Al menos nueve personas han muerto y trece han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informó el miércoles el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.

El agresor, un alumno del centro de unos 14 años, murió también durante el ataque, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

El gobernador de esa provincia, Mükerrem Ünlüer, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a niños de 10 y 11 años, han muerto en el ataque. Ünlüer precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de policía.

Un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaraş, hirió ayer a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.

A los difuntos de Líbano se les suele permitir una última mirada a su ciudad natal antes de ser enterrados. Es tradición que, alzado sobre las cabezas de los vivos, el ataúd de la persona fallecida recorra lentamente las calles donde creció. Son las manos de sus seres queridos las que la guían hasta su lugar de descanso final, ya excavado, y esparcen suavemente tierra sobre su cuerpo.

La guerra ha privado a los muertos del sur de Líbano de su última despedida. A medida que Israel amplía su invasión terrestre, las familias se han visto obligadas a abandonar los ritos funerarios tradicionales y a enterrar a sus seres queridos en fosas provisionales situadas más al norte.

En Tiro, la histórica ciudad costera del sur de Líbano, se han excavado zanjas de dos metros de ancho para enterrar a los muertos. Los epitafios son mínimos: un número pintado con spray rojo sobre una delgada tabla de madera, una forma precaria de registrar a los fallecidos.

Rabih Koubaissi, un imán, se ha quedado en Tiro para supervisar los entierros, a pesar de las órdenes israelíes de que la población debe marcharse y de los ataques aéreos sobre la ciudad. Es su segunda guerra en tres años. Explica que, en el islam, los cuerpos no deben exhumarse tras ser enterrados. Normalmente, se lavan, se envuelven en un sudario blanco y se colocan directamente en la tierra sin ataúd.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, como una guerra, se puede invocar un rito funerario especial. En la jurisprudencia islámica existe una laguna jurídica por la que los cuerpos pueden ser enterrados en un ataúd, en un procedimiento llamado wadiaa, que literalmente significa “depósito”. La teoría es que es el ataúd, y no el cuerpo, lo que se desentierra de nuevo.

“Un musulmán puede ser enterrado en cualquier cementerio musulmán. Pero las personas tienen un vínculo emocional: quieren que sus seres queridos sean enterrados en la tierra de sus antepasados. Esto refleja el sentido de pertenencia, el legado y la presencia”, indica Koubaissi.

La brutalidad de la guerra ha trastocado cada paso del ritual de entierro, haciendo a veces imposible lavar los cuerpos de los fallecidos.

“A veces solo recibimos restos de cuerpos”, señala. “En esos casos, simplemente recogemos lo que podemos, los colocamos en un sudario y una bolsa para cadáveres, y luego los metemos en el ataúd”.

Koubaissi explica que los entierros provisionales proporcionan cierta tranquilidad, pero en última instancia son una fuente de dolor. “Es muy difícil. Las familias se ven obligadas a enterrar a sus seres queridos dos veces”, indica.

Temor a la ocupación israelí

A la población de sur del Líbano le preocupa no tener la oportunidad de enterrar a sus seres queridos en su tierra natal. Las declaraciones de representantes israelíes de que el Ejército ocupará indefinidamente la zona al sur del río Litani han suscitado el temor de que puedan pasar meses, o años, antes de que los libaneses puedan finalmente dar descanso a sus seres queridos en sus hogares ancestrales.

Lo más duro es cuando los familiares te preguntan qué aspecto tenían sus seres queridos. No han podido verlos, pero yo sí los he visto. No puedes mentirles, pero tampoco puedes decirles la verdad. Así que intentas consolarlos

Rabih Koubaissi — Imán de Tiro

Aunque se retiren los soldados israelíes, a la población le preocupa qué se encontrarán al regresar a sus pueblos.

Al final de la guerra de 13 meses entre Hezbolá e Israel, en noviembre de 2024, los habitantes de Dhayra, un pueblo fronterizo, quisieron volver a enterrar rápidamente a dos residentes que habían muerto en ataques aéreos meses antes y que estaban enterrados en tumbas provisionales en Tiro. Sin embargo, cuando regresaron a casa, encontraron el cementerio del pueblo en ruinas. Las excavadoras israelíes habían destrozado las tumbas y la mezquita local había sido destruida. Tuvieron que enterrar los cuerpos en otro cementerio.

Mientras los muertos esperan a volver bajo tierra, pocas personas acuden a sus tumbas temporales. Tras asistir a los apresurados funerales provisionales, la mayoría de las familias se han visto obligadas a abandonar Tiro, ya que la ciudad ha sido blanco de ataques cada vez más intensos.

Una joven pareja que permaneció en Tiro, a pesar de los peligros, visitó una de las tumbas provisionales hace dos semanas, y cuidó de las flores depositadas a los pies de la tumba de dos jóvenes de la localidad de Al Qlailah.

Son las únicas dos tumbas que tienen fotos de los difuntos. La pareja, abrumada por la emoción, se consolaba mutuamente mientras contemplaba las fotografías.

De pie junto a la primera tumba de la fila, Hecham Reda, un médico de la aldea fronteriza de Aita al-Chaab, rompió a llorar al recordar a su amigo. “Hadi siempre estaba con nosotros, apagando incendios, llevando a los mártires. En esta guerra, no tuvo tiempo. El ataque que le alcanzó fue rápido, brutal”, explica.

Reda teme, como mucha gente del sur de Líbano, no tener nunca la oportunidad de enterrar a su amigo en su tierra natal.

Mientras Koubaissi contempla las tumbas, los ataques aéreos retumban en la distancia. No se molesta en levantar la vista cuando oye el impacto.

“Lo más duro es cuando los familiares te preguntan qué aspecto tenían sus seres queridos”, señala. “No han podido verlos, pero yo sí los he visto. No puedes mentirles, pero tampoco puedes decirles la verdad. Así que intentas consolarlos”, explica. “Es una sensación abrumadora. Ni siquiera nos habíamos recuperado de la última guerra antes de entrar en esta”.

Traducción de Emma Reverter

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha exigido este miércoles al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que acuda a Fiscalía si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos, como sugirió ayer el líder popular.

“Si dice que sabe, o que tiene conocimiento a lo mejor por sus relaciones con determinados ámbitos económicos, de que hay intereses económicos le invito, es más, le exijo, que acuda a Fiscalía”, ha dicho Barbón en una rueda de prensa para hablar del contenido del informe encargado a la Inspección General de Servicios acerca del funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, que le costó la vida a cinco mineros el 31 de marzo de 2025.

Actuaciones de investigación

Entre las medidas que va a adoptar el Gobierno del Principado a raíz de dicho informe están el inicio de actuaciones de investigación sobre un contrato entre Blue Solving y Combayl (empresas del mismo entramado societario que explotaban la mina), que la propia Inspección de Servicios ya ha remitido a Fiscalía, y también sobre la rebaja de la calificación del expediente sancionador por otro accidente en el que murió un trabajador en agosto de 2022 y los procedimientos que se encuentran pendiente de resolución.

Barbón ha asegurado que ha dado la “orden estricta” de acudir “inmediatamente” a Fiscalía si en estas investigaciones se detecta cualquier indicio de la comisión de un delito.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que la Fiscalía deberá dirimir si hubo una omisión punible o no por parte de algún funcionario de Minas al no actuar tras recibirse un contrato entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, en la que se hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón a pesar de que no existía autorización para ello. 

Sin avisos de inspecciones

Por otro lado, el Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu que refleja que Minas hizo una instrucción “insuficiente” al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del 'proyecto de investigación complementaria' (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.

Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que “de manera ilegal” incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando “una actividad clandestina” que ha constatado la necesidad de “regenerar” en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.

A su juicio, la publicación del informe y las medidas que hoy ha anunciado son “el principio de todo” en torno a una investigación que abrió con el compromiso de “llegar hasta el final” para que se haga “justicia”. 

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

Un hombre ha fallecido este sábado y 19 personas han sido atendidas por inhalación leve de humo, entre ellas cuatro menores, en el incendio de una vivienda en el barrio de Tres Forques de València, según han informado fuentes sanitarias y de los bomberos.

El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas en una vivienda ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster de la capital valenciana, donde los bomberos han encontrado el cuerpo de una persona carbonizada, un hombre.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a doce personas que han sido de altas in situ, y a otras siete personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios por inhalación leve de humo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Esas siete personas son un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos menores de 16 años ambos que han sido trasladados al hospital La Fe, y una mujer de 33 años y dos niños de 2 y 9 años, que han sido evacuados al Hospital General.

Una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional se han desplazado hasta el lugar del incendio, de cuya investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional.

Casi dos años ha tardado un acusado en reconocer ante la Fiscalía de Asturias que, en marzo de 2024, fue él quien mató a su tío político y enterró su cadáver en una finca en Granda (Siero). Una confesión que le ha llevado a aceptar una condena de 12 años de prisión y cinco años de libertad vigilada.

Un hermano y un primo suyo han admitido también haber encubierto el crimen. Tres testimonios que han sido ratificados este viernes por los tres coacusados ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

La víctima mantenía a la familia

Los tres acusados son de nacionalidad colombiana, al igual que la víctima, J.J.P.C. , de 52 años y padre de cinco hijos. El fallecido llevaba apenas un año en España cuando ocurrió el crimen.

J.J.P.C. se había trasladado a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano. En la misma compañía trabajaban su cuñado y los dos hijos de éste, los dos acusados que eran, por tanto, sobrinos políticos del fallecido. También formaba parte de la plantilla un primo de estos dos últimos, el tercer acusado.

Una tarde bebiendo cerveza

La Fiscalía relata en su escrito de calificación que el grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. El 25 de marzo de 2024, los tres acusados y la víctima quedaron para tomar algo y, después de un tiempo en que permanecieron todos juntos, uno de ellos quedó a solas con J.J.P.C.

Ambos fueron a un supermercado a comprar más cerveza y bebieron un número indeterminado de ellas. Sobre las 19.40 horas, se desplazaron a la vivienda del acusado en Granda. En un momento dado, y tras una videollamada que hizo J.J.P.C., se inició entre los dos una discusión por un episodio familiar violento ocurrido en el pasado.

De la discusión al apuñalamiento

“En el marco de la discusión se produjo un enfrentamiento físico entre ambos en el que, el acusado teniendo a J.J.P.C. de frente, utilizando un arma blanca tipo cuchillo que se encontraba en el lugar y con la intención de acabar con su vida, lo atacó en la zona del cuello. A continuación lo apuñaló repetidamente, también en otras zonas del cuerpo, causándole la muerte”, señala la Fiscalía.

Aproximadamente una hora después, este acusado llamó a su hermano y le relató lo que había sucedido, por lo que este último acudió a su domicilio. Ya juntos, entendiendo ambos que J.J.P.C. estaba muerto, y para evitar que se encontrara el cadáver, decidieron que la mejor opción era enterrarlo en una zona del huerto de la finca y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a su hallazgo. También cogieron el móvil de la víctima y lo destruyeron.

J. J. P. C. fue enterrado sin la ropa que llevaba en la parte de arriba, con una bolsa de plástico que lo cubría parcialmente (cabeza, tronco y extremidad superior derecha) y otra bolsa enlazada a la primera con cinta americana negra, con la que el cuerpo quedó totalmente envuelto.

Enterrado en el jardín

A continuación, según la versión de la Fiscalía que hoy han corroborado los propios acusados, cavaron un hoyo en el jardín y metieron en él el cadáver, eliminaron el arma del crimen, limpiaron el lugar de forma exhaustiva y decidieron borrar las conversaciones que ambos habían mantenido por teléfono ese día.

Las investigaciones policiales se iniciaron el día 26, después de que la pareja sentimental de la víctima -con el que había mantenido la conversación de la videollamada- presentara una denuncia por la desaparición de J. J. P. C.

Los cómplices

El 10 de abril, el hermano que actuó como cómplice compareció libremente en dependencias policiales y, con el objeto de protegerle y dificultar la investigación policial, declaró libremente que no recordaba si el día de los hechos había estado con él y que no conocía información o dato que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del caso.

No obstante, el día 29 regresó y, al contrario de lo que había manifestado con anterioridad, afirmó que, el día que J. J. P. C. había desaparecido, recibió una llamada de su hermano para que fuera a su casa a tomar algo, lo que hizo. Aseguró que al llegar a la casa vio que J. J. P. C. estaba también en la vivienda y que, cuando se marchó a las 21.45 horas, los había dejado a los dos en el inmueble, ebrios y escuchando música.

Eliminaron pruebas

Por su parte, el primo de los acusados mantuvo el día de los hechos varias conversaciones telefónicas con ambos hermanos y en algún momento de una de las llamadas se enteró de la muerte de J.J.P.C. No obstante, se lo ocultó a la Policía, borró mensajes de su móvil y ofreció diversas versiones a los agentes.

La Fiscalía sostiene que si esta conducta no se hubiera producido, se podría haber encontrado más rápidamente el cadáver de la víctima, esclarecer la autoría de su muerte y evitar que se hubieran ocultado pruebas del delito.

El hallazgo del cadáver

El 7 de mayo de 2024 se autorizó la entrada y registro en la finca del principal investigado, al considerar los agentes que el cuerpo podría estar allí enterrado. El cadáver fue localizado al día siguiente, cerca de un lugar de compostaje, tras los intentos fallidos de la primera jornada de búsqueda. Se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno, que era húmedo, y por las bolsas de plástico que lo envolvían.

Tras admitir el relato de hechos de la Fiscalía, el principal acusado aceptó 12 años de prisión y cinco años de libertad vigilada además del pago de indemnizaciones a la familia de su tío político por un importe de 390.000 euros.

Las penas e indemnizaciones

A su hermano no se le impuso pena alguna, al aplicarle la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 al ser encubridor. No obstante, por vía de responsabilidad civil, deberá abonar una indemnización a los familiares de la víctima de 4.000 euros por el daño moral derivado de su acción, respondiendo solidariamente con su hermano, al haber participado desde un principio ambos en la ocultación del cadáver.

Su primo ha sido condenado a un año de prisión. La Fiscalía no se ha opuesto a que se le conceda el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. Este acusado, por vía de responsabilidad civil, deberá abonar a la familia de la víctima una indemnización de 2.000 euros por el daño moral causado.

El exconsejero de Industria y ex director general de Minas, Isaac Pola, ha negado haber intercedido o recibido orden alguna para que el Instituto de Transición Justa (ITJ) diese ayudas a Blue Solving o Comabyl, sociedades que en los últimos años explotaron la mina de Zarréu, en la que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores en accidente laboral.

Combayl y Blue Solving recibieron ayudas del Instituto de Transición Justa por más de 1,5 millones de euros para desarrollar en Cerredo un planta de fabricación de briquetas para uso industrial, en el caso de la primera, y para una planta de valorización de subproductos y producir grafito, la segunda, si bien ninguna de ellas se cobró al ser revocadas tras el accidente minero.

Sin competencias

Pola ha comparecido este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga este accidente en su condición de viceconsejero de Industria y Transición Justa, cargo que ostentó entre agosto de 2023 y febrero de 2025, aunque también ha sido director general de Minería en dos etapas (2007-2011 y 2012-2017) y consejero de Empleo, Industria y Turismo (2017-2019).

Actualmente es asesor técnico en el área de Crecimiento e Inversión de la Agencia Sekuens (antiguo Idepa) y desde 2019, según ha subrayado, no ha tenido cargos relacionados con la seguridad minera ya que en su etapa como viceconsejero de Industria no tenía asignadas esas competencias, que estaban en mano de la consejera.

Una línea “muy fina”

Tras asegurar que no tuvo conocimiento de que se podía estar sacando hulla de forma ilegal de Cerredo hasta que tuvo lugar el accidente, Pola ha reconocido que “es muy fina” la línea que separa la extracción de carbón destinado a uso térmico, que no está permitida, y la que se autoriza a través de proyectos de investigación para sacar mineral destinado a otros usos.

Según Pola, lo que sí está claro es que la extracción de carbón para uso térmico está prohibida desde 2018, a no ser que las empresas devuelvan las ayudas recibidas para su cierre, y que sí pueden autorizarse proyectos de investigación complementaria, como el que tenía Blue Solving para poder sacar hasta 60.000 toneladas de carbón para otros usos.

Sin reuniones con 'Chus Mirantes'

Sobre este proyecto ha reconocido que habló en varias ocasiones de manera informal con el último director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, y que mantuvo con él un único encuentro en la sede de la viceconsejería el 11 de enero de 2024 en el que le indicó los pasos a seguir con la ayuda del ITJ, pero que nunca se reunió con el empresario Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes'.

Durante una de sus etapas en el ldepa (actual Sekuens), Pola firmó un escrito trasladado a Combayl en el que advertía a la sociedad de que debía de llevar a cabo ciertas modificaciones si quería acceder a las ayudas del ITJ que había solicitado.

Solventar “un error manifiesto”

Pola ha señalado que se trata de un trámite habitual que no supone beneficiar a la empresa ya que solo se trata de pedir a la empresa que solvente los errores detectados, en este caso “un error manifiesto” al no corresponder el título con el contenido del proyecto para el que se solicitaba la subvención.

En cualquier caso, ha señalado que cuando se emitieron los informes correspondientes de Sekuens para la concesión de las ayudas para la mina de Zarréu él no participó en ellos porque ya se encontraba al frente de la viceconsejería.

Entramado familiar

Pola ha dicho que desconocía entonces que Combayl, que transmitió los derechos de explotación de Zarréu a Blue Solving, formaba parte del entramado empresarial de 'Chus Mirantes' y ha admitido que “si hubiera conocido previamente la vinculación empresarial de ambas sociedades seguramente habría hecho alguna verificación adicional”.

Al ser preguntado si la administración tiene herramientas para haber impedido que siguiese operando un empresario que había tenido ya en agosto de 2022 un accidente mortal en Cerredo, que había sido sancionado con 300.000 euros por sacar carbón de forma ilegal y que se encuentra inmerso en un proceso por transporte de cocaína impregnada en carbón y en otro por daños medioambientales, Pola ha advertido que la legislación es bastante garantista.

“Hay instrumentos para controlar, vigilar y en su caso sancionar una conducta inadecuada, pero las prohibiciones están bastante acotadas”, ha señalado el exviceconsejero. 

Un total de 96 personas han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras gallegas a lo largo de 2025, lo que supone seis muertes más que el año anterior, una cifra también superior a la registrada en 2023, con 88 fallecimientos. Así lo ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, en la que ha advertido de que siguen siendo “demasiados” fallecidos.

En el caso de las cifras a nivel nacional, ha subrayado que fueron un total de 1.119 las personas fallecidas en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos. Así, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, lo que supone el valor más bajo de toda la serie.

En 2025 se registraron 36 días 'blancos', es decir, sin víctimas mortales en las carreteras, frente a los 28 días que se contabilizaron en 2024. El pasado año, las autopistas y autovías registraron 298 muertes, 30 fallecidos menos; mientras que en el resto de vías han perdido la vida 821 personas, cinco menos (-1%). De este modo, tres de cada cuatro muertes de producen en carreteras secundarias. Respecto al perfil de las víctimas, un total de 818 muertos eran conductores, el 73% del total; seguidos de los pasajeros, con 198 muertos (18%) y los peatones, con 103 muertes (9%).

Por medio de desplazamiento, los turismos acumulan el mayor número de fallecidos, con 531 muertos y el 47% del total, lo que supone 22 víctimas menos que en 2024. Además, 139 de las víctimas murieron en autopista y autovía, y 392 en vías secundarias. Asimismo, en 2025 se han reducido las víctimas mortales en furgoneta, con 55 muertes y, de nuevo, 22 menos que el año anterior. Dos personas fallecieron cuando viajaban en autobús.

Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales, con 451 fallecidos, seis menos (-1%). El grupo más numeroso es, de nuevo, el de los motoristas, que registra 304 muertos, cinco más que en 2024. Del total, 72 fallecieron en autopistas y autovías, nueve menos (-11%). En vías convencionales, fallecieron 232 motoristas, 14 más (+6%). Por su parte, en 2025 fallecieron 103 peatones, cuatro menos. En este caso, un total de 39 peatones fueron atropellados en vías de alta capacidad, frente a 64 de secundarias, 13 menos y 9 más respectivamente.

En relación con el tipo de siniestro, los datos presentados este jueves reflejan que la salida de vía es el que mayor número de víctimas deja con 481 fallecidos, el 43% del total. Las colisiones frontales aglutinan el 21% de las muertes (237), un 5% menos. Sobre el uso de sistemas de seguridad, 165 muertos no lo utilizaba en el momento de accidente, y uno de cada cuatro muertos en turismo y furgoneta no llevaba el cinturón. Por edad, los mayores de 65 años registran el mayor número de fallecidos, con 239 víctimas mortales, 14 más que en 2024 y representando el 21% del total.

La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado para tratar de esclarecer el accidente laboral registrado, el 31 de marzo, que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ya dispone de un calendario oficial de comparecencias. Los trabajos de la comisión creada para tratar de determinar las posibles responsabilidades en el siniestro se reanudan a partir de enero de 2026, tras el parón de las fiestas navideñas.

En la lista de comparecientes destaca la citación a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien tendrá que comparecer el próximo 21 de enero ante la comisión de investigación integrada por dos representantes de cada partido político con representación parlamentaria.

Sara Aagesen no acudirá como representante del Gobierno central, sino en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El parón de las fiestas navideñas

Los trabajos de la comisión se suspenderán durante las fiestas navideñas y se reanudarán el 12 de enero con las comparecencias de varios miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que se sucederán a lo largo de tres jornadas.

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, han sido citados para el 15 de enero y, al día siguiente, prestará declaración ante la comisión el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, ha sido citada para el 20 de enero, un día antes de que lo haga la ministra Sara Aagesen.

Los ex titulares de Industria

Para el 22 de enero está citados los ex consejeros de Industria del Gobierno asturiano Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, e Isaac Pola.

Al día siguiente tendrán que comparecer las dos ex consejeras de Industria que asumieron este cargo en la etapa del actual presidente del Ejecutivo regional, el socialista Adrián Barbón. Se trata de Nieves Roqueñí, actual presidenta del puerto de El Musel, en Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente mortal.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, figura en la lista de comparecientes para acudir a la Junta General del Principado el 26 de enero, y le sigue el actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, que está citado para el día siguiente.

Empresarios y apoderados

El martes, 27 de enero, comparecerá ante la comisión parlamentaria Jesús Manuel Rodríguez Morán, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del empresario minero Victorino Alonso.

Todas las personas que han sido citadas están obligadas a comparecer ante la comisión parlamentaria, que está presidida por la diputada Covadonga Tomé.

La comisión parlamentaria se constituyó el pasado 15 de mayo a propuesta del PP y Foro, y fue apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Además de esta comisión, sigue abierta la vía judicial, que instruye el Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Extracción ilegal de carbón

Como principal hipótesis de trabajo se baraja que el accidente que costó la vida a los cinco mineros y heridas a otros cuatro compañeros se debió a una acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

Las cinco víctimas mortales fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

El Partido Popular (PP) ha acusado este martes al Gobierno de Adrián Barbón de haber mirado hacia otro lado ante las “prácticas mafiosas” que se daban en la mina de Zarréu y de haber propiciado que la empresa que la gestionaba cometiese una ilegalidad que costó la vida a cinco trabajadores el pasado 31 de marzo.

“Su gobierno, por acción o por omisión, miró hacia otro lado ante prácticas mafiosas”, ha afirmado el diputado popular Rafael Alonso durante la pregunta que ha hecho al consejero de Ciencia, industria y Empleo, Borja Sánchez, en el pleno que celebra hoy el parlamento autonómico.

Las declaraciones de uno de los heridos

El parlamentario popular presentó a última hora una pregunta de actualidad relacionada con la entrevista que el diario 'La Nueva España' hizo a Enrique Ramón Martínez, el trabajador que sobrevivió en la mina de Cerredo al accidente registrado en octubre de 2022, en el que un compañero perdió la vida.

En ella aseguraba que todos sabían lo que estaba pasando en la mina de Zarréu y que, si tras su accidente se hubiese dicho la verdad, quizás no hubiesen muerto tres años después cinco trabajadores en la misma explotación.

El “descontrol” del Ejecutivo regional

Según Alonso, sus declaraciones han puesto de manifiesto “la gravedad y el grado de descontrol y pasividad en el Gobierno de Asturias a la hora de controlar la actividad en Cerredo”.

“El Gobierno de Barbón debe explicar qué no hizo para evitar el accidente. No puede tomar el pelo a los asturianos y a las familias de los fallecidos porque todo el mundo sabía que se sacaba carbón”, ha subrayado el diputado popular antes de preguntarse si “solo lo desconocían en el Gobierno” o si éste “va a mantener este engaño para mantenerse políticamente con seis muertos en la explotación” en los últimos tres años.

El “ascenso” de los consejeros

En su opinión, la Dirección de Minas y el Gobierno asturiano “propiciaron que la empresa, pese a sus antecedentes, cometiera una nueva ilegalidad que costó la vida a cinco personas y la respuesta de Barbón fue ascender a sus consejeros” sin tener en cuenta las denuncias de funcionarios, particulares o empresas.

Ha añadido que, aunque “lo sabían todo y conocían todo lo que pasó en el accidente de agosto de 2022”, el Gobierno asturiano “lo que hizo fue premiar a estos desalmados con una autorización exprés”, actuando con la “máxima diligencia en nuevas autorizaciones mineras con un objetivo claro: sacar carbón”.

“Es una indecencia política”, ha afirmado Alonso para quien está claro que “este Gobierno lo sabía todo desde el minuto uno”, pero que “mantuvo una pasividad que ha supuesto muertes y vergüenza colectiva” por un accidente “que podría haberse evitado porque todos lo sabían”.

Expedientes sancionadores

Ante estas acusaciones, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha señalado que a raíz del accidente registrado en la mina de Zarréu en octubre de 2022 se incoaron dos expedientes sancionadores a la empresa titular de los derechos de explotación a Combayl (Combustibles Asturiana y Leonesa), posteriormente cedidos a Blue Solving, que formaba parte del mismo entramado societario.

En ambos expedientes, ha añadido Sánchez, el Servicio de Minas del Principado tomó declaración a los empleados y testigos, entre ellos, al trabajador que perdió una pierna en el accidente de 2022, y que toda esa información ha sido remitida a la comisión constituida en el seno del parlamento autonómico para investigar el accidente.

“Saben perfectamente cómo actuó la administración después de tomar estas declaraciones”, ha señalado Sánchez tras recordar que el accidente de Zarréu se encuentra bajo secreto de sumario.

La indemnización

Según el consejero, a raíz del testimonio de Enrique Ramón y de otros testigos se iniciaron dos expedientes sancionadores a Combayl , uno de ellos por la explotación de recursos mineros sin contar con autorización para ello, que derivó en una sanción de 20.000 euros, aunque finalmente la empresa solo pagó 12.000.

Esa sanción impuesta en mayo de 2024 acredita que la empresa no tenía autorización para sacar carbón ya que solo disponía de permiso para la recogida de material y acopios de carbón preexistentes.

El compromiso

El segundo expediente sancionador está relacionado con incumplimientos en materia de seguridad laboral por parte de la empresa, si bien su tramitación se encuentra suspendida al seguir abierto un procedimiento en un juzgado de Cangas del Narcea, ha recordado el consejero.

“Soy consciente de la gravedad del accidente y reitero mi compromiso de colaboración con el esclarecimiento del accidente en el que fallecieron cinco mineros para que esto no vuelva a ocurrir en la comunidad autónoma”, ha concluido.

La explosión registrada el 31 de marzo en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

El director facultativo en Cementos Tudela Veguín, Pablo Rodríguez Fernández, considera “muy difícil” que una o muchas inspecciones de la autoridad minera hubiesen podido detectar actividades irregulares en una explotación de las dimensiones de la mina de Zarréu, si había intención de ocultarlas.

“No se hubiera conseguido saber nada aunque hubieran ido cinco o diez veces más. En una mina de esas dimensiones es imposible ver”, ha afirmado durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente que, el pasado 31 de marzo, costó la vida a cinco trabajadores por una explosión de grisú registrada en la mina que explotaba Blue Solving.

Este ingeniero de minas y técnico superior en prevención de riesgos laborales forma parte de la Comisión Regional de Seguridad Minera desde finales de 2021 en representación de los directores facultativos del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.

Imposible de detectar

En su opinión, si hay intención de ocultar dentro de una mina la extracción irregular de carbón, no es posible detectarlo con la labor diligente de un inspector en una explotación de las dimensiones de la de Zarréu.

Al ser preguntado si no es posible detectar una actividad irregular en una mina por muchas inspecciones que se hagan, ha afirmado que “si hay una denuncia, ya hay un indicio con lo cual se podría investigar”, pero que si no hay indicios o denuncias no se puede saber si hay una actividad ilegal dada la actividad y dimensiones de esta mina.

“No se hacen por sorpresa”

Rodríguez Fernández ha reconocido también que la autoridad minera suele avisar con antelación, un día antes, normalmente, de que va a realizar una inspección y que ya hace bastante tiempo que en su empresa no se hacen por sorpresa.

Lo ha justificado porque, según ha añadido, las explotaciones mineras tienen que cumplir unas medidas de seguridad y los inspectores deben ir acompañados de un técnico competente y en que así pueden disponer de la documentación que puedan requerir los inspectores.

Inspecciones de control

Las inspecciones, en su opinión, sirven para controlar lo que hace la empresa dentro del marco legal de la Ley de Minas, que todos los proyectos son acordes a la legislación y a la prevención de riesgos laborales, que las explotaciones no se salgan de sus límites, “comprobar que cumplen con lo que tienen en la autorización, simple y llanamente”.

Sobre el caso concreto de la mina de Zarréu ha señalado que no tuvo conocimiento de que se estuviera extrayendo carbón de forma ilegal y que tras el accidente de 2022, en el que un trabajador falleció y otro perdió una pierna, sí se comentó en la Comisión Regional de Seguridad Minera que “el camión iba cargado de carbón”, pero no cuál era la procedencia del mineral.

Comisiones paralizadas

Tanto la Comisión Regional de Seguridad Minera, como la especial constituida tras el accidente, integrada por los mismos miembros, aunque con la posibilidad de llevar algún asesor, se encuentran paralizadas porque “no tiene acceso a ningún documento o informe sobre el que poder trabajar”.

La comisión especial quedó formalmente constituida el pasado 17 de julio con el objetivo de elaborar un informe sobre las causas y responsabilidades en el siniestro y de servir de complemento a la comisión parlamentaria constituida en la Junta General y a las indagaciones que lleva a cabo el Servicio de Minas.

Una explosión de grisú

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

El barrio de Montevil, en Gijón, fue el lugar escogido por una banda de crimen organizado especializado en ofrecer sus servicios a otros grupos dedicados al narcotráfico repartidos por España. En el vecindario, no se imaginaban que fuera el lugar de asentamiento de la primera “Crimen as Service (CaaS), en España y que fuera la perfecta tapadera para pasar desapercibida. Un operativo especial de Policía Nacional y Guardia Civil puso en marcha una redada que destapó todo el negocio.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevaban varios meses vigilando a esta banda, compuesta por varios ciudadanos de origen dominicano. La Policía Nacional bautizó el dispositivo especial como “Operación Transporte”, en una investigación que desarrolló conjuntamente con la Guardia Civil.

Uno de los seguimientos se centró en un viaje que varios integrantes de la banda realizaron desde Gijón hasta la urbanización de El Casar de Escalona, en Toledo.

Cobrar una deuda de narcotráfico

Según fuentes policiales, ese viaje tenía como objetivo cobrar una deuda a un presunto narcotraficante en Toledo. Inicialmente no la abonó, pero se comprometió a hacerlo.

Al no cumplir su palabra, los presuntos narcotraficantes volvieron a desplazarse el pasado domingo hasta Toledo con la intención de cobrarla de otra forma. Al tener noticias de este segundo viaje, la Policía decidió actuar. Los agentes interceptaron el vehículo y en ese momento los presuntos narcotraficantes abrieron fuego contra ellos.

El tiroteo precipitó el operativo en Gijón

Los agentes respondieron a su acción y en el tiroteo murió uno de los presuntos narcotraficantes, mientras que otros tres resultaron heridos. Ningún agente sufrió lesiones.

Este suceso precipitó las detenciones en el barrio de Montevil, adonde se trasladaron agentes que registraron la zona y arrestaron a cuatro personas vinculadas a esta banda.

Los cuatro detenidos, ante el juez

Este miércoles, comparecían en el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo las cuatro personas detenidas por su relación con esta organización acusadas de delitos de tráfico de drogas en la comunidad autónoma asturiana.

La Fiscalía del Principado solicitó la puesta en libertad provisional de tres de ellas y el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el que considera que es el principal cabecilla de la red.

El principal cabecilla, a prisión

El titular del juzgado acordó finalmente el ingreso en prisión del principal investigado a quien se imputa su presunta autoría en los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, sin perjuicio de que esta calificación pudiera modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, según ha ratificado a elDiario.es Asturias un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Fiscalía argumentó su petición de ingreso en prisión ante la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, pudiera imponerse al investigado y al entender que existe riesgo de fuga, ya que “es de nacionalidad extranjera y mantiene vínculos con su país de origen” y de destrucción de pruebas, según ha confirmado un portavoz del Ministerio Fiscal.

Los otros tres arrestados, en libertad

Por el contrario, el representante del Ministerio Público solicitó la libertad provisional de los otros tres detenidos, con las medidas cautelares de comparecencia en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte.

A estos tres detenidos se les atribuye en principio los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según han indicado las mismas fuentes. El juez siguió el criterio de la Fiscalía y los tres quedaron en libertad provisional.

La operación sigue abierta

El juzgado de instrucción ha decretado ya el secreto de las diligencias para no entorpecer el desarrollo de la investigación policial.

Fuentes policiales han asegurado que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Mientras las calabazas y los disfraces se adueñan cada vez más de escaparates y redes sociales, España sigue defendiendo con orgullo una festividad que hunde sus raíces en la historia: el Día de Todos los Santos. Cada 1 de noviembre, el país se detiene para recordar a los que ya no están, una costumbre que combina recogimiento, gastronomía, humor y rituales que cambian según la región, pero que comparten un mismo propósito: celebrar la memoria.

Una tradición milenaria frente al empuje de Halloween

El Día de Todos los Santos fue instaurado en el siglo VIII por el papa Gregorio III para sustituir las fiestas paganas del final de las cosechas, especialmente el antiguo Año Nuevo celta —el Samaín—, que se celebraba la noche del 31 de octubre. La Iglesia quiso transformar ese rito agrícola y espiritual en una jornada de recogimiento dedicada a honrar a los difuntos, y así nació una de las festividades más arraigadas de la tradición española.

Durante siglos, las familias han acudido a los cementerios a llevar flores, limpiar lápidas y rezar por sus muertos. Pero más allá de las oraciones, el Día de Todos los Santos también se celebra en las casas, en las plazas y en las cocinas. Es el día de los buñuelos de viento, de los huesos de santo, de las castañas asadas y del olor a anís que impregna los hogares. Frente al espectáculo colorido de Halloween, esta tradición apuesta por la calma, la memoria y el sabor.

De Galicia a Canarias: España celebra a sus muertos a su manera

Cada comunidad ha adaptado la festividad a su propia identidad, y ahí reside su riqueza. En Galicia, la noche del 31 de octubre se celebra el Samaín, una versión ancestral que antecede a Halloween y que mantiene viva la herencia celta. Las casas se decoran con nabos tallados en lugar de calabazas, y los niños recorren las calles pidiendo dulces en un ambiente que mezcla lo misterioso con lo festivo.

En Cataluña, la víspera se conoce como La Castanyada, una tradición de más de tres siglos en la que las familias se reúnen para comer castañas, panellets y boniatos al calor del horno. Su origen se remonta a antiguos rituales paganos en los que se rezaba el rosario mientras se asaban castañas, como forma de conexión con las almas de los difuntos. Hoy, las calles de Barcelona o Girona se llenan de castañeras y de ese inconfundible aroma otoñal que marca el inicio del frío.

Más al sur, Cádiz celebra la Fiesta de los Tosantos, una versión carnavalesca del Día de Todos los Santos que combina humor y crítica social. Los puestos de los mercados se adornan con frutas y verduras que parodian a políticos, famosos o personajes de actualidad. Incluso los animales domésticos se disfrazan para sumarse al espectáculo. Nacida en el siglo XIX como una forma de atraer visitantes, esta fiesta sigue siendo una de las más originales de Andalucía.

En las Islas Canarias, el 31 de octubre se celebra la Noche de los Finaos, una velada que mezcla tradición, música y memoria. Antiguamente, las familias se reunían para contar historias de los difuntos, comer castañas y beber vino hasta el amanecer. Hoy, esa costumbre se ha trasladado a las calles, donde las hogueras y los bailes populares convierten la noche en una fiesta colectiva que rinde homenaje a los antepasados.

La memoria frente a la moda

Aunque Halloween ha ganado terreno entre los más jóvenes, el Día de Todos los Santos mantiene su fuerza gracias a su valor simbólico. Es una fecha que invita a detenerse, a recordar y a compartir. Las flores que cubren los cementerios, los dulces que llenan las confiterías y las historias que se cuentan en familia forman parte de una identidad común que resiste al paso del tiempo.

Porque, más allá de disfraces o calabazas, esta tradición española no busca asustar, sino reconfortar. Celebra la continuidad entre vivos y muertos, el poder de la memoria y el arraigo de lo cotidiano. Y aunque cada región lo viva a su manera —entre castañas, rezos o risas—, todas comparten la misma certeza: que recordar es, también, una forma de mantener con vida a quienes amamos.

Cada año, entre el 1 y el 2 de noviembre, México se transforma. Las calles se cubren de color, las casas se llenan de velas, y los cementerios se convierten en lugares de encuentro. El Día de Muertos no es un homenaje a la tristeza, sino a la vida: una celebración que rinde tributo a quienes ya partieron, pero siguen presentes en la memoria de sus familias.

El origen ancestral de una celebración viva

El Día de Muertos tiene raíces mucho más profundas que el calendario cristiano. En las culturas prehispánicas, como la mexica o la zapoteca, la muerte no era un final, sino una transición. Los antiguos pobladores de México creían que las almas de los difuntos viajaban al Mictlán —el inframundo—, y cada año regresaban para convivir un momento con los vivos. Cuando los colonizadores españoles introdujeron el catolicismo, esta visión se fusionó con las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

De esa mezcla nació una tradición mexicana única, reconocida hoy por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cada 1 de noviembre se honra a los “muertos chiquitos” o niños, y el 2 a los adultos. Son días en los que el país entero se detiene para recordar y celebrar.

Altares, flores de cempasúchil y pan de muerto: los símbolos del reencuentro

El corazón de esta fiesta late en los altares, auténticos monumentos domésticos al recuerdo. En ellos se colocan retratos de los difuntos, objetos personales, comida, bebida y velas que alumbran su regreso. No puede faltar el pan de muerto, las calaveras de azúcar, ni las flores de cempasúchil, cuya intensidad naranja simboliza la luz del sol y marca el camino que guía a las almas hasta el mundo de los vivos.

El humo del copal purifica el ambiente, la sal protege el espíritu y el agua sacia la sed tras el viaje desde el más allá. Cada detalle tiene un significado y, juntos, forman una ofrenda que mezcla espiritualidad, arte y emoción. En muchos hogares, preparar el altar es un ritual compartido: abuelos, hijos y nietos trabajan codo a codo, decorando, riendo y recordando historias de quienes ya no están.

México celebra la muerte con vida

Aunque cada región vive el Día de Muertos a su manera, el espíritu es el mismo: la memoria como celebración. En Oaxaca, las “muerteadas” recorren las calles con música, máscaras y desfiles llenos de humor. En la isla de Janitzio, en Michoacán, las familias iluminan el lago con cientos de velas que flotan sobre canoas. En Ciudad de México, el gran desfile de catrinas y calaveras convierte la avenida Reforma en un espectáculo de color y alegría.

También hay espacio para la reflexión. En los cementerios de pequeños pueblos, las familias velan toda la noche junto a las tumbas, compartiendo comida y música mientras esperan el amanecer. La muerte, en México, no se esconde ni se teme: se mira de frente, se honra y se convierte en motivo de unión.

Una tradición mexicana que trasciende el tiempo

El Día de Muertos no solo es una fecha del calendario: es una forma de entender la vida. Representa el vínculo inquebrantable entre generaciones y la certeza de que la memoria puede vencer al olvido. Cada flor encendida, cada altar, cada plato cocinado para los difuntos reafirma esa idea de permanencia: mientras alguien recuerde tu nombre, sigues vivo.

Por eso, cuando cae la noche del 2 de noviembre y las flores de cempasúchil perfuman el aire, México entero celebra. Las familias se sientan a la mesa con sus muertos, comparten pan, risas y canciones, y les dicen —sin miedo y con amor— que aún están aquí.

Porque en el fondo, esta tradición mexicana no celebra la muerte, sino la vida misma: la que fue, la que queda y la que, en cada altar, vuelve a renacer.

Un vecino de Avilés, de 59 años, ha fallecido este martes en un accidente laboral en Asturias. El siniestro se produjo cuando la víctima, por causas que se están investigando, se precipitó desde el tejado donde estaba trabajando en una ganadería ubicada en Laviana-Gozón, desde una altura de cinco metros.

Hasta el lugar del accidente se trasladó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Zona/ Comandancia de Asturias, un médico de guardia, un médico forense y el Equipo de Policia Judicial de la Guardia Civil de Avilés. 

Reformaba el tejado

No obstante, solo se pudo certificar el fallecimiento del trabajador a consecuencia de un “traumatismo por precipitación”, según indicaron fuentes del instituto armado. 

La víctima trabajaba en una empresa de construcción que se encontraba reformando el tejado de la ganadería. 

Traslado del cadáver

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo, para la práctica de la autopsia.

Un nuevo accidente mortal que sacude a la comunidad autónoma asturiana cuando aún no se han depurado responsabilidades en el caso de la mina de Zarréu donde cinco trabajadores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos.

Las estadísticas

El siniestro de la mina está siendo investigado en una comisión parlamentaria de forma paralela a la investigación judicial.

En el primer semestre del año, once trabajadores fallecieron en accidentes laborales en el Principado de Asturias frente a los seis contabilizados en el mismo período de tiempo en 2024.

El último accidente en una ganadería

El pasado 29 de mayo se registraba uno de los accidentes más graves, donde tres trabajadores perdían la vida al derrumbarse la techumbre de la nave de la ganadería Cancello, ubicada en el concejo asturiano de Coaña, donde realizaban unas obras y quedaron atrapados. Otros tres trabajadores resultaron ilesos en el siniestro.

Las víctimas mortales eran tres vecinos de 60, 52 y 46 años que residían en los municipios asturianos de Tineo, Tapia de Casariego y Gijón.

El 17 por ciento del total de fallecidos en La Rioja en accidente de tráfico en la última década era peatón. Así se desprende del estudio Caminar Seguros. Accidentaidad y riesgos de los petaones en España (2014-2023) elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Festival. Informe que analiza el total de accidentes de tráfico en España realizada a 1.700 peatones mayores de 18 años, de toda la geografía española.

En la última década con cifras consolidadas a 30 días del accidente (2014-2023), se han contabilizado más de 124.000 siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida cerca de 3.500 personas, lo que representa uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico (20,4 por cierto). La Rioja se sitúa 3 puntos por debajo de la media nacional, con un 17 por ciento. Además, unos 130.000 peatones resultaron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron hospitalización.

Los datos, aunque contundentes, no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón. De hecho, en el 72 por ciento de los siniestros con un peatón implicado, éste no había cometido ninguna infracción, aunque sí hay factores que pueden influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios. Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41 por ciento de los peatones fallecidos en accidente de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que, de facto, afectan a sus reflejos y su percepción.

Y aunque La Rioja se encuentra por debajo de la media nacional, el informe arroja conclusiones como que en el 72 por ciento de los siniestros el peatón no había cometido ninguna infracción, aunque el 41por ciento de los peatones fallecidos habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, tres sustancias que afectan notablemente a los reflejos y la percepción.

Y una alerta. Porque este estudio ya advierte sobre el peligro que corre el “peatón teconólico”, jóvenes de entre 18 y 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Así, las infracciones más frecuentes por parte de los viandantes son: cruzar fuera del paso de peatones (16 por ciento), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5 por ciento) y no respetar los semáforos (4 por ciento).

Por sexos, este informe revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. También cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72 por ciento) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

Y en cuanto al tipo de vía, el 86 por ciento de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14 por ciento en carreteras, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito. Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42 por ciento del total de fallecidos. Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16 por ciento), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5 por ciento) y no respetar los semáforos (4 por ciento), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

La comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Zarréu, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, continúa sus trabajos para tratar de delimitar las posibles responsabilidades del siniestro.

Este jueves ha comparecido ante los representantes de los grupos políticos el jefe de la Sección de Investigación y Desarrollo Minero del Servicio de Minas, David Valiño.

“Aquí todo el mundo vio todo pero nadie denunció nada y después resulta que cuando preguntas a cada uno de ellos: ¿tú estuviste allí? o ves lo que dice el acta, resulta que de lo que habla es de otra cosa, entonces a mí me sorprende mucho que todo el mundo sabía todo, pero nadie dijo nada”, ha destacado.

Las críticas

En su comparecencia, Valiño ha criticado también la conversión del Servicio de Seguridad Minera en una sección dependiente del actual Servicio de Minas, y la reducción de su plantilla.

“Si tú reduces una estructura, no solamente porque haya cambios, sino porque hay una reducción de personal, tanto técnico como administrativo, ¿lo puedes hacer? sí, pero si pretendes que se haga exactamente lo mismo que antes, es evidente que no (se puede)”, ha subrayado Valiño tras ser preguntado por el parlamentario popular Rafael Alonso sobre el impacto de la conversión en el servicio.

Suplir “ciertas carencias”

Según ha indicado, cuando se aprueban normativas en las que se introducen cambios “sin cargo al erario público”, lo que en realidad significa es “que se está detrayendo de otro sitio”, así como que si se “cambia” y se “reduce” una estructura “lo más probable” es que sea “en detrimento de las funciones”.

“Nosotros, como funcionarios, tenemos que aceptarlo e intentar hacerlo lo mejor posible, incluso supliendo ciertas carencias, y claro que lo hacemos. Intentamos cumplir con nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera, aunque a veces no sea lo óptimo, pero hacemos lo que podemos”, ha sostenido.

Se enteró por la prensa

El jefe de sección ha asegurado que la primera noticia sobre los supuestos indicios de explotación ilegal de carbón en inspecciones previas de agentes de medio ambiente a la mina le llegaron por la prensa tras el accidente.

Valiño, que no tuvo relación directa con la explotación de Cerredo, también ha aclarado que el “proyecto de investigación complementaria” que presentaron las empresa titular de la mina no es una figura recogida por la legislación, sino el nombre que decidió darle a su proyecto de investigación, que estaba enmarcado en una concesión de explotación.

No vio nada sospechoso

En la sesión de hoy también ha comparecido José Enrique Fidalgo, inspector de minas asignado desde 2022 a los trabajos de restauración minera que la empresa Tragsa está realizando en la antigua explotación a cielo abierto de Cerredo.

Fidalgo ha explicado que nunca en el desempeño de su trabajo vio nada que le hiciera sospechar que se estaba extrayendo carbón de la mina interior.

Las inspecciones

El funcionario, con alrededor de 30 inspecciones realizadas en la explotación, ha explicado que las oficinas de Tragsa en las que se cambiaba cuando realizaba sus visitas estaban justo delante de la bocamina del nivel tres, en el que tuvo lugar el siniestro en el que fallecieron los cinco mineros.

Según ha relatado nunca vio indicios que indicaran que se estaba extrayendo carbón, como tampoco los percibieron los dos trabajadores de asistencia técnica de la obra, que realizaban una media de dos visitas a la semana.

Sin indicios de carbón

“El carbón tienes que sacarlo, acopiarlo, cargarlo y transportarlo, en este caso cualquier entrada y salida de material tenía que pasar justo por delante de las oficinas de Tragsa y yo allí nunca vi nada que me hiciera sospechar para nada”, ha explicado.

Fidalgo fue también uno de los inspectores que entró con la brigada de Salvamento Minero a la mina de Cerredo el día del accidente, ya que según ha explicado estaba de guardia, pero ha declinado dar más información al respecto ya que la investigación está judicializada. 

El director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, en el cargo desde el 1 de septiembre de 2023, ha negado este miércoles haber mantenido “ningún contacto” con representantes de las empresas que han sido titulares de explotaciones en la mina de Cerredo, Combayl y Blue Solving, y ha afirmado que, hasta donde él sabe, nadie en su departamento los tuvo.

Vigil, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que el pasado 31 de marzo perdieron la vida cinco trabajadores, ha asegurado también desconocer si los representantes de las empresas Combayl o Blue Solving tenían contactos “a alto nivel” en Medio Ambiente, tal y como le dijo el empresario Jesús Rodríguez Morán a un agente de Medio Natural.

“Lo desconozco, desde luego conmigo no”, ha subrayado el director general, que ha señalado que él nunca tuvo “ningún contacto, ni ningún interés en favorecer ningún tipo de expediente más allá de los derechos que tenga la empresa”, ni tampoco tiene noticia de que nadie de su dirección general lo tuviera: “que yo tenga conocimiento, bajo mi ámbito de actuación no”, ha añadido.

El procedimiento sancionador

Con respecto a Morán, Vigil ha declarado un “total desconocimiento” sobre el papel que jugaba en las diferentes empresas que explotaron la mina, tras ser preguntado sobre los presuntos “contactos en Medio Ambiente” y “a niveles altos” que el empresario minero declaró que tenía al agente de Medio Natural.

Otras de las cuestiones que ha centrado la sesión ha sido el procedimiento sancionador que se aplicó a la empresa Combayl por la apertura de una zanja en el monte de Cerredo y que culminó con una multa a esta compañía a pesar de que ya no era la titular de la explotación, sino que lo era Blue Solving.

La presunción de veracidad

Vigil, que firmó la resolución de sanción, ha justificado que no se comprobara quién era realmente el titular de la explotación en Cerredo porque el agente de medio natural, que era el que había hecho la denuncia contra Combayl, tiene “la presunción de veracidad de un agente de la autoridad” y, posteriormente, a esta empresa se le dio trámite de audiencia y pagó la sanción, por lo que el procedimiento “siguió adelante”.

A este respecto, ha defendido que la presunción de veracidad de los agentes agiliza los procesos administrativos y ha reconocido que “hay cosas que se pueden mejorar”, aunque ha insistido en que las resoluciones de su dirección general se han adoptado siempre conforme a la legalidad.

Asimismo, el director general ha explicado que los informes recurrentes de la guardería sobre actividades sospechosas en la zona llevaron al jefe de sección del Servicio de Montes a solicitar información al área de Minas, que respondió con un informe en el que detalló que la empresa estaba operando con una licencia de restauración de la mina, lo que “aclaraba las circunstancias” en las que estaban actuando estas empresas.

Tengo el compromiso de sangre de llegar hasta el final en el accidente de Cerredo para que se sepa la verdad

Adrián Barbón — Presidente del Principado de Asturias

Por su parte, el presidente del Principado Adrián Barbón, ha reiterado este miércoles su “compromiso de sangre” de llegar “hasta el final para que se sepa la verdad” de lo sucedido en el accidente en la mina de Cerredo que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores.

La auditoría

En una entrevista en RNE, el jefe del Ejecutivo asturiano ha comentado que sigue en marcha la auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado para “saber qué ha pasado” en el Servicio de Minas y “cómo puede ser que las inspecciones no detectaran nada y allí parece que se estuviera extrayendo carbón”.

Del mismo modo, ha destacado el trabajo técnico de la Comisión Regional de Seguridad Minera, que ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Por otro lado, Barbón ha añadido que la investigación judicial “sigue su curso” y es la que “al final va a llevar a la condena de la persona o las personas que han sido responsables de estas muertes” y también ha hecho referencia a los trabajos de la comisión parlamentaria.

José Manuel Carral, agente de Medio Natural en Degaña desde hace 31 años, ha explicado este lunes que el empresario minero Jesús Rodríguez Morán, cuyo hijo es el propietario de Blue Solving, era quien “cortaba el bacalao” en la mina de Zarréu/Cerredo y le dijo personalmente que se iba a “explotar carbón” en la mina y que estaba en contacto “a niveles altos con Medio Ambiente”.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el accidente de la mina, cuyos trabajos se han retomado este lunes tras la pausa estival de las sesiones, Carral ha explicado que, cuando acudió a la mina a finales del verano de 2024 para inspeccionar los trabajos que se estaban realizando, se encontró con Morán, que pasaba por allí con “un todoterreno de alta gama”.

“Dijo que iban a explotar carbón”

Según consta en el informe, fechado el 3 de septiembre del año pasado, el empresario minero le dijo que se habían solicitado “las plazas del nivel dos y tres” y que iban “a ser utilizadas para explotar carbón” cuando le preguntó por los trabajos, de los que no había sido informado.

Fue en este momento, ha asegurado, cuando le trasladó que en la comarca eran “todos paisanos” y que “con voluntad todo se arregla”, así como que “estaba en contacto a niveles altos” y tenía “contactos con Medio Ambiente”.

Trabajos para despejar la galería

“Sus palabras denotan casi explícitamente que este señor tenía poco menos que controlado el asunto de otra manera que no fuera, vamos a decir, estrictamente legal”, ha declarado Carral.

“No fue maleducado, pero me pareció un tono como diciendo: aparta, no molestes, yo tengo contactos, tú no eres nadie”, ha insistido el agente de Medio Natural.

Previamente, el ingeniero jefe de la explotación le había dicho que se estaban realizando “trabajos de mantenimiento”, pero posteriormente un trabajador de la mina (que falleció en el accidente) le contó que estaban preparando, limpiando y despejando la galería para más adelante “sacar o explotar carbón”.

Una falta de información sistemática

Según ha afirmado, nadie le comunicó previamente que se iban a realizar esos trabajos porque “la falta de información sobre la situación de la explotación minera era sistemática” y también ha denunciado que ese tipo de información “siempre ha sido requerida y nunca ha sido facilitada”.

Este mismo agente también ha declarado ser autor de un informe del 23 de abril de 2023 en el que se alertaba de unos “trabajos de restauración minera” en la misma explotación de los cuales no tenía conocimiento y que, según ha denunciado, no estaban autorizados.

Una pelea “constante” con la administración

Asimismo, en 2024 tramitó una denuncia por unos vertidos de “lodos no naturales, esencialmente de carbón” al río, pero ha afirmado desconocer si dicha denuncia fue tramitada posteriormente ante la autoridad ambiental, de la misma forma que el resto de denuncias que ha presentado a lo largo de su carrera, algo que le ha llevado a mantener una “pelea constante” con la Administración.

Además, ha dicho que el mismo grupo empresarial que explotaba la mina Cerredo, propiedad el empresario Jesús Rodríguez Morán, tiene una empresa en Villares que explota y vende carbón de calefacción, cuyo precio ha subido hasta el punto de que se está pagando una “barbaridad” por él.

Un entramado familiar

Por último, ha asegurado que, a pesar de que oficialmente el propietario de Blue Solving, la empresa que explotaba la mina, era Adrián Rodríguez, en la comarca “todo el mundo” sabe que “todo ese grupo de empresas” al que pertenece “forman parte del mismo entramado familiar”, controlado por Jesús Rodríguez Morán, padre de Adrián, que era “quien cortaba el bacalao”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Montes e Infraestructuras Rurales del Principado hasta marzo de 2022, Dictinio Belloso, ha explicado que, en último término, la persona que decide si de un acta de inspección se tiene que derivar una denuncia es el jefe de servicio.

No obstante, ha explicado que si la actividad es en el interior de la mina es competencia del Servicio de Minas, se da traslado del acta de inspección al mismo y es este órgano el que decide sobre su tramitación.

Dos jóvenes de 22 años, uno de Logroño y otro de Navarra, tal y como han confirmado a este medio, han fallecido este domingo en un accidente en la N-124 a la altura de la localidad alavesa de Beraventilla, tal y como han informado desde el departamenteo de Seguridad. Una tercera persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu.

Sobre las 7.20 horas, dos turismos han sufrito una colisión en el punto kilométrico 32,9 de la N-124, a la altura de Berantevilla sentido Logroño.

En el accidente, los dos ocupantes de uno de los vehículos, dos jóvenes de 22 años, han perdido la vida. El facultativo desplazado al lugar ha certificado su defunción, ha detallado Seguridad.

Además, otra persona ha resultado herida en la colisión y ha tenido que ser trasladada al hospital de Txagorritxu, en la capital alavesa.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias en que se ha producido este accidente, que ha provocado el corte de la vía en ambos sentidos y el desvío del tráfico por vías secundarias. A las 10.45 horas se ha reabierto de nuevo a la circulación.