La Junta de Andalucía exigirá a la promotora que proyecte y ejecute la demolición de El Algarrobico
La Junta de Andalucía pretende que la promotora Azata del Sol presente un proyecto para demoler el hotel en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) y lo ejecute. El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha detallado este miércoles que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio instará a Azata, titular de la licencia a asumir así la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.
El delegado ha aclarado que el expediente recién anunciado por el Gobierno andaluz destinado a restablecer la legalidad urbanística en el paraje protegido se inicia “frente a Azata” y que por eso es la promotora la que deberá “redactar un proyecto de demolición” y ejecutarlo.
No será sencillo lograr la colaboración de la que se ha resistido durante tanto tiempo, y por eso el delegado ha admitido que finalmente, y de modo subsidiario, la administración también podría asumir el derribo, según lo previsto en el Protocolo pactado con el Ejecutivo central en 2011. Ese documento contempla que el Ministerio se ocuparía del derribo y la Junta de Andalucía se encargaría del desescombro y el tratamiento de todos los residuos. Góngora ha abierto la puerta a que ambas administraciones “vuelvan a sentarse” para acordar un “nuevo marco de financiación para la restauración ambiental”, el paso “más determinante” para recuperar el espacio, según ha dicho, citado por Europa Press.
El protocolo obliga a colaborar a las dos administraciones, que en los últimos meses han mantenido posiciones encontradas respecto a la vía más eficaz para lograr la desaparición de la mole: mientras la Junta apostaba por la nulidad de la licencia, el Gobierno central abrió por sorpresa la senda de la expropiación en febrero de 2025, un camino ahora atascado por la abismal diferencia entre lo que el Ministerio ofrece por expropiar el terreno, 16.500 euros, y lo que pide Azata, 44 millones de euros.
Sorpresa para los ecologistas
La Junta de Andalucía anunció este martes que ha abierto expediente de demolición del inmueble, una vez que el pasado 11 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras declaró la nulidad de la licencia concedida a Azata en enero de 2003.
Fueron los ecologistas quienes reclamaron la rápida apertura de ese expediente. Nada más terminar el Pleno, Greenpeace solicitó por escrito a la Junta que activara lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (la LISTA, como se conoce a la ley de ordenación territorial de 2021). Ese artículo confiere a la administración autonómica la competencia de restablecer la legalidad ante las “actuaciones que vulneren la ordenación territorial o supramunicipal”, mientras que atribuye al Ayuntamiento la misma competencia para restablecer la ordenación urbanística municipal.
En Carboneras se trataría de acomodar la realidad material en la playa de El Algarrobico a lo que marca tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata (supramunicipal) y la Ley de Costas, como a las normas urbanísticas municipales, modificadas el año pasado para confirmar que esos terrenos son no urbanizables y a la ausencia de licencia, ya nula.
El anuncio de la Junta tomando las riendas y orillando al Ayuntamiento, pilló por sorpresa incluso a los ecologistas, que ya temían otro largo periplo para obligar al Consistorio a coger la piqueta. “Yo no lo esperaba”, admite José Ignacio Domínguez, el abogado que ha liderado la estrategia judicial de Greenpeace y Ecologistas en Acción durante todos estos años, quien cree que esto “cambia las tornas”: “Ya no tendremos que ser nosotros [los ecologistas] quienes tengamos que pedir al juzgado, sino ellos, siempre que la Junta actúe de forma diligente”.
Tras años de frustraciones que han cuajado en una visión muy crítica del sistema, Domínguez cree que ahora sí puede vislumbrarse el fin. El expediente para demolerlo es un capítulo inédito en la alambicada historia judicial y administrativa de El Algarrobico, trufada durante años de vericuetos, salvaguardas, matices, trucos y trampantojos administrativos y procesales que la han mantenido en pie e impertérrita pese a que los tribunales hace tiempo que concluyeron que es ilegal y se ha convertido en símbolo del urbanismo depredador.
Cualquier paso material estaba bloqueado mientras el Ayuntamiento no cumpliera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2021 y firme desde 2022, que le ordenaba revisar la licencia y eventualmente, anularla.
Recursos que no paralizan
Se entra ahora en terreno inexplorado, y el propio delegado ha advertido de que deberá contar con “todas las garantías de audiencias” y “de recursos” tanto en vía administrativa como judicial.
Es lo que esperan también los ecologistas. No es previsible que Azata colabore de ningún modo en echar abajo lo que con tanto ahínco lleva defendiendo más de dos décadas. La promotora ha pleiteado hasta la extenuación para evitar la demolición. Durante todo este tiempo consiguió que la licencia que el Consistorio le concedió en 2003 siguiera vigente, a pesar de que el hotel se sitúa en dominio público marítimo terrestre e invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata.
Así fue hasta el pasado 11 de julio, cuando el Pleno anuló la licencia al segundo intento. Desde entonces, Azata ya ha mostrado su voluntad de seguir sembrando de escollos el camino hacia la eventual restauración del enclave, y ha recurrido aquel acuerdo de Pleno, alegando que no se proporcionó a los concejales informes que servirían para calibrar adecuadamente las consecuencias patrimoniales de anular la licencia.
En la misma línea van los otros tres recursos ante el Pleno, presentados por Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023.
Los cuatro escritos, a los que este medio ha tenido acceso, son similares en cuanto al fondo: el acuerdo de Pleno del 11 de julio, votado favorablemente por ocho de 13 concejales (el alcalde Salvador Hernández, cinco del PP y dos del PSOE), vulneraría el acuerdo previo también del Pleno de 17 de junio, que decidió por siete votos contra cinco “dejar sobre la mesa” la anulación de la licencia hasta contar con tres informes más sobre la trascendencia jurídica, urbanística, económica y patrimonial de dicha anulación.
Cuando se conoció esta nueva dilación, el TSJA exigió al Pleno que cumpliera su sentencia en veinte días, y advirtió a los concejales con posibles consecuencias penales. Fue entonces cuando dos concejalas socialistas que antes habían votado pidiendo un nuevo informe se sumaron al equipo de gobierno de Hernández y el PP para anular, al fin, la licencia. Después se ha sabido que la Fiscalía investiga ya a los siete ediles que postergaron el acuerdo plenario en primera instancia.
Los recursos de Amérigo, Cayuela, Fernández y Azata inciden en que el hecho de no haber recabado esos informes, ni siquiera haberlo intentado, vulnera las normas que velan por la “formación de la voluntad del Pleno”, la eficacia de sus acuerdos y, en definitiva, el funcionamiento del Consistorio. “El Pleno acabó formando su voluntad sobre una base documental que él mismo había reputado insuficiente apenas veinte días antes”, señala uno de los recursos, en relación a la ausencia de los tres nuevos informes.
El abogado de los ecologistas subraya que es una “falacia” pedir nuevos informes para calibrar la eventual responsabilidad patrimonial del municipio cuando la Audiencia Nacional ya negó a Azata el derecho a indemnización porque siempre fue consciente de que no podía construir ahí, aunque tuviera licencia municipal. Y subraya que ni esos recursos ni los que puedan después interponerse en vía judicial paralizarían el nuevo expediente para demoler: “Ahora la Junta tiene un plazo de un año para dar la orden de demolición. Y el único que puede pararlo es un juez”.
Domínguez, que ya ha visto de todo, no cierra del todo la puerta, pero cree que la posibilidad de que un juez paralice todo anulando cautelarmente la nulidad es “muy remota”. Sobre todo, porque eso supondría enfrentarse directamente a la orden directa del TSJA (órgano superior en la jerarquía judicial) y a las administraciones general y autonómica.
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