El alquiler de una vivienda de hasta dos dormitorios en las capitales de la Unión Europea (UE) cuesta de media 218 euros más al mes que el salario mínimo interprofesional (SM)I), según un análisis del Instituto Sindical Europeo (ETUI) publicado este lunes. En Madrid, el alquiler medio asciende a 1.721 euros frente a un salario mínimo de 1.381 euros, lo que supone una diferencia de 340 euros mensuales.

La brecha es especialmente pronunciada en Praga, Lisboa y Dublín, donde el coste medio del alquiler supera en más de 700 euros al salario mínimo, y en Atenas, Bratislava, Budapest y La Valeta, donde la diferencia rebasa los 400 euros.

Fuera de las capitales, el alquiler medio representa el 42 % del salario mínimo a escala nacional. En cinco países -Malta, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Estonia- los trabajadores con menor retribución destinan más de la mitad de su sueldo al arrendamiento.

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), a la que pertenece el instituto, ha aprovechado la publicación para exigir a los gobiernos de la UE que congelen los precios del alquiler, incrementen la inversión pública en vivienda social y tengan en cuenta los costes de la vivienda al fijar los salarios mínimos.

“La desconexión entre el alquiler y el salario es completamente insostenible”, afirmó en un comunicado la secretaria general de la ETUC, Esther Lynch.

La ETUC reclama la aplicación plena de la directiva europea de salario mínimo de 2022, que obliga a los estados miembros a elaborar planes para extender la negociación colectiva al 80 % de los trabajadores, y pide que los costes de vivienda se incorporen como criterio formal a la hora de fijar las tasas nacionales.

“Cuando se suman los costes crecientes de la energía y los alimentos, los trabajadores se ven obligados a endeudarse para cubrir necesidades básicas y no tienen prácticamente renta disponible”, afirmó Lynch.

La confederación sindical exige además regulaciones que congelen los alquileres y protejan a los inquilinos frente a la explotación y los desahucios, así como un incremento de la inversión pública en vivienda social.

Para financiarla, pide que la UE revise las normas de ayudas de Estado, que actualmente limitan la capacidad de los gobiernos para subvencionar la vivienda sin que Bruselas lo considere una distorsión de la competencia.

El estudio, basado en datos de Eurostat, se publica un día antes de un acto conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda, en el marco del Plan de Vivienda Asequible de diciembre de 2025.

Bruselas tiene pendiente presentar la propuesta legislativa que desarrollará el plan, la Ley de Vivienda Asequible, cuyo período de consultas cerró el pasado 3 de abril.

Las celebraciones en honor al patrón madrileño regresan a la ciudad del 7 al 17 de mayo. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de la capital este lunes durante la presentación del programa de las fiestas de San Isidro 2026, que comenzarán este jueves con el pregón y se extenderán hasta el próximo domingo con multitud de propuestas para todos los públicos.

Celebraciones tradicionales, como la romería en la Pradera de San Isidro, y gastronomía típica, como la limonada y las rosquillas listas y tontas, convivirán durante casi dos semanas con una atractiva programación musical y de espectáculos que se reparte por toda la ciudad. En el programa de fiestas conviven la vanguardia musical y una mirada hacia el pasado, sonoridades nostálgicas, rock, pop, música electrónica, indie, mestizaje, propuestas urbanas, flamenco y ese toque castizo que caracteriza a los festejos patronales.

Pregón a cargo de Sonsoles Ónega

Las fiestas darán el pistoletazo de salida con el pregón de la periodista Sonsoles Ónega. Tendrá lugar el próximo 8 de mayo a las 20.00 horas en el balcón de la Casa la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid.

La elección de la periodista supone un hito para el actual Gobierno municipal: será la primera mujer que pronunciará el pregón de San Isidro en los siete años de José Luis Martínez-Almeida como alcalde. Sus predecesores han sido Santiago Segura, Antonio Resines, Ramoncín, David Summers y Dani Carvajal.

Conciertos en Las Vistillas, Matadero o la Pradera

Con el pregón, darán comienzo casi dos semanas de celebración que se repartirán por distintos escenarios de la capital. Habrá propuestas en la Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero y, por supuesto, la pradera de San Isidro.

En 2025, pasaron por los distintos escenarios de la ciudad Locoplaya, Merche o Soleá Morente, entre otros nombres. A estos, les toman el relevo Los Chunguitos, Triángulo de Amor Bizarro y La Bien Querida, tres de las actuaciones principales de estas fiestas.

Los Chunguitos actuarán en la Pradera el 15 de mayo, día del patrón, a las 22.30 horas. No es la primera vez que el grupo de rumba se suma a la programación de San Isidro, de hecho ya lo han hecho en varias ocasiones, la más reciente en 2019. Los temas musicales más emblemáticos de Los Chunguitos sonaron en el escenario principal de la Pradera de San Isidro hace siete años. En aquel concierto no faltó ninguno de sus míticos temas como Carmen Carmen, Me quedo contigo o Dame veneno, tampoco lo harán en esta ocasión.

Triángulo de Amor Bizarro y La Bien Querida actuarán el sábado 16 de mayo en Las Vistillas y la Plaza Mayor, respectivamente. A estos, se suma una extensa programación musical con decenas de conciertos gratuitos con una importante presencia de grupos y artistas indie.

La Paloma, Las Dianas, Camellos, Amore o Vicente Calderón se cuelan en el cartel festivo. También habrá propuestas más comerciales como Demarco Flamenco, Las Ketchup, Fangoria o David Otero.

Tradición y propuestas familiares

La Pradera será un año más el escenario principal de las fiestas. Allí se darán cita tanto las actividades tradicionales y familiares, como los conciertos más relevantes del cartel. No faltarán altas dosis de chotis y folclore a diario.

Por ella desfilará la romería y, como es costumbre, los chulapos y chulapas beberán el “agua del santo” que brota en un manantial anexo a la Ermita de San Isidro. Esta tradición se mezcla con la de merendar rosquillas y limonada, inmortalizadas por Goya en sus cuadros. Además, del 6 al 15 de mayo se celebran las tradicionales ceremonias religiosas: la bendición del agua de la Fuente y consagración al santo, la misa en la Colegiata de San Isidro y la Eucaristía en la Capilla de la Cuadra de San Isidro.

Las fiestas finalizarán con el tradicional castillo de fuegos artificiales. El cielo de Madrid se iluminará a medianoche desde la pradera, culminando la semana festiva más importante del calendario madrileño.

Un cartel inspirado en la Pradera con una versión moderna del santo

El cartel de este año es obra de la artista italoespañola Laura Floris. Para ilustrar la esencia de las fiestas se ha inspirado en una verbena en la Pradera, retratando algunos de los elementos indispensables de estos festejos.

El puesto de rosquillas, con las tontas y las listas, y unos churros representan la parte más gastronómica de San Isidro en el cartel, junto a un homenaje a Félix Cañas, el barquillero más famoso de Madrid.

Los claveles, las flores por excelencia de los chulapos y las chulapas, se pueden encontrar por diferentes rincones de la ilustración. Adornan las cabelleras de los personajes femeninos y los chalecos, denominados gabrieles, de algunos hombres. También en un pequeño puesto, junto a un gato negro, representando el casticismo madrileño más puro.

Escondido detrás de la pareja de chulapos que protagoniza el cartel, se encuentra una versión moderna del patrón madrileño: San Isidro. Con gorra, chaleco y rosario colgando del pantalón, la ilustradora ha decidido respresentar al santo en su versión más contemporánea.

La Ermita del Santo, el organillo, los conciertos en el escenario de la Pradera o el chotis terminan de enmarcar la ilustración que representa las Fiestas de San Isidro 2026 en Madrid.

En la Comunidad de Madrid, este último curso no está siendo como los demás. Septiembre arrancó con medio centenar de colegios impartiendo clases de Secundaria, después de que un año antes Isabel Díaz Ayuso anunciara su intención de incorporar Primero y Segundo de la ESO en algunos centros que, hasta entonces, solo incluían Primaria. Ahora pasan a convertirse en CEIPSO, que son escuelas públicas autorizadas a ofertar distintas etapas educativas, desde Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de un mismo recinto. El plan de la Consejería de Educación era que los 52 colegios que se presentaron voluntarios integraran, ya desde este curso, las asignaturas de Primero; y añadir las de Segundo en el curso 2026/2027. Sin embargo, este giro a alta velocidad ha generado polémica y más de un dolor de cabeza.

“No veo más que improvisación”, sentencia Inés, madre de un alumno de Sexto en el República del Uruguay, uno de los colegios públicos que ha aceptado incorporar 1º de la ESO a partir del curso próximo. Aunque tenían la opción de matricularse el primer año de Secundaria en su mismo centro, decidieron trasladarse a otro que cubriera los cuatro años completos. “Claro, teníamos miedo de que, una vez inscrito aquí, fuera más difícil cambiar luego de instituto para completar la formación”, confiesa. Así que al final, su marido y ella optaron por matricular al hijo de ambos en el IES Renacimiento, a cinco minutos de casa y al que está adscrito su colegio actual.

Pero no será fácil: la familia denuncia que el instituto ha reducido plazas considerablemente para ese curso, y eso hace que ahora mismo haya más solicitantes que huecos libres. “La Dirección nos comunicó que el año que viene se eliminarán dos líneas [grupos de un mismo año] en 1º de la ESO. Dejarán solamente cuatro, en lugar de seis”, señala la vecina, que apunta a un total de 115 solicitudes presentadas para un total de 48 plazas públicas, que son las que se ofertarán en 2026/2027.

Solo la mitad de los interesados podrá estudiar en ese instituto, aunque también hay plazas reservadas para repetidores o el alumnado con necesidades específicas. El resto deberá buscar otra opción. Las listas definitivas con los admitidos en todos los institutos de Madrid, incluyendo el IES Renacimiento, se harán públicas el 27 de mayo, dentro de un mes. Si esta familia no consigue una plaza en este centro, a cinco minutos andando de su casa, el trayecto hasta el siguiente centro de Secundaria puede durar unos 30 minutos a pie, según calculan. Y luego están los lazos que se pierden.

Un cuello de botella en el acceso a determinados institutos

“Mi hijo tendría que separarse de su grupo de amigos y creo que es importante tener compañeros de confianza cuando aterrizas en el instituto, para que te acompañen en ese tránsito”, lamenta Inés, que comparte esta preocupación con otras familias de este y más colegios expuestos a un cambio drástico. A fecha de publicarse este artículo, la dirección del IES Renacimiento ha preferido no responder a las preguntas de este periódico.

La medida estrella de los CEIPSO se propuso desde la Consejería de Educación cuando esta aún la integraban los Pocholos, un grupo de jóvenes cercanos a Emilio Viciana –el consejero destituido en febrero– que terminaron como asesores y diputados del PP en la Asamblea. Con el caso de las dos líneas eliminadas en el instituto de Latina, la lógica de la Consejería de Educación es compensar las que desaparecen en el IES con las que se abren para ese curso en el colegio donde estudia el hijo de Inés, según trasladan las familias. Pero la realidad no está encajando con el cálculo.

La demanda del IES Renacimiento no ha bajado y los centros adscritos, como el propio República del Uruguay o el CEIP Lope de Vega, siguen derivando al alumnado. El resultado es un cuello de botella en el acceso a Secundaria pública en el barrio. Por su parte, la Comunidad de Madrid justifica los nuevos CEIPSO como una medida para “proteger a la preadolescencia” y mantener al alumnado más tiempo en entornos conocidos, mejorar la convivencia escolar o facilitar la conciliación familiar, pues incluye comedor y clases durante la tarde en perjuicio (eso sí) del profesorado que antes solo acudía a institutos al uso.

Mientras que los maestros en este primer grupo de centros permanecen durante la comida y continúan en las primeras horas de la tarde, favoreciendo la conciliación de familias con hijos pequeños, lo habitual en centros de Secundaria son las jornadas intensivas, más ventajosas para los docentes a la hora de acabar antes su labor. Pero, más allá de esta disputa entre los intereses de las familias y el de los docentes, la situación pone en entredicho uno de los argumentos centrales del Gobierno regional: la libertad de elección de centro. Sobre el papel, las familias pueden elegir. En la práctica, denuncian, la falta de plazas convierte esa elección en algo condicionado. “Se supone que lo que se vende es que hay libre elección”, explica esta madre, “pero si pides un instituto que no está adscrito te arriesgas a quedarte sin plaza”.

Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?

Inés — Vecina de Latina y madre de un alumno de Sexto de Primaria

El modelo de los CEIPSO —que busca mantener a los alumnos en el mismo centro hasta los 14 años— tampoco convence a todas las familias. Algunas valoran positivamente evitar el salto temprano al instituto, pero otras ven improvisación en su puesta en marcha. “Todo esto se basa en que hay familias que piensan que a los 12 años los niños son demasiado pequeños para ir al instituto. Yo creo que no”, señala Inés. “Si se hace bien, me da igual el modelo, pero el problema es que veo improvisación”. Las dudas coinciden con las críticas que ya han lanzado directores de institutos públicos en Madrid, que han pedido a la Comunidad que reconsidere el traslado de Primero y Segundo de la ESO a los colegios al considerar que “carece de fundamento” pedagógico y organizativo, además de tensionar la red existente.

Más de 49 nuevos colegios serán CEIPSO el curso que viene

De todos los colegios que aceptaron integrar Primero y Segundo desde septiembre –aquí el listado oficial– hay 19 que forman parte de la Dirección de Área Territorial de Centro. La mayoría, en distritos como Hortaleza, Fuencarral-el Pardo o Vicálvaro, donde crece la población en edad de escolarización. El acrónimo DAT hace referencia servicio regional que organiza los centros públicos. En este sentido, otras 17 escuelas del catálogo que incluye Secundaria en 2025-2026 forman parte de la DAT sur; siete de la este; seis de la norte y por último, tres de la zona oeste. En todos estos hay más de un centenar de cursos de Sexto de Primaria, con su alumnado como conejillo de indias.

En marzo de este mismo año, la presidenta regional avanzó que el curso que viene esta cifra se duplicaría: otros 49 centros se sumarán a los 52 que ya adoptaron este año el cambio a CEIPSO, superando en centenar de colegios adscritos en toda la región. Además del República del Uruguay, en el barrio de Los Carmenes, otros 17 centros de Infantil y Primaria dentro de la capital pasarán a impartir la ESO en 2026/2027. También se incluyen escuelas de otras áreas, como el CEIP El Olivar de Rivas Vaciamadrid o el Ernest Hemingway de Alcalá de Henares al este, el colegio CEIP Laura García Noblejas (Villaviciosa de Odón) y el San José de Calasanz (Aranjuez) en la zona sur, o el CEIP Príncipe de Asturias (Navacerrada) y el CEIP Ciudad de Columbia (Tres Cantos) al oeste y norte, respectivamente.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan al 27 de mayo, cuando se publiquen las listas definitivas de adjudicación de plazas. Hasta entonces, intentan presionar para revertir una decisión que consideran errónea. “Se ha desbordado la demanda y, desde mi punto de vista, no tenemos una respuesta clara de cómo va a funcionar todo”, advierte esta madre. “Hay promesas, pero nadie nos cuenta nada. ¿Cómo se van a disponer las aulas? ¿Habrá laboratorios? ¿Dará tiempo a hacer obras en 50 colegios de aquí a septiembre?”, se cuestiona Inés, que pide reabrir los grupos clausurados del IES Renacimiento. Tal y como lo ve, la realidad de un sistema que “presume de su libertad de elección” comienza a parecerse más a un encaje de bollillos: “El mensaje que recibo es que no hay sitio para todos”.

El 23 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, acordó un aumento del presupuesto para el hospital Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia del grupo sanitario Quirón en la región. Lo hizo a través de la aprobación de una “Cláusula decimosexta” del convenio con este hospital. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público, una modalidad de cobro 'a destajo' inusual gracias a un “convenio singular” firmado en 2006, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Cada año, ese convenio se va modificando con documentos que cambian (normalmente, actualizan y mejoran) las condiciones iniciales para Quirón. La última vez que se hizo una actualización fue el verano pasado.

Según lo firmado en el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se autorizó a este hospital de Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a 455 millones (en 2011 el límite estaba en 285 millones) con la justificación del “aumento del IPC, aumento de la población y su envejecimiento” y también de la puesta en marcha de hemodiálisis a domicilio o programas de prevención. Además, autorizaron poder pagarle a este hospital más dinero por la formación de médicos MIR —más de 11 millones— a cuenta del IPC y aumento de número de facultativos. Por último, se acordó financiar al hospital en 45,5 millones de productos de farmacia, una subida justificada en que se había aumentado la actividad y por “la inclusión de nuevos fármacos”.

En 2025, el presupuesto que presentó y aprobó la Comunidad para la Fundación Jiménez Díaz era de 450 millones. Aun así, Sanidad ya había comprometido en ese mes de julio 488 millones con el centro, según documentación que ha podido revisar elDiario.es. Con la aplicación de esta cláusula nueva, los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025.

¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer frente a ese nuevo techo de gasto? Aunque los presupuestos se presenten cerrados y se aprueben en los parlamentos, los gobiernos pueden hacer modificaciones de crédito, que es mover partidas que no han ejecutado o no prevén gastar hacia otros gastos sobrevenidos que hayan aumentado. Es mover el dinero de un cajón a otro. Estas operaciones deben justificarse, aprobarse por la Consejería de Hacienda y se publican en los boletines oficiales. En 2025 ha habido 11 modificaciones de crédito a favor de hospitales de Quirón en Madrid de las que no se ha dado detalle público, explica Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, que ha recopilado la información y solicitado todo el detalle por el Portal de Transparencia.

Para hacer frente a ese aumento de compromiso de pago, la Comunidad de Madrid hizo una memoria que justificaba esa “transferencia de crédito”, con el objetivo de recabar 29,9 millones de euros de otras partidas y hacer frente a parte de ese aumento presupuestario de la Jiménez Díaz, según documentación oficial conseguida por Hernández desde Transparencia y que ha revisado este medio. Los millones los sacó de las cuentas sanitarias, del sistema público. Por ejemplo, de la línea “Orientación futuros padres de hijos con discapacidad”. El Gobierno de Ayuso había dotado esta iniciativa con 300.000 euros que, con la nueva orden, quedaron a cero. Según los presupuestos de 2025, este programa pretendía “incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales y para ello dota presupuestariamente actuaciones de orientación a futuros padres de hijos con discapacidad”.

También se dejó a cero la partida de 6,5 millones del “plan de cuidados paliativos” que, según los presupuestos oficiales, incluía la “humanización de espacios”, planes de formación para sanitarios o “mantener la adecuada oferta de camas hospitalarias”. La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas de elDiario.es ni sobre a qué partidas exactas iban destinados estos millones o qué iban a mejorar. Tampoco ha explicado si se ha compensado esa línea con otros ingresos.

Entre las partidas con más dinero sustraído está la de “Servicios nuevos” en atención primaria y hospitalaria, un 'cajón' que se redujo en 15 millones. O “implantes”, que en los presupuestos 2025 contaba con 19 millones y se vio reducida en 4,3. Sanidad, que no ha especificado qué tratamientos concretos se han visto comprometidos en estos dos casos, también redujo el dinero destinado a “energía”, “material quirúrgico” o “material de laboratorio” para hacer frente a los pagos al hospital concertado, que tiene una población de referencia de más de 460.000 personas y es el que más pacientes ha captado de otras áreas sanitarias en los últimos años: le va la rentabilidad en ello porque factura por tratamiento, y cuantos más pacientes consigue, más ingresa.

La existencia de diferentes vías de pago hace que sea muy difícil saber lo que cobran realmente los cinco hospitales privados que prestan servicio público en Madrid (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Por una parte, hay un sistema de canon: la Comunidad paga a estas empresas un fijo por habitante asignado a su zona, vaya o no al hospital, y luego paga aparte por cada paciente que obtengan de otra zona. De hecho, con el sistema de libre elección, los hospitales concesionados han obtenido más de 1.200 millones extra en cinco años, al margen de sus presupuestos, y que ha pagado el Sermas. El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque no cobra un canon fijo, sino que factura por cada tratamiento que hace, sea o no de su zona.

Además, hay desembolsos puntuales fuera de los presupuestos porque hay deudas atrasadas que se autorizan en los Consejos de Gobierno. A esto hay que sumar pagos por intereses de demora, sentencias judiciales que obligan a abonar facturas con años de decalaje o, como en este caso, transferencias de crédito y modificaciones extraordinarias de presupuesto. Por otra parte, las auditorías de la Consejería de Sanidad a las empresas no se hacen de manera total, sino por muestreo. Todo ello hace casi imposible tener una radiografía precisa y transparente de costes e ingresos, lo que hace a su vez muy difícil dilucidar si el modelo de concesión es realmente eficiente como defienden en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre instaurara este sistema mixto en 2006 con una duración de 30 años.

El grupo Quirón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

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Un momento histórico. Alegría. Devoción. Y la prioridad: que sea un éxito. Son palabras y deseos que, durante los últimos meses y en reiteradas ocasiones, han manifestado tanto el alcade de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, acerca de la visita del Papa del 6 al 12 de junio. Un año después su nombramiento, no solo es la primera parada de León XIV a la ciudad, sino que también será la única oficial de un máximo representante del Vaticano desde 2003.

Pero al jolgorio público siempre le sigue el mismo temor: “Es un reto logístico gigante”. Así lo catalogó Almeida a mediados de abril, recién abiertas las inscripciones para voluntarios o peregrinos. Mezcló la euforia con un instinto de prudencia, dada la sobrecarga prevista para esos días. Especialmente durante la misa del Corpus, que el Papa oficiará el domingo 7 de junio en mitad de una plaza pública y a la que se prevé que asistan hasta un millón y medio de personas. Así que la duda se vuelve ineludible: ¿dónde alojar a tanta gente si la ciudad ya vive colapsada?

La respuesta es de lo más variopinta: se dispondrán campamentos base en las parroquias, los colegios religiosos, casas de particulares e incluso instalaciones públicas gestionadas por el Ayuntamiento u otras administraciones de la región. En Boadilla del Monte, el municipio a 40 kilómetros de la capital donde se planteó levantar una estatua gigante del Cristo Redentor similar al del Río de Janeiro (Brasil), se han puesto a disposición de la Diocésis de Getafe más de 800 plazas para peregrinos entre varios centros municipales –principalmente, tres instalaciones deportivas completas– de cara a quienes viajen a la Comunidad de Madrid para conocer a Robert Prevost.

En Madrid capital, se hará lo propio: la vicealcaldesa confirmó a mediados de abril que aún esperaban la lista definitiva con las necesidades del Arzobispado, pero aseguró que ya trabajaban mano a mano para buscar refugio a los peregrinos. Los peregrinos son viajeros que se mueven con algún fin espiritual, no necesariamente a pie ni en condiciones de extrema austeridad. Por ejemplo, para los que lleguen a la ciudad en las primeras semanas de junio se prepararán sofás, espacios donde colocar sacos y mantas o habitaciones libres en casas particulares, dada la alta demanda hotelera para esos días. Sin embargo, que la administración municipal ceda recursos temporalmente a la Iglesia para alojar a los fieles por un fin católico ha desconcertado a algunos madrileños. Especialmente a los usuarios de estos servicios públicos.

Competiciones y actividad suspendida en los polideportivos

“Nos dijeron que ese fin de semana se suspenderían las competiciones por la visita, porque se iban a reservar las instalaciones municipales para alojamiento de gente que venía de fuera de Madrid”, detalla Pedro, cuyo hijo acude a clases en el Centro Deportivo Municipal La Fundi. Este es uno de los polideportivos que han sido reclamados por el Ayuntamiento para absorber parte de la demanda de peregrinos. Desde el complejo indican que aún no tienen todos los datos ni demasiada información sobre cómo operarán en los días clave. “Todavía no nos ha llegado la notificación oficial, ni la cifra exacta de gente que quieren albergar. Solo que estábamos entre los lugares escogidos en el distrito para alojar a los viajeros”, contesta Jorge, uno de los encargados.

Según explica, también el Centro Integrado de Arganzuela (otro polideportivo cercano) ha sido contactado. En su caso, hace unas semanas. Y aunque desconocen los detalles, esperan recibir noticias próximamente; sin embargo, dan por hecho que el evento implicará suspender toda su actividad, desde las competiciones o clases hasta las entradas de uso libre. Para Pedro, que habitúa La Fundi, esto supone una “incoherencia” al priorizar una celebración católica al uso público habitual de estos espacios seleccionados.

De momento, todo se organiza de manera extraoficial hasta que el Arzobispado tenga un número total de peregrinos, voluntarios –la expectativa es alcanzar unos 10.000, con inscripciones abiertas desde marzo– y las casas particulares disponibles para, sumadas a los recursos de la Iglesia en Madrid, se tenga una idea exacta de cuánto espacio en las instalaciones públicas se necesita. Más allá de la colaboración logística entre instituciones, la idea es que la Archidiócesis madrileña sea quien se haga cargo de los costes de la visita, así como de dar estancia al propio Papa. No obstante, ya el alcalde anticipó a principios de año que la ciudad “se volcará” en el evento, para el que estima que asistan “cientos de miles de personas”. Además de polideportivos, la idea es que también se sumen algunos colegios públicos o campus universitarios para la acogida.

Le decimos al Arzobispado que, en cualquier espacio que ellos vean susceptible de poder ser adecuado para la visita del Papa, el Ayuntamiento se compromete a dar las condiciones con el marco adecuado para que se produzca

José Luis Martínez-Almeida — Febrero de 2026

“Le decimos al Arzobispado que, en cualquier espacio que ellos vean susceptible de poder ser adecuado para la visita del Papa, el Ayuntamiento se compromete a dar las condiciones con el marco adecuado para que se produzca”, dispuso ya el alcalde a finales de febrero. Hasta que existan cifras oficiales, quienes mejor pueden aventurar el alcance de este terremoto son los que trabajan día a día en organizarlo. Lauro, por ejemplo, forma parte del equipo que prepara uno de los colegios religiosos de Madrid (en este caso, de tipo concertado y que también recibe fondos públicos) que aspiran a hospedar a unas 2.650 personas en la noche del sábado al domingo, si llegan al tope de su capacidad.

Se trata de los Salesianos de Atocha, donde se han ofertado 650 plazas el fin de semana y un extra de 2.000 más para la vigilia del 6 de junio. “Es una locura y no las llevo todas conmigo, pero tenemos un plan”, adelanta el miembro de la pastoral. Su idea es utilizar las aulas, que se despejarán el viernes después de clase, para abrir hueco a los peregrinos y que estos traigan sus sacos de dormir o esterillas. El lunes a primera hora deberá estar todo limpio y reordenado para reanudar las clases con normalidad, pero en el gran patio del edificio proyectan una especie de macroacampada al raso, donde miles de personas pasen la noche juntas.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aún no ofrecen más detalles sobre los preparativos de la visita, aunque la cuenta atrás es cada vez más corta. La semana más esperada para los católicos madrileños ya ha causado algún que otro rifirrafe entre instituciones de distinto signo político. A finales de marzo, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz anunció un operativo de seguridad con 10.000 agentes, incluidos miembros de SAMUR-Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos, en pleno cruce de reproches entre su equipo y el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Poco antes, la consejera de Sanidad Fátima Matute espetó al representante de Moncloa que empleara su tiempo en “criticar cosas un poco espurias” en lugar de “dedicarse a lo importante” por la llegada de León XIV, después de que Delegación señalara que ni el consistorio ni la Comunidad de Madrid habían acudido a una primera llamada para ordenar conjuntamente la visita. Incluso Sanz le acusó entonces de forzar la polémica y, aunque Francisco Martín apenas se ha pronunciado directamente sobre el ofrecimiento de espacios municipales para peregrinos, sí ha manifestado en otras ocasiones su intención de colaborar con las jornadas, principalmente, en materia de seguridad.

“Su objetivo fundamental es que Chamartín no se pare. Que Chamartín siga avanzando”. Con esa aseveración concluía la nota de prensa que presentaba a Yolanda Estrada como nueva concejala presidenta del distrito del norte de Madrid en 2023. Menos de tres años después hay cosas que se han detenido, como los conciertos y las obras de los parkings del Santiago Bernabéu que los vecinos llevaron a la Justicia. Como un programa de refuerzo educativo promovido desde la Junta para el alumnado con necesidades especiales. Y como, según cuentan testimonios de personas que han estado vinculadas al organismo municipal, se está ralentizando la actividad ordinaria de la entidad debido a un ambiente “hostil” que ha desembocado en una denuncia por acoso laboral contra Estrada y otros dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio y degradante” en la Junta de Chamartín. La edil ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en las instancias municipales habilitadas para este tipo de cuestiones.

En cualquier caso, no es esta la primera polémica de Estrada (Hannover, Alemania, 1974) desde su llegada a Chamartín, todo un caladero de votos para el Partido Popular por el carácter conservador y acomodado de su población (con excepciones en zonas como el barrio de Prosperidad): la formación aglutinó el 61% de los sufragios en las últimas elecciones municipales. En los más recientes comicios celebrados hasta la fecha en la capital, las europeas de junio de 2024, los populares superaron el 69% y el 66% de los votos en las dos secciones censales correspondientes a las viviendas más afectadas por las molestias sonoras del Bernabéu. Pero las acusaciones de acoso laboral sí suponen la controversia que le afecta de manera más directa, al menos en la más reciente etapa de una trayectoria política originada en un entorno tan agitado como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en pleno estallido de la trama Gürtel.

De dimitir por su imputación en la Gürtel a ser repescada por Ayuso

Estrada pasó de la noche a la mañana de funcionaria interina en el Área de Urbanismo del municipio madrileño, puesto al que llegó en 2001, a concejala de Obras y Servicios entre 2003 y 2008. Eran los años de la burbuja inmobiliaria en una localidad de la periferia madrileña, por lo que las oportunidades de negocio parecían infinitas. También para los consistorios. Estrada ascendía mientras lo hacía la economía, hasta que todo colapsó a finales de 2007 y comienzos de 2008. Ese año se convirtió en teniente de alcalde.

Dicho regidor era Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel. Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades en las adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen nueve años desde 2010, cuando dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Pozuelo y el PP la expulsó del grupo municipal al ser imputada por el Juzgado Número 3 de Pozuelo debido a los incrementos del presupuesto para construir un parque. Finalmente, la causa acabó sobreseída.

En 2019, fue repescada por un Partido Popular de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura. La por entonces candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incorporó a sus listas para unas elecciones autonómicas en las que los populares consiguieron formar gobierno con la colaboración de Ciudadanos y Vox. Además de diputada autonómica, ejerció de coordinadora territorial del grupo parlamentario del PP en la Asamblea y estuvo al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda que también está protagonizando una agitada legislatura con los vecinos y su propio personal), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

Estrada, señalada por los vecinos del Bernabéu

En los comicios de mayo de 2023, Estrada pasó de las listas de Ayuso a las de Almeida, donde ocupó el puesto 21 (el PP consiguió 29 ediles). Su gestión en la Junta Municipal de Chamartín, a cuya presidencia le destinó el alcalde, ha estado marcada por los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos frenaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías. Un suflé que en las últimas semanas parece haberse rebajado, después de marcar toda la legislatura de Almeida, ya que el Consistorio no ha recurrido las más recientes decisiones de los tribunales (sí el Real Madrid) y se abre a dejar el proyecto de dos aparcamientos en uno solo.

Los residentes también se han movilizado contra el proyecto del Ministerio de Defensa, en un principio apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, para edificar una torre de 18 plantas y 60 metros de altura junto a la colonia El Viso (otro entorno con una elevada renta media). Finalmente, el área de Urbanismo trasladó a este diario que no se aprobará la construcción, después de numerosas alegaciones que aludían a la protección del terreno o molestias por tráfico y contaminación.

Estrada también se ha inmiscuido en controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Aunque sin duda la más comentada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Así lo expone en declaraciones a este periódico la edil de Más Madrid Mar Barberán: “El hecho de que haya distintos testimonios acusando a la concejala de vivir un ambiente asfixiante, hostil, nocivo y vejatorio es reflejo de lo que vivimos y soportamos en cada pleno de distrito. Parapetándose en su presidencia dirige la junta y los plenos como si Chamartín fuera su cortijo, insultándonos y descalificándonos constantemente. Las concejalas de la oposición y los vocales vecinos sufrimos faltas de respeto continuas, sus malos modos, su agresividad y sus provocaciones, como si de un hooligan se tratara”.

El clima de Chamartín según la denuncia: “Ansiedad, crisis nerviosas y llantos”

“Si todo esto lo hace en un espacio público como el pleno —donde hay cámaras y actas—, nos podemos imaginar cómo amedrenta y hostiga a las personas que trabajan para ella y de puertas para adentro”, teme Barberán. La documentación a la que ha accedido Somos Madrid acredita que la denuncia por acoso laboral a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, tras la “inacción” de la entidad de control laboral.

Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”. 20 páginas que desarrollan un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” tras la llegada de Estrada a la Junta de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se han generado “consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. También han proliferado las bajas laborales, cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según un denunciante que obra “con reserva de identidad” por “temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”, escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en 2024. El documento atribuye a Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas en reuniones o en presencia de otros empleados”. La lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar estas situaciones. La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras “se encontraba en enfermedad oncológica”.

“En realidad, el comportamiento de Yolanda Estrada representa muy bien lo que es el Gobierno de Almeida”, lamenta Barberán. “No podemos normalizar el insulto, el amedrentamiento o la vejación a representantes políticos ni a funcionarias. Deberíamos poder ejercer nuestro trabajo como servidores públicos mediante la escucha, no con gritos y humillaciones, generando confianza, no imponiendo e intimidando. Desde Más Madrid apoyamos a las funcionarias y funcionarios que levantan este Ayuntamiento cada día y exigimos a Almeida que puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado. Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo posible”, remata.

Más puestos sin cubrir y un programa educativo no renovado

En paralelo, las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026 (un 30% más), según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

El Ayuntamiento de Rivas presentó hace unos días su nueva estrategia para blindar su vivienda pública. Lo hizo en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda, a la que acudieron los concejales directamente involucrados y también la alcaldesa, Aída Castillejo, conscientes de que los precios actuales suponen una barrera entre el mercado y buena parte de las familias, mientras que los jóvenes apenas pueden emanciparse incluso pasados los 30 años. El Plan VIVE impulsado desde la Comunidad de Madrid tampoco convencía al consistorio, pues creen que sus rentas son demasiado elevadas. Si algo está claro, o al menos así lo transmitieron las autoridades ripenses, es que aún no hay una fórmula matemática para zanjar este problema, que ya se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles según el CIS. Sin embargo, no todo está perdido.

El Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo de Rivas Vaciamadrid contempla tres objetivos principales y plantea once soluciones para llegar hasta ellos. Una de las palabras más repetidas durante la presentación fue “jóvenes”, y hacia este estrato es donde apunta la primera meta del Ayuntamiento: facilitar su acceso a una vivienda digna para que nadie tenga que mudarse y las nuevas generaciones puedan quedarse en el municipio. “La vivienda es el principal punto de anclaje de cualquier proyecto de vida”, estimaba un día antes de la gran convocatoria el equipo de la EMV. Por eso, tratarán de multiplicar sus opciones y reivindicar a Rivas como un modelo alternativo al de Isabel Díaz Ayuso.

Para lograrlo, los planes pasan por aumentar la oferta disponible desarrollando más vivienda de alquiler asequible y fijar un orden de prioridad para obtener una de ellas, primando a los colectivos con más necesidades que se detectaron en el análisis previo. El segundo objetivo de esta estrategia de vivienda va en esta misma línea: responder a la demanda de esos hogares con más dificultades para acceder a precios del mercado privado.

Y en tercer lugar, como complemento de nueva oferta, se regenerarán y rehabilitarán espacios urbanos o viviendas, mejorando la calidad de vida de sus vecinos. Por ejemplo, reforzando la envolvente de los edificios o las ventanas para aumentar la eficiencia energética y reducir costes por de luz o gas; e introduciendo ascensores y rampas que potencien su accesibilidad. El Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) del Ministerio de Vivienda estima un ratio de una vivienda pública por cada 132 habitantes en Rivas, casi tres veces más que la media de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿cómo aumentarlo?

Viviendas en alquiler sobre cinco parcelas dotacionales

La primera acción que pretende tomar Rivas es trabajar en “soluciones habitacionales” para residentes y hogares formados “mayoritariamente por personas jóvenes”. En el programa de once puntos, se incluyen para este fin los suelos públicos finalistas que han sido considerados adecuados por la EMV para producir viviendas. El proceso de contratación se hará, en cada caso, a través del propio Ayuntamiento y en colaboración con la Empresa Municipal de Vivienda.

Para desarrollar su estrategia, Rivas planea tejer redes entre administraciones y facilitar, desde el equipo municipal, el acceso a medidas de los planes de vivienda autonómicos o estatales. Durante la presentación del viernes, el consistorio también habló de una selección previa de parcelas dotacionales, sobre las que ya proyectan unas 500 nuevas viviendas. Estas se dispondrán en régimen de alquiler bajo principios de no discriminación, publicidad y libre concurrencia.

Entre los requisitos exigidos figurará no ser propietario de ninguna otra vivienda, percibir ingresos dentro de los límites establecidos por el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o formar parte de algún colectivo específico descrito en la convocatoria. Dichas viviendas serán de titularidad pública y deberán seguir siguiéndolo de forma permanente, tal y como indica el escrito municipal. Así que las viviendas protegidas tampoco podrán enajenarse a ningún tercero, ni persona física o persona jurídica.

El Ayuntamiento ya ha escogido cinco parcelas dotacionales sobre las que edificar vivienda pública. La primera está en la calle Picos de Urbión y tiene una superficie de 940 metros cuadrados. Otra se ubica en la vía de José Hierro y se extiende sobre 7.104 metros cuadrados; la tercera, en Jovellanos, con 9.156 metros disponibles; una cuarta en la calle Junkal, con 11.258 m² junto al polideportivo Cerro del Telégrafo; y por último otra parcela en Las Trece Rosas, la más grande de todas: son 20.789 metros cuadrados. Todas tendrán usos residenciales, de locales o aparcamientos, como figura en los distintos proyectos arquitectónicos y en base al principio de adaptación al entorno urbano. 

Viviendas senior colaborativas y adaptadas a la discapacidad

El segundo eje aborda las viviendas colaborativas, en una apuesta por el llamado cohousing senior impulsada mediante cesión de suelo público y la cooperación con entidades sin ánimo de lucro. La idea, sobre el papel, es sencilla: edificios gestionados por cooperativas donde la propiedad es colectiva, pero existe un derecho de uso individual. En la práctica, lo que se pretende con estos proyectos es crear una suerte de oasis que escape de la especulación inmobiliaria y pueda convertirse en una comunidad permanente.

No se trata solo de construir casas, sino de diseñar entornos donde la vida en común tenga peso. La estrategia municipal también piensa reformular los espacios compartidos y servicios colectivos, mediante una lógica de autogestión que cree “vínculos” dentro del barrio. Un ejemplo expuesto recurrentemente es el de Cohabita Rivas, sustentado por tres cooperativas (Taray, Cosmos y La Corrala) y mantiene tres desarrollos en marcha. Dentro de este modelo, la convivencia entre mayores (cohousing senior) se plantea como una respuesta a la soledad y la dependencia en edades avanzadas, con servicios que prometen diseñarse desde la prevención y la autonomía personal.

El plan introduce otras variables. Es el caso de las viviendas colaborativas para personas con discapacidad, donde el objetivo es facilitar la vida independiente con apoyo de entidades sociales. El Ayuntamiento ya cede viviendas a entidades como Aspadir o Fundar para que acompañen a sus futuros residentes y les ayuden en su día a día, con tareas que van desde la gestión doméstica hasta la convivencia en el hogar. Incluso se contempla ampliar este modelo a más formatos, como la residencia con Centro de Día que construirá Aspadir y para la que el Ayuntamiento ya ha cedido una parcela municipal. 

Servicios comunitarios a cambio de un alquiler para jóvenes

En paralelo, Rivas refuerza programas ya existentes que mezclan acceso a vivienda y compromiso social. Uno de los más singulares es el de viviendas compartidas para jóvenes a cambio de servicios comunitarios. Aquí, la moneda de cambio no es el alquiler, sino el tiempo: los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden vivir en pisos municipales pagando solo los gastos comunes, como agua, luz o gas, si dedican unas diez horas semanales a labores sociales impuestas por el Ayuntamiento. Este modelo, a medio camino entre el voluntariado y la política de vivienda, busca facilitar la emancipación juvenil a la vez que se refuerza el tejido comunitario, permitiendo a la juventud ejercer como mediadores vecinales o servir de enlace entre las personas mayores y los servicios que necesitan.

viviendas vacías a su parque público ofreciendo garantías a sus propietarios, como seguros frente a los impagos o desperfectos, de forma que luego puedan ponerse a disposición de los inquilinos a un precio limitado. La intención, tanto de esta medida como en la rehabilitación de edificios municipales, es clara: aumentar la oferta sin depender exclusivamente de la construcción.

En conjunto, el plan dibuja una estrategia que combina cierta innovación social con las herramientas más clásicas. Desde cooperativas de uso hasta bolsas de alquiler, pasando por fórmulas híbridas que cruzan vivienda y cuidados, Rivas intenta abrir grietas en un modelo residencial cada vez más tensionado. El reto, como siempre, será escalar estas iniciativas sin perder su carácter social. Porque, más allá de la arquitectura o la gestión, lo que está en juego es algo más básico: quién puede permitirse vivir en la ciudad, y en qué condiciones ha de hacerlo.

Impulso al comercio local y pisos para deportistas

A ese mapa de políticas públicas, el plan añade otras piezas estratégicas aunque menos visibles, algunas de ellas ya en marcha desde hace tiempo. Una pasa por estimular el comercio de proximidad, entendido como infraestructura básica de barrio, con un doble objetivo: por un lado, ayudar a los negocios impulsados por residentes, y por otro facilitar el acceso a servicios básicos en cada barrio donde haya vivienda pública. El Ayuntamiento plantea poner a disposición locales de titularidad pública —gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)— que dinamicen la economía y refuercen redes entre comerciantes y vecindario.

En realidad, no es tanto una medida económica como urbana: se busca evitar que aparezcan barrios dormitorio, así como reducir la dependencia del coche y favorecer las compras a pie. Dentro de esa misma lógica de diversificar perfiles y necesidades, el documento alude a un programa específico de vivienda para deportistas, dirigido a personas que compiten con los clubes deportivos de Rivas y que, a su vez, realizan trabajo en la ciudad a través de las escuelas deportivas municipales en las que participan miles de niños, niñas y jóvenes ripenses.

Todo este ecosistema de programas se ordena a través del Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo. La EMV es su punto de referencia. El Ayuntamiento plantea que este edificio funcione como oficina de información, una especie de ventanilla única donde la ciudadanía pueda consultar toda la información relativa a vivienda. La idea es concentrar datos, procedimientos y acompañamiento en un solo organismo público. En un contexto de creciente complejidad —cooperativas, cesiones de uso, bolsas de alquiler—, la última apuesta de Rivas pretende mostrar otra salida a la crisis de la vivienda distinta al modelo del PP.

Ver un enclave en un mapa es encontrar un punto que genera preguntas. La existencia de lugares que emergen en medio de otros que le son administrativamente ajenos produce irremediablemente curiosidad, sugiere un momento en el que la historia se torció hasta romper la lógica del territorio. En España el más conocido es Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos pero se encuentra completamente rodeado por Álava. Pero Madrid también tiene el suyo, aunque más modesto y deshabitado.

Los 12 kilómetros cuadrados de la Dehesa de la Cepeda pertenecen al modesto municipio de Santa María de la Alameda, ubicado al oeste de la Comunidad y a 1.440 metros de altura (más que ningún otro en la región), del cual se constituye como pedanía. Les separan 6,2 kilómetros (hay otros 60 hasta Madrid ciudad), pero lo más significativo es que se encuentran en provincias y hasta comunidades autónomas distintas. La Cepeda se ubica al este de Ávila y al sur de Segovia, rodeada por la localidad abulense de Peguerinos y la segoviana El Espinar. Su término nunca confluye con el de la región madrileña a la que pertenece administrativamente.

La llamativa situación no genera demasiados titulares por las circunstancias del terreno en cuestión. Se trata de una zona deshabitada de pastos y rocas graníticas diseminadas. Tradicionalmente se ha destinado a la trashumancia, el pastoreo y la ganadería en general, de ahí ese calificativo de dehesa. Los promotores de esta actividad procedían en su mayor parte de Segovia, en concreto la localidad de El Espinar, que siglos después continúa reclamando la adscripción del territorio a su término municipal.

La anomalía de La Cepeda se remonta al siglo XIX y la famosa desamortización de Mendizabal. La dehesa, por entonces perteneciente al conocido como Sexmo de El Espinar (integrado a su vez en el Concejo de Segovia), fue incluída en las expropiaciones del ministro Pascual Madoz y sacada a subasta. La familia Sainz de Baranda, que no es solo una calle o una estación de Metro, fue la agraciada y se hizo con el extenso páramo. Casualidades de la vida, eran los allegados del por entonces máximo mandatario del Ayuntamiento de Madrid.

Un alcalde histórico en un momento determinante

Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti no fue además cualquier alcalde de la ciudad: fue el primero. Al menos técnicamente, ya que antes de su llegada el cargo se conocía como corregidor o presidente del cuerpo municipal. Destacada figura del liberalismo decimonónico, su figura fue clave en la reconstrucción de Madrid después de la Guerra de la Independencia. Abrazó con fervor la Constitución de Cádiz de 1812, a raíz de la cual puso en circulación el primer bando en el que se citaba el título de alcalde. Un puesto que sometía a votación cada 1 de enero, hasta que los absolutistas volvieron al poder de la mano de Fernando VII y derogaron La Pepa.

Un legado bien valorado por muchos historiadores que se topa en el caso de La Cepeda con el clientelismo propio de la época. El padre de Sainz de Baranda llegó a ser director del Banco Nacional de San Carlos, precursor del Banco de España. Él mismo alcalnzó ese puesto antes de emprender su carrera en el municipalismo en 1808. La mezcla de poder económico y político resultó en la adquisición familiar del terreno.

Cuando se produjo, Santa María de la Alameda todavía pertenecía a la provincia de Segovia. También Peguerinos, hoy en Ávila, y claro está El Espinar. Pero la ejecución de la división provincial de Javier de Burgos en 1833 dinamitó la organización territorial del entorno y partió en tres provincias los municipios históricamente ligados a La Cepeda.

Desde entonces, ni la cesión de los terrenos por parte de los Saiz de Baranda a otras familias ganaderas ha modificado el encaje administrativo de este punto geográfico. De hecho, el alejamiento administrativo solo ha ido a más. En 1983, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la frontera provincial pasó a ser además autonómica.

Litigios y reclamaciones cruzadas en “una pequeña Galicia”

Pero el paso de los siglos no ha terminado de tumbar los recurrentes intentos de recuperar el territorio por parte de la Diputación de Segovia y los consistorios de Peguerinos y El Espinar. La cuestión llegó incluso a los tribunales, cuando el 8 de abril de 1944 el Ayuntamiento de Peguerinos solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Cebreros (Ávila) la nulidad de la inscripción ya que no se adecuaba a la realidad. El escrito, según recoge el portal A21, argüía que el ayuntamiento de Santa María de la Alameda era titular únicamente del vuelo o facultad de edificación, pero el suelo era de Pereguinos. Se parapetaban en un acta de deslinde de 1909, en la cual los representantes de Santa María de la Alameda indicaban que el suelo era propiedad del pueblo abulense. El Consistorio de la localidad madrileña se defendió apelando a la inexactitud de algunas refencias históricas de la demanda y acabó conservando la titularidad del territorio.

Medio siglo después, fue El Espinar quien volvió a la carga para recuperar La Cepeda. O al menos, para poner el grito en el cielo. En 1995 su por entonces alcalde, Juan José Sanz Vitorio (Partido Popular), expuso su postura en declaraciones a El País. Elogió el “alto valor ecológico” del entorno y aseguró que su adscripción a la villa segoviana lo guarecería “eficazmente”. Para legitimar tal protección, Sanz recurrió a documentos con rúbrica monárquica que databan del siglo XIV. En ellos se estipula que La Cepeda era de uso comunal para los concejos segovianos, como El Espinar. El reportaje detalla que esta postura era compartida por su antecesor, el socialista Jesús Olmos, que llevó el asunto ante el arbitraje del Senado a través de la Diputación de Segovia, sin que prosperara.

Por aquel entonces acababa de tomar el bastón de mando de Santa María de la Alameda una joven alcaldesa, la popular Begoña García Martín, que respondió con contundencia, pero con cautela: “No tengo intención de renunciar a ningún territorio del municipio. La Cepeda pertenece a la madrileña Santa María de la Alameda al menos desde 1897. Pero aún hay que hablar el asunto. Necesito conocerlo bien. Estoy dispuesta a entrevistarme con el alcalde Vitorio”. 20 años después, la exalcaldesa seguía admitiendo la complejidad del asunto en otra entrevista: “Es bastante confuso. Este municipio está muy diseminado tanto dentro como fuera del término municipal, es como una pequeña Galicia”. Si Santa María es como Galicia, La Cepeda es su Finisterre: el último confín.

“Se le notan los tijeretazos”. “Una dramaturgia al servicio de un apolillado nacionalismo españolista”. “Más de 140 minutos de égloga pastoril destinados a enardecer el sentimiento nacionalista frente al invasor mameluco”. Son algunas de las críticas que recibió en su estreno Sangre de mayo (2008), la película más ambiciosa y el gran fiasco de la carrera de José Luis Garci, ganador de un Oscar por Volver a empezar (1982) y uno de los pocos directores españoles que ciertos sectores de la derecha española salvan del desdén (cuando no del odio). Esa misma derecha que insiste en el discurso de los “subvencionados” para descalificar el séptimo arte patrio, por mucho que las ayudas reviertan positivamente en la economía o contribuyan al desarrollo artístico de todo el país.

Frente a esos duros comentarios de la prensa especializada, Esperanza Aguirre calificó Sangre de mayo como un “resultado artísticamente muy satisfactorio”. Lo hizo para responder a las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, el mismo lugar donde pronunció la frase “yo destapé la trama Gürtel”. Una visión condicionada por el papel de la expresidenta autonómica en la película, financiada casi íntegramente a través de Telemadrid, con un proceso mucho más opaco y discrecional que el que regula las ayudas habituales al cine español. Aguirre fue más que la madrina del proyecto: se convirtió en su principal impulsora y la que encargó a Garci una gran producción con la que conmemorar los 200 años del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés.

Según datos de la Comisión de Empresa de Telemadrid, la televisión autonómica invirtió 15.570.477 euros “a dedo sin concurso público” para que la productora de Garci, Nickel Odeon, levantara la película. Una cantidad generada con una aportación extraordinaria al presupuesto del ente público a través la Consejería de Educación. Todo ello pese a los informes negativos de la Dirección Económica del Ejecutivo de Aguirre. A esa cifra hay que sumar otros 1,2 millones para la promoción y distribución del largometraje, a través de una contratación con la empresa Alta Classics, según recogió infoLibre.

Un masivo (y arbitrario) apoyo institucional que no fue correspondido en los cines. La recaudación en salas, después de su estreno el 3 de octubre de 2008 (ni siquiera llegó a estar lista para el 2 de mayo), no llegó a los 745.000 euros. Los datos, recopilados por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), implican que su taquilla recuperó menos de un 5% de la inversión pública.

Aunque fue una de las producciones con mayor presupuesto de aquel año y de la historia del cine español, ocupó la 21ª posición a nivel de recaudación entre las películas españolas de 2008. Por comparar, otra película histórica lanzada ese mismo ejercicio logró un respaldo del público mucho más elevado: Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, recaudó 4,2 millones de euros en todo el país y 5,7 millones a nivel global. Y eso que la temática de la Guerra Civil, según dicen, agota al público. El presupuesto de esta adaptación de varios relatos del libro homónimo de Alberto Méndez, con guion del propio Cuerda y Rafael Azcona, fue de cinco millones más otros 600.000 euros en marketing. En total, apenas un tercio respecto al del drama histórico de Garci.

Al director de El crack (1981) le fue algo mejor cuando su epopeya galdosiana se emitió en televisión, por supuesto a través de Telemadrid. Se emitió el 26 de diciembre del propio 2008 y logró un 17% de cuota de pantalla en la comunidad, con 332.000 espectadores. Esto es, casi el doble de los que logró en el cine, donde la eligieron menos de 127.000 personas.

Quienes no se perdieron Sangre de mayo, o al menos posaron antes de su proyección, fueron las personalidades políticas que acudieron a su preestreno en los cines Callao de la Gran Vía. Además de la propia Aguirre, retratada junto a Garci, se dejó ver por allí el exministro de Trabajo de José María Aznar y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana (a la postre condenado a diez años de prisión por corrupción).

Un fiasco que Aguirre justificó atacando a Zapatero

Ante la debacle de Sangre de mayo, Aguirre llegó a responsabilizar al ICAA y al Ministerio de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con un rocambolesco argumentario: “Me ha escandalizado, cuando hoy mismo me he enterado gracias al control parlamentario, que el Instituto de la Cinematografía le ha denegado a la productora de esta película el permiso para el doblaje al inglés y la reproducción de copias para asistir a festivales internacionales a los que había sido invitada la película. Resulta que a José Luis Garci, que es de los pocos directores españoles que tienen el Oscar, como no ha sido de los de la ceja y no aplaude a ZP, se le niega incluso la participación en festivales”, afirmó la expresidenta en la Asamblea, como recoge esta crónica de El Mundo.

El ICAA respondió que su negativa era a abonar a la productora Nickel Odeon una copia en inglés “con dinero público al margen de toda subvención reglada” y calificó las palabras de Aguirre de “rotundamente falsas”. En un comunicado, la entidad trasladó que no posee “en ningún caso, la facultad de aprobar o prohibir el permiso para que una película española se doble o subtitule al inglés con el fin de participar en certámenes internacionales”. Y añadían: “Una productora que ha recibido una ayuda directa de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid/Telemadrid [subvención quince veces superior a la máxima que pueden percibir como ayuda estatal las películas españolas] no precisa que también se haga una copia subtitulada a expensas del dinero público”.

En cualquier caso, la incidencia de este doblaje en la proyección internacional de la película habría sido mínima, ya que la inmensa mayoría de festivales (y todos los de mayor prestigio e influencia) pasan las películas en versión original subtitulada.

Años después, y pese a la proliferación del discurso difamatorio hacia las subvenciones desde sectores reaccionarios, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siguen concediendo ayudas directas. Ocurrirá con lo nuevo de Woody Allen, que se rodará íntegramente en la región y cuyo título incluirá “Madrid”, según el acuerdo de patrocinio al que llegó el cineasta con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, por el que accederá a sendas subvenciones de 1,5 millones cada una. Según fuentes municipales, estas aportaciones servirán para sufragar la cuarta parte del presupuesto de la película, estimado en 12 millones de euros.

El bicentenario del 2 de mayo, la obsesión de Aguirre en plena crisis económica

Conmemorar los 200 años de la rebelión popular contra las tropas napoleónicas (aunque en realidad este pasaje solo ocupa los últimos 40 de sus 150 minutos de Sangre de mayo) se volvió uno de los principales caballos de batalla de Aguirre durante su presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fundación Caja Madrid y el Gobierno autonómico financiaron publicaciones y algunas actividades canalizadas a través de la Fundación Dos de Mayo, creada para la ocasión, por un valor de ocho millones de euros. Todo el cuando la crisis económica ya hacía estragos entre la población.

El entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, denunció ante Miguel Blesa el “despilfarro” de la fundación estrella de Aguirre y expresó que algunas cifras presupuestadas eran “disparatadas”. Estas cuentas no incluyen actividades como la exposición Madrid Dos de Mayo: Un pueblo, una nación, que dirigió Arturo Pérez Reverte a cambio de 300.000 euros, ni por supuesto la inversión en el drama de Garci.

El responsable de El abuelo (1998) volvió a beneficiarse del potencial económico de Telemadrid, ya que produjo y presentó el espacio Cine en blanco y negro entre 2009 y 20212, que según eCartelera costó 865.000 euros. Consistía en un debate sobre cine, precedido por la emisión de una película, y cada programa salía a unos 7.000 euros. Además, la cadena pública financiaba parcialmente todas sus películas desde Historia de un beso (2002). Muy sonado fue en su momento el cameo del exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en la igualmente fracasada Holmes & Watson. Madrid Days (2012). Garci, la única persona capaz de salvar las diferencias y unir a Gallardón y Aguirre.

El drama histórico-detectivesco, convertido en objeto de culto ya desde su tráiler, también tuvo su cuota de controversia. Esa vez, después del estreno: tras conseguir apenas 60.000 euros en su primer fin de semana, mes y medio después experimentó un inaudito aumento en su recaudación superior al 5.000%. De unos 185.000 euros acumulados en los cines del 7 de septiembre al 14 de octubre, la recaudación bruta de Holmes y Watson subió hasta los 194.616 euros en solo una semana. La película pasó de vender entradas por valor de 682 euros en la semana previa a la anomalía a rozar los 9.000 durante esos siete días que causaron suspicacias. No tardaron en emerger acusaciones de autocompra de entradas para garantizar que la cinta pudiera beneficiarse de ayudas sujetas a logros en taquilla.

Un Garci menor a partir de Galdós

Garci se sirvió en Sangre de mayo de dos de los Episodios Nacionales firmados por Benito Pérez Galdós, La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo. Así, el material de partida que adapta junto a Horacio Valcárcel (su habitual coguionista) parecía augurar una calidad mínima. El problema estuvo en trasladar esos relatos, entre la épica, el costumbrismo y la intriga palaciega, a una película de dos horas y media.

El resultado es un drama de afán panfletario, deslavazado, irregular, sin ningún sentido del montaje (el uso de la cámara lenta en la escena más ambiciosa de la película es irrisorio) y en definitiva una de las peores películas de un director capaz de crear grandes obras. La terminan de lastrar la dificultad de construir escenas de acción verdaderamente potentes, un desenlace anticlimático o la sensación de descuido que transmite su rodaje en estudio, por mucho que haya exteriores como la Puerta del Sol o la plaza mayor de Torrelaguna. Este último problema es especialmente curioso, pues de ello se encarga el oscarizado Gil Parrondo, al igual que en la anterior Tíovivio c.1950 (2004), estupenda película coral cuya gran fortaleza es la construcción histórica, narrativa y emocional a través de los decorados.

Al largometraje, que actualmente no está disponible en ninguna plataforma más allá de YouTube, se le pueden encontrar eso sí algunos hallazgos. Especialmente en el plano interpretativo, con Miguel Rellán, Enrique Villén, Manuel Galiana, Fernando Guillén Cuervo y Tina Sáinz a la cabeza (Quim Gutiérrez y Paula Echevarría solo hacen lo que pueden con dos personajes protagonistas tan faltos de color como la fotografía de la película). Optó a siete premios Goya (Sáinz como mejor actriz de reparto y seis categorías técnicas), aunque no logró ninguno en una ceremonia que coronó una película contra la manipulación sentimental, mediática y económica del Opus Dei: Camino (Javier Fesser, 2008).

También tiene cierta gracia el retrato del Madrid decimonónico, sobre todo en un prólogo narrado por el propio Garci que dibuja ese centro castizo de la ciudad ahora arrasado por las políticas de fomento especulativo emprendidas por la propia Aguirre y retomadas por su discípula Ayuso. Una ciudad que es Corte y a la vez Villa, con ansias de nobleza y espíritu de plebe. Un Madrid del pueblo que por supuesto merece una película que aborde los sucesos del 2 de mayo. El problema, claro, es que es insostenible mantener ese enfoque popular durante dos horas y media con una producción levantada desde la élite madrileña.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una votación para extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por un barrio de Carabanchel donde todavía no hay parquímetros y por otro donde el sistema se prueba en una pequeña parte desde hace años y ahora apuesta por extenderse.

La consulta tiene lugar en Decide Madrid hasta el lunes 11 de mayo y solo está disponible para los residentes de Opañel y San Isidro, los dos barrios afectados por la ampliación. Los residentes de estas zonas han de decidir si dan luz verde a las intenciones municipales de complementar el resto de ampliaciones del SER con esta nueva actuación, en zonas aledañas a calles con aparcamientos regulados con pintura verde y azul.

La ampliación más importante será la de Opañel, que afectaría a la mitad del barrio, desde la zona más cercana a Comillas hasta el límite marcados por las calles Mercedes Arteaga y Portalegre. Al sur, el final de la nueva zona SER estaría marcado por la avenida de Oporto. En total serán 2.760 plazas, de las que la mayoría serían para residentes y solo 136 azules, para visitantes.

En cuanto a la ampliación en el barrio de San Isidro, afectaría a varias manzanas aledañas a Marqués de Vadillo hasta llegar a la calle Comuneros de Castilla, sin afectar a las manzanas traseras del tanatorio. En este caso las plazas pintadas serán 401, de las que 355 serán para residentes y 46 para visitantes.

Esta audiencia pública ha estado precedida por una reunión informativa con vecinos, vecinas y asociaciones de ambos barrios, en los que se expusieron las distintas alternativas relativas a la implantación de la zona SER en Opañel. Dicha reunión se celebro el pasado 8 de abril en el centro cultural Fernando Lázaro Carreter.

La última ampliación del SER en Madrid data del pasado mes de noviembre, cuando el barrio de Zofío (Usera) entró en el sistema. Antes lo habían hecho en Comillas, donde las votaciones afirmativas alcanzaron el 86%.

El 1 de mayo de 1964, Francisco Franco se dio un baño de masas en el estadio Santiago Bernabéu durante las jornadas de San José Obrero (o Artesano), un intento de cooptar la fecha internacional del Primero de Mayo que se venía celebrando con espectaculares demostraciones sindicales de la Obra de Educación y Descanso desde 1958. Pero la celebración de aquel año, que coincidía con el veinticinco aniversario del régimen, quiso ser especial.

La Demostración Sindical incluyó las habituales actuaciones de los coros y danzas de las distintas regiones españolas con sus respectivos trajes regionales. Siguieron El baile de la cenicienta, con 200 bailarines sobre patines. Luego, se hizo el ruido en el coso madridista con el rugir de ochenta motoristas haciendo cabriolas al ritmo de La cabalgata de las valquirias. 700 jóvenes gimnastas de la Sección Femenina salieron a continuación. Un coro formado por 2.500 trabajadores y trabajadoras de distintos puntos de España cantó al unísono una parte del Mesías de Händel y del Príncipe Igor de Borodin también. Y ballet, con 150 bailarines de Bilbao por Tchaikovsky.

Para el número final, 4.000 trabajadores hicieron una tabla de gimnasia masculina. La noche terminó, a las once menos veinte, con las notas del himno nacional ante la atenta mirada de Franco y su familia. En un palco contiguo, los acompañaban Juan Carlos de Borbón, Sofía de Grecia y Alfonso de Borbón Dampierre.

Un rato antes, el Jefe del Estado había inaugurado a 500 metros del estadio del Real Madrid “la magna exposición” España 64. Franco llegó a la lonja de los Nuevos Ministerios a las siete y veinticinco de la tarde (según el diario falangista Libertad), acompañado de doña Carmen Polo de Franco y de su hija, la marquesa de Villaverde. Allí, les recibieron distintos miembros de su gobierno, otros altos mandos del régimen –como el conde de Mayalde, alcalde de Madrid– y, por supuesto, Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, que era el responsable del evento y dio un discurso del que el diario destacó la frase “la paz fue el objetivo supremo de nuestra lucha”.

La inauguración de la exposición se enmarcaba en una fecha estratégica y el aniversario redondo quería ser un punto de bisagra en la narrativa del franquismo. La década de los 50 había terminado con el agotamiento del modelo autárquico y el franquismo buscaba afianzar el modelo tecnocrático y desarrollista, lanzado con el Plan de Estabilización de 1959.

El nombramiento de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo en 1962 pretendía dar al franquismo una nueva imagen, que lo proyectara como Estado capaz de cabalgar la modernidad sin renunciar al orden. Para ello, se buscó un nuevo discurso sobre el momento fundacional del régimen, la guerra, abandonando la narrativa de la cruzada, subrayando el carácter de “guerra entre hermanos” y patrimonializando una supuesta misión por la paz entre españoles que permitía superar el trauma nacional.

El giro venía empujado por el trabajo de hispanistas como Hugh Thomas, Gabriel Jackson o Herbert Southworth, que desmentían profesionalmente los recetarios históricos del régimen; e incluso por proyectos editores en el exilio como Ruedo Ibérico. Para intentar ganar la batalla de la propaganda desde la construcción del relato del historiador, Fraga fundó el Gabinete de Estudios sobre la Guerra de España (a veces llamado Sección de Estudios), que tenía al frente al historiador Ricardo de la Cierva.

Para llevar a cabo la exposición España 64, el ministerio de Fraga encargó al arquitecto Emilio Pérez Piñero una estructura desmontable de aluminio. La propia biografía del arquitecto parecía subrayar la narrativa que hilvanaba los fastos: era hijo del ingeniero militar republicano Antonio Pérez Ruiz, que participó en el proyecto de las defensas de Madrid en 1936.

La infraestructura contaba con una cubierta de 8.000 metros cuadrados. La empresa contó con la asistencia técnica de la fábrica en Getafe de Construcciones Aeronáuticas S. A. (CASA). El pabellón costó 14 millones de pesetas, a los que habría que sumar otros 25 millones para la propia exposición y su gira itinerante. Se desmontó de Madrid en junio, pero fue llevada luego a Barcelona y San Sebastián, dibujando un itinerario de ciudades que había resistido hasta los estertores de la guerra. Aunque España 64 no llegó a todos los rincones del país, si lo hicieron otras más pequeñas formadas por carteles.

La clausura de la exposición volvió a orillas de la Castellana, el eje en el que el primer franquismo había querido construir su nuevo Madrid, lejos de la decadente Gran Vía y de los barrios bajos del populacho en la ciudad antigua. Terminó el 21 de diciembre de 1964 con una ceremoniosa colocación de la primera piedra del Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones de Madrid en la Avenida del General Perón.

La entronización del término paz continuaría jalonando el año 1964 más allá de los propios fastos oficiales de los XXV años de paz. El desfile de la Victoria, celebrado en el mismo mes de mayo, se bautizó como Desfile de la paz. Transcurrió, como era habitual, por el Paseo de la Castellana y estuvo presidido por Francisco Franco. En la plaza de Colón, el regimiento de zapadores construyó un puente metálico sobre el que se leía el mensaje “XXV años de paz española”.

Además, se inauguraron numerosas infraestructuras y hasta barriadas, como la que se construyó un año después en Málaga, que aún conserva el nombre. En el mismo sentido de cambiar la imagen exterior del régimen, podemos incluir otro acontecimiento que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu bajo la mirada del caudillo: la victoria en la final de la Copa de Europa de Naciones el 21 de junio frente a la Unión Soviética, con el icónico gol de Marcelino a Yashin. Tras la victoria de La Roja, L’Equipe publicaría: “En Madrid el fútbol ha dado una nueva lección de solidaridad y de comprensión, pues esta paz ha venido a reconciliar alrededor de un balón y de un encuentro, alrededor de una copa de plata, dos pueblos que se ignoraban”.

La España del 600 y el primer turismo, la que anhelaba entrar en la Comunidad Económica Europea, diseñó cuidadosamente un cambio de rumbo discursivo –de la cruzada a la paz, de la guerra contra el rojo a la tragedia fratricida– que le permitiera ser admitida en el club de la modernidad. Hablando de una guerra que habían ganado como si todos la hubieran perdido. Como si a ellos les correspondiese diseñar la paz.

No es fácil saber a qué convocatoria del Primero de Mayo acudir en una ciudad como Madrid, donde hay casi tantas citas como siglas componen el universo de las centrales sindicales. Hemos hecho una recopilación lo más completa posible para ayudaros a guiaros entre la oferta del día por excelencia de la clase trabajadora.

Como es habitual, las centrales sindicales mayoritarias han convocado juntas en la que se espera la manifestación más multitudinaria de la jornada. El lema que han elegido CCOO y UGT es “Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracracia”. La manifestación transcurrirá desde la Gran Vía en su esquina con Alcalá (la cita es a las 12 h.) hasta la Plaza de España.

El 1º de mayo interseccional y combativo reúne, como en los últimos años, a distintas centrales sindicales y a colectivos sociales, incluyendo a CNT Madrid, CGT, Solidaridad Obrera, sindicatos de inquilinas o sindicatos de barrio, entre otros colectivos sociales. En esta ocasión, la convocatoria transcurrirá desde Marqués de Vadillo (la cita es a las 11.30 h.) al parque Casino de la Reina, en Lavapiés. El lema que anima la manifestación es “Contra el imperialismo, unidad de clase”.

La Federación Local de Madrid de CNT-AIT (no confundir con CNT-CIT) ha convocado a las 12 del mediodía en el metro Buenos Aires bajo el lema “Estado y capital, alianza criminal”.

El Sindicato Único de Extremadura, el Sindicato de Transportes y Comunicación de Madrid y Fesibac (CGT) han organizado una concentración a las 13 h. en la Plaza del Reina Sofía con la actuación de los grupos Reincidentes y Lucy. “Contra el odio y la pobreza, que se justa la revolución”, reza el cartel.

La Coordinadora Juvenil Socialista se une este año al catálogo de convocantes de manifestaciones del 1 de mayo con itinerario propio. Ha convocado con el lema “Por la derrota del eje genocida”. La marcha comenzará a las 12h en la plaza Roja de Vallecas (nombre popular de la plaza de la Constitución) y recorrerá las calles del distrito de Puente de Vallecas.

USO también ha convocado este año en Madrid. La cita es a las 11:00 horas y la marcha transcurrirá desde el Paseo de las Delicias (en su confluencia con la calle Ferrocarril) hasta la plaza de Las Cortes, a donde se esperan llegar a las 12.30 h.

Cortes de tráfico previstos:

Madrid perdió 30.647 habitantes en 2025 respecto al año anterior, según los datos del padrón municipal que ha dado a conocer este jueves la vicelacaldesa Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La ciudad rompe así una tendencia alcista iniciada en los años posteriores a la pandemia y disminuye su población un 0,87%.

A 1 de enero de 2026, en la capital estaban registradas 3.497.277 personas. La ciudad se deja así el umbral simbólico de 3,5 millones de habitantes, que rebasó por primera vez en el padrón de 2024. Pese a ello, se trata de la segunda cifra más elevada de la serie histórica y el incremento desde 2019 es de 230.000 vecinos. Sanz ha apostillado, según recoge Europa Press, que los datos se han visto afectados por un ajuste del padrón “sin el cual la población hubiera crecido en torno a los 70.000 habitantes”.

Lo más reseñable es que este retroceso se ha producido aunque Madrid revierte su tendencia al saldo vegetatitvo negativo. Como ha indicado Sanz, “por primera vez en años” se han producido más nacimientos (27.097, 884 más que en 2024) que defunciones (26.533). En total, el número de alumbramientos supera en 564 al de muertes.

En relación al origen, el 80,6% de la población es de nacionalidad española frente al 19,4% de nacionalidad extranjera. Respecto al lugar de nacimiento, el 69,5% han nacido en España (2.432.079) frente al 30,5 % que lo ha hecho en el extranjero (1.065.198). Comparando las cifras del ejercicio anterior, los habitantes de nacionalidad española disminuyeron en cerca de 2.400 personas, mientras que en el caso de los extranjeros la caída supera los 28.000 habitantes. Por género, hay un 47% de hombres (1.642.288) y un 53% de mujeres (1.855.049).

Sanz ha explicado que, a la reducción del número de entradas desde el extranjero y al incremento de las migraciones interiores a otros municipios (dos circunstancias que han mitigado el saldo migratorio positivo de ejercicios previos), se ha unido un saldo negativo acusado derivado del número de bajas por gestión tramitadas en 2025. Son aquellas a las que obliga la normativa padronal, pero que no están causadas por movimientos efectivos de población.

Son bajas por caducidad y por no confirmación las que causan los habitantes extranjeros que no cumplen con su obligación legal o administrativa de renovar o confirmar su inscripción padronal. Asimismo, son bajas por inscripción indebida las de las personas de las que se tiene conocimiento que ya no residen en el domicilio en el que constan, pero que no se han empadronado en otro. Durante 2025 las altas y bajas tramitadas por gestión arrojan un saldo negativo de casi 100.000 habitantes, derivados de 28.450 altas y en 127.825 bajas.

Menos llegadas desde el extranjero y más mudanzas fuera de la ciudad

En cuanto a las mencionada reducción de llegadas desde el extranjero, en 2025 fueron 117.706 altas, por las 136.000 de 2024. Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, China, Ecuador y México aglutinan más de la mitad de esos movimientos. Los países de destino más habituales para quienes se marcharon de Madrid fueron Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Alemania, Suiza y Venezuel. El saldo migratorio exterior registró 117.706 altas procedentes del extranjero frente a 11.589 bajas, lo que arroja un saldo migratorio exterior positivo de 106.117 personas.

En un contexto de crisis de la vivienda y alza de los precios, son los movimientos migratorios interiores los que ahondan en cifras negativas, con una pérdida neta de 37.957 personas (82.235 altas frente a 120.192 bajas). La mayor parte de estas mudanzas se produjeron a otros municipios de la Comunidad de Madrid (cerca de 57.000), pero también hacia provincias como Toledo, Barcelona, Valencia, Alicante y Guadalajara. Al igual que en los movimientos de salida, los mayores flujos de entrada se produjeron desde los municipios cercanos a Madrid y desde la provincia de Barcelona, a la que se añaden Toledo, Valencia, Málaga y Alicante.

Carabanchel lidera la población y Vicálvaro el crecimiento

Donde no hay cambios es en el distrito más poblado de la ciudad, que vuelve a ser Carabanchel, esta vez con 278.000 vecinos. Le siguen Puente de Vallecas (257.924), Fuencarral-El Pardo (256.037) y Latina (251.139). Son solo cuatro de los 21 que hay en la ciudad, pero concentran casi el 30% de la población municipal. Vicálvaro (97.860), Moratalaz (94.405) y Barajas (50.613) son los que cuentan con menor número de residentes.

Vicálvaro y Barajas son precisamente dos de los únicos tres distritos donde sube la población, 2.627 y 74 habitantes respectivamente. El primer caso está sin duda marcado por el avance de nuevos desarrollos urbanos como El Cañaveral o Los Berrocales. Un proceso similar al de Villa de Vallecas, que gana 1.047 personas. En el extremo opuesto, los mayores descensos de población se han registrado en Centro (-4.549), donde más se acusa la actualización del padrón, seguido de Ciudad Lineal (-3.741) y de Salamanca (-3.540).

Diez distritos presentan un crecimiento vegetativo positivo, por encima de 300 personas, comandados por Vicálvaro (+2.120), Villa de Vallecas (+1.534) y Hortaleza (+1.492). Por contra, Centro pierde más de 2.700 residentes al medir la diferencia entre nacimientos y muertes. En total, se produjeron más de 111.000 cambios de domicilio dentro del municipio con destino a otro distrito de la capital.

El céntrico barrio de Letras sumará un nuevo hotel de lujo a la ya abundante oferta de Madrid, esta vez en un edificio que hasta hace poco era un convento de monjas. La antigua residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón, situada en el cruce de las calles Cervantes y San Agustín y que este año hubiera cumplido un siglo, se transformará en un hotel boutique si prosperan los cambios urbanísticos que está tramitando el Ayuntamiento de la capital a petición de un grupo empresarial de origen israelí.

Según los detalles del proyecto, el hotel contará con 33 habitaciones de lujo distribuidas en los 3.500 metros cuadrados de los que dispone actualmente el inmueble, que también albergarán un restaurante y un club privado, dentro de la tendencia que vive Madrid en los últimos años de ofrecer productos exclusivos de ocio para las clases altas.

El edificio fue construido entre 1892 y 1895 como casa señorial para Alonso Álvarez de Toledo, marqués de los Vélez y conde de Niebla, aunque en el año 1926 fue adquirido por la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, donde estableció su convento y un colegio. El proyecto inicial era del arquitecto Enrique Sánchez y Rodríguez, aunque para el uso religioso se produjeron diversas reformas, efectuadas por Joaquín Sainz de los Terreros. Entre ellas, la construcción de una cuarta planta a las tres con sótano que ya tenía, para hacer sitio a las aulas. En el año 2009 llegaron las últimas obras de modernización. Hasta ahora.

Detrás de esta operación inmobiliaria se encuentran las empresas Sircle Collection y Take Point, asociadas en este proyecto. La primera es una firma hotelera con sede en Ámsterdam pero dirigida por el israelí Liran Wizman, con establecimientos en Londres, Praga o Barcelona. La segunda es una promotora inmobiliaria fundada recientemente por antiguos gestores de Global Iberia, otra sociedad centrada en el ladrillo procedente de las inversiones del también israelí Teddy Sagi.

Aunque el hotel Sir Agustin —este es el nombre previsto— no tiene aún el proyecto aprobado, el antiguo convento está abierto al público desde hace semanas con motivo de Casa Decor 2026, una muestra de interiorismo que cada año interviene un espacio que va a ser reformado posteriormente, para mostrar las últimas tendencias en la decoración de hogares. En la presentación del evento estuvieron representantes tanto de Sircle Collection como de Take Point. “Este edificio es especial para nosotros”, explicó una portavoz de la primera firma durante la presentación a prensa, que ya anunció la apertura de un club privado en el inmueble, coincidiendo con la futura apertura del hotel. “Estamos muy orgullosos de poder abrir al público un edificio que tenga tanta historia”, explicaron desde Take Point, que prometieron “respetar la parte patrimonial y cultural” del edificio “con un toque de modernidad”.

Este proyecto hotelero que promete “aportar energía cultural y creativa a Madrid, reforzando la posición de la ciudad como capital europea del arte, el diseño y la inspiración urbana”, se une al de otros muy cercanos ya aprobados por el Gobierno de Almeida, como el del hotel que construirá la ONCE sobre su antigua sede de la calle Prado, a menos de 200 metros del convento de las Esclavas. O el que se levantará con la demolición de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en la cercana calle Verónica. La oposición habla de “ultrasaturación” de oferta hotelera en esta zona.

Dos de cada tres hoteles de Madrid son ya de lujo

Más Madrid es especialmente crítico con este nuevo proyecto: “Acabamos de conocer un caso, otro más, que lo resume todo. Una empresa de capital israelí acaba de comprar un convento en pleno barrio de Las Letras. Un edificio con protección integral”, explica su concejala, Sara Ladra. “Como su intención es cambiar su uso actual y convertirlo en hotel de lujo, han solicitado nada menos que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y el Ayuntamiento de Almeida se lo está tramitando”, asegura.

El principal partido de la oposición destaca que el edificio, con la máxima protección patrimonial, albergaba además del convento un colegio y una capilla neorrenacentista. “Y el alcalde ya está buscando la manera de autorizar esta lucrativa operación”, advierte. “No es una excepción. Es el modelo. En Madrid ya no hay ningún límite cuando el dinero llama a la puerta”. Según cifras de Más Madrid, en siete años, los hoteles de lujo han crecido un 50%. Este año abren nueve de cinco estrellas. Y dos de cada tres hoteles existentes en la capital son ya de cuatro o cinco estrellas. Las operaciones inmobiliarias de este tipo movieron 601 millones de euros en la capital solo en el año 2023.

Este modelo turístico recibe el apoyo sin fisuras del actual equipo de Gobierno, aunque esté encareciendo los precios considerablemente. “Almeida nos vende que el turismo de lujo beneficia a toda la ciudad. Es falso. Ese gasto se concentra en la almendra central. Vallecas, Carabanchel, Latina no ven un euro”, apunta Sara Ladra. “Lo que sí ven es cómo sus pisos se convierten en apartamentos turísticos, cómo sus alquileres se disparan y cómo sus barrios se vacían”.

Según Más Madrid, para Almeida la ciudad “es un producto para especular. Y el convento de Las Letras es la prueba más reciente de que ningún límite, ni siquiera la protección integral del patrimonio se interpone entre él y los fondos de inversión”.

La Comunidad de Madrid celebrará este año las Fiestas del 2 de Mayo con un gran espectáculo de drones desde el Parque de la Cuña Verde de Latina, además de conciertos y espectáculos gratuitos de artistas y grupos como Alcalá Norte, Bely Basarte, Judeline, joseluis, Lobos Negros y Berkana. La explanada de Puente del Rey será el escenario principal de estas actividades, que se desarrollarán del 30 de abril al 3 de mayo.

Como cada año, la protagonista de la celebración será la recreación histórica del 2 de Mayo, a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814. Además, esta programación incluye el primer Encuentro de Folclore, un concierto de antología de la zarzuela a cargo de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y la proyección de la película Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo.

A continuación, recopilamos todos los detalles sobre la programación de las Fiestas del Dos de Mayo 2026 en Madrid:

Judeline y Alcalá Norte protagonizan la programación musical

Tanto bandas consagradas como las últimas revelaciones de la escena musical se subirán al escenario al aire libre de Puente del Rey. El 30 de abril, el grupo Berkana y Los Seminuevos presentarán su proyecto, que aúna rock y espiritualidad. Ese día también será el turno de Lobos Negros, banda talaverana pionera del rockabilly en España.

El viernes 1 de mayo, la madrileña Bely Basarte actuará con su repertorio pop, mientras que la joven cantautora Judeline presentará un proyecto que trasciende los géneros, al combinar pop, electrónica y la tradición de su tierra natal, Caños de Meca.

El cantautor murciano joseluis actuará en el escenario de Puente del Rey el 2 de mayo, en una jornada en la que también se subirá Alcalá Norte. Después del respaldo unánime de la crítica y el público a su primer álbum, la banda del madrileño barrio de Ciudad Lineal prepara ya su segundo trabajo discográfico.

Jueves, 30 de abril

Viernes, 1 de mayo

Sábado, 2 de mayo

Una recreación del levantamiento de 1808 y mil drones

Como ya es tradición, estas fiestas conmemorarán el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa de 1808 con una escenificación histórica del 2 de Mayo a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814. Esta cita, que tendrá lugar el sábado en varios puntos de la capital, desde la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y la explanada de Puente del Rey, reunirá a numerosos participantes, caballos, carruajes y piezas de artillería en un espectáculo que incluirá un desfile y la representación de episodios como la defensa del cuartel de Monteleón o los sucesos de la Plaza de Oriente.

Sábado, 2 de mayo

Otra de las novedades de este año será la visualización en el Parque de la Cuña Verde de Latina, del primer espectáculo gratuito de 1.000 drones simultáneos que se llevará a cabo en España. El Gobierno autonómico, en colaboración con Indra, ha diseñado Madrid en el Cielo, de 12 minutos de duración, en el que se formarán 10 escenas, con hasta 16 figuras, inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural de la región. Esta exhibición tendrá lugar coincidiendo con el 50 aniversario del distrito de Latina, cuya Junta Municipal se constituyó en junio de 1976, tras su separación de los antiguos Carabancheles.

Sábado, 2 de mayo

Zarzuela, folclore y Mayas 

Puente del Rey también acogerá propuestas de folclore y zarzuela. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ofrecerá el 1 de mayo un programa con algunos de los títulos más emblemáticos del teatro lírico, bajo la dirección de Luis Miguel Méndez Chaves.

Por su parte, el 2 de mayo, tanto en este escenario como en el parque de Santander, la Asociación Cultural de Música y Danza Arrabel interpretará melodías de la Comunidad de Madrid y de regiones limítrofes. Asimismo, la Asociación Coros y Danzas Francisco de Goya presentará Lo nuestro, un espectáculo de bailes y danzas de la capital que incluirá piezas goyescas y de escuela bolera.

Al día siguiente, la música y la tradición protagonizarán el primer Encuentro de Folclore, con la participación de agrupaciones procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Aragón. Desde Pontevedra llegará la Rondalla Santa Eulalia de Mos, que ofrecerá un pasacalle. Esta formación gallega ha servido de inspiración al director Daniel Sánchez Arévalo para su película Rondallas, que se proyectará también esa misma jornada.

La Fiesta de Las Mayas, una tradición de origen medieval declarada Bien de Interés Cultural por el Ejecutivo regional estará también presente en esta programación y podrá disfrutarse a través de cantos, romerías y exhibiciones en municipios como El Molar, Colmenar Viejo, Fuentidueña de Tajo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo y Estremera.

Viernes, 1 de mayo

Sábado, 2 de mayo

Domingo, 3 de mayo

Las educadoras infantiles madrileñas se han concentrado esta mañana frente al ayuntamiento de Madrid tres semanas después de comenzar su huelga indefinida. Esta semana, exigieron al alcalde José Luis Martínez-Almeida una reunión para poder exigirle personalmente la paralización de las prórrogas de los contratos de las empresas que trabajan con estas escuelas infantiles, después de haberse reunido con el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, sin haber recibido soluciones. Fernández Sánchez explicó a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) que las prórrogas de esos contratos ya “estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”, “cosa que no era cierta”, porque, según denuncian desde la PLEI, las autorizaciones de gastos para ello se realizaron incluso después de la reunión que mantuvieron con el delegado.

La lluvia y el día gris no han paralizado a las educadoras ni sus vestimentas amarillas. Mientras decenas de ellas, además de otras trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han reunido frente al ayuntamiento, algunas pertenecientes a la PLEI han entrado a presenciar el Pleno municipal que se celebraba esta misma mañana del 29 de abril. En el exterior, pancartas donde se leía “0-3 no llega a fin de mes”, “No guardamos, educamos” o “No es vocación, es explotación”. En el interior, no solo las educadoras vestían camisetas amarillas, sino que miembros de la Asamblea, como Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, entre otros muchos, se han sumado a la causa con su atuendo.

Educadoras infantiles expulsadas del Pleno

Las educadoras fueron invitadas a la tribuna por miembros de la oposición municipal, en una jornada en la que se debatiría esa paralización de las prórrogas de los contratos que exigen, y las mejores condiciones laborales por las que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. La proposición defendida por la concejala socialista María Caso incluía también bajada de las ratios de niños por educadora y subida de salarios, con el fin de equipararse con los de las educadoras de otros ciclos. A día de hoy, algunas educadoras reciben mensualmente 1221 euros, lejos de los 1518 euros que corresponderían según convenio.

Durante su intervención, miembros de la Asamblea como Rita Maestre han defendido la lucha de las trabajadoras, mientras que José Fernández Sánchez ha querido “desmontar la proposición”, insistiendo en que “lo que proponen es imposible, y lo saben. Es ilegal en sus propios plazos. Por cierto, muy a lo sanchista. ¿Para qué presupuestos?”. Ante las palabras del delegado, las educadoras han reaccionado: “¡Sí se puede!”. Poco después, la Presidencia de la mesa solicitó la intervención de seguridad y las trabajadoras fueron desalojadas. “Esto es intolerable” ha dicho el presidente del Pleno, Borja Fanjul, “y que los grupos de la oposición estén aplaudiendo, les vuelve a retratar”. Nervioso, Fanjul ha llamado al orden incluso al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la expulsión.

“Nos han escuchado un rato; han tardado en echarnos”, ha declarado una de las invitadas a la tribuna. A la salida, las compañeras las recibían con más cánticos, silbatos y cacerolas. “Vamos a aguantar. Hay que subir el tono de la presión”, insistían las portavoces del PLEI, que no se van a rendir hasta que consigan soluciones.

Después de tres semanas en huelga indefinida y concentrándose en distintos puntos de la capital, las educadoras confiesan estar agotadas al no estar consiguiendo respuestas por parte de las instituciones. “Pasamos más tiempo con los niños de la escuela que con nuestros propios hijos”, explicaba una de las presentes, que lamenta estar viviendo una situación como esta en un trabajo que es vocacional: “Podría estar trabajando de administrativa, cobrando más y con menos problemas, pero esta es mi vocación. Lo único que pedimos es poder ejercerla con dignidad”.

Agotadas física y emocionalmente

Las educadoras explican que se turnan para cubrir los servicios mínimos establecidos por ley durante las huelgas, y que esto está poniendo aún más en tensión la situación con las familias, que apoyaban la causa, pero empiezan a notar más nerviosos a unos niños que no quieren ir a la escuela, tras pasar tantas horas al día en unos centros que no funcionan como deberían. “Si antes era difícil atender a tantos niños, ahora lo es todavía más”, subrayan las educadoras.

Están agotadas física y emocionalmente, más aún desde que observan la poca transparencia institucional y cómo el Gobierno madrileño gira la cara. “Cada día somos menos en las concentraciones porque la gente está agotada, también mentalmente”, lamenta una de las presentes. Algunas familias han acudido con sus carritos y los más pequeños para apoyarlas. “Estamos al cuidado diario de sus hijos. Lo que pedimos afecta a la calidad educativa y al bienestar de los niños”, defiende una educadora.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital no entienden que ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparta su visión ni empatice con ellas, cuando se trata de la educación de los niños en una etapa fundamental de sus vidas. “Que pongan cámaras en las aulas Almeida y Ayuso, para que vean lo que vivimos cada día”, decía una de las compañeras, que enseñaba las marcas de los mordiscos en el brazo provocadas por un niño con necesidades especiales durante una jornada laboral. “En el mismo momento tengo que recoger una mierda, que evitar que dos niños se peguen y otra se escape por la puerta, más vigilar a todos los demás que gritan y perturban la tranquilidad de dos niños con TEA”, añade, “he tenido que poner pestillos”.

Las educadoras infantiles tienen claro que no es el momento de bajar la intensidad de las concentraciones y seguirán insistiendo a las instituciones competentes que la situación cambie. Esta misma tarde se concentran en la Puerta del Sol para reclamar estas mejoras y paralizar las prórrogas de estos contratos.

Una mujer de avanzada edad ha fallecido este miércoles víctima de un atropello en el barrio madrileño de Las Águilas, ubicado en el distrito de Latina. El arrollamiento se ha producido en el cruce de la calle Rafael Finat con la calle Soledad Cazorla, junto a un paso de peatones no regulado por semáforo.

Personal sanitario del Samur-Protección Civil se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, no han podido revertir la parada y la mujer ha terminado falleciendo.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido, ya que no es el primer atropello de estas características que se produce en la zona. Ya en junio de 2023, una mujer de 83 años fue atropellada por una moto en este mismo cruce.

La mujer salió de entre dos vehículos aparcados en uno de los laterales de la calzada y fue arrollada por el motorista. En su caso, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo a causa del arrollamiento.

Luz verde definitiva al proyecto para que El Corte Inglés pueda construir dos enormes torres de oficinas sobre los terrenos del centro comercial de Méndez Álvaro, que tuvo que echar abajo obligado por la justicia al contar con más metros cuadrados de los permitidos. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rastificado este miércoles el convenio urbanístico del planeamiento Nuevo Sur con una importante novedad: a qué irán destinados los 28.000 m2 obtenidos por el Ayuntamiento después de la lucrativa recalificación permitida a la empresa de centros comerciales.

El convenio urbanístico ha salido adelante con los votos del PP y de los tres concejales expulsados de Vox, que aún mantienen el control de su grupo municipal. El resto de ediles de esta formación, el PSOE y Más Madrid, han votado en contra de este acuerdo entre el consistorio y El Corte Inglés.

El Gobierno de Almeida ha decidido colocar en el antiguo parking del Hipercor un depósito para los coches que la grúa retira de las calles de Madrid por estar mal estacionados o similares, con 1.200 plazas de aparcamiento. También instalará allí un centro de mantenimiento de Bicimad, para reparar allí las bicicletas del sistema público de alquiler y servir como base de operaciones.

Las instalaciones, que construirá EMT Madrid se englobarán dentro de un centro de movilidad sostenible en la zona de Méndez Álvaro, que también incluirá un aparcamiento público rotacional de 320 plazas -no se detalla si habrá alguna para residentes- y un hub de movilidad eléctrica con servicios de carga rápida, vehículos compartidos y logística de última milla.

El Ayuntamiento ha elegido una dotación de ciudad para ocupar la mayor parte de este espacio, algo que dista mucho de las “nuevas parcelas dotacionales para los vecinos” que prometía al inicio del proceso administrativo de este proyecto, cuando se supo que El Corte Inglés iba a ganar 29 millones de euros solo con la recalificación y otros 47,5 millones al vender las dos torres de oficinas planificadas. El PSOE lo llegó a calificar de “gravísimo pelotazo”.

El consistorio justificaba el beneficio privado por la recepción de una zona verde pública sobre el antiguo aparcamiento y los citados 28.000 m2 para dotaciones, que hace tres años aseguró que se destinarían “a la construcción de los equipamientos para los vecinos que indique el distrito de Arganzuela”.

Lo que pedía en el año 2023 la Junta de Arganzuela era “un centro sociocultural, una escuela infantil y, si es posible, un centro deportivo”, según recogió entonces El Periódico de España. Pero la realidad ha quedado muy lejos de aquellos anhelos, pese a que el Ayuntamiento repetía en todas las notas de prensa relacionadas con el proyecto que el reordenamiento iba a “permitir dotar de nuevas parcelas dotacionales para los vecinos”.

El Gobierno de Almeida ha decidido pelear en los tribunales la tasa de basuras y defenderá en el Tribunal Supremo la validez de su cálculo. Lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Madrid en el Pleno de Cibeles en respuesta a una pregunta de Vox en la que le solicitaba saber cuándo tenía previsto efectuar las devoluciones de los importes ya cobrados en 2025.

“Nosotros decimos a los servicios jurídicos ¿hay motivos o no hay motivos? Y el servicio jurídico nos dice que hay motivo y, por tanto, interpondemos recursos de casación contra esta ordenanza”, ha detallado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció a finales de marzo que el Ayuntamiento no había justificado adecuadamente el cobro de la tasa y que, por tanto, esta quedaba anulada.

Almeida intentó restar importancia en el debate a este fallo judicial asegurando que la Tasa de Residuos Urbanos decayó por “un motivo estrictamente formal” -lo que no resta un ápice su ilegalidad- y defendió el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que “hicieron una tramitación correcta del expediente”.

Luego, le espetó a Ortega Smith: “Usted debería saber que la ley marca límites para la devolución de los dineros cuando se trata de la anulación de disposiciones de carácter general o al menos debería saber que cuando los actos administrativos son firmes no cabe la devolución”.

El Ayuntamiento de Madrid defiende además que si el Supremo acaba tumbando la tasa, solo devolverá el importe de 2025 a los ciudadanos que reclamaron en su día a través de las vías disponibles. La situación -afirma el alcalde- “dice expresamente que no cabe la devolución a todas aquellas situaciones que son firmes ya en vía administrativa y que no son susceptibles de recurso”.

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello, que se ha reafirmado como “portavoz legítima” de este partido político, ha arremetido contra la “cacicada” del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a favor de Javier Ortega Smith, expulsado de la formación, una decisión que ha recurrido a los tribunales.

“Soy la portavoz legítima del partido político, de Vox, porque así se concurrió a las elecciones. Ahora mismo la situación jurídica es que hay tres miembros de lo que era el grupo municipal, que están expulsados, una decisión ejecutiva que tenía que haber realizado el Ayuntamiento y se ha producido una cacicada”, ha lanzado Cabello a su llegada al Pleno de Cibeles en declaraciones recogidas por Europa Press.

Se ha referido así al informe que está realizando la Secretaría de este órgano para dilucidar en qué situación quedarían dentro de la Corporación los tres ediles expulsados, Ortega, Carla Toscano (ausente del Pleno por baja) e Ignacio Ansaldo. Para realizarlo solicitaron a Vox todos los documentos que acrediten las expulsiones sumando las peticiones de medidas cautelares de los de Ortega ante la Justicia ordinaria. De momento, Ortega Smith controla el Grupo Municipal de Vox gracias a su mayoría de ediles fieles

Cabello ha asegurado que en el Ayuntamiento “no se ha aplicado el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice que cuando los miembros de un partido son expulsados, el grupo municipal tiene que enviar, si se solicita por parte del partido, a esos miembros a no adscritos pero esa situación, como suele ocurrir en un Ayuntamiento con un alcalde que actúa como un cacique, no se ha producido”, ha reprochado. “Estamos acostumbrados a un alcalde que actúa como un cacique, que pasa por encima de los derechos de los vecinos de Madrid, de los derechos de los españoles, pasa por encima de las leyes, pasa por encima de las sentencias judiciales”, ha lamentado.

El alcalde Almeida le ha respondido poco después, en su primer turno de palabra en respuesta a otra pregunta de Ortega Smith, al reprocharle a Cabello que “cuando uno tiene que apellidar la condición de portavoz, a lo mejor es que no es portavoz”.

Antes, la edil había subrayado que Vox “es el partido que se caracteriza por perseguir el cumplimiento de la ley en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus órdenes”, así que será ahora la organización política la que tendrá que considerar cuál es la situación que tiene el Ayuntamiento de Madrid y “obrar en consecuencia, como siempre hace en cualquier decisión que considera que no cumple lo estrictamente recogido en el ordenamiento jurídico”.

Arantxa Cabello ha insistido en que Ortega y Ansaldo acuden al Pleno “como integrantes del grupo municipal”. “Ahora mismo ya la resolución del partido tenía que haber sido ejecutiva, según dice la ley. Esto no es una cuestión de una opinión, esto lo dice exactamente la ley. El hecho de que estén aquí quiere decir que no están en no adscritos”, ha reiterado.

La edil votará en el Pleno de manera individual dándose la circunstancia de que tanto ella como Ortega defenderán una proposición en torno a la tasa de basuras. En la sesión, cuando tome la palabra, Cabello se presentará como “la representante legítima del grupo municipal Vox”.