Se intuyó el viernes y se ha confirmado este lunes. La Fiscalía ha retirado la acusación contra la exconsellera catalana de Salud Alba Vergés y a la cúpula de su departamento, para quienes inicialmente pedía hasta 12 años de inhabilitación, por el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en la pandemia del coronavirus.

Ante la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona finaliza esta semana el juicio a los responsables de Salud durante la pandemia. La vista oral ha desinflado las tesis acusatorias y ha confirmado que el retraso en la vacunación de policías se debió a razones técnicas como el parón en la inmunización con AstraZeneca debido al peligro de trombos y no a que se quisiera discriminar a los agentes de los cuerpos estatales.

Cuando el tribunal ha pedido a las partes que elevaran sus conclusiones a definitivas, la fiscal del caso ha retirado la acusación a todos los acusados (además de Vergès, el entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el exnúmero dos del departamento Marc Ramentol, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, y el exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez).

Solo las acusaciones populares que ejercen sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil han pedido mantener hasta15 años de inhabilitación para los acusados, mientras que las defensas se han reafirmado en su petición de absolución y han solicitado la condena en costas de las centrales.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Los acusados insistieron en su declaración que la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca. Entre este lunes y este martes, las partes expondrán sus informes finales y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

En la primavera de 2020, el mundo se detuvo de forma inesperada. El confinamiento provocado por la COVID-19 paralizó ciudades, industrias y transportes.

Sin embargo, mientras la actividad humana se reducía al mínimo, ocurrió algo extraordinario. Los niveles de contaminación se desplomaron en las grandes urbes, los canales de Venecia recuperaron una claridad olvidada y la fauna volvió a ocupar espacios urbanos. La naturaleza, de pronto, parecía respirar.

Aquellos meses nos dejaron una enseñanza inapelable: la Tierra no estaba agotada, sino sometida a una presión asfixiante. Bastó una breve tregua en nuestra frenética rutina para que demostrara una asombrosa capacidad de recuperación. Fue una demostración silenciosa de que el planeta conserva una inmensa fuerza regeneradora si, simplemente, le damos la oportunidad de ejercerla.

Pero el alivio fue efímero. En cuanto la maquinaria económica volvió a arrancar, regresaron las emisiones, la polución y la explotación intensiva. El planeta retomó las mismas cargas que lo asfixiaban antes de la crisis. Aunque muchos de aquellos efectos fueron temporales, demostraron hasta qué punto la presión humana influye de manera directa en la calidad ambiental y cómo determinados ecosistemas conservan capacidad de recuperación cuando se reducen las agresiones. Aun así, el confinamiento quedó grabado como un faro de lo que sería posible si rediseñáramos nuestra relación con el entorno.

La dimensión humana de la crisis ambiental

Con frecuencia analizamos el deterioro ecológico a través de frías estadísticas y gráficos. Olvidamos que detrás de esos datos hay rostros concretos.

La contaminación del aire y del agua castiga con mayor dureza a las comunidades más vulnerables, aquellas que carecen de recursos para protegerse. Las enfermedades respiratorias, la escasez de agua potable y la degradación del entorno impactan directamente en la salud y la dignidad de millones de personas.

A esto se suma la violencia de los fenómenos climáticos extremos: sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y tormentas demoledoras. Estos episodios no solo desmantelan ecosistemas, sino que arrasan viviendas, cultivos y proyectos de vida, empujando a comunidades enteras a un éxodo forzoso como refugiados climáticos. El sufrimiento de la Tierra y el sufrimiento humano son, en realidad, las dos caras de la misma moneda.

La pérdida de biodiversidad: la quiebra del equilibrio

Otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo es la extinción acelerada de especies. A menudo se percibe este problema como una pérdida puramente estética o sentimental, pero la biodiversidad es el tejido vivo que sostiene nuestra propia existencia.

Los insectos polinizadores sostienen buena parte de la producción de alimentos; los bosques regulan el clima y los océanos contribuyen al equilibrio global. Cuando una especie desaparece, se altera una compleja red de relaciones que desestabiliza el ecosistema entero. Además, la destrucción de los hábitats rompe las barreras naturales, facilitando el salto de enfermedades de animales a humanos. La biodiversidad no es un lujo de la naturaleza, sino un requisito para nuestra supervivencia.

Castilla-La Mancha, con sus extensas llanuras, humedales y montes, no es ajena a esta fragilidad. Espacios tan emblemáticos como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera encarnan la riqueza y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de nuestro patrimonio. Las sequías recurrentes, la sobreexplotación acuífera y el cambio climático amenazan hoy unos paisajes que configuran nuestra historia y nuestra identidad. Quienes hemos arraigado nuestra vida en esta tierra somos testigos de la alteración de las estaciones y de la creciente escasez de agua. La crisis climática no es una advertencia lejana; está sucediendo aquí mismo.

Del sentimiento de culpa a la responsabilidad

Ante la magnitud de este escenario, es fácil caer en la impotencia y pensar que los gestos individuales son irrelevantes frente a desafíos globales. Sin embargo, el confinamiento también nos reveló cuánto añoramos el aire limpio y el contacto con la naturaleza cuando nos son privados. Nuestro bienestar depende del equilibrio ecológico mucho más de lo que nos atrevemos a admitir.

Cada ciudadano posee un poder real de influencia. El consumo consciente, la reducción de residuos, el ahorro energético y la apuesta por la sostenibilidad son decisiones que, multiplicadas por millones, transforman realidades. Pero la implicación no acaba en el ámbito doméstico: exige también una participación activa en la vida pública, respaldando políticas ambientales valientes y exigiendo compromisos firmes a gobiernos y corporaciones. Se trata, en el fondo, de un cambio de paradigma: dejar de actuar como dueños de la Tierra para reconocernos como parte de ella.

Un deber moral con las generaciones futuras

Existe una dimensión ética ineludible en esta crisis: las decisiones de hoy moldearán el mundo de mañana. Nuestros hijos y nietos heredarán los bosques que salvemos o destruyamos, los ríos que limpiemos o contaminemos. No elegimos el planeta que recibimos, pero somos plenamente responsables del que entregamos.

La educación es la herramienta clave en este proceso. Como docente, sé que el respeto por el medio ambiente no se asimila solo en los libros de texto. Se aprende observando el vuelo de un ave, contemplando el campo en primavera, escuchando el curso del agua y comprendiendo el valor intrínseco de cada ser vivo. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a convivir con los recursos, no solo a explotarlos. El verdadero progreso no mide cuánto producimos, sino cuánto somos capaces de conservar.

Conclusión

La radiografía de un planeta en crisis no debe arrastrarnos al pesimismo paralizante. Al contrario, debe espolearnos el recuerdo de 2020: la naturaleza se regenera con una rapidez asombrosa en cuanto aliviamos la presión sobre ella. La verdadera incógnita es si seremos capaces de preservar las condiciones para una vida humana digna.

Al contemplar los campos manchegos al final de la primavera -sus olivares, dehesas y humedales resistentes-, se hace evidente que la defensa del planeta comienza por lo que nos rodea. La ecología no solo se dirime en las cumbres internacionales; se construye día a día en cada pueblo, ciudad y comunidad.

Durante el silencio de la pandemia escuchamos, por un instante, el latido limpio del planeta. Esa voz discreta nos demostró que hay esperanza. Depende de nosotros transformar aquella lección en un compromiso innegociable. No somos meros espectadores de la naturaleza: formamos parte de ella, y nuestro destino está indisolublemente unido al suyo.

Dos sanitarios del hospital madrileño de La Paz y otros cuatro acusados han aceptado condenas de entre uno y dos años de cárcel por formar un entramado que falsificó hasta 4.386 certificados de vacunación COVID en tan solo tres meses durante la pandemia. Todos han reconocido ante un tribunal del jurado que usaron las claves de diferentes enfermeras del centro para manipular el Registro Unificado de Vacunación y cobrar entre 60 y 100 euros por cada persona a la que apuntaban como inmunizadas aunque no lo estaban. En la lista de falsos vacunados, tal y como se informó en el estallido del caso, había famosos como el cantante Omar Montes.

El operativo de la Policía Nacional se desarrolló en los últimos días de enero de 2022 y fue bautizado como operación Jenner. Varios sanitarios del Hospital madrileño de La Paz estaban siendo investigados por inscribir a cientos de personas en los registros de vacunación a cambio de dinero. La campaña de vacunación contra la pandemia de coronavirus para los más mayores había arrancado hacía más de un año, pero para entonces todas las franjas de edad podían acudir a un centro sanitario para vacunarse. Para entonces también había entrado en vigor la figura del pasaporte COVID, un certificado de vacunación necesario para viajar.

Las primeras cifras de la operación hablan de unos 1.600 registros ilegales. Se trata de gente que había pagado al entramado de estos sanitarios de La Paz para figurar como vacunados aunque no se hubieran inmunizado y poder así obtener el pasaporte y viajar. Las primeras informaciones revelaron que en esa lista, que creció en número con el paso de las semanas, incluía nombres de famosos: el cantante Omar Montes, la actriz recientemente fallecida Verónica Echegui o la traficante Ana María Cameno, conocida como 'La Reina de la Coca'. El operativo culminó en abril de 2022 con más detenciones.

Empezó entonces una investigación mastodóntica en un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla que, por momentos, amenazó con convertirse en una macrocausa sin precedentes. Las diligencias revelaron que el número de vacunaciones ilegalmente inscritas en los registros de la Comunidad de Madrid era mucho mayor que el estimado inicialmente por la Policía Nacional. Y sobre la mesa estuvo la opción de llamar a declarar a las más de 4.300 personas que figuraban en las listas de falsos inmunizados. Pero cuatro años después del arranque del caso, todo llegó a juicio con solo seis personas en el banquillo.

El caso fue juzgado en unos pocos minutos a finales del pasado mes de mayo ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, pero no hizo falta celebrar el juicio. Los seis acusados aceptaron las condenas que la Fiscalía pedía para ellos, su sentencia se dictó de viva voz, nadie ha recurrido y aunque aún está en fase de ejecución lo previsible es que ninguno tenga que pisar la cárcel. Todos han sido condenados a un año y un mes de cárcel y multas de 1.080 euros menos la enfermera que perpetró las falsificaciones en el sistema, que ha sido condenada a dos años de prisión. Y todos por un delito de cohecho pasivo propio con una atenuante de dilaciones indebidas.

Una enfermera y un técnico sanitario

La enfermera condenada, una ATS interina, llevaba cuatro años trabajando en La Paz cuando, en noviembre de 2021, falsificó su primer certificado de vacunación. Era el de un compañero suyo que trabajaba en el mismo hospital como técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería. Metió sus datos en el Registro Unificado de Vacunación, la aplicación de la Comunidad de Madrid que contabilizaba los inmunizados: con su nombre, la dosis, la fecha, la hora y el centro. El objetivo era obtener el pasaporte COVID sin tener que vacunarse.

Según el relato aceptado por ellos mismos en el juicio, una vez comprobaron la “facilidad” para meter “datos falsos” en la aplicación de la Comunidad de Madrid, decidieron ganar dinero a base de “insertar anotaciones fraudulentas”. El técnico sanitario le daba los nombres a la enfermera y ella, usando los datos de acceso de otras sanitarias para evitar ser identificada, los daba de alta como vacunados en Madrid a cambio de dinero: entre 60 y 100 euros por persona.

La trama fue aumentando y otras cuatro personas más que finalmente han sido condenadas se sumaron al grupo, cobrando también un dinero a cambio de captar personas que quisieran un falso certificado de vacunación. La actividad del grupo fue frenética. Solo entre noviembre de 2021 y enero de 2022, cuando la Policía lanzó la operación Jenner, se realizaron 4.386 registros fraudulentos. Un beneficio, según el precio más bajo declarado por la sentencia, de más de 260.000 euros. La Comunidad de Madrid no reclamó ningún perjuicio en esta causa judicial.

La sentencia no explica cómo dos sanitarios de La Paz llegaron a tener varios miles de clientes para obtener estos falsos certificados de vacunación. Las primeras informaciones policiales del caso apuntaban a grupos de Telegram activos por toda Europa para obtener este tipo de certificados falsos, aunque la sentencia no refleja el funcionamiento del sistema. El desarrollo del caso, cerrado con una sentencia de conformidad, también cierra la puerta a exigir responsabilidades a las más de 4.300 personas que pagaron dinero a cambio de obtener un documento falso de vacunación.

Más de 4.300 personas sin declarar

Las diligencias arrancaron el 20 de diciembre de 2021 y fueron prorrogadas durante más de tres años hasta que el caso fue enviado a juicio. En esa fase de investigación a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, explican fuentes del caso, la idea de llamar a declarar como testigos o imputados a los 4.386 identificados fue descartada, sobre todo porque habría sido “materialmente imposible” tomar declaración a todos, explican estas fuentes.

Pagar por obtener un documento oficial falso, como se declara probado en esta sentencia, puede llegar a ser considerado un delito. Las bases de datos del Poder Judicial dejan varios ejemplos, como los alumnos de una academia de Tenerife que fueron condenados a tres meses de cárcel por pagar entre 800 y 1.000 euros a un entramado que les conseguía falsos títulos de bachillerato y formación profesional. En Madrid, hace dos años, varias personas fueron condenadas por vender y comprar falsos permisos de circulación.

En este caso la investigación se dirigió solo contra algunos integrantes de la red de certificados de vacunación radicada en La Paz y no todos los investigados se sentaron en el banquillo: la causa llegó a acumular más de diez imputados. La sentencia tampoco refleja la lista completa de personas que pagaron por obtener uno de esos falsos certificados en el marco de la operación Jenner. Sí refleja que los seis acusados son condenados por cohecho pasivo propio, cuyo espejo penal es el cohecho activo: quien paga al corrompido para obtener lo que necesita.

Un juzgado de la localidad de Arganda del Rey ha decidido aplazar la declaración como imputada este martes de la jefa de geriatría del hospital Gregorio Marañón después de ser señalada como la supuesta autora de los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. Fue Carlos Mur, entonces alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó ante la jueza que él se limitó a firmar los conocidos como 'protolos de la vergüenza' pero que habían sido “presentados inicialmente” por esta geriatra. La citación fue señalada en abril pero el juzgado ha decidido dejarla para más adelante para que la facultativa pueda conocer a fondo el procedimiento.

Este juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey es uno de los múltiples juzgados de la Comunidad de Madrid que investigan las muertes concretas de ancianos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los protocolos que, según denuncian las víctimas y familiares de fallecidos, impidieron la derivación a hospitales de ancianos que habían enfermado en residencias. Altos cargos como Carlos Mur comparecieron como testigos en varias causas pero varios juzgados han reabierto estas causas y han sido citados como imputados.

Mur, que entonces era director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a varias personas en sus últimas declaraciones y la última fue esta geriatra, responsable del servicio en el hospital Gregorio Marañón. “Yo firmé el protocolo como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales (...) era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta”, dijo en una de sus comparecencias.

Ahora el juzgado de Arganda ha decidido tomar declaración a esta facultativa en calidad de investigada, aunque su comparecencia ha sido retrasada. Se suma a la lista de imputados junto con Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los dos primeros responsables de coordinación sociosanitaria y el último responsable del servicio de urgencias médicas SUMMA 112. Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en ese momento, también está imputado en una de la causas abiertas.

Desde Marea de Residencias, que impulsa varios de estos procedimientos en representación de familiares de ancianos fallecidos, anuncian que han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región, añadido a la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria que ya investigaban diversos jueces.

Los “protocolos de la vergüeza”

Las familias de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia impulsaron acciones judiciales penales ya en 2020 para solicitar una investigación penal sobre las 7.291 muertes que, denuncian, se produjeron por la negativa de la administración sanitaria madrileña a derivar a hospitales a ancianos que enfermaron mientras estaba ingresados en los geriátricos.

Las primeras causas abiertas en juzgados de toda la región también vieron declarar a Carlos Mur, aunque como testigo y no como imputado. Unas causas que, en su mayoría, terminaron archivadas. Tal y como reveló elDiario.es, uno de los juzgados llegó a cuestionar los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' pero rechazó que los altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluso la propia Ayuso, tuviera que responder penalmente por ellos.

Los recursos y nuevas denuncias y querellas de los familiares, muchas impulsadas por Marea de Residencias, derivaron en la reapertura o el impulso de decenas de causas en juzgados de toda la región. Varios de ellos mantienen imputado a Mur y otros antiguos altos cargos de Ayuso durante la pandemia mientras analizan el origen y la aplicación de estos protocolos.

Uno de los últimos movimientos de los tribunales ha sido avalar una de estas investigaciones e, incluso, ampliar el número de delitos investigados. La Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa estos procesos penales, avaló que los altos cargos pudieran ser acusados también de prevaricación.

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, para que, en el marco de sus competencias y de los recursos disponibles, revise y refuerce el dispositivo asistencial dirigido a las personas afectadas por COVID persistente.

En la actualidad, existe una consulta monográfica de referencia autonómica que desde su puesta en marcha el 17 de diciembre de 2024 ha realizado 2.030 citaciones: 1.295 primeras vistas y 735 revisiones, según datos del Departamento.

La actuación del Justicia llega tras la queja de la Asociación Long Covid Aragón que considera que la atención sanitaria a este tipo de pacientes resulta insuficiente. La entidad asociativa entiende que el recurso con el que cuentan –una consulta única en la provincia de Zaragoza con cinco profesionales: enfermera gestora de casos, internista, psicóloga, médico rehabilitadora y fisioterapeuta– es limitado al no constituir una verdadera unidad multidisciplinar y, entre otras demandas, solicitan seguimientos anuales, mayor coordinación entre asistencia e investigación, formación específica para profesionales, y extensión del servicio a Huesca y Teruel.

Por su parte, el Departamento de Sanidad explica que sí existen criterios clínicos para valorar la enfermedad en el Plan de Atención para las personas diagnosticadas de condición post-Covid19 en Aragón, actuaciones para favorecer la investigación ligada al COVID persistente, así como formación específica en esta materia con sus profesionales.

En su sugerencia, la justicia Gimeno recuerda al departamento de Sanidad la Declaración Institucional de las Cortes de Aragón sobre Covid persistente, de junio de 2024, al objeto de sensibilizar acerca de las necesidades de estos pacientes e instar a las instituciones públicas a adoptar medidas para mejorar su calidad de vida y una iniciativa similar del Congreso de los Diputado de 28 de noviembre de ese mismo año. “Las declaraciones institucionales y proposiciones no de ley no crean derechos exigibles, pero sirven como referencia para valorar la necesidad y prioridad de medidas sanitarias”, indica la sugerencia.

Desde la Institución se considera oportuno mantener una actividad médica continuada en aras a dispensar el mejor servicio sanitario posible a los pacientes de Covid persistente, con el fin de asegurar que la atención prestada a las personas afectadas por Covid persistente en Aragón resulte coherente con el reconocimiento de la enfermedad como crónica, y con los compromisos institucionales asumidos en favor de este colectivo vulnerable.

La institución reconoce los esfuerzos organizativos y presupuestarios que el Gobierno de Aragón y el Departamento de Sanidad vienen realizando para reducir las listas de espera y dotar a la Sanidad pública de suficientes médicos especialistas, aunque sigan resultando esenciales mejoras sustanciales.

No obstante, y en relación con la queja y la información remitida, la institución considera que existen aspectos de la actividad sanitaria susceptibles de mejora, especialmente en lo relativo a la transparencia de los criterios de derivación y exclusión, la continuidad asistencial tras el periodo inicial de seguimiento, la atención cognitiva y psicológica, la accesibilidad territorial, la formación continuada de los profesionales y la coordinación entre asistencia e investigación.

Por ello, insta al Departamento de Sanidad a revisar y reforzar el dispositivo asistencial dirigido a las personas afectadas por Covid persistente.

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.

La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.

Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. 

En conjunto, se produjeron 61 defunciones por COVID-19 de los 150 residentes, lo que supuso más del 40% del total de ancianos que acogía el centro. La investigación también reveló déficits organizativos en la gestión de los protocolos del centro, que terminó con 42 trabajadores de un total de 65 contagiados.

La Audiencia de Lleida constata que falló el plan de contingencia de la residencia (que implicaba la organización del centro por plantas, zonas de aislamiento y un control por parte de médico, una enfermera y una supervisora) y que fue por la conselleria de Salud, si bien no implica que ello conlleve una responsabilidad penal.

El “contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo” (pese a que los hechos ocurrieron en la segunda ola del COVID, no la primera), argumenta el tribunal, implicó que el plan de contingencia no pudiera aplicarse “dada la excepcionalidad del momento debido al elevado número de contagios”.

“Las posibles deficiencias en la difusión del plan [entre la plantilla] tampoco hubieran evitado el gran número de contagios”, zanja el tribunal. Ni la Generalitat ni la Inspección de Trabajo tampoco sancionaron a la residencia por vía administrativa.

El Gobierno de Canarias tiene un serio problema: se enfrenta al duro inconveniente que está relacionado con la gestión pública que ha hecho y viene haciendo de los recursos europeos destinados a las islas (en su mayoría para potenciar la transición ecológica y la energía limpia) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), periodo 2021-26, un instrumento de apoyo financiero de la Unión Europea (UE) integrado en los fondos Next Generation, nacidos de forma excepcional por la crisis sanitaria de la covid y sus amplias consecuencias sectoriales, entre ellas la económica.

El problema se puede resumir en cifras de dinero público que puede ser devuelto a la UE o en el plazo límite inamovible para la justificación de las inversiones subsidiadas. Sobre lo primero, hay que decir que a los 55 millones de euros ya reintegrados hasta 2025 el propio Gobierno autonómico prevé unir 150 millones más, cantidad que indica que no se podrá gastar ni justificar a tiempo, antes del 31 de agosto de este año, esto según las proyecciones de los distintos departamentos informadas por la propia Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, con Matilde Asián, del PP, al frente de este departamento.

La suma de esas dos cantidades alcanza los 205 millones de euros, casi el 12% de la cifra total disponible para Canarias (1.727 millones). Esta probable pérdida de recursos, la por ahora medida por el Gobierno de Fernando Clavijo, la formación política Nueva Canarias (NC), en la oposición en el Parlamento de Canarias, la eleva hasta los 500 millones; esto es, cerca del 30% de los 1.727 millones disponibles para las islas. Sea un balance u otro, es innegable que el resultado deberá ser calificado de muy negativo.

El Gobierno de Canarias (CC y PP) confió, quizá más de la cuenta, en sus opciones de ampliar aquel plazo límite de justificación, el 31 de agosto de 2026, y lo cierto es que se ha dado de bruces contra la realidad impuesta por Bruselas, algo que se consideraba como muy probable.

Pese a los intentos del Ejecutivo autonómico (Fernando Clavijo y su vicepresidente, Manuel Domínguez, lo negociaron en Bruselas) de lograr con el apoyo del Gobierno español y sobre todo en el seno de la Comisión Europea la ampliación del plazo de justificación de las inversiones con cargo al MRR, al menos para los proyectos de transición energética y ecológica (donde se concentra el destino de esos fondos europeos aprobados para Canarias, con 531 millones del total de 1.727), nada se ha podido hacer y no hay ni un día más de gracia: el límite es inamovible y se mantiene en el 31 de agosto de 2026.

Así mismo lo subraya la Comisión Europea en su última comunicación oficial al respecto, publicada en el DOUE el 4 de mayo pasado (C/2026/2614) y también servida por el BOE. En esta comunicación, denominada Orientaciones para los Estados miembros sobre los aspectos operativos relacionados con la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), quedan claras varias cuestiones de interés: primera, que la Comisión ya en una comunicación previa, esta publicada el 4 de junio de 2025 [hace un año] y titulada Next Generation EU-Camino a 2026, recordaba el marco jurídico aplicable y los plazos de interés para la fase final de ejecución del MRR.

Entonces, decía: “El reglamento del MRR establece que todos los hitos y objetivos para la aplicación de las reformas e inversiones deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026”. A esta afirmación, desde ese momento inalterada, recientemente se ha unido la ratificación del mismo plazo límite para tener justificado el uso de todos los fondos del MRR en la UE, también en las islas.

Sobre esto, la más reciente comunicación de la Comisión respecto al MRR, señala: “Dado que los hitos y objetivos deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026, no cabe que el Consejo adopte modificaciones de los planes de recuperación y resiliencia después de dicha fecha. Además, solo si la adopción se produjera antes del 31 de agosto de 2026, podría la Comisión evaluar las solicitudes de pago presentadas sobre la base de las decisiones de ejecución del Consejo revisadas y adoptar la decisión de pago correspondiente a tiempo para que el desembolso se efectuase a más tardar el 31 de diciembre de 2026, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento del MRR”.

Y prosigue, sin margen a las excepciones, como quería Canarias por su condición de región RUP, entre otros argumentos: “De conformidad con el artículo 20, apartado 5, letra d), del Reglamento del MRR, todos los hitos y objetivos deben haberse alcanzado a más tardar el 31 de agosto de 2026. Las medidas para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos adoptadas por los Estados miembros después de esa fecha no pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de pago”.

A su vez, recuerda que “todas las solicitudes de pago, incluidas las declaraciones de gestión, los resúmenes de las auditorías realizadas y todas las pruebas justificativas necesarias para su evaluación, deberán presentarse a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2026”.

Proyecciones de reintegros a la vista

La Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido una asignación total de fondos del MRR de 1.727 millones de euros para el periodo 2021-26. De este caudal financiero, al cierre del ejercicio presupuestario de 2025, consumidos cinco años de los seis de ejecución, solo se había justificado el gasto del 55% de esos fondos europeos nacidos con la covid; esto es, 944 millones de euros.

El 42% restante, 728 millones, son los pendientes de consumir. Si a estos dos valores absolutos, el de 944 y 728 millones, se suma la cantidad de 55 millones, que es el dinero de la UE ya devuelto al Estado en 2025, se alcanza aquella primera cifra global: 1.727 millones de euros, solo para el archipiélago.

Pese a que el Ejecutivo autonómico ha reconocido que ya se ha reintegrado el 3% de los 1.727 millones de euros (55 millones) y que la previsión de sus consejerías es que sobrarán o no podrán ser ejecutados 150 millones más de los 728 disponibles este 2026, hasta el 31 de agosto próximo, lo cierto es que, si se tiene en cuenta el nivel medio de ejecución de esos fondos del MRR hasta el cierre de 2025 (del 55%), Canarias es posible que deje de gastar del MRR nada menos que 328 millones de euros, bastante más que los 205 millones por ahora previstos o posibles, según la Consejería de Hacienda.

Aquella otra proyección, la que se apoya en el nivel de ejecución del MRR al cierre de 2025 (55%), es bastante más alta que la cifra que resulta de sumar los 150 millones de euros de este 2026, los previstos, y los 55 ya reintegrados hasta 2025.

Pero aún hay valoraciones más negativas, como la que realiza NC, que coloca ese umbral final de devolución en torno a los 500 millones de euros, el 30% de la partida global aprobada para las islas (la de 1.727 millones de euros).

Verano de 2020, en una rotonda fronteriza de Hendaya. El protagonista de Última escala, la nueva novela de Santi Fernández Patón, ve cómo su pareja, Miriam, desaparece tras subir a un autobús. Es el punto de partida de una historia que va a profundizar en la crisis personal de este personaje para acabar adquiriendo un alcance universal. “Lo que vertebra todas mis novelas es cómo lo personal se implica en lo social y, en esta novela en concreto, quizá es más evidente”, asevera el autor, “en el sentido de que el telón de fondo de esta ruptura y la reconstrucción del personaje tiene lugar al mismo tiempo que una sociedad se tenía que reinventar después de una pandemia que trastocó un montón de pilares”.

El autor, columnista en elDiario.es Andalucía, presenta el libro este martes en Sevilla a las 20:00, con Isaac Rosa, en Librería La Fuga, y el miércoles en Málaga con Guillermo Busutil en la librería Suburbia, a las 19:00. Ante la casualidad de que también novelas recientes como Feliz final del propio Isaac Rosa o El detalle de Jesús Carrasco hablen de rupturas sentimentales, Fernández Patón cree que “estamos viviendo en un mundo acelerado, en un mundo que se empieza a descomponer en muchos aspectos, y enfrentarse a una ruptura personal como es un desamor me servía para catalizar todo ese viaje, tanto personal como social, hacia la construcción de una nueva subjetividad, que es, al fin y al cabo, de lo que trata la novela”.

Por otro lado, el hecho de que la separación se produzca en un punto fronterizo como Hendaya no es, en palabras del autor, nada casual. “Desde el primer párrafo el protagonista lo reconoce. Hendaya tiene una particularidad, para quien no haya estado allí en la que tú entras por el lado del País Vasco español y, cuando llegas al otro lado, estás en el País Vasco francés. Entonces él dice algo así como que entramos en la rotonda por el lado de la pareja y salimos de ella por el de la ruptura”.

Marcados profundamente

“Todo surge de una anécdota personal”, prosigue. “Mi pareja hace la vendimia en Francia en muchas ocasiones, igual que la pareja del protagonista, y yo la acompañaba hasta esa rotonda. Allí se subía a un autobús y yo me quedaba unos días más solo. Empecé a pensar qué habría ocurrido si, al subir a ese autobús, mi pareja me hubiera dicho: ‘En realidad me subo a este autobús y no vuelvo. Quería haberte dejado, pero como estábamos en confinamiento no pude’. Empecé a tirar de ese hilo y de ahí fue surgiendo la historia. A partir de ahí empecé a desarrollar la historia del protagonista, al mismo tiempo que recuperaba fragmentos escritos de obras que habían fracasado, y en los que quería hablar de otros asuntos. No sabía cómo engarzar todo eso hasta que descubrí que precisamente todo lo que habíamos vivido con el Covid podía servir. Porque esa es otra cuestión: creo que hubo muchas novelas e historias increíblemente oportunistas sobre el Covid y se hizo literatura muy mala, una literatura que todavía no tenía una mirada reposada ni una perspectiva suficiente”.

Para Fernández Patón, “este es el momento de empezar a analizar cómo nos afectó aquello. Ahora, con más calma, y cuando los lectores pueden estar más receptivos y entender que ya no se trata de oportunismo literario, sino de algo realmente necesario: ver qué supuso la pandemia”. Por otro lado, está convencido de que “me perjudicó escribir una novela con ese telón de fondo, porque algunas editoriales importantes se negaron directamente a leerla. Entendían que era un tema feo, del que no se quería hablar, o que podía tener una mirada oportunista. Ahora me está pasando lo contrario. Los primeros comentarios que estoy recibiendo son muy positivos”.

“Creo que cosas que estamos viviendo hoy —la presencia de las fake news, la polarización, la apelación a la libertad entendida como individualismo salvaje— tienen su germen en muchos episodios ocurridos durante esos meses de confinamiento y los posteriores. Fue un episodio que marcó profundamente a esta sociedad y que parece que queremos rehuir. Mi mirada, o eso he intentado, resulta atractiva porque está hablando de otras cosas que nos atañen universalmente: el desamor, las recomposiciones familiares, las recomposiciones laborales”.

Humor en la tragedia

El escritor señala asimismo que la novela “tiene también partes de humor, porque hubo humor en medio de la tragedia. Tiene muchos elementos que hacen que la pandemia sea simplemente ese telón de fondo que nos ayuda a comprender los elementos individuales del narrador. No hay una presencia invasora o totalizadora de la pandemia que pudiera echar para atrás al lector”.

En cuanto al modo en que esta nueva obra dialoga con novelas anteriores, como Grietas o Todo queda en casa, comenta que “creo que hay algunos temas que se vienen repitiendo en mis novelas de una u otra manera, más enmascarados o de forma más evidente. Uno de ellos son las segundas oportunidades, los errores y la indagación personal. Son novelas muy introspectivas en las que me enfrento siempre a un reto como narrador, pero también como lector. Quiero novelas dinámicas, novelas que atrapen, y quiero que la indagación no se confunda con el solipsismo. Que la historia esté presente y le sirva al lector para entrar de una manera y salir de otra, sin tener la sensación de haberse metido en marismas demasiado solipsistas. Creo que eso es lo que mejor las define y está presente en todas ellas: recomponerse al mismo tiempo que el contexto social está muy presente. Y cuando digo social no me refiero exclusivamente al contexto político, sino también al económico”.

A este respecto, apunta que “en mis novelas está siempre muy presente el dinero: en qué trabajan los personajes, cómo se ganan la vida y cómo eso define su manera de ver el mundo, de amar, de relacionarse con los otros y de enfrentarse al día a día. Me parece algo fundamental. Y en esta novela, en concreto, lo hago también desde el humor. No quiero desvelar demasiado, pero tiene mucho humor. Creo que esa es otra constante en mis novelas, igual que otra lo son las familias que sufren pérdidas traumáticas. Eso también viene de mi propia biografía. Mi madre murió a los 39 años; yo tenía 11. Es un hecho que me ha marcado y que siempre, de alguna manera, está presente en mis novelas. Hay una pérdida traumática que acaba definiendo también la subjetividad y la personalidad de cada personaje. Y te adelanto algo más: en la próxima novela en la que estoy trabajando quizá haya incluso algún cameo de algún personaje de esta”.

El centro del mundo

Para terminar, Fernández Patón cree que pertenecer a la clase media literaria –“e incluso a la clase baja”, matiza con humor– es un hándicap que se suma al hecho de ser andaluz viviendo en el norte de España, es decir, un periférico. “Yo me crie en Madrid, aunque mi familia no es madrileña y no tengo familia allí. Llevo en Andalucía más tiempo que en cualquier otra parte del mundo, y ahora con este interludio en Gijón, al que me fui hace años por cuestiones laborales y familiares. Y añado que clase baja, al menos en lo que se refiere a ventas. Además, me reivindico como escritor de provincias”.

“Mis novelas suelen transcurrir en Málaga; casi todas lo han hecho”, subraya por último. “Hay episodios breves en Madrid y, en la actualidad, en Gijón, pero yo hablo de Málaga como hablan los escritores de Madrid: mencionan barrios, calles y bares sin dar explicaciones, como si todos tuviéramos que conocerlos por el simple hecho de ser Madrid. Pues yo hago lo mismo. Hablo de Málaga como si fuera el centro del mundo”.

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

La gran epidemia de peste de mediados del siglo XIV liquidó a más de un tercio de la población europea. Además de cientos de miles de muertos, dejó algunas enseñanzas en salud pública, como la importancia de los sistemas de cuarentena, los cordones sanitarios o los lazaretos y la necesidad de recopilar datos y vigilar los brotes de enfermedades infecciosas. Muchos siglos después, el cólera puso de manifiesto la urgencia de mejorar el alcantarillado y el acceso a agua potable en las ciudades.

Las grandes crisis sanitarias de la historia han permitido avances en materia de salud pública, todavía insuficientes ante los ingentes retos que enfrenta hoy en día el mundo, pero que permiten afrontar estos desafíos desde una nueva óptica. “Aprendemos mucho, otra cosa es que lo hagamos todo lo que deberíamos”, resume la exdirectora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que vivió la pandemia de coronavirus en esa responsabilidad.

“Los propios brotes de coronavirus de principios del siglo XXI nos sirvieron para aprender cómo funcionan estos virus, detectarlo mucho antes, hacer la secuenciación, tener herramientas diagnósticas en poco tiempo y aplicar medidas no farmacológicas de aislamiento y distancia social”, explica la especialista en medicina interna.

Un reciente informe de la Junta de Monitorización de la Preparación Global —GPMB, por sus siglas en inglés— de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a los Estados sobre la posibilidad de que se “intensifique la aparición y amplificación de peligros infecciosos” en la próxima década. El cambio climático, los cambios demográficos, la inestabilidad geopolítica y otras “presiones convergentes” amenazan la seguridad sanitaria mundial, por lo que los países “deberán mejorar su colaboración multilateral”, con inversión “más estratégica y eficiente”.

Pese al tirón de orejas por la lentitud en la financiación, la organización admite que la covid-19 ha supuesto la puesta en marcha de “muchas reformas importantes”. Sin embargo, la OMS concluye que “su impacto total solo se hará evidente en los próximos años”.

El presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Eduardo Satué, considera que en los últimos años ha habido “una de cal y otra de arena” a nivel global. “Vamos bien en vigilancia, suspendemos en coordinación y podríamos hacer más en investigación”, resume este experto.

Esos tres pilares son claves en epidemiología: permiten establecer los mecanismos que avisan cuando llega una crisis sanitaria; qué hacer cuando ocurre; y estudiar cómo evolucionan los mecanismos por los que se transmiten las infecciones para evitar que se produzcan y se propaguen. “Lo que salva vidas son las actuaciones de prevención y control”, avanza este experto, que pone como ejemplo algunas actuaciones en el contexto de la fiebre del Nilo, del que se han detectado casos en España en los últimos veranos. “Se están haciendo cosas muy interesantes, como la utilización de mosquitos estériles, para acabar con esa generación”, explica.

La vigilancia es también el campo donde ha identificado más avances la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maria João Forjaz. Por ejemplo, tras la pandemia de covid-19 se reforzaron en este país los sistemas y se impulsaron nuevos mecanismos, como el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA). Se trata de un sistema de vigilancia conjunta de gripe, coronavirus y otros patógenos, como el virus respiratorio sincitial, integrado a nivel autonómico y nacional que, según la epidemióloga, “está mostrando grandes beneficios”.

Hay cosas pendientes. El pasado mes de junio, el Congreso aprobó la Agencia Estatal de Salud Pública, pero todavía no se ha desarrollado, algo que echan en falta las voces consultadas. Como el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, redactado pero también pendiente de aprobación.

En 2025, las autoridades sanitarias también modificaron el Reglamento Sanitario Internacional. Los cambios en el documento, que salió a la palestra recientemente en plena crisis por el hantavirus, facilitaron su aplicación. Y recientemente se adoptó el acuerdo sobre pandemias que, sin embargo, dejó suelto uno de los flecos más relevantes: el anexo para compartir y asegurar que los países del sur global tengan acceso a tratamientos y vacunas. “Sigue habiendo una brecha norte-sur en el acceso a toda esta innovación”, ratifica la exdirectora científica e investigadora del Institute for Global Health, Denise Naniche.

En 2016, tras la epidemia de ébola de 2014, se concibió la Coalición para las Innovaciones en Preparación Para Epidemias (CEPI), que se puso en marcha al año siguiente para desarrollar vacunas contra patógenos emergentes. “En 2021, tras la pandemia de covid, se puso en marcha la 'misión de los 100 días', con el compromiso de un gran número de entidades de proporcionar test diagnósticos, tratamiento y prototipos de vacunas en los 100 primeros días desde que la OMS declara una emergencia de salud pública”, explica Naniche, para quien el actual brote en República Democrática del Congo será una de las pruebas de fuego de ese plan.

Con más de 170 muertes sospechosas en apenas una semana, solo en la provincia de Ituri, en un brote de un ébolavirus sin tratamiento ni vacuna, la OMS ya ha adelantado que está valorando dos opciones de antídoto pero que la “candidata más prometedora” tardará entre seis y nueve meses en producirse.

En esta crisis, no obstante, los médicos sobre el terreno tienen una herramienta de la que no disponían hace una década. “Tenemos gente con experiencia y una relativa facilidad para montar centros de tratamiento”, explicaba en una entrevista con elDiario.es el epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras Manuel Albela. “Ahora sabemos cómo se tienen que aislar los pacientes, las características antropológicas, las relaciones sociales y familiares, los tratamientos de soporte, etc.”, añade Aparicio.

El abordaje del VIH es otro ejemplo de los avances científicos, pero también de la brecha norte-sur que sigue existiendo en el mundo. “En los años 80 [del siglo XX], no había nada y, aunque seguimos sin vacuna, ahora tenemos todo un armamento de test, tratamientos y cuidados. Y, sin embargo, sigue siendo un gran problema en el África subsahariana, donde se producen más del 70% de las nuevas infecciones”, explica la investigadora del IS Global, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a este virus.

De fondo, las expertas mencionan el “elefante en la habitación”. Los recortes económicos de la administración Trump, que ponen en peligro programas en todo el mundo. La cooperación es fundamental para el abordaje del VIH, del ébola o de factores que empeoran la salud de la población, como la propia pobreza, que dificulta el acceso a los sistemas sanitarios. “La prioridad en salud pública no responde a si afecta a un país pobre o rico, porque lo que le pase a uno, le pasará a los demás”, señala João Forjaz, sobre los nuevos enfoques One Health. “Los virus y las personas se mueven, por eso hay que reforzar la cooperación internacional, la OMS, el ECDC, la CDC... necesitamos una visión global”.

Uno de esos ejemplos de cooperación global ha sido la gestión de la crisis del hantavirus, en la que participaron la Unión Europea, la OMS, el ECDC y más de una veintena de países con nacionales a bordo del crucero MV Hondius donde se detectó el brote. Hubo otra lección. “La importancia de una comunicación clara y unida entre quienes toman decisiones que van a afectar a la salud pública”, explica Naniche.

Precisamente, los pasajeros españoles de aquel barco se encuentran en este momento en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', en Madrid, donde están realizando la cuarentena. Uno de ellos, que dio positivo en hantavirus, se encuentra aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que se inauguró en 2015, tras la crisis del ébola de 2014.

Pese a los avances, España tiene una asignatura pendiente. Según la última estadística de Eurostat, este país dedica una media de 95 euros por habitante a programas de prevención y salud pública, lo que equivaldría a un 3% del gasto sanitario total. Una cantidad que sitúa a España en la parte baja del ranking, donde la media de la Unión Europea supera los 200 euros por persona.

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Valladolid ha aportado nuevas pistas sobre los mecanismos biológicos que pueden estar detrás del denominado covid persistente y ha identificado algunas disfunciones inmunológicas tempranas que pueden actuar como biomarcadores de riesgo y ayudar en el futuro a mejorar el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.

La Universidad de Valladolid ha detallado en un comunicado que la investigación, publicada en la revista científica Journal of Infection, identifica alteraciones específicas del sistema inmunitario presentes ya desde las primeras fases de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes que posteriormente desarrollaron secuelas persistentes.

Este estudio ha sido posible gracias a la criogenización y análisis de más de mil muestras de sangre recogidas durante la primera ola de la pandemia y los resultados revelan la existencia de una ‘huella inmunológica diferencial’ - diferencias en algunas células y mecanismos de defensa - en el momento del ingreso hospitalario entre los pacientes que años después desarrollaron covid persistente y los que no lo hicieron.

“Lo que hemos confirmado gracias a este estudio es que antes de que tuviesen Long Covid ya había diferencias en el sistema inmunológico de estos pacientes. ¿Implica esto que estaban predispuestos a desarrollar Long Covid? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que antes de que tuviesen Long Covid ya había alteraciones en su sistema inmunológico innato, que es la primera línea de defensa contra las infecciones”, ha explicado el investigador senior de la UVa, David Bernardo.

El análisis también mostró que esas diferencias persistían tres meses después del alta hospitalaria, aunque evolucionaban con el tiempo.

El trabajo, desarrollado por investigadores del Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM), centro mixto de la UVa y el CSIC, junto con profesionales del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBioVALL), destaca especialmente por su enfoque temporal.

La mayoría de estudios sobre el covid persistente, el “Long Covid”, comparan pacientes que actualmente tienen secuelas de la infección con otros que no las presentan, aunque esos estudios imposibilitan saber si las diferencias inmunológicas observadas son la causa del problema.

“Siempre te queda la duda: ¿esas diferencias son causa o consecuencia de la enfermedad?”, ha indicado el investigador, quien ha destacado que uno de los puntos más fuertes del estudio que han liderado ha sido que tenían criogenizadas las células de más de 1.000 pacientes desde el momento en que ingresaron en el hospital durante la primera ola.

Esto les ha permitido descongelar las de aquellos pacientes que, con el paso del tiempo acabaron desarrollando covid persistente, con la revisión exhaustiva más de mil historias clínicas, en un trabajo “largo, duro y absolutamente indispensable”.

El estudio analizó a 45 personas, de ellas 22 voluntarios sanos cuyas muestras de sangre se habían obtenido antes de la pandemia, por lo que nunca habían estado en contacto con el SARS-CoV-2; y otras 23 de pacientes hospitalizados por COVID en la primera ola, entre marzo y mayo de 2020.

Dentro de este último grupo de pacientes, 10 desarrollaron posteriormente COVID persistente, mientras que los otros 13 se recuperaron sin secuelas prolongadas y se utilizaron como grupo de comparación.

“Lo que queremos estudiar ahora es si estos hallazgos pueden extrapolarse a otros síndromes postinfecciosos. Para ello hemos repetido recientemente el estudio con otro abordaje, realizando otras preguntas y obteniendo nuevas muestras biológicas 6 años después, con el objetivo de conocer cómo ha evolucionado su sistema inmunitario a largo plazo”, ha concluido el investigador principal.

Las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia de covid se estiman en 22,1 millones, en comparación con las siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora y se traduce en que por cada muerte por covid registrada hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con ella. Las cifras reconocidas por la OMS a partir de estimaciones hacían mención hasta el momento a unos 15 millones de decesos, tanto por causas directas como indirectas.

Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación que hubo de las muertes provocadas directamente por el virus, como el volumen de las muertes indirectas por las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10,4 millones de decesos, principalmente debido a la aparición de variantes más mortales del covid, como la Delta, y a la considerable presión sobre los sistemas de salud, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique.

En comparación con los niveles que se podían esperar si la pandemia no hubiese ocurrido, las muertes globales fueron un 6,2% superiores en 2020 y alcanzaron un máximo del 17,9% en 2021. Las personas de edad avanzada y los hombres representaron una mayor proporción de la mortalidad total. “Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable”, explicó el especialista en datos.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años, pero posteriormente hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

“En 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual”, señaló Labrique.

Este fin de semana por fin empezó la operación para evacuar a los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius por el estallido de un brote de hantavirus. El saldo es, por ahora, de tres fallecidos y al menos otras cinco personas contagiadas, en un nuevo caso de zoonosis, o transmisión de virus de animales a humanos, que nos trae recuerdos del estallido del Covid-19 y todo lo que vino después hace ahora seis años. Es una de las consecuencias más preocupantes de la intervención humana en hábitats salvajes, del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas.  

Hablamos con Antonio Martínez Ron, experto en Ciencia de elDiario.es, para aclarar qué sabemos del hantavirus, su origen y sus diferencias con la Covid-19. Con David Noriega, periodista que cubre los asuntos relacionados con Sanidad, repasamos algunos detalles de la gestión sanitaria y política de esta alerta.

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Nueva polémica en torno al tratamiento de cadáveres en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València, en esta ocasión a cuenta del tratamiento de al menos tres cuerpos que fallecieron con enfermedades infecciosas y que fueron tratados con sus alumnos en las prácticas de la facultad de medicina.

Y eso pese a que el protocolo de la institución académica para la utilización de cadáveres establece en su punto cinco “la realización inmediata de la prueba serológica” por lo que “no se aceptarán cuerpos infectocontagiosos”, para lo que “se realizará una analítica para comprobar que no tengan Hepatitis B, C, covid y VIH”. El mencionado punto del protocolo añade: “En el caso de dar positivo en cualquiera de estas infecciones, el cuerpo no es apto para el estudio y si ya está en nuestras instalaciones, deberá ser retirado inmediatamente de éstas por la empresa fúnebre responsable y no nos emitirán factura. El cuerpo es negativo”.

Sin embargo, según la documentación recabada por elDiario.es, el CEU utilizó un cuerpo con fecha de fallecimiento de 2022 y entre las causas de defunción figura Hepatitis C. Lo mismo sucedió con otro cadáver con fecha de defunción en 2024 en el que se certifica que la covid 19 fue la causa del fallecimiento. Un tercer cuerpo con fecha de fallecimiento en 2023 presentaba gripe A entre las causas de su defunción.

Al respecto, fuentes del CEU han asegurado a elDiario.es que en los tres casos se cumplió el protocolo al realizarse los pertinentes estudios serológicos resultando negativos en los tres casos. Además han asegurado que hasta ahora no se ha producido nunca ningún contagio entre los profesores y el alumnado, lo que demuestra que los protocolos se cumplan y que funcionan.

Como informó elDiario.es, la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València ya fue sancionada con una multa de 15.000 euros por la Conselleria de Sanidad por embalsamar durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado.

 Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

La ginecóloga e investigadora Miriam Al Adib ha analizado las alteraciones del ciclo menstrual tras la covid-19 y la vacunación en un trabajo en el que pone de relieve la insuficiente atención que, durante demasiado tiempo, la salud de las mujeres ha recibido en la investigación biomédica.

Al Adib, residente y con consulta en Almendralejo, ha investigado al respecto para hacer su tesis doctoral que ha defendido en la Universidad de Extremadura y en la que ha obtenido la máxima calificación.

Basado en una cohorte de más de 17.000 mujeres, el trabajo pone sobre la mesa una cuestión poco visibilizada: “las dificultades persistentes para investigar y publicar en salud de las mujeres, incluso con datos sólidos y revisión por pares”, según señala la propia autora.

Así, la investigación, centrada en el impacto de la pandemia de la covid 19 en el ciclo menstrual, no solo aporta nuevos datos sobre salud menstrual, sino que sitúa en el centro del debate una cuestión de fondo: “Mientras la pandemia generó un volumen extraordinario de producción científica, los efectos de la infección y de la vacunación sobre la salud menstrual quedaron en gran medida relegados, reflejando una perspectiva androcentrista persistente en la investigación biomédica”, explica la ginecóloga.

La tesis, presentada como compendio de tres artículos científicos publicados en revistas internacionales de referencia, analiza las alteraciones menstruales asociadas tanto a la infección como a la vacunación, así como los factores clínicos y sociodemográficos implicados. Se trata, además, de uno de los mayores estudios realizados sobre el ciclo menstrual durante la pandemia.

Pero más allá de sus hallazgos clínicos, la investigación abre una discusión más amplia y “pone sobre la mesa una pregunta incómoda: por qué la salud de las mujeres ha sido tan a menudo un asunto secundario para la investigación científica”, afirma la doctora Miriam Al Adib Mendiri. A su juicio, “cuando la biología femenina se estudia menos, el problema no se queda en los artículos científicos, baja a la consulta, condiciona la práctica clínica y repercute en la vida cotidiana de millones de mujeres”, añade.

Por ello, la autora defiende que prestar mayor atención a la salud de las mujeres e integrar de forma sistemática las diferencias biológicas por sexo no es una cuestión ideológica, sino una exigencia de rigor científico, de calidad asistencial y de justicia en salud.

La tesis ha sido desarrollada en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura, dentro del programa de doctorado en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología. 

Koldo García agota la última vía para tratar de suspender el juicio que arranca el 7 de abril y en el que se verá si tanto él, como el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama se hicieron con comisiones ilegales gracias a amañar los contratos para la adquisición de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gestión. La defensa del exasesor ministerial considera que el Tribunal Supremo no debe ser quien le juzgue y, tras agotar la vía del recurso ante el Alto Tribunal, se dirige ahora al Tribunal Constitucional, al que pide amparo para que suspenda la última resolución, de cuestiones previas, que allanaba el camino a la celebración de la vista oral para el regreso de Semana Santa.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa cree que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva dado que los magistrados del Supremo que le juzgarán no han dado respuesta a sus pretensiones en esa resolución de 3 de marzo. También considera que se ha vulnerado su derecho a un proceso con garantías porque no se ha aceptado la recusación de hasta cinco de los magistrados, y suma a esto que también se ha violado el principio de igualdad y del juez predeterminado por la ley puesto que entiende que donde debería ventilarse el asunto es en la Audiencia Nacional dado que Ábalos ha dejado de estar aforado porque que ya no es diputado. 

En 25 páginas, la letrada del ‘chico para todo’ de Ábalos vuelve sobre los mismos argumentos que expuso ante el Supremo en su incidente de nulidad y afea a los magistrados, una vez más, que no cursaran ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que plateó para que se elevaran a esa instancia las dudas sobre la correcta interpretación del derecho al juez predeterminado y el derecho a un proceso equitativo.

Lamenta que la Sala de lo Penal del Supremo haya “ignorado” hitos procesales relevantes como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 24 de febrero que fue presentado ante la Audiencia Nacional y que, a su juicio, revela que se da en este caso una “duplicidad procesal prohibida por la Constitución” porque se ven en dos tribunales el mismo asunto. Añade a esto que la Sala también ha obviado que sufre indefensión porque no ha logrado tener una copia de los dispositivos intervenidos al asesor en el registro de su domicilio (en febrero de 2024) y porque no se ha investigado si se ha sufrido una quiebra de la custodia de las pruebas dado que estas habrían sido filtradas a los medios.

Para la defensa de Koldo García, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, “esta negativa (de los magistrados del Supremo) a intervenir antes del plenario sume a la defensa en una situación de indefensión a ciegas”, porque les obliga a enfrentarse a un juicio oral “sin haber podido analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación”. Cabe recordar que en los dispositivos del Koldo García la UCO halló el sustento probatorio necesario para llegar hasta el propio Ábalos. Eran mensajes y grabaciones que daban cuenta de hechos presuntamente delictivos.

La recusación y el acta de Ábalos

Sobre la recusación de cinco magistrados, recuerda en el recurso de amparo que cuatro de ellos participaron en el auto de admisión de la causa en noviembre de 2024, mientras que el quinto, Julián Sánchez Melgar, tenía, a su entender, “interés directo o indirecto al haber sido fiscal general del Estado nombrado por el Partido Popular, acusación popular en la presente causa”.

En cuanto a la posible pérdida sobrevenida de competencia para el Supremo después de que Ábalos renunciara a su acta de diputado en el Congreso, formalizada el 28 de enero de 2026, la defensa recuerda que los magistrados rechazaron esta tesis al sostener que el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 fijó como  “punto sin retorno” para la competencia en causas con aforados la fecha en la que se dicta el auto de apertura del juicio oral, dictado en este caso el 11 de diciembre de 2025. 

Por contra, esta decisión supone para la letrada “un sacrificio desproporcionado e irreversible de los derechos fundamentales” de Koldo García dado que es un ciudadano no aforado que se ha visto “arrastrado a la jurisdicción excepcional del Supremo única y exclusivamente por su vinculación procesal con Ábalos”.

Recuerda, al hilo, que no se está ante una regla “fija inmutable” y que el auto de juicio oral no determina la propia regla de no revisar la competencia. Y pone como ejemplo un auto del Supremo en la causa del ‘procés’ independentista catalán en el que, con fecha de 27 de diciembre de 2018, el Alto Tribunal aplicó para ventilar la competencia “un motivo totalmente extrajurídico, cual es la cercanía o lejanía de los acusados a su domicilio”. 

Por otro lado, denuncia ante el Constitucional que se le ha denegado el acceso a la fuente primaria de la prueba, y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido reiteradamente que la falta de acceso a los “datos en bruto” que permitan al acusado exonerarse constituye una vulneración del artículo 6.3.b del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Además, pone el foco que en el caso del comisionista procesado, De Aldama, se da una “conformidad material encubierta” y que “el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial” en lo que es una “conformidad premiada”. “Permitir que la acusación y un coimputado fragüen acuerdos a nuestras espaldas, prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar a mi mandante, desequilibra el proceso por completo”, subraya.

Así, solicita al Constitucional que admita su recurso de amparo y que dicte sentencia al respecto. Y mientras esa resolución llega, indica que se debe suspender la ejecución del auto del Supremo que abría las puertas al inicio del juicio el próximo 7 de abril.

Se cumplen 6 años de la pandemia. Y han pasado 8 meses desde la aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Estrategia de Cronicidad que, por primera vez, incluía a la Covid Persistente entre las enfermedades crónicas.

Un tiempo en que nada ha cambiado para los pacientes. En el que su salud ha seguido empeorando y han continuado encontrándose con dificultades para la atención sanitaria. Un tiempo en que el hemos conocido la muerte por las complicaciones de la sintomatología de la Covid Persistente de una joven de 20 años, hace apenas unos días, en Madrid.

Cada mes que pasa, aumenta el riesgo para la salud y la vida de los más de 2 millones de españoles que han sufrido o sufren actualmente la enfermedad, según estudios poblacionales de consenso [1]. Solo en la en la Comunitat Valenciana son unos 165.000, según otro estudio poblacional de la Universitat Jaume I [2]. También se ve amenazada la salud para quienes contraerán esta dolencia a raíz de próximos contagios de Covid-19, un virus respiratorio que hemos normalizado, pero con complicaciones posteriores que pueden conllevar una pérdida severa de la salud y hasta la muerte.

Sabemos que la administración tiene sus plazos. Pero nosotros solo tenemos una vida. Y ya llevamos mucho tiempo esperando.

En estos ocho meses, por parte de las instituciones competentes en las comunidades autónomas, no tenemos noticia de la creación e implementación de protocolos para que los enfermos pasen al circuito asistencial de las dolencias crónicas. De manera que, por ahora, no pueden acogerse a programas que podrían ser beneficiosos para su salud y situación social, cada vez más agravadas.

Tampoco nos llega por parte de la administración central ninguna activación de mecanismos de control o acompañamiento para el cumplimiento con una Estrategia de Cronicidad que ellos mismos presentaron.

A las primeras, hemos de recordarles que la salud no puede ser un arma de oposición política. Y a las segundas, que la delegación de las competencias sanitarias no significa el abandono. La gestión sanitaria es una poderosa herramienta política y, en un Estado del Bienestar, debería de usarse siempre en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuántos meses, cuántos años, cuántos muertos más hacen falta? ¿Pueden seguir escudándose unos y otros, gobierno central y administraciones autonómicas, en que es una enfermedad reciente, en que los servicios sanitarios están desbordados, en que no hay avances científicos concluyentes?

Lo que sí avanza es la enfermedad, que se agrava en la mayoría de afectados que lleva más de un año sufriéndola, con pérdidas crecientes a nivel cognitivo, de movilidad y autonomía en los casos más severos. Lo que también avanza es la aparición de nuevos casos, con cada oleada de contagio por nuevas cepas.

El tiempo corre en nuestra contra. Pero también en contra suya.

Porque habrán de explicarle a la sociedad y a su propia conciencia cómo, seis años después, todavía no han podido poner en marcha una estrategia asistencial que frene el empeoramiento de los casos, que minimice la pérdida de vidas, que impulse la investigación, que ofrezca un trato digno, humanitario y equitativo, como el que merece cualquier otro enfermo, a los pacientes de Covid Persistente.

Cada nuevo caso sin un protocolo asistencial específico suma nuevos motivos para la desconfianza en un Sistema Nacional de Salud que es de todos y que debería de atendernos a todos. Incluso a quienes somos el recuerdo del periodo más triste de nuestra historia reciente. Porque superar la pandemia no es dejar atrás a sus víctimas. Es atenderlas, dignificarlas y ofrecerles una esperanza.

[1] Al-Aly, Z., Davis, H., McCorkell, L. et al. Long COVID science, research and policy. Nat Med 30, 2148–2164 (2024). https://doi.org/10.1038/s41591-024-03173-6

[2] https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/02/23/covid-persistente-165-000-valencianos-sufren-secuelas-coronavirus-cinco-anos-despues-114557941.html

Lo anunció el pasado domingo y está empezando a hacerlo. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021, Francisco Igea, ha comenzado a desvelar whatsapps con el presidente del Ejecutivo autonómico y candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, fechados en los primeros días de la pandemia, antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020. “Alfonso [Fernández Mañueco] no es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado en un vídeo publicado a través de sus redes sociales.

Igea ha publicado en X varios mensajes en los que él pedía, el 9 de marzo de 2020 (lunes) un “consejo extraordinario” y le anunciaba su intención de convocar a los portavoces parlamentarios para pedirles “colaboración y lealtad” el día siguiente. Ese día siguiente, 10 de marzo, Castilla y León declaró a Miranda de Ebro en fase de “contención reforzada” por el alto número de casos. Ese miércoles convocó el consejo extraordinario, en el que se acordaron medidas y recomendaciones para el conjunto de la población.

El 14 de marzo -Sánchez ya había anunciado su intención de aprobar el Estado de Alarma el día anterior, con efecto a partir de ese sábado-, Francisco Igea solicitó convertir las recomendaciones en órdenes a través de la aplicación de la Ley Sanitaria autonómica para que estuvieran “cubiertas por el estado de alarma”.

Mensajes sin leer

El 15 de marzo, Francisco Igea, entonces portavoz del Ejecutivo autonómico, pidió a empresas y particulares equipos de protección para que los utilizaran los sanitarios y equipos de servicios mínimos. Después de este anuncio, Igea escribió a Mañueco: “Llámame si puedes. He hablado por Whatsapp con [Javier] Izquierdo -entonces delegado del Gobierno, que dimitió como secretario de Estudios y Programas del PSOE en diciembre de 2025 en medio de la crisis por las denuncias de comportamientos machistas dentro del PSOE- y casi lo mando a tomar por culo”. Una hora y media después, sin ninguna respuesta de Fernández Mañueco, Igea le preguntó: “¿Todo bien?”. Otra hora después, le respondió el presidente del Ejecutivo: “Todo bajo control. Whatsapp superado”. Igea reconoce el “exitazo” del llamamiento para colaborar en el suministro de equipos de protección y propuso a Fernández Mañueco que fuera él quien dé las gracias al día siguiente. “El Gobierno cabreado ha salido a requisar el material después de que nosotros lo hayamos conseguido por las buenas”, apostilló en su mensaje.

Igea también ha colgado un vídeo que acompaña a los pantallazos de Whatsapp, en el que ha ironizado por que Fernández Mañueco insista en la campaña electoral en que Vox les dejó “tirados” en el gobierno cuando “vinieron mal dadas” -en referencia a la marcha de Vox de todos los gobiernos autonómicos cuando pactaron un reparto de menores extranjeros no acompañados que vivían en Canarias con grandes dificultades por la falta de recursos-.

“Recuerdo lo que hizo del 8 al 15 de marzo, quién le exigía que había que convocar consejos de gobierno extraordinarios, solicitar el estado de alarma y cómo él decidió inhibirse del llamamiento a la población y a las empresas para que nos proporcionaran un material que no llegaran porque los mercados estaban 'rotos' y el Gobierno era incapaz de proporcionarnos los equipos de protección que necesitábamos”, ha reprochado el exvicepresidente autonómico, que dejó el cargo cuando Fernández Mañueco adelantó las elecciones en diciembre de 2021 de manera sorpresiva.

“Recuerdo quién salió a dar la cara, quién recibió las presiones del delegado del Gobierno [Javier Izquierdo] y qué es lo que hizo Alfonso. [Él] No es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado Francisco Igea, procurador en las Cortes durante la pasada legislatura, que ha anunciado que contará “más cosas”.

Este domigno, Igea anunció un serial en la última semana de campaña para que los ciudadanos sepan “cómo es el presidente de verdad” cuando “de verdad vienen mal dadas”.

En un segundo vídeo, Igea ha recordado cómo le “presionaba” para que no tomara decisiones que afectaran a la hostelería, con encuestas de opinión. “Él [Fernández Mañueco] quería ser Ayuso porque había visto que a ella le venía bien y decidió que no hubiera más restricciones en navidades. Tuvimos una incidencia terrible y hubo que poner el mítico toque de queda 'del orto al ocaso'”, ha aseverado, en referencia a cuando se confinó a la población a las 20 horas.

“Fue una brillante idea del director general de Servicios Jurídicos, luego consejero [Luis Miguel González Gago], que apoyamos porque no se nos hizo caso en su momento. Y, naturalmente, el que se llevó ese marrón a la espalda fueron un servidor y la consejera [de Sanidad, Verónica Casado] , que éramos los malos a los que había que criticar por estas medidas”, ha agregado.

Igea ha publicado pantallazos de Whatsapp (incluido un meme sobre el toque de queda que vivió Castilla y León en 2021) en los que Fernández Mañueco le envió un sondeo sobre la opinión de la sociedad respecto a las restricciones: “El rechazo es no solo de los empresarios. Hay que tener paciencia e ir abriendo, y que la gente perciba que su sacrificio sirvió para algo”, agregó, según los mensajes.