la que llama economía del siglo XX a la del XXI, en la que el PIB, un índice finito, sería sustituido por una rosquilla que pone en relación las necesidades humanas con el impacto ambiental de la economía en la sociedad y la Tierra como ente vivo.

Estudió Economía pero no se siente economista. ¿Por qué?

Me defino como economista renegada y me parece razonable. Creo en el concepto griego de economía como el arte de gestionar el hogar. La Universidad debería reconocer que el sistema de producción y distribución depende de la sociedad y del mundo vivo, donde está integrado, y de la salud de ambos. La economía es interdependiente de la salud y los recursos del planeta, son las fuentes a las que recurre. Todos los economistas deberían repensar los indicadores del mundo en el que vivimos y plantearse cómo manejamos nuestros recursos planetarios. Este debería ser el punto de partida: la naturaleza es inherente a la economía.

Cuando llama a huir del planteamiento del siglo pasado, ¿a qué se refiere?

En la década de 1870 los economistas hicieron una analogía entre las leyes del movimiento de Newton y la economía: al igual que la gravedad atraía cosas hacia ella, los precios iban a atraer a la economía al equilibrio. El problema es que, mientras la ciencia avanzó, la economía se quedó en el siglo XIX. Si se trata de manejar tu hogar, primero tienes que entender cómo funciona. Aprender de la psicología, la neurociencia, la sociología, la antropología y la ciencia terrestre. Hay que poner por delante el bienestar humano y planetario y la salud de ambos. El indicador del crecimiento es el PIB, pero debería ser la prosperidad humana. Hay que plantearse qué tipo de mentalidad económica, instituciones, políticas y estructuras hacen falta para ello.

Propone una nueva estructura en forma de donut. ¿Qué significa?

Es un diagrama que aspira a condensar el salto del viejo al nuevo pensamiento económico. El reto es crear economías locales y globales que lleven a todos al espacio seguro y justo del donut [el aro principal, por debajo del cual se encuentran las carencias del sistema y por encima, los excesos]. En lugar de perseguir un PIB cada vez mayor, es hora de descubrir cómo prosperar de forma equilibrada. La economía del donut satisface las necesidades de todas las personas, pero dentro de los límites del planeta. ¿Qué tipo de economía del siglo XXI podrá hacer esto?

Quiere cambiar el PIB por el donut

El Producto Interior Bruto pertenece a lo que yo llamo economía del siglo XX, es una forma de medir la producción con la que llevan obsesionados desde 1930. Aquel indicador de progreso resultó útil: sirvió para compararse con otros países. La OCDE ha hecho clasificaciones desde 1960 para incentivar la competitividad y seguir creciendo. Se ha utilizado para justificar desigualdades extremas de renta y la destrucción del medio natural. Hay muchos aspectos limitantes en esta forma de pensar. El siglo XXI va a incluir otras métricas que respeten los derechos humanos de todas las personas y el planeta.

¿Por qué es tan importante el medio ambiente en su sistema?

El bienestar humano depende de la tierra viva. Si queremos tener suficiente comida, necesitamos suelos fértiles y un clima estable. Si queremos vivir de forma saludable, necesitamos aire limpio y una capa de ozono. Nuestro bienestar depende de los sistemas que soportan la vida en la Tierra. Estos apenas se entendieron en el siglo pasado y se dejaron al margen de la teoría económica. Es hora de ponerlos en el centro de nuestra visión del bienestar.

¿Cómo propone su teoría repartir la riqueza?

Hay que pre-distribuir las fuentes del crecimiento y de conocimiento. Por ejemplo, ayudar a que la propiedad distribuida, compartida, de energías renovables y ayudar a que a que las comunidades sean propietarias. El crecimiento de las licencias de código abierto son conocimiento de forma distributiva; en cuanto a la vivienda, apoyar un modelo más distributivo, por ejemplo, mediante cooperativas. La reforma es profunda. Más que confiar en la redistribución de los ingresos, hay que plantear instituciones más distributivas y pensar cómo crear una economía con tecnología, con diseño.

¿En qué se diferencian la gestión centralizada y distributiva?

Pensemos en la energía fósil: se extraía, se refinaba y se vendía, eso era una gestión centralizada en manos de una empresa que tiene los derechos de una explotación y gestiona todo. En el caso de la energía, la distribución por diseño serían las pequeñas estaciones solares de una casa. En el siglo XX la propiedad se volvió muy importante, un campo de batalla entre compañías, con sus patentes y la propiedad intelectual. Se boicoteaban para que la innovación no creciera. Hoy tenemos 'creative commons', licencias de uso colectivas y estándares abiertos, otra forma de distribución por diseño. En materia de instituciones, se puede aplicar el mismo modelo y cambiaría su comportamiento.

¿Cómo deberíamos cambiar entonces la forma de hacer negocios?

Planteándonos: ¿Por qué una compañía puede explotar los recursos de la tierra con la bandera de conseguir beneficios y aumentar las ventas?; ¿por qué tiene derecho a socavar los derechos sociales? El diseño de las empresas del siglo XXI tiene que generar valor social, ambiental y cultural y compartir y beneficiar la creación conjunta y devolver al planeta del que dependemos. Entonces, de pronto las empresas viejas se van a quedar realmente viejas, caducas, no van a tener sitio. Pero, cuidado, hay empresas que quieren repensar sus modelos y puede pasar como con la mal llamada economía colaborativa: que sean negocios de antes con el disfraz de nuevo.

¿No cree usted en la economía compartida?

Los cambios de modelo, tecnológicos y de uso siempre van a traer de la mano posibilidades muy distintas, pero la palabra compartir implica otras cosas más humanas y profundas en la naturaleza. Nunca llamaría a Airbnb economía compartida. Esto es microcapitalismo, sigue siendo alquiler, no es compartir, aunque el término esté tan extendido. La tecnología no siempre aboga por distribuir de forma igualitaria los recursos. La red, por ejemplo, está dominada por Facebook, Ebay, Google… unas pocas empresas toman ventaja de las redes en las que están.

¿Internet tiene marcha atrás?

Internet 2.0 se ha vuelto algo muy concentrado, pero no siempre fue así. Internet 1.0 alojaba redes más auténticas, con más valor. Estamos en los inicios de Internet 3.0; la gente está empezando a reaccionar, a rebelarse contra todo, a entender los efectos negativos de esas redes, de ese Internet. Les preocupa la privacidad, los precios de los alquileres… Internet tendrá un valor distinto si somos capaces de crear, de tejer otro tipo de redes de colaboración: más pequeñas, mejor conectadas entre sí y no dominadas por los grandes de Internet.

¿Cómo se hará la transición?

Habrá viejos agentes que se transformarán para formar parte del nuevo sistema, pero va a ser costoso. Por ejemplo, el rediseño que plantea el donut consiste en que las compañías podrían empezar a vender servicios en vez de productos: iluminación en lugar de bombillas.

¿Qué ejemplos conoce que estén en este nuevo paradigma?

El director ejecutivo de Unilever, Paul Polman, está intentando reinventar la compañía, darle un propósito del siglo XXI, pero sigue estando en manos del mercado, cotiza en bolsa, sigue rigiéndose por el cortoplacismo. Patagonia es una empresa que de base tiene un sistema distinto, que trabaja para cambiar el sistema en el que vivimos. Yvon Chouinard (1938, Lewiston) la fundó sobre valores realmente ambientales –es escalador y ecologista– y así la filosofía de marca.

O Houdini, fundada en la base de los límites planetarios. Las empresas pueden pensar que su sistema no puede aplicarse en el mundo en el que vivimos, en donde casi todo es extractivo o tiene obsolescencia. Yo hablo también en mi teoría de la ética. Supongo que no es muy ético fabricar algo que sabes que se va a romper.

¿Las pequeñas empresas tienen más posibilidades de transformarse en empresas del siglo XXI?

Es cierto que las start-up, a priori, tienen más posibilidades de cambiar sus estructuras o de nacer con un modelo de negocio más circular, pero cuando hablo con ellas, lo que más repiten es que tienen que crecer, es lo que más les importa, en eso está basado su modelo. Todas están compitiendo en el mismo terreno de juego, aunque a veces en mundos paralelos. Puedes centrar tus esfuerzos en ser sostenible y regenerador, pero en última instancia depende de la estructura de la compañía. Obtener el mayor retorno y beneficios posibles debe dejar de ser la meta. Y la base debe ser la protección ambiental, no puede ser algo accesorio.

No es partidaria de poner freno a los abusos ambientales con impuestos. ¿Por qué?

Los impuestos, las cuotas y los precios escalonados pueden contribuir a aliviar la presión que la humanidad ejerce sobre las fuentes de la Tierra, pero son insuficientes. Las empresas ejercen presión para retrasar su puesta en práctica o reducir los tipos fiscales, obtener bonificaciones... Los Gobiernos ceden porque temen que su país pueda perder competitividad o su partido pierda votos. Las cuotas e impuestos que limitan las existencias y reducen los flujos de contaminación pretenden cambiar el comportamiento de un sistema; pero son palancas de baja influencia. Cuando la industria va de fabricar, usar y tirar, los incentivos no evitan que los recursos se agoten; lo que se necesita es un paradigma de diseño regenerativo que cambie las empresas.

¿Y por dónde empezamos?

Por ejemplo, por sacar del mercado los plásticos de un solo uso y los productos con obsolescencia. Hay que crear un ecosistema de materiales distinto al que tenemos y hacerlo de la mano de las empresas. Algunas compañías tienen en sus plantillas algunos de los ingenieros y diseñadores más ingeniosos y brillantes, estoy segura de que harían diseños más efectivos si fuera su objetivo. Hay que pensar que todos los materiales, sean biológicos o técnicos, sean metales, fibras que no se descomponen naturalmente deben ser diseñados para ser reutilizados o reacondicionados y en última instancia, reciclados.

Mire por ejemplo los teléfonos móviles: en 2010 solo se reutilizó el 6%, el 9% se desmontó para reciclar y el 85% fue al vertedero. Se tiene que diseñar de otra forma.

¿El donut acabará con la desigualdad?

El 45% de las emisiones contaminantes parte de la demanda de un 10% de la población. Hay una enorme diferencia en el uso que se hace de los recursos planetarios. Uno de los principales propósitos del donut es crear una economía regeneradora y reducir esta brecha; eliminar los extremos en el bienestar. Y una de las razones por las que he insistido tanto en los límites planetarios es por el cambio climático. Sé que es un proyecto muy audaz para el siglo XXI, pero es precisamente este el tipo de proyecto que debemos abordar, porque no podemos dejar este legado a los que vengan después y los hijos de éstos. Y debemos sentirnos orgullosos de ponérnoslo como meta.

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El modelo de la rosquilla, cocinado en la Universidad de Oxford por la economista Kate Raworth, servirá de guía para orientar las nuevas políticas necesarias para salir de la recesión asegurando que se reducirá un 50% el consumo de nuevos materiales en la próxima década.

En la presentación del plan de la ciudad, el 8 de abril, la vicealcaldesa de Ámsterdam Marieke van Doorninck adelantó algunas de las medidas que se pondrán en marcha, como fomentar productos que duren más tiempo y permitan las reparaciones, imponer medidas para que los restaurantes y hoteles donen la comida que desechen o crear los llamados "pasaportes de materiales" que contabilicen los materiales reutilizables en las demoliciones o promuevan el uso de materiales más sostenibles en la construcción de edificios. 

"Tenemos un sistema en el que incineramos los productos que tiramos aunque tengan materias primas valiosas, etiquetándolos como simple basura", explicó van Doorninck. "Teniendo en cuenta que en el mundo los materiales son limitados y escasos, esto es imperdonable"

Pero el modelo económico detrás de estas decisiones es mucho más ambicioso e incluye una manera innovadora de calcular la riqueza de las sociedades en las que se tenga en cuenta la interconexión del mundo globalizado y los límites físicos del planeta. Además, incluye ideas de biomimética en las que han colaborado científicos como Janine Benyus, que estudian los sistemas de la naturaleza para crear tecnologías y estructuras sostenibles.

 "La idea de que Ámsterdam se haya comprometido a crear una economía totalmente circular para el año 2050 es fantástica", explicaba en un debate de la cadena holandesa VPRO la economista Raworth, "es algo totalmente nuevo por lo que nadie sabe todavía lo que esto significa".

La rosquilla que propone Raworth, de hecho, no es una guía de políticas concretas, sino más bien una manera de analizar el sistema económico para orientar las decisiones. Su modelo se basa en una imagen muy sencilla: la humanidad debe vivir dentro de un donut. En el agujero interior del donut se encuentran las necesidades básicas para el bienestar: comida, agua potable, vivienda, energía, sanidad, igualdad de género, sueldo de subsistencia y libertad política. La zona que se encuentra fuera del donut representa el techo ecológico y los puntos de inflexión que los científicos han identificado como una amenaza para la vida en el planeta, desde la capa de ozono a la acidificación de los océanos. En medio, en lo que sería el donut en sí, se encuentra lo que llamaríamos bienestar.

Raworth ha explicado estos días que la manera de traducir su modelo en políticas concretas implica primero acumular múltiple información de sectores diversos para hacer un "retrato de la ciudad". El retrato deberá analizar las necesidades de los ciudadanos para que prosperen y alcancen un cierto desarrollo pero también deberá considerar su impacto ecológico y global.  

La semana pasada, Raworth exponía en The Guardian un ejemplo de cómo la teoría se podía llevar a la práctica explicando el problema de escasez de vivienda que experimenta la ciudad de Ámsterdam.

En este momento, el 20% de los residentes de la capital holandesa no puede cubrir sus necesidades básicas tras pagar el alquiler. Una de las soluciones que se proponen es construir más edificios pero ello aumentaría drásticamente las emisiones locales de CO2, que se han incrementado hasta un 31% desde la década de los 90.

El análisis de la rosquilla conecta todas las variables y mira más allá, relacionando este problema local con un sistema internacional donde abunda un capital flotante que está invirtiendo en propiedades de grandes ciudades subiendo el precio para sus habitantes. La teoría del donut, explica, no ofrece una solución concreta pero sí una manera de mirar.

En varias intervenciones en las que ha participado desde su casa estos días, Raworth además insiste que habría que usar la crisis del Covid-19 para buscar nuevos paradigmas que permitan mejorar las deficiencias de nuestro sistema.

A pesar de la reducción de emisiones que se ha producido o de algunos cambios en el consumo, nada está todavía escrito. "Lo que estamos viviendo ahora no es un cambio en el estilo de vida", advierte en su entrevista en VPRO, "este frenazo viene de la prohibición de salir de casa. Después dependerá de nosotros".

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La industria automovilística europea está presionando a la Unión Europea para que prorrogue las medidas que limitan las emisiones de CO2 introducidas este año alegando la crisis a la que se enfrenta por el Covid-19.

Las medidas, que supondrían una reducción progresiva de las emisiones de CO2 de la flota total de cada fabricante, promueven los coches más eficientes que se adhieran a los compromisos climáticos, pero, según la ACEA (la patronal de los fabricantes en Europa), deberían aplazarse por el parón que el sector experimenta este momento.

En realidad, la petición no es nueva. En septiembre de 2019, el entonces presidente de ACEA criticó las nuevas regulaciones y en diciembre del mismo año, la Asociación de proveedores de automoción reclamó, ante el cambio de la presidencia de la Comisión Europea, reabrir el debate sobre su implementación. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha añadido un nuevo elemento que, según estas organizaciones, debe tenerse en cuenta.

En la carta que recibió el 25 de marzo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la ACEA, junto con otros grupos de proveedores, pide medidas financieras directas y argumenta que, al salir de esta crisis, la actividad "deberá concentrarse en los problemas a corto plazo" como la caída de la producción, las ventas y la falta de liquidez, y dejar a un lado los test de laboratorio o la investigación.

Para Julia Poliscanova, directora de la división de movilidad con emisiones cero en la organización Transport and Environment, el enfoque debería ser el contrario. "Un rescate público debe pensar a largo plazo", dice por teléfono. "Las ayudas a las empresas deben promocionar la inversión en nuevas tecnologías como el coche eléctrico o los puntos de recarga, y ofrecer incentivos a los consumidores para consolidarlos. No se trata solo de dar dinero para que se compren más coches, sino también favorecer la venta de cierto tipo de coches porque nos enfrentamos a una crisis económica y climática a la vez".

De hecho, fabricantes como Volskwagen o BMW, que se han ido preparando para la transición hacia el coche eléctrico, se han desmarcado y no han apoyado esta petición.

"En el último año, los fabricantes de coches han estado quejándose ante las nuevas regulaciones", explica Poliscanova, "pero lo que hemos visto es que mientras unas compañías como Volskwagen o Renault han invertido en coches eléctricos, otras no parecen haberse puesto a ello". Retrasar las medidas con la información que tenemos en este momento, opina, no está justificado y penalizaría a los que han hecho el esfuerzo.

Los rescates a la industria del automóvil en 2009, donde se inyectaron 7.560 millones de euros pero apenas impulsaron una reducción de las emisiones, están también detrás de la idea de que debemos tomar las decisiones con cautela. El plan de recuperación económica que propuso en su momento el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en el que en teoría se aspiraba a promover los coches eléctricos, no sirvió para evitar que, durante ese periodo, se produjera el mayor desequilibrio entre las emisiones reales y de laboratorio, y hubiera una explosión en las ventas de los vehículos SUV, los todoterrenos urbanos.

En cambio, el plan que propuso ese mismo año el presidente Obama consiguió reducir significativamente las emisiones al condicionar las ayudas para estimular al sector a un aumento de las regulaciones. Las medidas consiguieron que los fabricantes tuvieran que adaptarse para producir modelos más eficientes y favoreció, según varios expertos, la innovación.

Hoy en día, estas medidas están amenazadas tras el anuncio que hacía Donald Trump esta semana sobre su plan de relajar las exigencias en la eficiencia de los automóviles (según el borrador que ha presentado, los fabricantes ya no tendrán que producir modelos que aseguren un consumo mínimo de 23 km/litro sino que podrán rebajarlo a 17 km/litro, lo que supondrá que necesitarán mucho más petróleo para recorrer la misma distancia, aumentando el número de emisiones y contaminación).

Sin embargo, el modelo de rescate con condiciones todavía representa, para muchos, el ejemplo de lo que se debería exigir para afrontar la crisis climática y a la vez estimular la economía.

En la carta a la Comisión Europea, los fabricantes han asegurado que, una vez que pase la crisis, seguirán con su obligación de cumplir con los objetivos, pero no concretan ninguna fecha de hasta cuándo necesitarán abolirlos ni hablan de compromisos con repercusiones legales.

Para Julia Poliscanova, el ejemplo del rescate de 2009 y sus pésimas consecuencias deberían servir de lección. "Sin duda el coronavirus va a provocar grandes estragos en el mercado de automóviles en Europa", escribía en un artículo, "pero debemos asegurarnos de que el dinero público se emplea bien. Hay que garantizar que el resultado sea un mercado más competitivo e innovador que se adapte a las necesidades de productos con cero emisiones para el siglo XXI y […] que ayude a frenar la otra crisis global del cambio climático".

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En un inédito paso, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves una moratoria al cumplimiento de leyes ambientales de las industrias contaminantes de forma indefinida.

De nombre ambiguo y enrevesado, esta "política de ejecución discreta temporal", empieza a correr con carácter retroactivo desde el 13 de marzo. En una nota de prensa publicada ayer por la tarde, el director de la agencia, Andrew Wheeler, restaba peso a la decisión: "La EPA está comprometida con la protección de la salud humana y ambiental, pero reconoce que el desafío que supone el esfuerzo para proteger a los trabajadores y al público del COVID-19 puede tener un impacto directo en la capacidad de las industrias reguladas para cumplir con las exigencias regulatorias".

En concreto, mientras dure la crisis del coronavirus, la agencia no penalizará a aquellas compañías que no cumplan con sus obligaciones de control de su actividad y de entregar informes de forma periódica.

La semana pasada, el American Petroleum Institute, que representa al poderosísimo sector del petróleo en EEUU, dirigió una carta abierta al presidente Donald Trump, en la que pedía de forma expresa a la Agencia de Protección Ambiental dos cosas: suspender la obligación de hacer controles y entregar información de forma periódica; y exenciones en el cambio del combustible de invierno al de verano que queman los coches y el transporte rodado en general.

La Agencia de Protección Ambiental obliga a cambiar la mezcla de gasolina cuando se pasa del invierno a la primavera y al verano, para evitar la mayor evaporación del combustible cuando las temperaturas suben, lo cual a su vez libera más ozono, muy perjudicial para la salud.

El argumento de las petroleras es que ahora mismo sobra oferta de combustible por el parón de la actividad debido al coronavirus, que ha hecho desplomarse la demanda de crudo y de gas. La EPA, sin embargo, no hace ningún comentario sobre esta segunda demanda en su comunicación pública.

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China ha anunciado la construcción de docenas de nuevas centrales de carbón en un plan de estímulo para su economía de 50 billones de yuanes (6.500 millones de euros). Las apertura de estas plantas, que tendrían una capacidad mayor que todo el sector del carbón de Polonia, supondría una de las mayores amenazas al recorte de emisiones y, según organizaciones como Global Energy Monitor, impedirán cualquier intento global por mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2°C.

El decimocuarto plan quinquenal, donde se recogen las medidas para el periodo de 2021 a 2025, se anticipó en una circular a finales de febrero y parece alejarse del compromiso que el país adquirió en el Acuerdo de París. El Gobierno chino, que desde hace meses ha ido relajando el control de la apertura de nuevas centrales, parece ahora consolidar este estímulo para el crecimiento económico como consecuencia de la influencia de ciertos lobbies y los estragos del coronavirus.

El temor de que el carbón y otros combustibles fósiles salgan fortalecidos en los planes de estímulos económicos que tendrán que promulgarse tras la crisis sanitaria global, sin embargo, ha surgido en muchos otros países. En Estados Unidos, múltiples compañías petroleras y minas de carbón están pidiendo ayudas por el impacto que están sufriendo, y políticos como el presidente de la República Checa reclaman que se posponga el recientemente aprobado Pacto Europeo Verde.

En una entrevista reciente, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, explicó que, en contra de lo que piden estas grandes empresas, los gobiernos deberían en cambio usar esta oportunidad para promover un cambio hacia energías sostenibles. “Tenemos dos curvas que debemos aplanar lo antes posible”, dijo. “Una es la infección del coronavirus y la otra las emisiones globales. Y ninguna de ellas será fácil”.

El caso de China resulta paradigmático. En el plan de estímulo económico para superar la crisis del coronavirus que ha presentado se combinan inversiones en tecnologías innovadoras como el 5G, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas junto a medidas más tradicionales como la construcción de carreteras, infraestructuras ferroviarias o centrales de carbón. Pero no se mencionan otras iniciativas que favorezcan las energías renovables u otros programas sostenibles.

Sin embargo, como apunta un informe publicado esta semana en Carbon Brief, las razones detrás de las nuevas plantas de carbón son probablemente más políticas que económicas. A pesar de que a corto plazo las centrales puedan ayudar al crecimiento del PIB de las regiones, es probable que dejen de ser rentables  pronto debido a la competitividad creciente de las energías renovables y por la propia situación energética del país.

China tiene en este momento una capacidad muy por encima de su demanda, y muchas de sus plantas tienen pérdidas y operan por debajo del 50% de su capacidad. Los estímulos que se implementaron para la recuperación económica tras la crisis financiera de 2008 produjeron una expansión desmesurada de las minas de carbón y la generación de energía de esta fuente.

La concesión de la construcción de nuevas plantas a los gobiernos locales, sin embargo, ha impedido un control más estricto por parte del Gobierno central. El sistema de “luces de semáforo” que introdujo en 2017 y en el que tenía que dar permiso a cada nueva propuesta para equilibrar la capacidad excesiva de energía no ha podido contrarrestar el interés político de las autoridades de las provincias, que para crear riqueza y mayor demanda de sus minas de carbón están promoviendo la apertura de nuevas centrales. Tampoco el esfuerzo moderado por reducir la contaminación del aire de las ciudades parece haber conseguido reemplazar esta estrategia.

En enero de 2020, China estaba construyendo 105 centrales de carbón y tenía otras 101 en fases preliminares, según la organización sin ánimo de lucro Global Energy Monitor. El nuevo plan quinquenal sumaría muchas otras nuevas que añadirían 34 gigavatios (GW) más a su capacidad.

La presión que ejercen compañías como la Red Eléctrica Estatal o la Comisión Eléctrica China, así como la facilidad de generar cierto crecimiento rápido, ha arrinconado el control de la capacidad energética del país. Sin embargo, algunos expertos advierten de que si perdemos esta oportunidad, los países podrían quedar atrapados en planes energéticos durante décadas que dificultarán la lucha contra el cambio climático.

En Estados Unidos, esta semana un grupo de científicos, abogados, organizaciones ecologistas y empresas de energías renovables ha presentado una carta al Congreso de Estados Unidos en la que proponen medidas para un “estímulo verde”, donde piden que se orienten las inversiones que tendrá que promover el Gobierno tras el impacto económico del coronavirus y conseguir una transición hacia industrias que reduzcan las emisiones.

“Tenemos la oportunidad de corregir lo que aprendimos del estímulo de 2008 al 2010 que dio lugar a una recuperación endeble que se centró en las empresas y grandes compañías en vez de en los trabajadores”, dicen en el comunicado. “Ahora es el momento de empezar un debate político y un trabajo legislativo para aprobar un ‘Estímulo Verde’ que cree trabajos, mejore las comunidades y aborde la emergencia climática mientras se reconstruye la economía”.

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Este lunes, las aerolíneas anunciaron una masiva cancelación de vuelos en Europa ante las restricciones de los países a viajar por la expansión del coronavirus. En Estados Unidos, las compañías ya piden ayudas públicas por valor de 50.000 millones de dólares por la caída dramática de pasajeros y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) cifra de 150.000 a 200.000 millones de dólares la cantidad que la industria necesitará en ayudas para superar la crisis sanitaria y económica.

Mientras los países se están incluso planteando renacionalizar compañías aéreas, como es el caso de Alitalia, políticos y organizaciones ambientales piden algo que Obama hizo en 2009 cuando la industria del automóvil cayó por la crisis: ofrecer ayuda con fondos públicos a cambio de garantías ambientales.

La aviación representa algo menos del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales; lo llamativo no es tanto esto (el impacto del transporte rodado es el 12%) como que esta industria en Europa esté exenta del pago de impuestos por el queroseno que repostan sus aparatos en los vuelos domésticos dentro de la Unión Europea. Tampoco está sujeta a una regulación de reducción de emisiones.

“Dados los pobres resultados de algunas compañías en estas industrias, creemos que cualquier ayuda económica debería ir acompañada de la exigencia de que estas empresas actúen de una forma más responsable”, escribió este miércoles un grupo de senadores demócratas en una carta al Congreso. "Vista la gran huella de carbono de la aviación comercial, pedir la reducción de emisiones sería un gran paso para reducir la curva de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país", firman.

En cualquier caso, analizan algunos especialistas, dar ayudas económicas a esta industria sin ninguna condición serviría de muy poco a adaptarse a los efectos del cambio climático en la población y en los viajeros a medio y largo plazo.

Este miércoles, la industria del petróleo y del gas en Reino Unido también ha pedido auxilio al Gobierno para sobrevivir a la caída del precio del petróleo provocada por los primeros cierres de instalaciones.

La organización 350.org, que promueve la desinversión en energías fósiles a escala mundial para luchar contra la crisis climática, ha reaccionado así: “No podemos repetir los errores de la crisis de 2008 y rescatar a empresas que maximizan sus beneficios mientras provocan el colapso climático. En esta ocasión, debemos demostrar solidaridad con aquellos que sufren los mayores impactos por el virus”.

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Los coches que queman algún tipo de combustible fósil –petróleo, pero también gas– no pueden denominarse 'sostenibles' ni 'verdes'. Esta una de las conclusiones, publicada esta semana, del grupo de expertos al que la Comisión Europea encargó un análisis de múltiples sectores de actividad para marcar una pauta de aquellas inversiones que pueden considerarse sostenibles.

Es la primera vez que se hace un esfuerzo tan concreto y de estas dimensiones –significa cambiar todo el modelo económico actual– y tiene como objetivo involucrar al sector privado ante la emergencia climática para conseguir una economía neutra en carbono para 2050. A propuesta de la Comisión Europea, en diciembre de 2019 se aprobó la nueva ley que fija lo que puede definirse como "ambientalmente sostenible" en los mercados financieros y en la información no financiera de las grandes compañías.

Esta norma, toda una novedad para luchar contra el 'greenwashing', el blanqueo ecológico al que acostumbran muchas compañías, dejó a un grupo de expertos detallar las reglas para seleccionar qué es 'verde', apoyadas en criterios científicos.

El documento, de más 500 páginas, filtra aquellas actividades que contribuyen a reducir el impacto del cambio climático y cuáles no, también las que hacen posible adaptarse a ello, y las que no. Pero este es solo el primer paso, pues en los próximos meses se irán limitando más impactos ambientales: el agua y los recursos marinos, economía circular, prevención de la contaminación, protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Ahora, la Comisión Europea tiene hasta finales de año para incluir estas recomendaciones en la regulación sobre inversiones sostenibles, adoptadas tal cual o revisadas.

Estos son algunos de los sectores en los que el grupo de expertos define qué es sostenible y qué no:

Solo pueden considerarse 'verdes' aquellos turismos con cero emisiones directas (las que salen del tubo de escape), es decir, eléctricos y de hidrógeno. Los autos que emitan hasta 50 CO/km podrán considerarse sostenibles únicamente hasta 2025. Los expertos consultados por Bruselas asumen que a medio plazo, la fuente de energía para los autos de cero emisiones será baja o neutra en carbono.

La generación de electricidad y de calor son responsables de más de un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Por ello, "una reducción ambiciosa de emisiones en este sector resulta vital", analizan los especialistas. Según su recomendación, solo aquellas tecnologías que emitan por debajo de 100 COe/kWh pueden considerarse sostenibles para producir electricidad o para uso térmico. Este objetivo se reducirá cada cinco años, en línea con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

"El gas no cumple este límite ni para la generación de electricidad, ni térmico, ni de cogeneración", analizan estos especialistas. "La única opción de que el gas entrara en esta categoría es la captura y secuestro de carbono, pero es una tecnología muy cara. Realmente, queda fuera toda generación de electricidad que provenga de energías fósiles", analiza desde Bruselas Julia Linares, responsable de finanzas sostenibles de la organización WWF.

El criterio para seleccionar aquellas actividades que son sostenibles no solo tiene en cuenta su impacto directo en la generación de emisiones, sino también otros efectos paralelos. En el caso de la hidroeléctrica, se considera sostenible, pero debe compensar su impacto en la alteración de los ecosistemas.

La norma europea aprobada en diciembre de 2019 fija que cualquier actividad que suponga un aumento de la incineración de residuos, incluida aquella para producir energía, no puede considerarse sostenible, "pues daña la economía circular". No obstante, los especialistas no se han puesto de acuerdo sobre el impacto de generar electricidad a partir de basura, por lo que esta actividad ha quedado fuera de este documento y las negociaciones seguirán más adelante.

Algunos especialistas consideran que los residuos que normalmente se queman podrían ser reciclados, lo cual desincentiva la reutilización y el reciclaje, que "tienen mayores beneficios para limitar el impacto del cambio climático". Otros, sin embargo, defienden que la incineración "tiene un papel en una economía circular, pues no todos los residuos pueden reutilizarse o reciclarse".

Para Janek Vahk, coordinador de Clima, Energía y Contaminación del Aire de la organización Zero Waste: "En cualquier caso, la recomendación es que, para minimizar la generación de residuos, debe eliminarse la incineración".

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Empiezan a surgir marcas de ropa en España que ofrecen alquilar ropa mediante un modelo de suscripción. Están inspiradas en Rent the runway, creada en 2009 en Estados Unidos. El argumento detrás de esta propuesta es que pasar de comprar prendas a que varias personas las usen varias veces puede reducir de forma drástica el impacto ambiental de una industria que ha pasado de fabricar 50.000 millones de prendas en todo el mundo a 100.000 millones en solo 15 años.

¿Hasta dónde esto es así? "En la moda convencional, se producen 10.000 piezas de una misma prenda para convertirla en tendencia. Sin embargo, si esa misma prenda la usan diez personas, entonces solo se producirán 1.000 piezas. El modelo de alquiler es muy interesante, pero solo si se hace bien, hay que medir: ¿Cómo la envuelvo, cada pieza en una bolsa de plástico? ¿Es un servicio solo online y esto me obliga a transportar un vestido de Madrid a Barcelona, o a Cádiz?", analiza Gema Gómez, diseñadora y fundadora de Slow Fashion Next, una plataforma que promueve la moda sostenible en España.

Para esta especialista, se necesita analizar caso por caso, pues los impactos dependen de muchos factores. Los problemas ambientales que crea el actual ritmo brutal de rotación de ropa nueva y desechable, a la que han empujado las grandes marcas de moda, ya son tan potentes que la Agencia Europea de Medio Ambiente ha colocado la industria textil como la quinta más contaminante en Europa en emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los hogares, segunda si nos referimos al uso de suelo y cuarta en consumo de agua.

Para Gómez, el modelo del alquiler funciona si se trata de ropa más duradera, y esto depende de los materiales.

En el mundo de los que intentan devolver el sentido común al consumo de ropa está la Fundación Ellen McArthur, que también plantea crear una nueva economía de la ropa que tenga en cuenta alternativas a la compra, como el alquiler, aunque no solo. Que la ropa dure mucho más tiempo y usar prendas de segunda mano también sería una manera de romper el dictado de las marcas de ropa 'fast-fashion', que sacan continuamente nuevas colecciones al mercado con ropa de dudosa calidad pero muy barata.

La marca SKFK, antes Skunk Funk, una empresa que nació hace 20 años en el País Vasco, ofrece alquilar ropa desde el pasado mes de mayo para toda España. En su caso, después de dar varios pasos para hacer moda más sostenible, midieron las emisiones de CO de la ropa que venden en todo su ciclo de vida y vieron que la fabricación supone el 70%. Muy por debajo le seguía el transporte, con el 3%, la distribución (2,2%) o el fin de vida (3%).

"Intentábamos responder a la pregunta de si es posible competir como compañía de moda reduciendo los niveles de consumo, que es el problema número uno, y alargando la vida útil del producto", explica Jon Curuchet, responsable de medio ambiente de la marca. En el caso de esta empresa, que fabrica en Europa y en Asia en factorías que no superen los 300 kilómetros de distancia de donde se recoge la materia prima, solo se utiliza algodón orgánico, con un menor impacto en emisiones (no necesita la energía que requiere usar pesticidas), fibras recicladas y lyocell, un material alternativo a la viscosa fabricado a partir de pulpa de madera.

Otras de estas marcas que están probando el alquiler, como Ecodicta, ya han nacido con este modelo como su principal actividad.

Para Curuchet, en esta línea de alquiler, en la que invertirán dos años hasta ver si efectivamente funciona para los consumidores, la principal desventaja "son las idas y venidas del transporte, la logística". Pero esto podría solucionarse si, como incide Gómez, existieran tiendas físicas, que tuvieran cerca los centros de mantenimiento o limpieza de la ropa. En La Modateca, en Zaragoza, las entregas e intercambios se realizan en sus instalaciones.

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Un informe publicado esta semana por el World Resources Institute (WRI) concluye que solucionar el problema mundial del agua, que incluye la escasez, el desigual acceso a agua potable y la contaminación, solamente requiere una inversión anual de 1,04 billones de dólares americanos hasta 2030 (que, por persona, serían 29 centavos cada día).

Con esa suma, inferior al 1% del PIB global, el mundo podría llegar a cumplir a tiempo el ODS6 (el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que busca tener en 2030 agua limpia y saneamiento para todos y una gestión sostenible de los recursos), aseguran desde el WRI.

Del total, que incluye asegurar el acceso universal, revertir la contaminación y garantizar el funcionamiento de los ecosistemas, lo más caro es acabar con la escasez, pues se prevé que en el año 2030 la demanda sobrepase, con mucho, la capacidad de suministro. En concreto, el WRI augura que en 2030 la población mundial requerirá 2.680 kilómetros cúbicos por encima de las posibilidades planetarias.

El estudio desglosa que el 43% del coste de arreglar la crisis hídrica global corresponde al suministro, mientras que el 17% se asocia a la gestión, el 15% a tratar la contaminación, el 14% a acercar los servicios de saneamiento y el 11% restante al acceso a agua potable.

Los cálculos, explica Samantha Kuzma, una de las especialistas en agua a cargo del documento, han tenido en cuenta las predicciones futuras del aumento de población (y, por tanto, la cada vez mayor presión humana sobre los recursos), así como el calentamiento del planeta y sus previsibles impactos sobre las reservas de agua en el posible "business as usual", es decir, en que no se tomen las medidas necesarias para evitar el colapso ecológico.

A diferencia de otras regiones muy empobrecidas, donde lo más costoso será el saneamiento o la potabilización, en España el principal obstáculo es la escasez (asociada en parte a su sequía estructural), que comportaría el 70% de la inversión, asegura Kuzma.

Aunque no se puede cambiar el suministro –sobre todo en un contexto de crisis climática en que el paisaje inevitablemente se volverá más árido, y mientras la desalinización requiera un coste energético tan elevado–, lo que sí se puede alterar es la demanda. La clave será transformar los usos agrícolas, industriales y domésticos.

En España, habría que incidir sobre todo en la agricultura, pues este sector acapara la mayor parte de las reservas hídricas del país, recuerda Kuzma. Ella considera que, para rebajar la presión agrícola sobre el agua, habría que, en primer lugar, cambiar el modelo de riego, además de "ir pensando en reutilizar el agua y en invertir en soluciones más creativas para distribuir el suministro".

Por ejemplo, una de las respuestas que se plantean a nivel global es el reciclaje de aguas residuales, una práctica que ya funciona en lugares como Singapur o California. Pero los costes para solucionar la crisis también incluyen soluciones tradicionales como la tecnología para tratar aguas contaminadas o para acercar el agua a las poblaciones rurales que aún carecen de suministro.

En 2019, los datos del Aqueduct, que elaboró el WRI a partir de la información de 165 países, pusieron de manifiesto la amenaza de falta de agua a la que está expuesta la población mundial. España, según este ranking, figura entre los 30 países del mundo con mayor estrés hídrico, esto es, aquellos cuya demanda de agua está por encima de la disponibilidad natural.

Además de la escasez, según la Organización Mundial de la Salud, todavía hay cerca de 1.800 millones de personas que consumen agua sin protección contra la contaminación fecal, mientras que 4.500 millones no tienen inodoros seguros a su alcance.

Es por esto que el problema del agua se ha colocado entre las mayores preocupaciones del Foro Económico Mundial (que se ha reunido esta semana en Davos). Según el informe Global Risk Report de 2020, la crisis mundial del agua es uno de los cinco mayores riesgos globales en términos de impacto. Los otros cuatro valorados así fueron: el fracaso en acción climática, las armas de destrucción masiva, la pérdida de biodiversidad y el clima extremo.

Los especialistas recalcan que el coste de no hacer nada sería todavía mayor que el de resolver el problema. Según el Banco Mundial, no adoptar medidas para lograr una gestión eficaz del agua podría acarrear pérdidas en el PIB regional de entre un 2 y un 10% en 2050.

El WRI pone el ejemplo de California, donde "la escasez de agua y la sequía alimentaron los incendios forestales que causaron 24.000 millones de dólares en daños en 2018 y que afectarán negativamente a la calidad del agua potable en los años venideros".

En cambio, invertir en solucionar el problema del saneamiento del agua y del acceso daría beneficios: cada dólar invertido en soluciones que resuelvan este asunto tiene un retorno de 6,8 dólares. Esto se explica esencialmente por la mejora en la salud de las personas, que deriva en menos muertes y menos enfermedades a tratar por los servicios sanitarios.

Desde esta organización advierten además de que, si no se invierte en planes de adaptación al nuevo panorama hídrico (condicionado por el clima y por la degradación de los ecosistemas), la cifra de personas que no tendrán agua suficiente al menos un mes al año pasará de los 3.600 millones a los más de 5.000 millones.

El estudio arroja luz sobre las desigualdades en el eje Norte-Sur a la hora de asumir los costes de solventar la crisis del agua. Aunque es cierto que la mayoría de países (sobre todo los desarrollados) pueden permitirse transformar su gestión hacia una que garantice el acceso y la calidad de suministro para todos, hay 17 países –que representan el 10% de la población mundial– que necesitarán ayuda externa (de bancos de desarrollo y otras organizaciones financieras) para cubrir sus costes, que podrían superarían el 8% de su PIB. En Madagascar, por ejemplo, arreglar el problema del agua implica una cifra superior al 20% de su PIB.

Es cierto que, para obtener estimaciones globales, los datos se han tenido que simplificar, por lo que los autores matizan que muchos de los costes asociados a las soluciones de la crisis del agua "carecen de un componente geoespacial robusto". Las cifras se han calculado teniendo en cuenta el coste de tratar, por ejemplo, un metro cúbico de agua residual, multiplicándolo después por la cantidad de metros cúbicos que harían falta para cerrar la brecha proyectada entre el agua necesaria para satisfacer la demanda mundial en 2030 y el agua disponible.

En cualquier caso, señalan que los resultados deben servir más como indicaciones, para que los dirigentes políticos abandonen el estado de parálisis existente ante la magnitud del problema, que como predicciones futuras sobre lo que costará realmente atajarlo.

Actuar es crucial, dicen, incluso desde una perspectiva egoísta, pues las crisis del agua tienen un efecto más allá de sus fronteras: "Las sequías y el estrés hídrico pueden contribuir a los conflictos violentos, a la migración y a la inestabilidad regional. En Mali ya ha estallado la violencia entre agricultores y pastores por los recursos cada vez más escasos de agua y tierra; y la escasez de agua puede perjudicar la agricultura, elevando los precios de los cultivos básicos en todo el mundo".

Los números dan, pero lo que se necesita, según Samantha Kuzma, es voluntad política. Y eso se consigue, a su juicio, con presión social: "La sociedad tiene que dar prioridad al agua y convencerse de que es importante para todos". Esta experta opina que un aumento en el interés general sobre la demanda de agua, que puede manifestarse, "entre otras formas, en las decisiones de consumo" –eligiendo productos con baja huella hídrica– se puede traducir en más dinero para asegurar el agua.

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"He sido testigo de muchas crisis financieras, de inflación en los 70 y 80; de la divisa asiática en 1997, la burbuja de las puntocom y la crisis financiera global. El cambio climático es diferente. Aunque solo se materialice una fracción de los impactos que se proyectan, esta crisis es mucho más estructural, de largo recorrido".

En su carta anual a los consejeros delegados de las principales compañías del mundo, publicada este martes, Laurence D. Fink, fundador y presidente de la mayor cartera de inversiones mundial, con siete billones de dólares en activos, anuncia un potente cambio de rumbo: situar el medio ambiente en el centro de su estrategia de inversión. Más aún. La compañía asume el riesgo climático y lanza que esta cuestión está forzando a los inversores a replantearse sus propias asunciones sobre las finanzas modernas. Para aquellos que no estén en la partida, viene a decir, la gestora está dispuesta a votar en contra de sus directivos.

La misiva que cada año escribe este financiero a los directivos de medio mundo es importante porque es vista como anticipo de lo que está por llegar para las compañías que hoy dominan la globalización y la economía.

"Desde Europa hasta Australia, Sudamérica a China, Florida u Oregón, los inversores preguntan cómo deberían modificar sus carteras. Intentan comprender el riesgo físico asociado al cambio climático y cómo la política climática afectará a los precios, costes y la demanda en toda la economía". Estas cuestiones, reflexiona el presidente de BlackRock, suponen que en "un futuro cercano, antes de lo que se ha anticipado, habrá una recolocación muy importante del capital".

No es una cuestión política, precisa Fink. Son negocios y es la responsabilidad que asume el fondo sobre el dinero de los clientes que representa. De forma concreta, la nueva política de la compañía significará, por ejemplo, abandonar la inversión en las centrales térmicas de carbón –una fuente de energía de la que BlackRock sentenció hace dos años que estaba "muerta"–.

Por otro lado, vigilará la transparencia sobre las cuestiones ambientales de las compañías en las que pone dinero. "El año pasado, BlackRock votó contra o se abstuvo en la elección de 4.800 directores de 2.700 empresas. Cuando observemos que las compañías o los consejos de administración no estén dando información sobre las cuestiones ambientales de forma efectiva o implementando marcos para gestionar estas cuestiones, consideraremos responsables a sus miembros".

Además, escribe Fink, "estaremos cada vez más dispuestos a votar en contra de los directivos cuando las empresas no estén haciendo los progresos suficientes para comunicar sobre las cuestiones ambientales o los negocios y planes relacionados con ellas".

El presidente de BlackRock tiene una palabra para los jóvenes, que en el futuro tomarán el mando: "La gente joven está pidiendo más transparencia y acción. A medida que se conviertan en consejeros delegados o políticos o jefes de Estado, remodelarán el enfoque del mundo hacia la sostenibilidad".

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Artículo publicado en Yale Environment 360 y traducido por Laura Rodríguez

A medida que la preocupación pública por la contaminación de los plásticos aumenta, los consumidores recurren a bolsas de tela, pajitas de metal y botellas de agua reutilizables. Pero mientras los individuos se inquietan ante las imágenes de basura en el océano, la industria de combustibles fósiles y petroquímicas invierte miles de millones de dólares en nuevas plantas cuya intención es fabricar millones de toneladas de plásticos nuevos.

Compañías como ExxonMobil, Shell y Saudi Aramco está multiplicando su producción de plástico —que se fabrica con petróleo, gas o sus derivados— para protegerse de la posibilidad de una respuesta global contra el cambio climático que, como explican los analistas, reduciría la demanda de combustibles fósiles. Los productos petroquímicos, entre los cuales se incluye el plástico, ahora representan el 14% del uso de petróleo pero se espera que alcancen el 50% de la demanda para 2050, explica la Agencia Internacional de la Energía. El Foro Económico Mundial predice que la producción de plástico se duplicará en los próximos 20 años.

"En un contexto de un mundo que intenta reemplazar los combustibles fósiles como fuente de energía, es donde (las compañías de petróleo y gas) ven el crecimiento", dice Steven Feit, un abogado del grupo de presión Centro para el Derecho Internacional Ambiental.

Y como el boom del fracking en EEUU está extrayendo, junto al gas natural, grandes cantidades de la materia prima del plástico, el etano, Estados Unidos es una zona de gran incremento de la producción de plástico. Con precios bajos para el gas natural, muchas operaciones de fracking están perdiendo dinero, así que los productores quieren encontrar un uso para el etano que se genera al perforar.

"Están buscando una manera de amortizar los costes", dice Feit. "El plástico es como una especie de subsidio para el fracking".

El núcleo petroquímico de Estados Unidos lo han constituido, históricamente, la costa del Golfo de Texas y Luisiana, y se extendía por el sur del río Misisipi, apodado el "corredor del cáncer" (cancer alley en inglés), debido al impacto de las emisiones tóxicas. Los productores están expandiendo su huella ambiental allí con muchos proyectos y propuestas nuevas. También están planeando crear un nuevo "corredor de plásticos" en Ohio, Pensilvania, y en Virginia Occidental, donde los pozos de fracking son ricos en etano.

Shell está construyendo una instalación para craqueo de etano —donde este se convierte en etileno, un material básico para muchas clases de plástico— de 6.000 millones de dólares en Monaca, Pensilvania, 25 millas al noroeste de Pittsburgh. Se espera que produzca hasta 1,6 millones de toneladas de plástico al año una vez abra a principios de 2020. Se trata de la pieza más notoria de lo que la industria ha llamado "un renacimiento en la fabricación de plásticos en Estados Unidos", cuyo uso no solo incluye el embalaje o los artículos de un solo uso como cubiertos, botellas o bolsas sino también productos de larga duración como materiales de construcción, y partes de coches y aviones.

Desde 2010, las compañías han invertido más de 200.000 millones de dólares en 333 proyectos dedicados al plástico u otros productos químicos en Estados Unidos, como la ampliación de complejos existentes, la creación de plantas nuevas e infraestructuras como gaseoductos, según el Consejo Americano de Química, un organismo de la industria. Algunos ya están funcionando o construyéndose pero otros esperan la aprobación de las autoridades.

"Por eso 2020 es tan crucial. Muchos de estos centros todavía están esperando obtener el permiso. Pero nos estamos acercando a que sea demasiado tarde", dice Judith Enck, fundadora de Beyond Plastics y anterior directora regional de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA en sus siglas inglesas). "Aun construyendo solo un cuarto de esas plantas de craqueo, nos encadenaremos a un futuro de plástico del que va a ser difícil recuperarse".

El impacto va más allá del problema de la basura en el que se centra la preocupación pública. Aunque el plástico suele verse como un tema separado del cambio climático, tanto su producción como sus desechos son, en realidad, fuentes importantes de emisiones de efecto invernadero.

Las emisiones globales asociadas al plástico —ahora el equivalente a un poco menos de 900 millones de toneladas de dióxido de carbono al año— pueden alcanzar 1.300 millones de toneladas para 2030, casi tanto como lo que producen 300 plantas de carbón, según el Centro para el Derecho Internacional Ambiental. Si la producción crece como está planeado, el plástico supondrá entre el 10% y el 13% de las emisiones de carbono para que el calentamiento no supere los 1,5 grados, explica el centro.

Esas emisiones se producen en casi cada estadio de la vida del plástico. Primero, a través del uso intensivo de energía en la extracción de gas y petróleo. Luego, en la producción de etano donde se requiere gran cantidad de energía, lo que conlleva elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. La planta de Shell tiene permiso para emitir tanto CO2 al año como 480.000 coches.

Se estima que un 12% de todo el plástico se incinera, lo que produce más gases, además de toxinas peligrosas, como dioxinas y metales pesados. La industria está promocionando un incremento de la incineración en las plantas de producción de electricidad a partir de la quema de residuos, que considera una fuente de energía renovable. Además, una nueva investigación sugiere que los plásticos emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando se degradan, una fuente vasta e incontrolable de emisiones.

La industria defiende que el plástico ofrece grandes beneficios, incluyendo algunos ambientales. Permite coches más ligeros y, por tanto, más eficientes, protege las casas del calor y del frío, reduce los desperdicios al incrementar la vida útil de los alimentos, y permite que el equipo médico sea más higiénico, entre otros muchos usos, dice Keith Christman, presidente de los mercados de plástico del Consejo Americano de Química.

"Son productos que continuarán siendo importantes para proteger la salud y hacer avanzar la sociedad", dice. "La clave es el contexto. Si no se usaran plásticos, ¿qué se usaría en su lugar?". Alternativas como el acero, el vidrio o el aluminio tienen también impactos negativos, incluyendo huellas ambientales de carbono a veces mayores que el plástico, explica. Y mientras los críticos se centran en artículos de usar y tirar que parecen frívolos, mucho plástico tiene un uso mucho más duradero, comenta.

Aún así, la comodidad —como el deseo de los consumidores por comer y beber mientras se desplazan— representa uno de los grandes impulsores del uso del plástico en los países ricos. Y en el mundo en desarrollo se ha convertido en un importante mercado nuevo también. En partes de Asia, las compañías internacionales venden productos como champú, jabón o y lociones a consumidores de bajos ingresos en paquetes individuales. Pero mientras la industria señala la falta de infraestructura para gestionar los desechos en los países pobres como la causa principal del problema del plástico en los océanos, los estadounidenses usan doce veces más plástico per cápita que los indios, cinco veces más que los indonesios, y hasta tres veces más que los chinos.

Además del impacto climático, la producción de petroquímicos puede emitir en el aire toxinas como 1,3-butadieno, benceno o tolueno, precursoras de cáncer y otras enfermedades. Muchas plantas se encuentran en zonas pobres, a menudo en comunidades negras, aunque a medida que la conexión del fracking se expande hacia áreas rurales, es probable que empiece a afectar a población humilde blanca también.

Los incendios y las explosiones representan otro problema. El día previo a Acción de Gracias, una llamarada en la planta de Texas Petroleum Chemical en Port Neches detonó dos explosiones, en las que hubo que evacuar a 50.000 personas de sus hogares. Una semana más tarde, las autoridades realizaron otra evacuación después de que los monitores detectaran altos niveles del carcinógeno 1,3-butadieno.

Se trataba del cuarto mayor incendio petroquímico en el estado de 2019. "Esta es la situación en la que vivimos y el desafortunado efecto de toda esta producción", dice Yvette Arellano, del Servicio de Defensa de Justicia Medioambiental de Texas. "Creo que el público ha malinterpretado el impacto de respirar plásticos, sobre todo para la salud humana".

Aún así, muchos agradecen los trabajos que las instalaciones de petroquímicos generan, especialmente en las zonas afectadas por las pérdidas del carbón y otras industrias. Pensilvania ofreció a la planta de Shell una desgravación fiscal de 1.600 millones de dólares —una de las mayores en la historia de este estado—, y las autoridades en Ohio y Virginia Occidental están buscando empresas dispuestas a construir más centros para craqueo de etano, depósitos de almacenaje y oleoductos. IHS Markit, una compañía de datos y análisis, afirma que la región podría producir el suficiente etano como para proveer cuatro plantas más como la de Shell.

Una de las preocupaciones de la industria es la propagación de leyes dirigidas a reducir la proliferación de plástico. La Unión Europea prohibirá los artículos de plásticos de un solo uso como cubiertos, platos, pajitas, vasos o embalajes de comida desde 2021. Ocho estados en Estados Unidos y algunas ciudades han restringido las bolsas de plástico en las tiendas y lo mismo han hecho 34 países africanos.

"A pesar de estos esfuerzos, la demanda de plástico continúa creciendo muy rápidamente", tanto en las naciones en desarrollo como en las más ricas, dice Peter Levi, uno de los principales autores del informe de IEA de 2018 sobre el futuro de los productos petroquímicos. Los expertos predicen un crecimiento en la demanda global del 4%. "Los incrementos de capacidad no están ahí por casualidad", dice Levi.

La producción anual ya casi se ha duplicado desde el año 2000, un crecimiento debido en parte al bajo coste del plástico y a su versatilidad. "Es como un material prodigioso", dice Levi. "Si uno piensa en cuánto puede meter en una bolsa de plástico en comparación con lo que pesa, es admirable. Eso quiere decir que sus sustitutos tienen que competir a ese nivel".

En el caso del plástico, sin embargo, la demanda no siempre viene de los consumidores, sino de las empresas de comida, bebida y productos de consumo que lo usan para empaquetar sus artículos.

El Consejo Americano de Química aspira a que todos los plásticos se reciclen o recuperen para 2040, pero los críticos consideran el objetivo un lavado de imagen poco realista. La UE, además de prohibir los objetos de un solo uso, también requerirá que sus botellas contengan hasta un 25% de contenido reciclado para 2025.

Como reveló el informe de IHS Markit, las capacidades técnicas de reciclaje, la logística y la economía son inadecuadas para tales ambiciones. Reciclar el plástico es técnicamente complicado y la acción de China de cerrar la puerta a la basura extranjera en 2018 descubrió las deficiencias del sistema de reciclaje global, dejando a muchas naciones ricas con montañas de plástico.

El material reciclado es probable que no contribuya a más del 10% o 12% de la producción de plástico futura, dice Robin Waters, director de análisis de plásticos de IHS Market y uno de los autores del informe. Y la clase de artículos que afectan a prohibiciones como la de Europa solo representa el 5% de la demanda de plástico, explica.

Los críticos de la industria temen que el aumento del suministro pueda garantizar un uso adicional del plástico independientemente de si lo quieren o no los consumidores. Una vez que las nuevas plantas de craqueo de etano se construyan, los productores querrán mantenerlas en funcionamiento para maximizar el beneficio, argumenta Feit.

"Así que el siguiente paso será innovar con nuevas maneras de hacer llegar el plástico al mercado", explica. "Esto es lo que hemos visto [en el pasado] —más y más cosas que vienen embaladas en más y más plástico—. Es como jugar al ratón y al gato". A menos que la producción se frene, añade, "siempre encontrarán algo más para envolver en plástico".

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No es habitual en Madrid que una promotora logre, juntando a mucha gente, financiar la compra de suelo con la idea de construir un bloque de viviendas ecológicas. Se trata en total de un bloque de 17 casas, que se levantarán en la calle Talco 82, en el barrio de Villaverde. Serán de madera, con consumo energético casi nulo, cero emisiones y reciclaje del agua de lluvia para su reutilización en el edificio.

La promotora se llama Distrito Natural y es el proyecto del estudio de arquitectura Satt, dedicado desde hace muchos años a pensar y construir edificios con una lógica ecológica, casas mucho más inteligentes y de mejor calidad a las que estamos acostumbrados.

En total, 27 inversores particulares han levantado 1,3 millones de euros en apenas dos meses para lanzar la primera de diez promociones de este tipo en Madrid. La compra de suelo ya está asegurada, pero la financiación seguirá abierta hasta el 10 de febrero con el objetivo de alcanzar el óptimo de 1,5 millones de euros.

Una vez aprobada la licencia de obras, empezará la construcción de estas viviendas de una, dos y tres habitaciones, y estarán listas en dos o tres años. La idea de una casa así, según sus promotores, es también recuperar el sentido de lo colectivo en las ciudades. El 20% del edificio será destinado a espacios comunes, una azotea compartida y dos locales para que los propios vecinos decidan qué uso darán: lavandería, cuarto de juegos o coworking son las principales ideas.

Por otro lado, el ahorro de energía de este tipo de viviendas ya significa conseguir un mejor tipo de interés con bancos como Triodos Bank, que introdujo las hipotecas verdes, ligadas a la eficiencia energética de los edificios. "Contará con la mejor certificación energética, A+, frente al ‘D’ del hogar medio en España, lo que supone un ahorro de más de 600 euros de media por hogar y año", explican en la promotora.

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En la Cumbre del Clima de Madrid se intentará crear un mercado internacional de emisiones como herramienta para contener el aumento de temperaturas del planeta. "Se parte de la idea de que ya no hay mucho tiempo para contener en 1,5 °C el aumento de la temperatura global, y que todos los países tienen que hacer algo, también los emergentes. El desarrollo económico siempre está ligado al aumento de emisiones, y eso ya no es compatible con mantener 1,5 °C", analiza Raphaela Kotsch, investigadora de la Universidad de Zurich que participa esta semana en la cumbre explicando qué se negocia sobre este nuevo mercado. En la cumbre de Katowice (Polonia) de 2018 se dieron algunos pasos, pero no se llegó a un acuerdo.  

En la actualidad existen 57 mercados de carbono en todo el mundo entre los creados y proyectados. Ahora, se trata de crear uno global que funcione más o menos como el que lanzó la Unión Europea en 2003: por un lado, se otorga un derecho de emisión (de algún modo se permite contaminar); y por otro, se incentiva la reducción de emisiones. Solo que, a diferencia del esquema europeo, el mercado internacional no fijaría un precio mínimo de compra de cada tonelada de CO2. "Es oferta y demanda", contextualiza Kotsch.

Crear este "mecanismo" está planteado en el artículo 6 del Acuerdo de París alcanzado en diciembre de 2015, y en esta cumbre se prevé definir su estructura y condiciones. "El tratado prevé que, si no se alcanza un mercado global, entonces se recurra a otros bilaterales o multilaterales", analiza esta investigadora, quien añade: "Algunos esperan que haya un acuerdo en Madrid, pero yo no lo veo claro".

Para los que defienden contener el aumento de emisiones a través de este esquema, argumentan que esta es una forma de ayudar a los países menos desarrollados a obtener tecnología, acudiendo a ese mercado internacional para financiar proyectos mediante créditos que les compran países con mayores emisiones.

Tiene además otra lectura, y es que, para los países industrializados, donde se ha desarrollado más tecnología limpia, cada reducción adicional de emisiones resulta más cara que en países donde hay mucho más por hacer. "Para muchos en los países ricos sería más sencillo comprar créditos, digamos, por ejemplo en Marruecos, donde es más barato reducir una tonelada de CO, pues hay mucho más por hacer", incide Kotsch. Sin embargo, los detractores de la medida temen dejar al mercado la reducción de emisiones de tantos países.

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¿Cuánta agua cabe en una hamburguesa? ¿Y en una camiseta? El profesor Arjen Hoekstra, fallecido esta semana, creó en 2002 el concepto de 'huella hídrica' para medir el gasto de agua escondido en cualquiera de los productos que consumimos. Las ideas de este investigador holandés han permitido mostrar y estudiar de forma muy clara la estrecha relación que existe entre la escasez de este recurso y la economía. Fue el primero en poner cifras a la cantidad de agua virtual que viaja oculta en el comercio mundial. Hoekstra pensaba que el hecho de que los países aún no tengan en cuenta este bien cada vez más limitado en sus intercambios comerciales es porque sus costes no aparecen por ningún lado. "Todavía muchos países que sobreexplotan sus recursos hídricos para exportar productos, y eso no es inteligente".

¿Cómo llegó a acuñar el término de huella hídrica?

Llevaba mucho tiempo pensando en la dimensión global de la gestión del agua. Esta siempre ha sido considerada un recurso local, con competencia y conflictos locales, pero con la globalización vemos que muchos productos que requieren mucha agua, como los alimentos, se producen en un sitio y se consumen en otro. Así que empecé a preguntarme: ¿Cuál es nuestro verdadero uso de agua como consumidores? Comencé entonces a medir la cantidad real de agua que utilizamos en relación al consumo y decidí el término de 'huella hídrica'.

¿Cómo ha cambiado la situación del agua en el mundo en estos años?

En las últimas décadas su escasez ha crecido de forma continua debido al crecimiento de la población, al aumento de la demanda de alimentos, biocombustibles y otros productos que requieren agua. Y no hay regulación adecuada para que hagamos un uso más eficiente, por eso nuestra huella hídrica no deja de aumentar.

Cuando se piensa en el ahorro de agua, lo normal es asociarlo a comportamientos en casa, de hecho muchas campañas de concienciación piden economizar cada gota. ¿Tiene sentido?

En muchos países desarrollados la huella hídrica de los hogares supone solo el 1% del total, globalmente es el 4%. El resto está relacionado con la producción de la comida y de los productos que compramos. Esas campañas tienen buena intención, pero no son ni de lejos suficientes, diría incluso que son confusas. La gente las escucha, ahorra agua en casa y piensa que ha hecho bastante. Pero visto con perspectiva eso no supone ninguna diferencia porque la agricultura sigue siendo, de lejos, la mayor consumidora de agua. Lo mejor sería que las personas se diesen cuenta de que hay que pensar en cambiar los patrones de consumo y preguntaran a las empresas por qué no reducen la huella hídrica de sus productos.

Como consumidores, es difícil exigir eso a las compañías.

Como individuo no puedes hacerlo, creo que es una tarea para las organizaciones ambientales y de consumidores, las cuales podrían empezar a pedir a las empresas que hagan algo respecto a la huella hídrica de sus productos, igual que lo hacen con la huella de carbono.

¿Qué es lo más relevante que puede hacer una persona para actuar?

La manera más fácil y eficaz es comer menos carne. En muchos países, alrededor de un 25% de la huella hídrica está relacionada con el consumo de carne, reducirlo supone una gran diferencia.

¿Están las empresas haciendo lo suficiente para reducir su uso de agua?

Hay una serie de empresas que ha empezado a trabajar para reducir la huella hídrica de sus propias fábricas, de sus operaciones, pero estas compañías no se dan cuenta de que la mayoría de su huella hídrica está en la cadena de suministro. Por ejemplo, las compañías de bebidas reducen el uso de agua en sus plantas embotelladoras, pero sería mucho más eficaz que llegasen a acuerdos con sus proveedores agrícolas para obligarles a usar menos agua.

Los agricultores deberían recibir apoyo de las empresas para hacerlo, por supuesto, pues tendrán que invertir en tecnologías más eficientes. La empresa que compra tendrá que pagar y el consumidor también. Conseguirlo supondrá un coste, pero no es tan alto.

¿Es posible alcanzar una huella hídrica cero en las industrias?

Las industrias pueden ponerse el objetivo de alcanzar una huella hídrica cero en sus propias operaciones, lo que supone reciclar totalmente el agua sin pérdidas por evaporación, y lograr una contaminación del agua igual a cero. Eso es lo que esperas en una economía circular. En la agricultura es posible conseguirlo en lo relativo a la polución, pero no en el consumo de agua, porque los cultivos la necesitan para crecer.

Lo que propongo para la agricultura es reducir el consumo hasta un determinado estándar de huella hídrica, algo que podría conseguirse usando mejores técnicas y prácticas de riego y a través de prácticas agrícolas como el uso de mantillos o acolchados, que reducen la evaporación.

¿Y en el caso de los países?

Necesitamos un tope de huella hídrica por cuenca hidrográfica, fijando un máximo para asegurarnos de que esta no es mayor que la capacidad de carga de la cuenca. Ahora no tenemos esos niveles máximos, así que la huella hídrica sigue creciendo y no hay frenos en el sistema. Esto es algo que necesitamos regular para que no se den permisos de aguas a los usuarios por encima del límite disponible. Otra idea es desarrollar estándares por productos que determinen lo que se considera una huella hídrica razonable para un producto.

Hoy en día el uso de agua de muchos bienes de consumo resulta irracionalmente alto, pero ya sabemos determinar cuál es el límite que podemos considerar razonable. Si se acotaran esos estándares, se podría exigir a las empresas que redujeran la huella hídrica de sus productos hasta el nivel fijado.

El 'agua virtual' es uno de los términos que más aparece en sus investigaciones. ¿En qué consiste?

En la huella hídrica de un país establecemos que parte de ella es interna y que otra es externa. Esto se relaciona con el comercio de agua virtual, es decir, comerciamos con bienes como trigo, naranjas o algodón, y a ese comercio le acompaña un determinado flujo de agua que es virtual, porque realmente los bienes no contienen esa agua, sino que está detrás de los productos. Es el agua consumida para producirlos en sus países de origen. Por eso hablamos de comercio de agua virtual.

Si un país sufre escasez de agua, como España o México, se beneficiará si importa mercancías que consumen mucha agua y exporta otras que gastan poca o ninguna. Entonces tendrá un balance comercial positivo de agua virtual, al importar más productos que requieren mucha agua de los que exporta.

Pero en realidad, esos intercambios comerciales tienen otro fin, no el de intercambiar agua virtual.

Eso es cierto, el agua no cumple ningún papel en la economía y el comercio global. El comercio fluye porque en los países de origen hay productos baratos, mano de obra barata, tierra barata, pero el agua nunca está involucrada. En algunos países hay producción barata, pero el agua es gratis y está siendo agotada. Si se pone precio al agua, producir para la exportación en países con escasez será menos atractivo. Todavía vemos muchos países que sobreexplotan y agotan sus recursos hídricos para exportar productos, y eso no es inteligente.

¿Hay países muy secos que están exportando mucha agua?

Sí, a veces se ven flujos de agua virtual moviéndose en direcciones extrañas. Por ejemplo, el norte de China es muy seco, pero produce para la exportación con muchísimo uso de agua. El noroeste de India también lo es y gasta mucha agua para producir alimentos que exporta. Pasa lo mismo en el Medio Oeste de Estados Unidos, está sobreexplotando sus recursos hídricos para vender alimentos fuera.

¿Por qué pasa esto? Sencillamente porque en la mayor parte del mundo no se pone precio a la escasez de agua, se puede usar gratis, sobreexplotarla y al final se agota. A veces pagamos por el agua, pero solo por los costes de energía e infraestructuras para el suministro, no por el agua en sí. Por eso la escasez de agua no se traduce en un precio mayor, y de este modo no hay incentivos para reducir el consumo.

Esto no sigue ninguna lógica económica, que el agua no tenga un precio cuando es escasa no tiene sentido económico. Debería ser más costosa en las regiones o en los momentos del año en los que es más escasa. También se podría solucionar el problema con regulación apropiada en vez de fijar un precio adecuado, pero esto tampoco sucede. Los gobiernos tienden a dar muchos más permisos de agua de la que está disponible de forma sostenible, y como resultado esta se sobreexplota.

Por eso defiendo la introducción de topes de huella hídrica por cuenca hidrográfica que pongan un límite a la cantidad de permisos de agua que un gobierno puede dar a los usuarios. De esta forma, los gobiernos podrán establecer prioridades, decidir a quién se los dan teniendo en cuenta diversos intereses.

¿Los países que sufren escasez de agua deberían dejar de exportar productos que tengan mucha agua virtual?

Hasta un cierto punto podrían seguir exportando si ganasen mucho dinero con sus exportaciones, si tuvieran una gran productividad de agua y pudieran importar gran cantidad de otros alimentos que necesitan más agua. Lo que cuenta es el balance final. Para un país seco, por ejemplo, está bien si importa más productos que gastan mucha agua de los que exporta.

¿Cree que tiene sentido que una región tan seca como España exporte tantos alimentos a Europa?

Debería reconocerse que España no es el país para alimentar al resto del mundo. Las políticas públicas deberían dirigirse a otras cosas que puedan mantenerse en el país y no tanto la gran agricultura. No obstante, España es un país importador neto de agua. Eso es bueno. Ahora bien, hay productos que exporta que no son tan valiosos por unidad de agua, como las aceitunas.

¿Cuál es el problema con las aceitunas?

Creo que las aceitunas tienen lo que llamamos una productividad de agua baja, relativamente escasos ingresos respecto al agua utilizada. Es decir, pocos euros por cada gota.

Entonces, ¿el objetivo de la agricultura debe ser buscar la máxima rentabilidad por gota de agua? Llevado al extremo, ¿no puede tener eso efectos ambientales negativos?

La máxima eficiencia de cultivo por gota de agua no es necesariamente lo mejor, puede implicar ciertos sacrificios respecto al uso sostenible del agua, porque la productividad máxima puede deberse a una intensidad de riego por hectárea que sea demasiado alta respecto a la disponibilidad local de agua. Lo mismo sucede respecto a minimizar la cantidad de contaminantes que se filtran a las aguas subterráneas por unidad de fertilizante o pesticida. Esto es bueno, pero de nuevo puede haber una contrapartida: una contaminación del agua más baja por unidad de cultivo producida puede implicar una polución demasiado alta por hectárea. La agricultura intensiva se enfrenta a menudo a este problema: menor impacto ambiental por unidad producida, pero un impacto ambiental por hectárea mayor, en ocasiones demasiado alto.

A menudo la política en España parece centrarse en buscar más y más agua, aumentando la oferta con obras como presas o trasvases, en vez de reducir la demanda. ¿Es el buen camino?

 En el fondo es una ilusión, pues solo se puede mejorar la disponibilidad de agua hasta cierto punto, construyendo presas, por ejemplo. Pero lo fundamental es que la disponibilidad es limitada porque la lluvia es escasa, y eso no se puede cambiar. La solución debe ser estabilizar la demanda, esa es la clave. Si no se reconoce esto, cualquier política está condenada a fracasar.

En sus investigaciones defiende que en un mundo globalizado necesitamos soluciones globales a la crisis del agua.

¿Qué tipo de medidas pueden tomar los países conjuntamente?

 Además de alguna forma de acuerdos sobre estándares de huella hídrica y topes por cuenca, que hasta cierto punto pueden ser implementados a nivel nacional, hay cosas que es mejor hacer internacionalmente. Por ejemplo, debemos ponernos de acuerdo para reducir la huella hídrica por persona, ya que ahora hay países como Estados Unidos o España que tienen una huella hídrica per cápita muy por encima de la media global. Dado que los re - cursos mundiales disponibles por persona son limitados, y puesto que ya estamos sobreexplotando el agua en demasiados lugares, la pregunta es quién va a reducir su huella hídrica.

¿Qué explica esa huella hídrica por persona tan grande de algunos países?

Normalmente se relaciona con un alto consumo de carne. Deberíamos reconocer que el uso número uno de agua en el mundo es la cría de animales para carne (por el pienso que come el ganado), así que esas personas o países que comen mucha ejercen automáticamente la mayor demanda sobre los recursos hídricos del planeta. Si queremos reducir el uso de agua, eso significa que la gente tendrá que comer menos carne. En realidad, es una cuestión internacional, pues la enorme huella hídrica de esos países no está necesariamente dentro de sus fronteras.

Entonces, ¿deberíamos llegar a algún tipo de acuerdo global para limitar el consumo de carne?

Sí, o al menos para reducir la huella hídrica por persona. Esto puede conseguirse con la carne o con otra cosa, puede quedar en manos de los países decidir cómo hacerlo. Al final se trata de compartir el agua de manera equitativa, y probablemente los países que ahora tienen una huella hídrica muy grande tendrán que reducirla más que otros. Es una cuestión muy difícil, por su - puesto, nadie quiere hablar de ello, es el mismo tipo de debate que la reducción de la huella de carbono.

¿El Acuerdo de París contra el cambio climático le hace ver con optimismo la posibilidad de llegar a un acuerdo global similar sobre el agua?

No puedo ser muy optimista porque las cosas van muy despacio en el debate sobre cambio climático. En un periodo de tres décadas hemos sido capaces de dar pequeños pasos para responder al calentamiento. Lo mismo pasará con el agua, necesitamos avanzar, establecer objetivos de reducción. Puedo ser optimista en el sentido de que al final también sucederá con el agua, pero por supuesto irá muy despacio, hay mucha resistencia al cambio.

¿Veremos más conflictos por el agua en el futuro?

Probablemente sí, aunque no es fácil relacionar un conflicto con el agua, porque la mayoría no se da directamente por ella, aunque por debajo esté escondida su escasez. Esa falta de agua se traduce en inseguridad alimentaria, en mayores tensiones entre distintos grupos y poblaciones... Al final, los conflictos estarán relacionados con el problema del agua tan solo de forma indirecta, pero relacionados hasta cierto punto.

La mayoría conocemos muy poco de los pesticidas que se usan para producir nuestros alimentos. La imagen de la avioneta fumigando un cultivo o de un tractor con aspersores que arrojan un líquido espeso, es quizá lo primero que nos venga a la mente. Sin embargo, el entomólogo de la Universidad de Gante, Guy Smagghe, explica que esta imagen ya no tiene tanto de cierto. Su investigación de los últimos 25 años sobre insectos y polinizadores, que la Universidad Politécnica de Madrid ha reconocido hace unos días con un Honoris Causa, le ha servido para observar los cambios que se están produciendo en el sistema agrícola. Su viaje a Madrid le ha dado la oportunidad de conocer el proyecto de Madrid Río y llevárselo de ejemplo.

Parece que su paseo por el río de Madrid le ha dejado muy buena impresión.

Sí, no lo conocía pero es un proyecto que a partir de ahora usaré como modelo. Ayer al visitarlo vi que había muchas plantas que favorecían a los polinizadores, lo cual quiere decir que en unos años seguro que habrá un aumento de las abejas que se nutran de ellas. De verdad, eso se merece un aplauso.

Para usted la falta de alimento para estos animales es la principal causa de que estén desapareciendo. ¿Qué ha ocurrido?

Si quitamos las plantas, las flores y los lugares donde viven las abejas, las vamos expulsando y, al final, sin nada para comer, van desapareciendo. El cambio climático está creando condiciones más extremas y cada vez se reduce más su hábitat para vivir.

¿Qué papel juegan los insecticidas?

Los insecticidas sistémicos como los neonicotinoides son buenos para atacar ciertos insectos pero no son selectivos y se transportan por toda la planta, incluidas las flores, así que pueden afectar a los polinizadores. Pero hay que estudiar caso por caso. Yo creo que en algunos cultivos que no visitan las abejas, como en la remolacha azucarera, quizá se pueden utilizar.

¿Son peligrosos los pesticidas que se usan para producir nuestra comida?

En los últimos 25 años, en Europa ha habido un cambio muy importante en el sistema. Estamos viendo un cambio de insecticidas clásicos neurotóxicos hacia plaguicidas más naturales y biológicos. En este momento, tienes productos como los que se fabrican con aceite del árbol nim, medidas de control biológico y tecnologías nuevas que interfieren silenciando el ARN, las moléculas que llevan el código genético a las fábricas de proteínas de la célula.

¿Me puede explicar en qué consiste cada uno de ellos?

Ahora usamos enemigos naturales como avispas parásitas, que ponen sus huevos en las orugas, depredadores, hongos, virus. La interferencia del ARN es una nueva tecnología que, aunque hasta ahora solo podía usarse en plantas modificadas genéticamente, se empieza a aplicar en espray. No se  trata de modificación genética, porque no se cambia ningún gen, sino de evitar la producción de alguna proteína que les permita vivir.

 ¿Cómo los usa el agricultor? 

Un agricultor con un sistema integrado puede usar estas medidas más biológicas y luego, solo si tiene un problema de plaga, fumigar en una zona localizada. En Almería esto se ha generalizado en los últimos años, lo que genera menos residuos en la comida. Hace 10 ó 15 años, era común fumigar todo el invernadero o varias hectáreas cada 3 ó 4 semanas.

Y, ¿no cree que esto ha podido tener que ver con la desaparición de los insectos?

Puede que tengan un papel, pero no creo que sea la razón principal. Para mí el motivo más importante es la pérdida de su hábitat.

No todo el mundo tiene una opinión tan benévola sobre los pesticidas.

Cuando la gente critica los pesticidas siempre les pregunto ‛ ¿qué pesticidas?’. Hay distintos tipos de pesticidas: unos buenos, que son selectivos, y otros malos, que atacan de manera más global.

¿En qué se diferencian?

Pues una diferencia muy importante es el precio. Los pesticidas que no son selectivos son más baratos que los que seleccionan más. Por lo general, cuando un producto es más barato suele utilizar también pesticidas más baratos. Si quieres mayor calidad tendrás que pagar un poco más.

¿Para que tenga menos pesticidas?

Para que use pesticidas más seguros.  Hay mucha presión sobre los agricultores para producir barato, pero ellos también tienen unos gastos. Así que si un pesticida es más barato, ¿tú  cuál comprarías?

¿El más barato?

Exacto. Exacto. Para que elijan el más caro debería haber algún tipo de incentivo. Los gobiernos, o quizá algún otro organismo, deberían ofrecer apoyos para que se usen los pesticidas más seguros. De ese modo, se reduciría la contaminación en los alimentos.

¿Y no sería mejor prohibir los que causan más problemas?

Yo no creo que sea un asunto de prohibirlos. Para mí es mejor actuar en positivo y estimular a los productores para que hagan mejor las cosas en vez de restringirlos.

Pero a veces es difícil cambiar la manera de actuar, ¿no le parece?

Lo que estamos viendo es que hay una dinámica en la sociedad que está cambiando el sistema de producción. La demanda de productos ecológicos, por ejemplo, manifiesta que hay más preocupación por la calidad de la comida, y esto debe utilizarse para estimular el uso de los pesticidas más sostenibles en los productores. No podemos olvidar que son ellos los primeros en la cadena y los que deben adoptarlos.

Y no nos olvidemos de las abejas. Ellas suponen  un valor económico de 153.000 millones de euros al año y, hoy en día, hasta un 24% en Europa están en peligro de extinción. Ellas polinizan las plantas así que son esenciales para la agricultura también.

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