Carlos Martínez niega un 'chivatazo' en las detenciones en Soria y dice que el caso no va contra él “ni contra el Ayuntamiento”

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha explicado este jueves en rueda de prensa, varias circunstancias sobre la Operación Fuentona, en la que se detuvo a siete personas, entre ellas la que fue concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. “Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos objeto de investigación ni acusación ninguna. No es contra mí, no es contra el Ayuntamiento. Esto se circunscribe a una ya exconcejala y a personas de su entorno. No voy a permitir que se extienda la mancha de aceite ni sobre el Ayuntamiento ni sobre los técnicos ni sobre la transparencia y rendición de cuentas”, ha declarado este jueves en rueda de prensa.

Martínez ha querido pronunciarse ante la gravedad de los hechos investigados y contar la verdad “con luz y taquígrafos” en lo que respecta a una querella de Vox, y otra que cursará el PP en las próximas horas y que se sostiene débilmente en la publicación de unas declaraciones de Martínez en El País que luego se corrigieron. El día de la entrada y registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, el pasado martes, el líder del PSOE se encontraba en Tánger participando en un foro. En una llamada de datos que se entrecortaba, se transcribió que supo del registro el lunes por la tarde. Horas después contactó con el periodista para corregir el dato, que de algún modo se transmitió o recogió con error. Según Martínez, la jefa de prensa del Ayuntamiento le mandó el martes un mensaje a las 9,22 en Soria y 8,22 en Tánger para que llamase al Ayuntamiento. Se trataba de algo urgente. “Javier antón me dijo que la Guardia Civil había entrado a solicitar determinada información pero no sabía a qué departamento afectaba”.

A partir de ese momento, un medio de comunicación pasó a señalar que hubo un chivatazo y bajo esa premisa, Vox acaba anunciando una querella el miércoles y el PP este jueves. Pero el miércoles, los concejales de PP y Vox, estos últimos enterados por la prensa de que el Grupo Parlamentario interponía una querella, comentaron que el alcalde les había trasladado en Junta de Portavoces que supo el día antes que la Guardia Civil entraría al día siguiente en el Ayuntamiento. ¿Tiene sentido que el alcalde (PSOE) dé información sobre un chivatazo a la oposición? No. ¿Hubo chivatazo? Martínez ha asegurado que no lo sabía porque no había hablado con Antón, que orgánicamente depende de él. Quien lo aclara es el Ayuntamiento de Soria, que ha informado a elDiario.es de que, efectivamente, el lunes recibieron un requerimiento oficial del juzgado que instruye el caso. No fue un chivatazo. El juzgado informaba al alcalde de que al día siguiente debería estar disponible porque iba a haber una entrada en dependencias municipales para requerir una información. El alcalde no informó debido a que se le advertía de que era una investigación bajo secreto de sumario. El miércoles, una vez que la concejala detenida quedó en libertad, el alcalde convocó Junta de Portavoces e informó a la oposición de la situación. Pidió discreción al tiempo que informaba de lo poco que sabía y de que el requerimiento para que estuviese presente en el Ayuntamiento en el momento del registro había llegado el día antes.

La oposición no respetó el compromiso de discreción y horas después remitía una nota de prensa relatando lo que se les había pedido callar ante el secreto de sumario en el que se mantiene la causa.

Martínez mantiene que el conoció el caso el mismo martes, diga lo que diga la “vocera de Mañueco” -la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García-. “El periodista traslada una información equivocada y a partir de ahí llega el caos, caos en cuanto a las detenciones de una persona que está en la playa y detenida, por ejemplo” relata. El líder del PSOE ha subrayado que las decisiones se tomaron rápidamente. “Apenas doce horas después la decisión en el Ayuntamiento es retirar competencias delegadas en Yolanda Santos y apartarla. En paralelo, el partido decide su suspensión cautelar y personarnos en la causa para defender intereses y honorabilidad de la institución”, comenta. Así, recuerda, 24 horas después, la concejala pasa a ser exconcejala y exmilitante. “Y ahora, 48 horas después comparezco desde un largo retorno desde Tánger”, ha añadido.

“Si quieren empatar, que empiecen con Borja Suárez”

“¿Ha reaccionado en el PP con la Perla Negra, la Trama Eólica? Cuando quieran que nos empaten, que empiecen por el señor Borja en un caso similar. Subyace que ella tenía participación en una empresa con carácter oculto, Bien, Borja Suárez tenía el 33%, de participaciones, así que al menos que guarden silencio. Dejen de inventarse querellas. No tengo esa información y a aquí nadie ha destruido información ni un ordenador a martillazos”, ha reprochado.

Martínez también ha apuntado que cuando Santos iba a entrar en el Ayuntamiento, ya sabía que tenía una empresa y que le indicó que no podía seguir formando parte de ella si quería ser concejala, y así lo hizo y se ve en su declaración de bienes. Si hay persona interpuesta y la ha hecho, que la pague. Somos drásticos en muchas decisiones, suspendimos y apartamos, pero en fin, hablar de organización criminal y blanqueo de capitales con una facturación al Ayuntamiento de entre 40.000 y 50.000 euros al año...“, ha dudado. ”Duele estar en esta situación, me duele por la propia Yolanda, al final Soria es un pueblito y nos conocemos todos“, ha finalizado.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha reclamado a Martínez, la “máxima transparencia” sobre la investigación judicial. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado que los ciudadanos están más interesados en conocer “la verdad” de lo ocurrido que en el “estado de ánimo” de “tranquilidad” manifestado por el dirigente socialista tras conocerse las detenciones y registros.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha señalado que Martínez es quien dispone de mayor conocimiento sobre los expedientes que están siendo investigados por la autoridad judicial. “Aportaría mucha más tranquilidad que ofreciera toda la información de la que dispone”, ha apuntado el consejero, que ha apostillado que los delitos que se imputan están vinculados a hechos de especial gravedad. El portavoz ha trasladado además el respeto de la Junta por las actuaciones judiciales y ha evitado pronunciarse sobre eventuales responsabilidades políticas dentro del PSOE.

Sobre el posible ‘chivatazo’, el portavoz ha pedido explicaciones a Martínez sobre si este conocía con antelación la entrada y registro desarrollada durante once horas en el Ayuntamiento de Soria. “Cuanta más transparencia haya, mejor”, ha insistido Fernández Carriedo, que ha defendido la necesidad de despejar cualquier duda sobre el origen de una posible filtración.

Fernández Carriedo ha afirmado que la Junta ha localizado dos contratos adjudicados por la Fundación Patrimonio Natural a la empresa vinculada a la investigación, como ha publicado este medio. El valor en total serían 126.178,04 euros. Según ha explicado, ambos procedimientos se tramitaron mediante concurrencia competitiva y, hasta la fecha, ninguna autoridad judicial ha requerido documentación sobre esos expedientes.

“El caso no es parecido al de Borja Suárez”

También ha respondido a preguntas sobre el caso de Borja Suárez. El portavoz de la Junta ha dicho que la Junta no ha recibido ningún requerimiento de la Fiscalía relacionado con los contratos de las empresas participadas por Suárez y la Administración autonómica. “Estoy convencido de que si se hubiera solicitado, me lo hubieran dicho”, ha afirmado al ser preguntado por una posible petición de documentación sobre un contrato que afecta a su consejería, la de Economía y Hacienda, en concreto, uno que data en febrero de 2025 por el que se pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Además, ha rechazado equiparar este caso con el de la concejala socialista de Soria investigada por presuntas irregularidades urbanísticas y ha explicado que son los propios órganos judiciales los que están dando un tratamiento diferente a ambas situaciones. “Quien cree que no es parecido, al menos por las decisiones que está estableciendo, son las propias administraciones de justicia”, ha indicado.