El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este lunes al paso de los planes de Alberto Núñez Feijóo para Catalunya. Después de que el candidato del PP pasase este domingo por Barcelona y de que, este lunes, haya presentado un decálogo de compromisos entre los que recoge “garantizar” la enseñanza del castellano en toda España, Illa ha acusado al conservador de querer acabar con la inmersión lingüística y, por tanto, con uno de los elementos más emblemáticos del autogobierno catalán, y le ha advertido: “El catalán no se toca”.

“Parece mentira que algunos vean en las lenguas armas de confrontación y de división, en vez de puentes de comunicación, que es lo que vemos nosotros”, ha asegurado el president, que además ha indicado que Feijóo “dice lo que dice de oídas y con una dosis alta de ignorancia”. Su partido, el PSC, ha ido por un camino similar para acusar al PP de catalanofobia. Los socialistas subrayan que, para el PP, el anticatalanismo “siempre es un elemento de campaña como arma electoralista”.

También ERC ha reaccionado a los planes de Feijóo. “PP y Vox son la principal amenaza para nuestras entidades, la educación y el autogobierno”, ha alertado Junqueras, que ha señalado a su partido como el mejor “muro de contención de esta ola reaccionaria”. Pero los republicanos también han tenido palabras para Junts, de quienes critican que se sitúen en la equidistancia respecto al PP. “No se pueden poner de perfil ante las amenazas al pueblo catalán”, ha asegurado la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany.

La animadversión del PP hacia el modelo de inmersión lingüística en catalán de las escuelas no es nuevo, pero se ha vuelto a poner de manifiesto con el llamado “contrato con España” que ha presentado este lunes Feijóo. En el documento, que recoge una docena de compromisos, el PP promete que “se garantizará la enseñanza del castellano y de las lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas”, sin más detalle.

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ha defendido desde su llegada a la presidencia del PP un modelo de “bilingüismo cordial”, que supondría que la educación se impartiera al 50% en castellano en Catalunya, acabando con el modelo de inmersión y doblando el requerimiento del 25% que hasta el momento había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a determinadas escuelas.

Comprar un piso en Catalunya, con un precio medio que ronda los 2.800 euros por metro cuadrado, no está al alcance de cualquiera. Menos aún para personas que superen los 40 años, ya que, al tener menos tiempo para devolver el préstamo, su hipoteca puede acarrear cuotas demasiado elevadas. 

Para facilitar la compra a estos perfiles, igual como quiere incentivar la de los jóvenes mediante préstamos al 0%, la Generalitat ha anunciado un plan de compras conjuntas con particulares. La fórmula novedosa se basa en el Código Civil de Catalunya, distinto al del resto de España, que tiene regulada tanto la propiedad compartida como la temporal. 

El president Salvador Illa anunció esta medida durante el debate de política general en el Parlament, y esta semana la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha ofrecido más detalles, entre ellos una primera partida presupuestaria, de 100 millones para una convocatoria inicial, y el calendario: a partir de principios 2027. El objetivo es alcanzar unos 2.000 pisos.

Sin embargo, el Parlament de Catalunya le propinó en paralelo el primer revés, con una votación en la que toda la oposición, sumada a la abstención de los Comuns, tumbó la iniciativa. Pero, ¿en qué consiste exactamente este modelo? 

La Generalitat ofrece a las personas de entre 40 y 56 años, a las que no les da para comprar un piso, la opción de hacerlo a medias con la Administración. De esta forma, y tras conseguir la hipoteca, el particular pasa a ser propietario de su piso al 50% durante un tiempo de 50 años, con la posibilidad de dejarlo en herencia hasta cumplir ese período. 

Durante esos 50 años, el propietario particular –o su heredero– tiene la opción de comprar la otra mitad. También de venderla (con posibilidad de compra preferente de la Generalitat). Transcurrido el plazo, si no la adquiere finalmente, la vivienda pasa a ser de la Administración. 

En cualquiera de estos escenarios, el piso queda calificado como de protección oficial. Pero eso sí, al haber sido comprado a valor de mercado, su precio no queda regulado como las demás VPO, sino que será como máximo el de la primera adquisición, sumado el IPC y otras variables, como unas posibles obras de rehabilitación. 

Lo que falta por detallar en todo caso son algunos de los requisitos concretos que exigirá el Govern para optar a este tipo de compra, como son la renta familiar o el precio máximo del piso. O qué ocurre en caso de incumplimiento con la hipoteca por parte del particular.

El programa también contempla mayores de 56 años. En esos casos, la Generalitat asumiría el 60% de la vivienda. Y el copropietario podría vivir en ella durante los 40 años siguientes a la compra. 

Paneque aseguró además que un objetivo concreto pueden ser los inquilinos de grandes fondos de inversión que actualmente buscan desprenderse de sus activos. El Govern ha adquirido recientemente cientos de viviendas por la vía del tanteo y retracto a grandes tenedores como Divarian o Inmocaixa. “En esos pisos vive gente, que podría ser propietaria de esas viviendas”, afirmaba esta semana la consellera.

“Estamos activando las clases medias trabajadoras para que sean propietarias y tengan estabilidad y tranquilidad”, defendía. 

La particularidad de esta medida, como recalca la Generalitat, es que se basa en un modelo de propiedad recogido en el Código Civil de Catalunya (en el Libro Quinto), modificado por la ley 19/2015, que incorporó tanto la propiedad temporal como la compartida. Este concepto distingue entre el propietario material (el que posee la vivienda, la usa y la puede adquirir completamente), y el llamado propietario formal (en este caso sería la Generalitat).

Salvador Illa ha salvado el debate de política general sin una amonestación total, aunque ha recibido algunos correctivos que le recuerdan que está al frente de un Govern en minoría y que sus socios, si bien no le abandonan, tampoco están entusiasmados con el rumbo de la legislatura. ERC y Comuns han evitado que el Parlament reprobase al president, una propuesta de máximos que llevaba Junts, pero han permitido que la Cámara reitere los incumplimientos de Illa, al cual le han reprobado hasta a tres conselleres que mantiene, así como que el suyo es “un gobierno débil”.

Una de cal y otra de arena. El PSC puede decir que, pasado el ecuador de la legislatura, mantiene los compañeros de baile con los que comenzó y que sigue poniéndose de acuerdo en la mayoría de las propuestas de resolución que se han tratado en el debate de política general que abre el año parlamentario.

Pero, a la vez, la abstención de los Comuns ha dejado caer una de las propuestas estrella de Illa, la que proponía que la Generalitat participase en compras conjuntas de pisos con personas mayores de 40 o 65 años y que, por su edad, con problemas para firmar una hipoteca. El batacazo parlamentario no significa que el Govern vaya a dejar de llevarla a cabo; el año pasado el pleno ya le tumbó el plan para empujar la construcción de 214.000 pisos con la que, pese a todo, Illa siguió adelante.

La abstención de los Comuns tiene que ver con el descontento que alberga la formación en materia de vivienda, donde consideran que el Govern está más atento a grandes titulares que a cumplir con los compromisos pactados. Un ejemplo de ello se ha vivido en la propia votación, en la que la formación de Jéssica Albiach revindicaba la puesta en marcha de la unidad antidesahucios, convenida hace más de un año y que el Govern ha anunciado que estará lista para actuar en las próximas semanas. Sin embargo, el PSC ha votado en contra de la propuesta de los Comuns.

Con las acampadas por la vivienda en el retrovisor, la cuestión de la crisis habitacional ha llegado a poner de acuerdo a formaciones incompatibles, como en la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para la primera vivienda, una reivindicación que izquierdas y derechas han votado juntas. Con todo, será un grupo de expertos pactado por PSC y ERC quien acabará de perfilar la propuesta, que el Parlament deberá volver a votar de forma definitiva.

“Solución refrendada” en el aniversario del 1-O

Durante el procés, los debates de política generales solían ser fechas señaladas en el calendario por ser el momento en el que la Cámara se reiteraba en su compromiso con la independencia o con el referéndum del 1 de octubre de 2017, muchas veces bajo el veto del Tribunal Constitucional. Poco queda de eso, entre otras razones porque la mayoría independentista del Parlament es historia. Sin embargo, sí queda una mayoría soberanista, sumando a los Comuns. Una aritmética que se articula en pocas ocasiones, pero que sí lo ha hecho para el noveno aniversario del 1-O.

Este martes, el Parlament ha vuelto a aprobar una resolución promovida por ERC en la que constata la persistencia de un “conflicto político” que impide dar respuesta a la “voluntad de la ciudadanía de decidir democráticamente el futuro”. “Asimismo”, continúa el texto aprobado, “expresa la voluntad de resolución de este conflicto, basada en este amplio consenso de la sociedad y que esta resolución sea refrendada por la ciudadanía de Catalunya”. Un encaje de bolillos que ha puesto de acuerdo a 65 diputados y se ha aprobado por la mínima.

La posibilidad de que una administración compre un inmueble en el que hay un inquilino al borde del desahucio no es nueva, pero hasta ahora siempre habían sido casos muy excepcionales, como el de Casa Orsola, en Barcelona. Pero este martes el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su Ejecutivo tiene intención de recurrir a esta práctica más frecuentemente y que lo hará mediante un nuevo fondo contra la emergencia habitacional dotado, para empezar, con 25 millones de euros anuales.

Así lo ha anunciado este martes, durante el discurso con el que ha abierto el debate de política general con el que se inician los cursos políticos en el Parlament. En una jornada marcada por las protestas contra la crisis de la vivienda y los dos decretos en esta materia aprobados por el Gobierno central, Illa ha dedicado buena parte de su intervención a la emergencia habitacional, ha sacado pecho por el camino recorrido por Catalunya y ha reclamado al resto de formaciones presentes en la Cámara “altura de miras” para apoyar en el Congreso las medidas del Ejecutivo central.

“Pido altura de miras a todos los grupos parlamentarios para aprobar los decretos este viernes en el Congreso de los Diputados”, ha asegurado Illa. “Agradezco sinceramente el esfuerzo de los grupos de esta cámara que han manifestado o puedan manifestar su apoyo: política útil, acuerdo y esfuerzo por poner por encima el bien general”, ha añadido.

Mientras, desde el Parlament, Illa ha presentado una batería de medidas que incluye el fondo para compras urgentes en casos inmuebles donde haya riesgo de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad extrema. La idea es que sea la Generalitat quien compre la vivienda y se haga cargo del cobro del alquiler a esa familia, con condiciones más blandas.

Otra de las medidas anunciadas es la “compra conjunta”, destinada a personas de entre 40 y 55 años, o a partir de 56, con ingresos estables pero dificultades para acceder a una hipoteca. La fórmula que propone la Generalitat es participar como administración en el 50% o 60% de la compra, dependiendo de la edad, y con la garantía de que la persona podrá quedarse a vivir hasta el final de su vida, también vender su parte o incluso dejarla en herencia. La Generalitat tendría, en todo caso, derecho a comprar el otro porcentaje cuando saliese a la venta a precio de mercado.

Ambas medidas son de nueva implementación y se sumarían a las políticas que la Generalitat ya realiza. Como la ampliación de los Préstamos Emancipación, dirigidos a personas de 18 a 40 años que compren una primera vivienda, y que les permite financiar hasta el primer 20% de la entrada o rehabilitación de un inmueble.

En la misma línea, Illa también ha hecho un balance del plan para la construcción de 50.000 pisos a precio asequible, lanzado justo hace dos años. Según los datos ofrecidos por el president, en este tiempo se han completado los primeros 5.000 inmuebles, al tiempo que se han comprado unos 4.300, que han pasado a la bolsa de la Generalitat. Además, tras las convocatorias de solares, los ayuntamientos se han comprometido en conjunto con la construcción de 17.000 viviendas, con un primer paquete de 1.900 ya adjudicado y en marcha.

Pedro Sánchez se ha reunido este lunes en el palacio de Pedralbes de Barcelona con los representantes de la patronal catalana, en el marco de la agenda oficial del presidente del Gobierno en la capital catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha asistido al almuerzo.

Los líderes empresariales, agrupados en la plataforma denominada G8, han trasladado a ambos dirigentes sus preocupaciones en torno a los retos que afronta el tejido empresarial catalán, así como diversas propuestas sobre cuestiones como la financiación autonómica, las infraestructuras, la vivienda, la inmigración, el tamaño de las empresas y otros factores relacionados con la competitividad empresarial.

Como representantes del G8, en la reunión han participado Josep Lluís Sanfeliu, presidente de Barcelona Global; Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona; Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d’Economia; Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Catalunya; Tatxo Benet, presidente de FemCat; Antoni Cañete, presidente de Pimec, y Josep Mateu, presidente del RACC.

Pendiente del decreto

Tras el almuerzo, Sánchez ha visitado una promoción de vivienda pública en el Poblenou de Barcelona, en plena negociación del llamado “decreto Maricarmen” y a 24 horas de su posible aprobación en el Consejo de Ministros.

Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han acompañado a Sánchez a “Illa Sibèria”, una promoción de alquiler asequible gestionada por la Fundació Hàbitat 3. Se trata de 42 viviendas de protección oficial construidas en el espacio que ocupaba una antigua fábrica de hielo en la calle Badajoz.

Los vecinos recibieron las llaves a principios del mes de julio y los alquileres oscilan entre los 429 y los 502 euros mensuales, en función de la superficie de cada vivienda.

Salvador Illa trata de superar la crisis educativa en la que se ha instalado su Ejecutivo con la promesa a los grupos políticos catalanes de mayor inversión, tal como exige también la comunidad educativa. El president, junto con la consellera del ramo, Esther Niubó, ha reunido este viernes a socios y oposición para escenificar ese compromiso. 

Tras una reunión de dos horas en el Palau de la Generalitat, a la que han participado todos los partidos salvo Vox, la consellera Niubó ha anunciado la creación de dos comisiones de trabajo con ellos: una para estudiar cómo alcanzar el 6% del PIB destinado a educación, un objetivo histórico del sector, y otro para coordinarse con el debate de modelo escolar que lidera al mismo tiempo el Consejo de Educación. 

La propuesta no ha satisfecho por ahora a los partidos, que la consideran poco concreta en fines y calendario, pero como mínimo ha conseguido que no se levanten de la mesa. Tanto oposición como socios han sido muy críticos con el Govern con su gestión del fiasco de PISA y del conflicto laboral con los docentes el curso pasado.

Niubó ha destacado algunos puntos de encuentro durante la reunión, como la “revisión y actualización” del modelo de escuela inclusiva –muy criticado por falta de recursos por parte de los docentes–. También han debatido sobre el fortalecimiento del modelo lingüístico y de acogida, la formación y la carrera docente o el papel de las nuevas tecnologías, a las que la Generalitat quiere restar presencia en favor de los libros en papel.

Con todo, Niubó ha reiterado la idea de que “difícilmente” se podrá alcanzar el 6 % en una legislatura y ha afirmado que hay un “paso intermedio”, que es alcanzar la inversión que actualmente realiza el Estado en educación.

En cuanto al otro grupo, se nombrará a una persona por cada grupo parlamentario, junto con el presidente del Consejo de Educación de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, para que puedan hacer “seguimiento” y trasladar sus aportaciones al debate impulsado desde el CEC, que incluye a sindicatos, familias, entidades y centros públicos y concertados.

Salvador Illa ha tenido que dar la cara este lunes en el Parlament por la exclusión de PISA en Catalunya. El president ha reconocido errores “graves e inaceptables”, mientras que tanto los partidos de oposición como sus socios lo han achacado a dejadez en la gestión del Departamento de Educación y le han acusado además de ocultar durante meses el fiasco, hasta que se hizo público en plenas vacaciones escolares.

El president ha indicado que las diligencias abiertas al tener conocimiento de los hechos apuntan a “errores de interpretación, de supervisión y carencias en la transmisión de información inaceptables dentro de la organización”. De hecho, ha explicado que el Consejo de Evaluación disponía de información sobre esta incidencia y no la trasladó a los responsables políticos del departamento.

Illa ha hecho una cronología de los hechos, en la línea de la que ya había realizado a finales de agosto la consellera de Educación, Esther Niubó, y ha detallado que cuando se realizaron las pruebas, el organismo responsable era el Consejo Superior de Evaluación. 

De esta forma, ha explicado que el 11 de marzo de 2025, antes del inicio de las pruebas internacionales, el Consejo realizó una sesión informativa presencial con los centros seleccionados y se les facilitó documentación con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Evaluación (INE). En este sentido, ha dicho que la información era “incompleta”, ya que no constaba el umbral máximo del 5% de exclusión de alumnos determinado por la OCDE, y que Catalunya rebasó de largo hasta ser excluida de los resultados. 

Más adelante, durante las pruebas, el INE advirtió al Consejo de Evaluación que rebasaban el umbral de exclusiones, pero no se actuó, e Illa ha alegado que todavía no han podido aclarar si ese mensaje acabó llegando finalmnte a los centros educativos. En total, el Consejo Superior de Evaluación recibió “hasta seis informes técnicos” sobre esos hechos.

Durante meses, Illa ha asegurado que la información no llegó a los niveles de decisión dentro de la Generalitat, y que no fue hasta febrero de 2026 que la OCDE les comunicó “oralmente” la incidencia. En junio, ha añadido, se les informó oficialmente de la exclusión. 

Con todo, y a pesar de los expedientes abiertos y los ceses ejecutados en Educación, Illa no ha identificado en el Parlament a los responsables del fiasco, algo que desde la oposición le han reprochado. 

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado a Illa de «convertir Catalunya en el hazmerreír de PISA“. En su intervención, después de la comparecencia del president, Sales ha insistido en pedir el cese de la consellera Niubó: ”¿Qué más tiene que hacer para que la eche? En cualquier empresa, ya no trabajaría“. 

Sus socios, ERC y Comuns, también han cargado contra la gestión de PISA. Jordi Albert, diputado de los republicanos, les ha acusado de “opacidad deliberada” durante más de un año y medio en relación con el error en las pruebas PISA. Albert ha cuestionado incluso las dimisiones de octubre de 2025 de la directora general de Currículum, Mercè Andreu, y de su superiora, la secretaria de Mejoras Educativas, Josefa Beltrán, por las que ha reclamado explicaciones. A su juicio, “demostrarían” que el Ejecutivo tenía conocimiento de lo ocurrido.

La diputada de los Comuns, Jéssica Albiach, se ha referido también al debate para mejorar el sistema educativo que ha arrancado la Generalitat para zanjar la crisis laboral y el chasco de PISA. Los Comuns han defendido que un pacto educativo no puede ser “la excusa” para “salvar” a la consellera Niubó, del error de las pruebas PISA. «La responsabilidad no es solo disciplinaria, también es política“, ha reclamado la presidenta del grupo parlamentario.

Albiach ha reprochado que la falta de información del Ejecutivo haya hecho crecer la “desconfianza” hacia el departamento de Educación. Con todo, ha afirmado que participarán en el debate educativo, pero denunciarán “públicamente” si se convierte en “la enésima foto vacía”.

El líder del PPC, Alejandro Fernández, se ha referido también a la propuesta de pacto educativo y ha acusado al presidente de querer “socializar el fracaso” de las pruebas PISA y “disimularlo” mediante la articulación de un pacto nacional por la educación. “Le debería caer la cara de vergüenza”, ha espetado el dirigente popular, que ha advertido que el PP no formará parte del pacto.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la prohibición de la Inteligencia Artificial en las aulas al menos hasta los 14 años. El jefe del Ejecutivo lo ha planteado dentro de un plan para reducir el uso de pantallas entre los jóvenes y “potenciar la lectura”. La iniciativa la ha apuntado en una entrevista en Rac1 y la ha desarrollado en el acto Apaguemos pantallas, abramos libros.

Illa ha comparado la apuesta para reducir el tiempo que pasan los jóvenes frente al móvil con la lucha contra el tabaquismo, que poco a poco ganó consenso social, y ha defendido que hay que “fomentar y trabajar por la lectura y el contacto y la relación humana, no intermediada por una pantalla”.

Uno de los escenarios esenciales para conseguir ese objetivo son las escuelas y, por eso, la exclusión de los teléfonos móbiles en toda la educación obligatoria y la prohibición de la IA a menores de 14 años irán de la mano de otras medidas para que “los libros vuelvan a ser un objeto cotidiano”, según ha apuntado Illa.

La premisa, reconoce el president, es “ambiciosa” y pasa por repensar las políticas educativas. Pocas semanas después de que los resultados del informe Pisa (que dejaron fuera a Catalunya por un error de muestra) apuntalaran que la lectura es una de las asignaturas pendientes del alumnado, Illa asegura que “hay que volver a leer. La consigna es papel, lápiz y libros. Por eso, el libro de texto se tiene que recuperar, así como los aprendizajes clásicos basados en la lectura, escritura y la oralidad”, ha apuntado.

Para todo ello, el Govern prevé aprobar más de 60 medidas como las ya mencionadas para “garantizar los derechos digitales de la infancia” y convertir a Catalunya en la primera comunidad con un “marco de bienestar digital propio”.

Aulas sin IA

La prohibición de la IA en las aulas para menores de 14 años es una de las medidas que la Comisión Interdepartamental aprobará el próximo lunes. Ahora bien, la medida choca con las recomendaciones aprobadas en 2024 por el Departamento de Educación, que ofrecía consejos sobre cómo usarla en las aulas. 

Falta por ver si esta prohibición se aplica solo durante las clases, dentro de escuelas e institutos –donde el uso es más bien minoritario–, o si afecta también a los deberes y tareas que los alumnos hacen en casa, lo que genera más preocupación por parte del profesorado.

El anuncio de Illa llega después de que el Departamento de Salud difundiera este martes un estudio sobre el uso de pantallas que advierte incluso de daños “irreversibles” entre los más pequeños. Se trata de una guía por edades que relaciona el uso abusivo de los móviles y las redes sociales con problemas en el desarrollo del lenguaje, antes de los 6 años, o con déficits de atención entre los adolescentes.

La guía parte de una revisión de 700 estudios científicos, pero también de la encuesta ESTUDES a alumnado de 14 a 18 años. De ella se desprende que uno de cada tres adolescentes (el 23%) hace un uso problemático de las redes sociales, y en uno de cada cuatro (18%) el uso de internet es directamente “compulsivo”, asociado a síntomas como menos sueño o pasar menos tiempo con otras personas. 

En el ámbito escolar, las advertencias sobre los docentes llevaron a la Generalitat en 2025 a prohibir el uso del móvil en las aulas. En la etapa de Infantil, de 3 a 6 años, se decidió además retirar progresivamente todos los dispositivos digitales, como pizarras táctiles o tabletas. 

Con los malos resultados de PISA en España, y la advertencia de la OCDE de que las pantallas empeoran la comprensión lectora entre los adolescentes, cobra más fuera aún la voluntad de restringir su uso. Algunas voces del profesorado señalan en este sentido cómo la IA dificulta la evaluación de los deberes y demás tareas en casa, dado que temen que los alumnos recurran siempre a esta herramienta. 

Pedro Sánchez ha defendido este domingo su gestión de la crisis de Ceuta y ha prometido que el Gobierno pondrá “todos los recursos necesarios” para que la ciudad autónoma “volverá a la normalidad”. Al tiempo, ha acusado a PP y Vox de hacer una “oposición destructiva” y de buscar la foto de la crisis de Ceuta para ganar votos pero no querer que se resuelva. “Ceuta saldrá adelante pese a que se han instalado en el cuánto peor para España mejor para nosotros”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno se ha referido a la situación de la ciudad fronteriza en la Fiesta de la Rosa, el mitin anual que el PSC celebra en la localidad Barcelonesa de Gavá y en que este año ha participado Sánchez. Delante de los sociales catalanes, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho por haber hecho “el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros; 80 millones de euros antes de que acabe el año y, a principios octubre, autónomos y pequeños empresarios recibiendo transferencias directas”, ha dicho.

Acogido con vítores por la militancia socialista, que le ha dedicado gritos de “no estás solo” al inicio del acto, Sánchez ha lanzado todos sus dardos contra los dos principales partidos de la derecha, de quienes ha pronosticado que van a perder “tanto las municipales de 2027 como las generales de 2027”.

“PP y Vox tienen diferentes siglas, pero la misma agenda. Van en el mismo coche y comparten ruta y prejuicios”, ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha calificado de hecho que “socava la democracia” las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para suspender el voto de 400.000 nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. “El Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a criticar una decisión que obviamente no comparto, pero no voy a perdonar a PP y Vox por plantear este recurso”, ha afeado.

“El voto se protege y se ejerce. No vamos a aceptar españoles de primera y de segunda porque tengamos candidatos de tercera”, ha continuado Sánchez. En la misma línea, ha subrayado que la ley de nietos es análoga a la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, acordada con un gobierno del PP, o a los saharauis, votada hace dos semanas y apoyada también por el PP. “Es una ley de 2022 que el PP siempre había apoyado”, ha resaltado Sánchez, que ha considerado que el Alberto Núñez Feijóo hace seguidismo de Vox.

Sánchez también ha guardado unos minutos para recordar el escándalo del ático en el que se ha enmarañado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Se han gastado seis millones de euros en el aticazo, y 20 o 200 páginas después aún no sabemos la versión oficial”, ha recalcado Sánchez. “Ayuso dijo que era un despacho oficial, Feijóo que era una residencia oficial… falta Aznar, que dirá que es un coworking”, ha cargado en tono humorístico.

En un domingo en el que Sánchez ha coincidido en Catalunya con Feijóo, que participaba en un acto en Badalona, el presidente del Gobierno ha aprovechado para lanzar un mensaje en clave catalana a favor de la reforma de la financiación autonómica.

“Resulta inconcebible que el PP y Vox voten en contra de tener mes recursos económicos para financiar los servicios públicos de las comunidades autónomas”, ha dicho, porque la nueva financiación va a dar a las comunidades más de 21.000 millones de euros. “El único que pierde aquí es el Gobierno, que no va a poder disponer de esos 21.000 millones”, ha dicho.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha intervenido antes que el presidente, ha reclamado “comparar” las políticas que hacen los gobiernos donde mandan los socialistas de aquellos gobernados por la derecha. Por eso, ha dicho, la elección es “Trump o Sánchez” y, también, “Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez”.

En la misma línea, Illa ha pedido a Feijóo que se “quite los complejos” y haga autocrítica. “¿Vas a reconocer una vez por todas que la amnistía ha funcionado en Catalunya? ¿Que la convivencia ha funcionado?”, le ha preguntado, tras asegurar que la derecha no tiene proyecto par Catalunya ni para España.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado este viernes al secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, por “no defender una financiación justa” para la región durante su encuentro con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, acusándole de actuar como “embajador del sanchismo” y de estar “totalmente rendido” a la dirección de su partido.

Sánchez Juliá ha cuestionado el reparto del modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno , señalando que genera “una España de dos velocidades” que deja a la comunidad en el “vagón de cola”.

Según ha expuesto, de los 21.000 millones de euros extraordinarios articulados en el modelo, Catalunya es la comunidad más beneficiada mientras que Extremadura “recibe cero”. Por ello, ha reprochado a Cotrina que se haya fotografiado con Illa en el marco de la Diada sin reclamar la misma solidaridad para Extremadura con la que los extremeños contribuyeron históricamente al desarrollo catalán.

La comparecencia se ha producido tras una reunión con el responsable nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Peral, y la secretaria general de la entidad en Extremadura, Candelaria Carrera. En este marco, el Grupo Popular ha anunciado el registro de una propuesta de pronunciamiento en la Cámara regional para instar al Gobierno de España a aplicar la Directiva Europea 2020/285 sobre el IVA franquiciado. Esta normativa permitiría que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año puedan decidir no repercutir ni declarar el IVA.

Junto a la exención del impuesto, la iniciativa del PP reclama sustituir las liquidaciones trimestrales por una única declaración anual simplificada con el fin de minorar los trámites burocráticos del sector.

Finalmente, Sánchez Juliá ha evaluado la marcha del Plan de Autónomos 2024-2027, dotado con 316 millones de euros acordados con las organizaciones representativas,, destacando que la región cuenta actualmente con 576 trabajadores autónomos más que el año pasado.

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, han coincidido este jueves en reclamar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que negocie con el Gobierno de España las mejoras que considere necesarias para Extremadura en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Illa ha defendido esta vía durante una rueda de prensa en Mérida junto a Sánchez Cotrina. “Hable con el ministro, que negocie y haga su trabajo y diga lo que pide”, ha señalado el presidente catalán, que ha asegurado que no critica que un dirigente defienda que su territorio “vaya mejor”, pero ha planteado qué alternativas propone además de expresar su rechazo.

El president de la Generalitat ha señalado que esa negociación bilateral es la vía que ha seguido Canarias y ha añadido que también existe la posibilidad de introducir modificaciones durante el trámite parlamentario del nuevo sistema de financiación. “Para eso está el Parlamento, para la discusión política y no solamente para polarizar”, ha defendido.

Illa ha considerado que lo que “no es aceptable es la crítica sin sugerir alternativas” y ha insistido en que la tramitación en el Congreso constituye una oportunidad para modificar los proyectos antes de su aprobación. También ha señalado que es “natural” que las distintas comunidades autónomas quieran mejorar su posición dentro del sistema.

El PSOE extremeño reclama negociar con el Gobierno

Sánchez Cotrina ha defendido igualmente la necesidad de intentar mejorar el modelo de financiación y ha reprochado al Gobierno de Guardiola que no se siente bilateralmente con el Ejecutivo central para plantear sus demandas. “Si nosotros entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano”, ha señalado el dirigente socialista, que ha añadido que, además de expresar el rechazo, se debe intentar “mejorar de manera bilateral”.

El secretario general del PSOE extremeño ha criticado que la Junta no sea capaz de sentarse con el Gobierno de España para “defender las cosas del comer de Extremadura”. “No es tan difícil, hemos visto el ejemplo en otras comunidades autónomas”, ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha asegurado que Extremadura “nunca se va a conformar a seguir como estamos” y que los socialistas van a “pelear hasta el final por mejorar” el sistema de financiación.

El dirigente socialista también ha cuestionado la posición de la Junta y ha planteado que al Ejecutivo extremeño podría interesarle que el actual sistema siga adelante ante la posibilidad de que otro Gobierno tenga que gestionarlo en el futuro y tenga que afrontar el peso de otras comunidades, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana, con realidades demográficas y económicas diferentes a la extremeña.

La reunión entre Illa y Sánchez Cotrina se produce un día después del encuentro que el presidente catalán mantuvo con María Guardiola en Mérida. En aquella reunión, Illa defendió el nuevo modelo de financiación, mientras que la presidenta extremeña trasladó su rechazo al sistema planteado por el Gobierno central.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido este miércoles ante la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, rechazado por el Ejecutivo extremeño por considerar que genera “agravio y desigualdad”.

Illa ha sostenido, durante su visita a La Zarza (Badajoz) con motivo de la celebración de la Diada en Extremadura, que el sistema propuesto “no solo no perjudica a nadie, sino que nos beneficia a todos”. El president ha defendido que el modelo es compatible con el principio de solidaridad y ha destacado los 21.000 millones de euros adicionales que incorpora para sanidad, educación y políticas sociales.

Preguntado por las críticas de la Junta, Illa ha reclamado que quienes cuestionan la propuesta planteen una alternativa. “Ganaría siempre credibilidad quien al criticar el modelo propusiera uno alternativo, cosa que no he visto”, ha señalado.

La visita de Illa a Extremadura ha incluido este miércoles un encuentro con Guardiola, después de que ambos hayan mantenido posiciones enfrentadas sobre el nuevo sistema de financiación. Antes de esa reunión, el presidente catalán ya había avanzado que trasladaría a la presidenta extremeña “la solidaridad siempre, especialmente ahora, de Cataluña con el conjunto de España”.

Tras ese encuentro, la presidenta extremeña ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el agradece a Illa “su amabilidad y el reconocimiento a los extremeños que se fueron a Cataluña para ayudar a levantarla con sus brazos y su dignidad”.

Guardiola ha añadido que ha trasladado al president los motivos del rechazo de Extremadura al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España: “El objetivo es que no vuelva a repetirse una emigración obligada por falta de oportunidades. Y para ello necesitamos un sistema que tenga en cuenta el verdadero coste de la prestación de servicios fundamentales en Extremadura. Queremos una España unida y cohesionada”.

Un homenaje a los extremeños que emigraron a Catalunya

El otro eje de la visita ha sido la emigración extremeña a Catalunya. Illa ha elegido La Zarza, un municipio especialmente marcado por ese fenómeno, para celebrar la Diada y homenajear a quienes abandonaron Extremadura durante las décadas de 1960 y 1970. Ante la escultura de bronce de un emigrante con una maleta en la mano, el presidente catalán ha recordado a los más de 100.000 extremeños que emigraron a Cataluña y ha asegurado que construyeron “la Catalunya que hoy tenemos”.

Entre 1960 y 1980 fueron cerca de 520.000 extremeños los que emigraron hacia zonas industrializadas y unos 120.000 se trasladaron a Cataluña, según los datos citados de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura.

Illa ha reivindicado a quienes emigraron como “gente trabajadora” que tuvo que marcharse para desarrollar su proyecto de vida. “La emigración no es un plato de buen gusto, se hace muchas veces por necesidad”, ha afirmado.

También ha apelado a la experiencia de los emigrantes para abordar las migraciones actuales y ha defendido que las identidades territoriales no son incompatibles. “Uno puede ser catalán y extremeño”, ha señalado.

La jornada ha comenzado con la recepción de Illa en el Ayuntamiento de La Zarza, donde el alcalde, Francisco José Farrona, ha reivindicado los vínculos creados por la emigración. Farrona, nacido en Granollers como hijo de una familia extremeña emigrada a Catalunya, ha defendido que la migración “no solamente mueve personas, crea puentes”.

El alcalde ha reclamado además que la memoria de aquella emigración sirva para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de elegir su futuro: “Que nuestros jóvenes puedan viajar, trabajar y estudiar fuera si quieren, pero que también puedan quedarse en Extremadura si ese es su deseo”.

Salvador Illa lanzó este lunes una promesa de gran calado en pleno conflicto con los profesores. Según aseguró, el president se comprometía a llegar a una inversión del 6% del PIB catalán en Educación. Un día después, el Govern ha reafirmado esta promesa pero ha evitado dar más detalles sobre un anuncio que supondría una sacudida histórica de la educación catalana. La consellera portavoz, Sílvia Paneque, se ha limitado a asegurar que este aumento económico debe hacerse “de forma gradual” y no ha querido proyectar calendarios ni plazos para lograr el objetivo.

La cifra del 6%, que está recogida en la propia ley catalana y que es un estándar internacional en esta materia, es inconcreta, ya que en estos momentos el Govern destina directamente al departamento de Educación 8.300 millones de euros lo que supone el el 2,5% del PIB. Sin embargo, en su contabilidad oficial, cifra en un 3,8% del PIB lo que invierten en Educación el conjunto de las administraciones. Por tanto la propuesta de Illa supondría, al menos, la inyección de 7.300 millones de euros, es decir, casi doblar el presupuesto actual.

Una promesa que estaría fuera del alcance de la Generalitat, que controla vía presupuesto en torno al 14% del PIB, incluso si se aprobara el nuevo modelo de financiación autonómica, con el que recibiría unos 4.600 millones anuales en total.

Ante estas cifras, que generan dudas sobre si la promesa de Illa es factible, Paneque ha pedido confianza. “Cuando el president se ha comprometido a un objetivo es porque se cree capaz de llegar”, ha asegurado. “Este es un compromiso firmado por el Parlament en 2009”, ha recordado la consellera, que ha asegurado que, si bien hasta ahora no se ha logrado, sí podría hacerse en el futuro.

Después de que este lunes la mayoría sindicatos educativos como USTEC reclamasen concreción y calendario para el horizonte del 6%, el Ejecutivo no ha aclarado ni cuando comenzará la escalada inversora ni tampoco cuando se pretende llegar a la cima. Paneque además ha dejado el objetivo fuera del plan de Illa para Educación de los próximos 10 años.

En la misma línea, el Govern no ha aclarado si la promesa de Illa llegaba después de un estudio sobre las posibilidades de este avance inversor extraordinario. Según ha asegurado la portavoz, el objetivo se fia a los “mayores ingresos que genera la propia economía catalana” y la mejora de la financiación. “Pondremos el esfuerzo”, ha asegurado Paneque.

La memoria de la emigración extremeña se convertirá en el eje central de los actos institucionales de la Diada que la Generalitat de Catalunya celebrará este año en Extremadura. Cerca de 520.000 ciudadanos de la región emigraron entre 1960 y 1980 hacia zonas industrializadas, de los cuales unos 120.000 fijaron su residencia en territorio catalán, según datos de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura. Para rendir tributo a este éxodo, el president catalán, Salvador Illa, inicia una visita oficial cargada de simbolismo y encuentros sociales.

La agenda arranca este miércoles en La Zarza (Badajoz), un municipio que simboliza como pocos el impacto del fenómeno migratorio. De esta localidad partieron en aquellos años cerca de 1.600 vecinos, un tercio de su población de entonces, muchos de los cuales se establecieron en la ciudad gerundense de Tossa de Mar para trabajar en el sector hostelero y en la industria.

El alcalde zarzeño, Francisco José Farrona, hijo de emigrantes, recibirá a Illa en el ayuntamiento antes de participar a las 12:15 horas en un acto ante el monumento al emigrante. La escultura, obra de Javier Guerrero, luce el lema 'De aquí partí y aquí quiero volver', una seña de identidad compartida por otros municipios extremeños con homenajes similares, como Don Benito, Castilblanco, La Cumbre, Mata de Alcántara, Arroyo de San Serván y Alburquerque.

Tras su paso por La Zarza, el president de la Generalitat se desplazará a Mérida para mantener una reunión institucional con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Ya por la tarde, el Palacio de Congresos de la capital autonómica acogerá el acto principal de la Diada, que incluirá la proyección de la película 'El 47', galardonada con cinco premios Goya. La cinta recrea la historia real de Manuel Vital, emigrante natural de Valencia de Alcántara (Cáceres) que se convirtió en líder vecinal en Barcelona tras secuestrar en 1978 el autobús que conducía para llevarlo hasta el barrio de Torre Baró y exigir servicios públicos dignos.

Al pase asistirá su nieta, Joana Vital, en un evento marcado también por la memoria histórica: la localización de los restos del padre de Manuel, Diego Vital, fusilado en la Guerra Civil y hallado a más de 20 metros de profundidad en un pozo sellado de Valencia de Alcántara, coincidió en el tiempo con la presentación del filme.

La visita oficial concluirá el jueves en Mérida. Illa visitará el ayuntamiento emeritense, donde será recibido por su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y posteriormente se trasladará al Teatro Romano para rubricar un convenio de colaboración institucional entre el emblemático recinto extremeño y el Teatro Tàrraco de Tarragona.

El Govern tiene el compromiso de adecuar sus equipamientos a las nuevas condiciones que impone la emergencia climática. El president, Salvador Illa, ha dado este lunes el pistoletazo de salida a un plan con el que promete completar la climatización del conjunto de centros públicos y de buena parte de las residencias de ancianos antes de 2031. Un proyecto que comenzará por unas primeras 100 escuelas, ya seleccionadas, que se climatizarán durante el próximo curso.

Así lo ha anunciado Illa en la conferencia que ha pronunciado este lunes para iniciar la segunda parte de su mandato, que cruzó el ecuador el pasado agosto. “Para el curso 2030-2031 habremos climatizado los 2.530 centros públicos del país”, ha anunciado. Una actualización que supondrá movilizar cerca de 2.500 millones de euros en cinco años.

El proyecto de climatización llega en un inicio de curso en el que el conflicto laboral entre el Govern y los profesores sigue abierto. Illa se ha referido a la cuestión de los profesores, que se ha convertido en una de las piedras que más molestan en su zapato, para prometer con solemidad que Catalunya llegará a destinar el 6% del PIB catalán a la educación.

Un objetivo, el del 6%, que pese a estar recogido en la ley de Educación, es prácticamente imposible cumplir, ya que la Generalitat en su conjunto habitualmente cerca del 14% del PIB.

Muy diferente es el plan de climatización de las escuelas, una de las principales demandas de la comunidad educativa que en junio pasado denunciaron las altas temperaturas de las clases, y que es realista desplegar en los próximos años.

Estas primeras 100 escuelas se han seleccionado con criterios técnicos y climáticos, por ejemplo por estar especialmente mal adecuados, por razones de equilibrio territorial, y también atendiendo a la concentración de alumnado vulnerable y de riesgos laborales. El mapa de los primeros centros que se climatizarán queda así:

El Govern ya lanzó un plan de choque el pasado mes de abril en 392 centros para mejorar de forma inmediata el confort térmico en algunas de las escuelas que más necesidades tenían, lo que supuso la instalación de ventiladores y otras mejoras térmicas, con un presupuesto de 20 millones de euros.

La idea ahora va mucho más allá del ventilador y prevé la climatización integral, con aire acondicionado a través de sistemas de aerotermia impulsados por placas solares. Un proyecto que algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, ya habían lanzado por su cuenta. En la capital catalana se han climatizado ya la práctica totalidad de los centros públicos.

Pero, para conseguir completar los 2.530 centros y las 51 residencias del conjunto de Catalunya, el Govern espera contar con el apoyo de los ayuntamientos.

A la vez que el Govern climatiza las primeras 100 escuelas, Educación reclamará a las administraciones locales un doble impulso: que avancen la financiación de las obras de climatización de las escuelas y que se involucren en la licitación y el conjunto de trámites para llevarlas a cabo.

Para lograr ambas cosas, está previsto que este año se abra una convocatoria para los ayuntamientos que deseen asumir la ejecución de las inversiones, lo que agilizaría el proceso. Los consistorios pueden dar este paso bien a través de sus propios fondos o bien yendo a pedirlos al Institut Català de Finances. En cualquiera de los dos casos, el Govern se compromete a devolver los fondos, aunque eso quedaría para la próxima legislatura.

Llamada a la convivencia y contra el odio del president de la Generalitat, Salvador Illa, en su discurso institucional de la Diada. El jefe del Govern ha instado a enorgullecerse de que ciudadanos nacidos en distintas partes de España y el mundo “se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho”. “En Catalunya somos y queremos continuar siendo un solo pueblo”, ha agregado.

La Diada del ecuador de la legislatura de Illa llega en un clima preelectoral, con el Govern encadenando crisis (huelga de maestros y dimisión de Trapero esta misma semana) y con la vista de los partidos en las elecciones generales y municipales de 2027.

Las alarmas están encendidas por el fuerte ascenso que detectan las encuestas para Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, en casi todos los municipios. La tensión que genera la extrema derecha independentista se ha vuelto a constatar este miércoles en el Fossar de las Moreres en la previa de la Diada nacional de Catalunya.

En sus palabras a los catalanes, Illa ha celebrado la diversidad de Catalunya “gracias a los vínculos humanos generados entre catalanes y personas de todo el mundo que han encontrado aquí su hogar y su país”.

“No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia en Catalunya. En nuestra casa el odio no cabe”, ha enfatizado el president, en referencia al clima hostil que despliega en municipios y redes la extrema derecha contra los migrantes.

El president ha insistido en el “latido común” y el “sentido colectivo, fraternal y humano del país” sea cual sea el origen de los catalanes. “Sintámonos orgullosos de nuestra capacidad para que personas nacidas en distintos sitios —de Andalucía a Extremadura, de Marruecos a Colombia— se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho, con deberes también por cumplir”.

“Nadie es más catalán que nadie. Catalunya somos todos y todas”, ha ahondado Illa. Citando a uno de sus referentes políticos, el expresident Terradellas, el jefe del Govern ha instado a que Catalunya sea “la avanzada del bienestar, la prosperidad y la democracia de los pueblos de Europa y el mundo”.

El president ha pedido “alzar la mirada” ante el momento “trascendental” que vive el mundo y “actuar con unidad de país”: “Haremos grande a Catalunya si no nos limitamos a mirarnos el ombligo y encogernos”. También ha solicitado “renovar la confianza en el país, las instituciones, las personas y las potencialidades” de Catalunya.

Se cumple medio siglo de una de las Diadas más recordadas en Catalunya: la de Sant Boi de Llobregat. El primer 11 de septiembre tras la muerte de Franco congregó a decenas de miles de catalanes en esta localidad metropolitana, y este miércoles, dos días antes de la Diada de 2026, autoridades y protagonistas de aquella fecha han querido recorcarlo y reivindicar la vigencia de algunas de sus reivindicaciones.

En un acto de conmemoración conducido por los periodistas Manuel Campo Vidal y Àngels Barceló, el president Salvador Illy ha destacado la “fragilidad” de las instituciones y del sistema democrático cuando se cumplen 50 años de aquella Diada, y ha afirmado que “ninguna conquista es irreversible” y que “los derechos y las libertades hay que cultivarlos”. “Cuesta muchos años y esfuerzo ganarlos y poco tiempo perderlos”, ha alertado.

Por su parte, el abogado y político Miquel Roca, uno de los oradores en aquella histórica Diada de 1976, ha reivindicado el valor de la “unidad” y el “respeto a la diversidad” en el esfuerzo por “preservar” la libertad. “Catalunya nos necesita a todos en nuestra lucha”, ha afirmado.

El president ha advertido de que es fácil creer que el camino hacia la democracia fue “plácido”, pero ha hecho un llamamiento a no “banalizar” lo conseguido hasta ahora. “Vivimos en un momento que exige el mismo ímpetu que inundó Sant Boi en 1976”, ha afirmado, antes de alertar de que hoy el principal “elemento diferenciador” en política es entre demócratas y autoritarios.

Ante esta realidad, ha defendido la necesidad de alejarse del derrotismo para recuperar el “compromiso democrático” de aquella Diada de hace 50 años. Por ello, el presidente ha reclamado conservar las “convicciones profundas”, mejorar las “condiciones materiales” de la ciudadanía y profundizar en la “convivencia democrática” de las diferentes opciones políticas.

Illa también ha reivindicado el espíritu “unitario” de la movilización por la Diada de 1976. “La libertad que se reclamaba en Sant Boi no era la de unos pocos, era la de todos los que soñaban con un futuro en esta tierra, vinieran de donde vinieran”, ha dicho. Por ello, ha afirmado que el Onze de Setembre de este año debe conservar el mismo “espíritu” que hace 50 años y ser “abierto a todo aquel que quiera sumarse”.

Según el president, la primera Diada después de la dictadura fue “uno de los episodios más alentadores” que ha vivido Catalunya, ya que Sant Boi se convirtió “en el corazón” del país. “Fue el epicentro donde todas las energías democráticas del país se reunieron bajo un mismo clamor. Había una voluntad que no cabía en unas siglas: la voluntad irrefrenable de acabar con 40 años de dictadura y abrir paso a la democracia”, ha defendido.

Roca ha hecho un llamamiento a la unidad con un mensaje “integrador”. “Catalunya somos todos, y Catalunya será del pueblo o no será”, ha expresado, antes de añadir que el país necesita a “toda su gente” para hacer frente a los retos de la actualidad, entre los que se encuentra la preservación de la libertad.

“Hace 50 años decíamos que queríamos la libertad para conservarla. Este sigue siendo nuestro compromiso”, ha asegurado. Según el abogado, Catalunya es “sinónimo” de libertad, y ambos conceptos son “indisociables”. Roca también ha compartido una advertencia: “La lucha por preservar la libertad no acaba nunca”, ha dicho, y ha hecho un llamamiento a los oyentes a “comprometerse” y “servirla para siempre”.

Sobre la movilización de 1976, Roca ha explicado que aquella cita histórica no debe recordarse “desde la nostalgia, sino desde la satisfacción por el trabajo bien hecho”. Los organizadores de aquella Diada en Sant Boi fueron “pioneros en la lucha por las libertades democráticas y la recuperación de las instituciones de gobierno”, ha dicho, motivo por el cual ha defendido la necesidad de “ratificar la fidelidad” a aquellos principios.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha argumentado que aquella Diada convirtió su ciudad “en el epicentro de las reivindicaciones y los anhelos de todo un pueblo”. Según ha dicho, aquella movilización abrió “un nuevo camino” para Catalunya, y Moret ha defendido que los habitantes de Sant Boi son hoy “herederos del espíritu del 76”. “Somos conscientes del papel que la historia nos ha deparado”, ha afirmado.

La de Sant Boi fue la primera celebración pública del Onze de Setembre después de la dictadura, celebrada cuando solo habían pasado diez meses desde la muerte de Francisco Franco y cuando el régimen todavía mantenía en pie buena parte de sus estructuras. Prevista inicialmente en el parque de la Ciutadella de Barcelona, el Gobierno Civil acabó trasladándola al municipio del Baix Llobregat, donde reunió a decenas de miles de asistentes.

Fue el 8 de mayo del 2024, en el debate de los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Salvador Illa se llevó todos los titulares al anunciar por sorpresa que si llegaba al Palau de la Generalitat nombraría al major Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos. Resarcía así al policía más famoso de Catalunya, apartado por el Govern de ERC y más que distanciado de Junts.

El fichaje estrella del president ha durado dos años en el Ejecutivo y se suma a la lista de bajas del Govern de Illa en ámbitos muy sensibles y por varios motivos: Educación (por el fiasco de la conselleria con el informe PISA), la dirección general de Infancia (por la crisis en la atención a menores tutelados) o las “razones personales” que ya llevaron a dejar el cargo a la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo. Hace solo una semana, además, el número dos de Interior dejó el cargo para volver a su puesto de funcionario. Y este martes se conocía la renuncia del director general de Ejecución Penal y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho. Cinco salidas en 10 días.

Cuando Illa anunció el fichaje del major, llamó la atención que el cargo que se le reservaba era de carácter político: una dirección general que tradicionalmente había estado ocupada por perfiles poco conocidos y en ningún caso uniformados. Algo que con Trapero era imposible, dentro y fuera de la conselleria. No es lo mismo la jefatura operativa de los Mossos que una dirección general de una conselleria y pasar de un lado a otro no fue fácil para nadie.

Illa también había anunciado en campaña que si llegaba a presidente, elegiría a la entonces alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, como consellera de Interior. Así que tanto ella como Trapero sabían que deberían trabajar juntos. Se conocían, ambos son de la misma ciudad, y no parecía que tuviese que ser un problema. Pero al final lo ha sido.

A finales de agosto, el ya exdirector general comunicó a la consellera su decisión de dejar el cargo. Ahora regresará al despacho que ocupó en la pasada legislatura como jefe de la comisaría de Inspección y Evaluación.

Parlon desembarcó en el departamento con el equipo de confianza que tenía en el ayuntamiento y los desencuentros con Trapero empezaron pronto, ya fuese por los mensajes que querían transmitir en público, por decidir cuándo y quién lo hacía, hasta el último gran encontronazo, la elección del sustituto del comisario jefe, Miquel Esquius, cuando se jubilase. La consellera abogó por que fuese una mujer y, al final, la escogida ha sido Sílvia Catà, de quien Parlon destaca su capacidad de trabajar en equipo.

En público y en privado el Govern ha elogiado la labor de Trapero y ha quitado importancia a las discrepancias entre el exdirector general y la consellera. “Hemos tenido una muy buena relación y a veces ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como todo el mundo que trabaja en equipo”, se limitó a señalar Parlon ante la insistencia de los periodistas.

La rueda de prensa de este miércoles estaba convocada para presentar a la nueva jefa de los Mossos y felicitarse de que, por primera vez, una mujer ocupe ese cargo, pero acabó monopolizada por la renuncia de Trapero. El major no acudió al Palau de la Generalitat, donde Illa recibió a Catà y al nuevo director general, el comisario Ferran López.

La impronta de Trapero se ha notado en la lucha del Govern contra la pequeña delincuencia. La seguridad se ha convertido en una de las banderas del Ejecutivo de Illa. La presión policial ha aumentado y el refuerzo judicial ha permitido reducir la espera para los juicios de hurtos y robos. Pero el apoyo para endurecer las penas a este tipo de delincuentes ya tiene sus efectos en el incremento, por primera vez en décadas, de la población penitenciaria catalana.

Los roces entre Trapero y Parlon también aparecieron a raíz de la infiltración policial en una asamblea de docentes que preparaba una huelga el pasado mayo. Tras cerrar filas sin matices con el cuerpo, el Govern terminó admitiendo el error y lo atribuyó a una “inercia operativa” de los servicios de información de los Mossos, pese a lo cual el caso, pendiente de sentencia, no ha comportado el cese de ningún mando. Parlon era partidaria de ello.

Los grupos de izquierda celebraron la dimisión de Trapero (la habían pedido, sin éxito, por el espionaje). Además, recordaron su historial polémico en la dirección general, con la reintroducción del gas pimienta contra manifestantes o el fallido plan para que agentes de paisano acudieran de forma permanente a escuelas con conflictos.

Desde ERC, la diputada Ester Capella pidió “abrir una nueva etapa” en los Mossos y vio “necesaria” la marcha del director general “por los errores acumulados”. El portavoz de los Comuns, David Cid, consideró la salida de Trapero “una buena noticia”, mientras que el parlamentario de la CUP Xavier Pellicer la tildó de “victoria” de los movimientos sociales.

Más allá fue Junts, que reclamó el cese de Parlon y vinculó el “incremento de la inseguridad en la calle” con el “caos” del departamento de Interior, en palabras de su portavoz, Salvador Vergés. Mismo sustantivo —“caos”— empleó el diputado de Vox Joan Garriga, que también pidió el cese de la consellera.

Sin la relevancia pública de Trapero, el nuevo director general, Ferran López, vuelve a ser un uniformado en un puesto político. López, antigua mano derecha de major en el cuerpo, fue el jefe de los Mossos durante el 155, y tras un breve paso por el F.C. Barcelona como jefe de seguridad, se reincorporó en 2022 en la policía catalana. Sabe lo que es manejarse en situaciones extremas (fue miembro del cuerpo de élite de los Mossos, los GEI), pero ahora le toca enfrentarse a una dirección general.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que este fin de semana cargó contra la financiación autonómica en un acto del Partido Popular celebrado en Getafe. La presidenta aseguró que el pacto es para “pagarle la fiesta a los nacionalistas y a cuatro mindundis, para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después”.

Ante esas palabras, Illa ha querido responder a Ayuso con una advertencia. “No se meta con Catalunya. No se meta con los catalanes. Aquí no hay mindundis ni ninguna fiesta. Hay gente que trabaja, que levanta la persiana; gente emprendedora y que no se queja”.

En la primera entrevista institucional del nuevo curso, en Catalunya Ràdio, Illa ha sido duro con Ayuso, que dirigió diversos dardos contra Catalunya en su discurso del fin de semana, apuntando a que el pacto fiscal “juega con el dinero de la gente” y preguntándose “¿Qué van a heredar las nuevas generaciones?”.

También cargó contra el reparto autonómico, del que Catalunya ni siquiera va a ser la comunidad que va a recibir la mayor parte de los fondos extra. “Mírenlos, si ellos tienen los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales. Miren los sueldos, miren cómo viven en Catalunya, con embajadas y todo tipo de chiringuitos”, dijo la presidenta, a pesar de que tanto el salario medio como la renta disponible de los madrileños es superior a la de los catalanes. “¿Esto lo vamos a pagar desde Madrid? No. El dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar. Eso lo juro”, aseveró.

Ante estas palabras, Illa se ha limitado a contestar con otra advertencia: “Yo de ella no hablaría mucho de residencias oficiales”. Para zanjar, el president ha extendido la mano al “conjunto de madrileños de bien”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev. En el encuentro, Illa ha trasladado el “compromiso y solidaridad” de Catalunya con la “resiliencia” del pueblo ucraniano.

En esta línea, ha apuntado que el viaje a Ucrania es “una muestra de la voluntad de reafirmar y reforzar el apoyo” que el Govern tiene con Ucrania “desde el inicio del conflicto”.

Fuentes del Govern han explicado que Illa ha hecho valer esta contribución recordando el envío de ayuda humanitaria y material sanitario de manera continuada desde hace cuatro años. Para remachar el compromiso, este jueves se han rubricado acuerdos de colaboración entre Catalunya y las regiones de Zaporiyia, Lviv y Dnipropetrovsk.

Estos pactos se basan en “intensificar” el apoyo de Catalunya a las necesidades humanitarias, económicas y sociales derivadas de la guerra. También se plantea promover la contribución de Catalunya en la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras críticas, en la reactivación económica y de los servicios esenciales. También se trabajará para “apoyar la integración de Ucrania en la Unión Europea”.

Según han indicado desde el Ejecutivo catalán, ambos presidentes han conversado sobre la situación actual de la guerra e Illa ha invitado a Zelenski a visitar Catalunya. Además del president, también han asistido a la reunión el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Unión Europea, Jaume Duch; y Antonio Santamaría, que ostenta la Segunda Jefatura de la embajada española en Ucrania.

“Los ucranianos no se defienden sólo a si mismos, con su resiliencia y su esfuerzo titánico, sino que nos defienden a todos los europeos”, ha subrayado Illa, que estará cerca de 48 horas en el país. Durante el viaje, tiene previsto reunirse con la Federación de Empresarios de Ucrania y con la embajadora de la UE, así como con activistas políticos y sociales.

Discurso de Collboni

Por su parte, el alcalde de Barcelona ha agradecido el apoyo de la embajada española durante una visita en la que, según el Ayuntamiento, ha sido necesario extremar las medidas de seguridad ante el incremento de los ataques rusos.Collboni ha vinculado el viaje con el compromiso de Barcelona con la “cultura de la paz” y la diplomacia entre ciudades.

En este sentido, ha recordado que la misión institucional comenzó el domingo en Sarajevo y ha establecido un paralelismo entre el apoyo de Barcelona a la capital bosnia durante el asedio de hace tres décadas y la actual cooperación con Kiev. “Hace 30 años dijimos que ninguna ciudad europea que sea atacada debe ser ignorada y olvidada por el resto de las ciudades europeas y hoy lo reafirmamos”, ha manifestado.

El Ayuntamiento también ha recordado que desde 2023 Kiev está considerada una ciudad prioritaria dentro del programa de subvenciones de Barcelona destinado a ONG. Ambas capitales prevén reforzar ahora los contactos entre organizaciones de la sociedad civil para desarrollar proyectos conjuntos tanto en Ucrania como en Barcelona.

Ante el pleno de Kiev, Collboni ha reafirmado el apoyo de Barcelona: “Cuando se ataca una ciudad europea, se ataca a toda Europa”, ha dicho el alcalde, que ha intervenido de manera excepcional este jueves en la sesión plenaria extraordinaria convocada por el Ayuntamiento de la capital de Ucrania.

Durante su intervención, Collboni ha afirmado que “Barcelona está con Kiev, hoy más que nunca”. “Lo que pretende la ofensiva rusa es aislar la ciudad y hacer que los europeos aflojemos nuestro apoyo, pero conseguirán exactamente lo contrario”, ha reafirmado.