Un submarinista ha localizado este lunes el cadáver de Iyán Fariña, vecino de Avilés, de 19 años, que fue arrastrado por las corrientes cuando se bañaba junto a unos amigos en la playa de Salinas, el pasado 25 de mayo.

Un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha confirmado a elDiario.es Asturias que el cuerpo sin vida del joven fue hallado sumergido a la altura del espigón de la playa de San Juan de Nieva.

El buzo es uno de los especialistas que participaba en las intensas labores de búsqueda iniciadas a raíz de que se conociera la desaparición del joven. Sus amigos corrieron mejor suerte y pudieron ser rescatados por unos surfistas.

Traslado a El Musel

El cadáver de Iyán Fariña fue trasladado en un helicóptero de Salvamento Marítimo hasta el puerto de El Musel, en Gijón/Xixón, donde ha sido identificado.

El buceador dio el aviso a las 8.40 horas de hoy. Inmediatamente se ha activado la patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Luanco, Geas y Helimer que se trasladaron a la zona, desde donde se coordinó todo el operativo de rescate.

No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.

El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.

Los exconsejeros socialistas

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.

El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

El clima de trabajo

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.

El texto sale “mejorado”

En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.

Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.

Ayudas “directas e inmediatas”

Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.

No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.

Las críticas a los socialistas

El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.

Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.

Las reacciones de los partidos

Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.

El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.

Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

El caos “sistemático”

Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.

Las responsabilidades

Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.

El cuestionamiento de los letrados

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.

El accidente minero de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, el 31 de marzo de 2025, ha sido determinante a la hora de rescatar el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 y que ha sido recuperado siete años después con la aprobación este lunes del decreto que permitirá de nuevo su puesta en marcha.

La medida, que había sido anunciada hace cinco días por el presidente del Ejecutivo autonómico asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno.

Del luto a la responsabilidad

El siniestro en la mina de Zarréu llenó de dolor a las familias de las víctimas, sembró de luto a Asturias y provocó un auténtico tsunami político en el Parlamento asturiano con la apertura de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas y administrativas que pudieron haber influido en el accidente, mientras de forma paralela el juzgado de Cangas del Narcea seguía adelante con la instrucción de la causa.

El procedimiento penal se seguirá contra el empresario Jesús Rodríguez Morán, 'Chus Mirantes', su mujer, Ana María Rodríguez, su hijo Adrián y el director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas.

Los delitos imputados

Los cuatro investigados han sido imputados como presuntos autores de cinco delitos: homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

El dictamen provisional de la comisión de investigación está levantando auténticas ampollas entre los partidos con representación parlamentaria, tras la advertencia del Letrado Mayor de la Junta General del Principado, quien ha advertido de que podría incurrir en elementos de inconstitucionalidad al citar con nombres, apellidos y cargos a las personas -tanto políticos como altos funcionarios- a los que considera que se debe reprobar e incluso cesar.

Una fusión ahora anulada

El Consejo de Gobierno se reunió este lunes y, entre otras actuaciones, aprobó el decreto que permitirá recuperar el Servicio de Seguridad Minera, con el que se da marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo autonómico de Barbón.

Esta es además una de las medidas que figura entre las recomendaciones del informe emitido por la Inspección General de Servicios tras haber analizado el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente mortal en Zarréu.

Recomendaciones de la Inspección

Al término del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se celebró en el concejo de Siero, se ha anunciado la recuperación del Servicio de Seguridad Minera que se ha presentado como uno de los principales puntos del Plan Regenera, que avanzó ya en abril el presidente asturiano y del que se ha recalcado que él mismo fue quien lo encargó a raíz del accidente de Zarréu.

“El Ejecutivo no sólo hizo suyas todas las recomendaciones de la inspección, sino que las amplió con otros compromisos”, señalan desde el Gobierno asturiano.

Cambios que lleva implícitos

La recuperación del Servicio de Seguridad Minera requiere la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, de la que es titular Borja Sánchez, y también implicará cambios en la Dirección General de Energía y Minería, que quedará integrada por cuatro órganos: Servicio de Minas, Servicio de Seguridad Minera, Servicio de Gestión Energética y Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Entre las funciones que recaerán sobre el Servicio de Seguridad Minera figura el control de las condiciones de seguridad y salubridad en explotaciones y yacimientos, la asunción de las actuaciones administrativas de inspección y sanción y la prevención de riesgos.

Otras competencias

También estarán entre sus competencias la expedición de las certificaciones de aptitud para determinadas profesiones, la coordinación de los programas de formación y seguridad y la elaboración de los planes generales de inspección.

El Gobierno autonómico tiene previsto que en cuanto se cubra esta jefatura de servicio, se inicie la elaboración del programa de inspecciones.

El control sobre los PIC

El Plan Regenera incluye varias líneas de trabajo agrupadas en cuatro bloques: normativas, de investigación interna, de organización interna y de mejora de la coordinación interna y entre administraciones.

Su desarrollo sigue el cronograma previsto, según ha confirmado el Principado. Así, además de la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, se están ultimando las instrucciones que elevarán el control sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) y la transmisión de derechos mineros.

Controles mineros “sin previo aviso”

Asimismo se han redactado los pliegos del contrato para actualizar el catastro minero. Además, está en marcha el diseño de nuevas aplicaciones para que las empresas comuniquen a la Administración sus planes de labores de manera electrónica y para que se procesen por vía digital los datos de los accidentes.

Esta medida se suma a otras actuaciones puestas en marcha desde el siniestro de Zarréu, como el refuerzo del personal del juzgado de Cangas del Narcea, la realización de controles mineros sin previo aviso o el encargo del informe de la Inspección General de Servicios.

Un trabajador de la empresa eléctrica E-Redes, de 60 años, ha fallecido este martes cuando se encontraba realizando labores de mantenimiento junto a otros operarios de la subcontrata SEMI junto al túnel de El Padrún, en el kilómetro 42 de la autovía A-66, en Oviedo.

La víctima estaba subida a la torre de alta tensión cuando se produjo la muerte. Este es el tercer accidente laboral mortal que se registra en Asturias en lo que va de año.

Activado el protocolo

El trabajador estaba dejando sin tensión la línea que nutre los túneles para realizar el mantenimiento en la red eléctrica cuando se produjo el óbito, por lo que no se descarta que pudiera haber sufrido alguna indisposición, si bien todas las hipótesis aún están abiertas.

El accidente laboral tuvo lugar sobre las diez de la mañana. El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de la Zona/ Comandancia de Asturias recibió el aviso, a través de una llamada. Tras informar a las autoridades competentes, se activó el protocolo para proceder al levantamiento del cadáver.

Corte total en sentido hacia León

Simultáneamente comenzaron las primeras retenciones de circulación como consecuencia del corte total de la autovía en sentido hacia León, según los datos facilitados a elDiario.es Asturias por un portavoz de la Guardia Civil.

Hasta la zona se desplazaron una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Riosa, Policía Judicial de la Guardia Civil e integrantes de varias patrullas de la Agrupación de Tráfico.

Ayuda por accidentes laborales mortales

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha lamentado “profundamente” este accidente laboral durante su comparecencia ante los medios de comunicación asturianos en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Sus primeras palabras han sido para dejar constancia de que “el trabajo no le puede costar la vida a nadie”.

Este accidente se ha producido el mismo día en que Guillermo Peláez ha avanzado que el Gobierno del Principado está trabajando en una nueva línea específica de ayudas por accidentes laborales mortales que se concederán con carácter retroactivo desde 2025 y que podrían ascender a unos 70.000 ó 72.000 euros por unidad familiar.

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas en un atropello múltiple en una zona peatonal de Leipzig (este de Alemania), según Tagesschau, el informativo escrito de la cadena pública ARD, que cita fuentes policiales, y señala asimismo Reuters. En estos momentos se está llevando a cabo un gran despliegue policial en el centro de Leipzig. Aún se desconocen los motivos del suceso.

Al menos 20 personas resultaron heridas en el atropello, según el jefe de bomberos, Axel Schuh, citado por el diario local Leipziger Volkszeitung. La persona al volante ha sido detenida, según fuentes policiales citadas por el mismo diario. “Aún no sabemos exactamente cuál ha sido el motivo, ha dicho el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, recoge Tagesschau. El detenido es un hombre de 33 años de nacionalidad alemana, según la policía de la región.

Por su parte, la Policía de Sajonia informó en sus redes sociales de que “un turismo atropelló a varias personas en la calle Grimma y se dio a la fuga”, aunque más tarde fue detenido, por lo que ya no existe un riesgo para la población, según señala EFE.

“Por favor evitad compartir informaciones no verificadas y fotos o vídeos del lugar de los hechos. Informaos a través de las cuentas oficiales de las autoridades y usad fuentes de noticias verificadas. Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo”, agregó la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.15 h en una calle comercial que conecta la céntrica Plaza Augustus hacia la zona peatonal de la ciudad capital de la región de Sajonia, y se halla en las inmediaciones de la Universidad y de la Iglesia de San Nicolás.

El vehículo, un Volkswagen Taigo, enfiló la calle peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según testigos presenciales citados por los medios, hasta que finalmente detuvo su trayectoria un bolardo metálico.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha advertido este miércoles de la existencia de “errores graves” en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Zarréu, elaborado por su presidenta, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y ha abogado por eliminarlos en la redacción definitiva del texto que se apruebe.

Según Sánchez, el borrador, que atribuye responsabilidades políticas a cuatro exconsejeros de Industria del PSOE así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas, peca de una “redacción arbitraria” en cuestiones como la relativa a la actuación del extinto Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) que, ha subrayado, no ostentó competencias materiales sobre la autorización o el control de la actividad minera más allá de la evaluación técnica, económica o procedimental de los proyectos empresariales.

Los cuestionamientos del consejero

Pese a que el borrador del dictamen reconoce este extremo, ha indicado el consejero, a la vez “responsabiliza” al Idepa por su gestión en relación con la actividad minera, un error que se suma, a su juicio, al que supone señalar directamente a funcionarios del Principado por su labor en ese ámbito.

Sánchez ha recordado que la Junta General del Principado ya fue reconvenida por el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de una funcionaria del Gestor de Infraestructuras (GITPA) en el dictamen de una comisión de investigación sobre dicho organismo.

Asumir las once recomendaciones

Para el consejero, a nivel personal y tras hacerse cargo de la competencias en materia de minería con posterioridad al accidente, su responsabilidad pasa por asumir las once recomendaciones que plantea el informe elaborado por la Inspección General de Servicios y por completar la evaluación que están realizando junto al Instituto de Transición Justo sobre la explotación de carbón que se venía realizando en Asturias y su posible colisión con la ley de cambio climático y el plan de cierre de la minería no rentable.

Sánchez se ha expresado así en su respuesta ante el pleno del parlamento asturiano a una pregunta sobre si ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Zarréu formulada por el diputado del PP Rafael Alonso, que ha advertido de que el Gobierno se ha quedado “solo y enrocado” al rechazar por el momento que tenga que haber ceses entre los cargos públicos involucrados.

PP: “Aquí no dimite nadie”

“Con todo lo que pasó y con seis fallecidos -cinco el accidente de 2025 y uno en el registrado en 2022- aquí no dimite nadie. Eso es lo que se pregunta la opinión pública”, ha subrayado Alonso tras recordarle al PSOE que su socio de gobierno, Izquierda Unida, exige también que se asuman ya responsabilidades.

Así, ha cuestionado que se pueda seguir hablado como hace el Ejecutivo de gobierno “de unidad progresista” dadas las discrepancias en su seno, a la vez que ha cuestionado si se puede calificar de “progresista” el hecho de no asumir responsabilidades políticas por parte de un gabinete que muestra su “nerviosismo” al cambiar de opinión en 48 horas sobre la posibilidad de conceder ayudas a las víctimas.

“A ustedes se les va a hacer largo porque este asunto no termina ni mañana ni pasado mañana y, mientras tanto, todos los asturianos esperamos que se haga realidad el caiga quien caiga del señor Barbóon”, ha advertido.

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí ha rechazado este martes la existencia de un vínculo entre las causas del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, y la “gestión política” en el departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro.

En declaraciones a los periodistas, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón ha recordado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, “no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política” en la consejería.

“Son actuaciones a mejorar”, alega

Este informe establece una seria de “actuaciones a mejorar”, pero en ningún caso “hace una vinculación entre el accidente y la gestión política”, ha incidido la exconsejera.

Roqueñí se ha pronunciado así después de que el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente minero y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, haya señalado la responsabilidad de tres exconsejeros de Industria -Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, quien dimitió a los pocos días del accidente-, así como del exviceconsejero Isaac Pola, que había sido consejero en el Gobierno de Javier Fernández, y tres funcionarios.

La postura de Roqueñí coincide con la sostenida por la parte socialista del Gobierno del Principado, que considera que hasta el momento no se han establecido responsabilidades políticas por el accidente, mientras que su socio IU sí que las aprecia. 

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, regresa esta semana a tierras asturianas tras culminar su viaje institucional a México, donde permaneció durante siete días al frente de una delegación comercial en busca de captación de inversiones, y uno de los primeros compromisos oficiales será acudir a sede parlamentaria mañana, miércoles, para dar explicaciones sobre las responsabilidades políticas del accidente que costó la vida a cinco mineros en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Para las familias de los cinco mineros fallecidos y los cuatro trabajadores que resultaron heridos en ese accidente laboral no debe ser fácil ver cómo los políticos se “tiran los trastos” -en lenguaje coloquial-, ni que se utilice su caso como arma arrojadiza hablando de un siniestro que les ha destrozado sus vidas.

Sin unanimidad

Mientras los supervivientes de esta tragedia minera y los familiares de los fallecidos tratan de recomponer su día a día, los representantes políticos y los líderes sindicales siguen debatiendo sobre el contenido del borrador del dictamen elaborado por la Comisión de Investigación creada en la Junta General del Principado.

El contenido de este borrador fue avanzado a la prensa el pasado 21 de abril, por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, en su calidad de presidenta de la comisión de investigación. En el documento se exigía la reprobación y cese de cuatro exconsejeros y exconsejeras de Industria durante etapas de gobierno socialista y de tres altos funcionarios a los que se atribuye alguna responsabilidad por este accidente y aún no se sabe oficialmente si se convertirá en un documento no vinculante o tendrá algún efecto práctico.

El hecho de que Covadonga Tomé presentara públicamente las conclusiones de este dictamen, incluso antes de enviarlo a los grupos parlamentarios, ha sido afeado por el diputado y portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, quien ha considerado que la diputada del Grupo Mixto incurrió en “un grave error”.

Xabel Vegas y “los errores” de Tomé

En primer lugar, entre otras razones, el diputado Vegas alude al hecho de que no lo hubiera remitido primero a la comisión para su debate, presentación de enmiendas y votos particulares, y en segundo lugar porque se diera a conocer públicamente antes en una rueda de prensa a la que acudió acompañada de Laura Tuero, de Somos Asturies, lo que, bajo su prisma, podría ser interpretado como una utilización partidista.

Tomé ha replicado a las críticas de Vegas asegurando que el borrador del dictamen se remitió “en primer lugar al Grupo Socialista y al letrado de la Cámara” antes de la rueda de prensa de presentación, y el documento quedó colgado en la carpeta de la comisión para el resto de formaciones.

Una argumentación que, según el razonamiento del portavoz de Convocatoria por Asturies, supondría que si se hizo “como deferencia” en primer lugar al Grupo Socialista se podría inferir que al resto de los grupos no se les remitió por “falta de deferencia”.

Las interpelaciones

A la falta de unanimidad entre los miembros de la coalición del gobierno progresista que integran PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies se suma también las discrepancias en el entorno sindical, ya que tampoco los líderes de los sindicatos CCOO y UGT tienen opiniones coincidentes sobre si el Gobierno asturiano debe forzar los ceses y asumir responsabilidades políticas y cuándo es el momento más oportuno.

La Junta General del Principado celebra este miércoles una sesión plenaria centrada en el borrador de este dictamen que recoge las principales conclusiones de la comisión de investigación y el posicionamiento del Ejecutivo autonómico sobre las responsabilidades políticas en el accidente registrado en la mina de Zarréu.

¿Mintió? ¿Se arrepintió?

“¿Por qué mintió cuando dijo que llegaría hasta el final, 'caiga quien caiga' en la investigación del accidente de la mina?”. Con esta pregunta del portavoz del PP, Álvaro Queipo, arrancará esta sesión plenaria.

Su intervención dará paso a la interpelación del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, del grupo parlamentario de Foro Asturias. En su caso, quiere saber si Adrián Barbón “se arrepiente de haber desmantelado el Servicio de Seguridad Minera”.

¿Por qué puso un océano de por medio?

No serán las únicas intervenciones, ya que seguidamente la portavoz de Vox, Carolina López, ahondará en la herida con alusión al viaje de México incluida: “¿Cómo justifica que, en pleno escenario de crisis y con su gestión bajo cuestionamiento, haya optado por poner un océano de por medio en lugar de permanecer en Asturias dando explicaciones y asumiendo responsabilidades?”.

En ausencia de Barbón esta semana el portavoz de su equipo de gobierno, el consejero Guillermo Peláez, ha salido a defender la actuación del Ejecutivo regional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Peláez ha afirmado este lunes que el PSOE e IU son formaciones políticas distintas que pueden tener discrepancias, en este caso en torno a un borrador de un dictamen “de parte” que ha sido elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

En opinión de “la parte mayoritaria” del Gobierno, “no se ha puesto de manifiesto”, ha dicho, la existencia de responsabilidades políticas, “lo cual no quiere decir que se pueda poner de manifiesto” más adelante porque aún se sigue investigando.

Peláez ha admitido que el Servicio de Minas no funcionaba como debía, “pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal causó cinco muertes hay un paso muy grande, y ahora mismo con la información disponible no se puede asumir”, ha incidido.

Los “juicios de valor”, según el PSOE

Aunque Peláez ha salido públicamente para exponer el posicionamiento del Principado, la portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ya había cuestionado públicamente el borrador de dictamen de la comisión de investigación al manifestar que incorporaba “errores”, “juicios de valor” y no fijaba una “relación directa” entre los hechos examinados y las responsabilidades que se pretenden exigir.

“No podemos señalar, con lo que tenemos en este momento encima de la mesa, a personas concretas como corresponsables de este accidente”, llegó a decir Dolores Carcedo.

El posicionamiento sindical

Aunque habitualmente suelen estar bastante de acuerdo en materia de siniestros laborales los secretarios generales de CCOO y UGT en Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, en el caso del polémico tema del borrador del dictamen de la comisión de investigación sus posturas no coinciden.

Así, Zapico se muestra favorable a que se ejecuten responsabilidades políticas “de manera inmediata”, frente a la opinión de Fernández Lanero quien opina que hay que esperar a ver cómo avanzan los procedimientos judiciales y estima que las responsabilidades políticas “ya se asumieron” al cambiar “de arriba a abajo” la Consejería de Industria.

Las opiniones de Zapico y Lanero

El secretario general de CCOO tiene claro cuál debería ser el siguiente paso que tendría que dar el presidente Barbón. A su juicio, debería instar a los exconsejeros de Industria que él mismo nombró para el cargo y que actualmente desempeñan la presidencia de Hunosa y la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, respectivamente, para que dimitan.

El secretario general de UGT considera, sin embargo, que las responsabilidades políticas ya se asumieron cuando cambió la cúpula de la Consejería de Industria y se muestra más partidario de esperar a ver qué decisión adopta finalmente la administración de justicia respecto al accidente minero y culpa directamente a la empresa por sus incumplimientos.

El documento y las reprobaciones

En eldiario.es Asturias reproducimos a continuación las principales conclusiones de este borrador de dictamen de la comisión de investigación.

Junto a Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, el dictamen reprueba la actuación de la exconsejera Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Los tres exconsejeros fueron nombrados al frente de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno por el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón.

Cargos públicos y funcionarios

El cuarto cargo político cuestionado es Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa como presidente del Principado del socialista Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación en este borrador de dictamen, son los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los denominados PIC (Proyecto de Investigación Complementario, una figura no regulada por la Ley de Minas.

La mujer de 70 años que fue hallada con un disparo en la cabeza en la cama de su dormitorio, en la localidad de Columbiello, en el concejo asturiano de Lena el pasado fin de semana, continúa en estado grave ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Su marido, Félix G., de la misma edad, se encontraba muerto a su lado cuando la pareja fue localizada por un familiar al que la mujer pudo avisar momentos después de intentar acabar con su vida en lo que, según los primeros indicios, podría ser un suicidio pactado.

En un principio, la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha descartado la intervención de terceras personas, así como que se trate de un caso de violencia de género.

Alertaron a un familiar

Los hechos se descubrieron sobre las 10 de la mañana del pasado sábado cuando un primo del matrimonio alertó a los servicios de emergencias de la llamada que acababa de recibir de la mujer para que se desplazara hasta el chalé familiar. Una vez dentro, este familiar halló muerto al hombre y herida muy grave a la mujer.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local de Lena se trasladaron hasta el domicilio donde nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre, mientras que la mujer pudo ser estabilizada por el equipo médico de una UVI-móvil que le atendió en el mismo lugar. Ante la gravedad de su estado, acordaron su traslado al Huca, donde permanece internada.

Problemas económicos

El hombre, Félix G., era constructor y había nacido en Mieres. Su mujer, Irene G., es natural de Pola de Lena. El matrimonio residía en la localidad lenense desde hace 15 años.

Según las primeras investigaciones, el chalé del matrimonio tenía pendiente de ejecutar una orden de desahucio y, esta circunstancia, unida a los problemas de salud podrían haber sido determinantes en la decisión de la pareja.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

Al menos nueve personas han muerto y trece han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informó el miércoles el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi.

El agresor, un alumno del centro de unos 14 años, murió también durante el ataque, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

El gobernador de esa provincia, Mükerrem Ünlüer, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a niños de 10 y 11 años, han muerto en el ataque. Ünlüer precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de policía.

Un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaraş, hirió ayer a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.

A los difuntos de Líbano se les suele permitir una última mirada a su ciudad natal antes de ser enterrados. Es tradición que, alzado sobre las cabezas de los vivos, el ataúd de la persona fallecida recorra lentamente las calles donde creció. Son las manos de sus seres queridos las que la guían hasta su lugar de descanso final, ya excavado, y esparcen suavemente tierra sobre su cuerpo.

La guerra ha privado a los muertos del sur de Líbano de su última despedida. A medida que Israel amplía su invasión terrestre, las familias se han visto obligadas a abandonar los ritos funerarios tradicionales y a enterrar a sus seres queridos en fosas provisionales situadas más al norte.

En Tiro, la histórica ciudad costera del sur de Líbano, se han excavado zanjas de dos metros de ancho para enterrar a los muertos. Los epitafios son mínimos: un número pintado con spray rojo sobre una delgada tabla de madera, una forma precaria de registrar a los fallecidos.

Rabih Koubaissi, un imán, se ha quedado en Tiro para supervisar los entierros, a pesar de las órdenes israelíes de que la población debe marcharse y de los ataques aéreos sobre la ciudad. Es su segunda guerra en tres años. Explica que, en el islam, los cuerpos no deben exhumarse tras ser enterrados. Normalmente, se lavan, se envuelven en un sudario blanco y se colocan directamente en la tierra sin ataúd.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, como una guerra, se puede invocar un rito funerario especial. En la jurisprudencia islámica existe una laguna jurídica por la que los cuerpos pueden ser enterrados en un ataúd, en un procedimiento llamado wadiaa, que literalmente significa “depósito”. La teoría es que es el ataúd, y no el cuerpo, lo que se desentierra de nuevo.

“Un musulmán puede ser enterrado en cualquier cementerio musulmán. Pero las personas tienen un vínculo emocional: quieren que sus seres queridos sean enterrados en la tierra de sus antepasados. Esto refleja el sentido de pertenencia, el legado y la presencia”, indica Koubaissi.

La brutalidad de la guerra ha trastocado cada paso del ritual de entierro, haciendo a veces imposible lavar los cuerpos de los fallecidos.

“A veces solo recibimos restos de cuerpos”, señala. “En esos casos, simplemente recogemos lo que podemos, los colocamos en un sudario y una bolsa para cadáveres, y luego los metemos en el ataúd”.

Koubaissi explica que los entierros provisionales proporcionan cierta tranquilidad, pero en última instancia son una fuente de dolor. “Es muy difícil. Las familias se ven obligadas a enterrar a sus seres queridos dos veces”, indica.

Temor a la ocupación israelí

A la población de sur del Líbano le preocupa no tener la oportunidad de enterrar a sus seres queridos en su tierra natal. Las declaraciones de representantes israelíes de que el Ejército ocupará indefinidamente la zona al sur del río Litani han suscitado el temor de que puedan pasar meses, o años, antes de que los libaneses puedan finalmente dar descanso a sus seres queridos en sus hogares ancestrales.

Lo más duro es cuando los familiares te preguntan qué aspecto tenían sus seres queridos. No han podido verlos, pero yo sí los he visto. No puedes mentirles, pero tampoco puedes decirles la verdad. Así que intentas consolarlos

Rabih Koubaissi — Imán de Tiro

Aunque se retiren los soldados israelíes, a la población le preocupa qué se encontrarán al regresar a sus pueblos.

Al final de la guerra de 13 meses entre Hezbolá e Israel, en noviembre de 2024, los habitantes de Dhayra, un pueblo fronterizo, quisieron volver a enterrar rápidamente a dos residentes que habían muerto en ataques aéreos meses antes y que estaban enterrados en tumbas provisionales en Tiro. Sin embargo, cuando regresaron a casa, encontraron el cementerio del pueblo en ruinas. Las excavadoras israelíes habían destrozado las tumbas y la mezquita local había sido destruida. Tuvieron que enterrar los cuerpos en otro cementerio.

Mientras los muertos esperan a volver bajo tierra, pocas personas acuden a sus tumbas temporales. Tras asistir a los apresurados funerales provisionales, la mayoría de las familias se han visto obligadas a abandonar Tiro, ya que la ciudad ha sido blanco de ataques cada vez más intensos.

Una joven pareja que permaneció en Tiro, a pesar de los peligros, visitó una de las tumbas provisionales hace dos semanas, y cuidó de las flores depositadas a los pies de la tumba de dos jóvenes de la localidad de Al Qlailah.

Son las únicas dos tumbas que tienen fotos de los difuntos. La pareja, abrumada por la emoción, se consolaba mutuamente mientras contemplaba las fotografías.

De pie junto a la primera tumba de la fila, Hecham Reda, un médico de la aldea fronteriza de Aita al-Chaab, rompió a llorar al recordar a su amigo. “Hadi siempre estaba con nosotros, apagando incendios, llevando a los mártires. En esta guerra, no tuvo tiempo. El ataque que le alcanzó fue rápido, brutal”, explica.

Reda teme, como mucha gente del sur de Líbano, no tener nunca la oportunidad de enterrar a su amigo en su tierra natal.

Mientras Koubaissi contempla las tumbas, los ataques aéreos retumban en la distancia. No se molesta en levantar la vista cuando oye el impacto.

“Lo más duro es cuando los familiares te preguntan qué aspecto tenían sus seres queridos”, señala. “No han podido verlos, pero yo sí los he visto. No puedes mentirles, pero tampoco puedes decirles la verdad. Así que intentas consolarlos”, explica. “Es una sensación abrumadora. Ni siquiera nos habíamos recuperado de la última guerra antes de entrar en esta”.

Traducción de Emma Reverter

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha exigido este miércoles al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que acuda a Fiscalía si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos, como sugirió ayer el líder popular.

“Si dice que sabe, o que tiene conocimiento a lo mejor por sus relaciones con determinados ámbitos económicos, de que hay intereses económicos le invito, es más, le exijo, que acuda a Fiscalía”, ha dicho Barbón en una rueda de prensa para hablar del contenido del informe encargado a la Inspección General de Servicios acerca del funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, que le costó la vida a cinco mineros el 31 de marzo de 2025.

Actuaciones de investigación

Entre las medidas que va a adoptar el Gobierno del Principado a raíz de dicho informe están el inicio de actuaciones de investigación sobre un contrato entre Blue Solving y Combayl (empresas del mismo entramado societario que explotaban la mina), que la propia Inspección de Servicios ya ha remitido a Fiscalía, y también sobre la rebaja de la calificación del expediente sancionador por otro accidente en el que murió un trabajador en agosto de 2022 y los procedimientos que se encuentran pendiente de resolución.

Barbón ha asegurado que ha dado la “orden estricta” de acudir “inmediatamente” a Fiscalía si en estas investigaciones se detecta cualquier indicio de la comisión de un delito.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que la Fiscalía deberá dirimir si hubo una omisión punible o no por parte de algún funcionario de Minas al no actuar tras recibirse un contrato entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, en la que se hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón a pesar de que no existía autorización para ello. 

Sin avisos de inspecciones

Por otro lado, el Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu que refleja que Minas hizo una instrucción “insuficiente” al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del 'proyecto de investigación complementaria' (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.

Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que “de manera ilegal” incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando “una actividad clandestina” que ha constatado la necesidad de “regenerar” en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.

A su juicio, la publicación del informe y las medidas que hoy ha anunciado son “el principio de todo” en torno a una investigación que abrió con el compromiso de “llegar hasta el final” para que se haga “justicia”. 

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

Un hombre ha fallecido este sábado y 19 personas han sido atendidas por inhalación leve de humo, entre ellas cuatro menores, en el incendio de una vivienda en el barrio de Tres Forques de València, según han informado fuentes sanitarias y de los bomberos.

El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas en una vivienda ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster de la capital valenciana, donde los bomberos han encontrado el cuerpo de una persona carbonizada, un hombre.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a doce personas que han sido de altas in situ, y a otras siete personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios por inhalación leve de humo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Esas siete personas son un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos menores de 16 años ambos que han sido trasladados al hospital La Fe, y una mujer de 33 años y dos niños de 2 y 9 años, que han sido evacuados al Hospital General.

Una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional se han desplazado hasta el lugar del incendio, de cuya investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional.

Casi dos años ha tardado un acusado en reconocer ante la Fiscalía de Asturias que, en marzo de 2024, fue él quien mató a su tío político y enterró su cadáver en una finca en Granda (Siero). Una confesión que le ha llevado a aceptar una condena de 12 años de prisión y cinco años de libertad vigilada.

Un hermano y un primo suyo han admitido también haber encubierto el crimen. Tres testimonios que han sido ratificados este viernes por los tres coacusados ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

La víctima mantenía a la familia

Los tres acusados son de nacionalidad colombiana, al igual que la víctima, J.J.P.C. , de 52 años y padre de cinco hijos. El fallecido llevaba apenas un año en España cuando ocurrió el crimen.

J.J.P.C. se había trasladado a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano. En la misma compañía trabajaban su cuñado y los dos hijos de éste, los dos acusados que eran, por tanto, sobrinos políticos del fallecido. También formaba parte de la plantilla un primo de estos dos últimos, el tercer acusado.

Una tarde bebiendo cerveza

La Fiscalía relata en su escrito de calificación que el grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. El 25 de marzo de 2024, los tres acusados y la víctima quedaron para tomar algo y, después de un tiempo en que permanecieron todos juntos, uno de ellos quedó a solas con J.J.P.C.

Ambos fueron a un supermercado a comprar más cerveza y bebieron un número indeterminado de ellas. Sobre las 19.40 horas, se desplazaron a la vivienda del acusado en Granda. En un momento dado, y tras una videollamada que hizo J.J.P.C., se inició entre los dos una discusión por un episodio familiar violento ocurrido en el pasado.

De la discusión al apuñalamiento

“En el marco de la discusión se produjo un enfrentamiento físico entre ambos en el que, el acusado teniendo a J.J.P.C. de frente, utilizando un arma blanca tipo cuchillo que se encontraba en el lugar y con la intención de acabar con su vida, lo atacó en la zona del cuello. A continuación lo apuñaló repetidamente, también en otras zonas del cuerpo, causándole la muerte”, señala la Fiscalía.

Aproximadamente una hora después, este acusado llamó a su hermano y le relató lo que había sucedido, por lo que este último acudió a su domicilio. Ya juntos, entendiendo ambos que J.J.P.C. estaba muerto, y para evitar que se encontrara el cadáver, decidieron que la mejor opción era enterrarlo en una zona del huerto de la finca y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a su hallazgo. También cogieron el móvil de la víctima y lo destruyeron.

J. J. P. C. fue enterrado sin la ropa que llevaba en la parte de arriba, con una bolsa de plástico que lo cubría parcialmente (cabeza, tronco y extremidad superior derecha) y otra bolsa enlazada a la primera con cinta americana negra, con la que el cuerpo quedó totalmente envuelto.

Enterrado en el jardín

A continuación, según la versión de la Fiscalía que hoy han corroborado los propios acusados, cavaron un hoyo en el jardín y metieron en él el cadáver, eliminaron el arma del crimen, limpiaron el lugar de forma exhaustiva y decidieron borrar las conversaciones que ambos habían mantenido por teléfono ese día.

Las investigaciones policiales se iniciaron el día 26, después de que la pareja sentimental de la víctima -con el que había mantenido la conversación de la videollamada- presentara una denuncia por la desaparición de J. J. P. C.

Los cómplices

El 10 de abril, el hermano que actuó como cómplice compareció libremente en dependencias policiales y, con el objeto de protegerle y dificultar la investigación policial, declaró libremente que no recordaba si el día de los hechos había estado con él y que no conocía información o dato que pudiera ser relevante para el esclarecimiento del caso.

No obstante, el día 29 regresó y, al contrario de lo que había manifestado con anterioridad, afirmó que, el día que J. J. P. C. había desaparecido, recibió una llamada de su hermano para que fuera a su casa a tomar algo, lo que hizo. Aseguró que al llegar a la casa vio que J. J. P. C. estaba también en la vivienda y que, cuando se marchó a las 21.45 horas, los había dejado a los dos en el inmueble, ebrios y escuchando música.

Eliminaron pruebas

Por su parte, el primo de los acusados mantuvo el día de los hechos varias conversaciones telefónicas con ambos hermanos y en algún momento de una de las llamadas se enteró de la muerte de J.J.P.C. No obstante, se lo ocultó a la Policía, borró mensajes de su móvil y ofreció diversas versiones a los agentes.

La Fiscalía sostiene que si esta conducta no se hubiera producido, se podría haber encontrado más rápidamente el cadáver de la víctima, esclarecer la autoría de su muerte y evitar que se hubieran ocultado pruebas del delito.

El hallazgo del cadáver

El 7 de mayo de 2024 se autorizó la entrada y registro en la finca del principal investigado, al considerar los agentes que el cuerpo podría estar allí enterrado. El cadáver fue localizado al día siguiente, cerca de un lugar de compostaje, tras los intentos fallidos de la primera jornada de búsqueda. Se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno, que era húmedo, y por las bolsas de plástico que lo envolvían.

Tras admitir el relato de hechos de la Fiscalía, el principal acusado aceptó 12 años de prisión y cinco años de libertad vigilada además del pago de indemnizaciones a la familia de su tío político por un importe de 390.000 euros.

Las penas e indemnizaciones

A su hermano no se le impuso pena alguna, al aplicarle la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 al ser encubridor. No obstante, por vía de responsabilidad civil, deberá abonar una indemnización a los familiares de la víctima de 4.000 euros por el daño moral derivado de su acción, respondiendo solidariamente con su hermano, al haber participado desde un principio ambos en la ocultación del cadáver.

Su primo ha sido condenado a un año de prisión. La Fiscalía no se ha opuesto a que se le conceda el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. Este acusado, por vía de responsabilidad civil, deberá abonar a la familia de la víctima una indemnización de 2.000 euros por el daño moral causado.

El exconsejero de Industria y ex director general de Minas, Isaac Pola, ha negado haber intercedido o recibido orden alguna para que el Instituto de Transición Justa (ITJ) diese ayudas a Blue Solving o Comabyl, sociedades que en los últimos años explotaron la mina de Zarréu, en la que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores en accidente laboral.

Combayl y Blue Solving recibieron ayudas del Instituto de Transición Justa por más de 1,5 millones de euros para desarrollar en Cerredo un planta de fabricación de briquetas para uso industrial, en el caso de la primera, y para una planta de valorización de subproductos y producir grafito, la segunda, si bien ninguna de ellas se cobró al ser revocadas tras el accidente minero.

Sin competencias

Pola ha comparecido este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga este accidente en su condición de viceconsejero de Industria y Transición Justa, cargo que ostentó entre agosto de 2023 y febrero de 2025, aunque también ha sido director general de Minería en dos etapas (2007-2011 y 2012-2017) y consejero de Empleo, Industria y Turismo (2017-2019).

Actualmente es asesor técnico en el área de Crecimiento e Inversión de la Agencia Sekuens (antiguo Idepa) y desde 2019, según ha subrayado, no ha tenido cargos relacionados con la seguridad minera ya que en su etapa como viceconsejero de Industria no tenía asignadas esas competencias, que estaban en mano de la consejera.

Una línea “muy fina”

Tras asegurar que no tuvo conocimiento de que se podía estar sacando hulla de forma ilegal de Cerredo hasta que tuvo lugar el accidente, Pola ha reconocido que “es muy fina” la línea que separa la extracción de carbón destinado a uso térmico, que no está permitida, y la que se autoriza a través de proyectos de investigación para sacar mineral destinado a otros usos.

Según Pola, lo que sí está claro es que la extracción de carbón para uso térmico está prohibida desde 2018, a no ser que las empresas devuelvan las ayudas recibidas para su cierre, y que sí pueden autorizarse proyectos de investigación complementaria, como el que tenía Blue Solving para poder sacar hasta 60.000 toneladas de carbón para otros usos.

Sin reuniones con 'Chus Mirantes'

Sobre este proyecto ha reconocido que habló en varias ocasiones de manera informal con el último director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, y que mantuvo con él un único encuentro en la sede de la viceconsejería el 11 de enero de 2024 en el que le indicó los pasos a seguir con la ayuda del ITJ, pero que nunca se reunió con el empresario Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes'.

Durante una de sus etapas en el ldepa (actual Sekuens), Pola firmó un escrito trasladado a Combayl en el que advertía a la sociedad de que debía de llevar a cabo ciertas modificaciones si quería acceder a las ayudas del ITJ que había solicitado.

Solventar “un error manifiesto”

Pola ha señalado que se trata de un trámite habitual que no supone beneficiar a la empresa ya que solo se trata de pedir a la empresa que solvente los errores detectados, en este caso “un error manifiesto” al no corresponder el título con el contenido del proyecto para el que se solicitaba la subvención.

En cualquier caso, ha señalado que cuando se emitieron los informes correspondientes de Sekuens para la concesión de las ayudas para la mina de Zarréu él no participó en ellos porque ya se encontraba al frente de la viceconsejería.

Entramado familiar

Pola ha dicho que desconocía entonces que Combayl, que transmitió los derechos de explotación de Zarréu a Blue Solving, formaba parte del entramado empresarial de 'Chus Mirantes' y ha admitido que “si hubiera conocido previamente la vinculación empresarial de ambas sociedades seguramente habría hecho alguna verificación adicional”.

Al ser preguntado si la administración tiene herramientas para haber impedido que siguiese operando un empresario que había tenido ya en agosto de 2022 un accidente mortal en Cerredo, que había sido sancionado con 300.000 euros por sacar carbón de forma ilegal y que se encuentra inmerso en un proceso por transporte de cocaína impregnada en carbón y en otro por daños medioambientales, Pola ha advertido que la legislación es bastante garantista.

“Hay instrumentos para controlar, vigilar y en su caso sancionar una conducta inadecuada, pero las prohibiciones están bastante acotadas”, ha señalado el exviceconsejero. 

Un total de 96 personas han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras gallegas a lo largo de 2025, lo que supone seis muertes más que el año anterior, una cifra también superior a la registrada en 2023, con 88 fallecimientos. Así lo ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, en la que ha advertido de que siguen siendo “demasiados” fallecidos.

En el caso de las cifras a nivel nacional, ha subrayado que fueron un total de 1.119 las personas fallecidas en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos. Así, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, lo que supone el valor más bajo de toda la serie.

En 2025 se registraron 36 días 'blancos', es decir, sin víctimas mortales en las carreteras, frente a los 28 días que se contabilizaron en 2024. El pasado año, las autopistas y autovías registraron 298 muertes, 30 fallecidos menos; mientras que en el resto de vías han perdido la vida 821 personas, cinco menos (-1%). De este modo, tres de cada cuatro muertes de producen en carreteras secundarias. Respecto al perfil de las víctimas, un total de 818 muertos eran conductores, el 73% del total; seguidos de los pasajeros, con 198 muertos (18%) y los peatones, con 103 muertes (9%).

Por medio de desplazamiento, los turismos acumulan el mayor número de fallecidos, con 531 muertos y el 47% del total, lo que supone 22 víctimas menos que en 2024. Además, 139 de las víctimas murieron en autopista y autovía, y 392 en vías secundarias. Asimismo, en 2025 se han reducido las víctimas mortales en furgoneta, con 55 muertes y, de nuevo, 22 menos que el año anterior. Dos personas fallecieron cuando viajaban en autobús.

Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales, con 451 fallecidos, seis menos (-1%). El grupo más numeroso es, de nuevo, el de los motoristas, que registra 304 muertos, cinco más que en 2024. Del total, 72 fallecieron en autopistas y autovías, nueve menos (-11%). En vías convencionales, fallecieron 232 motoristas, 14 más (+6%). Por su parte, en 2025 fallecieron 103 peatones, cuatro menos. En este caso, un total de 39 peatones fueron atropellados en vías de alta capacidad, frente a 64 de secundarias, 13 menos y 9 más respectivamente.

En relación con el tipo de siniestro, los datos presentados este jueves reflejan que la salida de vía es el que mayor número de víctimas deja con 481 fallecidos, el 43% del total. Las colisiones frontales aglutinan el 21% de las muertes (237), un 5% menos. Sobre el uso de sistemas de seguridad, 165 muertos no lo utilizaba en el momento de accidente, y uno de cada cuatro muertos en turismo y furgoneta no llevaba el cinturón. Por edad, los mayores de 65 años registran el mayor número de fallecidos, con 239 víctimas mortales, 14 más que en 2024 y representando el 21% del total.

La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado para tratar de esclarecer el accidente laboral registrado, el 31 de marzo, que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ya dispone de un calendario oficial de comparecencias. Los trabajos de la comisión creada para tratar de determinar las posibles responsabilidades en el siniestro se reanudan a partir de enero de 2026, tras el parón de las fiestas navideñas.

En la lista de comparecientes destaca la citación a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien tendrá que comparecer el próximo 21 de enero ante la comisión de investigación integrada por dos representantes de cada partido político con representación parlamentaria.

Sara Aagesen no acudirá como representante del Gobierno central, sino en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El parón de las fiestas navideñas

Los trabajos de la comisión se suspenderán durante las fiestas navideñas y se reanudarán el 12 de enero con las comparecencias de varios miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que se sucederán a lo largo de tres jornadas.

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, han sido citados para el 15 de enero y, al día siguiente, prestará declaración ante la comisión el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, ha sido citada para el 20 de enero, un día antes de que lo haga la ministra Sara Aagesen.

Los ex titulares de Industria

Para el 22 de enero está citados los ex consejeros de Industria del Gobierno asturiano Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, e Isaac Pola.

Al día siguiente tendrán que comparecer las dos ex consejeras de Industria que asumieron este cargo en la etapa del actual presidente del Ejecutivo regional, el socialista Adrián Barbón. Se trata de Nieves Roqueñí, actual presidenta del puerto de El Musel, en Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente mortal.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, figura en la lista de comparecientes para acudir a la Junta General del Principado el 26 de enero, y le sigue el actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, que está citado para el día siguiente.

Empresarios y apoderados

El martes, 27 de enero, comparecerá ante la comisión parlamentaria Jesús Manuel Rodríguez Morán, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del empresario minero Victorino Alonso.

Todas las personas que han sido citadas están obligadas a comparecer ante la comisión parlamentaria, que está presidida por la diputada Covadonga Tomé.

La comisión parlamentaria se constituyó el pasado 15 de mayo a propuesta del PP y Foro, y fue apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Además de esta comisión, sigue abierta la vía judicial, que instruye el Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Extracción ilegal de carbón

Como principal hipótesis de trabajo se baraja que el accidente que costó la vida a los cinco mineros y heridas a otros cuatro compañeros se debió a una acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

Las cinco víctimas mortales fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.