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Aplazado el desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con parkinson a la que quieren echar para poner pisos turísticos

Cartel para frenar el desahucio de Paquita.

Guillermo Hormigo

Madrid —

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El desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con parkinson a la que la promotora dueña de su vivienda quiere expulsar para poner pisos turísticos, ha quedado aplazado. El desalojo estaba previsto para este miércoles 22 de julio a las 11.45, pero había comenzado a forjarse una gran contestación social y vecinal en La Latina, castiza zona del centro de Madrid.

La suspensión fue trasladada en la noche del lunes al abogado de Paquita. El auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital, al que ha tenido acceso Somos Madrid, acuerda aplazar el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones.

“Se acuerda reiterar con carácter urgente la emisión del informe solicitado, lo que deberán notificar a este órgano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de diez días, suspendiéndose cautelarmente el lanzamiento previsto”, recoge el escrito judicial. Así, más allá de ese hiato de diaz días, no hay una nueva fecha fijada para el desahucio.

La empresa Tolesanta, a la que las autoridades cerraron varios pisos turísticos por ruidos y molestias, quiere echar a la mujer pese a que paga 1.180 euros de alquiler. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Asociación Vecinal La Chispera han convocado una concentración, que se mantiene, para defender a Paquita y que pueda quedarse definitivamente. Ella solicita al menos quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo, que ahora tiene 47, un tiempo más que le permita dar con una alternativa. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en conversación con este periódico.

Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable en los términios estrictos de la palabra, por mucho que ahora la Justicia les pida acreditar esa condición a la que les empuja el propio proceso: tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que abonan cada mes. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, acepta.

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