Soria ¡YA! ha calificado la legislatura que ahora termina como “una de las peores para la provincia” y ha denunciado la falta de avances en infraestructuras y medidas contra la despoblación, al tiempo que ha avanzado que concurrirán al proceso electoral para ejercer una mayor capacidad de presión para defender los intereses de Soria.

La formación soriana ha señalado que no se han producido, a su juicio, avances sustanciales en las autovías del Duero (A-11) y de Navarra (A-15), al tiempo que ha criticado la situación del ferrocarril y la falta de resultados de las ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas.

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado que hayan quedado sin cumplir, según su valoración, numerosas promesas relacionadas con infraestructuras, servicios y desarrollo económico.

Ante la convocatoria de elecciones generales, la formación ha reclamado que el debate electoral se centre en las necesidades del territorio y ha advertido de que la provincia necesita “capacidad de presión” para defender sus intereses.

En este sentido, ha sostenido que “tanto los gobiernos de derecha como los de izquierda” que han gobernado durante las últimas décadas no han resuelto problemas como la despoblación o las carencias en infraestructuras y servicios que, según ha señalado, arrastra Soria desde hace años.

Ceña ha vinculado además el debate sobre los desahucios con la situación que viven numerosos habitantes de los pueblos sorianos, donde, según ha explicado, el cierre de comercios, oficinas bancarias, supermercados, bares o consultorios médicos ha obligado a vecinos a abandonar sus localidades.

La formación ha utilizado el 'caso de Maricarmen', cuyo desahucio ha situado como uno de los elementos que han podido contribuir a la convocatoria electoral, para reivindicar la situación de quienes han tenido que abandonar los pueblos de Soria por la pérdida progresiva de servicios.

“¿Quién va a pelear por esas 'Maricarmen'?”, se ha preguntado Ceña, quien ha defendido que las próximas elecciones deben servir para reclamar medidas específicas para la provincia.

Las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en el antiguo convento de San Francisco de Soria para tratar de localizar los restos de Jaume IV de Mallorca han permitido hallar diversos fragmentos óseos que serán sometidos a pruebas de carbono para determinar su antigüedad.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director general de Cultura del Govern balear, Llorenç Perelló, han visitado este viernes los trabajos en Soria, iniciados el pasado 14 de septiembre y a los que todavía les quedan cinco días de excavaciones.

Los responsables del proyecto han advertido de que por el momento no se ha localizado la tumba de Jaume IV, su cubierta ni ningún otro elemento que permita relacionar directamente los fragmentos encontrados con el monarca, ha informado la administración mallorquina.

Piden prudencia

“Hemos de ser muy prudentes y dejar que sea la investigación científica la que determine qué son estos restos”, ha señalado la responsable insular de Cultura.

Jaume IV fue rey nominal porque heredó los derechos dinásticos al Reino de Mallorca, pero nunca llegó a gobernar físicamente el territorio, ya que había sido conquistado y anexionado por la Corona de Aragón, por lo que éste permaneció en el exilio.

Los trabajos se desarrollan en el ámbito de la antigua capilla de la Concepción y forman parte de una línea de investigación iniciada en 2008 para localizar e identificar los restos de Jaume IV, el último monarca de la dinastía privativa del Reino de Mallorca. La intervención está dirigida por la arqueóloga Helena Inglada y cuenta con la coordinación científica del profesor Gabriel Ensenyat.

La familia de una menor de edad ha denunciado por acoso sexual a un párroco del pequeño pueblo soriano de Serón de Nágima (125 habitantes), según ha publicado el Heraldo de Soria y confirmado la propia Diócesis de Osma-Soria a través de un comunicado. La familia de la menor presentó una denuncia ante la Guardia Civil el 17 de agosto de 2026 porque el sacerdote le pidió supuestamente a la menor que le enseñase el pecho y después le mandó mensajes de contenido sexual.

La Diócesis asegura que actuó “conforme a los procedimientos previstos” en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia: se abrió la investigación canónica, y se prohibió cautelarmente al sacerdote el ejercicio de cualquier función, actividad o ministerio en la parroquia de Serón de Nágima, además de cualquier contacto del sacerdote con la menor. “La medida adoptada por la Diócesis es una medida cautelar canónica, sin que deba confundirse con las medidas que, en su caso, puedan haber adoptado las autoridades judiciales”, defiende la institución religiosa.

La investigación previa canónica ha terminado y sus resultados han sido enviados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al que corresponde determinar el modo de proceder.

Una investigación judicial tras la que fue absuelto

El sacerdote ya fue acusado de abusos sexuales hacia tres menores hace más una década, cargos de los que resultó absuelto por la Audiencia Provincial de Soria. El comunicado de la Diócesis, que matiza en algunos puntos la información del Heraldo de Soria, reprocha que se presente esta investigación judicial “como antecedentes de culpabilidad” o que se pueda presuponer “una reiteración delictiva que judicialmente no ha sido establecida”.

La Diócesis de Osma-Soria, ahora mismo sin un obispo al mando, reitera su cercanía a la menor y a su familia, su compromiso firme con la protección de los menores y su voluntad de esclarecer cualquier conducta que pudiera resultar impropia o ilícita. Al mismo tiempo, sostiene que este compromiso es compatible con el respeto a la presunción de inocencia, a los derechos de todas las personas concernidas y al trabajo de las autoridades civiles y eclesiásticas competentes.

La Junta de Castilla y León ha declarado la emergencia de una obra para intervenir de forma “inmediata y directa” en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria), después del nuevo derrumbe registrado anoche en la zona norte del inmueble, que provocó el colapso de uno de los arcos y el arrastre del muro y del forjado inferior.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, que se ha desplazado este lunes hasta el inmueble para comprobar los daños, ha explicado que la decisión de ejecutar directamente la actuación se ha adoptado después de evaluar durante la mañana las consecuencias del nuevo colapso.

La intervención, ha señalado, se acometerá “lo más rápido posible”, aunque será necesario elaborar previamente los informes técnicos que permitan ejecutar la obra con garantías de seguridad.

Segundo derrumbe

El nuevo derrumbe se produjo este domingo en la zona norte del palacio, concretamente en el entorno de la torre, y se suma al registrado el pasado 1 de septiembre en la parte oeste del inmueble, cuando colapsaron varios arcos y los daños llegaron hasta la carretera.

Tras aquel primer derrumbe, el Servicio Territorial de Cultura realizó una visita al inmueble el 2 de septiembre y el director general de Patrimonio se desplazó también al edificio ese mismo día para después mantener una reunión con la propiedad e instarle a adoptar medidas.

El 7 de septiembre los propietarios presentaron un informe técnico y, posteriormente, la ponencia técnica y la Comisión Territorial de Patrimonio analizaron la situación.

El 9 de septiembre, la Comisión acordó requerir a los titulares que ejecutaran de forma inmediata labores de apuntalamiento, con un plazo de entre dos y tres semanas para realizar la obra y, además, estableció un plazo de un mes desde la finalización de esos trabajos para que los propietarios presentaran un plan de recuperación del inmueble.

Responsabilidad de los propietarios

El consejero ha incidido en que la actuación de emergencia de la Junta no supone que la Administración autonómica asuma las obligaciones de los propietarios y ha recordado que entre los titulares se encuentra el Ayuntamiento de Almazán, que posee el 5 % del inmueble.

“Esta intervención no obsta la responsabilidad que tienen los titulares, entre ellos también el Ayuntamiento”, ha señalado, en referencia al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Territorial de Patrimonio y, en particular, a la obligación de presentar el proyecto de recuperación.

BIC desde 1991

El Palacio de los Hurtado de Mendoza está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991 y, según el consejero, su situación se ha mantenido “delicada” durante los últimos años.

La Junta ya intervino en 2024 mediante una obra de urgencia y, desde entonces, ha realizado diversos requerimientos a los propietarios para que actuaran en la conservación del inmueble, el último de ellos antes del primer derrumbe, se produjo el pasado 19 de junio.

El responsable autonómico de Cultura ha subrayado que la Junta ejerce la tutela sobre los bienes protegidos, pero no es titular de los mismos y ha recalcado que corresponde a los propietarios adoptar las medidas necesarias para garantizar su conservación.

El juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado una nueva prórroga de un mes del secreto de sumario del denominado caso Fuentona, la investigación sobre una presunta trama de corrupción que se saldó a finales de junio con siete detenidos, entre ellos la entonces concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Se trata de la tercera ampliación del secreto de las actuaciones, a partir del 22 de septiembre, después de que el magistrado acordara hace aproximadamente un mes una segunda prórroga que mantenía a las partes sin acceso al contenido de las diligencias practicadas en el marco de la investigación.

Según ha informado el TSJCyL, la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha ha impedido que puedan completarse dentro del plazo inicialmente establecido y de las sucesivas prórrogas. El magistrado considera además que persisten las razones que motivaron la declaración del secreto de las actuaciones, por lo que entiende necesaria una nueva ampliación para evitar que se comprometa “gravemente” el resultado de la investigación.

Registro de casi doce horas

La resolución señala asimismo que el carácter secreto de las actuaciones constituye un elemento inherente a la naturaleza de las medidas de investigación que continúan en curso.

El caso se remonta al 23 de junio pasado cuando la Guardia Civil registró durante casi doce horas el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial por supuestas irregularidades en contratos públicos.

La actuación incluyó además dos registros en domicilios particulares y, en el curso de la operación fueron detenidas seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid, entre ellas la ya exconcejala socialista Yolanda Santos, edil de Medio Ambiente y Turismo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 4,47 millones el contrato para la remodelación de la casi centenaria estación de ferrocarril de Soria, una actuación que permitirá reformar el interior del edificio de viajeros, recuperar su imagen arquitectónica original y mejorar los accesos y el entorno de la terminal.

El proyecto incluye también la mejora de la plaza de acceso a la estación, con una reorganización del tráfico rodado y peatonal y la reubicación de la zona de aparcamiento, que tendrá capacidad para cincuenta vehículos, han informado este miércoles fuentes ministeriales.

Asimismo, se actuará en el entorno del edificio de viajeros, incluidos los edificios colindantes y el muro que delimita la estación con la carretera de Madrid.

Un vestíbulo más amplio

Una de las principales actuaciones en el interior será la reorganización de los espacios para mejorar los flujos de tránsito y facilitar el funcionamiento de los servicios ferroviarios.

El vestíbulo principal de acceso se trasladará a las tres crujías centrales del edificio, con lo que se potenciará la simetría del recinto y se recuperará la conexión directa con los andenes a través de los tres huecos centrales originales.

El nuevo vestíbulo será más amplio y diáfano, mientras que las restantes dependencias se redistribuirán en los extremos del edificio para favorecer una mayor permeabilidad interior.

En la zona oeste se ubicarán las áreas de atención al cliente y venta de billetes, además de la cafetería, que quedará independizada de la estación y tendrá acceso desde la zona lateral, lo que permitirá disponer de un amplio espacio para terraza.

La zona este albergará un nuevo núcleo de aseos adaptados a personas con movilidad reducida y la comunicación vertical con la primera planta, mediante un nuevo ascensor y escaleras.

Nueve habitaciones

Otra de las novedades del proyecto será el cambio de uso de la primera planta, que tendrá finalidad comercial y acogerá un servicio de alojamiento tipo hostel.

El espacio se reorganizará completamente para habilitar hasta nueve habitaciones, además de dos amplios núcleos de aseos y vestuarios distribuidos en torno a un pasillo central que comunicará la planta de extremo a extremo.

La planta contará también con espacios comunes de descanso, tanto interiores como exteriores, aprovechando la recuperación de las terrazas externas.

Arquitectura original

La intervención permitirá recuperar la memoria arquitectónica del edificio de viajeros, diseñado por Luis Gutiérrez Soto e inaugurado en 1929, mediante distintas actuaciones sobre su fachada y elementos exteriores.

También se ejecutará una nueva cubierta semejante a la original, se recuperarán los arcos de medio punto de los huecos de la planta baja y se modificarán los huecos de la fachada de la planta superior para dotarlos de una mayor proporción vertical.

El proyecto contempla igualmente la renovación de todas las carpinterías de fachada y la rehabilitación de las marquesinas para recuperar la imagen de las originales. 

“En 1949, cuando se cerró el casino, bajaron el piano de cola descolgándolo con poleas por el balcón”. El cronista oficial, José Ángel Márquez, rememora una de las anécdotas más populares en Almazán acerca del Palacio de los Hurtado de Mendoza, piedra angular del paisaje urbano de esta villa soriana (5.693 habitantes), que el martes por la mañana se despertó con el derrumbe de dos plantas y parte de la fachada posterior del edificio histórico.

Su antiguo uso como casino —en la época, era uno de los tres que había en el municipio—supuso uno de los escasos momentos en que los vecinos pudieron acceder al interior y disfrutar de algunas de sus estancias. Los propietarios de este conjunto gótico del siglo XV —que se amplió en el XVI en estilo renacentista— han mantenido cerrado al público cualquier tipo de acceso en las últimas décadas. Una circunstancia contraria a su declaración de bien de interés cultural (BIC) en 1991, una protección que obliga a los dueños a mostrarlo de forma regular. Ese hermetismo no ha mermado ni un ápice la devoción por “el palacio”, como lo conocen los habitantes de Almazán. “El derrumbe ha sido una tragedia”, reconoce Márquez, resumiendo la reacción de sus convecinos a lo ocurrido.

“El deber de mantenimiento es de la propiedad”, afirma Jesús María Cedazo. El alcalde de Almazán apunta a uno de los principales responsables del colapso. Aunque no el único. “Tendríamos que hablar también de lo poco ágiles que son las administraciones a la hora de exigir a los propietarios que cumplan con sus obligaciones”, añade. Ni a los dueños ni a la Junta de Castilla y León —que tiene las competencias de Patrimonio— les ha pillado el suceso del pasado martes por sorpresa.

Ya en 2024, la Junta instaló un soporte provisional que frenó los visibles problemas de estabilidad del edificio, después de que el Ayuntamiento alertara con insistencia de un riesgo inminente de desplome. “En estos dos años, se ha instado a la propiedad a que presentara la documentación de un plan de refuerzo y reconstrucción de esa fachada, pero no se ha hecho”, revela Cedazo. Ahora, el estado del inmueble sigue preocupando. “No hace falta ser muy entendido para ver que hay peligro en parte del tejado, en una de las arcadas y en el punto opuesto de la galería que ha caído”, reconoce el regidor, después de mantener una primera reunión con los técnicos de Patrimonio para evaluar los daños.

Entre los vecinos cunde la desazón. “El palacio es el mejor edificio civil de Almazán”, valora el cronista José Ángel Márquez. “Está cargado de historia”, añade. No solo porque fue construido por los Hurtado de Mendoza, una poderosa familia nobiliaria que ostentó el señorío de Almazán desde finales del siglo XIV hasta principios del XIX. Uno de los hitos más llamativos fueron las visitas de los Reyes Católicos, que residieron en el palacio durante meses.

Márquez señala además que Juan, el príncipe heredero, tuvo corte propia en la residencia de los Hurtado. “La reina quería que su hijo aprendiese tareas de gobierno y qué mejor que practicándolas”, precisa. El evidente peso histórico del lugar no ensombrece su valor artístico. “Lo más importante es la galería, del último gótico y con once arcos rebajados, con pilares fasciculados (formados por columnillas), típicos de finales del siglo XV”, describe el erudito. Cinco de esos arcos se han venido al suelo. También ha sufrido daños serios otro de los elementos de mayor categoría: el artesonado policromado que cubre la zona afectada. El interior del palacio ha quedado ahora completamente expuesto, con los escombros acumulados en la vía inferior.

La vista de Almazán, distorsionada

Y todavía hay un aspecto más que explica las espectaculares imágenes —por lo dramático— del derrumbe: la propia arquitectura. “Es un edificio muy bueno, con una fachada potente a la Plaza Mayor y, sobre todo, con esa galería volada por fuera de la muralla que mira al río”. El arquitecto Fernando Cobos sabe de lo que habla. Su estudio realizó el plan director de las murallas de Almazán, con actuaciones que han recuperado los últimos restos del antiguo recinto fortificado sobre el que se asienta el palacio, obras que han merecido reconocimientos internacionales.

Cobos destaca también la categoría de la fachada renacentista, incorporada durante la ampliación de las dependencias en el siglo XVI, y atribuye autoría y mérito a Bartolomé Carlone, arquitecto vinculado a la construcción del monasterio de El Escorial. A su juicio, lo ocurrido es “una pena” porque distorsiona “una de las imágenes importantes de Almazán”. Se refiere a la vista clásica que se obtiene desde el río Duero del palacio y la singular iglesia románica de San Miguel, justo al lado.

Cuestión distinta es qué papel puede (o debe) desempeñar hoy un inmueble de hace quinientos años. Sobre todo, si se tienen en cuenta sus dimensiones que, en el caso del palacio de los Hurtado de Mendoza, el cronista José Ángel Márquez calcula en cinco mil metros cuadrados. “Es una auténtica barbaridad”, juzga Fernando Cobos, quien se muestra categórico sobre la situación: “Mantener un edificio que no usas y que no genera ningún aprovechamiento es una ruina”.

Pero hay más. La dificultad se agrava cuando la propiedad pasa de generación en generación, y las distintas ramificaciones familiares heredan sus partes. El número de propietarios, entonces, va creciendo con el tiempo. “La herencia se puede dividir, pero el edificio es único”, precisa el arquitecto. “Si lo partes en trozos, lo estás destrozando”, apuntilla. En el caso de Almazán, el edificio gótico original —el que ha sufrido el derrumbe— está en manos de tres familias diferentes. Una circunstancia que tampoco facilita la inversión y la conservación del inmueble. El otro problema es permanecer cerrado. “La zona que se ha hundido lleva veinte o treinta años sin usarse”, informa Márquez. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista, según el cronista.

El edificio gótico original, el que ha sufrido el derrumbe, está en manos de tres familias diferentes. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista

Es aquí cuando emerge la figura del Ayuntamiento de Almazán. Al fin y al cabo, puede que el colapso sirva para desbloquear una situación enquistada. “Espero que este suceso lamentable sea el principio de algo que debería haber pasado hace años”, reflexiona Jesús María Cedazo. El alcalde se refiere a la posibilidad de que el municipio adquiera el inmueble afectado, algo que alguna de las familias con las que ha hablado Cedazo vería ahora con buenos ojos. La operación, junto con la necesaria restauración, tendría un coste millonario, y precisaría del apoyo de otras administraciones.

Pero ¿qué haría la villa con él? “Tiene que haber un uso mixto”, sostiene el regidor: espacios públicos junto a servicios o negocios de carácter privado. “El palacio debe ser un catalizador de la hostelería y la restauración de la comarca y de la provincia”, plantea Cedazo, quien reconoce que ya ha tenido “conversaciones con responsables del Gobierno de España para que apoyen un proyecto que no puede perderse”. La idea de transformar la residencia de los Hurtado de Mendoza en parador de turismo, por ejemplo, no es ninguna novedad. Entretanto, las instituciones instarán a la propiedad a valorar si pueden presentar un plan viable de conservación, mientras se estudia cómo reconstruir las estancias afectadas por el derrumbe.

La integridad del edificio, una prioridad

En el caso de optar por la transformación en hotel, el arquitecto Fernando Cobos sitúa la conservación del palacio como prioridad fundamental. “He visto rehabilitaciones de palacios maravillosas, que generan hoteles preciosos, pero también he visto otras horribles, que trocean las galerías para sacar habitaciones”, reconoce el especialista. Para evitar ese resultado no deseado, la solución debe arrancar en “un buen proyecto con soluciones razonables que permitan mantenerlo”, según Cobos. La conversión en alojamiento estaría entre ellas. Al fin y al cabo, los palacios —a diferencia de los castillos— ya fueron lugares residenciales, como los monasterios.

Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada

José Ángel Márquez — Cronista oficial de Almazán

Aunque la situación de Almazán no es nueva ni única. El arquitecto Fernando Cobos ha encontrado en Castilla y León numerosos casos similares, con “palacios que sobreviven de mala manera”. El fenómeno de la despoblación, unido a la falta de dinamismo económico de estas zonas, pone contra las cuerdas el futuro de muchos de ellos: “Hay palacios increíbles en pueblos que tienen ocho habitantes”. Conocedor y consciente del problema, el cronista José Ángel Márquez apunta a las políticas y los políticos como responsables, con una visión no del todo optimista. “Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada”.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza, de Almazán (Soria) -S. XV-, ha sufrido este martes un importante derrumbe que ha abierto un gran boquete en la fachada y ha dejado al descubierto parte del interior del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), mientras piedra, madera y otros materiales han caído por la ladera hasta alcanzar la ronda del río Duero.

El desplome se ha producido a las 07:50 horas en la zona central del inmueble y ha afectado a un tercio de fachada que da a la zona del Duero, desprendiéndose cinco de los once arcos del piso superior, según ha lamentado el alcalde del municipio, Jesús Cedazo, en unas declaraciones a EFE.

El alcalde, que se encontraba de camino al trabajo, como muchos otros, ha sido sorprendido en carretera por este derrumbe que ha provocado el corte al tráfico de la carretera CL-116A (Ronda del Duero, en Almazán), que es la vía que conecta la N-111, a la altura del puente sobre el río Duero, y la CL-116 (de Almazán a El Burgo de Osma).

El corte, ya señalizado, se ha realizado en un tramo, de unos 500 metros de longitud, desde el inicio de la CL-116A, en el puente sobre el río Duero, hasta el aparcamiento ubicado en las inmediaciones del antiguo matadero y permanecerá hasta que finalice el peligro de desprendimiento y con ello se pueda proceder a los trabajos de retirada del material desprendido.

Los responsables técnicos de los departamentos de Movilidad y Patrimonio en la provincia ya se encuentran en el municipio valorando el alcance del derrumbe y se espera que en las próximas horas acudan los propietarios del edificio para una reunión conjunta con el Consistorio.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza es uno de los edificios históricos más singulares de Almazán y constituye uno de los principales testimonios de la arquitectura histórica de la localidad que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1991.

Un derrumbe que “se veía venir” por el mal estado del edifico

El alcalde de Almazán ha considerado que la pérdida patrimonial ocasionada por el derrumbe es “irreparable” y ha señalado que el Ayuntamiento venía reclamando de forma continuada una intervención en el inmueble para evitar su deterioro.

Según ha explicado el regidor, el estado del palacio había sido objeto de seguimiento tanto por parte del arquitecto de la familia propietaria como de los responsables de Patrimonio y, pese a que en 2011 se actuó en parte del edificio, las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del resto no llegaron a ejecutarse.

El alcalde ha lamentado que, pese a ese seguimiento y a las advertencias sobre el estado del inmueble, el deterioro haya desembocado en el desplome de una parte importante de su estructura y de elementos arquitectónicos de especial valor.

Cedazo ha mostrado su “cabreo y tristeza” por este suceso que “se podía haber evitado” si se hubiera actuado tras los insistentes avisos municipales a Patrimonio por lo que ha considerado “lamentable” que ocurran estas cosas “por la inacción institucional”.

Críticas de Soria ¡Ya!

Por su parte, Soria ¡Ya! ha lamentado este martes el derrumbe parcial del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán y ha recordado que la formación había llevado en varias ocasiones a las Cortes de Castilla y León iniciativas parlamentarias para reclamar una intervención en el inmueble y evitar su deterioro.

A través de una nota de prensa, la formación soriana ha recordado las preguntas e iniciativas parlamentarias que ha presentado en la Cámara, tanto a pleno como a comisión, en septiembre de 2024 llevó al pleno de las Cortes y de abril de 2025, que fueron rechazadas por PP, PSOE y Vox.

Por ello, ha reclamado una actuación “urgente” de todas las administraciones para garantizar la conservación del Palacio de los Hurtado de Mendoza y ha criticado las lamentaciones del Ayuntamiento de Almazán y de representantes de la Junta, cuando “han tenido la oportunidad” de actuar durante este tiempo para evitar el deterioro del inmueble.

Soria ¡YA! ha denunciado este lunes la situación “surrealista” que, según la formación, sufren vecinos de localidades del Alto Jalón como Urex de Medinaceli y Benamira, que pierden durante varios minutos la conexión móvil y a internet cada vez que pasa un tren de alta velocidad.

“El AVE pasa de largo por Soria, no deja viajeros, no presta ningún servicio a la provincia y, por si fuera poco, durante unos minutos también se lleva la cobertura”, ha resumido el portavoz de Soria ¡YA!, Fernando del Amo, durante una rueda de prensa.

Del Amo, único habitante de Benamira, ha explicado que la pérdida de conexión se produce a cualquier hora del día coincidiendo con el paso de los trenes y que los cortes pueden prolongarse durante “tres o cuatro minutos”.

Según ha señalado, la frecuencia de los trenes provoca una pérdida de señal que dificulta la actividad cotidiana de los vecinos y hace imposible mantener videollamadas o reuniones telemáticas, así como utilizar servicios de internet que requieren una conexión estable.

El portavoz ha indicado que los vecinos han trasladado el problema a sus compañías telefónicas y que, según les han comunicado, el paso de los trenes provoca una redistribución de los recursos de conexión hacia los pasajeros, a lo que se sumaría el incremento de usuarios asociado al tráfico de la autovía.

Cortes durante la noche

Soria ¡YA! ha alertado además de otro problema de conectividad durante la noche, cuando, según Del Amo, se produce una pérdida de servicio que puede prolongarse hasta aproximadamente las 5:50 horas.

Los vecinos también han comunicado estos cortes a sus compañías telefónicas, que, según la formación, los atribuyen al apagado nocturno de algunas antenas.

“Tenemos dos problemas diferentes: durante el día, cuando pasa un AVE, y durante la noche, cuando se apagan algunas antenas”, ha resumido Del Amo.

La fibra tampoco llega a todos los pueblos

El portavoz de Soria ¡YA! ha denunciado asimismo que el despliegue de fibra óptica tampoco se ha completado en todos los núcleos rurales de la provincia, pese a los compromisos anunciados para alcanzar una conectividad generalizada en el medio rural.

“La fibra se anunció que llegaría a todos los núcleos de población antes de 2025 y, sin embargo, estamos en agosto de 2026 y todavía no ha llegado ni mucho menos a todos”, ha criticado.

Como ejemplo, ha citado las localidades de Velilla de Medinaceli, donde sí existe conexión, Esteras de Medinaceli, donde el despliegue solo habría llegado a parte del municipio, y Benamira, donde, según ha señalado, todavía no disponen de fibra óptica.

La formación soriana ha cuestionado el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos central y autonómico para extender la conectividad al conjunto de la población rural, y el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha criticado también la actuación de la Diputación Provincial.

Ceña ha advertido además de que la falta de una conexión estable dificulta el teletrabajo y la puesta en marcha de nuevos proyectos de vida en los pueblos, pese a las medidas anunciadas por las distintas administraciones para combatir la despoblación.

El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Vinuesa (Soria) ha quedado estabilizado, según la última actualización del operativo Infocal, realizada pasadas las ocho de la tarde.

El fuego se inició poco antes de las cuatro de la tarde en una zona de pinar próxima al camping de la localidad y ha movilizado a más de una veintena de medios terrestres y aéreos para su extinción.

En el terreno continúan desplegados seis agentes medioambientales, cuatro cuadrillas de tierra, tres equipos ELIF, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia, cuatro autobombas y 10 medios aéreos.

Aunque el trabajo de los medios continúa, la estabilización del mismo supone que la evolución del fuego es favorable y que su avance ha podido ser contenido.

Según la información facilitada por Infocal, la causa probable del incendio es accidental aunque la investigación permanece abierta para determinar el origen exacto del fuego así como la perimetración de la zona afectada, por lo que todavía no existe una estimación oficial de la superficie calcinada.

El Partido Popular de Soria ha formalizado la petición de personarse en la causa abierta de la denominada Operación Fuentona, que desencadenó el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Soria por delitos de corrupción el pasado 23 de junio por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Según ha anunciado la concejala del grupo municipal, Belén Izquierdo, el escrito ya ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Soria y la formación está a la espera de que el juez resuelva si admite su personación o requiere la subsanación de algún aspecto del procedimiento.

Los populares han argumentado que, como formación política, están habilitados para defender derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, de los sorianos “llegue hasta donde tenga que llegar” aunque “respetando la presunción de inocencia y el secreto de sumario”, ha asegurado Izquierdo.

La denominada Operación Fuentona se saldó a finales de junio con la detención de la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, así como de otras seis personas, en el marco de una investigación judicial sobre presuntas irregularidades.

La operación incluyó un registro de unas once horas en dependencias municipales por parte de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, tras el cual la edil fue trasladada a la Comandancia de Soria para la práctica de diligencias.

Martínez acusa al PP de generar “ruido político”.

Por su parte, el exalcalde de Soria y actual secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez ha respondido al anuncio de personación en la causa de los populares asegurando que se trata de “una estrategia para generar ruido político” y ha reiterado que confía en la actuación de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

Martínez también ha defendido la gestión desarrollada durante sus cerca de dos décadas al frente del Ayuntamiento de Soria, que ha calificado de “transparente y cristalina”, y ha dejado clara su postura de que “el que la haya hecho, que la pague”.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por provocar un incendio en Monteagudo de las Vicarías (Soria) el viernes de la semana pasada a las 14.48 horas. El varón, de de 52 años, había utilizado de manera imprudente una radial, puesto que su uso estaba prohibido durante la alerta por riesgo de incendios forestales.

Castilla y León declaró la alerta hasta el 2 de agosto, lo que suponía la prohibición del uso de maquinaria agrícola entre las 12 y las 20 horas en toda la comunidad, puesto que se preveían temperaturas máximas de hasta 36ºC, humedades relativas mínimas de 5-20% y rachas de 25-50 km/h.

El fuego afectó principalmente a vegetación herbácea y arbustiva, concretamente a media hectárea, según los datos provisionales de la Junta de Castilla y León. Agentes medioambientales y la BRIF de Lubia tuvieron que trabajar en la extinción del fuego, lo que evitó que el fuego tuviera más extensión.

El incendio se originó cuando el detenido realizaba trabajos con una radial en el lugar de los hechos, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado. El instituto armado ha instruido las correspondientes diligencias, que ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria) junto al detenido.

Con este ya son cuatro personas que han sido detenidas por causar incendios en Castilla y León, como los de Ávila (por negligencias, aunque no se descarta que algunas reproducciones de este fin de semana hayan sido intencionadas), Zamora y El Bierzo.

La Junta de Castilla y León ha reconocido este miércoles que no puede descartar que el incendio de La Mierla (Guadalajara) llegue a la provincia de Soria, tras registrarse un salto del fuego en el flanco oeste del incendio, lo que ha obligado a reforzar el operativo.

Así lo ha confirmado el director general de Prevención y Extinción de Incendios autonómico, Ángel Sánchez, en una intervención desde el puesto de mando avanzado instalado en el municipio soriano de Barcones y en el que también ha participado la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda De Gregorio.

Sánchez ha explicado que, durante la noche, se ha conseguido contener en gran medida la cabeza del incendio en el noroeste, aunque a primera hora se produjo “un salto” en una zona más al occidental.

En este sentido, el avance de ese nuevo frente ha obligado a reforzar el dispositivo en ese sector y en este momento trabajan cuatro helicópteros de Castilla y León, nueve buldóceres, dos autobombas y cinco cuadrillas, en coordinación con el operativo de Castilla-La Mancha.

“El objetivo es actuar directamente sobre el incendio y preparar zonas de oportunidad para frenar un posible avance hacia Castilla y León”, ha subrayado, quien ha reconocido que “aunque no puede descartarse que el fuego llegue a Soria, todos los esfuerzos se centran en impedirlo”.

Terreno “abrupto y complicado”

El frente en el que se trabaja se sitúa a tan solo unos 5-7 kilómetros en línea recta del límite con la provincia de Soria, mientras que esta mañana eran 10 kilómetros, y a unos 16 kilómetros de la provincia de Segovia -se recorta un kilómetro respecto a esta mañana-, en un terreno especialmente “abrupto y complicado” por la presencia de barrancos y repoblaciones de pinar.

Ante esta situación, durante esta jornada, los trabajos se centrarán en “reforzar las líneas de defensa con maquinaria pesada y fuego técnico” para reducir la intensidad del incendio en caso de que continúe su avance hacia Castilla y León, según ha señalado el responsable autonómico.

Los trabajos del operativo INFOCAL desde el lunes en el límite de ambas comunidades han sido efectivos y ha permitido cerrar una parte de la cabeza del incendio. En concreto, los convoyes de Castilla y León han conseguido cerrar 18,1 km con maquinaria pesada, 14,3 km realizados con ataque directo y línea manual y 2,6 km con fuego técnico.

En lo que respecta a la parte en la que trabaja el operativo INFOCAL de Castilla y León la evolución ha sido cambiante a lo largo del día, aunque se esperan una mejoría en las condiciones meteorológicas que favorezcan los trabajos de extinción, con las cautelas que supone un incendio de estas dimensiones. Las actuaciones se desarrollan siempre coordinadas con las del operativo Infocam de Castilla-La Mancha y bajo su dirección. Se espera que esta noche se abra una nueva ventana de oportunidad por la mejora de las condiciones climatológicas.

Respecto al incendio declarado este martes en Selas (Guadalajara), denominado por INFOCAL como incendio de Iruecha, Sánchez ha asegurado que la situación es “muy buena y sin ningún tipo de riesgo”, tras quedar perimetrada gran parte de la superficie afectada.

Por ultimo, el director general ha destacado la coordinación permanente entre los operativos INFOCAL e INFOCAM mediante protocolos conjuntos, intercambio de técnicos entre los puestos de mando y comunicación continua entre ambas comunidades autónomas.

La población podrá volver a Barcones y, desde mañana, a Retortillo

La Junta de Castilla y León ha informado de que se levantan la evacuación de Barcones y se comunica que, a partir de mañana, si todo evoluciona favorablemente, volverán a Retortillo de Soria los usuarios de la residencia de mayores

El CECOPI de Soria se ha reunido a las 18.00 horas y, examinada la situación actual, a propuesta de Centro Provincial de Mando, ha acordado levantar la medida de evacuación de Barcones, por lo que los vecinos pueden regresar a sus casas. No obstante, al objeto de favorecer la vuelta y de forma voluntaria, los 28 vecinos de Barcones acogidos en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán podrán continuar en el centro hasta mañana tras el servicio de desayuno.

También se ha acordado levantar, a partir de mañana y si las condiciones no cambian de manera determinante, la medida de evacuación de los residentes (31) de la Residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, que el pasado día 20 fueron trasladados a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón, junto con otros tres vecinos de dependencia con reconocido grado tres de dependencia. Para organizar el traslado en medios adecuados, como se hizo en el traslado inicial, ya se ha informado a los responsables de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y Bienestar Social) y de la Diputación Provincial, que colaboró.

La Junta de Castilla y León ha activado este lunes por la tarde el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de Soria ante el avance del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara), que podría alcanzar territorio soriano durante esta misma tarde.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presidido a las 17.15 horas una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para analizar la evolución del incendio y coordinar las actuaciones de las distintas administraciones.

En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno, el presidente de la Diputación de Soria, los alcaldes de Berlanga de Duero —por la posible afección a la localidad de Lumías—, Arenillas, Barcones y Retortillo de Soria, además de responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Protección Civil, la Guardia Civil y otros organismos implicados en la emergencia.

La declaración del IGR 2 se ha adoptado a propuesta del jefe de jornada del Centro Provincial de Mando debido al riesgo para la población por el humo y a la posibilidad de que sea necesario evacuar algunas localidades si la evolución del incendio así lo requiere. En estos momentos, las poblaciones que podrían verse afectadas son Barcones, Arenillas, Retortillo de Soria y Lumías, en el municipio de Berlanga de Duero.

La delegada territorial ha convocado una nueva reunión del CECOPI a las 20.00 horas para evaluar la evolución del incendio y decidir, en función de las condiciones, las medidas que puedan ser necesarias.

Refuerzo operativo

Durante la mañana de este lunes la Junta de Castilla y León ya había anunciado el refuerzo del operativo INFOCAL destinado a este incendio de colaboración con el dispositivo de Castilla-La Mancha mediante el envío de distintos medios de extinción, incluidos recursos aéreos.

El operativo autonómico ha movilizado, además de los medios con base en la provincia de Soria, diferentes convoyes terrestres y maquinaria pesada procedentes de otras provincias de Castilla y León. Asimismo, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en caso de que sea necesaria su intervención. Durante la jornada de este lunes permanecen trabajando en Guadalajara dos convoyes de medios terrestres procedentes de Soria y Segovia, integrados en las labores de extinción del incendio.

También se han desplazado hasta la zona técnicos del Centro Autonómico de Mando, de la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y de la Unidad de Planificación y Análisis, además de un Puesto de Mando de Protección Civil de Castilla y León para reforzar la coordinación de las actuaciones.

Además en esta jornada se ha contactado con las organizaciones profesionales agrarias para organizar y coordinar la colaboración voluntaria de agricultores mediante tractores con grada, que trabajarán en la apertura de fajas de defensa en puntos previamente establecidos por el operativo. Estas actuaciones preventivas contribuirán a dificultar el avance del fuego y servirán de apoyo a las labores de extinción en caso de que el incendio alcance la provincia de Soria.

Este viernes se han reunido diferentes Administraciones Públicas (municipal, autonómica y naiconal) e instituciones (Guardia Civil, Tráfico, Confederación Hidrográfica del Duero) para analizar los posibles incumplimientos del festival Motorbeach que se ha celebrado la semana pasada en Vinuesa (Soria), en el que falleció una joven asturiana de 24 años después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta en el interior del recinto. El alcalde de Vinuesa rechaza que el festival se vuelva a celebrar en su municipio el próximo año.

El dispositivo de seguridad estaba previsto para una afluencia de 4.000 personas, aunque la organización calcula que participaron entre 5.000 y 10.000 personas, según informa EFE. “Los datos disponibles apuntarían a una afluencia muy superior”, avanza la Subdelegación del Gobierno en un comunicado. La mayor afluencia de lo esperado supuso un número de acampadas superior al inicialmente previsto, fuera de los espacios delimitados e incluso en zonas del vaso del embalse de la cuerda del Pozo, integradas en el dominio público hidráulico.

La Guardia Civil tramitó 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial, especialmente relacionadas con infracciones de tráfico, motos sin matrícula, permiso de circulación, seguro o ITV. También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, afecciones a la cubierta vegetal, embarcaciones y motos de agua.

Un solo agente de seguridad privada

La Guardia Civil señala que recibió toda la documentación dos días antes del inicio del festival, un margen “claramente insuficiente” para organizar un dispositivo para una situación que además fue más numerosa de lo previsto. Los agentes de la Benemérita advirtieron de numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural, entre otros comportamientos.

Los agentes de la Guardia Civil advirtieron durante el festival de situaciones “de aparente descontrol y riesgo” y afirman que los medios de seguridad privada pudieron ser insuficientes, puesto que solo se localizó a una persona. Además, las instituciones creen que la organización ni siquiera tenía a un vigilante de seguridad en las proximidades del agua para evitar accidentes y ahogamientos en el embalse.

Se va a estudiar y cuantificar el impacto medioambiental

Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado los límites señalizados y balizados sobre el terreno, según los inspectores de la CHD, que ha vuelto a visitar el espacio para evaluar los daños causados, cuya afección se va a cuantificar, así como el coste de su reparación.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han iniciado actuaciones para ver si hubo incumplimientos normativos evaluar las afecciones al medio natural y establecer las medidas de restauración. Los agentes medioambientales también han iniciado inspecciones y levantado actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores por afecciones en el terreno, las labores de limpieza y restauración.

La asociación Ecologistas en Acción-ASDEN ha denunciado que en el festival se ha dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa. “Ha acudido mayoritariamente un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador”, ha protestado a través de un comunicado.

La edición de 2025 del Motorbeach ya dio lugar a un expediente sancionador en materia de medio ambiente, y el daño ambiental de la edición de este año no ha sido evaluado todavía.

La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta cree que será necesario un proyecto técnico “que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos y su coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable de los daños”. La organización ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que destacan el estado posterior del festival.

El Iberia Eclipse no está autorizado aún

También se ha analizado el próximo evento en la zona, con motivo del eclipse del 12 de agosto. Las administraciones apuestan por la evaluación, restauración y exigencia de responsabilidades derivadas del Motorbeach antes de plantearse un futuro encuentro como el Iberia Eclipse, cuyas entradas ya están a la venta desde hace meses, con precios entre los 240 y 900 euros por persona.

La CHD ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor, una cuestión que no se ha aclarado “suficientemente”, según el comunicado de la Subdelegación del Gobierno, por lo que no puede tramitarse ni concederse la autorización.

Desde el Ejecutivo autonómico, se rechaza la autorización de otro evento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach.

La construcción de más de mil viviendas en la margen derecha del río Duero vuelve a planear sobre Soria, cuyo equipo de gobierno ha sido reprendido por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Soria a permitir o denegar definitivamente la obra. Se trata de un proyecto que arrancó en 2019 y que ha estado paralizado en los últimos tres años, cuando decidió suspender los plazos para la aprobación provisional de una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La sentencia del TSJ consideró que era innecesaria la aportación extra de documentación por parte de la empresa y reprochó que el Ayuntamiento no cumpliera con el plazo para aprobar inicialmente la modificación urbanística, lo que obligó a la entidad a someter el trámite a información pública por iniciativa privada. El Ayuntamiento de Soria está pendiente de algunos informes, que espera resolver este verano, según ha confirmado el consistorio. Varias organizaciones —ASDEN-Ecologistas en Acción, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el Futuro— se han mostrado en contra del proyecto desde el principio, porque cuestionan el impacto ambiental de la iniciativa, que prevé la construcción de entre 30 y 40 edificios de entre cuatro y seis plantas.

Además, las asociaciones defienden que el informe de impacto ambiental es de 2020, por lo que caducó en agosto de 2024. El Ayuntamiento ha argumentado en varias ocasiones que, si decidían proteger el cerro e impedir la construcción de las viviendas, podrían tener que indemnizar a la promotora con hasta 44 millones de euros, un postulado que rechazan frontalmente las asociaciones conservacionistas. “La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Ley del Suelo establecen claramente que las indemnizaciones solo proceden cuando el promotor ha consolidado sus derechos urbanísticos, cuando empiezan las obras. Pero aquí no se ha iniciado nada, las pretensiones de la empresa con ”meras expectativas no indemnizables“, defiende Ricardo Mínguez, que propone que el Ayuntamiento facilite la compra de otros terrenos con Los Royales Oeste.

Las asociaciones recurren la sentencia

Las asociaciones ASDEN-Ecologistas en Acción y Amigos del Museo Numantino ya han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, porque consideran que hacen falta documentos y el Ayuntamiento debe responder a 373 alegaciones que se presentaron hace años al proyecto, un trámite que es obligatorio.

“Estamos en contra porque afecta a paisajes machadianos, a los que compusieron Bécquer y otros poetas y escritores. La margen izquierda —donde están los Arcos de San Juan o la ermita de San Saturio— está considerada Bien de Interés Cultural, y queremos que también lo sea la margen derecha, pero la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León no nos contesta”, explica Luis Giménez, arquitecto de la asociación ecologista ASDEN.

“Dicen que no afecta al paisaje, pero no es cierto. Si levantas unos edificios de seis pisos, de veinte metros, se vería una barrera de edificios”, apunta Ricardo Mínguez, ingeniero de caminos de Soria que ha asesorado en el proceso de alegaciones de las asociaciones en contra del proyecto.

Mínguez se ha mostrado en contra de esta modificación en múltiples ocasiones y ha elaborado un informe pericial de parte para el Juzgado. El TSJ cree que su “objetividad e imparcialidad” están en entredicho por su “postura claramente batalladora” en contra de esta modificación, “puesta de manifiesto por su condición de concejal y la publicación de varios artículos en contra”. Sin embargo, Mínguez defiende que él no ha sido concejal, sino que se presentó en una candidatura como independiente en 2023. En concreto, se presentó por las listas de Podemos-Alianza Verde —que no sacó ni un solo concejal— en el puesto número 15 y como independiente, según el Boletín Oficial de la provincia.

El proyecto está de nuevo en stand by, a la espera de que el Consistorio —ahora inmerso en una crisis política por la detención de una de sus concejalas, que ha dimitido— acate el fallo del Tribunal Superior de Justicia y continúe con el procedimiento, lo autorice o lo rechace.

El alcalde de Soria, Javier Antón (PSOE), ha asegurado que la actuación del Ayuntamiento sobre la información relativa al registro de las dependencias municipales ha sido siempre “correcta, leal y plenamente respetuosa con la Justicia” como demuestra el hecho de que el TJSCyL haya explicado que fue el tribunal encargado de la investigación el que informó un día antes de esta actuación.

Después de la polémica generada sobre si el Ayuntamiento supo el pasado lunes de que se iba a producir un registro en sus dependencias al día siguiente, el alcalde ha explicado a la Agencia EFE que la actuación del consistorio ha sido la correcta, tal y como ha avalado el TSJCyL en un comunicado, ha indicado.

Según las conclusiones recogidas en esta nota emitida este viernes por el TSJ, el Tribunal de Instancia de Soria, encargado de dirigir la investigación del supuesto caso de corrupción por el que el martes se registró el Ayuntamiento de Soria y se detuvo a siete personas, comunicó el lunes al alcalde la posibilidad del registro, pero sin concretar ni fecha ni hechos investigados.

El Tribunal de Instancia remitió un oficio al alcalde el día 22 de junio, la víspera a la que se produjo la entrada de la Guardia Civil, tal como el propio regidor, Javier Antón, informó a PP y Vox este miércoles, lo que ha motivado petición de explicaciones por un supuesto “chivatazo” y la interposición de dos querellas por parte de estos dos partidos.

Para el alcalde, este comunicado deja claro que el Ayuntamiento fue informado conforme a procedimiento, sin concretar ni el objeto exacto de la investigación ni otros extremos de las diligencias, lo que explica la prudencia con la que el Ayuntamiento ha actuado en todo momento conforme a las instrucciones del Tribunal de Instancia.

Y además, confirma algo que es fundamental para el alcalde: “La total disponibilidad y colaboración del Ayuntamiento con el tribunal”. “El Ayuntamiento no solo ha colaborado, sino que ha actuado con la máxima reserva y responsabilidad institucional”, ha añadido. Además, ha indicado que no corresponde hacer especulaciones ni valoraciones tras insistir en que las diligencias judiciales están sometidas a secreto, y que su obligación es preservar la normalidad del funcionamiento municipal, respetar los tiempos de la Justicia y trasladar a la ciudadanía un mensaje de serenidad.

“Por eso, desde el Ayuntamiento de Soria vamos a seguir actuando con prudencia, transparencia y colaboración absoluta con la Administración de Justicia, como no puede ser de otra manera”.

El traslado de los novillos desde el monte de Valonsadero hasta Soria capital, 'La Saca' de las Fiestas de San Juan sorianas, se ha saldado con 63 atenciones sanitarias, entre los que se encuentran 13 heridos por los novillos, con 9 traslados al hospital, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo sanitario de Cruz Roja ha atendido a 31 heridos, 7 contusionados, 6 traumatismos, 3 picaduras, otras 3 fracturas, 2 luxaciones, 2 desmayos, 2 esguinces, una quemadura y un trauma de rodilla, y se ha tenido que trasladar al hospital a 15 personas, según el balance tras finalizar el festejo.

Por su parte, el operativo policial, que arrancó a las siete de la mañana, ha contado con 76 componentes de la Guardia Civil de la Unidad Aérea de la Guardia Civil, Tráfico, Seguridad Ciudadana, Fiscal y Fronteras, Seprona, el Equipo Mujer-Menor de Policía Judicial y la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano

El balance provisional recoge 4 positivos en alcohol, 26 denuncias al Reglamento General de Circulación, una denuncia por Ley de Montes, otra por Ley de Espectáculos Taurinos y una más denuncia por Ley de Seguridad Ciudadana, dentro de las actuaciones de prevención y control realizadas durante toda la jornada.

La concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio de Soria, Yolanda Santos Grandes (PSOE), detenida en una investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento se encuentra en libertad provisional después de haber declarado durante toda la mañana ante el juez. Según han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha decretado que la edil tenga que comparecer cada 15 días. En la tarde de este miércoles Santos ha anunciado su renuncia al acta y que abandona el PSOE.

El propio TSJ ha confirmado que hay un séptimo detenido en la misma operación. Se trata una vecina de Soria que tras las diligencias pertinentes será puesta en libertad y al igual que los otros investigados, deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridos. La autoridad judicial mantiene decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no se pueden facilitar más detalles sobre lo que la Guardia Civil ha denominado como 'Operación Fuentona', según informa de la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, permanece bajo secreto de sumario y analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La intervención, que se saldó inicialmente con un total de seis detenidos, dos en Madrid y los otros cuatro en Soria, realizó registros durante doce horas en el Ayuntamiento de Soria, en las áreas de Hacienda, Comercio y Turismo y Alcaldía, y en dos viviendas particulares.

Tras las entradas, los agentes de la UCO intervinieron documentación y equipos electrónicos. La operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria.

Según pudo saber este medio, los agentes buscaban información sobre la empresa de la que Santos Grandes llegó a tener un 33%, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal en 2019, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento.

Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE a elDiario.es es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza.

Lo que busca la Guardia Civil es si Santos tenía un 'testaferro' por lo que los investigadores realizaron un volcado de varios ordenadores para acceder a documentos, correos electrónicos o cualquier otro indicio que les pueda confirmar su hipótesis.

En la tarde de este martes, el propio Ayuntamiento de Soria envió un comunicado en el que trasladaban su disposición a colaborar con la investigación y anunciaban la apertura de un expediente informativo a la concejala y la apartaban de sus funciones de manera cautelar. Asimismo, estudian personarse en el caso como parte interesada. Previamente, al poco de conocer la entrada de los agentes de la UCO, desde el consistorio se remitió una primera nota de prensa en la que se transmitía su colaboración.

El PSOE de Soria pide la suspensión cautelar de militancia de Santos

El PSOE de Soria alude a su Código Ético y de Conducta para solicitar la apertura de un expediente informativo interno y trasladar toda la información disponible a los órganos competentes del partido para su valoración una vez conocido el traslado de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, a las dependencias de la Guardia Civil. El partido pide además la suspensión cautelar de militancia de Santos “mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso”.

En una nota advierte que “actuará con la máxima exigencia y responsabilidad, aplicando sus normas internas y adoptando cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia”.

Una vez más, el PSOE pide “prudencia y responsabilidad en el tratamiento informativo” del caso.

Mañueco urge al líder del PSOE de Castilla y León que aclare si tuvo información sobre registro en Soria

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha urgido al secretario general del PSOE en esta Comunidad y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, a dar explicaciones para aclarar si recibió por parte del Gobierno información “privilegiada y con antelación” de la operación contra la corrupción que se desarrolló ayer en Soria y que culminó con seis personas detenidas.

De este modo se ha referido Alfonso Fernández Mañueco a las declaraciones que Carlos Martínez realizó este pasado martes a un medio de comunicación en las que, según la publicación, indicó que este lunes supo que iría la Guardia Civil al Consistorio, pero a “pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias”, algo “totalmente distinto” a los que se han conocido este martes.

Posteriormente, el PSOE emitió un comunicado indicando que Martínez estaba al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento la mañana del martes, y no la del lunes, “como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación”.

Este miércoles, el presidente de Castilla y León ha asegurado que “desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia”, los hechos son “extremadamente graves” y “alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido”.

Y ha añadido que “lo que es mucho más grave es que desde algún ámbito del Gobierno de Sánchez se haya dado información privilegiada y con antelación al líder del Partido Socialista en la oposición en Castilla y León. Eso me parece gravísimo y se tienen que dar las explicaciones pertinentes”. 

El registro que desde primera hora de esta mañana llevan a cabo agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, se ha saldado hasta el momento con seis detenciones que podrían ser más en las próximas horas. En concreto se ha arrestado a cuatro personas en Soria y dos en Madrid. Entre los detenidos se encuentra la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Tal y como informa la Guardia Civil, la operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria y responde a unas diligencias judiciales por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español. La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, que ha autorizado diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones.

Hasta el momento se han practicado tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación. El centro de las pesquisas está en el Área de Comercio.

Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible facilitar más información sobre el contenido de las actuaciones ni sobre las personas investigadas. La Guardia Civil continúa desarrollando las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mismos. Conforme avance la investigación y siempre que el estado de las actuaciones judiciales lo permita, se ampliará la información.

Según ha podido saber elDiario.es, Santos tenía el 33% de una empresa de actividades deportivas, Biosfera Soria SL, hasta que fue concejala, en 2019. Cuando pasó a formar parte del equipo de gobierno, en concreto como concejala de Turismo y Comercio, se deshizo de las participaciones. La normativa prohíbe compatibilizar el acta de concejal, sea o no del equipo de gobierno, con participaciones en empresas superiores al 10%. El Ayuntamiento de Soria contrató actividades con la empresa tanto en la etapa de Santos como concejala rasa, como cuando pasó a ser la titular de Turismo.

El Ayuntamiento de Soria remitió un comunicado a media mañana en el que precisaba que estaba“prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones” y recordaba que el secreto judicial no facilitaba apenas información“.

Sin embargo, apenas una hora después de que finalizase el registro que duró doce horas y se comunicase que Yolanda Santos estaba entre los detenidos, envió un nuevo comunicado. Además del respeto a la actuación de la Justicia y su “plena colaboración”, valorará, “con el objetivo de conocer con el máximo rigor todas las circunstancias relacionadas con este asunto y en su afán de dotar de máxima transparencia el proceso”, la apertura de un expediente informativo interno para recopilar información y adoptar decisiones para esclarecer lo ocurrido. Además, estudiará su personación en el caso como parte interesada. Con caracter cautelar ya ha acordado “la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala afectada”.

“Desde la responsabilidad institucional y respetando el secreto de sumario, se considera imprescindible actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos. El Ayuntamiento de Soria reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad, la ejemplaridad en la gestión pública y la colaboración absoluta con la Administración de Justicia”.

Por último, pidió “rigor” a los medios de comunicación, a los que insta a acudir a fuentes oficiales “para evitar la difusión de afirmaciones no contrastadas o de informaciones que excedan los hechos conocidos puede causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas afectadas y de la institución”.

Carlos Martínez tiene “total tranquilidad”

Una vez que finalizó el registro, y a través de una nota de prensa el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, señaló su “total tranquilidad” ante las pesquisas judiciales en torno a la actividad de la Concejalía de Turismo y Cultura. Debido a su asistencia en Tánger con motivo del Foro de Ciudades intermedias, Martínez aseguró estar al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento esta mañana, y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación. Martínez sostiene que a la vuelta de su viaje tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir el próximo jueves a la Junta de Portavoces. Mientras tanto, reclama “respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario”.

El caso de Yolanda Santos es similar al del concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, que aceptó el acta de edil siendo propietario de dos mercantiles, El Granero de San Francisco, de la que tenía el 20% y Eventos El Espino, de la que tenía el 33%. El Ayuntamiento adjudicó contratos a esta empresa a pesar de que hay imposibilidad para contratar. De hecho, los contratos se declararon nulos una vez que elDiario.es desveló quién estaba tras la empresa. Lejos de renunciar al acta, Suárez compatibilizó política y empresa. El Ayuntamiento estudia cómo recuperar el dinero que pagó a la empresa de Suárez, y se niega a facilitar cualquier documento acreditativo de la venta de las participaciones que, según Suárez, se produjo el pasado 13 de abril.

El Ayuntamiento ha cambiado de alcalde hace unos meses. En marzo, Carlos Martínez, dejó la alcaldía para pasar a encabezar el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. El regidor actual es Javier Antón.