Los vecinos de Viky y Francisco no saben a qué hora él la mató a ella de un disparo y luego se quitó la vida, pero todos los que los conocieron coinciden en sus descripciones: ella, que tenía 51 años, era trabajadora, educada y estaba comprometida con la vida comunitaria; él, de 56, era retraído y distante, últimamente estaba casi ausente y apenas se le veía. Esta mañana, a las 7:30, se han encontrado sus cuerpos sin vida, muertos por arma de fuego, en su vivienda de la 12ª planta de un edificio en el barrio de La Palma, en el extremo norte de la ciudad. La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género. La hipótesis es que él la mató y luego se quitó la vida.

La pareja llevaba décadas residiendo en ese piso de la calle Guadalimar, en La Palma-Palmilla, donde este mediodía aún no daban crédito a lo que había ocurrido. A su hijo de 28 años, trabajador en un restaurante de comida rápida, tuvo que evacuarlo de allí la Policía Nacional esta misma mañana. Ella tenía también otra hija mayor y tres nietos, de los que presumía orgullosa en la calle, cuentan en el barrio.

Los vecinos consultados por este medio conocían a la pareja con más o menos intensidad, pero todos tenían más trato con ella, que presidía la comunidad de vecinos, cobraba las cuotas y limpiaba las escaleras. Vicky era una “buscavidas”, dicen, que durante un tiempo trabajó en la pescadería, también como limpiadora, como cuidadora y en una institución de salud mental.

“Servicial, educada… Era una bellísima persona. Trabajaba para sus hijos”, dicen dos vecinas, que prefieren no dar su nombre. “Me echo a llorar porque eran amigos míos, sobre todo ella, que era muy cariñosa. Yo la apreciaba mucho”, lamenta un vecino. “Estoy impactada, era muy buena persona y comprometida”, cuenta su vecina Davinia a la puerta del edificio en el que vivía. “Era una persona implicada en la comunidad de su bloque, algo fundamental en los esfuerzos del barrio por salir adelante”, se cuenta en el comunicado del Plan Comunitario de Palma Palmilla: “Una mujer muy luchadora y que se esforzaba en hacer equipo con el resto de vecinos de su edificio”.

Francisco era mucho más reservado y el retraimiento se había agudizado en los últimos meses. “Lo vi ayer, y estaba penosillo. Cogió la moto y se fue. Pero esto no se podía esperar. ¿Quién iba a pensar que tenía pistolas?”, cuenta un vecino. No trabajaba, salía menos aunque sí caminaba hasta el colegio Rosa de Gálvez o se acercaba a las rifas algunas tardes, donde lo vieron hace poco.

Las vecinas lo observaban nervioso, creen que bajo los efectos de alguna medicación, pero no refieren signos externos previos de violencia hacia ella. Ninguno de los dos figuraba en el sistema Viogen. Otra cosa es lo que ocurriera de puertas hacia dentro. “Si se quita la vida él, pues mira… Pero a ella no hay derecho, no se lo merecía”, protesta Davinia.

Disparos habituales

El bloque de viviendas está apenas a unos metros del mercado, donde Vicky y su hijo trabajaron durante algunos años. Un poco más arriba está en la calle Guadalimar, generalmente más tranquila que otras de La Palma, dicen los vecinos. Estos son, literalmente, los confines de la ciudad. Al norte de la calle ya es monte y al este, la calle termina en una plazoleta con restos de todo tipo que hace de balcón a unas viviendas levantadas a las bravas o a medio construir.

Cuentan todos los vecinos que aquí los disparos son habituales. No son solo tiroteos; hay quien va al monte a practicar. Por eso, entre la media docena de vecinos consultados hay quienes subrayan que este jueves, en torno a las nueve de la noche, se escucharon cuatro disparos (tres muy seguidos, y luego otro), y también quienes explican que los escucharon el viernes por la mañana. Una vecina de escalera escuchó los disparos de la tarde, no los de la mañana. Ambas cosas pueden ser ciertas, y sólo una tendría que ver con el crimen.

El hallazgo de los dos cadáveres se produjo en torno a las 7:30 del viernes, tras varios avisos al sistema Emergencias 112 Andalucía. El grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación.

En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. De confirmarse, sería la 24ª en España, la segunda en Málaga y la quinta en Andalucía. Son 1.364 mujeres desde que se elabora la estadística oficial, en 2003.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga está recabando los datos para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El subdelegado, Javier Salas, ha expresado el “rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género”, y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

La Policía Nacional ha confirmado como un nuevo caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 51 años por arma de fuego en Málaga capital. Los agentes han hallado el cuerpo sin vida de la víctima junto al del presunto asesino, un hombre de 56 años, en torno a las 07:30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.

Andalucía contabiliza así un total de cinco asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026. Con este asesinato, la provincia malagueña registra su segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido en Alhaurín el Grande el pasado mes de enero.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno está recabando todos los datos del caso para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Según han confirmado a Europa Press, ninguno de los dos tenía antecedentes en Viogen, ni entre ellos ni por separado.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando del suceso ocurrido en calle Guadalimar. De inmediato dieron aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La investigación para el total esclarecimiento de los hechos está abierta y de ella se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que “debemos mostrar una vez más el rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género. Mis condolencias a la familia y amigos de la víctima”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Los locales de la antigua sede municipal que el Ayuntamiento de Estepona vendió muy por debajo de su valor de mercado hace cuatro años se explotan ya como apartamentos turísticos, a un precio de entre 130 y 250 euros por noche, dependiendo de la temporada. Estos inmuebles junto al puerto deportivo fueron adjudicados en pleno agosto de 2022 por el consistorio a Omega 93, propiedad del constructor Bonifacio Solís, exsocio y amigo personal del alcalde José María García Urbano (PP), en una subasta sin publicidad en medios y mal clasificada en el portal de licitaciones, a la que sólo se presentó la adjudicataria. El precio final, rebajado al máximo legal, fue de 1.245.000, poco más de la mitad de los 2,3 millones del valor catastral de los inmuebles y una cuarta parte del precio que el Ayuntamiento obtuvo años antes por el local contiguo, vendido a la Diputación Provincial.

Hoy, la Perla del Puerto, que así se llaman los antiguos locales, es un conjunto de 21 “unidades de alojamiento” (en realidad, son diez apartamentos con una cama y un sofá cama cada uno) de entre 40 y 60 metros cuadrados con categoría “dos llaves” y un total de 40 plazas, según consta en el buscador de establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía. Obtuvo la concesión de la marca hace apenas diez días. Los apartamentos ya terminados ocuparían parte de uno de los locales en planta baja, con una superficie que supone apenas una cuarta parte de lo que Omega 93 compró hace casi un lustro.

Por ahora, Airbnb sólo ofrece la posibilidad de arrendar uno de ellos, Brisa, “con vistas al puerto de Estepona”, “moderno y sorprendentemente espacioso”, situado en “un edificio completamente renovado en pleno puerto de Estepona”. Ideal para vivir la “auténtica esencia de la Costa del Sol” a 166 euros por noche los próximos fines de semana, mínimo cuatro noches. Booking referencia otros tres, pero no están disponibles.

El anunciante de Brisa es Hanami Group, que en su web tiene diez de apartamentos de La Perla. Es una mera gestora. El propietario sigue siendo la empresa que compró los antiguos locales municipales, pero ahora lo es a través de Turismo del Puerto S.L., una entidad constituida en septiembre de 2023, cuyo único socio es Omega 93 y está administrada por Estela Solís, hija del constructor. Su capital social es de 1.347.748 euros, casi coincidente con el precio pagado por los locales municipales.

El negocio pinta bien: la herramienta AirDNA Rentalizer estima unos ingresos anuales de 23.400 por cada uno de los diez apartamentos, 234.000 euros al año por los diez. Otra fuente especializada del sector lo eleva a entre 27 y 32.000 euros al año. Estepona es un destino de moda para el turismo de alto poder adquisitivo gracias a sus playas, sus cuidadas calles y la amplia oferta comercial y gastronómica.

A la vez, es también uno de los municipios más caros para compra o alquiler en una provincia ya de por sí muy tensionada. En los últimos años, el sector inmobiliario local se ha reorientado notoriamente hacia el sector del lujo y la compra de primeras o segundas residencias de ciudadanos extranjeros. En el último año el precio del alquiler y compra se ha incrementado el 9,5% y el 11,6% respectivamente, según Idealista.

Precio final: mitad del valor catastral y una cuarta parte de lo que pagó Diputación Provincial

Este medio desveló en diciembre de 2022 la venta de esos locales municipales, hoy apartamentos turísticos, a Omega 93, una empresa patrimonial del constructor Bonifacio Solís, el mayor adjudicatario de obra pública en el municipio. Omega 93 fue socia de una sociedad patrimonial del alcalde en otra empresa, Nuevos Aires 2002. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la venta fue legal y que ambos ya no son socios. Sí siguen siendo amigos y es habitual verlos juntos en actos sociales. La relación entre Solís y García Urbano viene de muy atrás, probablemente de Coín, de donde ambos provienen.

Tras las revelaciones de este medio a finales de 2022, el PSOE llevó el asunto a Fiscalía, pero el fiscal Julio Martínez Carazo archivó en mayo la investigación tras recabar el expediente municipal. Cuatro meses más tarde, en septiembre de 2023, la constructora de Solís fichó al hijo mayor del alcalde, de 27 años, como “director de operaciones”. No tenía experiencia en puestos similares.

La venta de los locales a la sociedad del amigo del alcalde se articuló de manera rápida y estuvo trufada de detalles inusuales, como desveló en su día una investigación de este medio. El 2 de diciembre de 2021, García Urbano inició el proceso con un Decreto para desafectar las dependencias municipales, pues hasta entonces no se podían vender. Tras subsanar la falta de publicación en el Boletín Oficial, llevó el asunto como urgente al Pleno de febrero. Allí, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. Un mes más tarde estaba empezando a subastar los inmuebles.

En estos procesos, el Ayuntamiento está obligado por ley a tratar de obtener el mejor precio para las arcas públicas. Su precio de salida era de algo más de 1,6 millones, teóricamente obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Esa cantidad era un 41% inferior al valor catastral (2,3 millones) y estaba más alejada aún de los valores de mercado en esa zona, inmersa en un ambicioso proyecto de renovación urbana, ya culminado, que incluía el Mirador del Carmen en la cercana playa de La Rada.

El precio de los locales se rebajaría aún más. La primera subasta, que no se anunció “porque la ley no obliga” (según dijo el Ayuntamiento a este medio), quedó desierta. Entonces el Consistorio rebajó el precio lo máximo que le permite la ley, un 25%. Lo licitó por segunda vez nuevamente sin publicidad en medios, y sólo apareció en la plataforma de contratación como “subasta de bien mueble”, una rúbrica errónea que impedía que los posibles interesados pudieran enterarse. Tampoco concurrió nadie, de modo que se repitió como expediente “bis”.

A la tercera fue la vencida. El Ayuntamiento dio 15 días naturales (algo inusual) para recabar ofertas y Omega 93 presentó la suya, que fue la única, el 16 de agosto de 2021, media hora antes del límite. “De la primera nos enteramos tarde”, explicó una portavoz a este medio, sin aclarar cómo lo supieron, dado que no apareció en prensa y en el portal de licitaciones estaba mal referenciado. La presidenta de la mesa de contratación fue la concejala Ana Velasco, también vinculada en el pasado a una sociedad del adjudicatario.

El precio final de los locales, menos de un millón de euros a 474,7 euros/metro cuadrado, contrasta mucho con el precio por el que el propio Ayuntamiento vendió el local contiguo de al Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga: una oficina de 372 metros cuadrados y cuatro plazas de garaje que vendió en 2014 por 819.000 euros, a unos 2.200 euros/metro cuadrado. El Ayuntamiento vendió una oficina a la Diputación a más del cuádruple del precio de venta que le puso a los locales de al lado.

La vieja relación del alcalde con la adjudicataria

De este modo, en siete meses el Ayuntamiento desafectó, licitó y vendió su antigua sede a un precio muy inferior al de mercado a un amigo y exsocio del alcalde. Son 2.000 metros cuadrados, que inicialmente eran dos locales en planta baja, entreplanta y oficina, así como 26 plazas de aparcamiento. Durante meses, los trabajadores municipales siguieron ocupando esas dependencias, hasta que pudieron marcharse a la nueva sede municipal.

Después, se acometió una obra interior para dejar una cuarta parte de la superficie de esos inmuebles lista como apartamentos turísticos a finales del año pasado, según fuentes locales, mientras se pasaban a una nueva empresa, Turismo del Puerto, S.L. Su administradora es Estela Solís, hija de Bonifacio, y el socio único es Omega 93. Según información registral, Omega 93 aportó los inmuebles el 25 de octubre de 2023 en escrituras otorgadas ante la notaria Almudena Romero, quien lleva la notaría de la que es titular el alcalde.

Al menos hasta 2016, García Urbano fue socio de Omega 93 en la entidad Nuevos Aires 2002. Así constaba en su declaración de bienes al Congreso de ese año y lo confirmó el propio Solís a este medio, aunque en 2023 aseguró que ya había adquirido las participaciones sociales de García Urbano hacía “dos o tres años”. Ambos son amigos íntimos. El tercer socio en Nuevos Aires era Juan Hoffmann, condenado y prófugo del caso Malaya. Nuevos Aires también es propietaria del edificio ilegal que albergó durante años la sede de Urbanismo en Marbella.

Estela Solís sustituyó a Antonio Zarco (expareja de la concejala Ana Velasco) como administradora de Nuevos Aires en enero de 2024. Para entonces, el hijo mayor del alcalde llevaba varios meses supuestamente ejerciendo como “director de operaciones” de la constructora, cargo que aún ocupa y al que llegó tras renunciar en apenas dos meses al acta de concejal que obtuvo después de que renunciaran dos concejales de la lista encabezada por su padre.

Bonifacio Solís fue también la encargada de levantar el Mirador del Carmen, una fastuosa torre en plena playa que costó más de 16 millones de euros. El alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante con mirador a la pareja de su hijo, sin experiencia alguna en negocios de ese tipo. Como desveló este medio hace tres años, la sociedad adjudicataria se creó pocas semanas antes en el despacho profesional de un concejal de confianza de García Urbano.

En las calles de Málaga, la vida de Gremlin y su dueño transcurría marcada por la precariedad y el fuerte vínculo que los unía profundamente día tras día. Por la necesidad y el afecto mutuo, esa persona encontraba en su perro el apoyo emocional necesario para enfrentar su dura realidad cotidiana. Como tantas otras personas que están en situación de sinhogarismo, ellos formaban una unidad familiar inseparable. A menudo, estos animales son los únicos confidentes de quienes habitan los márgenes urbanos. Su presencia es vital, pero su salud depende de una estabilidad que sus dueños no poseen. El sinhogarismo no solo afecta a humanos, sino también a sus leales amigos. La situación de Gremlin es un ejemplo de cómo la pobreza impacta en la salud de los animales.

Con el paso del tiempo, el estado de salud de Gremlin comenzó a deteriorarse de forma muy preocupante, afectando de manera grave a sus orejas por la falta de higiene y cuidados adecuados. A pesar de los esfuerzos constantes de su dueño por cuidarlo, la falta de ingresos estables imposibilitaba totalmente el acceso a una atención veterinaria que fuera de calidad profesional. La situación se volvió insostenible cuando el dolor del animal se hizo evidente para todos los testigos, y la desesperación se apoderó de su dueño al no poder costear ni una consulta veterinaria básica. Este empeoramiento progresivo no era solo una cuestión médica, sino una barrera social impuesta por la pobreza extrema. La esperanza de una cura parecía desvanecerse ante los altos gastos de una intervención, imposibles de asumir para alguien que vive en la calle. 

Eutanasia, única opción

El primer diagnóstico fue un golpe demoledor que amenazaba con separar para siempre a los dos compañeros de vida en un momento de absoluta y total vulnerabilidad emocional. Los profesionales consultados inicialmente indicaron que la única opción real y viable, ante la gravedad del caso y la falta de medios, sería proceder con la eutanasia, final trágico de una lealtad inquebrantable forjada durante las noches frías de la ciudad. La idea de sacrificar a Gremlin por motivos económicos ponía de manifiesto las carencias de un sistema que a veces olvida a los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Fue en ese momento de máxima oscuridad cuando la intervención de apoyo cambió el rumbo. La desesperación del dueño era inmensa al pensar que su perro moriría por falta de dinero. No había otra salida aparente.

La entrada en escena de la Fundación FAADA, a través de su consolidado programa Mejores Amigos, supuso un soplo de aire fresco y esperanza. Esta iniciativa multidisciplinar, desarrollada en colaboración con el Ministerio de los Derechos Sociales, ofrece servicios veterinarios gratuitos a personas en exclusión social. El programa reconoce que el vínculo entre el humano y el animal es un pilar fundamental para la salud mental y la integración de las personas que viven sin un hogar fijo. Al priorizar casos de sinhogarismo, Mejores Amigos actúa donde otros no pueden llegar fácilmente. Gracias a esta red, se pudieron realizar nuevas pruebas diagnósticas sobre el animal para valorar su estado. Estas evaluaciones arrojaron una luz de esperanza necesaria sobre el complejo caso de Gremlin. De hecho, una valoración profunda del equipo permitió descartar el sacrificio como opción única y final. 

Tras un análisis exhaustivo y la valoración de alternativas quirúrgicas, se determinó que Gremlin tenía una oportunidad real de sobrevivir y recuperar plenamente su salud auditiva. No se trataba de un milagro, sino de la aplicación de recursos y conocimientos al servicio de quienes más lo necesitaban en ese momento crítico para su supervivencia física. El equipo de FAADA decidió no dejar escapar ninguna posibilidad médica para salvar al can de la muerte. Apostaron firmemente por una intervención que le devolviera su antigua calidad de vida perdida. Esta decisión no solo salvaba al perro, sino que también devolvía la esperanza a su dueño. Se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar que la operación fuese satisfactoria. 

Finalmente, Gremlin entró en el quirófano y la intervención quirúrgica se desarrolló sin ninguna complicación, marcando el inicio de su nueva vida lejos del dolor físico crónico. En la actualidad, el perro se encuentra recuperándose de manera muy favorable en Málaga. Demuestra una fortaleza admirable tras los duros momentos vividos recientemente en el asfalto. Este proceso de curación es supervisado de cerca por los expertos veterinarios del programa. Se aseguran de que las curas y el postoperatorio se realicen en condiciones óptimas para él. Su mejoría es un testimonio de que los finales felices son posibles con apoyo real y directo. La alegría del dueño al ver a su compañero sano es el motor de este programa social. Gremlin vuelve a disfrutar de la vida junto a su inseparable compañero humano tras la operación. 

El caso de Gremlin no es un hecho aislado, ya que en lo que va de 2026, el programa ha atendido a treinta animales de personas en situación de sinhogarismo en toda España. Historias como la suya subrayan la urgencia de seguir construyendo redes de apoyo sólidas. Desde FAADA continúan su labor de asesoramiento y acompañamiento a los equipos sociales municipales y recuerdan que la salud animal es también una cuestión de salud pública y de justicia. Gremlin ya no es una cifra más, sino un símbolo de vida y de esperanza en una segunda y merecida oportunidad.

Ocho días y medio después de que las llamas comenzaran a devorar el Hotel Ibis, en pleno Centro de Málaga, y siete días y medio después de que el concejal de Seguridad declarara que el incendio estaba “casi extinguido”, el Ayuntamiento y los bomberos han llegado a la conclusión de que acabar con él totalmente es casi imposible, y de que lo mejor es dejar que el fuego consuma lentamente el material combustible hasta apagarse. “Parece que queda poco. Pero hasta que no tengamos la certeza de que no hay nada combustionando no podemos dar por finalizada la intervención”, ha dicho el jefe del operativo, Salvador Castillo. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero no ha podido aclarar si el edificio acabará por derrumbarse o resistirá en pie en estado ruinoso: “No lo sabemos”.

El incendio se originó en la madrugada del domingo al lunes 25 de mayo en el restaurante Grand Café, en la planta baja de un edificio de cuatro (en su extremo sur) y cinco alturas (en el extremo norte). Al poco de comenzar se registró allí una deflagración. Desde entonces, ha consumido de sur a norte el interior del edificio de ladrillo visto, a pesar del constante aporte de agua, con picos de 5.000 litros por minuto. El edificio fue reformado hace un par de años, recuerdan los vecinos. Todavía este martes por la mañana un bombero aplicaba un potente chorro sobre la última planta para aplacar la columna de humo, que el lunes era densísima y negra.

Barrio no ha explicado qué ha pasado entre que lo dio por “casi extinguido”, hace siete días, y el martes, cuando ya apostó abiertamente por dejarlo estar. Asegura ahora que este desarrollo era previsible. “Es la evolución que debe tener un incendio de estas características”, ha respondido Barrio, antes de explicar que el problema está en el material del que está hecho el inmueble.

El edificio se sostiene por un forjado de madera sobre vigas de hierro, lo que limita, cuando no imposibilita, atacar el fuego desde el interior por el riesgo de desmoronamiento, con muchas limitaciones de alcance. “Si hubiera sido cemento u hormigón, el enfriamiento hubiera sido mucho más rápido”, ha explicado. Pasado un tiempo, ya es imposible entrar para acelerar el enfriamiento, porque podría colapsar. “La madera se tiene que consumir, porque no la estamos atacando desde dentro”.  

Falta de personal y medios

El incendio ha reavivado las quejas del Sindicato Andaluz de Bomberos, que mantiene una huelga desde hace nueve años y denuncia que la falta de personal y de medios suficientes tiene relación directa con la dificultad para atajar este fuego. “Todas estas carencias se ven cuando pasa algo como esto”, lamenta Pedro Pacheco, portavoz del sindicato.

Estos días, entre quejas, el Ayuntamiento ha anunciado que la plantilla aumentará un 55% en los próximos meses y un plan de inversiones para renovar la mitad de la flota. Ahora son menos que hace 18 años, cuando la población era inferior y Málaga no tenía la cantidad de turistas que la visitan ahora. Actualmente la plantilla cuenta con 256 bomberos (la mitad de los que tiene Sevilla). Según ha anunciado el concejal, rondará los 400 dentro a principios de 2028, empezando por la incorporación a mediados de julio de 50 nuevos bomberos cuando completen su formación. En las ofertas de empleo para 2025 y 2026 contemplan otras 86 plazas más.

Esto supone un incremento de la plantilla del 55% en apenas 18 meses, y la admisión implícita de que en la actualidad está muy por debajo de lo necesario, como denuncian los bomberos desde hace años. Barrio ha responsabilizado de este desajuste a las tasas de reposición y su falta de actualización porque no se aprueban Presupuesto Generales. “El músculo que se perdió [entre 2009 y 2011] no se ha podido recuperar”, ha justificado Barrio, aunque ahora se van a aumentar efectivos “a pesar de la tasa de reposición”. “Es una excusa, podrían sacarlas porque desde hace años hay 150 plazas presupuestadas sin cubrir”, observa Pacheco, que subraya que en 2019 el programa electoral del PP y Francisco de la Torre contemplaba 122 nuevas plazas: “No sacó ninguna”. Un informe de Recursos Humanos ya advierte que la ley de Presupuestos no limita la tasa de reposición si se trata de plazas de bomberos con dotación presupuestaria municipal, como es el caso.

Algo similar ocurre con los medios. El concejal ha detallado el plan para renovar la mitad de la flota en los dos próximos años. En total, 28 nuevos vehículos (16 pesados y 12 ligeros), de los que “están empezando a llegar” las primeras adquisiciones de una tanda de ocho vehículos. La segunda tanda está en contratación. La inversión prevista, once millones de euros hasta 2028, contrasta con los 1,2 millones invertidos entre 2023 y 2025. En todo caso, una cantidad inferior a los fondos que el consorcio de seguros habría ingresado en la última década (3,5 millones por ejercicio) con el supuesto fin de la dotación del servicio, y que el Ayuntamiento también usa para otras partidas.

“Parece que el plan es que se queme todo”

La rueda de prensa de los dos concejales, acompañados del jefe del operativo, tenía también como finalidad salir al paso de las críticas por la actuación y las dudas por las medidas de prevención frente a un incendio que, para el ciudadano común, tenía mejor perspectiva el lunes por la mañana (hace ocho días) que este martes, cuando además ha empezado a soplar el terral.

En la primera noche no fue controlado ni acotado al restaurante, que contaba con una densa decoración selvática y donde se fumaban cachimbas. “Al llegar estaba ya completamente desarrollado, y se cambió de protocolo de incendio industrial a incendio de vivienda”, cuenta el portavoz del sindicato.

Cuando se extendió a las primeras plantas del hotel los bomberos cambiaron el protocolo de incendio industrial a vivienda. Se llegaron a movilizar seis dotaciones, activando a los refuerzos a través de una aplicación interna que remite un mensaje a todo el servicio en mitad de la noche. “No está organizado, se hace a voluntad, sin que sea obligatorio, porque no quieren pagar disponibilidad”, explica el portavoz.

Los bomberos abrieron un enorme boquete en su cara sur, con el fin de enfriarlo desde el exterior, y en ello se afanaron en las primeras 36 horas, hasta que el martes se trasladó la idea de que ya estaba apagado.Todavía el miércoles 26, cuando se reavivó para sorpresa de casi todos, bomberos al pie del cañón explicaban que era normal y que contaban con que eso iba a ocurrir durante otro día y medio. Pasados otros seis días desde entonces, el final sigue sin llegar

Los propios bomberos admiten su frustración: “Parece que el plan es que se queme todo. No se está haciendo nada. Nos mandan allí y si sale fuego le tiramos, pero a veces se reaviva porque el agua no le da directamente”, señala el portavoz del sindicato, que pide que se estudien opciones para aumentar el aporte de agua y advierte de que hay elementos en la azotea, como un depósito de gasoil, que podría empeorar la situación.

Una deflagración de origen desconocido

Respecto al origen, los concejales han mostrado un vídeo registrado por una cámara de seguridad externa donde se observan las primeras llamas en el interior del Grand Café a las 1:20 de la madrugada y una gran deflagración, con origen aún por aclarar, a las 1:24. Hasta que la Policía Científica no acceda al lugar, algo aún imposible por los escombros, no podrá saberse algo más de esa explosión. Las primeras dos dotaciones llegaron diez minutos después.

También sigue sin estar claro cómo un incendio en una cafetería en planta baja devora por completo un edificio de cinco alturas sin que los mecanismos de autoprotección del hotel sean suficientes y los bomberos sean capaces de atajarlo antes. La cuestión entronca con el modelo de ciudad, porque Málaga tiene rascacielos de treinta plantas tomados por las viviendas turísticas y aspira a construir varios más, algunos con finalidad hotelera.

Tanto el hotel Ibis como el Grand Café cuentan con informe favorable de Bomberos de que las instalaciones cumplen con la normativa, según han asegurado los responsables municipales. El primero, emitido en 2007 e incorporado a la licencia de apertura; en el caso de la cafetería, abierta con declaración responsable en 2017, hay informe favorable previo a la apertura. Sin embargo, ese informe favorable sería también previo a la instalación de un toldo “fonoabsorbente” que dejó la terraza cerrada. Además, el local fue inspeccionado por la Policía en 2024, según ha asegurado el concejal.

La decoración del hotel, con un jardín vertical de plástico similar al que aceleró los incendios de Madrid (dos muertos y seis heridos graves, abril de 2023) y Crans Montana, en Suiza (41 muertos en la pasada Nochevieja), cumplía con el Código Técnico de Edificación, según el jefe de bomberos, que ha explicado que se comprueba la ficha de los materiales y con una inspección in situ.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local del municipio malagueño de Vélez-Málaga han descubierto un criadero de animales el núcleo de Almayate, en la citada localidad malagueña, y han procedido a la detención del responsable del mismo, así como a una empleada, por un delito continuado de maltrato animal, con resultado de muerte, y otro de maltrato animal con fines sexuales mediante procreación intensiva. Han sido liberados 300 animales --perros y gatos-- que han sido cedidos a asociaciones de protección animal.

La veterinaria encargada de la asistencia sanitaria de estos animales también resultó investigada por estos hechos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. La operación policial se inició tras localizar una viandante un perro de raza, con una herida grave, en el exterior de la finca donde se comercializaban los animales.

Así, agentes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga consiguieron localizar un criadero de animales, tras la declaración de una viandante, que había descubierto en un camino a un perro de raza gravemente herido.

Una vez localizada la finca del animal señalado, los investigadores comprobaron que en su exterior se encontraban varios compradores, que se habían desplazado desde distintos puntos de Andalucía para la adquisición de mascotas.

En el registro efectuado en la propiedad, el cual se prolongó durante tres días debido al alto volumen de animales, los agentes lograron rescatar 300 perros y gatos, los cuales fueron protegidos y atendidos por más de diez protectoras de la provincia de Málaga.

Malas condiciones

El criadero presentaba una acumulación generalizada de excrementos, animales en contacto continuo con residuos, incluidas crías muy vulnerables, existiendo un riesgo sanitario elevado para los animales, muchos de ellos padeciendo enfermedades infecciosas con proliferación de parásitos.

De igual modo, un número amplio de canes presentaba lesiones graves que requirieron operaciones urgentes y algunas hembras reproductoras tuvieron que ser esterilizadas de urgencia tras ser diagnosticadas con infecciones uterinas. También han señalado que, en el interior de una jaula, rodeado de otros animales, se hallaba un gato ya fallecido.

Ante todos los hechos, el propietario de las instalaciones y responsable del negocio, un hombre de 74 años, y una trabajadora del criadero, de 40 años, resultaron detenidos por un delito continuado de maltrato animal y otro de maltrato animal con fines sexuales mediante la procreación intensiva.

Durante este dispositivo policial los agentes también investigaron a la veterinaria encargada de la asistencia sanitaria de los animales del criadero, la cual también prestó declaración en relación con los hechos.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por supuesta agresión sexual a una niña de cuatro años por parte presuntamente de otro menor en un colegio de la localidad malagueña de Marbella.

Desde la Policía Nacional han señalado que hay una investigación que se está llevando a cabo en Marbella por un presunto delito de agresión sexual y han apuntado que “hay menores de corta edad”, por lo que han asegurado que no van a facilitar información, porque “la protección del menor prima”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga han trasladado su colaboración y la del centro educativo “en todo lo que se requiera por parte de los investigadores” ante la investigación iniciada por la Policía Nacional “por un presunto caso de agresión sexual entre menores”.

Los hechos, según la información adelantada por el diario Málaga Hoy, que cita la denuncia presentada por la madre de la niña, habrían sucedido el pasado 12 de mayo. El eje de la denuncia es el relato que la menor hizo a su madre, a quien explicó que cuando se encontraba en un baño situado junto a su clase coincidió con un alumno al que identificó como “Bro” y que, según su versión, cursaría Primaria, el cual supuestamente “le bajó los pantalones y sus bragas y le hizo daño en su zona íntima”.

Desde la delegación territorial indican a Europa Press que el centro educativo ha mantenido contacto con la familia denunciante y ha actuado para conocer las circunstancias que han rodeado los hechos denunciados; al tiempo que han incidido en que es el Cuerpo Nacional de Policía la instancia competente en la investigación del caso.

El Tribunal Supremo ha sepultado definitivamente el proyecto estrella del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros.

Los magistrados han inadmitido el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado paralizar las obras de la llamada “EDAR Norte de Málaga” al poco de empezar los trabajos, argumentando que nunca se estudiaron si las posibles alternativas a ubicar la depuradora en este enclave eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La decisión del Supremo pone fin a la vía judicial y convierte en firme el fallo (junio de 2025) que paralizó una de las mayores infraestructuras hidráulicas previstas en la provincia, dando la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora.

El Gobierno andaluz deberá abonar 2.000 euros por las costas del proceso, pero el cálculo político y económico de este varapalo judicial es mucho más alto. El Ejecutivo de Moreno se había empeñado en ubicar una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes -de cinco munipios, incluido parte de Málaga capital- en una zona inundable, ocupando unas 13 hectáreas.

El veto definitivo del Tribunal Supremo deja en el aire la adjudicación millonaria del proyecto -las obras ya habían comenzado- y abre nuevas incógnitas respecto a las expropiaciones a unos 150 propietarios de los terrenos donde se estaba construyendo la infraestructura hidráulica, que ya han cobrado el justiprecio de esas parcelas.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes de los cinco municipios malagueños afectados -Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Málaga capital- y la Junta de Andalucía conocían de la necesidad de disponer de una nueva depuradora de aguas para esta zona, que vierte al río Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar.

El proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que el Gobierno andaluz (por entonces en manos del PSOE) lo abordara. El Ejecutivo de Moreno reactivó el proyecto durante su primer mandato, a finales de 2020, echando mano de los ingresos del canon del agua (una tasa que primero suprimió y luego volvió a activar).

La EDAR Norte de Málaga era la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tenía asignadas la administración andaluza. El auto del Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, supone un golpe a uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno andaluz del PP en esta provincia, que hace apenas dos semanas también vio cómo el Alto Tribunal Andaluz anulaba las expropiaciones de terreno que ejecutaron para construir la depuradora en este enclave, por entender que allanaban un proyecto que ya había sido censurado por los tribunales.

Los jueces argumentan en su auto, fechado este jueves, que “no se fundamenta suficientemente (...) que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”, y concluye que “el pronunciamiento de la sentencia impugnada presenta una virtualidad expansiva que implicará su proyección o influencia sobre numerosas situaciones similares; circunstancia que en este caso no aparece debidamente cumplimentada”.

El Supremo fulmina así el último intento del Gobierno andaluz por reactivar las obras de su proyecto estrella y da por válidos los argumentos del TSJA que paralizó la depuradora. En aquella sentencia ya se afeaba a los técnicos de la Junta que sólo hubieran tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga.

El fallo puso énfasis en subrayar que Vega de Mestanza es un “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que los técnicos debieron valorar y comparar con otras opciones. Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, como se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

El auto del Supremo, previsiblemente, obligará a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a buscar una ubicación alternativa. Su titular, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, ya había advertido de que no depurar las aguas residuales de la zona norte metropolitana de Málaga obligaba a la Junta a pagar cada año casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional analizaron “cientos y cientos” de archivos informáticos “de carácter sexual” y con “mujeres inconscientes siendo agredidas” en la investigación sobre el sacerdote acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar esos momentos. De hecho, en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, que llevó la investigación, en su comparecencia en la segunda sesión del juicio a este cura acusado de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones.

Esta investigadora, instructora del atestado, ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía “mujeres inconscientes siendo agredidas”. Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas “adormecidas”, que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; “no sabían ni que habían sido grabadas”; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. “Fue un shock para ellas”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado “se aprovecha” de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas “cercanía y confianza”.

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que “se le ve mientras está agrediendo” a una de las mujeres con “cara libidinosa”, y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

Cómo llegaron los vídeos

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos “de ámbito sexual bastante alto”. “Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo”, ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque “entendía que había que preservar la prueba del delito”.

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.

Dos dotaciones de bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio registrado en la madrugada de este lunes en un establecimiento hostelero de Málaga capital –Le Grand Café– y que se ha propagado a un hotel, ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado.

Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, el fuego ha afectado a la totalidad del local comercial y a prácticamente la mitad del hotel. Si bien fuentes municipales afirman que el incendio “ha quedado controlado”, en los alrededores se puede apreciar todavía una gran columna de humo saliendo por los pisos superiores.

Los efectivos de Bomberos continúan en la zona, desde que el fuego se inició sobre las 01:26 horas, según han señalado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se han propagado al hotel, ubicado encima. Los bomberos continúan en la zona más de 18 horas después y seguirán con trabajos de ventilación hasta la extinción total del incendio, según han señalado las citadas fuentes.

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados. No hay que lamentar daños personales.

Además, los bomberos también han extinguido este lunes un incendio originado en la planta superior destinada a trasteros de un edificio en Málaga capital. Los hechos han tenido lugar sobre las 07,10 horas de este lunes, según ha informado el Área de Seguridad de Málaga, al tiempo que han precisado que el incendio se originó en la planta superior destinada a trasteros de un edificio ubicado en la calle Saint Exupery, sin que se hayan registrado daños personales.

José J., conocido como 'Dinamita Montilla', que cumplió condena por cuatro crímenes ocurridos a finales de los 80, ha negado haber matado a un joven en los Montes de Málaga en 2022 y ha dicho que su imputación puede deberse a “un montaje” por ser “crítico en redes sociales contra la justicia, la monarquía, la religión y la política”. “Ese es el único delito que cometí”, ha apostillado.

“Desde que salí en libertad no he cometido ningún delito”, ha manifestado en su declaración ante el jurado popular que lo juzga desde este lunes por asesinato y robo, por los que la Fiscalía pide 26 años de prisión; aunque también esté investigado por la muerte de la joven sevillana Ester Estepa, desaparecida en agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado en Gandía (Valencia).

El acusado ha declarado que conoce todos los senderos de la provincia, pero “nunca” ha estado en esa zona de Los Montes donde el 29 de agosto de 2022 ocurrió el crimen de David que había ido a coger algarrobas. Así, ha dicho que no entiende que se le haya relacionado con un ADN encontrado en la cremallera de la mochila de la víctima tras una investigación novedosa por parte de la Policía Nacional.

“Una manipulación genética o un error en el laboratorio”

“Si yo no he estado en ese lugar, es imposible que haya alguien que me pueda reconocer o que haya mi ADN”, ha asegurado 'Dinamita Montilla', quien ha considerado que “el que la Policía haga un informe no significa que sea correcto, porque todo el mundo sabe que hay personas corruptas”.

“Creo que alguien intenta hacerme daño trayendo al presente el pasado”, ha manifestado el procesado, quien ha lamentado la muerte del joven, ha dado sus condolencias a la familia, pero ha incidido en que no tiene “absolutamente nada que ver”, preguntándose “quién ha puesto esa supuesta prueba” para “imputar a una persona que no ha estado en ese lugar”.

Por eso ha asegurado que piensa que “ha habido una manipulación genética o un error en el laboratorio o algo”, y ha señalado que no ha tenido armas “desde los años 80”, cuando fue condenado por esos cuatro asesinatos por los que ya cumplió condena y por los que obtuvo la libertad definitiva el 13 de diciembre de 2013.

El quinto crimen que se le achaca

Respecto a la investigación por la muerte de desaparición de Ester Estepa, ha señalado que la Policía le preguntó por ella, de la que se separó en Gandía. Luego se enteró de que habían encontrado su cuerpo estando ya en prisión por el crimen del joven malagueño. “Qué tiene que ver ese tema con lo que estamos juzgando aquí”, ha preguntado.

El juicio con jurado por el caso de David continúa durante toda la semana. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el procesado llegó a la parcela de la familia de la víctima con una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, quien después se fue a la zona donde estaban las algarrobas.

Una vez allí, presuntamente, “se vio sorprendido por la presencia” del acusado que “lo había seguido”. Supuestamente, “con la finalidad de obtener una ganancia ilícita” y tras asegurarse de la “situación de soledad y desamparo” del joven, dice esta acusación, el procesado presuntamente “de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa le disparó con la escopeta”.

Este caso sería el quinto crimen que se le achaca. 'Dinamita Montilla' fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena –por acumulación– la de 30 años.

Finales de julio de 1938, en un lugar indeterminado entre Gandesa y Corbera, Terres de l’Ebre. La 16ª división del Ejército Popular de la República, comandada por Manuel Mora Torres, se dirige hacia la batalla más decisiva de la Guerra Civil española. Exhausto, Juan López, anarquista de Jimena de la Frontera, un pueblo corchero de la sierra de Cádiz, se acerca a un pozo para llenar la cantimplora. Allí escucha el sollozo de un prisionero, que al sentirse observado arroja algo al matorral. López lo recoge: es un escapulario cuyas letras bordadas dicen “detente, bala”, por un lado, y “Señor, protégelo”, por el otro. El prisionero tiembla, cree que va a morir, y cuenta al anarquista que su abuela se lo colgó al cuello mientras le decía que le rezara cuando se viera en apuros.

Pero Antonio Rebollo, soldado cartameño enrolado a la fuerza en el ejército franquista, no murió aquel día. “Si alguna vez vuelves a ver a tu abuelita le dices que fue un andaluz de Jimena, no creyente, quien te ha protegido hoy en este lugar; puedes ponerte las medallas que quieras, ya que somos libres de colocarnos lo que se nos antoje”, le dice el anarquista mientras le devuelve el colgante. “Le di mi nombre y le insistí para que se lo contara a su abuela. Luego me alejé de él deseándole suerte”, escribiría en un cuaderno de cuartilla décadas después.

Tras sobrevivir a la Batalla del Ebro, Antonio regresó a Cártama con la pierna llena de metralla y nunca volvió a saber del anarquista, que acabó la guerra exiliándose en Francia. Nunca volvieron a verse.

El pasado martes, casi 88 años después de aquello, Helios López, hijo del anarquista y soldado republicano Juan López, se encontró en la biblioteca de Cártama con los sobrinos de Antonio Rebollo Benítez, soldado reclutado a la fuerza por el bando franquista. Y los únicos familiares de Rebollo, emocionados por la ocasión, le contaron a Helios que aquello que Juan escribió en sus memorias también se lo contó a ellos su tío, palabra por palabra. “Mi abuela y mi madre me lo contaron muchas veces, y también él en alguna ocasión, siempre agradecido a aquel republicano”, cuenta María Sánchez Rebollo a elDiario.es.

El reencuentro de los familiares de los protagonistas de esta historia fue el momento culminante de la presentación en Cártama (Málaga) de Juan López: El republicano que intentó cambiar la historia de España y la huella de la niña Libertad, escrito por Juan Ignacio Trillo y editado por la Diputación de Cádiz, donde se recoge y documenta la vida del anarquista que devolvió aquel escapulario. “Tenemos la fortuna no sólo de que haya descendientes, sino de que hubo transmisión oral de que eso ocurrió. No pasa en muchas familias, donde de esa época no se habla”, explica el autor.

De la juía a los campos de trabajo nazis

No es la única historia fascinante que recogen las memorias del anarquista gaditano. En aquellos cuadernos escritos con letra límpida por su padre, Helios descubrió todo: el fusilamiento de su tío (republicano, sindicalista y masón, como el resto de la familia); la juía de su padre junto con 4.000 jimenatos, más de medio pueblo, cuando los regulares tomaron Jimena a finales de septiembre del 36; el alistamiento como miliciano; la caída de Málaga y la Desbandá de cientos de miles hacia Almería. También, su participación en las decisivas batallas del Jarama, Teruel y Ebro. Finalmente, la retirada por La Junquera el 9 de febrero de 1939 junto a más de medio millón de españoles. “Me despedí de mi querida España besando su suelo, sin saber cuándo regresaría”, anota López.

En la frontera francesa le requisaron la estilográfica que se compró con su primera paga militar y luego lo confinaron al raso con otros 100.000 refugiados, tratados como apestados. Primero en la playa de Argelès-sur-Mer; cuando no cupieron más, en Saint-Cyprien. “Desde fuera del campo tomaban fotos y luego las publicaban en sus periódicos conservadores con grandes titulares que informaban que ”los rojos“ españoles se peleaban entre ellos mismos”, se duele en las memorias. “Aprovechando el hambre existente, estos desaprensivos lanzaban panecillos a las alambradas”. Pasó tres meses allí.

Tras reunirse con su hermano, Juan López ingresó en una de las compañías de trabajadores extranjeros con las que Francia se nutrió de refugiados para los trabajos en la retaguardia. Pasó por un taller de ensamblaje de aviones, descargó obuses y picó piedra, hasta que, como otros republicanos españoles, fue entregado a los alemanes por el régimen de Vichy. De la noche a la mañana pasó a trabajar a la fuerza para una empresa alemana, Estewing, en el Lager Franco de Hennebont, en el departamento de Morbihan.

El atentado contra Franco

Tras la liberación de Europa, López se exilió en el sur de Francia y mantuvo su militancia en CNT, que aún habría de meterlo de cabeza en otra aventura. Helios recuerda que su madre contaba que una vez encontró una maleta repleta de granadas y pistolas en el altillo de un armario. También, que una noche encontró a su padre y a otro español ante un gran agujero en el jardín, y que después vino un camión y cargó. “Cuando ella contaba todo esto mi padre sonreía, pero no decía una palabra”.

Juan nunca relató este episodio en sus memorias, pero Helios se lo contó a Trillo, que indagó y ató cabos: encontró algunas publicaciones periodísticas y Historia de un atentado aéreo contra el General Franco, un libro donde Antonio Téllez Solá relata el intento frustrado (otro más) de acabar con la vida del dictador bombardeándolo desde el aire mientras disfrutaba de las vistas de una regata en San Sebastián en 1947.

La avioneta Norécrin, cargada de explosivos y tripulada por Primitivo Gómez Pérez, José Pérez Ibáñez y Antonio Ortiz Valencia, despegó de un pequeño aeródromo de Dax, a 50 kilómetros de Mont de Marsan, pero regresó horas después habiendo fracasado en su misión tras ser detectada por cazas españoles. Acabaron arrojando las bombas sobre el Atlántico frente a las costas de Biarritz.

A partir de esas pistas, Trillo concluye que el agujero en el jardín de la casa de Mont de Marsan ocultó las bombas con las que los conspiradores anarquistas liderados por Laureano Cerrada trataron de eliminar a Franco, y que López era El Pelao, el anarquista andaluz que proveyó del arsenal. Lo había escamoteado tras la huida de los nazis del campo en el que trabajaba.

Helios tiene el recorte de un periódico local donde se da cuenta de una explosión misteriosa en aquella jornada, y relata que a su padre empezaron a llamarlo El Pelao, en francés, cuando lo raparon a la fuerza en el campo de Le Barcarès. El relato que ahora hace Trillo a partir de los documentos que ha encontrado le ha descubierto situaciones en la vida de su padre que desconocía y que han sido una sorpresa. “Con esa historia que me contaba mi madre de las bomba escondidas en el jardín, me he dado cuenta que había toda una organización detrás de eso y de que mi padre tenía una parte seguramente más importante de lo que yo creía. Me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no conocía ni yo”. 

“Quería transmitir algo contra el fascismo”

Durante mucho tiempo, Helios no quiso saber demasiado de todo esto. Terminada la Guerra Mundial, su padre se casó con Yvette y a él lo que hubiera pasado años atrás en España no le interesaba mucho. Algo empezó a cambiar en 1971, cuando su padre regresó por primera vez a Jimena. Allí sacaba un cuaderno y se ponía a escribir. “Me sorprendía mucho, porque para mí era un obrero, un carpintero que trabajaba duro con sus manos, y nunca lo había visto escribiendo. Solo escribía cuando venía aquí”. ¿Qué demonios apuntaba con tanto afán? Pronto lo supo: poemas y, también, el relato de su vida.

Cuando murió, su hijo Helios y su nieto Romaric pusieron orden, los transcribieron y entregaron una veintena de copias a sus familiares, algunos en Francia y otros en Jimena. Una de esas copias fue a parar a manos de Ignacio Trillo, intenso rastreador de las pequeñas historias que conforman la Historia, quien se puso a la tarea de localizar a aquel Antonio Rebollo, el soldado del escapulario. Lo encontró con la ayuda de Fernando Bravo, el cronista de Cártama. “Este es el hombre del que hablaba tu padre”, le dijo cuando le mostró la foto del cartameño del escapulario.

Aquellos cuadernos, que ahora Helios está paseando de nuevo por España, contenían el recuerdo de una vida marcada por la guerra. Fue Trillo quien le convenció haciéndole ver que la Historia se compone de pequeñas grandes historias. Ahí pudo comprender cómo la peripecia de su padre encapsulaba los años convulsos de España y de Europa: los movimientos obreros, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el Franquismo, el exilio. “También comprendí que él era un auténtico republicano, y que la libertad y la democracia eran algo muy importante para él que no podía acabar en 1939 ni en 1944, sino que tenía que seguir hablando de ello”.

“Su historia y la de tantos otros que también combatieron me permite comprender el mundo”, dice hoy: “Cuando vemos lo que está sucediendo ahora en Ucrania, en Gaza, los resultados de las elecciones aquí el domingo o cómo en Francia probablemente tengamos un Presidente de la República de extrema derecha, pienso que lo que mi padre quería transmitir algo importante contra el fascismo y las dictaduras”, zanja, con la certeza de que su padre estaría orgulloso de que su hijo nacido en el exilio sea hoy un español difundiendo en su país la trágica Historia que le tocó vivir.

Hoy aparece en casi cualquier lista sobre qué ver en Málaga. Miles de personas recorren cada año sus pasarelas suspendidas mientras hacen fotos del paisaje, miran hacia el vacío o intentan controlar el vértigo en mitad del desfiladero. Pero el origen del Caminito del Rey no tiene nada que ver con el turismo, las excursiones ni las experiencias extremas que hoy llenan las redes sociales.

De hecho, durante décadas ni siquiera fue un lugar pensado para visitantes. Aquella estructura colgada sobre la roca nació por una necesidad mucho más práctica: conectar dos saltos hidroeléctricos en un entorno donde moverse era casi imposible.

La historia empieza en el impresionante Desfiladero de los Gaitanes, situado en la parte occidental de la Cordillera Bética. Allí, el río Guadalhorce ha ido perforando la roca durante siglos hasta formar un cañón estrecho y vertical que, en algunos puntos, supera los 300 metros de altura. Hay zonas donde el paso apenas alcanza diez metros de anchura y la sensación de encierro resulta tan impactante como el propio vacío.

Tal y como dice la Plataforma Oficial del Caminito del Rey, el desfiladero cuenta con “paredes de más de 300 metros de altura y anchuras menores a 10 metros”, una descripción que ayuda a entender por qué levantar allí un camino suspendido a principios del siglo XX parecía una auténtica locura.

El Caminito del Rey nació como un paso para trabajadores

Según la misma web, con un apartado donde detallan su historia, las obras comenzaron en 1901 y terminaron en 1905. La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba una conexión entre el Salto del Gaitanejo y el Salto del Chorro para facilitar el traslado de materiales, la vigilancia y el paso de los operarios encargados del mantenimiento.

La solución fue construir una senda aérea incrustada en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Un camino estrecho, colgado a unos cien metros sobre el río y con tramos que apenas alcanzaban un metro de ancho. Nada de miradores turísticos ni rutas de aventura: aquello era pura ingeniería funcional.

El recorrido comenzaba junto a las vías del tren y atravesaba el desfiladero conectando ambos lados de la garganta. Durante años, el camino tuvo únicamente esa utilidad industrial. El nombre por el que hoy todo el mundo lo conoce todavía no existía.

Fue en 1921 cuando Alfonso XIII visitó la zona para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce y cruzó aquella pasarela previamente construida. A partir de entonces, los vecinos empezaron a llamar al lugar Caminito del Rey, un nombre que terminó quedándose para siempre. Resulta curioso pensar que uno de los grandes símbolos del actual turismo en Andalucía surgiera simplemente porque un rey atravesó una infraestructura creada para trabajadores.

Con el paso del tiempo, además, la pasarela suspendida se convirtió en una imagen icónica de cualquier ruta en Málaga. Desde abajo, el camino parecía imposible: una línea estrecha pegada a la roca, flotando sobre el vacío y cruzando uno de los paisajes más abruptos de Andalucía.

Del abandono a punto negro del turismo en Andalucía

Décadas después, el problema llegó con el deterioro. La falta de mantenimiento, el abandono y el paso del tiempo fueron destruyendo buena parte de la estructura original. Desaparecieron barandillas, el pavimento quedó dañado y en muchos tramos solo permanecían visibles las vigas de soporte.

Precisamente esa peligrosidad terminó aumentando su fama. El Caminito del Rey comenzó a atraer excursionistas y escaladores fascinados por el riesgo de recorrer una pasarela medio derruida sobre el abismo. La mezcla entre paisaje espectacular y peligro extremo convirtió el lugar en una especie de mito dentro del turismo en Andalucía.

La propia plataforma oficial reconoce que la fama del enclave creció debido a “su peligrosidad” y a su relación con la escalada. Durante años, numerosos aventureros acudieron hasta El Chorro atraídos por la leyenda negra del camino.

Sin embargo, esa fama también tuvo consecuencias trágicas. Entre 1999 y 2000 murieron cuatro excursionistas en distintos accidentes, lo que llevó a la Junta de Andalucía a cerrar los accesos y desmontar parte del recorrido para impedir el paso.

Durante mucho tiempo, entrar allí significaba asumir un riesgo enorme. Y aun así, la leyenda no dejó de crecer. Quizá porque el Caminito del Rey seguía transmitiendo algo especial: la sensación de caminar por una cicatriz humana incrustada en mitad de la montaña. Finalmente, en 2014 comenzó el proceso de restauración impulsado por la Diputación de Málaga y, en marzo de 2015, el camino reabrió convertido ya en una de las grandes experiencias de qué ver en Málaga.

El obispo de Málaga, Jose Antonio Satué, ha asegurado que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro mujeres víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de un sacerdote, Francisco J.C., conocido como 'padre Fran' por sus feligreses, de 37 años y natural de Vélez-Málaga. Asimismo, por este caso destapado en 2023 ha pedido “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Así lo ha dicho Satué este viernes en rueda de prensa, convocada con motivo del juicio que comienza el próximo lunes en la Audiencia de Málaga contra este cura, para el que la Fiscalía pide 72 años de cárcel al acusarlo de presuntamente drogar a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas, y también por grabar esos momentos, en los que estaban inconscientes.

El acusado fue detenido en el marco de la operación Pájaro Espino, después de que una mujer que decía ser su pareja sentimental denunciase en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que había localizado en el domicilio que ambos compartían un disco duro con fotografías y vídeos de contenido sexual. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante, feligresas del propio Francisco J.C. a las que les realizaba todo tipo de prácticas sexuales desde 2017.

Además de en Melilla, también ejerció su ministerio en varias parroquias de las provincias de Córdoba y Málaga, donde supuestamente tenía otra pareja sentimental. El arresto tuvo lugar en su localidad natal de Vélez-Málaga.

El Obispado ha sido llevado al procedimiento como responsable civil subsidiario, de forma que si se estima esa responsabilidad y el acusado es condenado tendría que responder de forma subsidiaria de las cantidades que se fijen para indemnizar a las víctimas. Al respecto, Satué ha expresado que los abogados “van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad”.

No obstante, considera que el Obispado “no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote”. Pero ha aseverado que “aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, ésta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos”.

“Reparar a las víctimas de abusos”

“Dicho con otras palabras, la Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan”, ha manifestado el obispo, quien ha expresado la “colaboración con la Justicia” y su “confianza en los tribunales”.

Satué se ha mostrado convencido de que “desde este Obispado se procuró afrontar esta situación adecuadamente”. No obstante, ha pedido perdón por parte de la Iglesia y ha apuntado que desde que llegó a Málaga (fue nombrado en junio de 2025) fue “conociendo poco a poco el camino que nos ha traído a este momento”.

Así, ha incidido en que esta situación “ha provocado y sigue provocando un sufrimiento muy, muy profundo en las personas y en las familias directamente afectadas” y también en los sacerdotes y feligreses de las parroquias “que han vivido esto de cerca”. En este sentido, ha asegurado que la postura de la Diócesis “no puede ser otra que la de colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia”.

“Asumir la máxima responsabilidad”

El obispo ha informado de que hace un mes trasladó, a través de los abogados, a las mujeres afectadas su disponibilidad para encontrarse con ellas, “para escucharlas y para explicarles, si lo desean, la posición de la Iglesia ante esta situación” y ha dicho entender que “con la tensión que deben de vivir en este tiempo previo al juicio, no hayan hecho uso de este ofrecimiento”.

“Reafirmo el compromiso de la Iglesia de asumir con la máxima responsabilidad cualquier denuncia de abuso y de garantizar de hacer todo lo posible para que nuestros espacios sean entornos verdaderamente seguros, libres de cualquier forma de violencia o de abuso y renuevo nuestra voluntad más decidida de escuchar, acompañar y, en la medida de lo posible, de reparar a las víctimas”, ha dicho.

También ha señalado que desde el Obispado se ha trasladado a los abogados de las mujeres afectadas la posibilidad en cuanto a la reparación del daño, “pero no se ha iniciado todavía ese diálogo”, también a la espera de lo que resulte finalmente del juicio en cuanto al acusado.

“No puede ejercer el sacerdocio”

Sobre el proceder dentro de la Iglesia, ha señalado que tuvieron conocimiento en agosto de 2023 y que al mes siguiente se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño “con el objeto de esclarecer la verdad”. Este procedimiento quedó a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que estos tribunales “tienen muchos más medios”. El Obispado, por cierto, no fue admitido por el juez como acusación en el caso.

El obispo ha apuntado que actualmente el acusado es “un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio” y ha indicado que “recientemente, con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico”, ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya “y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado”. Será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé “la respuesta definitiva”.

Asimismo, ha señalado que esa posibilidad de reunión se ha dado también al sacerdote acusado y ha dicho que seguirá “abierto a encontrarme, a escuchar a todas las partes, sea cual sea el resultado del juicio”.

El observatorio astronómico de Calar Alto (CAHA), ubicado en Gérgal (Almería), ha captado una brillante bola de fuego de origen asteoridal que ha cruzado el cielo y ha iluminado toda la costa de Málaga durante la madrugada del pasado 20 de mayo.

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento pudo divisarse sobre las 1.36 horas en horario peninsular español, cuando el asteroide viajaba a unos 56.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 80 kilómetros y una final de 39 kilómetros.

El fenómeno ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart que opera el observatorio almeriense así como también en Huelva, La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla, Otura (Granada) y Mazagón (Huelva).

No obstante, las propias cámaras exteriores del recinto de Calar Alto pudieron seguir este evento desde distintos sistemas de monitorización del cielo.

Se trata del segundo bólido divisado en menos de una semana tras el registrado el pasado 15 de mayo, el cual también atravesó el sur peninsular a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. En esta ocasión, también atravesó las provincias de Málaga y Granada.

La Justicia ha vuelto a fallar contra la gran depuradora de la zona norte de Málaga. Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), notificada a las partes este miércoles, ha acordado dejar sin efecto las expropiaciones forzosas que la Junta de Andalucía ya había realizado en la Vega de Mestanza, unos terrenos en zona inundable que suman unas 13 hectáreas dedicadas desde hace casi un siglo al cultivo de cítricos, y donde estaba previsto ubicar la EDAR que depuraría las aguas residuales de unas 600.000 personas que viven en Málaga y su área metropolitana. Además, los magistrados imponen las costas a la Administración, unos 2.000 euros.

La resolución, que anula la convocatoria del levantamiento de las actas previas y por tanto, todo lo que vino después, es el corolario casi inevitable de otra sentencia previa, dictada hace ahora un año por el mismo TSJA, ordenando parar la obra cuando esta ya había arrancado. El TSJA estimó entonces el recurso de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y las Lomas de Cantarranas, concluyendo que la Junta de Andalucía había evitado comparar la idoneidad de esta ubicación y otras alternativas desde el punto de vista ambiental, guiándose exclusivamente por un criterio económico.

Esa decisión, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la administración autonómica, supuso un notable varapalo a la Junta de Andalucía, que llevaba años preparando el terreno legal para ubicar esta instalación y tiene adjudicada la obra desde finales de 2021 por 106,5 millones de euros. Es una obra declarada de interés general para Andalucía, con un presupuesto total de 138 millones de euros con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía). Desde 2018 España está sancionada por Europa por la falta de depuración de un puñado de aglomeraciones urbanas. Algunas han ido rematando sus infraestructuras, pero la del norte de Málaga sigue siendo una de las manchas. La multa la paga la Junta, la administración competente de la depuración, que cada año abona 1,3 millones de euros a la Comisión Europea.

La administración esgrime que hacer esta obra es urgente. En su día, el consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó el argumento ambiental que defiende la conservación de los árboles, de los cuales haría falta talar unos 20.000, según los vecinos, contraponiéndolas al daño que provoca la falta de depuración. “Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”.

Unos 150 propietarios expropiados

La Junta de Andalucía empezó las expropiaciones en cuanto pudo. Primero lo paralizó un juez, pero en cuanto se levantaron las medidas cautelares, empezó a citar a los propietarios, unos 150, a los que fue notificando la ocupación de sus fincas, sin esperar ni siquiera a abonarles el justiprecio, que fijó en seis euros el metro cuadrado. De inmediato, y con el acta de ocupación urgente, empezó a vallar los terrenos y a mover las primeras piedras, encontrando la resistencia de decenas de activistas, muchos llegados desde fuera de Málaga para proteger a los árboles de la tala.

Todo se paró el pasado 16 de junio, cuando el TSJA dictó su primera sentencia. Fue una resolución dura con el Gobierno andaluz, al que los magistrados acusaban de desdeñar el impacto ambiental de su decisión. Peor aún: los magistrados sugerían que la administración había pergeñado una evaluación de impacto vacía de contenido, una mascarada que no hacía un análisis mínimamente riguroso de por qué esa era, frente a otras posibles ubicaciones, la mejor posible desde el punto de vista ambiental. El TSJA ordenó a la Junta de Andalucía que parara y empezara toda la tramitación de nuevo.

La sentencia conocida ahora es la consecuencia inevitable de aquella. Si el proceso para colocar allí la depuradora es nulo, también decaen las expropiaciones que se hicieron para llevarlo a cabo. “La anulación judicial anterior del instrumento jurídico que en su día dio cobertura al procedimiento expropiatorio (…) hace que deba también decaer el mismo”, escriben los magistrados.

Depuración en una zona en crecimiento

Málaga y su área metropolitana hacia el norte necesitan una depuradora desde hace más de veinte años. Se trata de una zona en crecimiento, con municipios como Torremolinos y otros que en treinta años han duplicado su población (como Cártama, que bordea los 30.000 vecinos) o incluso la han triplicado, como Alhaurín de la Torre, con 45.000. La previsión es que sigan absorbiendo parte del crecimiento previsto en el área metropolitana de la capital y en la provincia, una de las que más crecerá en las próximas décadas según las proyecciones del INE.

Vega Mestanza es el lugar elegido desde 2009, pero el proyecto hibernó hasta que fue rescatado en 2021 por el actual Gobierno autonómico. Cuando lo hizo, se encontró con un imprevisto: una resistencia numantina de vecinos y tenedores de los terrenos, familias que viven de los naranjos, mandarinos y limoneros allí plantados, lideradas por una mujer incansable, Mari Carmen Mestanza, que en estos años ha difundido su causa en todos los foros posibles: por allí han pasado políticos de izquierda a (ultra) derecha, divulgadores científicos, estrellas de la televisión, activistas ecologistas… Ha ido a Bruselas a contar su caso y no hay mitin en Málaga en el que no esté, da igual el partido, siempre dispuesta a insistir al político de turno.

Descendiente de la familia Mestanza, que a principios de siglo compró estos terrenos a la familia Larios para plantarlos de frutales, alega que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como queda demostrado cuando llueve con fuerza y se refleja en los mapas de inundabilidad del Ministerio.

La anulación de las expropiaciones devuelve formalmente los terrenos a los vecinos, pero Mari Carmen Mestanza, que el pasado viernes acudió al mitin de cierre de campaña del PP con una réplica en cartón de Moreno en tamaño real, sabe que el partido de verdad se juega ahora en el Tribunal Supremo: “Yo espero que allí también nos den la razón, pero con estos nunca se sabe”.

Los ayuntamientos de los municipios malagueños de Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina han publicado un comunicado en el que afirman que “a pesar de las abundantes lluvias registradas la situación de los acuíferos continúa siendo preocupante” por lo que han anunciado que restringirán el uso de agua.

Los cuatro ayuntamientos, en dicho bando conjunto publicado en sus respectivas redes sociales, han señalado que tras varios años consecutivos de “grave sequía y escasas precipitaciones”, las reservas subterráneas de agua no se han recuperado lo suficiente y piden responsabilidad y colaboración a la ciudadanía frente a esta “situación crítica”.

“Garantizar el suministro”

En el comunicado, los cuatro consistorios también han informado de la decisión de adoptar una serie de restricciones con el objetivo de “garantizar el suministro en los próximos meses”. En primer lugar, no se permite el uso del agua de la red de abastecimiento para el riego de huertos y jardines. Además, no estará autorizado utilizar agua de la red de abastecimiento para la limpieza de fachadas, aceras o para el lavado de vehículos particulares.

Asimismo, esta situación también afectará al llenado de piscinas privadas, que no podrán abastecerse con agua procedente de la red municipal. Estas tres medidas tienen carácter preventivo aunque no se descarta la adopción de restricciones adicionales si la evolución de los recursos hídricos “lo hiciera necesario”.

En el comunicado, Siro Pachón, alcalde de Fuente de Piedra, subraya que “tenemos que actuar con responsabilidad para evitar problemas mayores en verano”. Por su parte, Eugenio Sevillano, alcalde de Mollina añade que “es importante concienciar a todos los vecinos sobre el ahorro de agua”, mientras que José García, alcalde de Alameda: adelante que “la situación sigue siendo preocupante y debemos colaborar entre todos”. Por último, Auxiliadora Gámez, alcaldesa de Humilladero expresa que “Seguiremos trabajando para buscar soluciones y garantizar el abastecimiento”.

Córdoba y Málaga han presentado cada una su candidatura para acoger la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, cuya creación está recogida en el artículo 32.1 de la Ley 2/2024, de 1 de agosto. Los órganos, de nueva creación, que van a ocupar la sede central son el consejo de la autoridad, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar, oscilando entre 30 y 60 empleados como personal destinado en la misma.

Así lo ha adelantado la Cadena SER y confirmado Europa Press por fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo con el que inició un procedimiento de urgencia para establecer la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya explicó en una rueda de prensa que este organismo estaba a la espera de elegir sede, en el marco de la política del Gobierno de evitar la concentración de organismos públicos en Madrid, con el fin de dinamizar otras capitales de provincia. El Consejo de Ministros dio la orden el pasado 10 de marzo de iniciar esa búsqueda.

Lo antes posible

La consideración de 'urgente' respondía a la necesidad de que este nuevo organismo comience a funcionar lo antes posible. Una vez aprobado su Estatuto orgánico y articulado su marco jurídico, la determinación de la sede será una pieza indispensable para realizar las actuaciones que permitan su funcionamiento efectivo, como el nombramiento de personal que integrará el consejo, la secretaría general y la unidad de asistencia familiar.

Frente a la estructura existente actualmente, compuesta de tres comisiones de investigación, distribuidas según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil), se crea un organismo único multimodal que asume las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El organismo, con naturaleza jurídica de Autoridad Administrativa Independiente, tiene como propósito reforzar la independencia para el desarrollo de las obligaciones en materia de investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transportes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes a través de la realización de investigaciones técnicas que permitan determinar las causas de los accidentes e incidentes y establecer las medidas correctivas que resulten pertinentes.

Un grupo de presuntos narcos ha disparado la pasada madrugada en Vélez-Málaga contra agentes de la Policía que habían descubierto el lugar que utilizaban para esconder vaarias narcolanchas y gasolina, sin que se hayan producido mismo.

Como consecuencia de esta intervención, agentes del Grupo de Udyco-Costa del Sol de la Comisaría Local del municipio malagueño de Vélez-Málaga han detenido a dos personas, un hombre de 51 años y a una mujer, durante un dispositivo antidroga en la zona de la Axarquía.

Durante el mismo, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes que resultaron ilesos, ha indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Llegada de dos vehículos

Los disparos se han producido en el momento en el que los policías procedían a la detención del hombre, en la entrada de una nave utilizada por los narcotraficantes para el almacén de combustible y narcolanchas.

Se traba de una vigilancia en el marco de una operación abierta y destinada a la lucha antidroga, especialidad de estos los agentes. En un momento dado, cuando los mismos procedían a intervenir ante una posible descarga de mercancía, fueron abordados por dos vehículos, ocupados al parecer por cinco varones, que no dudaron en acometer con armas de fuego a los policías, los cuales ya habían procedido a realizar una de las detenciones.

Tras el intercambio de disparos, los vehículos de los delincuentes emprendieron la huida llegando a colisionar entre sí, iniciándose una persecución y tomando la A-7 dirección Málaga, causando un grave peligro para agentes y otros conductores, llegando incluso a tirar a un motorista al suelo, el cual ha resultado ileso.

Huida e investigación

Así, tras el dispositivo de búsqueda y comunicación al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, los vehículos y sus ocupantes implicados aún no han sido localizados. Durante esta misma investigación, y pocas horas después de estos hechos, los investigadores han detenido a una mujer como colaboradora de la organización.

En estos momentos, miembros de la Policía Científica, incardinados en la Brigada Local de la Comisaría de Vélez-Málaga, se encuentran en la nave donde se han producido los hechos, realizando la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial, al objeto de recoger los vestigios y analizar las pruebas.

En el interior de la nave, usada como almacén, se han localizado, narco lanchas, garrafas usadas para el “petaqueo” y en el interior de una furgoneta dos tanques de gasolina, que podrían alcanzar los 5.000 litros. Se trata de una investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El Consejo de Ministros autorizará este martes a la recién creada empresa pública de vividenda Casa 47 a licitar por 27,9 millones de euros el mayor plan urbanístico de viviendas públicas de Málaga, según ha podido saber elDiario.es con fuentes oficiales. Estarán, como ya anunció el Ayuntamiento, en el barrio de Buenavista, por un valor de 27,9 millones y que debe albergar hasta 1.362 viviendas de alquiler social, en las que los inquilinos no podrán gastar más de un tercio de su salario, según las normas de la empresa pública.

El Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Málaga desbloqueó el pasado 6 de mayo la zona para destinarla al ámbito residencial con dotaciones de equipamientos públicos, zonas verdes y una ordenación orientada a la integración urbana y a la mejora de la movilidad sostenible en el área de Teatinos, situada al oeste del núcleo urbano de la ciudad.

El sector cuenta con 27,24 hectáreas y dedicará una red viaria de 108.206 m², 48.923 m² de zonas verdes, equipamientos públicos y un máximo de 1.362 viviendas distribuidas en 14 parcelas residenciales, con criterios de sostenibilidad ambiental, gestión eficiente del agua y fomento de la movilidad activa.

El Consejo de Ministros, que debe aprobar todos los proyectos de más de 12 millones, aprobará este martes la licitación para que las empresas entren a competir para construir el complejo residencial.

Casa 47 nació el pasado año para erigirse como la nueva empresa de vivienda pública estatal, con presupuesto propio y capacidad de ampliar el parque de vivienda asequible, especialmente de alquiler. Gestionará hasta 40.000 viviendas de la Sareb y absorberá suelo para construir hasta 55.000 más.

El año pasado, Casa 47 lanzó 1.600 viviendas y a principios de año la ministra, Isabel Rodríguez, anunció que licitaría 2.800 inmuebles nuevos durante el primer trimestre.

Paralelamente, avanza la gestión de 4 lotes de 15.000 viviendas en diferentes puntos de España y que repartirán 55 millones entre las empresas, con Solvia, Emerald, Provivienda, Serveo Savills y Habitat 3 como principal finalista.

Entre los proyectos más sonados de la empresa pública están las viviendas del nuevo barrio de Campamento en Madrid, con al menos 10.700 nuevas viviendas en un terreno de 211 hectáreas cedido por el Ministerio de Defensa.