El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.

El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.

El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.

Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”, la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.

Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia, que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.

La plantilla municipal reclama poder trabajar

La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.

Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.

Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.

“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.

Filas, esperas y dificultades de acceso

Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.

Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.

Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.

Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.

Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa

La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.

“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.

A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.

Mientras Trump lleva a cabo una expulsión masiva y en muchos casos violenta de migrantes y mientras la derecha y extrema derecha votaban en el Parlamento europeo un nuevo Reglamento de retorno para la deportación de personas migrantes a terceros países de dudosa seguridad, el Gobierno progresista de España acaba de aprobar un Real Decreto para una regularización extraordinaria de aquellos que lleven en nuestro país más de cinco meses, no tengan antecedentes penales y estén en situación administrativa irregular. 

Son dos formas distintas de entender el fenómeno de la migración, en un caso, el español, poniendo el acento en la igual dignidad de las personas como sujetos plenos de derechos, y en el otro desde un enfoque xenófobo, de rechazo al diferente que viene a invadirnos y “sustituirnos”, en esa grotesca interpretación del “gran reemplazo”.  

La regularización es ante todo una respuesta a una situación real, la presencia desde hace tiempo en nuestro país de varios cientos de miles de personas de origen extranjero, que han venido huyendo del hambre, de la persecución o de las guerras y viven en situación de irregularidad administrativa, “sin papeles”, al no tener reconocida una condición jurídica que les permita disfrutar de derechos básicos como el resto de la ciudadanía. No pueden trabajar con derechos, haciéndolo en su caso en la economía sumergida, sometidos a situaciones de explotación y exclusión social y con dificultad de acceso a servicios públicos generales. 

Se trata de una decisión políticamente valiente del Gobierno, que tiene un gran apoyo social, cuyo origen se encuentra en una Iniciativa Legislativa Popular promovida por 700.000 personas con el respaldo de más de 800 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, los empresarios y sindicatos y múltiples organizaciones de la sociedad civil, que fue admitida a trámite por una amplísima mayoría parlamentaria y que ahora adquiere vigencia a través de una reforma del reglamento de extranjería. 

Se estima por el Gobierno que servirá para regularizar a unas 500.000 personas migrantes que ya están entre nosotros y responde ante todo a una concepción humanista, de derechos humanos, basada en la común dignidad de todos, nacionales y extranjeros, como personas, así como en la convicción de que el acceso a derechos y deberes constituye un elemento esencial para la cohesión social y la convivencia democrática.

Las derechas han contestado con enorme dureza. De Vox era todo esperable, pues sus propuestas políticas se basan en la xenofobia y el odio al migrante, con un discurso estigmatizador que ha llegado a proponer la expulsión de ocho millones de extranjeros de nuestro país, lo que llaman un proceso de remigración, ligado a un concepto de pueblo de claro componente étnico.

Pero lo más grave es la asunción de ese discurso por parte del PP, cada vez más decidido a competir en este terrero con Vox y la extrema derecha europea. Feijóo, cuya única política es oponerse a cualquier decisión del Gobierno, ha descalificado la regularización extraordinaria considerándola “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, y en una vuelta de tuerca más ha llegado a decir que se va a regularizar a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Ya la portavoz del PP había vinculado la regularización al riesgo de presencia de terroristas en nuestro país, afirmaciones hiperbólicas que ni ellos mismos creen.

Porque la regularización no solo no es inhumana e injusta, sino todo lo contrario; lo que deshumaniza a las personas es precisamente su invisibilidad, no ser reconocidas como sujetos de derechos, y lo que es injusto en la sobreexplotación que lleva el trabajar en la economía sumergida, con menores salarios y sin poder protestar, así como no poder disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad. Y como bien sabe Feijóo, no se va a incluir a delincuentes ni va a aumentar la inseguridad.

Los datos de criminalidad son muy claros. En nuestro país, a pesar de haber aumentado en los últimos años en más de diez millones el número de personas de origen extranjero, no solo no se ha incrementado la criminalidad, sino que, si no consideráramos los nuevos delitos informáticos, ha disminuido, siendo España uno de los países europeos más seguros. Y es sabido que del proceso de regularización quedan excluidas las personas con antecedentes penales y, en algunos supuestos, las que en función de la información policial se consideren una amenaza para el orden público. Pero la criminalización del migrante, el engaño, con el objetivo de generar miedo en la ciudadanía, es ya una consigna no sólo de Abascal y su gente, sino lamentablemente también del núcleo duro del PP.

Y respecto a que la medida es insostenible, es también falso. Todos los estudios económicos de entidades españolas y de organismos internacionales vienen enfatizando que el dinamismo de la economía española en los últimos cinco años deriva en gran medida de la política de regularización e integración de migrantes que lleva que viene llevando a cabo el Gobierno de España, incorporando plenamente a la actividad productiva a personas de origen extranjero, a diferencia de lo que hacen otros países que los excluyen y expulsan. 

Además de lo que implica de incorporación al mercado formal de trabajo de varios cientos de miles de personas, que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán más impuestos, favoreciendo de esa manera la mejor sostenibilidad del sistema de pensiones. También desde este punto de vista la regularización en marcha es una oportunidad para nuestro país.

Este cambio tan radical de posición del PP, que en su momento votó a favor de la tramitación de la ILP, expresa una vez más su profunda debilidad ideológica y su dependencia de su ala más dura, como Ayuso, y de Vox. Cabe preguntarse dónde quedan aquellas palabras de quien fuera portavoz del PP en 2024, Borja Sémper, defendiendo regularizar a cientos de miles de personas que estaban en la economía sumergida, asegurando que “hay que darles una salida, faltaría más”. Y dónde queda también la afirmación de julio de 2024 de Moreno Bonilla en el parlamento andaluz de que él no iba “a participar en la cacería del inmigrante”. Y cabe igualmente preguntarse dónde están los democristianos del PP, que se supone defienden un humanismo cristiano de acogida al migrante, como sí defendió la señora Merkel. Y podemos asimismo preguntarnos si las regularizaciones que llevó a cabo Aznar fueron también injustas, inhumanas e inseguras, o si sólo lo es la actual simplemente por el hecho de llevarla a cabo un Gobierno de mayoría socialista, aunque beneficie a España y a las personas migrantes.

Y por cierto, frente a lo que afirman estos pseudoprofetas de la derecha, ninguna de las anteriores regulaciones promovidas por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero generó lo que mendazmente alegan de “efecto llamada”, pues tras ellas no se produjo ese efecto de incremento de la llegada de inmigrantes a nuestro país.

Dar la batalla cultura contra la xenofobia

La batalla de la extrema derecha, con el apoyo entre nosotros del PP, contra la inmigración es una batalla contra los valores ilustrados, que son los valores fundacionales de la Unión Europea, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia, y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. La clave antimigratoria que ya no ocultan es la cultural, la defensa de la que vienen llamando la “identidad española”, una identidad cerrada y excluyente, que proclama su esencia blanca y cristiana, contraria al islam, y que consideran amenazada por la presencia de extranjeros.

Es, pues, necesario oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, con base en un humanismo compartido, porque frente a la deshumanización y la criminalización de la migración lo que está en juego es la vida de las personas. Debemos defender la idea de ciudadanía democrática, que se construye sobre el pluralismo social y político, abierta a la integración de ciudadanos de distinto origen étnico y religioso. 

El recientemente fallecido Habermas afirmaba que “tenemos que superar la opinión de que los inmigrantes supuestamente deben asimilar los ”valores“ de la cultura mayoritaria y adoptar sus ´costumbres`”, entendiendo, por el contrario, que “no puede haber integración sin ampliación del propio horizonte, sin la disposición a abrirse a un espectro más amplio de olores e ideas”. Frente a las identidades cerradas y excluyentes se mostraba a favor de lo que llama “cultura constitucional”, es decir, el sometimiento a la Constitución y las leyes, con los valores que las sustentan, libertad, igualdad, derechos fundamentales, señalando que lo que el Estado liberal debe exigir a sus inmigrantes consiste en “aprender el idioma del país y respetar los principios constitucionales”. En definitiva, ciudadanía democrática frente a “cultura nacional” y xenofobia al diferente.

Andalucía, inmersa en la precampaña para las elecciones del 17 de mayo, se ha sumado este lunes al despliegue habilitado por el Gobierno de España para gestionar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes. El cálculo oficioso, aportado por algunas ONG, habla de unos 60.000 beneficiarios potenciales.

A las nueve de la mañana, el paseo de viandantes es ligero en Sevilla. Los turistas aún no llenan la Avenida de la Constitución y la oficina de Correos ubicada en esta céntrica arteria de la capital andaluza abre sus puertas sin colas. Es el primer día para normalizar la situación familiar y sociolaboral de muchos extranjeros mientras, en paralelo, los candidatos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) defienden la medida; y los candidatos de derechas (PP y Vox) la demonizan.

Un total de 372 oficinas de Correos facilitarán el trámite, junto a las 60 oficinas de la Seguridad Social y las cinco de Extranjería en todo el país. Dentro de la oficina de la Avenida de la Constitución, Edwin espera a un lado a que le atiendan con la cita programada: “Llevo en España un año y siete meses y necesito los papeles para trabajar”, dice.

Procedente de Perú, donde trabajaba como taxista, huyó del país a causa de “la inseguridad que había en las calles” de su pueblo. “Llegan con la moto y te piden el dinero, el primer día pasan y dices que no puedes, vale, vienen el segundo día, no pagas y te dejan ir, vale, al tercero ya te meten la bala”, asegura sin alterar un ápice su semblante.

Con 35 años, salió de Perú con su esposa y, al poco que pudo, trajo a sus dos hijos adolescentes. “Tal vez echen raíces aquí, hagan su familia, quién sabe, a mí me gustaría volver cuando todo se calme”, dice. Entre la incertidumbre y las decisiones dolorosas, ha surgido esta oportunidad para encauzar su vida en Sevilla, ciudad en la que ha encontrado una oportunidad laboral que espera que pronto se legalice después de que abandonara Barcelona. Frente a quienes atacan esta regularización extraordinaria, encoge los hombros y zanja: “Si yo voy a un país, no voy a destrozarlo”.

“El 86% de las personas que se van a regularizar son hispanoamericanas”, afirma Jorge Serrano Paradinas, director de la Fundación para la Ciudadanía Global. La organización, que ha sido una de las impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que finalmente fue recogida en el Real Decreto publicado el pasado 16 de abril en el Boletín Oficial del Estado, estima que se esperan unas 90.000 solicitudes de regularización en Andalucía, aunque lo más probable es que se acepten 60.000 solicitudes.

A partir de los datos que manejan, Andalucía se convertiría en la tercera comunidad con más demandantes, después de Cataluña y Madrid, mientras que, a nivel nacional, la entidad cuantifica que habrá 751.200 solicitudes, aunque habrá que esperar a junio para saber el cómputo final. Entre las nacionalidades con más población, auguran que son Colombia, Perú, Honduras, Venezuela y Paraguay, cayendo hasta el noveno puesto Marruecos.

“Venimos a aportar”

Roberto sale de la oficina tras casi media hora: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”, asegura. Desde que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos en enero, ha estado atento a cada una de las actualizaciones. Un hito que cambió su perspectiva, ya que, de repente, ha acortado los tiempos de la petición de asilo por razones humanitarias (casi dos años) a apenas unos meses.

Este venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico y tiene los conocimientos digitales para que le haya parecido ágil y rápido este procedimiento, al contrario que a muchas otras personas migrantes que acuden a las asociaciones y sindicatos para pedir ayuda con todo el papeleo.

Roberto aterrizó en Sevilla tras hacer la intentona en Colombia y Santiago de Chile y, por el momento, no se arrepiente de la decisión. “La gente es muy cálida, aunque uno siempre vive con esa nostalgia y duelo por vivir fuera de su país... Pero me focalizo y tengo buena actitud”, sonríe, con la esperanza de que vengan pronto su madre y su hermana, tanto sea de visita como de forma definitiva.

A la espera de que su título se homologue, estudia un curso de climatización a través de Cáritas -la ONG vinculada a la Iglesia Católica- con tal de conseguir más oportunidades laborales desde que se apruebe su solicitud. “Este proceso acorta los tiempos y así tampoco se aprovechan de ti”, dice basándose en el testimonio de los compañeros con los que comparte clase, que se han visto afectados por la explotación laboral o las condiciones precarias de vivienda a causa de la desprotección que soportan.

Así, observa que tanto en los países sudamericanos en los que ha vivido como en España, donde la regularización extraordinaria ha sazonado la precampaña andaluza y ha sido la punta de lanza de los partidos de la oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez, se establece la misma dinámica: el discurso contra la población migrante para buscar el rédito electoral. “En Santiago de Chile, como aquí, los políticos culpan a la migración por no asumir la realidad, tanto para explicar por qué aumenta la delincuencia como para decir que no hay trabajo. Te venden el discurso y mucha gente cree que somos así... Hay gente mala, como en todas partes, pero venimos a aportar”.

La sede de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está saturada. Fuentes de la organización explican que atienden llamadas de teléfono cada 30 segundos y la gente acude a sus puertas “desesperada”. Cuando ven que las puertas están cerradas, se quedan fuera esperando. Por ello, han decidido organizar una charla informativa en su sede de Sevilla, con tal de que se acerque cualquier interesado y, así, facilitar los recursos a quien lo necesite.

Es más, la calma que rezuma la oficina de Correos en los alrededores de la Catedral de Sevilla contrasta con las colas que ha habido durante la mañana en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, junto a los jardines del Prado de San Sebastián, lugar al que se ha trasladado el grupo municipal de Vox para atacar el proceso de regularización.

El partido ultraderechista ha priorizado, por encima de todas las políticas que defiende en el Parlamento andaluz (14 diputados), su discurso antiinmigración, un área sobre la que el Gobierno autonómico apenas tiene competencias. Es una guerra cultural de Vox que da votos: vincular al extranjero con la delincuencia, sin aportar datos oficiales y en contra de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

Ha sido una constante en el discurso de Vox durante toda la legislatura y, ya en campaña, es una preocupación tanto para el PP de Juan Manuel Moreno como para el PSOE de María Jesús Montero porque, el hecho es que el discurso antiinmigrante moviliza votos, sobre todo en tres provincias donde más trabajadores extranjeros hay, ligados al trabajo en el campo: Huelva, Jaén y Almería. En esas tres provincias se juega Moreno la mayoría absoluta con el avance de Vox, según cálculos de los populares.

La cola en el registro municipal hispalense fluye. Juan Bueno, concejal del PP y portavoz del gobierno municipal, ha aclarado que los trámites se han realizado con “normalidad absoluta”: “Se va a atender a todas las personas en los horarios en los que trabajan nuestros funcionarios, pero me gustaría recordar que otros puntos de registro público también están disponibles y que el plazo es amplio”.

El informe de vulnerabilidad

Desde la asociación Adhara también ha habido dos charlas informativas a un total de 36 usuarios para aclarar las cuestiones más técnicas del trámite. Con este apoyo intentan agilizar el proceso, ya que no tienen trabajadores sociales ni pueden realizar informes de vulnerabilidad.

Un punto sobre el que Rosa Berges, secretaria de Política Migratoria de CCOO, entraña varias dudas: “Todavía no hay ninguna saturación en las oficinas del sindicato, pero sí mucha desorientación, sobre todo con el certificado de penales y el informe de vulnerabilidad, que está generando mucha controversia”, siendo las provincias de Almería, Málaga, Sevilla y Huelva donde ha habido más atenciones.

Aparte de que es imprescindible carecer de antecedentes penales, para solicitar la regularización hay que basarse en uno de los siguientes tres supuestos: el laboral, para lo que se debe presentar una oferta de trabajo o una declaración responsable sobre el negocio a abrir; el familiar, demostrando que vive en España en una unidad familiar; o el supuesto de situación de vulnerabilidad, para lo que se precisará un informe social que acredite la condición. “Hay ayuntamientos que no están dando este documento o están sobrecargados y nos derivan. Y entonces existe un desconcierto por un documento que genera incertidumbre”.

Además, aclaran que para aquellas personas solicitantes de asilo no es necesario renunciar a esta condición antes de registrar la petición para regularizar su situación, pero sí cuando hayan recibido la respuesta positiva. “Es normal esta desorientación al comienzo de un proceso de tal magnitud porque hay que trasladar lo que pone el BOE a una solicitud concreta”, comenta Berges, quien espera que en las próximas jornadas se agilice la atención en las oficinas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2026, tanto de manera presencial o telemática a través de la plataforma 'Mercurio'. En los municipios de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia se han abierto las oficinas de la Seguridad Social de 16.00 a 19.00 horas; luego, en Correos, de 8.30 a 17.30 horas; y en las oficinas de Extranjería de 16.00 a 19.00 horas, lugares a los que acudirán las personas sin papeles que, al no tener documento electrónico, no podrán acceder por su propia cuenta a la vía telemática.

“Es un gran alivio poder trabajar legalmente y con estabilidad. Estamos muy agradecidos”. Meiby León es una de las 10.000 personas que podrían beneficiarse en Navarra del proceso de regularización de inmigrantes que ha comenzado este lunes en todo el país. La mujer, de 30 años y origen venezolano, llegó hace año y medio a la ciudad y desde entonces ha tenido que trabajar “en negro” en la “limpieza de pisos y cuidando niños”. Hoy ha acudido a su cita en la oficina de Correos del Paseo Sarasate de Pamplona con casi tres cuartos de hora de antelación por “los nervios de esperar que todo salga bien”. Como ella, muchas personas inmigrantes se han acercado para presentar la documentación requerida en la sucursal, que solo atiende con cita previa.

La oficina de Correos del centro de Pamplona ha funcionado con tranquilidad y orden el primer día del proceso de presentación de solicitudes de forma presencial para la regularización extraordinaria de personas migrantes que ya residen en el país, abierto hasta el 30 de junio. En las sedes de Correos se atiende con cita previa, que se solicita en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, a aquellas personas que quieran presentar la solicitud de regularización, un proceso indispensable para acceder a una autorización de residencia y trabajo legal.

“La regularización me soluciona la situación de curro y trabajo. Sin documentos no hay nada y es difícil vivir sin trabajar”, explica Jairo Serrano, otro solicitante que lleva residiendo cuatro años en España de forma ilegal. Nació hace 63 años en Colombia, ha trabajado casi un lustro “en negro” ante la imposibilidad de poder tener estabilidad laboral al “no tener papeles”. Caso parecido es el de Bairun Zapata, también colombiano que ha tenido que apañarse “haciendo trabajillos en distintas empresas” mientras se tramitaba el proceso de asilo. Sin embargo, tras ser denegado, salió adelante con la ayuda de su familia mientras pedía el arraigo sociolaboral, pues durante el proceso no podía trabajar legalmente. Ahora, el hombre de 34 años intenta iniciar los procesos de sus hijos, aunque admite ser más complicado porque “para los niños piden más requisitos”.

A pesar de la alegría, algunos solicitantes llegan a la oficina sin cita previa y con cierta frustración por todos los trámites a realizar, afirmando que no saben a dónde tienen que acudir. “No entiendo toda esta tramitología”, admite uno de ellos. Preguntados por dónde se informan para poder comenzar el proceso, las fuentes varían entre abogados, medios de comunicación o, como Zapata admite, “TikTok y ChatGPT”.

Las personas solicitantes tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, es requisito carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Para justificar la estancia en España, podrán presentar documentos públicos o privados o una combinación de ambos que contengan datos personales que puedan acreditar su identidad y que estén fechados. Además, se deberá acreditar uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad.

En esta línea, el Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado este mismo lunes la creación de “una nueva oficina para facilitar los trámites” y emisión de documentos necesarios “para la regularización extraordinaria de personas inmigrantes ya residentes en el país”. Txema Mauleón, concejal delegado de Acción Social, ha anunciado que en la oficina facilitarán la documentación necesaria para el proceso, como certificados de empadronamiento, comprobantes de estancia a través de historial de citas e informes de vulnerabilidad. “Lo vamos a dar todo como Ayuntamiento para facilitar este proceso”, afirmaba el concejal, e insistía que el trámite es necesario y contribuye “a la integración de las personas e igualmente a la prosperidad y al bienestar de todos y todas”. El servicio comenzará el martes 21 de abril y funcionará durante dos meses, en los que se prevé atender a 5.000 personas. Es indispensable la cita previa.

Si la persona carece de empadronamiento, se derivará a una entidad acreditada, CEAR, para la que hay que coger cita previa en el teléfono de la entidad.

A pesar de que la atención al público todavía no ha comenzado, ya había al menos dos decenas de personas que se agolpaban a las puertas de la sede que habilitará el consistorio pamplonés. “La noticia se recibió con muchísima ilusión”, afirma una de las acompañantes de los solicitantes. Sin embargo, también ha valorado como “complicado” el proceso de regularización de las personas magrebíes. Sobre todo a los que todavía no poseen el empadronamiento.

Presentación de las solicitudes

Las solicitudes se pueden presentar en Navarra en la Tesorería General de la Seguridad Social (en la avenida Conde Oliveto de Pamplona) y en oficinas de Correos (el número es flexible y todavía no hay un dato definitivo sobre las oficinas disponibles para este trámite). La Oficina de Extranjería de Navarra no ha sido habilitada para este procedimiento. También es posible presentar desde el pasado jueves la solicitud de regularización por vía telemática (si se dispone de certificado electrónico), sin necesidad de acudir presencialmente a ninguna oficina y sin cita previa.

La presentación de solicitudes de forma presencial se debe hacer siempre con cita previa, que se puede obtener a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Navarra trabajan como entidades colaboradoras en este proceso el Colegio de Gestores Administrativos, los sindicatos UGT y CCOO, Cruz Roja, Apoyo Mutuo o Itxaropen Gune, entre otras entidades.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este lunes el concepto de “prioridad nacional” incluido en el acuerdo de gobierno con Vox, aplicado a medidas como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, al considerar que “fomenta el arraigo duradero y verificable”.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha asegurado que este criterio “no excluye a nadie” y se ajusta a la legalidad vigente. Según ha subrayado, el acuerdo “no habla de nacionalidades”, sino que establece requisitos vinculados al arraigo en la comunidad autónoma.

En concreto, el texto recoge la exigencia de un empadronamiento histórico en Extremadura de al menos diez años para optar a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el acceso al alquiler social. “El acuerdo no es interpretable, dice lo que dice”, ha insistido el portavoz popular.

El dirigente del PP ha enmarcado este pacto en el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, al afirmar que la ciudadanía “quería que María Guardiola fuera su presidenta, hubiera un entendimiento entre PP y Vox y pedían desterrar el ‘sanchismo’ en esta comunidad autónoma”.

Sánchez Juliá ha destacado también que el acuerdo contempla la aprobación de presupuestos anuales durante toda la legislatura y ha garantizado que no habrá “ningún retroceso social”, al tiempo que, según ha dicho, se consolidarán la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI.

Entre otros aspectos, ha puesto en valor la bajada de la carga impositiva, especialmente para rentas bajas y medias; el impulso a la industria; el refuerzo del sector agrario, con “menos cargas burocráticas y más competitivo”; y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

“¿A quién le parece mal este acuerdo?”, se ha preguntado el portavoz popular, para responder a continuación que “a la izquierda rabiosa, que no suma y que no es alternativa de nada”.

De cara al Debate de Investidura que arranca este martes en la Asamblea de Extremadura, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola lo afronta con confianza y con la “responsabilidad del trabajo bien hecho”.

El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

El Ayuntamiento de Logroño ha triplicado entre ayer y hoy el número de atenciones en el Servicio de Atención Ciudadana como consecuencia del proceso de regularización de personas inmigrantes.

Durante estas dos jornadas se han emitido 600 volantes de empadronamiento y se han registrado 350 solicitudes de informes de vulnerabilidad social tanto en el registro del Ayuntamiento de Logroño como en los centros sociales municipales o en otros puntos de registro.

El Gobierno local “lamenta la falta de información clara, detallada y con la anticipación necesaria por parte del Gobierno de España respecto a este proceso de regularización que tiene consecuencias y repercusión directa en las administraciones locales”.

A pesar de la instrucción municipal de derivar los trámites de empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar –lo que ha provocado este viernes el colapso de la casa consistorial–, funcionarios de las juntas de distrito se han 'rebelado' contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con su día a día.

Esta funcionaria, que quiere mantener tanto su anonimato como el del centro desde el que opera, explica a este diario que han tomado la decisión a primera hora de la mañana, en cuanto han recibido la instrucción: “Nos hemos reunido y hemos decidido que seguiríamos como siempre”, apunta. Asegura que sacar el volante de empadronamiento es una labor que llevan a cabo “a diario”, ya sea “para hacer un examen de la escuela de idiomas o para sacarse un bono de transporte público”. “Cuando va bien el sistema”, matiza, el proceso es “muy rápido”.

La empleada municipal asegura desconocer por qué ha tomado esta decisión el Ayuntamiento, pero tiene claro que continuarán atendiendo a los migrantes: “Lo hacemos por las personas que vienen, por supuesto, pero también por nuestras propias compañeras en la casa consistorial: si puedo hacer algo y evitar aumentarles la carga de trabajo, no voy a enviar a una persona hasta ahí. No voy a quitarme el trabajo si puedo hacerlo”, sostiene.

Ese volante de empadronamiento es necesario porque así los migrantes pueden demostrar el tiempo que llevan asentados aquí. El requisito impuesto por el Gobierno central es que hayan residido en España más de cinco meses.

La funcionaria reconoce a su vez que han notado “más trabajo” en días pasados, especialmente el primer día, cuando “la carga fue muy fuerte”, aunque este viernes ya había bajado. “El problema es que nos pedían algo que no podemos hacer aquí, el informe de vulnerabilidad. La gente vino sin estar informada y eso sí que generó colapso”, cuenta. En este caso, el equipo de gobierno ha optado por derivar el trámite a la Casa de las Culturas en vez de en los centros municipales de Servicios Sociales, como habitualmente.

La regularización, celebrada por colectivos sociales y partidos de izquierdas que llevan años pidiéndola, entró en vigor este jueves. Ya pueden solicitar sus papeles todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que llevan cinco meses viviendo aquí. Te dejamos las claves aquí. Es un motivo de celebración para mucha gente. No para Omar. Él no se va a poder acoger a una regularización a la que tiene derecho porque cumple todos los requisitos. No va a poder porque, a unos días de que el consejo de ministros diera luz verde a la regularización le detuvieron. Ahora está en un CIE, con una orden de expulsión.

Escuchamos a Andrea, su novia, que cuenta a la perfección el arraigo que Omar sí tiene en España. También a Omar, desde el CIE. No es habitual escuchar a alguien hablar de cómo es el día a día en un CIE… de cómo se siente ante una expulsión cuando cumple todos los requisitos de una regularización extraordinaria. Hablamos con Gabriela Sánchez, la periodista de elDiario.es que ha estado en contacto con Omar y que nos explica los detalles de su historia y de la regularización que ya está en marcha.

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Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización 

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La concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha enviado este jueves, a última hora, un comunicado para calificar de “riesgo de colapso real” el efecto que tendrá el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en Cantabria, después de que “más de un centenar” de personas hayan acudido al Ayuntamiento a consultar e informarse del procedimiento, este jueves día 16, día que se ha abierto el plazo de solicitud, tras la publicación del Real Decreto el día anterior, en el Boletín Oficial del Estado (BOC).

“Estamos atendiendo una demanda que no nos corresponde ordenar ni resolver, pero que sí estamos sosteniendo con nuestros recursos”, ha señalado Gancedo, quien ha advertido de que, de no actuar con rapidez, “el riesgo de colapso es real y afectará al conjunto de la atención social que prestamos a la ciudadanía”.

“Una presión que también se está trasladando al conjunto de los servicios municipales: unidades de trabajo social, centros de acogida, oficina de integración o centro de igualdad, además de las consultas telefónicas que no dejan de aumentar”, ha dicho la concejala.

Gancedo ha exigido a la Delegación del Gobierno en Cantabria que “asuma su responsabilidad” en la gestión del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central“.

Proceso “de enorme impacto”

La concejala ha denunciado que el Gobierno central ha puesto en marcha un proceso de enorme impacto social “sin dotarlo de la información operativa necesaria ni de una mínima previsión sobre sus consecuencias en la administración más cercana, que somos los ayuntamientos”.Por ello, ha reclamado instrucciones claras, canales de información accesibles para la ciudadanía y refuerzo de los dispositivos administrativos del Estado para evitar que la incertidumbre recaiga, una vez más, sobre los servicios locales.

“Los municipios no pueden convertirse en la ventanilla improvisada de decisiones que otros adoptan sin prever su ejecución”, ha dicho Gancedo.

Para dudas respecto al proceso, el Ministerio de Inclusión ha habilitado el teléfono 060, también habilitado para la petición de cita previa y que atenderá en español. Las personas pueden solicitar desde el 16 de abril cita previa. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. Las instituciones que quieran sumarse disponen de un registro de colaboradores.

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.

El Consejo de Ministros aprobó este 14 de abril un proceso extraordinario de regularización dirigido a personas migrantes que ya residen en España, con el objetivo de facilitar su situación administrativa mediante un procedimiento accesible y multicanal. La medida, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá presentar solicitudes a partir de este jueves 16 de abril tanto de forma telemática como presencial. Se estima que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, muchas de ellas residentes en Madrid, en lo que se perfila como uno de los procesos administrativos más relevantes de los últimos años.

Impulsada mediante real decreto, la iniciativa busca dar respuesta a una realidad social cada vez más visible: la de miles de personas que viven y trabajan en España sin papeles. Con este cambio normativo, el Ejecutivo pretende facilitar su integración legal, permitiéndoles acceder a derechos básicos y a un empleo regulado. Para ello, se habilitará una red de oficinas en Madrid y su área metropolitana donde los solicitantes podrán completar el trámite de forma presencial.

El proceso está dirigido a dos grandes perfiles. Por un lado, los solicitantes de asilo que hubieran registrado su petición antes del 1 de enero de 2026, tanto si está en trámite como si fue denegada. Por otro, los extranjeros en situación irregular que puedan acreditar su residencia en España antes de esa fecha y una permanencia continuada mínima de cinco meses. En todos los casos, será necesario carecer de antecedentes penales y demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

A continuación, explicamos todas las cuestiones a tener en cuenta para solicitar la regularización migratoria extraordinaria en Madrid a partir de este jueves:

¿Cuándo comienza y finaliza el proceso de regularización extraordinaria?

El plazo de solicitud se abre el jueves 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también el mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril.

El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

¿Quién puede acceder a la regularización extraordinaria?

Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones:

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria:

¿Dónde se puede presentar la solicitud?

Se puede hacer a través de dos vías: presencial y telemática. La forma presencial funcionará únicamente a través de un servicio de cita previa. En cambio, la vía telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

Las comunicaciones posteriores se llevarán a cabo preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por esto, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Estas son las opciones existentes para presentar la solicitud:

1. Vía telemática: esta vía permitirá llevar a cabo solicitudes durante todo el proceso de 4 maneras:

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

2. Vía presencial con cita previa:

Esta vía requerirá contar siempre con cita previa. Se podrá gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia y se podrá presentar la solicitud en los siguientes puntos, de lunes a viernes en:

Oficinas de extranjería (OEX)

Uno de los canales clave para presentar la solicitud en la capital será la red de Oficinas de Extranjería. En Madrid, estas sedes estarán habilitadas con atención específica para este proceso en horario de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, siempre con cita previa obligatoria.

Las oficinas disponibles son:

Oficinas de la Seguridad Social

Además de Extranjería, el Gobierno ha habilitado centros de la Seguridad Social para ampliar la capacidad de atención. En Madrid, habrá varios puntos donde los interesados podrán entregar su documentación en horario de 16.00 a 19.00 horas. Las principales sedes son:

Correos

Las oficinas de Correos también participarán en la regularización. A partir del 20 de abril y hasta el 30 de junio, un total de 371 oficinas en toda España permitirán presentar la solicitud de forma presencial. El horario en este caso será de 8.30 a 17.30 horas y, al igual que en el resto de canales, será imprescindible contar con cita previa. Esta deberá solicitarse a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060.

¿Cómo solicitar la cita previa?

Hay tres opciones:

¿Qué documentación hay que presentar?

Todos los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:

Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos.

Además, en caso de no ser solicitante de Protección Internacional, se debe acreditar uno de estos tres supuestos:

¿Hay asesoramiento de profesionales disponible?

Aunque la solicitud puede llevarse a cabo de forma individual, también se permite contar con apoyo y asesoramiento de profesionales especializados. Por una parte, los interesados podrán contar con asesoramiento de profesionales habilitados a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que pueden actuar como representantes para la presentación de solicitudes.

En paralelo, entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos también ofrecerán su ayuda. Estas presetarán asesoramiento gratuito y pueden actuar en calidad de representantes. Puedes consultar el listado completo en este enlace.

¿Con este permiso se puede trabajar?

La comunicación de inicio del procedimiento permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Este documento no es el justificante de solicitud, sino una comunicación oficial emitida por la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX) a la persona solicitante.

Con el inicio del procedimiento, se obtendrá de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria. La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

¿Este permiso es válido para la Unión Europea?

El permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la UE.

¿Para quién no está dirigido este procedimiento?

Este proceso no está dirigido a:

¿Y si ya se ha solicitado arraigo?

No será necesario llevar a cabo ningún trámite adicional. La solicitud seguirá su curso normal.

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La Generalitat Valenciana ha anunciado este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de inmigrantes, al entender que “llega sin ningún tipo de previsión ni recursos y que va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana”.

En un comunicado remitido esta noche, el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca advierte de que una medida de estas características, “adoptada sin una memoria económica clara ni coordinación con las comunidades autónomas, puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial”.

Desde el Consell se asegura que están comprometidos “con una política migratoria ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida, así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana”.

Asimismo, la Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso para “evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico”.

El Consell, según el comunicado, pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas “que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en situación administrativa irregular en España, una medida que podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta.

De acuerdo con los cálculos de esta organización, en la comunidad extremeña residen alrededor de 69.500 personas nacidas en el extranjero, de las cuales unas 5.000 se encontrarían en situación irregular. En este contexto, se prevé que la regularización extraordinaria genere unas 4.500 solicitudes en la región, de las que aproximadamente dos tercios podrían resolverse favorablemente.

A nivel estatal, la Fundación Ciudadanía Global estima que podrían presentarse unas 751.200 solicitudes, con una previsión de en torno a 503.000 regularizaciones efectivas. La medida se enmarca en una respuesta institucional a una demanda social y política que llevaba años sobre la mesa y que finalmente ha cristalizado en este real decreto aprobado por el Ejecutivo.

Por territorios, Extremadura se situaría entre las comunidades autónomas con menor número de regularizaciones previstas, junto a Cantabria (3.500) y La Rioja (4.000). En el extremo opuesto se encuentran Cataluña, donde se estiman unas 135.000 regularizaciones; la Comunidad de Madrid, con unas 90.000; y Andalucía y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 60.000 cada una.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el real decreto establece como requisitos carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. El Ejecutivo calcula que la medida permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas en todo el país.

Esta regularización extraordinaria supone uno de los procesos más amplios de este tipo en España en los últimos años y busca dar respuesta a una realidad estructural vinculada a la presencia de población migrante sin autorización administrativa, facilitando su acceso a derechos laborales y sociales.

Gobierno central

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzará las oficinas encargadas de tramitar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Estos puntos de atención se habilitarán en dependencias de la Seguridad Social en Cáceres y Badajoz, así como en oficinas de Correos en ambas ciudades y en Mérida.

Según ha detallado, las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a partir de este jueves, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril. Quintana ha subrayado que se trata de un procedimiento “relativamente sencillo” y ha destacado la implicación de numerosas ONG en el acompañamiento a las personas solicitantes.

En el caso de Extremadura, la tramitación presencial se realizará en las oficinas de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz, y en las de Correos de Cáceres, Badajoz y Mérida, al tratarse de las principales ciudades de la región. Para acceder a este servicio será necesario solicitar cita previa, bien a través del teléfono 060 o del portal de regularización, ambos disponibles desde el 16 de abril.

Por otro lado, el delegado ha calificado de “difícil de entender” que algunos sectores critiquen esta medida mientras, al mismo tiempo, reclaman mano de obra y la regularización de personas migrantes. “Resulta sorprendente que quienes cuestionan la normativa sean los mismos que señalan la necesidad de trabajadores”, ha insistido.

Finalmente, Quintana ha valorado esta iniciativa como “muy bien recibida” y ha recordado que actualmente más de tres millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social en España, contribuyendo a que el país supere los 22 millones de ocupados y alcance, por primera vez, más de 10,5 millones de mujeres trabajando.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el mando de la Administración Trump, han detenido a la esposa de un sargento del Ejército de los Estados Unidos en su base militar de Luisiana, mientras él se preparaba para ser desplegado, según han informado diferentes medios.

La detención de Annie Ramos, de 22 años, tuvo lugar el pasado jueves, pocos días después de que se casara con Matthew Blank, de 23 años, un soldado con más de cinco años de servicio que ha sido desplegado en Oriente Medio y Europa en el pasado, según adelantó el New York Times el domingo. Finalmente, fue puesta en libertad este martes, según informa The Guardian.

“Lo único que siempre he querido es vivir con dignidad en el país al que he llamado mi hogar desde que era un bebé. Quiero terminar mi carrera, continuar mi educación y servir a mi comunidad, al igual que mi marido sirve a nuestro país con honor”, ha declarado Ramos en un comunicado tras su liberación.

Ramos, estudiante de bioquímica sin antecedentes penales que también imparte enseñanza religiosa, había sido objeto de una orden de deportación dictada en rebeldía en 2005, cuando era una niña, después de que su familia no se presentara a una vista en el tribunal de inmigración, según informa el New York Times.

Dado que existen vías para que las personas sin papeles obtengan la residencia permanente legal a través del matrimonio y, con el tiempo, soliciten la nacionalidad, Ramos y Blank ya habían contratado a un abogado para iniciar el proceso antes de su boda.

“Sabía que ella no tenía estatus [permiso de residencia]”, declaró Blank al New York Times. “Estábamos haciendo todo como es debido”.

Campaña de represión

En 2020, Ramos solicitó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa federal que ofrece protección contra la deportación a las personas indocumentadas que entraron en EEUU cuando eran niños. Sin embargo, el New York Times informa de que su solicitud nunca se tramitó después de que el Gobierno de Donald Trump, durante su primer mandato, dejara de aceptar nuevas solicitudes.

Blank, destinado en Fort Polk (Luisiana) y que debía comenzar el entrenamiento para su despliegue el mes que viene, dijo al medio: “Nuestro plan era ir en coche, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus prestaciones como cónyuge de militar… Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”.

La difícil situación de Ramos es solo uno de los numerosos casos que contradicen las afirmaciones de Trump de que su actual campaña de represión migratoria daría prioridad a la deportación de delincuentes peligrosos. En su afán por aumentar las cifras de deportaciones, esta campaña ha afectado a un número cada vez mayor de familiares de militares o incluso a los propios veteranos, por lo general sin tener en cuenta su historial de servicio a Estados Unidos.

La detención

Según informó el Times, el 2 de abril, Blank y Ramos —junto con los padres de él— acudieron al centro de visitantes de Fort Polk, llevando consigo su certificado de nacimiento, su pasaporte hondureño, la partida de matrimonio de la pareja y su identificación militar.

Sin embargo, cuando se les preguntó si Ramos tenía un visado o una tarjeta de residencia que acreditara su situación de residente permanente legal, la familia explicó que no, pero añadió que su abogado ya había preparado la documentación necesaria para su solicitud.

Un empleado respondió: “Ya lo resolveremos”, antes de hacer varias llamadas telefónicas, según informa el New York Times. Pronto llegó un supervisor, seguido de un agente de la División de Investigación Criminal (CID) de la base, quien dijo que iba a ponerse en contacto con el ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A continuación, esposaron a Ramos y la subieron a un vehículo de la policía militar, en el que la llevaron a otro edificio. Allí la retuvieron en lo que la familia de Blank describió como una “sala de interrogatorios”.

“Les supliqué que no se la llevaran”

Más tarde, llegaron al lugar tres agentes del ICE. Los padres de Blank declararon al New York Times: “Nos dijeron que no tenían otra opción, que tenían que llevarse a Annie”. Señalaron que los agentes parecían lamentarlo.

“Les supliqué que no se la llevaran… Dijeron que sus superiores les obligaban a hacerlo”, afirmó la madre de Blank, Jen Rickling.

Posteriormente, Ramos fue trasladada a un centro de detención en Basile, Luisiana. Cuando la familia de Blank la visitó días después, no se les permitió llevar ningún documento, lo que le impidió firmar una solicitud de tarjeta de residencia ya cumplimentada.

En declaraciones al New York Times, Ramos dijo: “Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es lo único que conozco. Mi marido y mi familia están aquí”.

The Guardian se puso en contacto con el ICE, pero no obtuvo respuesta.

El PP valencià assumeix una vegada més els postulats més ultres de Vox, en aquest cas els relacionats amb la immigració. Tots dos partits han pactat una proposició no de llei “de tramitació especial d’urgència” per a aplicar mesures urgents davant un pretés “augment de la immigració massiva i les seues conseqüències negatives”, tal com recull la proposta del grup parlamentari d’extrema dreta en les Corts Valencianes.

La proposta inicial de Vox instava el Consell a adoptar set mesures i el Govern central a impulsar una altra desena d’accions, totes de tint racista. Encara que inicialment els populars van presentar esmenes per a suavitzar tres de les propostes elevades a l’Estat, referides a repatriació d’immigrants, a l’arrelament com a fórmula per a legalitzar-los i a prioritzar als espanyols en la percepció de prestacions, finalment van acordar la retirada de les 10 propostes que s’havien de plantejar a l’executiu central.

D’aquesta manera, la proposició no de llei pactada tirarà avant dimecres, tret de sorpresa d’última hora, amb els vots a favor del PP i de Vox. Entre les mesures que es proposen a la Generalitat destaca “promoure la signatura d’acords per a la reintegració dels menors estrangers no acompanyats sota tutela de la Generalitat als països d’origen, impulsant la col·laboració necessària amb els serveis de protecció del menor dels països d’origen, a fi de facilitar la reintegració amb les famílies dels menors estrangers no acompanyats residents a la Comunitat Valenciana i, en defecte d’això, a l’assumpció de la tutela d’aquests pels corresponents serveis de protecció al menor del país d’origen o residència habitual”.

També s’exigeix “impulsar, d’acord amb les competències autonòmiques, un programa de retorn voluntari i de reintegració per a facilitar a les persones immigrants a la Comunitat Valenciana tornar al país d’origen”, així com “col·laborar amb associacions, administracions i altres entitats per a facilitar el compliment del programa de retorn voluntari i de reintegració per a facilitar a les persones immigrants a la Comunitat Valenciana tornar al país d’origen”. A més, es demana “rebutjar les polítiques d’efecte crida que han portat milers de persones a jugar-se la vida, i perdre-la tràgicament en molts casos, a conseqüència de les falses promeses d’un futur millor a Espanya”.

Finalment, s’insta el Consell a “promoure la ubicació dels centres de menors estrangers no acompanyats als afores dels centres urbans, amb la finalitat que els ‘menes’ no generen problemes de convivència ni seguretat” i a “publicar estadístiques periòdiques relatives a la delinqüència i la inseguretat associada amb la immigració massiva en la Comunitat Valenciana”.

Sobre aquest tema, el portaveu del PP, Nando Pastor, va explicar que votaran a favor de la proposta amb l’esmena esmentada amb l’objectiu de “regular el fenomen de la immigració, intentant fer-ho tot de manera compatible, de manera regulada i ordenada”. Malgrat les propostes aprovades, Pastor va descartar que s’expulse els immigrants irregulars: “El que es promou són mesures per a promoure la regulació i l’ordenació d’aquest fenomen a la nostra Comunitat”.

El PP valenciano asume una vez más los postulados más ultras de Vox, en este caso los relacionados con la inmigración. Ambos partidos han pactado una Proposición no de Ley “de tramitación especial de urgencia” para aplicar medidas urgentes frente a un supuesto “aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias”, tal y como recoge la propuesta del grupo parlamentario de extrema derecha en las Corts Valencianes.

La propuesta inicial de Vox instaba al Consell a adoptar siete medidas y al Gobierno central a impulsar otra decena de acciones, todas ellas de tinte racista. Aunque inicialmente los populares presentaron enmiendas para suavizar tres de las propuestas elevadas al Estado, referidas a repatriación de inmigrantes, al arraigo como fórmula para legalizarlos y a priorizar a los españoles en la percepción de prestaciones, finalmente acordaron la retirada de las 10 propuestas que se iban a plantear al ejecutivo central.

De esta forma, la Proposición no de Ley pactada saldrá adelante este miércoles, salvo sorpresa de última hora, con los votos a favor del PP y de Vox. Entre las medidas que se proponen a la Generalitat destaca “promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat a sus países de origen, impulsando la colaboración necesaria con los servicios de protección del menor de sus países de origen, a fin de facilitar la reintegración con las familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad Valenciana y, en su defecto, a la asunción de la tutela de estos por los correspondientes servicios de protección al menor de su país de origen o residencia habitual”.

También se exige “impulsar, de acuerdo con las competencias autonómicas, un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana volver a su país de origen”, así como “colaborar con asociaciones, administraciones y otras entidades para facilitar el cumplimiento del programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana volver a su país de origen”. Además, se pide “rechazar las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en muchos casos, a consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España”.

Por último, se insta al Consell a “promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados en las afueras de los centros urbanos, con el fin de que los 'menas' no generen problemas de convivencia ni seguridad” y a “publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat Valenciana”.

Al respecto, el portavoz del PP, Nando Pastor, explicó que votarán a favor de la propuesta con la enmienda mencionada con el objetivo de “regular el fenómeno de la inmigración, intentar hacer todo de forma compatible, de forma regulada y ordenada”. Pese a las propuestas aprobadas, Pastor descartó que se vaya a expulsar a los inmigrantes irregulares: “Lo que se promueve son medidas para promover la regulación y la ordenación de ese fenómeno en nuestra comunidad”.