La dana Adam ha provocado daños valorados inicialmente en más de cinco millones de euros en El Ejido (Almería), donde las lluvias torrenciales del pasado sábado han afectado a unas 100 hectáreas de invernaderos, además de naves industriales, caminos rurales, carreteras, centros educativos, edificios municipales, parques y viviendas, sin que se hayan registrado daños personales.

El episodio de precipitaciones comenzó el 17 de octubre al mediodía y dejó unos 70 litros por metro cuadrado en aproximadamente dos horas, con “daños importantes” concentrados en determinadas zonas del municipio y algunos de sus núcleos de población.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, activó ese mismo sábado el Plan de Emergencias Municipal para “garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta municipal ante las consecuencias del temporal”.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha recibido más de un centenar de incidencias a través del servicio de emergencias 112, principalmente por vehículos inmovilizados en distintas vías, entradas de agua en bajos de edificios, acumulaciones de agua y arrastres de materiales y sedimentos procedentes de las ramblas.

“Afortunadamente, no hemos tenido que lamentar daños personales, que es lo más importante, aunque sí se han producido daños materiales importantes en determinados puntos del municipio”, ha destacado Ibáñez. Asimismo, ha señalado que “desde el sábado todos los servicios municipales están trabajando de manera coordinada para restablecer la normalidad lo antes posible”.

Para hacer frente a la situación, el Ayuntamiento ha movilizado a la Policía Local, Protección Civil, DUE, Obras Públicas, Agricultura y el resto de áreas y servicios implicados para “atender las incidencias y minimizar los efectos de las precipitaciones”.

Daños en sueño rústico

En el ámbito agrícola, la primera valoración del coste de los daños en suelo rústico asciende a 4.344.500 euros, de los que 3,9 millones corresponden a explotaciones agrícolas y el resto a infraestructuras públicas y privadas. El Consistorio ha precisado que se trata de cifras provisionales, a la espera de completar la evaluación sobre el terreno.

Las explotaciones agrícolas bajo invernadero han sufrido principalmente inundaciones y anegaciones por la entrada de agua y lodos procedentes de las escorrentías y los arrastres. También se han detectado daños en elementos constructivos, como el derrumbe de algún muro, bandas de invernadero y algún invernadero colapsado.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, ha visitado El Ejido para conocer la situación tras el temporal y las principales incidencias registradas en el municipio.

Por su parte, el Área de Agricultura ha recordado a los agricultores y empresas cuyas explotaciones hayan resultado afectadas que presenten la correspondiente solicitud de informe de daños para que los técnicos municipales puedan desplazarse hasta las instalaciones, comprobar los desperfectos y evaluar su alcance.

Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas municipales o a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento. Para obtener información y asesoramiento, los interesados pueden contactar con el Área de Agricultura en el teléfono 950 541 003.

Daños en edificios públicos, empresas y espacios urbanos

Las fuertes lluvias también han provocado daños en establecimientos y empresas del municipio, especialmente en el entorno de la avenida El Treinta, donde la entrada de agua ha afectado a distintos negocios.

Asimismo, se han registrado incidencias de distinta consideración en unos 25 edificios públicos, entre ellos colegios, los pabellones de El Ejido y Santa María del Águila, el Campo de Fútbol de Las Norias y el Espacio Murgijoven.

En parques y jardines se han detectado daños por barro y arrastres de lluvia, mientras que los servicios municipales han retirado materiales, recogido restos vegetales, transportado residuos y acondicionado espacios públicos en avenidas, plazas, parques, rotondas y paseos, principalmente en Santa María del Águila, Las Norias y El Ejido.

El Ayuntamiento también ha previsto actuaciones extraordinarias y urgentes de limpieza y retirada de materiales arrastrados por el agua para garantizar la circulación por las vías públicas, así como trabajos de acondicionamiento y pavimentación en carreteras, caminos, calles, avenidas y explanadas afectadas.

Asimismo, continúan los trabajos para recuperar los caminos rurales dañados y completar la evaluación de los desperfectos ocasionados por las lluvias, con especial atención a las necesidades del sector agrícola.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Junta de Andalucía, ha emitido un mensaje ES-Alert a la población de Poniente, Almería capital y Levante almeriense “ante el riesgo de lluvias muy intensas” durante la madrugada de este domingo.

En este sentido, el titular de Emergencias ha insistido en que quieren que la población “esté informada y preparada” ante las fuertes precipitaciones previstas durante la noche de este domingo,.

En contexto, la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en la provincia de Almería, donde se esperan acumulaciones de agua de 50 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el nivel desciende a amarillo en el resto de Andalucía a excepción de en Huelva, única provincia exenta de alertas meteorológicas.

El aviso naranja estará activado en las comarcas de Poniente y Almería capital y en el levante almeriense, donde se estima que se podrá alcanzar una precipitación acumulada en ambos casos de 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien litros en doce horas entre las 21:00 horas del domingo y las 6:00 horas del lunes.

Recomendaciones

La Agencia de Emergencias de Andalucía pide a la población que extreme la precaución, evite cualquier desplazamiento que no sea imprescindible y siga las instrucciones del 112 y de los servicios operativos.

Nunca se deben cruzar calles, carreteras, ramblas, arroyos o cauces anegados aunque aparentemente lleven poca agua. Tampoco se debe permanecer ni estacionar vehículos en zonas inundables o próximas a cauces, incluso cuando estén secos, ante el riesgo de crecidas repentinas.

Si el agua comienza a entrar en una vivienda, hay que subir a las plantas superiores y evitar sótanos, garajes y zonas bajas. En caso de inundación en el exterior, se debe buscar una zona elevada y alejarse de las corrientes de agua. Antes de realizar un desplazamiento imprescindible, hay que consultar el estado de las carreteras, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y atender siempre las indicaciones de los agentes.

La EMA ha insistido en la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se debe llamar al 112 Andalucía, servicio gratuito disponible las 24 horas. Las recomendaciones de autoprotección pueden consultarse en 'https://lajunta.es/5rolh' y en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía: 'https://ema112andalucia.es/'.

El paso de las fuertes lluvias y tormentas durante este fin de semana ha dejado un total de 357 incidencias en toda Andalucía, la mayoría de ellas registradas en Almería, donde permanece activado el aviso rojo por estos fenómenos meteorológicos en los alrededores de El Ejido y amarillo en otras zonas de la provincia. La provincia más afectada en las últimas horas ha sido Málaga, donde se han registrado 73 incidencias durante la madrugada.

Las precipitaciones han motivado inundaciones de viviendas y carreteras, desprendimientos, personas atrapadas por el agua y problemas en el suministro eléctrico, especialmente en Málaga capital y su entorno. Según ha informado el 112 en una nota, desde las 00:12 horas, se han gestionado más de medio centenar de avisos relacionados con las lluvias y tormentas en la zona de El Palo, en Málaga capital, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido que la ciudadanía que no baje la guardia y que mantenga la máxima precaución para evitar riesgos, aconsejando que no se circule por cruces en zonas anegadas, ramblas o cauces, a pie o en vehículo.Cabe recordar que sobre las 15:36 horas, el consejero había activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en fase de emergencia situación operativa 1, que se mantiene activo.

En el ámbito municipal, se han activado 14 planes territoriales de emergencias de protección civil, doce de ellos en Almería y dos en Málaga. En la provincia almeriense se han activado los planes de Adra, Alhabia, Almería, Balanegra, Berja, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar. En Málaga se han activado los de Fuengirola y Torremolinos.

Incidencias por provincias

Desde el comienzo del episodio, a las 12:00 horas de este pasado sábado, y hasta las 07:00 horas de este domingo, el servicio 112 ha gestionado un total de 357 incidencias en Andalucía. Almería es la provincia con mayor número acumulado, con 143 emergencias, seguida de Málaga (97), Sevilla (60), Córdoba (26), Granada (20), Cádiz (siete), Jaén (tres) y Huelva (una). Hasta el momento los incidentes se han ido cerrando sin daños personales.

Del total de avisos, 236 han estado relacionados con anegaciones, principalmente por inundaciones, desbordamientos, desprendimientos y caída de árboles. También se han gestionado 37 rescates y salvamentos, 38 anomalías en servicios básicos, 20 incidencias de tráfico, siete accidentes de circulación, cinco derrumbamientos o caídas y otras 14 emergencias relacionadas otras tipologías asociadas al temporal.

En Almería, las precipitaciones han provocado anegaciones de viviendas y carreteras, desbordamientos de ramblas, desprendimientos, arrastre de vehículos y mobiliario urbano y personas aisladas por el agua.

En Sevilla, Córdoba y Granada se han registrado también inundaciones de viviendas y calzadas, desprendimientos, caída de árboles y problemas en la circulación. Por último, en Cádiz se han atendido incidencias en Algeciras, El Bosque, Olvera y San Roque; en Jaén, en Baeza, Lopera y la capital; y en Huelva, en Rosal de la Frontera.

Situación de las carreteras

Asimismo, las lluvias han dejado incidencias en distintas carreteras andaluzas, aunque algunas de las restricciones registradas durante el episodio ya han quedado resueltas. En Almería, ha quedado restablecida la circulación en la A-7, a la altura del kilómetro 818, en El Ejido, donde ayer se produjo un corte por inundación de la calzada.

En Málaga, el Centro de Gestión de Tráfico comunicó a las 00:45 horas de este domingo el corte total de la MA-3101, a la altura de los kilómetros 1 y 25, en ambos sentidos, debido a desprendimientos. En Córdoba, también se registró ayer un corte parcial por anegación en la CO-4207, a la altura del kilómetro 5, en Montilla.

Ante esta situación, la Agencia de emergencias recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento, respetar los cortes establecidos y atender las indicaciones de los servicios de emergencia y de tráfico.

Avisos para este domingo en Almería, Cádiz y Málaga

Este domingo, la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias en Almería, Cádiz y Málaga, provincias que también cuentan con el aviso amarillo por este mismo fenómeno y por tormentas al igual que en el resto de provincias andaluzas.

Según ha indicado en su página oficial, el aviso naranja estará activado en las comarcas de Poniente y Almería capital, así como en el Levante almeriense desde las 18:00 horas hasta las 4:00 horas de la madrugada, donde se estima que se podrá alcanzar una precipitación acumulada de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y hasta 100 litros en doce horas. No obstante, esta alerta volverá a activarse en estas zonas a partir de las 21:00 horas del domingo y continuarán vigentes hasta la medianoche.

Siguiendo con el nivel naranja, la zona de Grazalema (Cádiz) contará con este nivel desde las 06:00 horas y las 20:00 horas, con precipitación acumulada de 30 litros en una hora. Asimismo, en la zona de Ronda, en la provincia de Málaga, estará activado desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas, con la misma cantidad de precipitación acumulada.

En Cádiz, las fuertes lluvias también harán acto de presencia activando el aviso amarillo en las zonas de Grazalema, el Estrecho, la campiña y el litoral gaditano a partir de las 6:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas, donde la precipitación acumulada podrá llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas podrán ir acompañadas de granizo.

Del mismo modo, la provincia de Málaga contará con una jornada de fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas en las áreas de Sol y Guadalhorce y Axarquía, entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, así como en la zona de Antequera y Ronda desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas. En todas estas ubicaciones, el agua podrá alcanzar hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este sábado a nivel rojo el aviso por lluvias en los alrededores de El Ejido (Almería), donde se espera que las fuertes precipitaciones alcancen hasta los 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. Por este motivo, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones a fase de emergencia en situación operativa 1 (en una categoría que va del 0 al 3).

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Sanz ha informado que, ante el riesgo de posibles inundaciones y afectaciones sobre el terreno, se ha mandado un EsAlert a los teléfonos móviles de la zona afectada. Asimismo, ha pedido evitar los desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas anegadas ni cauces y estar cerca de zonas elevadas en caso de emergencia.

El temporal que azota a gran parte de la comarca del Poniente ha obligado a suspender La Desértica, una prueba deportiva organizada por La Legión en la que participaban 7.600 personas. Según ha avanzado La voz de Almería, miembros de La Legión han tenido que ayudar a algunos de los participantes al quedarse atrapados con sus bicicletas en los cauces que se han visto desbordados por las fuertes lluvias. El Ayuntamiento de Enix ha habilitado las instalaciones municipales y la parroquia del pueblo para que corredores y ciclistas que se encuentren en las proximidades puedan resguardarse del temporal.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también ha activado el Plan de Emergencias Municipal, tras el aviso naranja por lluvias emitido por los servicios de meteorología y emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta municipal ante las consecuencias del temporal.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha recibido más de un centenar de incidencias a través del servicio de emergencias 112, relacionadas principalmente con daños materiales, vehículos inmovilizados en distintas vías, entradas de agua en bajos de edificios, acumulaciones de agua y arrastres de materiales y sedimentos procedentes de las ramblas.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, ha destacado que “por el momento no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante y nuestra principal preocupación”. “Desde el primer instante hemos puesto a disposición todos los medios municipales para atender las incidencias y garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que “todos los servicios municipales están trabajando de manera coordinada para restablecer la normalidad lo antes posible, tanto en los distintos núcleos de población como en las vías urbanas y en nuestra extensa red de caminos rurales, donde las fuertes precipitaciones también han provocado incidencias y desperfectos que estamos evaluando y atendiendo”.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de El Ejido ha decretado la suspensión de todas las actividades municipales, tanto deportivas como culturales, recreativas y de ocio, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Avisos en el resto de la provincia almeriense

Cabe destacar que la agencia meteorológica ha informado también de la presencia de aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas en Almería, donde se esperan acumulaciones de hasta 30 l/m2. Del mismo modo, el nivel amarillo por ambos fenómenos estará activado en el resto de Andalucía, con acumulaciones de entre 15 y 20 litros l/m2 en una hora en numerosas zonas de la comunidad andaluza.

Asimismo, la provincia de Almería también cuenta con aviso naranja por fuertes lluvias en las comarcas del Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12:00 horas de la mañana y la medianoche. En estas ubicaciones, se espera que las lluvias provoquen una precipitación acumulada de hasta 100 l/m2 en doce horas y 30 l/m2 en una hora.

Dentro de esta misma provincia se mantendrá activado también el nivel amarillo por lluvias y tormentas, estas últimas acompañadas de granizo, durante este sábado en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12:00 horas y las 00:00 horas. En las ubicaciones de Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas se esperan acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora.

Toda Andalucía bajo aviso por fuertes lluvias

Pasando por Málaga, las abundantes precipitaciones y las tormentas con granizo provocarán la activación del nivel amarillo en las zonas de Antequera y Ronda durante la misma franja horaria del sábado y la medianoche, donde además se prevé una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía contarán con el aviso amarillo entre las 12:00 horas y el término de la jornada, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora.

En Granada, las fuertes lluvias también activarán el nivel amarillo en zonas como la Cuenca del Genil, la costa granadina, Guadix y Baza desde las 12:00 horas hasta el término de la jornada, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo; mientras que en la comarca de Nevada y Alpujarras la acumulación podrá alcanzar los 20 l/m2 en una hora durante la misma franja horaria, también con presencia de fuertes tormentas y granizo.

Otra de las provincias en las que estarán presentes las fuertes lluvias será en Jaén, donde la Aemet mantendrá activado el aviso amarillo durante la misma franja horaria en las áreas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, Capital y Montes de Jaén y en el Valle del Guadalquivir, con presencia de tormentas que podrán ir acompañadas de granizo, además de acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora.

Asimismo, en Córdoba también estará vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 12:00 horas y la madrugada del domingo en las zonas de la campiña y subbética cordobesa, así como la comarca de Sierra y Pedroches, ubicaciones en las que la Aemet ha señalado que se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, durante la jornada del sábado se prevé que haya presencia de tormentas acompañadas de granizo en dichas zonas mencionadas en la provincia cordobesa.

Del mismo modo, Sevilla permanecerá en aviso amarillo durante este sábado –entre las 12:00 horas del mediodía y el término de la jornada– por lluvias y tormentas, concretamente en las áreas de la campiña sevillana y la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde se esperan acumulaciones que podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo.

Por último, la comarca de Grazalema, ubicada en la provincia de Cádiz, al igual que la zona de Aracena, ubicada en la provincia de Huelva, estarán bajo aviso amarillo por estos fenómenos meteorológicos mencionados durante la misma franja horaria, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo.

Recomendaciones de autoprotección

Ante los avisos de lluvia y tormentas, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, recomienda extremar la precaución y seguir las pautas de autoprotección para prevenir riesgos. En días de fuertes precipitaciones es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, hay que informarse del estado de las vías, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los agentes de la autoridad. Nunca se deben cruzar zonas inundadas, ramblas, arroyos o cauces, aunque aparentemente lleven poca agua. Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces, incluso si están secos, ante el riesgo de crecidas súbitas.

En el campo, durante una tormenta, se deben evitar los árboles aislados y los objetos metálicos. En las zonas costeras con temporal, conviene mantenerse alejado de paseos marítimos, rompeolas y miradores expuestos al oleaje. En las viviendas, si comienza a subir el nivel del agua, hay que trasladarse a plantas superiores y evitar sótanos y garajes.

También se deben retirar de balcones, patios y azoteas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento. La EMA insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. Ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día.

La Audiencia de Almería tiene previsto celebrar esta semana el juicio contra el patrón de una patera localizada a la deriva con 22 inmigrantes a bordo quienes, durante la travesía, tuvieron que alternarse para inflar el flotador de la semirrígida, el cual había pinchado, y así evitar hundirse.

La Fiscalía pide siete años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del que se acusa al presunto piloto de la nave, al que responsabiliza de haber puesto en serio peligro la vida de los ocupantes de la infraembarcación.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el fiscal apunta que los integrantes de la patera se intercambiaron en varias ocasiones para ir inflando el flotador “en varias ocasiones”, pese a lo cual “perdía aire”. Esto hacía que entrar agua en la patera, que se logró mantenerse a flote hasta que fue hallada por equipos de rescate.

Fueron los miembros de Salvamento Marítimo y una embarcación del Frontex quienes auxiliaron a los tripulantes de la patera cuando se situaba a varias millas de la costa de Almería sobre las 14:40 horas del 8 de diciembre de 2025, más de un día después de haber partido desde Argelia.

Un barcaza sin salvavidas ni medios de achique

Los inmigrantes habían ocupado un lugar en la semirrígida de casi siete metros de eslora y provista de un motor de 40 caballos a cambio de cierta cantidad de dinero con la promesa de alcanzar territorio europeo.

El fiscal apunta que el acusado actuó en todo momento “con pleno conocimiento” de que iba en contra de la legislación española en materia de inmigración al tratar de introducir de forma irregular a los extranjeros en territorio nacional.

Así, bajo el afán de “enriquecerse”, se coordinó con una organización para pilotar la patera mediante el manejo de una brújula, toda vez que impartió instrucciones al resto de los ocupantes sobre cómo tenían que situarse en la embarcación o cuándo debían repostar el motor, de acuerdo con el escrito de acusación.

La nave, que partió sobre las 3:30 horas de la madrugada desde las costas de Argelia el día antes de ser interceptada, era “de pequeñas dimensiones” y “totalmente inadecuada” para este tipo de travesías, ya que carecía de elementos de seguridad y comunicación así como de equipos de ayuda a la navegación.

En este sentido, tampoco contaba con elementos salvavidas ni medios para achicar el agua, lo cual “fue especialmente peligroso teniendo en cuenta que, durante todo el trayecto, estuvo entrando agua en el interior por el deficitario estado de la embarcación.

El riesgo para la vida de los inmigrantes se vio agravado por tener que viajar junto a bidones de combustible “deteriorados” y de los que “se derramaba la gasolina”, lo que generó un “alto riesgo de quemaduras” entre los inmigrantes.

La navegación se realizó en parte en horas nocturnas, con vientos variables y olas de más de un metro de altura, “atravesando posibles áreas de niebla”. El juicio está previsto a partir de las 12,00 horas de este 14 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía Gobierno han acordado este jueves “avanzar de manera coordinada” para restablecer la legalidad y demoler El Algarrobico, el hotel sito desde hace más de dos décadas en la playa del mismo nombre, en pleno dominio público marítimo terrestre y en el Parque Natural de Cabo de Gata. Así lo han expresado las dos administraciones tras la reunión bilateral celebrada este jueves, la primera después de que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol quedar anulada, al fin, por el Ayuntamiento de Carboneras. Queda orillada, al menos de momento, la vía de la expropiación.

Ambas administraciones han “puesto en común los avances” tras la declaración de nulidad y han acordado “unificar sus esfuerzos para agilizar la tramitación”. El avance es la apertura de un expediente que, en un máximo de un año, debería ordenar la demolición del lugar. Eso, si no se cruza algún obstáculo administrativo o judicial que aleje nuevamente el fin de El Algarrobico, una de las aberraciones urbanísticas más conocidas de España.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene ante sí los recursos de tres exalcaldes (Cristóbal Fernández -quien concedió la licencia, PSOE-; José Luis Amérigo -PSOE- y Felipe Cayuela -PP), además del de Azata del Sol, contra el acuerdo del Pleno de Carboneras que anuló la licencia. En puridad, son recursos ante el Ayuntamiento que los magistrados no tienen por qué resolver, pero que el actual alcalde les ha hecho llegar para mostrar la voluntad obstruccionista de los exregidores.

Todos alegan lo mismo: que ese acuerdo ignoraba uno adoptado en el Pleno celebrado 15 días atrás, cuando los ediles socialistas y los no adscritos consiguieron que no se votara hasta que se recabaran nuevos informes sobre la posible repercusión patrimonial de anular la licencia. La escandalera fue tal que los concejales socialistas fueron expedientados, la Fiscalía abrió una investigación y el TSJA volvió a advertir con multas si no se cumplía de una vez su sentencia.

Ocurrió, al fin, el 7 de julio, con el voto a favor de ocho concejales (el alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos-, cinco del PP y dos del PSOE) frente a cinco que se ausentaron. La nulidad de la licencia, ya ejecutiva pese a los recursos, dio paso a una pantalla inédita desde que hace 23 años Azata empezara a construir el hotel, paralizado por orden judicial el 7 de febrero de 2006.

Sin pasos o fechas

Este nuevo camino es el que ahora quieren explorar juntos el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ninguna de las dos administraciones ha informado de pasos o fechas. No hay concreción en sus comunicados, una cautela después de que todos los anuncios de cualquier avance material durante la última década se hayan dado de bruces sistemáticamente con la realidad, mucho más tozuda: cualquier paso topaba con el Ayuntamiento, que en todo este tipo ha arrastrado los pies para cumplir la sentencia que le obligaba a ello, cuando no ignorado abiertamente las órdenes de los jueces. La falta de concreción material también obedece a que todo pasa ahora por el expediente administrativo.

Sin embargo, todo esto no resta valor político de los comunicados, en los que se vislumbra una voluntad por enterrar diferencias. Empezando por la propia nota: un texto único pactado y enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Sostenibilidad. El texto subraya que la nulidad de licencia acordada por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio, y la apertura de un expediente para restablecer la legalidad por parte de la Junta, abren una etapa nueva. “La coordinación entre ambas administraciones [Junta y Gobierno] tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor”, señala el texto.

El expediente ante la Dirección General de Ordenación del Territorio tiene como fin imponer las “medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística” y debe estar resuelto en el plazo máximo de un año, según recoge el acuerdo de iniciación y la propia ley de suelo andaluza (LISTA).

Una vez acordadas esas medidas, que en su caso pasarán por el derribo del hotel por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata, Gobierno central y autonómico aplicarán el Protocolo suscrito en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa, y que ha sido expresamente refrendado hoy. El protocolo hace un reparto de tareas: el Ministerio debe abordar la demolición de la edificación y a la Junta de Andalucía le corresponde el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.

A pesar de este reparto, el delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, detalló a principios de septiembre que la Consejería de Vivienda iba a instar a Azata, titular de la licencia, a asumir la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

Un año de batalla política

La reunión entre las dos administraciones se produce en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio y en ella ya se atisbó una voluntad de enterrar el hacha de guerra tras los desencuentros que marcaron el año previo. La nulidad de la licencia, pero también el envite electoral andaluz, han contribuido a serenar las aguas y extraer El Algarrobico de la contienda política, al menos por ahora. Ha sido un año en que la construcción ilegal en nuevo escenario de la batalla entre gobiernos, que se han acusado mutuamente de deslealtad e ineficacia.

En febrero de 2025 la entonces vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se plantó ante El Algarrobico y anunció por sorpresa que el Gobierno lo expropiaría y derribaría antes de final de año. La irrupción de Montero sentó como un tiro en la Junta.

El Ministerio apuntaba que la vía autonómica estaba muerta desde hace años y era perder el tiempo; el autonómico insistía en que exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de las sentencias (que ordenan a Carboneras que declare que el suelo es no urbanizable y que la licencia es nula acabaría dando resultado, y desconfiaba de la expropiación, un nuevo procedimiento que también podía encharcarse, y en el que la Junta decidió ponerse de perfil.

Lo cierto es que a partir de entonces la ejecución de las dos sentencias del TSJA, firmes desde 2018 y 2022, respectivamente, se aceleró. Tras años ausente, la Junta de Andalucía se personó en los dos procesos de ejecución, los impulsó, y en julio de 2025 el Pleno municipal declaró que El Algarrobico es zona no urbanizable, por estar en la playa (Ley de Costas) y en un Parque Natural. La sentencia que le obligaba a ello es de 2016. Un año más tarde, el pasado 7 de julio, declaró la nulidad de la licencia, al segundo intento.

La culminación de estos dos pasos parece haber orillado, al menos por ahora, la vía de la expropiación abierta por el Gobierno hace poco más de un año. No hay ninguna referencia a ella en las notas. Tras la constatación de que hay un abismo entre lo que pide la promotora (44,5 millones) y lo que ofrece el Gobierno (16.500 euros), el asunto está pendiente de resolución por un tribunal provincial de expropiaciones.

En el encuentro de este jueves, celebrado mediante videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El IES El Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) se ha quedado pequeño. Muy pequeño. El centro ronda los 1.300 alumnos, cerca del doble de su capacidad, según la comunidad educativa, y la falta de espacio ya condiciona el día a día: estudiantes que se desplazan de un aula a otra con la mochila cuando llegan las optativas, clases que tienen dificultades para encontrar un espacio disponible y un patio que se ha quedado reducido tras años de ampliaciones. Parte de la Formación Profesional, además, tiene que impartirse en instalaciones municipales porque el instituto no da más de sí.

La comunidad educativa lleva al menos 15 años reclamando un nuevo instituto y ha vuelto a salir a la calle para exigirlo con una manifestación. El AMPA, que actúa como portavoz de esta reivindicación compartida por familias y centro educativo, asegura que el suelo estará disponible en las próximas semanas, mientras que la Junta de Andalucía sostiene que el Consistorio todavía debe culminar los trámites urbanísticos para poder avanzar en el proyecto. Mientras ambas administraciones discrepan sobre quién ha retrasado el proceso, el nuevo centro tardará previsiblemente varios años en estar construido y la comunidad educativa reclama soluciones para un problema de espacio que ya sufren cada día.

Un centro que ya no tiene dónde crecer

La presidenta saliente del AMPA, Ana Latorre, lleva seis años implicada directamente en la reivindicación -los que lleva su hija en el centro-, aunque sitúa el origen del problema al menos 15 años atrás. Cuevas del Almanzora cuenta con un único instituto, mientras que otros municipios de la zona disponen de dos centros, explica. El crecimiento de la población y la llegada de nuevo alumnado han ido agravando una situación que, según describe, se ha intentado solucionar durante años mediante ampliaciones parciales. “Han ido haciendo apaños. Han ampliado por aquí y por allí”, resume Latorre. El resultado es un centro en el que, según la comunidad educativa, el espacio disponible ya no permite responder con normalidad a las necesidades del alumnado.

La situación se hace especialmente visible cuando los estudiantes dejan de permanecer en su aula de referencia. En primero y segundo de ESO, explica Latorre, los grupos pueden mantenerse en sus clases, pero cuando llegan las optativas el alumnado tiene que desplazarse de un espacio a otro. “Los niños se cuelgan la mochila y van peregrinando de una clase a otra”, señala. El problema ha llegado, según su relato, a situaciones en las que ni siquiera hay un aula disponible para determinadas asignaturas. “Los de segundo de Bachillerato van buscando aulas para poder dar según qué clase, con eso te lo digo todo”, afirma. En uno de los casos que pone como ejemplo, incluso tuvieron que buscar un espacio para impartir matemáticas.

La falta de espacio también condiciona la Formación Profesional. Algunos ciclos no pueden desarrollarse dentro del instituto y se imparten en instalaciones municipales cedidas por el Ayuntamiento: “No los dan en el instituto, los dan en locales que ha puesto el ayuntamiento”, explica la presidenta del AMPA. El patio es otro de los espacios que, según la comunidad educativa, ha quedado desbordado. Las sucesivas ampliaciones del edificio han ido reduciendo el espacio disponible y el alumnado termina concentrándose en una superficie cada vez más limitada. “El patio ha quedado pequeño, porque han ido construyendo, y entonces los niños están apiñados”, sostiene Latorre.

La comunidad educativa lleva años reclamando una solución definitiva. Latorre calcula que la reivindicación se remonta a al menos 15 años. Durante buena parte de ese tiempo ni siquiera existía un terreno propiedad del ayuntamiento que pudiera destinarse a la construcción del nuevo centro. La situación cambió el año pasado, cuando el Consistorio adquirió una parcela para el futuro instituto. Pero la compra no resolvió el problema: el terreno necesita completar su tramitación urbanística para poder ser destinado al uso educativo. La situación ha llevado a la comunidad educativa a volver a movilizarse en la calle. El AMPA sostiene que la reclamación se ha prolongado durante años mediante reuniones y peticiones a las administraciones y que la situación actual ha terminado llevando la protesta al espacio público.

“No nos dan ninguna solución”, lamenta Latorre. La reivindicación no se limita, en cualquier caso, a reclamar que se construya el nuevo edificio. La comunidad educativa pide también actuaciones mientras llega esa infraestructura, consciente de que, incluso una vez desbloqueado el suelo, todavía quedarán varios años de proyecto y construcción. “Una vez que tengan el terreno, estaremos hablando de una espera de mínimo de tres, cuatro años, cuando no más”, asegura que les trasladaron desde la Delegación de Educación. De ahí que la pregunta que plantea la comunidad educativa sea qué ocurrirá con el alumnado durante ese periodo: “Hasta que ese instituto se haga, ¿dónde vamos a meter a los niños?”

El suelo, en el centro del conflicto entre Junta y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostiene que ha cumplido con los pasos que le correspondían para poner a disposición de la Junta el terreno. El alcalde, Antonio Fernández Liria, asegura que los trámites están “prácticamente terminados” y que el suelo estará disponible “en cuestión de dos meses”. El Consistorio sostiene que durante años ofreció diferentes alternativas de suelo ante la imposibilidad de disponer de una parcela urbana que cumpliera las condiciones exigidas para construir el instituto. Según su versión, cuando la Junta finalmente aceptó una de las propuestas, el Ayuntamiento compró el terreno y comenzó a trabajar en su transformación urbanística.

El alcalde responsabiliza al Ejecutivo regional de haber optado por una tramitación más larga de la que, a su juicio, podría haberse utilizado. “Si la Junta hubiese aceptado las diferentes propuestas de suelo desde hace muchos años, este problema no estaría en la situación que está ahora”, afirma Fernández Liria. El Ayuntamiento asegura además que buena parte de los informes necesarios para culminar la tramitación dependen de distintas administraciones de la Junta y que el expediente estará en disposición de ser enviado a Ordenación del Territorio en las próximas semanas. “El ayuntamiento cumplió, compró el terreno y se ha trabajado para que sea urbano”, sostiene el alcalde.

La Junta ofrece una versión diferente sobre el punto en el que se encuentra ahora el proyecto. En un comunicado conjunto del delegado del Gobierno en Almería, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Jiménez, señala que el Consistorio debe “culminar la adaptación del planeamiento urbanístico necesaria” para que la parcela reúna las condiciones necesarias para albergar un equipamiento educativo.

El Ejecutivo autonómico sostiene que, junto a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha estudiado las alternativas existentes y que el siguiente paso corresponde ahora al Consistorio. “No podemos iniciar la tramitación de una infraestructura de estas características sobre una parcela que todavía no reúne las condiciones urbanísticas necesarias”, señala Góngora. La Junta asegura, no obstante, que mantiene su voluntad de construir el nuevo instituto y que continuará con el procedimiento cuando disponga de una parcela “urbanísticamente apta”. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el terreno estará listo en unos dos meses y reclama que, mientras tanto, la Junta concrete cómo piensa afrontar la falta de espacio.

Más de 155.000 euros en actual centro

Mientras las administraciones mantienen esta discrepancia sobre la tramitación del nuevo centro, la Junta defiende también que ha seguido actuando sobre el IES El Jaroso para intentar adaptar sus instalaciones al crecimiento del alumnado.

La Delegación de Educación cifra en más de 155.000 euros la inversión destinada a actuaciones en el centro, entre ellas la redistribución de espacios, la adaptación de aulas y diferentes mejoras del edificio. La delegada territorial asegura que existe un “seguimiento permanente” de la situación del instituto y que la Junta es “plenamente consciente del crecimiento del alumnado y de la necesidad de planificar las infraestructuras educativas de Cuevas del Almanzora”. Pero para la comunidad educativa esas actuaciones no resuelven el problema de fondo. El nuevo instituto sigue pendiente de que el suelo complete su recorrido administrativo y, una vez desbloqueado, todavía tendrá por delante varios años hasta que pueda entrar en funcionamiento.

Ana Latorre dejará este mes la presidencia del AMPA. Su hija está en segundo de Bachillerato y ella considera que la reivindicación necesitará una dirección que pueda mantenerse durante los próximos años. “Estamos moviéndonos para que la nueva directiva tenga permanencia, tiene que permanecer muchos años”, explica. La pregunta, mientras tanto, sigue siendo la misma para las familias del IES El Jaroso: cómo afrontar los próximos cursos en un centro que, según la comunidad educativa, ya funciona al límite de su capacidad mientras espera una solución que todavía tardará años en llegar.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez (PP), ha manifestado este lunes que el Consistorio ha interpuesto una denuncia ante los juzgados contra la veintena de personas que mantienen la acampada de protesta por la situación de la vivienda en la plaza de Emilio Pérez, en el extremo sur del Paseo de Almería, al ver una “ocupación ilegal de la vía pública”.

A preguntas de los grupos municipales de IU-Podemos y de Vox, la edil ha explicado al final del pleno del Ayuntamiento que el “asentamiento” surgido durante la tarde de este domingo en dicho punto tras la manifestación promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se da de forma “ilegal”.

Así, ha explicado que se ha dado traslado a la Subdelegación de Gobierno de la denuncia interpuesta al tiempo que ha llamado a “distinguir entre las manifestaciones” que están “autorizadas” con “todo el rigor necesario” y este otro acto.

“Como cualquier ciudadano, no pueden ocupar la vía pública de manera ilegal porque también tenemos que primar el cumplimiento de las ordenanzas y el derecho también de los vecinos a la seguridad, a la buena convivencia, al respeto, al silencio y, en fin, todas esas cosas”, ha añadido la concejal.

“Protesta pacífica”, según IU-Podemos

La portavoz del equipo de gobierno ha contestado de este modo a las preguntas del portavoz del Vox en el Consistorio almeriense, Juan Francisco Rojas, quien ha querido saber si la protesta tiene “permiso” de la Subdelegación, qué duración se había comunicado y si había también autorización municipal.

De igual modo, se ha interesado por conocer si, en su caso, se prevé imponer “sanciones administrativas” por “ocupación indebida del espacio público y por obstaculizar la circulación peatonal” a quienes participan en la acampada desde este domingo.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Alejandro Lorenzo, ha querido saber si desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Policía Local que “actúe contra esta protesta pacífica”.

El jugador de la Unión Deportiva Almería Álex Sola ha sido detenido y puesto en libertad a la espera de juicio rápido después de que estrellara su vehículo contra otros que se encontraban aparcados en la madrugada de este pasado domingo cuando conducía bajo los efectos del alcohol.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que el extremo de la UD circulaba por la Avenida del Montserrat en un vehículo de alta gama cuando, sobre las 7:20 horas, impactó con otros coches hasta que finalmente quedó empotrado en una furgoneta situada en el margen izquierdo de la vía, según el sentido de la marcha.

El suceso fue captado por varios testigos que filmaron cómo después del impacto, el jugador, que había abandonado junto con otros ocupantes el coche, volvía al mismo a recoger unas pertenencias antes de huir a la carrera en dirección a Calzada de Castro.

No obstante, el sospechoso fue detenido poco después por agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar de los hechos.

El futbolista fue sometido a los test de drogas y alcohol, y dio positivo en este último, por lo que se instruyeron diligencias ante un posible delito contra la seguridad vial.

El mando de Charlie estará en Turín mientras sus seis ruedas vayan avanzando por el desierto almeriense, porque la prueba enfrentará dos necesidades que en Marte tendrán que convivir: recibir órdenes desde la Tierra y decidir parte del recorrido sin esperar instrucciones.

La ESA ensayará el 1 de octubre el enlace por satélite con el Centro de Control de Operaciones del Rover y la nueva navegación autónoma del prototipo. Es una forma de preparar en la Tierra un problema que surgirá en Marte: cuando una roca se cruza en el camino, no siempre se puede esperar una respuesta desde la Tierra.

La misión europea buscará rastros biológicos a partir de 2030

La campaña forma parte de la preparación de ExoMars Rosalind Franklin, la misión europea prevista para despegar entre octubre y diciembre de 2028 y alcanzar Marte en 2030 con el objetivo de buscar indicios de vida pasada o presente.

La Agencia Espacial Europea trabaja con Airbus y otros socios europeos en los ensayos que preceden a ese viaje, mientras la NASA participa en la nueva etapa del proyecto con servicios y elementos necesarios para el lanzamiento, el aterrizaje y la operación del rover.

Para cumplir ese objetivo, Rosalind Franklin buscará respuestas bajo la superficie marciana, donde podrá perforar hasta dos metros y estudiar las muestras con su laboratorio incorporado. Esa profundidad pretende alejar la búsqueda de las capas más castigadas por la radiación, capaz de alterar moléculas orgánicas durante periodos prolongados.

El vehículo llevará ocho instrumentos y podrá localizar zonas de interés científico antes de extraer material, una capacidad con la que la misión intentará acceder a posibles señales biológicas mejor preservadas que las situadas en la superficie.

La jarosita relaciona Almería con antiguos ambientes acuosos marcianos

La provincia de Almería también aparece vinculada a Marte por la jarosita, un mineral asociado a determinadas condiciones de agua y acidez que fue identificado en el planeta rojo por instrumentos de la NASA en 2004. Su presencia ayudó a reconstruir parte de la historia ambiental marciana y reforzó el interés por terrenos relacionados con antiguos ambientes acuosos.

En Alhama de Almería, además, está planteado un sondeo de hasta 500 metros para estudiar una posible estructura de impacto, otra vía de investigación sobre procesos geológicos comparables con formaciones observadas fuera de la Tierra.

Gádor acogerá tres días de comprobaciones sobre terreno árido

Las cárcavas, pendientes y superficies erosionadas de Tabernas ya pusieron a trabajar a Charlie en 2018, cuando el proyecto ExoFiT utilizó este entorno español como análogo planetario para ensayar operaciones a distancia. Los equipos practicaron desplazamientos, elección de zonas de interés y toma de muestras con científicos situados a más de mil kilómetros. Las lluvias intensas alteraron aquella campaña y obligaron a comprimir el programa, una dificultad útil para comprobar cómo responden los procedimientos cuando el terreno obliga a modificar los planes previstos.

El Coto de las Lomillas, en el término municipal de Gádor y dentro del entorno de Tabernas, recuperará ahora esa función entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con la jornada principal fijada para el día 1. Sus condiciones áridas y su variedad geológica permiten exigir al vehículo fuera del laboratorio, aunque el paraje terrestre difiere de Marte en gravedad, atmósfera, temperaturas y radiación. La utilidad del enclave reside en reproducir problemas operativos determinados y observar cómo responde el rover ante ellos.

La ruptura con Roscosmos retrasó el programa hasta 2028

La misión llega a esta campaña después de varios aplazamientos y de una reorganización profunda provocada por la ruptura de la cooperación entre la ESA y Roscosmos tras la invasión rusa de Ucrania. El proyecto había manejado fechas de lanzamiento en 2018, 2020 y 2022, con dificultades técnicas en elementos como el aterrizaje y los paracaídas, además del efecto de la pandemia.

Con la colaboración posterior entre la ESA y la NASA, Europa prepara ahora el trayecto de 2028 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, mientras Almería sirve como banco de pruebas antes de que Rosalind Franklin afronte el terreno marciano.

La unidad de Intervención de la Ertzaintza, un equipo de elite para situaciones de crisis conocido por las siglas GEI o BBT, ha tenido que comprar en las últimas semanas “ayudas a la puntería para armas largas”, en concreto, para fusiles de precisión o “rifles de tirador designado”, porque llevaban ocho años presentando problemas de seguridad. Se han desembolsado 11.624,06 euros en estos productos, adquiridos a la única empresa proveedora autorizada del armamento militar de Sig Sauer, llamada Viator Plus Ultra.

Según un informe firmado en julio de este año por la jefa de sección de calidad de materiales del Departamento de Seguridad, Itziar Calvo Alonso, la Policía vasca adquirió en 2018 armas del tipo DMR (rifle de tirador designado, por sus siglas en inglés) de la casa Sig Sauer “sin las ayudas”. “Se equiparon con otras equivalentes procedentes de armas en desuso”, pero se ha constatado que “no están dando un servicio adecuado y seguro”, porque no son las “originales”, siempre según la información oficial.

Viator Plus Ultra, que es una empresa ubicada en la localidad de Viator, en la provincia de Almería, suministrará un total de ocho miras telescópicas, cinco del modelo UTG PRO y tres del BRAVO6. Fuentes de la armería indican a este periódico que no creen que los rifles no fueran “seguros”, como dice la memoria del Ejecutivo, pero sí admiten que presentan “deficiencias” en su rendimiento si no emplean la “óptica” original y adaptada a ellas. Ahora, eso se corregirá.

Esta empresa de Almería “está autorizada para ofrecer y comercializar todos los productos y servicios militares y policiales de Sig Sauer”, sostiene el Ejecutivo. “Los productos incluyen estaciones de armas con control remoto (RCWS), ametralladoras, rifles, subametralladoras, pistolas, silenciadores, ópticas, munición y accesorios”, explicó al Gobierno vasco en una carta Erno M. Martens, directivo de la empresa armamentística.

¿Cómo son las unidades de Intervención de la Ertzaintza? Se llaman en castellano GEI (Grupo Especial de Intervención) o en euskera BBT (Berrozi Berezi Taldea), por la localidad de Álava donde tienen su base. Este 2026 celebran cuarenta años desde su creación. En su origen, fue formado por el SAS británico. Aunque sus principales misiones en los primeros años estaban enfocadas a la desarticulación de comandos terroristas de ETA, ahora es una unidad de apoyo para casos de secuestros, tomas de rehenes, operativos contra bandas organizadas y visitas de jefes de Estado, de Gobierno u otras autoridades. Parte de sus agentes son, precisamente, tiradores de precisión. Es el equivalente a los SWAT del FBI o de otros cuerpos de Estados Unidos o al GEO de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos impulsados por los tres exalcaldes del municipio, los concejales José Luis Amérigo, Felipe Cayuela y Cristóbal Fernández -este último en calidad de presidente de una asociación- contra el acuerdo de Pleno aprobado el pasado 7 de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en El Algarrobico, de cara a declarar la nulidad del permiso conforme al mandamiento del alto tribunal andaluz.

En un escrito que acompaña los recursos elevados durante el pasado mes de agosto, el Consistorio recuerda que el acuerdo para anular el permiso otorgado a Azata del Sol en enero de 2003 siendo alcalde Cristóbal Fernández con el PSOE se produjo tras una “importante serie de incidencias que nunca fueron imputables al actual alcalde”, Salvador Hernández (CS) sino que obedecieron a una “carencia de medios humanos”.

En sus recursos, los exalcaldes inciden en que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta los acuerdos adoptados en un pleno anterior, en el que varios ediles apoyaron dejar sobre la mesa la decisión hasta recopilar nuevos informes jurídicos para evaluar el impacto de la medida.

“Línea torticera”

Frente a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se incide en que el punto para propiciar la anulación de la licencia del hotel que finalmente se aprobó con el voto de siete concejales tuvo en cuenta la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, conforme instó la Sala de lo Contencioso-administrativo.

“Si ello es de obligado cumplimiento, no parece que tal mandato sea acogido por una serie de personas que detenta funciones tanto en el ámbito privado como público y cuya pretensión es torpedear y sustraerse a la acción de la justicia, utilizando, para ello, el fraude de ley”, apunta el escrito municipal.

Así, desde el Consistorio se alerta de la “línea torticera” que, mediante estos recursos de reposición contra el acuerdo de pleno para anular la licencia de obras, mantienen algunos concejales y personas ajenas a la actual corporación.

“Todos los mencionados recursos accionados presentan, curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara, incidiendo falazmente en que no se cuestiona el deber del Ayuntamiento de Carboneras de cumplir las resoluciones judiciales sino la regularidad procedimental del Acuerdo plenario de 7 de julio de 2026”, observan desde el Ayuntamiento.

El acuerdo para la anulación de la licencia recibió un cuarto recurso, en este caso, impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió el permiso en enero de 2003 para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección. Dicho escrito no se ha elevado al tribunal.

La Fiscalía General del Estado alerta en su memoria anual de 2025 de la “cada vez más visible” violencia de los narcotraficantes en Andalucía, así como de una mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas que usan su armamento “no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Las características geográficas y sociales de Andalucía siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y, a juicio de la Fiscalía, se trata “probablemente”, del territorio donde el problema sea “más visible”, atendiendo a la “exhibición” de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan “cada vez más” a provincias como Huelva, Almería y Málaga.

En la memoria, hecha pública coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, la Fiscalía se refiere a la violencia de los narcos en Andalucía y a una pérdida de respeto al principio de autoridad “cada vez más visible”.

Alude a “situaciones límite” que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que “siguen abusando de la violencia y provocando muertes”. Ello, en relación con el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española.

Armas de guerra

En su memoria, consultada por Europa Press, la Fiscalía General del Estado se hace eco de la “alarma” que trasladan todos los delegados de esta comunidad autónoma respecto a una “mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos” y de la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania“, integradas en bandas dedicadas en muchos casos a los vuelcos.

En la provincia de Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas y se relata en la memoria la incautación de cuatrofusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, así como de armas automáticas, subfusiles y fusiles en los entornos de Barbate y Chiclana.

En Almería el Ministerio Fiscal refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes. Igual se observa en la provincia de Sevilla, donde se intervienen cada vez más armas de fuego y se hace alusión a Coria del Río, donde se incautaron armas de guerra con las que los narcotraficantes abrieron fuego contra la policía durante una operación desarrollada el 9 de noviembre.

Narcolanchas

Señala la Fiscalía que el tráfico de cocaína está ganando peso en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. En Algeciras, por la vía tradicional de los contenedores, y en las zonas de Barbate, Sanlúcar y el Guadalquivir, con el uso de embarcaciones semirrígidas que han dejado de ser utilizadas solo para el transporte de hachís y se usan “con normalidad” para el transporte de cocaína descargada de embarcaciones en altamar.

Aun así, el hachís sigue siendo la mercancía predominante utilizando tácticas “cada vez más sofisticadas”, como grandes remolques con vigas huecas como dobles fondos o túneles bajo la frontera de Ceuta (en 2026 fue localizado un segundo túnel en la misma zona en la que se había localizado el anterior en la operación Hades). Huelva es la segunda provincia en cantidad de hachís incautado, con 63.301 kilos que aumentan en un 201,8 por ciento los 20.975 kilos de 2024.

El tráfico de drogas en Andalucía se vale de dos instrumentos principales, el uso de embarcaciones de alta velocidad y el tráfico de combustible para su funcionamiento. A este respecto profundiza la Fiscalía en la situación de Almería, que sufre el desplazamiento a sus costas de la actividad de las narcolanchas y ha experimentado un aumento exponencial de la incautación de cocaína.

Se han contabilizado 1.255 kilos frente a los 324 del año pasado, lo que supone un incremento del 287 por ciento. Igualmente, se ha observado una mayor presencia de resina de cannabis, que supera las 18 toneladas frente a las cuatro del año anterior (un 350 por ciento más). Estos datos son el reflejo del desplazamiento de los puntos de alijo a zonas geográficas contiguas donde se espera “menor presión policial”.

En Granada la situación es similar al año pasado con la extensión del tradicional cultivo indoor, que se lleva a cabo cada vez más por organizaciones extranjeras (albanesas, lituanas, holandesas, etc.) que están llegando a expulsar de sus viviendas de forma violenta a los tradicionales vecinos.

Los delegados de Málaga y Marbella se enfrentan por su parte a una criminalidad “más sofisticada y menos evidente que la sufrida por Cádiz o Huelva, pero no menos peligrosa”, a juicio de la Fiscalía.

Ello, por la instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias a través de la creación de “entramados empresariales de todo tipo cuya investigación se alarga por la ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno”.

La Junta de Andalucía pretende que la promotora Azata del Sol presente un proyecto para demoler el hotel en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) y lo ejecute. El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha detallado este miércoles que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio instará a Azata, titular de la licencia a asumir así la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

El delegado ha aclarado que el expediente recién anunciado por el Gobierno andaluz destinado a restablecer la legalidad urbanística en el paraje protegido se inicia “frente a Azata” y que por eso es la promotora la que deberá “redactar un proyecto de demolición” y ejecutarlo.

No será sencillo lograr la colaboración de la que se ha resistido durante tanto tiempo, y por eso el delegado ha admitido que finalmente, y de modo subsidiario, la administración también podría asumir el derribo, según lo previsto en el Protocolo pactado con el Ejecutivo central en 2011. Ese documento contempla que el Ministerio se ocuparía del derribo y la Junta de Andalucía se encargaría del desescombro y el tratamiento de todos los residuos. Góngora ha abierto la puerta a que ambas administraciones “vuelvan a sentarse” para acordar un “nuevo marco de financiación para la restauración ambiental”, el paso “más determinante” para recuperar el espacio, según ha dicho, citado por Europa Press.

El protocolo obliga a colaborar a las dos administraciones, que en los últimos meses han mantenido posiciones encontradas respecto a la vía más eficaz para lograr la desaparición de la mole: mientras la Junta apostaba por la nulidad de la licencia, el Gobierno central abrió por sorpresa la senda de la expropiación en febrero de 2025, un camino ahora atascado por la abismal diferencia entre lo que el Ministerio ofrece por expropiar el terreno, 16.500 euros, y lo que pide Azata, 44 millones de euros.

Sorpresa para los ecologistas

La Junta de Andalucía anunció este martes que ha abierto expediente de demolición del inmueble, una vez que el pasado 7 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras declaró la nulidad de la licencia concedida a Azata en enero de 2003.

Fueron los ecologistas quienes reclamaron la rápida apertura de ese expediente. Nada más terminar el Pleno, Greenpeace solicitó por escrito a la Junta que activara lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (la LISTA, como se conoce a la ley de ordenación territorial de 2021). Ese artículo confiere a la administración autonómica la competencia de restablecer la legalidad ante las “actuaciones que vulneren la ordenación territorial o supramunicipal”, mientras que atribuye al Ayuntamiento la misma competencia para restablecer la ordenación urbanística municipal.

En Carboneras se trataría de acomodar la realidad material en la playa de El Algarrobico a lo que marca tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata (supramunicipal) y la Ley de Costas, como a las normas urbanísticas municipales, modificadas el año pasado para confirmar que esos terrenos son no urbanizables y a la ausencia de licencia, ya nula.

El anuncio de la Junta tomando las riendas y orillando al Ayuntamiento, pilló por sorpresa incluso a los ecologistas, que ya temían otro largo periplo para obligar al Consistorio a coger la piqueta. “Yo no lo esperaba”, admite José Ignacio Domínguez, el abogado que ha liderado la estrategia judicial de Greenpeace y Ecologistas en Acción durante todos estos años, quien cree que esto “cambia las tornas”: “Ya no tendremos que ser nosotros [los ecologistas] quienes tengamos que pedir al juzgado, sino ellos, siempre que la Junta actúe de forma diligente”.

Tras años de frustraciones que han cuajado en una visión muy crítica del sistema, Domínguez cree que ahora sí puede vislumbrarse el fin. El expediente para demolerlo es un capítulo inédito en la alambicada historia judicial y administrativa de El Algarrobico, trufada durante años de vericuetos, salvaguardas, matices, trucos y trampantojos administrativos y procesales que la han mantenido en pie e impertérrita pese a que los tribunales hace tiempo que concluyeron que es ilegal y se ha convertido en símbolo del urbanismo depredador.

Cualquier paso material estaba bloqueado mientras el Ayuntamiento no cumpliera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2021 y firme desde 2022, que le ordenaba revisar la licencia y eventualmente, anularla.

Recursos que no paralizan

Se entra ahora en terreno inexplorado, y el propio delegado ha advertido de que deberá contar con “todas las garantías de audiencias” y “de recursos” tanto en vía administrativa como judicial.

Es lo que esperan también los ecologistas. No es previsible que Azata colabore de ningún modo en echar abajo lo que con tanto ahínco lleva defendiendo más de dos décadas. La promotora ha pleiteado hasta la extenuación para evitar la demolición. Durante todo este tiempo consiguió que la licencia que el Consistorio le concedió en 2003 siguiera vigente, a pesar de que el hotel se sitúa en dominio público marítimo terrestre e invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata.

Así fue hasta el pasado 7 de julio, cuando el Pleno anuló la licencia al segundo intento. Desde entonces, Azata ya ha mostrado su voluntad de seguir sembrando de escollos el camino hacia la eventual restauración del enclave, y ha recurrido aquel acuerdo de Pleno, alegando que no se proporcionó a los concejales informes que servirían para calibrar adecuadamente las consecuencias patrimoniales de anular la licencia.

En la misma línea van los otros tres recursos ante el Pleno, presentados por Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023.

Los cuatro escritos, a los que este medio ha tenido acceso, son similares en cuanto al fondo: el acuerdo de Pleno del 7 de julio, votado favorablemente por ocho de 13 concejales (el alcalde Salvador Hernández, cinco del PP y dos del PSOE), vulneraría el acuerdo previo también del Pleno de 17 de junio, que decidió por siete votos contra cinco “dejar sobre la mesa” la anulación de la licencia hasta contar con tres informes más sobre la trascendencia jurídica, urbanística, económica y patrimonial de dicha anulación.

Cuando se conoció esta nueva dilación, el TSJA exigió al Pleno que cumpliera su sentencia en veinte días, y advirtió a los concejales con posibles consecuencias penales. Fue entonces cuando dos concejalas socialistas que antes habían votado pidiendo un nuevo informe se sumaron al equipo de gobierno de Hernández y el PP para anular, al fin, la licencia. Después se ha sabido que la Fiscalía investiga ya a los siete ediles que postergaron el acuerdo plenario en primera instancia.

Los recursos de Amérigo, Cayuela, Fernández y Azata inciden en que el hecho de no haber recabado esos informes, ni siquiera haberlo intentado, vulnera las normas que velan por la “formación de la voluntad del Pleno”, la eficacia de sus acuerdos y, en definitiva, el funcionamiento del Consistorio. “El Pleno acabó formando su voluntad sobre una base documental que él mismo había reputado insuficiente apenas veinte días antes”, señala uno de los recursos, en relación a la ausencia de los tres nuevos informes.

El abogado de los ecologistas subraya que es una “falacia” pedir nuevos informes para calibrar la eventual responsabilidad patrimonial del municipio cuando la Audiencia Nacional ya negó a Azata el derecho a indemnización porque siempre fue consciente de que no podía construir ahí, aunque tuviera licencia municipal. Y subraya que ni esos recursos ni los que puedan después interponerse en vía judicial paralizarían el nuevo expediente para demoler: “Ahora la Junta tiene un plazo de un año para dar la orden de demolición. Y el único que puede pararlo es un juez”.

Domínguez, que ya ha visto de todo, no cierra del todo la puerta, pero cree que la posibilidad de que un juez paralice todo anulando cautelarmente la nulidad es “muy remota”. Sobre todo, porque eso supondría enfrentarse directamente a la orden directa del TSJA (órgano superior en la jerarquía judicial) y a las administraciones general y autonómica.

La Junta de Andalucía ha anunciado el inicio del procedimiento destinado a restablecer la legalidad en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para demoler el edificio hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones que se asienta en la zona con el fin de “devolver los terrenos protegidos a su estado original”.

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha acordado abrir un expediente a tal fin después de que el Ayuntamiento de Carboneras aprobase en Pleno la revisión de oficio de la licencia de obras, para su nulidad, el pasado 7 de julio.

El asunto ha sido abordado este martes en una reunión celebrada en el Palacio de San Telmo, a la que ha asistido la consejera Rocío Díaz, según ha trasladado la Junta. “Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto. La Junta ha mantenido una hoja de ruta clara: actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido”, ha señalado Díaz.

La actuación se ampara en la competencia que la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), atribuye directamente a la Comunidad Autónoma para defender la legalidad territorial cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio. Entre esos supuestos se encuentran las actuaciones que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.

Restauración del terreno

El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel. El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.

El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En este sentido, la demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta.

Sin embargo, la expropiación fue un punto de fricción entre las administraciones: el asunto está en manos de un jurado provincial de expropiaciones, que dio en marzo un plazo de seis meses después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, rechazara el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.

Ahora bien, la declaración de nulidad de la licencia era un trámite imprescindible para poder avanzar por esta vía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había requerido en junio al Ayuntamiento de Carboneras que culminara en un plazo de 20 días hábiles el procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido a la promotora en 2003. Finalmente, el Pleno municipal adoptó el acuerdo el pasado 7 de julio.

Más de 20 años

Por un lado, el Gobierno andaluz se personó en el incidente de ejecución de las sentencias que obligaban al Ayuntamiento de Carboneras a adaptar su planeamiento para que los terrenos de El Algarrobico figurasen correctamente como suelo no urbanizable de especial protección. Díaz ha subrayado que “ahora corresponde continuar el procedimiento con todas las garantías hasta completar la restitución de los terrenos”.

La posición mantenida por la Junta, que ha defendido la nulidad de la licencia como la vía jurídicamente “más segura” para avanzar hacia la demolición, recibió además el respaldo de la Secretaría municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. Este último consideró procedente la revisión de oficio antes de que el Ayuntamiento adoptara finalmente el acuerdo de nulidad.

Sin embargo, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto. El primero es de la propia promotora del hotel, Azata del Sol, y los otros tres corresponden a Cristóbal Fernández, exalcalde de Carboneras (PSOE), quien concedió la licencia; otro de José Luis Amérigo, exalcalde también con el PSOE de 2019 a 2023; y el último de Felipe Cayuela (anteriormente en el PP) , alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual regidor, quien ahora gobierna solo.

En todo caso, desde Ecologistas en Acción-Almería hicieron hincapié a través de un comunicado que los recursos presentados “son maniobras dilatorias para retrasar la demolición, pero el acuerdo es firme mientras un juez no diga lo contrario”. “Los recursos no tienen base alguna, ya hay dos sentencias de la Audiencia Nacional confirmadas por el Supremo diciendo que Azata no tiene derecho a indemnización y el Ayuntamiento ahora tiene la obligación de restablecer la legalidad urbanística ordenando el derribo”, determinan. La apertura de expediente, recuerdan además, es un procedimiento que se ha realizado en otras ocasiones, como Tabernas en diciembre de 2025, así que apremian a la administración para “no dilatar más tiempo” el derribo.

El número de víctimas mortales por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), del que este miércoles se cumplen dos meses, se ha elevado a 15 personas tras el fallecimiento de una mujer británica que se encontraba hospitalizada con graves quemaduras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press este último deceso que tuvo lugar esta misma madrugada y que se une al resto de víctimas --nueve mujeres y cinco hombres-- de las que 14 son extranjeras, la mayor parte de ellas procedentes de Reino Unido aunque también figuran tres belgas, una francesa, un español y una estadounidense.

La víctima, identificada como M.L., residía desde hace más de 20 años en España y, aunque era vecina de Canjáyar, trabajaba como cuidadora de personas mayores en Bédar. Si bien el incendio le provocó severas quemaduras en torno al 40 por ciento de su cuerpo, logró escapar auxiliada por un vehículo, según narró su hermana a través de una plataforma de micromecenazgo en la que solicitaba colaboración económica.

En un primer momento, 12 de los cuerpos de las víctimas, todas mayores de edad, fueron localizados en el lugar del siniestro donde perecieron cuando trataban de escapar de las llamas. Una mujer de 93 años, que fue rescatada junto con M.L., falleció mientras estaba hospitalizada al poco de ingresar y, posteriormente --el 28 de julio-- se constató la muerte de otra paciente en Sevilla.

Al menos ocho familiares de las víctimas se personaron en la causa que tramita la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, que investiga las circunstancias y origen del incendio que se extendió por los términos de Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas.

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas, según el último recuento.

Los hijos de dos víctimas --marido y mujer, vecinos del municipio de Bédar (Almería)-- del incendio de Los Gallardos, que se cobró la vida de 14 personas, han reclamado una investigación “adecuada, exhaustiva y transparente” de lo ocurrido tras asegurar que en el coche de sus padres hallaron, además de objetos personales --llaves, joyas y dinero--, huesos que “parecían ser los restos” del matrimonio.

En un reportaje en el periódico británico 'The Guardian' recogido por Europa Press, la familia Gillam-Kirton reclama una investigación “no sólo sobre lo que provocó el incendio sino también qué ocurrió durante la respuesta de emergencia; qué advertencias se dieron; cuándo se dieron; quién las recibió; qué medidas de evacuación estaban previstas y qué ocurrió con las víctimas después”.

Las preguntas que la familia británica se hace respecto a la muerte de sus padres apuntan a la Junta de Andalucía, primera responsable de la respuesta al incendio que destruyó más de 5.000 hectáreas en la provincia almeriense, el pasado julio, y que se saldó con 14 personas fallecidas.

Para esta familia, se hace necesario abrir una investigación para “aprender de ello”. “No queremos que nuestros padres se conviertan simplemente en dos nombres de una lista de personas que murieron en un incendio forestal. Queremos entender qué les ocurrió y, si algo salió mal, queremos que se aprendan las lecciones”.

Alrededor de 60 personas afectadas por el incendio originado en Los Gallardos (Almería), que se extendió, entre otros municipios, a Bédar, han exigido en los últimos meses a todos los partidos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar lo ocurrido durante la emergencia y “evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir”.

La petición se planteó durante la primera asamblea del Grupo de trabajo del fuego en Bédar. El incendio se dio por extinguido 15 días después y dejó 14 víctimas mortales. El fuego calcinó alrededor de 5.200 hectáreas y provocó daños en 19 explotaciones ganaderas, así como en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto.

El acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para revisar y anular la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en zona de dominio público y protegida por ser Parque Natural de Cabo de Gata, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto, según ha avanzado Europa Press citando fuentes municipales.

Una de los recursos estaba cantado: lo presenta la propia promotora del hotel, Azata del Sol, que quiere que se anule el acuerdo de la mayoría de los concejales del Pleno con el que se invalida la licencia que se le concedió en 2003. Los otros tres recursos son más sorprendentes, aunque no tanto para quien conozca los entresijos de esta prolija historia: un lo interpone Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; otro lo presentan José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y el último Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual alcalde, quien ahora gobierna solo tras perder el apoyo del PP por, entre otros motivos, sostener una posición distinta sobre el hotel.

Tras liderar la oposición con el PP, Cayuela pasó al grupo de no adscritos en diciembre de 2024, cuando su antiguo partido empezó a sostener a Hernández. En cuanto a Amérigo y los dos ediles que firman el recurso, fueron suspendidos por el PSOE cuando se negaron a votar el acuerdo para revisar la licencia en la primera ocasión, en junio de este año. Aquel Pleno supuso una escandalera a nivel nacional, y el PSOE desautorizó a los cinco concejales que desobedecieron las directrices de la dirección con un expediente.

Dos de ellas cambiaron el sentido de su voto a la segunda ocasión, tres semanas después, y tras el ultimátum de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictaron la sentencia que ordena revisar la licencia en julio de 2021(es firme desde mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación) y lleva desde 2023 intentando ejecutarla. Los otros tres y Cayuela se ausentaron en el momento de votar.

Los cuatro, también, forman parte del grupo de siete investigados por la Fiscalía, que indaga si el acuerdo para posponer la primera votación sobre la nulidad de la licencia puede suponer un delito de prevaricación administrativa, por su resistencia a cumplir el mandato firme del TSJA.

Acuerdo a la segunda

El Pleno acordó, al segundo intento y por ocho votos a favor y cinco ausencias, una decisión con la que pretende cumplir el mandato que dieron los jueces hace ya un lustro para anular la licencia concedida hace 23 años. La votación fue seguida con atención en los cuarteles generales de los socialistas y populares, pues tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se arrogan la mayor firmeza para acabar con El Algarrobico, símbolo de la depredación del litoral mediterráneo.

El argumento tanto de Cayuela como de Amérigo para votar contra la revisión siempre fue que hacían falta más informes que calibraran el impacto de anular la licencia, sobre todo en las arcas municipales. El temor que aducen es que sea de tal magnitud que deje tiritando a la economía carbonera.

Lo cierto es que hasta ahora los intentos de la promotora de recibir una indemnización han sido frustrados. La Audiencia Nacional rechazó en 2016 que tenga derecho a compensación alguna, al estimar que era conocedora de que no podía construir donde lo hizo. La cuestión ahora se dirime ante un jurado provincial de expropiaciones, después de que el Gobierno central abriera esta vía en febrero de 2025: Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.500 euros.

Veinte años para anular una licencia

Durante tres años, la promotora levantó a la vista de todos y en plena playa una inmensa mole de 21 plantas de altura y 411 habitaciones. Sólo paró al final, por orden de un juez, a quien alertó la organización ecologista Salvemos Mojácar. Azata del Sol recabó la licencia del Consistorio cuando estaba gobernado por Fernández, que ahora recurre contra la anulación actuando en representación de una organización pesquera.

Desde un punto de vista legal, hay pocas dudas desde el comienzo de este embrollo: la mitad de El Algarrobico está en zona de dominio público marítimo-terrestre y, además, invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata. Sin embargo, durante dos décadas, todos los intentos de avanzar en la demolición del edificio han chocado con un muro administrativo en el municipio: antes había que adecuar la planificación urbanística de Carboneras a la Ley de Costas y el Plan de Protección de Cabo de Gata declarando que el terreno era no urbanizable, y luego revisar la licencia.

Durante esos veinte años, todo se atascaba en un punto u otro. Hasta 2014, en los tribunales; pero cuando quedó claro que el edificio era ilegal, el atasco se producía en el Consistorio, gobernado cíclicamente por Hernández, Amérigo y Cayuela. Siempre ocurría algo: un error en los planos, una publicación que se olvidaba, un lapsus en el texto, la falta de secretario.

Cuando al fin aprobó revisar la licencia, el Ayuntamiento de Carboneras dio traslado del acuerdo de Pleno a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada para dar cuenta del cumplimiento del mandato, que venía ya avalado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

La interposición de cuatro recursos contra el acuerdo para anular al fin la licencia augura que a este serial todavía le quedan capítulos.

La consejera de Educación del Gobierno andaluz, María del Carmen Castillo, ha presentado este lunes, 31 de agosto, su renuncia al acta como diputada autonómica del PP-A que consiguió tras las elecciones del pasado 17 de mayo tras concurrir como número dos en la lista de dicho partido por la provincia de Almería.

Fuentes parlamentarias han confirmado este lunes a Europa Press que la consejera ha renunciado a su acta de diputada en torno al mediodía de este lunes, cuando se ha celebrado además la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el paréntesis de las vacaciones de verano.

María del Carmen Castillo ha renovado como consejera de Educación en el nuevo Gobierno andaluz que Juanma Moreno conformó el pasado mes de julio tras el pacto suscrito entre el PP-A y Vox que ha posibilitado su tercera investidura como presidente de la Junta.

En la pasada legislatura, Carmen Castillo ya fue consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Gobierno andaluz entre los años 2024 y 2026, y en la anterior --la undécima de la autonomía-- fue viceconsejera en la cartera --Educación y Deporte-- que en aquella etapa dirigió Javier Imbroda hasta su fallecimiento en abril de 2022.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, María del Carmen Castillo Tena es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008, y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (1997).

Entre otros, desempeñó también el cargo de delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. Anteriormente, desarrolló su labor en la Secretaría General de la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Almería. También fue coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Almería hasta 2019.

Segunda renuncia entre parlamentarios almerienses del PP-A

La de Carmen Castillo es la segunda renuncia que se produce en la recién iniciada XIII legislatura entre los seis diputados del PP-A elegidos por la circunscripción de Almería, tras la que protagonizó Julia Ibáñez este pasado mes de julio antes de ser elegida como nueva alcaldesa de El Ejido en sustitución de Francisco Góngora, quien, a su vez, renunció al cargo de regidor tras ser nombrado como delegado del Gobierno andaluz en la provincia.

De esta manera, Julia Ibáñez, que el 11 de junio había sido elegida como secretaria tercera de la Mesa del Parlamento, y que concurrió a las elecciones del 17 de mayo como número cuatro de la lista del PP-A por Almería, renunció el 23 de julio a su acta como diputada, y una semana después, el día 31, tomó posesión como alcaldesa de El Ejido.

Su vacante en el Parlamento será cubierta por Juan José Salvador, que concurrió a las elecciones como número siete de la candidatura del PP por la provincia almeriense.

De esta manera, la representante del PP a quien le tocaría asumir el acta de parlamentaria que deja Carmen Castillo sería Mónica Morales, que fue la número ocho de la lista 'popular' en los comicios del 17 de mayo.

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han interpuesto en lo que va de año 98 denuncias por estacionamiento indebido de vehículos habilitados como viviendas, ya sean caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en horario nocturno y por acampadas con vehículo o tiendas de campaña en Cabo de Gata.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, desde donde recuerdan que desde hace siete años se establece un dispositivo especial de vigilancia en esta zona durante los meses de verano “para evitar la pernocta y la acampada entre el ocaso y el orto en zonas no habilitadas para ello, así como el vertido de residuos”.

Según han especificado desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad, en general se levanta acta de denuncia en aquellos casos en los que el dueño del vehículo “ignora el aviso de los agentes” o en casos de “especial impacto”, ya sea por situarse el vehículo dañando vegetación o por haber vertido residuos.

“Si el vehículo no estaba sólo estacionado indebidamente sino que se encuentra acampado, ocupando espacio con mesas, toldos, calzos en las ruedas, entre otros supuestos, también se levanta acta de denuncia”, han abundado.

El objetivo es preservar el espacio natural por medio de la concienciación de los visitantes sobre la necesidad de respetar el entorno y la normativa que lo protege, recurriendo a las denuncias en última instancia.

En esta línea, han afirmado que también se acometen campañas informativas para explicar las restricciones a los estacionamientos de vehículos y acampada. “Los agentes van recorriendo las playas y desalojando a las caravanas que encuentren estacionadas y cierran los gálibos de las playas para que no puedan volver a entrar”, han indicado.

Así, han apuntado que este trabajo es “constante” a lo largo del año y “no sólo durante el dispositivo estival”, de modo que durante el invierno pasado, y de manera conjunta con la Policía Local de Níjar, se procedió al “desalojo ordenado” de autocaravanas estacionadas irregularmente en zonas “sensibles” del litoral con el cierre temporal de áreas de estacionamiento en El Playazo y la Isleta del Moro.

La colaboración con la Policía Local nijareña ha incluido este año la retirada por parte de la grúa municipal de vehículos estacionados en zonas prohibidas.

Además del control de pernoctaciones y estacionamientos en todo el tramo litoral, se inspeccionan también especialmente las actividades de empresas de turismo activo y el dispositivo de acceso a las playas de Mónsul y Genoveses.

Desde la Junta de Andalucía se recuerda a los usuarios de autocaravanas que deben utilizar exclusivamente los aparcamientos y áreas específicamente habilitadas, cumpliendo las restricciones y señalizaciones. “La preservación del Parque Natural depende del respeto a la normativa establecida y a las indicaciones de las autoridades competentes: la colaboración ciudadana es esencial”, han añadido.