Verano de 2020, en una rotonda fronteriza de Hendaya. El protagonista de Última escala, la nueva novela de Santi Fernández Patón, ve cómo su pareja, Miriam, desaparece tras subir a un autobús. Es el punto de partida de una historia que va a profundizar en la crisis personal de este personaje para acabar adquiriendo un alcance universal. “Lo que vertebra todas mis novelas es cómo lo personal se implica en lo social y, en esta novela en concreto, quizá es más evidente”, asevera el autor, “en el sentido de que el telón de fondo de esta ruptura y la reconstrucción del personaje tiene lugar al mismo tiempo que una sociedad se tenía que reinventar después de una pandemia que trastocó un montón de pilares”.

El autor, columnista en elDiario.es Andalucía, presenta el libro este martes en Sevilla a las 20:00, con Isaac Rosa, en Librería La Fuga, y el miércoles en Málaga con Guillermo Busutil en la librería Suburbia, a las 19:00. Ante la casualidad de que también novelas recientes como Feliz final del propio Isaac Rosa o El detalle de Jesús Carrasco hablen de rupturas sentimentales, Fernández Patón cree que “estamos viviendo en un mundo acelerado, en un mundo que se empieza a descomponer en muchos aspectos, y enfrentarse a una ruptura personal como es un desamor me servía para catalizar todo ese viaje, tanto personal como social, hacia la construcción de una nueva subjetividad, que es, al fin y al cabo, de lo que trata la novela”.

Por otro lado, el hecho de que la separación se produzca en un punto fronterizo como Hendaya no es, en palabras del autor, nada casual. “Desde el primer párrafo el protagonista lo reconoce. Hendaya tiene una particularidad, para quien no haya estado allí en la que tú entras por el lado del País Vasco español y, cuando llegas al otro lado, estás en el País Vasco francés. Entonces él dice algo así como que entramos en la rotonda por el lado de la pareja y salimos de ella por el de la ruptura”.

Marcados profundamente

“Todo surge de una anécdota personal”, prosigue. “Mi pareja hace la vendimia en Francia en muchas ocasiones, igual que la pareja del protagonista, y yo la acompañaba hasta esa rotonda. Allí se subía a un autobús y yo me quedaba unos días más solo. Empecé a pensar qué habría ocurrido si, al subir a ese autobús, mi pareja me hubiera dicho: ‘En realidad me subo a este autobús y no vuelvo. Quería haberte dejado, pero como estábamos en confinamiento no pude’. Empecé a tirar de ese hilo y de ahí fue surgiendo la historia. A partir de ahí empecé a desarrollar la historia del protagonista, al mismo tiempo que recuperaba fragmentos escritos de obras que habían fracasado, y en los que quería hablar de otros asuntos. No sabía cómo engarzar todo eso hasta que descubrí que precisamente todo lo que habíamos vivido con el Covid podía servir. Porque esa es otra cuestión: creo que hubo muchas novelas e historias increíblemente oportunistas sobre el Covid y se hizo literatura muy mala, una literatura que todavía no tenía una mirada reposada ni una perspectiva suficiente”.

Para Fernández Patón, “este es el momento de empezar a analizar cómo nos afectó aquello. Ahora, con más calma, y cuando los lectores pueden estar más receptivos y entender que ya no se trata de oportunismo literario, sino de algo realmente necesario: ver qué supuso la pandemia”. Por otro lado, está convencido de que “me perjudicó escribir una novela con ese telón de fondo, porque algunas editoriales importantes se negaron directamente a leerla. Entendían que era un tema feo, del que no se quería hablar, o que podía tener una mirada oportunista. Ahora me está pasando lo contrario. Los primeros comentarios que estoy recibiendo son muy positivos”.

“Creo que cosas que estamos viviendo hoy —la presencia de las fake news, la polarización, la apelación a la libertad entendida como individualismo salvaje— tienen su germen en muchos episodios ocurridos durante esos meses de confinamiento y los posteriores. Fue un episodio que marcó profundamente a esta sociedad y que parece que queremos rehuir. Mi mirada, o eso he intentado, resulta atractiva porque está hablando de otras cosas que nos atañen universalmente: el desamor, las recomposiciones familiares, las recomposiciones laborales”.

Humor en la tragedia

El escritor señala asimismo que la novela “tiene también partes de humor, porque hubo humor en medio de la tragedia. Tiene muchos elementos que hacen que la pandemia sea simplemente ese telón de fondo que nos ayuda a comprender los elementos individuales del narrador. No hay una presencia invasora o totalizadora de la pandemia que pudiera echar para atrás al lector”.

En cuanto al modo en que esta nueva obra dialoga con novelas anteriores, como Grietas o Todo queda en casa, comenta que “creo que hay algunos temas que se vienen repitiendo en mis novelas de una u otra manera, más enmascarados o de forma más evidente. Uno de ellos son las segundas oportunidades, los errores y la indagación personal. Son novelas muy introspectivas en las que me enfrento siempre a un reto como narrador, pero también como lector. Quiero novelas dinámicas, novelas que atrapen, y quiero que la indagación no se confunda con el solipsismo. Que la historia esté presente y le sirva al lector para entrar de una manera y salir de otra, sin tener la sensación de haberse metido en marismas demasiado solipsistas. Creo que eso es lo que mejor las define y está presente en todas ellas: recomponerse al mismo tiempo que el contexto social está muy presente. Y cuando digo social no me refiero exclusivamente al contexto político, sino también al económico”.

A este respecto, apunta que “en mis novelas está siempre muy presente el dinero: en qué trabajan los personajes, cómo se ganan la vida y cómo eso define su manera de ver el mundo, de amar, de relacionarse con los otros y de enfrentarse al día a día. Me parece algo fundamental. Y en esta novela, en concreto, lo hago también desde el humor. No quiero desvelar demasiado, pero tiene mucho humor. Creo que esa es otra constante en mis novelas, igual que otra lo son las familias que sufren pérdidas traumáticas. Eso también viene de mi propia biografía. Mi madre murió a los 39 años; yo tenía 11. Es un hecho que me ha marcado y que siempre, de alguna manera, está presente en mis novelas. Hay una pérdida traumática que acaba definiendo también la subjetividad y la personalidad de cada personaje. Y te adelanto algo más: en la próxima novela en la que estoy trabajando quizá haya incluso algún cameo de algún personaje de esta”.

El centro del mundo

Para terminar, Fernández Patón cree que pertenecer a la clase media literaria –“e incluso a la clase baja”, matiza con humor– es un hándicap que se suma al hecho de ser andaluz viviendo en el norte de España, es decir, un periférico. “Yo me crie en Madrid, aunque mi familia no es madrileña y no tengo familia allí. Llevo en Andalucía más tiempo que en cualquier otra parte del mundo, y ahora con este interludio en Gijón, al que me fui hace años por cuestiones laborales y familiares. Y añado que clase baja, al menos en lo que se refiere a ventas. Además, me reivindico como escritor de provincias”.

“Mis novelas suelen transcurrir en Málaga; casi todas lo han hecho”, subraya por último. “Hay episodios breves en Madrid y, en la actualidad, en Gijón, pero yo hablo de Málaga como hablan los escritores de Madrid: mencionan barrios, calles y bares sin dar explicaciones, como si todos tuviéramos que conocerlos por el simple hecho de ser Madrid. Pues yo hago lo mismo. Hablo de Málaga como si fuera el centro del mundo”.

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La gran epidemia de peste de mediados del siglo XIV liquidó a más de un tercio de la población europea. Además de cientos de miles de muertos, dejó algunas enseñanzas en salud pública, como la importancia de los sistemas de cuarentena, los cordones sanitarios o los lazaretos y la necesidad de recopilar datos y vigilar los brotes de enfermedades infecciosas. Muchos siglos después, el cólera puso de manifiesto la urgencia de mejorar el alcantarillado y el acceso a agua potable en las ciudades.

Las grandes crisis sanitarias de la historia han permitido avances en materia de salud pública, todavía insuficientes ante los ingentes retos que enfrenta hoy en día el mundo, pero que permiten afrontar estos desafíos desde una nueva óptica. “Aprendemos mucho, otra cosa es que lo hagamos todo lo que deberíamos”, resume la exdirectora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que vivió la pandemia de coronavirus en esa responsabilidad.

“Los propios brotes de coronavirus de principios del siglo XXI nos sirvieron para aprender cómo funcionan estos virus, detectarlo mucho antes, hacer la secuenciación, tener herramientas diagnósticas en poco tiempo y aplicar medidas no farmacológicas de aislamiento y distancia social”, explica la especialista en medicina interna.

Un reciente informe de la Junta de Monitorización de la Preparación Global —GPMB, por sus siglas en inglés— de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a los Estados sobre la posibilidad de que se “intensifique la aparición y amplificación de peligros infecciosos” en la próxima década. El cambio climático, los cambios demográficos, la inestabilidad geopolítica y otras “presiones convergentes” amenazan la seguridad sanitaria mundial, por lo que los países “deberán mejorar su colaboración multilateral”, con inversión “más estratégica y eficiente”.

Pese al tirón de orejas por la lentitud en la financiación, la organización admite que la covid-19 ha supuesto la puesta en marcha de “muchas reformas importantes”. Sin embargo, la OMS concluye que “su impacto total solo se hará evidente en los próximos años”.

El presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Eduardo Satué, considera que en los últimos años ha habido “una de cal y otra de arena” a nivel global. “Vamos bien en vigilancia, suspendemos en coordinación y podríamos hacer más en investigación”, resume este experto.

Esos tres pilares son claves en epidemiología: permiten establecer los mecanismos que avisan cuando llega una crisis sanitaria; qué hacer cuando ocurre; y estudiar cómo evolucionan los mecanismos por los que se transmiten las infecciones para evitar que se produzcan y se propaguen. “Lo que salva vidas son las actuaciones de prevención y control”, avanza este experto, que pone como ejemplo algunas actuaciones en el contexto de la fiebre del Nilo, del que se han detectado casos en España en los últimos veranos. “Se están haciendo cosas muy interesantes, como la utilización de mosquitos estériles, para acabar con esa generación”, explica.

La vigilancia es también el campo donde ha identificado más avances la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maria João Forjaz. Por ejemplo, tras la pandemia de covid-19 se reforzaron en este país los sistemas y se impulsaron nuevos mecanismos, como el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA). Se trata de un sistema de vigilancia conjunta de gripe, coronavirus y otros patógenos, como el virus respiratorio sincitial, integrado a nivel autonómico y nacional que, según la epidemióloga, “está mostrando grandes beneficios”.

Hay cosas pendientes. El pasado mes de junio, el Congreso aprobó la Agencia Estatal de Salud Pública, pero todavía no se ha desarrollado, algo que echan en falta las voces consultadas. Como el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, redactado pero también pendiente de aprobación.

En 2025, las autoridades sanitarias también modificaron el Reglamento Sanitario Internacional. Los cambios en el documento, que salió a la palestra recientemente en plena crisis por el hantavirus, facilitaron su aplicación. Y recientemente se adoptó el acuerdo sobre pandemias que, sin embargo, dejó suelto uno de los flecos más relevantes: el anexo para compartir y asegurar que los países del sur global tengan acceso a tratamientos y vacunas. “Sigue habiendo una brecha norte-sur en el acceso a toda esta innovación”, ratifica la exdirectora científica e investigadora del Institute for Global Health, Denise Naniche.

En 2016, tras la epidemia de ébola de 2014, se concibió la Coalición para las Innovaciones en Preparación Para Epidemias (CEPI), que se puso en marcha al año siguiente para desarrollar vacunas contra patógenos emergentes. “En 2021, tras la pandemia de covid, se puso en marcha la 'misión de los 100 días', con el compromiso de un gran número de entidades de proporcionar test diagnósticos, tratamiento y prototipos de vacunas en los 100 primeros días desde que la OMS declara una emergencia de salud pública”, explica Naniche, para quien el actual brote en República Democrática del Congo será una de las pruebas de fuego de ese plan.

Con más de 170 muertes sospechosas en apenas una semana, solo en la provincia de Ituri, en un brote de un ébolavirus sin tratamiento ni vacuna, la OMS ya ha adelantado que está valorando dos opciones de antídoto pero que la “candidata más prometedora” tardará entre seis y nueve meses en producirse.

En esta crisis, no obstante, los médicos sobre el terreno tienen una herramienta de la que no disponían hace una década. “Tenemos gente con experiencia y una relativa facilidad para montar centros de tratamiento”, explicaba en una entrevista con elDiario.es el epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras Manuel Albela. “Ahora sabemos cómo se tienen que aislar los pacientes, las características antropológicas, las relaciones sociales y familiares, los tratamientos de soporte, etc.”, añade Aparicio.

El abordaje del VIH es otro ejemplo de los avances científicos, pero también de la brecha norte-sur que sigue existiendo en el mundo. “En los años 80 [del siglo XX], no había nada y, aunque seguimos sin vacuna, ahora tenemos todo un armamento de test, tratamientos y cuidados. Y, sin embargo, sigue siendo un gran problema en el África subsahariana, donde se producen más del 70% de las nuevas infecciones”, explica la investigadora del IS Global, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a este virus.

De fondo, las expertas mencionan el “elefante en la habitación”. Los recortes económicos de la administración Trump, que ponen en peligro programas en todo el mundo. La cooperación es fundamental para el abordaje del VIH, del ébola o de factores que empeoran la salud de la población, como la propia pobreza, que dificulta el acceso a los sistemas sanitarios. “La prioridad en salud pública no responde a si afecta a un país pobre o rico, porque lo que le pase a uno, le pasará a los demás”, señala João Forjaz, sobre los nuevos enfoques One Health. “Los virus y las personas se mueven, por eso hay que reforzar la cooperación internacional, la OMS, el ECDC, la CDC... necesitamos una visión global”.

Uno de esos ejemplos de cooperación global ha sido la gestión de la crisis del hantavirus, en la que participaron la Unión Europea, la OMS, el ECDC y más de una veintena de países con nacionales a bordo del crucero MV Hondius donde se detectó el brote. Hubo otra lección. “La importancia de una comunicación clara y unida entre quienes toman decisiones que van a afectar a la salud pública”, explica Naniche.

Precisamente, los pasajeros españoles de aquel barco se encuentran en este momento en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', en Madrid, donde están realizando la cuarentena. Uno de ellos, que dio positivo en hantavirus, se encuentra aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que se inauguró en 2015, tras la crisis del ébola de 2014.

Pese a los avances, España tiene una asignatura pendiente. Según la última estadística de Eurostat, este país dedica una media de 95 euros por habitante a programas de prevención y salud pública, lo que equivaldría a un 3% del gasto sanitario total. Una cantidad que sitúa a España en la parte baja del ranking, donde la media de la Unión Europea supera los 200 euros por persona.

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Valladolid ha aportado nuevas pistas sobre los mecanismos biológicos que pueden estar detrás del denominado covid persistente y ha identificado algunas disfunciones inmunológicas tempranas que pueden actuar como biomarcadores de riesgo y ayudar en el futuro a mejorar el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.

La Universidad de Valladolid ha detallado en un comunicado que la investigación, publicada en la revista científica Journal of Infection, identifica alteraciones específicas del sistema inmunitario presentes ya desde las primeras fases de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes que posteriormente desarrollaron secuelas persistentes.

Este estudio ha sido posible gracias a la criogenización y análisis de más de mil muestras de sangre recogidas durante la primera ola de la pandemia y los resultados revelan la existencia de una ‘huella inmunológica diferencial’ - diferencias en algunas células y mecanismos de defensa - en el momento del ingreso hospitalario entre los pacientes que años después desarrollaron covid persistente y los que no lo hicieron.

“Lo que hemos confirmado gracias a este estudio es que antes de que tuviesen Long Covid ya había diferencias en el sistema inmunológico de estos pacientes. ¿Implica esto que estaban predispuestos a desarrollar Long Covid? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que antes de que tuviesen Long Covid ya había alteraciones en su sistema inmunológico innato, que es la primera línea de defensa contra las infecciones”, ha explicado el investigador senior de la UVa, David Bernardo.

El análisis también mostró que esas diferencias persistían tres meses después del alta hospitalaria, aunque evolucionaban con el tiempo.

El trabajo, desarrollado por investigadores del Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM), centro mixto de la UVa y el CSIC, junto con profesionales del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBioVALL), destaca especialmente por su enfoque temporal.

La mayoría de estudios sobre el covid persistente, el “Long Covid”, comparan pacientes que actualmente tienen secuelas de la infección con otros que no las presentan, aunque esos estudios imposibilitan saber si las diferencias inmunológicas observadas son la causa del problema.

“Siempre te queda la duda: ¿esas diferencias son causa o consecuencia de la enfermedad?”, ha indicado el investigador, quien ha destacado que uno de los puntos más fuertes del estudio que han liderado ha sido que tenían criogenizadas las células de más de 1.000 pacientes desde el momento en que ingresaron en el hospital durante la primera ola.

Esto les ha permitido descongelar las de aquellos pacientes que, con el paso del tiempo acabaron desarrollando covid persistente, con la revisión exhaustiva más de mil historias clínicas, en un trabajo “largo, duro y absolutamente indispensable”.

El estudio analizó a 45 personas, de ellas 22 voluntarios sanos cuyas muestras de sangre se habían obtenido antes de la pandemia, por lo que nunca habían estado en contacto con el SARS-CoV-2; y otras 23 de pacientes hospitalizados por COVID en la primera ola, entre marzo y mayo de 2020.

Dentro de este último grupo de pacientes, 10 desarrollaron posteriormente COVID persistente, mientras que los otros 13 se recuperaron sin secuelas prolongadas y se utilizaron como grupo de comparación.

“Lo que queremos estudiar ahora es si estos hallazgos pueden extrapolarse a otros síndromes postinfecciosos. Para ello hemos repetido recientemente el estudio con otro abordaje, realizando otras preguntas y obteniendo nuevas muestras biológicas 6 años después, con el objetivo de conocer cómo ha evolucionado su sistema inmunitario a largo plazo”, ha concluido el investigador principal.

Las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia de covid se estiman en 22,1 millones, en comparación con las siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora y se traduce en que por cada muerte por covid registrada hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con ella. Las cifras reconocidas por la OMS a partir de estimaciones hacían mención hasta el momento a unos 15 millones de decesos, tanto por causas directas como indirectas.

Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación que hubo de las muertes provocadas directamente por el virus, como el volumen de las muertes indirectas por las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10,4 millones de decesos, principalmente debido a la aparición de variantes más mortales del covid, como la Delta, y a la considerable presión sobre los sistemas de salud, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique.

En comparación con los niveles que se podían esperar si la pandemia no hubiese ocurrido, las muertes globales fueron un 6,2% superiores en 2020 y alcanzaron un máximo del 17,9% en 2021. Las personas de edad avanzada y los hombres representaron una mayor proporción de la mortalidad total. “Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable”, explicó el especialista en datos.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años, pero posteriormente hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

“En 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual”, señaló Labrique.

Este fin de semana por fin empezó la operación para evacuar a los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius por el estallido de un brote de hantavirus. El saldo es, por ahora, de tres fallecidos y al menos otras cinco personas contagiadas, en un nuevo caso de zoonosis, o transmisión de virus de animales a humanos, que nos trae recuerdos del estallido del Covid-19 y todo lo que vino después hace ahora seis años. Es una de las consecuencias más preocupantes de la intervención humana en hábitats salvajes, del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas.  

Hablamos con Antonio Martínez Ron, experto en Ciencia de elDiario.es, para aclarar qué sabemos del hantavirus, su origen y sus diferencias con la Covid-19. Con David Noriega, periodista que cubre los asuntos relacionados con Sanidad, repasamos algunos detalles de la gestión sanitaria y política de esta alerta.

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Nueva polémica en torno al tratamiento de cadáveres en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València, en esta ocasión a cuenta del tratamiento de al menos tres cuerpos que fallecieron con enfermedades infecciosas y que fueron tratados con sus alumnos en las prácticas de la facultad de medicina.

Y eso pese a que el protocolo de la institución académica para la utilización de cadáveres establece en su punto cinco “la realización inmediata de la prueba serológica” por lo que “no se aceptarán cuerpos infectocontagiosos”, para lo que “se realizará una analítica para comprobar que no tengan Hepatitis B, C, covid y VIH”. El mencionado punto del protocolo añade: “En el caso de dar positivo en cualquiera de estas infecciones, el cuerpo no es apto para el estudio y si ya está en nuestras instalaciones, deberá ser retirado inmediatamente de éstas por la empresa fúnebre responsable y no nos emitirán factura. El cuerpo es negativo”.

Sin embargo, según la documentación recabada por elDiario.es, el CEU utilizó un cuerpo con fecha de fallecimiento de 2022 y entre las causas de defunción figura Hepatitis C. Lo mismo sucedió con otro cadáver con fecha de defunción en 2024 en el que se certifica que la covid 19 fue la causa del fallecimiento. Un tercer cuerpo con fecha de fallecimiento en 2023 presentaba gripe A entre las causas de su defunción.

Al respecto, fuentes del CEU han asegurado a elDiario.es que en los tres casos se cumplió el protocolo al realizarse los pertinentes estudios serológicos resultando negativos en los tres casos. Además han asegurado que hasta ahora no se ha producido nunca ningún contagio entre los profesores y el alumnado, lo que demuestra que los protocolos se cumplan y que funcionan.

Como informó elDiario.es, la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València ya fue sancionada con una multa de 15.000 euros por la Conselleria de Sanidad por embalsamar durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado.

 Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

La ginecóloga e investigadora Miriam Al Adib ha analizado las alteraciones del ciclo menstrual tras la covid-19 y la vacunación en un trabajo en el que pone de relieve la insuficiente atención que, durante demasiado tiempo, la salud de las mujeres ha recibido en la investigación biomédica.

Al Adib, residente y con consulta en Almendralejo, ha investigado al respecto para hacer su tesis doctoral que ha defendido en la Universidad de Extremadura y en la que ha obtenido la máxima calificación.

Basado en una cohorte de más de 17.000 mujeres, el trabajo pone sobre la mesa una cuestión poco visibilizada: “las dificultades persistentes para investigar y publicar en salud de las mujeres, incluso con datos sólidos y revisión por pares”, según señala la propia autora.

Así, la investigación, centrada en el impacto de la pandemia de la covid 19 en el ciclo menstrual, no solo aporta nuevos datos sobre salud menstrual, sino que sitúa en el centro del debate una cuestión de fondo: “Mientras la pandemia generó un volumen extraordinario de producción científica, los efectos de la infección y de la vacunación sobre la salud menstrual quedaron en gran medida relegados, reflejando una perspectiva androcentrista persistente en la investigación biomédica”, explica la ginecóloga.

La tesis, presentada como compendio de tres artículos científicos publicados en revistas internacionales de referencia, analiza las alteraciones menstruales asociadas tanto a la infección como a la vacunación, así como los factores clínicos y sociodemográficos implicados. Se trata, además, de uno de los mayores estudios realizados sobre el ciclo menstrual durante la pandemia.

Pero más allá de sus hallazgos clínicos, la investigación abre una discusión más amplia y “pone sobre la mesa una pregunta incómoda: por qué la salud de las mujeres ha sido tan a menudo un asunto secundario para la investigación científica”, afirma la doctora Miriam Al Adib Mendiri. A su juicio, “cuando la biología femenina se estudia menos, el problema no se queda en los artículos científicos, baja a la consulta, condiciona la práctica clínica y repercute en la vida cotidiana de millones de mujeres”, añade.

Por ello, la autora defiende que prestar mayor atención a la salud de las mujeres e integrar de forma sistemática las diferencias biológicas por sexo no es una cuestión ideológica, sino una exigencia de rigor científico, de calidad asistencial y de justicia en salud.

La tesis ha sido desarrollada en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura, dentro del programa de doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología. 

Koldo García agota la última vía para tratar de suspender el juicio que arranca el 7 de abril y en el que se verá si tanto él, como el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama se hicieron con comisiones ilegales gracias a amañar los contratos para la adquisición de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gestión. La defensa del exasesor ministerial considera que el Tribunal Supremo no debe ser quien le juzgue y, tras agotar la vía del recurso ante el Alto Tribunal, se dirige ahora al Tribunal Constitucional, al que pide amparo para que suspenda la última resolución, de cuestiones previas, que allanaba el camino a la celebración de la vista oral para el regreso de Semana Santa.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa cree que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva dado que los magistrados del Supremo que le juzgarán no han dado respuesta a sus pretensiones en esa resolución de 3 de marzo. También considera que se ha vulnerado su derecho a un proceso con garantías porque no se ha aceptado la recusación de hasta cinco de los magistrados, y suma a esto que también se ha violado el principio de igualdad y del juez predeterminado por la ley puesto que entiende que donde debería ventilarse el asunto es en la Audiencia Nacional dado que Ábalos ha dejado de estar aforado porque que ya no es diputado. 

En 25 páginas, la letrada del ‘chico para todo’ de Ábalos vuelve sobre los mismos argumentos que expuso ante el Supremo en su incidente de nulidad y afea a los magistrados, una vez más, que no cursaran ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que plateó para que se elevaran a esa instancia las dudas sobre la correcta interpretación del derecho al juez predeterminado y el derecho a un proceso equitativo.

Lamenta que la Sala de lo Penal del Supremo haya “ignorado” hitos procesales relevantes como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 24 de febrero que fue presentado ante la Audiencia Nacional y que, a su juicio, revela que se da en este caso una “duplicidad procesal prohibida por la Constitución” porque se ven en dos tribunales el mismo asunto. Añade a esto que la Sala también ha obviado que sufre indefensión porque no ha logrado tener una copia de los dispositivos intervenidos al asesor en el registro de su domicilio (en febrero de 2024) y porque no se ha investigado si se ha sufrido una quiebra de la custodia de las pruebas dado que estas habrían sido filtradas a los medios.

Para la defensa de Koldo García, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, “esta negativa (de los magistrados del Supremo) a intervenir antes del plenario sume a la defensa en una situación de indefensión a ciegas”, porque les obliga a enfrentarse a un juicio oral “sin haber podido analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación”. Cabe recordar que en los dispositivos del Koldo García la UCO halló el sustento probatorio necesario para llegar hasta el propio Ábalos. Eran mensajes y grabaciones que daban cuenta de hechos presuntamente delictivos.

La recusación y el acta de Ábalos

Sobre la recusación de cinco magistrados, recuerda en el recurso de amparo que cuatro de ellos participaron en el auto de admisión de la causa en noviembre de 2024, mientras que el quinto, Julián Sánchez Melgar, tenía, a su entender, “interés directo o indirecto al haber sido fiscal general del Estado nombrado por el Partido Popular, acusación popular en la presente causa”.

En cuanto a la posible pérdida sobrevenida de competencia para el Supremo después de que Ábalos renunciara a su acta de diputado en el Congreso, formalizada el 28 de enero de 2026, la defensa recuerda que los magistrados rechazaron esta tesis al sostener que el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 fijó como  “punto sin retorno” para la competencia en causas con aforados la fecha en la que se dicta el auto de apertura del juicio oral, dictado en este caso el 11 de diciembre de 2025. 

Por contra, esta decisión supone para la letrada “un sacrificio desproporcionado e irreversible de los derechos fundamentales” de Koldo García dado que es un ciudadano no aforado que se ha visto “arrastrado a la jurisdicción excepcional del Supremo única y exclusivamente por su vinculación procesal con Ábalos”.

Recuerda, al hilo, que no se está ante una regla “fija inmutable” y que el auto de juicio oral no determina la propia regla de no revisar la competencia. Y pone como ejemplo un auto del Supremo en la causa del ‘procés’ independentista catalán en el que, con fecha de 27 de diciembre de 2018, el Alto Tribunal aplicó para ventilar la competencia “un motivo totalmente extrajurídico, cual es la cercanía o lejanía de los acusados a su domicilio”. 

Por otro lado, denuncia ante el Constitucional que se le ha denegado el acceso a la fuente primaria de la prueba, y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido reiteradamente que la falta de acceso a los “datos en bruto” que permitan al acusado exonerarse constituye una vulneración del artículo 6.3.b del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Además, pone el foco que en el caso del comisionista procesado, De Aldama, se da una “conformidad material encubierta” y que “el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial” en lo que es una “conformidad premiada”. “Permitir que la acusación y un coimputado fragüen acuerdos a nuestras espaldas, prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar a mi mandante, desequilibra el proceso por completo”, subraya.

Así, solicita al Constitucional que admita su recurso de amparo y que dicte sentencia al respecto. Y mientras esa resolución llega, indica que se debe suspender la ejecución del auto del Supremo que abría las puertas al inicio del juicio el próximo 7 de abril.

Se cumplen 6 años de la pandemia. Y han pasado 8 meses desde la aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Estrategia de Cronicidad que, por primera vez, incluía a la Covid Persistente entre las enfermedades crónicas.

Un tiempo en que nada ha cambiado para los pacientes. En el que su salud ha seguido empeorando y han continuado encontrándose con dificultades para la atención sanitaria. Un tiempo en que el hemos conocido la muerte por las complicaciones de la sintomatología de la Covid Persistente de una joven de 20 años, hace apenas unos días, en Madrid.

Cada mes que pasa, aumenta el riesgo para la salud y la vida de los más de 2 millones de españoles que han sufrido o sufren actualmente la enfermedad, según estudios poblacionales de consenso [1]. Solo en la en la Comunitat Valenciana son unos 165.000, según otro estudio poblacional de la Universitat Jaume I [2]. También se ve amenazada la salud para quienes contraerán esta dolencia a raíz de próximos contagios de Covid-19, un virus respiratorio que hemos normalizado, pero con complicaciones posteriores que pueden conllevar una pérdida severa de la salud y hasta la muerte.

Sabemos que la administración tiene sus plazos. Pero nosotros solo tenemos una vida. Y ya llevamos mucho tiempo esperando.

En estos ocho meses, por parte de las instituciones competentes en las comunidades autónomas, no tenemos noticia de la creación e implementación de protocolos para que los enfermos pasen al circuito asistencial de las dolencias crónicas. De manera que, por ahora, no pueden acogerse a programas que podrían ser beneficiosos para su salud y situación social, cada vez más agravadas.

Tampoco nos llega por parte de la administración central ninguna activación de mecanismos de control o acompañamiento para el cumplimiento con una Estrategia de Cronicidad que ellos mismos presentaron.

A las primeras, hemos de recordarles que la salud no puede ser un arma de oposición política. Y a las segundas, que la delegación de las competencias sanitarias no significa el abandono. La gestión sanitaria es una poderosa herramienta política y, en un Estado del Bienestar, debería de usarse siempre en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuántos meses, cuántos años, cuántos muertos más hacen falta? ¿Pueden seguir escudándose unos y otros, gobierno central y administraciones autonómicas, en que es una enfermedad reciente, en que los servicios sanitarios están desbordados, en que no hay avances científicos concluyentes?

Lo que sí avanza es la enfermedad, que se agrava en la mayoría de afectados que lleva más de un año sufriéndola, con pérdidas crecientes a nivel cognitivo, de movilidad y autonomía en los casos más severos. Lo que también avanza es la aparición de nuevos casos, con cada oleada de contagio por nuevas cepas.

El tiempo corre en nuestra contra. Pero también en contra suya.

Porque habrán de explicarle a la sociedad y a su propia conciencia cómo, seis años después, todavía no han podido poner en marcha una estrategia asistencial que frene el empeoramiento de los casos, que minimice la pérdida de vidas, que impulse la investigación, que ofrezca un trato digno, humanitario y equitativo, como el que merece cualquier otro enfermo, a los pacientes de Covid Persistente.

Cada nuevo caso sin un protocolo asistencial específico suma nuevos motivos para la desconfianza en un Sistema Nacional de Salud que es de todos y que debería de atendernos a todos. Incluso a quienes somos el recuerdo del periodo más triste de nuestra historia reciente. Porque superar la pandemia no es dejar atrás a sus víctimas. Es atenderlas, dignificarlas y ofrecerles una esperanza.

[1] Al-Aly, Z., Davis, H., McCorkell, L. et al. Long COVID science, research and policy. Nat Med 30, 2148–2164 (2024). https://doi.org/10.1038/s41591-024-03173-6

[2] https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/02/23/covid-persistente-165-000-valencianos-sufren-secuelas-coronavirus-cinco-anos-despues-114557941.html

Lo anunció el pasado domingo y está empezando a hacerlo. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021, Francisco Igea, ha comenzado a desvelar whatsapps con el presidente del Ejecutivo autonómico y candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, fechados en los primeros días de la pandemia, antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020. “Alfonso [Fernández Mañueco] no es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado en un vídeo publicado a través de sus redes sociales.

Igea ha publicado en X varios mensajes en los que él pedía, el 9 de marzo de 2020 (lunes) un “consejo extraordinario” y le anunciaba su intención de convocar a los portavoces parlamentarios para pedirles “colaboración y lealtad” el día siguiente. Ese día siguiente, 10 de marzo, Castilla y León declaró a Miranda de Ebro en fase de “contención reforzada” por el alto número de casos. Ese miércoles convocó el consejo extraordinario, en el que se acordaron medidas y recomendaciones para el conjunto de la población.

El 14 de marzo -Sánchez ya había anunciado su intención de aprobar el Estado de Alarma el día anterior, con efecto a partir de ese sábado-, Francisco Igea solicitó convertir las recomendaciones en órdenes a través de la aplicación de la Ley Sanitaria autonómica para que estuvieran “cubiertas por el estado de alarma”.

Mensajes sin leer

El 15 de marzo, Francisco Igea, entonces portavoz del Ejecutivo autonómico, pidió a empresas y particulares equipos de protección para que los utilizaran los sanitarios y equipos de servicios mínimos. Después de este anuncio, Igea escribió a Mañueco: “Llámame si puedes. He hablado por Whatsapp con [Javier] Izquierdo -entonces delegado del Gobierno, que dimitió como secretario de Estudios y Programas del PSOE en diciembre de 2025 en medio de la crisis por las denuncias de comportamientos machistas dentro del PSOE- y casi lo mando a tomar por culo”. Una hora y media después, sin ninguna respuesta de Fernández Mañueco, Igea le preguntó: “¿Todo bien?”. Otra hora después, le respondió el presidente del Ejecutivo: “Todo bajo control. Whatsapp superado”. Igea reconoce el “exitazo” del llamamiento para colaborar en el suministro de equipos de protección y propuso a Fernández Mañueco que fuera él quien dé las gracias al día siguiente. “El Gobierno cabreado ha salido a requisar el material después de que nosotros lo hayamos conseguido por las buenas”, apostilló en su mensaje.

Igea también ha colgado un vídeo que acompaña a los pantallazos de Whatsapp, en el que ha ironizado por que Fernández Mañueco insista en la campaña electoral en que Vox les dejó “tirados” en el gobierno cuando “vinieron mal dadas” -en referencia a la marcha de Vox de todos los gobiernos autonómicos cuando pactaron un reparto de menores extranjeros no acompañados que vivían en Canarias con grandes dificultades por la falta de recursos-.

“Recuerdo lo que hizo del 8 al 15 de marzo, quién le exigía que había que convocar consejos de gobierno extraordinarios, solicitar el estado de alarma y cómo él decidió inhibirse del llamamiento a la población y a las empresas para que nos proporcionaran un material que no llegaran porque los mercados estaban 'rotos' y el Gobierno era incapaz de proporcionarnos los equipos de protección que necesitábamos”, ha reprochado el exvicepresidente autonómico, que dejó el cargo cuando Fernández Mañueco adelantó las elecciones en diciembre de 2021 de manera sorpresiva.

“Recuerdo quién salió a dar la cara, quién recibió las presiones del delegado del Gobierno [Javier Izquierdo] y qué es lo que hizo Alfonso. [Él] No es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado Francisco Igea, procurador en las Cortes durante la pasada legislatura, que ha anunciado que contará “más cosas”.

Este domigno, Igea anunció un serial en la última semana de campaña para que los ciudadanos sepan “cómo es el presidente de verdad” cuando “de verdad vienen mal dadas”.

En un segundo vídeo, Igea ha recordado cómo le “presionaba” para que no tomara decisiones que afectaran a la hostelería, con encuestas de opinión. “Él [Fernández Mañueco] quería ser Ayuso porque había visto que a ella le venía bien y decidió que no hubiera más restricciones en navidades. Tuvimos una incidencia terrible y hubo que poner el mítico toque de queda 'del orto al ocaso'”, ha aseverado, en referencia a cuando se confinó a la población a las 20 horas.

“Fue una brillante idea del director general de Servicios Jurídicos, luego consejero [Luis Miguel González Gago], que apoyamos porque no se nos hizo caso en su momento. Y, naturalmente, el que se llevó ese marrón a la espalda fueron un servidor y la consejera [de Sanidad, Verónica Casado] , que éramos los malos a los que había que criticar por estas medidas”, ha agregado.

Igea ha publicado pantallazos de Whatsapp (incluido un meme sobre el toque de queda que vivió Castilla y León en 2021) en los que Fernández Mañueco le envió un sondeo sobre la opinión de la sociedad respecto a las restricciones: “El rechazo es no solo de los empresarios. Hay que tener paciencia e ir abriendo, y que la gente perciba que su sacrificio sirvió para algo”, agregó, según los mensajes.

Buscar la verdad de manera incansable puede convertirse en una lucha constante para todas aquellas víctimas que no forman parte del relato oficial. Lo saben bien las familias de las 7.291 personas mayores, usuarios de residencias, que murieron en los dos primeros meses de la pandemia en la Comunidad de Madrid, entre marzo y abril de 2020, sin que fueran derivadas a hospitales. Y en esa búsqueda de la verdad surgió en 2024 el documental ‘7291’, cinta que llegó a 1,3 millones de hogares en marzo del año pasado, cuando TVE lo emitió no sin antes causar cierto revuelo en el Gobierno regional. Este fin de semana culmina el estreno de la versión extendida de la cinta, con cuatro capítulos que casi alcanzan las cuatro horas en total, en los Cines Verdi de Madrid. “Ahora incido mucho más en el relato de las familias”, sostiene Juanjo Castro, el director del trabajo.

La idea brotó después de leer “Morirán de forma indigna” (Libros del KO, 2022), escrito por Alberto Reyero, político de Ciudadanos que durante la pandemia era consejero de Servicios Sociales en el gabinete presidido por Isabel Díaz Ayuso. “No me podía creer lo que contaba en el libro, así que empecé a investigar. Primero me vi la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que no acabó sus trabajos. Cuando vi que colectivos y expertos preparaban una comisión ciudadana por la verdad en 2023, me animé a hacer el documental”, relata este realizador.

Tanto la cinta original, que llega a las dos horas de duración, como ahora su versión extendida utilizan datos oficiales para contar aquella desgracia basada en una decisión política y una coyuntura de emergencia sanitaria. “Siempre he intentado ser muy objetivo. Es un tema muy polémico, no soy tan ingenuo de pensar que no, así que he utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana”, aclara el mismo Castro.

El metraje “comercial”, como él lo llama, llegó a las salas en noviembre de 2024, y hubo pases hasta mayo del año siguiente. La distribución también fue cosa del director. “Se produce mucho y hay pocas salas, y siendo un documental la cosa se complica aún más, y ya ni te cuento si el tema es controvertido”, concreta. Todo valió la pena. Tanto entonces como en estos nuevos pases en los Cines Verdi, el clima que se crea tras visualizar la cinta es tan enriquecedor para Castro que ya se da por pagado. “Yo digo que soy millonario del cariño que he recibido”, comenta. De los 70 pases aproximados que lleva a sus espaldas, en torno al 90% de ellos ha sido con un coloquio con el director después.

Siempre he intentado ser muy objetivo. He utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana

Juanjo Castro — Autor del documental

Rabia y dolor al revivir lo sucedido

María Jesús Valero Pablos es una de las personas que aparece en ‘7.291’ tras participar en la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Su padre falleció el 26 de marzo en el Centro de Mayores Usera Cristo de la Victoria. “Denegaron su derivación al hospital. Estuvo agonizando cuatro días sin que le atendieran con el oxígeno que necesitaba”, rememora. También recuerda que el día que se enteró de que habría un documental de lo sucedido sintió una inyección de optimismo: “Pensar que hay personas que no son afectados directos pero que están interesados por este asunto da cierta alegría”.

Ella también es presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia y no olvida el día en que vio por primera vez el documental de Castro. “Sentí mucha impotencia. Saber que todo es tan claro, pero que los investigados siempre decían que no sabían nada del tema… Da mucha rabia y dolor”, detalla. Sin embargo, esa rabia y dolor son necesarios para saber lo ocurrido, agrega.

Esta jubilada de 70 años que ha trabajado cuatro décadas en una promotora inmobiliaria reitera que las familias “no se han inventado nada”, a pesar de los intentos de hacer pensar lo contrario y los insultos por parte de Ayuso y su entorno. “Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno que ordenó los protocolos mortales para nuestros familiares, todo es más cruel”, explica.

Ella, que ha llegado a ver hasta en nueve ocasiones ‘7.291’ para participar en los coloquios con el público, anima a hacer lo propio con la versión extendida del documental. “Necesitamos saber todo lo que se pueda saber. Cualquier información es importante”, remarca.

La versión extendida, el primer montaje

Castro sabe que su trabajo no va a conseguir recuperar a aquellas 7.291 personas fallecidas, que fueron más, en las residencias madrileñas. “Pero como sociedad tenemos que saber qué ha pasado. Si ocurre algo parecido, ¿volverán a tomar las mismas decisiones? Tenemos que aprender de lo ocurrido, porque lo que ocurrió es muy grave”, concede en declaraciones a elDiario.es. Y para explicar lo que vivieron tanto trabajadoras como usuarios y familiares durante marzo y abril de 2020, dos horas era poco tiempo.

Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno todo es más cruel

María Jesús Valero Pablos

“La versión extendida es casi el primer montaje que hice del documental porque me encontré con muchísima información que tuve que reducir”, apunta. Castro no se saca ningún conejo de la chistera ni descubre nada nuevo que no hubiera contado ya, pero sí tiene la oportunidad de detenerse en el relato de las familias. “Los protagonistas son las personas que fallecieron, pero en el documental son sus familiares”, abunda.

No son los únicos que tienen más tiempo para compartir su experiencia. Castro ha decidido incluir más cortes de la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se habían quedado fuera en un primer momento. Lo mismo sucede con otros temas no determinantes pero que, ahora, tienen cabida en la cinta. En esta ocasión la aportación de datos es algo más reposada y espaciada, por lo que el público no recibe tanta información en poco tiempo. Por el momento, el nuevo trabajo se ha estrenado en los Cines Verdi y posteriormente se podrá alquilar en la web del director y en una distribuidora.

Un documental para la búsqueda de la verdad

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cree que esa cifra de 7.291 es engañosa. Su madre, que murió a consecuencia de una derivación tardía al hospital, no está incluida en ella. Vivía en la Residencia Los Frailes de Leganés. La responsable se equivocó con el geriatra de enlace y dijo que sí se podía valer por sí misma. “Por eso la ingresaron, si no se hubiera quedado en la residencia”, dice la hija. Llegó al hospital el 5 de abril, pero el 1 de mayo el corazón de la madre de López se apagó. Por eso afirma que fueron más. En concreto, 9.470, el número de residentes usuarios de centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid que perdieron la vida —no solo por Covid— en los dos peores meses de la pandemia.

“El documental ha supuesto un paso de gigante en la búsqueda de la verdad porque mucha gente ni se podía imaginar lo que estaba ocurriendo”, destaca López. Esta jubilada de 66 años, cuyos últimos 15 ha trabajado en una multinacional, recalca que otro puntal de la cinta es que muestra la situación de las residencias: “Aquello fue tremendo para trabajadoras, que sufrieron mucho, y para residentes”.

A pesar de la versión extendida de ‘7.291’, todavía hay cosas que se han dejado sin contar por falta de tiempo material para ello, según López. De todas formas, la producción de Castro da buena cuenta de cómo las decisiones políticas tuvieron consecuencias nefastas para uno de los sectores más dependientes de la sociedad. “Todos tendríamos que conocer bien esas decisiones para que sepamos a qué tipo de responsables políticos elegimos”, concluye la portavoz de Marea de Residencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central, informa la Audiencia Nacional.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.   

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público.

Anticorrupción impulsa la causa que arrancó en un juzgado de Madrid y que llevó en diciembre a la detención del presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. 

El caso ha adquirido gran relevancia mediática pese al secreto de las actuaciones. El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que comparecer este lunes en el Senado por decisión del Partido Popular debido a su relación personal y laboral con uno de los detenidos en la operación por el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez.

Zapatero admitió su labor como consultor y admitió sus trabajos para este empresario, pero ca negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

La incidencia de gripe ha experimentado un descenso notable, situándose en 3,7 casos por 100.000 habitantes frente a los 36,02 de la semana anterior. El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) permanece estable en términos de hospitalización. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que en la semana previa.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 17 de febrero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 7 de 2026 (del 9 al 16 de febrero), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026, que continúa activo.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 484,66 casos por 100.000 habitantes, frente a los 632,02 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que La Rioja sigue en fase epidémica, pero los datos de esta semana confirman una tendencia descendente clara, especialmente en el caso de la gripe. Es un indicador positivo tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial“.

Descenso de ingresos hospitalarios

En relación con la situación hospitalaria, con fecha 16 de febrero de 2026:

El número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS ha descendido respecto a la semana anterior, si bien los datos continuarán analizándose y consolidándose a lo largo de los próximos días. Eva Martínez ha destacado que “el descenso de ingresos refleja tanto la evolución favorable de los virus respiratorios como la eficacia de la planificación asistencial prevista en el Plan de Contingencia”.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 16, se atendieron un total de 411 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 340 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (264 adultos y 76 pediátricos) y 71 en el Hospital Universitario de Calahorra (55 adultos y 16 pediátricos).

Más de 90.000 dosis de gripe administradas

La Consejería insiste en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva, especialmente en los colectivos vulnerables.

En relación con la vacunación frente a la gripe:

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19:

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, garantizando una comunicación transparente y rigurosa con la ciudadanía y los profesionales sanitarios.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis de la vacuna Janssen contra el covid-19, en 2021.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia extremeño que había ratificado una resolución de un juzgado de Cáceres.

El alto tribunal ha fijado como criterio jurisprudencial que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el covid, -dado el carácter excepcional de la pandemia internacional declarada en marzo de 2020- únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, resultase contraria a la lex artis ad hoc o respecto de la cual se acreditase la existencia de una falta de diligencia debida”.

Y ello, continúa, “sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto de emergencia sanitaria”.

En este caso, la mujer recibió la vacuna Janssen el 1 de julio de 2021 y, casi dos meses después, acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis que requirió intervención quirúrgica, por lo que la reclamación de responsabilidad patrimonial se fundamentaba en la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

La Junta destacó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esta vacuna es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en este caso.

Añadía la Administración extremeña que la sentencia del TSJ, pese a estos datos, estimó la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo destaca que el marco regulador de la vacunación tuvo como nota esencial y común su voluntariedad, por lo que la opción de inocularse la vacuna era una decisión estrictamente personal.

Explica que los daños derivados de un proceso generalizado de vacunación, y más atendiendo a las singulares condiciones en las que la fabricación y autorización de la comercialización y distribución de las vacunas se produjo, podrían haberse evitado si los márgenes temporales hubiesen sido otros, similares a los procedimientos ordinarios seguidos en otros procesos de vacunación.

“Y, desde luego –indican los magistrados- como efectivamente se hubiesen evitado es si las Administraciones responsables, en una decisión de aplicación de mayor cautela -que seguramente hubiese tenido un gran rechazo social-, hubiesen optado por prohibir o rechazar la aplicación de este tratamiento preventivo”.

Lo que ocurre, continúa, es que, “muy probablemente, en esa hipotética situación, los daños hubiesen sido muy superiores a los derivados de la aplicación de la vacuna”, por lo que “tanto las Administraciones como los individuos que optaron por someterse a la vacunación aceptaron el inherente riesgo que esta comportaba”.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las administraciones autonómicas sólo pueden responder por una actuación de mala praxis en la vacunación contra el coronavirus, sin que puedan imputárseles todos los efectos adversos producidos en algunas personas. A través de una sentencia, recogida por Europa Press, el TS estima un recurso de la Junta de Extremadura y revoca una resolución de un juzgado de Cáceres que la condenó a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis en 2021.

La mujer concretamente recibió una dosis de la vacuna Janssen en julio de 2021 y en agosto del mismo año acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis mesentérica que requirió intervención quirúrgica, por lo que reclamó ser indemnizada apuntando a la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

Por su parte, la Junta extremeña destacó que el informe de la inspección sanitaria incluido en el expediente administrativo concluyó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esa vacuna --trombosis con trombocitopenia-- es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en el caso de la mujer.

La Administración extremeña avisaba de que la sentencia recurrida estimó, pese a ello, la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo señala que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el Covid-19, --dado el carácter excepcional de la pandemia internacional--, únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto”.

La incidencia de las enfermedades respiratorias en Extremadura se situó en nivel bajo la última semana, con un descenso tanto en la tasa de gripe, que pasa de 21,93 a 13,98 casos por cien mil habitantes, como del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, de 142,56 a 69,88 casos.Son datos del último informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en atención primaria, facilitados a EFE por la Junta.

En cuanto al nivel de hospitalizaciones por infecciones graves de gripe durante la semana 5, éste bajó a 1,23 casos frente a los 6,20 por cada cien mil habitantes de la semana anterior. Respecto a la incidencia en los hospitales del VRS, la tasa de ingresos por este virus también descendió a 6,13 casos por cien mil habitantes (9,31 siete días antes).

El impacto del covid sigue siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.

A pesar del bajar el nivel, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha vuelto a recomendar una semana más el uso de mascarilla para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, así como fuera de ellos ante síntomas compatibles con este tipo de enfermedades como medidas de contención de estas enfermedades.

Campaña de vacunación hasta enero

La campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 para proteger a los colectivos más vulnerables, que finaliza en Extremadura el 6 de febrero, lleva administradas 272.893 dosis hasta enero en la región, según ha informado la Junta.

Esto supone un incremento respecto al mismo periodo de la temporada anterior, superando en casi 15.000 dosis el acumulado alcanzado en la campaña anterior.

En el mismo periodo de la campaña 2024/25 se habían administrado 258.164 dosis.

Sentencia pionera. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de una maestra y ha sentenciado por primera vez que los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra la Covid-19 de Astrazeneca deben considerarse accidente de trabajo.

En su sentencia, los magistrados estiman el recurso de la profesora, defendida por el Col·lectiu Ronda, y enmiendan el fallo inicial de un juzgado de lo Social, que había rechazado la demanda de la trabajadora.

Por el contrario, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC concluyen que la trombosis y otros efectos secundarios adversos que tuvo la maestra sí se produjeron “con ocasión del trabajo”, ya que de no haber pertenecido al grupo de docentes (que se vacunó primero al formar parte de los grupos esenciales fijados por la administración) se hubiera inmunizado más tarde, con un lote no defectuoso.

En febrero de 2021, la Generalitat retiró un lote de 2.000 dosis de Astrazeneca todavía no administradas por “precaución” tras aparecer algunos casos de trombosis. En el conjunto de España, se facilitaron 228.000 dosis del lote inmovilizado, según ha explicado Ronda en un comunicado.

Dos meses después, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que, aunque “muy raramente”, uno de los efectos adversos secundarios de la pandemia, en especial entre mujeres menores de 60 años, eran las trombosis.

Ese mismo grupo de edad y enfermedad sufrió la profesora, que se vacunó con el lote que después retiró la Generalitat. Los efectos adversos y la trombosis le fue diagnosticada menos de diez después de vacunarse.

La Seguridad Social rechazó concederle la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, pero ahora el TSJC sí obliga a estimarla. Pilar Casas, abogada de Ronda que ha representado a la profesora de Tarragona, ha celebrado el fallo pionero.

“En España, antes de la inmovilización de estas dosis por parte de las autoridades sanitarias, la vacuna defectuosa se aplicó a un gran número de trabajadores y trabajadoras que en ese momento inicial de la pandemia desarrollaban funciones esenciales que implicaban un elevado riesgo de exposición al virus”, ha aseverado la abogada.

Casas ha lamentado que a la “inmensa mayoría” de las afectadas por los lotes defectuosos “no se le está reconociendo el origen profesional de las afectaciones, especialmente en casos de incapacidad permanente”. La abogada ha confiado que el Supremo confirme el criterio marcado por el TSJC.

Para la abogada, “es de justicia reconocer los derechos que les corresponden a todas estas profesionales que han visto afectada su salud, en algunos casos de forma permanente, como consecuencia de unas vacunas que era urgente fabricar y distribuir entre las personas que desarrollaban tareas absolutamente necesarias por la sociedad”.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado hasta el viernes 6 de febrero la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 con el objetivo de proteger a los colectivos “más vulnerables” de la región.

Hasta este momento, durante toda la campaña, se han administrado un total de 272.429 dosis, lo que supone 15.085 dosis más que la campaña anterior, según ha informado la Junta de Extremadura, que,además, ha especificado que la población diana para la vacunación frente a la gripe incluye a todas las personas de 60 y más años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, convivientes de personas inmunodeprimidas, y profesionales sanitarios, sociosanitarios y trabajadores expuestos a animales.

Respecto a la vacunación infantil, se amplió la cohorte de edad y se recomienda para niños de entre 6 meses hasta los nacidos el 1 de enero de 2020.

Por otro lado, la vacuna frente a la covid-19 se recomienda a partir de los 70 años y a personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Esta vacuna podrá administrarse en cualquier momento del año, pero será necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección.

Además, el SES ha recordado que en aquellos grupos de población en los que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y covid, “se podrán coadministrar ambas en el mismo acto vacunal”.

Por último, la vacuna frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se administra a la población de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores, así como personas trasplantadas de pulmón.

De igual manera, la Junta de Extremadura ha destacado que la vacunación de tarde y sin cita previa de esta campaña se ha desarrollado “con un gran éxito” al administrarse 9.808 dosis, lo que, a su juicio, ha demostrado que este horario “es una herramienta útil para mejorar la accesibilidad, que favorece la conciliación y el acceso a la inmunización”.

El SES ha instado a todos los extremeños que aún no se han vacunado a que acudan al centro de salud o consultorio local habitual o al centro más próximo al domicilio en caso de mutualistas para inmunizarse.