Rashid llegó a España hace tres años. En Argelia, su país de origen, pudo ahorrar lo suficiente para pagar a una mafia que le permitiera subir a una patera. Llegó a Almería. Ahora, con 21 años, vive en Pamplona en una tienda de campaña junto a otras personas con una situación parecida —por no decir idéntica—. El asentamiento, compuesto por unas 25 tiendas entre maleza, residuos, una colonia felina e incluso ratas, vive bajo la amenaza constante de desalojo por parte del Ayuntamiento de Pamplona, que hoy a las 11 de la mañana les había “dado un ultimátum para irse”, según han asegurado desde los colectivos que los atienden. “Yo vivo aquí en la tienda y estudio todos los días. También juego al fútbol, voy al gimnasio. Hago muchas cosas bien”, asegura el joven argelino en un español que todavía tambalea un poco.

“Queremos denunciar a un ayuntamiento [de EH-Bildu] que, aunque se llame progresista y de izquierdas, está haciendo política de derechas. ¿En qué se diferencia esto con Badalona, con la política del PP? ¿O del PNV en Bilbao? ¿En qué se diferencia esto con la política de UPN, que en el año 2023 también desalojó el convento de Agustinas?”, ha expresado Teresa González, portavoz de los colectivos que atienden a estas personas. “Son políticas que hemos de repulsar y que se han de recriminar. No vale con mirar a otro lado y hacer como que no existen”.

La activista ha denunciado que este lunes el Ayuntamiento de Pamplona, de EH-Bildu, ha “retirado las pertenencias” a algunos inmigrantes asentados por las inmediaciones del frontón de Aranzadi, y que estas “han acabado en los contenedores”. “Se están conculcando en Pamplona, en Navarra, derechos humanos básicos. Les han dejado con lo puesto”, ha afirmado, y ha enumerado objetos como “mantas, todas las cosas que tenían para llevar una cierta higiene” como “jabón, pasta de dientes, cepillos...” como algunos de los objetos requisados. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, sin embargo, han justificado la práctica como “una cuestión de seguridad”.

“Se han retirado los asentamientos cercanos a los cauces del Arga, aquellos que estaban localizados en zonas inundables y en los que no se puede asegurar la seguridad y la integridad de las personas que allí pernoctan cuando llega la época de lluvias”, han afirmado a preguntas de este periódico. Según explican, a aquellas personas asentadas se “les ofreció cobijo en los recursos que Acción Social tiene a su alcance y que garantizaban una solución habitacional transitoria”. Además de avisarles “con margen suficiente”, aunque “hay quien no atendía a lo que se les estaba comentando a pesar de la insistencia del equipo educativo y los agentes”.

Previsiblemente, aunque desde el Consistorio afirman que “no se desaloja a nadie”, admiten que se van a “acometer un proceso de limpieza de determinadas zonas del ámbito fluvial y mantener vigilancia en aquellas sobre las que existe riesgo para la seguridad” de estas zonas inundables. Además, defienden que se dio la opción a que estas personas recogieran sus pertenencias, aunque admite que, quizá hubiera quienes no lo hicieran porque “no atendían” a lo que se les advertía.

“No creemos que sea una forma de abordar el sinhogarismo”, ha denunciado la portavoz de los colectivos que atienden los asentados en Aranzadi. Además de invitar a que la sociedad se ponga “manos a la obra con un programa que trabaje por la integración de todas estas personas” si se quiere calificar así misma como “de progreso”. “Nadie les brinda una solución y no es porque el Gobierno de Navarra no tenga recursos”, ha señalado González apoyándose en los 575 millones de superávit que registró correspondiente al ejercicio de 2025. “Solo se destina 5 millones al sinhogarismo en Navarra. Si hubieran duplicado ese presupuesto, quizá todas estas personas podrían dormir en una cama”, ha expresado.

Las críticas también se han dirigido de forma directa al Consistorio pamplonés, al que han acusado de tener “camas vacías” y “pisos cerrados”. “Pamplona tiene recursos”, ha afirmado la activista que traslada la denuncia a la que se han adherido asociaciones como París 365, PIN (Punto de Información al Migrante), Asociación Salhaketa, Derecho a Techo, SOS Racismo, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Apoyo Mutuo, Steilas, CGT o Solidari. Sin embargo, a preguntas de este medio, el Ayuntamiento de Pamplona ha negado rotundamente que haya “albergues municipales sociales con camas vacías” y según la ordenanza, es decir, “lo que el Ayuntamiento, con los recursos que tiene, puede ofrecer”, solo pueden disponer de tres noches de pernocta con las necesidades básicas cubiertas.

La mayoría de estas personas vivían en el viejo convento de las Agustinas Recoletas hasta abril, cuando fue desalojado. Entonces, el Ayuntamiento de Pamplona afirmó haber atendido a 98 personas que pernoctaban en el lugar para realojarlas. Sin embargo, los activistas y asociaciones los cifraban en 140. “Para hoy había otra vez una orden de desalojo a los chicos. Les habían dicho que se tenían que ir hoy para las 11 de la mañana y que, el que quisiera, podía tener billete para irse fuera de Pamplona”, ha afirmado González. Respecto a “este servicio”, el Consistorio defiende que está a “disposición” de las “personas sin recursos para poder desplazarse por los motivos que consideren oportuno” y que simplemente “se informa” sobre este.

El perfil de personas asentadas al rededor del frontón de Aranzadi, es muy variado, aunque predominan los hombres de entre “18 y 60 años”. “Hay personas mayores y enfermas viviendo aquí”, ha denunciado González. Según ha explicado, en el caso de las mujeres se les procura dar “alguna alternativa habitacional (aunque sea de urgencia, como una bajera)”, pues además del “deterioro de vivir en situación de calle”, están expuestas a “a agresiones” sexuales. “Esta administración pública que dice defender los derechos de las mujeres, tampoco lo hace en este caso”, ha acusado.

A pesar de la situación, el Ayuntamiento defiende que “Pamplona es probablemente la ciudad más solidaria del Estado”. “En tres años se ha casi triplicado el presupuesto destinado a atender a las personas en situación de calle (hasta llegar a los 3,6 millones), pero los recursos municipales son limitados”, han afirmado. Consideran que no es “un problema de sinhogarismo”, sino parte de los “movimientos migratorios” que se desarrollan “a nivel mundial”. “Pamplona no tiene la capacidad para asumir, desde lo local, las soluciones a un problema que es global”, replican.

“No hay 'efecto llamada', hay 'efecto necesidad'”, ha asegurado la activista, y ha señalado que “los países de donde vienen todas estas personas tienen unos déficits tan grandes” que las personas que emigran solo “buscan otro lugar donde vivir, donde proyectar una vida con una mejor calidad de vida”. “[Buscan] un trabajo y derechos democráticos. Las personas gays vienen a buscar derechos aquí porque en sus países no se les reconocen. Hay mujeres que [huyen de sus países] para no ser obligadas a casarse con personas de muchísima mayor edad y ser vendidas por sus familias”, ha expuesto como parte de las “muchísimas razones que traen aquí a todas estas personas”.

“Como mínimo necesitamos un censo. Lo que deberíamos hacer sería conocerlas, conocer sus historias. Saber sus proyectos de vida para ver qué es lo que quieren hacer con su vida y cómo podemos ayudarles. Es lo mínimo que se debería plantear desde este Gobierno y desde este Ayuntamiento”, ha pedido González con Rahid al lado. El joven dice estar estudiando un “curso de jardinería” tras haber hecho “uno de fontanería” y, aunque puede pedir ayudas para el alquiler, necesita primero un arrendatario. “Cuando ven que soy 'moro' te dicen que 'no'”, explica a los medios presentes.

“Si estuvieran empadronados una trabajadora social podría ayudarlos” y por ello “se les niega”, se queja la activista. En los últimos tres años, se han conseguido empadrona a más de 800 personas en los servicios sociales de Pamplona. Las personas en situación de calle, “pueden acceder al empadronamiento social”, trasladan desde las instituciones municipales. “Aquí hay muchas personas que buscan trabajo. Un chico me contó que a final de mes le habían dado 500 euros. Le habían pagado 25 euros al día por seis horas de trabajo del pimiento en el campo. Por supuesto, sin seguridad social o contrato. Pero están dispuestos a hacerlo porque quieren trabajar”, ha añadido González.

Varios migrantes, algunos aparentemente menores, dormían en las calles de la barriada ceutí del Mixto, junto a las Murallas Meriníes, cuando cinco militares se acercan y les exigen que se vayan de allí. En un momento en que han sido desalojados todos los asentamientos improvisados y los migrantes que continúan en situación de calle sin plaza de acogida ya no saben dónde pasar la noche, la mayoría de migrantes, somnolientos, empiezan a recoger las mantas. Uno de ellos no reacciona con la agilidad exigida y es abofeteado en tres ocasiones por dos de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La escena ha quedado reflejada en un vídeo difundido por vecinos ceutíes, que recoge una nueva agresión de militares a un migrante. En concreto, las imágenes muestran varias bofetadas propinadas con fuerza por parte de dos soldados a un chaval marroquí aparentemente menor que dormía junto a otros compañeros cerca de las Murallas Meriníes, en la barriada ceutí del Mixto.

Los tortazos captados por la grabación se producen en el marco de una intervención de una patrulla perteneciente al Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Según uno de los vecinos que ha difundido el vídeo, los hechos se produjeron durante la noche del lunes al martes. En la actuación, cinco soldados despertaron a varios migrantes, a los que exigen que recojan sus cosas y abandonen la zona. Uno de los uniformados empieza a elevar el tono contra uno de los migrantes que permanece en el suelo, en el lugar donde dormía, se desconoce si por rebeldía o porque aún estaba dormido.

“¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!”

“Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, dice uno de los militares hacia el suelo, donde se encuentra el chaval. Le habla en dariya, el dialecto marroquí. “¿Me está hablando a mí?”, reacciona el chico. “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”, responde uno de los soldados.

Uno de los militares que habla dariya se dirige a él con cada vez más agresividad debido, según las palabras del uniformado, la supuesta pasividad del chaval. “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”, le dice el soldado. El chico se empieza a levantar, pero el uniformado acaba agrediendo al joven por la supuesta manera en la que le miraba: “Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!”, le grita antes de soltar la primera bofetada. “Me voy a cagar en tu madre”, añade en dariya.

Después del primer tortazo, el militar vuelve a exigir al chaval que “no le mire” antes de pegarle de nuevo. “No te he hecho nada”, dice el chaval marroquí. “¡Venga, sígueme! ¡Venga, sígueme! ¡Sígueme! No tenéis sangre en las venas, sois unos desganados”, espeta el efectivo de los Regulares. Mientras insisten al migrante en que “si no sabe el árabe” o si “no entiende” al militar que acaba de abofetearle, el agredido insiste: “No he hecho nada, no he hecho nada. No me toques”.

“¡Venga, toma por culo de aquí!”, grita el uniformado, que vuelve a abofetearle. “¡Venga, toma por culo ¡Levántate! ¡Venga, sal de aquí! ¡No me mires! ¡No me mires!”.

Mientras el migrante golpeado ya se aleja del lugar donde se encuentran los solados, el militar continúa: “¡No me mires! ¡Y todavía sigues haciéndote el chulo, ¡Venga, sal de aquí!”, añade al tiempo que el migrante salta un vallado para alejarse de efectivo de las Fuerzas Armadas. “¡No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra [humillación, represión]”.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Como parte de este trabajo, este medio también ha verificado y publicados varios vídeos que confirman parte de la violencia que describen las personas entrevistadas.

Previamente, elDiario.es publicó los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos, así como varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento.

La semana pasada, este medio también reveló una serie de audios en los que puede se escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones. El Ministerio de Defensa ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía esta investigación.

Ayman tiene 16 años y lleva todo el día esperando frente a la comisaria del centro de Ceuta. No es la primera vez que intenta acceder a estas dependencias policiales. El joven asegura que lo ha hecho, al menos, en tres ocasiones, pero ninguna ha terminado como esperaba. “Me han dicho que no cogen más huellas, que ya están llenos los centros”, explica. Mientras aguarda una nueva oportunidad, uno de sus amigos le enseña unos vídeos del operativo de limpieza que se está desplegando en las naves del Tarajal. Allí, hasta esta mañana, guardaba la poca ropa que le quedaba y un lugar en el que resguardarse durante las noches. Ahora, según cuenta a este medio, no tiene ninguna de las dos cosas. “No sé qué hacer, no sé dónde voy a dormir”, reconoce. 

El adolescente, natural de la localidad marroquí de Assilah, cuenta que ya ha tenido que dormir en la calle en otras ocasiones en Marruecos. “Estoy acostumbrado”, reconoce, aunque insiste en que su situación en Ceuta es ahora mucho más difícil. A su alrededor hay otros jóvenes que también esperan poder acceder a los trámites de filiación, pero Ayman decide alejarse del grupo. Piensa que, si se presenta solo, quizás tenga más probabilidades de ser atendido. “Somos muchos, hay muchos menores que estamos en la calle”, explica. Cuando se le pregunta dónde pasará la noche, no sabe qué responder. Es el quién termina haciendo las preguntas. “¿Dónde es más seguro?”, plantea. Después, ante la falta de alternativa, añade: “Buscaré algún sitio tranquilo”. 

Ayman es uno de los menores marroquíes que, tras el operativo desplegado el pasado domingo por la Policía Nacional en los asentamientos informales de Ceuta (tanto en las naves del Tarajal como en otros puntos de la ciudad como el barrio de Rosales o Regulares), se ha quedado en la calle sin una alternativa de acogida. Todos han sido trasladados en autobuses hasta las dependencias policiales con la expectativa de iniciar los trámites de filiación que les permitirían acceder al sistema de protección de menores. Sin embargo, según relatan a elDiario.es varios de los afectados, no han llegado a ser filiados porque no aceptaban a más personas y han tenido que regresar al mismo lugar del que habían sido desalojados horas antes. 

Ahmed mira como avanzan las excavadoras y el operativo de limpieza en la parte superior de las naves del Tarajal que, para cuando el joven ha vuelto al lugar, ya habían retirado las tiendas de campaña, las mantas y las pertenencias que formaban el asentamiento donde muchos llevaban más de dos meses durmiendo. “Toda mi ropa estaba ahí [dice mientras señala uno de los costados de la explanada] y ahora solo tengo esto [insiste mientras señala la ropa que lleva puesta]”. Unos pantalones cortos, unas chanclas medio rotas y una sudadera. Nada más.

Islam, de 17 años, creyó que el autobús le llevaría a un centro de acogida. Llevaba semanas durmiendo en las naves y, al ver llegar los vehículos, pensó que la Policía iba a identificar a los menores para facilitar su entrada en el sistema de acogida. Pero, cuando llegó a las dependencias policiales, asegura que le negaron el acceso. “Han pasado muchos de los chicos que venían con nosotros en el bus, o que dormían también en las naves del Tarajal”, explica a este medio. Cuando ha llegado su turno le han dicho: “Ya está. No vamos a coger más huellas”. Mientras tanto, Haitam, también de 17 años, y la persona con la que compartía tienda de campaña, sí que ha entrado en el recurso. “No entiendo nada”, insiste. 

De regreso al Tarajal, Islam contempla cómo las máquinas retiran lo que hasta unas horas antes era su refugio. “¿A dónde voy a ir ahora? Nos hemos quedado en la calle”, repite. A su alrededor, otros jóvenes se hacen la misma pregunta. Entre ellos está Mohammed, de 17 años, que tampoco ha conseguido iniciar la filiación, según cuenta. El grupo emprende el camino cuesta arriba hacia la barriada del Príncipe. Dicen que intentarán dormir allí, aunque ninguna sabe todavía en qué lugar ni cómo se resguardarán del frío de las noches. 

Ayoub, también de 17 años, recuerda la alegría que sintió al subir al autobús. “Pensaba que iba a entrar, pero no”, explica. En el bolsillo conserva uno de los carteles identificativos como menor preparados por organizaciones en el terreno para este tipo de operativos y, junto a él, una copia de su acta de nacimiento. Es de Castillejos y ha perdido las mantas con las que se protegía por las noches. Ahora están, según relata, entre los montones de restos que la excavadora lanza sobre uno de los camiones. “Me he quedado sin nada y ahora hace más frío por la noche”, insiste. 

Durante la jornada del domingo, las tormentas han dejado abundantes lluvias sobre Ceuta. Ayoub mira al cielo y pregunta si va a volver a llover. Pide que alguien consulte la previsión meteorológica en su teléfono. Para el joven, la posibilidad de pasar otra noche a la intemperie se ha convertido en una preocupación más. 

También Haytham se ha quedado sin un lugar al que regresar. Dormía en la parte inferior de las naves del Tarajal, cerca de una familia con un bebé recién nacido, al que había ayudado a cuidar desde su nacimiento. “Nos llevaron a la comisaría, pero no han aceptado la foto que tengo en el móvil de mi documento nacional de identidad”, revela. Ahora, y con el objetivo de encontrar una solución para entrar en un recurso de acogida, explica que le va a pedir a un familiar que intente hacerle llegar la copia original a través de la frontera. Hasta entonces, sigue sin saber dónde pasará la noche. “Me da miedo la noche. He vuelto aquí pensando que podíamos recoger alguna de nuestras ropas, pero no”, lamenta mientras observa cómo avanza la limpieza.

El desalojo de las naves del Tarajal forma parte de un amplio dispositivo desplegado este pasado domingo en distintos puntos de Ceuta, con más de 350 agentes de la Policía Nacional. Los policías agruparon a las personas migrantes y las condujo en autobuses hasta la comisaria para iniciar la filiación. Sin embargo, los menores entrevistados por este medio aseguran que regresaron sin ser filiados y sin una plaza de acogida. Al término de la jornada, no solo continuaban en la calle, sino que también había desaparecido el lugar en el que llevaban meses durmiendo. Ahora vuelven a buscar otra noche llena de preguntas, sin respuestas y, esta vez, en un lugar nuevo, sin la certeza de que no vuelva a ocurrir lo mismo.  

El Gobierno de Juanma Moreno acaba de suspender las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG de Andalucía –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar.

Son las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

En una reciente reunión, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, ha confirmado a estas tres ONG que “no prorrogará ni habrá una nueva licitación” del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía, que proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas: 132 plazas gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.

Se da la circunstacia de que el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida que gestiona la ONG Inserta eran inmigrantes, más del 60% en el caso de la Fundación SAMU y el 45% entre los usuarios de Cruz Roja, según los datos proporcionados por las tres organizaciones.

El Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”. El término impuesto por la formación ultra, y asumido desde el principio por el PP andaluz, implica que determinadas prestaciones y ayudas públicas de la Junta deben beneficiar antes a los ciudadanos españoles que a la población inmigrante.

Los dirigentes de Vox, de hecho, exigieron “revisar y eliminar” todo lo que consideran “gasto superfluo” de la administración, incluyendo subvenciones a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación. En el marco de la prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal viene difundiendo desde hace años que “a los inmigrantes se les dan pisos gratis y trabajo, mientras los españoles no tienen”.

Desde la Consejería de Servicios Sociales niegan haber dado una “orden directa” de cancelar este programa para personas sin hogar y, “en ningún caso”, vinculan la decisión de suspender las ayudas con el pacto con sus socios de Gobierno. “El programa se extingue ahora, una vez se evalúen los resultados del mismo, ya se verá luego”, advierten.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar tenía dos años de vigencia (2023-2024), con varias prórrogas aprobadas por parte de la consejería hasta finales de 2026 (la última, el pasado mes de julio, recién firmado el pacto PP-Vox), y expira el próximo 20 de diciembre, de modo que ese día todas esas personas “estaban obligadas a abandonar los pisos y quedarse en la calle en pleno invierno”, coinciden fuentes de las tres organizaciones consultadas por elDiario.es.

El propósito de este programa era dar alojamiento temporal a personas sin hogar mientras participaban en un itinerario sociolaboral tutelado, hasta que encontraban trabajo y, entonces, debían abandonar el piso de acogida. Cuando la Consejería de Servicios Sociales dio el preaviso a las ONG, informándoles de que el plan se extinguía en vísperas de la Navidad, había unas 200 personas acogidas en las viviendas y con prácticas de formación y trabajo.

La Fundación SAMU e Inserta son las que más personas atendían en ese momento. La primera ha adoptado ya una estrategia de “desescalada” para buscar una alternativa a sus usuarios y evitar que “vuelvan a la calle en pleno invierno, y echemos por tierra todo el trabajo conseguido con ellos”, explican desde la ONG.

La idea es que el 1 de diciembre los más de 100 usuarios que tienen acogidos sean “reubicados” y, para ello, se han articulado distintas soluciones: “algunos tienen un plan de ahorro con el dinero que consiguen en las prácticas de trabajo y podrán seguir en los pisos alquilando su plaza como inquilinos, porque su estancia ya no estará subvencionada por la Junta”. Otros, con problemas de drogadicción o salud mental, serán derivados a otros recursos y, en algunos casos, la ONG está en conversaciones con las empresas donde realizan prácticas para que les ofrezcan un contrato laboral.

El tiempo máximo de estancia en estos pisos de acogida, según el Pliego del Programa, es de 18 meses, aunque puede prorrogarse en casos “excepcionales”. Las organizaciones explican que ninguno se ha quedado menos de nueve meses y que el tiempo medio ronda el año completo. Desde la Fundación SAMU destacan la “estrecha colaboración” de los técnicos de la Consejería de Asustos Sociales con su personal para sacar adelante este programa.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros y estaba cofinanciado por fondos europeos (al 85%), estatales y de la Junta de Andalucía. “Las razones que nos han trasladado desde la Consejería de Asuntos Sociales es la falta de fondos presupuestarios y la prioridad de los mismos”, explican desde la Fundación SAMU, tras reunirse con miembros del departamento de Loles López.

En Andalucía hay más de 8.000 personas sin hogar, según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) correspondiente a 2025, que calcula un aumento del 57% en los últimos dos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima una cifra inferior, en torno a las 5.539 personas que viven en la calle (datos de 2022), de los que más del 40% llevan más de tres años seguidos sin una vivienda estable en Andalucía.

En diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de los fondos europeos para combatir el sinhogarismo en España, el Gobierno de Moreno aprobó la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía. Los objetivos que se marcó la Junta con las medidas recogidas en aquel documento son los mismos que recoge el Programa que empezó a financiar entonces, con fondos de Bruselas, y que suspenderá a partir del próximo invierno: “mejorar el acceso de las personas sin hogar a unos ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas; reducir las situaciones de desigualdad que viven las mujeres sin hogar; aumentar el número de plazas en vivienda con apoyos; mejorar la calidad de vida de este colectivo, haciendo hincapié en las personas con necesidades complejas (salud mental, adicciones, discapacidad, etc.)”.

De las tres ONG que ahora pierden esas subvenciones, la Fundación SAMU es la que más usuarios tiene en sus pisos de acogida de Sevilla (12 viviendas, con 36 plazas), Córdoba (12), Huelva (8) y Cádiz (12). El índice de ocupación rondaba el 90%. La Fundación presentó unos datos de cumplimiento de objetivos “exitosos” tras el primer año de ejecución, ayudando a personas sin hogar a adquirir habilidades básicas para acceder a formación y al mercado laboral, la búsqueda de empleo y el camino a la emancipación.

Cruz Roja, con 91 plazas y 11 ocupadas en la actualidad, también pierde estas ayudas, pero gestiona otros proyectos de atención a personas sin hogar, como las unidades de emergencia social que recorren las calles de diversas ciudades para entrega de ayuda urgente, acompañamiento, y orientación; además de centros de día en Almería, Málaga y Cádiz.

En cuanto a la ONG Inserta, gestionaban 93 plazas en pisos de acogida, y tenían una ocupación del 75%.

La ruta canaria engulle la vida de tres personas en un fin de semana en el que se han contabilizado cuatro embarcaciones con un total de 358 personas que han llegado al archipiélago entre el viernes y el domingo: 317 a El Hierro y 41 a Lanzarote.

La embarcación llegada este domingo fue detectada a las 04.30 horas, cuando un eco en el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) alertó de su presencia a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga. La Salvamar Diphda acudió a su encuentro y la acompañó hasta el puerto. El dispositivo de asistencia en tierra confirmó tres muertes y organizó la evacuación de otras personas a centros sanitarios de la isla, con siete personas heridas de gravedad.

Un fin de semana trágico

En el primer cayuco del viernes, con 77 personas, viajaban siete menores y cinco mujeres. Había partido de Gunjur, en Gambia, y llevaba ocho días de navegación. Sus ocupantes procedían de Gambia, Senegal y Guinea Conakry. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de la isla tras llegar a La Restinga.

El segundo llegó durante la tarde con 109 personas, entre ellas 32 mujeres y 16 menores. Fue avistado a ocho millas de la costa herreña y la Salvamar Navia lo escoltó hasta el puerto. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, habría pasado once días en el mar y transportaba a personas procedentes de Gambia y Guinea Conakry.

El sábado, el rescate se produjo en aguas de Lanzarote. La Salvamar Al Nair localizó una patera de madera a 26 millas al noreste de Arrecife con 41 hombres de origen magrebí, todos en aparente buen estado de salud, y puso rumbo al puerto remolcando la embarcación. En el operativo también se movilizó al helicóptero Helimer 211 y se solicitó la colaboración de un buque mercante que se encontraba en la zona.

El Hierro ha concentrado así tres de las cuatro embarcaciones y 317 de las 358 personas transportadas durante estos tres días. Las travesías de los dos cayucos del viernes, de ocho y once días, dan cuenta del tiempo que parte de sus ocupantes habrían pasado en el mar antes de recibir asistencia.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado en X la “tragedia que arroja la Ruta Atlántica» y ha anunciado que seguirá reclamando medidas a España y a Europa, a quienes atribuye ”la capacidad de tomar decisiones y evitar esta catástrofe humanitaria“.

La ruta

Cada vez menos personas procedentes de África Occidental llegan a Europa por mar, pero el viaje no se ha vuelto más seguro. Las llegadas desde cuatro de los principales países de origen de África Occidental disminuyeron un 59% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, según nuevos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, los factores que impulsan la migración persisten y los viajes peligrosos continúan a través de múltiples rutas. 

“Que haya menos llegadas a un lugar no significa que las presiones hayan desaparecido”, afirmó la Directora General de la OIM, Amy Pope. “A menudo, simplemente se trasladan a otras rutas. Por eso debemos analizar todo el viaje, desde el punto de partida hasta el de llegada”. 

Los datos de la Ruta Atlántica de África Occidental muestran que, si bien las llegadas a Canarias disminuyeron considerablemente desde el pico de 2024 (una disminución del 62% entre 2024 y 2025), las muertes y desapariciones registradas se mantuvieron prácticamente sin cambios, disminuyendo un 4% entre 2024 y 2025 (de 1215 a 1172), “lo que pone de manifiesto que la ruta se ha vuelto mucho más peligrosa para los migrantes”.

Tal como se preveía en verano, los controles en Mauritania y Senegal, recientemente reforzados, han propiciado salidas desde países que se encuentran más al sur, sobre todo, desde Gambia. Una tendencia vaticinada en el informe de mayo del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), en colaboración con el Gobierno de Canarias. Las guerras civiles que azotan El Sahel, provocan un traslado de las migraciones hacia la salida atlántica, que unido a las condiciones meteorológicas propician un aumento de las llegadas, y, sobre todo, el riesgo para miles de personas de no llegar nunca a El Hierro, la isla más occidental, y perecer en el mar.

El pleno del Parlamento ha acordado este miércoles por unanimidad reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos que potencien la vigilancia aeronaval en Canarias, con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y el Frontex, para hacer frente a las consecuencias de la migración irregular.

La iniciativa, que parte de una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Partido Popular, busca afrontar las consecuencias derivadas de la inmigración irregular a través de la ruta atlántica, y defiende retomar la operación Noble Centinela, ejecutada en 2006, en la lucha contra las mafias que trafican con migrantes.

En su intervención, Jacob Qadri (PP) ha recordado que Canarias “no sólo es frontera de España, sino también es la frontera sur de Europa”, por lo que “proteger esa frontera, garantizar la seguridad, salvar vidas humanas” son responsabilidades que, por lo tanto, le corresponderían al Estado y a Europa, a quien reclama “más actuación”.

“La respuesta no puede limitarse solo a actuar cuando un cayuco aparece frente a nuestras costas”, ha señalado Qadri, que ha recordado que si España “fue capaz de organizar una respuesta militar contundente, con medios nacionales y europeos ante una situación de crisis --en referencia a la Operación estatal 'Noble Centinela'-- ¿por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ahora se niega a hacerlo con una situación que es igual o peor?”.

Seis medidas

El Partido Popular ha llevado a Pleno una PNL que comprende seis medidas, que finalmente han salido adelante, para reforzar la respuesta del Estado ante la inmigración irregular, entre ellas potenciar la vigilancia aeronaval con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y el Frontex.

La segunda, ha continuado, plantea al Estado reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito, y tercera promueve la mejora de la identificación, atención humanitaria, acogida y mecanismos de traslado.

“Las personas que llegan a nuestras costas por supuesto deben recibir la atención que sigue la ley, pero esa responsabilidad no puede recaer en las islas. Nos hemos comido el problema de la inmigración solos, abandonados por los recursos del Estado”, ha puntualizado Qadri, que también ha solicitado disponer de instrumentos eficaces para agilizar las resoluciones retorno con garantías y una financiación “suficiente” en materia migratoria.

Por parte de Vox, que ha pedido la votación separada de los puntos 4 y 6, donde han mostrado su voto en contra -ya que instaban a la mejora de los recursos económicos y de acogida- Paula Jover ha considerado que si bien la PNL es “más necesaria que nunca, sigue siendo tibia, y en algunos casos ambigua, e incluso errónea”.

“Los canarios no quieren que se mejoren los dispositivos de acogida, como se plantea en la iniciativa, así como tampoco quieren que se movilicen más recursos para afrontar los costes de la inmigración ilegal. Queremos oír las palabras deportación, reemigración y también repatriación”, ha reclamado la diputada Jover.

Posiciones políticas

Desde ASG y CC también han mostrado su apoyo a una iniciativa que, según ha señalado Ramos Chinea (ASG), habla “de responsabilidades y competencias donde el Estado y Europa tienen un papel fundamental”. En ese mismo sentido también se ha pronunciado Jana María González (CC), que celebra una iniciativa que reclama “dignidad, humanidad en la migración recursos tan necesarios para poder atender de forma digna” a los que arriban a las costas.

Desde NC-BC, Carmen Hernández ha manifestado su sorpresa por “compartir” hoy una iniciativa de un PP que, a su vez, “cierra alianzas en diferentes comunidades con Vox”. Ha mostrado su apoyo a dar luz verde a una iniciativa que pide el refuerzo de la política migratoria, donde ha suscrito el “compromiso” necesario del Estado y Europa.

Las llegadas caen un 77%

El Partido Socialista, a través de la diputada Elena Máñez, ha defendido la acción del Ejecutivo central, que liderado por Pedro Sánchez (PSOE), “está trabajando” en la materia, ya que, actualmente “hay coordinación, presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los países de origen y, además, se aborda, en materia de inteligencia, la lucha contra las mafias”, una labor que sugió a raíz de la experiencia con Noble Centinela.

“Ha bajado un 77% la llegada de personas desde 2024. Entre enero y septiembre, llegaron 30.000 personas en 2024 y ahora mismo son 7.100. Un 77% menos de llegadas, y en eso tuvo que ver también con todo el despliegue promovido por el actual Gobierno central en África, así como también a través de las visitas a Mauritania, Gambia, Senegal, y la creación de la Alianza África Avanza”, ha añadido.

El Parlamento canario ha acordado por unanimidad reclamar al Estado el refuerzo de los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados al control de las fronteras exteriores en Canarias, así como incrementar la cooperación con los países de origen y tránsito para prevenir las salidas irregulares y combatir las redes de tráfico de personas.

También ha acordado solicitar el refuerzo de los medios estatales destinados a la identificación, atención y traslado de las personas llegadas irregularmente a Canarias, además de reforzar los mecanismos de retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con la legislación vigente.

Con el rechazo de Vox, la Cámara regional ha reclamado al Estado mejorar la capacidad de los dispositivos estatales de acogida y traslado, así como garantizar los recursos estatales suficientes para afrontar los costes extraordinarios derivados de la presión migratoria sobre Canarias.

Salvamento Marítimo ha socorrido en las últimas horas con dos de sus embarcaciones a 125 personas de origen magrebí y subsahariano que iban en una neumática, la mayor de las observadas hasta la fecha en la Ruta Canaria, y las ha desembarcado con buen estado de salud en la capital de Lanzarote.

El rescate tuvo lugar este miércoles a las 22.54 horas en aguas internacionales, a unos 68,5 kilómetros al nordeste de esta isla, según ha precisado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

En auxilio de estas personas partieron las salvamares Acrux y Al Nair, que han desembarcado en el puerto de Arrecife a estas personas, entre las que había cuatro mujeres y 22 menores de edad, según los datos facilitados a EFE por Salvamento Marítimo.

Este verano han llegado a Canarias, por primera vez, lanchas neumáticas ocupadas por más de cien personas.

Han sido tres las embarcaciones de este tipo auxiliadas y llevadas a Lanzarote: una con 122 ocupantes el 8 de julio, otra con 111 personas el 20 de agosto, una tercera con 107 el 14 de septiembre y la socorrida anoche, que es la más sobrecargada de las llegadas a Canarias hasta el momento.

Habitualmente, las lanchas neumáticas fletadas por las organizaciones que manejan el tráfico de personas en esta zona del Atlántico solían embarcar a 50 o 60 personas, aunque en los últimos años han llegado a sobrecargarlas con 80 y 90.

Las cuatro con más de cien ocupantes interceptadas este verano llevaban tantas personas a bordo como las que suelen transportar los cayucos mauritanos en las travesías de Nuadibú o Nuakchot a Canarias. 

Con los datos del Ministerior del Interior recabados hasta el mes de septiembre, la llegada de migrantes de forma irregular a Canarias ha caído un 44,5% interanual.

La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura al responsable de una empresa dedicada a la jardinería y al mantenimiento de piscinas como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores al contratar inmigrantes irregulares e imponerles condiciones laborales abusivas.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que se trata de una operación que desarrolló en agosto la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario tras la declaración de un trabajador que denunció las condiciones laborales en las que se encontraba prestando servicio en una empresa.

De igual modo, un segundo afectado relató, de forma independiente, hechos similares relacionados con la misma sociedad.

En concreto, ambos manifestaron que habían sido captados a través de grupos de mensajería dirigidos a personas en situación administrativa irregular. Según sus testimonios, recibían entre 30 y 40 euros por jornadas de seis a once horas, con pagos en efectivo, sin justificante y trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

También denunciaron la ausencia de vacaciones y pagas extraordinarias, así como frecuentes retrasos en los pagos e impagos por parte del empresario.

Por su parte, los trabajadores señalaron, además, que el investigado les indicaba que debían huir o esconderse ante la presencia de la Policía o de la Inspección de Trabajo.

El investigado, localizado en unos apartamentos

En el transcurso del operativo, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió localizar al investigado y a un tercer trabajador en un complejo de apartamentos de Corralejo.

Asimismo, este último manifestó posteriormente que no percibía remuneración económica y que recibía únicamente comida, víveres y útiles de aseo.

La investigación, basada en las declaraciones de los tres afectados y en las comprobaciones policiales, culminó el 30 de septiembre con la detención del responsable de la empresa, que fue puesto a disposición de a autoridad judicial competente.

La llegada de migrantes de forma irregular a las islas Canarias ha caído un 44,5% interanual hasta el 30 de septiembre pese a contabilizar 7.133 personas a bordo de 95 embarcaciones.

Según el último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, esta cifra supone 5.715 inmigrantes menos que en los mismos meses de 2025, cuando arribaron 12.848 personas a bordo de 211 pateras.

Mientras, en el conjunto de España un total de 24.646 migrantes han llegado entre enero y el 30 de septiembre de este año de forma irregular, 12.742 de ellos a la Península y a Baleares (51%).

En este sentido, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 24.646 migrantes, un 10,3% menos que hasta septiembre del año pasado, cuando fueron 27.475. Por vía marítima llegaron al país 19.900, un 19% menos que en 2025 (cuando se produjeron 24.586 llegadas), en 854 embarcaciones, 113 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe refleja que han aumentado un 8,8% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 11.709 en 2025 a 12.742 en 2026. En concreto, han arribado este año en 753 embarcaciones, siete más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 6.334 migrantes, lo que supone un 7,9% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (5.865). Han arribado a bordo de 403 embarcaciones, 27 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han llegado 6.408 personas hasta el 30 de septiembre de este año, 564 más que hasta el mismo mes de 2025. Han entrado en 350 embarcaciones, frente a las 316 que emplearon los que arribaron el año pasado.

Igualmente, Interior señala que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.430 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.646, un 54% más).

Además, indica que, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, han llegado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma de Ceuta, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 670 por vía terrestre (427 más que en el mismo periodo del año anterior, un 175,7% más).

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

Como ya era previsible, Ceuta se ha convertido en el verdadero laboratorio de ideas de una derecha montaraz, que, lejos de servir a la sociedad ceutí, se sirve de ella para sus propios intereses desestabilizadores; como pretexto para acceder al Gobierno por la vía rápida. Es en Ceuta donde se está fortaleciendo el argumentario que PP y Vox están utilizando en este larguísimo período preelectoral en el que ya estamos instalados. Si antes, con la regularización masiva de inmigrantes, ya hablaban de la disolución de España, ahora les ha venido Dios a ver para inflamar y hacer más creíble su patrioterismo.

Dios o sus delegados más directos, como Trump o Netanyahu, a la vista de la claridad con que se han expresado últimamente José María Aznar y la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España. En su versión, parece que bastante fiable, la avalancha de inmigrantes en Ceuta guarda relación estrecha con esa independencia crítica mostrada por Sánchez con respecto a las políticas de guerras, atropellos, imposiciones y ataques a las libertades perpetrados por el inquilino de la Casa Blanca y el genocida del pueblo palestino que gobierna en Israel. “¿Querías ir por libre? Pues ahora, Pedro, te vas a enterar.” Esto es lo que los actuales amos del planeta le han venido a decir al presidente del Gobierno de España.

Y sí, todos, y no sólo Sánchez, nos hemos enterado de las muy serias repercusiones políticas de la crisis de Ceuta. A la ultraderecha le han puesto en las manos una nueva guerra que librar contra los “moros que nos invadieron”. No ha dudado, por tanto, en desempolvar los mitos gloriosos de la mal llamada Reconquista y convertir en invasores que hay que cazar y expulsar (aun en contra de la ley) a los inmigrantes que irrumpieron a finales de julio en la ciudad autónoma.

Unos invasores un tanto extraños, teniendo en cuenta la precariedad con la que han venido a invadirnos, el estado lamentable en que se encuentran entre nosotros, sus problemas de manutención y de alojamiento y las agresiones, cada vez más virulentas, de que son objeto por parte de las fuerzas auxiliares de la reacción hispana, empeñadas en hacer lo que saben: defender a España partiendo el cráneo a la gente.

Seguramente esos patriotas pulserita rojigualda no se han enterado de que los últimos invasores moros que conocimos en este país se los trajo Franco de África para ayudarle a “salvar España”. Una tarea que cumplieron adecuadamente matando a todo español que se pusiera por delante; siempre, claro está, que no fuera un español como Dios manda, sino simplemente un rojo desafecto al “bando nacional”. Y estos invasores se quedaron por largo tiempo en este país, formando las filas de la Guardia Mora, que protegía al Caudillo y los españolitos de entonces veíamos en el No-Do.

Pero esto da igual, a falta de memoria histórica. Los mitos de la España eterna siguen operando preocupantemente en buena parte del país. Y, por eso, los que huyen del hambre son invasores que vuelven aquí a adueñarse de lo que es nuestro. Y, a lo mejor, hasta se nos instalan un día en los palacios de la Alhambra, o recuperan la mezquita de Córdoba y hasta la Giralda, que nos pertenecen desde hace siglos por derecho de conquista. De reconquista mejor, porque, por algo “España es cristiana, y no musulmana”.

Todo lo que estos días se está gestando en Ceuta, o con motivo de Ceuta, salta a las calles y los campos de fútbol de España entera, reconvertidos en altavoces a toda potencia contra el presidente del Gobierno. Y las agresiones a inmigrantes en la ciudad autónoma (¿también por parte de militares?) rebotan con toda su crudeza contra la población de origen inmigrante en territorio peninsular. Por no hablar de las voces que exaltan el militarismo y son partidarios del juicio por traición, y posterior encarcelamiento, del presidente del Gobierno, como se reclamaba en el manifiesto de convocatoria de esa Marcha por la Dignidad que hemos tenido estos días por Madrid, con apoyo de PP y Vox.

Una marcha felizmente contrarrestada por las que ha puesto en circulación el Sindicato de Inquilinas. Movilizaciones masivas de quienes, frente a desahucios vergonzosos, como el de Maricarmen, han hecho oír su voz, reclamando de los poderes públicos medidas contundentes para que la vivienda sea un derecho, y no un instrumento de especulación en manos de fondos buitre; los que elevan desconsideradamente los precios de los pisos e impiden a las grandes mayorías de la población el acceso a la vivienda; o expulsan en masa a inquilinos que, pagando religiosamente sus alquileres, no se ajustan a los planes de negocios (turísticos, por ejemplo) de caseros sin escrúpulos.

No deja de ser un alivio que, de la noche a la mañana, las calles de las poblaciones españolas dejen de estar monopolizadas por los “españoles de bien”, que le parten la cara al primer mal español que se les cruza por el camino. La España social también existe y reclama sus derechos. Y su protagonismo. Por suerte, al menos estos días, la españolidad de los españoles y su extraña democracia carcelaria han perdido protagonismo frente a la irradiación popular que nos llega de la acampada en la Puerta del Sol. Es posible parar la tenebrosa Reconquista española. Basta que toda la izquierda española, empezando por el PSOE, se lo proponga.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas tres cayucos que navegaban por aguas cercanas a la isla de El Hierro con más de 500 personas a bordo, aunque en un principio la cifra rondaba las 360 personas.

El primero de los cayucos fue localizado la pasada madrugada y de él desembarcaron 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres. Estas personas llevaban once días en el mar a bordo de dicho cayuco, que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau).

La tripulación de la Salvamar Diphda fue sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que arribó a La Restinga a las 01.14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro.

Entre los ocupantes de este cayuco hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.

Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

Otras dos embarcaciones con casi un centenar de personas están siendo conducidas por Salvamento hacia la isla.

La Guardamar Polimnia rescató a las 06.00 horas a un grupo de 99 personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga.

Por último, la Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5.37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro, donde arribó horas después con sus 190 ocupantes.

El Gobierno ultima los detalles de un Real Decreto-Ley que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros con el objetivo de acelerar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en la ciudad de Ceuta. El borrador de la norma, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es, plantea la aprobación de una suerte de suspensión temporal de garantías básicas del derecho al asilo, que se salta algunos de los límites legales establecidos por el ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Varias fuentes jurídicas expertas en derecho de asilo alertan de que el decreto, tal y como está redactado el borrador inicial, vulnera el “principio de no devolución”, clave en el derecho internacional, y pone en riesgo el derecho a la tutela jurídica efectiva, amparado en la Constitución Española.

El texto plantea un marco de tramitación acelerada que afecta con carácter retroactivo a las peticiones de protección internacional presentadas desde el 30 de julio y que se encuentren pendientes de resolución. El texto que ultima el Ejecutivo diseña un circuito de tramitación exprés ideado para acelerar al máximo la resolución de expedientes y agilizar las expulsiones desde Ceuta. El Gobierno, consciente de que uno de los principales escollos para acelerar los retornos es el cuello de botella que pueden crear las peticiones de asilo, está intentando reducir a golpe de decreto garantías del derecho al asilo, que no solo estaban incluidas en la legislación española, sino que están contempladas en los reglamentos ligados al Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

En el terreno administrativo, la norma elimina intermediarios al capacitar directamente a la Dirección General de Protección Internacional para resolver peticiones sin pasar por el filtro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que incluye también la presencia de Acnur en el proceso. Al mismo tiempo, impone la inadmisión de entrada para quienes pidan asilo siete días después de haber recibido una orden de devolución y permite archivar solicitudes por “desistimiento implícito” —sin dar opción a subsanar— si el migrante abandona el centro de acogida o no responde a un trámite en un plazo de entre 5 y 10 días.

El texto impacta en las garantías procesales del solicitante. El decreto contempla que, cuando una persona resida en un centro de acogida masificado o no acredite una dirección concreta, la resolución no se le notificará en mano ni por correo, sino a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A esto se suma un tijeretazo drástico a los plazos para acudir a los tribunales: el margen para interponer un recurso contencioso-administrativo frente a una denegación en frontera se reduce a tan solo cinco días naturales.

El borrador restringe al mínimo el derecho de los migrantes a permanecer en territorio español mientras se resuelve su solicitud de asilo, lo que permitiría su devolución aunque aún no exista una respuesta definitiva a su petición. Según el texto, los solicitantes pueden perder “su derecho de permanencia, independientemente de su nacionalidad” de manera automática quienes consideren que suponen “un peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La clave es el amplio margen que deja la norma para poder considerar que un migrante en Ceuta supone un peligro para el orden público: “Se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de manera violenta o amenazante en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana”.

En este sentido, el texto veta expresamente la aplicación de un principio hasta ahora incuestionable en el derecho internacional: el principio de no devolución, por el cual ninguna persona puede ser retornada a un país donde su integridad física, su vida o dignidad corra peligro, así como aquellos Estados donde no se garantice que el solicitante no acabe expulsado al lugar de donde huye.

Así, el proyecto establece que “el principio de no devolución no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional, o cuando la persona cuente con una sentencia desfavorable firme sobre la resolución de su solicitud o solicitudes anteriores o cuando, habiendo tenido la oportunidad de recurrir las resoluciones anteriores, no lo hubiera hecho”. Eso sí, para retirar el derecho de permanencia por riesgo al orden público o la seguridad requerirá un acto previo de privación acordado explícitamente por la persona titular del Ministerio del Interior.

El texto contradice así los límites establecidos en el Reglamento europeo que regula los procedimientos de asilo. Si bien el marco comunitario permite restringir o hacer excepciones al derecho de permanencia durante el procedimiento o los recursos en casos de seguridad u orden público, sí exige de manera explícita que cualquier medida se aplique “sin perjuicio del principio de no devolución”. La norma comunitaria prohíbe expresamente que la denegación de permanencia conduzca a una expulsión automática hacia un país donde la vida de la persona corra peligro o pueda sufrir tratos degradantes o tortura.

Interior no ha respondido a las preguntas de elDiario.es porque se trata de un texto que aún no es definitivo. Entretanto, desde Acnur España, un organismo que asesora a las autoridades en temas de asilo y refugio, remarcan que han conocido la preparación del decreto “a través de los medios de comunicación”. “Por el momento, no hemos recibido información oficial ni hemos sido consultados sobre su contenido, por lo que sería prematuro pronunciarnos sobre medidas concretas, que a priori, podrían ser preocupantes”, señalan fuentes de la agencia especializada.

Así, estas mismas fuentes hacen hincapié en que “agilizar los procedimientos y preservar las garantías no son objetivos incompatibles”. “Deben garantizarse en todo momento principios esenciales como el de no devolución y el acceso a un recurso efectivo, asegurando que las necesidades de protección se evalúen adecuadamente antes de proceder a un retorno ya sea directo o indirecto”, señalan. “Dicho esto, los retos de la gestión migratoria –incluida la actual crisis en Ceuta– no deberían traducirse en una reducción de las garantías del procedimiento de protección internacional”, agregan las fuentes de la agencia de la ONU en España, que muestran su disposición a las autoridades “para contribuir a medidas que permitan reforzar la eficacia del sistema preservando plenamente estas garantías”.

Según cuatro fuentes jurídicas especializadas en asilo y refugio, la propuesta del Ejecutivo, además de apurar los márgenes de restricción previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), entra en colisión con el reglamento sobre procedimientos de asilo, sobrepasando las propias directrices fijadas por Bruselas y contraviniendo salvaguardas de derechos humanos fundamentales.

La prohibición de la no devolución

Añadir excepciones al principio de no devolución choca con el marco legal europeo, según las fuentes jurídicas consultadas. “El principio de no devolución siempre se puede invocar. Es un principio de derecho internacional que está en vigor independientemente de la normativa concreta y que se proclama para cualquier persona que vaya a sufrir tratos degradantes o cuya vida esté en peligro. En las excepciones que pone el PEMA, cuando a una persona se le deniega por seguridad y orden público, siempre se conserva el principio de no devolución”, apunta Elena Muñoz, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (una de las ONG que forma parte del sistema de acogida del Gobierno).

Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración, considera que el texto no tiene encaje legal: “La propuesta me parece ilegal por resultar contraria a los Reglamentos europeos y las leyes nacionales”, sostiene el experto. “En cuanto a los Reglamentos europeos, la referencia a la no invocación del principio de non-refoulement resulta contraria al Reglamento 2024/1348, pero también a toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.

“La no invocabilidad del principio de no devolución es la disposición más grave y no tiene encaje posible”, coincide Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones que ha estado detrás de denuncias como la que frenó la expulsión de menores desde Ceuta en 2021, un caso por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta. “El artículo 10.4.c), el artículo 56 y el artículo 68.3 arrancan con 'sin perjuicio del principio de no devolución'; el artículo 68.7 exige que el tribunal pueda autorizar la permanencia cuando se invoque. Es una norma de ius congens. Quebranta directamente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 33 de la Convencion de Ginebra”.

Recorte del recurso

Los expertos alertan de riesgo de incurrir en una vulneración de la tutela jurídica efectiva, amparada en la Constitución española y en la legislación internacional. “El recorte del plazo del recurso contencioso-administrativo no encuentra cobertura en la norma europea”, indica Boza. “Al reducir los plazos del recurso a cinco días naturales, la persona no se va a enterar y se le van a pasar los plazos”, coinciden desde la organización especializada en asilo. “En cinco días, con un sábado y un domingo de por medio, es imposible que el abogado pueda ver el caso, redactar el recurso y pedir medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, se ve bastante afectada”, continúa.

“El recurso en el plazo de cinco días es un absoluto invento. El plazo para ese tipo de decisiones es del artículo 46.1 de la LJCA: dos meses. El PEMA dispone plazo más reducidos para otras cosas, pero no para eso”, señala Fernández Vicens.

En la práctica, este acortamiento de plazos dificulta de forma extrema la interposición de recursos con plenas garantías. El plazo legal estándar en el sistema español es de diez días o un mes según la vía. Al reducir el margen a cinco días naturales —con fines de semana de por medio—, el solicitante dispone de un lapso mínimo para localizar asistencia jurídica, solicitar turno de oficio, estudiar el expediente y articular la demanda ante los tribunales.

A este obstáculo se suma la generalización de las notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el artículo 6 del borrador, si el solicitante indica direcciones en zonas geográficas o en centros de acogida sobreocupados, la notificación se realizará de forma exclusiva por anuncio en el BOE, asumiéndose legalmente como efectuada a la primera publicación.

“La notificación por BOE es solo un último recurso, cuando la persona está ilocalizable”, explica Muñoz, de CEAR. “Si esas personas están en un dispositivo de acogida público, están localizables, por lo que no te puedes acoger al BOE. Esa notificación no es válida si no se ha intentado la notificación personal dos veces, mañana y tarde. Notifican por el BOE para que no te enteres”. Ante este patrón de indefensión, Boza sostiene que “el ministro Marlaska con esta propuesta pretende ir más allá, saltándose el ordenamiento jurídico y los procedimientos existentes”.

La normativa comunitaria para crisis

Desde las organizaciones sociales recuerdan que la propia legislación comunitaria ofrece alternativas que no pasan por el recorte de derechos: “No se entiende por qué hacen esto cuando tienen un instrumento como el Reglamento de Crisis que habla de que, cuando hay una situación de gran llegada o tensión en la capacidad de acogida o gestión, se puede pedir ayuda a la Comisión Europea para que te flexibilicen los plazos por los cauces previstos”.

En la misma línea, Boza cuestiona que el Gobierno no aplique los cauces legales habilitados en la normativa comunitaria para crisis migratorias, ya de por sí duros y cuestionados por organizaciones de derechos humanos. “Para situaciones de este tipo el Pacto habilitó el Reglamento de Crisis, pero España no lo ha querido activar. Ese Reglamento de Crisis establece el máximo de recorte de derechos que la UE contempla y el Ministerio del Interior con esta propuesta pretende ir más allá de lo legalmente permitido”, remata.

“El reglamento (UE) 2024/1348 no admite regímenes procedimentales territoriales distintos dentro de un Estado; el único cauce para apartarse de sus reglas ante una llegada masiva es el reglamento 2024/1359 (crisis y fuerza mayor), que exige solicitud del Estado, propuesta de la Comisión y decisión de ejecución del Consejo, y tasa las excepciones (registro hasta cuatro semanas, fronterizo ampliado, etc.)”, recalca también Fernández Vicens.

Este pasado viernes celebramos el cumpleaños de la Fundación Ruy López de Almendralejo. Hay lugares que son mucho más que un edificio, lugares que terminan convirtiéndose en casa, en refugio, en punto de encuentro, en una pequeña comunidad dentro de la comunidad, lugares como la Fundación Ruy López.

Resulta especialmente hermoso pensar en cómo empezó todo: en este caso fue alrededor de un tablero de ajedrez. Un espacio para aprender a jugar, para pensar varias jugadas por delante, para descubrir que a veces ganar no es lo más importante y que, sobre todo, cada partida comienza poniendo al otro frente a ti como un igual.

Pero la Fundación pronto entendió que su tarea podía ser mucho más grande. Que alrededor de aquel tablero había niños y niñas con necesidades, familias que acababan de llegar a Almendralejo, adolescentes que necesitaban apoyo, deberes que hacer, idiomas que aprender y, sobre todo, personas que necesitaban sentirse acompañadas. Y así, poco a poco, la Fundación Ruy López fue creciendo hasta convertirse en algo que trasciende con mucho al ajedrez.

Durante estos 20 años han pasado por allí cientos de niños, niñas, adolescentes y familias. Han encontrado profesionales y voluntarios dispuestos a echar una mano, a explicar un ejercicio, a enseñar una palabra, a compartir una partida o, sencillamente, a estar.

Y estar es mucho más importante de lo que a veces pensamos.

Porque cuando una familia comienza una vida nueva en un lugar que todavía le resulta extraño, encontrar un espacio seguro puede significarlo todo. Saber que hay una puerta que puedes abrir, que alguien te espera, que tus hijos pueden hacer los deberes, jugar, aprender y relacionarse sin sentirse diferentes.

Estoy convencida de que la Fundación Ruy López se ha convertido en una prolongación del salón de muchas casas de Almendralejo. Y ocurre algo maravilloso cuando después de muchas partidas, muchos deberes y muchas tardes compartidas, las diferencias dejan de ser una barrera.

La Fundación no se limita a enseñar ajedrez: la Fundación acompaña y eso tiene un valor enorme porque vivimos en sociedades diversas. Almendralejo es hoy una ciudad en la que conviven personas de más de 60 nacionalidades y ante esa realidad tenemos dos opciones: podemos resignarnos a vivir unos junto a otros, pero separados, o podemos construir una comunidad en la que nos conozcamos, convivamos, colaboremos y nos reconozcamos como iguales. Y por eso, espacios como la Fundación Ruy López son tan importantes. Son herramientas que nos ayudan a construir sociedades sanas y fraternas donde nos relacionemos de igual a igual independientemente del idioma que se hable en nuestra casa, la religión que profesemos o las circunstancias personales de cada uno. Y eso se construye cuando dejamos de hablar de “los otros” y empezamos a hablar de nuestros vecinos.

Por desgracia, los discursos de odio y antiinmigración están a la orden del día. Esta misma semana hemos tenido que escucharlos en la Asamblea. Discursos cargados de prejuicios contra las personas migrantes, con afirmaciones que criminalizan la migración y que, en mi opinión, deshumanizan a quienes llegan buscando una vida mejor.

Llegar hasta el extremo de decir que las personas migrantes que se encuentran en Ceuta deberían volver a nado, en flotador o como pudieran no es simplemente una diferencia política sobre cómo gestionar las fronteras o las políticas migratorias: es algo mucho más grave. Porque detrás de esas palabras hay personas, personas que tienen frío, personas que tienen hambre, personas que han perdido a alguien por el camino, que huyen de guerras, de la pobreza o de situaciones que consideran insoportables. Personas que, como cualquiera de nosotros, quieren vivir. Y no podemos olvidar que en julio murieron 150 personas intentando llegar a territorio español.

Hace unos meses, la fachada de la Fundación amaneció con una pintada racista. Esa misma tarde éramos allí casi un centenar de personas para borrarla y convertir ese acto en una fiesta, en un abrazo colectivo, en una manera de decir que ante su odio nuestro amor es infinito y que frente a los que odian somos muchísimos más los que queremos vivir juntos y en paz.

Hay que agradecer profundamente a todas las personas que durante estos 20 años han hecho posible la Fundación Ruy López: a quienes estuvieron al principio, a quienes siguen estando, a los profesionales, a los voluntarios, a las familias y, sobre todo, a tantos niños y niñas que han pasado por allí y que son la mejor demostración de que merece la pena construir espacios donde nadie quede atrás.

Quiero que la Fundación siga siendo hogar para mucha gente durante muchos años más. Que siga habiendo niños jugando al ajedrez, haciendo los deberes, aprendiendo y haciendo amigos. Que siga siendo ese lugar donde alguien que acaba de llegar a Almendralejo descubre que aquí también puede sentirse en casa.

Feliz cumpleaños y por muchos años más demostrando que, frente al odio, siempre hay una respuesta mucho más poderosa: construir comunidad.

Mirad, entre las cosas preocupantes que nos cercan, voy a hablaros de algo muy grave, pero que está en nuestra mano evitar. Y, si lo logramos, echaremos un buen freno al neofascismo. Se trata de la trampa que la ultraderecha y la derecha radicalizada nos están tendiendo a las feministas para volvernos racistas. Quieren embaucarnos con mentiras porque saben que cuando nos movilizamos somos poderosas. Y su objetivo es redirigir nuestro foco para que, en vez de combatir al machismo discriminador, abusador, maltratador y violador, al sistema patriarcal global, nos volvamos contra los inmigrantes a los que el fascismo etiqueta, sin pruebas y en conjunto, como “delincuentes sexuales”.

Lanzo la alarma: la estrategia funciona. Doy testimonio, por mi entorno directo, de que el miedo al inmigrante, como potencial enemigo, peligro para las mujeres, violador, cala incluso entre mujeres muy listas, progresistas, comprometidas con los derechos sociales y humanos. Compañeras que dicen que “el miedo es libre” y ven lógico que las ceutíes teman ataques sexuales y violaciones por parte de las decenas de miles de inmigrantes que siguen en la calle tras la numerosísima entrada del 30-31 de julio.

¡Pero si esta entrada ha sido en la que han llegado más mujeres y niñas! ¡Si seguimos sin protegerlas, ni a ellas ni a chiquillos y adolescentes, solos y tirados en la calle, a merced de lo que les haga cualquier desalmado, extranjero o español! Hermanas que huyen de un Marruecos aún más machista que España, donde el maltrato se silencia más y hay hasta matrimonios infantiles forzados.

El mantra racista de que los inmigrantes son potenciales violadores está calando incluso entre muchas de nosotras, feministas. Una venenosa mentira inoculada por los fascistas para restar nuestro empuje de la defensa de tantas mujeres, niñas y chavales, hermanas y hermanos nuestros, que han sufrido en Marruecos y sufren violencias también en Ceuta.

Por supuestísimo es injustificable que el gobierno central y el ceutí, dos meses después, sigan sin ubicar a los inmigrantes bajo techo, que las demás autonomías no reciban, como Navarra, a parte de los recién llegados, que el presidente Vivas no acepte la oferta del Ministerio de Infancia de traer a 500 niñas a península… Porque la población de Ceuta tiene derecho a vivir sin el sobresalto de gente que vaga, con hambre, sed, heridas, frustraciones, haciendo sus necesidades y buscándose el sustento como pueden.

Pero, que no nos confundan. En la vivienda la derechona usa el mantra de los okupas, que son una cantidad mínima, para tapar a los verdaderos culpables que son los especuladores, fondos buitres y plataformas de alquiler turístico. Y en la migración usa el mantra del violador, y hace numeritos con botes de gas pimienta, para tapar que, con una diferencia numérica abismal, son los inmigrantes quienes sufren violencias salvajes.

Abusos ultraderechistas a menores

Quien era responsable de redes sociales de Vox tuvo que dejar el partido este diciembre acusado de agresión sexual por un chaval afiliado de 16 años y ese mismo mes se imputó al alcalde del PP de un pueblo de Castellón por agresión sexual a dos menores; en enero condenaron a 9 años de cárcel al ex portavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor; entre los nuevos diputados regionales del AfD alemán hay neonazis, una explotadora sexual y un condenado por robo; Israel usa la violencia sexual sistemática contra las y los palestinos… ¿Qué nos va a contar de violaciones la internacional reaccionaria cuando su jefe máximo, el amoral de Trump, ha sido obligado, por un juez federal, a pagar 5,8 millones de euros por abuso sexual a la escritora E. Jean Carroll?

El gobierno PSOE-Sumar tiene que atajar ya, sin que pase un día más, las palizas y ataques químicos de soldados españoles contra inmigrantes indefensos, incluidos menores de edad. Porque, en caso contrario, estará siendo cómplice del racismo fascista que aplican estos militares.

Aquí en España, en Ceuta, se está perpetrando violencia institucional, gaseos y palizas del ejército que dirige la socialista Margarita Robles, contra las personas inmigrantes, incluidos niños. Este periódico está publicando los vídeos de los apaleamientos y en la última semana ha comprobado hasta tres ataques con gas pimienta o lacrimógeno de cuyos efectos, en la piel y ojos de los menores de edad, todos hemos podido ver fotos.

¿Cuántas horas van a pasar hasta depurar responsabilidades de forma ejemplar? Igual que no se puede tolerar, en un gobierno de coalición PSOE-Sumar, la violencia del desahucio de Maricarmen Abascal, a sus 87 años, hay que parar estas agresiones ya, y hacer que caiga el peso de la ley sobre los soldados que están imponiendo entre los vulnerables inmigrantes de Ceuta el terror de los ataques físicos y químicos.

Violentos reaccionarios y migrantes faro

El neofascismo quiere extender la violencia por todos lados. Telaraña para atraparnos. Lanzan violencia verbal, con amenazas de “cárcel por traición” al presidente Sánchez, a las ONG a quienes Vox apunta diciéndoles “ya saben el futuro que les espera cuando Vox gobierne, incluidas las de la Iglesia”, pasando a los ataques a sedes como la de Cruz Roja en Ferrol, al linchamiento, en su coche, de una diputada autonómica ceutí y dos abogados…

Crean el clima, intolerante, machista, racista e islamófobo en el que, en nuestras calles, el pasado 11-S se atacó a dos vecinos de Oviedo al grito de “¡Rojos de mierda!” y el sábado pasado, en Tavernes (Valencia) dieron una brutal paliza a un chaval chillándole “¡Vete a Marruecos!” porque tenía “rasgos magrebíes”, que vete a ver de dónde es, ¿verdad? y como si, caso de ser marroquí, eso permitiera golpearle.

Yo, querida amigas feministas, queridas y queridos conciudadanos demócratas, creo que hay que temer a estos neonazis sueltos, impunes y envalentonados. Violentos que nos tienen aterrorizados a inmigrantes y españoles, racializados, musulmanes, LGTBIQ+ o a quienes, a ojo vista, nos identifiquen como progres y feministas.

La ultraderecha, que practica la violencia, verbal y física, es la que asusta y la historia prueba que debemos temerla y frenarla. En cambio, las y los inmigrantes que he conocido esta década son gente inspiradora y que devuelven la fe en la especie humana.

A ellos es a quienes temer, no a la gente inmigrante. Que habrá de todo, como en cualquier colectivo, claro. Pero yo sólo puedo decir cosas buenas de mi experiencia de estos últimos diez años en los que, por avatares del trabajo y la vida, he entrevistado, frecuentado y acabado siendo amiga de tantas personas que emigraron a España, algunos en avión, la mayoría a pie, en patera, a nado, o saltanto vallas.

Pienso en mis amigos Sani y Modyo, cameruneses, uno alto asesor en Relaciones Internacionales y divulgador sobre África, el otro jornalero y albañil; en el maliense Yakouba, estudiante de Finanzas y Contabilidad que trabaja en una ONG y el marfileño Adama, conductor de camión, en la marroquí Fátima, jornalera de frutos rojos y sus compatriotas Ousama y Mouna, ambos trabajando en hoteles, aunque él se sigue preparando como realizador de cine tras ganar, en Marruecos, algún premio de cortometraje; en el sudanés Abdellatif, conserje y estudiante de Comercio Internacional; en la nicaragüense Nereida, tan amorosa cuidadora de ancianos como eficaz ayudante de cocina en bares o cajera de supermercado; en la compañera periodista Angie, ecuatoriana, tantos años, desde la carrera, trabajando en restaurantes.

Mis queridos senegaleses incluyen a Bineta, gobernanta de hotel, madre de tres hijos, y Fatou, dueña de su agencia de viajes y tienda africana, a Mahmud, carpintero y atrezzista, Saiba, filósofo político, Abass, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Elhadji, premio en la ESO para adultos de Andalucía y universitario de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Birane, cantante y mediador cultural, Thimbo, actor, Abdou, estudiante del grado de Técnico de integración social y responsable de una casa de acogida.

¡Menudo plantel! ¡Ni salido de un cásting! Y sólo os he dicho lo que hacen no lo magníficas personas que son, cómo me abre la mente hablar con cada una de ellas y me devuelve la fe en la especie humana. En sus manos me confiaría y les encomendaría mis hijos, con tranquilidad plena. Lejos de ser un peligro son, sois, queridos amigos, un regalo, un tesoro para España, vuestra nueva casa. Gracias por haber venido y por mejorar, con vuestra llegada, el país que compartimos y que impulsaremos, juntos, hacia un futuro libre del terrible fascismo.

Detrás de cada persona que se ve obligada a cruzar la frontera hay una historia de huida, de guerra, de miseria... de un modelo económico global que expulsa a millones de personas de sus territorios. Lo que está ocurriendo en Ceuta, por más que insistan los medios de comunicación y buena parte de la clase política española, no es una invasión.

Cuando hablan de “asalto a la soberanía”, no están describiendo la realidad: están construyendo un relato. Un relato del que intencionadamente quedan fuera las consecuencias de la colonización, los derechos humanos y la protección internacional. Y una vez generado ese relato la migración se convierte en amenaza y deja de importar si la persona que llega es una niña sola, un joven que huye de una guerra o alguien que simplemente busca un salario digno: todas ellas quedan mezcladas en una misma masa a expulsar.

La respuesta política a la llegada de personas migrantes no ha sido, en general, una respuesta de derechos. Ha sido, sobre todo, una respuesta de orden público y de rentabilidad electoral. Y ese falso relato se traslada a la calle, y allí se convierte en violencia concreta. Algo que para sorpresa de nadie es aprovechado por el fascismo para generar miedo y capitalizar sus discursos.

El resultado es el que estamos viendo, un Estado que combina la inacción sobre las causas con una gestión fundamentalmente policial, y una parte de la ciudadanía que, azuzada por meses de discurso de “invasión” y de odio, termina dirigiendo su frustración contra las personas más vulnerables de la ecuación: los propios migrantes y quienes les ayudan.

Cuando los derechos se convierten en cifras y los cuerpos, en fronteras

Uno de los síntomas más claros de este desenfoque está en el propio vocabulario que se utiliza. Cuando lo que está ocurriendo en Ceuta se traduce, en la agenda política, en la pregunta de cuántos menores 'le tocan' a cada comunidad autónoma, algo fundamental se ha perdido por el camino.

Hablar de 'repartir' personas —y especialmente niños y niñas— convierte los derechos humanos en una cuestión logística. Por supuesto que tiene que existir corresponsabilidad entre territorios pero si el debate se limita a cuántas personas corresponden a cada lugar, dejamos sin responder las preguntas que realmente importan: qué vivienda, qué educación, qué atención psicológica, qué itinerario formativo y laboral y qué protección frente al racismo se les va a garantizar cuando lleguen.

En este contexto, una vez más las mujeres vuelven a ser utilizadas e instrumentalizadas por discursos racistas, fronterizos o militaristas. La violencia sexual contra las mujeres no empezó con la llegada de personas migrantes a Ceuta, ni termina allí, ni puede explicarse a partir del origen de quienes agreden. Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente, y siguen siendo, un territorio de guerra: las violaciones utilizadas como arma en conflictos coloniales y la esclavización sexual son algunos de los ejemplos más brutales de ello.

Lo que sí está ocurriendo es que cientos de mujeres y niñas migrantes han quedado en una situación de extrema vulnerabilidad: sin alojamiento suficiente, fuera durante días de los sistemas de protección, durmiendo en espacios precarios y desplazándose por una ciudad sumida en el caos. Una realidad que debería activar mecanismos de protección y cuidados, no convertirse en combustible para discursos racistas o militaristas.

La responsabilidad de quienes dicen estar del lado correcto

El Gobierno Vasco ha reivindicado durante años mayores competencias en materia migratoria y ha defendido su propio modelo de acogida como referencia; Navarra cuenta con un Plan de Acogida vigente y ha expresado su disposición a asumir menores procedentes de Ceuta. Sin embargo no basta con reclamar competencias si luego, en el terreno, la respuesta a la pobreza visible es la de criminaliza dar de comer como ha sucedido en Donostia.

No basta con la solidaridad discursiva si no se traduce en recursos estables, vivienda, itinerarios de regularización y una política de acogida que no dependa de la buena voluntad de un puñado de voluntarios y voluntarias.

En el caso de Donostia el paralelismo con la frontera sur no podría ser más directo. Allí se militariza la costa y se devuelve en caliente; aquí se identifica a quien reparte un bocadillo. Allí se vincula la llegada de personas con la inseguridad; aquí se vincula una cena solidaria con el “efecto llamada” y la delincuencia. En ambos casos, el problema que se combate no es la pobreza ni la falta de acogida: es la visibilidad de la pobreza y de quienes intentan paliarla.

No se puede hablar de pobreza sin cuestionar el modelo económico capitalista que la sustenta y que sigue manteniendo a una parte de la clase trabajadora en situación de irregularidad crónica. Esto es lo que permite que sectores como la agroindustria intensiva, la hostelería o los cuidados dispongan de mano de obra que no puede negociar condiciones, denunciar abusos ni rechazar salarios de mierda.

El problema es un sistema que expulsa a unas personas de sus territorios, las explota cuando llegan y después pretende enfrentarlas con quienes ya estaban aquí.

Desde ESK reafirmamos nuestro compromiso con una Euskal Herria y con un mundo desmilitarizado, solidario y justo, donde ninguna persona sea tratada como una amenaza por buscar una vida digna. Ningún derecho se puede sortear ni repartir: los derechos humanos se garantizan.

El ataque de un grupo de manifestantes este fin de semana en Ceuta a un pequeño grupo de trabajadores humanitarios que viajaban en un coche es solo el estallido más potente de algo mucho más general que ya está ocurriendo en España. Las ONG humanitarias, grandes y pequeñas, de Navarra, de Ceuta y de Madrid, de ecologistas y de ayuda a personas sin hogar, de asistencia a inmigrantes o de pura solidaridad a la antigua usanza, están sintiendo un odio nuevo, creciente desde hace años.  

Hablamos con Montse Santolino, de la Federación catalana de ONG, sobre cómo llega a España un fenómeno que ya ocurre en otros países, cuál es el patrón que sigue este hostigamiento y los objetivos que persigue. Escuchanos también la voz de Susana Domínguez, psicóloga de una entidad de defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en Jerez, sobre el incremento del hostigamiento que padece su organización y las consecuencias que tiene en su día a día.

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El músico Rodrigo Cuevas era el encargado de cerrar por todo lo alto con su música las fiestas de San Mateo, en Oviedo, y no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos los presentes en el contexto de la agresión fascista a los miembros de la asociación AMA Asturies Rubén Rosón y Jorge Fernández que recibieron una paliza al grito de “rojos de mierda” el pasado 10 de septiembre.

“Quería dar gracias, pero muchas gracias, a todos los inmigrantes que están aquí en España”, arrancaba entre canción y canción el artista asturiano, ante los aplausos y vítores de las más de 4.000 personas que abarrotaban la carpa de La Ería la noche del lunes. “Pero gracias de corazón”, insistía.

Cuevas agradeció “a todos los que vienen a ser los nuestros médicos, los nuestros enfermeros y enfermeres, los nuestros chigreros, los que cuiden a los nuestros güelos, los nuestros agricultores, los nuestros tenderos, los nuestros repartidores” porque, en su opinión, “nadie lo dice y es muy importante decirlo”. “¡Gracies!”, exclamó.

Después, parafraseando la mítica frase del poeta Federico García Lorca en una entrevista pocos días antes de ser fusilado por falangistas, afirmó: “Yo siempre estaré mucho más cerca de un chino bueno que de un patriota que se llena la boca de patria y de bandera y solo la usa para salir a dar palizas por la calle”, en clara referencia a las agresiones fascistas que desgraciadamente han marcado estas fiestas patronales de Oviedo y que han provocado dos grandes manifestaciones en la ciudad contra la intolerancia y la violencia.

“Yo siempre estaré mucho más cerca de un senegalés bueno que de un patriota que se le llena la boca de patria y que usa la bandera nada más que para protestar para que no me den a mí derechos”, continuaba Cuevas, que especificaba: “A los maricones, a las lesbianas, a las mujeres”. “Y siempre estaré mucho más cerca de un guineano bueno, como es Salvador Ondó [un conocido escanciador de sidra de origen guineano], que de todos esos patriotas que no conocen su patria, que tienen la boca llena de patria y de bandera y vacío el corazón. ¡Y punto!”, zanjaba el artista.

Pero, como el público estaba en La Ería principalmente para escuchar música y divertirse, Rodrigo Cuevas no tardó en volver a su especialidad: “Y ahora vamos a tocar un temazo que se va a cagar la perra”.

“Yo hago el mamarracho, pero lo hago con respeto y responsabilidad, porque hay gente que dio la vida para que pudiésemos divertirnos y que no nos lo tengamos que tomar todo en serio”, afirmó, también reivindicativo, en otro momento del concierto. Una frase que resume bien al artista Rodrigo Cuevas.

Hoy no hablamos de los menores no acompañados que llegan a España y que no sabemos acoger. Hablamos de las sensaciones, las historias y las vivencias de los niños y niñas que se quedan en sus países sin sus madres, cuando ellas tienen que migrar para prometerles “una vida mejor”. Lo hacemos con dos de ellas: Laura, colombiana y Elisa, hondureña. Ambas estuvieron separadas de sus madres durante años tratando de entender, como niñas y adolescentes, por qué sus madres tuvieron que elegir ir a otros países a cuidar de otros niños y ancianos que no eran de su familia. 

Reflexionamos con ellas sobre esas historias, que tienen un importante componente de género, y nos acercamos a otra perspectiva de la migración. Son historias que tienen final feliz, así lo escribía Laura: Mi madre migró a España y yo crecí viéndola a través de una pantalla: ahora nos hemos reencontrado

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Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un varón de 53 años de edad, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras prender fuego a un colchón que una persona sin hogar utilizaba para protegerse del frío. En el momento de su detención manifestó su animadversión hacia la persona sin hogar por su nacionalidad (extranjera), y fue trasladado a dependencias policiales.

Los hechos, según recoge Europa Press, ocurrieron en la mañana de este domingo, cuando varios testigos alertaron al 092 tras observar que había fuego en un colchón que estaba colocado a modo de parapeto en un hueco de una salida de emergencia de un inmueble, en la Avenida de Beiramar.

En ese hueco pernoctaba una persona sin hogar, de nacionalidad extranjera, que dormía en un colchón y utilizaba el otro para tapar la entrada del hueco y protegerse del frío.

El sospechoso, que portaba una botella de plástico de refresco, prendió fuego al colchón y se fue del lugar, aunque la persona sin hogar no resultó herida gracias a que fue auxiliado por un taxista. El perjudicado no logró dar datos sobre el autor de los hechos, pero la Policía recurrió a las cámaras de seguridad del Puerto y pudo identificarlo.

El sospechoso fue localizado a unos 300 metros, cuando estaba en la terraza de un bar tomando una consumición.