A simple vista cuesta creer que exista un lugar así en España. En el interior de una antigua explotación minera situada en el municipio almeriense de Pulpí se esconde una cavidad cubierta por enormes cristales transparentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos de la Geoda de Pulpí, una formación geológica única que ha convertido a la provincia en uno de los destinos más sorprendentes para quienes buscan experiencias diferentes y lugares poco conocidos dentro de las propuestas de turismo de Almería.

Lo más llamativo de esta maravilla natural es que no se encuentra al aire libre, sino dentro de la histórica Mina Rica, en la Sierra del Aguilón. Allí, a varios metros de profundidad, los visitantes pueden contemplar una cavidad cuyas paredes están completamente cubiertas por enormes cristales de yeso. La imagen resulta tan espectacular que durante años fue conocida únicamente por especialistas y aficionados a la mineralogía, hasta convertirse en uno de los grandes atractivos geológicos de Andalucía.

La geoda gigante descubierta dentro de una mina

La historia moderna de este enclave comenzó en diciembre de 1999. Según explica la web oficial de la Geoda de Pulpí, varios miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubrieron la cavidad en el interior de la Mina Rica. El hallazgo sorprendió incluso a los expertos. La geoda mide aproximadamente ocho metros de longitud y dos metros de altura y está recubierta por enormes cristales de yeso que alcanzan dimensiones excepcionales.

La propia página oficial explica que la cavidad está “tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros”. Además, añade que “su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza” y que, por ello, “constituye un fenómeno único a nivel mundial dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y transparencia de los cristales (Calaforra y García-Guinea, 2000)”. Precisamente esa combinación de tamaño, perfección y transparencia es la que ha convertido a la geoda gigante en un fenómeno geológico de referencia internacional.

La sensación al contemplarla es difícil de describir. Las superficies cristalinas reflejan la luz y generan un paisaje que recuerda más al interior de un diamante que a una antigua explotación minera. A diferencia de otras formaciones similares encontradas en distintas partes del mundo, los cristales gigantes de Pulpí destacan especialmente por su excelente estado de conservación, algo que incrementa todavía más su valor científico y patrimonial.

Mucho más que la Geoda de Pulpí

Aunque la cavidad cristalina es la gran protagonista de la visita, la Mina Rica alberga numerosos elementos de interés geológico. La web oficial destaca la presencia de fallas, plegamientos, filones mineralizados y diferentes formaciones minerales que permiten comprender mejor la compleja historia geológica de la Sierra del Aguilón. Entre ellas aparecen otras geodas de menor tamaño, además de estructuras tan llamativas como la llamada Geoda Partida o la Geoda de Colas de Golondrina.

Los expertos explican que el origen de la Geoda de Pulpí puede entenderse en dos grandes fases. Primero se produjo la formación de una cavidad en la roca mediante procesos geológicos asociados a la karstificación de las dolomías de la sierra. Posteriormente, esa cavidad fue rellenándose lentamente mediante depósitos minerales que acabaron formando los espectaculares cristales visibles en la actualidad. El resultado es una estructura prácticamente única en el mundo por sus características.

La historia de la mina también ayuda a entender la importancia del enclave. La Sierra del Aguilón fue objeto de explotación minera durante siglos. Según la web oficial, “la minería contemporánea comienza en 1840, con la explotación en trincheras y cortas de galena argentífera. A partir de 1870 se empieza a extraer hierro, que fue el revulsivo minero de la zona, Jaravia se convirtió en uno de los distritos mineros más importantes de Españ”.

Tras décadas de abandono, la antigua explotación volvió a captar la atención gracias al descubrimiento de la geoda gigante en 1999. Dos décadas después se puso en marcha el proyecto para abrir la Mina Rica al público y permitir que cualquier visitante pudiera contemplar este extraordinario legado geológico. Hoy, la Geoda de Pulpí se ha consolidado como una de las experiencias más sorprendentes que ver en Almería, demostrando que algunas de las maravillas naturales más impresionantes no siempre se encuentran a cielo abierto, sino escondidas bajo tierra, entre galerías mineras y enormes cristales gigantes formados durante millones de años.

Óscar Liria y Fernando Giménez, los dos exvicepresidentes de la Diputación de Almería que están entre los 43 investigados en por el juzgado de instrucción 1 de Almería, han evitado hoy declarar ante el juez instructor. Este jueves se ha celebrado la primera jornada de declaraciones en la investigación judicial por el presunto cobro de comisiones de altos cargos del PP en esa institución a cambio de conceder contratos supuestamente irregulares.

El juez ha suspendido la declaración de Giménez ante la petición de su letrado, que ha alegado estar enfermo. Por su parte, Liria se ha negado a responder preguntas.

Liria era exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y exdiputado provincial de Fomento desde la que se adjudicaron los contratos presuntamente irregulares a cambio de mordidas. Su detención en 2021 desencadenó la primera fase de la investigación, que tuvo continuidad a finales del año pasado con la detención de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del PP almeriense, y otras siete personas, entre ellas varios familiares.

Óscar Liria, quien ha adelantado su comparecencia por petición de su abogado, se ha acogido a su derecho a no declarar en este momento de la instrucción, a la espera de que la UCO ponga a disposición de la causa nuevos informes aún pendientes a partir de la intervención de teléfonos móviles y la documentación recopilada en los registros practicados el pasado mes de noviembre.

Por su parte, la pareja del exvicepresidente ha tratado de justificar a preguntas de su letrado la adquisición de un dúplex en Huércal-Overa, donde fue concejal por el PP en la anterior corporación. La UCO sitúa a la investigada, además, como beneficiaria a título lucrativo de coches de alta gama adquiridos con fondos del a trama.

Según su abogado, la “trazabilidad económica” de la compra del dúplex ha quedado “acreditada” sin que conste “ningún pago extraño ni a ningún tipo de cuantía económica” relacionada con Liria. El letrado ha solicitado el sobreseimiento de la causa para ella al no ver “responsabilidad ninguna”

El presunto corruptor rebaja la importancia de las adjudicaciones

El empresario Kilian L.S., supuesto comisionista en el contrato de dos millones de euros realizado por la Diputación para adquirir material sanitario durante la primera fase de la pandemia de covid-19, ha defendido este jueves que la actividad que mantuvo con la institución a través de su empresa Pulconal SL, a la que también se adjudicaron al menos 16 contratos de obras menores para el arreglo de parques o cementerios en pequeños municipios de la provincia, fue “deficitaria”.

Según han trasladado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, el empresario y amigo desde la infancia del exvicepresidente tercero y exdiputado de Fomento Óscar Liria, y cuyos mensajes intervenidos por otra causa luego archivada desencadenaron esta operación, ha admitido que su empresa realizó varios trabajos de obra civil para la Diputación de Almería, pero estos solo supusieron “el 0,28 por ciento” del volumen de adjudicaciones del Área de Fomento en un periodo de cuatro años.

A preguntas únicamente de su abogado, el empresario ha remarcado escasa rentabilidad que le supusieron estas contrataciones con la Diputación por las que, según la investigación realizada por la UCO, obtuvo en un periodo de dos años unos 421.805 euros. Asimismo, ha encuadrado en la normalidad dichas adjudicaciones de obras.

En este sentido, a lo largo de casi 45 minutos de declaración ha abundado en los gastos derivados de la propia dinámica empresarial y el desempeño de los trabajos a la hora de justificar unos estrechos márgenes de beneficio de la sociedad que, según la UCO, habría estado también participada aunque de forma “velada” por otro empresario y el expresidente Liria bajo un supuesto “plan preconcebido” con el que obtener fondos públicos.

En cuanto a su actividad a través de Azor Corporate Ibérica, la sociedad a través de la cual se procedió a la adquisición de las mascarillas y el resto de material sanitario durante abril de 2020, el investigado se ha remitido a sus declaraciones anteriores en sede policial sin aportar nuevos detalles ante un contrato por el que la Guardia Civil advierte de un sobrecoste superior a los 900.000 euros, esto es, del 42,27 por ciento.

Declaraciones de empresarios

En esta primera sesión de declaraciones también han declarado, a preguntas de sus respectivos abogados, dos empresarios que, como parte de su actividad, se dedicarían a la importación de productos procedentes de China con quienes se habría contactado inicialmente para conseguir el material sanitario cuyo contrato destapó la supuesta trama por la que se investigan contratos desde 2016 en adelante.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSOE ha lamentado que los investigados no hayan querido responder a las preguntas del resto de partes, por lo que consideran que las versiones ofrecidas hoy “no aportan nada” nuevo a la causa con respecto a lo ya instruido.

El juez instructor Manuel Rey Bellot ha programado una extensa ronda de comparecencias que finalizará el próximo 26 de junio, cuando está previsto que declare el presidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, a quien ninguno de los investigados ha aludido este jueves en sus declaraciones.

El también exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte García y Liria.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante.

En dichas conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, entre otras.

La declaración judicial del exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez, prevista para este jueves en el marco del caso Mascarillas, que investiga el cobro de comisiones de altos cargos del PP en esa institución a cambio de conceder contratos supuestamente irregulares, ha quedado suspendida por la indisponibilidad de su letrado.

Varias fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press la suspensión de su declaración, para la que habrá que fijar nueva fecha, debido a los problemas médicos alegados por su representante legal, quien durante la jornada de este miércoles solicitó el aplazamiento.

Giménez era el primeros de los 43 investigados llamados a declarar por el instructor Manuel Rey Bellot en la ronda que se inicia este jueves, en la que también está previsto que comparezca --por videoconferencia a partir de las 11:45 horas-- el empresario y supuesto comisionista Kilian L.S., quien habría intervenido en el contrato de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020 con un supuesto sobrecoste de 945.327 euros, conforme a los informes de la UCO.

Sin la declaración de Giménez, son cuatro los imputados a los que se espera tomar declaración a lo largo de la jornada.

Mascarillas, contratos de obra y dientes

Según los investigadores de la UCO, el exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García, detenido el pasado noviembre, quien declarará el 26 de junio, y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, cuya declaración está prevista para este viernes.

La detención de este en junio de 2021 dio origen a la primera fase de la investigación por la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas por el que la trama habría cobrado comisiones de casi un millón de euros; las pesquisas se ampliaron luego a contratos de obras en pequeños municipios.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante. La UCO cree que el expresidente de la Diputación, del que pinchó el teléfono, pagó una hipoteca con dinero de las mordidas.

En las conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, entre otras.

El dictamen del Consejo Consultivo andaluz que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, concedida en 2003, acerca el fin de la mole y ha empezado a abrir la siguiente etapa, que en realidad está prevista desde hace 15 años: cómo se reparten la tarea de meter la piqueta y retirar los escombros las dos administraciones con responsabilidad para ello, Junta de Andalucía y Gobierno central.

Poco después de conocerse, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por escrito a la Junta una reunión para “abordar su demolición y la restauración del enclave”, según informaron fuentes ministeriales. Es la Junta quien debe convocar, porque ahora preside la Comisión en la que se dirime este asunto.

Según ha podido confirmar este medio, el escrito, dirigido al viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, insta a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión del Protocolo suscrito entre Junta y Gobierno central, para analizar “el dictamen y sus consecuencias”. El Protocolo data de 2011, y en él se recoge la obligación del Gobierno de asumir los costes derivados de la demolición y de la Junta de Andalucía de hacerse cargo de las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Pese a la urgencia del Ministerio, la Junta ha reaccionado pisando el freno. Rocío Díaz, Consejera de Fomento de la Junta, recordó que ahora el dictamen debe regresar al Pleno de Carboneras para completar el trámite que lleve a la nulidad de la licencia. “Una vez culminado este trámite, avanzaremos hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural”, dijo, sin que en su departamento aclararan si eso significa que no convocará ninguna reunión hasta que el municipio complete su parte.  

La Junta se siente “reforzada” y el Gobierno subraya su “impulso”

La noticia de que el Consultivo daba un impulso al proceso fue celebrada tanto en Sevilla como en Madrid. El dictamen es un “paso decisivo” para dar carpetazo a la historia de El Algarrobico y que ese “monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental” desaparezca, según Díaz. Con palabras parecidas lo saludaron desde el Ministerio: un paso “determinante”.

Al mismo tiempo, las palabras escogidas por ambas administraciones también dejan entrever la guerra por el relato que, más allá de los avances administrativos hacia la demolición, se ha instalado desde que el pasado febrero el Ministerio activara la vía alternativa de la expropiación de los terrenos y la ministra de Hacienda y candidata in pectore a presidir la Junta, María Jesús Montero, lo anunciara por sorpresa a los pies del hotel.

Díaz subrayó este viernes que el dictamen “refuerza” a la Junta de Andalucía en el camino que “escogió” para acabar con el hotel. Es una puya al Gobierno central, porque el Gobierno andaluz insistió en su apuesta por anular la licencia frente a las invitaciones del Ministerio a que se sumara a la vía de la expropiación. Ahora, el Gobierno andaluz saca pecho, mientras fuentes del Ministerio resaltan que la “determinación e impulso” del Gobierno central habría “obligado” a otras instituciones a actuar.

Lo cierto es que la Junta de Andalucía se personó en la ejecución judicial de la sentencia que obliga a revisar la licencia en mayo de 2024, y en esta última fase ha presentado múltiples escritos de impulso del proceso, tras años de inacción. Nueve meses después, en febrero de 2025, el Ministerio irrumpió como un ciclón anunciando su intención de expropiar a Azata los terrenos de dominio público (la mitad, unos 32.000 metros cuadrados). Prometió incluso que El Algarrobico estaría demolido en 2025.

Hoy, la vía de la expropiación está pendiente de la resolución del Jurado Provincial de Almería, en la pantalla del justiprecio que debería recibir la promotora, que pide 44,5 millones de euros frente a los 16.500 que ofrece el Ejecutivo. Esta vía parece abocada también a la judicialización por esta amplia discrepancia económica.

Greenpeace pide reservar presupuesto

Greenpeace celebró como una “¡victoria!” decisiva el dictamen del Consultivo y vaticinó el fin de los “obstáculos administrativos” para la demolición del hotel, del que sería su “acta de defunción legal”. También pidió que se reserven ya partidas presupuestarias para acometer la demolición y desescombro, cuyo coste aproximado cifra en siete millones de euros. Los ecologistas creen que la decisión allana también el camino a la expropiación, puesto que con una licencia nula la promotora no puede exigir tanto dinero por entregar los terrenos.

Es indiscutible que es un paso que allana el camino hacia la demolición, pero esta es una historia tan larga, tan llena de vericuetos jurídicos, trampas procesales y voluntades dispersas, que es pronto para asegurar que el final está cerca. La piqueta aún debe recorrer terreno minado. La propia Consejera recordó que ahora el dictamen vuelve a Carboneras. “Ahora corresponde al Ayuntamiento llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia”, anunció, al tiempo que pedía al Consistorio “máxima celeridad y agilidad” para convocarlo.

Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a cuándo tiene previsto hacerlo, aunque el alcalde Salvador Hernández confirmó que llevará el asunto a Pleno: “Se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales”. El regidor llamó al Gobierno y la Junta “colaboración” y “lealtad institucional”: “No puede ser que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos vengamos desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad todas las administraciones”. De fondo, está el temor a tener que indemnizar a la promotora por la licencia que le dieron en su día con unas arcas municipales muy escasas para la envergadura de esa posible reparación.

Durante años, el Consistorio (que inicialmente litigó del lado de la promotora) ha remoloneado para cumplir las sentencias que resuelven que el hotel es ilegal. Ha alegado falta de personal habilitado para tramitar el expediente, su complejidad, errores materiales, errores procedimentales y meros lapsus, o pedido nuevos informes (innecesarios, según el propio TSJA) que siempre tenían el efecto de devolver la ejecución de las resoluciones judiciales varias casillas atrás. En el camino, ha agotado la paciencia de los ecologistas (que han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la Junta de Andalucía (que ha criticado las maniobras “claramente dilatorias”) y, aparentemente al menos, de los jueces, que han advertido varias veces a los alcaldes con multas, sin imponerlas nunca, y se han planteado intervenir directamente.

El alcalde ha dicho este viernes que todo esto son “interpretaciones malintencionadas” y que estas demoras se deben a la falta de recursos. Hace poco más de un año pidió negociar con la promotora y abrir la puerta a la conservación de la mole “como hotel o residencia”, advirtiendo de que la revisión de la licencia podría llevar hasta cinco años.

Además, el propio abogado de los ecologistas ve probable que la promotora y propietaria de los terrenos, Azata del Sol, busque la vía para torpedear la resolución con algún nuevo recurso.

El destino de la mole es claro desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que el suelo era no urbanizable y la licencia debía ser revisada en sendas sentencias dictadas en 2016 y 2018, firmes respectivamente desde 2018 y 2021. Lo que ocurre es que el cumplimiento material de esas resoluciones depende en última instancia de un sistema garantista que permite recursos contra casi cualquier acto administrativo, y de la capacidad y voluntad de impulsar los trámites de la administración local, hasta ahora, y cuando se supere esa pantalla definitivamente, de la autonómica y el Gobierno central.

“¡Padrón por derecho!”, ese el grito al unísono de 33 colectivos sociales de todo el territorio español que denuncian la discriminación institucional que hay en el proceso de empadronamiento por parte de los ayuntamientos. Un rechazo que sufren los colectivos más vulnerables, ya sean personas migrantes en situación irregular, sin hogar o familias expulsadas por el mercado inmobiliario. El trámite es esencial para el acceso a la sanidad, a la escolarización, la apertura de una cuenta bancaria o para lograr la regularización. Desoyendo la ley, las barreras de las corporaciones locales dificultan el reconocimiento de estos derechos y provoca, entre otras cosas, la estafa por parte de mafias que se aprovechan de aquellos que, sin recursos, buscan una salida desesperada al desamparo.

Sevilla fue el lugar escogido este viernes por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho para criticar la actuación de las corporaciones que impiden la correcta aplicación de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 15 establece que “toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Vivir, es decir, que exista y se desarrolle en el país, sin que esté el individuo condicionado por su situación administrativa, laboral o habitacional. Es más, toda esta movilización la contemplan como urgente a causa de la propia acción del Gobierno de España que, tanto para la regularización extraordianria como para la aprobación de la universalización de la sanidad, no requirió el certificado de empadronamiento, “se reconoce indirectamente que hay un problema, es decir, el bloqueo existe”, apuntaron.

Mazagón, la localidad onubense, será el enclave elegido para organizar el primer encuentro de la plataforma que tiene dos años de vida y presentó un informe el pasado mes de febrero. Este fin de semana convergerán en la provincia, símbolo de la precarización que enfrentan los trabajadores del fruto rojo. “Hoy hacemos frente a una realidad invisible pero devastadora: hay multitud de administraciones locales que ponen barreras arbitrarias contra los vecinos y las vecinas migrantes o contra las personas en situación de exclusión residencial”, defendió Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, “a aquellas personas que recogen las fresas en los campos de Huelva a 45 grados, que cuidan a nuestros mayores y limpian nuestras casas, que viven y consumen en nuestras ciudades pagando impuestos indirectos”. “Exigimos soluciones”, determinó.

“El mercado se aprovecha de la desesperación”

Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, habló en nombre de los miles de trabajadores que viven en los asentamientos y sufren el racismo institucional: “Estamos en el corazón de la producción de los frutos rojos. Una tierra que da riqueza, pero que tiene una realidad muy dura donde los ayuntamientos no empadronan y los chicos lo pasan mal”. Ante la falta de agua, luz o de saneamiento en los poblados, criticó la “vergüenza” que significa para el conjunto del país permitir una desatención de tales magnitudes. “El padrón no es un regalo de los alcaldes, es una obligación legal”, subrayó, “los chicos no tienen más remedio que comprar el empadronamiento y ya no preguntan dónde pueden hacerlo, sino cuánto les cuesta o a quién tienen que ir, por lo que se provoca que haya un mercado que se aproveche de la desesperación de la gente”.

Hay anuncios que piden 300 euros e, incluso, 3.000 euros. Intermediaciones hechas por mafias que, como explicó Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros, utilizan pisos en los que hay hasta 15 personas registradas. “No hay ninguna falsedad en este proceso, porque viven aquí, pero no tienen otro remedio que pagar por eso”, detalló, siendo condición necesaria para recibir cartas, lograr prestaciones, simplemente, vivir. En cualquier caso, hizo hincapié en que el uso de “falsedad” era incorrecto, contraponiéndose a la guerra cultural que propaga la ultraderecha, desde donde se ha puesto en duda la veracidad del sistema. En este punto, Patricia Fernández, parte de la Coordinadora de Barrios en Madrid, mostró que “la mayor parte de las sanciones se producen con familias que falsean su empadronamiento para acceder a colegios privados y concertados o personas que mantienen su residencia en territorios insulares para conseguir beneficios en las subvenciones al transporte”, como ocurre con el 75% de Canarias y Baleares.

Frente a la prioridad nacional de Vox, la coordinadora estatal aboga por que los ayuntamientos cumplan la ley que proporciona a la ciudadanía la red de cuidados que garantiza el pleno desarrollo de su existencia. Sin embargo, la puerta está abierta a nuevos enfrentamientos, ya que los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura contemplan la creación de un servicio de verificación del empadronamiento con base a las falsas premisas de que la inmigración dinamita los servicios públicos. Un requisito que podría llegar pronto a Andalucía, donde Juanma Moreno sopesa si vale la pena aliarse a los de Manuel Gavira o gobernar en solitario tras las elecciones del 17 de mayo. “Hablar de padrón es hablar de dignidad, de existencia, de democracia. Cuando una persona no puede empadronarse, no solo se le niega un trámite administrativo, se le niega la posibilidad de existir plenamente dentro del sistema de derechos”, resaltó Soledad Paola Lucero, portavoz del Foro Gallego de Migraciones.

Los casos de Huelva y Almería: “Mi vida son mis papeles”

Pero, fuera del embate político, la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón no hace distinciones: “Da igual que esté PP o PSOE, en el caso de Huelva hacen exactamente lo mismo”. Pone encima de la mesa el mapa: “Entre Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer hay cientos de trabajadores de la fresa... Y solamente hay tres personas empadronadas”, denunció. La provincia onubense parece que no es la única que se desoye el mandato legal, sostuvo María Millán, parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Almería, quien señaló la doble vara de medir que utilizan las administraciones locales. “En este maremágnum de vulneración de derechos e injusticia social, la realidad del padrón cobra una importancia radical, ya sea en Huelva, Almería o cualquier otro lugar, la gente repite 'mi vida son mis papeles'”, compartió.

“Nos encontramos con que el padrón es denegado por el hecho de vivir en una infravivienda y muchos de los ayuntamientos que conocemos, como El Ejido, Roquetas de Mar o Mijas, le piden a la gente un contrato de alquiler o un permiso por parte de los propietarios para residir allí, rozando al extremo de que tengan que venir de la mano”, denunció, “los ayuntamientos inventan condiciones ad hoc en ese ejercicio de racismo institucional”. Además, aseguró que en El Ejido se está pidiendo el empadronamiento para realizar los informes de vulnerabilidad, cuando el primero no es un supuesto para adscribirse a la regularización extraordinaria mientras que el segundo sí.

Sevilla tampoco se queda atrás. El pacto municipal entre PP y Vox que necesitó el alcalde José Luis Sanz (PP) para sacar adelante los presupuestos dejó por escrito que habría un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. El gobierno local justificaba que con ello se pretendía evitar que “se comentan fraudes con los migrantes” cuando la oposición tachó de “disparate” la medida, pese a que la portavoz de la ultraderecha había afirmado con contundencia que el objetivo era “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

“El deterioro de los servicios públicos”

En busca de soluciones, la Coordinadora Estatal hace una serie de recomendaciones a las personas que se encuentran con estos obstáculos en los ayuntamientos, a los que exigen más transparencia publicitando su normativa interna, y solo reciben respuestas verbales que luego serán insuficientes en un procedimiento legal. “Si una persona va a empadronarse y no se hace, se le debe dictar una resolución en la que conste por escrito si se inadmite su solicitud para que la pueda recurrir, o bien se requiera que aporte más documentación, para verificar luego si es legal o no y si estamos ante una situación de discriminación”, ejemplificó Fernández.

“Queremos saber a quién se deniega el empadronamiento, a quién se le exige que venga acompañada por su casero, si solo se hace con las personas migrantes y racializadas o también a las personas blancas y del norte global, y exigimos que se cumplan con la ley y las sentencias que, como en Madrid, obligaban a empadronar en colectivos sociales”, aseveró. Al fin y al cabo, la ley es clara en su articulado y el continuo incumplimiento, como mantienen desde la plataforma, provoca la ausencia de un padrón acorde al número de personas que conviven en un municipio.

Un hecho que, finalmente, perjudica a los usuarios del sistema, como señaló Fernández: “Los ayuntamientos no quieren ver que tenemos mayores niveles de hacinamiento en los barrios que en la España del tardofranquismo y que, por lo tanto, tienen una obligación de proporcionar vivienda pública”. Así, apuntó a que la incongruencia de los datos en el padrón “provoca un deterioro de los servicios públicos, provoca que las personas no puedan acceder a ellos y, quienes lo hacen, lo hagan en peores condiciones que provoca un efecto de expulsión hacia el negocio privado, ya sean clínicas, colegios...”, alertó, “no es un fallo inocuo del sistema, son las políticas diseñadas para el capital”, zanjó.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

El municipio de Sorbas, que un curioso viajero puede encontrar sobre una montaña de cuarenta metros de altura, es uno de los grandes alicientes turísticos de la provincia de Almería. Famoso por sus icónicas casas colgantes que desafían el precipicio del barranco del Afa, el pueblo esconde un profundo secreto histórico entre sus muros. Sus calles, marcadas por una clara herencia islámica y un trazado laberíntico, conducen a un rincón donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Se trata del barrio de las Alfarerías, un lugar donde la tradición no es solo un recuerdo, sino un trabajo diario y vibrante. Aquí, el paisaje de fachadas encaladas se funde con la historia de sus habitantes y sus antiguos oficios manuales vinculados a la tierra. 

El trazado de las vías de este barrio refleja un pasado andalusí que todavía respira en cada esquina de este enclave estratégico. Es un destino imprescindible para quienes buscan autenticidad y raíces profundas. También conocido popularmente como “Las Cantarerías”, es el corazón palpitante de la industria artesanal local de Sorbas. Este apelativo rinde tributo a la excelente calidad de los cántaros que se han fabricado allí desde tiempos inmemoriales por manos expertas. Durante el siglo XIX, Sorbas fue el principal centro alfarero de la provincia, llegando a contar con más de veinte talleres activos simultáneamente. Aunque hoy el número es algo menor, la esencia de este gremio artesanal sigue vibrando con fuerza en la zona baja del casco urbano. 

Al caminar por sus cuestas, se percibe el legado de los maestros que moldearon la identidad de este pueblo con sus propias manos. Es un sector donde el olor a barro húmedo y el humo de la leña persisten como señales de una vida eterna. Los talleres se agrupan en pequeñas plazas que sirven como puntos de encuentro fundamentales para la comunidad de vecinos. Pero sin duda la verdadera joya de la corona en este vecindario es su milenario horno alfarero de indiscutible origen árabe medieval. Con más de 500 años de historia a sus espaldas, esta maravilla patrimonial de la ingeniería industrial sigue funcionando hoy a pleno rendimiento. Representa un sobreviviente único de una época en la que existían más de una treintena de estas estructuras activas en el municipio. 

Su persistencia a través de los siglos es un testimonio de la durabilidad y eficacia de la arquitectura moruna tradicional en tierras almerienses. Ubicado en una pequeña plaza, este ingenio continúa cociendo el barro tal y como se hacía en la más remota antigüedad. Los visitantes pueden ser testigos de un proceso vivo que apenas ha variado desde los tiempos de la Reconquista cristiana. No es una simple pieza de museo, sino una herramienta funcional clave para la economía actual de los artesanos locales.

El funcionamiento técnico de este horno histórico se basa en una estructura dividida sabiamente en dos niveles funcionales distintos. En la parte inferior, la leña arde con intensidad para generar el calor extremo necesario para la cocción adecuada del material cerámico. El nivel superior es el espacio destinado a las piezas de barro, que aguardan pacientemente para ser transformadas finalmente por la acción del fuego. Ambos niveles están comunicados por pequeños orificios que permiten que el aire caliente circule de manera muy uniforme por todo el interior. El control de la temperatura se realiza todavía a la vieja usanza, una técnica que requiere una gran experiencia acumulada. Mediante la apertura o el cierre de las chimeneas situadas en el techo, los artesanos regulan el calor interno con precisión. Este control manual resulta crucial para asegurar que cada vasija alcance su punto de cocción óptimo y sea muy duradera.

Los alfareros de Sorbas son mucho más que simples artesanos: son auténticos guardianes de un legado inmaterial vivo. Muchos de ellos son descendientes directos de los primeros repobladores que llegaron a estas tierras tras la toma de los Reyes Católicos. Familias como los Mañas, Cúllar, García o Muñoz han transmitido sus conocimientos técnicos de generación en generación durante muchos siglos. Maestros actuales como José Miguel García continúan hoy demostrando su destreza en el torno manual frente a las nuevas generaciones. Sus manos expertas transforman la tierra cruda en objetos de gran belleza y utilidad diaria frente al público que visita sus talleres. Esta transmisión de saberes de padres a hijos ha permitido que la identidad local de Sorbas permanezca intacta hasta hoy.

Artesanos, en directo

La materia prima para estas obras de arte surge directamente de las ricas tierras arcillosas que rodean al municipio sorbeño. La arcilla blanca se extrae de la Cañada Siscar, mientras que la rubia y roja proviene de la zona cercana conocida como La Mojonera. Esta variedad de tierras locales permite una gama cromática y de texturas única en cada una de las cerámicas producidas allí. Cada pieza surgida de estos talleres es totalmente singular debido a que todo el proceso de esculpido es manual y artesanal. Entre los objetos más icónicos destacan el botijo con forma de gallo y el encantador conjunto llamado popularmente como “ajuarico”, que consiste en una serie de útiles de cocina en miniatura, como pequeños almireces, cazuelas, sartenes y cucharas de barro. Estas piezas no son solo utilitarias, sino que se consideran verdaderas obras de arte de la rica etnografía de Almería.

Una visita al barrio de las Alfarerías ofrece una experiencia sensorial completa que va mucho más allá del simple turismo común. Los viajeros pueden entrar libremente en los talleres para ver a los artesanos trabajando en directo en sus respectivos tornos de mano. Es posible seguir el proceso completo de una pieza, desde que es una masa de barro informe hasta que sale cocida del horno. Esta inmersión en el mundo del oficio manual es muy valorada por quienes buscan un turismo cultural de calidad actualmente. Además de los hornos, el barrio alberga otros puntos de interés como el Museo de la Lana ubicado en una antigua fábrica textil. También se puede visitar una vieja almazara, hoy convertida en bar, donde se exponen diversas obras de artistas locales reconocidos. La combinación de historia, artesanía y hospitalidad convierte esta zona en una parada obligatoria en la provincia.

El propietario del bar La Posada, que resultó herido el pasado Miércoles Santo a causa de las explosiones que se registraron en su negocio ubicado en la zona de Plaza de Toros de Almería, ha fallecido al no lograr sobreponerse de sus quemaduras por las que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes próximas a la víctima han confirmado a Europa Press la muerte de este hombre, la segunda a causa del suceso que se cobró la vida de un hombre de 81 años que se vio afectado por la detonación cuando se encontraba a las puertas del negocio en la tarde del pasado 1 de abril. Además, se registraron otros dos heridos.

El suceso se produjo sobre las 17.20 horas cuando el 112 recibió numerosos avisos por una deflagración en el número 53 de la calle Conde Villamonte, el cual ocasionó un incendio en el local y la caída de parte de la fachada.

Un escape de gas

Los indicios previos a la exploración de la Policía Científica, que junto con Policía Local y Bomberos de Almería acordonaron la zona, apuntaban a un escape de gas. No obstante, el inmueble no se vio afectado, conforme a las revisiones hechas desde el Ayuntamiento.

El propietario del bar y otro de los afectados fueron evacuados inicialmente al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Las quemaduras obligaron al traslado del herido al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha permanecido 50 días antes de su fallecimiento. El tercer herido, de carácter leve, fue trasladado al centro de salud de la Plaza de Toros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la UDEF, Tedax, Policía Científica y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la investigación sobre el hombre de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja sentimental de esta y que dejaron heridos de gravedad a su hijo de siete meses en la barriada del El Canalillo de El Ejido (Almería), además de otros tres heridos, entre ellos una menor, apunta a un “posible delito de violencia de género”.

Así lo ha trasladado Martín a preguntas de los medios ante los que ha asegurado que “no existía denuncia previa por parte de la pareja” del detenido, toda vez que tampoco “estaba en Viogen”, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, si bien los investigadores manejan una serie de indicios con base en declaraciones de testigos que ahondarían en este sentido aunque, en un primer momento, se atribuyeran los hechos a un episodio de “violencia doméstica”.

Martín ha lamentado este “triste suceso” en el que tampoco se descarta la “violencia vicaria” ante las heridas sufridas por el menor de siete meses de edad que recibió un disparo en la cabeza y otro en la mandíbula, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, el cual se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor.

Ingresados

El subdelegado ha apuntado que los heridos siguen ingresados, entre ellos la menor de 21 meses de edad que continúa en la UCI del Materno Infantil, la vecina de 19 años de edad que sufrió tres impactos de bala en el abdomen y que continúa en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido y el hombre de 60 años que sufrió un disparo en la cabeza cuando el detenido huía del lugar de los hechos. A todos ellos ha deseado una “pronta recuperación”.

El representante del Gobierno ha apuntado que el sospechoso pasará a disposición judicial mientras se terminan de instruir las diligencias ya que la investigación “continúa”. Sobre este extremo, el subdelegado ha evitado pronunciarse sobre si el detenido padecía un “trastorno mental”, según confirmó la Guardia Civil.

Con ello, ha instado a aguardar al resultado de la investigación para depurar las posibles responsabilidades del detenido así como la situación en la que se produjeron los tiros en este diseminado de apenas 130 vecinos muy próximo a Balanegra donde se montó un dispositivo por parte de Guardia Civil y Policía Local de El Ejido que acabó con el arresto del sospechoso sobre las cuatro de la mañana de este martes.

Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23.00 horas, cuando se encontraron a dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala. De este mismo vehículo habría huido la pareja del detenido con el bebé en brazos, el cual sí fue alcanzado por los proyectiles de un arma de nueve milímetros cuyo origen se investiga dado que el arrestado carecía de permiso de armas.

Las fuerzas de seguridad ha detenido en la madrugada de este martes a un hombre de 25 años como presunto autor de la muerte de sus padres en un tiroteo en El Ejido (Almería) en el que también han resultado heridos de gravedad su hijo de siete meses y otras tres personas, una mujer, un hombre y una niña de 2 años, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería.

Fuentes próximas al caso han señalado que el arresto habría sido efectuado por agentes de la Policía Local, si bien es la Guardia Civil la que se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido a última hora de este lunes en la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

El supuesto autor se dio a la fuga y fue detenido unas horas más tarde, al parecer en la zona centro de El Ejido.

Fuentes próximas a la investigación ha indicado que sobre las 23:15 horas de este lunes la Guardia Civil recibió la llamada de una vecina alertando de disparos en El Canalillo, en el municipio de El Ejido.

Fueron movilizados al lugar efectivos de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061.

Los agentes encontraron en una calle un turismo con impactos de bala y en el interior, ya fallecidos, un matrimonio, padres del presunto autor de los disparos, un hombre de 25 años y nacionalidad española.

En el tiroteo resultaron heridas cuatro personas: un bebé de 7 meses, hijo del autor, que ha sido hospitalizado en estado crítico; una niña de 2 años; una mujer, que presenta varios impactos de bala; y un hombre, también herido grave.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que uno de los heridos adultos ha sido llevado al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, mientras que el otro fue derivado al Hospital Torrecárdenas de Almería, al que han sido llevados los dos menores.

Desde este último centro sanitario, no obstante, se ha confirmado que permanecen ingresados en la UCI un adulto y un bebé relacionados con esta balacera.

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La participación en las elecciones de Andalucía para las 18.00h es de 52,16%, más de 7 puntos y medio respecto a la que se registró a la misma hora en 2022. Si bien el arranque de estas elecciones ha sido de un 15,1% de participación a las 11.30h y del 37,25% a las 14h. En el mapa puedes ver si sube o baja la participación en cada municipio, el porcentaje de participación en cada uno de ellos, teniendo en cuenta también el tamaño de la población.

Los resultados de participación a las 18h en las provincias han superado el 50% en zonas como Córdoba y Granada con 55,1% y 53,5%, respectivamente. En el siguiente gráfico puedes ver cómo ha sido la participación en cada provincia desde 2015 hasta 2026.

¿Y el cambio respecto a las últimas elecciones? El siguiente gráfico muestra la diferencia en puntos de la participación en cada una de ellas y si sube o baja respecto a las de 2022 a la misma hora. En él puedes apreciar que provincias como en Granada, Almería o Sevilla ha subido la participación superando los 8 puntos porcentuales de diferencia.

Si tenemos en cuenta los datos históricos desde 2008 podemos observar como fue precisamente en ese año en el que la gente acudió en mayor medida a las urnas.

Además, en el siguiente gráfico de lineas podemos ver qué ha ocurrido en las grandes ciudades andaluzas entre 2022 y 2026 en cada ciudad de más de 50.000 habitantes. A mayor longitud de la flecha, más cambios en la participación.

¿Y qué ha ocurrido con la participación y los votos a cada bloque? Este gráfico de burbujas muestra dónde se ubican los municipios si tenemos en cuenta la participación a las 18h y si el voto a la derecha aumentó en las pasadas elecciones. El tamaño de las burbujas representa el de los municipios.

A las 18.00 horas ya había votado el 52,16% del censo de Andalucía. El segundo avance refleja una subida de más de siete puntos y medio en las elecciones de este domingo respecto a la misma franja de los anteriores comicios autonómicos, celebrados en junio de 2022, cuando fue del 44,51%. Este dato supera a las elecciones de 2022, 2018 y 2015. A las 14.00 horas la participación era del 37,25% del censo, 3 puntos mayor que cuatro años atrás.

Las provincias donde hay una mayor subida de participación respecto a cuatro años atrás son Córdoba, Almería, Huelva y Sevilla, con una diferencia de más de 8 puntos en las cuatro provincias.

En todas las provincias andaluzas a excepción de las de Sevilla y Jaén, se trata del mayor dato de participación a esta hora en las últimas cuatro elecciones. La menor participación a las 18 horas se registraba en las provincias de Huelva y de Cádiz, con un 48,1% y un 48,6% de votantes respectivamente.

Los menores índices de participación se han registrado en las seis elecciones autonómicas celebradas hasta el momento en solitario. La participación más alta, por tanto, se ha dado en las cinco ocasiones en que se han convocado junto a las generales. La última, en 2008.

En ninguno de esos años el porcentaje bajó del 68%. El dato más bajo fue el de 1990, cuando la participación tocó fondo al situarse en el 55,3%. El más alto, en 1996, con un 77,9% y en coincidencia con las elecciones generales.

Entre las ciudades con mayor participación están Sevilla (57,7%) Granada (57,1%), Cádiz (55,9%), Córdoba (55,4%), y Jaén (53,7%).

El incremento de la participación es generalizado en todo tipo de municipios, tanto en los que más votaron a la derecha en las últimas elecciones como en los que vencieron las formaciones de izquierdas.

La cita electoral se celebra cuatro años después de los anteriores comicios. Se trata, por tanto, de un adelanto técnico: el presidente Juanma Moreno disolvió el Parlamento y convocó elecciones para este 17 de mayo, en lugar de celebrarse en junio, cuando se agotaba el plazo. La ciudadanía decidirá entre la continuidad de Moreno, que aspira a la mayoría absoluta, o romper el ciclo electoral y resucitar una alternativa progresista.

Están llamados a las urnas más de 6,8 millones de andaluces y andaluzas. De ellos, 368.858 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. Además, 302.070 son residentes en el extranjero.

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La participación en las elecciones de Andalucía para las 14.00h es de 37,25%, tres puntos superior respecto a lo que se registró a la misma hora en 2022. Si bien el arranque de estas elecciones ha sido de un 15,10% de participación a las 11.30h, algo inferior que en la convocatoria de hace cuatro años, en este nuevo avance la cifra sube tres puntos más. En el mapa puedes ver si sube o baja la participación en cada municipio, el porcentaje de participación en cada uno de ellos, teniendo en cuenta también el tamaño de la población.

Los resultados de participación a las 14h en las provincias ha pasado a alcanzar hasta el 40,51% en Córdoba y también supera el 39% en Jaén. Huelva y Cádiz, por el contrario, se mantienen al final de la tabla como las provincias con menor participación a esta hora (un 34,32% y un 34,44%, respectivamente) aunque en ambas crece más de tres puntos respecto a 2022. En el siguiente gráfico puedes ver cómo ha sido la participación en cada provincia desde 2015 hasta 2026.

¿Y el cambio respecto a las últimas elecciones? El siguiente gráfico muestra la diferencia de la participación en cada una de ellas y si sube o baja respecto a las de 2022 en cada provincia. En este caso, en todas las provincias se ha superado a las 14.00 horas la mayor participación desde las elecciones de 2015.

Si tenemos en cuenta el histórico desde 2008 podemos observar como fue precisamente en ese año donde la participación fue una de las más elevadas. Sin embargo, en el caso de las provincias de Córdoba y Jaén, se ha superado la participación incluso de aquellos comicios.

Además, en el siguiente gráfico de líneas podemos ver qué ha ocurrido en las grandes ciudades andaluzas entre 2022 y 2026 de más de 50.000 habitantes. A mayor longitud de la flecha, más cambios en la participación.

¿Y qué ha ocurrido con la participación y los votos a cada bloque? Este gráfico de burbujas muestra dónde se ubican los municipios si tenemos en cuenta la participación a las 14h y si el voto a la derecha aumentó. El tamaño de las burbujas representa el de los municipios.

La embarcación 'Audaz' del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha resultado dañada después de sufrir durante la pasada madrugada un choque con una narcolancha cargada con petacas de gasolina en el marco de una persecución en aguas del Mediterráneo sin que ningún agente haya resultado herido.

Fuentes de la AEAT y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma se subió sobre otra narcolancha y acabó por “tocar” la embarcación de Vigilancia Aduanera.

En este sentido, la patrullera registró daños únicamente en una de las ventanillas laterales de la nave junto al puente de mando, aunque únicamente el cristal quedó destruido. Asimismo, ningún funcionario resultó herido a consecuencia de la situación.

Por su parte, los ocupantes de las embarcaciones neumáticas implicadas pudieron agruparse en una única 'narcolancha' y huir del lugar mientras que la segunda embarcación se quedó en la zona sin posibilidad de remolcarla hasta el Puerto de Almería.

Manuel Gavira está a la sombra de Santiago Abascal en cada mitin. El candidato de Vox hace suyo el discurso de la ultraderecha, pero el rostro visible para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo es el de su presidente, como ha ocurrido en la ciudad almeriense de El Ejido, donde se ha permitido unos minutos de intervención antes de que el diputado nacional clausurara el encuentro celebrado en la plaza de las Flores ante una multitud que aplaudía y refrendaba cada una de sus palabras bajo las banderas españolas. “El 17 de mayo empezaremos la reconquista por Andalucía, que terminará en la Moncloa”, dijo Gavira, poniendo en el horizonte a Pedro Sánchez.

Bajo la premisa del “sentido común”, Gavira, al igual que hizo en los dos debates electorales contra sus principales contrincantes, repitió los argumentos de la prioridad nacional como un mantra: un mensaje simple y fácil que mandar hacia su potencial electorado sin entrar a cuestionar el fondo y forma de las medidas que ha apoyado durante la legislatura del presidente autonómico Juanma Moreno. Así, utiliza la preocupación en materia de sanidad pública o vivienda, según las encuestas del CIS, para apuntar a la migración irregular como la fuente de todos los problemas de la sociedad andaluza cuando los análisis muestran lo contrario. “A Almería le dejan las migajas, y lo único que necesita es tener impuestos bajos, servicios públicos, y dejar la porquería que viene de Bruselas”, subrayó.

“Prioridad nacional es que lo priotario seamos los españoles, seamos los andaluces, ya está bien que venga uno de fuera y pueda acceder a una vivienda, a un empleo, a una ayuda, antes que cualquier joven andaluz”, sentenció en una ciudad donde el 32% de su población es de origen extranjero, “y ese artículo del menor de Andalucía se derogará”, en referencia a la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía que recoge el cuidado y promoción de aquellos menores, sean migrantes o no, que están bajo la tutela de la comunidad. En todo caso, Gavira criticó que Moreno no se metiera en “líos” para modificar “la porquería ideológica” que ha mantenido estos últimos cuatro años, en un claro intento por mantener las distancias con quien, apuntan las encuestas, obtendrá de nuevo la mayoría absoluta.

“Invasión migratoria”

En cuanto al PSOE, el candidato de la ultraderecha trajo a colación la polémica de esta semana tras el debate electoral, en el que, a causa de una breve pausa malinterpretada, pareció que la socialista María Jesús Montero relacionaba las muertes de los guardias civiles en Huelva con un accidente laboral. Una cuestión que ya ha desmentido en las últimas horas y que le ha dado carburante a la formación para atacar a su contrincante. “El domingo no tiene absolutamente nada que hacer”, aseveró. El tono bronco de Gavira no garantiza la paz institucional. Una cuestión que no está en la agenda de Vox, ya que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser “corrupto y traidor”. Una línea en clave nacional que recogió rápidamente Abascal.

Nada más subir al escenario, el líder de Vox señaló a su némesis: “El chikilicuatre de San Telmo está perdiendo esa simpatía natural de la que presume”, ridiculizando algunas estrategias de campaña, como el Kilómetro Sur o la búsqueda de la “vaca talismán” de Córdoba, como si fuera un parapeto para no afrontar los problemas reales de la población andaluza. La regularización extraordinaria fue su principal acicate para tomar el pulso a los asistentes, a la que se refirió como “invasión migratoria”, “nacionalizaciones fraudulentas” o acusando falsamente al Gobierno central de una “alteración del censo electoral para que roben las elecciones del año 2027”.

El “cambio real” en Andalucía y “no lo que Juanma Moreno lleva protagonizando ocho años” pasa por una retahíla de personajes comunes de los que tira la derecha: las negociaciones con los partidos catalanes independentistas, Begoña Gómez, el caso Koldo, la coalición con Sumar, una serie de temas que se nombraron con el fin de movilizar al votante que en El Ejido ha votado tanto en 2019 como en 2022 al Partido Popular. “El principal problema de este pueblo es Pedro Sánchez”, reiteró, aludiendo a que “el crimen de Adamuz”, como calificó al accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas, tiene su origen en que el Gobierno “se ha gastado el dinero de los raíles en prostitutas”.

Almería, bastión a arrebatar

“En San Telmo no puede haber un gobierno a medias”, recalcó en la ciudad almeriense que podría ser un nicho para Vox. En las elecciones de 2022, hubo una abstención del 45,1%, una cifra que pretenden rebajar los de Abascal. En aquel entonces, el PP logró el 47,6% de los votos, con 12.190 papeletas, subiendo más de 20 puntos entre la primera y segunda legislatura de Juanma Moreno. En cambio, Vox experimentó una caída de casi 2 puntos, ya que alcanzó 7.115 votos, es decir, el 27,8% del total. Detrás quedaron el PSOE, Por Andalucía, un extinto Ciudadanos y Adelante Andalucía. La estrategia está en arrancar una puñada a los populares en la contienda por la presidencia de la Junta.

En la actualidad, el PP goza de mayoría absoluta en el pleno municipal de El Ejido, donde ha aprobado medidas como instar al Gobierno central a que modifique la ley estatal para que se permita a las corporaciones municipales prohibir el uso del niqab y el hiyab en las instalaciones locales. Una polémica en materia de migración que hicieron suya los populares para sacarle la delantera a los de Abascal, tal y como hicieron en Níjar, Sevilla o Málaga.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un usuario de la red social Twitter –actualmente X– por propagar durante meses a lo largo de 2022 mensajes con un “rechazo intolerante” hacia todo lo relacionado con el islam con el fin de “hacer un llamamiento a la hostilidad” y “lesionar la dignidad del colectivo”.

El fallo dictado en firme, consultado por Europa Press, impone al acusado dos años de prisión por un delito con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas con una atenuante muy cualificada de reparación de daño y suspende el ingreso en prisión del condenado.

El acusado, con una cuenta creada en enero de 2015 y que tenía 1.635 seguidores, publicó distintos mensajes y comentarios desde, al menos, el 21 de mayo de 2022 hasta el 10 de octubre del mismo año, dirigidos contra el colectivo musulmán.

Instó a la ilegalización del islam y al derribo de mezquitas

En el primero de ellos comentó una noticia relativa a la anulación del empadronamiento en Salobreña (Granada) de la entonces candidata a la Junta de Andalucía por Vox Macarena Olona; quien para él era “perseguida”, toda vez que contraponía su situación a la del colectivo, al que acusaba de la comisión sistemática de delitos y, pese a ello, ser “más españoles”.

El hombre dirigió varios 'tuits' directamente a criticar el islam, al que llegó a calificar de “tumor de occidente” para instar a “erradicarlo” e “ilegalizarlo” así como a perseguir a quienes lo practicaban. Del mismo modo, comentó varias noticias que usaba para sugerir el derribo de mezquitas y a prohibir el uso del velo o la presencia de imanes.

El tribunal señala así que el acusado era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas “con vocación de perpetuidad”, de modo que, desde que se lanzaban, carecía del control sobre su difusión.

Años después pidió perdón “avergonzado”

En este sentido, los mensajes llegaron a sus seguidores, quienes “podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, circunstancia que incrementaba exponencialmente el daño y la humillación al colectivo de víctimas objeto de sus ataques”.

El fallo tuvo en cuenta para fijar la pena que el acusado, tiempo después de los hechos, dejó inactiva la cuenta, borró los mensajes e incluso publicó –ya en mayo de 2025– un texto en el que se retractaba de todo lo dicho y pedía perdón “avergonzado”.

No obstante, además de la pena de cárcel que deja en suspenso durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en dicho periodo de tiempo, le impone una multa de tres meses a razón de seis euros diarios y la inhabilitación para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de cinco años.

L'Associació per la Revitalització de Centres Antics de Mallorca (ARCA) ha acudit als tribunals per impugnar la resolució del Govern central de declarar element contrari a la memòria democràtica el monument erigit al parc de sa Feixina, a Palma, en homenatge als “herois” del Crucero Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almería en plena ofensiva feixista -episodi històricament conegut com 'la Desbandá'-. 

L’anunci es produeix tot just uns dies després que l’Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, aprovàs una moció destinada a recórrer la mateixa decisió, adoptada el passat mes de març per la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica. El departament al·lega que el monòlit s’ha d’entendre com un exemple del “culte als caiguts”, una de les principals eines que va emprar el franquisme per justificar la seva legitimació política i que va excloure de facto les víctimes del bàndol republicà.

El monument, la presència del qual fa anys que està en disputa política, social i judicial a la capital balear, va ser erigit en plena dictadura, el 1947, per homenatjar els prop de 800 combatents sublevats que van morir deu anys abans en l'enfonsament del vaixell durant la batalla del cap de Palos, el major combat naval de la Guerra d'Espanya. Un any abans, el Crucero Baleares va protagonitzar una de les majors massacres aprés el cop d'Estat de 1936: la duta a terme contra els milers de civils que el 7 de febrer de 1937 es van llançar a la carretera en direcció est per escapar de les tropes sublevades que, recolzades per les forces italianes i els regulars marroquins, avançaven des de l'oest. En la seva fugida, els civils van ser metrallats pels avions Heinkel de la Luftwaffe i bombardejats per tres vaixells que els canonejaven des del mar: l'Almirante Cervera, el Baleares i el Canarias. Els historiadors calculen que van morir més de 5.000.

Des d'ARCA rebutgen la interpretació del monument com un homenatge franquista i subratllen que “mai no va ser un monument a un ‘vaixell assassí’”, sinó que recorda “més de 800 homes que van morir ofegats o cremats després del seu bombardeig i enfonsament”.

L’entitat sosté, així mateix, que la decisió de l’Executiu central contradiu la Llei estatal de memòria democràtica en ignorar la resignificació que el 2010 es va dur a terme per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Palma, que, emparant-se en la norma vigent, va acordar despullar l’estructura de la seva simbologia franquista, transformant el sentit del monument, segons ARCA, “en un símbol contra les guerres i les dictadures”.

El debat sobre el seu enderrocament, assenyala l’entitat, va ressorgir anys després, quan la coalició d’esquerres que governava el Consistori va impulsar la seva eliminació. “Va ser un fet gratuït i generador de polèmiques estèrils”, recrimina ARCA, que aleshores va iniciar un procés judicial per defensar el valor patrimonial del monument, considerat “un exemple únic d’art déco a Palma”. Des del col·lectiu conservacionista incideixen que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) va avalar la protecció del conjunt, mentre el Consell de Mallorca va acabar catalogant-lo com a monument.

Els conservacionistes recriminen, en aquesta línia, el que consideren una “instrumentalització política” continuada d’aquest element patrimonial i demanen que “tots els partits deixin d’utilitzar-lo en funció dels seus interessos”. “La Secretaria d’Estat està fent un ús capciós de la llei”, considera l’entitat, que també adverteix de possibles vulneracions constitucionals —en referència als articles 24 i 46— i de la Llei de Patrimoni Històric de les Balears, que obliga a conservar els béns catalogats en el seu entorn original.

“El patrimoni és un rastre que ens ajuda a explicar la història i a aprendre’n. Destruir-lo és un símptoma d’incivilització i barbàrie”, conclou l’associació, que insisteix que comparteix els principis de la llei de memòria però rebutja “falsejar el significat d’un monument i el seu valor”.

La resolució impugnada recorda que, ja des del moment en què s’estava desenvolupant el conflicte bèl·lic, els denominats “caiguts per Déu i per Espanya” van comptar amb monuments, misses i homenatges de diferents tipus com a part de l’estratègia legitimadora de la dictadura. “En ser glorificats, la seva mort es convertia en una mort necessària per a la salvació d’Espanya, quedant justificada la guerra (mitificada com a 'Cruzada') i la violència perpetrada contra l’enemic”, incideix.

D’aquesta manera, mentre el règim franquista va convertir l’enfonsament del Baleares en emblema d’heroisme i martiri nacional, utilitzant-lo com a eina de propaganda a tot el país, les víctimes de ‘la Desbandá’ van ser abocades a l’oblit.

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos de Mallorca (ARCA) ha acudido a los tribunales para impugnar la resolución del Gobierno central de declarar elemento contrario a la memoria democrática el monumento erigido en el parque de sa Feixina, en Palma, en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista -episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'-. 

El anuncio se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, aprobase una moción dirigida a recurrir la misma decisión, adoptada el pasado mes de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El departamento alega que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos”, una de las principales herramientas que empleó el franquismo para justificar su legitimación política y que excluyó de facto a las víctimas del bando republicano.

En aras a blindar el monumento, los de Santiago Abascal también han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que se garantice la conservación del monolito al considerarlo “patrimonio de todos los españoles”.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Desde ARCA rechazan la interpretación del monumento como un homenaje franquista y subraya que “nunca fue un monumento a un ‘barco asesino’”, sino que recuerda “a más de 800 hombres que murieron ahogados o quemados tras su bombardeo y hundimiento”.

La entidad sostiene, asimismo, que la decisión del Ejecutivo central contradice la Ley estatal de memoria democrática al ignorar la resignificación que en 2010 se llevó a cabo por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Palma, que, amparándose en la norma vigente, acordó despojar la estructura de su simbología franquista, tranformando el sentido del monumento, según ARCA, “en un símbolo contra las guerras y las dictaduras”.

El debate sobre su derribo, señala la entidad, resurgió años después, cuando la coalición de izquierdas que gobernaba el Consistorio que impulsó su eliminación. “Fue un hecho gratuito y generador de polémicas estériles”, recrimina ARCA, que entonces inició un proceso judicial para defender el valor patrimonial del monumento, considerado “un ejemplo único de art déco en Palma”. Desde el colectivo conservacionista inciden en que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) avaló la protección del conjunto, mientras el Consell de Mallorca acabó catalogándolo como monumento.

Los conservacionistas recriminan, en esta línea, lo que consideran una “instrumentalización política” continuada de este elemento patrimonial y piden que “todos los partidos dejen de utilizarlo en función de sus intereses”. “La Secretaría de Estado está haciendo un uso capcioso de la ley”, considera la entidad, que también advierte de posibles vulneraciones constitucionales -en referencia a los artículos 24 y 46- y de la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares, que obliga a conservar los bienes catalogados en su entorno original.

“El patrimonio es un rastro que nos ayuda a explicar la historia y aprender de ella. Destruirlo es un síntoma de incivilización y barbarie”, concluye la asociación, que insiste en que comparte los principios de la ley de memoria pero rechaza “falsear el significado de un monumento y su valor”.

La resolución impugnada recuerda que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

De este modo, mientras el régimen franquista convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Enclavado en plena Sierra de los Filabres, en el corazón de la provincia de Almería, el poblado minero Menas de Serón, aguarda a que el paso del tiempo deje de hacerle mella. En decadencia desde que a finales de la década de los 60 dejó de tener actividad extractiva, quienes vivieron allí -que cada vez quedan menos- tratan, junto con el Ayuntamiento de Serón, de recuperar para el turismo un emplazamiento tan histórico como especial. Pero no es fácil porque la Junta de Andalucía, propietaria del poblado, pretende deshacerse de él y no acaba de acercar posturas con la administración local.

Este poblado, levantado a finales del siglo XIX por la actividad minera para extraer el plomo y el hierro que se encontraron en el subsuelo de esta parte de los Filabres, a más de 1.600 metros de altitud, llegó a ser un motor económico de la provincia de Almería y uno de los bastiones mineros más importantes de España. No en vano, su mina atrajo miradas de empresas holandesas y británicas que se acercaron hasta este punto perteneciente al municipio de Serón para asentar a sus trabajadores e ir construyendo poco a poco un poblado que llegó a albergar a 3.000 habitantes en su mejor momento.

Fue tan importante durante buena parte del siglo XX que llegó a contar con hospital propio. Además, como sus principales moradores al principio fueron personas procedentes de otros rincones de Europa, su arquitectura recuerda a lugares geográficamente muy distantes de Almería. Sin embargo, aquel brilló empezó a apagarse cuando en 1968 las minas se cerraron por la competencia de otras explotaciones sobre todo en el Rif de Marruecos. Dando inicio así a un deterioro progresivo del patrimonio que hoy enfrenta a lugareños y ayuntamiento contra la Junta de Andalucía por el futuro del poblado.

Denominado “Menas” porque “mena” es el nombre con el que se llama a los minerales que se extraen, el poblado ha ido perdiendo no solo su potencial pasado, sino que la falta de mantenimiento está llevando a la ruina a muchos de sus edificios. Aunque fue habitado hasta los años 90 y en la década de los 2010 aún se mantenía cierta actividad turística, su cierre simbólico -que no físico porque no está vallado- se ha producido porque es inhabitable e inaccesible, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Serón lo adecenta, limpia y rehabilita modestamente cada vez que puede. Pero no es su cometido ni debe hacerlo porque la propiedad es del Gobierno andaluz, que pretende deshacerse del lugar y lleva varios años intentando venderlo sin éxito porque hay litigios que lo impiden.

Un conflicto entre administraciones

A ese intento de venta se opuso frontalmente el Ayuntamiento de Serón. En 2024, la Junta incluyó parte de los edificios más emblemáticos del poblado -las antiguas oficinas, el casino, el cine club o el pabellón de solteros- en un paquete de activos públicos para su subasta por un precio de salida de 1,5 millones de euros. La operación formaba parte de una estrategia más amplia para desprenderse de patrimonio infrautilizado. Pero en Serón no lo vieron como una oportunidad, sino como una amenaza.

“Es un bien del pueblo”, sostiene el alcalde, Manuel Martínez (PSOE), que desde su llegada al cargo en 2022 ha convertido la recuperación de Las Menas en una de sus prioridades. El Consistorio movilizó a la ciudadanía, impulsó una recogida de firmas y logró frenar en 2024, al menos temporalmente, la operación. “No puede ser una transacción comercial, especulativa”, defendía entonces. Su planteamiento pasa por una cesión pública que permita al municipio gestionar el enclave sin perder su titularidad, con proyectos vinculados al turismo y la recuperación del patrimonio industrial.

Dos años después, el conflicto sigue abierto, pero en un escenario distinto. La subasta no se ha materializado, pero el poblado continúa en un limbo jurídico que bloquea cualquier actuación de calado. El Ayuntamiento solicitó formalmente en noviembre de 2022 la cesión de parte del complejo, incluyendo edificios rehabilitados con más de tres millones de euros de inversión pública, pero la tramitación no ha avanzado.

Desde la Junta de Andalucía, la explicación apunta a problemas técnicos. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, describe la situación como “un auténtico caos” registral y catastral que impide avanzar. La delimitación de los terrenos no coincide con la realidad física, hay alegaciones de propiedades colindantes y el Registro de la Propiedad ha rechazado la inscripción de la base gráfica planteada por la Administración autonómica. El resultado es la apertura de un expediente de deslinde que, en la práctica, vuelve a retrasar cualquier decisión.

Frente a ese argumento, el Ayuntamiento sostiene que el bloqueo tiene más que ver con falta de voluntad política que con obstáculos técnicos. “No nos responden absolutamente a nada”, lamenta Martínez en declaraciones a este periódico. El alcalde asegura que el Consistorio advirtió a la Junta de la existencia de una pequeña propiedad privada dentro del perímetro, pero que la Administración autonómica no tuvo en cuenta esa circunstancia al tramitar la segregación del terreno, lo que habría provocado el actual atasco registral. “Ese es el laberinto burocrático: no hacer las cosas como tienen que hacerlas”, lamenta.

Mientras tanto, el deterioro avanza. Sin vigilancia desde hace años, el poblado ha sufrido robos y actos vandálicos, incluso en instalaciones rehabilitadas recientemente. El Ayuntamiento, pese a no ser el propietario, asume tareas de limpieza, mantenimiento básico y pequeñas reparaciones. “Unas instalaciones recién hechas y abandonadas”, critica el alcalde, que insiste en que el proyecto no es solo patrimonial, sino estratégico: “Es un desarrollo impresionante para la comarca, una herramienta contra la despoblación”.

Un hilo de esperanza

Esa visión la comparten también quienes un día vivieron allí. María, fundadora de la Asociación Santa Bárbara y una de las últimas vecinas de Las Menas, habla desde la memoria. “Era lo más de Almería”, recuerda. El poblado llegó a tener cines, campo de fútbol o plaza propia y fue durante décadas uno de los principales motores económicos de la provincia. “Se van con una tristeza”, dice sobre quienes regresan hoy y se encuentran con un lugar prácticamente en ruinas.

La asociación lleva más de tres décadas intentando mantener vivo el vínculo con el poblado. Ha participado en recogidas de firmas, en iniciativas junto al Ayuntamiento y en la recuperación de elementos simbólicos, como la ermita. Pero también denuncia la falta de respuesta institucional. “No hacen caso”, dice María. “No nos hacen facilidad ninguna”.

El contraste entre lo que fue y lo que es atraviesa todo el relato. Donde antes hubo una comunidad de miles de personas, hoy apenas quedan edificios deteriorados y senderos que se pierden entre la sierra. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni los antiguos vecinos renuncian a una posible segunda vida. “Estoy convencidísima”, insiste María cuando se le pregunta por el potencial turístico del enclave. Habla de senderos, de patrimonio industrial, de naturaleza. “Tiene una historia espectacular. Todo eso es turismo”.

Ese es, precisamente, el punto de encuentro que nunca termina de materializarse. Mientras la Junta defiende la necesidad de garantizar la seguridad jurídica antes de cualquier cesión o uso, en Serón crece la sensación de bloqueo. Entre expedientes, deslindes y proyectos fallidos, Las Menas sigue atrapada entre su pasado y un futuro que no termina de llegar.

Aunque en el imaginario colectivo un desierto es un mar de arena cruzado por camellos, en realidad hay muchos tipos de desiertos: cálidos, fríos, volcánicos, costeros, interiores, rocosos, lunares, salados... Porque la principal característica de un desierto no es su aspecto, sino la falta de lluvias. Y bajo esa definición, España cuenta con varios ejemplos repartidos por su geografía, algunos más evidentes y otros bastante inesperados.

En nuestro país predominan los climas áridos y semiáridos, con precipitaciones escasas y muy irregulares, temperaturas que pueden ser extremas y una vegetación adaptada a sobrevivir con muy poca agua. De ahí surgen paisajes tan característicos como las cárcavas, los barrancos o las llamadas badlands, moldeados por la erosión durante miles de años. Además, aunque a simple vista puedan parecer lugares vacíos, muchos de estos espacios albergan una biodiversidad sorprendente. 

En este recorrido nos detenemos en algunos de los desiertos más representativos de España. Desde el de Tabernas, en Almería, hasta las formaciones rojizas de Gorafe, las estepas del valle del Ebro como las Bardenas Reales o Los Monegros, y los paisajes volcánicos y de dunas de Canarias. Un mapa diverso y variado que demuestra que, sin salir de España, también es posible adentrarse en territorios extremos.

Andalucía: el epicentro árido

Si hay una comunidad donde el paisaje desértico se manifiesta con más claridad, esa es Andalucía. Aquí se concentran varios de los ejemplos más representativos, cada uno con un origen y unas formas distintas, pero todos marcados por la escasez de agua y la erosión.

El de Tabernas es, con diferencia, el más conocido. Y también el más singular: está considerado el único desierto propiamente dicho de Europa continental. Las precipitaciones no llegan a los 250 mm anuales y su ubicación, encajado entre las sierras de los Filabres y Alhamilla, actúa como una barrera que bloquea la humedad del Mediterráneo.

El resultado es un paisaje de cárcavas, ramblas y barrancos que parecen sacados de otro continente. En realidad, hace millones de años todo este territorio estaba cubierto por el mar, y esa historia geológica todavía se puede leer en sus formaciones, con fósiles y sedimentos que convierten la zona en un auténtico museo al aire libre.

A pesar de su apariencia, Tabernas no es un lugar vacío. Alberga una fauna adaptada a condiciones extremas y una flora con numerosos endemismos. Eso sí, su imagen más popular sigue ligada al cine, ya durante décadas fue escenario habitual de los spaghetti western, y aún hoy conserva parte de ese aire de decorado natural.

En el norte de Granada, el paisaje cambia de forma pero no de esencia. El desierto de Gorafe y el paraje de Los Coloraos forman uno de los sistemas de badlands más espectaculares de Europa. Aquí dominan los tonos rojizos, ocres y amarillos, que varían según la luz del día y refuerzan la sensación de estar en un terreno extremo.

La erosión del agua durante milenios ha esculpido un relieve de cárcavas, cañones y lomas que se extiende por la depresión de Guadix-Baza. Pero este no es solo un espacio natural, también es un lugar con un importante valor histórico. En la zona se conserva uno de los mayores conjuntos de dólmenes de Europa, con más de 240 estructuras megalíticas.

Esa combinación de paisaje y patrimonio convierte a Gorafe en un destino distinto, donde el interés no está solo en lo que se ve, sino también en lo que nos cuentan sus piedras.

Mucho menos conocido, el desierto de Larva es uno de esos lugares que rara vez aparecen en las rutas más populares. Situado en la comarca de Sierra Mágina, en el municipio menos poblado de la provincia de Jaén, ofrece un paisaje de lomas desnudas, barrancos arcillosos y amplios horizontes.

Se extiende por más de 57.000 hectáreas y, aunque comparte rasgos con otros entornos áridos, mantiene una identidad propia. La erosión ha modelado un terreno irregular, donde la vegetación es escasa pero resistente, y donde el silencio y la sensación de aislamiento lo llenan todo.

Además, su cercanía a espacios naturales como Sierra Mágina y Cazorla refuerza ese contraste entre zonas verdes y áreas más secas. Podemos decir que es un desierto discreto, pero con mucha personalidad.

El valle del Ebro: estepas del norte

Lejos del sur, el paisaje desértico aparece también en el norte, en un entorno que sorprende por su proximidad a zonas de alta montaña. En el valle del Ebro se concentran dos de los grandes espacios semiáridos del país.

A unos 70 kilómetros de los Pirineos, las Bardenas Reales rompen cualquier expectativa. Más de 42.000 hectáreas de terreno árido, sin núcleos urbanos, donde el viento y el agua han ido modelando un paisaje de aspecto casi lunar.

Las formaciones más características son los llamados “cabezos”, cerros aislados coronados por roca más dura, entre los que destaca Castildetierra, convertido en símbolo del parque. El conjunto se divide en varias zonas, siendo la Bardena Blanca la más árida y fotografiada, y la Bardena Negra la que concentra algo más de vegetación.

Declaradas Reserva de la Biosfera, las Bardenas son también un espacio frágil, donde la erosión sigue actuando y donde cada forma responde a un proceso geológico muy concreto. Aun así, su accesibilidad permite recorrerlas a pie, en bici o en coche por pistas autorizadas.

Más extensos todavía son Los Monegros, una enorme estepa subdesértica que se reparte entre Zaragoza y Huesca. Con más de 270.000 hectáreas, es uno de los paisajes más singulares de la península.

Aquí el terreno combina llanuras áridas, montes bajos, lagunas saladas y sierras como la de Alcubierre, que introduce un contraste evidente en medio de la sequedad. La escasez de lluvias y la salinidad del suelo explican en gran parte este aspecto, aunque también hay una explicación histórica: la tala masiva de bosques en el pasado contribuyó a acentuar la aridez.

A pesar de ello, Los Monegros destacan por su biodiversidad. Se han catalogado numerosas de especies, muchas de ellas adaptadas a estas condiciones. Es un paisaje abierto, de horizontes realmente lejanos.

Islas Canarias: paisajes volcánicos y de arena

Si en la península dominan los desiertos de tipo continental, en Canarias el paisaje árido tiene un marcado carácter volcánico y, en algunos casos, claramente africano.

Timanfaya es, probablemente, uno de los paisajes más impactantes de España. Su origen está en las erupciones volcánicas del siglo XVIII, que durante varios años cubrieron gran parte de Lanzarote con lava y ceniza.

Hoy, ese territorio está formado por campos de lava solidificada, conos volcánicos y suelos oscuros donde apenas crece la vegetación. No pienses en un desierto de arena, Timanfaya es un desierto geológico, donde lo que domina es la roca.

Aun así, no es un paisaje muerto. Bajo la superficie siguen registrándose altas temperaturas, y el parque funciona como un laboratorio natural para estudiar la actividad volcánica. La visita está muy regulada, precisamente para proteger un entorno tan frágil como singular.

En Fuerteventura, el desierto sí se acerca más a la imagen clásica. En Corralejo, al norte de la isla, se extiende un campo de dunas de arena blanca que se funde con el Atlántico. Son más de 2.000 hectáreas de arena modelada por el viento, con playas que refuerzan esa sensación de estar efectivamente en otro continente.

Al sur, la península de Jandía ofrece un paisaje diferente, más abrupto, con grandes barrancos y un clima especialmente duro. Es también un espacio con numerosos endemismos, donde la vida se adapta a condiciones muy exigentes.

En Gran Canaria, el sistema dunar de Maspalomas completa este recorrido por los desiertos insulares. Aquí las dunas conviven con una laguna y un palmeral, formando un ecosistema singular junto al mar.

Es uno de los paisajes más reconocibles del archipiélago y, al mismo tiempo, uno de los más delicados. El movimiento constante de la arena y la presión turística obligan a mantener medidas de conservación para preservar su equilibrio.

Otros rincones sorprendentes

Entre los municipios murcianos de Abanilla y Fortuna se esconde otro de esos paisajes inesperados. El desierto de Mahoya no es tan conocido como otros, pero ofrece una estampa muy característica, con relieves suaves, tonos claros y una apariencia que recuerda, en algunos puntos, a un paisaje lunar.

Aquí la aridez se combina con la presencia puntual de palmeras, creando pequeños oasis que rompen la dureza del terreno. Es un buen ejemplo de cómo, incluso en zonas menos extensas, las condiciones climáticas y geológicas pueden dar lugar a entornos desérticos y pintorescos.