Es la OPE “más grande de la historia” de Osakidetza. Tiene 101.693 aspirantes para 3.764 plazas y se ha iniciado este viernes en el BEC de Barakaldo. El Servicio Vasco de Salud asegura haber adoptado las medidas oportunas para realizar los exámenes en condiciones optimas en plena ola de calor, como el acondicionamiento de los pabellones en los que se desarrollarán las pruebas o la instalación de dispositivos de agua en el recinto.

Según ha explicado el consejero, Alberto Martínez, que ha acudido al BEC junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Recursos Humanos, Josune Retegi, este año Osakidetza celebrará las OPE correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, con una oferta total de 5.425 plazas. En la primera fase, que se inicia este viernes y concluirá el domingo, se celebrarán los exámenes de las nueves categorías más numerosas: Enfermero, Tecae (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), auxiliares administrativos, celador, operario de servicios, fisioterapeuta y técnico superior de administración y gestión.

“Vamos a vivir un fin de semana histórico con récord de participación, un acontecimiento realmente importante tanto para nuestro mercado laboral como para el sistema sanitario de Euskadi”, ha dicho. En total, se han presentado 101.693 aspirantes, una cifra muy similar a la de población total de la propia Barakaldo, para 3.764 plazas en esta primera fase, “una muestra de que Osakidetza es atractiva”. Según los datos aportados por Martínez, Osakidetza protagoniza este fin de semana “la cita profesional más destacada del año en lo que a congregación de personas se refiere”, ya que el equivalente un 10% de la población activa de Euskadi aspira a ser parte de la plantilla del Servicio Vasco de Salud.

El consejero ha recordado que la OPE está “inspirada en principios del consenso” y responde “en cierta medida, a los compromisos adquiridos con los agentes en el Pacto Vasco de Salud”. Según ha explicado, se trata de un sistema de selección y provisión “para estabilizar la plantilla y fidelizar el talento”. Además, ha añadido, “mantiene el espíritu del consenso de la mesa sectorial” ya que se funcionamiento ha sido acordado entre Osakidetza y los agentes sociales.

Del total de aspirantes, 55.959 proceden de Bizkaia, 20.926 de Gipuzkoa y 20.584 de Álava. El 4,1% restante proceden de otras comunidades autónomas y de otros países, entre los que destacan 3.777 personas de Cantabria, 2.161 de Burgos, 1.422 de León, 1.357 de Navarra y 1.310 de Salamanca. También concurren 78 ciudadanos franceses, 11 de Estonia o 10 de Alemania. “Insisto, Okidetza es atractiva”, ha apuntado.

El 75% de las personas aspirantes son mujeres y el grupo más numeroso está entre los 40 y 50 años. Además, se van a realizar cerca de 700 adaptaciones para atender distintas necesidades durante la realización de los exámenes, con el objetivo de “garantizar la igualdad real de oportunidades”. Por ello, habrá salas específicas para personas con dificultades auditivas, visuales o de movilidad. intérpretes de lengua de signos, cabinas individuales y acondicionadas para madres lactantes y 70 hospitalizados.

Un total de 900 profesionales serán movilizados para garantizar “el correcto desarrollo” de la OPE“, lo que supone ”un dispositivo organizativo sin precedentes, un dispositivo especial de accesos, seguridad, información y atención a aspirantes“. Por otra parte, se ha referido a los dos años de ”enorme esfuerzo en la gestión de la estabilización de la plantilla“, con cerca de 11.000 plazas estabilizadas y una ampliación con 2.160 nuevas plazas. Además, ha citado las 34.000 plazas estructurales y 46.000 contrataciones anuales y una nueva OPE con más de 5.425 plazas. ”Las cifras hablan por sí solas“, ha defendido.

Ante la ola de calor prevista en Euskadi, que alcanzará sus valores más altos el domingo, Osakidetza ha garantizado la “condiciones adecuadas” de los pabellones, con aire acondicionado, para realizar los exámenes. Además, ante la jornada del domingo, “en el que se esperan unas temperaturas más elevadas”, se colocarán en el recinto dispositivos de agua. También se han redoblado los servicios de emergencias “por si acaso, debido a esa ola de calor, hay algún incidente”.

Es una de las últimas grandes estrellas de Hollywood. Jacob Elordi se convirtió en fenómeno tras su papel en Euphoria, ganó un mayor un reconocimiento por su interpretación en Saltburn (2023), y terminó de consolidarse con su actuación en la última película de Guillermo del Toro, Frankenstein (2025), que le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Pero la carrera de Elordi, lejos de detenerse, sigue tomando impulso. A principios de este año pudimos verlo en la última adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, la novela de Emily Brontë, y, en agosto, podremos disfrutar de su actuación en la próxima película de Ridley Scott, La constelación del perro, también basada en un libro. En esta, volverá a tener un papel protagonista. 

Lo que muchos todavía no saben es que este actor que nació en Brisbane, capital del estado australiano de Queensland, tiene un pasado familiar que lo conecta directamente con Euskadi. En concreto, con dos localidades de Bizkaia en las que su abuelo y su padre pasaron una temporada de sus vidas. 

De Ondarroa a Markina

“Mi abuelo estuvo cortando caña de azúcar, con ocho dólares en el bolsillo, hasta que ganó lo suficiente para traer a toda su familia a Australia. Estoy increíblemente agradecido a ese gran hombre, Joaquín Elordi”, recordó el actor en unas declaraciones para la revista Fotogramas. En ese encuentro, Elordi compartió que este abuelo suyo era originario de Ondarroa, un municipio de apenas 8.000 habitantes ubicado alrededor del río Artibai.

No fue el único de la familia que desarrolló su vida en Euskadi. También el padre del intérprete, John Elordi, creció en esta comunidad, aunque no lo hizo en Ondarroa, sino en Markina. Este municipio, que ahora se conoce como Markina-Xemein, se formó en 1952 tras la fusión de estos dos núcleos urbanos, y se sitúa en el extremo nordeste de la provincia. 

La decisión de Joaquín Elordi de trasladar a toda su familia al otro lado del mundo no fue un capricho. Según explicó el propio actor en la entrevista anteriormente mencionada, su abuelo emigró hasta Australia empujado por el régimen fascista de Franco. El padre de Jacob solo tenía ocho años cuando se instalaron en este nuevo país, donde toda la familia tuvo que aprender inglés.

La estrella de Hollywood y sus hermanos fueron la primera generación de los Elordi que nacieron en Brisbane. Un reportaje de la EITB publicado a raíz de estos orígenes del actor de Hollywood recordó que fueron muchos los vascos y vascas que, como el ondarrutarra Joaquín Elordi, emigraron a Australia para trabajar en los campos de tabaco y caña de azúcar a mediados del siglo pasado.

La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga. Ahora los va recuperar en las fiestas de San Juan. Y el asunto ha abierto una brecha en el Gobierno local, de PSE-EE y PNV, que ya se han enfrentado en el municipio en otras ocasiones.

Este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, se han debatido este jueves en un pleno extraordinario dos mociones. Una ha sido presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar a través de los grupos municipales EH Bildu y Elkarrekin (coalición de Podemos, IU y Equo), y otra alternativa la ha presentado el PNV.

La moción de los partidos de la oposición, además de la cancelación de la sokamuturra, proponía además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se instaba al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. Sin embargo, no ha sido aprobada, ya que ha contado con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención de EH Bildu. En su lugar, se ha aprobado la presentada por el PNV, con los votos a favor de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin, aunque la votación de las propuestas no tiene un carácter vinculante, por lo que la decisión final de mantener o anular el festejo sigue en manos del equipo de gobierno local. Y todo apunta a que sí o sí habrá festejos taurinos, puesto a que la primera sokamuturra está organizada para dentro de cuatro días, el próximo domingo 21, aunque se espera que el alcalde, Jon Iraola, este viernes realice declaraciones confirmando este extremo.

La moción aprobada se compone de cuatro puntos, que se basan en la apertura de un diálogo sobre el regreso de la sokamuturra, un proceso de participación y consulta ciudadana sobre este tema, decidir si es conveniente o no volver a tener el festejo taurino y tomar la decisión desde el consenso. “Hace casi una década, en este Ayuntamiento, en este mismo salón de plenos, se adoptaron por unanimidad acuerdos para abrir una reflexión sobre la presencia de animales en los festejos y fruto de ese proceso se consolidó en la práctica una línea de actuación que ha llevado a que durante todos estos años no se incluyera el uso de animales en la programación festiva. No estamos, por lo tanto, en nuestra opinión, ante una decisión aislada, sino ante una alteración de una trayectoria que se había mantenido de manera continuada en el tiempo”, ha argumentado el concejal del PNV, Alberto de la Hoz.

Según ha destacado, en su moción no están planteando el debate “en términos de posicionamiento ideológico a favor o en contra de una actividad concreta”. “Lo que planteamos es una cuestión de responsabilidad institucional. Debatir si en este momento, en este contexto y en estas condiciones se dan las circunstancias adecuadas para su celebración, con normalidad, con consenso y con convivencia y más a las puertas de Sanjuanes. No pretendemos imponer una decisión ni cerrar el debate en falso. Pretendemos abrir un espacio de diálogo real entre el Ayuntamiento, los grupos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía para recoger de forma ordenada las diferentes sensibilidades existentes que hoy constatamos. A partir de este proceso podamos estudiar y valorar con serenidad la idoneidad de incorporar esta actividad también en las próximas fiestas, priorizando en todo momento la convivencia, la seguridad y el normal desarrollo de las mismas. Porque no podemos permitir que unas fiestas que deben ser de encuentro se conviertan en un espacio de confrontación”, ha apuntado.

Tras estas palabras, la concejala del PSE-EE Vanesa Hortas ha criticado que “un Gobierno de coalición” como el que mantienen los dos partidos tanto en el Ayuntamiento de Eibar como en el Gobierno vasco y otros municipios “no funciona así”. “Estáis en coalición con nosotros y sinceramente, considero que el Gobierno en coalición no funciona así. No es de recibo que mientras que estéis con nosotros gobernando, estéis articulando y forméis parte de una solicitud de un pleno extraordinario para debatir temas que competen a una de las áreas que gestionamos nosotros. Además, es que resulta paradójico que aquí abráis debates, habléis de falta de contraste por un lado, y luego en el Parlamento Vasco estéis promoviendo una proposición no de ley para bajar la edad de participación en estos eventos. No hay más que ver los municipios que en los que gobernáis, que son muchos, el tipo de eventos que se realizan. ¿Por qué un debate en Eibar y no en otros lugares? Me gustaría que fuerais más coherentes y que vierais un poco vuestro grado de responsabilidad en este caso, porque bueno, en el resto de municipios en los que apoyamos vuestros gobiernos nosotros también podemos empezar a abrir mociones y debates sobre este punto o sobre otros puntos”, ha lamentado.

La concejala del PSE-EE se ha referido así a la ley que aprobará la semana que viene el Parlamento, promovida conjuntamente por socialistas y nacionalistas y que busca el fomento de la tauromaquia entre los jóvenes. Se votará en la Cámara el 25, es decir, justo coincidiendo con las actividades programadas en Eibar.

Hortas ha comenzado su intervención en el pleno leyendo un texto de “la juventud” de Eibar, sin especificar de cuántas personas se trata, a favor del regreso de la sokamuturra apelando a la tradición. “Estas palabras han sido escritas por algunos jóvenes de Eibar que creemos en la continuidad de la Sokamuturra y que deseamos que esta tradición tan ligada a la historia y a las fiestas de nuestro pueblo, siga formando parte de ellas en el futuro. No hablamos en nombre de ningún partido político ni de ninguna ideología. Hablamos como jóvenes eibarreses que sentimos la sokamuturra como parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y lo hacemos desde el respeto hacia todas las opiniones, pero también desde la convicción de que una tradición con más de dos siglos de historia merece ser escuchada y respetada. No venimos aquí para enfrentarnos con nadie, ni para entrar en debates políticos. Venimos simplemente a defender algo que consideramos nuestro, algo que pertenece al pueblo de Eibar y que ha pasado de generación en generación durante más de dos siglos. Los primeros testimonios documentados de la Sokamuturra en Eibar se remontan al año 1815. Han pasado más de 200 años desde entonces y durante todo este tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad de nuestro pueblo. Hace diez años se perdió la sokamuturra. Fueron muchos los aficionados y vecinos que se sintieron aquella desaparición como la pérdida de una parte de sus fiestas”, ha leído la concejala del PSE-EE, justificando la decisión de retomar la fiesta taurina en el programa de este año.

Una decisión que según la oposición ha sido tomada de “forma unilateral”. Desde Elkarrekin, Isabel Fernández, ha criticado que “no se trata de una tradición inocente”. “Por lo visto, como es tradición, tenemos que seguir con ello sí o sí. Si siguiéramos otras tradiciones estaríamos quemando todavía brujas, prohibiendo a las mujeres leer o poniendo gansos vivos en Lekeitio. No es una tradición inocente, es un entrenamiento en la falta de empatía. Es decirle a una criatura de ocho o nueve años 'mira, ese animal tiene miedo, o está desorientado o le tiran de la cuerda, le gritan, le persiguen y es divertido'. Pues a nosotras no nos parece divertido. Y es más, se les acostumbra a los menores a que espectáculos violentos, a aceptar la violencia y a maltratar a los más vulnerables. Curiosamente, por lo general participan solo hombres, ya que es una expresión perfecta del modelo de masculinidad hegemónica en el que el ser hombre se basa en la fuerza, la competitividad, la agresión y el control. La vaquilla o el becerro no es un depredador salvaje porque está atado con las astas protegidas y está agotada. Es un rival que ya ha perdido de antemano, pero se le trata como una amenaza para que la victoria parezca épica y se le somete para sentirse poderoso. ¿Eso es lo que queremos enseñar a nuestras infancias? ¿Queremos transmitir que el espacio público, el riesgo, el dominio sobre los demás y la fiesta son cosas de hombres?”, se ha preguntado la concejala.

Por su parte, desde EH Bildu, la concejala Nerea Barruetabeña ha respondido a las críticas del PSE-EE sobre que en esta ocasión, en Eibar están en contra de la sokamuturra, pero que en otros municipios en los que gobiernan, como Azpeitia o Tolosa, la permiten. “Sabemos lo que nos vaís a decir, que en otros municipios en los que gobierna EH Bildu, estos eventos se producen. Sí, pero la naturaleza, costumbres y particularidades de cada pueblo son distintas y cada pueblo ha vivido sus propias vivencias y procesos. Si queréis saber lo que la gente quiere, ¿por qué no le preguntáis? No, aquí las decisiones se toman de forma unilateral y autoritaria”, ha señalado la concejala que ha lanzado dos mensajes: uno al PSE-EE, diciéndole que con “solo 8 concejales no representan al pueblo entero de Eibar” y al alcalde, Jon Iraola, que este “no es su cortijo” para que tome las decisiones de “forma unilateral”.

Sobre su decisión de votar a favor de la moción del PNV, Barruetabeña ha explicado que ante “la imposibilidad” de haber podido presentar una moción conjunta con el PNV, algo cuyas razones no ha explicado, votan a favor de su propuesta porque consideran que es “la única forma de hacer frente a la actitud autoritaria del PSE-EE y del alcalde de Eibar”. “Ante la decisión tomada de forma unilateral nuestro grupo considera que se necesitan acuerdos y procesos abiertos de partipación, por eso hemos intentado presentar una moción conjunta con el PNV. El pueblo necesita acuerdos, diálogo y escucha activa y que se tenga en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y no solo la de unos pocos”, ha concluido la concejala.

Mientras se celebraba el pleno extraordinario, decenas de personas se han manifestado frente al Ayuntamiento de Eibar, al igual que lo hicieron el martes pasado, contra la celebración de la sokamuturra en el municipio guipuzcoano convocados por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar. “Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota”, sentencian.

La jueza de lo mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad Santos, que se ocupa del concurso de acreedores de Tubos Reunidos, ha iniciado el proceso para intentar la venta de la empresa. En un auto con fecha de este lunes día 15 de junio publica las reglas del proceso para una eventual adquisición, en las que da a los posibles interesados cinco días hábiles de plazo desde la recepción mediante correo de su interés para que presenten la carta de confidencialidad firmada con la que se iniciarán los contactos, visitas y acceso a documentación para que pueda materializarse la venta.

La publicación de las reglas con las que se pone en marcha el proceso, a las que la jueza ordena dar la mayor difusión, se ha conocido este jueves, cuando la matriz de Tubos Reunidos ha entrado oficialmente en concurso de acreedores. Era la sociedad que faltaba de entrar en proceso concursal porque al ser cotizada estaba a la espera de que la CNMV enviara una terna de posibles administradores entre los que la magistrada debería elegir. El administrador concursal de la matriz será PKF-Attest, que es también el designado para el resto de las sociedades del grupo, siete en total, el pasado mes de mayo.

La jueza señala en el auto en que fija las bases de la posible venta que “la transmisión de la empresa insolvente pero económicamente viable”, constituye en principio la solución que “mejor satisface el interés del concurso, entendiendo que desde una perspectiva exclusivamente económica la venta del conjunto es la forma de obtener el mejor valor de mercado de la masa activa en beneficio de los acreedores”. “Al mismo tiempo, además de la mejor satisfacción de los acreedores se pretende mantener la actividad productiva o empresarial con conservación de contratos de trabajo y capacidad de generar rendimientos futuros”, indica.

En cualquier caso, todo este procedimiento está condicionado a que se presenten ofertas por la empresa, que en estos momentos está en el punto de mira por la investigación abierta en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

En principio, se priorizarán las ofertas por el conjunto de la empresa, ya que considera que “la transmisión íntegra de la unidad productiva permite garantizar, en mayor medida, la continuidad de la actividad empresarial, la conservación del mayor número posible de puestos de trabajo y la optimización del valor global de los activos transmitidos, evitando riesgos de desagregación, pérdida de sinergias o deterioro del valor económico que podrían derivarse de transmisiones parciales o fragmentadas”. Esto supone que, “sin perjuicio de la admisibilidad de ofertas estructuradas sobre perímetros intermedios, la valoración de las mismas tendrá en cuenta, entre otros criterios, su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, primándose aquellas propuestas que se ajusten al marco máximo y supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o, la compra de todas las compañías”.

En cuanto al procedimiento se estructurará en tres fases. Si hay potenciales compradores lo primero que tendrán que hacer es enviar, en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción mediante correo, de la carta de confidencialidad debidamente firmada por persona con poder de representación. Esta carta de confidencialidad permitirá la organización de la primera visita a las instalaciones de las sociedades incluidas en el perímetro para que “los interesados formarse un conocimiento directo y suficiente de la realidad operativa, técnica y material de la unidad productiva mixta o de las sociedades objeto de transmisión, facilitando así la formulación de ofertas más fundadas, consistentes y alineadas con el objetivo de maximización del valor en el marco concursal”. Además se abrirá el proceso del potencial comprador tendrá la oportunidad de participar en un proceso de revisión o auditoría legal y financiera de la unidad productiva o sociedades ('Due Diligence').

Una vez los potenciales interesados hayan accedido a la totalidad de la información relevante relativa a las sociedades incluidas en el perímetro, incluyendo, en particular, la documentación de carácter laboral, se les reconocerá la posibilidad de mantener hasta un máximo de dos reuniones, a celebrar en días consecutivos, con los representantes legales de los trabajadores de las plantas de Amurrio, Trapagaran e Iruña de Oca.

Después llegará el periodo de presentación de ofertas de las que se seleccionarán un máximo de cinco que hayan ofertado los precios más altos en sus primeras ofertas y que pasarán a las siguiente fase, con la posibilidad de participar en un proceso de preguntas -un máximo de 30- sobre los aspectos financieros y legales de la unidad productiva. Además, cada potencial comprador seleccionado tendrá la posibilidad de mantener una única reunión con el equipo gestor. A partir de ahí tendrá que presentarse la oferta final, que deberá incluir obligatoriamente las fórmulas de financiación de para asegurar la continuidad de la actividad de la concursada. “Mediante aportaciones dinerarias directas, consistentes en inyecciones de liquidez destinadas a cubrir necesidades de tesorería corriente; o mediante fórmulas indirectas de apoyo financiero, tales como la aportación del suministro o la financiación de la adquisición de bienes, materias primas o recursos esenciales para el desarrollo de la actividad productiva”. “La inclusión de esta exigencia responde a la necesidad de asegurar que todas las ofertas que concurran al proceso incorporen soluciones reales y efectivas de sostenimiento de la actividad, contribuyendo de manera directa a la continuidad operativa en condiciones óptimas, la preservación del tejido productivo y del empleo, la estabilidad del proceso de transmisión y la maximización del valor de la masa activa”, señala el documento.

Los trabajadores del sector de espectáculos de Euskadi amenazan con nuevas huelgas este verano que podrían afectar a los eventos previstos para la época estival. Sin concretar fechas concretas, este viernes han advertido de que los nuevos paros en defensa del convenio coincidirán con el BBK Live y las fiestas de Vitoria, Donostia y Bilbao, lo que podría dejar en el aire parte del programa los cuatro eventos con mayor asistencia de público de la época estival. Serán en principio tres nuevas jornadas de huelga después de que la que llevaron a cabo el pasado 15 de mayo, que han calificado de “rotundo e incuestionable éxito”, no sirviera para acercar posturas con la patronal Euki, en la negociación del convenio.

Los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, CCOO, UGT y ELA han denunciado este jueves el “inmovilismo” de la patronal y el “punto muerto” en el que se encuentran las negociaciones. “No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos ni que se perpetúe la inestabilidad que sufrimos”, han señalado. Según han denunciado, la patronal se niega a desbloquear, lo que consideran “el punto más sangrante” de la negociación y el detonante de la ruptura de las negociaciones: la flexibilidad y la falta de preaviso digno en los calendarios laborales.

“La respuesta por parte de Euki confirma lo que ya temíamos: no tienen la más mínima voluntad real de negociar. La desconexión de la patronal con la realidad es total, afirman sin pudor que este no es un sector precarizado y venden humo escudándose en supuestos 'acuerdos individuales de conciliación', algo que sabemos perfectamente que no se ajusta al día a día de las trabajadoras y trabajadores, dejándolos desprotegidos ante la arbitrariedad de las empresas”, señalan.

Además, los trabajadores denuncian “falta de respeto” por parte de la patronal porque “dicen estar dispuestos a hablar, pero vetan el debate sobre el calendario laboral y los preavisos”. “Su oferta sigue siendo mantener la propuesta inaceptable de sólo cinco días de antelación, pretendiendo que estemos totalmente disponibles bajo el pretexto de su 'diversidad organizativa'”. La línea roja de los sindicatos es contar con un mes de preaviso en la asignación de turnos y horarios. Por ello advierten a los empresarios que “mientras no haya una voluntad real y avances tangibles, continuaremos con las movilizaciones. De momento, a la espera de que se concreten las fechas, las huelgas coincidirán con el BBK Live, y las fiestas de las tres capitales. La huelga del pasado 15 de mayo obligó a cancelar varios espectáculos entre obras de teatro y conciertos en los tres territorios.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha firmado una instrucción para que sea considerado como infracción de carácter “grave” (con sanciones que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros) la denegación de la prórroga de un contrato de alquiler en las zonas tensionadas, que ahora mismo son las tres capitales de la comunidad autónoma y otros catorce municipios. La medida responde a que algunos fondos titulares de inmuebles están expulsando a los inquilinos alegando que los contratos son previos a la normativa estatal de las zonas tensionadas de 2023, que habilita expresamente a que se puedan reclamar extensiones anuales del contrato -con un tope de tres años- y manteniendo las mismas condiciones.

Según la resolución de De los Toyos, firmada a comienzos de junio y ya en vigor, se han recibido ya algunas “denuncias” por la “denegación de prórrogas extraodinarias”. Las fuentes consultadas aluden a casos relacionados con fondos que son titulares de inmuebles y que alegan que los contratos que ahora quieren finalizar son previos a 2023 y, por lo tanto, supuestamente eximidos de la ley. Los problemas se concentran en Vitoria y en Tolosa, siempre según estas fuentes.

El Gobierno vasco, por el contrario, interpreta que, si la vivienda está en una zona tensionada, queda igualmente protegida independientemente de la antigüedad del acuerdo con el propietario. Sin ese carácter retroactivo, el escudo quedaría totalmente desvirtuado, entienden. Así, si existe ese documento firmado, si el municipio está en la lista de zonas tensionadas y si el inquilino ha solicitado la prórroga correctamente, como es su derecho, el propietario no podrá ni denegarlo ni adoptar medidas “concluyentes” como realizar un “requerimiento fehaciente de entrega de llaves” o incluso “la interposición de una demanda de desahucio”. La medida afecta tanto a viviendas libres como a las protegidas.

Más bien al contrario, la Administración interpreta que las delegaciones de Vivienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han de “admitir a trámite las denuncias y comunicaciones” e “iniciar las actuaciones” para incoar un procedimiento “sancionador”. Se pide expresamente a los inspectores que se aquieten a estas directrices para evitar “resoluciones dispares ante supuestos de hecho idénticos”. Se recalca que la reforma de 2025 de la normativa autonómica de vivienda, que retoca la ley de 2015, refuerza aún más las potestades del Gobierno vasco para gestionar en su territorio las zonas tensionadas de la ley estatal de 2023.

¿Cuáles son las zonas tensionadas? Además de Vitoria, Bilbao y Donostia, son Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Barakaldo, Errenteria, Galdakao, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Pasaia, Tolosa, Usurbil, Zestoa y Zumaia. “La población residente en los municipios tipificados como zonas tensionadas en su totalidad (1.486.171 personas) representa el 67,31% de la población total de la comunidad autónoma”, recoge un informe de abril sobre la aplicación de la normativa estatal en Euskadi.

Una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional compuesta por los jueces Francisco Javier Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Javier Echarri, enmendó en mayo al instructor José Luis Calama y, atendiendo al criterio de la Fiscalía y de la Policía Nacional, autorizó tres registros, dos en Bilbao y uno en Getxo, para investigar a dos personas del colectivo Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria) por su supuesta vinculación con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”. La operación, finalmente, ha tenido lugar esta semana. Iranekin Bat ha considerado un “montaje” este sumario y ha llegado a celebrarse una protesta por los arrestos en Algorta, con asistencia de varias docenas de personas.

El origen del despliegue de este martes hay que encontrarlo en un informe de la Comisaría General de Información, la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Es del 25 de marzo. En ese atestado se apuntaba a dos personas, Y. y A., ambos varones. A uno de ellos se le imputan once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. En uno de los casos se plantea incluso acceder a la casa de la madre.

Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía.

Igualmente, ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. Uno no pudo ir por el “bloqueo aéreo”, pero el otro lo grabó desde una “zona privilegiada”. En la larga lista de cargos se menciona de uno de ellos su “gran pericia en el uso de armas largas” al haber sido “instruido” por “organizaciones terroristas” en Líbano, el país de Hizbulá; del otro se dice que estuvo en campamentos “controlados” por terroristas, los de Sabra y Shatila. También se enumeran transferencias bancarias -de hasta 5.000 euros- y otros movimientos relacionados con causas supuestamente relacionadas con la milicia chií, como ocultar dinero en las partes “íntimas” del cuerpo.

Se les cita como instigadores del “boicot” a la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao en septiembre de 2025. Uno de ellos habría sido “organizador y miembro activo” de las protestas por la presencia en el pelotón del equipo Israel Premier Tech, ya desaparecido. Llevó una bandera de Hizbulá y una fotografía de su líder asesinado, estiman los agentes. Se les ubica en una posición política claramente filoiraní, un país chií. Del segundo, como colofón, se añade que “siempre” ha sido “un defensor del terrorismo de ETA”.

Al margen, se indica que se usaba el canal de Telegram Frontflict para difundir propaganda. Ese grupo, que es perfectamente público, subió un último mensaje este martes, el día de la operación policial. “El terrorismo y el extremismo representan amenazas inaceptables para la paz, la seguridad y los derechos humanos, destruyendo vidas inocentes y socavando los valores fundamentales de la sociedad”, se publicó. También se recogió un largo aviso legal que insistía en que se estaba cumpliendo la legalidad en todo momento. “Nuestra única vocación es estrictamente informativa. No promovemos, apoyamos ni justificamos ninguna ideología extremista, grupo terrorista o acto violento. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores datos veraces, noticias objetivas y contexto sobre la actualidad, siempre desde una postura que no sea la que el sionismo quiere vender”, abundaban.

Calama contra la Policía Nacional

El juez Calama, protagonista en las últimas semanas por ser el instructor de la investigación de corrupción contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, basada precisamente en informes de la Policía Nacional, no dio credibilidad al informe de ese cuerpo en el caso de los dos vizcaínos. Entre sus argumentos, recalcó que todas las acusaciones contra los imputados estaban redactadas en condicional y que no pasaban de meras hipótesis policiales que no podían justificar una medida tan drástica como una detención y los registros.

Calama fue muy duro con el informe policial: “Se nos presenta un claro paradigma de hipótesis y suposiciones, sin base objetiva alguna de las que pueda inferirse racionalmente que se esté cometiendo o vaya a cometerse un delito de terrorismo. [...] El repertorio de datos es marcadamente insuficiente. Deducir de ese conjunto de elementos de una forma mínimamente consistente una actividad terrorista es un exceso. Son datos ambivalentes y equívocos. El relato es amplio, pero cuadro indiciario es muy pobre. No son necesarias pruebas para la adopción de las medidas solicitadas, pero sí un bagaje indiciario más consistente. Se corre el riesgo en otro caso de banalizar unas medidas tan invasivas como son las injerencias en la intimidad domiciliaria y en el entorno virtual solicitadas. [...] La mera adhesión, simpatía o afinidad ideológica hacia organizaciones consideradas terroristas por determinados Estados u organismos internacionales, como es el caso de Hizbulá, no constituye por sí misma conducta penalmente relevante en el ordenamiento jurídico español. El derecho penal español se rige por los principios de legalidad (art. 25.1 CE), tipicidad estricta, e intervención mínima, lo que impide sancionar ideas, creencias o posicionamientos ideológicos, por radicales o controvertidos que puedan resultar, en ausencia de actos externos subsumibles en un tipo penal”.

Pero la Fiscalía recurrió. Según el ministerio fiscal, es “abrumadora” la existencia de indicios de “terrorismo” y Calama incurrió en un “cuádruple error” en sus consideraciones. Concluyó que “no es cierto” que los informes policiales sean solamente un catálogo de “hipótesis y suposiciones sin base objetiva”. Y “el uso del tiempo condicional presente en los informes policiales no refleja la naturaleza conjetural de la hipótesis policial”, se añade desde la Fiscalía.

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional dio la razón a Fiscalía y Policía y enmendó la plana al instructor. Es más, le recuerdan que con muchos menos datos encima de la mesa se había autorizado ya en 2024 el 'pinchazo' de algunos teléfonos en el marco de esta misma operación. En concreto, hubo escuchas autorizadas desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2026 de las que no se aportan más datos en la información judicial consultada.

Tras la operación de la Policía Nacional -escoltada por la Ertzaintza- hubo ya unas primeras protestas, aunque este viernes se ha anunciado una rueda de prensa para exponer lo sucedido con Y. y A. En un comunicado, Iranekin Bat ha denunciado una “campaña de persecución, mentiras y difamaciones”. En esa nota mencionan que “un juez de la Audiencia Nacional” no encontró “base objetiva” para hablar de terrorismo, en probable referencia al auto de Calama. Entienden que se busca “acallar” a quienes denuncian el “genocidio” de Israel en Palestina, el “verdadero terrorismo”. La nota se completaba con un mense de “apoyo al eje de la resistencia” de Palestina, Líbano e Irán.

La defensa de Ander Madariaga, responsable de la empresa Biurban y uno de los investigados en la causa penal por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo, ha presentado un escrito en el que solicita al juez instructor, Marcos Amor, que suspenda las testificales de este viernes de los peritos técnicos Urko Balziskueta y Amaia de Felipe tras una sentencia del Superior por otro caso, el de La Aldea, que señala que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”.

Biurban es la empresa promotora y gestora de cooperativas encargada de la comercialización de las viviendas de lujo proyectadas sobre el solar del palacete de custodia municipal Irurak Bat demolido. En el escrito, el abogado de Madariaga afirma que la sentencia del Superior “obliga a reconsiderar la investigación penal” abierta por este casdo “en su globalidad”. “Ya no puede afirmarse la existencia de indicios de delito contra el patrimonio histórico, porque el edificio Irurak Bat, como todos los edificios de custodia municipal en Getxo, no queda abarcado por el ámbito de aplicación de la LPCV (Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco)”, asevera en rerencia a la sentencia sobre el otro asunto, informa Europa Press.

La villa de Neguri, también en Getxo, conocida como La Aldea, estña en la calle de Zubitxoa 1. El fallo obliga al Ayuntamiento de Getxo a realizar los trámites que faltan para otorgar la licecia de demolución, tal como fue solicitada el 16 de noviembre de 2021. Además de la solicitud de suspender las declaraciones de los testigos del viernes, el letrado también reclama que se desestime la solicitud de la Ertzaintza de acceder al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos con ocasión de las entradas y registros realizados en enero de este año.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha administrado vacunas después de romperse la cadena del frío que garantiza su seguridad clínica en dos ambulatorios, el de Lasarte-Oria, cerca de Donostia, y el de Arangoiti, en Bilbao. Según ha confirmado en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, los afectados son cinco pacientes de Lasarte-Oria y doce en Bilbao, pero ha insistido en que en “ningún” caso están en riesgo y que, de hecho, algunas revacunaciones se programarán “dentro de un mes”.

El asunto llega después de la crisis de las dosis caducadas de comienzos de año y, nuevamente, el primer aviso púbico ha sido a través de una denuncia de EH Bildu desde la oposición antes de que el Departamento de Salud haya hecho ninguna comunicación pública. Eso sí, fuentes internas indican que internamente se lleva tiempo trabajando en el asunto. El protocolo se activó desde los propios centros, que distan en decenas de kilómetros entre sí y que no pertenecen a la misma comarca sanitaria, y después Vigilancia Epidemiológica emitió una circular interna para gestionar la posible revacunación de los 17 afectados potenciales.

Según ha indicado Martínez a los medios de comunicación, en un caso la nevera de las vacunas estaba más fría que lo recomendado y, en el otro, sucedió a la inversa. “Hemos actuado con celeridad. De forma inmediata”, ha manifestado el consejero. Según ha indicado, conoció las incidencias estando “en Madrid”, “a mediados de la pasada semana”. Ha indicado que ya ha analizado el asunto con laboratorios, con el CAVE (el órgano asesor autonómico de vacunas) y también con la Agencia Española del Medicamento.

Con insistencia, Martínez ha recalcado que no hay “ningún riesgo” para la salud de los afectados, que son adultos y menores porque el problema no era un lote de un producto concreto sino en las neveras donde se guardan viales de varios tipos. No se han detallado las marcas. El consejero ha indicado que se está trabajando en “diferentes medidas de seguridad” en los sistemas de “medición de temperatura” de los aparatos donde se conservan las vacunas.

La denuncia de EH Bildu

EH Bildu ha registrado preguntas para que el consejero Martínez dé más explicaciones en el Parlamento Vasco. “Es sabido que la gestión de la cadena del frío es uno de los principales indicadores que influyen en la seguridad de las vacunas”, insiste la portavoz sanitaria de la formación abertzale, Rebeka Ubera. Añaden que, durante el anterior episodio, se emitió un dictamen que destacaba la relevancia de los “siete correctos”, es decir, de garantizar siete pasos para preservar la seguridad clínica. Uno de ellos era garantizar precisamente la conservación de los preparados. “Son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y fundamentalmente de temperatura”, señalaba aquel informe.

Denuncia EH Bildu que “no ha pasado tanto tiempo” desde la crisis de las vacunas caducadas como para que ahora se repita un nuevo “incidente grave”. Por ello, demandan “aclaraciones” al consejero Martínez. Entre las explicaciones que se solicitan, además del detalle de los casos, se inciden en cómo se ha gestionado la incidencia y en cómo se ha comunicado a los posibles afectados. “Han sido inoculadas tanto a menores como a adultos”, apuntaba Ubera en su pregunta parlamentaria.

El asunto de las vacunas caducadas llegó a ser investigado en la vía penal por la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán lo archivó por falta de indicios de delito, pero sí recogió en su resolución que el alto cargo Guillermo Herrero, responsable de Salud Pública, manifestó sus críticas sobre cómo se gestionó internamente esa crisis. Apuntó que hubo momentos de tensión porque la dirección política retrasó las explicaciones públicas para contener el asunto mientras desde su equipo recomendaban actuar con celeridad.

El volumen de perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) —el salario social vasco para alcanzar un umbral económico mínimo— que precisan de la prestación para complementar sueldos bajos se ha disparado en un 50,75% de 2022 a 2025, según un informe entregado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres (PSE-EE), en respuesta a una solicitud de Pazis García Ortega, de EH Bildu. Los pensionistas que complementan las cuantías de la Seguridad Social con fondos del Gobierno vasco también han subido un 20%. En el mismo período, el volumen de perceptores totales se ha incrementado también, pero en menor proporción, alrededor de un 18%.

Según los datos facilitados, en 2022 un total de 11.653 personas recurrieron a la RGI, tramitada por Lanbide, para completar sus retribuciones propias precarias. En 2023 subieron ya a 12.139, en 2024 crecieron hasta los 17.358 y en 2025, el último ejercicio completo, fueron 17.567. En detalle, esa precariedad tiene rostro de mujer, ya que son el 60% de los demandantes de estos complementos. El 87% trabaja en el sector servicios, más de 15.300 personas. Por edades, 2.498 son jóvenes menores de 30 años y 2.903 trabajadores mayores de 55.

En cuanto a los pensionistas, en 2022 eran 14.393 los que recibieron también la RGI. En 2023 pasaron a ser 15.389, en 2024 17.179 y en 2025 17.315. Si la subida general de titulares de pensiones de la Seguridad Social creció en ese período un 2,57%, los que acudieron a complementarla con prestaciones sociales fueron diez veces más. Actualmente, un 3,3% de los pensionistas precisa de la RGI. Era un 2,8% en 2022.

Un convoy policial integrado por media docena de furgonetas de la Ertzaintza, escoltadas por otros vehículos policiales y con la vigilancia aérea de un helicóptero, y que ha tenido que realizar varios viajes ha permitido vaciar este miércoles la cárcel de Martutene e ir llenando la nueva de Zubieta, ambas en Donostia. El viejo penal, de 1948, será derribado para levantar viviendas.

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado a Efe que algunos reclusos ya fueron conducidos este martes a las nuevas instalaciones, aunque la mayoría ha sido movida este miércoles. En total, se prevé que serán 230 los presos trasladados por la Policía, mientras que 40 ó 50 personas, en situación de tercer grado, acudirán por sus propios medios al nuevo centro penitenciario.

El Parlamento Vasco ha completado, en sesión vespertina, el debate monográfico sobre “seguridad vital”, un cajón de sastre para debatir sobre vivienda, economía y otros asuntos que casi ha parecido un pleno de política general adelantado, aunque no sea septiembre. A su término, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado 29 resoluciones genéricas que “instan” al Ejecutivo a “seguir” o “continuar” con planes ya anunciados, desde la reforma legislativa sobre vivienda hasta la implantación del nuevo sistema de tarifas del transporte público en función del uso y de la renta. La “seguridad vital” ha acabado derivando en una interpretación más clásica de la seguridad y han sido aprobadas incluso iniciativas de apoyo a la labor de la Ertzaintza. ¿Y de la oposición? De 183 propuestas solamente han prosperado siete.

EH Bildu había promovido el debate. Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado para enumerar sus exigencias al Gobierno central, como la rebaja de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes o del IVA de la carne y del pescado. El jefe de la oposición, Pello Otxandiano, se ha quejado de que se mire a Madrid y no se hagan los deberes en Vitoria.

Por la tarde, la 'número dos' de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asumido que poca gente estaría pendiente del resultado del debate mientras presentaba sus propuestas más allá de que los oradores hayan intentado aligerarlo con continuas referencias a Miguel Ríos y otros cantantes. La coalición ha planteado 16 resoluciones. PNV y PSE-EE no han aceptado ninguna de ellas, aunque en el receso de la comida han mantenido algunas conversaciones. En realidad, el Ejecutivo no ha aceptado casi nada de la oposición. El PP había registrado 108 resoluciones y solamente ha visto prosperar dos. De Sumar han decaído las 53 de 58 y de Vox 17.

¿Qué se ha aprobado? La primera resolución mira al 1 de enero de 2027, momento de asunción de las competencias de las prestaciones de paro, las políticas pasivas de empleo. Se ha planteado un “refuerzo” de Lanbide para una gestión más “eficaz”. Y también ha habido una mención a la importancia del diálogo social, en el que no participa la mayoría sindical. En materia de Vivienda, los acuerdos son, en esencia, las medidas ya conocidas: mantenimiento de la calificación de las viviendas protegidas en las zonas tensionadas, reforma legal para evitar el fraude en las compraventas de viviendas de precio tasado, creación del “fondo social de vivienda” para “movilizar 2.000 millones” y levantar “10.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años” y “ayudas a los pequeños propietarios de viviendas de zonas tensionadas que pongan en arrendamiento con rentas que respeten los precios” de referencia.

PNV y PSE-EE han acordado, igualmente, que el Instituto Vasco de Finanzas continúe con sus programas de apoyo a las empresas o que el área de Movilidad invierta en infraestructuras ferroviarias o siga trabajando en el plan de establecer un sistema de descuentos “progresivos” en el transporte público en función de la frecuencia de uso y el nivel de renta. Es algo de lo que ya hablaba el consejero Iñaki Arriola, que dejó el cargo en 2024. O la gratuidad de las Haurreskolak, también refrendada por la Cámara. Se ha instado también a que se apruebe la nueva ley de Justicia restaurativa, adelantada por este periódico en mayo. Entre el paquete aprobado, hay también iniciativas sobre Osakidetza, para “valorar” algunas decisiones tomadas por el consejero Alberto Martínez.

Significativamente, no se han aprobado los 36 puntos que Pradales le ha pedido a Sánchez. Sí ha salido adelante un texto genérico para pedirle al “Gobierno del Estado” a que adopte “medidas integrales orientadas a proteger a las familias, reforzar la competitividad del tejido productivo, apoyar a los sectores más afectados por el encarecimiento de costes y avanzar en la transición energética, mediante actuaciones fiscales, ayudas directas, inversiones estratégicas y mecanismos de apoyo que contribuyan a contener el impacto de la crisis, garantzar la viabilidad de empresas y explotaciones, y preservar la actividad económica y el empleo en Euskadi”.

“Siendo honestos, las propuestas de resolución son nuestras acciones”, ha reconocido el representante socialista Ekain Rico, asumiendo que no son nuevas. Pero ha puntualizado que eso es lo que las hace valiosas. Ha añadido que tienen “gestión, recursos y coherencia” detrás. “No venimos a improvisar un catálogo de buenas intenciones”, le ha reprochado a la oposición. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha añadido con ironía que no le parece lo más razonable ir a Londres a defender políticas sociales de vivienda, en referencia a sus elevados precios y a que fue la ciudad elegida por Otxandiano para su viaje de esta semana.

Kortajarena, en un segundo turno, ha asegurado que ya tienen experiencia en ver “ridiculizadas” las propuestas que lanzan en debates monográficos aunque luego, con el tiempo, reaparecen como planes “estrella” del Gobierno. Ha puesto como ejemplo los descuentos en el transporte. “Vamos a seguir trayendo medidas”, ha garantizando. Desde Sumar, Jon Hernández, también había dicho que se “caricaturizan” las “propuestas alternativas”, aunque su grupo ha sido al que más ha aceptado el Gobierno.

Apoyo a la Ertzaintza

¿Qué se le ha aceptado a la oposición? Las cinco iniciativas de Sumar apoyadas por PNV y PSE-EE versan sobre que “la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de guerra”, que “la Unión Europea debe desempeñar un papel activo” y, sobre todo, que es necesario “reforzar las políticas públicas de lucha contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación étnico-racial, incorporando una perspectiva estructural, preventiva y reparadora, así como mecanismos específicos de protección frente a los discursos de odio, la desinformación y la violencia política contra personas migrantes, racializadas y refugiadas”.

Asimismo, han sido aprobadas dos resoluciones del PP. Ambas guardan relación con el apoyo a la Ertzaintza. “El Parlamento Vasco muestra su apoyo y reconocimiento público a la Ertzaintza, como cuerpo policial autonómico propio de Euskadi, y a las mujeres y hombres que la forman por su profesionalidad y vocación de servicio desde su creación” y “el Parlamento Vasco condena la campaña de hostigamiento y las amenazas permanentes a la Ertzaintza y sus miembros”.

EH Bildu, sin que nada de lo suyo se haya aprobado, sí ha votado a favor de cuatro de las propuestas del Gobierno. Son en concreto, el blindaje de la protección de las viviendas en zonas tensionadas, la “colaboración público-privada” para que por cada euro invertido por el Instituto Vasco de Finanzas se movilicen tres, el impulso del “modelo vasco de acogida e integación” de migrantes que, entre otras cosas, incluye el “aprendizaje lingüístico” y menciona la “convivencia intercultural” y un punto que pone en valor que Euskadi sea “referente” en tratamiento del cáncer. Curiosamente, en esta resolución se ha mencionado Euskadi como “región” en la versión en castellano y como “herrialde” en la de euskera.

Entre lo no aprobado estaba el SMI de 1.500 euros de EH Bildu, la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el nivel C2, el máximo del marco europeo, lanzada por Sumar o que la Ertzaintza pueda portar pistolas de descargas eléctricas (taser), según requería el PP. Vox ha usado este debate, una vez más, para cuestionar los derechos de los extranjeros. La tercera de sus medidas era la “prioridad nacional” en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.

El Parlamento Vasco ha vivido este miércoles un pleno de debate de política general adelantado. Se suele celebrar en septiembre, y es el lehendakari el que lo abre, pero EH Bildu lo ha trasladado a junio al convertir el pleno monográfico que se ha celebrado a instancias de la coalición abertzale en un repaso de las carencias las políticas públicas vascas. El portavoz de EH Bildu y líder de la oposición, Pello Otxandiano, que ha abierto el debate, ha pedido un cambio en las políticas públicas vascas para afrontar los tiempos de incertidumbre y garantizar los servicios públicos con cambios de actuaciones rápidas en políticas desde la vivienda, el empleo o los cuidados para garantizar la “seguridad vital de los vascos”. El debate posterior ha servido para realizar un cuerpo a cuerpo entre el portavoz del principal partido de la oposición con el lehendakari, que ha aprovechado su intervención para hacer un balance positivo del ecuador de la legislatura del Gobierno de PNV y PSE-EE y para anunciar que ha remitido al presidente, Pedro Sánchez, un escrito pidiendo medidas para “proteger el bolsillo de las familias”, entre ellas la reducción de hasta 30 céntimos por litro en carburantes para “todos” los vehículos o la reducción del IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido, del 10% al 4%. Estas peticiones dirigidas al Gobierno de España han sido en cierto sentido las propuestas más concretas de todo el pleno en el que ha predominado las propuestas abiertas para mejorar la vida de los ciudadanos más que las medidas específicas.

En concreto, la propuesta que ha remitido el lehendakari a Sánchez el pasado lunes, y que espera que esté contenida en un nuevo decreto anticrisis, bajo el título 'Respuesta a Ormúz', integra 36 medidas “para proteger el bolsillo de las familias y favorecer la economía productiva, la industria y el primer sector”. Además del ahorro en los carburantes para todos los vehículos y la bajada del IVA a la carne y el pescado, la propuesta incluye recuperar la bajada del IVA de la electricidad y el gas natural, bono de calefacción para las personas jubiladas y vulnerables de cara al invierno, la prórroga de la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo profesional y 35 céntimos al gasóleo pesquero, y un plan renove con neutralidad tecnológica -es decir, sin penalizar los motores de combustión- para sustituir vehículos antiguos por nuevos que consumen menos y generan menos emisiones, además de ayudas para la modernización de flotas de camiones, furgonetas o autobuses, más eficientes, neutrales tecnológicamente y menos contaminantes. En ETB, Pradales ya manifestó que había hablado con Sánchez en los últimos días sobre estas cuestiones.

Por otra parte, para el apoyo a la industria electrointensiva, el documento remitido a Madrid insiste en garantizar inversiones para ampliar la capacidad de la red eléctrica, la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la rebaja del 80% en el coste de transporte y distribución eléctrica. De cara a las ayudas a los baserritarras, agricultores, viticultores y arrantzales, pide la eliminación del importe mínimo de 100 euros en la ayuda al gasto en fertilizantes, el aplazamiento extraordinario de seis meses en cuotas a la Seguridad Social, la activación de la reserva agrícola de la PAC, dotada con al menos 450 millones de euros anuales“. ”Todas estas medidas supondrán un alivio para las familias vascas y para la economía productiva. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado un decreto anticrisis por la guerra de Irán. Espero que estas medidas que les he explicado se incorporen al mismo“, ha señalado.

Respecto a esto, ya en el turno de réplica, Otxandiano ha pedido que se ponga sobre la mesa lo que se puede hacer desde Euskadi, no lo que se pide “en una lista” al Gobierno de España, que luego se decide en Madrid si se hace o no. “Tenemos que pensar en lo que está en nuestra mano. Quizás no podemos influir en los precios de combustible, es difícil influir en el precio de los alimentos y entonces lo que tenemos que pensar es que podemos hacer desde aquí, sin esperar a otros”, ha insistido. Otxandiano en su intervención ha realizado un repaso crítico de la situación de los servicios públicos y ha instado a los grupos a afrontar su sostenibilidad “esta misma legislatura, antes de que sea demasiado tarde”. “El verdadero riesgo para nuestro modelo de bienestar no es una crisis puntual. Es el cortoplacismo. Es seguir actuando como si las transformaciones demográficas no estuvieran ya aquí. Es seguir aplazando decisiones que sabemos inevitables”, ha señalado. Tras apuntar que la situación demográfica lleva una sociedad cada vez más envejecida, ha advertido de que para “mantener los estándares de calidad” se necesitarán más recursos públicos: “Necesitaremos más atención sanitaria, más atención a la dependencia, más servicios sociales”.

Pradales ha reconocido que se viven “tiempos de incertidumbre”, pero ha criticado que se prometan “imposibles o engañar a la gente”. “No vamos a hipotecar el futuro de quienes están por llegar”, ha dicho, asegurando que “no es posible garantizar todo desde lo público”. En este sentido, ha mostrado su preocupación cuando se habla de “de capacidades de país, de contrato social, para luego dejar toda la responsabilidad exclusivamente sobre las políticas públicas”. “Como lehendakari, lo digo con toda claridad: lo público ni lo soluciona todo, ni puede o debe dirigirlo todo. No creo en un modelo de gobierno que sustituya, tutele o coarte la iniciativa personal o colectiva. No creo en trasladar toda la responsabilidad siempre a las arcas públicas. No creo en 'abrir el grifo' de manera ilimitada”, ha señalado en respuesta a Otxandiano.

El portavoz de EH Bildu ha pedido “la modernización de la administración pública”. “Necesitamos una administración más ágil más simple. Más eficiente más innovadora con mayor capacidad tecnológica, con menos burocracia y necesaria con mejor coordinación entre instituciones y con una evaluación permanente de las políticas públicas. Cada euro público debe generar el máximo valor social posible”, ha señalado pidiendo más “eficiencia pública”. Ha apostado en segundo lugar por una “fiscalidad suficiente y progresiva”. “La sostenibilidad del Estado del Bienestar exige ingresos suficientes y exige distribuir justamente el esfuerzo contributivo. Porque quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida al sostenimiento de aquello que beneficia al conjunto de la sociedad”, ha dicho. Además, ha instado a “revisar algunas políticas públicas” porque “no todas generan el mismo valor social ni todas las inversiones tienen el mismo retorno”. Y ha puesto como ejemplo la política de vivienda: “Gastamos mucho más en prestaciones y subvenciones que en promoción de vivienda. El resultado es que el gasto crece al igual que lo hace la lista de Etxebide. No funciona, es insostenible. Por lo tanto, hay que cambiar”.

Precisamente en materia de vivienda, ha señalado que “ya no es únicamente un problema habitacional se ha convertido en un problema de seguridad vital”. “Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de desincentivar todas aquellas dinámicas especulativas que dificultan el acceso a la vivienda y expulsan a amplias capas de la población del mercado residencial”, ha lanzado. En este sentido, ha apostado por “avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario” para lo que ha instado a “la construcción de un gran parque público de vivienda” entendido como una “auténtica infraestructura social estratégica”. “Porque una infraestructura estratégica no es únicamente una carretera, no es únicamente una red eléctrica, no es únicamente una infraestructura tecnológica, también lo es aquello que permite sostener la vida de las personas”, ha dicho.

Se ha referido también al tema de los cuidados, que ha considerado que “en lugar de ser un derecho, se está convirtiendo en una cuestión en función de la capacidad económica de cada familia. Esto no es justo y no es socialmente sostenible”. Además, ha considerado que el número de plazas públicas para el sector no es suficiente, y ha criticado los niveles de privatización son muy altos , con precarias, condiciones laborales. “Tenemos un problema en torno al cuidado, tenemos un problema como sociedad y no podemos posponerlo más”. En lo que se refiere al empleo, ha criticado que se hable del empleo abriendo un debate como una dicotomía entre la competitividad y entre los derechos, “parece que tenemos que elegir entre ellos entre la productividad y el sueldo, entre la innovación y la protección laboral, entre empresas fuertes y empleo de calidad” y ha abogado porque se priorice la “competitividad basada en la calidad del empleo”. 

El lehendakari ha puesto en valor que PNV y PSE-EE están ejecutando de “forma responsable y seria” su programa de Gobierno y que “en el ecuador de la legislatura, se han activado el 82% de los compromisos e iniciativas”. Ha destacado que hay 2.160 profesionales más en Osakidetza, y que se han estabilizado a 7.000 profesionales y convocado una OPE con 5.425 nuevas plazas, que se han destinado 1.600 millones de inversión para mejorar hospitales, centros de salud y equipamientos y 750 millones para transformar los colegios y para la contratación de 700 nuevos profesionales. También se ha congratulado de que la Ertzaintza tiene ya un acuerdo regulador para cuatro años o de las mejoras en el transporte público. “En definitiva, mejores servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas”, ha zanjado.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este miércoles la salida de Karmele Tubilla como vocal del consejo de administración del puerto de Bilbao en representación del Gobierno vasco. Tubilla dimitió hace ya cuatro meses como alcaldesa de Santurtzi, uno de los municipios de la zona portuaria, por el caso de las oposiciones de la Policía Local. El PNV eligió como nueva regidora a Itziar Carrocera, que es precisamente quien pasa a ocupar ese asiento en el órgano rector de la infraestructura.

El decreto fue firmado por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el consejero Mikel Jauregi, el pasado 2 de junio; y el texto indica que “surtirá efectos” desde la “notificación” al presidente de la autoridad portuaria, Iván Jiménez. En la página web del organismo, ahora mismo, sigue figurando Tubilla como uno de los representantes del Gobierno vasco.

Fue en febrero cuando se conoció la marcha de Tubilla. Alegó “razones personales, familiares y políticas”. Añadió, en un comunicado, que estaba siendo “utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen” del PNV. Sin nombrar directamente el caso de la presunta filtración de las preguntas de la OPE policial dentro de su Gobierno, era evidente que era el asunto que estaba en el trasfondo.

Aunque los puertos de “interés general”, en Euskadi los de Bilbao y Pasaia, son competencia del Estado, las instituciones vascas participan desde hace años en su consejo. En el caso del primero, el presidente Iván Jiménez fue nombrado directamente por el Gobierno vasco, el vicepresidente es el director de Puertos, Koldo Goitia, y entre los vocales está también el viceconsejero Miguel Ángel Páez. Incluso aparece el vicelehendakari, Mikel Torres, aunque en su caso ocupando uno de los asientos del Estado. Igualmente, hay una vocalía elegida directamente por la Diputación de Bizkaia, la que antes ocupaba el propio Pradales antes de ser lehendakari.

El lehendakari, Imanol Pradales, preguntado por las investigaciones de corrupción en torno a excargos del PSOE, con el que gobierna en Euskadi, ha asegurado que “hay cuestiones que tienen una pinta horrorosa”. Ha añadido que se refería a “[José Luis] Zapatero, [Santos] Cerdán, Leire [Díez], [José Luis] Ábalos y Koldo [García]”. “No es normal que haya un Gobierno rodeado de esa casuística”, ha dicho también. “Esto sitúa al presidente [Pedro] Sánchez en una posición muy delicada, complicada y crítica [...]. El riesgo de una descomposición descontrolada y caótica es enorme”, ha señalado. A la vez, preguntado por si cree que en España hay 'lawfare', ha opinado que el poder judicial tiene menos “contrapesos” que el legislativo y el ejecutivo.

Pradales ha concedido, con motivo del segundo aniversario de su llegada al cargo, una doble entrevista a ETB. La primera ha sido en euskera y la segunda en castellano. En ambas, eso sí, ha pedido a Sánchez que si va a dar continuidad a la legislatura y no va a convocar elecciones, como ha anunciado, tiene que darle “sentido” a su mandato. “El gobierno tiene que gobernar”, ha insistido, urgiéndole a que resuelva la huelga de médicos, la crisis de la vivienda o los efectos económicos de las crisis internacionales.

Además, le ha recordado que tiene compromisos pendientes con Euskadi. Se refería a la transferencia de la gestión de la Seguridad Social y de las elecciones municipales y a otras materias como la oficialidad del euskera en Europa. Ha confiado en que se celebre, como se prometió, una reunión bilateral “antes de que llegue agosto” para cerrar esa “carpeta” pendiente “desde 1979”. Eso sí, ha dicho que esta misma semana han mantenido una conversación para tratar temas de política económica e internacional.

Igualmente, Pradales se ha referido al reto de la migración y ha recuperado su idea de que los extranjeros han de entender que tienen derechos pero también “deberes”, como manifestó en su discurso de Navidad. Ha manifestado que los migrantes han de “entender al país que van” y “comprender su identidad, ser permeables a las costumbres, lengua y valores”. Ha querido subrayar que Euskadi es una tierra “de acogida” pero ha puntualizado: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. Al inicio de la entrevista en castellano, no ha aclarado si se siente de derechas o de izquierdas y ha indicado que su Gobierno busca ocupar la centralidad de la política vasca, con una apuesta por el desarrollo económico y por reducir las desigualdades sociales.

El Gobierno vasco, al menos la parte del PNV, apoya las medidas fiscales presentadas por la Diputación Bizkaia para atraer talento e inversiones, pese a que se han lanzado a iniciativa sólo del PNV, es decir, sin consensuarse con su socio socialista, ni se han armonizado previamente con Gipuzkoa y Álava. Aunque desde el PSE-EE el secretario general del partido en Bizkaia, Mikel Torres, criticó que la diputada general Elixabete Etxanobe presentara el anteproyecto de norma el pasado viernes sin consenso con los socialistas y rompiendo la armonización fiscal entre los tres territorios, la portavoz del Ejecutivo vasco, del que Torres es vicelehendakari, ha cerrado filas ante las medidas de Bizkaia y ha considerado que se trata de un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que tenemos dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha señalado.

Preguntada tras el Consejo de Gobierno por la cuestión y por las discrepancias entre PNV y PSE-EE ante el asunto, la portavoz María Ubarretxena ha señalado que no es un tema que se haya abordado en la reunión del Ejecutivo, pero, en cualquier caso, ha señalado que las medidas de Bizkaia cuentan con el aval del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). En este sentido, ha señalado que viernes mismo a primera hora de la mañana, es decir, poco antes de que Etxanobe hiciera público el anteproyecto a la prensa, se celebró una reunión en la que se analizó el anteproyecto de norma foral de medidas tributarias de Bizkaia para 2026 “y fue informado favorablemente por unanimidad de todas las instituciones”.

Ha indicado la portavoz que las cuatro instituciones vascas -las tres diputaciones y el Gobierno vasco- “comparten la necesidad de utilizar las capacidades que nos reconoce el Concierto Económico para abordar las necesidades de Euskadi”. En este sentido, las medidas anunciadas continúan en la senda de apoyo al tejido productivo y a la creación de empleo de calidad y abordan cuestiones relevantes en relación con los recursos humanos en un contexto de transición demográfica que es uno de los retos principales que estamos abordando entre todos“, ha apuntado.

Ubarretxena ha insistido en que para el Gobierno vasco es un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que hay dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha insistido, en línea con lo que se ha manifestado desde Álava y Gipuzkoa, que prepararán sus propias medidas en la misma línea de atraer talento e inversión. “Las medidas que se barajan no desbordan los márgenes de la armonización”, ha dicho, para recordar que “cada territorio tiene diferentes ritmos porque existen plazos diferentes de tramitación de sus proyectos”.

Este martes la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha presentado en Madrid la fiscalidad de Bizkaia y las nuevas medidas que quiere aprobar este mismo año como elemento de atracción de talento e inversión, en un acto en el que ha estado acompañada de alrededor de 200 representantes de empresas y entidades financieras, y en el que han tomado parte representantes empresariales de compañías como Petronor o Iberdrola, con sede social en Bizkaia, que han puesto en valor la fiscalidad vizcaína. También ha elogiado las medidas fiscales de Bizkaia el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha considerado que la fiscalidad vizcaína “deberían servir de ejemplo para otros territorios”. “Compartimos esa visión de la Diputación de invertir en fiscalidad para facilitar que la iniciativa privada haga avanzar la economía, haga avanzar la competitividad, a través del talento”, ha apuntado el máximo representante de la patronal.

En su intervención, la diputada general ha señalado que desde las instituciones vizcaínas se aporta “estabilidad, seguridad jurídica y un marco fiscal que alinea las oportunidades de crecimiento de la empresa con las necesidades de la sociedad”. No obstante, ha puntualizado para “no llevar a engaño”, que el modelo tributario de Bizkaia “no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos”, sino incentivar a las empresas “que sean proactivas en el avance común”. “En Bizkaia las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores; que garantizan la calidad en el empleo; que son más verdes; que lideran la transición energética; las que demuestran un compromiso de arraigo… compiten con ventaja. Pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos. En Bizkaia los profesionales con talento, cualificados, que aportan valor a la empresa, tienen, y van a tener aún más, apoyo fiscal!, ha señalado. ”Bizkaia no solo es un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro“, ha indicado.

La jornada ha contado con una mesa redonda, moderada por Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica, bajo el título 'Cómo crecer desde el talento, la innovación y la digitalización', que ha analizado el papel que desempeñan estos tres factores como motores de competitividad y crecimiento económico, en la que han participado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa. En el debate se ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y grandes empresas para acelerar la transformación tecnológica, impulsar la innovación abierta, fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar a Bizkaia como un territorio atractivo para desarrollar nuevos proyectos industriales y tecnológicos y el ecosistema de innovación y emprendimiento de Bizkaia, articulado en torno a proyectos como el Centro Internacional de Emprendimiento BAT-B Accelerator Tower, el Energy Intelligence Center (EIC), el Automotive Intelligence Center (AIC), el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA), la estrategia cuántica dirigida a la industria Biqain o el Global Smart Grids Innovation Hub.

En la segunda mesa redonda, moderada por Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda y Finanzas, y con la participación del country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, el debate se ha centrado en la fiscalidad vizcaína como una “herramienta estratégica” al servicio de la economía productiva. Se ha subrayado que el Concierto Económico permite diseñar políticas fiscales “adaptadas a las necesidades” del tejido empresarial, “favoreciendo la inversión, la innovación y la creación de empleo de calidad” y se han repasado algunas de las principales ventajas fiscales del territorio para impulsar la transición verde y la innovación, entre ellas las deducciones de hasta el 75% para actividades de I+D+i, la deducción del 35% para inversiones en proyectos de desarrollo sostenible, energías renovables, hidrógeno verde o economía circular, así como instrumentos innovadores de monetización del crédito fiscal que permiten a empresas tractoras financiar proyectos de terceros y generar nuevas cadenas de valor vinculadas a la innovación y la descarbonización.

Además, se han presentado las principales novedades de la futura Norma Foral de Medidas Tributarias para 2026, que busca “reforzar el atractivo de Bizkaia para el talento y la inversión”. Entre ellas, se encuentran el incremento hasta el 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales (porcentaje que se elevará al 60% para menores de 36 años), nuevas deducciones por movilidad geográfica para facilitar la llegada de profesionales cualificados, de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años. Así como medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros, entre otras cuestiones.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

Las calles de Irún volvieron a ser escenario de una concurrida protesta en defensa de la Sanidad pública este fin de semana. Bajo el lema 'Aski da' ('Basta ya'), la plataforma Osasun Bidasoa movilizó a más de 3.000 personas para denunciar lo que considera un deterioro progresivo de la atención sanitaria en la comarca, que engloba a Hondarribia e incluso a zonas de Navarra. Entre sus principales demandas figuran la reapertura de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa y el refuerzo de la atención primaria.

La plataforma denuncia que lo que vive la comarca no son problemas aislados, sino un “efecto dominó” devastador. El cierre de las urgencias pediátricas del hospital del Bidasoa es la medida más reciente, aunque supera ya el año de vigencia. Manel Ferran, portavoz de Osasun Bidasoa y médico jubilado, explica a este medio que la consecuencia ha sido el aumento de la saturación laboral en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Ahora, los trabajadores afrontan esta realidad con una “angustia constante”, debido a que se está obligando a “profesionales no especializados en pediatría a asumir parte de la atención”.

Anteriormente, el hospital contaba con un pediatra, pero Osakidetza decidió desistir del puesto. Ferran explica que la justificación se centra en que “no hay partos en la zona”. Sin embargo, el portavoz ve “falta de lógica” debido a que siempre ha habido un pediatra durante los últimos 36 años. Además, Mariaje Alfonso, igualmente portavoz de la plataforma y enfermera jubilada, recuerda una obra en 2020 para mejorar las Urgencias pediátricas. N o comprende cómo la administración gastó “ese dineral” y luego “desmontó” el servicio alegando una falta de partos que ya existía desde hace décadas.

La demanda de emergencias pediátricas no solo se ha trasladado al PAC de Irún. Entendiendo que solo pueden atender casos de leve y media urgencia, el hospital de Donostia es el nuevo de referencia. Alfonso ve saturación del servicio en la captial. Sin embargo, no es el único problema. Menciona la falta de aparcamiento o de conexiones de transporte público. Llevar al menor en coche es inviable para muchas familias.

Aún así, las críticas se extienden también a otras especialidades como urología y radiología. La plataforma denunció el pasado sábado la falta de profesionales y considera que esta situación repercute directamente en las listas de espera y en la calidad asistencial. Ferran habla incluso de un “maltrato” hacia algunos especialistas que habría favorecido su marcha a otras comarcas. Como consecuencia, denuncia, “dos médicos tienen que hacer el trabajo de cuatro”. A ello se suma las dificultades que, según el colectivo, atraviesa la atención a la salud mental por la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

Osasun Bidasoa alerta igualmente sobre el aumento de las derivaciones a centros privados. Sus portavoces consideran que cada vez más intervenciones y consultas son asumidas por la Sanidad concertada. Ferran pone como ejemplo determinadas prótesis y consultas de traumatología que, según reclama, se están derivando fuera del sistema público. A su juicio, esta dinámica genera problemas posteriores de “seguimiento del paciente”. Para la plataforma, existe una estrategia encaminada a “desmantelar” progresivamente los hospitales comarcales y favorecer la actividad del sector privado.

Alfonso considera que las necesidades asistenciales de la comarca no están siendo atendidas de la misma manera que en otros puntos del territorio. “Mi dinero vale lo mismo que el de los demás, ¿por qué se me discrimina?”, cuestiona. Además, recuerda que el hospital del Bidasoa no solo presta servicio a la población de la comarca, sino también a vecinos de Bortziriak y a una población flotante vinculada a la cercanía de la frontera francesa. Se calcula que el hospital atiende a aproximadamente 100.000 personas que se “están dejando desatendidas”, incluyendo a los vecinos fronterizos.

Para revertir esta situación, la plataforma reclama cambios en la gestión sanitaria de la comarca. Tras catorce años con la misma dirección asistencial, consideran necesario un cambio de rumbo. Además de exigir la reapertura de las Urgencias pediátricas y asegurar mayor atención pública, Xabier Vázquez, integrante de Osasun Bidasoa y actual médico de emergencias, sostiene que parte de la solución es ofrecer “contratos más atractivos” a los profesionales. A su juicio, la temporalidad y la precariedad de algunos contratos dificultan la captación y permanencia de especialistas, puesto a que no se trata de una falta de profesionales para que cubran los puestos. Si se opta por la “fidelización” y la proporción de material adecuado, más especialistas mostrarán interés en trabajar en Bidasoa.

Osasun Bidasoa nació en septiembre de 2021 como respuesta al proyecto de Osakidetza de cerrar durante tres años los quirófanos del hospital del Bidasoa por unas obras de remodelación. Lo que comenzó siendo un recorrido por las asociaciones vecinales para explicar las consecuencias del traslado de la actividad quirúrgica a Donostia, terminó convirtiéndose en un movimiento que aglutinó a más de 40 entidades de la comarca. Tras lograr en abril de 2022 el descarte del cierre de los quirófanos, Osasun Bidasoa se ha consolidado como una entidad en defensa de una sanidad pública. La plataforma advierte de que retomará las movilizaciones en septiembre si no hay avances: “No pedimos la luna, reclamamos lo que ya teníamos y que nunca debimos perder”.

Decenas de alumnos, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional, o en el modelo B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, han denunciado una “oleada de suspensos y ceros” en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad. En una concentración celebrada este lunes ante la Escuela de Ingeniería de Bilbao, han exigido “soluciones” y han asegurado que confían en que se trate de “un error del corrector”, porque de no ser así han lamentado que se están “jugando su futuro”. El asunto ha motivado una reunión “de urgencia”, este martes, con el rector, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y Educación, Begoña Pedrosa.

Según alumnos y profesores de colegios como el Ayalde-Munabe de Leioa, el Colegio Vizcaya de Zamudio o en Bilbao los centros El Carmen, María Inmaculada y Nuestra Señora de la Merced, los resultados que han obtenido sus alumnos y en concreto los que se han examinado en una de las salas de la Facultad de Economía y Empresa Sarriko y cuentan con apellidos a partir de la letra I, no coinciden con las notas que han ido obteniendo a lo largo del curso. Aunque reconocen que la media de euskera en la PAU de sus alumnos no suele ser especialmente alta, coinciden en que jamás ha habido un “número tan grande de ceros”.

Por ello, se han unido para exigir una corrección extraordinaria del examen de euskera. Sin embargo, desde la EHU han destacado que “la corrección de las pruebas se realiza bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad”. “Las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia, precisamente para garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones”, han detallado.

El examen de Lengua Vasca y Literatura de este año, al igual que en años anteriores consta de una parte de escritura y otra de lectura, con preguntas para evaluar la comprensión de texto, gramática, adjetivos y la opción de escoger entre escribir un correo electrónico o un comentario de texto, por un lado y por el otro, ligar en un texto un anuncio publicitario o un bertso con un texto que aportan al alumno. Es, no obstante, la primera vez que esas preguntas para evaluar la comprensión del texto que se aporta no se pueden responder tipo test.

La EHU ha criticado que “resulta incomprensible la solicitud de una mayor transparencia en los términos planteados mientras el procedimiento permanece abierto”. “La transparencia debe ser compatible con el respeto a la confidencialidad y a las garantías jurídicas que protegen los derechos de todas las personas afectadas. La obligación de preservar la reserva de determinadas actuaciones durante la tramitación del procedimiento responde precisamente a la necesidad de asegurar que este concluya con todas las garantías, con pleno respeto a los principios de objetividad, igualdad de trato y seguridad jurídica”, ha apuntado la Universidad pública vasca, que según ha publicado en un comunicado, “reitera su compromiso con el rigor, la imparcialidad y la calidad del sistema de acceso a la universidad, así como con la defensa de un procedimiento que ofrezca las máximas garantías para todo el alumnado”.

A pesar de ello, la Universidad ha recordado que “el procedimiento de segunda corrección continúa desarrollándose con normalidad y conforme a los plazos legalmente establecidos, y que las calificaciones resultantes de este proceso se publicarán el próximo lunes”, 22 de junio.

Tras la polémica, este martes por la tarde se han reunido de urgencia los consejeros de Universidades y Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Begoña Pedrosa, con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea. Lo han hecho después de que la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, María Ubarretxena haya señalado que comprende la preocupación de las familias, pero que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU. “Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde”, ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación “para atacar al euskera”.

Sobre esta cuestión y a modo de respuesta a Ubarretxena, la Universidad ha querido aclarar que la organización de la PAU no es responsabilidad exclusiva de la EHU. La comisión organizadora está integrada por cinco representantes del Gobierno vasco y cinco de la EHU, y los tribunales evaluadores cuentan con profesorado universitario y de Educación Secundaria. “La Universidad considera importante recordar que la confianza de la ciudadanía en este proceso exige reconocer la responsabilidad compartida de las instituciones que participan en él. Presentar la organización de la PAU como una responsabilidad exclusiva de la EHU no se corresponde con la realidad de un modelo de gobernanza y gestión compartido entre el Gobierno vasco y la Universidad”, han criticado desde la EHU.

Un total de 33 excargos del Gobierno de Iñigo Urkullu, incluido el lehendakari y los consejeros Jokin Bildarratz, Olatz Garamendi, Pedro Azpiazu y Arantxa Tapia, los cinco del PNV, percibieron una indemnización tras abandonar sus funciones hace ahora dos años, en junio de 2024. Urkullu cobró 9.722,59 euros, la cantidad más alta, los consejeros 8.666,92 euros y el resto de cargos una cantidad variable en función de su rango en la Administración.

De aquel gabinete continuaron en sus funciones Bingen Zupiria, Javier Hurtado y Nerea Melgosa y no aparecen Gotzone Sagardui, con plaza en la EHU y que luego pasó a una clínica privada, Josu Erkoreka, que inmediatamente fue recolocado como asesor en la Diputación de Bizkaia, o el socialista Iñaki Arriola, que entró al consejo de Renfe Mercancías. Idoia Mendia ya se marchó antes, con las elecciones europeas.

Según un documento publicado en el portal de transparencia del Ejecutivo, estos 33 excargos percibieron un total de 240.671,68 euros. La normativa reguladora de los altos cargos prevé el pago de estas cantidades, que se calculan con el equivalente a una mensualidad del salario bruto. Solamente se impide su cobro si existe un nombramiento en un plazo corto de tiempo.

Los exviconsejeros cobraron 7.843,76 euros y el personal con rango de director 6.448,31. Otros nombres de la lista son los de Malentxo Arrubarrena, exdirectora de Arkaute, Aintzane Ezenarro, exdirectora del Instituto de la Memoria (Gogora), Bittor Oroz, exviceconsejero de Agricultura, o Jonan Fernández, uno de los colaboradores más estrechos de Urkullu. También aparecen Laura Azola, exresponsable de Kontsumobide, de la parte del PSE-EE, o los excargos de Salud José Luis Quintas, Itziar Larizgoitia y Mikel Sánchez.

En otro fichero constan también las indemnizaciones abonadas a cargos de sociedades públicas. En ese listado aparece, por ejemplo, Iñigo Ansola, actual presidente del PNV de Bizkaia y antes al frente del Ente Vasco de la Energía (EVE) y que tenía rango de viceconsejero. O Rosa Pérez Esquerdo, exdirectora general de Osakidetza. En ambos casos no superan los 8.000 euros, como en el caso de los viceconsejeros.

Estas cuantías nada tienen que ver con otras abonadas tras el final del Gobierno de Juan José Ibarretxe. Juan José Duque, exdirector general de la sociedad SPRI, cobró 284.667,72 euros, y Julián Sánchez Alegría, al frente de los parques tecnológicos, ingresó 128.692,45 euros. El propio portal de transparencia ofrece una explicación: “En base a diferentes informes jurídico-laborales se estimó que estos trabajdores mantenían una relación laboral ordinaria con la sociedad, por lo que la indemnización se calcula en base a un despido laboral de carácter improcedente. Esta situación fue objeto de apertura de diligencias por parte el Tribunal de Cuentas del Estado, que, finalmente, en base a las alegaciones presentadas, archivó el expediente”.