La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Huércal-Overa (Almería) ha multado con 300 euros al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía por infracción a la Ley Electoral ante las manifestaciones realizadas durante la visita al Hospital de La Inmaculada el pasado 13 de abril al considerar que ensalzó la labor del PP y, con ello, vulneró el deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral.

La resolución, consultada por Europa Press, incide en la infracción del artículo 50.2 LOREG y requiere expresamente al consejero y candidato del PP al Parlamento de Andalucía por Cádiz para que “cese de forma inmediata” en este tipo de actuaciones durante el periodo electoral así como para que retire “cualquier publicación que haga referencia a la mencionada visita” de sus redes sociales y otros soportes.

El órgano estima parcialmente la denuncia interpuesta por el PSOE e incide en que las declaraciones realizadas ante la prensa por parte de Sanz en un acto institucional dirigido a presentar al nuevo gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería “fueron dirigidas a ensalzar la labor del PP en material de sanidad”.

En esta línea, asegura que no hay “lugar a dudas” de que la publicación que lanzó al respecto en la red social X, en la que hablaba de un programa excepcional para reforzar la atención sanitaria en la comarca y destacaba las incorporaciones de profesionales desde 2018, estaba orientada en el mismo sentido, cuando dicho extremo “está radicalmente prohibido” en la ley.

La juez da cuenta de los recortes de prensa que los socialistas acompañaron a la denuncia y destaca que “aun no siendo responsable de lo que se redacta en un medio de comunicación”, el dirigente andaluz “sí lo es por su contenido” en cuanto a los anuncios y declaraciones que realiza, en este caso, a lo largo de una página completa acompañada de una imagen del consejero.

De otro lado, la resolución no aprecia una conducta “reprobable” en cuanto a la actuación de la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, o el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, al entender que ellos únicamente participaron del acto de presentación del facultativo.

“Los denunciados acudieron en su condición de cargos públicos, tratándose de un acto que se puede enmarcar entre las actividades propias de los mismos”, resuelve el acta contra la que cabe recurso ante la Junta Electoral Provincial (JEP) en cinco días.

El PSOE dice que hay “nerviosismo” en el PP

A tenor de dicha resolución, el secretario de Organización del PSOE de Almería y cabeza de lista al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha criticado la “campaña sucia” que, según ha observado, lleva a cabo el Gobierno andaluz durante el periodo electoral al tiempo que ha apreciado cierto “nerviosismo” en el PP.

Ayala ha afeado la actuación del consejero, quien “repasó inversiones, destacó logros y anunció actuaciones futuras” cuando “está expresamente prohibido hacerlo”.

“Esta resolución viene a confirmar lo que ya habíamos advertido”, ha incidido el candidato socialista, para quien es “paradójico” que Moreno “reclamara una campaña limpia” mientras “su propio Ejecutivo ha actuado en sentido contrario”.

De la misma manera, ha criticado que el consejero tratara de trasladar una imagen de mejora en ese centro sanitario a pesar de que, a su juicio, representa “la zona cero del deterioro de la sanidad pública en Andalucía”, tras ocho años de gestión del Partido Popular.

Para el secretario de Organización del PSOE de Almería, esta actuación constituye “una vulneración grosera de la ley electoral” que, según ha señalado, evidencia “el nerviosismo de Moreno Bonilla ante los resultados del 17 de mayo”, una cita que ha definido como “un referéndum sobre el estado de la sanidad pública en Andalucía”.

Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería (PP) hasta el pasado mes de noviembre, será investigado por pagar con dinero público un viaje privado a Madrid con su jefa de gabinete. La Diputación de Almería pagó alrededor de 2.000 euros entre vuelos y hotel para que García y María del Mar González Zamora viajaran a Madrid entre el 26 y el 27 de junio del año pasado. “¿Ponemos FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]?”, le preguntó su secretaria. “Claro”, replicó García, que no asistió a ninguna reunión de la FEMP ni tuvo actividad oficial en Madrid durante aquel viaje, según la Guardia Civil.

El juzgado de instrucción 1 de Almería ya lo investigaba por el presunto cobro de mordidas en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia y la adjudicación irregular de obras públicas, que podrían suponer delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

Ahora desgaja de la investigación principal el oficio de la UCO de la Guardia Civil en el que se detallan los pormenores del viaje de García y su jefa de gabinete, y lo envía a reparto para que el juzgado al que le toque investigue los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. El auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso este medio, razona que se trata de hechos diferentes a los que se investigan en la causa principal, por lo que seguirán su propio camino con la apertura de una investigación aparte en otro juzgado.

“Una necesidad personal”

El juez propone investigar un viaje a Madrid de García y González Zamora cuyo coste para la Diputación fue de 1.892,84 euros. La Guardia Civil, que entregó un completo oficio al juez a finales de febrero, cree que aquel viaje no tenía ninguna relación con el desempeño público de García, aunque trataron de hacerlo pasar como un viaje oficial. El gasto fue aprobado por Fernando Giménez, exvicepresidente de Diputación y también imputado en la pieza principal.

Los agentes de la UCO se enteraron de los preparativos del viaje porque el expresidente tenía el teléfono intervenido, y decidieron seguirlo durante su estancia en la capital. “El viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”, dice el Oficio, al que este medio ha tenido acceso. En concreto, a un asunto personal de ella, que debía estar en Madrid el viernes por la mañana con o sin García.

El presidente de la Diputación decidió acompañarla y pagar todo con dinero público, según la Guardia Civil. Dos días después de discutir por teléfono si iba o no, llamó a su secretaria Rocío para pedirle que reservara dos billetes de avión ida y vuelta y dos habitaciones de hotel. La secretaria le preguntó si debía consignar que era para una reunión de la FEMP. “Claro”, dijo él. “Porque la reunión la tienes en la FEMP, de qué voy a poner si no”, asumió ella. Aureliano era por entonces Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP.

La secretaria de la Diputación de Almería se puso a la tarea, y acabó reservando vuelos con salida y regreso a Granada y dos habitaciones en el Hotel Montera Madrid de Hilton.

De compras por Madrid

Javier Aureliano García no puso un pie en la sede de la FEMP ni mencionó de reunión alguna en ningún momento de las 24 horas que estuvo en Madrid, según la investigación de la UCO. La FEMP ni siquiera tenía actos programados que coincidieran con su presencia en la capital. En la agenda institucional de García no figura acto, evento o reunión con la FEMP esos días, y sí “reuniones varias”. A diferencia de lo que solía ocurrir cuando acudía a algún evento, no hay publicaciones en redes ni referencia pública a ninguna actividad pública.

En realidad, desde mediodía del jueves 26 al mediodía de viernes 27, el presidente de la Diputación de Almería disfruta de un día de asueto en la capital: buscan una terraza para pasar la tarde, descansan, él callejea hasta Fuencarral, se pasa por El Corte Inglés para probarse pantalones y camisas y echar un ojo a la zona Gourmet y acaban cenando en un caro restaurante que paga él, según documenta la UCO. Casi 400 euros.

Ya por la mañana, él se pasea por Madrid sin mucho que hacer, mientras ella acude a su cita. Entre su paseo matutino del viernes y el café que se tomó en un hotel de calle Barquillo, el expresidente del PP almeriense sí pasa frente a la puerta trasera de la sede, “pasando de largo”, dicen los investigadores. Por teléfono le dice a una mujer, aparentemente su pareja, que comerá por Cueva Baja “con esta gente de la FEMP”, pero come en Marisquería Rafa con su jefa de gabinete. Después se vuelven a Almería, vía Granada, tras evitar a Luis Rogelio [Rodríguez Comendador, también expresidente de la Diputación de Almería y senador del PP], “que no me dé el coñazo”.

La factura del viaje emitida a la Diputación de Almería por Viajes Vertical detalla 662 euros por cada vuelo ida y vuelta, 282 por cada una de las habitaciones y unos pequeños gastos de gestión. Total, el día en Madrid salió por 1.892,84 euros. El vicepresidente de Diputación autorizó el gasto un mes después.

Presuntas mordidas

La apertura de una investigación por estos hechos se suma a la causa principal, en la que el juzgado trata de dilucidar el presunto cobro de entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas por la adjudicación fraudulenta de un contrato de un millón de euros para comprar mascarillas en mitad de la pandemia, y la presunta existencia de una trama para adjudicar contratos de obra de la Diputación.

El nexo común entre ambas subrtramas es Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación, quien habría percibido las comisiones por las mascarillas y por al menos 16 obras “haciéndolas llegar a otros cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería”. Los investigados hablaban de “ir al dentista” y “ponerse dentadura” para referirse a las presuntas mordidas.

Todo ello, “con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente Javier Aureliano García Molina”, según escribe el juez en el auto. La UCO ya concluyó que García pagaba su hipoteca con dinero procedente de estas mordidas, sirviéndose de sus hermanos para reintroducir el dinero en metálico en el circuito legal.

García y su vicepresidente Fernando Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero, con vínculos familiares con otros involucrados. El juez investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública en la trama principal, y ahora apunta también a la prevaricación administrativa y otro de malversación por el viaje. El expresidente de la Diputación de Almería está llamado a declarar el próximo 26 de junio.

García acumuló un gran poder en su condición simultánea de presidente del PP de Almería y de la Diputación (desde junio de 2021 y enero de 2019, respectivamente). En ambos sustituyó al histórico Gabriel Amat. Dimitió el 21 de noviembre, tres días después de ser detenido.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este jueves en Málaga a los cabeza de cartel de su partido en las ocho provincias que concurrirán a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La formación ultraderechista ha elegido a su portavoz en el Parlamento andaluz desde 2021, Manuel Gavira, como candidato a la Presidencia y, junto a él, renueva la confianza en todos los diputados hombres del grupo, que repiten en las listas (excepto uno, el cordobés Alejandro Hernández), pero deja fuera a todas las diputadas mujeres que, o bien no aparecen en la candidatura o bien han sido relegadas a puestos muy retrasados en las listas.

Vox logró 14 parlamentarios en las elecciones andaluzas de 2022, con la exportavoz en el Congreso, Macarena Olona, como candidata a la Presidencia. Olona dejó el escaño y el partido poco después y el grupo parlamentario terminó la legislatura con nueve hombres y cinco mujeres. De esos 14 diputados, seis no repiten o aparecen muy relegados en las listas electorales del 17M, y cinco de ellas son mujeres: Mercedes Rodríguez (Almería); Blanca Armario (Cádiz); Cristina Alejandra Jiménez (Granada); Purificación Fernández (Málaga) y Ana Ruiz Vázquez (Sevilla).

Las dos primeras no aparecen en las listas, las tres últimas ocupan puestos con los que Vox no logró escaño en 2022: el número tres por Granada (el que más opciones tiene, según los sondeos), el número seis por Málaga y el número cuatro por Sevilla.

El único diputado hombre que se queda fuera de la candidatura de Vox es el cordobés Alejandro Hernández. Hernández fue el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz durante la primera legislatura del Gobierno de Juan Manuel Moreno, con quien negoció y aprobó tres presupuestos autonómicos consecuetivos. Abascal lo sustituyó por Gavira en 2021 para escenificar una ruptura con el PP en el tramo final del mandato, tras haber dado estabilidad durante tres años al Ejecutivo en minoría de PP y Ciudadanos.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado este miércoles las listas definitivas para las andaluzas: Gavira encabezará la candidatura por su provincia, Cádiz; y también repetirán como números uno los diputados Javier Cortés por Sevilla; Antonio Sevilla por la provincia de Málaga; Rodrigo Alonso por Almería; Benito Morillo por Jaén y Rafael Segovia por Huelva. Se incorporan como cabezas de cartel dos mujeres: Beatriz Sánchez por Granada (donde ya ocupaba la portavocía del grupo municipal) y paula Badenelli por Córdoba.

Los dos diputados restantes -Ricardo López olea y Juan José Bosquet- repiten en puestos de salida, el primero como número dos por Granada, y el segundo como número tres por Almería. La Ley Electoral obliga a los partidos políticos a conformar listas cremallera, alternando hombre-mujer, para garantizar una representación paritaria en los parlamentos. Vox es una formación política contraria a las políticas de igualdad de género, y en el primer mandato de Moreno, donde condicionaban su gobernabilidad, exigieron derogar la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, aunque el PP se negó finalmente a transigir con este punto de su acuerdo.

En 2022, Vox fue tercera fuerza en el Parlamento y logró representación en todas las provincias de Andalucía, con 493.000 votos, el 13,46% del escrutinio: dos escaños por Sevilla; uno por Huelva; dos por Cádiz; dos por Málaga; uno por Córdoba; dos por Granada; dos por Jaén y tres por Almería. Las encuestas proyectan un crecimiento latente de la formación ultraderechista que amenaza con tumbar la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, que hace cuatro años obtuvo 58 diputados. El umbral del Parlamento andaluz para gobernar en solitario son los 55 escaños.

Los nombres de los candidatos que ha distribuido Vox este miércoles para encabezar sus listas son los siguientes: En Cádiz: Manuel Gavira Florentino; Noelia María Campos Rodríguez; Salvador Pineda Rojas y Carmen Infantes Hernández. En Sevilla, Javier Cortés Lucena; Cristina Peláez Izquierdo (portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento); Juan Antonio Aguado y Ana Ruiz Vázquez. En Málaga: Antonio Sevilla Rodríguez; Rocío Marín Ortega; Antonio Ureña Almagro; Yolanda Gómez Marín; Jesús Ruiz Ballesteros; Purificación Fernández Moreno.

En Granada: Beatriz Sánchez Agustino; Ricardo López Olea; Cristina Alejandra Jiménez Jiménez; Eduardo José Vílchez Fernández. En Córdoba; Paula Badanelli Berriozábal; Juan José Coca López; María Paz López González y Javier Bazán Benítez. En Almería: Rodrigo Javier Alonso Fernández; Clotilde Salvador Sánchez; Juan José Bosquet Arias; María Esther Tejada Pomares; Jaime Hernández Arroyo y Beatriz Sánchez Rodríguez. En Jaén: Benito Morillo Alejo; Alba María Sánchez Pozas; Fernando Navas Ruiz y María del Pilar Sánchez Pérez.

En Huelva: Rafael Segovia Brome; María Goretti Eiberle Sánchez de Toca; Raúl Molina Alcocer y Ana Díaz Cano.

Un total de 25 partidos y tres coaliciones han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Trece de estos partidos y coaliciones se presentan por las ocho provincias de la comunidad. Estos datos se desprenden de la información hecha pública por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) sobre formaciones políticas acreditadas para concurrir a las elecciones autonómicas.

Entre esas 13 formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias, figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura, en concreto, PSOE-A, PP, Vox, Por Andalucía (coalición) y Adelante Andalucía.

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía -que ahora se presenta como partido político- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía. Asimismo, para las elecciones del 17 de mayo, Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

Por Andalucía

En la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía, consta la retirada de los partidos Podemos y Alianza Verde, que finalmente se han integrado en la coalición Por Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió para las elecciones de junio de 2022. Por un problema con los plazos, en aquella ocasión, ambos partidos no quedaron formalmente integrados en Por Andalucía, sino que respaldaban la coalición y contaban en las candidaturas con representantes con la categoría de independientes.

Los otro siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Autónomos (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva). Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén merece más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).

La academia de Arkaute, a las afueras de Vitoria, es donde se forman los agentes de la Ertzaintza y otros policías y operarios de los servicios de emergencias. En unas instalaciones anexas, la denominada base Iradier, están también las unidades de Tráfico e, históricamente, el equipo antiterrorista de Álava. Desde hace unos días, por allí ya no ha vuelto uno de los trabajadores de la subcontrata de la limpieza. En 2025, en septiembre y noviembre, recibió dos condenas de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, en concreto por autoadoctrinamiento y proselitismo yihadista. Pesan sobre él dos años y medio de prisión y otras medidas. Sin embargo, según ha adelantado 'El Correo', seguía en libertad a expensas de que el Tribunal Supremo resuelva un nuevo recurso y había encontrado ese empleo.

El Departamento de Seguridad guarda silencio sobre el asunto. Solamente indica que cuando la “Policía judicial” se dio cuenta de esta circunstancia se le indicó que no podía volver a Arkaute. Las fuentes oficiales no concretan cuánto tiempo ha estado entrando al recinto policial, cuáles eran sus funciones o cuándo se dieron cuenta de la condena. Otras fuentes exhiben su sorpresa porque, en el pasado, las contratas de comisarías y otras instalaciones de la Ertzaintza eran sometidas a revisión. En el pasado, la Policía vasca ha vetado a otros trabajadores por diferentes motivos, incluidos delitos de terrorismo, aunque relacionados con ETA y no con el yihadismo, indican estas voces.

¿Quién era ese trabajador? El condenado se instaló en 2016 en Almería. Desde entonces, aunque con más incidencia a partir de 2022, “comenzó un proceso progresivo de radicalización en los postulados de carácter yihadista, en concreto en el terrorismo islámico que proclama la organización terrorista Daesh”, se puede leer en la segunda de las sentencias de la Audiencia Nacional, una resolución que ratifica los “hechos probados” de la primera instancia, otra sala del mismo órgano.

Se da por probado que este hombre, treintañero, creó perfiles en Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, WhatsApp o Messenger para difundir todo tipo de contenidos de “apoyo a la violencia terrorista”. Se trataba de materiales que defendían que “la utilización de la violencia física” era un medio “adecuado y válido” para la “instauración del denominado Estado islámico”. “Justificaba actos de violencia en países occidentales tales como España, Alemania, Francia, etc.”, sostiene la sentencia.

Esta persona fue arrestada en Almería por la Policía Nacional en noviembre de 2023. El asunto fue público. En su teléfono había 555 conversaciones sobre la materia, así como 70.654 imágenes, 947 audios, 399 vídeos y varias memorias de USB, tanto en el domicilio como en la guantera del coche. Solamente en uno de ellos había otros 2.447 archivos más. Seguía los postulados de líderes radicales, algunos de ellos presos por terrorismo en el extranjero. Realizó 1.038 publicaciones en sus perfiles.

El juicio se celebró en 2025, y también trascendió a los medios de comunicación. La Fiscalía pidió cinco años, pero la pena se quedó en la mitad. La segunda sentencia de la Audiencia Nacional, en vista de las quejas de la defensa, remarca que se ha hecho una “interpretación muy dadivosa” de los hechos para dejar la condena en dos años y medio. Los abogados defensores querían una revocación remarcando, entre otras cosas, que el varón sufre una leve discapacidad. La Audiencia Nacional lo acepta, pero matiza: “El trastorno leve no le impidió ser consciente de que expandía material yihadista apto para aleccionar a terceros cercanos de su entorno hacia el enrolamiento en una organización terrorista”. El fallo remarca que, entre el material que almacenaba y compartía había mensajes para “instar al corte de tráqueas” o al “rompimiento de cráneos”.

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un varón en el marco del desembarco de una patera en la Playa de la Fabriquilla, situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press los avisos recibidos ante la llegada de una embarcación neumática a la costa almeriense sobre las 14:45 horas. El número de personas a bordo de la embarcación se desconoce.

Así, se ha alertado a Guardia Civil, Cruz Roja y otros servicios de emergencias para atender a una cantidad indeterminada de personas que trataban de alcanzar la orilla por sus propios medios tras abandonar la patera.

Un fallecido y tres heridos es el saldo provisional de la deflagración ocurrida esta tarde en un establecimiento hostelero en las inmediaciones de la plaza de toros de Almería. Se trata de la cafetería La Posada, en la calle Conde de Villamonte, aunque también se ha producido una segunda explosión en la cochera colindante, ambas posiblemente causadas por gas, informa el Emergencias 112.

Dos de los afectados han sido evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas, uno de ellos en estado grave por quemaduras y otro de carácter leve por inhalación de humo. El tercer herido ha sido trasladado al centro de salud de la plaza de toros, si bien por el momento se desconoce su patología.

La gravedad del incidente ha movilizado un amplio operativo de seguridad. A la zona se han desplazado dotaciones de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

Debido a la violencia de la deflagración, se ha requerido la presencia de especialistas del Tedax para asegurar la “zona cero”. Supervisando las tareas de rescate desde el lugar de los hechos se encuentra la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca.

Los partidos de izquierda han coincidido este martes en su lectura de por qué el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido que las elecciones al Parlamento de Andalucía sean el 17 de mayo frente a alguna fecha de junio como se barajó inicialmente.

Y esa es el calendario de declaraciones que se celebrarán a lo largo de junio del llamado caso Mascarillas, la investigación judicial abierta en un juzgado de Almería por el presunto cobro de comisiones por la contratación de material sanitario, y dentro de la cual aparece la declaración del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el 26 de junio.

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha asegurado en este sentido que Moreno “sabía” que el juicio a 43 personas relacionadas con el PP en Almería por prevaricación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, organización criminal y blanqueo de capitales estaba fijado entre el 28 de mayo al 26 de junio y “ha ocultado” esta información “fundamental” a los andaluces y andaluzas con la que ha denominado “convocatoria electoral anticipada”.

Según una nota de este partido, Márquez ha denunciado que el presidente andaluz adelanta las elecciones al 17 de mayo para que la ciudadanía acuda a las urnas “sin saber la verdad” sobre la “trama criminal” con conexiones “con el narcotráfico y el tráfico de armas” y con “dinero negro” incautado a los arrestados, muchos cargos del PP en Almería, “en fundas de almohadas” o en “bolsillos de la ropa” guardada en armarios.

Ha precisado María Márquez en este sentido que el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento un escrito para reclamar la convocatoria “urgente y extraordinaria” de la Diputación Permanente para que ante ella comparezca de inmediato Moreno y su Consejo de Gobierno y que ofrezcan “todas las explicaciones” de esa investigación judicial porque “no podemos consentir que los andaluces y andaluzas acudan a las urnas sin saber la verdad”.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha indicado que ahora sabemos que Moreno “no solo adelantó un mes las elecciones para evitar debates pendientes”, sino que también lo hizo para “evitar paseíllos pendientes por los juzgados”.

“Andalucía merece un gobierno que ponga el interés de la gente en el centro, y no el suyo propio”, según ha indicado en su cuenta en la red social X.

En su caso, el candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, ha acusado este martes a Juanma Moreno de “adelantar las elecciones” autonómicas al 17 de mayo para que no coincidieran con el “desfile judicial” de los imputados “del caso de corrupción del PP de Almería”, lo que es “bastante reprochable”.

“Una semana después lo sabemos”, ha indicado García, en alusión a los motivos de presidente para poner las elecciones el 17 de mayo.

“Qué casualidad que ha puesto las elecciones justo antes de que empiecen a desfilar todos los imputados del caso de corrupción del PP de Almería por los juzgados, empezando por el expresidente de la Diputación”, ha indicado.

A su juicio, esto refleja “miedo” y que Moreno “tiene mucho que ocultar en el caso de la corrupción del PP de Almería”. Ha insistido en que los andaluces tienen que conocer “qué ha pasado con el dinero público que presuntamente se han estado llevando calentito los señores del PP de Almería”.

Ha manifestado que, durante la campaña, Adelante planteará “un debate social sobre la corrupción” y “cómo determinados partidos políticos, cuando están en el poder, utilizan las instituciones para llevárselo calentito”.

En el extremo oriental de la provincia de Almería, entre relieves montañosos y la franja litoral mediterránea, se sitúa Níjar, un municipio que forma parte del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su localización, entre la Sierra de Alhamilla y un espacio natural protegido de gran extensión, ha condicionado tanto su evolución histórica como sus actividades económicas. Con una población que ronda los 33.000 habitantes, este término municipal destaca además por ser el más extenso de la provincia.

El núcleo urbano principal conserva una estructura adaptada al terreno, con calles estrechas y viviendas de fachadas encaladas que responden a modelos constructivos tradicionales del sureste peninsular. Este modelo urbano, con raíces en la etapa andalusí, se mantiene en barrios como el Portillo o la Atalaya, donde el trazado irregular y la disposición de las casas reflejan una organización histórica vinculada a la defensa y a la adaptación al clima.

A lo largo de los últimos años, Níjar ha reforzado su presencia en el ámbito turístico gracias a la conservación de su patrimonio y a su proximidad a uno de los espacios naturales más relevantes de Andalucía. Desde 2019 forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, una incorporación que reconoce tanto el valor de su conjunto urbano como la continuidad de sus tradiciones. Este contexto ha favorecido la llegada de visitantes interesados en el paisaje, la cultura local y la cercanía a la costa.

Patrimonio histórico y estructura urbana

El núcleo histórico de Níjar permite identificar distintas etapas de su desarrollo a través de su configuración urbana y de los edificios que se conservan en su interior. En el centro del municipio se encuentra la Iglesia de Santa María de la Anunciación, cuya construcción se sitúa entre los siglos XVI y XVIII. Este templo constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la localidad y presenta elementos vinculados a la arquitectura religiosa de ese período.

En una posición elevada se localiza la Atalaya de Níjar, una torre de origen medieval levantada en el siglo XIII. Esta construcción, declarada Bien de Interés Cultural, cumplía funciones defensivas y de control del territorio. Su ubicación responde a la necesidad de vigilar el territorio, en un enclave estratégico que fue disputado en distintas etapas históricas. Desde este punto es posible observar una amplia extensión del municipio y del paisaje que lo rodea.

El trazado urbano del municipio, especialmente en zonas como el barrio del Portillo, mantiene una disposición de calles estrechas y sinuosas adaptadas al relieve. Este tipo de organización, heredada en parte de la etapa andalusí, se combina con viviendas encaladas y elementos decorativos en fachadas que configuran una imagen reconocible.

Entorno natural y relación con el territorio

Níjar mantiene una relación directa con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un espacio protegido que ocupa una parte significativa de su término municipal. Este parque, reconocido como Geoparque por la Unesco, destaca por la variedad de paisajes que concentra en una misma área, con presencia de formaciones volcánicas, zonas costeras y áreas de carácter árido. Esta diversidad convierte al entorno en uno de los principales elementos que definen el municipio.

Dentro de este espacio se encuentran distintos enclaves de interés, tanto en el interior como en el litoral. Uno de los más conocidos es la playa de los Genoveses, situada cerca de la localidad de San José. La coexistencia de distintos hábitats en este territorio permite encontrar zonas desérticas, espacios marinos y áreas húmedas en un mismo entorno. Esta combinación condiciona las actividades que pueden desarrollarse y ha contribuido a preservar un paisaje con características poco habituales en otros puntos del litoral mediterráneo.

En el propio casco urbano, el Museo del Agua ofrece una aproximación a la gestión de los recursos hídricos en una zona marcada por la escasez de precipitaciones. Ubicado en un antiguo mercado, este espacio recoge información sobre sistemas tradicionales de riego y sobre la adaptación de la población a las condiciones del entorno. La interacción entre el municipio y su medio natural continúa siendo un factor determinante en su desarrollo y en la configuración de su identidad.

Artesanía, identidad local y gastronomía

Uno de los elementos más característicos del municipio es su tradición artesanal, que se remonta a siglos atrás. La alfarería tiene presencia en la zona desde época andalusí y continúa siendo una actividad visible en el día a día del municipio. En talleres distribuidos por el casco urbano se elaboran piezas que mantienen técnicas tradicionales, con una estética reconocible por el uso del color y por su funcionalidad.

Junto a la cerámica, la producción de tejidos, especialmente las jarapas, constituye otra de las prácticas más representativas. Estos textiles, elaborados en telares, forman parte del patrimonio cultural local y han pasado de generación en generación. En la actualidad, tanto la cerámica como los tejidos siguen teniendo presencia en el comercio local, donde se integran como parte de la oferta dirigida a visitantes.

La gastronomía también refleja la historia del municipio y su relación con el entorno. Entre los platos más conocidos se encuentran los gurullos, una elaboración a base de pasta de harina que se añade a un caldo condimentado, en ocasiones acompañado de carne. Este tipo de recetas tiene su origen en etapas históricas anteriores y convive con otras elaboraciones tradicionales como las migas o los andrajos, que siguen formando parte de la cocina local.

En Macael, en pleno valle del Almanzora, todo remite al mármol. No como un elemento decorativo, sino como una forma de vida que ha atravesado siglos, civilizaciones y fronteras hasta dejar su huella en algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Basta con pronunciar su nombre para que aparezca una imagen blanca, luminosa, casi perfecta. El llamado “oro blanco” de Macael no solo ha modelado el paisaje de la Sierra de los Filabres, sino también la historia de este municipio almeriense, cuyos orígenes están íntimamente ligados a la explotación de sus canteras desde tiempos remotos.

Un mármol con 5.000 años de historia

La relación entre Macael y el mármol se remonta, según distintas fuentes, a más de 5.000 años. Ya en la Antigüedad, los pobladores de la zona tallaban pequeñas piezas en esta piedra, aunque fueron los fenicios quienes comenzaron a explotarla de manera más sistemática, empleándola en sarcófagos hallados siglos después en enclaves como Cádiz.

Los romanos continuaron esta tradición, conscientes del valor de un material que combinaba resistencia y belleza. El mármol de Macael viajó entonces a ciudades como Mérida, donde forma parte de su teatro romano, o a otros enclaves del Mediterráneo.

Pero sería durante la etapa andalusí cuando este material alcanzaría su máximo esplendor. Entre los siglos X y XV, el mármol macaelense se convirtió en símbolo de prestigio y sofisticación, hasta el punto de ser conocido como al-mulaki o “real”. Fue entonces cuando cruzó definitivamente la historia para vincularse a uno de los grandes iconos del patrimonio español: la Alhambra de Granada.

En el célebre Patio de los Leones, uno de los espacios más reconocibles del conjunto nazarí, las columnas, la taza de la fuente y los propios leones están esculpidos en mármol procedente de estas canteras almerienses.

Esa conexión histórica no se ha quedado en los libros. En pleno centro del pueblo, en la plaza de la Constitución, una réplica de la Fuente de los Leones recuerda al visitante que, en cierto modo, un fragmento de la Alhambra tiene su origen aquí.

No es el único guiño. Pasear por Macael implica encontrarse continuamente con esculturas, mosaicos y elementos urbanos elaborados en mármol, que narran la historia de los canteros y de un oficio transmitido de generación en generación. El municipio ha sabido convertir su patrimonio industrial en un relato cultural que se despliega en cada rincón.

Uno de los mejores lugares para comprenderlo es el Centro de Interpretación del Mármol, un espacio que ofrece una visión global del proceso de extracción y transformación de esta piedra, desde las técnicas tradicionales hasta los métodos actuales.

Aquí no solo se explica la evolución tecnológica, sino también la dimensión social de una actividad que ha marcado la vida de generaciones enteras. Porque en Macael, el mármol no es solo economía: es identidad.

El paisaje de las canteras

A pocos minutos del casco urbano, las canteras dibujan un paisaje sorprendente. Cortes geométricos, terrazas escalonadas y grandes paredes blancas configuran un escenario casi lunar que revela la magnitud de la actividad extractiva.

El llamado Sendero del Mármol permite adentrarse en este entorno y comprender cómo la intervención humana ha transformado la montaña a lo largo del tiempo.

Lejos de ser un espacio cerrado, las canteras forman parte de la experiencia turística del municipio, con visitas guiadas que muestran tanto la explotación histórica como la actual. La sensación es la de estar en el origen de todo: el lugar donde la piedra comienza su viaje hacia monumentos, edificios y obras de arte repartidas por todo el mundo.

De Almería al mundo

Porque si algo define a Macael es su proyección internacional. El mármol extraído de estas sierras no solo está presente en la Alhambra, sino también en lugares tan diversos como el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Madrid o incluso construcciones contemporáneas en Dubái, Moscú o Estados Unidos.

Esta expansión global ha sido posible gracias a un proceso de industrialización que, especialmente desde el siglo XIX, modernizó la extracción y permitió llevar el material a nuevos mercados.

Sin embargo, pese a la tecnología, el oficio conserva una fuerte raíz artesanal. La figura del cantero sigue siendo central en la cultura local, como demuestran los monumentos y homenajes repartidos por el municipio, entre ellos el dedicado a estos trabajadores que han dado forma a la piedra y al propio pueblo.

Un museo al aire libre

Más allá de su historia, Macael ofrece al visitante una experiencia singular: la de recorrer un auténtico museo al aire libre. El casco antiguo, con sus calles encaladas, convive con esculturas contemporáneas, mosaicos y elementos urbanos que reinterpretan la tradición del mármol.

Entre ellos destaca el llamado 'Sueño de un cantero', un mosaico que narra de forma artística el trabajo en las canteras, o el conjunto monumental 'Marmoris', que conecta el pasado romano con el presente del municipio.

Incluso los detalles más cotidianos, como una fuente o una fachada, están impregnados de este material, creando una coherencia estética difícil de encontrar en otros destinos.

Tradición, cultura y futuro

Hoy, Macael mira al futuro sin renunciar a su legado. El turismo industrial y cultural se ha convertido en una vía para diversificar su economía, al tiempo que pone en valor un patrimonio único. Iniciativas como rutas temáticas, recreaciones históricas o proyectos vinculados a la candidatura de la cantería como patrimonio inmaterial refuerzan esta apuesta.

Al mismo tiempo, el sector del mármol continúa innovando, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia que lo ha definido durante siglos.

Quizá esa sea la clave de este pueblo: haber sabido transformar una materia prima en una historia compartida. Una historia que empieza en la roca de la Sierra de los Filabres y que, tras ser trabajada por manos expertas, termina formando parte de algunos de los lugares más bellos del mundo.

Y es que, en Macael, cada bloque de mármol es mucho más que piedra: es memoria, es identidad y, en cierto modo, es también una parte de la Alhambra.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta a ejecutar de forma directa una revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para declarar su nulidad en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no avance en la ejecución del fallo judicial de 2022 que le obliga a realizar este trámite.

En una providencia dictada el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada se plantea la adopción de medidas del artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que faculta al tribunal a ejecutar una sentencia si la administración a la que se le requiere incumple el mandato judicial.

La Sala no descarta así recurrir a estas u otras medidas que estime oportunas para la ejecución del fallo con el que se obliga a revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 por parte del Consistorio, inclusive aquellas otras “sobre la posible declaración de nulidad de la licencia objeto del procedimiento de revisión”.

Rechazo

En este sentido, la Sala dispone que se remita un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que comunique al tribunal “cualquier decisión” que adopte ante el expediente iniciado en julio del pasado año por el Ayuntamiento para la revisión de licencia, el cual precisa de un dictamen del órgano consultivo andaluz.

El Consultivo ya avanzó el pasado 9 de marzo un posible “archivo” de la petición del dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no completaba el expediente remitido a finales de 2025, de modo que incluso ha brindado a petición del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), una ampliación de plazo al Consistorio para que culmine el mismo y determine su propuesta de resolución del expediente

La providencia vuelve a rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que aseguró que carecía de secretario municipal en estos momentos para poder avanzar en los trámites, de modo que incluso pedía auxilio al tribunal para poder dotarse de esta figura.

Anular la licencia

Al respecto, el TSJA recuerda nuevamente que las excusas sobre la falta de secretario municipal “no justifican el incumplimiento de lo acordado, debiendo ser el municipio quien lleve a cabo los procedimientos de provisión de la plaza de secretario o para su sustitución”.

No obstante, el tribunal rechaza por el momento las peticiones realizadas por Greenpeace para que se impongan multas coercitivas al alcalde o se deduzca testimonio ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia en cuanto al cumplimiento de la sentencia.

La propia organización ecologista reclamó al TSJA la aplicación de medidas contenidas en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular la licencia de obras al entender que ello “favorecería el principio de economía procesal” y, además, “evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa”.

A pocos kilómetros de Almería, en el municipio de Santa Fe de Mondújar, se encuentra el yacimiento de Los Millares, un asentamiento prehistórico que ofrece una mirada directa a la vida de una comunidad que existió hace más de 5.000 años. Su ubicación estratégica sobre un cerro le permitió a sus habitantes controlar rutas y recursos del valle del río Andarax, lo que favoreció el desarrollo de una estructura social organizada y de complejas defensas que han perdurado desde la Edad del Cobre hasta la actualidad.

El sitio es reconocido por su extensión y por la riqueza de los restos conservados, que incluyen tanto viviendas como espacios destinados a enterramientos colectivos. La planificación del poblado, la disposición de las murallas y la distribución de la necrópolis ofrecen indicios claros de cómo se organizaban sus habitantes y de los procesos sociales que guiaban su vida cotidiana. Esta organización ha convertido a Los Millares en uno de los yacimientos más relevantes de Europa para estudiar la transición del Neolítico a la Edad del Cobre.

Los trabajos arqueológicos realizados durante el siglo XX y hasta la actualidad han permitido documentar no solo la arquitectura y el urbanismo del asentamiento, sino también los objetos hallados, desde herramientas metálicas hasta cerámica decorada y piezas de adorno personal. Estos elementos permiten reconstruir aspectos de la economía, la producción artesanal y las prácticas funerarias de una comunidad que desarrolló técnicas avanzadas para su época.

La conservación del yacimiento ha ido acompañada de la creación de un espacio visitable que incluye un centro de recepción y una zona interpretativa, donde los visitantes pueden conocer con detalle la función de las estructuras y el significado de los objetos recuperados. Esta combinación de patrimonio arqueológico y recursos educativos facilita la comprensión del sitio, al tiempo que protege su integridad para futuras generaciones.

El asentamiento arqueológico de Los Millares

Los Millares se extiende sobre aproximadamente 19 hectáreas y se caracteriza por un sistema de defensa formado por cuatro líneas de murallas concéntricas, complementadas por 13 fortines situados a ambos lados de la rambla de Huéchar. Esta configuración permitió proteger tanto el poblado como su territorio inmediato, y refleja un nivel de planificación y control territorial excepcional para su tiempo. Las viviendas, construidas con piedra y mortero de barro, se organizaban en barrios y muestran un patrón residencial claramente estructurado.

La necrópolis, situada a las afueras del poblado y que ocupa unas 13 hectáreas, constituye uno de los elementos más relevantes del yacimiento. Con más de 80 tumbas colectivas, las sepulturas están distribuidas en pequeños grupos que parecen reflejar relaciones familiares y sociales. Cada tumba suele contar con una cámara circular de entre tres y seis metros de diámetro, algunas con nichos laterales. La cubierta se realizaba mediante aproximación de hiladas de piedra formando una falsa cúpula o mediante un techo horizontal de madera sostenido por un pilar central. La entrada a la cámara se realizaba por un corredor, y el conjunto se cubría con un túmulo de tierra y piedras, que se complementaba con elementos de carácter ceremonial.

La ocupación del asentamiento se prolongó durante aproximadamente un milenio, entre 3.250 y 2.200 a. C., periodo en el que la comunidad desarrolló prácticas agrícolas avanzadas e incorporó la metalurgia del cobre, una innovación que tuvo repercusión en la región mediterránea occidental. Los Millares está considerado como uno de los referentes más destacados de la Edad del Cobre europea por la complejidad funcional de su planificación, la extensión de sus fortificaciones y la magnitud de su necrópolis.

La estructura del poblado incluye, además de las murallas y las viviendas, una ciudadela que funcionaba como núcleo fortificado principal. Los trece fortines situados alrededor del asentamiento reforzaban la seguridad de la comunidad y permitían controlar el acceso a rutas y recursos clave. Esta combinación de defensas muestra un entendimiento avanzado de la protección territorial y de la estrategia militar aplicada a un contexto prehistórico.

Los hallazgos arqueológicos incluyen herramientas de cobre, armas, objetos de adorno y cerámica con significados simbólicos. Cada tumba colectiva contenía los restos de miembros de un mismo grupo familiar junto con sus ajuares, lo que ofrece información sobre la organización social, las creencias y los rituales funerarios de la comunidad. La conservación de estos elementos y su estudio permiten entender la vida cotidiana, los avances tecnológicos y los cambios culturales que tuvieron lugar durante más de mil años en este territorio.

El enclave arqueológico se ha convertido en un espacio accesible para el público, con recorridos que combinan la observación directa de las estructuras con información interpretativa sobre su función y su significado. Los visitantes pueden recorrer las murallas, las viviendas y la necrópolis mientras reciben explicación sobre la construcción, la distribución de los espacios y las prácticas funerarias. La planificación de las visitas asegura tanto la conservación del patrimonio como la posibilidad de que los visitantes comprendan la importancia histórica del asentamiento.

Los Millares fue uno de los primeros monumentos reconocidos como Monumento Histórico-Artístico en 1931 y, en 1985, pasó a ser Bien de Interés Cultural. Hoy, su apertura al público permite acercarse a un periodo de la historia de España que marca el tránsito hacia sociedades más complejas, con un nivel de organización social y tecnológica que lo sitúa como referente de la Edad del Cobre europea.

“Durante la última excavación, salió algo bastante interesante, parecido a lo que nosotros ya habíamos visto a unos cien metros de allí”. El arqueólogo José Luis López Castro habla de uno de los descubrimientos más importantes de la antigua ciudad fenicia de Baria (siglo VII a. C.), que hoy permanece intacta bajo los cimientos del pueblo de Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería), de un millar de habitantes. “Encontramos los restos de unos postes sobre las rocas que no terminábamos de interpretar”. En efecto, su equipo obtuvo años atrás la pista inicial, insuficiente para formular una hipótesis. Con los resultados de la última investigación, todo quedaba aclarado. “Pensamos que puede tratarse de una ‘neoria’”. Los griegos utilizaban esta palabra para definir los cobertizos navales que se construían junto al mar para guardar y preparar embarcaciones de pequeño tamaño. “No hay ningún otro precedente en la Península Ibérica; se conocen en el mundo griego en lugares como Grecia, Chipre o Marsella, pero en el ámbito fenicio este caso es único”, valora el catedrático de la Universidad de Almería.

Nadie dudaría de que zonas como esta en un yacimiento fenicio de casi 3.000 años de antigüedad deberían estar protegidas bajo llave. Sin embargo, una serie de circunstancias históricas —dejadez administrativa, conflicto de competencias e intereses inmobiliarios en un área costera de irresistible tirón turístico— han abocado a una situación surrealista. El pasado 21 de febrero, decenas de vecinos y representantes de diferentes colectivos y grupos ecologistas se manifestaban junto al enclave arqueológico para tratar de frenar la construcción de 24 viviendas de lujo que amenazan con sepultar definitivamente una parte (pequeña, pero muy valiosa) de la antigua Baria.

Bajo eslóganes como 'La memoria colectiva no es edificable', los convocados dieron lectura a un manifiesto en el que piden “la paralización cautelar de cualquier actuación que comprometa la integridad de las estructuras arqueológicas documentadas”, además del acceso a la documentación de las excavaciones más recientes a las que se refería el profesor López Castro y, en un futuro próximo, “la protección efectiva y la puesta en valor del enclave” a través de “un parque arqueológico” que cuente la dilatada historia del paraje.

La reivindicación no es nueva, como tampoco lo es el enésimo intento de edificar sobre los restos arqueológicos. “El día 1 de diciembre, aprovechando que todo el mundo estaba de vacaciones y la Administración prácticamente cerrada, veinte camiones de alto tonelaje con cuatro máquinas para cargar empezaron a demoler el yacimiento”. Juan Grima, presidente del colectivo Unidos por Baria, no se refiere a la promoción de apartamentos por la que protestaban en febrero (el denominado sector 9), sino a otra anterior, de hace veinte años, que dio origen a la asociación. Aquel proyecto quería sepultar una zona adyacente, el sector 8. Entonces, Grima implicó a la Junta de Andalucía para paralizar los primeros trabajos y obligar a la constructora a realizar una investigación en el subsuelo.

“Lo vallaron todo y no se podía ver nada en el interior, pero empezaron a aparecer restos antiguos en una escombrera”. Grima apunta a la chispa que prendió el movimiento vecinal, receloso de lo que podría estar ocurriendo ahí dentro. “Como no nos dejaban ver nada, alquilamos un avión ultraligero para tomar fotografías de todo y enviarlas a la prensa”, relata este profesor de Historia jubilado. El revuelo mediático acabaría dando sus frutos: “Conseguimos parar la construcción”. La Junta indemnizó a la constructora con dos millones de euros en concepto de lucro cesante (lo que la empresa dejaba de ganar por no construir, pese a contar con licencia), y el citado sector 8 recuperó la protección que tenía desde 1979.

Amenazada desde el siglo XIX

Entonces nadie (o casi nadie) podría imaginar que el caso aún no estaba cerrado. La amenaza del hormigón seguía latente hasta dar la cara en la actualidad. Nada extraño, por otro lado, en una ciudad fenicia que no ha parado de afrontar desafíos desde el siglo XIX. Entonces, el atractivo de la zona era la riqueza mineral del subsuelo. En 1842 se instaló en la costa de Villaricos una fundición que aprovecharía el plomo rico en plata que se extraía en la Sierra Almagrera, una industria que generó un notable desarrollo industrial durante décadas. A principios del XX, la actividad continuó, aunque de una manera mucho más reducida. La infraestructura ya creada —galerías, túneles y caminos que permitían extraer y transportar los minerales hasta las fundiciones y las zonas de embarque— se siguió utilizando. “Hacia 1925, la minería comenzó a caer en desgracia por la fuerte competencia del sector del hierro en Marruecos”, explica Juan Grima. El régimen franquista trató de reactivar las minas de plomo, plata y hierro con la creación de una nueva empresa, pero en 1959 “aquello se fue a pique directamente y no volvió a haber más actividad minera”, aclara el profesor de Historia y editor.

Desde entonces, el auge del turismo comenzó a sustituir el extinto pasado minero. Los terrenos de Villaricos situados junto al mar eran demasiado apetecibles como para respetarlos. “El auge como zona de veraneo hizo que la gente comenzara a apropiarse de los terrenos”, continúa Grima. Terrenos que terminarían en manos privadas, así que el ladrillo estaba llamado a convertirse en el nuevo peligro para Baria ya en el siglo XXI. Primero, con la promoción de apartamentos turísticos en el sector 8 que los vecinos lograron frenar. A continuación, con los planes inmobiliarios para edificar en el número 9. Este solar, de unos 1.300 metros cuadrados, se había declarado bien de interés cultural (BIC), pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió suprimir esa protección en 2013 en la mitad de los terrenos, unos 600 metros. Una nueva promoción de 24 apartamentos de lujo hacía que la historia volviera a repetirse. “Como a finales de 2020 habían comenzado las excavaciones, en enero de 2021 hicimos una concentración junto a grupos ecologistas como la del mes pasado”, relata el presidente de Unidos por Baria.

La presión social, también de nuevo, logró frenar las obras. La Justicia paralizó la promoción y obligó a la constructora a realizar previamente una extensa excavación arqueológica, que se ha llevado a cabo en 2023. “Esta documentación es la clave para saber qué hay ahí abajo”, apunta Juan Grima. “Desde entonces, hemos hecho todo lo posible para que no empiecen a construir”, sostiene el profesor, que denuncia la falta de acceso a toda esa información. “No nos han dado ni un solo papel”, lamenta. Ante el riesgo real de que el proyecto siga adelante, Unidos por Baria decidió presentar una demanda con un amplio dosier informativo sobre la importancia de la antigua ciudad fenicia.

“Hemos escrito al alcalde (Antonio Fernández Liria, PSOE) y le hemos dicho que si da la licencia para construir puede arruinar el pueblo”, revela Grima, ante la posibilidad de que el solar multiplique su valor, y se repita la historia de hace dos décadas. “Nosotros queremos que toda la zona se convierta en un parque arqueológico, aprovechando los antiguos túneles mineros que conectan con la antigua necrópolis y la zona de los templos”, expone el presidente de Unidos por Baria. En Villaricos piensan en un nuevo desarrollo para la zona, esta vez, basado en el patrimonio y la arqueología, con referentes como la Geoda de Pulpí, la cavidad subterránea almeriense que se ha convertido en un fenómeno social y aspira a ser Patrimonio de la humanidad.

El Mediterráneo español, referente fenicio

“Se trata de un yacimiento de primera magnitud, una ciudad fenicia y luego romana que funcionó durante siglos, y que está entera, completa”, valora José Luis López Castro. El arqueólogo —que ha tomado el relevo de las primeras excavaciones, llevadas a cabo hace un siglo por el belga Luis Siret— señala los pasos a seguir para preservar el yacimiento y ponerlo en valor: “Lo primero sería que todas las zonas fueran de propiedad pública; a partir de ahí, habría que hacer un plan director para establecer futuras investigaciones e intervenciones, desenterrando lo que ya está excavado y ampliando lo necesario”.

En su opinión, Baria se convertiría en el principal referente de la civilización fenicia en la provincia de Almería —junto con la ciudad de Abdera, hoy Adra— y pasaría a formar parte de la nómina de enclaves más importantes del país, con la primitiva Cartago Nova (Cartagena, Murcia), La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante), Puig des Molins (Ibiza), Sexi (Almuñécar, Granada), Malaka (Málaga) o Gadir (Cádiz). “En España conocemos más de los fenicios que en otros países por la política de protección arqueológica de los últimos cuarenta años, que ha permitido recuperar información antes de que se ejecuten muchas obras”, explica López Castro.

Pero ¿por qué preservar la huella fenicia? Básicamente, porque muchos de los avances de lo que disfrutamos hoy por hoy proceden de esta cultura. El arqueólogo López Castro destaca “la escritura, el concepto de vida urbana y de ciudad y, después, la metalurgia o la arboricultura, con la introducción de cultivos específicos como los frutales, la vid o el olivo”. Como docente universitario, López Castro cree que “en términos generales, la cultura fenicia se conoce bien dentro de un programa que es muy amplio”, teniendo en cuenta también que el estudio de los fenicios “depende mucho de la arqueología, ya que hemos perdido su literatura”. No tan optimista se muestra en la enseñanza básica, donde “el currículum está perdiendo el estudio de la cultura clásica”. De ahí que preservar yacimientos como Baria sea la llave para conocer a nuestros antepasados, cuando lo clásico vuelva a ser moda.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez que investiga al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García un nuevo informe en el que repasa los indicios contra el político, líder del PP regional hasta su detención, y el resto de encartados. De García concluye que recibió dinero en metálico y que pagó la hipoteca de una vivienda con los fondos que recibió a cambio de adjudicar contratos de la Diputación a los empresarios investigados.

Los agentes han detectado “varias operativas” que habrían servido a Javier Aureliano García para integrar “en el circuito financiero legal” el dinero procedente de la corrupción y en las que habrían participado sus hermanos, María Rosario y Juan Carlos. El expresidente de la Diputación se habría cuidado de no ingresar el dinero en una cuenta a su nombre sino en otra cuyos titulares eran sus padres, ya fallecidos, y su hermana María del Rosario. Desde esa cuenta se pagaban las cuotas de una hipoteca de la que era titular el presidente del PP almeriense.

Por otra parte, los hermanos habrían utilizado una “comunidad de bienes” para “canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina. ”Existen indicios de los que se evidencia que se trataría de una operativa simulada, a los únicos efectos de otorgar a estos pagos un origen distinto del real“, escribe la UCO en su informe fechado el pasado 9 de marzo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El dinero de la corrupción procedería de la “adjudicación aparentemente fraudulenta” de contratos públicos de la Diputación de Almería, concretamente de su Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. La Guardia Civil cita tres plantes provinciales: PCEM, PIBIO y Acelera 2020.

Óscar Liria, quien fuera número 3 de la Diputación, habría cobrado en efectivo de los empresarios y entregado una parte a Javier Aureliano García. El número dos de la Diputación, Fernando Giménez, se sirvió presuntamente de la introducción de sobrecostes en un contrato de mascarillas de casi un millón de euros. A cambio, como Javier Aureliano, su compañero Liria le habría entregado mordidas.

García y Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería les acusa de liderar una estructura criminal de amaño de adjudicaciones de la Diputación a cambio de mordidas.

Junto a los cinco detenidos que realizó la Guardia Civil había otros 17 investigados, incluidos dos hermanos de Javier Aurelio. Los agentes siguen indagando en las evidencias obtenidas durante la explotación de la operación, como el contenido de los móviles incautados. Según adelantó elDiario.es, la Guardia Civil recibió autorización del juzgado para pinchar el teléfono del presidente de la Diputación y grabó un encuentro de este con otro de los imputados.

En plena Sierra de los Filabres, el pequeño pueblo de Gérgal destaca como un auténtico tesoro blanco que desafía la gravedad en una ladera escarpada de gran belleza. Este municipio almeriense es célebre por su singular disposición urbana, la cual adopta la forma de un anfiteatro natural asomado a una rambla. Sus orígenes se remontan a la época andalusí, cuando era conocido como Shargal o Xérgal, un nombre vinculado históricamente a la industria de la seda. A tan solo cuarenta kilómetros de la capital de la provincia de Almería, Gérgal se asienta sobre una geografía de pizarra que define su carácter visual. Pasear por su núcleo es descubrir un trazado de calles estrechas y sinuosas que conservan la esencia de su pasado morisco medieval.

La vista panorámica desde la distancia recuerda a las villas castellanas, dominada siempre por la imponente silueta de su fortaleza defensiva. Hoy en día, Gérgal es un refugio de tranquilidad para quienes buscan desconectar del estrés del ritmo de vida actual, un enclave donde la tradición y la modernidad conviven bajo un cielo de una transparencia que es excepcional. El caserío tradicional de Gérgal destaca por sus fachadas blancas y encaladas que contrastan con los tonos ocres de la sierra. Las viviendas se caracterizan por una construcción tosca y sencilla, empleando materiales locales como la piedra, el barro y la paja. Un elemento distintivo de su arquitectura son los “terraos”, cubiertas planas impermeabilizadas con launa para soportar el clima de la zona. 

Muchas de estas casas conservan las chimeneas y los aleros superpuestos que otorgan al pueblo una fisonomía rural muy inconfundible. La distribución en pendiente permite que cada hogar se asiente escalonadamente, respetando la estructura que legaron sus antiguos pobladores. Esta fisonomía se ha mantenido protegida, evitando que los nuevos invernaderos perjudiquen el paisaje histórico del núcleo urbano consolidado. Los visitantes quedan cautivados por el contraste entre el verdor de la vega y la aridez del cercano desierto europeo. Es, en definitiva, un ejemplo vivo de la adaptación humana a un entorno de montaña que es especialmente exigente.

Coronando este anfiteatro de cal se alza el majestuoso Castillo de Gérgal, una fortaleza construida durante la Baja Edad Media. Situado sobre una roca pizarrosa, este bastión de origen musulmán servía para vigilar el cruce estratégico de varios caminos históricos. Su estructura actual presenta un robusto torreón central rodeado por una muralla de retención con casamatas de tejados puntiagudos. Tras la toma de Granada, la fortaleza pasó a manos de los Reyes Católicos en 1492 y fue cedida a Alonso de Cárdenas. Durante siglos, su función principal fue la defensa del territorio frente a las incursiones de piratas turcos y también berberiscos. 

A pesar de los conflictos vividos, el castillo ha llegado a nuestros días en un excelente estado de conservación estructural. Fue restaurado profundamente en el año 1970 y declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Aunque actualmente es de propiedad privada, sigue siendo el símbolo de poder y vigilancia de toda la comarca almeriense. La historia de Gérgal igualmente está marcada por episodios dramáticos, especialmente durante la rebelión de los moriscos en el año 1568. En aquel entonces, el Conde de la Puebla gobernaba la villa, pero su alcaide, el morisco Francisco Portocarrero, traicionó su confianza. 

Los cristianos viejos del pueblo fueron encerrados bajo engaños en el interior de la fortaleza y posteriormente fueron degollados cruelmente. Este suceso tiñó de sangre los muros del castillo antes de que las tropas del Marqués de los Vélez recuperaran la plaza. Tras la expulsión definitiva de los moriscos, la zona quedó parcialmente despoblada y fue necesaria una nueva repoblación de vecinos. Gentes llegadas de otros puntos de España se asentaron principalmente en las zonas bajas, creando nuevos barrios y plazas públicas. Este cambio demográfico influyó en el trazado de la actual Calle Real y en la construcción de nuevos edificios religiosos. La huella de aquel conflicto aún resuena en las crónicas que narran el pasado turbulento de esta villa serrana.

No solo la historia militar define a este municipio, pues su ubicación privilegiada le otorga uno de los cielos más limpios de Europa. En la cumbre de la Sierra de los Filabres se sitúa el Observatorio Astronómico de Calar Alto, a más de dos mil metros. Este centro científico de vanguardia aprovecha la ausencia de contaminación lumínica para escudriñar los misterios del universo más profundo. El observatorio es un orgullo para los gergaleños y atrae a expertos de todo el mundo por su tecnología muy avanzada. Contemplar el firmamento desde este punto de la geografía almeriense es un espectáculo visual digno de ser vivido y recordado. 

Esplendor y emigración

Durante el siglo XIX y principios del XX, Gérgal vivió una etapa de esplendor económico gracias a la uva y la minería. El cultivo de la uva de Ohanes o “uva de barco” transformó el paisaje agrícola, dedicando cientos de hectáreas a este producto. Al mismo tiempo, las minas de hierro del norte atrajeron a compañías extranjeras, como la prestigiosa Soria Mining de Liverpool. Para transportar el mineral, se instaló un innovador cable aéreo que conectaba los yacimientos con la estación de ferrocarril. Gérgal se convirtió en un nudo logístico importante, contando con la primera línea ferroviaria de vía ancha electrificada de España.

Sin embargo, la crisis de los años veinte y los altos costes de transporte acabaron por hundir estas industrias locales. La emigración hacia Catalunya y Europa en las décadas posteriores redujo significativamente la población del municipio serrano. Hoy, su economía se sustenta en el cultivo tradicional de cereales, olivos y la recuperación activa del turismo rural. El entorno árido y espectacular de Gérgal no ha pasado desapercibido para la industria cinematográfica internacional de Hollywood. Sus paisajes han sido el escenario de producciones legendarias, especialmente del género conocido como el “spaghetti western”. En definitiva, una mezcla de alicientes, un lugar donde el tiempo parece detenerse bajo la mirada eterna de su fortaleza y sus estrellas infinitas. Quien visita este anfiteatro de la Sierra de los Filabres, difícilmente olvida la magia que desprende cada uno de sus rincones.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

Almería está a punto de perder otra parte de su patrimonio histórico. La iglesia de San Francisco, situada en Cuevas de Almanzora desde el siglo XVII, está en un estado próximo a la ruina, lo que obligará a derribar parte de su torre-campanario para evitar que se produzcan desprendimientos que pongan en peligro a los viandantes. Una decisión que es la consecuencia de los años de “abandono” institucional que denuncian desde la asociación Amigos de la Alcazaba. Lamentan que la desidia, sobre todo de la diócesis de Almería, deja al templo al borde de la desaparición.

La iglesia de San Francisco comenzó su construcción en 1655 y concluyó casi un siglo después. Su importancia, aparte de por el evidente valor patrimonial que le otorga el paso del tiempo, está en que forma parte de la historia de Almería, ya que fue levantada gracias al mecenazgo de los marqueses de los Vélez, la familia con más poder en toda la provincia en esa época, hasta el punto de contar con señoríos en Granada y Murcia. Por lo que el templo es testigo de unos años que explican también la construcción del propio municipio de Cuevas de Almanzora. Sin embargo, la falta de protección y el abandono institucional obligan a un derribo parcial que parece ser la antesala de su posterior desaparición.

Porque el templo carece de ninguna protección específica, pero la Ley de Patrimonio sí obliga a que sea conservado. Una obligación que recae en la diócesis de Almería al ser su propietaria, pero que no se ha llevado a cabo como debería, poniendo en peligro la integridad estructural de la iglesia. Mientras, el Ayuntamiento de Cuevas dice tener recursos limitados para poder afrontar la restauración del inmueble y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ni siquiera muestra interés puesto que no es un templo catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Un deterioro “histórico”

Así, desde Amigos de la Alcazaba llevan tiempo alertando de que la situación no es nueva. “El convento no ha envejecido de pronto ni se ha deteriorado de un día para otro”, explica a este medio Juanmi Galdeano, portavoz de la asociación. A su juicio, el deterioro del edificio es el resultado de “una situación histórica” que se arrastra desde hace décadas y que no puede atribuirse únicamente a los actuales responsables institucionales. “Se han sucedido varios obispos y varios alcaldes y nadie ha sido capaz de abordar este problema”, señala.

La asociación insiste en que la demolición parcial de la torre es sólo la consecuencia visible de una degradación prolongada. “El patrimonio es una cuestión de medio y largo plazo y aquí nadie lo ha afrontado”, lamenta Galdeano, que advierte de que el templo presenta daños en distintos puntos de su estructura, incluida la cúpula. “Según se ha explicado, el edificio necesita una restauración integral. La pregunta es si, cuando llegue el momento, la solución también será tirar la cúpula”, añade.

Para Amigos de la Alcazaba, la demolición de la parte superior del campanario puede marcar el inicio de una pérdida progresiva del conjunto histórico. “Es más barato demoler que restaurar”, sostiene su portavoz, que teme que el convento de San Francisco acabe siendo “paulatinamente demolido” a medida que el deterioro avance.

La diócesis de Almería, propietaria del inmueble, defiende sin embargo que la intervención responde a una cuestión estrictamente de seguridad. Según explican desde el obispado, la iglesia se encuentra en “estado de ruina” y su restauración requeriría una inversión de varios millones de euros. “La cúpula ya presenta desprendimientos y se ve el cielo desde el interior”, señalan, lo que evidencia el avanzado deterioro del edificio.

El problema más urgente, según la diócesis, es el estado de la torre-campanario. A diferencia de otras partes del templo, cuyo deterioro se produce hacia el interior, la torre podría colapsar sobre la vía pública. “Si se cae, caería sobre la calle y sobre las personas que pasan por allí. Es una zona muy transitada y sería peligrosísimo”, explican fuentes del obispado.

Trabajos insuficientes

La diócesis asegura que en los últimos años se han realizado refuerzos estructurales para tratar de estabilizar la torre, pero que esas intervenciones no han sido suficientes. “Hemos intentado reforzarla con estructuras, pero el estado es tan malo que con una lluvia fuerte, con viento o con un pequeño temblor podría venirse abajo”, señalan. Por ese motivo, la decisión adoptada junto al Ayuntamiento pasa por demoler únicamente la parte más alta del campanario. “No se va a tirar toda la torre, sólo la parte superior, que es la que presenta mayor riesgo”, subrayan.

El obispado insiste además en que restaurar sólo la torre no solucionaría el problema de fondo. “El conjunto de la iglesia está en estado semirruinoso. Arreglar la torre sin intervenir en el resto del edificio no serviría de mucho”, apuntan. Según su versión, una restauración completa del templo exigiría una financiación que la diócesis no puede asumir. “Ojalá las administraciones públicas pudieran aportar esos millones de euros, pero ahora mismo no disponemos de ellos”, añaden.

Desde el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostienen por su parte que su capacidad de actuación es limitada al tratarse de un edificio de propiedad eclesiástica. “No tiene ninguna protección específica y además pertenece a la diócesis, por lo que el Ayuntamiento no puede solicitar ayudas para intervenir allí”, explican fuentes municipales. El consistorio asegura que el deterioro del templo se arrastra desde hace décadas. “Hace unos 30 años que está en mal estado”, señalan. También recuerdan que en el pasado hubo intentos de encontrar soluciones alternativas para el edificio. “Hubo una oportunidad de que una hermandad se quedara con el lugar, pero no hubo acuerdo con la diócesis”, apuntan.

Mientras tanto, el Ayuntamiento afirma que sí está trabajando en la recuperación de otros elementos del patrimonio local. “Estamos arreglando patrimonio del municipio con fondos propios y subvenciones, pero en este caso los técnicos consideran que el estado del edificio ya no permite una actuación viable”, sostienen.

El resultado es que uno de los templos históricos de Cuevas de Almanzora se enfrenta ahora a un futuro incierto. La demolición de la parte superior de la torre pretende evitar un riesgo inmediato para los vecinos, pero también abre un debate más profundo sobre la gestión del patrimonio histórico y sobre quién debe asumir la responsabilidad de evitar que edificios con más de tres siglos de historia acaben desapareciendo.

Las principales ciudades andaluzas volverán a acoger este domingo movilizaciones con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, convocadas por diferentes colectivos y plataformas feministas para reivindicar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y alertar de las distintas formas de violencia y discriminación que aún persisten.

En la mayoría de capitales de provincia las marchas se desarrollarán en horario de mañana, aunque en algunos casos se han convocado distintas movilizaciones por parte de plataformas feministas diferentes, por lo que un año más saldrán divididas. Además de las manifestaciones, varias ciudades han programado actividades paralelas durante los días previos o posteriores a la jornada reivindicativa.

Almería

En Almería, las organizaciones feministas han vuelto a convocar dos manifestaciones, así como una noche reivindicativa previa con la celebración de la Noche de las comadres.

Así, la Plataforma de Acción Feminista ha convocado su manifestación en la mañana del domingo a partir de las 12.00 horas, desde la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) en la Rambla Obispo Orberá, desde donde partirá por la Rambla Federico García Lorca hasta alcanzar la Plaza de las Velas.

Por su parte, los Colectivos Feministas de Almería organizarán su convocatoria por la tarde, a partir de las 18.30 horas, con salida desde la Plaza de las Velas, con un recorrido ascendente en la Rambla Federico García Lorca hasta llegar al Anfiteatro, donde se leerá un manifiesto bajo el lema 'El feminismo será la tumba del fascismo'.

Cádiz

En la provincia de Cádiz los colectivos feministas han anunciado manifestaciones en Cádiz capital, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, que se van a desarrollar en todos los casos desde las 12.00 horas.

En la capital se iniciará desde la plaza Asdrúbal hasta San Juan de Dios, y a las 14.00 horas habrá una convivencia en Plaza España con actuaciones de carnaval y micro abierto. En Jerez, Marea Violeta ha convocado a la ciudadanía a las 12.00 horas en la plaza del Arenal, donde arrancará la manifestación por el 8 de marzo. A la misma hora partirá la de El Puerto, desde el Parque de Europa y hasta la Plaza de España.

Ya en Córdoba, la manifestación del 8M 2026 tendrá lugar el domingo a las 12.00 horas, con salida en la Glorieta de la Cruz Roja hacia la Plaza de las Tendillas, pasando por Cruz Conde, donde se desarrollará un tramo en silencio, para que las personas con sensibilidad auditiva puedan manifestarse.

Granada

En Granada también habrá una convocatoria unitaria un año más promovida por la Plataforma de Mujeres 8M/25N y el Espacio Unitario Feminista, con salida de la manifestación el próximo domingo a las 12,00 horas de los Jardines del Triunfo de Granada capital para atravesar el centro de la ciudad hasta llegar al Paseo del Salón, donde se leerá el manifiesto con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, que asimismo ha preparado sus actividades para la primera mitad del mes.

Huelva

En Huelva se llevará a cabo una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Huelva y será el mismo día 8 de marzo, a las 12.00 horas, y partirá desde la plaza del Antiguo Estadio de Huelva para finalizar en la Plaza de las Monjas.

Jaén

Jaén, por su parte, también celebrará una manifestación unitaria coorganizada por Feministas 8M Jaén y la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género con el lema Feminismo visible, mujeres invencibles. Está prevista el domingo a las 12.00 horas con salida de la plaza de las Batallas y hasta la plaza de Santa María, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto y una actuación musical a cargo de la rapera La Benjamina.

Málaga

En Málaga la movilización tendrá lugar a las 12.00 horas con salida desde la Plaza de la Merced y finalizará en la Plaza Enrique García Herrera, Plaza de Camas, bajo el lema Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz organizada por la plataforma Coordinadora 8 de marzo Málaga.

Sevilla

Finalmente, en Sevilla se llevarán a cabo dos manifestaciones este domingo 8 de marzo. En primer lugar, el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una movilización bajo el lema Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos que partirá a las 12.00 horas desde la Plaza Nueva y finalizará en la Alameda de Hércules.

Por otro lado, a la misma hora, la Asamblea Feminista Unitaria Sevilla (AFUS) se manifestará bajo el lema Frente a las violencias fascistas, trenzamos resistencias feministas desde la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo.

Las convocatorias del 8M en Andalucía se suman a las movilizaciones previstas en numerosas ciudades españolas con motivo del Día Internacional de la Mujer. En este contexto, los colectivos organizadores han animado a la ciudadanía a participar en las distintas marchas y actividades programadas.

El Partido Popular (PP) intenta pivotar el discurso de la prohibición del burka y el niqab donde antes se mostraba de perfil. A la vuelta de la esquina están unas elecciones autonómicas donde Vox parece ser la principal amenaza, así que los conservadores explotan el argumentario en materia de seguridad y migración con la politización del cuerpo y la vestimenta de las mujeres a las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer. Así, en este giro de los acontecimientos, el pleno del Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, ha aprobado este viernes una moción para instar al Gobierno central a que modifique la Ley de Bases de Régimen Local para tener competencias en la materia.

Una moción que, a la práctica, no deja de ser más que una declaración de intenciones que tiene su trasvase a la hora de movilizar a la ciudadanía. Con base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), las administraciones locales no tienen a día de hoy competencias para regular en la materia. Sin embargo, en el municipio almeriense de Níjar se tomó la delantera y ajustó la prohibición a las dependencias municipales.

Con mayoría absoluta, el PP de El Ejido replica las maneras de Génova, desde donde se presentó una proposición de ley para impedir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos tan solo días después de que el Congreso tumbara la iniciativa presentada por Vox. A tenor del debate, el alcalde Francisco Góngora ha mantenido que “el uso del burka y del niqab no viene precisamente a respetar la libertad de la mujer, sino más bien todo lo contrario”. Además, ha abogado por buscar un “encaje legal” para “regular la prohibición” de estas prendas, aludiendo a la “seguridad”.

“No favorece la convivencia”

La iniciativa ha salido adelante con los votos de los populares, con 14 representantes en el Pleno, y de Vox, que cuenta con seis ediles, mientras que los tres concejales del PSOE se han opuesto al considerar que este “no es un problema” para el municipio y solo “avivan el debate racista y xenófobo”. Las otras dos ediles no adscritas ha mostrado su abstención al considerar que las normativas deberían darse a nivel europeo.

El primer edil ejidense ha reconocido aunque “se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que utilizan esta prenda”, en cualquier caso “se debería prohibir” porque, según ha dicho, “no viene a respetar la libertad de la mujer”, “no favorece la convivencia” y “no garantiza la identificación de las personas”. “Hoy su uso es residual, pero mañana no sabemos si no --lo será--”, ha añadido después al hilo de este asunto en otro debate.

En su intervención, el alcalde ha querido matizar que el texto se aparta del que aprobó el Ayuntamiento de Níjar el pasado 19 de febrero, con los votos de PP y Vox, que prohibía directamente el acceso a dependencias municipales con el mismo tipo de prendas, conforme el texto que, en esa ocasión, impulsó el partido de Santiago Abascal.

“Es una iniciativa nuestra”, le ha dicho a la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez, quien se ha congratulado que el PP “se sume” a la iniciativa que la formación ya ha impulsado, con otros matices, en otros ayuntamientos. “Nos alegramos de que estén en la posición correcta”, ha dicho Sánchez en cualquier caso antes de recordar como el PP “se escandalizaba” el pasado verano ante las vallas publicitarias que mostraban a mujeres con burka.

Contra la regularización extraordinaria de migrantes

El Pleno también ha aprobado una moción conjunta de PP y Vox para rechazar el proceso de regulación extraordinario de inmigrantes impulsado por el Gobierno, sentido en el que los de Abascal han celebrado que los 'populares' se “suban al carro de Vox moviéndose a golpe de encuesta electoral para rechazar la regularización masiva”.

Para el alcalde, la medida para regularizar a inmigrantes residentes en España bajo determinados requisitos supone un “efecto llamada”. “La inmigración tiene que estar vinculada al empleo, a la necesidad de mano de obra” y por ello se tiene que tener en cuenta “la capacidad de acogida de los territorios y de las sociedades”, ha opinado. “El modelo es que quien venga de manera ilegal, retorne a su país”, ha dicho Góngora, quien ha señalado que el padrón municipal cuenta con 8.000 personas que se encuentran en situación irregular, lo que “no se sostiene bajo ningún concepto”.

Frente a esta postura, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha pedido al alcalde que “no entre usted en el juego de Vox” porque “se lo van a llevar por delante”, especialmente en un municipio con un potente sector agrícola y de industria auxiliar asociada en el que “los inmigrantes aportan mucho”. “Usted sabe más que nadie que falta mano de obra en El Ejido, en otros sitios y en todos los sectores, prácticamente”, ha añadido Alarcón, para quien el alcalde “no están mirando por los intereses” del municipio.

Con ello, ha defendido el proceso de regularización para dar cobertura a los inmigrantes del municipio. “Gracias a la inmigración funciona nuestra agricultura y demás servicios que conllevan”, ha insistido Alarcón quien, frente al discurso de la inmigración ordenada, ha insistido en que los extranjeros que actualmente cuenta “con sus papeles en regla no llegaron en un vuelo chárter de Iberia a El Ejido”.

Así, ha destacado posturas como la de la organización agraria COAG favorables a este tipo de medida. “Van al arrastre de un partido que sube cuanto más lío”, ha afeado Alarcón, quien ha criticado que Vox hable “pestes” de la situación de El Ejido por su población inmigrante.

La Justicia ha dado por zanjado un histórico litigio por las tierras contaminadas por las bombas de Palomares. En 1966, dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. Fue en 2004, cuando la burbuja inmobiliaria llegaba a la costa de Almería, cuando el Estado comenzó el trámite para expropiar los terrenos. Pero una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa y permitió que el Estado se quede con los terrenos por unos euros el metro cuadrado.

La historia de las bombas de Palomares es una en la que nadie sabe explicar muy bien qué pasó antes de su mandato, cómo se pudo llegar allí. Tras el accidente, Estados Unidos embarcó gran cantidad de tierra contaminada en bidones y, a través de Cartagena, la llevó en buques a su territorio. El régimen de Franco lo dio por bueno. Washington y Madrid firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría análisis de sangre a la población a ver si había alguna anomalía en la incidencia de cáncer y listo. 

En realidad, durante décadas a nadie le importó mucho. El levante de Almería seguía siendo una zona árida y lejos de Madrid. No había llegado el boom de la agricultura y el turismo.

Eso cambió a principios de los 2000. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear detectaron en el americio en el aire, producto de la desintegración del plutonio, activo durante decenas de miles de años. La zona, con una de las mayores reservas de suelo virgen del Mediterráneo, era un hervidero de grúas. Había que hacer algo. El Gobierno de Aznar aprobó discretamente una partida para expropiaciones.

Fue un año después y ya con Zapatero en Moncloa cuando el Ciemat decidió que, para expropiar, tenía que saber realmente la contaminación que había. En un primer momento caracterizó varias zonas donde habían caído las bombas y donde el ejército estadounidense había acumulado la tierra que se llevó. Era poco terreno, unas 10 hectáreas: una parcela en el centro del pueblo y otras a las afueras, junto al cementerio y en la que seguían plantando lechugas. Todo el pueblo conocía esas localizaciones, era donde habían caído las bombas.

Pero los investigadores se toparon con varias sorpresas. Primero descubrieron las zanjas en las que los americanos habían enterrado material radiactivo y, lo más importante, unas 30 hectáreas con contaminación en la sierra de Almagrera en la que nadie había reparado, según fuentes del Ciemat. Es una zona alejada de donde cayeron las bombas. Lo que había ocurrido es que el viento llevó parte de la contaminación durante el descenso de las bombas. 

Ese era un terreno urbanísticamente muy interesante porque está próximo al pueblo pesquero de Villaricos y con una preciosa vista de la puesta de sol. La empresa Villaricos SL, dueña del resort Desert Springs Golf, a unos siete kilómetros tierra adentro, pretendía construir allí. Villaricos SL es de capital británico. Así que en 2007 el Consejo de Ministros amplió el objeto para poder expropiar esos terrenos. Muy cerca de allí, siguen en marcha otros enormes planes urbanísticos.

Eso paró de momento la construcción al poner en marcha la lenta maquinaria de la expropiación. La zona, que durante décadas era pasto para cabras, fue vallada, aunque fuese de forma porosa. En 2022, finalmente, fue ocupado a precio de terreno rústico. “El Jurado Provincial consideró que la renta superior de la finca expropiada se obtendría con la consideración de una renta de un terreno de imposible explotación”. “Con ello, el valor final del suelo que fija el Jurado es de 0,68 euros por metro cuadrado”.

Villaricos SL, que no ha querido hacer declaraciones, comenzó entonces un litigio contra el precio de la expropiación. Alegó que tenía una aprobación urbanística inicial para construir allí y pedía casi 75 euros por metro cuadrado. Alegaba que en 2007 el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora, al que pertenece Palomares, había aprobado el plan parcial urbanístico de ese sector y que el valor asignado “no considera la mayor renta potencial de la explotación”. Eso, argumentaba, vulnera “los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica”. Señalaba que en otra tanda de expropiaciones había recibido más precio por otro terreno.

La abogacía del Estado replicó que el plan parcial que daba cobijo a la urbanización de Villaricos SL fue anulado por el mismo TSJ en 2011, “lo que significa que el citado plan parcial nunca ha existido, por lo que no puede considerarse que el sector en el que se incluyen los terrenos aquí justipreciados hayan contado con ordenación detallada que les permitiera su desarrollo”. Los jueces dieron la razón al Estado. En dos sentencias del mes de diciembre desestimó las pretensiones de Villaricos SL.

Se zanja así la posibilidad de urbanizar los terrenos. Ya solo queda retirar la tierra contaminada y que los vecinos vuelvan a la vida normal. Esos vecinos que, después de décadas escuchando que todo estaba en orden, vieron en 2011 a la primera delegación de Estados Unidos y que, para sorpresa del pueblo, se pusieron calzas sobre los zapatos para no pisar un solar en el centro del pueblo.

En 2015, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para descontaminar definitivamente el terreno. Washington siempre fue reticente, en parte porque ha realizado pruebas nucleares en otras zonas, y temía reclamaciones similares y porque España en 1966 aceptó que la limpieza estaba hecha. Con Joe Biden hubo otro acercamiento. Pero, 50 años después, la contaminación sigue allí. Ahora, al menos, vallada y expropiada.