Nueva polémica en torno al tratamiento de cadáveres en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València, en esta ocasión a cuenta del tratamiento de al menos tres cuerpos que fallecieron con enfermedades infecciosas y que fueron tratados con sus alumnos en las prácticas de la facultad de medicina.

Y eso pese a que el protocolo de la institución académica para la utilización de cadáveres establece en su punto cinco “la realización inmediata de la prueba serológica” por lo que “no se aceptarán cuerpos infectocontagiosos”, para lo que “se realizará una analítica para comprobar que no tengan Hepatitis B, C, covid y VIH”. El mencionado punto del protocolo añade: “En el caso de dar positivo en cualquiera de estas infecciones, el cuerpo no es apto para el estudio y si ya está en nuestras instalaciones, deberá ser retirado inmediatamente de éstas por la empresa fúnebre responsable y no nos emitirán factura. El cuerpo es negativo”.

Sin embargo, según la documentación recabada por elDiario.es, el CEU utilizó un cuerpo con fecha de fallecimiento de 2022 y entre las causas de defunción figura Hepatitis C. Lo mismo sucedió con otro cadáver con fecha de defunción en 2024 en el que se certifica que la covid 19 fue la causa del fallecimiento. Un tercer cuerpo con fecha de fallecimiento en 2023 presentaba gripe A entre las causas de su defunción.

Al respecto, fuentes del CEU han asegurado a elDiario.es que en los tres casos se cumplió el protocolo al realizarse los pertinentes estudios serológicos resultando negativos en los tres casos. Además han asegurado que hasta ahora no se ha producido nunca ningún contagio entre los profesores y el alumnado, lo que demuestra que los protocolos se cumplan y que funcionan.

Como informó elDiario.es, la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València ya fue sancionada con una multa de 15.000 euros por la Conselleria de Sanidad por embalsamar durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado.

 Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

La ginecóloga e investigadora Miriam Al Adib ha analizado las alteraciones del ciclo menstrual tras la covid-19 y la vacunación en un trabajo en el que pone de relieve la insuficiente atención que, durante demasiado tiempo, la salud de las mujeres ha recibido en la investigación biomédica.

Al Adib, residente y con consulta en Almendralejo, ha investigado al respecto para hacer su tesis doctoral que ha defendido en la Universidad de Extremadura y en la que ha obtenido la máxima calificación.

Basado en una cohorte de más de 17.000 mujeres, el trabajo pone sobre la mesa una cuestión poco visibilizada: “las dificultades persistentes para investigar y publicar en salud de las mujeres, incluso con datos sólidos y revisión por pares”, según señala la propia autora.

Así, la investigación, centrada en el impacto de la pandemia de la covid 19 en el ciclo menstrual, no solo aporta nuevos datos sobre salud menstrual, sino que sitúa en el centro del debate una cuestión de fondo: “Mientras la pandemia generó un volumen extraordinario de producción científica, los efectos de la infección y de la vacunación sobre la salud menstrual quedaron en gran medida relegados, reflejando una perspectiva androcentrista persistente en la investigación biomédica”, explica la ginecóloga.

La tesis, presentada como compendio de tres artículos científicos publicados en revistas internacionales de referencia, analiza las alteraciones menstruales asociadas tanto a la infección como a la vacunación, así como los factores clínicos y sociodemográficos implicados. Se trata, además, de uno de los mayores estudios realizados sobre el ciclo menstrual durante la pandemia.

Pero más allá de sus hallazgos clínicos, la investigación abre una discusión más amplia y “pone sobre la mesa una pregunta incómoda: por qué la salud de las mujeres ha sido tan a menudo un asunto secundario para la investigación científica”, afirma la doctora Miriam Al Adib Mendiri. A su juicio, “cuando la biología femenina se estudia menos, el problema no se queda en los artículos científicos, baja a la consulta, condiciona la práctica clínica y repercute en la vida cotidiana de millones de mujeres”, añade.

Por ello, la autora defiende que prestar mayor atención a la salud de las mujeres e integrar de forma sistemática las diferencias biológicas por sexo no es una cuestión ideológica, sino una exigencia de rigor científico, de calidad asistencial y de justicia en salud.

La tesis ha sido desarrollada en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura, dentro del programa de doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología. 

Koldo García agota la última vía para tratar de suspender el juicio que arranca el 7 de abril y en el que se verá si tanto él, como el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama se hicieron con comisiones ilegales gracias a amañar los contratos para la adquisición de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gestión. La defensa del exasesor ministerial considera que el Tribunal Supremo no debe ser quien le juzgue y, tras agotar la vía del recurso ante el Alto Tribunal, se dirige ahora al Tribunal Constitucional, al que pide amparo para que suspenda la última resolución, de cuestiones previas, que allanaba el camino a la celebración de la vista oral para el regreso de Semana Santa.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa cree que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva dado que los magistrados del Supremo que le juzgarán no han dado respuesta a sus pretensiones en esa resolución de 3 de marzo. También considera que se ha vulnerado su derecho a un proceso con garantías porque no se ha aceptado la recusación de hasta cinco de los magistrados, y suma a esto que también se ha violado el principio de igualdad y del juez predeterminado por la ley puesto que entiende que donde debería ventilarse el asunto es en la Audiencia Nacional dado que Ábalos ha dejado de estar aforado porque que ya no es diputado. 

En 25 páginas, la letrada del ‘chico para todo’ de Ábalos vuelve sobre los mismos argumentos que expuso ante el Supremo en su incidente de nulidad y afea a los magistrados, una vez más, que no cursaran ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que plateó para que se elevaran a esa instancia las dudas sobre la correcta interpretación del derecho al juez predeterminado y el derecho a un proceso equitativo.

Lamenta que la Sala de lo Penal del Supremo haya “ignorado” hitos procesales relevantes como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 24 de febrero que fue presentado ante la Audiencia Nacional y que, a su juicio, revela que se da en este caso una “duplicidad procesal prohibida por la Constitución” porque se ven en dos tribunales el mismo asunto. Añade a esto que la Sala también ha obviado que sufre indefensión porque no ha logrado tener una copia de los dispositivos intervenidos al asesor en el registro de su domicilio (en febrero de 2024) y porque no se ha investigado si se ha sufrido una quiebra de la custodia de las pruebas dado que estas habrían sido filtradas a los medios.

Para la defensa de Koldo García, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, “esta negativa (de los magistrados del Supremo) a intervenir antes del plenario sume a la defensa en una situación de indefensión a ciegas”, porque les obliga a enfrentarse a un juicio oral “sin haber podido analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación”. Cabe recordar que en los dispositivos del Koldo García la UCO halló el sustento probatorio necesario para llegar hasta el propio Ábalos. Eran mensajes y grabaciones que daban cuenta de hechos presuntamente delictivos.

La recusación y el acta de Ábalos

Sobre la recusación de cinco magistrados, recuerda en el recurso de amparo que cuatro de ellos participaron en el auto de admisión de la causa en noviembre de 2024, mientras que el quinto, Julián Sánchez Melgar, tenía, a su entender, “interés directo o indirecto al haber sido fiscal general del Estado nombrado por el Partido Popular, acusación popular en la presente causa”.

En cuanto a la posible pérdida sobrevenida de competencia para el Supremo después de que Ábalos renunciara a su acta de diputado en el Congreso, formalizada el 28 de enero de 2026, la defensa recuerda que los magistrados rechazaron esta tesis al sostener que el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 fijó como  “punto sin retorno” para la competencia en causas con aforados la fecha en la que se dicta el auto de apertura del juicio oral, dictado en este caso el 11 de diciembre de 2025. 

Por contra, esta decisión supone para la letrada “un sacrificio desproporcionado e irreversible de los derechos fundamentales” de Koldo García dado que es un ciudadano no aforado que se ha visto “arrastrado a la jurisdicción excepcional del Supremo única y exclusivamente por su vinculación procesal con Ábalos”.

Recuerda, al hilo, que no se está ante una regla “fija inmutable” y que el auto de juicio oral no determina la propia regla de no revisar la competencia. Y pone como ejemplo un auto del Supremo en la causa del ‘procés’ independentista catalán en el que, con fecha de 27 de diciembre de 2018, el Alto Tribunal aplicó para ventilar la competencia “un motivo totalmente extrajurídico, cual es la cercanía o lejanía de los acusados a su domicilio”. 

Por otro lado, denuncia ante el Constitucional que se le ha denegado el acceso a la fuente primaria de la prueba, y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido reiteradamente que la falta de acceso a los “datos en bruto” que permitan al acusado exonerarse constituye una vulneración del artículo 6.3.b del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Además, pone el foco que en el caso del comisionista procesado, De Aldama, se da una “conformidad material encubierta” y que “el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial” en lo que es una “conformidad premiada”. “Permitir que la acusación y un coimputado fragüen acuerdos a nuestras espaldas, prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar a mi mandante, desequilibra el proceso por completo”, subraya.

Así, solicita al Constitucional que admita su recurso de amparo y que dicte sentencia al respecto. Y mientras esa resolución llega, indica que se debe suspender la ejecución del auto del Supremo que abría las puertas al inicio del juicio el próximo 7 de abril.

Se cumplen 6 años de la pandemia. Y han pasado 8 meses desde la aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Estrategia de Cronicidad que, por primera vez, incluía a la Covid Persistente entre las enfermedades crónicas.

Un tiempo en que nada ha cambiado para los pacientes. En el que su salud ha seguido empeorando y han continuado encontrándose con dificultades para la atención sanitaria. Un tiempo en que el hemos conocido la muerte por las complicaciones de la sintomatología de la Covid Persistente de una joven de 20 años, hace apenas unos días, en Madrid.

Cada mes que pasa, aumenta el riesgo para la salud y la vida de los más de 2 millones de españoles que han sufrido o sufren actualmente la enfermedad, según estudios poblacionales de consenso [1]. Solo en la en la Comunitat Valenciana son unos 165.000, según otro estudio poblacional de la Universitat Jaume I [2]. También se ve amenazada la salud para quienes contraerán esta dolencia a raíz de próximos contagios de Covid-19, un virus respiratorio que hemos normalizado, pero con complicaciones posteriores que pueden conllevar una pérdida severa de la salud y hasta la muerte.

Sabemos que la administración tiene sus plazos. Pero nosotros solo tenemos una vida. Y ya llevamos mucho tiempo esperando.

En estos ocho meses, por parte de las instituciones competentes en las comunidades autónomas, no tenemos noticia de la creación e implementación de protocolos para que los enfermos pasen al circuito asistencial de las dolencias crónicas. De manera que, por ahora, no pueden acogerse a programas que podrían ser beneficiosos para su salud y situación social, cada vez más agravadas.

Tampoco nos llega por parte de la administración central ninguna activación de mecanismos de control o acompañamiento para el cumplimiento con una Estrategia de Cronicidad que ellos mismos presentaron.

A las primeras, hemos de recordarles que la salud no puede ser un arma de oposición política. Y a las segundas, que la delegación de las competencias sanitarias no significa el abandono. La gestión sanitaria es una poderosa herramienta política y, en un Estado del Bienestar, debería de usarse siempre en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuántos meses, cuántos años, cuántos muertos más hacen falta? ¿Pueden seguir escudándose unos y otros, gobierno central y administraciones autonómicas, en que es una enfermedad reciente, en que los servicios sanitarios están desbordados, en que no hay avances científicos concluyentes?

Lo que sí avanza es la enfermedad, que se agrava en la mayoría de afectados que lleva más de un año sufriéndola, con pérdidas crecientes a nivel cognitivo, de movilidad y autonomía en los casos más severos. Lo que también avanza es la aparición de nuevos casos, con cada oleada de contagio por nuevas cepas.

El tiempo corre en nuestra contra. Pero también en contra suya.

Porque habrán de explicarle a la sociedad y a su propia conciencia cómo, seis años después, todavía no han podido poner en marcha una estrategia asistencial que frene el empeoramiento de los casos, que minimice la pérdida de vidas, que impulse la investigación, que ofrezca un trato digno, humanitario y equitativo, como el que merece cualquier otro enfermo, a los pacientes de Covid Persistente.

Cada nuevo caso sin un protocolo asistencial específico suma nuevos motivos para la desconfianza en un Sistema Nacional de Salud que es de todos y que debería de atendernos a todos. Incluso a quienes somos el recuerdo del periodo más triste de nuestra historia reciente. Porque superar la pandemia no es dejar atrás a sus víctimas. Es atenderlas, dignificarlas y ofrecerles una esperanza.

[1] Al-Aly, Z., Davis, H., McCorkell, L. et al. Long COVID science, research and policy. Nat Med 30, 2148–2164 (2024). https://doi.org/10.1038/s41591-024-03173-6

[2] https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/02/23/covid-persistente-165-000-valencianos-sufren-secuelas-coronavirus-cinco-anos-despues-114557941.html

Lo anunció el pasado domingo y está empezando a hacerlo. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021, Francisco Igea, ha comenzado a desvelar whatsapps con el presidente del Ejecutivo autonómico y candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, fechados en los primeros días de la pandemia, antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020. “Alfonso [Fernández Mañueco] no es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado en un vídeo publicado a través de sus redes sociales.

Igea ha publicado en X varios mensajes en los que él pedía, el 9 de marzo de 2020 (lunes) un “consejo extraordinario” y le anunciaba su intención de convocar a los portavoces parlamentarios para pedirles “colaboración y lealtad” el día siguiente. Ese día siguiente, 10 de marzo, Castilla y León declaró a Miranda de Ebro en fase de “contención reforzada” por el alto número de casos. Ese miércoles convocó el consejo extraordinario, en el que se acordaron medidas y recomendaciones para el conjunto de la población.

El 14 de marzo -Sánchez ya había anunciado su intención de aprobar el Estado de Alarma el día anterior, con efecto a partir de ese sábado-, Francisco Igea solicitó convertir las recomendaciones en órdenes a través de la aplicación de la Ley Sanitaria autonómica para que estuvieran “cubiertas por el estado de alarma”.

Mensajes sin leer

El 15 de marzo, Francisco Igea, entonces portavoz del Ejecutivo autonómico, pidió a empresas y particulares equipos de protección para que los utilizaran los sanitarios y equipos de servicios mínimos. Después de este anuncio, Igea escribió a Mañueco: “Llámame si puedes. He hablado por Whatsapp con [Javier] Izquierdo -entonces delegado del Gobierno, que dimitió como secretario de Estudios y Programas del PSOE en diciembre de 2025 en medio de la crisis por las denuncias de comportamientos machistas dentro del PSOE- y casi lo mando a tomar por culo”. Una hora y media después, sin ninguna respuesta de Fernández Mañueco, Igea le preguntó: “¿Todo bien?”. Otra hora después, le respondió el presidente del Ejecutivo: “Todo bajo control. Whatsapp superado”. Igea reconoce el “exitazo” del llamamiento para colaborar en el suministro de equipos de protección y propuso a Fernández Mañueco que fuera él quien dé las gracias al día siguiente. “El Gobierno cabreado ha salido a requisar el material después de que nosotros lo hayamos conseguido por las buenas”, apostilló en su mensaje.

Igea también ha colgado un vídeo que acompaña a los pantallazos de Whatsapp, en el que ha ironizado por que Fernández Mañueco insista en la campaña electoral en que Vox les dejó “tirados” en el gobierno cuando “vinieron mal dadas” -en referencia a la marcha de Vox de todos los gobiernos autonómicos cuando pactaron un reparto de menores extranjeros no acompañados que vivían en Canarias con grandes dificultades por la falta de recursos-.

“Recuerdo lo que hizo del 8 al 15 de marzo, quién le exigía que había que convocar consejos de gobierno extraordinarios, solicitar el estado de alarma y cómo él decidió inhibirse del llamamiento a la población y a las empresas para que nos proporcionaran un material que no llegaran porque los mercados estaban 'rotos' y el Gobierno era incapaz de proporcionarnos los equipos de protección que necesitábamos”, ha reprochado el exvicepresidente autonómico, que dejó el cargo cuando Fernández Mañueco adelantó las elecciones en diciembre de 2021 de manera sorpresiva.

“Recuerdo quién salió a dar la cara, quién recibió las presiones del delegado del Gobierno [Javier Izquierdo] y qué es lo que hizo Alfonso. [Él] No es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado Francisco Igea, procurador en las Cortes durante la pasada legislatura, que ha anunciado que contará “más cosas”.

Este domigno, Igea anunció un serial en la última semana de campaña para que los ciudadanos sepan “cómo es el presidente de verdad” cuando “de verdad vienen mal dadas”.

En un segundo vídeo, Igea ha recordado cómo le “presionaba” para que no tomara decisiones que afectaran a la hostelería, con encuestas de opinión. “Él [Fernández Mañueco] quería ser Ayuso porque había visto que a ella le venía bien y decidió que no hubiera más restricciones en navidades. Tuvimos una incidencia terrible y hubo que poner el mítico toque de queda 'del orto al ocaso'”, ha aseverado, en referencia a cuando se confinó a la población a las 20 horas.

“Fue una brillante idea del director general de Servicios Jurídicos, luego consejero [Luis Miguel González Gago], que apoyamos porque no se nos hizo caso en su momento. Y, naturalmente, el que se llevó ese marrón a la espalda fueron un servidor y la consejera [de Sanidad, Verónica Casado] , que éramos los malos a los que había que criticar por estas medidas”, ha agregado.

Igea ha publicado pantallazos de Whatsapp (incluido un meme sobre el toque de queda que vivió Castilla y León en 2021) en los que Fernández Mañueco le envió un sondeo sobre la opinión de la sociedad respecto a las restricciones: “El rechazo es no solo de los empresarios. Hay que tener paciencia e ir abriendo, y que la gente perciba que su sacrificio sirvió para algo”, agregó, según los mensajes.

Buscar la verdad de manera incansable puede convertirse en una lucha constante para todas aquellas víctimas que no forman parte del relato oficial. Lo saben bien las familias de las 7.291 personas mayores, usuarios de residencias, que murieron en los dos primeros meses de la pandemia en la Comunidad de Madrid, entre marzo y abril de 2020, sin que fueran derivadas a hospitales. Y en esa búsqueda de la verdad surgió en 2024 el documental ‘7291’, cinta que llegó a 1,3 millones de hogares en marzo del año pasado, cuando TVE lo emitió no sin antes causar cierto revuelo en el Gobierno regional. Este fin de semana culmina el estreno de la versión extendida de la cinta, con cuatro capítulos que casi alcanzan las cuatro horas en total, en los Cines Verdi de Madrid. “Ahora incido mucho más en el relato de las familias”, sostiene Juanjo Castro, el director del trabajo.

La idea brotó después de leer “Morirán de forma indigna” (Libros del KO, 2022), escrito por Alberto Reyero, político de Ciudadanos que durante la pandemia era consejero de Servicios Sociales en el gabinete presidido por Isabel Díaz Ayuso. “No me podía creer lo que contaba en el libro, así que empecé a investigar. Primero me vi la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que no acabó sus trabajos. Cuando vi que colectivos y expertos preparaban una comisión ciudadana por la verdad en 2023, me animé a hacer el documental”, relata este realizador.

Tanto la cinta original, que llega a las dos horas de duración, como ahora su versión extendida utilizan datos oficiales para contar aquella desgracia basada en una decisión política y una coyuntura de emergencia sanitaria. “Siempre he intentado ser muy objetivo. Es un tema muy polémico, no soy tan ingenuo de pensar que no, así que he utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana”, aclara el mismo Castro.

El metraje “comercial”, como él lo llama, llegó a las salas en noviembre de 2024, y hubo pases hasta mayo del año siguiente. La distribución también fue cosa del director. “Se produce mucho y hay pocas salas, y siendo un documental la cosa se complica aún más, y ya ni te cuento si el tema es controvertido”, concreta. Todo valió la pena. Tanto entonces como en estos nuevos pases en los Cines Verdi, el clima que se crea tras visualizar la cinta es tan enriquecedor para Castro que ya se da por pagado. “Yo digo que soy millonario del cariño que he recibido”, comenta. De los 70 pases aproximados que lleva a sus espaldas, en torno al 90% de ellos ha sido con un coloquio con el director después.

Siempre he intentado ser muy objetivo. He utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana

Juanjo Castro — Autor del documental

Rabia y dolor al revivir lo sucedido

María Jesús Valero Pablos es una de las personas que aparece en ‘7.291’ tras participar en la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Su padre falleció el 26 de marzo en el Centro de Mayores Usera Cristo de la Victoria. “Denegaron su derivación al hospital. Estuvo agonizando cuatro días sin que le atendieran con el oxígeno que necesitaba”, rememora. También recuerda que el día que se enteró de que habría un documental de lo sucedido sintió una inyección de optimismo: “Pensar que hay personas que no son afectados directos pero que están interesados por este asunto da cierta alegría”.

Ella también es presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia y no olvida el día en que vio por primera vez el documental de Castro. “Sentí mucha impotencia. Saber que todo es tan claro, pero que los investigados siempre decían que no sabían nada del tema… Da mucha rabia y dolor”, detalla. Sin embargo, esa rabia y dolor son necesarios para saber lo ocurrido, agrega.

Esta jubilada de 70 años que ha trabajado cuatro décadas en una promotora inmobiliaria reitera que las familias “no se han inventado nada”, a pesar de los intentos de hacer pensar lo contrario y los insultos por parte de Ayuso y su entorno. “Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno que ordenó los protocolos mortales para nuestros familiares, todo es más cruel”, explica.

Ella, que ha llegado a ver hasta en nueve ocasiones ‘7.291’ para participar en los coloquios con el público, anima a hacer lo propio con la versión extendida del documental. “Necesitamos saber todo lo que se pueda saber. Cualquier información es importante”, remarca.

La versión extendida, el primer montaje

Castro sabe que su trabajo no va a conseguir recuperar a aquellas 7.291 personas fallecidas, que fueron más, en las residencias madrileñas. “Pero como sociedad tenemos que saber qué ha pasado. Si ocurre algo parecido, ¿volverán a tomar las mismas decisiones? Tenemos que aprender de lo ocurrido, porque lo que ocurrió es muy grave”, concede en declaraciones a elDiario.es. Y para explicar lo que vivieron tanto trabajadoras como usuarios y familiares durante marzo y abril de 2020, dos horas era poco tiempo.

Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno todo es más cruel

María Jesús Valero Pablos

“La versión extendida es casi el primer montaje que hice del documental porque me encontré con muchísima información que tuve que reducir”, apunta. Castro no se saca ningún conejo de la chistera ni descubre nada nuevo que no hubiera contado ya, pero sí tiene la oportunidad de detenerse en el relato de las familias. “Los protagonistas son las personas que fallecieron, pero en el documental son sus familiares”, abunda.

No son los únicos que tienen más tiempo para compartir su experiencia. Castro ha decidido incluir más cortes de la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se habían quedado fuera en un primer momento. Lo mismo sucede con otros temas no determinantes pero que, ahora, tienen cabida en la cinta. En esta ocasión la aportación de datos es algo más reposada y espaciada, por lo que el público no recibe tanta información en poco tiempo. Por el momento, el nuevo trabajo se ha estrenado en los Cines Verdi y posteriormente se podrá alquilar en la web del director y en una distribuidora.

Un documental para la búsqueda de la verdad

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cree que esa cifra de 7.291 es engañosa. Su madre, que murió a consecuencia de una derivación tardía al hospital, no está incluida en ella. Vivía en la Residencia Los Frailes de Leganés. La responsable se equivocó con el geriatra de enlace y dijo que sí se podía valer por sí misma. “Por eso la ingresaron, si no se hubiera quedado en la residencia”, dice la hija. Llegó al hospital el 5 de abril, pero el 1 de mayo el corazón de la madre de López se apagó. Por eso afirma que fueron más. En concreto, 9.470, el número de residentes usuarios de centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid que perdieron la vida —no solo por Covid— en los dos peores meses de la pandemia.

“El documental ha supuesto un paso de gigante en la búsqueda de la verdad porque mucha gente ni se podía imaginar lo que estaba ocurriendo”, destaca López. Esta jubilada de 66 años, cuyos últimos 15 ha trabajado en una multinacional, recalca que otro puntal de la cinta es que muestra la situación de las residencias: “Aquello fue tremendo para trabajadoras, que sufrieron mucho, y para residentes”.

A pesar de la versión extendida de ‘7.291’, todavía hay cosas que se han dejado sin contar por falta de tiempo material para ello, según López. De todas formas, la producción de Castro da buena cuenta de cómo las decisiones políticas tuvieron consecuencias nefastas para uno de los sectores más dependientes de la sociedad. “Todos tendríamos que conocer bien esas decisiones para que sepamos a qué tipo de responsables políticos elegimos”, concluye la portavoz de Marea de Residencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central, informa la Audiencia Nacional.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.   

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público.

Anticorrupción impulsa la causa que arrancó en un juzgado de Madrid y que llevó en diciembre a la detención del presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. 

El caso ha adquirido gran relevancia mediática pese al secreto de las actuaciones. El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que comparecer este lunes en el Senado por decisión del Partido Popular debido a su relación personal y laboral con uno de los detenidos en la operación por el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez.

Zapatero admitió su labor como consultor y admitió sus trabajos para este empresario, pero ca negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

La incidencia de gripe ha experimentado un descenso notable, situándose en 3,7 casos por 100.000 habitantes frente a los 36,02 de la semana anterior. El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) permanece estable en términos de hospitalización. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que en la semana previa.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 17 de febrero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 7 de 2026 (del 9 al 16 de febrero), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026, que continúa activo.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 484,66 casos por 100.000 habitantes, frente a los 632,02 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que La Rioja sigue en fase epidémica, pero los datos de esta semana confirman una tendencia descendente clara, especialmente en el caso de la gripe. Es un indicador positivo tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial“.

Descenso de ingresos hospitalarios

En relación con la situación hospitalaria, con fecha 16 de febrero de 2026:

El número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS ha descendido respecto a la semana anterior, si bien los datos continuarán analizándose y consolidándose a lo largo de los próximos días. Eva Martínez ha destacado que “el descenso de ingresos refleja tanto la evolución favorable de los virus respiratorios como la eficacia de la planificación asistencial prevista en el Plan de Contingencia”.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 16, se atendieron un total de 411 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 340 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (264 adultos y 76 pediátricos) y 71 en el Hospital Universitario de Calahorra (55 adultos y 16 pediátricos).

Más de 90.000 dosis de gripe administradas

La Consejería insiste en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva, especialmente en los colectivos vulnerables.

En relación con la vacunación frente a la gripe:

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19:

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, garantizando una comunicación transparente y rigurosa con la ciudadanía y los profesionales sanitarios.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis de la vacuna Janssen contra el covid-19, en 2021.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia extremeño que había ratificado una resolución de un juzgado de Cáceres.

El alto tribunal ha fijado como criterio jurisprudencial que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el covid, -dado el carácter excepcional de la pandemia internacional declarada en marzo de 2020- únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, resultase contraria a la lex artis ad hoc o respecto de la cual se acreditase la existencia de una falta de diligencia debida”.

Y ello, continúa, “sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto de emergencia sanitaria”.

En este caso, la mujer recibió la vacuna Janssen el 1 de julio de 2021 y, casi dos meses después, acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis que requirió intervención quirúrgica, por lo que la reclamación de responsabilidad patrimonial se fundamentaba en la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

La Junta destacó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esta vacuna es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en este caso.

Añadía la Administración extremeña que la sentencia del TSJ, pese a estos datos, estimó la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo destaca que el marco regulador de la vacunación tuvo como nota esencial y común su voluntariedad, por lo que la opción de inocularse la vacuna era una decisión estrictamente personal.

Explica que los daños derivados de un proceso generalizado de vacunación, y más atendiendo a las singulares condiciones en las que la fabricación y autorización de la comercialización y distribución de las vacunas se produjo, podrían haberse evitado si los márgenes temporales hubiesen sido otros, similares a los procedimientos ordinarios seguidos en otros procesos de vacunación.

“Y, desde luego –indican los magistrados- como efectivamente se hubiesen evitado es si las Administraciones responsables, en una decisión de aplicación de mayor cautela -que seguramente hubiese tenido un gran rechazo social-, hubiesen optado por prohibir o rechazar la aplicación de este tratamiento preventivo”.

Lo que ocurre, continúa, es que, “muy probablemente, en esa hipotética situación, los daños hubiesen sido muy superiores a los derivados de la aplicación de la vacuna”, por lo que “tanto las Administraciones como los individuos que optaron por someterse a la vacunación aceptaron el inherente riesgo que esta comportaba”.

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las administraciones autonómicas sólo pueden responder por una actuación de mala praxis en la vacunación contra el coronavirus, sin que puedan imputárseles todos los efectos adversos producidos en algunas personas. A través de una sentencia, recogida por Europa Press, el TS estima un recurso de la Junta de Extremadura y revoca una resolución de un juzgado de Cáceres que la condenó a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis en 2021.

La mujer concretamente recibió una dosis de la vacuna Janssen en julio de 2021 y en agosto del mismo año acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis mesentérica que requirió intervención quirúrgica, por lo que reclamó ser indemnizada apuntando a la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

Por su parte, la Junta extremeña destacó que el informe de la inspección sanitaria incluido en el expediente administrativo concluyó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esa vacuna --trombosis con trombocitopenia-- es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en el caso de la mujer.

La Administración extremeña avisaba de que la sentencia recurrida estimó, pese a ello, la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo señala que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el Covid-19, --dado el carácter excepcional de la pandemia internacional--, únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto”.

La incidencia de las enfermedades respiratorias en Extremadura se situó en nivel bajo la última semana, con un descenso tanto en la tasa de gripe, que pasa de 21,93 a 13,98 casos por cien mil habitantes, como del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, de 142,56 a 69,88 casos.Son datos del último informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en atención primaria, facilitados a EFE por la Junta.

En cuanto al nivel de hospitalizaciones por infecciones graves de gripe durante la semana 5, éste bajó a 1,23 casos frente a los 6,20 por cada cien mil habitantes de la semana anterior. Respecto a la incidencia en los hospitales del VRS, la tasa de ingresos por este virus también descendió a 6,13 casos por cien mil habitantes (9,31 siete días antes).

El impacto del covid sigue siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.

A pesar del bajar el nivel, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha vuelto a recomendar una semana más el uso de mascarilla para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, así como fuera de ellos ante síntomas compatibles con este tipo de enfermedades como medidas de contención de estas enfermedades.

Campaña de vacunación hasta enero

La campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 para proteger a los colectivos más vulnerables, que finaliza en Extremadura el 6 de febrero, lleva administradas 272.893 dosis hasta enero en la región, según ha informado la Junta.

Esto supone un incremento respecto al mismo periodo de la temporada anterior, superando en casi 15.000 dosis el acumulado alcanzado en la campaña anterior.

En el mismo periodo de la campaña 2024/25 se habían administrado 258.164 dosis.

Sentencia pionera. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso de una maestra y ha sentenciado por primera vez que los efectos adversos de un lote defectuoso de vacunas contra la Covid-19 de Astrazeneca deben considerarse accidente de trabajo.

En su sentencia, los magistrados estiman el recurso de la profesora, defendida por el Col·lectiu Ronda, y enmiendan el fallo inicial de un juzgado de lo Social, que había rechazado la demanda de la trabajadora.

Por el contrario, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC concluyen que la trombosis y otros efectos secundarios adversos que tuvo la maestra sí se produjeron “con ocasión del trabajo”, ya que de no haber pertenecido al grupo de docentes (que se vacunó primero al formar parte de los grupos esenciales fijados por la administración) se hubiera inmunizado más tarde, con un lote no defectuoso.

En febrero de 2021, la Generalitat retiró un lote de 2.000 dosis de Astrazeneca todavía no administradas por “precaución” tras aparecer algunos casos de trombosis. En el conjunto de España, se facilitaron 228.000 dosis del lote inmovilizado, según ha explicado Ronda en un comunicado.

Dos meses después, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que, aunque “muy raramente”, uno de los efectos adversos secundarios de la pandemia, en especial entre mujeres menores de 60 años, eran las trombosis.

Ese mismo grupo de edad y enfermedad sufrió la profesora, que se vacunó con el lote que después retiró la Generalitat. Los efectos adversos y la trombosis le fue diagnosticada menos de diez después de vacunarse.

La Seguridad Social rechazó concederle la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, pero ahora el TSJC sí obliga a estimarla. Pilar Casas, abogada de Ronda que ha representado a la profesora de Tarragona, ha celebrado el fallo pionero.

“En España, antes de la inmovilización de estas dosis por parte de las autoridades sanitarias, la vacuna defectuosa se aplicó a un gran número de trabajadores y trabajadoras que en ese momento inicial de la pandemia desarrollaban funciones esenciales que implicaban un elevado riesgo de exposición al virus”, ha aseverado la abogada.

Casas ha lamentado que a la “inmensa mayoría” de las afectadas por los lotes defectuosos “no se le está reconociendo el origen profesional de las afectaciones, especialmente en casos de incapacidad permanente”. La abogada ha confiado que el Supremo confirme el criterio marcado por el TSJC.

Para la abogada, “es de justicia reconocer los derechos que les corresponden a todas estas profesionales que han visto afectada su salud, en algunos casos de forma permanente, como consecuencia de unas vacunas que era urgente fabricar y distribuir entre las personas que desarrollaban tareas absolutamente necesarias por la sociedad”.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado hasta el viernes 6 de febrero la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 con el objetivo de proteger a los colectivos “más vulnerables” de la región.

Hasta este momento, durante toda la campaña, se han administrado un total de 272.429 dosis, lo que supone 15.085 dosis más que la campaña anterior, según ha informado la Junta de Extremadura, que,además, ha especificado que la población diana para la vacunación frente a la gripe incluye a todas las personas de 60 y más años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, convivientes de personas inmunodeprimidas, y profesionales sanitarios, sociosanitarios y trabajadores expuestos a animales.

Respecto a la vacunación infantil, se amplió la cohorte de edad y se recomienda para niños de entre 6 meses hasta los nacidos el 1 de enero de 2020.

Por otro lado, la vacuna frente a la covid-19 se recomienda a partir de los 70 años y a personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Esta vacuna podrá administrarse en cualquier momento del año, pero será necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección.

Además, el SES ha recordado que en aquellos grupos de población en los que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y covid, “se podrán coadministrar ambas en el mismo acto vacunal”.

Por último, la vacuna frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se administra a la población de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores, así como personas trasplantadas de pulmón.

De igual manera, la Junta de Extremadura ha destacado que la vacunación de tarde y sin cita previa de esta campaña se ha desarrollado “con un gran éxito” al administrarse 9.808 dosis, lo que, a su juicio, ha demostrado que este horario “es una herramienta útil para mejorar la accesibilidad, que favorece la conciliación y el acceso a la inmunización”.

El SES ha instado a todos los extremeños que aún no se han vacunado a que acudan al centro de salud o consultorio local habitual o al centro más próximo al domicilio en caso de mutualistas para inmunizarse.

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

Han pasado más de 10 días desde el accidente de tren en Adamuz que acabó con la vida de 45 personas, y en este tiempo ya se está viendo cómo la derecha está usando esta tragedia como revancha de lo que la gestión de la DANA de Valencia ha sido para Carlos Mazón, o las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia para Díaz Ayuso. La ultraderecha llega más lejos y llama “asesino” al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al resto del Gobierno.  

Con Alfonso Alba, director de Cordópolis, medio asociado a elDiario.es, nos paramos a repasar qué sabemos a día de hoy sobre este accidente y cómo se ha ido desarrollando su investigación. Con Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es, nos preguntamos si estas tragedias son comparables desde el punto de vista de exigencia de responsabilidades políticas y qué hay detrás de esta estrategia de la derecha. 

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El exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha negado durante su declaración como investigado ser el autor de los protocolos de derivación de residencias durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, han informado fuentes jurídicas. La comparecencia se encuadra en una de las causas en las que se indaga la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores en residencias en aquella época.

La citación llega después de que Mur no compareciera el pasado 9 de diciembre, lo que llevó a la acusación particular, ejercida por la abogada Alejandra Jacinto, a solicitar una orden de busca y captura.

A través de una videconferencia desde Andorra, el exalto cargo del Gobierno regional ha señalado a su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, junto a una veintena de geriatras de enlace, como los responsables de la elaboración de dichos protocolos.

Sobre estas directrices, ha subrayado que él “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero ha recalcado que no fue el autor de los mismos, en contradicción con otros investigados en la causa.

Conflicto de competencia

La declaración reactiva la instrucción, que había estado paralizada durante meses por conflictos competenciales entre varios juzgados madrileños. Varios jueces se inhibieron a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para unir los casos en una macrocausa, pero el magistrado encargado rechazó la solicitud; ahora la decisión corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid.

La investigación se centra en el fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos relacionados con el llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria.

En el mismo procedimiento, Martínez Peromingo declaró el 9 de diciembre, reconociéndose como ideólogo de los protocolos y señalando a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios de los mismos. Ambos ocuparon la dirección de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.

La tasa de incidencia de gripe en atención primaria en Extremadura se ha situado la última semana en 152 casos por cada cien mil habitantes, tres veces más que lo recogido siete días antes (45), aunque las enfermedades respiratorias en general en la región mantienen el nivel medio de incidencia.

Según los últimos datos del informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los centros sanitarios extremeños, facilitados a EFE por la Junta, elaborados por la Dirección General de Salud Pública y referentes a la semana 2 de 2026 (del 5 al 11 de enero), el nivel de hospitalizaciones por gripe se encuentra en 14 casos frente a los 13 por cada cien mil habitantes de la semana previa.

Por ello, la Consejería de Salud y Servicios Sociales mantiene el nivel medio así como las mismas recomendaciones relacionadas con el uso de mascarilla para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, así como fuera de ellos ante síntomas compatibles con este tipo de enfermedades.

Además, sigue animando a la población a que acuda a la vacunación para la protección frente a estos virus con el objetivo de frenar su propagación.

Respecto a la incidencia en la semana 2 del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, la tasa se sitúa en 95 casos en atención primaria frente a los 34 de la semana anterior, mientras que la tasa de ingresos por este virus baja a 0,83 (3,9 siete días antes).

El impacto del covid sigue siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, Rafa Simó, ha denunciado lo que califica como un “pelotazo millonario” en favor de las concesiones sanitarias durante el ejercicio 2025. Según el PSPV, el Gobierno de Carlos Mazón aprobó las liquidaciones anuales a las empresas privadas que gestionan la sanidad pública valenciana basándose en un coste por habitante —la denominada cápita— que se encontraba artificialmente elevado debido al gasto extraordinario generado durante los años 2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Para el grupo socialista, esta operación representa un “escándalo” y una “actuación irregular” que se ha llevado a cabo de espaldas a los órganos de control. Rafa Simó ha subrayado que el Consell aprobó estos pagos sin esperar al dictamen necesario del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana y desoyendo el criterio de la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria, tal como ha revelado la Sindicatura de Comptes en su último informe de fiscalización.

Un “traje a medida” ignorando las advertencias técnicas

El conflicto reside en cómo se ha calculado el dinero que la Generalitat debe abonar a las concesionarias de los departamentos de salud de Elx-Crevillent, Horta-Manises, Dénia, Torrevieja y la Ribera. Habitualmente, el aumento de lo que se paga por paciente se vincula al gasto sanitario real. Sin embargo, la Intervención de la Generalitat advirtió que el sobrecoste del Covid fue una circunstancia excepcional y que aplicarlo linealmente a las liquidaciones futuras supondría un “enriquecimiento injusto” para las empresas a costa del erario público.

A pesar de que los técnicos instaron a trasladar la situación al Consell Jurídic Consultiu para modular estas cantidades y evitar un impacto desmedido en las arcas públicas, el Consell del PP y Vox procedió a firmar las liquidaciones pendientes hasta 2022. Según Simó, esta es la razón por la cual las empresas no han recurrido estos pagos en los tribunales, ya que se habrían visto beneficiadas por un sobreprecio que el diputado socialista no duda en tildar de escandaloso.

Petición de comparecencia urgente ante las Corts

Ante estos hechos, el PSPV ha solicitado la comparecencia urgente del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Los socialistas quieren que el responsable del área aclare por qué se han regalado, según sus palabras, decenas de millones de euros a las empresas privadas tratando la sanidad como un negocio lucrativo. Además, el diputado solicitará la copia íntegra de todos los expedientes y documentos de la Intervención relacionados con estas operaciones.

Rafa Simó también ha censurado el incremento en el coste de las derivaciones quirúrgicas a centros privados, señalando que el presupuesto para estas actuaciones ha pasado de 22 a 56 millones de euros tras cuatro modificaciones al alza. Para el portavoz socialista, el conseller está actuando más como un “agente comercial” de las empresas privadas que como un gestor de lo público, evidenciando un “compadreo” constante que el PSPV asegura que no dejará pasar.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha actulizado este miércoles, 7 de enero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 1 de 2026, que comprende los días entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el domingo 4 de enero de 2026, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, con intensidad media. Durante esta semana se ha observado un ligero descenso de las infecciones respiratorias agudas de forma global, así como un descenso de la incidencia de gripe.

No obstante, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, por gripe y por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ha aumentado, si bien estos datos continuarán analizándose a lo largo de los próximos días.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 743,14 casos por 100.000 habitantes, frente a los 895,02 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños y niñas menores de 1 año.

En el caso de la gripe, la incidencia desciende hasta los 130,99 casos por 100.000 habitantes, frente a los 157,19 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema centinela durante esta semana, frente a los 3,27 casos por 100.000 habitantes registrados en la semana previa.

En relación con la situación asistencial, con fecha 5 de enero de 2026, se encuentran hospitalizadas en La Rioja: 4 personas a causa de COVID-19, 33 personas a causa de gripe y 12 personas a causa de Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Estos datos reflejan un ligero aumento en el número de ingresos por gripe, así como por otras infecciones respiratorias, lo que refuerza la necesidad de mantener activadas las medidas del Plan de Contingencia.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 6, se atendieron un total de 293 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 246 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (189 adultos y 57 pediátricos) y 47 en el Hospital Universitario de Calahorra (37 adultos y 10 pediátricos).

El Plan de Contingencia permanece plenamente operativo, con medidas escalonadas destinadas a garantizar la capacidad asistencial, el seguimiento de los pacientes más vulnerables y la adecuada coordinación entre los distintos niveles asistenciales y sociosanitarios.

Campaña de vacunación

La campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 continúa implementándose en La Rioja. En el caso de la gripe, se han administrado ya un total de 88.524 dosis, lo que supone 1.200 dosis más que la semana pasada. La cobertura en personas mayores de 65 años se sitúa en el 64,53%, con un incremento de medio punto porcentual respecto a la semana previa.

En relación con la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.102 dosis, 100 más que la semana anterior, alcanzándose una cobertura del 47,71% en personas mayores de 70 años. La Consejería de Salud y Políticas Sociales recuerda la importancia de la vacunación como medida clave para prevenir complicaciones graves, especialmente en personas mayores y en otros grupos de riesgo.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias agudas y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios.