Ana María Delgado Briones nació el 8 de febrero de 1890 en Málaga, en el seno de una familia humilde que regentaba el café La Castaña. Su infancia estuvo marcada por la timidez y unas clases de declamación destinadas a corregir su tartamudeo mientras aprendía a recitar coplas populares. Sin embargo, la precaria situación económica obligó a sus padres a cerrar el negocio familiar y buscar un futuro mejor en la capital. Fue en Madrid donde la joven malagueña, junto a su hermana Victoria, inició su formación artística bajo la guía de maestros locales. Aquellas niñas malagueñas pronto se transformarían en “Las Hermanas Camelias”, un dúo de variedades que buscaba su lugar en los escenarios madrileños. Nada hacía presagiar entonces que el destino de Anita daría un giro de 180 grados hacia un reino lejano y exótico.

Y es que la vida de Ana María o Anita Delgado estaba a punto de cruzarse con la de un soberano oriental en una España de grandes celebraciones reales. Aquella modesta bailarina pronto se vería envuelta en una historia de amor que traspasaría fronteras y culturas milenarias. Concretamente, el año 1906 fue decisivo cuando Madrid se engalanó para la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. Entre la multitud de dignatarios internacionales se encontraba Jagatjit Singh, el maharajá de Kapurthala, quien quedó hipnotizado al ver a Anita. El encuentro se produjo en el Central Kursaal, un teatro de variedades donde las hermanas trabajaban como teloneras de figuras como Mata-Hari. Aquel recinto era frecuentado por intelectuales como Valle-Inclán y Julio Romero de Torres, testigos del flechazo del príncipe indio.

A pesar de la fascinación de Singh, aquella mujer de tan solo 16 años rechazó inicialmente sus pretensiones ante la incredulidad de su propia familia. El maharajá abandonó la ciudad tras el atentado de la calle Mayor, pero no desistió en su empeño de conquistarla. La correspondencia entre ambos comenzó entonces, marcando el inicio de una de las historias de amor más románticas de la época. Ella pronto entendería que su vida no volvería a ser la misma tras aquel encuentro fortuito en la capital. Las primeras cartas de la joven bailarina eran sencillas y algo pueriles, lo que llevó a sus amigos intelectuales a intervenir directamente. Ramón María del Valle-Inclán, temiendo que la caligrafía de Anita arruinara su futuro, redactó él mismo las misivas de respuesta. El maharajá se enamoró, sin saberlo, de la prosa de las mejores letras españolas, aceptando finalmente las condiciones para el enlace. 

El acuerdo incluía que Anita fuera educada en París por institutrices para adquirir los modales necesarios de una futura princesa. Durante su estancia francesa, aprendió idiomas, protocolo, equitación y música, moldeándose a la imagen que el soberano indio deseaba. El matrimonio civil se celebró en la capital francesa antes de emprender el gran viaje hacia el corazón del Punjab. Aquella modesta artista malagueña dejaba atrás su tierra para convertirse oficialmente en la maharaní Prem Kaur. Su transformación de bailarina a nobleza fue un proceso de intenso estudio y adaptación a un mundo nuevo.

La llegada a la India en 1908 fue un despliegue de majestuosidad sin precedentes, culminando con una boda por el rito sij. Anita, montada sobre un elefante lujosamente adornado, fue recibida con celebraciones que duraron diez días en la lejana Kapurthala. Su marido, un hombre de educación refinada, había mandado construir un palacio inspirado en Versalles para su nueva esposa. Allí, la joven malagueña se encontró rodeada de un lujo inimaginable, con 500 sirvientes y 12 mansiones a su disposición. A pesar de la cultura local, ella se impuso como una princesa moderna que vestía a la europea y practicaba deportes. Pintaba acuarelas, cazaba, jugaba al tenis y bebía champán, convirtiéndose en un motivo de escándalo para la sociedad tradicional. Su libertad personal fue respetada por Singh, quien siempre la consideró su esposa favorita dentro de la corte. 

Anita demostró una gran apertura mental al adaptarse a un país con una cultura tan diferente a la propia. En 1908 nació su único hijo, el príncipe Ajit Singh, a quien Anita se encargó de transmitir la lengua y cultura españolas. La vida en la “cárcel dorada” de la India no impidió que la maharaní demostrara una gran fortaleza y compromiso social. Durante la Primera Guerra Mundial, se trasladó a Londres para realizar trabajos de voluntariado en diversos hospitales franco-británicos. En su palacio indio, organizó la confección de uniformes para los soldados sijs que luchaban en el frente europeo. Estas acciones le valieron diplomas de reconocimiento de la Cruz Roja y del gobierno de Francia por su generosidad. 

Además de sus labores humanitarias, Anita fue una prolífica escritora que dejó constancia de sus vivencias en diversos diarios y cartas. Su libro “Impresiones de mis viajes a las Indias” documenta sus expediciones diplomáticas y su constante asombro ante el país. Esta obra revela su faceta intelectual y su mirada curiosa sobre la realidad social que la rodeaba. Sin embargo, la felicidad del matrimonio comenzó a resquebrajarse hacia 1920, cuando una grave dolencia de corazón obligó a Anita a retirarse. Pasó largas temporadas recuperándose en el clima más suave de Cachemira, alejada de las intrigas de la corte de Kapurthala. Esta ausencia fue aprovechada por otras mujeres que captaron la atención del maharajá, fracturando definitivamente la relación de la pareja. 

Tras 18 años de convivencia, y esperando a que su hijo fuera mayor de edad, decidieron separarse en 1925. El acuerdo de separación fue extraordinariamente generoso, garantizándole una pensión vitalicia, la nacionalidad india y el título de maharaní. Aunque nunca llegaron a divorciarse formalmente, Anita regresó a Europa para recuperar su independencia y las riendas de su vida. Instaló su residencia principal en una lujosa mansión en París, donde continuó brillando como una figura cosmopolita. Su partida marcó el fin de una era dorada, pero el inicio de su libertad personal.

Final en Madrid

De regreso en el viejo continente, la princesa malagueña vivió una existencia nómada entre París, Madrid y su querida Málaga. En su etapa parisina, organizaba recepciones y mantenía contacto con las personalidades más ilustres de la sociedad internacional. Sin embargo, los conflictos bélicos marcaron su itinerario, obligándola a refugiarse en Bretaña durante la Guerra Civil. Posteriormente, pasó la Segunda Guerra Mundial en Portugal. A pesar de la distancia física, la noticia de la muerte de Jagatjit Singh en 1949 le afectó profundamente, guardando luto por el hombre que la coronó. Fue entonces cuando decidió establecerse definitivamente en Madrid, rodeada de sus recuerdos y sus valiosas joyas. Aquella mujer viajera nunca olvidó las tierras lejanas que una vez fueron su hogar y su destino.

En la capital de España, Anita Delgado no dejó de ser una mujer valiente y alegre que atraía el interés de todos. Su belleza magnética y su historia de película la convirtieron en protagonista de diversos idilios y amistades artísticas. Se le atribuyó un romance con el famoso torero Juan Belmonte. Su legado artístico y personal fue custodiado por su sobrina Victoria, quien promovió la redacción de su biografía oficial. Hoy en día, su colección de joyas, que incluye la famosa esmeralda en forma de luna, se exhibe en museos internacionales. Su vida sigue siendo fuente de inspiración para libros y documentales que rescatan su extraordinaria trayectoria. Fue una mujer que supo vivir intensamente cada capítulo de su fascinante biografía.

En la Gerencia de Urbanismo de Málaga hay un expediente de infracción de 1984 pendiente de que se dé traslado al particular del informe del técnico municipal y otro, también abierto hace 42 años, pendiente del acuse de recibo. Hay un centenar largo de casos de los años 80, casi mil procedimientos del siglo pasado y cerca de 13.000 en total que se acumulan pendientes de alguna actuación para restablecer la legalidad o sancionar una infracción urbanística, ya sea una construcción ilegal o la falta de una licencia.

En total, hay 12.823 procedimientos de disciplina urbanística abiertos o en trámite, correspondientes a 9.455 expedientes (ya que un expediente puede generar varios procedimientos). El 70% de ellos no ha pasado las primeras fases del procedimiento. Un 9%, han alcanzado fases de ejecución material o demolición y 618 están en fase de sanción.

Los datos, obtenidos por el grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos) tras año y medio pidiéndolos, han causado escandalera en Málaga porque inciden en un déficit que ya motivó denuncias internas, una investigación penal y una comisión de investigación hace poco más de un lustro. La sospecha entonces era que había poco interés político por parte del Ayuntamiento (gobernado desde 2000 por el incombustible Francisco de la Torre -PP-) en agilizar las actuaciones del servicio de disciplina urbanística. Jefes de la Gerencia afirmaron ante un juez que los responsables presionaban para “mirar hacia otro lado” y varios trabajadores confirmaron el vaciamiento de la plantilla de Urbanismo dedicada a estas cuestiones.

“Barra libre” de infracciones

Ahora, Con Málaga vuelve a apuntar al mismo síntoma de un sistema ineficaz que pone “barra libre” a las infracciones, según Toni Morillas, portavoz de la coalición, quien ha reclamado la apertura de una nueva comisión de investigación.

Esta crítica activó de inmediato un resorte en el equipo de gobierno, muy sensible al tema. “Calumniar es gratis”, replicó al día siguiente Carmen Casero, concejala de Urbanismo, quien justificó el atasco en la complejidad y el garantismo de los procedimientos, y dijo que el 74% de los 48.365 expedientes que ha tramitado el servicio están resueltos. Todos los demás “tienen una causa por la que están abiertos”. “Es mentira que de manera intencionada este equipo de gobierno paraliza los expedientes”, añadió. Según dijo, cada expediente puede constar de hasta ocho hitos, cada uno de los cuales tiene que notificarse al interesado. “¿Podría ser más rápido?”, se preguntó: “No está en nuestras manos”.

“Hay que poner al personal donde hace falta”

Casero no mencionó las cuestiones organizativas ni la falta de personal, la principal crítica desde hace años. En cuatro ocasiones, Casero evitó responder a la periodista de la Cadena Ser que le pidió que concretara el número de personas que visitan las obras presuntamente infractoras. “No puede ser que haya un servicio de inspección que solo tenga a tres inspectores”, había reclamado Morillas. En la Gerencia de Urbanismo trabajan alrededor de 320 personas, aproximadamente un tercio de las cuales son técnicos. La cuestión es qué tareas asumen, según varias fuentes. “Claro que hay personal, pero hay que ponerlo a trabajar donde hace falta. Pero si no es tu prioridad…”, lamenta una fuente interna.

De los 320, actualmente hay 14 personas adscritas al servicio de infracciones urbanísticas, según la relación de personal adscrito entregada por el Ayuntamiento a Por Málaga, aunque Casero dijo que eran 19 en rueda de prensa, sin desglosarlos. Eran 18 en 2017, cuando el Ayuntamiento aprobó su Plan Municipal de Inspección Urbanística. Antes había ocho técnicos auxiliares, que son los encargados de realizar las visitas al lugar de la presunta infracción; hoy son tres. Por entonces, había un “instructor de procedimientos sancionadores”. Esa figura ya no existe y los tres técnicos de administración general (licenciados en Derechos) se han convertido en uno.

“Si están desbordados acaba repercutiendo en el servicio”, admite Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, que apunta al posible efecto colateral de generalizar las declaraciones responsables, un mecanismo que permite al ciudadano tramitar sin licencia expedientes menores, a veces sin proyecto técnico. “Puede que algunos aprovechen para excederse, y eso derive en más expedientes de infracción”, lo que añade más volumen para la misma o menor plantilla encargada de restituir la legalidad.

“Málaga no tiene inspectores: sea para ruidos, para la ocupación de vía pública de locales en el Centro, para viviendas turísticas o para infracciones urbanísticas”, denuncia el arquitecto Fernando Ramos, que lleva años documentando estas carencias y observa que nada cambia. Por ejemplo, el registro municipal de solares en ruinas está desactivado desde hace años. “La conservación afecta a la vía pública y a la seguridad de los viandantes. No es aceptable que el Ayuntamiento diga durante 25 años que no encuentra al responsable. Debe actuar subsidiariamente, porque hay una obligación de poner el solar en carga. Si no, es dejación de funciones, y para el propietario es una herramienta para especular”.  

También caducaron por caducidad cientos de expedientes para retirar viviendas turísticas del registro porque el Ayuntamiento no presentó en tiempo su informe, tal y como desveló este periódico.

Una Comisión de Investigación ya constató injerencias

En diciembre de 2017 se aprobó un plan municipal para “mejorar la eficacia de la norma, el cumplimiento efectivo de la ley por sus destinatarios y garantizar el respeto al principio de igualdad”, y precisamente “en atención a la gran cantidad de expedientes” de infracción. En teoría, sigue vigente, ya que se prorrogaba tácitamente si no se aprobaba uno nuevo en cuatro años, pero el Ayuntamiento no da cuenta del mismo. Para evaluar su cumplimiento, el plan obliga a elaborar una memoria de seguimiento y control de las intervenciones, pero tampoco hay constancia. Casero se limitó a señalar que “da resultado” porque en el último año se han abierto más expedientes que nunca.

La aprobación del plan coincidió en el tiempo con la comisión de investigación puesta en marcha en el Consistorio ante el descubrimiento de que unas 7.000 de las 11.834 denuncias urbanísticas presentadas entre 2006 y 2016 estaban sin investigar, con mil archivadas por caducidad.

La Comisión, celebrada durante el único mandato de los últimos siete en que el PP no ha tenido mayoría absoluta, se cerró con conclusiones muy críticas en las que se ponía el acento en la falta de personal y de planificación y la existencia de presiones políticas para dilatar expedientes. Según relataron algunos trabajadores, las técnicas de presión para evitar actuaciones urbanísticas incluían ceses o amenazas de cese (“poner a pegar sellos”), obligaciones de aviso previo de visitas inspectoras al concejal de distrito, falta de medios materiales y trabas para dilatar la tramitación hasta su caducidad. La antigua jefa de negociado, Teresa Domingo, se reunió con el alcalde en 2014 para exponerle estas irregularidades.

Poco después, un juzgado de instrucción investigó a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares (que siguen siéndolo) y el gerente José Cardador por las presuntas injerencias para entorpecer la tramitación de expedientes de sanción en la urbanización Villas del Arenal, donde muchos vecinos se habían construido pérgolas o anejos ilegales. Domingo y el antiguo jefe de la sección de infracciones confirmaron ante el juez la existencia de “injerencias políticas”, pero la denuncia acabó archivada.

La cuestión del personal laboral

También ha habido polémicas internas. La Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Málaga con un régimen laboral singular. Durante años, tuvo contratados a la mayoría de sus 300 trabajadores como personal laboral que encadenaban contrato tras contrato sin haber superado un proceso selectivo público. Pese a ello, muchos ejercían potestades reservadas a funcionarios, como otorgar licencias o proponer sanciones. Algunos acabaron demandando al Ayuntamiento. En 2024 la Junta de Andalucía y los tribunales (que tumbaron varios procesos selectivos) censuraron la estructura laboral de Urbanismo y obligaron a adaptar la nueva Relación de Puestos de Trabajo a la legalidad.

En 2023, José María Morente fue nombrado gerente con la misión de “pacificar” el organismo. Venía con un extenso bagaje: tras años de incertidumbre, consiguió encarrilar el nuevo plan general de Marbella, y fue decisivo en la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía (LISTA) como director general de Urbanismo de la Junta. Hay quien cree que llegó a Málaga sólo para una cosa: encajar el nuevo PGOU de Málaga en la LISTA. “Está como figura: firma lo que le ponen por delante, pero no dirige. Tampoco el consejo rector tiene una función clara. En teoría es el órgano de dirección, pero no se dice cuáles son sus prioridades”, alerta una fuente interna, que denuncia falta de dirección.

La gran novedad en los últimos meses es que Málaga ha incorporado la posibilidad, prevista por la LISTA, de que entidades privadas participen en el procedimiento para la concesión de licencias, con el argumento de que dota de “agilidad” al sistema. La oposición denuncia que allana la privatización y consagra la desigualdad de acceso al sistema, reforzando la sensación de discrecionalidad, de la que hay ejemplos: la licencia de la cubierta de la Catedral, el proyecto más ambicioso de los últimos años, se dio en 19 días y sin plan director. La licencia para la reforma del Teatro del Soho de Antonio Banderas se expidió para obra menor.

“Hace falta un modelo de urbanismo que atienda las necesidades de la ciudad”, señala Morillas, que observa en este problema un síntoma de una forma de gestionar: “Hay un modelo de urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos y por otro lado se pone una barra libre para las infracciones urbanísticas”.

La Guardia Civil investiga investiga a doce personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos contra el medio ambiente vinculados a un “vertido ilegal” de 167.000 toneladas de residuos de obras de construcción en Málaga.

Entre los residuos de diversa naturaleza se encontraban materiales “altamente peligrosos” como el amianto, según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota en la que ha precisado que los investigados se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras, y habrían eludido los controles legales para la gestión de residuos.

De este modo, habrían utilizado parcelas rústicas ubicadas en la comarca de la Axarquía (Málaga) para convertirlas en vertederos ilegales de residuos, evitando así el coste de su tratamiento en plantas debidamente autorizadas, según relata la Guardia Civil.

Desde la Benemérita advierten de que la falta de gestión profesional de los residuos puede generar un “elevado riesgo de incendios” por la acumulación de materiales inflamables, contaminaciones de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros.

A los investigados se les acusa de un presunto delito contra el medio ambiente, y las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Medio ambiente de Málaga.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, asistirán este año a la manifestación del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, de Málaga capital, pocas horas después del arranque de la campaña electoral en Andalucía que oficialmente empieza la medianoche del 30 de abril al 1 de mayo. Los comicios andaluces tendrán lugar el 17 de mayo.

Según han informado ambos sindicatos, los detalles de cómo celebrarán ambos sindicatos este día serán comunicados el próximo lunes en una rueda de prensa conjunta. No obstante, la decisión de organizar el evento en la capital costasoleña no está exenta de carga política por el contexto en el que se produce.

La manifestación central del 1º de Mayo se celebra desde hace años en Madrid, donde los dirigentes de CCOO y UGT suelen encabezar la marcha y pronunciar sus habituales discursos.

El año pasado, la manifestación de Madrid se celebró bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro y en ella, los dirigentes sindicales reivindicaron la necesidad de rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas y de reformar el despido en España.

Aunque el acto central del 1º de Mayo suele estar en Madrid, CCOO y UGT convocan siempre para este día más de 70 en distintas localidades de toda España.

Andalucía acumuló casi un tercio de los crímenes machistas de 2025 del conjunto del país. En una reunión de crisis a primeros de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba la incorporación de más ayuntamientos al sistema VioGén con tal de redoblar las medidas de seguridad ante unas cifras que, tras dos décadas, solo alcanza al 34% de las corporaciones locales en España, mientras que en la comunidad incrementa ligeramente, hasta el 37,2%: solo hay 292 municipios integrados del total de 785. A falta de un frente común, se suma el discurso negacionista contra la violencia de género que ha terminado por “calar” en las políticas de igualdad desplegadas en el territorio, profundizando en la grieta que existe.

Hace solo unas horas se ha producido el último asesinato machista en Andalucía, en concreto en la localidad de Fuensanta, en Córdoba. Un hombre de 65 años fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 64 años. Ambos estaban en el sistema VioGén y sobre él pesaba una orden de alejamiento, mientras que ella contaba con protección por parte de la Policía Nacional. El crimen se produjo una hora antes de que se produjera un juicio rápido por violencia de género. Una vez confirmado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) eleva a cuatro los homicidios cometidos en Andalucía desde principios de año, siendo ya 16 las mujeres víctimas de la violencia machista y habiendo nueve casos en los que no constaba denuncia previa.

Para formar parte del sistema VioGén hay tres requisitos en los convenios que suscriben los ayuntamientos y el Ministerio de Interior: voluntad política, capacidad de interlocución y de acción coordinada entre las administraciones, y una financiación estable para facilitar la formación y los aspectos técnicos, resume Laura Flores Anarte, investigadora del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US) y especialista en la materia.

La firma del convenio para ingresar en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) supone la coordinación entre las distintas administraciones. Con ello, la policía local pasa a realizar funciones de protección y seguimiento de los casos de violencia de género notificados —que se califican en nivel de peligro bajo, medio o no apreciado— y, al mismo tiempo, acceden a la información que hay disponible en la plataforma. Esos datos también están disponibles para los servicios municipales, desde donde se contribuye a perfeccionar las estadísticas con la subida de nuevos informes.

A partir del último informe, la distribución por provincias andaluzas sería: Almería (32); Cádiz (22); Córdoba (44); Granada (60); Huelva (20); Jaén (44); Málaga (23) y Sevilla (47), siendo el último Gerena. “Tras la crisis económica de 2008, los recursos públicos destinados a políticas públicas de igualdad en general y a la lucha contra la violencia de género en particular, se vieron diezmados a todos los niveles territoriales”, señala la experta. “Por ejemplo, la partida específica destinada por el Estado a los servicios de atención a las víctimas de violencia de género gestionada por las CCAA se vio reducida en un 50%”, detalla, recortando en presupuestos específicos y disminuyendo los recursos disponibles.

Discurso negacionista

En 2016, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se logró recuperar el colchón económico perdido. Con una inversión prevista, ¿cuál es el obstáculo ahora? El último lustro ha estado marcado por una realidad mucho más acuciante: el negacionismo de la violencia de género: “Hay un repunte de los discursos que deslegitiman las leyes de igualdad por considerarlas ideológicas o sectarias y defienden la vuelta a unos valores patriarcales tradicionales; esto ha calado en las instituciones y ello se traduce en la pérdida de prioridad política de la articulación de las medidas en ellas previstas”. Prueba de ello, las declaraciones de Juan Fernández, alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, quien sostuvo que el hombre que asestó 50 puñaladas a su mujer la “quería mucho”.

Sin este tipo de declaraciones, pero sin haber dado el paso, está Benalmádena, en Málaga, una de las ciudades de más de 50.000 habitantes que no forman parte de VioGén. A preguntas de este medio, fuentes de la corporación dirigida por Juan Antonio Lara (PP) indican que “el seguimiento y la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio están plenamente garantizados a través de la Policía Nacional”. Añaden que, a través de la Policía Local, “se mantiene una coordinación y colaboración permanentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con los servicios sociales y asistenciales, garantizando una respuesta integral y eficaz”. Con una política de “tolerancia cero frente a la violencia de género”, aseguran que los agentes tienen formación específica y que la Mesa Técnica Contra la Violencia de Género coordina “los casos concretos” con el apoyo de un equipo interdisciplinar.

En lo concerniente a municipios de menor población, desde el Ministerio de Interior se explica que hay algunas trabas, como que los policías locales destinados a estas zonas solo tengan competencias administrativas o que se debe estar en disposición de integrar los servicios sociales en el sistema, lo que no siempre es posible. Ante la ausencia de esta herramienta en gran parte de Andalucía, subrayan que los gestores de VioGén “coordinan la reorganización de todos los recursos disponibles” en cada territorio, con tal de que nadie quede desprotegida “con independencia de su lugar de residencia”. Así, especifican que es función de las delegaciones del Gobierno mediar con los distintos interlocutores políticos para conseguir ampliar el área de actuación.

Impedimentos a la hora de acceder a la información

Pero, ¿qué ocurre en el día a día? Un trabajador del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, parte de VioGén, apunta a la falta de accesibilidad. La información sensible del sistema está disponible para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía, y para los agentes policiales, excepto para los servicios sociales. “Desde los centros integrales de atención a la mujer (CIAM) lo reivindicamos desde hace mucho tiempo, porque es muy importante en el trabajo que realizamos con las mujeres”, asevera la fuente consultada.

La recepción de un nuevo caso corre a cargo de la trabajadora social, que luego articulará una estrategia de abordaje junto al equipo formado por una asesora jurídica, una auxiliar administrativa y una psicóloga. Ese primer contacto es clave para dirimir cuáles son las atenciones que necesita la posible víctima que se acerque a las instalaciones. “No sabemos cuál es la traba y desde el Ayuntamiento nos dicen que se ha intentado en alguna ocasión, pero hay que volver a insistir”, manifiesta.

En respuesta a este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla señala que, tanto en el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) como en el actual de Jose Luis Sanz (PP), se “ha reclamado continuamente”, tanto de forma pública como por escrito en abril y junio de 2023. En la actualidad, la información es manejada tan solo por el grupo especializado que hay en la Policía Local, apuntan. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla indica que el convenio con Interior no contempla el acceso al sistema de los servicios sociales de ayuntamientos ni al propio CIAM, en todo caso, en la denuncia de la víctima se debe autorizar expresamente a que sus datos pasen al IAM.

Bárbara Sordi, investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, atiende a este medio. Hace pocos días, el equipo liderado por el investigador de la US, Juanjo Medina, hizo entrega de las primeras conclusiones de Proyecto RiskPol - Vigilancia policial basada en el riesgo de la violencia de pareja y el modelo de riesgo VioGén, cofinanciado por la Junta de Andalucía. Todavía no se pueden desvelar los resultados finales, pero la especialista habla sobre los puntos positivos y los desafíos que entraña la colaboración entre la academia, la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado.

Primero, especifica que VioGén no deja de ser una herramienta dentro de un aparato de protección mucho más complejo en el Estado, con diferentes escalas y responsabilidades: “En Andalucía, hay que apostar por el incremento de este y otros recursos para extenderlos a todos los rincones, porque vemos un avance, y esta autonomía ha sido pionera en muchas cuestiones, pero existe un repunte y hay una evidencia: el discurso negacionista está cuajando cuando hay datos evidentes de violencia y de victimización entre jóvenes”. Con un marco legislativo más robusto que en el pasado, contempla el efecto de la manosfera entre las nuevas generaciones, “hay un problema de base”.

A tenor de las estadísticas de VioGén, llama la atención sobre que en el último informe publicado por el Ministerio de Interior había alrededor de un 50% de mujeres que habían interpuesto una denuncia previa. “¿Qué significa esto? Que escaló la violencia, por tanto, no estamos haciendo la labor desde el sistema de justicia a la hora de brindar las medidas de protección”, resalta.

Nuevo VioGén

La auditoría realizada por la Fundación Éticas, en colaboración con la Fundación Ana Bella, desveló que se subestimaba el riesgo para las víctimas, ya que hubo 71 falsos negativos y solo 55 mujeres recibieron algún tipo de protección policial debido a que el 73% de los casos no había presentado una denuncia policial y, en consecuencia, no se había asignado una puntuación en la valoración de riesgo (VPR) o la de evolución del riesgo (VPER). Al respecto, Laura Flores, investigadora de la US, añade que de esta forma quedaron comprobadas las deficiencias estructurales del primer modelo: “Un criterio determinante para el algoritmo que califica el riesgo al que se encuentran expuestas las víctimas eran los recursos policiales disponibles, de tal manera que el sistema solo da el número de puntuaciones de riesgo extremo que se puede permitir”.

Además, se le daba mayor peso en el cuestionario a la violencia física, subestimando así a la psicológica, y solo se permitían respuestas binarias, “lo que dificulta la precisión en la descripción de las realidades”. Con la puesta en marcha de VioGén 2 en enero de 2025, la finalidad es revertir estos fallos y lograr una herramienta a pleno funcionamiento en la que se produzca una gestión más rápida y concisa de los datos. La violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos serán incorporados como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento del maltratador, anunció Interior en enero de este año. “Ahora habrá que ver los efectos de su efectiva implementación”, determina la investigadora.

Pilar, primera víctima por violencia machista este año, tenía 38 años y vivía en la localidad jiennense de Quesada. Estaba registrada en el sistema VioGén, pero su cuerpo fue hallado sin vida el 4 de enero. Alba Oseguera Gutiérrez, parte del Área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), retoma el quid de la cuestión: “Falta una mayor inversión y unos servicios que sean integrales. Por ejemplo, con la actual crisis de la vivienda hay muchas mujeres que no pueden dejar atrás a su maltratador e iniciar una nueva vida. La vivienda es uno de los puntos fundamentales de protección y reinicio”.

Con fecha de marzo, en Andalucía hay un total de 27.196 casos que están en activo y 1.286 supervisados. Del total de activos, hay 23.656 con calificación de riesgo baja, otros 3.316 en riesgo medio, mientras que 220 que de riesgo alta y 4 calificados como riesgo extremo.

Israel continúa con las críticas públicas a España. Esta vez, por un muñeco. El Ministerio de Exteriores del país hebreo ha convocado a la encargada de negocios española en el Tel Aviv —la máxima representación de España en Israel tras la retirada de la embajadora— para recibir una reprimenda, a raíz de la quema de un muñeco de Benjamín Netanyahu en El Burgo (Málaga).

“El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez”, asegura el departamento de Exteriores israelí en un comunicado difundido en la red social X, en el que comparte el vídeo de la celebración.

Exteriores concluye el comunicado afirmando que la encargada de negocios española ha sido llamada a declarar, y critica que el Ejecutivo de España “guarda silencio” sobre el vídeo.

Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha respondido al Gobierno de Israel y ha rechazado “con contundencia” la “acusación insidiosa” de antisemitismo. El Ejecutivo español “está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepciones”, apuntan fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares.

Una tradición con casi un siglo de historia

Los hechos a los que refiere tuvieron lugar el pasado 5 de abril, en el municipio malagueño de El Burgo. Fue durante el Domingo de Resurrección, con motivo de la festividad de la Quema de Judas, donde un muñeco de 7 metros de altura parecido a Netanyahu ardió relleno de casi 14 kilos de pólvora ante 2.000 visitantes (más que habitantes tiene el pueblo, 1.800). El comienzo de esta tradición data de los años cuarenta del siglo pasado, después de que un aficionado a los cohetes invitase a la juventud de la localidad a quemar acciones malas y celebrar las buenas. El nombre evoca al apóstol que traicionó a Jesús de Nazaret según las escrituras, Judas Iscariote.

Es el Ayuntamiento quien decide el personaje. El pasado año fue Donald Trump. Este, Netanyahu. En el caso de este 2026, la quema simbolizaba el mensaje “No a la guerra, al genocidio”, según dijo a EFE la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez.

Esta tradición no es exclusiva de El Burgo. También en Andalucía, el municipio sevillano de Coripe celebra esta misma festividad en el comienzo de la Semana Santa. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en Andalucía, en ella se prende un muñeco que representa a un personaje de actualidad criticado o con actuaciones cuestionables. Por este 'castigo satírico', como recoge el Correo de Andalucía, han pasado Trump, Koldo García, Carles Puigdemont, Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarin, entre muchos otros.

Este año, el turno fue de Vladímir Putin, que llevaba adheridas unas fotografías de Trump y Netanyahu. Aunque, en este caso, la información no ha llegado a oídos del Ejecutivo israelí.

De la “guerra diplomática” al muñeco en El Burgo

La reprimenda a la representante española llega después de que este viernes el primer ministro israelí acusara a España de librar una “guerra diplomática” contra Israel, en referencia a las críticas del Gobierno de España por el genocidio en Gaza, donde el Ejército israelí ha matado a más de 72.000 personas, o la condena a la guerra en Irán o contra Líbano.

Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat (sur de Israel).

Horas más tarde, aunque sin relacionar los hechos, el presidente Pedro Sánchez pidió a sus socios de la Unión Europea “ser coherentes” con la defensa del derecho humanitario y suspender el acuerdo de asociación con Israel. “No permitamos otra Gaza en Líbano”, aseguró Sánchez en Barcelona.

La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita. “Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándoles la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia. Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado... “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte. Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro. “Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa. Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.

Un total de 25 partidos y tres coaliciones han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Trece de estos partidos y coaliciones se presentan por las ocho provincias de la comunidad. Estos datos se desprenden de la información hecha pública por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) sobre formaciones políticas acreditadas para concurrir a las elecciones autonómicas.

Entre esas 13 formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias, figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura, en concreto, PSOE-A, PP, Vox, Por Andalucía (coalición) y Adelante Andalucía.

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía -que ahora se presenta como partido político- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía. Asimismo, para las elecciones del 17 de mayo, Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

Por Andalucía

En la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía, consta la retirada de los partidos Podemos y Alianza Verde, que finalmente se han integrado en la coalición Por Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió para las elecciones de junio de 2022. Por un problema con los plazos, en aquella ocasión, ambos partidos no quedaron formalmente integrados en Por Andalucía, sino que respaldaban la coalición y contaban en las candidaturas con representantes con la categoría de independientes.

Los otro siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Autónomos (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva). Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén merece más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).

Christine Ruiz-Picasso falleció este pasado lunes, 6 de abril, a las 18.00 horas a los 97 años, en su casa de Provenza, en Francia. Nacida en Francia en 1928, y vinculada al mundo del arte desde joven, era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, y fue la principal impulsora y artífice del Museo Picasso Málaga (MPM), junto con su hijo Bernard.

El Museo Picasso es el más visitado de Andalucía, con 800.000 visitantes al año. Abrió en octubre de 2003, fruto del empeño personal de Christine, presidenta de Honor junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía, y fue punta de lanza en la transformación cultural de Málaga, que hoy cuenta con espacios de referencia como el Pompidou o el Museo Carmen Thyssen.

La idea inicial nació en 1953 de los contactos entre el propio Pablo Picasso y Juan Temboury Álvarez, académico, investigador del arte y por entonces delegado provincial de Bellas Artes de Málaga. El pintor malagueño quería que su obra estuviera presente en su ciudad natal, pero este proyecto quedó frustrado poco después. El contexto político no era el más favorable. 

Cuatro décadas después, Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo mayor del artista, acudió a Málaga con motivo de las exposiciones Picasso clásico y Picasso, primera mirada en el Palacio Episcopal de Málaga. Y salió tan satisfecha al contemplar el entusiasmo entre la ciudadanía malagueña por contemplar por vez primera en Andalucía el trabajo de Picasso, que en 1996 reiniciuó el proyecto de su suegro. 

En 1997 la Junta de Andalucía adquirió el Palacio de Buenavista, un palacete del siglo XVI, y poco después, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista, donaron 233 obras a la Fundación Museo Picasso Málaga Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, fundada ex profeso para la génesis del proyecto y que es la que actualmente rige el museo. Sigue constituyendo el grueso de la colección del museo. Cincuenta años de que el artista malagueño concibiera la idea, el Museo Picasso Málaga se hizo finalmente realidad: fue inaugurado el 27 de octubre de 2003.

Reconocimientos

Christine recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y ese mismo año fue distinguida como Hija Predilecta de Andalucía en 2003, en reconocimiento a su labor cultural y su contribución al patrimonio artístico de la región. Veinte años después, el Auditorio del museo fue rebautizado como Auditorio Christine Ruiz-Picasso para perpetuar su estrecho vínculo con el recinto. Ella no pudo asistir por motivos de salud.

El Museo Picasso Málaga y la Junta de Andalucía han lamentado la pérdida de una mujer “que dedicó su vida a preservar y difundir el legado de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

“Su legado como mecenas, promotora cultural y defensora del patrimonio picassiano ha contribuido significativamente a la vida cultural de Málaga, de España y al conocimiento del arte moderno”, han señalado desde el MPM.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha trasladado el pésame de Málaga a la familia, recordando en un mensaje en X que Christine Ruiz-Picasso “fue artífice del impulso cultural de la ciudad”. “Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso Málaga, uno de los hitos de la Málaga cultural, en 2003”. El regidor que ha recordado que Christine “donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras”. “Transmito con este mensaje el pésame de Málaga a su familia y la gratitud, enorme gratitud, de la ciudad. Descanse en paz”, ha concluido el hilo de mensajes De la Torre.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, ha calificado este lunes la Semana Santa en Andalucía de “buena” tanto en el interior como en el litoral, pese al parón del AVE entre Madrid y Málaga que desencadenó un choque frontal entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en vísperas de las elecciones.

“En líneas generales, se ha salvado”, ha aseverado Javier Frutos, apuntando que “la costa ha ido muy bien, el aeropuerto ha ido muy bien, lo que al final ha ayudado también a que tengamos una buena Semana Santa”, en alusión a la situación concreta de la provincia malagueña.

El caso de Málaga generó polémica después de que la Junta cifrara las pérdidas en 1.300 millones de euros, asegurando que esa es la cifra que manejan los hosteleros. Sin embargo, la patronal negó oficialmente disponer de ese dato. A la vuelta de la Semana Santa, Javier Frutos señala que, a pesar de la desconexión, los turistas “han buscado otras alternativas para venir”, aunque “no dejar de ser un problema el que tiene Málaga”.

Valoración positiva, aunque gasto “contenido”

Aunque aún no hay datos cerrados, los hosteleros andaluces hacen una valoración “positiva” de la temporada, que ha remontado las previsiones iniciales en la recta final con las reservas de última hora. En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el presidente de la hostelería andaluza ha apuntado que el gasto sí ha estado “más contenido” como consecuencia de la subida de los precios, especialmente del gasóleo, derivada de la guerra en Irán entre Estados Unidos e Israel.

En este punto, ha adelantado que, en el ámbito de los congresos, sí están notando una caída de hasta un 20% de bajada de visitantes. En este marco, Andalucía recibió 784.734 turistas internacionales durante el mes de febrero, lo que supone una subida del 1,07% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.088,51 millones, un 5,15% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de febrero en la región de la serie histórica. De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 168 euros en febrero, un 1,05% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,28 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.387 euros, un 4,04% más que en febrero del año anterior.

Andalucía encabeza la bajada del paro en marzo al registrar 8.836 desempleados menos que en febrero, lo que supone un descenso del 1,5% y sitúa el total en 579.638 parados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con esta caída, la comunidad se posiciona como la que más contribuye al descenso del desempleo a nivel nacional.

Por provincias, el paro descendió en siete de las ocho provincias andaluzas, con Cádiz liderando la bajada (-2.352), seguida de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33). El desempleo solo aumentó en Jaén (+58).

En términos interanuales, el paro acumula una bajada de 63.584 personas, un 9,89% menos, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral andaluz.

Por sectores, el desempleo descendió principalmente en Servicios, con 7.351 parados menos, seguido de la Construcción (-2.167) y la Industria (-527). En cambio, aumentó en Agricultura (+522) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (+687). El sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro, con 402.338 desempleados.

El descenso del paro se dejó sentir en ambos sexos, aunque fue mayor entre las mujeres. Del total de desempleados, 356.643 son mujeres, tras una bajada de 5.746 (-1,58%), mientras que los hombres en paro se sitúan en 222.995, con 3.090 menos (-1,36%).

Por edades, el desempleo juvenil también registró una caída, con 442 parados menos entre los menores de 25 años, mientras que entre los mayores de esa edad el descenso fue de 8.394 personas.

A nivel nacional, el paro también bajó en marzo en 22.934 personas (-0,9%), hasta un total de 2,4 millones de desempleados, su nivel más bajo en este mes en los últimos 18 años. Andalucía, junto a Cataluña (-3.777) y la Comunidad Valenciana (-2.467), concentró buena parte de este descenso.

En cuanto a la contratación, en Andalucía se firmaron 292.542 contratos durante marzo, un 25,2% menos que hace un año. De ellos, el 42,7% fueron indefinidos (124.823), mientras que el 57,3% fueron temporales (167.719).

El torero retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta tras una fuerte cogida por parte de un astado en la tarde de este pasado viernes en su puesto de trabajo.

Así lo han confirmado el Sistema Emergencias 112 y Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, que ha confirmado que la muerte del trabajador ha tenido lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular corrida picassiana que se celebra este sábado.

Lances de Futuro ha expresado en un comunicado que el trabajador fallecido es Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. “El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte”, ha recogido la empresa en un comunicado.

Condolencias

En cuanto a la gestión de la emergencia, el 112 recibió sobre las 19.45 horas que indicaba que un trabajador había sido pillado por un toro en los corrales de la Plaza de la Malagueta. De inmediato se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el fallecimiento del trabajador, un varón de 51 años, por las lesiones causadas por el animal.

El empresario José María Garzón y el resto del equipo de Lances de Futuro ha manifestado en un comunicado que se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña y ha expresado públicamente su pesar por esta pérdida.

La Semana Santa en Andalucía no se explica. Se vive. Y quien la ha visto de cerca lo sabe. Calles llenas, silencio absoluto en un momento y, al siguiente, música, emoción y lágrimas.

Porque aquí las procesiones no son solo actos religiosos. Son identidad, historia y también un fenómeno cultural que cada año atrae a miles de personas.

Entre todas las que se celebran, hay algunas que destacan por encima del resto. Por su historia, por su impacto o por lo que generan en quien las ve.

La Madrugá de Sevilla, la noche más intensa de la Semana Santa

Si hay una referencia clara dentro de las procesiones más famosas de Andalucía, esa es La Madrugá de Sevilla. Se celebra durante la noche del Jueves al Viernes Santo y reúne a algunas de las hermandades más emblemáticas de la ciudad, como la Macarena o el Gran Poder.

Es una noche única. Las calles se llenan hasta el límite, el silencio se impone en algunos tramos y la emoción es constante. Cada paso avanza lentamente, rodeado de miles de personas que lo viven como algo casi íntimo, pese a la multitud.

No es solo una procesión. Es probablemente el momento más esperado de toda la Semana Santa sevillana.

El Cristo de la Buena Muerte en Málaga, tradición y solemnidad

Otra de las grandes referencias dentro de las Semana Santa Andalucía procesiones es la del Cristo de la Buena Muerte en Málaga.

Su salida, acompañada por miembros de la Legión, es uno de los momentos más impactantes de toda la semana. El traslado del Cristo y el ambiente que se genera alrededor convierten esta procesión en una de las más reconocibles de España.

Aquí la solemnidad convive con la espectacularidad. La música, el desfile militar y la devoción popular crean una escena que no deja indiferente a nadie.

El Cristo de los Gitanos en Granada, una procesión única

Cerrando esta lista de mejores procesiones Semana Santa Andalucía, aparece una de las más especiales. El Cristo de los Gitanos, en Granada.

Su recorrido por el Sacromonte, iluminado por hogueras, la convierte en una de las procesiones más singulares del país. No hay otra igual.

El ambiente es completamente distinto. Más íntimo, más simbólico, con un componente cultural muy marcado que conecta con la historia del barrio y con sus tradiciones.

Es, para muchos, una de las imágenes más potentes de toda la Semana Santa andaluza.

Tres procesiones que explican una forma de vivir la Semana Santa

Elegir solo tres es quedarse corto. Pero estas procesiones famosas España Semana Santa ayudan a entender por qué Andalucía vive estos días de una forma tan particular.

Cada una tiene su estilo, su ritmo y su manera de emocionar. Sevilla con su intensidad, Málaga con su fuerza y Granada con su singularidad.

Y ahí está la clave. Que no son solo procesiones. Son experiencias que, una vez vistas, se quedan contigo.

Este lunes el alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP) hizo las siguientes declaraciones a los periodistas: “Yo creo que al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien. La gente, a la que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, hace el esfuerzo de venir aunque sea tardando más, como se tarda ahora. Creo que la incidencia será mínima”.

Estas declaraciones del regidor, verso libre del PP, a propósito de la repercusión turística (y por tanto económica) de la interrupción por obras de la línea de alta velocidad a la altura de Antequera suponen la enmienda final a varios cargos de su partido en la Junta de Andalucía, que han alimentado el catastrofismo económico durante dos semanas.

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, había dicho quince días antes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que la consejera de Hacienda, Carolina España, alertaba desde la estación María Zambrano de que “Málaga está completamente incomunicada” y animaba a los empresarios a demandar a ADIF por las presuntas pérdidas, alimentando así el choque frontal con el Gobierno.

De la Torre, mucho más cauto, apuntala ahora la idea de que la incidencia no será tan grave. Ya lo advirtieron los propios empresarios, sorprendidos por un exceso de alarmismo que ni ellos vieron venir: probablemente la Semana Santa “no será tan mala como la están pintando”.

Los datos definitivos se conocerán después del Lunes de Pascua, pero empiezan a divulgarse algunos indicadores que sostienen esa conclusión, sobre todo en la capital.

El tiempo, factor clave

El alcalde sostuvo sus palabras en lo que le dicen desde la Oficina de Turismo, donde registraron menos consultas el viernes y el sábado que el año anterior, pero muchas más el Domingo de Resurrección.

Fuentes del sector restan peso al indicador, pero hay otros datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en febrero de 2026, cuando el AVE a Málaga ya estaba interrumpido, hubo más pernoctaciones hoteleras (+1%) en la provincia que en febrero de 2025, un resultado que muestra fortaleza porque va en dirección contraria a la tendencia a nivel autonómico (-1,8%). La clave está en el incremento de la estancia media en Málaga y en el impulso del turismo internacional, que compensa la bajada del nacional, que da síntomas de agotamiento desde hace meses.

Tampoco ve probable un alto impacto el profesor Benjamín del Alcázar, director de la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga, quien presentó el lunes el informe anual que mide la repercusión de la Semana Santa en la economía malagueña, elaborado por la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga. Del Alcázar destacó una clave con mayor incidencia que el tren: las previsiones meteorológicas. En la de 2025, marcada por la lluvia, el impacto fue de 320,5 millones de euros. La de 2023, con un tiempo extraordinario, marcó el máximo: 394 millones de euros. Para este año no se prevén jornadas de lluvia, y sí sol y buen tiempo, con máximas de 25 grados.

En declaraciones a la SER este miércoles, Francisco Moro, presidente de AEHCOS en Málaga ciudad, ha calculado un descenso de ocupación del 6% en los primeros días, “un poquito peor que el año pasado”, pero prevé cifras similares al año pasado a partir de ahora, en torno al 94%, rozando el lleno el Jueves y Viernes Santo. “Sabíamos que por la fuerza y el atractivo de la ciudad la gente al final vendría. Se veía venir y así ha sido”.

Perspectivas “bastante optimistas” de la Junta, cautela en el sector

El PP andaluz, que hace un par de semanas alimentaba las previsiones más negras, ha ido aplicando en las últimas fechas sordina a un debate que cebaba con estruendo hace apenas 15 días.

Tanto el martes como el miércoles, el presidente Juan Manuel Moreno auguró unos “buenos datos” en Andalucía, y dijo confiar que la interrupción desl AVE directo a Málaga “no tenga impacto” o sea “el menor de los posibles”. En esa línea se manifestó la consejera de Empleo, Rocío Blanco: “Parece que, poco a poco, la afluencia [a la Semana Santa de Málaga] se está comportando muy bien”. La consejera confirmó que las perspectivas del sector son ya “bastante optimistas” y avanzó que los datos de paro registrado “apuntan a que vamos a tener una bajada de desempleo notable”.

Incluso el consejero de Empleo, Arturo Bernal, que habló de una semana “perdida completamente”, ha modulado su discurso. Hace una semana confió en “amortiguar” el impacto con el buen tiempo. Este martes pronosticó un descenso de ocupación en la provincia Málaga “en torno a ocho puntos porcentuales”, algo que estaría en línea con el descenso de seis puntos previsto para Andalucía.

Por su parte, AEHCOS (la asociación mayoritaria, que agrupa hoteles, apartamentos turísticos, albergues u hostales de Málaga, interior y Costa del Sol) pronostica una ocupación del 73,47% durante toda la semana, frente al 80,18%, 6,6 puntos menos (por tanto, una previsión mejor que la Junta), y una bajada de cinco puntos los días centrales. AEHCOS, que atribuye el descenso a la “desconexión ferroviaria de alta velocidad”, admite posibles “ajustes de última hora que pueden modificar” las cifras, apuntando a las reservas de última hora, muy condicionadas por la climatología. Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, asegura a elDiario.es/Andalucía que no van bien, y que se han reducido un 50% respecto al año pasado.

AVVAPRO (la patronal andaluza de pisos turísticos) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en Andalucía de entre el 68% y el 70%, con registros algo superiores en las grandes capitales, pero advierte de que el viajero tiende cada vez más a decidir en el último momento, “especialmente cuando las previsiones meteorológicas son favorables”, lo que deja margen para una mejora.

Más desplazamientos por carretera, estabilidad en el aeropuerto

La alta velocidad a Málaga funciona de Madrid hasta Antequera, desde Renfe realiza un transbordo hasta Málaga capital, lo que alarga el viaje entre una hora y hora y media, hasta las cuatro horas y media.

Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que unas 3.000 personas siguen viajando al día, y Renfe ha reforzado los servicios para Semana Santa. Ouigo e Iryo mantienen suspendidos los trayectos, mientras que Renfe oferta alrededor de 50.000 plazas en estos días, con 15 servicios diarios (16 los domingos). Son unas 90.000 menos que las ofertadas hace un año. Este miércoles no había plazas en la mayoría de trenes para regresar a Madrid en la segunda parte de la semana.

Con todo, los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren apenas mueve alrededor del 10%. Para llegar a Málaga sigue habiendo carreteras, el cuarto aeropuerto de España y un puerto de cruceros que sostendrá las cifras de la temporada alta del año pasado (117 escalas y 172.000 pasajeros).

“La gente que quiere venir a Málaga se ha buscado la vida y ha venido a través de otros medios, sé que mucha gente ha venido en carretera”, señaló Blanco. La DGT prevé 730.000 desplazamientos en la provincia, 85.000 más que el año pasado, (+13%).  

La vía aérea se mantiene estable: los vuelos programados son cerca de 6.000, casi el 80% de ellos internacionales.

Un debate sin datos firmes en víspera de elecciones

La vía de alta velocidad entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 4 de febrero a la altura de Álora por la caída de un talud. ADIF ha dado ya dos fechas incumplidas, se remite ahora a la última semana de abril “como mínimo” y atribuye los retrasos a la complejidad de los trabajos.

La línea dura la sostiene Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Local del PP, quien este miércoles ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente y le ha acusado de no tomar medidas para paliar el problema y falta de transparencia con las obras. El PP, que ha pedido el expediente completo, ha solicitado sin éxito al Gobierno que bonifique el peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas, vuelos de mayor capacidad, un puente aéreo a precios tasados y ayudas al sector turístico.

Bendodo ha comparecido en la estación María Zambrano acompañado de De la Torre, quien ha insistido en que la ocupación en la ciudad será similar al año pasado, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que es la primera vez que ha tenido que venir en avión. Para mañana está prevista la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate sobre las pérdidas económicas que la falta de AVE directo está provocando alcanzó su punto álgido hace ahora dos semanas cuando varios consejeros de la Junta de Andalucía pusieron el grito en el cielo a partir de la difusión descontextualizada de una cifra sin atribución ni desglose, 1.300 millones de euros en pérdidas que un diario tituló que se producirían “en Semana Santa”. El propio Moreno se hizo eco y aventó el agravio con otros territorios.

La previsión de los 1.300 millones la había formulado una parte interesada (el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol), en privado (en una reunión con la delegada de la Junta en Málaga), recogía pérdidas indirectas (incluyendo las pérdidas indirectas en proveedores o el consumo inducido por los salarios) y no se refería a las pérdidas “en Semana Santa”, sino a la estimación de las pérdidas del sector por la interrupción del servicio directo desde el 18 de enero (fecha del accidente en Adamuz) al 23 de marzo, cuando se suponía que se restablecería la vía, antes del nuevo retraso anunciado por el presidente de ADIF.

“Nosotros esa cifra no la hemos dado nunca oficialmente,” señala Hernández. El Gobierno andaluz la usó de trampolín para, en vísperas de elecciones, lanzarse en tromba por una senda que había ido abriendo en las semanas previas. Encontró réplica en el ministro Puente, que acusó a quienes difundían la cifra de “buleros”. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, aseguró este martes que la semana “está siendo un éxito extraordinario”, y criticó a Moreno por el “alarmismo irresponsable”.

A falta de cifras definitivas, los tronos y el buen tiempo han enterrado el debate. El año pasado las previsiones se quedaron cortas: la Consejería de Turismo pronosticó un 72,4% de ocupación y al final se alcanzó el 77,4%.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

Málaga ha quedado este miércoles descartada como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés) en las deliberaciones preliminares que han llevado a cabo por separado el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para decidir cuáles de las nueve candidatas pasaban a la fase final de selección. Tras este proceso Lille y Roma han quedado como únicas finalistas.

Cada institución debía decidir en la fase previa a sus dos candidatas favoritas que presentar a la última fase de votación y, en ambos casos, las elegidas han sido Roma y Lille, que deberán disputarse ahora la sede en una serie de rondas de votación, han informado a Europa Press diversas fuentes europeas y parlamentarias.

Según han precisado estas fuentes, Málaga no ha logrado superar el corte ni en la deliberación de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (IMCO) –en donde han sido necesarias hasta siete rondas para decidir sus finalistas–, ni en la del Consejo. Junto a Málaga, competían por la sede Lieja (Bélgica) Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Budapest) y Lille (Francia).

Centro Aduanero de Datos

Entre los criterios que han pesado en la decisión figuran la fecha a partir de la cual la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la EUCA, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

También debía ser tenido en cuenta por los colegisladores las opciones que ofrezca cada ciudad de acceso al mercado laboral y seguridad social para las familias, así como que se respete el equilibrio geográfico en el reparto de agencias europeas entre Estados miembro.

La autoridad se encargará de coordinar la acción aduanera y apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la Unión, además de establecer un Centro Aduanero de Datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.

El Bioparc de Fuengirola (Málaga) tiene nuevo inquilino. El zoológico ha anunciado la incorporación de un ejemplar macho de cocodrilo enano africano (Osteolaemus tetraspis), una de las especies de cocodrilo más pequeñas y menos conocidas del mundo. El ejemplar se une así a la hembra que ya albergaba el parque, un traslado que se enmarca dentro de los programas internacionales de conservación de especies amenazadas.   

Según ha informado el parque en un comunicado, el reptil llega procedente del zoológico de Barcelona y el traslado se ha realizado siguiendo “estrictos protocolos de bienestar animal y cooperación entre instituciones zoológicas”. 

El objetivo de esta alianza es compartido: que el macho de cocodrilo enano africano forme pareja con la hembra, favoreciendo su reproducción y creando poblaciones estables bajo cuidado humano, para así contribuir al conocimiento científico y a la protección de especies amenazadas.

Un animal principalmente nocturno

El cocodrilo enano africano es una especie especialmente singular dentro del grupo de los cocodrilianos. El primer motivo: su tamaño. A diferencia de sus parientes más populares, como el cocodrilo del Nilo, este reptil raramente supera los dos metros de longitud, lo que le convierte en el cocodrilo más pequeño del mundo. 

No solo se le conoce como el cocodrilo más pequeño del mundo, sino que su tamaño reducido, su comportamiento reservado y su preferencia por zonas densamente vegetadas de ríos y humedales le han valido el sobrenombre de “cocodrilo pigmeo”.

Su observación no es fácil, tanto por su tamaño como por su comportamiento. De acuerdo con el parque, originario de los bosques tropicales y pantanos del África occidental y central, pasa gran parte del tiempo oculto entre la vegetación o refugiado en madrigueras excavadas en las orillas. 

Además, el personal de Bioparc Fuengirola recuerda de que se trata de un animal principalmente nocturno, que se alimenta de peces, crustáceos, anfibios y pequeños vertebrados. A pesar de todo, animan al público a visitar el centro para su observación. 

Una especie vulnerable

La situación del cocodrilo enano africano es delicada, porque se enfrenta a numerosas amenazas: la pérdida de hábitat causada por la deforestación, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la caza ilegal. Todos estos factores han contribuido a un descenso de sus poblaciones en distintas regiones de África. 

Además, eso explica, en parte, que se hayan puesto en marcha programas de conservación ex situ y que esté catalogado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En plena refriega política y mediática sobre las previsiones del impacto que tendrá la interrupción del AVE directo a Málaga en el potente sector turístico de la Costa del Sol, la Junta de Andalucía ha publicado la nueva entrega de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Y esta contiene un dato que sugiere que el impacto sobre el turismo en Málaga ha sido, de momento, limitado: en febrero, cuando el AVE ya llevaba 12 días interrumpido tras el accidente en Adamuz, visitaron los hoteles de la provincia menos personas que en febrero de 2025, pero el número total de pernoctaciones fue mayor porque la estancia media de los turistas se alargó.

De esta forma, los hoteles malagueños registraron 1.137.839 estancias, un 1% más que hace un año, gracias sobre todo al tirón del turismo procedente del extranjero, que compensó con creces la caída del turismo nacional, más expuesto a la interrupción del servicio ferroviario directo.

Los hoteles de Málaga recibieron 343.155 viajeros en febrero de 2026 (dato provisional), un 2,2% menos que en febrero de 2025, que ya experimentó una caída del 6% respecto a febrero de 2024, cuando se produjo el pico de viajeros de la serie histórica. La caída en el número de visitantes no es exclusiva de Málaga, sino que se refleja también a nivel andaluz. Pero en Málaga no se traduce en un descenso del número de pernoctaciones, gracias al turismo internacional y el incremento de la estancia media, de 3,2 a 3,3 días por turista.

Durante la semana pasada, responsables de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, ambas gobernadas por el PP, cargaron con altas dosis de alarmismo las quejas por los incumplimientos de los plazos para la reapertura de la vía de alta velocidad a la altura de Álora. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, aseguró que la Semana Santa está “perdida definitivamente”, la consejera de Hacienda Carolina España expuso que Málaga está “aislada” y el propio Presidente, Juan Manuel Moreno, alertó de un impacto estimado en 1.300 millones de euros, sin desglosar el periodo ni los conceptos incluidos. España anunció que la Junta de Andalucía estudiaba acciones legales contra ADIF o el Ministerio, y animaba a los empresarios a hacer lo mismo.

Fortaleza del turismo internacional, descenso del nacional

La cifra publicada este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, una especie de INE andaluz) pone en cuestión las previsiones más derrotistas y sugiere que, al menos hasta febrero, el turismo hotelero volvió a crecer. Febrero es uno de los meses tradicionalmente flojos en la Costa del Sol y Málaga, nada comparable al arranque de la temporada alta que marca precisamente la Semana Santa, pero en los últimos años ha ido ganando peso al tiempo que la Junta se esforzaba por desestacionalizar el turismo.

Los datos del IECA muestran también que es el turista internacional el que sostiene el tirón turístico de Málaga. Baja un 10,1% el turismo nacional, para el que el AVE representa en torno al 10% de las llegadas (el 11,4%, según el Observatorio de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Málaga), mientras sube un 3,3% el número de turistas internacionales, que sigue siendo el mayoritario, el que más gasta y el que más días alarga la estancia: cuatro días de media. El aumento se debe al refuerzo del aeropuerto internacional de Málaga (el cuarto de España), que ha programado más vuelos (+1,9%) y recibido más pasajeros (+3,5%) que en febrero de 2025.

Este medio ha pedido también los datos de ocupación en febrero a la patronal de viviendas turísticas, sin obtenerlos.

Servicio directo interrumpido

Málaga y Madrid no tienen conexión directa de alta velocidad ferroviaria desde el 18 de enero, fecha del accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El 4 de febrero, las intensas lluvias provocaron el deslizamiento de un talud sobre la vía a la altura de Álora (Málaga). Por ese motivo, el AVE Madrid-Málaga se interrumpe en Antequera, desde donde Renfe ofrece completar el trayecto en autobús. Según Renfe, unas 3.000 personas hacen uso de esta opción cada día.

El pasado 16 de marzo el presidente de ADIF anunció que la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid (y por tanto con el resto de España) no reabrirá completa antes de la última semana de abril, “como mínimo”, debido a que las obras para despejar la vía son de mayor envergadura de lo que se había previsto.

ADIF trabaja allí con 75 operarios, 23 máquinas y turnos de 24 horas, según explicó Puente. Sin embargo, esos turnos no se aplicaron hasta hace tres semanas, y esta es la tercera fecha estimada de reapertura.

Choque político

El nuevo retraso fue el punto de inflexión del enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, cuyos dirigentes llevaban días advirtiendo del impacto sobre el sector turístico, principal motor de la economía malagueña.

El conflicto escaló de nivel con la irrupción de Óscar Puente, quien desacreditó un dato sin contrastar divulgado, en privado y sin desglose, por la patronal. Un titular de Sur señalaba que las pérdidas ascenderían a 1.300 millones de euros “en Semana Santa”, aunque en la información se explicaba que era una estimación de pérdidas indirectas durante los dos meses hasta el 23 de marzo, contando con que la vía reabriría ese día. Es decir, sin contar Semana Santa. Oficialmente, la patronal dijo no saber nada de esa cifra, y se ha limitado por ahora a avanzar que el descenso de reservas es del 26%. Estaba previsto que publicara una estimación a finales de la semana pasada, pero ahora nada se sabe.

Entre tanto, la previsión de los 1.300 millones había cobrado vida propia: se divulgó sin contexto en las redes sociales y fue aventada por dirigentes del PP, incluido el propio Moreno, hasta que Puente advirtió de que aventurar esas pérdidas en Semana Santa era un “disparate”, y acusó a quienes usaban el dato de “buleros” y “mamporreros de quinta”. Una pérdida de tal calibre en sólo nueve días equivaldría a decir que cada turista que visitó Málaga en la pasada Semana Santa se gastó 17.000 euros.

A pesar de que la propia patronal llamó a la calma, con el presidente de AEHCOS asegurando que la Semana Santa no será tan mala como se estaba pintando, España elevó el tono grabando un vídeo junto a los autobuses dispuestos por Renfe en la estación María Zambrano de Málaga.

El Gobierno de Moreno ha detectado un punto en el que percutir sobre el Gobierno de Sánchez justo a las puertas de unas elecciones autonómicas, convocadas ya para el 17 de mayo. La cuestión, además, enlaza bien con otras reclamaciones al Gobierno central a cuenta de las carencias de infraestructuras en una provincia Junta en franco crecimiento: falta un Cercanías hasta Marbella y la A7 está saturada.

De ahí que el PP haya pedido alternativas como la bonificación de los peajes en la autovía de Málaga o incentivos fiscales para los vuelos a Málaga. También ha planteado el posible uso de Cercanías desde Antequera por vía convencional, una propuesta rechazada por Renfe, que alega que faltan máquinas y maquinistas para eso.

Por su parte, Puente ha publicado un vídeo para hacer ver la complejidad de los trabajos, mientras el subdelegado del Gobierno en Málaga evitó acudir este lunes a una reunión telemática sobre “análisis y medidas ante la falta de AVE Madrid-Málaga en Semana Santa”, convocada el sábado por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.

Los problemas de conectividad ferroviaria en Andalucía en vísperas de la Semana Santa, especialmente el parón del AVE entre Madrid y Málaga, han desembocado en un enorme conflicto político entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central que ninguno de los dos rehúye.

De hecho, ambas instituciones han optado por ir al choque frontal, arrastrando a todos los partidos a una confrontación dura a las puertas de unas elecciones autonómicas en las que el PP de Juan Manuel Moreno parte como favorito. Moreno anunció este lunes la disolución del Parlamento y adelantó los comicios al próximo domingo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará en la noche del jueves 30 de abril.

Tras una semana cruzándose acusaciones gruesas, en las que han participado desde el presidente Moreno hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, convocó este lunes a una reunión telemática a todos los alcaldes, empresarios del sector e instituciones de la Costa del Sol afectadas por “el problema ferroviario” para “actualizar la situación”.

La reunión venía precedida de un sonoro desencuentro en el que la Junta ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez del “aislamiento ferroviario de Andalucía”, cifrando las pérdidas del parón del AVE a Málaga en 1.300 millones de euros. El ministro tildó de “disparate” esa previsión, de la que se ha desligado la patronal malagueña, y acusó de “manipulación” a Moreno y a los medios que se hicieron eco de esas cifras sin contrastar.

El desencuentro podía haber terminado con el “calentón” de ambas partes el jueves pasado, pero el Ejecutivo andaluz ha mantenido el pulso al ministro todo el fin de semana, y este lunes se ha rodeado del rocoso sector turístico de la Costa del Sol y un puñado de alcaldes del PP para intensificar su ofensiva.

Bernal ha empezado la reunión poniendo sobre la mesa otro dato, este sí oficial (del Instituto Nacional de Estadística), que muestra una caída del turismo nacional del 10% en la provincia de Málaga durante el mes de febrero. La Junta relaciona esa caída con la interrupción de la línea de alta velocidad, que va ya para tres meses, porque los datos de viajeros internacionales que llegan a Málaga han experimentado un leve repunte en el mismo periodo.

El subdelegado del Gobierno en esta provincia, Javier Salas, fue convocado a la reunión el sábado por correo electrónico, pero el lunes no acudió y, con el encuentro ya comenzado, aún no había excusado su ausencia, explican desde la consejería. Mientras aún estaban reunidos, Salas difundió un duro mensaje a los medios de comunicación: “Convocan a una reunión sólo para hablar del AVE, pero olvidan que la guerra iniciada por sus amigos Trump y Netanyahu, guerra que aún Moreno Bonilla no ha condenado, está provocando problemas serios al sector turístico, reduciendo drásticamente el número de viajeros de muy alto poder adquisitivo que no pueden venir a Málaga”.

El turismo es, junto con el sector agroalimentario, uno de los dos pilares de la economía andaluza, representa entre el 12 y el 13% del PIB regional. El año 2025 cerró con 37,9 millones de viajeros en Andalucía y dejó unos ingresos de 30.000 millones de euros. La Semana Santa, a ojos de la Junta, constituye “el primer gran reto turístico del año”. Málaga, por ser capital de la Costa del Sol y la única provincia andaluza con un aeropuerto internacional, concentró el año pasado el 40,7% de las pernoctaciones de toda Andalucía en esa semana.

Esto no es una guerra política más. Se libra sobre el terreno, donde el Gobierno de Moreno tiene más ascendencia sobre los empresarios, los agentes sociales y los medios de comunicación. Se libra a las puertas de una cita electoral, que arranca justo este lunes, 23 de marzo, cuando el presidente ha disuelto el Parlamento y convocado a 6,5 millones de andaluces a las urnas.

Andalucía representa casi el 20% del sufragio nacional (61 escaños en el Congreso), su peso político y su proyección en las próximas elecciones generales es muy superior al de Extremadura, Aragón y Castilla y León. La circunscripción provincial de Málaga elige 17 diputados autonómicos, de los que hoy el PP tiene diez, el PSOE cuatro, Vox dos y la coalición Por Andalucía uno.

Esta guerra política se juega en la “casa” de Juanma Moreno, motor de la industria turística andaluza y, también precisamente por esto, la más afectada de las ocho capitales por la masificación turística y el encarecimiento del precio de la vivienda, que ha motivado las primeras manifestaciones multitudinarias esta legislatura, convocadas por el Sindicato de Inquilinos y respaldada por miles de jóvenes. El alquiler medio en Málaga, donde el 10% son ya pisos turísticos, se encareció un 33% el año pasado, uno de los repuntes más altos de España, según un informe reciente.

El pulso sobre el AVE y su impacto en el turismo también divide a una ciudad que, en los últimos años, empieza a dar “síntomas de agotamiento de un modelo económico saturado”, advertían los manifestantes en Málaga capital. El alcalde, el octogenario Francisco de la Torre, volvió a apartarse de las directrices de su partido (es famoso por ello) para reclamar una tasa turística para sufragar el sobrecoste que supone para los servicios públicos de su ciudad, pero el Gobierno de Moreno se lo denegó, porque “pone en riesgo la gallina de los huevos de oro”, porque no hay consenso en el sector y, sobre todo, porque el PP ha hecho de la “bajada masiva de impuestos” una seña de identidad ideológica.

“Aislamiento ferroviario de Andalucía”

Es sabido que al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección no le gustan las guerras culturales, ni las que aviva Vox por la extrema derecha (rechazo a la inmigración, negacionismo de la violencia machista), ni las que incentivan desde el otro flanco las izquierdas (privatización de la sanidad, la educación, la dependencia...).

Sin embargo, a lo largo de la legislatura Moreno se ha movido como pez en el agua en todo tipo de pulsos contra el Gobierno de Sánchez de orden económico, siempre con la patronal alineada a sus espaldas, desde la falta de financiación autonómica al déficit de inversión estatal en Andalucía. En todos estos lances, suele citar a Catalunya como contrapunto privilegiado por el Ejecutivo socialista.

En ambos pulsos confronta directamente con su principal rival en las urnas, la ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, y en este último conflicto por el AVE ha chocado directamente contra Óscar Puente, el ministro más beligerante en las redes. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, suele hablar en tono peyorativo del “Gobierno Sánchez-Montero”. Esta semana lo ha rebautizado “Gobierno Sánchez-Montero-Puente”.

La irrupción de Puente en escena ha tensado los músculos tanto en el PP andaluz como en el PSOE. En ambos partidos había reservas: había asesores de Moreno que veían “riesgos” en “azuzar a Puente”, porque es “un político muy visceral, capaz de movilizar y tocar la fibra sensible de los socialistas, que es justo lo que no queremos”. Entre los socialistas más cautes existe, sin embargo, cierta preocupación por tensar la cuerda: “El estilo de Puente vale para Madrid y para una presidenta como Isabel Díaz Ayuso, pero no para Andalucía ni para Moreno”, dice un dirigente regional.

El supuesto agravio de la Moncloa a Andalucía -aparejado siempre a los “privilegios” hacia Catalunya- es un histórico leit motiv de la Junta (ya lo era también en tiempos de Manuel Chaves) que moviliza el “voto institucional”, hoy capitalizado por Juanma Moreno. “¿Qué pasaría si la situación que está viviendo Andalucía con el AVE sucediera en Cataluña? Málaga va a estar tres meses sin alta velocidad. No podemos asumir con naturalidad que todos los días haya retrasos en la red ferroviaria andaluza”, dijo el presidente andaluz el pasado lunes, precisamente mientras Salvador Illa retiraba su proyecto de Presupuestos para Cataluña por la falta de apoyo de ERC.

Obras “de seguridad” en la vía del AVE

La línea de AVE entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 18 de enero, tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas, y el posterior desprendimiento de un talud sobre la vía a su paso por Álora (Málaga) el 4 de febrero. Por ahora, el AVE llega hasta Antequera y desde allí se ofrece un transbordo en autobús hasta la capital, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media. A pesar de ello, unas 3.000 personas al día están usando este servicio, de modo que la interrupción no es total, según el Ministerio de Transportes.

La Junta esgrime ese parón de dos meses como símbolo del “abandono”, de la “dejadez”, del “castigo” del Gobierno de España hacia Andalucía, “porque ya no es de izquierdas, porque aquí gobierna Moreno con mayoría absoluta y no lo soportan”, dicen.

La situación política hoy es mucho más compleja y más dura que hace una semana, cuando el presidente de la Junta denunció en un desayuno informativo que el parón del AVE a Málaga tendría un impacto económico de 300 millones de euros, “que pueden aumentarse si la conexión no está solventada antes de Semana Santa”. Moreno hizo esas declaraciones el lunes 16 de marzo, poco antes de que Adif anunciase que la reapertura de la línea se retrasaba “como mínimo” hasta finales de abril, tras el periodo vacacional.

Antes de conocer ese dato, el PP andaluz ya había registrado ese mismo día en el Parlamento una proposición no de ley sobre el “impacto económico del aislamiento ferroviario de Andalucía”, que cifraba las pérdidas entre 190 y 200 millones de euros durante la Semana Santa, sólo en la provincia de Málaga“. 48 horas después, ya con la confirmación del retraso de las obras en la línea del AVE por parte de Adif, el Gobierno andaluz elevó la cifra de pérdidas estimadas en 1.300 millones de euros, aludiendo a ”datos del sector“.

La patronal malagueña (AEHCOS) negó tajantemente que hubiera dado esa cifra. “Ese dato no aparece en ninguna de nuestras comunicaciones”, aseguró una portavoz a este periódico. Sin embargo, en una reunión interna con la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga y presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, el presidente de los empresarios malagueños, José Luque, había cifrado las pérdidas directas en 300 millones y las indirectas en 1.300 millones.

El ministro de Transportes irrumpió en el debate a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde explicó que el retraso en la reapertura de la línea de AVE era inevitable por cuestiones de seguridad -los daños provocados por el desprendimiento del talud eran más graves de lo previsto- y cargó contra el Gobierno de Moreno, al que acusó de “manipulación” por sostener el “disparate” de dar por buena unas pérdidas de 1.300 millones sólo en Málaga.

En 2025, la Consejería de Turismo había calculado el impacto económico de la Semana Santa en toda Andalucía en torno a los 500 millones. “Buleros, mamporreros de quinta, ridículos”, escribió Puente, atizando tanto a miembros del Ejecutivo andaluz como a periodistas que difundían esos datos.

El choque frontal con el ministro, lejos de preocupar a PP y PSOE dada la cercanía de las elecciones andaluzas, parece haber incentivado la estrategia de confrontación por ambas partes. El viernes, la portavoz de la Junta, Carolina España, elevó desde Málaga el tono de gravedad por el parón del AVE. “Hemos perdido la Semana Santa”, dijo, solemne.

La consejera, natural de Málaga, hizo un llamamiento a “muchas personas a venir a Málaga, aunque tengan que venir en autobús, en coche o en avión. Estamos disponibles”, dijo, usando un discurso cuestionado por algunos miembros de la patronal malagueña porque “si da a entender que no se puede llegar a Málaga, puede provocar el efecto contrario y desmotivar a quien tuviera pensado venir por otra vía”.

El sábado, España volvió a convocar a la prensa en la estación de trenes María Zambrano, donde se hizo un vídeo junto al cartel del autobús que lleva a los pasajeros del AVE hasta Antequera, donde pueden enlazar con la línea a Madrid. La Junta ha pedido soluciones alternativas al Gobierno, como la “bonificación de los peajes” en la autovía de Málaga, la “mejora de los accesos en la A-7 y la AP-7”, o incentivos fiscales para los vuelos a Málaga.

El alcalde, a Puente: “Será un placer volver contigo a las obras en Álora”

El domingo, el alcalde de la ciudad, el popular Francisco de la Torre, se apeó de la estrategia de confrontación de la Junta con el Gobierno y usó un tono de conciliación con el ministro Puente, al que también exigió “un tono más institucional y correcto”. España denunció que “Málaga está aislada” por los problemas de conexión ferroviaria, usando la misma expresión (“aislamiento ferroviario de Andalucía”) que aparece en la proposición no de ley que el PP registró en el Parlamento una semana antes. Los datos oficiales de movilidad en Málaga que maneja el área de Turismo del Ayuntamiento, correspondientes a 2025, cuantifican las llegadas a la ciudad por avión en un 63,9%, por tren en un 11,6% y por coche en un 9,9%.

De la Torre, un verso suelto del PP desde hace 30 años, se ofreció a volver a visitar las obras del AVE en Álora, tras visionar el vídeo que difundió Puente en redes explicando la “complejidad” de las obras para despejar la vía, donde estaban trabajando 75 técnicos y 23 máquinas, “lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana”. “Ministro, buen domingo desde Málaga. Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo”, dejó dicho el alcalde.

Este lunes la polémica se expandió a otras provincias. El Ayuntamiento de Huelva, donde el PP tiene mayoría absoluta, votará en el pleno del próximo viernes a favor de la “dimisión o el cese” del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif por la gestión del accidente de Adamuz, según consta en una moción registrada por los populares este lunes, y que ha anunciado el teniente de alcalde.

El choque de trenes a la altura del municipio cordobés inspiró un breve armisticio en la política andaluza. Los partidos se apearon de la confrontación habitual y esgrimieron un consenso en el Parlamento, al margen de la bronca que ya se vivía en el Congreso. Lo llamaron el “espíritu de Adamuz”, pero duró apenas unas semanas.

Moreno defendió en la Cámara la idea de crear una comisión de investigación sobre el accidente -a pesar de no tener competencias sobre la gestión directa de lo ocurrido-, y encendió a los partidos de la oposición, que le afearon que hubiera vetado dos veces una comisión de investigación parlamentaria sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama, cuya competencia directa es la Junta.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno autorizó la personación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante el Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, “así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan”. Fuentes del Ministerio de Transporte consultadas por este periódico han descartado añadir más a lo dicho por Puente en redes estos días.