Un total de diez alumnos —nueve hombres y una mujer— han superado el curso de peluquería masculina desarrollado en el Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar, conocido popularmente como albergue municipal de Zaragoza, dentro del Plan de Primera Oportunidad que impulsa el Ayuntamiento para favorecer la inserción social y laboral de las personas en situación de sinhogarismo.

Los alumnos, que han completado esta formación intensiva durante los meses de abril, mayo y principios de junio, han recibido hoy sus diplomas de manos de la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

El curso ha tenido lugar en una de las nuevas aulas habilitadas tras la reforma del albergue municipal, tras la inversión de más de cinco millones de euros para modernizar y ampliar los servicios destinados a las personas más vulnerables.

El curso ha sido impartido por docentes especializados en peluquería de la empresa de peluquería Passaró, con la supervisión del equipo de educadores y trabajadores sociales del albergue municipal. Las clases se han desarrollado de lunes a jueves, en jornada de cuatro horas.

Durante el acto de entrega de diplomas, Marian Orós ha destacado que “el acceso a talleres formativos de calidad es una herramienta fundamental para recuperar la autonomía personal y abrir nuevas oportunidades laborales”. Ha subrayado además que este curso refleja el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con una atención integral a las personas sin hogar, que no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que apuesta decididamente por su inclusión social y laboral mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento.

“La reforma y ampliación del Albergue Municipal nos permite disponer ahora de espacios modernos y adecuados para desarrollar iniciativas formativas como esta, que ayudan a las personas a reconstruir sus proyectos de vida y a recuperar expectativas de futuro”, ha añadido Orós.

El curso ha tenido una gran acogida, ya que se han cubierto las diez plazas ofertadas y ha sido valorado de manera muy satisfactoria tanto por los usuarios como por los docentes y personal municipal del Albergue, por lo que el Ayuntamiento valorará su continuidad después del verano. Entre los participantes figuran usuarios de diferentes perfiles, la mayor parte jóvenes sin hogar procedentes de países del África subsahariana.

Inclusión social y laboral

La formación ha estado orientada a facilitar una salida profesional en un sector con una elevada demanda laboral, como es la peluquería masculina. Los alumnos han adquirido competencias técnicas en las principales modalidades de corte de cabello y arreglo de barba, así como conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, imagen profesional y funcionamiento de un entorno laboral real.

El programa formativo ha combinado aprendizaje técnico, prácticas supervisadas y atención directa a usuarios del propio centro. De hecho, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa ha sido el servicio de peluquería prestado durante el desarrollo del curso. Cada alumno ha realizado una media de cinco servicios diarios, alcanzando un total de más de 500 cortes y arreglos ofrecidos a usuarios del Albergue Municipal.

Esta experiencia práctica ha permitido a los participantes perfeccionar sus habilidades profesionales en un entorno real de trabajo, reforzando al mismo tiempo aspectos como la responsabilidad, la disciplina horaria, el trabajo en equipo y la atención al público.

El curso forma parte de las políticas de inserción sociolaboral desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Plan de Primera Oportunidad, que incluye también otras actividades formativas y de promoción personal que se desarrollan de manera estable en el Albergue Municipal: cursos de español, talleres de autonomía digital, cocina, lectura, mecánica de bicicletas, costura, manualidades y actividades culturales o deportivas.

A todas estas iniciativas se suman otros proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla con entidades sociales del Tercer Sector como San Ezequiel Moreno, Centro Social San Antonio SERCADE o la Fundación Dolores Sopeña, orientados a mejorar la empleabilidad, la formación, la autonomía personal y la ocupación saludable del tiempo libre de las personas sin hogar.

El Papa León XIV defendió este lunes ante el Congreso de los Diputados “una respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. En su discurso ante los parlamentarios y los senadores, el Sumo Pontífice también hizo hincapié en “la obligación de los Estados de resolver sus controversias por caminos pacíficos”, y se mostró muy crítico con el rearme puesto en marcha por los países de Europa porque “la verdadera seguridad”, dijo, “nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

El Papa llegó puntual a las 10.30 de la mañana al Congreso, donde fue recibido por la presidenta de la institución, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, a los que posteriormente se unió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras saludar a los portavoces de los grupos parlamentarios —se detuvo especialmente con la de Junts, Míriam Nogueras, que le agradeció en inglés que vaya a hablar en catalán en su visita a Barcelona dentro de unos días—, León XIV accedió a la tribuna del hemiciclo, donde fue recibido por un largo aplauso de los diputados, senadores e invitados que, no obstante, fue muy breve en comparación con el que recibió al terminar su discurso, que duró nada menos que siete minutos. Entre el público estaban presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, pero no Podemos y BNG, los únicos partidos que declinaron asistir a la sesión.

La primera alocución de un Papa en el Congreso estuvo centrada en asuntos de ámbito social, aunque hizo equilibrios para no identificarse al 100% ni con la izquierda ni con la derecha. El pontífice trató materias como el aborto, en relación al cual mostró su cara más conservadora al señalar que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. No obstante, León XIV también se detuvo en el asunto migratorio y la compleja situación geopolítica, y lo hizo desde una óptica más progresista: trató ambos como dos fenómenos que están relacionados y sostuvo que “el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional”.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, planteó el Papa. Y, ante el auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los inmigrantes en todo Occidente, afirmó que “allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

León XIV planteó, en esa misma línea, que “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”. La “justicia social”, aseguró, exige una respuesta “doble” que pasa por “ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”. “Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas” que son “presa de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su deseperación”, insistió.

El Papa, “preocupado” por el rearme

El Sumo Pontífice, asimismo, se refirió a la “profunda crisis espiritual y cultural” que, dijo, atraviesa el mundo, y que “se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”. “En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral”, y para lograr ese objetivo es necesario que los Estados hagan gala de “valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo”, afirmó.

León XIV defendió expresamente la “obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional”, denunció que “toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar”. Asimismo, en la línea de la encíclica Magnifica Humanitas que lanzó hace unas semanas, alertó de que “el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos”.

El mismo día que Israel e Irán han reanudado sus ataques y en el que el alto el fuego en la región parece más débil que nunca, el Papa sostuvo que “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera”. “Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”, lamentó el pontífice, que insistió en que “la verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Por ello, y pese al derrumbe de algunos de los consensos que han estructurado las relaciones internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, León XIV se mostró convencido de que “la comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza”. Y “dentro de las propias sociedades” también es “urgente construir una cultura de la reciprocidad” en la que “la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, advirtió el Papa.

El pontífice insistió a este respecto en que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para 'desarmar el lenguaje'. ”La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación“, sostuvo el líder de la Iglesia precisamente en el Congreso, cuyo ambiente en los últimos años se ha tensado hasta el extremo. ”En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos“, planteó.

La escena fue ilustrativa. La vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero (PP), daba cuenta a primera hora de este jueves ante los medios de una sentencia favorable a Aragón sobre el acogimiento de un menor migrante. Lo hacía en la sala de prensa del Ejecutivo autonómico: sentado frente a ella, el otro vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), esperaba su turno. Tras las pertinentes preguntas, una cortinilla en el 'streaming' oficial dio paso instantes después al propio Nolasco, quien volvió a trasladar mensajes de corte xenófobo. Vaquero evitó así la foto con el dirigente de la extrema derecha, pero no un objetivo ultra que los propios populares parecen comprar: que el debate público esté saturado de mensajes contra la inmigración.

Cuando se cumple un mes de la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Aragón, tras un pacto entre el PP y Vox por el que la extrema derecha asumió tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el presidente Azcón parece avasallado por el discurso de la extrema derecha, que ha centrado el tiro en los extranjeros. Si ese 4 de mayo el jefe del Ejecutivo lanzó una advertencia a sus socios y reclamaba a los nuevos consejeros que fueran “prudentes y discretos” porque lo contrario, según argumentó, solo servía para “fracasar”, el caso que le han hecho al líder popular parece ser nulo.

Una de las muestras más evidentes de este alejamiento de la prudencia y la discreción son las notas de prensa publicadas desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, encabezada por el propio Nolasco y punta de lanza de la batalla ideológica de Vox, hasta el punto de que el único cometido de la Vicepresidencia parece ser combatir la inmigración. Así, el Ejecutivo autonómico ha llegado a hacer informaciones colgadas en el portal oficial en las que daban cuenta de simples sucesos, como una agresión en un centro de acogida autonómico.

Las continuas alusiones de Nolasco a menores migrantes, a los que denomina con tono despectivo “menas”, ha llevado incluso al Colegio de Periodistas de Aragón a llamar la atención del vicepresidente autonómico, al trasladar a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo las quejas por el tratamiento en varios comunicados de cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables. Aragón suscribió en 2022 una 'Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones' que ha saltado por los aires en apenas cuatro semanas.

Este mismo jueves, en la mencionada rueda de prensa, Nolasco ha sido el primero en informar de un suceso en Caspe del que ni la Guardia Civil había dado cuenta: una reyerta que ha terminado con un muerto. El vicepresidente ya hablaba entonces de “asesinato” y lo vinculaba con la inmigración y con la seguridad en la localidad caspolina, donde la tasa de foráneos es elevada y hay una importante bolsa de temporeros. En general, el consejero de Desregulación ha dedicado la jornada en exclusiva al suceso: se ha desplazado por la mañana a Caspe, donde ha informado de que la víctima era valenciana –algo que la Guardia Civil no confirmó–, y por la tarde ha exigido al delegado del Gobierno en Aragón que informara “sobre la residencia legal o ilegal” del detenido.

Sin iniciativa

Y ¿qué papel han jugado el PP y Jorge Azcón en estas semanas? Lo cierto es que los populares parecen haber cedido por completo la iniciativa a la extrema derecha. Más allá del día a día, el pulso informativo ha sido para Vox. Hubo un conato de enfrentamiento entre los dos partidos tras pedir la extrema derecha que la Unidad Adscrita a Aragón de la Policía Nacional vigilara los centros de menores migrantes, pero las aguas volvieron pronto a su cauce. En este tiempo, el líder del PP ha parecido estar más pendiente de hurgar en la herida del PSOE que de contrarrestar la labor de la extrema derecha, a la que ha evitado cualquier tipo de crítica pese al destemplado comienzo de legislatura.

Además, la sintonía entre ambas formaciones a la hora de aplicar la denominada prioridad nacional ha sido total, en especial en materia de vivienda, una competencia que recae en el PP.

En los populares, la consigna por ahora es evitar el conflicto con el incómodo socio. Este mismo jueves, la vicepresidenta Vaquero ha sido cuestionada sobre qué ha cambiado para que el Gobierno de Aragón tenga ahora que llevar a cabo pruebas de edad a todos los menores migrantes, no solo en los casos bajo sospecha. La número dos de Azcón en el Ejecutivo lo ha dejado claro, aunque entre líneas: la novedad es que hay una coalición PP-Vox y que ahora las competencias en Servicios Sociales recaen en la extrema derecha. Es decir, que los populares se ven obligados a transigir con la agenda ultra. Y no hay más discusión.

Mientras, la oposición continúa desnortada. En especial, el PSOE, que asiste atónito a la sucesión de revelaciones judiciales provenientes de Madrid. Pero también Chunta, Aragón Existe e Izquierda Unida, a las que apenas se les ha oído. En esta tesitura, la principal voz crítica hacia el Gobierno autonómico proviene del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha tenido que salir a responder, casi día sí y día también, al vicepresidente Nolasco con sus ataques en inmigración y seguridad ciudadana.

Periodistas de Aragón, que agrupa a la asociación homónima y al Colegio Profesional, ha trasladado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos recientemente por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

La entidad profesional y colegial ha recibido diversas quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión, respecto a algunos de estos textos, especialmente en cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables.

Ambas organizaciones dudan acerca de que determinados enfoques y expresiones utilizados puedan entrar en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y con la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’, impulsada conjuntamente por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.

Esta guía fue elaborada precisamente para promover un tratamiento informativo riguroso, contextualizado y no estigmatizante de las migraciones, así como para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social.

El término 'mena'

La petición remitida a la Comisión se refiere, entre otros aspectos, al uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la guía desaconseja expresamente el uso de acrónimos para referirse a personas, y advierte del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

Asimismo, desde Periodistas de Aragón se observa una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad, así como referencias insistentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara.

Periodistas de Aragón subraya que los hechos relatados en algunos de estos comunicados poseen evidente interés público y, en algunos casos, una indudable gravedad. Precisamente por ello considera necesario reforzar el rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios éticos en la comunicación institucional.

Los mecanismos de autorregulación y reflexión deontológica fortalecen la calidad democrática, la convivencia y la credibilidad del periodismo y de la comunicación pública.

El papa León XIV, en su visita a la isla de Tenerife el próximo 12 de junio, recorrerá parte del casco de La Laguna a bordo de un buggy de golf adaptado desde el que podrá saludar de manera cercana y directa a las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos que se distribuirán a lo largo de las calles por las que pasará.

Según la agenda prevista, el Papa aterrizará en Los Rodeos a las 09.10 horas, siempre que la meteorología lo permita. A las 09.30 visitará el Dispositivo de Acogida Humanitaria “Las Raíces”, un centro de migrantes situado muy cerca del aeropuerto.

De ahí saldrá hacia la plaza del Cristo, en pleno centro de La Laguna. Allí, a las 10.10, participará en un acto con grupos eclesiales y organizaciones que trabajan con migrantes, con testimonios de personas procedentes de África y América Latina y presencia de voluntarios y entidades de acogida.

A las 10.40 horas iniciará su recorrido por el casco histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad.

Recorrido por La Laguna

León XIV saldrá desde la Plaza del Cristo, tras el acto con inmigrantes, por la calle Viana hasta la esquina con la calle San Agustín, por la que subirá hasta el Palacio Salazar, sede del Obispado de la Diócesis Nivariense (provincia de Santa Cruz de Tenerife). Lo hará subido en un carrito de golf especialmente acondicionado para la ocasión.

Según la información oficial, “el Papa recorrerá en un pequeño vehículo las calles Viana y San Agustín saludando a ancianos, personas vulnerables, personas con diversidad funcional y usuarios de centros sociales de la Iglesia. El recorrido finalizará en el Palacio Salazar (Obispado de Tenerife), donde tendrá un breve descanso y saludará a algunas personas”.

Desde allí, se trasladará hacia Santa Cruz para realizar su recorrido en papamóvil por el centro de la ciudad, de camino a la misa en el Puerto.

Calles y aparcamientos afectados

Las prohibiciones de estacionamiento se aplicarán desde las 23:30 horas del 10 de junio en las siguientes ubicaciones:

Restricciones de acceso de vehículos

El viernes 12, desde las 6:00 horas, quedará prohibido el acceso de vehículos en las siguientes conexiones y emplazamientos:

Por otro lado, habrá cortes y desvíos de tráfico, en función de la afluencia de personas, en la calle Europa con la avenida Los Menceyes, avenida Leonardo Torriani con avda. Los Menceyes, avda. de La Trinidad con las calles Barcelona, Pablo Iglesia, Catedral, Pedro Zerolo y la rotonda del Padre Anchieta.

Del mismo modo, se prevén modificaciones de circulación en la calle Concepción Salazar (desde el camino Las Peras al camino La Rúa) y la calle Copérnico (desde la calle La Cancela a la calle Galileo), cambiando esta última de sentido de circulación de forma provisional. Las entradas y salidas a los garajes de todo el viario afectado también se regulará por medio de los distintos cuerpos de seguridad presentes, estando restringida la movilidad por el casco histórico en gran parte de esa mañana.

Otros cortes y desvíos de tráfico previstos se situarán en:

Una de las principales vías de acceso a la ciudad, la TF-13 (Vía de Ronda) permanecerá cortada desde las primeras horas de la mañana desde el entorno de Las Mercedes hasta la TF-5, con lo que todo el tráfico proveniente de la Comarca Nordeste y Tegueste se canalizará hacia la salida de San Benito por las calles Pozo Cabildo, Tabares Barlet, Paseo Oramas, Marcos Redondo y Lucas Vega.

En lo que se refiere a las paradas de taxi, durante esa mañana del viernes se trasladará la parada de taxis de la plaza del Adelantado hasta la calle Catedral (entre Antonio González y Elías Serra Rafols).

Los horarios de cierre y apertura de vías se detallarán en el bando municipal que se publicará en la web del Ayuntamiento esta misma semana, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias de los actos a celebrar, del tráfico o cualquier otro motivo de seguridad así lo aconseje.

Algunas infraestructuras públicas quedarán cerradas al público durante la mañana de ese viernes, tales como las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana ubicadas en la calle San Agustín, el Mercado Municipal o la Biblioteca ‘Adrián Alemán de Armas’.

También se verá afectado el centro de salud del entorno del Cristo (que mantendrá su funcionamiento habitual con restricciones de acceso y estacionamiento), y la sede de la UNED en La Laguna, donde sólo se permitirá la entrada y salida puntual del alumnado que tenga exámenes programados para ese día, en cuyo caso deberá portar su documentación oficial para que se le permita el acceso en los horarios establecidos para ello.

Dentro del plan de seguridad, se han establecido distintas vías de evacuación y seguridad, para canalizar el tráfico de los vehículos de emergencia y otros cuerpos de seguridad implicados en el operativo.

Un buggy adaptado y cedido por el Real Club de Golf de Tenerife

La presidenta del Real Club de Golf de Tenerife, Consuelo López de Vergara, -que ha cedido el vehículo-, ha agradecido en nombre de los socios la solicitud que han hecho el Vaticano y la Diócesis Nivariense para poder colaborar en esta “cita histórica”.

“Nos sentimos muy honrados aportando nuestro grano de arena dentro de esta organización tan amplia. Nos gusta vernos como un grupo de voluntarios más que pone al servicio lo que buenamente puede ofrecer. Sinceramente, es algo que nos brota del corazón y lo hemos afrontado con humildad y no desde el protagonismo”, ha detallado.

Durante este tiempo, la presidenta del Real Club de Golf ha expresado que han querido llevar todas las tareas de adaptación en secreto.

“Hemos creído conveniente realizar los trabajos con sigilo para poder hacerlo todo con tranquilidad y mimo. De hecho, muchos de nuestros socios se enteraron cuando salió la noticia en la prensa”, ha comentado.

El buggy que transportará al Papa es un vehículo para dos personas que ha reconvertido la parte trasera, donde habitualmente van los palos de golf, en una especie de plataforma.

“Esta parte se ha modificado para que el Santo Padre pueda ir sentado. Además, tiene una abrazadera para que pueda estar de pie de manera estable”, ha señalado.

Todo ello se ha ido elaborando siguiendo varias directrices de la Santa Sede.

De esta forma, se procedió a retirar el techo y el parabrisas y se colocó una plancha de hierro entre el chasis del coche y la estructura trasera.

Además, en los próximos días los trabajos se completarán con la tapicería de los apoyabrazos y de los metacrilatos y se prevé colocar una simbólica matrícula con las siglas en rojo SCV1 (Stato della Città del Vaticano 1).

También, tras varias pruebas de colores, finalmente se ha elegido el bronce para las llantas y este martes se procedió a colocar tres vinilos con el escudo vaticano en los laterales y en la parte frontal del vehículo.

Ahora, solo queda por concretar quién será el encargado de conducirlo.

“Lo más probable es que sea alguien de la guardia suiza. Estamos a la espera de que nos comuniquen este dato y también de saber quién irá acompañando en el puesto de copiloto”, ha comentado López.

Canarias ha registrado hasta el 31 de mayo la llegada de 3.184 migrantes irregulares, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.983), en un total de 41 embarcaciones, 136 menos que hasta junio del año pasado, según datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En el conjunto del país han sido un total de 10.224 migrantes, un 35,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 15.769 mientras que han aumentado un 210% las llegadas por vía terrestre a Ceuta y Melilla hasta las 2.366 personas.

En concreto, el informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 7.858 migrantes, un 47,6% menos que hasta junio del año pasado, cuando se produjeron 15.007 llegadas. Este año han arribado en 297 embarcaciones, 129 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 4.665 migrantes a la Península (2.499) y Baleares (2.166), lo que supone un 16% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 4.020. En este caso, han llegado en 254 embarcaciones, siete menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 385 personas más de las que entraron de forma irregular hasta junio del año pasado, lo que supone el 18,2% más. Han arribado en 140 embarcaciones, 16 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 260 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 13,6% más, y han llegado a bordo de 114 embarcaciones, 23 más que del 1 al 31 de mayo del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.366 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 210% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a la primera han llegado 2.281 migrantes, 1.577 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 85, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 58 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 31 de mayo de este año nueve personas, cuando el año pasado había llegado una hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.

La difícil, pero necesaria tarea de informar con rigor y sin paternalismos sobre los desplazamientos, la migración y los derechos humanos es el día a día desde hace décadas de la periodista de elDiario.es, Gabriela Sánchez, como también de la periodista de 'El País', Lola Hierro y la directora y cofundadora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez Alarcón. ¿Cómo hacer que los lectores se interesen por realidades lejanas como los conflictos locales en países de África? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan dentro de una redacción generalista para situar las violaciones de derechos humanos en la frontera en la agenda diaria sin caer en la deshumanización o el 'click bait'? o ¿Cuáles son las narrativas de desinformación más peligrosas que hay en los medios tradicionales y en las redes sociales? Todas estas cuestiones y más han sido abordadas por las tres en la jornada 'Desplazamientos forzados y derechos humanos' organizada por Salvamento Marítimo Humanitario junto a la Diputación de Gipuzkoa este viernes en Donostia.

Según han detallado, las tres profesionales coinciden en que no se debe abordar la información desde la mera “solidaridad” o como “historias bonitas que nadie va a leer”. El verdadero desafío es encontrar el enfoque y el momento adecuado para apelar al público general y no solo a quienes ya están concienciados. En este sentido, han explicado que la manera de poder acercar historias de países lejanos a las personas en su día a día, pasa por humanizar los relatos a través de conexiones universales. “Tú vas allí diciendo que vas a dar voz a la gente, pero la gente ya tiene voz y nadie es invisible. La cosa es ver quién tiene el altavoz y quién debería tenerlo y no lo tiene. Yo, desde mi privilegio, cedo ese altavoz para contar historias. Puede que a mi madre, una mujer de Madrid, no le interesen ciertas cuestiones que ocurren en Mali, pero puedo conectar con ella a través del relato de una madre o de algo que le sea cercano”, ha detallado Hierro.

“Ahora mismo todos sabemos que la inmigración se utiliza como herramienta electoral para ganar votos. Algo estamos haciendo mal para que se siga permitiendo y se siga aceptando el usar la inmigración como herramienta electoral para ganar votos mediante el miedo por parte de los partidos de extrema derecha”, ha reconocido la periodista, que considera que es un vicio informativo recurrente contar solo el viaje o el drama y reivindica que “los migrantes tienen vidas antes y después”, y que deben ser considerados “actores políticos con capacidad de decisión”.

Para la periodista de elDiario.es, jefa de la sección Desalambre, una de las cuestiones que no se han sabido abordar correctamente desde los medios de comunicación es el replicar constantemente los discursos de odio de la extrema derecha. “Como medios de comunicación, tanto aquí como en Estados Unidos, en el mundo en general, no hemos sabido abordar el auge del discurso de odio y de la extrema derecha a nivel mediático. Nosotros lo vemos claro, pero si replicamos esos mensajes, aunque sea desde la indignación y la denuncia, los que reciben ese mensaje quizá no lo ven tan claro y se va poco a poco abriendo esa puerta hacia la normalización”, ha criticado Sánchez.

“Cuando alguien habla de inmigración con un altavoz, lo hace desde el lugar del odio. Y ese odio cala no solo al cuñado de turno que lo ha dicho toda la vida, sino que nos encontramos en un momento en el que gente que a priori pensabas que no pensaba así o que estaba más en el ámbito progresista, con el tema de la inmigración cambia de opinión y la relaciona con la inseguridad, o naturaliza ciertos discursos que antes estaban más penalizados”, ha reconocido.

En el caso de Rodríguez Alarcon, quien desde la Fundación porCausa, impulsa el periodismo de investigación y las nuevas formas de contar la movilidad humana, una de las claves para enfrentarse al racismo y a los discursos de odio es trabajando en el concepto de las “Narrativas del Amor” y en los métodos de narrativa circular. “El antónimo de odio es amor y es una palabra que permite la unión comunitaria. Amor es poner por delante el bien comunitario con la certeza de que ese bien comunitario es el que te va a aportar el bien individual. Tenemos que trabajar con la ilusión de que existe otra forma de vivir y tenemos que trabajar con escenarios utópicos en los que potencialmente aspirar porque todo es distópico y la distopía no nos lleva a ningún lado. Neurológicamente, el ser humano es comunitario, pero estamos perdiendo ese sentido de comunidad. Hemos destruido los espacios comunitarios naturales y no hemos invertido en construir alternativos”, ha considerado quien fuera directora general de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid (2015-2016) y directora de Comunicación de Oxfam Intermón en España.

A lo largo de la jornada, además del encuentro entre las periodistas, se han tratado temas como la situación de las mujeres en las fronteras, la acogida y retorno en procesos de postconflicto y se han narrado en primera persona experiencias en el proceso migratorio. El encuentro ha sido inaugurado por la diputada de Cultura y Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, quien ha subrayado que “en un contexto internacional marcado por el aumento de los discursos del odio y la deshumanización, es más importante que nunca generar espacios para escuchar, comprender y defender la dignidad humana”. “Gipuzkoa quiere seguir siendo un territorio comprometido con los derechos humanos, la convivencia y la solidaridad. Este congreso nos recuerda que detrás de cada desplazamiento forzado hay personas, historias de vida y derechos que deben ser protegidos”, ha afirmado Álvarez.

En su intervención, la diputada ha recordado que Diputación Foral de Gipuzkoa ha querido reconocer especialmente la labor de Salvamento Marítimo Humanitario y del Aita Mari, que representan “algunos de los mejores valores de nuestra sociedad: solidaridad, compromiso y defensa de la vida humana”. “Su trabajo en el Mediterráneo es imprescindible, pero también lo es su capacidad para generar conciencia social en Gipuzkoa, recordando que los derechos humanos no pueden depender del lugar de nacimiento, de la frontera que se cruza o del relato político que se imponga. Este congreso es una invitación a mirar de frente una realidad incómoda, pero profundamente humana. Hablar de desplazamientos forzados es hablar de guerras, desigualdad, persecución, pobreza y vulneración de derechos; pero también es hablar de responsabilidad compartida, de políticas públicas valientes y de una sociedad que no renuncia a la empatía”, ha concluido.

Cuando el papa León XIV eleve una plegaria desde el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, por los miles de inmigrantes que han perecido en un cayuco en la Ruta Atlántica a Canarias, por los que van a seguir muriendo y por aquellos que lo dan todo para rescatarlos, Ousseynou Fall rezará por su hermano.

Este antiguo pescador de Saint Louis (Senegal) llegó a Gran Canaria el 12 de noviembre de 2020, en su segundo intento. No sabía leer ni escribir, pero la generosidad de una familia de acogida le abrió camino. Aprendió, se formó y ahora trabaja como cocinero de hotel. No se ha ido de Canarias, es un vecino más de Arguineguín.

“Aquí”, dice señalando una tapa de alcantarilla, casi al final del muelle, “justo aquí dormí la primera noche cuando me rescataron”. Ousseynou Fall suele acercarse de cuando en cuando al muelle.

Allí terminaron sus noches sin agua, allí se desvaneció el miedo a hundirse, allí comenzó su nueva vida. En ese muelle, sobre todo, recuerda a los amigos y familiares que se quedaron en el mar.

Historias como la suya conmovieron a Francisco, el papa que quiso abrir su pontificado en Lampedusa, ofreciendo consuelo a los inmigrantes rescatados del Mediterráneo. El propio Fall se la contó en una carta que el pontífice hizo pública en 2023 en una de las muchas ocasiones en que anunció su deseo de viajar a Canarias.

La salud se lo impidió, pero el 11 de junio su sucesor cumplirá su promesa y abrirá en Arguineguín su visita a Canarias, con un encuentro con inmigrantes, familiares de desaparecidos, servicios de rescate y voluntarios.

Del campamento masificado al cierre

El puerto vive estos días cierto ajetreo por los trabajos de acondicionamiento previos a la visita de León XIV, pero nada queda ya del campamento donde Ousseynou Fall desembarcó después de que la Salvamar Menkalinan rescatara su cayuco, que ya se hundía.

Era temprano, recuerda, y el muelle estaba lleno: casi 2.000 hombres y mujeres dormían allí hacinados durante días sobre mantas, sin más protección para el sol o la lluvia que unas carpas.

Esa misma mañana lo visitó el juez encargado de velar por las garantías en el centro de detención de migrantes (CIE) de Gran Canaria y describió sus condiciones como “degradantes e inhumanas”.

Solo ese mes pasaron por ese pequeño puerto del sur de Gran Canaria 6.357 migrantes. Al final de noviembre fue clausurado a petición del Defensor del Pueblo, cuando ya cargaba con el nombre de 'muelle de la vergüenza'.

“Fue un momento muy complicado. Cruz Roja tuvo que reinventarse”, recuerda José Antonio Rodríguez Verona, responsable de los equipos de la ONG en Canarias encargados de la primera atención en los puertos a los recién rescatados. “Ese apelativo por el que todo el mundo lo llama, a mí no me gusta ni nombrarlo. Hicimos un gran esfuerzo para atender a miles de personas en plena pandemia, con todo cerrado”.

Rodríguez Verona estaba allí en aquellas fechas y lo sigue estando ahora, lleva tres décadas atendiendo pateras. Menos años de experiencia que él acumula Tito Vilarmea, actual patrón de la Guardamar Urania, el barco de rescate más moderno de Salvamento Marítimo. Cuando la Menkalinan rescató a Fall, Vilarmea también estaba destinado en Arguineguín, en la Guardamar Concepción Arenal.

Un muelle de orgullo

Para este marinero gallego, que el papa haya elegido Arguineguín para dirigirse al mundo también lanza un mensaje. “Yo no lo considero el muelle de la vergüenza, no lo fue. Fue un muelle solidario, un muelle de voluntarios. Todo el pueblo se volcó: comercios, vecinos que traían agua, comida y abrigo. Se doblaron turnos, se hizo un esfuerzo sobrehumano. Para mí fue muelle del orgullo”, afirma.

Rodríguez Verona y Vilarmea estarán entre los invitados al encuentro con el papa. “Este trabajo deja heridas, somos humanos”, admite el responsable de Cruz Roja, que estos días ha pensado mucho en Eléne Habiba, la niña maliense de 24 meses a la que se le paró el corazón justo en ese mismo muelle, cuando ya estaba a salvo.

El patrón de la Urania reconoce que en ocasiones le asalta cierta sensación de culpa, “porque, por desgracia, hay hundimientos, vuelcos, neumáticas que se pinchan... y piensas qué hubiera ocurrido si hubiéramos llegado antes o si el mar hubiera estado mejor”.

Cuando le pasa eso, se refugia en otro recuerdo, el de aquella madre a la que salvó, una mujer que viajaba con un hijo adolescente completamente tapado con un chaquetón grande y un gorro de lana.

“Bajé para el recuento a identificar si eran varones o mujeres y, entonces, la madre le sacó el gorro, le soltó la melena y le puso unos pendientes, como diciendo: ahora vuelves a ser mujer”.

Tito Vilarmea siempre ha pensado que aquella mujer había disfrazado a su hija de niño para protegerla de muchos peligros de la ruta y se emociona. “Yo también tengo hijas, ¿sabes?”.

Barça o barzakh

Fall les escucha en silencio. Acaba de reconocer en el muelle a uno de los marineros que lo rescataron en 2020 y solo acierta a dar las gracias. “En nombre de todos mis compañeros”, enfatiza.

En su cayuco murieron cuatro personas de frío y sed. Por eso, cuando oye repetir entre los jóvenes de Saint Louis u otros lugares de Senegal la consigna de 'Barça o barzakh' ('Barcelona'/llegar o 'morir') siempre intenta disuadirlos, no soporta más muertes.

Fall baja la mirada y sus ojos se llenan de lágrimas al recordar a su hermano, que tenía 23 años. “No me dijo nada. Murió en el camino. En el cayuco que apareció en Brasil”.

Son historias de Arguineguín.

Cuatro personas pertenecientes a una red criminal han sido detenidas en Seseña (Toledo) por captar ciudadanos extranjeros en situación irregular y facilitarles, a cambio de una contraprestación económica, la documentación necesaria para regulaizar su situación administrativa en España.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento “desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento” en la localidad. En algunos domicilios figuraban empadronadas numerosas personas, llegando a registrarse hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda.

Tras realizar un análisis pormenorizado de los expedientes de empadronamiento tramitados, la Guardia Civil comprobó que numerosas solicitudes habían sido efectuadas de forma reiterativa por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían evidentes indicios de falsedad documental.

La investigación pudo determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de diferentes nacionalidades, principalmente Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. Cobraban entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España.

Los principales métodos utilizados consistían en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares.

Los investigadores han podido recopilar múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas, llegando a afectar a 400 personas.

El delegado del Gobierno en la región pide no vincularlo con la regularización

De su lado, a preguntas de los medios, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha precisado que esta operación “no es contra el proceso de regularización”, sino que va en la línea de “esclarecer empadronamientos ilegales en Seseña”.

“La regularización en ningún caso contempla empadronamientos ilegales ni la regularización va a permitir que a través de ella se pueda haber cometido ningún tipo de delito”, ha recalcado.

A preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, Sabrido ha señalado, sobre los empadronamientos, que “muchos de ellos, probablemente más del 50 por ciento, corresponden a antes del 31 de diciembre de 2025 o antes del 1 de enero de 2026”.

Se está investigando, por tanto, tal y como ha afirmado, si en torno a 200 empadronados son legales antes del 1 de enero de 2026, al tiempo que ha dejado claro que el empadronamiento “es una competencia exclusivamente municipal”.

Seseña “deberá comprobar o haber comprobado si estos empadronamientos responden a la realidad o no”, ha afirmado el delegado, añadiendo que las comprobaciones se tendrán que realizar también “respecto a los ciento y pico que hay después del 1 de enero”.

“La Guardia Civil, en este caso, lo que está vigilando es que se cumpla la ley y que se cumpla la ley es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización”, ha destacado.

Es más que evidente que existe un choque entre el ruido político y la realidad cotidiana, por eso, la organización Accem se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gestión de las migraciones y la protección internacional en Extremadura. Dirigida en la región por Mar García Navarro —quien coordinó la emergencia migratoria en Canarias entre 2021 y 2023—, Accem trabaja desde un enfoque de Derechos Humanos, intervención integral y, de manera muy específica, autonomía a través del empleo. Su experiencia desmiente con datos y con historias de vida los bulos que circulan sobre las personas migrantes.

“No se trata de dar ayudas por darlas, ni de dar el pescado; se trata de enseñar a pescar. El sistema de acogida garantiza prestaciones básicas sí, pero sobre todo, un fuerte apoyo en formación e inserción laboral. En cuanto las personas que llegan a España adquieren el idioma, pasan directamente al área de empleo. Vienen a trabajar, y nuestra experiencia con el empresariado extremeño es excelente”, resume García Navarro. Con los datos de inserción laboral y la valoración positiva de las empresas de la región, queda demostrado que las personas migrantes llegan con voluntad de trabajar y aportar, no de depender de ayudas.

Frente a los discursos xenófobos que repiten que las personas migrantes “viven de ayudas” y “quitan recursos” a la población local, los datos de Accem muestran una realidad radicalmente opuesta: quienes llegan lo hacen con una altísima motivación para trabajar y sostener a sus familias. Y, además, lo hacen en sectores donde la “prioridad nacional” no es que sea injusta: es que es impracticable, porque no hay suficientes personas dispuestas a ocupar esos puestos.

El colectivo atendido por Accem está dando respuesta a necesidades urgentes del mercado laboral extremeño. En la construcción, las empresas trasladan constantemente su preocupación por la falta de personal. Accem forma específicamente a sus usuarios: solo en 2025, 30 personas obtuvieron el título de Prevención de Riesgos Laborales de la construcción para incorporarse de inmediato al sector. En la agricultura y la ganadería, su presencia es vital para campañas específicas como la recogida de la fruta de hueso, evitando que las cosechas se queden en el campo por falta de relevo. En la hostelería y el sector servicios, tanto en cocina como en sala, cubren puestos que cuesta mantener ocupados. Y en el área de cuidados —un sector estratégico en una región envejecida como Extremadura— su aportación es directamente imprescindible.

En el COVID-19

En los momentos más críticos, esa disponibilidad para trabajar se ha traducido en decisiones que hablan de coraje y compromiso. Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, los hospitales extremeños se quedaron sin personal dispuesto a trabajar en la gestión de residuos sanitarios de alto riesgo. Una cincuentena de usuarios de protección internacional de Accem asumió esa tarea en primera línea, equipados con EPIs, en un contexto de miedo generalizado. A día de hoy, algunos continúan trabajando en esa misma empresa, con un grado excelente de satisfacción por parte de la patronal. En la zona de Almaraz, grupos de jóvenes malienses han sido contratados de manera totalmente regularizada para realizar labores técnicas y de mantenimiento, sin fricciones y con un rendimiento óptimo. Es decir: no solo no “quitan trabajo”, sino que ocupan puestos que, de otro modo, quedarían vacantes.

La historia de Accem en Extremadura comienza en 2010, en Cáceres, con apenas dos pisos y 12 plazas disponibles, a petición del Ministerio competente ante la crisis de refugiados de Oriente Próximo. Desde entonces, la infraestructura no ha dejado de crecer. Actualmente, la entidad cuenta con casi 240 profesionales en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de ellos extremeños y formados en la propia región. Lejos de ser un gasto, el funcionamiento de los centros de Accem actúa como un motor económico para Extremadura. La entidad prioriza la contratación de proveedores locales para el mantenimiento de su red: empresas de catering y alimentación extremeñas, comercios locales para la compra de textil —sábanas, toallas—, calzado y vestuario, así como proveedores de material de oficina, mobiliario y papelería. Cada euro que entra en el sistema de acogida se multiplica en la economía local.

A nivel estatal, los datos consolidados de 2025 hablan de casi 17.000 plazas de acogida activas en todo el territorio, principalmente de protección internacional y ayuda humanitaria. En programas de empleo, cerca de 8.000 personas fueron atendidas, y el 34% de ellas encontró un contrato laboral de manera directa. El 57% de esas contrataciones se realizaron en pequeñas y medianas empresas, el tejido que sostiene la economía real del país. En Extremadura, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, 296 personas han sido atendidas en programas de empleo. Las principales nacionalidades son Venezuela y Mali. La evolución del perfil migratorio también se ha visto marcada por la guerra de Ucrania: tras el estallido del conflicto en 2022, Accem gestionó 50 plazas específicas en Cáceres, en un espacio facilitado inicialmente por el Ayuntamiento en el edificio Valhondo. Aquella migración fue eminentemente femenina y familiar —madres, abuelas e hijos pequeños—. Hoy, esas plazas se han estabilizado y transformado en pisos de autonomía normalizados.

Red mixta de financiación

La organización trabaja con una red de financiación mixta —estatal, autonómica y privada—. En el contexto político actual, con el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, Accem confirma que se sigue trabajando con absoluta normalidad y que las partidas para los programas autonómicos se mantienen en las mismas condiciones. Al menos, hasta ahora. Entre los programas autonómicos actuales se encuentran la atención humanitaria, dirigida a personas refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad; la atención a personas en riesgo de exclusión social, desarrollada en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios de Cáceres y Mérida —donde, por la propia estructura del programa, la mayor parte de la población atendida en esos pisos es de nacionalidad española—; y las ayudas para el alquiler, en coordinación con servicios sociales e instituciones locales como el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, para facilitar el acceso a la vivienda.

A estos se suman otros programas destacados: un programa de inmersión lingüística para mujeres migrantes financiado vía IRPF; la intervención en prisiones, con talleres grupales de apoyo a mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de la región; un taller de aprendices, financiado por la Fundación MAPFRE, un programa de seis meses de formación especializada en el área de mantenimiento y servicios; y un estudio internacional en cooperación, financiado en 2025 por la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) junto a la Universidad de Extremadura, que consistió en un estudio comparativo pionero entre las metodologías de intervención de la Ruta Atlántica (Canarias) y la Ruta Centroamericana (el tren 'La Bestia' hacia México y Estados Unidos).

Otro de los mitos que Mar García Navarro quiere romper es el de la “vulnerabilidad psicológica crónica” de las personas refugiadas. “Trabajamos con personas inmensamente resilientes. Han pasado por eventos traumáticos y tránsitos migratorios durísimos —que en el caso de las mujeres incluyen la violencia sexual como arma de guerra—, pero llegan dañadas, no destruidas. El número de personas que desarrolla un trastorno de estrés postraumático severo es mínimo. Lo que tienen de verdad son ganas de salir adelante”, subraya. La imagen de personas rotas para siempre no solo es falsa, pues, sino que deshumaniza y niega la capacidad de reconstrucción que demuestran a diario.

Sinergias

También se desmonta, con datos, la idea de que la presencia de centros de acogida aumenta la delincuencia. Las consultas directas de Accem con las instituciones competentes y las fuerzas de seguridad —como la Policía en Mérida— confirman de forma rotunda que en ningún caso ha aumentado la delincuencia por la presencia de estos recursos. Al contrario, se generan sinergias de cohesión social. Un ejemplo es el proyecto desarrollado en Mérida, donde los jóvenes del centro de acogida realizan encuentros con ancianos de residencias de mayores que sufren soledad no deseada, compartiendo historias culturales y ofreciendo acompañamiento mutuo. Lejos de ser un foco de conflicto, la acogida se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional.

La reciente denuncia de una agresión sexual en Mérida ha provocado una reacción pública inusualmente intensa por parte de determinados colectivos que, en ocasiones anteriores, no habían mostrado el mismo nivel de implicación ante hechos similares. Este cambio de actitud invita a una reflexión necesaria: cuando la defensa de las víctimas aparece de forma selectiva, condicionada por el origen del presunto agresor, deja de ser una postura coherente de protección a las mujeres para convertirse en un discurso atravesado por otros intereses.

Diversas voces han subrayado que la preocupación legítima por la violencia sexual no puede depender de la identidad, nacionalidad o procedencia de quien la ejerce. De lo contrario, se corre el riesgo de utilizar el dolor de las víctimas como argumento para reforzar prejuicios o agendas excluyentes. En este sentido, algunas reacciones públicas parecen responder más a una narrativa que busca señalar a personas migrantes que a un compromiso sostenido con la erradicación de la violencia machista.

Especialistas en violencia de género recuerdan que este tipo de delitos atraviesa todas las capas sociales y contextos culturales, y que su abordaje requiere políticas integrales y coherentes, no respuestas selectivas. La credibilidad del compromiso social con las víctimas se resiente cuando solo se activa en determinados casos, especialmente si coincide con la posibilidad de alimentar discursos xenófobos.

Este episodio, por tanto, no solo interpela a las instituciones en su respuesta ante la agresión denunciada, sino también a la sociedad en su conjunto: ¿se está defendiendo a las víctimas de manera consistente o se está utilizando su situación para reforzar determinadas posiciones ideológicas?

En la actualidad, otro de los focos mediáticos está en Badajoz, donde se ha producido la llegada reciente de jóvenes de origen maliense que se encuentran sin plazas de pernocta. Desde Accem Extremadura se apela a la prudencia institucional una vez más. La entidad está recabando toda la información técnica para esclarecer la situación administrativa de estos chicos. Al tratarse presuntamente de una competencia autonómica inicial, Accem evalúa los mecanismos para ponerse a disposición de la administración competente y apoyar, si fuera necesario, en la atención humanitaria y el encauzamiento digno de estos jóvenes dentro del sistema regulado. De nuevo, la clave no es el alarmismo, sino la gestión.

Abasse Sagna

Detrás de las cifras y los programas de inserción hay vidas concretas, historias reales que desmontan, una por una, los tópicos y simplificaciones de la llamada “prioridad nacional”. La historia de Abasse Sagna es una de ellas. Salió de Mali con una biografía marcada por la pérdida y la violencia. “He perdido a casi toda mi familia”, cuenta. Sus padres murieron antes del recrudecimiento del conflicto de su país, pero uno de sus hermanos falleció en la guerra. Solo le queda una hermana mayor, con la que vivió tras abandonar su pueblo natal para trasladarse a Bamako, la capital. “La vida en mi país es muy difícil”, resume. La inestabilidad en el norte de Mali, agravada tras la caída del régimen de Gadafi en Libia en 2012, ha impactado especialmente en las zonas rurales. “Es una región por donde circulan armas y grupos armados. Cada año empeora”, explica.

Su proyecto vital, sin embargo, iba por otro camino. Quería estudiar medicina. “Era el sueño de mi madre”, recuerda. Pero su muerte truncó ese objetivo. “Era mi apoyo. Cuando falleció, perdí las ganas de seguir estudiando”. Decidió entonces emigrar a Mauritania, donde trabajó durante años para ayudar a su familia. Allí también enfrentó dificultades, incluido el racismo y un intento fallido de salida hacia Europa que terminó con dos semanas en prisión. No fue hasta octubre de 2023 cuando logró emprender el viaje definitivo. Partió desde Senegal en una embarcación con 57 personas. “Fue muy duro”, dice. Pasaron seis días en el mar hasta llegar a El Hierro. “Había comida y agua, pero el viaje es difícil, sobre todo por la incertidumbre”. Tras una noche en la isla, fue trasladado a Tenerife y posteriormente a la península.

Su llegada a España tampoco fue sencilla. En Mérida, donde fue acogido inicialmente, se encontró con dificultades para iniciar su solicitud de asilo. “Nos decían que había que hacerlo online, pero yo no sabía cómo. Aunque sé leer y escribir, no es fácil en otro idioma”. La falta de apoyo institucional le obligó a buscar alternativas hasta que una red de voluntarios le ayudó a contactar con asistencia jurídica. Fue entonces cuando su situación empezó a cambiar. “Tuve suerte”, afirma. Destaca especialmente el papel de una abogada que le acompañó en el proceso. Gracias a ello, pudo formalizar su solicitud de protección internacional y ser derivado al sistema de acogida en Cáceres, donde llegó en marzo de 2024.

“Allí todo fue diferente”, explica sobre su experiencia en la capital cacereña. A través del programa de acogida, accedió a clases de español, formación y acompañamiento. “En otros centros éramos cientos de personas y apenas se aprendía. Aquí sí”. Con el idioma como base, comenzó a formarse en distintos ámbitos: logística, prevención de riesgos laborales y energías renovables. Hoy trabaja en la hostelería, en el bar Viña Grande, y contó con protección subsidiaria desde enero de 2025. “Ahora ya tengo todo en regla, trabajo y me pago todas mis cosas”, señala. Vive en un piso compartido con dos chicas jóvenes y asegura haberse integrado en la ciudad. “Cáceres es el lugar donde empiezo de nuevo, donde he construido mi vida”.

Racismo

Eso no significa que su camino haya sido fácil ni que haya estado libre de racismo. Relata el caso de una vecina que evitaba coincidir con él en el ascensor y le acusó de “quitar el trabajo” a sus hijos. “Le respondí que yo no tenía las mismas oportunidades que sus hijos, que nacieron aquí”, recuerda. La situación le afectó tanto que decidió mudarse. “Puede afectarte mucho psicológicamente y yo preferí irme de ese edificio”. Además de trabajar, Abasse colabora como traductor para ayudar a otros migrantes recién llegados. “Muchos no hablan español y necesitan apoyo”, explica. También ha retomado los estudios con la intención de reconstruir el camino que dejó atrás. “Quiero volver a estudiar. Ojalá medicina, pero sé que es difícil. Buscaré una opción que me permita vivir dignamente”. Su deseo más profundo es poder reunirse con su hermana, que sigue en Mali. “Es lo que más quiero”, dice. Y lanza una reflexión que va más allá de su caso: “Si hoy estoy integrado en Cáceres, es gracias a la ayuda que recibí de ACCEM. Me ayudaron y enseñaron cómo empezar de nuevo”.

La historia de Jessica López también rompe el cliché de quienes hablan de “efecto llamada” y “abusos del sistema”. Llegó a España sin conocer a nadie, con dos hijos menores y una decisión difícil a cuestas: abandonar Venezuela para garantizarles un futuro. “No fue fácil dejar a mi familia, pero sentía que tenía que hacerlo por ellos”, explica. En su país era docente universitaria, con doctorado y casi veinte años de experiencia. “Con todo eso, al llegar aquí, experimentas un choque total”. Aterrizó en Madrid sin información previa sobre los recursos de acogida. “No sabía que existían programas de apoyo para migrantes”, recuerda. La realidad inicial fue dura: dificultades para acceder a una vivienda, problemas para recibir atención sanitaria para su hijo —que había sufrido un accidente antes de viajar— y la imposibilidad de trabajar sin permisos. “Llegué a pensar en volverme”, admite.

Su situación comenzó a estabilizarse cuando fue derivada a Cáceres, donde accedió a un programa de acogida. “Ahí se me abrió todo”, cuenta. Gracias a ese apoyo pudo acceder a vivienda, orientación laboral y acompañamiento psicológico puntual. “Es fundamental, porque aunque hablemos el mismo idioma, el cambio cultural es fuerte: horarios, costumbres, todo”. Un año después de su llegada, Jessica forma parte de un programa de formación y empleo en el Gran Hotel Don Manuel. Trabaja actualmente como camarera de piso, dentro de un itinerario que incluye rotaciones por distintos departamentos del establecimiento. “En Venezuela yo pagaba para que me ayudaran a limpiar porque no tenía tiempo de hacerlo. Aquí he tenido que hacer incluso un curso para ello. Es un cambio grande, pero me adapto bien”, explica.

Su objetivo, sin embargo, sigue siendo ejercer su profesión. El proceso de homologación de títulos se ha convertido en uno de los principales obstáculos. “El doctorado tardó ocho meses en verificarse. La licenciatura puede tardar entre tres y cuatro años. Es demasiado tiempo”, denuncia. Mientras tanto, no puede trabajar en su ámbito. “Una viene preparada, con experiencia, con ganas de aportar, y se encuentra con muchas puertas cerradas”. También señala las dificultades administrativas para acceder al empleo en general: “Sin permiso de trabajo no puedes hacer nada, y conseguirlo lleva tiempo. Pero si acabas de llegar, ¿quién te da trabajo sin contactos?”. A estas barreras se suma la conciliación. Sus hijos, de corta edad, dependen exclusivamente de ella. “Me organizo como puedo: les dejo la comida hecha, una persona me ayuda a recoger al pequeño… todo es una cadena jumana para poder cumplir con el trabajo”.

En su relato también aparece alguna crítica velada al sistema de acogida. Otro de los puntos más delicados es el acceso a la sanidad en los primeros momentos. “Sin padrón o sin tarjeta sanitaria, no te atienden fácilmente. Mi hijo necesitaba atención y tuve que buscar alternativas por mi cuenta”, relata. Una experiencia que, según denuncia, contradice la idea de una sanidad universal plenamente accesible. Pese a todo, Jessica insiste en su actitud: “Yo no vine a vivir de ayudas. Vine a trabajar”. De hecho, recuerda que el parón inicial le resultó especialmente difícil en España: “Me decían que me lo tomara como unas vacaciones, pero yo no estoy acostumbrada a eso”.

Sobre su país, el diagnóstico es claro: “La situación está igual o peor cada día. Falta de luz, sueldos insuficientes, servicios precarios… no hay futuro”. Esa realidad, dice, sigue empujando a muchas personas a emigrar. Ahora, con 40 años, afronta una reconstrucción vital en un nuevo país. “Es empezar de cero, pero con dos hijos”, resume. Su mayor preocupación es el futuro inmediato: el final del programa de acogida. “Te dan 15 días para salir y es muy poco tiempo. Conseguir alquiler es muy difícil, sobre todo siendo madre sola”. Aun así, mantiene la determinación: “Si hay que empezar de nuevo, se empieza. Lo importante es seguir”.

Contra la propia región

Cuando se escucha a Abasse y a Jessica, cuando se miran los datos de empleo, de impacto económico, de convivencia, la consigna de “prioridad nacional” se revela por lo que es: un eslogan que ignora la realidad material de Extremadura. No es solo que sea injusto excluir a quienes huyen de la guerra, la violencia o el colapso económico. Es que, además, va contra los intereses de la propia región. Extremadura necesita manos para recoger la fruta, levantar andamios, atender a mayores, servir mesas, mantener servicios básicos. Necesita también talento, formación, proyectos de vida que quieran arraigar en la comunidad extremeña.

La migración, tal y como la muestra y demuestra el trabajo de Accem, no es una amenaza ni un gesto de buenismo: es una pieza central para construir un futuro mejor para todas las personas. Para las que vienen y para las que ya estaban. Un futuro en el que los bulos pierdan fuerza frente a los datos, y en el que las historias de humanidad de Abasse, de Jessica y de tantas otras personas se entiendan no como excepciones, sino como parte de la respuesta a una cuestión que Extremadura ya no puede aplazar: ¿Cómo quiere sostener su mañana una región que envejece, pierde población joven y necesita manos, talento y energía para seguir funcionando?

El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox para endurecer el acceso a ayudas sociales municipales y establecer la denominada 'prioridad nacional' en prestaciones públicas, después de que PP, PSOE y Unidas Podemos (UP) votaran en contra de la iniciativa en el pleno ordinario de mayo.

La propuesta defendida por el concejal de Vox Francisco Flores planteaba introducir criterios vinculados al arraigo, el tiempo de residencia y la contribución social para acceder a ayudas de emergencia y servicios sociales, además de reclamar medidas como la derogación de normativa estatal sobre inmigración y la repatriación de inmigrantes en situación irregular.

La moción ha quedado finalmente rechazada por 21 votos en contra y dos a favor (correspondientes a los ediles de Vox) después de que el PP decidiera desmarcarse de la iniciativa al no prosperar la enmienda presentada por el Grupo Popular para modificar gran parte de la parte dispositiva del texto.

El PP mantenía en su enmienda conceptos en la moción como el 'arraigo real', la 'prioridad nacional' o la vinculación territorial como criterios para acceder a determinadas ayudas y viviendas públicas, pero eliminaban las medidas más controvertidas del texto original, como la 'remigración', la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la supresión de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. Además, el PP quería sustituir parte del contenido por referencias a acuerdos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón.

Vox ha rechazado la enmienda al considerar que alteraba de forma sustancial el contenido original de la moción. Flores ha defendido que su partido no busca “titulares ni etiquetas”, sino “pensar en los vecinos de Cáceres” y en “los jóvenes que no pueden emanciparse”.

En este contexto, el portavoz municipal del PP, Ángel Orgaz, ha asegurado que su partido comparte que “el arraigo real, la contribución y la vinculación histórica con el territorio tengan peso” en determinadas ayudas públicas, aunque ha rechazado algunos de los principales puntos de la moción de Vox.

Orgaz ha explicado que el PP no podía respaldar medidas como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares o la eliminación de la asistencia jurídica gratuita. “Somos un partido humanista, europeo, liberal y reformista”, señaló el edil popular, quien añadió que “remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”.

El portavoz del PP ha defendido, además, que los criterios relacionados con el arraigo o el empadronamiento “ya existen” en distintas normativas autonómicas y municipales, incluidas algunas aprobadas por gobiernos socialistas, y reprochó a UP y Vox intentar “polarizar” el debate político desde posiciones opuestas.

Durante el debate, la concejala socialista Beatriz Cercas ha acusado a Vox de fomentar “el populismo del odio” y ha negado que exista un colapso de los servicios públicos en la ciudad. “No hay un colapso del sistema, no hay un colapso del padrón, no hay inseguridad en esta ciudad”, ha dicho.

Cercas ha defendido que la 'prioridad nacional' es incompatible con políticas de integración y ha advertido de que “cuando desde un ayuntamiento se dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia”. La edil socialista ha añadido que “donde empieza la prioridad por origen termina la igualdad”.

Por último, el concejal de UP Álvaro Jaén ha cargado duramente contra PP y Vox y ha acusado a ambas formaciones de promover decisiones “crueles” contra la población migrante. “No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos”, ha señalado durante su intervención. 

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes ha solicitado la creación de un nuevo centro de transeúntes en la ciudad, para lo que ha pedido “la máxima coordinación e interlocución” de las distintas administraciones.

Así lo ha manifestado a los medios el integrante de esta asociación tras mantener una reunión con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se enmarca especialmente en torno al “desalojo pacífico” de una veintena de personas de la estación de autobuses de Badajoz que tuvo lugar la semana pasada.

El colectivo ha pedido a la Delegación del Gobierno “la interlocución necesaria” con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz para que se cree un centro de estas características en la ciudad.

Desde este centro se derivaría a sus usuarios a las asociaciones implicadas o servicios precisos, por ejemplo en el caso de las personas inmigrantes solicitantes de protección internacional.

La asociación considera que Badajoz es una de las ciudades “donde menos recursos hay para personas sin hogar”, pues solo se cuenta con un centro, con 28 plazas, lo que es “manifiestamente insuficiente”.

El colectivo ha recordado que Cáceres, con menos habitantes que Badajoz, dispone de más centros que la capital pacense, de ahí la importancia de que las administraciones se coordinen y dialoguen para impulsar este tipo de dotaciones en la ciudad.

Ha defendido que esta situación “no tiene que ver con partidos políticos, sino que va de humanidad”, por lo que “se debe encontrar una solución a esta problemática”.

Por su parte, según José Luis Quintana, en el encuentro “ha quedado claro” que el desalojo producido en la estación de autobuses “no fue por una orden por parte de la Delegación del Gobierno ni de la Jefatura Superior de Policía Nacional”.

El delegado ha indicado que la creación de un centro para las personas sin hogar en Badajoz es competencia “de otras administraciones”, aunque la Delegación del Gobierno está abierta a “mantener conversaciones” con estas instituciones al respecto.

“Al Estado se le pueden pedir competencias que sean de su responsabilidad, aunque siempre colaborará lo que haga falta con otras administraciones en los ámbitos que sean competencia de éstas”, ha incidido. 

Vox llevará al pleno ordinario del jueves en el Ayuntamiento de Cáceres una moción con la que busca endurecer de forma drástica los criterios de acceso a las ayudas sociales para imponer el concepto de prioridad nacional en el reparto de las prestaciones públicas del ámbito municipal.

El texto de la iniciativa, que apunta directamente a las convocatorias de ayudas de emergencia y servicios sociales del consistorio, propone vincular el acceso a estos recursos a nuevos requisitos basados en el arraigo, el tiempo de residencia previo en el municipio y la contribución social de los solicitantes.

Para justificar esta medida, la extrema derecha, que el viernes permitió al PP aprobar los presupuestos locales, sostiene que el actual Estado del Bienestar atraviesa una “profunda crisis” que achaca a la gestión de los sucesivos ejecutivos estatales y a la “presión” de la inmigración. En su exposición de motivos, Vox asegura que el incremento de la población de origen extranjero —que sitúa por encima del 20% a nivel nacional en 2026— está afectando de forma directa a los servicios que presta el Ayuntamiento de Cáceres. No obstante, solo el 4,1% de los más de 96.000 habitantes de Cáceres es extrajero.

En concreto, la moción afirma que áreas básicas de la gestión municipal como los servicios sociales, el padrón, la seguridad y la convivencia ciudadana se encuentran tensionadas hasta “extremos insostenibles”. Asimismo, el partido asegura que el sistema actual favorece el acceso de los extranjeros a las prestaciones asistenciales y a la vivienda, lo que a su juicio genera dificultades añadidas para los “jóvenes y familias españolas”.

Ofensiva contra la legislación estatal

La propuesta municipal no se limita a las competencias estrictas del Ayuntamiento y se convierte en una enmienda a la totalidad de las políticas migratorias y sanitarias del Gobierno central. Vox utiliza el altavoz del pleno cacereño para arremeter contra el real decreto que regula el acceso a la sanidad pública de personas sin residencia legal y contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, dos medidas que considera responsables del aumento de la presión en los recursos públicos.

Por ello, la batería de acuerdos de la moción insta al Ayuntamiento de Cáceres a exigir al Gobierno de España que garantice por ley la prioridad de los ciudadanos nacionales en el acceso a programas de vivienda, ayudas de emergencia o pensiones no contributivas. Exige también la derogación de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y reclama su “repatriación inmediata”, además de la revocación de los últimos cambios en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

La iniciativa, que prevé reabrir el debate sobre la gestión de los recursos sociales y los discursos de exclusión en el consistorio cacereño, concluye con la petición de trasladar estos acuerdos, en caso de ser aprobados, al Gobierno central, a la Junta de Extremadura y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Vuelve la polémica. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido este martes con entidades de acogida y organizaciones incorporadas al registro de entidades colaboradoras del proceso de regularización masiva puesto en marcha en toda España para hacer un balance positivo del proceso. Pero también ha cargado contra la campaña de “bulos” y obstáculos administrativos en Zaragoza de la primera semana del proceso. Entidades sociales que trabajan sobre el terreno han denunciado además un supuesto “boicot” del Ayuntamiento en los primeros días del procedimiento, especialmente en relación con los trámites del padrón y los certificados de vulnerabilidad. Beltrán ha restado importancia a la reclamación del Ayuntamiento de Zaragoza de abonar los gastos derivados del proceso de regularización pero la reacción de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tardado en llegar y ha amenazado con posibles medidas legales si el gobierno central se desentiende de su petición.

Sobre los bulos generados, Beltrán ha criticado la “imagen distorsionada” generada al inicio de la campaña y niega que el proceso provoque un “efecto llamada”, al recordar que los solicitantes deben acreditar estancia en España desde finales del año pasado y al menos cinco meses de residencia previa.

Scarleth Castillo, miembro de la Asociación Nicaragua Libre y sindicato Osta, también ha puesto el acento en que muchas personas migrantes están llegando a las asociaciones “muy afectadas por el tema de los bulos”. Por ello, ha reclamado la colaboración de los medios de comunicación para transmitir tranquilidad y recuerda que el proceso “va a devolver dignidad” a personas que ya trabajan y viven en España.

Con respecto a la tramitación, Castillo no ha dudado en poner el acento en que el principal problema del arranque de la campaña procedía de la oficina municipal del padrón. “Yo personalmente digo que fue un boicot”, ha afirmado Castillo, al denunciar que el Ayuntamiento exigía inicialmente el certificado histórico del padrón cuando, según las entidades, bastaba con el volante de empadronamiento.

La representante social ha explicado que esta situación ralentizó el inicio del proceso y provocó que muchas personas acudieran a las asociaciones para solicitar certificados de vulnerabilidad que todavía no les facilitaba el consistorio. Aun así, asegura que la situación se ha estabilizado gracias al trabajo de difusión realizado por las entidades y considera que el procedimiento “ha cogido un ritmo muy bueno”.

El inicio del proceso comenzó con un cruce de críticas entre administraciones por las dudas iniciales del procedimiento a seguir, y que llevó al Ayuntamiento de Zaragoza a centralizar todos los trámites en la plaza del Pilar, provocando grandes filas de personas que se apostaban contra los muros del consistorio desde primeras horas de la madrugada. Las propias trabajadoras de los servicios sociales denunciaron la orden por la que se impedía a las juntas de distrito y centros sociales atender a los migrantes. Después, una vez ampliados los puntos de atención y calmada la situación, el tono se elevó al reclamar el Ayuntamiento de Zaragoza colaboración para atender el coste económico de la atención a migrantes. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha rechazado la polémica y la ha calificado de “más artificial que real”.

Beltrán ha reprochado al consistorio que plantee cálculos sobre el gasto derivado de atender a inmigrantes empadronados en la ciudad. “El Ayuntamiento de Zaragoza lo que está haciendo es atender zaragozanos”, ha afirmado, antes de añadir que distinguir “zaragozanos de primera, de segunda o de tercera” es algo que “no le cabe en la cabeza”.

También asegura que no existe ningún mecanismo para compensar mutuamente los gastos entre administraciones y recordó que el Gobierno de España despliega efectivos policiales en grandes eventos de Zaragoza sin reclamar posteriormente costes al consistorio.

Chueca: “no hay precedentes de este maltrato”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tardado en responder de forma airada y en anunciar posibles medidas legales. Considera una “falta de respeto institucional” y una “desvergüenza” que el Gobierno de la nación transfiera competencias a otras administraciones a través del decreto ley que decayó, “usurpando la voluntad del Congreso de los Diputados” y buscando “un atajo para actuar por detrás”. Además, ha recordado que los decretos deben ir acompañados de la correspondiente aportación económica para sufragar el gasto derivado de la transferencia de competencias. Por ello, considera que se trata de un “abuso” que el Ejecutivo admita que no se hará cargo de esos costes.

Llegados a este punto, Chueca ha respondido con los argumentos propios del PP en estos casos: “No hay precedentes en la España democrática de este tipo de maltrato a las administraciones locales. Aunque, viniendo del Gobierno de Pedro Sánchez, no me sorprende. Es un presidente que gobierna sin haber ganado las elecciones y apoyado por los herederos de ETA, que hace unos años mataban a antiguos compañeros de su partido y que ahora están siendo liberados en el País Vasco”, ha afirmado. “Y eso sin contar el despropósito de la financiación autonómica, con la que quiere privilegiar a sus socios independentistas catalanes. Obligarnos a asumir esta regularización de inmigrantes ilegales de forma precipitada, descontrolada y generando problemas en todas las ciudades me parece un despropósito”. Por todo ello, ha anunciado que estudiarán todas las medidas legales para que esto no se quede aquí y para que el Gobierno asuma su obligación legal de dotar económicamente a las instituciones a las que encarga estas competencias.

Asimismo, ha rechazado cualquier comparación con el coste de las actuaciones de la Policía Nacional o la Guardia Civil en la ciudad. “Que no se le ocurra comparar esto con que no nos pasan la factura de la Policía o la Guardia Civil cuando realizan una intervención en Zaragoza, porque sería demostrar un desconocimiento absoluto de las obligaciones del Estado español. Su obligación es atender en todo el territorio nacional. Solo faltaba tener que pedir permiso y pagar por ello”, ha señalado.

Con respecto a los gastos que supondrá la gestión del proceso, la alcaldesa de Zaragoza ha reconocido que no tienen ese dato todavía porque “hasta el 30 de junio no conoceremos la cifra exacta”. Sin embargo, sostiene que no se trata solo de los gastos, sino del respeto institucional y de respeto a la ley. “El Gobierno está menospreciando a las entidades locales, generando desigualdad entre españoles, privilegiando a unos frente a otros y, además, imponiendo por decreto ley un proceso sin dotación económica”, ha denunciado.

También ha criticado la forma de proceder del Ejecutivo central al no proporcionar información suficiente cuando implica a otras instituciones y ha puesto como ejemplo al presidente de Canarias con el barco del hantavirus. “Desde la FEMP hemos pedido reuniones hasta en diez ocasiones a la ministra de Hacienda y no hemos obtenido respuesta. En una reunión que mantuvimos antes de iniciar este proceso ni siquiera se trató este asunto y se dejó fuera del orden del día”, ha relatado.

A estas alturas de su queja, Chueca ha concluido que “así no se puede gobernar un país” y ha mostrado su esperanza en que se convoquen elecciones “y que los españoles puedan hablar libremente en las urnas, porque esto no es de recibo y así no vamos bien”.

Ante la avalancha “impuesta” por el gobierno -según la alcaldesa-, que provocó largas filas a las puertas del Ayuntamiento hasta que la presión ciudadana y de los propios funcionarios municipales obligó al equipo de Gobierno del PP a ampliar las sedes donde tramitar los informes de vulnerabilidad , Chueca ha asegurado que el Consistorio tardó “dos o tres días” en organizarse y que ya se han puesto en marcha medios y recursos extraordinarios, como horas extra y atención por las tardes, pese a la “falta de planificación”. A continuación, ha afirmado que “yo cumplo con mi obligación institucional y con la ley, porque no se puede actuar como el Gobierno de España, utilizando a las personas más vulnerables y a los inmigrantes a los que dejan abandonados cuando vienen a buscar un lugar mejor donde vivir. Nosotros no somos así y buscamos una solución”, ha manifestado.

Tras la implicación de numerosas asociaciones y trabajadores sociales, la alcaldesa se ha apuntado el tanto y ha asegurado que “todo se está gestionando con normalidad”, aunque ha admitido que “habrá personas que se queden fuera porque no cumplirán las garantías jurídicas exigidas”. Aun así, ha insistido en que “no hay ningún asunto que preocupe especialmente al Ayuntamiento”.

Primer balance del proceso

Scarleth Castillo ha relatado que las entidades no solo informan, sino que en muchos casos tramitan directamente las solicitudes y acompañan a personas mayores, con escasos conocimientos digitales o con dificultades idiomáticas. En Aragón participan cerca de 18 entidades en el proceso de regularización, coordinadas además con organizaciones de otros territorios y equipos de abogados especializados para los expedientes más complejos.

Entre las principales dificultades detectadas figuran el acceso a la cita previa y la obtención de documentación desde los países de origen, como Nicaragua, donde la obtención de certificados y antecedentes penales sigue siendo lenta y compleja. Muchas personas mayores o con escasa alfabetización digital dependen de familiares, intermediarios o profesionales para completar el trámite. Por nacionalidades, registran muchas solicitudes de venezolanos, además de marroquíes, hondureños, nicaragüenses y migrantes de África.

Por su parte, Carlos Vela, adjunto territorial de ACCEM en Aragón y Navarra, ha descartado que haya existido un volumen excesivo que haya desbordado a la entidad, además de que ya estaban preparados para asumir la tarea. “No ha sido ningún exceso”, ha reiterado.

Cuando lleguen las resoluciones, se verá si se necesita una revisión exhaustiva, pero recuerda que no todos necesitan certificado de vulnerabilidad, aunque se ponga el foco en este trámite. La entidad ha dado prioridad a los solicitantes de asilo mayoritariamente no necesitan certificado de vulnerabilidad. Tenemos identificados los perfiles y la situación individual de las familias.

En los primeros días ya se han atendido unas 200.000 solicitudes en toda España, sin que existan datos territorializados, aunque el Gobierno admite que todavía no existe una cifra consolidada de expedientes completos.

Fernando Beltrán ha indicado que algunas resoluciones provisionales ya han comenzado a emitirse en otros territorios, aunque en Aragón todavía no se ha comunicado ninguna favorable.

El delegado también ha explicado que el Gobierno ha reforzado el dispositivo de atención mediante oficinas de extranjería, oficinas de Correos y dependencias de la Seguridad Social, con capacidad prevista para hasta 750.000 atenciones, aunque se estima una demanda final de unas 500.000 solicitudes.

Fernando Beltrán ha calificado la iniciativa como “un proceso beneficioso” y ha defendido que permitirá regularizar a unas 500.000 personas que “ya están trabajando y viviendo en el país”. Se trata de personas “asentadas en nuestras poblaciones y territorios” que buscan “tener una vida digna”. Además, ha recordado el impacto económico de la última regularización en España, tras la que cada persona regularizada aportó alrededor de 4.400 euros anuales a las arcas públicas, reforzando la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Además, ha vinculado la medida con la lucha contra la explotación laboral. Como ejemplo, citó una reciente operación en Castellón en la que fueron liberadas unas 80 personas pakistaníes, nepalíes y subsaharianas que vivían “en un régimen de esclavitud laboral”.

La estación de autobuses de Badajoz dejó de ser anoche un refugio precario para convertirse en el escenario de una intervención policial. En torno a las 23:00 horas, la Policía Nacional procedió al desalojo de 17 personas migrantes que pernoctaban en las dársenas del recinto, ya que el resto de instalaciones se cierran por la noche y no pueden ser usadas.

Sin embargo, en delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha aclarado que estas personas “se fueron voluntariamente” después de que la Policía Nacional las identificara.

Según han confirmado colectivos sociales que siguen de cerca la situación, el desalojo se llevó a cabo sin que mediara ningún incidente previo. Los afectados utilizaban las dársenas de la estación como última opción ante la falta de plazas en albergues y centros de emergencia, una carencia estructural que la ciudad arrastra desde hace meses.

“No han dado problemas”

La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) ha exigido explicaciones urgentes a la Delegación del Gobierno. Desde el colectivo consideran “incomprensible” que se fuerce la salida de estas personas cuando muchas de ellas se encuentran en pleno proceso de regulación administrativa. “La Delegación tiene que dar una respuesta. No ha habido ningún problema con estas personas que están viviendo allí”, denuncia Pedro Carrasco, miembro de Acibapem. “El sistema actual no tiene capacidad de alojamiento y lo que se ha hecho es, sencillamente, dejar a gente que no tiene dónde dormir en la calle lloviendo. Así que entre todas las instituciones deberían encontrar una solución para estas pocas personas en situación de calle”.

Lo ocurrido en Badajoz no es un hecho aislado. En el último año, diversas capitales han optado por la vía policial para gestionar la presencia de personas sin hogar en infraestructuras de transporte, a menudo priorizando la “imagen” de las instalaciones sobre el auxilio social.

“No ha habido orden de ningún tipo”

José Luis Quintana ha desmentido que la Delegación del Gobierno hubiera dado orden para el desalojo de las personas sin hogar y ha explicado que el vigilante jurado de la estación de autobuses, espacio sobre el que tiene competencia la Junta de Extremadura, llamó a la Policía Nacional para informar de que una serie de personas querían pernoctar allí. Tras este aviso, acudió al lugar una patrulla policial que “simplemente las identificó” y, posteriormente, estas personas abandonaron “voluntariamente” el recinto.

Por lo tanto, según Quintana, no había “ninguna orden de ningún tipo, ni de desalojos ni de nada” y ha atribuido las consideraciones al respecto como “conclusiones retorcidas”.

Además, ha recordado que las competencias que el Gobierno central tiene al respecto son las de facilitar alojamiento a las personas que están en trámite de pedir asilo. 

Representantes de entidades sociales y de la Delegación del Gobierno en Extremadura se han reunido este lunes para abordar la evolución del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, un encuentro en el que se ha atestiguado que el proceso avanza sin grandes dificultades en la comunidad autónoma.

La responsable territorial de la asociación Accem, Mar García Navarro, ha explicado a los medios tras la reunión que “el proceso está fluyendo en general” en Extremadura. Aún sin datos concretos en relación con las personas que ya han regularizado su situación en Extremadura, la cita ha servido para confirmar que “se asegura que el procedimiento pueda realizarse por todos los ciudadanos interesados” y que, “si hay algún elemento donde cualquier colectivo encuentre dificultades, todas las entidades se apoyarán para resolverlos”, ha señalado. A su vez, ha destacado que los cauces de colaboración con la Delegación del Gobierno se han fortalecido aún más.

Uno de los principales problemas hallados al inicio del proceso fueron las dificultades encontradas por los usuarios para obtener el certificado de vulnerabilidad a otorgar por parte del Ayuntamiento de Badajoz. Según García Navarro, ya “se ha agilizado la situación en general en la ciudad”.

El presidente de la Asociación Migrante Obrera de Extremadura, Alejandro Peña, ha afirmado que tras alertarse de que el proceso para obtener estos certificados estaba “estancado” en Badajoz, en torno “al 4 de mayo los Servicios Sociales municipales comenzaron a llamar a las personas que solicitaban estos certificados y en la actualidad se cita a ciudadanos todos los días”.

Peña ha agradecido el apoyo de los medios de comunicación para que “la situación se agilizase y se pueda salir del cuello de botella” que existía en la capital pacense.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado por su parte que “sean las propias asociaciones quienes trasladan” la evolución que experimenta hoy este proceso en la región.

“Hay que agradecer el compromiso existente de todas estas asociaciones en este ámbito, colectivos que deberían ser escuchados por todas esas voces que denigran a estos ciudadanos” que se acogen actualmente a este proceso de regularización, ha dicho Quintana. 

El PSOE de Extremadura ha preguntado a María Guardiola “qué tiene que decir” tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que “el Derecho de la UE no contempla la duración de la estancia en el territorio de un Estado miembro como un criterio para la concesión de las prestaciones” para los beneficiarios de protección internacional.

La corte, con sede en Luxemburgo, se expresó así sobre un litigio iniciado en Italia por el que se le retiró una ayuda social y de inserción laboral a una persona beneficiaria de protección subsidiaria por no cumplir el requisito de diez años de residencia en el Estado miembro.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha asegurado en un comunicado que esta resolución europea “confirma las serias dudas de legalidad” que ya advirtieron desde el primer día sobre el pacto firmado entre PP y Vox“.

“Ya dijimos que ese acuerdo incluía planteamientos incompatibles con el derecho europeo y hoy la justicia europea nos da la razón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que exigir años de arraigo para acceder a ayudas sociales es discriminatorio e ilegal”, ha afirmado González Andrade.

El portavoz socialista ha señalado que ahora la presidenta de la Junta “debe explicar si piensa seguir aplicando y defendiendo medidas inspiradas por Vox que chocan frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación que protege la Unión Europea”.

En ese sentido, González Andrade ha avisado de que el PSOE de Extremadura va a mantenerse “muy pendiente” de cada decisión que adopte el Gobierno autonómico porque “el principal problema que tiene esta legislatura es que la señora Guardiola está obligada a cumplir un pacto impuesto por Vox”.

“Algunos decían que exagerábamos cuando alertábamos de las consecuencias de ese pacto, pero hoy vemos que no era así”, ha añadido el portavoz socialista, quien ha anunciado además que el comité jurídico del PSOE de Extremadura “ya está estudiando todas las implicaciones que puede tener esta sentencia sobre las iniciativas y compromisos asumidos por la Junta de Extremadura de Guardiola”.

Para el PSOE de Extremadura, esta región no puede gobernarse desde la discriminación ni desde políticas que vulneren derechos fundamentales o entren en conflicto con el derecho europeo, por lo que el portavoz socialista ha reclamado a Guardiola que “abandone cualquier planteamiento inspirado por la extrema derecha que ponga en riesgo la igualdad de acceso a los servicios y ayudas públicas”.

El litigo en Europa

Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraron que el umbral mínimo de diez años de residencia para tener acceso a ayudas sociales constituye una “discriminación indirecta” hacia los beneficiarios de protección internacional porque “aunque se aplica por igual a todas las personas (sean beneficiarios de ese estatus o nacionales del propio Estado), afecta principalmente a los no nacionales”. Para la Justicia europea, esa “diferencia de trato no está justificada” y “constituye una discriminación indirecta prohibida por el Derecho de la Unión”.

La prestación que le fue retirada al beneficiario de protección internacional en Italia, llamada “renta garantizada de ciudadanía”, combinaba tanto prestaciones sociales como un programa de inserción profesional. Los jueces europeos sentenciaron que tanto la medida de acceso al empleo como la prestación social básica están sujetas al “principio de igualdad” entre los beneficiarios de protección internacional y los nacionales.

La Justicia europea consideró, además, que ese requisito de diez años de residencia “no está objetivamente justificado” por el hecho de que esa concesión suponga, según el Gobierno italiano, “una carga administrativa y económica considerable, lo que a su entender justifica reservar esta concesión únicamente a las personas bien integradas en la comunidad nacional”.

La Red de Apoyo y Cuidados de Delicias, junto con un gran número de entidades del barrio (Fundación Cruz Blanca, YMCA, AMPAs...), organiza por segundo año consecutivo un acto lúdico y reivindicativo que tendrá lugar este viernes 8 de mayo.

Bajo el lema 'Delicias, orgullo de barrio. Más recursos para el barrio más poblado', un pasacalles reivindicará la dignidad del barrio: el derecho a la vivienda, a la educación y la atención sanitaria y a unos servicios públicos de calidad. Igualmente, alza la voz contra la criminalización, el estigma y el abandono institucional que sufre el barrio.

Delicias es el barrio más poblado de Zaragoza, con casi 100.500 vecinos, con un 40% de índice de juventud y un 28% de población migrante. Es un barrio vivo, dinámico y multicultural que implica a 260 asociaciones registradas.

En el manifiesto que leerán la tarde del viernes explican que alzan la voz por un barrio que merece mucho más de lo que está recibiendo. “Hablamos de abandono institucional cuando vemos cómo la vivienda se deteriora y se vuelve inaccesible para la mayoría de nuestras familias y cuando los servicios públicos no llegan con la calidad que necesitamos. No puede ser que vivir con dignidad dependa del código postal”.

Por ello, reivindican que el barrio “merece que nuestros centros sociosanitarios y educativos estén provistos de recursos, tanto materiales como humanos. No somos ciudadanos de segunda, somos un barrio obrero que se enorgullece de serlo y que reivindica unos recursos de calidad, a los que todos nuestros vecinos y vecinas puedan acceder sin demora y de manera sencilla. Nuestra fuerza es recuperar lo comunitario, trazar puentes entre nosotras para defender y mejorar nuestros servicios públicos que son la herramienta imprescindible para garantizar los derechos. Porque lo público no se vende, ¡¡¡se defiende!!! Porque ninguna persona es ilegal y todas hacemos barrio”.

Sin embargo —recuerdan—, “nuestro barrio está lamentablemente lleno de ejemplos de lo que podría ser y no es, de cómo las instituciones ven los barrios como una oportunidad de inversión y despilfarro que luego se deja morir. En Delicias necesitamos espacios reales construidos y habitados por la gente del barrio. Necesitamos que se deje de eliminar la poca naturaleza que hay en nuestras calles para llenarlo todo de asfalto. Necesitamos espacios donde encontrarnos, jugar, descansar y refugiarnos del calor, del frío y del viento sin estar obligadas a consumir”.

En este contexto, el colectivo considea imprescindible apostar por más espacios culturales y de ocio para la gente joven en los barrios y dicen no a los cierres y recortes en las Casas de Juventud. “Apostar por las Zonas Jóvenes es apostar por el presente y el futuro del barrio, y eso pasa por garantizar salarios y horarios dignos para quienes las sostienen cada día. Porque cuidar a la juventud es cuidar las Delicias”.

Al mismo tiempo, denuncian que el barrio sufre una fuerte criminalización, especialmente dirigida hacia la población migrante. Pero recuerdan que Delicias es y siempre ha sido un barrio de migrantes, desde la gente que llegó de los pueblos a la gente que ha cruzado el mar para buscar una vida mejor. “Sin embargo, a algunos les interesa generar odio, sobredimensionar los conflictos que existen en el barrio y asociarlos a la realidad migrante y empobrecida de Delicias. Haciendo esto protegen los intereses de unos pocos, que nos venden medidas de vigilancia y control, que solamente empeoran las condiciones de la mayoría, de la clase trabajadora, manteniéndonos divididos y desorganizados ante todos los problemas que nos afectan, los cuales no son individuales ni están aislados”.

Pero Delicias no es solo lo que falta. Delicias es también todo lo que resiste. Es un barrio con una red vecinal fuerte, bien conectado, diverso, vivo y lleno de historias y de convivencia. Por ello, confian en su potencial y su fuerza y exigen vivienda digna, servicios públicos de calidad, calles limpias, espacios verdes y de convivencia y un trato igualitario que deje de estigmatizar.

Entre las 17.30 y las 20.30 h de este viernes, el pasacalles recorrerá el barrio con música y cánticos desde el Parque Castillo Palomar, pasando por Avda Navarra, Paseo Calanda, Avda Madrid, Calle Delicias, Duquesa Villahermosa y Vía Universitas, para terminar en la puerta del parque Delicias.

La Red de Apoyo y Cuidados de Delicias, impulsora de este pasacalles, está formada por vecinos y vecinas del barrio que se vienen organizando desde el confinamiento de 2020, como red de apoyo mutuo antes situaciones de precariedad y vulnerabilidad, y como punto de encuentro para acciones comunitarias en el barrio. Este mes de marzo ha cumplido su 6° aniversario.

La población española residente en Extremadura se redujo en 1.152 personas en el primer trimestre de 2026 respecto al cierre de 2025, mientras que la población extranjera aumentó en 1.157, lo que permitió que la región ganase cinco habitantes en el período de referencia hasta situarse en 1.055.347 el 1 de abril, según la Estadística Continua de Población.

De acuerdo a estos datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española residente en la comunidad extremeña asciende a 1.002.750 y la extranjera a 52.597.

Si se compara con los datos a 1 de abril de 2025, Extremadura suma 2.153 residentes en el último año cuando la población era de 1.053.194, nuevamente gracias al empuje de la población extranjera. Esta se ha incrementado en 4.746 personas en el último año frente al descenso de la española en 2.593 personas. 

Por sexos, del total de población en la región, 533.723 son mujeres y 521.624 hombres. 

A 1 de abril de este año la provincia de Badajoz alcanza una población de 666.771 personas, 277 residentes más que al cierre de 2025, y la de Cáceres de 388.576, lo que supone 272 menos.   

En Extremadura al finalizar el primer trimestre del año hay 449.918 hogares, de los que en 142.804 solo vive un residente, 132.687 formados por dos miembros, 86.704 por tres y 87.723 por cuatro o más miembros. 

En el conjunto nacional, la población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año, un 0,20% más que a final del 2025, y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026 -el máximo de la serie histórica-; y en términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 459.462 personas.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).