UGT denuncia ante la Alta Inspección del Estado “la policía de educativa” del Gobierno valenciano

UGT Serveis Públics PV ha registrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno de València un escrito de denuncia por la modificación de funciones que el Consell ha impuesto a la inspección educativa con el objetivo de imponer una “policía del pensamiento” en la Comunitat Valenciana.

El escrito está dirigido a la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana, órgano que tiene asignada la facultad y la función de velar por la observancia de los valores y derechos constitucionales en la educación, por la correcta aplicación del currículum y por los derechos educativos de la ciudadanía.

En el escrito, el sindicato informa de los cambios introducidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, en la que el Gobierno de la Generalitat ha introducido en la inspección educativa autonómica las funciones de velar por una supuesta neutralidad ideológica y luchar contra el adoctrinamiento, en una clara vulneración de la normativa estatal y derechos constitucionales como la libertad de cátedra. Hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica de Educación estatal da funciones de supervisión y control a la inspección educativa, pero en razón de criterios educativos y pedagógicos, y no políticos o ideológicos.

Para el sindicato, esta modificación supone dar una orden directa a la inspección educativa de actuar por criterios y motivaciones políticas, de forma ambigua y oscura. Abre la puerta a perseguir la libre expresión de pensamiento y sabotear la educación en valores democráticos, de tolerancia e igualdad de género y pensamiento crítico que consagra en currículum la legislación estatal.

Además, supone un descrédito y sospecha pública contra el profesorado, sobre el que se pone el punto de mira de problemas inexistentes e irreales para incitar la denuncia y persecución de los sectores más intolerantes. Cabe recordar que el ejercicio de la censura previa o la retirada y censura de libros y otros elementos ejercida por un funcionario público supone un delito sancionable según el artículo 538 del código penal, y un atentado a las libertades y derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

El sindicato solicita el amparo y la protección de la Alta Inspección del Estado y pide su intervención inmediata de oficio para exigir explicaciones a la Conselleria de Educación. El Consell debe explicar qué fines persigue con esas funciones de policía política y desistir de cualquier acción que suponga censura y persecución a criterio de la opinión política de inspectores o altos cargos de Conselleria.