La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha advertido este lunes de que su Ejecutivo acudirá al Tribunal Supremo si el Gobierno central persiste en su idea de no acometer el triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas y no fijar la figura del defensor del menor.

“Yo pensé que en el día de hoy íbamos a tener alguna luz más, pero tampoco”, ha comentado a los periodistas a la salida de una reunión con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, subrayando que tiene la “sensación” de que cada vez que se reúne con algún representante del Estado se viene “de la misma manera”. “Si no es por la justicia no actuamos”, ha remarcado.

La consejera ha insistido en que la competencia del triaje es del Estado, según el nuevo pacto de migración y asilo de la UE, y ha rechazado la oferta de Sáiz de financiar el servicio, pero que lo ejecute el Gobierno canario.

“No es una cuestión de dinero”, ha indicado, aparte de que tras la aprobación del decreto de reforma de la ley de extranjería y la entrada en vigor de la contingencia migratoria, los gastos de atención a los menores ya corren por cuenta estatal. Hay que recordar que el PP, que cogobierna en Canarias con Coalición Canaria, votó en contra de dicha modificación de la ley, al igual que Vox.

Delgado ha apuntado que el triaje “evidentemente es competencia del Estado”, pues no la ha delegado a ninguna comunidad autónoma, si bien el pacto sí recoge que puede haber “colaboración”.

No obstante, ha apuntado que “nadie” se ha sentado con las comunidades autónomas para perfilar esta vía, más allá de algún acuerdo de tipo parcial con Ceuta, al tiempo que ha indicado que el pacto migratorio también admite que el triaje no se haga en territorios frontera y por tanto, pueda acometerse en la Península.

La consejera ha comentado que, ante la controversia con el Gobierno, la ministra les ha indicado que tendrá que “dilucidarlo la justicia”, de ahí que tras un primer requerimiento ante la Delegación del Gobierno, se hará otro ante el Estado y finalmente, se acudirá al Supremo.

Ha dicho también que empieza a aumentar nuevamente el “hacinamiento” de menores migrantes en Canarias ante las últimas llegadas de embarcaciones porque hay que establecer, por ejemplo, si los menores son solicitantes de asilo internacional.

Hay que recordar que las llegadas por vía irregular a Canarias han disminuído más de un 70% en lo que va de año, según datos de Frontex, y, de hecho, el Gobierno canario ha cerrado algunos centros de menores ante las derivaciones a la Península.

La consejera, sin embargo, ha cargado contra el ministro de Política Territorial, apuntado que “no hay nada nuevo” en el ofrecimiento del Estado de aportar recursos económicos y ha criticado que se están “pasando la pelota de un ministerio a otro” cuando hay un mando único que gestiona Ángel Víctor Torres. La consejera no ha mencionado la oposición ofrecida por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que intentan evitar que los menores acaben llegando a sus territorios, tal y como manda la Ley.

“Nosotros necesitamos respuesta y la necesitamos ya, porque mientras tanto los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir, y si tenemos que ir a la justicia, como ya hicimos con los menores solicitantes de asilo, lo haremos”, ha destacado.

Delgado ha subrayado que “colaborar no es llevar el peso” ni una delegación de competencia sino participar en “momentos puntuales” al tiempo que ha reprochado el Gobierno central que no haya adaptado en dos años el cumplimiento del pacto europeo.

La consejera no descarta la colaboración del archipiélago pero entiende que hay que “sentarse” a hablar y definir, por ejemplo, qué “figura” es la defensor del menor.

En cuanto a los migrantes adultos sí ha reconocido que la red de acogida está “muy bien” porque hay 5.000 plazas en las islas y la ocupación ronda las 1.000 y con derivaciones periódicas a la Península.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya había dado un giro a las políticas migratorias de su Gobierno al fimar, el pasado julio, un pacto con Vox que asume la práctica totalidad de sus propuestas antiinmigrantes: “No más MENAS”, reza el documento. Pero este lunes, en Madrid, Moreno ha dado un volantazo imprevisto a su discurso, abrazando la tesis del “efecto llamada” de la ultraderecha para negar la acogida de niños inmigrantes de Ceuta en Andalucía.

El dirigente popular ha asistido esta mañana, junto a Alberto Núñez Feijóo y otros diez presidentes autonómicos del PP, a un desayuno informativo del líder ceutí, Juan Jesús Vivas, y a la entrada le han preguntado si está de acuerdo con que las comunidades “puedan acoger a menores inmigrantes de forma puntual” mientras se resuelve el expediente de los 2.000 niños ya filiados que colapsan las instalaciones de Ceuta, tras la entrada irregular de 80.000 extranjeros el pasado agosto.

Este periódico lleva una semana haciéndole la misma pregunta a la Consejería de Inclusión Social y Juventud, que se ha negado sistemáticamente a responder ni a facilitar el número de menores extranjeros acogidos en este momento y las plazas disponibles. Moreno sí ha respondido, por primera vez, alineándose con la tesis de la dirección nacional del PP y haciendo suyo el lenguaje antiinmigrante de Vox -“efecto llamada”; “invasores”- que él mismo negaba antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, cuando aún disfrutaba de mayoría absoluta.

“Es que ahí hay un problema importantísimo que indican todos: por un lado la UE ya ha advertido de que no pueden pisar la península esos migrantes, y lo ha dicho de manera muy clara, y lo segundo: el efecto llamada sería inmediato”, ha respondido Moreno en Madrid.

En la misma frase, el presidente andaluz se refiere a los inmigrantes como “ciudadanos”, “personas” e “invasores”. “Si los ciudadanos migrantes, esos ciudadanos, esas personas que han cruzado la frontera de manera irregular consiguen su objetivo de pasar a la Europa continental, evidentemente el efecto llamada será enorme. Por tanto, tendremos una nueva sacudida en la frontera de Ceuta y probablemente otra invasión. Lo que recomiendan todos los especialistas es que vuelvan a Marruecos, al país de origen, que es la única solución que tiene ahora mismo el problema”, ha respondido a la pregunta de los menores en Madrid.

Este planteamiento, calcado, lo escuchaba hace apenas dos meses el propio Moreno de boca del líder regional de Vox y portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira: “Los niños tienen que estar con sus padres”. Entonces el presidente andaluz le afeaba que ofreciera “soluciones simples a problemas complejos”, y le reprochaba “demostrar desconocimiento” de la ley, que prohíbe “deportar sin más a esos niños, que tienen derechos nada más pisar nuestro país”.

Ahora, el dirigente popular, en consonancia con el resto de barones territoriales de su partido, ha cargado toda la responsabilidad de solucionar la crisis migratoria y humanitaria en Ceuta sobre los hombros de Pedro Sánchez. “Para solucionarlo, el Gobierno se tiene que arremangar y ponerse a trabajar desde ya”, ha subrayado, tras criticar que aún no tenga “datos precisos” de las personas que siguen de forma irregular en Ceuta, y condenar la “falta de atención”, la “indolencia” y la “situación caótica” que puede provocar “un polvorín con consecuencias imprevisibles”.

Del “corazón grande” de Andalucía al “efecto llamada”

El pasado 2 de julio, el presidente Juanma Moreno y el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, firmaron un acuerdo de Gobierno PP-Vox que incluye, por encima de otras políticas, 12 puntos con medidas prioritarias para luchar contra la inmigración, todas ellas a implementar en la primera mitad de la legislatura.

La primera es el rechazo frontal al acogimiento de menores extranjeros no acompañados, algo que el Gobierno andaluz venía haciendo, incluso antes de que el PP nacional votara en el Congreso contra la reforma exprés de la Ley de Extranjería que obliga a ser solidarias a las comunidades insolidarias con este asunto (reforma del artículo 35 vía Real Decreto Ley).

Andalucía tiene una suerte de hermanamiento con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no sólo por su proximidad geográfica, sino porque comparten el peso abrumador de la presión migratoria en el Estrecho, frontera sur de la Unión Europea con África. El Ejecutivo de Moreno firmó en 2024 un convenio con el Gobierno ceutí -que hoy sigue “activo y en desarrollo”- para “agilizar” el traslado de niños inmigrantes no acompañados a Andalucía ante “contingencias” o “crisis migratorias” como las que sufrió Ceuta en 2021 -con la entrada irregular de 10.000 inmigrantes (1.500 menores), o la que sufrió hace 40 días (80.000 inmigrantes, 2.000 menores ya filiados).

El acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía, sellado un mes antes de esa crisis humanitaria, reproduce las cláusulas y medidas antiinmigración que la ultraderecha llevaba toda la legislatura defendiendo, casi siempre contestadas en el Parlamento por el propio Moreno. Se recuerda, sobre todo, aquel encontronazo verbal en el Pleno de la Cámara entre el presidente de la Junta y el portavoz de Vox, Manuel Gavira (hoy vicepresidente segundo), cuando el popular subrayó el “corazón asín de grande” de los andaluces para acoger a niños inmigrantes que cruzaban la frontera.

El acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía desbarata parte de aquel discurso, recoge las mismas políticas antiinmigrante que ya firmaron los gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y pone especial hincapié en el rechazo al acogimiento de menores migrantes, competencia de las comunidades. Sin embargo, todas esas medidas aparecen matizadas en el documento con constantes referencias al “cumplimiento de la legalidad vigente”. “El PP siempre va a cumplir la ley”, han reiterado desde el entorno de Moreno, cuando se le ha preguntado por la pretendida ambiguedad del documento político firmado con Vox.

El socio ultraderechista de Moreno, que pilota una vicepresidencia segunda y la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, hace una lectura distinta de ese mismo documento: “Vamos a acabar con el efecto llamada que hace que toda África esté mirando al Sur de Europa para poder entrar”, repiten los de Santiago Abascal en Andalucía, antes y despues de la última crisis migratoria en Ceuta.

Por primera vez, Juanma Moreno ha replicado hoy ese discurso mismo discurso, junto a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y el propio Vivas, con quien firmó hace dos años un convenio de colaboración para descongestionar a Ceuta ante la llegada masiva de menores inmigrantes.

El convenio entre Andalucía y Ceuta para “dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias” entronca, de hecho, con la política desarrolallada por el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, en el Gobierno de Sánchez. El documento apela al “Modelo de gestión de contingencias migratorias por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia en su reunión de 27 de julio de 2022, que prevé la activación de un Plan de Respuesta ante contingencias migratorias que determine las necesidades de traslados entre Comunidades Autónomas”.

La ministra Rego es quien ha propuesto dos fórmulas transitorias para descongestionar las instalaciones ceutíes mientras se resuelve el expediente de esos 2.000 menores no acompañados: bien a través de convenios con ONG, bien a través de convenios bilaterales entre Ceuta y otras comunidades autónomas, como el que tiene firmado Moreno con Vivas desde 2021 (prorrogado en 2024), aún en vigor. Preguntada al respecto, la Consejería de Inclusión Social no aclara si el Gobierno de Vivas ha invocado ese convenio, pidiendo el traslado de algunos menores extranjeros a Andalucía. Tampoco aclaran si la consejera andaluza del ramo, Loles López, ha llamado a su homólogo en Ceuta para ofrecerle esta ayuda que regula el convenio.

A 30 de junio de 2026, Andalucía acoge a 1.669 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, según fuentes oficiales. La capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, según las directrices del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, Andalucía debería contar con 3.009 plazas estructurales para la atención de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, según reza en la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con esos números, Andalucía se sitúa al 55,47% de su capacidad ordinaria para acogimiento de niños extranjeros no acompañados.

Volví a ver este verano en TVE, los dos últimos capítulos de la serie de Juan Antonio Bardem, 'Lorca. La muerte de un poeta': los que abordan su apresamiento y posterior asesinato, en el contexto de la sublevación militar contra la República en Granada. Los vi, una vez más, conmovido y con el corazón en un puño. No era plato de gusto contemplar las masacres y fusilamientos en masa de obreros y gentes del pueblo que, desde el Albaicín, trataron inútilmente de defenderse de un golpe de Estado implantado en toda España por el terror.

Y el malestar se acrecentaba al pensar que el caldo ideológico propiciador de tales monstruosidades vuelve a hallarse en pleno auge. Uno escuchaba, en la serie televisiva, la alocución de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, incitando a la población a apresar y matar a rojos en la calle y me resonaba en la cabeza la “caza al moro” de Torre Pacheco y, más recientemente, la voz aflautada del diputado de Vox José María Figaredo invitando a “cazar a todos los inmigrantes, uno a uno, pam, pam, pam”.

Porque vuelven los que reivindican el franquismo, y lo exhiben sin pudor, al calor de una extrema derecha que se está preparando a fondo y sin complejos para llegar al poder. O, al menos, para recuperarlo. Que ya le toca, porque parece palparse en el ambiente que está llegando el momento de que España vuelva a ser para los españoles; pero los de verdad, no sucedáneos como los que nos gobiernan para disolvernos como país, según el patrioterismo que nos adoctrina a diario.

Españoles que no sienten vergüenza ajena de serlo, hasta el punto de reivindicarse por triplicado; que llevan a España en sus pulseritas rojigualdas, en sus bolsillos acaudalados, en sus ganancias inmobiliarias, en sus negocios turbios. Españoles con clase, que, además de patrimonio, se han hecho con la patente del negocio español, el más rentable; el que, en tiempos pasados, les hizo ganar una guerra contra la “anti-España” desarrapada.

Españoles que son los herederos de aquellos que fueron del “bando nacional”, una denominación de origen que las derechas han conservado con esmero hasta el presente. Tienen, por tanto, la ventaja de haber ganado, desde su victoria por las armas, una batalla cultural que nadie se ha atrevido a disputarle seriamente. Aun hoy, plumas progresistas se permiten hablar de la insurrección militar del 36 como de un “alzamiento nacional”. Y aun hoy, los historiadores siguen hablando de “los nacionales” para referirse a los sublevados contra la República.

Que España es, pues, de la derecha que lo amadrina parece algo incontestable y de puro sentido común entre una buena parte de nuestra sociedad; que también está comprando la idea de que España tiene que defenderse de sus enemigos. Antes eran los “rojos”. Ahora son los inmigrantes “que vienen a España a delinquir” y a quitarnos nuestra identidad; y están, además, respaldados por un Gobierno de izquierdas, que los regulariza, al precio de provocar un “efecto llamada” claramente perturbador.

Y en el pecado lleva la penitencia. Y ahí tenemos como prueba lo ocurrido en Ceuta, que, para el PP y Vox, puede ser el golpe de gracia a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Y no están solos en este empeño. Porque tienen a su lado a toda la Internacional Reaccionaria, comandada por autócratas y señores de la guerra, como Donald Trump, Netanyahu y Putin, plenamente interesados en acabar con la “excepción española” en un panorama general de rapiña, desigualdad e involución democrática, al servicio de los oligarcas tecnológicos del planeta.

Donald Trump ya ha asegurado que utilizará Ceuta como argumento de campaña contra los demócratas en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. No sería, por tanto, de extrañar que se implicara, igualmente, apoyando a los de Feijóo y Abascal, en las cada vez más cercanas elecciones generales españolas. Ya lo está haciendo, y con éxito, en las que se celebran por países latinoamericanos. Es lo que tiene la geopolítica envenenada que nos rodea: que no permite excepciones nacionales, por razonables que parezcan. Y no está el horno para defender el Estado de bienestar, los servicios públicos y los derechos políticos y sociales de la gente, poniendo así en peligro el omnímodo poder de los mercados.

Y todo eso forma parte de nuestra vida política. Hace ya mucho tiempo que la situación internacional ha dejado de ser algo exótico para nosotros. Forma parte integrante de nuestra realidad, de nuestro debate interno como país. De hecho, las próximas elecciones generales definirán el futuro de nuestra soberanía nacional; porque tendremos que decidir qué España queremos: la que se suma al medallero de Trump y se somete a los dictados y políticas que nos llegan de los amos del planeta; o la que aspira a mantener sus propias políticas de progreso económico y social. La España que dice “amén” a la involución general ultraconservadora que acecha al conjunto de Europa o la que aún sirve de referencia para recuperar los derechos humanos que la Unión Europea tiene que mantener si no quiere perder su alma. La España del patrioterismo cerril o la España real que avanza y que Europa no debe perder. Lo mejor de esa España que aún nos queda.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, destaca por su locuacidad desde el púlpito en analizar, desde su óptica puramente personal, la política actual y en su foco pone siempre al Gobierno socialista al que critica sin tapujos. Esta vez lo ha hecho en plena novena a la Santina, desde Covadonga, donde ha vinculado las concentraciones masivas celebradas en el país en apoyo a Ceuta con la idea de la “reconquista”.

“Lugar de reconquista que recuerda que hemos de recuperar lo que vale la pena, lo que nos sostiene e identifica ante la pretensión marroquí y la inanición de una gobernanza fallida”, asegura el arzobispo.

Un mensaje que reproducimos a continuación y que el propio Sanz Montes ha difundido en un post a través de la red social X.

El arzobispo ha realizado numerosas referencias al tema de Ceuta. El pasado 5 de agosto, publicó otro post donde, por un lado, lamentaba la muerte de migrantes en el mar, y por otro, volvía a aprovechar Spara sugerir la posibilidad de que detrás de lo que calificó como “invasión premeditada” pueda haber “intereses inconfesables de gobiernos implicados”, como se puede ver en el siguiente mensaje.

“Aquí no caben todos”

Sanz Montes se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la inmigración y en todas sus intervenciones ha aprovechado para censurar la política del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Una de sus polémicas más sonadas fue cuando abordó el tema de la regularización de inmigrantes y se preguntaba “¿cuántos podemos asumir?”. Y él mismo respondía: “Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan”.

El próximo martes, 8 de septiembre, se celebra el Día de Asturias y, como viene siendo tradicional, es la jornada donde el arzobispo vuelve a pronunciarse públicamente sobre la actualidad.

Este año no se espera que haya excepciones y que la inmigración, las manifestaciones masivas frente a los ayuntamientos y la “inanición de una gobernanza fallida”, como él la denomina, vuelvan a estar en el centro de su intervención, con tintes ideológicos ultraconservadores incluidos.

Hacerse cargo del estado de ánimo de una opinión pública enfurecida con Marruecos sin provocar un choque diplomático de consecuencias imprevisibles. Ese es el difícil juego de equilibrios que intentó desplegar este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Después de un mes marcado por la gestión tardía del flujo migratorio que permanece en la ciudad autónoma y por un discurso centrado en el reconocimiento sin matices a la “cooperación” marroquí, el líder del Ejecutivo quiso ajustar, aunque fuera sutilmente, su estrategia política. Primero, para trasladar su “empatía” a una sociedad ceutí hastiada y al borde del colapso, pero también para mandar un mensaje de mayor firmeza sobre los ataques a la soberanía española.

La gran pregunta era si el informe policial filtrado a principios de semana, que señalaba a gendarmes marroquíes como partícipes de la operación masiva de paso de la frontera basándose en vídeos difundidos por redes sociales, provocaría un golpe de timón en la Moncloa. Y la respuesta llegó pronto, porque Sánchez se encargó de sellar cualquier rendija que diera pie a un conflicto con el país vecino.

“Soy consciente de las dudas, de los indicios. Pero señorías, como presidente del Gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia. Y lo cierto es que, a día de hoy, nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes”, dijo desde la tribuna.

Y puesta la venda, se lanzó a surcar un terreno inexplorado hasta ahora por el Gobierno español: la promesa de que el responsable de lo sucedido “pagará por ello” y de que si encuentra pruebas sobre la autoría, actuará sea quien sea. Pero también el llamamiento a Europa para que ayude a blindar la españolidad de las dos ciudades autónomas y una conclusión que sonó, al menos un poco, a advertencia. “Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta que compartimos con el Estado marroquí para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a producirse. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos, porque eso va en aras del interés general. Pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Cuestionados por ese horizonte de cambio en las relaciones bilaterales con Marruecos respecto a la seguridad fronteriza que deslizó el presidente, en la Moncloa admiten que aún no se trabaja en esa pantalla. Porque la prioridad no ha cambiado desde que hace diez días se designara un mando único y se impulsara un plan de choque para Ceuta.

La obsesión no es otra que sacar de las calles a los miles de migrantes, adultos y menores, que permanecen en la ciudad autónoma, y acelerar cuanto se pueda un procedimiento administrativo que permita el retorno a Marruecos de cuantos sea posible. Y con ese horizonte, la orden de Sánchez es clara: extremar el celo en el cuidado de una relación de vecindad complejísima y a menudo tormentosa, pero básica para retos estratégicos como el que se afronta ahora con esa gestión migratoria que depende, en gran medida, de la voluntad política del régimen de Mohamed VI.

Lo que sí desveló el presidente en el Congreso es que España ha utilizado canales diplomáticos oficiales para trasladar quejas a Marruecos. Lo hizo, según contó, el pasado 21 de agosto, cuando el ministro de Exteriores convocó a la embajadora marroquí en Madrid tras las “declaraciones inaceptables” de dos ministros de Mohamed VI sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. “Dos declaraciones que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente. Pero, en este caso, señorías, conviene ser prudentes y huir de las explicaciones simples”.

También planteó Pedro Sánchez que las ciudades autónomas dieran un paso más en su vinculación con la Unión Europea como forma de blindar su pertenencia a España y zanjar las reivindicaciones marroquíes. Y para ello apeló a Europa y a la conveniencia de que tanto Ceuta como Melilla pasen a ser miembros permanentes del Comité europeo de las regiones.

Declasificación de los dosieres

El presidente volvió a rechazar de plano que existieran avisos o informes previos al 30 de julio que aportaran información precisa sobre la magnitud de lo que pasó en El Tarajal. De hecho, aseguró que ninguno de esos avisos o informes previos “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario”. Y que ninguno “previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente ocurrió”.

Para demostrarlo, anunció la orden de publicar esos informes en un dosier, incluso los que se encuentren clasificados. “Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. ¿Tampoco se creen a la Policía, la Guardia Civil y los miles de empleados públicos que trabajan en la frontera?”, le preguntó a la oposición.

Sánchez no quiso ocultar el gran enfado que existe en las filas del Gobierno sobre el informe policial que acabó filtrado a la prensa antes de ser trasladado internamente en el Ejecutivo. Y anunció una investigación para “entender por qué” el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) “no remitió una nota informativa” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con los indicios recabados sobre la participación de los servicios policiales de Marruecos en la llegada masiva de inmigrantes.

Por la tarde, el propio Marlaska elevó una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

La gestión de la acogida de los niños y adolescentes extranjeros que continúan hacinados en la ciudad de Ceuta tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del mes pasado amenaza con ensanchar la brecha que este asunto ha provocado entre los socios del Ejecutivo. Este lunes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistió en que, a su juicio, “es imprescindible” trasladar sin demora “a los niños y a las niñas no acompañados” a la Península para, una vez allí, continuar tramitando sus expedientes sin mantener presionado hasta el extremo el sistema de acogida de Ceuta. Y lo hizo apenas unos minutos después de que el presidente Pedro Sánchez rechazara esta posibilidad y asegurase que “la prioridad del Gobierno es que todos esos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma”.

En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez explicó que, para acabar con la saturación de los servicios de acogida de Ceuta, el Gobierno está aumentando el número de plazas disponibles para alojar a los migrantes que quedan en la ciudad, que cifró en alrededor de 5.000. De ellos, afirmó el presidente, las autoridades calculan que unos 1.200 son menores de edad, que con el refuerzo del sistema —Sánchez aseguró que se pondrán en marcha 6.000 nuevas plazas para el alojamiento de estas personas— podrán ser acogidas en Ceuta mientras se siguen tramitando sus expedientes. Estos procedimientos deben servir para decidir si los menores son enviados a sus países de origen (en el caso de que se pueda localizar a sus familias) o si pasan a ser tutelados por el Estado de manera permanente.

No obstante, en su intervención en la comisión de Juventud e Infancia del Congreso, Rego se mostró convencida este lunes de que “es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en la Península por dos motivos”, y que hay que hacerlo ya y no esperar a que se terminen de tramitar estos expedientes para distribuir por las comunidades tan solo a los menores que no vayan a ser expulsados de España. La ministra aseguró que este movimiento permitiría “destensar la situación de Ceuta”, y también sostuvo que “es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas”. “Con los expedientes se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país, porque el ordenamiento jurídico es exactamente el mismo en Ceuta y en el resto del territorio”, argumentó.

Rego explicó, asimismo, que el Ministerio de Juventud se encuentra a la espera de que el Gobierno de Ceuta dé luz verde al traslado a otras comunidades de alrededor de 500 niñas con un perfil “especialmente vulnerable”. La acogida de estas menores, planteó la ministra, se vehicularía a través de ONG “en varios puntos del país”, y Rego afirmó que se puede poner en marcha “de una manera más o menos inmediata una vez resuelta la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta”. La ministra también pidió a los gobiernos autonómicos, la mayor parte de ellos en manos del PP, que alcancen “acuerdos bilaterales” con el Ejecutivo ceutí para asumir ya el cuidado de una parte de los menores que ahora mismo colapsan los centros de acogida de la ciudad, sin esperar a que terminen de tramitarse sus expedientes.

Pocos minutos antes de la intervención de Rego, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, también se mostraba partidaria del traslado a la Península de una parte de los migrantes que se encuentran viviendo en las calles de Ceuta, aunque Martínez no circunscribió esta posibilidad a los menores de edad, sino a las 5.000 personas que se encuentran de manera irregular en la ciudad autónoma. “Hay que organizar el traslado de Ceuta a la Península de menores, personas migrantes y refugiadas, y que sea desde la Península donde continúen los procedimientos legales” para su devolución, en su caso, planteó la portavoz, un extremo que Sánchez también descarta.

Urtasun denuncia las “presiones” de la UE

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se mostró este lunes crítico con la decisión del Gobierno del que forma parte de no trasladar a la Península a los en torno a 5.000 migrantes que aún continúan en Ceuta mientras se tramitan sus expedientes. Urtasun insistió en que el Ejecutivo debe trasladar a estas personas a otras comunidades para descongestionar las instalaciones de la ciudad autónoma, y atribuyó a las “presiones enormes” que está ejerciendo la Comisión Europea la decisión del presidente Sánchez de no llevar a cabo este reparto.

“Apoyar a Ceuta también significa que Ceuta pueda volver a la normalidad lo antes posible”, y eso pasa por “que puedan muchas de estas personas sean trasladadas a la Península para que sus expedientes puedan ser tramitados allí”, apuntó Urtasun, que sostuvo que “Ceuta no puede ser el patio trasero de Europa”. En el resto del territorio nacional, afirmó el ministro, existen “plazas” libres para alojar a estos inmigrantes mientras se decide si son expulsados o si se les concede asilo en España, y “es mucho más lógico que esos expedientes se resuelvan en lugares donde hay plazas y capacidad que en Ceuta, donde hay gente viviendo en la calle”.

“Este tipo de traslados se han realizado en numerosas ocasiones, cuando hay una zona congestionada: se ha hecho en Lampedusa, cuando en 2023 llegaron a sus costas 115.000 personas, y más de 64.000 fueron reubicadas en la península italiana”, ejemplificó el titular de Cultura, que recordó que “esto lo hizo el Gobierno de Giorgia Meloni, que se ha pasado todo el verano dándonos lecciones”. Urtasun se mostró igualmente muy crítico con los mensajes que ha trasladado en las últimas semanas la Comisión Europea exigiendo “que no salga nadie de Ceuta” para que estos inmigrantes no puedan moverse a otros países de la UE a través del espacio Schengen, un espacio al que no pertenece la ciudad autónoma.

“Muchas de esas personas van a ser devueltas, pero sus expedientes pueden tardar hasta dos meses”, un tiempo en el que seguirán colapsando los servicios de atención de Ceuta si no se las reparte por otras comunidades, razonó el ministro, que insistió en que, asimismo, el Gobierno ya sabe “que hay personas que no vamos a poder devolver” entre las 5.000 que quedan en la ciudad. “Hay centenares de sudaneses y a esas personas se les va a acabar concediendo la protección internacional, así que no tiene sentido que estén en Ceuta teniendo plazas en la Península”, zanjó.

Era el 2015 quan Modou Ndiaye, de 40 anys, va partir del Senegal cap a Espanya per primera vegada. Ho va fer en un pesquer que duia 160 persones a bord: cap d’elles va morir. Un extrem que té la necessitat d’especificar quan parla amb elDiario.es després de convertir-se en un heroi local. La setmana passada va apagar, pràcticament tot sol, les flames que començaven a devorar un bloc d’habitatges de la zona turística de Cala de Bou (Eivissa).

En aquell moment es dedicava a la pesca artesanal —principal economia costanera i sustent de la seguretat alimentària del país africà—, que des de fa anys pateix una greu crisi per l’augment de la pesca industrial estrangera i l’activitat il·legal. Des del litoral senegalès va arribar, en cayuco, a l’arxipèlag canari, a l’illa de Tenerife, però l’acollida espanyola va durar poc: les autoritats, en comprovar la seva situació irregular, el van retornar a territori senegalès. Modou, allà, té un fill i la resta de la seva família, tot i que cap “oportunitat”.

Després de l’intent fallit d’arribar a Europa es va posar a estudiar mecànica buscant alternatives. “Vaig estar-hi uns anys i, quan em vaig treure el permís de conduir, vaig començar a treballar en un camió, transportant aliments”, explica el migrant. En tot just una setmana recorria al voltant de 800 quilòmetres, no només dins de les fronteres del Senegal, sinó també fins a Mali, Gàmbia o Guinea Bissau.

Després tornava a casa seva, al seu veïnat, a prop de la ciutat de Touba, on a principis d’agost set persones van morir i 136 van resultar ferides en 68 accidents de trànsit diferents durant el multitudinari pelegrinatge religiós del Gran Magal, un dels més populars del món de l’ordre sufí de l’Islam.

Relata la seva història juntament amb el seu germà Alí, just al costat de l’edifici del carrer de Guipúzcoa els fonaments del qual haurien cremat si no hagués estat per la immediatesa amb què va reaccionar Modou. Alí, vuit anys més gran que el seu germà, parla amb admiració de la seva actuació. Primer va veure el fum i després les flames des de la platja on de nit dorm i de dia es dedica a la venda ambulant.

No li va faltar temps per córrer fins a arribar als habitatges i, en veure que un parell de veïns que havien aconseguit dos extintors no podien apagar el foc, va saltar la tanca —subjectada a un mur de mig metre d’alçada— i en va buscar un tercer per ajudar a sufocar-lo. Abans, algú havia exclamat “Foc, foc!”: s’havia originat a la barbacoa d’una planta baixa i es propagava ràpidament per la façana, encara tenyida de negre una setmana després.

Quan Modou va veure que amb l’extintor no n’hi havia prou, va decidir, en un reflex “molt ràpid” —en paraules del seu germà—, agafar una mànega del jardí i ficar-se de ple dins l’habitatge. Aquell matí bufava un vent fort per una tempesta que s’acostava, fet que feia encara més complicat controlar les flames, que es van escampar ràpidament, segons els testimonis de diversos banyistes que van veure en primera persona què estava passant i que ha recollit Nou Diari, que va avançar la notícia.

L’incendi es va originar a la barbacoa d’una planta baixa i es va propagar per la façana. A Modou no li va faltar temps per córrer fins a arribar als habitatges, saltar una tanca, agafar una mànega del jardí i ficar-se de ple dins una casa

Les flames van amenaçar d’estendre’s a l’habitatge del costat i també als vehicles aparcats en filera al carrer de davant, a prop de l’aparcament de la veïna platja des Pinet. Va apagar el foc tot sol, quan ja havien cremat completament una pèrgola i un tendal i just abans que arribessin els bombers d’Eivissa, desplaçats després de rebre l’avís des del Parc Insular, situat a la carretera entre Sant Antoni i la ciutat d’Eivissa.

Un total de sis efectius van arribar amb dos camions cisterna, però Modou ja havia fet part de la feina. Quan li expressen això, riu i assenteix. El cos d’emergències va acabar de sufocar el foc completament per assegurar-se que no es tornava a revifar.

Va apagar el foc tot sol, quan ja havien cremat completament una pèrgola i un tendal i just abans que arribessin els bombers

A la recerca d’una segona oportunitat

La segona vegada que Modou va intentar arribar a Espanya era el 2018. Aleshores ho va fer d’una altra manera: va arribar fins al Marroc per via terrestre, fins a Nador, al Rif, molt a prop de Melilla. Des d’allà va patronejar una embarcació en què duia a bord 85 persones, explica. Ni aquesta ni l’anterior vegada va haver de pagar res perquè la seva feina de pescador li havia proporcionat contactes.

En aquest segon intent, va creuar la Mediterrània en un trajecte de tres hores durant el qual arriscava el seu futur i el de tots els que viatjaven amb ell: va sortir bé. Només recorda, vagament, com van arribar a una illa petita de la qual no recorda el nom i com, abans d’arribar-hi, a escasses milles, va intervenir un equip de Salvament Marítim, que els va rescatar a prop del litoral. Ni aleshores ni ara ha tingut “mai” problemes amb la Policia o les autoritats, puntualitza. Ho va fer buscant una vida millor, no ho diu verbalment, però fa que s’entengui.

Va arribar a Espanya en una embarcació amb altres 85 persones que havia partit del Marroc

Gairebé una setmana després del succés, encara nota com li cou el pit quan inspira. L’altre dia es va acostar a la farmàcia i li van donar un medicament per pal·liar les conseqüències de la possible intoxicació per fum, tot i que no sap especificar quin. En entrar a l’edifici, on hi havia persones a dins i que hauria cremat sense la seva intervenció, no duia cap equip de protecció.

El SAMU 061 movilizó inmediatamente tras recibir el aviso una UVI móvil, dos unidades de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida y un vehículo de logística para atender a los afectados. De hecho, ocho personas resultaron afectadas en distintos grados por la inhalación de humo durante el incendio, como detallaron los servicios de emergencia.

Una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital Can Misses, mientras que las otras siete fueron atendidas y dadas de alta en el mismo lugar tras ser evaluadas por los servicios sanitarios. Entre ellas el propio Modou, que notó cómo después de meterse dentro de la propiedad en llamas tenía dificultades para respirar y acudió a la ambulancia.

Modou encara sent que li cou el pit quan inspira

En situació de regularització

La història de Modou, que fa vuit anys que viu a Espanya i aproximadament un a l’illa, contrasta amb la situació de precarietat en què viu: dorm a la platja, es dutxa amb aigua de mar i es guanya la vida venent ulleres i ajudant a es Pinet.

El migrant explica que “és difícil” viure així. Fa tres mesos que està en procés de regularització de la seva situació a Espanya. És a dir, gairebé des del mateix moment en què el Govern va formalitzar el Reial decret 316/2026, el passat 14 d’abril, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Modou ha sol·licitat la regularització extraordinària del Govern. Mentrestant, dorm a la platja, es dutxa amb aigua de mar i es guanya la vida venent ulleres

El Reial decret introdueix dues noves vies dins del Reglament d’Estrangeria: una autorització per a sol·licitants de protecció internacional (asil) i un nou supòsit d’arrelament extraordinari. El frustra que la gestió estigui encallada i no haver rebut novetats per part de l’Oficina d’Estrangeria.

Fonts policials no relacionades amb el succés han explicat a elDiario.es que el gest heroic de Modou és motiu de “valoració” per part dels serveis d’Estrangeria. Perquè la informació es tingui en compte en el procés de regularització, ha d’estar inclosa en l’atestat policial que va elaborar la Guàrdia Civil —que té la competència de seguretat al municipi de Sant Josep— i on es recull el desenvolupament dels fets.

En cas que la informació no estigui inclosa en l’atestat, l’advocat que el representa podria prendre declaració a cadascun dels veïns que van ser testimonis dels fets —o, en cas que hi hagi una associació veïnal, a l’associació— per adjuntar-la a l’expedient. La Delegació del Govern seria l’organisme encarregat de valorar i emetre la resolució final.

Els veïns del bloc d’habitatges de Cala de Bou han demanat conjuntament que es faciliti a Modou el tràmit perquè pugui treballar regularment a territori espanyol. De fet, quan la seva gesta es va publicar a la premsa va generar una gran repercussió entre veïns, turistes i testimonis del succés, que ara reclamen que el seu gest no es limiti només a les ovacions i es tradueixi en una ajuda burocràtica real.

Els veïns han demanat que es faciliti a Modou el tràmit perquè pugui treballar regularment a territori espanyol

Modou fa un any que és a Eivissa i vuit que és a altres indrets d’Espanya. Primer va estar treballant a Almeria, on va arribar amb l’embarcació irregular que va capitanejar. Després se’n va anar a Jaén, més tard a Múrcia i, aleshores, va arribar a aquella illa de la qual encara desconeix el topònim abans de començar una vida a Eivissa, fa just un any. El seu germà, que fa dotze anys que va arribar a territori espanyol, ja té els papers “arreglats” i va poder aconseguir un contracte laboral: treballa al tobogan aquàtic que forma part de la infància de molts nins eivissencs.

El que va fer [apagar l’incendi al bloc de Cala de Bou], Modou ho va fer de “cor”, expressa. Tot i així, no pot deixar de lamentar la seva condició de migrant en situació no regularitzada i que fa diversos mesos que espera sense cap mena de resposta administrativa malgrat l’aprovació del Reial decret.

En el fons, desitja que la seva actuació el pugui ajudar. Si més no, que tot sigui una mica més ràpid i pugui treballar “on sigui”. A l’hostaleria, per exemple. De moment, quan acabi la temporada, se n’anirà a Jaén, com fa cada any, on treballa en la collita de l’oliva. És, però, un lloc de feina inestable, en què només es treballa quan el patró dona hores.

“Solen ser jornades de sis hores al dia durant cinc o deu dies a la setmana, però sense garanties. És, a més, una feina dura”, assenyala Modou. “Jo, si aconsegueixo els papers, em vull quedar aquí, a Eivissa”, diu amb el cap inclinat, assenyalant cap a terra.

Era 2015 cuando Modou Ndiaye, de 40 años, partió de Senegal hacia España por primera vez. Lo hizo en un pesquero que llevaba 160 personas a bordo: ninguna de ellas murió. Un extremo que tiene la necesidad de especificar cuando habla con elDiario.es tras convertirse en un héroe local. La semana pasada apagó, prácticamente él solo, las llamas que empezaban a devorar un bloque de viviendas de la zona turística de Cala de Bou (Eivissa).

En ese momento se dedicaba a la pesca artesanal -principal economía costera y sustento de la seguridad alimentaria del país africano-, que desde hace años sufre una profunda grave crisis por el aumento de la pesca industrial extranjera y la actividad ilegal. Desde el litoral senegalés llegó, en cayuco, al archipiélago canario, a la isla de Tenerife, pero la acogida española duró poco: las autoridades, al comprobar su situación irregular, lo devolvieron a territorio senegalés. Modou, allí, tiene un hijo y al resto de su familia, aunque ninguna “oportunidad”.

Tras el intento fallido de alcanzar Europa se arrancó a estudiar mecánica buscando alternativas. “Estuve unos años y, cuando me saqué el permiso de conducir, empecé a trabajar en un camión, transportando alimentos”, explica el migrante. En apenas una semana recorría alrededor de 800 kilómetros, no solo dentro de las fronteras de Senegal, sino también hasta Malí, Gambia o Guinea-Bisáu.

Luego volvía a su casa, a su vecindario, cerca de la ciudad de Touba, donde a principios de agosto siete personas murieron y 136 resultaron heridas en 68 accidentes de tráficos distintos durante la multitudinaria peregrinación religiosa del Gran Magal, una de las más populares del mundo de la orden sufí del Islam.

Relata su historia junto a su hermano Alí, justo al lado del edificio de la calle Guipúzcoa cuyos cimientos hubieran ardido de no haber sido por la inmediatez con la que reaccionó Modou. Alí, ocho años mayor que su hermano, habla con admiración de su actuación. Primero vio el humo y luego las llamas desde la playa donde de noche duerme y de día se dedica a la venta ambulante.

Le faltó tiempo para correr hasta llegar a las viviendas y al ver que un par de vecinos que se habían hecho con dos extintores no conseguían apagar el fuego, saltó la valla -sujeta a un muro de medio metro de altura- y buscó un tercero para ayudar a sofocarlo. Antes, alguien había exclamado “¡Fuego, fuego!”: se había originado en la barbacoa de una planta baja y se propagaba rápidamente por la fachada, aún teñida de negro una semana después.

Cuando Modou vio que con el extintor no era suficiente, decidió, en un reflejo “muy rápido” -en palabras de su hermano-, coger una manguera del jardín y meterse de lleno en la vivienda. Esa mañana soplaba un fuerte viento por una tormenta que se avecinaba, lo que hacía aún más complicado controlar las llamas, que se esparcieron con rapidez, según los testimonios de varios bañistas que vieron en primera persona lo que ocurría y recogidos por Nou Diari, que adelantó la noticia.

El incendio se originó en la barbacoa de una planta baja y se propagó por la fachada. A Modou le faltó tiempo para correr hasta llegar a las viviendas, saltar una valla, coger una manguera del jardín y meterse de lleno en una casa

Las llamas amenazaron con extenderse a la vivienda de al lado y también a los vehículos aparcados en hilera en la calle de enfrente, cerca del aparcamiento de la vecina playa Pinet. Apagó el fuego él solo, cuando ya habían ardido por completo una pérgola y un toldo y justo antes de que llegaran los bomberos de Eivissa, desplazados tras recibir el aviso desde el Parque Insular, ubicado en la carretera entre Sant Antoni y la ciudad de Eivissa.

Un total de seis efectivos llegaron con dos camiones cisterna, pero Modou ya había hecho parte del trabajo. Cuando le expresan esto se ríe y asiente. El cuerpo de emergencias terminó de sofocar el fuego por completo para asegurarse de que no se volvía a reavivar.

Apagó el fuego él solo, cuando ya habían ardido por completo una pérgola y un toldo y justo antes de que llegaran los bomberos

En busca de una segunda oportunidad

La segunda vez que Modou intentó llegar a España corría 2018. Entonces lo hizo de otra manera: llegó hasta Marruecos por vía terrestre, hasta Nador, en el Rif, muy cerca de Melilla. Desde allí patroneó una embarcación en la que llevaba a bordo a 85 personas, cuenta. Ni esta ni la anterior vez tuvo que pagar nada porque su trabajo de pescador le había proporcionado contactos.

En este segundo intento, cruzó el Mediterráneo en un trayecto de tres horas durante el que arriesgaba su futuro y el de todos los que viajaban con él: salió bien. Solo recuerda, vagamente, cómo llegaron a una isla pequeña de la que no recuerda el nombre y cómo, antes de llegar, a escasas millas, intervino un equipo de Salvamento Marítimo, que les rescató cerca del litoral. Ni entonces ni ahora ha tenido “nunca” problemas con la Policía o las autoridades, puntualiza. Lo hizo buscando una vida mejor, no lo dice verbalmente, pero hace porque se sobreentienda.

Llegó a España tras una embarcación con otras 85 personas que partió de Marruecos

Casi una semana tras el suceso, aún nota cómo le escuece el pecho cuando inhala. El otro día se acercó a la farmacia y le dieron un medicamento para conseguir paliar las consecuencias de la posible intoxicación por humo, aunque no sabe especificar cuál. Al entrar en el edificio, donde había personas dentro, y que habría ardido sin su intervención, no llevaba equipos de protección.

El SAMU 061 movilizó inmediatamente tras recibir el aviso una UVI móvil, dos unidades de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida y un vehículo de logística para atender a los afectados. De hecho, ocho personas resultaron afectadas en distintos grados por la inhalación de humo durante el incendio, como detallaron los servicios de emergencia.

Una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital Can Misses, mientras que las otras siete fueron atendidas y dadas de alta en el mismo lugar tras ser evaluadas por los servicios sanitarios. Entre ellas el propio Modou, que notó cómo después de meterse dentro de la propiedad en llamas tenía dificultades para respirar y acudió a la ambulancia.

Modou todavía siente que le escuece el pecho cuando inhala

En situación de regularización

La historia de Modou, que lleva ocho años en España y alrededor de uno en la isla, contrasta con la situación de precariedad en la que vive: duerme en la playa, se ducha con agua de mar y se gana la vida vendiendo gafas y ayudando de es Pinet.

El migrante explica que “es difícil” vivir así. Lleva, desde hace tres meses, en proceso de regularización de su situación en España. Es decir, casi desde el minuto inmediato en que el Gobierno formalizó el Real Decreto 316/2026, el pasado 14 de abril, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Modou ha solicitado la regularización extraordinaria del Gobierno. Mientras, duerme en la playa, se ducha con agua de mar y se gana la vida vendiendo gafas

El Real Decreto introduce dos nuevas vías dentro del Reglamento de Extranjería: una autorización para solicitantes de protección internacional (asilo) y un nuevo supuesto de arraigo extraordinario. Le frustra que la gestión esté estancada y no haber recibido novedades por parte de la Oficina de Extranjería.

Fuentes policiales no relacionadas con el suceso han explicado a elDiario.es que el gesto heroico de Modou es motivo de “valoración” por parte de los servicios de Extranjería. Para que se tenga en cuenta la información en el proceso de regulación, debe estar incluida en el atestado policial que realizó la Guardia Civil -que tiene la competencia de seguridad en el municipio de Sant Josep- y donde se recoge el desarrollo de los hechos.

En caso de que no esté incluida la información en el atestado, el abogado representante podría tomar declaración a cada uno de los vecinos que testificaron los hechos -o en caso de haber una asociación vecinal, de la asociación- para adjuntarla al expediente. La Delegación del Gobierno sería el organismo encargado de valorar y emitir la resolución final.

Los vecinos del bloque de viviendas de Cala de Bou han pedido conjuntamente que se facilite a Modou el trámite para que pueda trabajar regularmente en suelo español. De hecho, cuando su hazaña se publicó en la prensa generó una gran repercusión entre vecinos, turistas y testigos del suceso, que reclaman ahora que su gesto no se limite sólo a las ovaciones y se traduzca en ayuda burocrática real.

Los vecinos han pedido que se facilite a Modou el trámite para que pueda trabajar regularmente en suelo español

Modou lleva un año en Eivissa y ocho en otros lugares de España. Primero estuvo trabajando en Almería, donde llegó con la embarcación irregular que capitaneó. Luego se fue a Jaén, más tarde a Murcia y, entonces, llegó a esa isla de la que todavía desconoce el topónimo antes de empezar una vida en Eivissa, hace justo un año. Su hermano, quien hace doce que llegó a territorio español, ya tiene los papeles “arreglados” y pudo conseguir un contrato laboral: trabaja en el tobogán acuático que forma parte de la infancia de muchos niños ibicencos.

Lo que hizo [apagar el incendio en el bloque de Cala de Bou], Modou lo hizo de “corazón”, expresa. Aun así, no puede dejar de lamentar su condición de migrante en situación no regularizada y que lleva varios meses esperando sin ningún tipo de respuesta administrativa a pesar de la aprobación del Real Decreto.

Desea, en el fondo, que su actuación le pueda ayudar. Por lo menos, a que todo sea un poco más rápido y pueda trabajar “donde sea”. En la hostelería, por ejemplo. De momento, cuando termine la temporada, se marchará a Jaén, como hace cada año, donde trabaja la aceituna. Es, sin embargo, un puesto laboral inestable, en el que se trabaja solo cuando el patrón da horas.

“Suele ser una jornada de seis horas al día durante cinco o diez días a la semana, pero sin garantías. Es, además, un trabajo duro”, señala Modou. “Yo, si consigo los papeles, me quiero quedar aquí, en Eivissa”, dice con la cabeza ladeada, señalando a tierra.

Varios centenares de vecinos de Ceuta han vuelto esta tarde a salir a la calle para protestar por lo que consideran una “invasión”, la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio, y pedir la inmediata devolución a Marruecos de todas las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las movilizaciones se habían suspendido este sábado ante los incidentes que se habían producido en las dos últimas jornadas, por lo que un grupo de ciudadanos había decidido convocar a través de las redes sociales una “sentada pacífica”.

La sentada estaba previsto que se llevara a cabo en las Murallas Reales de la ciudad, pero finalmente se ha decidido convertir el acto de protesta en una manifestación que se ha dirigido hacia la frontera del Tarajal, en lugar de hacerlo hacia la playa de Benítez, como había ocurrido hasta ahora.

Los vecinos se han manifestado de forma pacífica y con una menor afluencia de personas que en otras jornadas, al haberse realizado de forma imprevista.

Los participantes, con banderas de España y de Ceuta, han vuelto a gritar consignas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” o “Ceuta unida jamás será vencida”, además de reclamar la entrega a Marruecos de los “invasores”.

La movilización, convocada en pocas horas a través de los grupos de WhatsApp, se inició con poco más de un centenar de personas, pero a lo largo de la marcha se han unido otros centenares más para finalizar en el entorno de la frontera del Tarajal.

Una flotilla llega a Ceuta con sus embarcaciones para apoyar a sus ciudadanos

Las primeras embarcaciones de la denominada “Flotilla solidaria” que este fin de semana navega desde distintos puntos de Andalucía en apoyo a Ceuta han comenzado a llegar este sábado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde está previsto que atraque la totalidad de la expedición, formada por unos 60 barcos.

La iniciativa, concebida como un gesto de respaldo a los ceutíes en un momento marcado por la crisis migratoria, reunirá durante este fin de semana a navegantes procedentes principalmente de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, que compartirán mañana una navegación por aguas próximas a Ceuta junto a embarcaciones de la ciudad.

Entre los primeros participantes en alcanzar la ciudad se encuentra Federico Ybarra, quien ha explicado a EFE que ha viajado desde Tarifa (Cádiz) con la intención de transmitir a los ceutíes que “no están abandonados” y hacerles sentir la cercanía de Andalucía.

Federico Ybarra ha destacado el carácter solidario de una convocatoria que, a su juicio, pretende ir más allá del propio desplazamiento marítimo y convertirse en un altavoz para la situación que atraviesa la ciudad. “Esperamos que esto sirva de altavoz para que otra gente también se involucre”, ha señalado.

Hasta primera hora de la tarde habían alcanzado el puerto deportivo algo más de una treintena de embarcaciones, mientras que los organizadores prevén que las aproximadamente 60 que integran la flotilla estén ya en Ceuta esta noche.

Los participantes participarán en un cóctel de bienvenida y tendrán ocasión de conocer la ciudad y compartir unas horas con sus vecinos antes de la jornada marítima prevista para este domingo.

Puede que a alguien en el entorno del sátrapa Mohamed VI se le ocurriese y le pareciera una buena idea dejar pasar a Ceuta a unos centenares de subsaharianos, para celebrar a lo grande el día del trono en Marruecos armándole un lío al gobierno español.

Contaban con y tuvieron la ayuda siempre inestimable de una oposición de derecha y extrema derecha, tan obsesionada con Pedro Sánchez que nunca pueden ver más allá de sus narices. Pero no contaban con que la desigualdad y la miseria del régimen alauita pudiese convertir a unos cuantos subsaharianos en miles de jóvenes marroquíes escapando de un Mohamed VI en plena operación de lavado de imagen internacional.

Tan rápido como se les colaron tuvieron que dejarlos regresar para tapar las miserias del régimen desnudo. Suele pasar cuando te crees eso que sueltan los gurús de que las crisis son oportunidades: la crisis se vuelve más grande. Pregúntenle al Ejército marroquí a mediados de agosto si les parece exagerado. Las crisis son crisis y la crisis de tu vecino, antes o después, acaba siendo también tuya.

Puede también que, tras la sorpresa, a alguien en Moncloa le pareciera lo más inteligente no afrontar de inmediato y a la vez el desafío geopolítico, la situación excepcional y la alerta humanitaria en Ceuta para facilitar la gestión de “soluciones excepcionales” y una salida a la geopolítica. Puede que también considerase que, gracias a esa incuria, fue posible el regreso masivo de miles de marroquíes en apenas dos días sin que nadie hiciera demasiadas preguntas; obviando que tal retorno era incluso más imperativo para Marruecos.

Animado por ese aparente éxito puede que, ese mismo alguien, en Moncloa, considerase otra hábil idea una gestión de mínimos de la emergencia humanitaria para mantener abierta la opción “a grandes males, grandes remedios” y, de paso, ahorrarse las seguras críticas de la derecha y la extrema derecha por el supuesto “efecto llamada” de tratar con humanidad a otros seres humanos.

El resultado ha sido que, ahora, la crisis humanitaria se ha cronificado y ha virado a problema de orden público y emergencia sanitaria mientras apremia una crisis política y de gestión que no se arregla con un mando único y más fotos. Un nuevo ejemplo palmario de los monstruos que produce tragarse el mantra de que las crisis son oportunidades.

O acoges o expulsas. Esa es la cuestión y el dilema moral que afrontamos como sociedad y el Gobierno debe resolver. Igual que no se puede acoger a todos ni expulsar a todos, no se puede acoger a todos para expulsarlos a todos después. A diferencia de otras esta decisión no se puede subcontratar a Marruecos.

Haga lo que haga al Ejecutivo le va a ir mal porque es una crisis, no una oportunidad. En toda crisis siempre se generan costes y daños ingentes que asumir. La elección siempre será si los escoges tú o te los cargan los demás. De todos los errores posibles que el gobierno de Pedro Sánchez podía haber cometido, creer que podía evitarse elegir y podía hacer a la vez dos cosas tan incompatibles ha sido el peor.

Gorgui Lamine vive con su mujer, Gana, y sus cuatro hijos en un piso en el barrio periférico de La Torre (València). Baja vestido de azul brillante, con un traje africano parecido al que llevaba puesto en diciembre de 2019, cuando vendía pulseras y collares en la localidad turística de Dénia (Alicante), y donde un día de diciembre que iba caminando vio salir un humo muy negro de un balcón.

“No lo pensé, simplemente subí porque había gritos y decían que había un hombre dentro, no pude aguantar”, cuenta este senegalés. Una vez pudo rescatarlo —con dificultad, porque el hombre iba en silla de ruedas y tenía problemas de movilidad— bajó a la calle, cansado, satisfecho de haber salvado una vida gracias a una escalera que alguien proporcionó, pero un poco en shock. “Los vecinos me dejaron agua para lavarme y vi una mujer grabando”.

“Empezaron a decirme que qué había hecho, que eso no se podía hacer así, que me había arriesgado, que era peligroso”. Gorgui, que había llegado a España en 2017, después de una travesía internacional por la que una mafia le había cobrado un dineral que había conseguido de la venta de un piso en su país, pensó inmediatamente que le iban a detener o deportar. “Tuve miedo, entendí que había hecho algo que estaba prohibido por la ley o algo así y que podía buscarme problemas con la policía, así que cogí mis cosas y me fui”.

Gorgui, que en ese momento no tenía papeles de residencia y estaba en situación de irregularidad, cogió el bus de vuelta a Gandia, la localidad en la que vivía en una habitación con su mujer y su bebé. “Pensé que mejor si no iba por Dénia unos días, y me fui a Castellón a vender”.

En la localidad alicantina, efectivamente, la policía le buscaba, el alcalde le buscaba, la persona a la que había salvado le buscaba. Para darle las gracias y hacerle un reconocimiento. Finalmente, a través de amigos y conocidos dieron con él. “Me llamó un policía para que fuera a Dénia, me dijo que necesitaban a hablar conmigo”. Gorgui ni fue ni volvió a coger el teléfono, aterrorizado con una detención. “Cuando volví a casa, había cámaras de televisión, me explicaron todo, que no me iba a pasar nada malo, y ahí ya sí fuimos a Dénia”.

En la localidad fue considerado un héroe, le paraban por la calle, salió en las noticias e incluso en medios internacionales como The Guardian. El Ayuntamiento (entonces en manos del PSOE) le hizo una recepción oficial el 13 de diciembre y el alcalde, Vicente Grimalt, anunció que se le haría un homenaje en el Día de la Policía Local: “Gorgui demostró al jugarse la vida sin pensárselo dos veces para salvar la de otra persona. Y la que todas y todos deberíamos tener con tantas y tantas personas que como él y su familia llegan a nuestro país en busca de un buen futuro al que tienen derecho”, dijo en su discurso.

El Gobierno tramitó sus papeles de manera “excepcional” a petición del Ayuntamiento. Los consiguió a los seis meses, lo que le ha permitido trabajar de manera intermitente como “carretillero, en carga y descarga en almacenes, de peón... También en el campo, pero ahí es muy duro porque hay intermediarios y te acaban engañando”. Cuenta que en el consistorio le prometieron trabajo y una vivienda, “pero nunca supe más”, dice Gorgui mientras toma una tónica en una cafetería. El Ayuntamiento de Dénia asegura que se le “proporcionó un trabajo y residencia fuera de Dénia”, pero no ha dado detalles para poder confirmarlo a las repreguntas de elDiario.es.

Este senegalés, que viajó con “una mafia” siendo menor de edad por medio mundo, vivió en Madrid, en Gandia y recaló en València en 2020 con su familia para intentar tener más ingresos, ya que la venta de pulseras no da para alimentar a sus cuatro hijos (hoy de 7, 6, 3 años y una bebé de 5 meses). Acabó en el barrio de La Torre, uno de los más baratos entonces para vivir, en una de las ciudades de España donde más rápido se ha tensionado el mercado de la vivienda (con subidas del 45% desde la pandemia).

El 29 de octubre de 2024, Gorgui y su familia estaban en la plaza de este barrio del sur cuando empezaron a ver bajar el agua. “Subimos rápido, afortunadamente vivimos en un primer piso y pudimos salvarnos, solo se inundó un poco la entrada. A la mañana siguiente todo era barro y destrucción”. Pero tampoco estar en una zona inundable ha moderado los precios.

“Pagaba 550 y ahora me lo han subido a 610 euros al mes”, cuenta sobre su casa, una modesta vivienda de unos 60 metros sin ascensor con dos estancias para seis personas y camas en el salón. “Aun así, el dueño tiene mucha paciencia, porque a veces no puedo pagar, o me ayuda con el alquiler una amiga que también me ha pagado el carné de conducir para que pueda buscar mejores trabajos. El dueño podría echarnos y sacar más dinero aún”, admite.

Aunque su vida ha mejorado respecto al día que salvó a aquel hombre, ya que ahora no lo pueden detener ni deportar y tiene la documentación para trabajar, Gorgui sobrevive como puede, con la vista puesta en lo laboral. “Aquí está muy duro conseguir trabajo bueno, a veces no tenemos más que para pagar el piso. Me gustaría cambiar mi vida, trabajar en el puerto por ejemplo ahora que tengo carné de conducir, para tener mi vida bien y mantener a mis tres niñas y mi niño en España, un trabajo que sea estable”. No descartan volver a Senegal, aunque España es un lugar donde han encontrado oportunidades “y gente muy buena”.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha pedido este sábado a España la repatriación a territorio marroquí de los migrantes que cruzaron a Ceuta desde el pasado jueves 30 de julio así como los cuerpos de los ahogados en el intento de cruzar a nado a través del paso del Tarajal hacia la ciudad autónoma, de los que 18 han sido ya enterrados en el cementerio musulmán de Ceuta.

En una entrevista a la cadena árabe Al Arabiya, Ouahbi solicita la firma de un acuerdo que devuelva tanto a los supervivientes como a los muertos y ha pedido, en términos generales, un enfoque integral para abordar la migración entre los dos países.

Asimismo, Ouahbi ha asegurado que, a día de hoy, España no ha informado a su país sobre el número de migrantes fallecidos. Y ha insistido en que los cuerpos no identificados no pueden ser transferidos al país sin información previa ni un acuerdo entre ambas partes.

Por último, el ministro, que esta semana cuestionaba la españolidad de Ceuta y Melilla en público, ha insistido en que su país no podrá prevenir “de manera eficaz” la migración hacia España tras acusar al país de “aceptar” a los migrantes con supuestas “campañas que animan a los jóvenes a intentar el viaje”.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reafirmaba el viernes la postura expansionista marroquí según la cual las ciudades de Ceuta y Melilla “constituyen un derecho histórico y geográfico” de Marruecos y llamó a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”, pese a que la fundación de ambas ciudades es previa a la creación del Estado marroquí.

“La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo entre nosotros y España, y mantendremos nuestro derecho histórico y nuestro derecho geográfico”, declaró Ouahbi en una entrevista con el canal público marroquí 2M.

Horas después, el Gobierno trasladaba a Marruecos su “rechazo tajante” a las pretensiones de ese país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, recordaba, son parte de “la integridad territorial” y la “soberanía” de España y parte integrante del territorio de la UE.

Un total de 18 inmigrantes han sido precisamente enterrados este viernes en el cementerio musulmán de Ceuta, tres semanas después de la crisis fronteriza que dejó decenas de muertos durante la entrada de más de 72.000 personas en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Las sepulturas fueron señaladas con números para facilitar la localización de los restos en caso de que posteriormente sean reclamados por sus familiares. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de las víctimas, un proceso que avanza lentamente.

Los fallecidos forman parte de las 82 víctimas halladas por España tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta.

Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno del presidente, Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la medida.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es “manifiestamente ilegal” y cuestionó la justificación de la Administración de que los solicitantes de las naciones señaladas presentaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.

La magistrada señaló que se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.

Consultado por EFE, un portavoz del Departamento de Estado indicó este sábado que no suelen comentar sobre litigios legales pendientes o en curso.

Sin embargo, el funcionario insistió en que “la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas”.

Los países afectados por esta directiva incluían varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.

El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.

“Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.

Según Cuevas Ingram, el tribunal “dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación”.

La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un “contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país”.

“La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello”, insistió.

La situación de Ceuta exige combinar seguridad, responsabilidad institucional y humanidad. España tiene derecho a proteger sus fronteras y Ceuta necesita recursos, pero una situación fronteriza concreta no puede convertirse en una generalización contra toda la población migrante.

Al pensar en Ceuta, recuerdo la obra Los niños del exilio (1936-1939), de César Alcalá.

España conoció también el exilio y el desplazamiento. Sin equiparar contextos históricos, existe una enseñanza común: detrás de cada desplazamiento hay una persona, y cuando hablamos de menores, hablamos ante todo de niños que necesitan protección.

Debemos ser claros: migración no es delincuencia. La inmigración irregular y la delincuencia son realidades diferentes y requieren respuestas diferentes. Las personas migrantes que viven en Guadalajara, Castilla-La Mancha y el resto de España contribuyen diariamente a nuestra sociedad y no pueden ser responsabilizadas por lo que ocurre en una frontera.

Desde mi experiencia, integración significa también cohesión y seguridad. España debe controlar eficazmente sus fronteras y, al mismo tiempo, fortalecer las políticas de integración.

Además, Ceuta es frontera española y europea. Por ello, necesitamos seguridad, diplomacia y corresponsabilidad europea. La relación con Marruecos debe basarse en cooperación y diálogo, utilizando también el poder blando como lo explica el profesor Joseph Nye: cultura, educación, cooperación y capacidad para generar confianza.

La respuesta debe ser firme frente a las redes de tráfico de personas, pero nunca convertir al migrante en el enemigo.

Ceuta necesita seguridad. España necesita una política migratoria eficaz. Europa debe asumir su responsabilidad. Y la migración debe gestionarse con responsabilidad, integración y humanidad.

Defender las fronteras y preservar nuestra humanidad no son caminos opuestos.

Una sociedad madura debe ser capaz de hacer ambas cosas.

En el año 2007, España y Marruecos negociaron un acuerdo de retorno de menores, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanecieran bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (artículo 5).

El acuerdo fue ratificado por Marruecos en 2012, cinco años después de que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre los términos del mismo por los dos Estados. Fue negociado por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado en los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Los cinco años de distancia entre negociación y ratificación por Marruecos ponen de manifiesto, por un lado, la reserva mental con que fue negociado por Marruecos y la escasa fiabilidad en que fuera a dar cumplimiento al compromiso que adquiría, pero también, por otro, el acuerdo total entre el PSOE y el PP respecto del acuerdo alcanzado.

El tiempo transcurrido desde la ratificación del acuerdo en 2012 ha venido a certificar la nula voluntad por parte de Marruecos de dar cumplimiento a lo negociado. Las Memorias de la Fiscalía General del Estado desde la de 2014 acreditan que se han enviado cada año a las autoridades marroquíes “relación pormenorizada de menores que podrían ser repatriados”, respecto de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna. Como consecuencia de ello, el número de menores no repatriados ha ido creciendo hasta alcanzar en 2024 el número de 14.600. A los que habría que sumar los aproximadamente 2.000 de estos últimos días.

El tiempo transcurrido ha venido también a certificar, desafortunadamente, que el acuerdo inicial entre PSOE y PP o PP y PSOE no ha resistido la prueba de fuego que ha supuesto la crisis de Ceuta de esta pasada semana.

Disponemos de una norma jurídica para hacer frente al problema, pero es como si no dispusiéramos de ella. Peor todavía. Los Gobiernos españoles, presididos tanto por el PSOE como por el PP, tienen no solo que aceptar el incumplimiento del acuerdo por Marruecos, sino que tienen que negar, además, que dicho incumplimiento se haya producido o se esté produciendo. Marruecos es un socio fiel al que no hay nada que reprocharle: este es el mantra que se ha repetido machaconamente por los ministros de Interior tanto populares como socialistas.

Todos mienten es el título de una serie de televisión que seguramente muchos de los lectores habrán visto. Creo que dicho título puede ser utilizado para definir los discursos de las autoridades marroquíes y españolas de ambos partidos. Todos saben que la alternativa de decir la verdad no es viable. El Gobierno de Marruecos no está seguro de que disponga de la autoridad suficiente dentro del país para dar cumplimiento al acuerdo o, en todo caso, no está dispuesto a correr el riesgo de averiguarlo. Y los Ejecutivos de España, socialista o popular, no están seguros de poder gestionar la reacción que se produciría en el Gobierno de Marruecos en caso de verse denunciado públicamente o, en todo caso, no están dispuestos a correr el riesgo de averiguarlo. Más todavía, tras la reacción que se ha producido en los socios de la Unión Europea y en Estados Unidos e Israel tras lo ocurrido en la frontera de Ceuta.

Cuando se ha llegado a la conclusión de que no se le puede decir la verdad a los ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo, no resulta fácil diseñar una estrategia para hacer frente al problema. Porque, además, se trata de un problema que no se agota en la inmigración irregular marroquí, sino que se extiende a la población del África subsahariana.

El pasado 6 de agosto, Souad Mekhennt, columnista del Washington Post, publicó un artículo con el título “Qué ocurrió realmente cuando 70.000 migrantes entraron en España (What happened really when 70.000 migrants surged into Spain)”, en el que explica que el territorio marroquí fronterizo con Ceuta tiene una función adicional a su carácter fronterizo. El territorio marroquí es una “sala de espera” (waiting room) para la población subsahariana que quiere llegar a España como forma de llegar a la Unión Europea. Nadie sabe, dice la articulista, cuantos son. Pueden ser 100.000 o pueden ser varios cientos de miles. “Vinieron soñando con Europa, mendigando en las intersecciones de los caminos, durmiendo en campamentos que la policía desmantela, esperando en los bosques del norte”. Se trata de una situación conocida y reconocida por la Unión Europea, que paga a Marruecos para ayudarla a gestionar el problema. Es decir, paga por “la espera”.

La presencia de la población subsahariana no es percibida de manera uniforme por la población marroquí. En las barriadas de las clases trabajadoras el “agotamiento y la desesperanza” es la queja más oída, similar a la de los subsaharianos. Entre los que ingresaron en Ceuta había hijos e hijas de familias de estos barrios, “huyendo del país que se suponía que estaba celebrando el día de la unidad nacional”.

Entre los 70.000 africanos que ingresaron en Ceuta había marroquíes y no marroquíes. La inmensa mayoría de los marroquíes han retornado. Pero queda un número considerable que se resiste a abandonar Ceuta. Entre ellos hay marroquíes menores, en torno a dos mil, marroquíes mayores de edad en un número todavía no determinado con precisión. Y varios miles de subsaharianos. El futuro de los integrantes de estos tres grupos o subgrupos es distinto.

Joaquín Vera en La Vanguardia, “El Trampolín de Ceuta: la playa de los dos destinos”, lo explicaba de una manera muy ilustrativa, aunque no diferenciaba entre los marroquíes menores y mayores de edad. “La pasarela de madera que recibía a los bañistas en la playa de El Trampolín parece dividir en dos el distinto futuro que les espera a los inmigrantes que se resisten a abandonar Ceuta”.

Al lado derecho, los antidisturbios organizan a los marroquíes (mayores de edad) que se han acercado en busca de la ración de comida que reparte la Cruz Roja. Saben que más temprano que tarde serán expulsados. Esa es de las pocas cosas que sabemos con seguridad. (Los menores entrarán en el sistema de protección bajo tutela española e irán recibiendo la respuesta individualizada que se exige).

En el lado izquierdo, unos dos mil subsaharianos han convertido la playa en un auténtico campamento, en el que se tiene la sensación de que la vida va despacio, pese a la urgencia humanitaria que sufren. Migrantes que guardan, como oro en paño, su documentación con el sello del país del que ha huido: la clave para intentar lograr el asilo.

Con la experiencia que tenemos hasta el momento y con la prudencia con que hay que manejar las cifras ante la ausencia de información inequívocamente verificable, se puede concluir que, entre menores y africanos no marroquíes, puede haber unas cinco mil personas que no van a poder ser repatriadas desde Ceuta. Los menores marroquíes porque ya sabemos que no se ha conseguido repatriar a ninguno hasta el momento. Y los africanos no marroquíes, porque no existen convenios de extradición con sus países de origen.

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial le ha comunicado al presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta que no es jurídicamente posible convertir a Ceuta en territorio desde el que no se puede iniciar un proceso de solicitud de asilo, es obvio que tanto los menores como los solicitantes de asilo tendrán que ser traídos a la Península, ya que su permanencia en Ceuta resulta insostenible.

El problema no debería haberse producido, pero se ha producido. Tal como está el patio en el sistema político español, en la Unión Europea y en términos geopolíticos generales no se puede ser muy optimista respecto a qué fórmula nos permitiría tener una respuesta jurídicamente aceptable que evitara la repetición de lo ocurrido. Ni dentro de España, ni en la Unión Europea, ni en Naciones Unidas parece existir el clima que posibilite un acuerdo para hacer frente al problema.

Pero intentarlo habrá que intentarlo, porque el problema de la migración no va a desaparecer.

Marruecos expulsó hoy a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.

Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión.

El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba “cumpliendo instrucciones” y advirtió a los periodistas de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.

Por su parte, desde el Gobierno de España han declarado que “defienden la libertad de prensa en todo momento y en todas las partes del mundo”. Añaden que “la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y buscando una solución”.

EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

La segunda cadena de televisión pública marroquí 2M denunció que las autoridades españolas restringieron la entrada de uno de sus equipos de grabación a Ceuta a primeros de mes, tras el cruce masivo que llevó a más de 70.000 personas a la ciudad española y dejó al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias.

Los equipos de EFE y TVE se encontraban en Fnideq para cubrir la situación de la frontera con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo para este sábado divulgados en redes sociales.

Cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, intentaron hoy alcanzar la frontera con la ciudad española y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes en una zona montañosa de las afueras de Fnideq, a unos 3 kilómetros del paso fronterizo.

Fuentes de seguridad marroquíes dijeron a EFE que al menos 294 migrantes -248 susbsaharianos y 46 marroquíes- fueron interceptados durante los operativos para prevenir un intento de cruce masivo.

RTVE exige garantías para que la prensa pueda trabajar en la zona

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha manifestado su “más enérgico rechazo” ante la decisión de las autoridades de Marruecos de obligar a abandonar la localidad al equipo de informativos que se encontraba desplazado en la zona.

Según ha explicado la Corporación pública, sus profesionales realizaban en el municipio “una cobertura periodística rigurosa y de indudable interés público” sobre los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta.

La orden de abandonar la localidad, comunicada de forma verbal por las autoridades marroquíes bajo el único argumento de “cumplir instrucciones”, se ejecutó, según RTVE, “sin ninguna explicación formal”.

Ante este incidente, el presidente de la Corporación, José Pablo López, ha declarado que “la expulsión de profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información”.

López ha incidido en que “el compromiso de los profesionales de RTVE con una crónica honesta, objetiva y sobre el terreno de los acontecimientos migratorios no puede verse limitado por decisiones arbitrarias que impiden mostrar la realidad”.

El presidente de RTVE ha exigido además a las autoridades marroquíes “plenas garantías y el máximo respeto para que nuestros periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo”, y ha asegurado que la radiotelevisión pública seguirá defendiendo “un periodismo cuyo único mandato es contar los hechos con el máximo rigor”.

RTVE ha recordado asimismo que el libre ejercicio del periodismo es “una garantía democrática fundamental” para que los ciudadanos reciban información veraz sobre acontecimientos que impactan directamente en el territorio español y europeo, y ha advertido de que restringir el acceso a los puntos calientes de la actualidad “debilita de forma directa la transparencia internacional”.

La dirección de la Corporación pública ha indicado que se mantiene en permanente contacto y coordinación con los canales diplomáticos y con el resto de los medios afectados para esclarecer el incidente y “asegurar el respaldo absoluto” a sus trabajadores en la zona.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por captar a ciudadanos extranjeros y facilitarles la documentación necesaria para obtener el empadronamiento de forma fraudulenta, en las localidades toledanas de Sonseca y Ajofrín, y poder posteriormente regularizar su situación en territorio nacional.

La investigación se inició tras una comunicación de la Policía Local de Sonseca, que alertó de un elevado número de personas empadronadas en una misma vivienda de la localidad toledana.

A partir de esta información, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca, en colaboración con Policía Local del municipio, realizaron diversas gestiones para verificar los hechos, constatando que en un mismo domicilio figuraban empadronados más de 50 ciudadanos de origen extranjero.

Modus operandi

Según el Instituto armado, los detenidos contactaban con ciudadanos extranjeros y les proporcionaban la documentación necesaria para obtener el empadronamiento, que posteriormente podía ser utilizado para iniciar los trámites de regularización de su situación administrativa en España.

Estas personas, principalmente ciudadanos de Marruecos y Argelia, presentaban contratos de alquiler facilitados por los detenidos, en los que se establecía el pago de 200 euros por el supuesto alquiler de una habitación. Tras analizar las solicitudes presentadas, los agentes pudieron comprobar que en todas ellas se repetían los mismos datos, lo que evidenciaba claros indicios de falsedad documental.

Durante las comprobaciones se constató que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados tenían prohibida la entrada en el espacio Schengen.

Asimismo, se verificó que el inmueble no disponía de los suministros de luz y agua, circunstancias que hacían inviable su utilización como vivienda.

Sin suministros básicos

Con el apoyo del Puesto de la Guardia Civil de Ajofrín, los investigadores detectaron la misma actividad en un domicilio de esta localidad toledana, en la que se estaba siguiendo el mismo modus operandi.

En esta segunda vivienda figuraban empadronados otros doce ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Una vez detectados los hechos en ambas localidades, y tras contactar con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Toledo, así como con la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, se comprobó que casi la mitad de las personas empadronadas habían iniciado ya trámites de regularización en base a los empadronamientos obtenidos en estas localidades.

Como resultado de la operación 'Meteora', la Guardia Civil procedió a la detención de dos varones como responsables de los hechos, a los que se les imputan un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos de falsedad documental y estafa a la administración pública.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández (Vox), ha asegurado que el Gobierno extremeño rechaza “de manera unánime” la llegada de más menores migrantes no acompañados y que se opondrá “por tierra, mar y aire” a cualquier nuevo reparto entre comunidades autónomas. Además, ha planteado la posibilidad de devolver a Marruecos a los menores marroquíes que actualmente tutela la región.

Fernández, que también es el líder regional de Vox, realizó estas declaraciones durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 donde ha reiterado que Extremadura tiene “prácticamente colapsado” su sistema de acogida de menores y ha insistido en que el Gobierno autonómico se opondrá a un nuevo reparto tras la situación que vive Ceuta porque, según ha señalado, “así está recogido en el pacto de gobierno que firmamos con el Partido Popular”.

“Nosotros vamos a cumplir el pacto, vamos a cumplir la ley y estoy segurísimo de que la señora Guardiola y el Partido Popular también lo van a hacer”, ha afirmado.

En ese sentido, ha insistido en que la oposición de Extremadura a acoger a más menores migrantes no acompañados se ejercerá “por tierra, mar y aire”, utilizando “todas las vías posibles que tenemos en nuestras manos”, tanto políticas y administrativas como “incluso judiciales”.

Asimismo, Fernández ha defendido que todos los menores marroquíes que han entrado en Ceuta sean devueltos a sus familias y ha recordado que, según ha dicho, Marruecos “ha abierto sus puertas a que sean repatriados”.

“Si Marruecos quiere, nosotros estaríamos encantados también de devolver a los menores extranjeros no acompañados que ahora mismo están acogidos en Extremadura, la inmensa mayoría marroquíes. Podríamos hablar sin ningún problema con sus consulados para empezar esa devolución”, ha manifestado el vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox.

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha respondido a las declaraciones de Fernández sobre la posible devolución a Marruecos de menores extranjeros no acompañados acogidos en la comunidad. Quintana ha recordado que las relaciones con otros países son “competencia exclusiva del Estado”.

A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno ha señalado que desconoce si las palabras de Fernández cuentan con el respaldo de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y ha insistido en que la gestión de las relaciones internacionales corresponde al Gobierno de España.

“Las cuestiones internacionales no son competencia de la comunidad autónoma, son competencia del Estado”, ha afirmado Quintana, que ha añadido que la ministra competente y el Ejecutivo central “están presentes en Ceuta” para abordar la situación de los menores migrantes.

Asimismo, ha recalcado que se trata de “un problema humanitario” y ha señalado que será el Gobierno de España el que adopte “las decisiones que considere oportunas”.

Las imágenes de miles de marroquíes -niños, mujeres y jóvenes- avanzando con el rostro consumido por la desesperación hacia el espigón de Tarajal permanecerán como una de las estampas más dolorosas de la historia reciente de Marruecos. Una vergüenza colectiva que perseguirá a los marroquíes durante generaciones. Se trata de un nuevo surco abierto sobre heridas que nunca terminaron de restañar. Esta última crisis migratoria dejó de ser un asunto interno para ocupar las portadas de la prensa internacional, los informativos de televisión y las redes sociales de medio mundo.

Será imposible borrar de la memoria colectiva los centenares de vídeos que inmortalizaron aquella odisea desesperada de ciudadanos de a pie hacia un edén ficticio anhelando un brote de esperanza que ya no encontraban en su tierra.

Lo acontecido dejó de ser una mera crisis fronteriza. En cuestión de horas adquirió una dimensión regional e internacional al convertirse en una pieza más del tablero geopolítico. Diversos actores aprovecharon la tragedia para convertirla en un instrumento de presión y moneda de cambio al servicio de sus propias agendas. Estados Unidos e Israel, cómo no, no tardaron en politizar la tragedia, utilizándola como argumento para reforzar sus posiciones estratégicas y ajustar cuentas con sus adversarios, España en concreto.

Los cuerpos flotantes de las víctimas constituyen el testimonio más contundente de un fracaso colectivo y de una hipocresía odiosa. Mientras la prensa y los círculos políticos construían a ciegas narrativas y multiplicaban hipótesis sobre las causas de esta nueva ola migratoria, quienes detentan el poder en Marruecos optaron, una vez más, por el silencio, la indiferencia y la huida hacia adelante. Pero la pregunta sigue intacta: ¿cómo llegó Marruecos hasta aquí ?

La estampida colectiva hizo saltar por los aires años de propaganda oficial sobre el supuesto éxito del modelo marroquí, la solidez de sus instituciones y la estabilidad política del país. Su coincidencia con el discurso del Trono resultó especialmente llamativa. Apenas unas horas después de que el rey prometiera a “sus fieles súbditos” unas condiciones de vida dignas y libres en un entorno regional convulso, miles de ciudadanos respondían con el gesto más elocuente posible: huir su propio país a cualquier precio.

Aquella escena se convirtió, por su fuerza simbólica, en un plebiscito espontáneo contra las políticas públicas y en una impugnación de un modelo de poder del monarca alauita, marcado por la concentración del poder, el autoritarismo, la corrupción, el debilitamiento de las libertades públicas, la consolidación de una economía de privilegios así como la acumulación de riqueza en manos de una minoría, al margen de cualquier mecanismo efectivo de control.

La ironía del destino quiso, además, que este nuevo periplo migratorio precediera a las elecciones legislativas, una cita no exenta de compraventa de votos y falsas promesas en la que los notables y los oportunistas se disputan escaños en una institución con escasa capacidad real de decisión. Un Parlamento incapaz de renovar unas élites políticas que llevan décadas reproduciendo el mismo sistema estéril. No sorprende, por ello, el creciente boicot de las urnas. Cuando los ciudadanos perciben que los resultados están decididos de antemano y que las trascendentes decisiones se toman lejos de las instituciones representativas, la abstención deja de ser apatía para convertirse en una forma silenciosa de protesta.

La gran huida hacia el norte, al margen de las interpretaciones sobre quién la alentó o con qué fines, constituye, sobre todo, el síntoma de una profunda crisis social y económica. No puede entenderse sin las movilizaciones que la precedieron -desde el Hirak del Rif hasta las recientes protestas juveniles-, reclamando una sanidad y una educación dignas, y una lucha efectiva contra el desempleo y la corrupción.

Si esta tragedia ha tenido alguna virtud, ha sido la de desmontar la narrativa oficial sobre los supuestos logros alcanzados durante veintisiete años del reinado de Mohamed VI. Ningún discurso puede ocultar indefinidamente el aumento de las desigualdades, la expansión de la pobreza, la marginación de amplias capas sociales y la frustración acumulada tras casi tres décadas del denominado «nuevo reinado».

La crísis también ha puesto de manifiesto una realidad incómoda: el poder sigue considerando a los ciudadanos como prosélitos, . En momentos de tensión, reales o ficticios, no duda en convertirlos en carne de cañón en sus propias batallas políticas, sacrificando su dignidad en nombre de intereses superiores. Una lógica profundamente maquiavélica que revela la naturaleza de la relación entre gobernantes y gobernados.

Marruecos necesita hoy mucho más que respuestas coyunturales. Necesita una revisión profunda de su modelo económico, político y social; un nuevo pacto nacional que garantice una distribución más equitativa de las riquezas, reduzca las desigualdades y devuelva la esperanza a millones de ciudadanos. Esta senda exige la instauración de un verdadero diálogo nacional, una reforma constitucional promovida por una asamblea constituyente independiente y la construcción de una auténtica monarquía parlamentaria en la que el rey reine, pero no gobierne.

El Marruecos de hoy avanza , en palabras del propio rey, a dos velocidades, acumula tropiezos y parece haber perdido el rumbo. Si esta deriva persiste, el país corre el enorme riesgo de embarcarse hacia una confrontación social y política sin precedentes.

Una pancarta preside la entrada de la iglesia. “En Sant Medir luchamos por el País, la Libertad, el Barrio, la Lengua y la Cultura”, se lee. Una clara señal de que esta no es una parroquia al uso. Desde hace más de 80 años, Sant Medir se ha convertido para su barrio, Sants, en un centro neurálgico de proyectos vecinales y reivindicaciones políticas.

Esta es la iglesia que vio nacer a Comisiones Obreras de Catalunya, primero en un encuentro clandestino en 1964, y luego la constitución del sindicato en julio 1976, hace 50 años. También acogió a inmigrantes sin papeles a principios de siglo, para reclamar su regularización (como hicieron otras parroquias barcelonesas).

Actualmente, entre las entidades a las que da cobijo, una de las más destacadas es una radio vecinal que cuenta con más de una cuarentena de programas y el voluntariado de 150 vecinos. La emisora se llama Sants 3 Ràdio, y ocupa los dos últimos pisos de la torre del campanario, donde antes vivían los sacerdotes.

“Aquí todo el mundo es voluntario, y todos son del propio tejido asociativo del barrio”, afirma su director, Oleguer Forcades. En ese mismo espacio, durante el franquismo, se imprimían octavillas clandestinas con una máquina de ciclostil. Todavía conservan una de los años sesenta.

La emisora es solo una particularidad más de un lugar especial para la gente de la Bordeta, el barrio del distrito de Sants donde se ubica la parroquia. Como no tienen centro cívico, Sant Medir ha ocupado su hueco.

“Es el centro cívico del barrio, lo ha asumido toda la vida”, resume Just Arrizabalaga, que forma parte del Consejo Pastoral pese a que aclara que no está bautizado. Lo que aquí se comparte, insiste, no es el credo. “Puedes encontrar a una persona de la CUP repartiendo alimentos al lado de una del PP, sin ningún problema. Lo que tenemos claro son los valores”, defiende.

Sants 3 Ràdio emite desde 1997. “Es una herramienta comunitaria, para que las entidades tengan una manera de difundir lo que hacen”, explica Forcades, que detalla que los Castellers de Sants tienen su programa, o que cada día hacen una tertulia política con representantes del consistorio del distrito. Para la Fiesta Mayor de Sants despliegan catorce horas de directo repartidas en cuatro días. Y cada Nochevieja retransmiten en directo las campanadas que Just toca desde la torre mientras el barrio se toma las uvas.

Más allá de la radio, gracias a la parroquia se fundó en su día la primera escuela del barrio, la Escola Sant Medir, y el club de baloncesto. La lista de asociaciones es larga: tienen un grupo de solidaridad que da clases de catalán e informática y reparte alimentos. También está la Coral de Sant Medir, que cuenta con unas ciento cincuenta voces de todas las edades.

Cuna de CCOO… y de la CNT

El 20 de noviembre de 1964, unos 300 trabajadores culminaron en Sant Medir la fundación de Comisiones Obreras de Catalunya, en pleno franquismo, que también allí se constituyó formalmente como sindicato en 1976. Ese mismo año, el 28 de febrero de 1976, se refundó bajo el mismo techo la CNT catalana, también pasaron por el recinto los integrantes de Assemblea de Catalunya (el paraguas unitario del antifranquismo catalán), así como numerosos foros prohibidos durante las épocas más duras de represión.

Para entender cómo una iglesia ha acabado siendo un núcleo del activismo vecinal de Barcelona hay que remontarse a los orígenes. El obispado la creó por decreto en octubre de 1945, cuando la Bordeta eran solo campos. Aprovechando el dinero del Congreso Eucarístico de 1952, la parroquia impulsó una cooperativa que levantó cientos de pisos a precios populares para los obreros de la zona; los primeros se entregaron en 1957. El templo definitivo lo bendijo el arzobispo en el año 1960, y en su construcción reside un elemento especial, ya que no era una iglesia cualquiera: la proyectó Jordi Bonet i Armengol, hijo de un discípulo de Gaudí. Años más tarde, él mismo dirigiría las obras de la Sagrada Família. De ahí las bóvedas inclinadas y el trencadís de las cúpulas.

Los curas de aquella primera hornada eran, para la época, casi de la teología de la liberación. Forcades explica que a uno de ellos le quemaron el coche en la puerta después de plantar cara a la Falange en plena misa.

Lo curioso, apunta Arrizabalaga, es que aquellos curas veteranos, los que rondaban los ochenta, eran los más combativos, y con los relevos ha pasado lo contrario. “Cuanto más jóvenes, más carcas”, zanja. Explica en este punto que la iglesia les ha vetado algunas charlas en Sant Medir. “Las acabamos haciendo en otros espacios culturales”, explica el director de la radio.

El encierro de inmigrantes

Lo que distingue Sant Medir de otras parroquias antifranquistas, muchas de las cuales se apagaron, es que no ha abandonado su tradición solidaria. Decenas de episodios lo ilustran a lo largo de los años, pero destaca uno: el encierro de inmigrantes del año 2001: 39 inmigrantes sin papeles se encerraron en los locales parroquiales para exigir su regularización. Y ahí estaba Just, que habla francés e inglés e hizo de enlace y traductor con la parroquia del Pi, donde también había un encierro y se negociaba con las autoridades.

La imagen que todos recuerdan llegó dos años después: cuando murió el rector que los había acogido, los mismos inmigrantes portaron su ataúd a hombros. “La iglesia estaba llena, y todos ellos con turbante”, recuerda.

Los muros de la parroquia han vivido también el encierro vecinal para abrir el complejo abandonado Can Batlló, las pancartas por los presos del procés y el apoyo a la consulta independentista del 9-N, cuando Sant Medir fue colegio electoral. “Siempre ha estado con la puerta abierta a todo el mundo”, sostiene Forcades. Esta apertura también ha costado disgustos: hasta 29 denuncias, cuenta, “por la izquierda y por la derecha”, con cristales rotos y banderas arrancadas. “Solo hay que mirar las reseñas de Google”, ironiza. Y añaden: “Aquí no se han colgado banderas del vaticano ni nadie fue a ver al Papa”. Siempre a contracorriente, no se sienten identificados con la vertiente institucional del cristianismo.

En la cripta, bajo el altar, un Cristo poco común preside la penumbra: no está caído ni muerto, sino de pie, resucitado. Para Just es un símbolo que contiene el gran porqué de Sant Medir: “Si somos cristianos, es porque va resucitando, no porque va muriendo”, dice. A su manera, la última parroquia rebelde de Barcelona lleva ochenta años haciendo lo mismo.