El Gobierno vasco quiere más “coerción” sobre los municipios para poder construir 160.000 viviendas en los próximos años
Sin que el Gobierno vasco haya aprobado el largamente esperado plan territorial sectorial (o PTS) de energías renovables, llamado a ordenar el mapa del despliegue de parques eólicos o solares, ha lanzado ahora la idea de aprobar otro PTS, en este caso para regular el desarrollo de promociones de vivienda. El consejero Denis Itxaso ha comunicado públicamente ya la propuesta y anunciado una comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar la idea (en noviembre), pero no será hasta “en torno a 2030” cuando pueda ser aprobado, si bien se aspira a disponer en esta legislatura, que finalizará en la primavera de 2028, al menos de la aprobación inicial.
En puridad, en agosto de este año ya se contrató al experto Iñigo Peñalba para llevar a cabo la tarea. Es una adjudicación de 302.500 euros con IVA en tres años, según el portal de transparencia. Se descartaron las propuestas de los estudios de arquitectura Ezquiaga y Usandizaga, según esta misma fuente. La externalización viene justificada con un informe de “insuficiencia de medios”. “Con relación a los trabajos que comprende el contrato de referencia, se hace constar que este departamento no dispone de medios personales ni materiales suficientes para la realización de los trabajos contemplados en dicho contrato. [...] El beneficio de externalizar la prestación del servicio es que el contrato de servicios se ejecutará por profesionales especializados dedicados al desarrollo de trabajos de las mismas características, con los medios humanos y técnicos apropiados, y sin que el desarrollo del contrato afecte de manera importante al trabajo diario del personal propio de la dirección”, señala el documento interno de Vivienda.
Itxaso ha realizado este anuncio en Viena, adonde se ha desplazado al entender que es una referencia internacional en materia de políticas sociales de vivienda. elDiario.es/Euskadi ha sido invitado a acompañar a la delegación institucional. El argumento del Gobierno vasco para iniciar la tramitación de un PTS es que desde hace décadas se están aprobando otros planes similares que regulan el transporte, el litoral y el turismo. “Todas las infraestructuras están ordenadas, salvo la vivienda. Si no lo hacemos, el resto irán ocupando [el espacio]”, ha señalado el consejero.
Un elemento importante es cómo encajará este diseño de ámbito autonómico con los planes locales (los conocidos como PGOU). Itxaso no ha dudado de que el decreto vasco ha de tener cierta “coerción” —la palabra es suya— sobre las instituciones municipales, básicamente porque en Bilbao o Donostia los problemas de suelo y construcción trascienden a los confines municipales. Es necesario un “salto de escala” o una “visión metropolitana”, ha dicho el consejero, que sí ha comprometido diálogo con Eudel (la asociación de municipios) y diputaciones. La comunidad autónoma de Catalunya ya dispone de esa herramienta.
Pero admite que este cambio de paradigma, con más poder en Urbanismo para el Gobierno vasco —Itxaso, oficialmente, es consejero de Vivienda “y Agenda Urbana”—, “seguramente va a tensar las costuras del país”. “Alguien tiene que establecer unas reglas. [Los PGOU] Tendrán que asumir lo que diga el PTS como asumen lo que dice el de transportes o el de infraestructuras energéticas [...] ¿Es o no es para Euskadi la vivienda hoy una prioridad?”, ha añadido Itxaso, dirigiéndose a los alcaldes de los 252 municipios vascos.
En todo caso, buscando complicidades, ha señalado que “este plan da cabida incluso a esas 30.000 viviendas que plantea [EH] Bildu”. La coalición abertzale, con un centenar de alcaldías, es la principal fuerza municipalista. “Esto nos va a poner a todos frente al espejo”, ha agregado.
Itxaso ha asegurado que Euskadi, a la que quiere convertir en la “Viena del sur”, no “parte de cero”. Se constata que desde 1983 se han promovido “más de 108.000 viviendas protegidas”. La clave es que ahora “dispone de suelo” para lanzar otras 160.000 en el futuro, 75.000 de ellas protegidas.
Otra idea fundamental del plan, que dirá dónde, cuánto y cómo se podrá construir, municipio a municipio, es que no podrá volver a dilapidarse dinero público. El Gobierno dice que tiene la “lección aprendida” porque hay una “distancia” entre las 108.000 viviendas promovidas en 43 años y las 68.500 que hoy integran el parque protegido vasco. ¿Por qué? “Merece una explicación. Cerca de 40.000 viviendas salieron del parque protegido por una razón concreta: durante mucho tiempo la vivienda protegida tuvo calificación temporal. Cumplido el plazo, podía descalificarse y pasar al mercado libre. El esfuerzo público que había hecho posible esa vivienda se transfería entonces a un patrimonio privado, y la sociedad perdía para siempre una infraestructura que había pagado”, se ha explicado.
En realidad, son muchas más. Se han perdido más de 50.000, según otros datos oficiales difundidos por este periódico en 2025. Y quedan pendientes otro millar de aquí a 2029, siempre según estas estadísticas. Un decreto de 2003 hizo que las nuevas promociones lanzadas desde entonces ya tuvieran la calificación de permanente, y la ley de vivienda autonómica de 2015 reforzó esa previsión. Ahora se ha anunciado otra reforma legislativa adicional, que previsiblemente se introducirá mediante una disposición en los presupuestos de 2027, para que los pisos previos a 2023 que estén en zonas tensionadas tampoco puedan privatizarse. Igualmente, se han lanzado algunas campañas para que los titulares de casas de precios controlados en derecho de superficie que adquieran la propiedad plena en la actualidad comprando el suelo asuman que solamente podrán venderla conforme a las tablas fijadas por la Administración y no buscando una plusvalía.
“No se trata de autoflagelarse. Lo vimos a tiempo en 2003 [con IU al frente de Vivienda en Euskadi, en una coalición con PNV y con EA]. Y lo corregimos. Toda política que se precie aprende también de sus errores”, ha dicho Itxaso. Ha apostillado que algunas comunidades autónomas de España mantienen y se jactan de esa política.
El diagnóstico inicial del PTS presentado en Viena constata que Euskadi está claramente peor que la capital de Austria, donde se estima que el 60% de la población reside en alquileres o públicos o protegidos con otras fórmulas. Pero el Gobierno insiste en que mejora claramente al resto de zonas de España. Desde 2016, el 26,9% de las casas “terminadas” han sido protegidas en Euskadi, por un 11,4% de media española o un 21,3% de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Hay 17,76 y 5,25 viviendas de titularidad pública por cada 1.000 habitantes, respectivamente, mientras que el alquiler social, aunque solamente supone un 3,40%, es tres veces más que en España. El objetivo del plan es subir el porcentaje al 5% de cara a 2036. Un 15,6% de la vivienda protegida en España está en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, donde reside menos del 5% de la población.
El Gobierno sostiene que hay que actuar y entiende que este PTS puede ser una más de las soluciones. La emergencia habitacional es la primera preocupación ciudadana en las encuestas, con un 57%, la lista de demandantes en Etxebide se ha duplicado, superando ya los 110.000 con holgura y, sobre todo, los precios del alquiler se han disparado con una subida de 24 puntos más que el IPC en una década, llegando a 42 en el caso concreto de Álava. Aunque sea “incómodo”, se asume que el alquiler social está en niveles de cobertura paupérrimos porque es un “rasgo estructural” que Euskadi es “un país de propietarios”. Es la comunidad autónoma con los números de tenedores más altos.
Vivienda defiende lanzar ahora el PTS sin que esté redactado para “recoger aportaciones” y “enriquecer” la aprobación inicial. Explica el Gobierno que será una guía para actuar “durante década y media”. “No corrige el rumbo de cuarenta años de política vasca de vivienda: le da la dimensión territorial que necesita para seguir creciendo. Es la herramienta que convierte 108.000 viviendas promovidas y 160.000 de capacidad calificada en un mapa con prioridades, plazos y responsabilidades. El objetivo último es sencillo de enunciar: que en Euskadi haya suelo suficiente, bien localizado y destinado de forma estable a que la gente pueda vivir donde vive su vida”, defiende el Ejecutivo.
El precedente del anterior PTS anunciado por el Gobierno, sin embargo, no es muy halagüeño. Los plazos, claramente, no se han cumplido. Se dio a conocer en 2019, se introdujo por ley en 2021 y es ya conocida la aprobación inicial, pero la definitiva continúa acumulando retrasos, hasta el punto de que algunos planes parciales de Vivienda están ya regulando las renovables con antelación. Las últimas estimaciones hablan de finales de 2026. Este documento depende actualmente del consejero Mikel Jauregi, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición.
Con este anuncio, Itxaso ha dado por cerrado el viaje institucional a Viena. Antes, este viernes, ha mantenido un encuentro de trabajo con la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía Errasquin, y con su equipo. La reunión se ha desarrollado en un palacio del centro de la capital, cerca de los jardines y del palacio de Belvedere. La posibilidad de un adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre ha sobrevolado la cita o, al menos, los comentarios previos. Se da la circunstancia de que en una pared exterior de la legación española hay un homenaje a un líder independentista, José de San Martín, libertador argentino y de otras antiguas colonias.
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