Si recuerdas el eslogan publicitario “Si no hay Casera nos vamos” no estudiaste la ESO. Pero, probablemente, conoces la bebida. La marca de bebida gaseosa pertenece ya al acervo popular de nuestro país, como certifican los miles de botellas que sirven de adorno en muchos bares de nuestra ciudad.

Una familiaridad que ha hecho trascender lo meramente comercial que se traduce en la inauguración de una exposición sobre los 75 años de la marca, que se inaugura en las salas de exposiciones de la Junta Municipal del distrito de Tetuán el próximo 19 de septiembre.

Justo antes de la inauguración se producirá la colocación de una placa conmemorativa en el número 8 de la calle Cactus, donde estuvo situada la primera fábrica de La Casera. Será el próximo viernes a las 12 h. El homenaje se aprobó en el pleno del distrito en septiembre de 2024, momento en el que se cumplieron los 75 años de historia de la bebida.

Aunque en la actualidad la marca pertenece a un grupo extranjero, fue fundada en 1949 en nuestro país por la familia Duffo, que ya había tenido negocios de bebidas gaseosas antes de la guerra. Entre otras cosas, tuvieron la primera concesión de Coca Cola para la península.

En 1949 Félix Duffo fundó la marca La Casera y abrió su primera fábrica en el número 8 de la mentada calle Cactus. Una bebida hija de la posguerra que, en sus propias palabras, resultaba “un refresco suave y agradable, con un sabor familiar para la mayoría de los españoles, apto para todos los públicos y que pueda ser consumido sólo o mezclado. Un producto de gran calidad, cuya relación precio-cantidad sea favorable para la economía familiar”. En mayo de 1950 salió de la fábrica la primera botella de La Casera y ese mismo mes se produjeron 1417 botellas de un litro, hechas de vidrio y con su caracterísitico tapón mecánico de porcelana y goma, según se explica en la página de la marca.

Uno de los grandes hallazgos de la marca fue su moderna forma de promoción, con cupones de descuento, la participación en un programa radiofónico en Radio intercontinental o publicidad en los telones de los cines, entre otras cosas.

La Casera tuvo gran éxito durante décadas pero en los años noventa se enfrentaron a una crisis estructural que implicó el despido de más de 400 personas –menos tras una batalla sindical– y el cierre de varias fábricas. Posteriormente, fue comprada por el grupo británico Cadbury Schweppes y actualmente pertenece al grupo japonés Suntory, que celebra con esta exposición, montada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la historia de su marca.

El parque empresarial de AZCA, un gigantesco complejo comercial, residencial, terciario y con espacios públicos, espera que se concreten los detalles de la ejecución de su anunciada reforma. Nuevo Azca promete una anillo, un nuevo graderío o una ría escalonada. También un vergel.

El problema con este último punto es que el corazón de AZCA ya cuenta con una gran arboleda que la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán cifra en 367 árboles, muchos de ellos maduros, plantados en los años 80.

“Una masa arbórea densa, consolidada, con ejemplares de gran porte y 42 especies. 155 plátanos de sombra de 20 m de altura dan cobertura a encinas, olmos, almeces, arces, ciruelos, magnolias, cedros, abetos, cipreses, pinos, un haya...”, detallan desde la vecinal, que a la vista de las infografías presentadas por el Ayuntamiento, puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que el bosquecillo urbano desapareciera.

Las asociaciones del distrito de Tetuán se han aliado con otras de carácter medioambiental y ecologista para reclamar la supervivencia del jardín histórico ante el peligro de que el nuevo proyecto haga tabula rasa de los jardines. Se trata de la mencionada Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, Espacio Bellas Vistas, Espacios Comunes Lorenzana, la Asociación Vecinal Ventilla-Almenara, FRAVM, Ecologistas en Acción y la Mesa Ciudadana del Árbol.

Llevan varios meses trabajando sobre ello y la próxima acción que llevarán a cabo será un paseo botánico por el espacio, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 11 h. Está abierto a todo el que quiera asistir, conocer las especies de árboles y arbustos allí plantados, y el proceso urbanístico en marcha.

Las asociaciones de Tetuán presentaron una pregunta en el pleno del distrito del pasado 2 de julio para conocer el destino de los árboles, que fue despachado con la petición de esperar a que esté disponible el proyecto de ejecución de reforma de AZCA. La misma respuesta que ya habían obtenido antes del Área de Obras.

“Mucho nos tememos que, si nos dicen que esperemos, es que no hay mucha esperanza de que se mantengan los árboles. Si esa fuera la idea nos dirían que no nos preocupáramos”, explica Antonio Granero, presidente de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, que defiende la supervivencia de uno de los pocos espacios verdes consolidados de la zona y advierte de que la previsible promesa de replantar árboles no resultaría viable.

El pasado mes de agosto el Ayuntamiento amplió el plazo de presentación del proyecto, que han de aportar los agentes privados implicados en la reforma (esto es, los dueños de los inmuebles), seis meses, fijando la fecha tope el próximo 31 de enero de 2027. El Ayuntamiento, el principal propietario de suelo en el ámbito, aportará 55,6 millones de euros, y los privados 33,7 millones de euros. Las asociaciones vecinales ven con buenos ojos la reforma pero insisten en que nada impide incluir en la misma el jardín existente. “El vergel ya existe”, recuerdan.

La tarde del 9 de septiembre no fue normal en la calle de Jaén, situada en el barrio de Cuatro Caminos. El inusual movimiento de policías y ciudadanos entorno al 25 de la calle, en los grandes bloques amarillos afectados por la operación inmobiliaria del PERi Tiziano Dulcinea, se debía a un intento de desahucio.

La reactivación del ámbito, paralizada durante décadas después de que el proceso de regeneración urbana encallara por un fraude y su paralización judicial, ha puesto en marcha también procesos judiciales por usurpación de personas que viven en pisos que habían quedado en un limbo y que fueron adquiridos por Santander y Blackstone.

El desahucio programado para ayer efectuaba a Hubrimar y su hijo, sin alternativa habitacional. El intento de paralizar el desahucio estaba liderado por el Sindicato de Vivienda de Tetuán en el contexto de los bloques en lucha de los edificios de la manzana de Tiziano, Jaén y Dulcinea.

La hora del desahucio no era habitual. Normalmente los lanzamientos están progrados por la mañana –a menudo a primera hora– pero en esta ocasión fue por la tarde. El Sindicato de Vivienda de Tetuán convocó a la gente a las 15.30 a través de redes y de numerosos carteles en la barriada.

El dispositivo policial llegó pronto (sobre las 14.30 h.) pero la gran afluencia de activistas permitió que estos tomaran posiciones en el portal y el desahucio, tras una negociación con la policía, fuera paralizado. Según explican desde el Sindicato de Vivienda de Tetuán, no tienen noticia de cuándo se producirá el nnuevo intento, de manera que solo les queda esperar la nueva notificación y seguir instando a una negociación con la propiedad.

En el ámbito de la operación urbanística, que se reactivó antes de verano e incluye la urbanización pendiente de la zona, quedan situaciones personales por resolver –antiguos realojos que no se concretaron satisfactoriamente en su día– y casuísticas relacionadas con la anomalía de la operación, paralizada durante mucho tiempo, como la de la madre soltera que esta semana se ha visto afectada por una orden de lanzamiento tras un procedimiento de usurpación que afectaba al piso en el que actualmente vive con su hijo.

La reforma de la zona, que incluye una nueva zona verde,parece el principio del fin de una operación urbanísitca fracasada que ha ocasionado muchas molestias a los vecinos (incluyendo varios incendios y hasta episodios de violencia de género relacionados con situaciones de miseria). A la urbanización le acompañará la construcción de 165 nuevas viviendas en la manzana. Sin embargo, la anomalía que se ha cernido sobre el ámbito, uniida a la situación de crisis de la vivienda, hace presagiar un camino complicado y el SVT advierte de que serán muchos los desahucios programados en próximas fechas.

La calle de bravo Murillo, en su tramo tetuanero, es una de las que más tránsito soportan en la ciudad. Estos días, la acera del lado de los pares sufre un llamativo estrechamiento por las obras de demolición que se están llevando a cabo a la altura del 124 de la calle, justo al lado del mercado Maravillas.

Los trabajos de demolición del viejo inmueble de dos plantas que hay en el solar venían produciéndose desde antes del verano, aunque detrás de la fachada. Actualmente, la máquina excavadora trabaja junto al paso de los viandantes y la estampa resulta espectacular. Como el mercado es un punto caliente dentro del barrio de Cuatro Caminos y congrega todos los días a muchos visitantes, se cuentan por millares los que miran con curiosidad la obra en marcha.

El edificio era de gran antigüedad (la fecha consignada en el catastro es 1900, aunque había sido muy modificado) y ha albergado numerosos usos comerciales. Desde mediados del siglo XX, y durante muchos años, en el 124 de la calle estuvo una de las sucursales de los conocidos almacenes (“saldos”) Arias. Últimamente habían cerrado los comercios de la planta baja (una tienda de móviles, una juguetería o la conocida cervecería El paraíso del jamón) y había sido tapiado el garaje que había a pie de calle.

La nueva promoción residencial, perteneciente a Twin Peaks Capital, dará capones con la barbilla al mercado, cuya altura estaba hasta ahora alineada con el inmueble existente. Tendrá seis alturas. El edificio tendrá 29 viviendas de una y dos plantas, así como locales comerciales en planta calle. El espacio de una construcción en la trasera del edificio, que pertenece al mismo solar, permitirá que tenga piscina y espacios comunes. La entrega de llaves está prevista para el cuarto trimestre de 2028, por lo que las obras junto al mercado seguirán siendo el paisaje habitual de la calle.

Las viviendas son un buen ejemplo de los precios elevados que están alcanzando las viviendas de obra nueva en el distrito de Tetuán. La más barata de las que qeudan a la venta (un dormitorio y 78 metros cuadrados, con garaje) cuesta 570.000 euros. La más cara (2 dormitorios y 90 metros cuadrados, también con garaje), 719.000 euros.

La construcción de pisos de 1 y 2 habitaciones es la tónica habitual en estos momentos. Sin salir del distrito de Tetuán encontramos ahora mismo otras promociones vendiéndose sobre plano cuyos precios son similares, pese a no estar en la arteria más importante del distrito. Un piso de 2 habitaciones en la calle San Enrique de dos habitaciones y 82 metros cuadrados, por ejemplo, se vende por 744.000 euros sin plaza de garaje. Comprar casa en Tetuán para una familia es complicado y más en obra nueva.

Hay veces en las que la historia parece suspendida en el tiempo y, de repente, se acelera. Algo así ha sucedido en los últimos meses en el ámbito del barrio de Cuatro Caminos conocido como PERI Tiziano-Dulcinea, después de que se agotaran asuntos judiciales pendientes que impedían su urbanización a finales del año 2024.

La zona esté llena de descampados por culpa de un plan de regeneración urbana que estuvo 35 años encallado por la quiebra de la primera junta de compensación encargada de desarrollar parte del proyecto, una estafa inmobiliaria y su judicialización durante años. Por ello, decenas de vecinos perdieron sus casas y, en no pocas ocasiones, se vieron obligados a vivir okupando las casas que les correspondían por sus antiguas viviendas.

Antes de verano empezaron a llegar notificaciones de desahucio y unas treinta familias se agruparon bajo el paraguas del Sindicato e Vivienda de Tetuán como bloque en lucha. Se presentaron en uno de los descampados de la calle Teruel el 19 de junio, con el apoyo de distintos agentes vecinales del distrito, como la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán.

El pasado 9 de julio se aprobó el proyecto de urbanización los 22.000 metros cuadrados con 165 nuevas viviendas (a sumar a las que ya se habían construido) y dotaciones públicas aún por determinar.

La aceleración de un ámbito inmobiliario que no se crea completamente ex novo suele llevar acarreadas expropiaciones, desalojos y, con frecuencia, desahucios. Los primeros se deberían haber producido hace años, aunque no están todos satisfechos. Los lanzamientos han comenzado ya.

El Sindicato de Vivienda de Tetuán, grupo local por el derecho a la vivienda que ha aglutinado el bloque en lucha, ha llamado a movilizarse el próximo miércoles 9 de septiembre a las 15:00 h. frente al número 25 de la calle Jaén para tratar de frenar el desahucio de Hubrimar y su hijo.

Hubrimar es madre soltera y lleva años habitando en Cuatro Caminos. Según explican desde el sindicato, “está muy arraigada en el barrio, trabaja aquí y su hio acude a clase en Tetuán”. Desde el sindicato tildan de “absoluta contradicción” que se produzca el desalojo sin alternativa habitacional mientras existen viviendas vacías y tapiadas en el mismo bloque.

Se trata de un desahucio por usurpación, aunque quien fue juzgado por ello fue el anterior habitante de la vivienda. Hubrimar y el SVT se enteraron súbitamente de la situación al llegar la notificación. “El abogado de oficio no puso los recursos necesarios, que nosotros le solicitamos y nos vemos aquí. Es un desahucio por la tarde, lo que no es habitual y es sin comisión judicial. Desahucia directamente la policía, lo que el grupo de vivienda enmarcamos en un giro, una tendencia que vemos llegar desde después de la pandemia. Se ha puesto más interés en desahuciar a toda costa. Como no habrá comisión judicial con la que negociar nuestra baza será ser mucha gente en la puerta”, explican desde el sindicato.

El de Hubrimar es solamente uno de los varios casos de desahucio que podrían llevarse a cabo en el contexto de los bloques en lucha del PERI Tiziano Dulcinea, por lo que la plataforma liderada por el Sindicato de Vivienda de Tetuán pide la apertura de una mesa de negociación en la que estén representados, junto con los afectados por las denuncias, el Ayuntamiento de Madrid y los fondos que se han hecho con los pisos.

La propiedad de los activos del PERI pasó de mano en mano de distintas entidades bancarias después de que la primera entidad gestora entrara en concuro de acreedores y todo saltara por los aires. Después, el Banco de Santander se alió con Blackstone para dar salida a los activos provenientes de la absorción del Banco Popular. Dentro de esta alianza se encuentran la inmobiliaria Canvives y la gestora comercial Aliseda, que son las sociedades que se han comunicado con los afectados por denuncias de desahucio dentro de las distintas casuísticas que conviven en el ámbito. Posteriormente, Santander fue reduciendo su participación en la alianza, que actualmente parece liderar Blackstone. La historia, que empezó cuando el Ayuntamiento declaró “zona de especial degradación” la manzana en 1991 y llevaba suspendida décadas, se ha acelerado definitivamente.

Un hombre de 56 años ha resultado herido muy grave al ser atropellado este lunes por un autobús urbano de Madrid en la calle Bravo Murillo, a la altura del número 223, en el distrito de Tetuán.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 7.30, según informa Emergencias Madrid y recoge Europa Press. El peatón cruzaba la calzada por un espacio no habilitado para el paso de peatones y ha sido arrollado por el autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Un equipo de Samur-Protección Civil se ha desplazado hasta el lugar y ha atendido al hombre, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios le han estabilizado e intubado antes de trasladarlo en estado muy grave al Hospital Universitario La Paz. Por su parte, un psicólogo de Samur-Protección Civil ha atendido al conductor del autobús.

Varios agentes de la Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se han hecho ya cargo del atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

El suceso se produce en un punto crítico para la seguridad vial de la capital. A fecha de enero de este año, entre el número 192 de Bravo Murillo y el cruce de la vía con las calles Fulgencio de Miguel y Manuel Luna se han producido en los últimos nueve años 58 accidentes que han afectado a 159 peatones. Al trasladar esos datos hasta la cercana calle de La Coruña (de 35 a 100 metros), los accidentes ascienden a 98, con 266 personas afectadas y tres muertes.

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha afirmado después del suceso que la capital es una ciudad segura, pero ha reconocido que se debe “seguir trabajando en la mejora de la seguridad vial”. Carabante ha alertado de que, aunque se ha reducido “de una manera sustancial” la siniestralidad en las carreteras, en los entornos urbanos se ha incrementado de forma “notable”, especialmente en el ámbito peatonal. “Lamentamos este accidente. Lo que vamos a hacer es investigar las causas. Tenemos que seguir trabajando en la mejora de la seguridad vial, muy especialmente en la seguridad peatonal”, ha manifestado el concejal.

La renovación integral de los espacios públicos y privados de la zona de AZCA se va a retrasar, al menos, medio año más. El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado hasta el 31 de enero 2027 el plazo para que los agentes privados implicados en la operación -las empresas propietarias de inmuebles en este distrito financiero- presenten su proyecto completo de ejecución de la remodelación de AZCA, informan fuentes municipales a Europa Press.

El Consistorio, a través del área de Obras y Equipamientos atiende así la petición de los privados, que contaban con un plazo inicial que expiraba el próximo 6 de agosto. Estas empresas habían solicitado por unanimidad una ampliación del plazo hasta enero alegando, entre otros motivos, la necesidad de completar y ampliar los estudios de peritación estructural del ámbito de actuación.

El Ayuntamiento considera que no hay inconveniente porque, dada la complejidad y relevancia del proyecto, “es necesaria la máxima colaboración entre las partes para hacer realidad una intervención largamente demandada, que supondrá la transformación y modernización de este espacio de referencia de la capital al que diariamente acuden unos 50.000 trabajadores, que cuenta con alrededor de 2.000 vecinos y tiene un tránsito diario de aproximadamente 100.000 personas”.

El proyecto permitirá a AZCA y su zona de influencia sumarse a la transformación urbana que está promoviendo el Ayuntamiento de Madrid en el eje del paseo de la Castellana, con actuaciones ya ejecutadas como la remodelación de la avenida del General Perón y el ámbito de las Cinco Torres y otras que están en marcha, como Parque Castellana o el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Las entidades vecinales de Tetuán habían movido ficha en las últimas semanas reclamando la pervivencia de la actual arboleda de AZCA, que cuenta con 367 árboles y corre peligro por las obras de remodelación.

La remodelación de AZCA llegará después del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas, vecinos y comercios del ámbito, presentado el pasado marzo, para poner en marcha una actuación integral, unitaria y definitiva en este ámbito.

Los agentes privados, entre los que se encuentran importantes fondos de inversión o inmobiliarias de peso, presentaron un proyecto básico el pasado marzo y ahora tienen que entregar al Ayuntamiento de Madrid un proyecto de ejecución completo para su supervisión, aprobación y posterior licitación de la obra.

La obra tendrá un importe máximo de ejecución de 89,3 millones de euros y será promovida por el Consistorio, que aportará 55,6 millones de euros, y contará con la cofinanciación de los privados, que aportarán 33,7 millones de euros. Estas cantidades responden a la titularidad del suelo sobre el que se va a actuar.

La financiación privada correrá a cargo de Pontegadea, El Corte Inglés, MERLIN Properties, GMP, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca. Asimismo, participará en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. A ello hay que sumar a los vecinos y comercios del ámbito, fundamentalmente integrados en COMUNAZCA y PROAZCA que, si bien no financiarán el proyecto, han jugado un papel destacado durante todo el proceso.

Aunque el verano avanza y los pasillos de las oficinas de AZCA tienen menos tráfico de lo habitual, es frecuente ver cualquier tarde de verano a vecinos buscando el frescor relativo de la gran arboleda de su área central. Algunos, se sientan a leer en las escalinatas que rodean la pileta de la fuente cuando cae el sol. Otros –los más jóvenes– juegan al baloncesto en la cancha.

El pasado mes de junio la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán alertaba sobre el peligro de desaparición de la gran arboleda del centro de AZCA por el nuevo proyecto de reforma en ciernes que, paradójicamente, el alcalde Martínez Almeida definió como “un vergel”.

La asociación vecinal ha hecho un recuento de árboles y los ha cifrado 367 de 42 especies distintas, muchos de ellos plantados en los años ochenta y de hasta 20 metros de altura. “El vergel ya existe”, le recordaban al Ayuntamiento junto con la Asociación Vecinal-Huerto Urbano de La Ventilla y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid). Piden que se incorpore la arboleda al proyecto de AZCA.

Ahora, la propia Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, de la mano de Ecologistas en Acción y la FRAVM, hace público que han detectado una falta importante de mantenimiento en el parque.

Las deficiencias en la conservación de la zona verde, conocida como parque de Pablo Ruiz Picasso, se detectaron después de una visita llevada a cabo el pasado 24 de julio por la tarde. Según explican, se encontraron con mucha basura en parterres, calles y accesos de la zona Oeste; una rotura en el sistema de riego que estaba provocando encharcamientos y afectando a árboles y arbustos, y que 28 árboles han quedado aislados detrás de una valla de obra, por lo que probablemente no están recibiendo riego.

Las asociaciones piden al consistorio públicamente que ponga remedio inmediato a las deficiencias. Se preguntan “si este abandono y desidia no tendrá que ver con la intención del Ayuntamiento de reformar el Parque Central de AZCA, acabando con sus 367 árboles de 42 especies distintas”. Terminan su misiva reiterando su compromiso de “defender árbol a árbol el Jardín Central de AZCA”.

El jardín de la plaza Pablo Ruiz Picasso data de 1989 y fue proyectado por el prestigioso paisajista Leandro Silva y el arquitecto José Antonio López Candeira. Se trata, probablemente, del espacio en mejor estado de conservación y el más utilizado del complejo.

El nuevo proyecto de reforma de la zona empresarial es de naturaleza público-privada, tal y como sucede con los diferentes suelos dentro de la gran manzana. Será sufragado por el Ayuntamiento (55,6 millones) y las empresas del ámbito (33,7 millones). Sin embargo, la gran área central arbolada y con parque, el corazón de AZCA, es de naturaleza municipal.

Hacer acopio de lecturas veraniegas en una librería no es igual de fácil para alguien que vive en Usera que para quien lo hace en el centro o en Chamberí. Lo sabe cualquiera que camine por las calles de Madrid con actitud observante, pero la profundidad de la brecha se aprecia mejor a la vista de la estadística. En el censo de actividades de locales comerciales del Ayuntamiento de Madrid aparecen 509 establecimientos cuya actividad es la venta de libros. En este listado, en el que están excluidas grandes superficies, se aprecia a simple vista una gran desigualdad en la distribución de las librerías a lo largo de la ciudad.

El distrito Centro es el de mayor densidad librera, con 152 establecimientos, mientras que Moratalaz y Vicávaro solamente cuentan con tres librerías para todos sus vecinos. En realidad, solamente los distritos de Chamberí y Salamanca destacan sobre el resto, donde hay muy pocas librerías, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las que están en los barrios son en realidad papelerías con sección de libros, que cumplen una gran labor, pero suelen tener una selección escasa y limitada a las novedades. Solo el barrio de Universidad (Malasaña) tiene 38, tantas como la suma de varios distritos juntos.

Aunque, a la vista de la realidad, parezca una empresa complicada, abrir una librería en su barrio es el sueño de Clara Moreno. Lo sabe ella y también los seguidores que ha ido acumulando durante meses en la cuenta de la librería Remedios Instagram. En ella, Moreno está narrando en directo el proceso de poner en pie su empeño de tener una librería en Tetuán.

En el caso de Tetuán, una primera vista a las estadísticas municipales no desvela del todo el panorama yermo de librerías en el que viven sus vecinos. Hay quince establecimientos dedicados a la venta de libros para un distrito con seis barrios y 160.000 habitantes. Si uno entra al detalle, sin embargo, se da cuenta de que la mayoría son papelerías-librerías, de segunda mano (algunas magníficas, como Alcaná o Ábaco) y alguna especializada. Prácticamente no existen las librerías generalistas.

Clara Moreno no es una recién llegada al mundo del libro, su madre tuvo una librería en el vecino distrito de Chamberí durante veinte años, lo que le permitió aprender el oficio. “Luego, he tenido otros trabajos, siempre de cara al público y relacionados con el mundo del arte –porque soy artista– de manera que el mundo editorial siempre ha estado muy presente en mi vida”, explica.

Es dibujante de cómics e investigadora. Cuando hablamos con ella se dirige a su trabajo, que compatibiliza con poner a punto el local de la futura librería. “Me di cuanta hace como medio año de que quería intentarlo. Trabajo en una tienda erótica, que me gusta mucho y, aunque no lo parezca, tiene que ver con el trabajo de librera porque los clientes te cuentan sus cosas, te consultan qué se llevan y buscan irse contentos y entretenerse”, explica la librera en ciernes con gracia.

La idea se fraguó en conversaciones con Sandra Cendal, editora de Continta me tienes, que le insistía en que tenía que lanzarse a abrir librería en Tetuán. “Al principio pensaba que me quedaba muy grande el proyecto, pero pasaron las semanas y me decía a mí misma que quería hacerlo. Es que no hay nada, no hay una librería generalista, está Naves de Papel, pero es infantil; está la librería de los Salesianos… Pero casi nada más. Pensé: hay familias, debe de haber lectores”.

Se puso manos a la obra con los pasos habituales para abrir cualquier establecimiento, como hacer un plan de negocio. La búsqueda de local no ha sido sencilla, pero el apoyo masivo de multitud de vecinos lectores de Tetuán en redes, huérfanos de librerías, le ha impulsado a seguir intentándolo. Los dueños de un par de posibles locales se echaron atrás cuando se enteraron de que iba a abrir una librería, incluso habiendo dejado una señal. “El primero claramente me dijo que prefería un comercio más viable (me parece que iban a poner otro negocio de uñas) y el segundo me hizo ghosting”, cuenta Clara, que preguntaba a los obreros que se encontraba reformando los bajos del barrio. “Va a ser un piso turístico”, le contestaban todos.

Ahora que ha conseguido un local, situado en la calle del Doctor Santero, junto a Cuatro Caminos, Clara trabaja en su puesta a punto para abrir en septiembre. “Me estoy poniendo en contacto ya con las distribuidoras, con editoriales e incluso estoy generando un calendario de actividades”, cuenta con ilusión.

Siguiendo una tradición librera de empeños personales

Antes de que Clara se planteara la necesidad de abrir una librería en su barrio, muchas otras personas llevaron a cabo un empeño similar. Es el caso, por ejemplo, de la librería Jarcha en Vicálvaro, un distrito en el que viven más de 80.000 personas y cuenta con solo tres librerías, incluyendo las que son también papelería.

Hablamos con Rocío Valverde. Ella tomó el relevo de sus padres, que abrieron Jarcha en 1974. Le comentamos la iniciativa de Clara Moreno en Tetuán y ve algunas similitudes con su caso. “Son dos barrios con una red comercial muy rica. Es verdad que cuando mis padres abrieron en Vicálvaro hace 52 años no había aún tanto comercio, pero era un barrio que era muy pueblo. Son cosas que permiten que Jarcha siga existiendo: es un barrio que no se ha gentrificado, sigue estando un poco lejos y tiene una red comercial grande”, explica.

“Vicálvaro ha cambiado, pero sigue habiendo mucha gente que lleva viviendo aquí muchos años. Además, ha habido muchas luchas sociales, para traer el metro, para que hubiera colegios públicos... porque cuando Jarcha abrió todavía no había colegio. Hay una especie de patriotismo de barrio”, cuenta.

Jarcha nació del compromiso de un grupo de personas que concebían la librería como uno más de los servicios que se reclamaban desde los movimientos vecinales en los años setenta. “Lo hicieron mis padres dentro de un grupo de once personas que salieron de la iglesia de base en el barrio de Canillejas y tenían unos veinte años”, rememora Rocío. Buscaron una barriada obrera huérfana de librerías y apareció Vicávaro, un barrio donde había un cuartel, pero en el que muchas calles estaban aún sin asfaltar y no tenía centro de salud. Jarcha pertenece a una generación de librerías, algunas ya cerradas, que abrieron con vocación política, como El Buscón, Rumor o El Baluarte.

Muchos eran los problemas de aquella época, pero no los de la ferocidad del actual panorama inmobiliario. “Hay que vender muchos libros para ser viable, los márgenes son muy pequeños, es imposible subsistir pagando alquileres de más de dos mil euros y menos para una librería nueva”, dice la experimentada librera.

Rocío explica que una librería de barrio tiene sus propios códigos de funcionamiento, que vienen determinados por el contexto. “Tú tienes todo el público que vive en el barrio, pero no hay turistas ni un público especializado. Jarcha no podría ser una librería especializada en cómic, en ensayo, en literatura infantil o solo en novela. Una librería de barrio le da servicio. Tenemos un club de lectura para el barrio, estamos en las fiestas, en las asociaciones, participamos de todo lo que ocurre aquí. Y, luego, vendemos libro de texto y asociado a la escuela. Tenemos novela principalmente, aunque también secciones de filosofía, de poesía o de teatro. Y nuestra sección literaria está muy trabajada, ojo, pero no podemos olvidarnos de dónde estamos, ¿no?”, relata la librera haciendo recuento de las enseñanzas acumuladas durante años.

Jarcha no es solo una librería en Vicálvaro, es la librería de Vicálvaro, un punto central del tejido vecinal. “Yo creo que las librerías de este tipo tienen que ser un faro en barrios donde no existe un gran movimiento cultural. En jarcha hay cine, teatro, talleres infantiles…”, explica.

Abrir una librería en el barrio sigue siendo, décadas después de que los padres de Rocío y sus compañeros montaran Jarcha, una prueba de vocación y resistencia. En tiempos en los que, además, muchas papelerías-librerías están cerrando por la competencia de las grandes superficies y la pérdida del nicho del libro escolar, vuelve a ser un acto militante.

En noviembre de 1924 aparecía en distintos periódicos la siguiente noticia: “El cura párroco de Tetuán de las Victorias, en prisiones militares”. Con un antetítulo que rezaba “Demasiado radioescucha”. O, en otros periódicos, “El furor por la radiotelefonía”.

La noticia incluía una declaración de la Dirección de Comunicaciones en relación con el suceso: “se venían advirtiendo desde hace algún tiempo perturbaciones en determinada línea”. Después de una inspección de la autoridad, se verificó que había problemas en el espectro radiotelefónico entre Aranda del Duero y Madrid.

La guardia civil verificó que un hilo salía de la línea a la altura de un poste en Tetuán de las Victorias y entraba por la ventana de una casa de cierto porte para la barriada, que resultó ser la del párroco del entonces barrio de Chamartín de la Rosa, a las afueras de Madrid.

El religioso, que fue llevado a una prisión militar, declaró que solamente quería escuchar los conciertos de música de Londres y para ello se procuró una antena con el hilo en el poste. Finalmente, y según la poca información que se puede concluir de la noticia, al cura le dejaron en libertad con la condición de que pagara los desperfectos ocasionados por su pinchazo en la central de comunicaciones.

No faltó alguna crónica amable con el sacerdote (“víctima de la afición radiotelefónica”, se decía) que narraba cómo las autoridades esperaban haber encontrado a un vecino tipo de lo que denominaban “un centro peligrosísimo”. No sin cierto sentido del humor y con ánimo de dar interés al relato, preguntaban: “¿Quién viviría en la casa misteriosa? ¿Un revolucionario? ¿un anarquista?”.

La anecdótica noticia nos habla de la curiosidad que la radio, que había llegado a nuestro país a principio de la década de los veinte, había despertado ya entre una parte de la población.

La radiocomunicación en España se encontraba al principio bajo un estricto régimen de monopolio estatal de carácter militar y telegráfico. La legislación decimonónica y de principios de siglo limitaba el uso de la telegrafía sin hilos (T.S.H.) a las fuerzas armadas y a los servicios oficiales del Cuerpo de Telégrafos, lo que impedía legalmente el desarrollo de iniciativas privadas de difusión masiva o de experimentación de carácter civil.

No obstante, el interés por la radio permeó entre las personas más curiosas y comenzaron a aparecer en prensa instrucciones para aprender a manejar, e incluso construir, aparatos receptores de radio. Encontramos un hito en la aventura de los hermanos de la Riva, tres jóvenes estudiantes de ingeniería que llegaron a retransmitir en Madrid las campanadas de la Torre Eiffel en la Nochevieja de 1922.

La Ley de Radio de 1923, publicada en el Real Decreto de 27 de febrero, supuso el mayor impulso a la radiodifusión en nuestro país. Pero en junio de 1924 nacía un reglamento para regular las estaciones radiotelefónicas que incluía que las estaciones particulares debían estar supervisadas por el Ministerio de la Gobernación. Se trataba de un reglamento parido durante la dictadura de Primo de Rivera orientado a quitarle el monopolio al Estado y a reconocer el derecho de las empresas a establecer emisoras (lo que también llegó a los particulares).

En dicho reglamento, las emisoras se dividían en transmisoras y receptoras. Las primeras se clasificaban como “de enseñanza”, “de ensayo”, “de difusión” y “de aficionados”. Las dos primeras estaban sujetas a concesiones de la Dirección General de Comunicaciones con cánones (20 pesetas por cada 250 vatios de energía medidos en el generador).

La regulación dejaba vía libre a las estaciones de particulares, pero estas estaban sujetas a unas condiciones. En primer lugar, el peticionario debía demostrar ser “radiotelegrafista de primera o titular de alguna profesión que le capacite”. La zona de longitud de onda estaba limitada a 120 metros. Las estaciones receptoras, por su parte, debían recibir la concesión del jefe de Telégrafos de la localidad y el permiso estaba sujeto al pago de un canon de cinco pesetas para las casas y cincuenta cuando se trataba de lugares públicos como hoteles o cafeterías.

El interés por captar la señal de emisoras lejanas, como las que ya proliferaban de manera importante en Francia o Gran Bretaña, llegó a la prensa, donde empezó a hablarse de la radiomanía. Muchos aficionados tempranos como el cura de Tetuán pusieron su empeño clandestino en ello, si bien los precios de los aparatos de marcas como Marconi o Phillips estaban muy lejos de las posibilidades de la clase trabajadora todavía.

Frente a los carísimos receptores de válvulas empezaron a aparecer los de galena, frecuentemente autoconstruidos en talleres domésticos y que no se declaraban ante la administración para saltarse el canon. La radio de galena fue el receptor más simple y económico de la época. No requería alimentación eléctrica externa y utilizaba un cristal de sulfuro de plomo (galena) para sintonizar las emisoras, requiriendo el uso de auriculares para escuchar las emisiones

Junto a estos radioescuchas, apareció también una élite de radiopitas, que iban un paso más allá e intentaban instalar transmisores particulares para emitir su propia señal en el éter. Entre los radiopitas cabe mencionar al ingeniero de minas Miguel Moya –con calle en el barrio de Malasaña– que justo antes de la regulación de junio de 1924 puso en el aire su estación experimental clandestina utilizando el indicativo 1-RA y el seudónimo G. Rid. La Dirección General de Comunicaciones otorgaría a Moya la licencia oficial con el indicativo EAR-1 en julio de 1924, exactamente el mismo día que se asignaba la frecuencia a Radio Barcelona.

La de Radio Barcelona es la historia de la primera concesión de emisora regular, que se concedió a nombre de José Guillén García. En Madrid, nació Radio Ibérica y ambas fueron pronto absorbidas por Unión Radio, que a partir de junio de 1924 hizo realidad la radio moderna en nuestro país, con emisoras en diferentes provincias y una programación.

La anécdota del párroco de Tetuán de las Victorias, desde las afueras del Madrid que se desbordaba, nos habla de como el crecimiento de las ciudades fue determinante para alcanzar una masa crítica que permitió un crecimiento vertiginoso de la radio en nuestro país. Estaba naciendo la audiencia y un fenómeno de comunicación de masas que sería determinante durante los años treinta, la guerra y la posguerra española.

Este jueves, 9 de julio, se ha aprobado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de urbanización del API Tiziano-Dulcinea, conocido anteriormente como PERI Tiziano-Dulcinea. Un plan de regeneración urbana dentro del barrio de Cuatro Caminos que lleva 35 años encallado por la quiebra de la primera junta de compensación encargada de desarrollar parte del ámbito, una estafa inmobiliaria y su judicialización durante años. La manzana afectada está delimitada por las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano, a orillas de Bravo Murillo

La operación está promovida por la junta de compensación rectora con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Contará con un presupuesto de 4,8 millones de euros para un ámbito de 22.000 metros cuadrados y se construirán 165 nuevas viviendas (a sumar a las que ya se habían construido a lo largo de la tortuosa historia de la operación). También, dotaciones públicas aún por determinar a falta de ver el proyecto.

Se llevará a acabo la mejora del viario existente y, sobre todo, la conversión de la mayor parte del solar de Tiziano en una plaza pública. Actualmente, el espacio es un enorme vacío de 2.715,14 m2 en estado de abandono. Su calificación urbanística es de zona estancial –aunque en la documentación de hace años figuraba como verde–y está por ver cómo se resolverá en el proyecto o si el espacio público se lleva algún bocado en su configuración final.

El ámbito tiene también –en el planeamiento previo al proyecto– una parcela calificada como dotacional deportivo básico de 1.454,79 m2 en San Antonio y otra más estrecha al otro lado de la misma calle de 712,07 m2, que es dotacional para equipamiento público básico. Habrá que ver en qué se emplean.

La única recreación por ordenador que ha trascendido por el momento no permite saber si estas parcelas permanecen exactamente igual que en el planteamiento de partida o no. Las nuevas dotaciones públicas vendrán a sumarse a la escuela infantil de la calle Tiziano, la única de la operación que llegó a construirse en su momento.

Las novedad más importantes a nivel viario es la apertura de nuevos tramos de calles que llevan décadas parados e interrumpidos por solares. Hay calles que se habrán de prolongar y unir, para lo que será necesario derribar algunas casas. Así sucede con la de San Antonio, que se comunicará con la calle Jaén y con la de Lérida, atravesando para ello la calle de Teruel. Además, la calle de Tiziano, cuyas antiguas aceras aún se ven abandonadas en medio del gran descampado que hay en el centro del área, volverá a tener continuidad hasta la calle de Dulcinea.

La edificación del ámbito se llevó a cabo mayoritariamente hace años, si bien habrá que esperar a que el proyecto sea público para saber dónde irán las 165 viviendas que ha anunciado el Ayuntamiento este jueves. Por el momento, en la imagen que acompaña al anuncio se aprecia un gran edificio con un brazo longitudinal en la parte sur del solar.

La del PERI Tiziano-Dulcinea es una historia urbanísitca con una dolorosa vida detrás y decenas de vecinos afectados que está lejos de cerrarse del todo, a pesar del gran avance que supone la aprobación del proyecto.

El origen del caso hay que buscarlo en la operación de regeneración urbana de la manzana, que comenzó por iniciativa municipal en 1991, cuando el Ayuntamiento la declaró zona de especial degradación y planteó un Plan Especial de Reforma Interna. Se abrió, así mismo, una doble vía para los realojos: la iniciativa pública y la privada, para la que se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa. Las familias cedían sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio, mientras que el Ayuntamiento recibía una serie de parcelas para dotaciones públicas.

Todo transcurría con aparente normalidad –y los habituales retrasos– cuando, a principios de los 2000, entró en escena el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno y la empresa Somersen, que sustituyó a la anterior e incurrió en un embrollo registral y bancario nunca del todo resuelto, que dejó el ámbito suspendido y abocó a que numerosos vecinos aportantes perdieran sus casas.

El Banco Santander se hizo con los activos después de que estos pasaran por distintas manos y, a la vez, una parte de estos llegó a manos de Blackstone en 2018. El caso agotó su largo recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización.

Durante estos años muchos vecinos han luchado en silencio por lo que consideraron un robo, individualmente o agrupados en la asociación APITEDU. Actualmente todavía hay realojos pendientes y el Sindicato Vivienda de Tetuán presentó el pasado 19 de junio los bloques en lucha del ámbito, que, según explicaron, agrupan a unas treinta familias amenazadas de desahucio dentro de diferentes casuísticas.

El proyecto tendrá que pasar ahora a fase de alegaciones y después podrá empezar a andar la urbanización, aunque los mencionados asuntos pendientes auguran que aún queda camino por delante. En todo caso, la noticia es que la ciudad se mueve en este lugar a orillas de Bravo Murillo varias décadas después de haber dejado de ser el viejo barrio de casas bajas que era.

El Ayuntamiento de Madrid va a construir una nueva pasarela peatonal en el distrito de Tetuán para conectar de forma accesible y continua los tramos 4 y 6 del parque de la Cornisa, resolviendo una discontinuidad histórica en los recorridos peatonales de este gran espacio verde del paseo de la Dirección. Así lo ha anunciado esta mañana la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, durante una visita al ámbito junto a la concejala de Tetuán, Paula Gómez Angulo. La nueva estructura tendrá una longitud de 112 metros y una superficie de 365 m². Los trabajos, que supondrán una inversión de 1,4 millones de euros, comenzarán este mes de julio y se extenderán hasta el verano de 2027.

La actuación permitirá completar la red de itinerarios del parque, que fue declarado Parque Singular el pasado mes de abril, mediante una infraestructura concebida no solo como elemento de conexión, sino también como un nuevo espacio de contemplación del paisaje y del patrimonio hidráulico madrileño. La propuesta arquitectónica toma como referencia la figura tradicional del caz de agua, las pequeñas infraestructuras hidráulicas que históricamente derivaban el caudal de ríos y arroyos para conducirlo hacia huertas, molinos o núcleos urbanos.

Su trazado sinuoso y su geometría en forma de U evocan el recorrido de un canal artificial adaptado a la topografía del terreno, guiando suavemente a los peatones a través del parque y generando una experiencia de recorrido ligada a la historia del agua en Madrid. La infraestructura se convierte así en un nuevo cauce urbano, un elemento que canaliza el movimiento de los ciudadanos del mismo modo que el Canal de Isabel II condujo durante generaciones el agua que hizo posible el crecimiento de la ciudad.

La pasarela se situará junto al Canal de Isabel II y sobre el entorno del acueducto de Valdeacederas, una infraestructura histórica construida para salvar el arroyo del mismo nombre y que conserva cinco arcos de medio punto, una longitud de más de 30 metros y una altura máxima cercana a los 9 metros.

Todo el diseño se ha desarrollado con el objetivo de reforzar la presencia visual de este elemento patrimonial. La ubicación de los apoyos estructurales se ha estudiado cuidadosamente para evitar interferencias con las vistas y permitir que los arcos del acueducto permanezcan completamente visibles desde los caminos inferiores. El resultado busca establecer un diálogo entre dos momentos de la historia de Madrid: el patrimonio hidráulico del siglo XIX y una nueva infraestructura pública del siglo XXI concebida desde criterios de integración paisajística, accesibilidad y sostenibilidad.

La estructura combinará hormigón y acero en una solución mixta que permitirá salvar el valle con la mínima presencia de apoyos. Los accesos se materializarán mediante elementos de carácter más sólido y pétreo, vinculados a la topografía y al paisaje histórico del lugar, mientras que el tramo central adoptará una imagen más ligera y esbelta gracias al empleo de una estructura metálica que parece flotar sobre el terreno. Esta transición de materiales reforzará la idea de recorrido y permitirá diferenciar claramente las zonas de acceso del espacio central de contemplación, concebido como el punto de mayor relación visual con el canal y el acueducto.

Iluminación con guiños al Canal

Uno de los elementos singulares del proyecto será su iluminación arquitectónica. La pasarela incorporará un sistema de luminarias lineales completamente integradas en las barandillas, evitando la presencia de elementos de iluminación convencionales y garantizando una imagen limpia y contemporánea. Durante la noche, la infraestructura se transformará en una línea luminosa de tonos azul claro y turquesa que recorrerá el parque evocando el agua que históricamente circuló por este territorio. La propuesta pretende que los peatones tengan la sensación de caminar sobre un río de luz, un cauce formado por personas en movimiento que sustituye simbólicamente al antiguo flujo del agua.

La iluminación reforzará visualmente la relación con el Canal de Isabel II y con la memoria hidráulica del lugar, convirtiendo la pasarela en un elemento reconocible del paisaje nocturno de Tetuán y en una nueva referencia urbana para los vecinos.

La pasarela dispondrá de pavimento continuo formado por losas prefabricadas de hormigón en tonos arena, integradas cromáticamente con el entorno y con los elementos patrimoniales existentes. Por su parte, las barandillas, diseñadas específicamente para esta actuación, estarán compuestas por módulos metálicos de geometría oblicua que prolongan visualmente la forma estructural de la pasarela. El conjunto incorporará doble pasamanos accesible, iluminación integrada y materiales de alta durabilidad.

Toda la actuación cumplirá los criterios establecidos por la normativa vigente en materia de accesibilidad universal, garantizando recorridos seguros y cómodos para todos los usuarios.

Esta actuación forma parte de los trabajos de urbanización del ámbito del paseo de la Dirección que el Ayuntamiento viene acometiendo desde 2019 y cuya inversión, a día de hoy, asciende a 9,8 millones de euros. Hasta el momento, se han ejecutado obras por importe de 2,8 millones de euros y en la actualidad se están desarrollando actuaciones por valor de otros 7 millones de euros. Además, está previsto que entre este año y el próximo se inicien otras obras por valor de 3,2 millones de euros. En total, los trabajos de urbanización del ámbito del paseo de la Dirección supondrán una inversión de 13 millones de euros. 

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Madrid presentaba el nuevo AZCA y el alcalde destacaba que sería “un vergel”. El apelativo se refería a la intención de poblar de vegetación la gran zona central del ámbito empresarial de la Castellana, así como sus viales. Un millar de árboles de cuarenta especies diferentes.

A principios del mes de junio, la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán llamaba la atención acerca de un aspecto que nadie había mencionado a propósito de la futura reforma: “El ”vergel“ que anuncia Almeida que va a crear en AZCA... ya existe. La reforma Renazca puede ser deseable por la actual degradación de sus espacios... pero NO eliminando la frondosa arboleda madura que ya se disfruta en el parque central Pablo Ruiz Picasso”, decían en un hilo de X en el que explicaban que ellos mismos han inventariado en el parque 367 árboles, muchos de ellos maduros, plantados en los años 80.

“Una masa arbórea densa, consolidada, con ejemplares de gran porte y 42 especies. 155 plátanos de sombra de 20 m de altura dan cobertura a encinas, olmos, almeces, arces, ciruelos, magnolias, cedros, abetos, cipreses, pinos, un haya...”, especificaban en el mismo hilo, que acompañaban con imágenes propias que dejaban de manifiesto el verdor de la zona.

Ahora, la propia Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán junto con Espacio Vecinal Bellas Vistas, la Asociación Vecinal-Huerto Urbano de La Ventilla y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) denuncian públicamente que la arboleda consolidada de 20.700 metros cuadrados podría estar en peligro por “una tala masiva y trasplantes de árboles técnicamente inviables”.

Piden que se detenga cualquier posible intención de talar los árboles y reclaman que se proteja el jardín –que también alberga numerosos arbustos– declarándolo Jardín singular.

Así mismo, han presentado una pregunta en el orden del día del pleno de distrito, que se celebrará el próximo jueves, 2 de julio, dado que han pedido los detalles del proyecto al Ayuntamiento la semana pasada sin que de momento hayan obtenido una respuesta.

El jardín de la plaza Pablo Ruiz Picasso fue diseñado en 1989 por el prestigioso paisajista Leandro Silva y el arquitecto José Antonio López Candeira. Aunque hay acuerdo en que hay diferentes zonas de AZCA que necesitan una puesta al día –como las propias asociaciones vecinales han puesto de manifiesto– no se trata precisamente la zona central la que está más deteriorada.

AZCA es un complejo agregado de suelos de diferente naturaleza. Existen zonas de dominio y uso público (la gran plaza central y zonas destinadas a viales y anillos de circunvalación), otras de dominio privado y uso público y alguna zona privada con servidumbres de paso. En los últimos años, se ha llevado a cabo varias reformas integrales en edificios del parque empresarial, cuya actividad ha sumado en el deterioro de los pavimentos circundantes. A esto, se añade al mal estado de los accesos privados en algunas zonas y otras áreas deterioradas, como la de los túneles. Aunque seguramente es la parte mejor conservada, la gran área pública en el centro de AZCA es sistemáticamente utilizada como corazón de todos los proyectos de reforma del ámbito.

Además de la zona verde, el proyecto, del que aún no se saben los detalles sobre plano, contará con un anillo con cinco pasarelas, 19 zonas estanciales y una ría escalonada que atraviesa el eje central. También habrá un auditorio al aire libre con la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central.

El coste de la operación será sufragado por el Ayuntamiento (55,6 millones) y las empresas del ámbito (33,7 millones). Es este un proyecto público-privado (como el propio AZCA) que llega después del fracaso de Renazca, un ambicioso primer intento presentado por una parte de los propietarios que implicaba la enajenación del corazón financiero de Madrid durante 40 años para su explotación por los privados y que fue desechado en 2023

Son las 17:48 del miércoles 24 de junio, último día de la ola de calor que ha abrasado España y gran parte de Europa. La temperatura en la calle Margallo, en el distrito de Tetuán, en Madrid, roza los 38ºC. “Te aseguro que la sensación térmica supera los 43ºC”, aclara Beatriz, una camarera que se abanica en la puerta de un pequeño bar sin climatización ni clientes. Y agrega: “Parte de la culpa la tiene el cemento, todo es hormigón en este barrio”. Razón no le falta.

Los árboles en esa zona se cuentan con los dedos de las manos. Hay algunos pocos girando hacia Bravo Murillo, una de las arterias más anchas y transitadas de la zona. Casi ninguno en calles estrechas como Limonero o San Felipe. Hay coches, aceras, edificios y muchos comercios. Pero la naturaleza urbana —el color verde—, un elemento central de la adaptación al calor extremo, brilla por su ausencia.

En Tetuán, al noroeste de la capital, viven aproximadamente 169.500 personas. Se distribuye en una superficie de 5,3 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los distritos más densamente poblados de Madrid. De larga historia de acogida de población inmigrante obrera, este barrio, que no escapa a la turistificación ni a la especulación inmobiliaria —más de 20 nuevos edificios en los últimos tres años, según el registro de licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid— es considerado uno de los más diversos y multiculturales de la ciudad.

Las asociaciones vecinales del distrito tienen en la actualidad dos grandes cruzadas: evitar que el borrador del Plan Estratégico Municipal (PEM) que está redactando el Ayuntamiento salga adelante —supondría duplicar la cantidad de viviendas nuevas proyectadas en un suelo ya “saturado— y mejorar el acceso a la naturaleza, un déficit que cuando el verano aprieta intensifica el efecto isla de calor, fenómeno por el cual las áreas metropolitanas registran temperaturas significativamente más altas (entre 1°C y hasta 12°C más) que sus entornos rurales circundantes.

Según un informe cartográfico publicado recientemente por la organización ecologista Amigas de la Tierra junto al Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid, Tetúan es uno de los puntos geográficos de la ciudad que “urge renaturalizar”. No solo desde un punto de vista ecológico, sino como una herramienta de bienestar y adaptación a las altas temperaturas para sus vecinos, sobre todo las personas más vulnerables, que no tienen renta suficiente para climatizar y rehabilitar sus viviendas.

Los autores de este trabajo analizaron el acceso a las zonas verdes de diez ciudades del país para la población y las diferencias de disfrute en función del nivel de renta. Pusieron la lupa sobre Madrid (3.340.176 habitantes), Valencia (804.121), Zaragoza (683.949), Sevilla (684.164), Palma (430.640), Valladolid (297.129), Badajoz (150.716 hab.), Ourense (104.187), Santiago de Compostela (98.716) e Ibiza (51.872).

Llegaron a la conclusión de que el 60% de la ciudadanía no tiene acceso suficiente a la naturaleza, superando el 80% en ciudades como Ourense y Valencia. Basaron el análisis en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la regla 3-30-300: poder ver 3 árboles desde la ventana, un 30% de cobertura vegetal en el barrio y un parque de al menos una hectárea a no más de 300 metros.

Madrid destaca por un contraste: con algo más de 17m² de zona verde por habitante, es la tercera de las ciudades analizadas con mejor ratio, por encima de la media del conjunto de las diez ciudades analizadas (14,15m² zv/hab). Sin embargo, de cara a su accesibilidad cotidiana, el 62% de la población no dispone de una zona verde pública de más de una hectárea a menos de 300 metros de su hogar. Se trata de un valor superior a la media del conjunto de las ciudades analizadas (60%). En total, casi dos millones de personas en Madrid no tienen acceso a un espacio verde suficiente a menos de 300 metros.

La investigación identifica cuatro áreas prioritarias para aumentar la vegetación: Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Carabanchel y Tetuán, por la combinación de pocas zonas verdes y rentas bajas. “En la calle Serrano de Madrid hay un bajo acceso a la naturaleza. Pero las rentas altas permiten una mejor adaptación al calor extremo. Esto en Tetuán no pasa. La investigación busca visibilizar esta doble e interconectada problemática”, explica Miguel Díaz-Carro, responsable de biodiversidad y territorios de Amigas de la Tierra, uno de los autores del estudio.

Sin escapatoria al calor asfixiante

Ángela y sus dos hijos, de cinco y ocho años, toman un descanso en la boca del metro. La corriente de aire, aunque caliente, da respiro al bochorno. Al avanzar por la calle Margallo el calor se intensifica por el motor encendido de los coches que están aparcados. “Con otro clima me hubiese bajado a beber algo en una terraza, pero con este calor hago tiempo dentro con el aire acondicionado encendido”, explica Miguel, un repartidor.

Todas las terrazas de los bares ubicados en la calle Sor Ángela de la Cruz están vacías. Hay sombrillas, pero el aire caliente queda atrapado bajo la lona, generando un efecto invernadero que no invita a sentarse. Igual de vacía está la plaza dura ubicada en el cantero central de la avenida, castigada por el sol. Sin ninguna sombra natural, nadie descansa en esos bancos hasta que no cae la noche.

Víctor, mecánico, lleva 45 años viviendo en el barrio. “Es insano no poder disfrutar de la sombra de un árbol”, dice. Se autodefine como “privilegiado” por tener aire acondicionado en su casa. “Muchos vecinos no tienen. Las casas son un infierno. Y las calles, sin nada verde, también”, se queja.

Isabela León Cesín, arquitecta y urbanista, Project Manager de Ecodes, afirma que los árboles, a través de la sombra y la evapotranspiración, pueden reducir la temperatura del aire entre 2 y 5°C y la de las superficies entre 10 y 12°C. En un evento extremo, como el de estos días, “esa diferencia puede salvar vidas”.

No obstante, si todos los vecinos de Tetuán pudiesen acceder a un aire acondicionado, el problema estaría lejos de estar resuelto. “Una ciudad que solo se puede habitar en verano si puedes pagar aire acondicionado no es una ciudad preparada para el cambio climático”, aclara esta experta.

Lo sabe Paula, una madre que juega con sus hijos en uno de los pocos parques infantiles de Tetuán, en la calle Pinos Alta, rodeado de árboles. Hay sombra para sus pequeños, que suben y bajan del tobogán, y para ella, que los mira sentada en un banco protegido por un enorme arbusto. “Esta sombra nos está dando la vida en estos días de mucho calor. Necesitamos más zonas infantiles que en verano se puedan habitar”, reclama la mujer.

Las soluciones

Miguel Díaz explica que las ciudades apenas ocupan el 2% de la superficie de la Tierra, pero más de la mitad de la población vive en ellas, cifra que en España crece hasta un 80%. Por ello, en un escenario de crisis climática y ecológica, “las ciudades son un punto clave en la adaptación”.

“La vegetación cumple una función democratizadora. Que dos millones de personas en Madrid no tengan acceso a la naturaleza es una barbaridad. Lo bueno es que hay soluciones, las administraciones tienen a mano herramientas para aumentar el acceso a las zonas verdes de los ciudadanos”, subraya.

Pone el ejemplo de las plazas duras de Tetuán. Estos espacios “representan uno de los mayores activos para la ampliación de zonas verdes”. El informe explica que “reverdecer una plaza no es solo una operación de mejora ambiental, sino también de restitución histórica”. Las intervenciones de este tipo deben propiciar la diversificación del pavimento, introduciendo una mayor superficie permeable y zonas de plantación, así como la incorporación de arbolado, compatibilizando la mejora ambiental con los usos estanciales.

“Puede que en Tetuán, por su densidad de población, no se pueda construir un gran parque, pero hay muchas estrategias de renaturalización que pueden ponerse en práctica. Es cuestión de decisión política”, agrega Miguel Díaz.

¿Qué es la renaturalización urbana? La creación o facilitación de biodiversidad silvestre, elementos y procesos naturales en los núcleos urbanos, responde el activista de Amigas de la Tierra. “Todo solar libre de Madrid tiene que transformarse en una zona verde. Es una cuestión de resiliencia, adaptación y salud física y mental”, insiste.

Eso sí, la planificación verde estratégica en favor del derecho de acceso a la naturaleza, advierte, debe ir asociada a políticas públicas orientadas a la regulación de los precios del suelo y del alquiler, y la creación y ampliación de un parque de vivienda pública bien dotado de espacios verdes.

Y, si bien la gentrificación es un riesgo de la renaturalización de las ciudades, no puede permitir “un retroceso en una ejecución de renaturalización a gran escala”. La investigación concluye que es posible lograr un acceso a la naturaleza de los ciudadanos con menos poder adquisitivo “sin que esto suponga poner en riesgo su derecho a tener una vivienda digna”. 

Si en Tetuán se consumase esta transformación, tal vez, el repartidor Miguel podría disfrutar de sus habituales descansos en una zona verde en lugar de encerrado en su coche con el motor encendido para hacer funcionar el aire acondicionado. 

No habrá taquillas para la recogida de paquetes despachados por grandes compañías de venta online. El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a su plan piloto para colocar 19 de estos puntos en el barrio de Cuatro Caminos, en Tetuán, y “optimizar la última milla logística” junto al pequeño comercio local, según ha comunicado el delegado de Movilidad, Borja Carabante, durante la comisión de su área este lunes.

“Como consecuencia de las reuniones que hemos mantenido con el distrito, no lo vamos a implantar en Tetuán” anunciaba Carabante ante una pregunta de Vox sobre este despliegue, que su área tenía pensado llevar a cabo durante un año, como prueba para después extender el mismo modelo por el resto de Madrid. Calles como Dulcinea, Hernani, Juan de Olías, Castellana, Ourense, General Perón o Ávila iban a recibir estas taquillas o lockers para la paquetería, en zonas cercanas a puntos de recarga y también sustituyendo a aparcamientos para bicicletas que, según el Ayuntamiento, tienen “baja utilización”.

Cada taquilla prevista iba a ser de hasta 2,20 metros y, como mínimo, tendría una anchura de 1,85 metros, indicaba el proyecto al que tuvo acceso este periódico. El delegado de Movilidad ha defendido este lunes que el proyecto buscaba junto a “todas las empresas del sector”, afrontar cambios en la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), que supone en Madrid “el 10% de la flota de vehículos que se desplaza a diario por la ciudad, pero representa el 20% de la congestión y el 30% de la contaminación”, a través de la supresión de “desplazamientos innecesarios”. Carabante dio el dato, además, de que los 22 lockers que el consistorio ha desplegado en aparcamientos municipales subterrános han recogido ya 470.000 paquetes.

Ignacio Ansaldo, concejal de Vox que formulaba la pregunta, acusaba a Carabante de querer “regalarle el espacio público a empresas privadas” con las taquillas planificadas. Y criticó los posibles impactos “estéticos y paisajísticos”, además de en la accesibilidad. “Su instalación produce una competencia desleal frente al comercio local”, reprochaba al delegado.

Ansaldo proponía varias soluciones para estos lockers: “Que sean los centros comerciales los que instalen las taquillas previstas en sus galerías. O que las propias empresas alquilen sus propios locales con taquillas, como hay para las maletas. Es un problema privado, que lo resuelvan ellos”.

Censura en la Comisión de Paisaje Urbano

La renuncia desde el área de Movilidad a continuar con el proyecto de taquillas de paquetería en las calles llega después de que la Comisión de Paisaje Urbano se mostrara en contra de su instalación. Según fuentes de este organismo municipal consultadas por Somos Madrid, de la reunión en la que se abordó salió un dictamen negativo contra estos elementos.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid también criticaron su instalación. El PSOE se mostró en contra por varios motivos: “Porque era un ataque al pequeño comercio, perjudicaba los aparcabicis y por la escasa sensibilidad del Gobierno municipal a la hora de intervenir el espacio público, en la estética y en la armonía de los elementos que se instalan”, apunta el concejal Antonio Giraldo a este periódico. A la vez, reclama que “en el futuro se intente no tener tantas ideas de bombero que le compran a cualquier empresa en cuanto pueden, hay que tener más sensibilidad a la hora de intervenir y pensar a quién puede afectar cada caso”.

Más Madrid también se mostró crítica en su día cuando se conoció el proyecto piloto, por el “ataque directo” que observaba contra el comercio de proximidad, a través de una “nueva cesión” del espacio público a grandes operadores privados de logística.

La semana pasada apareció en una de las vallas metálicas del enorme solar de la calle Tiziano, en Tetuán, un llamativo cartel: “De Botín a Almeida. 30 años de estafa. De lucha”. Algunos vecinos saben a qué se refiere, pero muchos de los actuales habitantes del barrio lo miran con extrañeza y se preguntan qué quiere decir el enigmático mensaje. Otros, captan la referencia al PERI Tiziano-Dulcinea, una operación urbanística suspendida en el tiempo durante tres décadas cuya cicatriz más visible es el propio solar, pero que va mucho más allá.

El caso tiene su origen en la operación de regeneración urbana de una manzana contigua a Bravo Murillo y a pocos minutos andando de la zona de la Castellana que comenzó a principios de los años noventa. En su camino inacabado se cruzaron estafadores, el Ayuntamiento de Madrid, varias entidades bancarias y un conocido fondo de inversión internacional.

El caso del PERI Tiziano Dulcinea ha afectado a más de un centenar de personas –muchos perdieron sus viviendas– y agotó un tortuoso recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización pendiente, el desenlace de los realojos no satisfechos en su momento y la actividad económica de los propietarios de los pisos y solares.

La propiedad de los activos pasó parcialmente en 2018 del Banco Santander a Blackstone. El banco español se alió con el gigante norteamericano para fundar un paraguas llamado Quasar (donde Blackstone tiene el 51% y el Banco Santander el 49%). La estructura debía servir para dar salida al ladrillo heredado del Banco Popular, al que habían comprado previamente. Dentro de esta operación, encontramos a Inversiones Inmobiliarias Canvives, que maneja los terrenos, y a Inmobiliaria Aliseda, que gestiona y comercializa los activos inmobiliarios. Estas últimas son las sociedades que se vienen comunicando –y que, según el caso, están denunciando– a las personas que viven distintas situaciones relacionadas con el desenlace de la operación.

Recientemente, se han producido algunas denuncias por usurpación y órdenes de desahucio, que han motivado la unión de algunos afectados directos del proceso con otros vecinos que viven okupando en los pisos comprados por Blackstone en una urbanización de varios pisos construida entre las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano. Se trata de nuevos bloques en lucha guiados por el Sindicato de Vivienda de Tetuán.

Es a esto a lo que hacía referencia el cartel: se presentarán el próximo viernes en el solar que hay al final de la calle Teruel. En el lugar, lleno de maleza seca, tendrá lugar un coloquio en el que estarán presentes afectados, el Sindicato de Vivienda de Tetuán y también representantes de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, que jugó un papel en el realojo de una parte de los vecinos al principio del proceso.

Por el momento, algunas personas viven acusadas de okupas en casas en las que entraron con su llave y de las que tienen papeles; otras perdieron su casa y no son pocos los pisos que permanecen tapiados.

Una complicada historia de expropiación

En 1991 el Ayuntamiento de Madrid declaró la manzana comprendida entre las calles de Tiziano, Dulcinea, Jaén y Teruel, en el barrio de Cuatro Caminos, como zona de especial degradación y decidió emprender una ambiciosa operación de reforma urbanística conocida en lo sucesivo como PERI 6-7 Tiziano-Dulcinea. PERI no es otra cosa que las siglas de Plan Especial de Reforma Interna y su puesta en marcha debería haber supuesto la renovación de un ámbito de 34.966 metros cuadrados cuya consolidación lleva años a medio hacer.

El viejo barrio estaba compuesto por casas bajas o de pocas alturas. Varias, las de más de un piso, siguen en pie y dan una idea de cómo era el paisaje urbano de hace tres décadas, que hoy parece olvidado e incluía también pequeñas industrias como un taller de aluminio, una imprenta o un taller de carpintería, entre otros negocios.

Un modelo residencial habitual en el barrio era el de un edificio pequeño en cuyos distintos pisos vivían los padres y se asentaban luego los hijos con sus nuevas familias, por lo que el descalabro de la operación tocó de lleno a familias enteras

A la hora de afrontar los realojos, a los vecinos se les ofreció una doble vía. Por un lado, la expropiación forzosa. Por otro, una operación guiada por una empresa privada que era más ventajosa para ellos. Hacia 1995 se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa, relacionada con la familia de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el PSOE y actual presidente del Banco de España.

La vía de la junta de compensación era sencilla a priori: ceder sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio. Las medidas de la casa venían dadas por los metros cuadrados entregados y por el número de habitantes de los hogares. Un centenar de vecinos del barrio –la mayoría– optaron por esta vía. El Ayuntamiento también recibiría a cambio parcelas para dotaciones públicas y la empresa gestora obtendría la explotación de parte del terreno, cuya edificabilidad era notablemente superior a la original. Aparentemente, todo el mundo ganaba con la operación.

A partir de 2002 entra en escena un nombre que nunca olvidarán los vecinos afectados por el PERI, el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno –que falleció en 2019–, cuya empresa (Somersen) absorbió Corbuasa. Esta empresa recibirá un préstamo de 77 millones de euros del Banco Pastor, cancelando otro anterior de la junta de compensación de la época con el Banco Popular. La entidad bancaria dio vía libre al préstamo en veinticuatro horas y Martín Moreno se comprometió a devolverlo en solo dos años. Lo exiguo de ambos plazos ha hecho sospechar siempre a vecinos y a la administración concursal que hubo irregularidades. Según publicaba El País en 2012, Moreno “asignó a otras promociones [el dinero] en Andalucía y a sufragar los gastos de una fundación que utilizó posteriormente para hacer negocios en Costa Rica, país del que fue cónsul honorario”.

Por otro lado, para solicitar este segundo préstamo, la empresa registró las cuotas de participación en la junta de compensación a su nombre. Como el lector habrá adivinado, el préstamo nunca fue devuelto –tampoco se construyeron todas las viviendas necesarias – y la entidad bancaria se hizo de esta manera con las aportaciones de los vecinos. Somersen, de hecho, había entrado en suspensión de pagos en 2006. Todo sucedió sin que los aportantes se enteraran de absolutamente nada de lo sucedido.

Mientras que algunos vecinos recibieron correctamente sus realojos, otros se encontraron con pisos con cargas hipotecarias que no esperaban –que abocaron a no pocos de ellos a perder la vivienda– o no llegaron a recibir los pisos. Este medio ha podido hablar con algún afectado que explica que los notarios con los que firmaron las escrituras en ningún momento mencionaron las cargas del piso, un relato que se repite entre muchos de ellos.

A partir de ese momento, comenzó una larga travesía en el desierto para los afectados del proceso ligado a los vaivenes silenciosos del mercado inmobiliario. El banco Santander adquirió en 2018 la deuda del Banco Pastor después de que este quebrara, como dijimos. A continuación, entraron en escena Blackstone, Canvives y Aliseda.

Durante la primera década de los 2000 hubo cierta unión vecinal y lucha, tanto en la calle como en los tribunales, que tuvo como protagonista a la asociación de afectados APITEDU. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha mostrado buena predisposición verbal en numerosas ocasiones. En 2006 declaró que la actuación de la junta de compensación (en la que estaba presente como vocal) había sido irregular, y recientemente se ha reunido con algunos afectados, pero estos siempre han pensado que han faltado a su deber in vigilando dentro de un proceso de regeneración urbana que al que el consistorio dio vía libre.

Tras algunos varapalos judiciales, el Tribunal Constitucional paralizó actuaciones urbanísticas y desahucios, permitiendo que fuera el Juzgado de lo Mercantil quien prosiguiera con el concurso de acreedores contra Somersen. Se estableció una nueva junta de compensación que ha seguido actuando durante todos estos años y que aún está en vigor.

Vecinos obligados a okupar sus propias casas

Los realojos derivados del PERI Tiziano-Dulcinea se llevaron a cabo para comerciantes, aportantes –propietarios– e inquilinos. Hablamos con Sara (nombre ficticio) y José, que en su momento obtuvieron compromisos de realojo como antiguos inquilinos firmados notarialmente y viven en los bloques de Tiziano y Jaén de la discordia.

Sara vive en el piso que se concedió a su familia siendo aún una niña. Queda con nosotros con una carpeta repleta de documentación y trata de desentrañar lo mejor posible un caso lleno de aristas. Explica que hubo durante el proceso personas que se aprovecharon de la situación, “gente que compró viviendas deshabitadas para entrar en la junta, otros que empadronaron a más gente, personas que se enteraron y no tenían nada que ver con el vecindario”.

“Después de esto, hubo una parte de familias que se quedaron sin casas, entre ellos mi familia. Se nos dijo que se iban a construir los edificios de renta libre del final de la calle Tiziano [los que ahora son noticia por convertirse en bloques en lucha] y que se nos respetarían las condiciones iniciales. Esperamos y firmamos”, dice Sara mostrando un compromiso firmado ante notario.

A continuación, sus padres fueron al banco para formalizar la hipoteca necesaria para hacer frente a los costes que conllevaba el realojo. Fue entonces, al denegárselo, cuando se enteraron de que el piso tenía una carga millonaria con la que no contaban. “Como todo eran buenas palabras por parte del Ayuntamiento, que nos decía que la situación se solucionaría, al principio esperamos”, dice Sara.

Pasaron los años y la comunidad de propietarios se puso en contacto con su familia para decirles que las viviendas deshabitadas estaban sufriendo un deterioro. “En 2015 entramos con las llaves –que ya teníamos– a vivir mi marido, mis hijos y yo. Como nosotros, otras personas hicieron lo mismo”.  Desde entonces, viven allí con los suministros dados de alta legalmente gracias a la cédula proporcionada por Urbanismo para ello. Su madre, mientras, siguió viviendo en la vieja casa de la calle de Tiziano, que sigue pendiente de ser derribada.

“En 2018 se presentó el Banco Santander, les enseñamos el compromiso de escrituras que obra en nuestro poder y no volvimos a saber nada hasta finales de 2025, cuando mi madre recibió un burofax de la nueva junta de compensación explicándole que se iban a reactivar los realojos”. Ellos pensaban que su madre iría a vivir a la casa donde están ellos, que buscarían otro hogar. Para su sorpresa, Sara recibió una notificación de la policía judicial que resultó ser una denuncia por usurpación.

A su madre se le ha informado de que no se le realojará en el piso que originalmente le correspondía sino en otro de la cercana calle de Teruel de cuarenta metros cuadrados (en lugar de los más de noventa que figuran en su compromiso de realojo). Una casa que no cumple con los estándares de accesibilidad necesarios para una persona mayor. Un piso para el que, en todo caso, no se respetan las cantidades que figuran en el documento firmado hace años, pidiendo ahora otras mucho más elevadas que son inasumibles para una pensionista de setenta y siete años.

Desde entonces, Sara entró en contacto con diferentes personas que dijeron ser mediadores nombrados por la nueva administración, con la junta de distrito y, a través de esta, con urbanismo e incluso con la inmobiliaria Aliseda. Cuenta con pesar lo que han pasado durante el proceso: “Nuestras conversaciones con asuntos sociales han sido duras, todo el rato mencionaban de la posibilidad de perder la custodia de mis hijos por nuestra situación de vulnerabilidad”. Se ha celebrado ya el juicio por usurpación, del que ha salido absuelta.

José nos recibe en su casa de la calle de Jaén –en la misma urbanización de lo que pronto serán bloques en lucha– junto a su mujer. Para entrar en su casa, pasamos por varias puertas cementadas por la propiedad. Estamos en el salón de su casa y, a su alrededor, hay fotos que resumen la vida de la familia, que comenzó en el barrio cuando se casaron y fueron a vivir a la calle de Tiziano, allá por los años setenta.

El caso de José y su familia fue similar al de los padres de Sara. También era una familia numerosa y, como no había pisos de noventa metros cuadrados –que es lo que les correspondía– les prometieron un piso en el edificio de venta libre. “Y así fue, lo que pasa es que ya coincidió en el tiempo con la estafa de Somersen en colaboración con el Banco Pastor”, explica leyendo un párrafo del documento notarial que lo acredita.

Poco después de entrar a vivir en su vivienda, les llegó una orden de desahucio. El piso tenía una hipoteca de 84 millones de pesetas que él desconocía –y que los notarios no mencionaron durante la firma, advierte su pareja–. “Fuimos desahuciados”, explica José levantándose a por un recorte de periódico que se hizo eco de su caso.

La administración concursal, atendiendo a la situación precaria de la familia, les realojó en un piso de la misma urbanización en la que estaba su casa original. Ahora, se pretende que abandone la vivienda de una habitación en la que vive con su mujer. A cambio, como en el caso de Sara, les proponen acceder a un piso más pequeño o a una indemnización de poco más de 80.000 euros, una cantidad fijada con arreglo a la realidad de 1994. “Hasta que no nos den nuestra vivienda no nos podemos ir de aquí”, asevera.

Tanto en el caso de Sara como el de José y su mujer, desde la Junta de compensación se insiste en el hecho de que las condiciones familiares han cambiado en estos años. Ellos señalan que los perjudicados por no haber podido disfrutar durante este tiempo de sus viviendas en buenas condiciones son ellos, se remiten a los compromisos firmados y recuerdan que los hijos de las familias que fueron correctamente realojadas en su día también se han casado y se han ido de casa. Un hijo de Juan, de hecho, volvió a vivir en la casa de la que fue desahuciada la familia, que permanecía vacía. También ha sido denunciado por usurpación, pero el juez desestimó en sala la vía penal, ya que entró con sus propias llaves.

El caso de Sara y Juan es solo uno de los muchos que se desprenden del intrincado caso del PERI Tiziano-Dulcinea. Una operación enquistada durante años que ha dejado en suspenso la vida de muchas personas y varado el ámbito durante décadas.

Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplegado este lunes en el distrito madrileño de Tetuán tras la caída de una grúa en el interior de un edificio en obras situado en la calle Francisco Salas. El incidente, que ha generado una importante movilización de los servicios de emergencia, no ha dejado heridos, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a este periódico.

La grúa se ha desplomado dentro del inmueble en rehabilitación, provocando daños en, al menos, dos edificios colindantes ubicados en las calles Castilla y Tenerife. Como consecuencia del impacto, parte de una vivienda situada en el edificio de la calle Tenerife se ha derrumbado, generando un importante agujero en su estructura.

Además, se han registrado daños en la terraza de otra vivienda ubicada en la calle Castilla. Los técnicos continúan evaluando el alcance exacto de las afecciones, todavía por concretar, para determinar la estabilidad de los edificios colindantes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Samur-Protección Civil y Policía Municipal. Los servicios de emergencia mantienen un dispositivo preventivo mientras se desarrollan las labores de inspección y aseguramiento de la zona.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal, apoyados por drones, están peinando el entorno para concretar el nivel de afectación y descartar riesgos adicionales. La zona permanece bajo vigilancia mientras avanzan las tareas de evaluación.

Naranjo es una pequeña vía perpendicular Bravo Murillo en Tetuán. Una calle a la que el adjetivo normal le encaja como un guante. Sin embargo, hace justo hoy quince años, la ciudad supuraba cuerpos rebeldes y Naranjo, como primera sucursal importante del 15-M en los barrios, se convirtió en el centro de la ciudad.

El de Anwar y Tatiana fue el primer desahucio parado en Madrid. El punto de partida del movimiento de la vivienda tal y como se entendería a partir de ese momento y una concreción material de las horas de debate que habían tenido lugar en  las plazas durante el último mes.

Álvaro, participante del 15-M y, luego, activista del grupo de desahucios de la Asamblea Popular de Tetuán, recuerda haber escuchado hablar ya del desahucio en Sol. “En la acampada se comentaba que había un primer desahucio para intentar parar en Madrid el 15 de junio, como ya había sucedido en Barcelona y en Murcia. Hacía justo un mes del inicio de la acampada y había sensación de agotamiento, así que abrazamos con entusiasmo el salto de la protesta a la acción directa en uno de los problemas que preocupaba más a la gente en aquellos momentos”, explica.

En aquel primer desahucio, la PAH y una comisión del 15-M se ocuparon de organizar muchos de los detalles del caso. Desde la asamblea de Tetuán se encargaron de apoyar y movilizar en el barrio. La Asamblea Popular de Tetuán había nacido, como otro centenar largo más, el 28 de mayo. La Plaza de las Palomas –nombre popular de la del Canal de Isabel II, a orillas de Bravo Murillo– se llenó con centenares de vecinos curiosos y ávidos de política. Una semana después, comenzaron a conformarse distintas comisiones, entre ellas la que al principio se llamó Desahucios y Legal. Hablamos con Víctor, miembro de la incipiente comisión:

“Apenas teníamos idea de la situación, ni de cómo afrontarla. Un desconocimiento absoluto. Recuerdo que empecé a ir a la PAH justo a la vez que empezaba el 15-M. Ellos comenzaban a tener una cierta difusión por los problemas de vivienda y sobre todo por su activad en Barcelona. Allí habían parado algún desahucio y estaban haciendo ruido con la situación de las hipotecas”, explica.

Entonces, relata Víctor, la PAH se reunía semanalmente y congregaba a unas cincuenta o sesenta personas. “Al principio, eran migrantes latinoamericanos y miembros del movimiento vecinal, sobre todo”. En una de esas primeras reuniones se encontró a Anwar, que ya tenía fecha de desahucio y había acudido en busca de ayuda. Anwar y Víctor fueron juntos a la Plaza de las Palomas a presentarle el caso a su barrio. Frente a ellos, escuchaban centenares de vecinos bajo un sol de justicia.

Anwar provenía del Líbano y se había ganado la vida como panadero hasta la llegada de la crisis. Tatiana, su pareja, era de origen búlgaro y tenía formación comunista. Aunque se separarían un tiempo después, los dos se implicaron mucho, primero en la defensa de su hogar y luego en el movimiento por la vivienda. A Anwar se le vio oponiéndose a distintos desahucios en el barrio, a veces haciendo de intérprete de árabe. Tatiana se convirtió durante un tiempo en una cara visible de la PAH. Su determinación habla de una máxima fundacional de aquel movimiento de vivienda que ha heredado el actual , más ligado al inquilinato: no hay diferencia entre afectados y activistas, todos son compañeros que deben implicarse en la causa en la medida de sus posibilidades

“Como no teníamos ni idea, empezamos a hacer prácticas muy incipientes, como manifestarnos delante de un BBVA (la entidad desahuciadora), moviéndonos en círculos como en las películas americanas. No se había hecho nada de esto o por lo menos nosotros no lo conocíamos. No había aún estructuras.”, detalla Víctor. Álvaro incide en lo virginal de la situación. “Hay una pancarta de la Asamblea Popular de Tetuán que sale en las fotos. Recuerdo estar haciéndola en la Plaza de las Palomas y preguntar a los compañeros ¿dónde va la h de desahucios? Nunca lo habíamos escrito”.

Lo publicitaron a través de las recién nacidas redes del 15-M, se reunieron a hacer carteles y los colocaron a la salida del metro. “Había un gran secretismo –aunque resultó estar todo muy difundido–, no decíamos la dirección y el día del desahucio había personas a la salida del metro dirigiendo a la gente hacia la calle Naranjo. Era todo muy ingenuo”, recuerda Víctor insitiendo una vez más en el adjetivo.

El hecho es que aquel 15 de junio amaneció con cientos de personas bloqueando la calle Naranjo y las aledañas. Hasta quinientas permanecieron allí durante horas hasta que se supo que el desahucio no se iba a ejecutar. Había sucedido, en medio de la multitud y entre gritos de ¡Sí, se puede!, el primer #stopdesahucios (en aquella época todo llevaba un símbolo de hashtag por su uso en twitter). “Pensábamos que íbamos a ser unos cuantos vecinos, los habituales. Llegamos a primera hora y no se podía entrar en la calle. El momento se había convertido en un símbolo de repente”, recuerda Álvaro.

Eran tiempos en los que los ecos del 15-M desbordaban la actividad puramente activista. Una de las imágenes que se hicieron virales de aquel desahucio fue la de algunos “indignados” increpando al político de Izquierda Unida Cayo Lara. En concreto, la imagen de Ricardo cara a cara con la que era entonces la figura más visible del partido de izquierdas se reprodujo en varios periódicos y rodó por infinidad de cuentas de Twitter. “Ese día me levanté y me enteré de que iba a haber un desahucio cerca de donde vivía en esa época. Pensé, antes de ir a trabajar me voy a pasar a ver si con suerte lo paramos”, explica el protagonista de la fotografía quince años después.

Curiosamente, la imagen, que plasmaba de un vistazo el primer espíritu apartidista del movimiento, el no nos representan, tiene una intrahistoria mucho más mundana, tal y como explica Ricardo. “Le comenté algo sobre la unidad en Extremadura, le dije: Cayo, recuerda que PP y PSOE son lo mismo. Estuvimos dialogando y, de hecho, terminamos dándonos la mano”. A pesar de ello, estas y otras instantáneas de la gente increpando al político -le tiraron agua, incluso- ejemplifican bien una tensión del momento, que alcanzaba también al movimiento contra los desahucios, pues en la seminal PAH había mucha representación de la izquierda tradicional, a la que aquel día se le uniría el movimiento social asambleario.

Ricardo siguió atento a la evolución del desahucio desde el trabajo y recuerda haber recibido la noticia de su paralización con mucha alegría. Ha pasado mucho tiempo: le dio tiempo a ser padre, mudarse varias veces, pasar por distintos empleos... pero mantiene, como mucha gente involucrada, un recuerdo vívido lo de Naranjo..

Aquel día, recuerdan las personas más directamente involucradas, surgieron algunos roces propios de los nervios y la inexperiencia de las distintas organizaciones convocantes, pero se disolvieron rápidamente en la euforia de la victoria. Las imágenes de la calle Naranjo atestada de gente salieron en todos los informativos.Estábamos en pleno pico de la crisis de desahucios por hipoteca. y, a partir de entonces, empezaron a amontonarse cuerpos en los portales de muchos vecinos con órdenes de desahucio. El de Anwar y Taty supuso el aprendizaje y la puesta en marcha de una serie de métodos que se pondrían en práctica muchas veces en lo sucesivo. “A partir de ahí todo fue aprender: saber qué era un lanzamiento, una comisión judicial, cómo se podía presionar previamente o negociar con el banco. Pero primero fue ese estallido de fuerza y de voluntad”, explica Álvaro.

Como era de esperar, la maquinaria judicial no paró con aquella primera victoria. BBVA continuó en sus trece de desalojar a los habitantes de Naranjo 14 y la siguiente fecha de desahucio se programó el 29 de febrero de 2012. Parecía mentira que hubieran pasado solo ocho meses. A esas alturas el grupo de desahucios del barrio y el movimiento de vivienda habían atesorado una rica experiencia en pelear contra los bancos y hecho cayo en los juzgados. La campaña de comunicación, apelando al momento fundacional del primer desahucio, tuvo mucho recorrido. El grupo de desahucios de la asamblea subrayaba el deseo de “volver a llenar Naranjo”. La comisión de comunicación de la Asamblea Popular de Tetuán, por su parte, diseñó una web con una cuenta atrás en cuya dirección se leía “nuestra primera vez”.

Se hicieron visitas diarias a la sucursal del BBVA correspondiente, se inundaron los buzones de los directivos del banco y se organizó una rueda de prensa en la azotea de la casa. El punto álgido fue una manifestación en la que cientos de personas recorrieron la calle de Bravo Murillo desde Plaza de Castilla hasta la sucursal bancaria. La intención era atrincherarse en la vivienda para resistir el desahucio, pero llegó la llamada: se concedía la entonces reclamada dación en pago. Las cañas post mani , que habitualmente tenían lugar en el centro de la ciudad, esa tarde fueron en La Plazuela, el mismo bar junto a la Plaza de las Palomas desde el que la asamblea de barrio tiraba los cables para la megafonía.

La historia de Naranjo 14 está contada en el libro Tetuán Resiste: la lucha por la vivienda de un colectivo de barrio. En el capítulo correspondiente se puede leer: “Lo que en aquel momento celebramos como una victoria, pronto se mostró como un arma de doble filo. Aprendimos que la dación en pago no servía de nada si no iba acompañada de un alquiler asequible, garantizado e indefinido”.

La mayoría de las victorias de los movimientos populares lo son parciales. El sistema es rencoroso. Pero, hasta en esto el caso de Anwar y Tatiana sirvió como punto de partida. Aquel era el momento de la crisis hipotecaria pero la evolución del movimiento y del momento histórico pondrían encima de la mesa que el problema era más grande: la vivienda.

Localizamos a Anwar para saber qué ha sido de su vida quince años después. Confiesa que no tenía presente la efeméride –“soy muy malo recordando fechas en general”, dice– pero explica que acaba de hablar con su hija, que trabaja en Estados Unidos, y se lo ha señalado. “¿sabes que han pasado quince años, papá?”, le ha dicho.

Anwar vive hace ocho años fuera de Madrid. Un amigo con el que vivía en Tetuán le ofreció la oportunidad de irse con él a trabajar en una huerta ecológica en Perales de Tajuña e hizo las maletas. Hace tres años que se jubiló y ahora vive en el pueblo de al lado, Tielmes, con una pensión no contributiva. “Sigo echando una mano en la huerta de todas formas”, advierte.

Para Anwar, aquellos recuerdos son ambivalentes. “No fueron buenos tiempos a nivel personal”, dice. Por otro lado, su voz coge peso y sentimiento cuando recuerda el apoyo que recibieron de la gente.

“Fueron tiempos duros, que acabaron con la familia. También sucedió que cuando se consigue la dación en pago, que fue un gran éxito, te das cuenta de que empezaba lo peor. ¿Ahora qué?, me preguntaba”. Anwar pudo alojarse un año y medio en casa de un amigo, luego tuvo que vivir ocupando con otros compañeros de Tetuán y llegó a sufrir un nuevo intento desahucio, en 2019, que también congregó mucho apoyo. “A día de hoy, cuando escucho el timbre todavía me estremezco y pienso que puede ser la policía”, admite.

Ahora vive con mucha tranquilidad, “no me sobra nada, vivo con poco, pero estoy bien”. Es muy consciente del problema de la vivienda y le sale la vena de activista durante la llamada telefónica, “nadie quiere solucionar el problema, con el dinero que se prestó a los bancos se podía haber hecho”, reclama poniéndole pulsaciones a la voz momentáneamente, antes de regresar al tono tranquilo con el que habla.

Volvemos al 15 de junio de 2011. “Yo destacaría de aquel día las ganas que había. Luego, una mezcla de miedo y voluntad de solucionar el problema. Y el convencimiento de que lo podíamos lograr.”, subraya Víctor rebuscando en recuerdos que son ya también sentimiento. Las impresiones de Álvaro son coincidentes.: “fue un sentimiento de conformar una fuerza social que yo nunca he tenido de forma tan clara. Era un oleada de esperanza y de alegría”.

La nostalgia está tan de moda como mal vista. Pero es un sentimiento inevitable, que nos sacude. Quizá baste con convertirla en genealogía y mirarla desde el presente para transformarla en impulso. Han pasado tres lustros y las caras de los movimientos de vivienda se han renovado. A los chalecos verdes de la PAH se le sumaron las camisetas naranjas del Sindicato de Inquilinas. Los grupos de los barrios sobrevivieron a las asambleas del 15-M. Los cuerpos sigsiguieron apretándose nerviosos en los portales, donde aún se escuchan los mismos cánticos –“Vecina, despierta, desahucian en tu puerta”–. Hoy es lunes 15 de junio y en la calle Naranjo, en Tetuán, todo parece tranquilo, pero, como se decía hace quince años lo que pasa, no despasa.

Este viernes, 12 de junio, ha empezado a circular al mediodía en distintos grupos de whatsapp y redes sociales del distrito de Tetuán el siguiente mensaje: “Alerta en edificio de calle Lope de Haro 36. Ha llegado la propiedad y quiere echar a Manuel. Ha elegido quedarse en un piso turístico ilegal antes de quedarse en la calle. Se necesita apoyo presencial y difusión”.

Manuel, de 81 años de edad, tiene una discapacidad reconocida y grado de dependencia II. Fue desahuciado de la casa en la que vivía el pasado mes de septiembre y ayer decidió entrar en un piso turístico vacío para vivir. El anciano va de la mano de la Organización de Vivienda de Tetuán, una de los grupos de vivienda que trabaja en el distrito, que viene ayudándole desde antes de que se produjera su desahucio el 12 de diciembre.

Después de su desahucio, cayó en los habituales recursos de la agencia de SAMUR Social, que solo le proporcionaron una solución temporal. “Pasó por uno en Vallecas, donde estuvo un par de semanas, luego unos cuantos días en otro y finalmente quedó en la calle. Estuvimos buscando otros recursos pero todos nos dirigían al propio SAMUR Social, donde nos decían que estaba en lista de espera y que no le llegaría el turno en al menos un mes, cosa que no ha sucedido aún de todas formas”, explicaban hace meses desde la asamblea de vivienda que le ayuda.

En su nueva situación, se encontró con las puertas de posibles alquileres cerradas debido a su elevada edad. Su pensión mínima y el edadismo le abocaban a permanecer en la calle. “Hemos buscado durante meses, pero nadie hace contratos a personas tan mayores”, explicaban desde OVT a este medio el pasado mes de diciembre.

La única alternativa para Manuel eran hostales con habitaciones compartidas para una decena de personas en condiciones que, afirman desde la Organización de Vivienda de Tetuán, “han hecho mella en sus condiciones de salud”.

Por ello, el jueves 11 de junio decidió entrar en un piso turístico de la calle Lope de Haro, un bajo reconvertido en VUT que, según explican desde OVT, es ilegal. La situación de Manuel se ha conocido hoy y los activistas por el derecho a la vivienda han advertido a lo largo del día de que la policía había acudido al domicilio, sin embargo, como la propiedad no se ha presentado, las dotaciones policiales se han retirado a primera hora de la tarde.

Las viviendas turísticas siguen estando en el foco de la crisis habitacional de los barrios. Este mismo fin de semana amanecieron 153 viviendas turísticas con pintadas en distintos puntos de Vallecas, Carabanchel, Latina, Lavapiés, Tetuán o Ciudad Lineal. El distrito de Tetuán es uno de los que sufre una mayor presión: según datos del propio Ayuntamiento del año pasado, el cuarto que más alberga, con números muy similares a los del distrito de Chamberí.

En el caso de Manuel se unen los problemas asociados a la gentrificación, la subida de precios y los apartamentos turísticos con los problemas de acceso a la vivienda asociados a la precariedad en la tercera edad, que ha representado estos días el desahucio de Maricarmen, de 87 años.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.