Este 23 de abril, Sant Jordi ha florecido en Barcelona. Aunque, para algunos, quizás demasiado: la primavera, que ha arrancado con fuerza después de intensas semanas de lluvias, ha enmoquetado el Passeig de Sant Joan con el polen de los plataneros que flanquean la avenida. Estas molestas pelusas han volado a sus anchas, levantadas por el viento, posándose sobre los lomos de los libros y provocando estornudos y toses entre los libreros, así como entre los visitantes.

“Tan preocupados por la lluvia y, al final, lo que nos molesta es esto”, se lamenta Antònia, una jubilada que se pasea con mascarilla y gafas de sol para protegerse de la alergia. “Ay, la cuestión es quejarse”, la reprime Andrea, su hija, que hoy ha pedido entrar más tarde a trabajar para poder gozar de la ‘diada’ cuando todavía no hay demasiada gente.

Antes de las 10 de la mañana hay muchos que ya pasean con la rosa en la mano y el libro bajo el brazo por el Passeig de Sant Joan, uno de los ejes que, durante los últimos años, ha ido tomando más fuerza en Sant Jordi. Para esta edición, con el objetivo de suplir la ausencia de una Rambla inhabilitada por las obras, ha añadido unos cuantos metros a su muestra. Entre las decenas de editoriales que se exhiben está Pol·len, un sello independiente que repite en este enclave, especializado en cómic y literatura juvenil.

“Estamos contentos, parece que el día va a ir muy bien”, dice Jordi Panyella, editor de la casa. Son un sello pequeño, familiar. Él está junto a su sobrina en Passeig de Sant Joan, mientras su pareja se encarga de la parada en Gran de Gràcia, uno de los puntos más cotizados de la ciudad. Su día empieza temprano -“muy temprano”, enfatiza la joven. Salen de casa sobre las 5 de la mañana para cargar la furgoneta y dejar toda la mercancía en los stands, que quedan listos antes de las 9h.

Y es que, aunque el grueso de ventas y de afluencia se da por la tarde, cuando la gente termina sus jornadas laborales, también hay mucho madrugador. “A primera hora ya había mucha gente comprando”, explica Mariona Gil, de la editorial Manifest. Este es uno de los sellos que ha estrenado el nuevo eje de Sant Jordi ubicado en la Plaça de la Catedral, como alternativa a la Rambla.

Tanto comerciantes como visitantes se han confesado contentos con esta nueva ubicación. Dejando de lado algunos problemas organizativos de buena mañana, las editoriales están satisfechas con el cambio. “A primera hora nadie tenía claro dónde tenía que ponerse. Es normal, es el primer año, pero una vez superado eso, parece que será un buen sitio”, confiesa Gil.

Al ser una plaza, permite pasear y zigzaguear entre las paradas de libros, al contrario de lo que sucedía en la céntrica avenida, que obligaba a bajarla o subirla casi en procesión, “sin tiempo para ver, ni pararte en ningún lugar. Te dejabas llevar por la masa”, asegura Martí, un oficinista que se considera un “friki de Sant Jordi”, hasta el punto que se ha pedido fiesta en el trabajo. “Aquello era un bullicio lleno de turistas. Ahora siento que hemos recuperado un poco la ‘diada’”, confiesa.

Aunque inevitablemente, siendo Barcelona, hay turistas en todos los lugares en los que se celebra Sant Jordi, cierto es que la estrategia del Ayuntamiento de afianzar ejes como el de Sant Joan o Les Corts, así como instalar nuevas paradas en Ciutat Vella, parece que ha esponjado la afluencia. “Es más tranquilo que otros sitios, pero eso no es malo. Aquí la gente tiene espacio para pararse a charlar, mirar y tocar los libros”, explica Manuel Baraja, editor de Terra Ignota, otra de las editoriales que este año se ubica en la Catedral.

Uno de los títulos por los que han apostado este año es Crimen y diplomacia, una novela negra de Manuel Marco, un zaragozano afincado en Cádiz que se ha dedicado a repartir pequeños panfletos con un resumen de su libro, del cual ha estado firmando ejemplares. “Estoy muy ilusionado. Había estado en Sant Jordi antes, pero nunca como parte activa. Venir a firmar aquí, es fantástico”, explica.

Se pasea por el espacio para intentar atraer a paseantes a la parada de su editorial. “No sé cuánta gente vendrá”, dice. Por eso, se ha calzado un sombrero indiano para protegerse del sol que ya empieza a picar, y se ha lanzado a hacerse la promo. Habla con pasión de su libro, una novela casi autobiográfica sobre un exdiplomático que se ve envuelto en una trama que le llevará desde Cádiz hasta Oriente Medio.

Las similitudes con su protagonista no se limitan sólo a la ciudad andaluza ni al hecho de que su nombre sea el apellido de su creador, sino que Marco también fue diplomático. Estuvo destinado a Afganistán, el Congo o Malasia -como demuestra abordando a un grupo de jóvenes originarios de este país. Eso sí, su carrera global empezó después de años como farero, un empleo al que se entregó después de estudiar ingeniería en la capital aragonesa. “Mi vida es un continuo de giros. Igual que mi libro. Si lo compras, lo verás”, dice, pícaro.

Vuelve el chocolate con melindros en la Generalitat

Una de las entradas a la Plaça de la Catedral es la concurridísima calle del Bisbe, una especie de conector que lleva hasta la Plaça Sant Jaume y constantemente atestado de grupos de turistas siguiendo al sempiterno guía que, paraguas en mano, va explicando las curiosidades de ese rincón. Pero este jueves, a los incontables visitantes se ha sumado otro grupo más inusual. El president del Parlament, Josep Rull, encabezaba una comitiva de parlamentarios canadienses, que están de visita en Catalunya, y a los que -cual guía turístico- Rull iba cantando las bondades de esa callejuela colindante al Palau de la Generalitat.

Precisamente de allí venía la comitiva; la sede del Ejecutivo catalán ha acogido este Sant Jordi el tradicional desayuno con chocolate y melindros, una tradición que instauró Jordi Pujol durante su mandato y que dejó de celebrarse hace 20 años, desde que Pasqual Maragall ofreció el último desayuno.

El president Illa ha decidido recuperar este encuentro con 300 personalidades políticas, mediáticas y de la sociedad civil, celebrado en el Pati dels Tarongers, igual que también ha recuperado la misa de Sant Jordi. Esta, aunque no se dejó de celebrar, durante años no figuró en la agenda oficial y tampoco no se ubicaba en el Palau. Entre los asistentes estaba el arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella, quien ha presidido el oficio y hasta ha invitado al president a usar la capilla para “rogar a Dios” cuando se vea en momentos de “duda o dificultad”.

También han aparecido por la ‘chocolatada’ todos los consellers y parte de los secretarios de los departamentos, así como presidentes de los grupos del PSC, Junts, ERC, PPC y Comuns; los expresidents Mas y Montilla; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y la expresidenta del Congreso y exministra, Meritxell Batet.

Además, se han dejado ver miembros del cuerpo consular, escritores, actores y periodistas, tanto las habituales firmas que se encargan de la actualidad política catalana como un grupo de periodistas madrileños. Y también ha sido invitadas dos personas migradas que viven en Catalunya y que están en proceso de regularizar su situación en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado en la Diada de Sant Jordi una Catalunya “ejemplar, abierta y próspera” en la que “todas las personas que viven y trabajan en casa nuestra merecen la misma dignidad”. El president ha centrado parte de su discurso en defender la regularización de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno: “La regularización es memoria. Hay que recordar cuando eran nuestros abuelos y bisabuelos los que tuvieron que marchar en busca de una vida mejor”.

En su mensaje institucional con motivo de Sant Jordi, el jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que el Govern está “plenamente comprometido” para que el proceso de concesión de papeles de residencia se lleve a cabo de la manera más ordenada. Sobre sus beneficiados, ha proclamado: “Hablamos de vecinos y vecinas de nuestros barrios, padres y madres en las escuelas, trabajadores y trabajadoras que ya se encuentran en Catalunya. Queremos que puedan contribuir a la prosperidad del país con plenitud.”

Por otra parte, Illa ha defendido que su Govern está invirtiendo “más que nunca” en fomentar el catalán. “Podemos decir con orgullo que este año alcanzaremos la oferta récord de 150.000 plazas para aprender la lengua”, ha añadido.

El presidente ha argumentado en su intervención de Sant Jordi que la situación de Catalunya es buena “económicamente, moralmente y socialmente”. Y ha subrayado que ha recuperado la capacidad de liderar y proponer a España así como la presencia que le corresponde en Europa y en el mundo. “Cada día que pasa avanzamos con determinación, ambición y rigor”, ha asegurado para citar algunos de los ámbitos como las infraestructuras, la prevención de incendios, las aulas, las granjas, los barrios o los centros de atención primaria.

En un contexto de una “nueva espiral de guerra” con consecuencias para la mayoría de países, Illa se ha declarado “plenamente orgulloso” de “la altura moral” que ha demostrado Catalunya. Según ha apuntado, los catalanes y catalanas no son ajenos a este dolor y, por eso, dicen “sí a la paz”. El presidente de la Generalitat asegura que la guerra es “inevitable” y defiende que “hay que poner todas las energías en la diplomacia y el diálogo”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado que la Audiencia Nacional haya citado al expresident Jordi Pujol presencialmente el próximo lunes, y ha pedido “sentido común” a los jueces del tribunal.

El jefe del Govern ha considerado que el delicado estado de salud de Pujol desaconseja un viaje hasta Madrid, y para ello ha contado la última conversación que mantuvo con su antecesor: fue esta semana, cuando Pujol lo llamó para excusar su presencia en un acto de homenaje al compositor Pau Casals porque estaba “muy flojo”.

Illa ha vuelto a dar un espaldarazo al expresident y ha mantenido su línea de los últimos meses pese a los datos que han emergido durante la vista. Al contrario que otros dirigentes socialistas, el president ha participado en la rehabilitación política de Pujol al recibirle en la Generalitat y defender su legado político, sin entrar en valoraciones sobre el fondo del proceso penal.

La última defensa de Pujol por parte de Illa se ha producido en un escenario de relevancia: el discurso que Illa ha pronunciado para cerrar del Dia de les Esquadres, la jornada anual de los Mossos d'Esquadra.

Illa ha empezado contando una llamada que recibió de Pujol este lunes, cuando el fundador de Convergència le pidió que lo excusara por no poder asistir por motivos de salud al primer acto oficial para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del compositor Pau Casals, que se celebró en El Vendrell (Tarragona). Según Illa, el expresident le contó que “nada” le hacía “más ilusión” que asistir al evento, pero que no podía venir porque estaba “muy flojo” de salud.

“No podía ir a El Vendrell...Y El Vendrell está bastante más cerca que Madrid”, ha agregado Illa, que ha formulado una petición inusual al tribunal del caso Pujol: “Pido sentido común [seny, en el original catalán]”. “En el sentido común se encuentra la base adecuada para la justicia, lo digo con todo el respeto pero quiero ser claro”, ha apostillado el president.

La Audiencia Nacional ha citado presencialmente al expresidente catalán, de 95 años y con varios problemas de salud, para el próximo lunes para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra.

Será la primera vez que Pujol comparezca presencialmente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra el juicio. En la primera sesión de la vista, en noviembre, lo hizo por videoconferencia desde su domicilio de Barcelona, donde se recuperaba de una neumonía. El expresident no se ha conectado al resto de sesiones.

El tribunal ya desoyó al principio de la vista la opinión de los médicos forenses que examinaron a Pujol y concluyeron que el expresident padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

Por su lado, el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, cargó contra la decisión de la Audiencia Nacional de citar presencialmente a Pujol: “No pueden ser más miserables”. “Buscan el escarnio, la foto con la que creen humillar no solo a una persona sino sobre todo aquello que representa y tanto les molesta”, escribió en la red social X.

El actual jefe de gabinete del president Salvador Illa, Eduard Rivas, figura como investigado en una causa judicial por el presunto delito de malversación de dinero público alrededor de una fundación durante su etapa como alcalde de Esparraguera, en la provincia de Barcelona.

El juez de Martorell que instruye la causa, y que la ha declarado secreta, ordenó los arrestos de tres directivos de la entidad en cuestión para que declararan ante la polícia y también la incautación del teléfono móvil de Rivas, según ha desvelado El Periódico. 

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), orientada a la inserción en el ámbito del trabajo de las personas con discapacidad y problemas de exclusión social. Con sede en Esparraguera, su patronato está integrado por el alcalde de dicha localidad y de otras de la zona como Collbató, Abrera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires. 

Rivas fue alcalde de Esparraguera entre 2015 y 2024, cuando dejó el cargo para sumarse al equipo de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Desde entonces es su jefe de gabinete. 

Tras conocerse la investigación, desde el Palau de la Generalitat han reafirmado su “plena confianza” en Rivas. Fuentes de Presidencia aseguran que “él es el primer interesado en que se aclare la investigación cuanto antes”. De hecho, el exedil se ha personado en la causa con su abogado defensor. 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido en el respaldo al alto cargo de Presidencia. “La actitud es de máxima colaboración” con el ámbito judicial, ha recalcado. Y ha añadido que espera que el resto de partidos con presencia en el Parlament respeten la presunción de inocencia. 

La investigación que afecta a Rivas, según detalla El Periódico, formaría parte de una pieza separada dentro del caso de presuntas irregularidades en la contratación de la fundación y que llevó a los Mossos d’Esquadra a personarse en el Ayuntamiento de Esparraguera el pasado enero en busca de documentación. Fue entonces cuando la policía incautó el teléfono de Rivas por orden judicial.

Entre la crítica y la presunción de inocencia

La oposición ha reaccionado a la investigación a Rivas con cierta cautela, aunque la mayoría de partidos han exigido a Illa que de más detalles sobre el caso de los que se han ofrecido hasta ahora. “Queremos pensar que ante unos hechos muy graves, saldrá a dar las explicaciones correspondientes”, se ha limitado a valorar el portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés. 

Tanto Comuns como ERC, socios de investidura de Illa, han optado por esperar a que se conozcan los motivos exactos de la investigación. Aun así, han pedido transparencia y, si se confirma que tuvo implicación directa en el desvío de fondos de FIL, “máxima contundencia y que caiga quien caiga”, ha expresado el diputado David Cid (Comuns). 

Por parte del PP, Juan Fernández ha calificado de “inaudita” la noticia. “Detrás de él siempre hay un hilo conductor que nos lleva a casos y situaciones muy turbias”, ha afirmado. De forma parecida, desde Vox han afirmado que “todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba con sospechas de corrupción”. 

El Govern de Salvador Illa y ERC han presentado ante algunos de los principales actores económicos catalanes el Consorcio de Inversiones con el que esperan poder gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya, y acabar así con el déficit de ejecución presupuestaria. El organismo, cuya creación se debatirá en el Congreso de los Diputados el 28 de abril, incluirá una sociedad mercantil que permita licitar y adjudicar los trabajos, así como supervisarlos en el tiempo.

La consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, y el negociador de ERC, Lluís Salvador, han escenificado en un acto en el Cercle d’Economia el desbloqueo de este compromiso de investidura de Illa. Junto con el traspaso de Rodalies y el nuevo modelo de financiación singular, era uno de los principales puntos del acuerdo. Su presentación supone además un avance en la negociación de Govern y ERC para los Presupuestos de 2026, aunque los republicanos dejaron claro que no era suficiente.

Durante la presentación, Romero ha defendido el Consorcio como un organismo de “largo recorrido” para pasar “de la queja a la propuesta”. En el acto han participado con una mesa redonda con los responsables del Cercle d’Economia, Pimec y la Cambra de Barcelona. También han asistido Femcat y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE). La ausencia más destacada ha sido la de Foment del Treball, la principal patronal catalana. 

Salvadó ha ejemplificado el déficit en infraestructuras con la baja ejecución de los planes de inversión de Rodalies entre 2000 y 2020, que está por debajo del 10%, y con la falta de construcción de “proyectos estratégicos” como las líneas ferroviarias orbital (alrededor de Barcelona) y transversal (que cruce Catalunya de este a oeste). El nuevo trazado de trenes orbital es el primero que ERC quiere canalizar a través del consorcio.

La propuesta pactada prevé en realidad dos órganos: el Consorcio, que operará como instrumento de gobernanza y supervisión de las inversiones, y la Sociedad Mercantil, que se encargará de la parte más ejecutiva. Ambos contarán con una participación “paritaria” entre Generalitat y Estado (a través del Ministerio de Transportes), y los planes de inversión del primero se elevarán además al Consejo de Ministros para su aprobación. 

Junts rechaza la idea sin desvelar su voto

Si la iniciativa logrará el aval del Congreso es por ahora una incógnita. Todas las miradas están puestas en Junts, de cuyos siete diputados depende su aprobación. El portavoz de la formación, Josep Rius, no ha desvelado el sentido de sus votos, aunque ha insistido en que no les gusta el nuevo consorcio y lo consideran “innecesario”.

“Para saber los datos de ejecución presupuestaria se pueden saber fácilmente sólo apretando un botón del ordenador, como las balanzas fiscales”, ha expresado. Sólo es cuestión de voluntad política saber y conocer estos datos“, ha añadido. 

Rius ha detallado que su propuesta alternativa es que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando, se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar el año. “Lo perrmite jurídicmente la disposición adicional tercera del Estatut sin necesidad de crear ningún organismo nuevo que ralentiza procesos”, ha concluido.

Durante el acto, la presidenta del Círculo de Economía, Teresa García-Milà, ha valorado que la creación del organismo es un “paso adelante muy importante” y ha afirmado que, en un futuro, debería ir acompañado de un “organismo técnico independiente que no dependa de los ciclos políticos”. También ha apostado por que este espacio sea capaz de guardar el presupuesto que no se ejecute, para que el dinero no “se pierda”.

“Hoy es un gran día”, ha empezado valorando el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, que ha apostado por hacer las cosas “como toca”. Según un estudio de la entidad, Catalunya necesitará una inversión de 53.800 millones de euros en infraestructuras hasta 2043 para ejecutar las actuaciones que necesita la red.

Por su parte, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado que el problema actual es que “en muchos períodos no se ejecuta ni el 50%” del presupuesto total por Catalunya. Por eso, ha apostado por tener instrumentos que, también gracias a la participación de la sociedad civil, garanticen que no se pierde “el coste de oportunidad” y la competitividad del país.

“Respetaremos los marcos legales, pero garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, la planificación y la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Catalunya”. Con esta frase ha solemnizado el president Salvador Illa el compromiso reclamado por ERC para que la Generalitat amplíe su margen de maniobra en materia aeroportuaria, pese a que la gestión de los grandes aeródromos seguirá siendo monopolio de Aena. Con todo, Illa ha anunciado este miércoles que el acuerdo con el Gobierno para que haya avances es “inminente”.

La fórmula que tanto el Govern como los republicanos ven más adecuada es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que pueda recoger competencias de su par estatal, siempre en el campo de la planificación y la ordenación del sector. Esta fórmula, de hecho, ya estaba recogida en el acuerdo de investidura y, ahora, se ha convertido en la gran reclamación de ERC en la negociación de los presupuestos.

Según creen en Esquerra, la creación de esta nueva autoridad otorgaría por primera vez a la Generalitat una voz propia en la gobernanza aeroportuaria de los llamados “aeropuertos de interés general”. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en Catalunya hay dos redes aeroportuarias: la estatal, que encabeza Barcelona El Prat, junto a Reus y Girona, y la autonómica, que cuenta con tres aeródromos de mucho menor tamaño: Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

La nueva Autoridad, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, dará a Catalunya la capacidad de “ordenar, coordinar y reforzar” el sistema aeroportuario en su conjunto, ya que tendrá al alcance tanto los aeropuertos de la Generalitat como los de Aena. Será, subraya el Govern, “una forma de tener voz” y participar en decisiones como la ampliación o nuevas inversiones en infraestructuras de transporte aéreo.

Este no es un asunto controvertido en Catalunya. El PSC está en la línea de ERC y el pasado mes de enero el Govern ya aprobó impulsar el ente, aunque por el momento no ha echado a rodar. Pero, por lo que se sabe, tampoco la creación de este nuevo ente genera dudas en el Ministerio de Transportes, que ya pactaron con Euskadi la creación de un “órgano bilateral” para debatir sobre inversiones o movilidad. Ni el caso catalán ni el vasco está previsto que Aena, como gestor de lo principales aeropuertos, pierda funciones.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este sábado los acuerdos “con los que hacen apología de la intolerancia y la división” después de que los dos ediles del PSC en Ripoll (Girona) facilitaran, con su abstención, la aprobación de los presupuestos de la ultraderechista Sílvia Orriols, alcaldesa de la localidad.

Sin hacer mención explicita a lo ocurrido en Ripoll, Illa ha dedicado parte de su intervención en el consejo nacional del PSC de este sábado a criticar a la extrema derecha “que pone en riesgo al mundo”, en especial los líderes de EE.UU. e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según Illa, ambos mandatarios “no es que simplifiquen la realidad; es que mienten directamente”. Sus gobiernos, ha recordado el president, “empobrecen, dividen y enfrontan a la ciudadanía”, algo que ha rechazado con contundencia.

“A los socialistas siempre nos encontrarán en el diálogo y los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Catalunya, y nunca en acuerdos con los que hacen apología de la intolerancia y la división”, ha aseverado el president y primer secretario del PSC.

Los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pusieron este viernes sus cargos a disposición del partido tras asumir como “error” la abstención de ambos en el pleno que facilitó la aprobación de los presupuestos a la alcaldesa de la localidad, la líder de la formación de ultraderecha independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista de Ripoll explicó que comparte el criterio de la dirección de la Federación del PSC de las comarcas de Girona, que expresó su “desacuerdo absoluto” con el sentido de la votación que permitió que el partido ultraderechista sacara adelante las cuentas. La decisión de los dos ediles también dejó a contrapie a Illa, que no duda en confrontar con Orriols durante los debates en el Parlament.

Illa ha recordado la socialista Carme Chacón y su deseo de hacer de España y Catalunya “agentes en favor de la paz”. “Sí a la paz, no a la guerra”, ha sentenciado entre aplausos. Illa también ha apoyado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender los acuerdos de Europa con Israel: “No se hacen transacciones con los valores ni se tiene una doble vara de medir con los valores”. “Hoy ser progresista se ha convertido en una urgencia moral”, ha sentenciado el president.

Violeta vive en Vilanova i la Geltrú desde hace cinco años y siempre había optado por el tren para acudir a su puesto de trabajo, en Barcelona. “La R2 nunca ha funcionado bien, pero solo la cogía una o dos veces por semana”, comenta esta diseñadora, que tiene la suerte de poder teletrabajar la mayoría de jornadas.

Tras la peor crisis de Rodalies que se recuerda, que comenzó hace dos meses, Violeta se ha decantado por transportes alternativos, como el autobús, e incluso ha pensado en comprarse un vehículo.

La historia de Violeta es la de muchos usuarios que han visto como, lejos de estar ante un episodio puntual aunque repetitivo, los accidentes en Adamuz y Gelida del 18 y 20 de enero supusieron un antes y un después en Rodalies. La crisis ferroviaria en Catalunya se ha enquistado y el Govern ya habla del mes de mayo como fecha en la que podrían recuperar la situación anterior a la debacle de enero pasado.

Que Rodalies experimente una mejora objetiva respecto a años anteriores, como era la promesa inicial del Govern, ya no es un objetivo que se formule en presente. Solo aparece, según indició en el Parlament el propio president Salvador Illa, en las previsiones a largo plazo.

Dos meses después de la inédita suspensión total del servicio ferroviario, Rodalies y Regionals aún sufren una decena de cortes permanentes, entre ellos dos de gran afectación para los viajeros, como son la R2Sud y la R3, la primera operando en vía única y la segunda con un tramo central sin circulación. Entre las dos, en un día laborable de alta movilidad, solían sumar 140.000 usuarios diarios.

La infraestructura también soporta 183 limitaciones temporales de velocidad, las llamadas LTV, según los datos que Adif distribuye internamente y a los que ha podido acceder elDiario.es para la semana entre el 20 y el 27 de marzo. La plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) denuncia a la vez que hay 11 grandes obras pendientes que han quedado aplazadas. Y todo esto implica, para el usuario, retrasos generalizados, trenes que no pasan o que quedan parados a medio trayecto durante demasiado tiempo.

La Generalitat ha habilitado servicios alternativos por carretera que, pese al caos inicial, han acabado suponiendo un sustitutivo imprescindible para muchos viajeros. Pero eso tiene consecuencias: los usuarios están huyendo a la carretera y los expertos avisan que no será fácil que vuelvan al tren.

“El viajero ha perdido la confianza y costará que la recupere. Además, los servicios alternativos están funcionando bien, muchas veces incluso mejor de lo que funcionaban los trenes antes, por lo que muchos preferirán seguir en bus. El problema es que el volumen de personas que se mueven diariamente en Catalunya no puede hacerse por carretera, por un tema de capacidad”, explica Joan Carles Salmerón, del Centre d'Estudis del Transport Terminus.

Limitaciones temporales de velocidad: un rosario de incidencias

En la rueda de prensa del Govern del pasado martes, la consellera Sílvia Paneque reconoció que la tardanza en recuperar la situación anterior al 20 de enero refleja un estado “pésimo” del mantenimiento de la red, que es competencia de Adif. La responsable catalana de Territorio detalló además que, por el momento, la empresa ha hecho obras de emergencia por valor de 110 millones de euros y mantiene desplegados en Rodalies a 368 trabajadores.

Las 183 limitaciones temporales de velocidad señalan aquellos puntos de la red ferroviaria o tramos por los que los trenes han de pasar a una velocidad menor a la habitual, porque hay obras, un problema o cualquier otra incidencia. Estas limitaciones, que las autoridades han mantenido siempre ocultas, se han convertido en un indicador que evalúa el estado de la red ferroviaria.

En la práctica, un punto con una reducción temporal de la velocidad es simplemente una zona en la que maquinistas y gestores de la vía, es decir, Renfe y Adif, han considerado recomendable que los trenes pasen a una velocidad menor. Sin embargo, en este momento, revelan un rosario de incidencias.

“En las vías de tren siempre puede haber LTV, como pasa en las carreteras”, razona Salmerón, “pero si tienes más de un centenar de puntos así y si algunos, en vez de ser temporales, llevan años, lo que indica es que tienes una infraestructura demasiado vulnerable”.

Desde el accidente de Gelida en el que perdió la vida un joven maquinista, en la red de cercanías catalana se han multiplicado las LTV. Las razones son múltiples: los destrozos del temporal Harry, el mayor celo de los propios maquinistas o la especial preocupación de las administraciones por evitar incidentes. Los tres argumentos son habituales en el sector, pero nadie se acaba de explicar por qué estos puntos negros, en vez de reducirse, algunas semanas suben.

El Govern asegura que está rebajando el número y trata de mantener la imagen de control sobre un servicio público del que la Generalitat es titular. Las organizaciones de usuarios, sin embargo, optan con frecuencia por puentear a la administración catalana y dirigirse directamente al Ministerio de Transportes, del que depende Renfe y Adif, y que consideran que ostenta la autoridad real.

Temporal, desinversión y conflicto laboral crónico

La respuesta habitual de las autoridades cuando se les pregunta por la crisis permanente en Rodalies es, ahora, el temporal Harry, que azotó Catalunya a finales de enero pasado. El evento climático, que dejó destrozos importantes aunque sobre todo en las zonas más litorales, no fue sin embargo un episodio meteorológico especialmente extremo.

“Después de pasar por Catalunya, aquel temporal golpeó Cerdeña o Sicilia. En Sicilia, las afectaciones ferroviarias duraron 10 días. Y tienen una red amplia y muy litoral, pero la tienen mejor mantenida que nosotros”, reflexiona Salmerón.

Además de las LTV, esta semana la plataforma de Promoció del Transport Públic ha denunciado el retraso de hasta 11 proyectos de máxima urgencia para la red. “De las 15 actuaciones clave y que aparecen en el plan Rodalies frecuentemente, en 11 casos sus estudios, que ya se debían haber aprobado, han quedado retrasados. Tenemos varios con retrasos de más de dos años. Por ejemplo, la estación intermodal del Camp de Tarragona, la estación técnica del Prat, o el desdoblamiento Centelles-Vic”, explica Adrià Ramírez, presidente de la PTP.

Según denuncia esta entidad, “sin estudios no hay proyectos y, sin proyectos, no hay obras”. Esos retrasos son un lastre más para la red, de los que culpan directamente al Ministerio de Transportes. “Nunca sabes hasta qué punto es incompetencia o mala fe”, indica Ramírez, que habla de “despriorización endémica de las redes de Cercanías que no son la de Madrid”.

Fuentes del sector reconocen que, si bien el mal estado de la infraestructura es innegable, el conflicto laboral que los maquinistas de Renfe mantienen con la empresa, muy especialmente en Catalunya, es también un factor clave para explicar que dos meses después la situación en Rodalies siga siendo un desastre.

“En la R2Sud los maquinistas han rechazado los nuevos horarios decretados por la empresa. Mantienen los de semanas atrás, lo que hace que ningún tren salga a su hora”, comenta una fuente conocedora de la situación de los ferroviarios como un “ejemplo entre muchos”. “Lo que los usuarios encuentran cada día en Rodalies es producto de muchas cosas, pero una de ellas es la incapacidad de resolver un conflicto laboral en Renfe que ya no dura meses sino años”, añaden estas mismas fuentes.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este martes el Govern aprobará un primer paquete de ayudas de hasta 400 millones de euros a las empresas afectadas por la guerra en Oriente Medio. El plan incluirá un total de 40 medidas con ayudas directas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación para proteger tanto a las familias como al tejido productivo, especialmente a los sectores más afectados como el transporte, la agricultura y la pesca.

Illa ha avanzado que este paquete “será ampliado según la evolución del conflicto” y ha remarcado que las ayudas a empresas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. También ha pedido al resto de fuerzas políticas no sacar “rédito político” del conflicto bélico, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

En una jornada organizada por el diario Expansión, el jefe del ejecutivo catalán ha subrayado que el objetivo principal es “proteger el poder adquisitivo de las familias y trabajadores” ante el aumento de los costes energéticos y de los productos básicos, así como garantizar la continuidad de la actividad económica.

El plan contempla medidas específicas para facilitar que los hogares vulnerables puedan hacer frente a gastos como la alimentación y los suministros energéticos, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

Illa ha enmarcado estas actuaciones dentro de una respuesta más amplia coordinada con el Gobierno y la Unión Europea, y ha defendido que “la mejor manera de protegernos es actuar con la máxima unidad y coordinación”.

El president ha valorado positivamente la reacción europea en defensa de la paz y del derecho internacional y ha insistido en que la fortaleza del modelo europeo está en la solidaridad y la cooperación entre estados.

Asimismo, ha defendido la necesidad de que las administraciones intervengan en situaciones excepcionales para garantizar los derechos de la ciudadanía y estabilizar la economía, de forma similar a cómo se actúa en otros ámbitos como la vivienda.

El president ha llamado a la “unidad, responsabilidad y consenso” de todos los actores políticos, económicos y sociales, y ha advertido de que “no es el momento de intentar sacar rédito político” del conflicto. En esta línea, ha apelado también a las grandes empresas y al sistema financiero para que actúen con responsabilidad y eviten “beneficios extraordinarios” en un contexto de crisis.

El Govern de Salvador Illa se ha visto obligado a hacer lo que ningún otro Ejecutivo había hecho antes: retirar unos presupuestos que ya habían entrado en el Parlament para evitar un varapalo mayor en el pleno. De fondo, una desconfianza de ida y vuelta entre Oriol Junqueras y el president de la Generalitat que se ha incrementado en las últimas semanas debido a la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer gestos a favor de la cesión del IRPF a Catalunya. Y, la consecuencia práctica, una mayoría de la investidura rota e incapaz de pactar unas cuentas cuando Illa ya ha cumplido el año y medio en el cargo.

A la retirada de las cuentas se le colgaron este miércoles etiquetas diametralmente diferentes dependiendo del orador. El president aseguró por la mañana que eran una muestra de “estabilidad y responsabilidad”. Junts, por la tarde, no dudaba en hablar de “fracaso”. Se unían todas las formaciones de la derecha, hablando de “inestabilidad”, “desgobierno” o incluso “estafa”. ERC no eludió críticas, pues entiende que las cuentas no eran ambiciosas, y exigió volver al acuerdo de investidura, pero también tendió la mano a Illa para volverse a entender.

Este puente que los republicanos mantienen abierto es la mayor esperanza del Govern, que confía en ser capaz de rectificar la situación. Illa aseguró en el pleno que él pensaba acabar el camino con quien lo había empezado, es decir, junto a ERC y Comuns, pero también dejó claro que su intención era estar en la silla de la presidencia “mucho tiempo”, para cortar de raíz los rumores electorales. Este mismo jueves el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de más de 5.988 millones de euros para evitar que la retirada de las cuentas genere problemas en los pagos de la Generalitat.

Pero, a medio plazo, Illa no ha renunciado a aprobar unos presupuestos, que serían los primeros que llevasen estampada su firma. Al contrario, si ha optado por pagar el precio político de dar marcha atrás al proyecto de ley no es porque temiese un revolcón parlamentario, sino porque considera que aún puede aprobarlas, según indican fuentes del Govern. La fecha límite está escrita en el comunicado conjunto firmado entre PSC y ERC: “antes de acabar el actual periodo de sesiones”. Es decir, como tarde, en junio.

Esta fecha puede parecer lejana, pero, a falta de acuerdo inmediato, da aire a ambas partes. ERC puede ir vinculando los presupuestos a otros acuerdos con el Govern, en materia de infraestructuras o sociales, donde se esperan avances. Por su parte, el PSC gana oxígeno para esperar la sucesión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y que, hasta ahora, ha sido uno de los muros para que se materialice el acuerdo sobre la gestión catalana del IRPF alcanzado entre socialistas y republicanos.

Según está anunciado, Montero será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, unos comicios que se celebrarán, según se estima, a finales de mayo. Si ese calendario se cumple, no queda demasiado para que la cartera de Hacienda pase a otra persona, quien podría tener más sencillo hacer guiños hacia Catalunya.

Esto es lo que esperan, al menos, tanto Illa como Junqueras, quienes están haciendo esfuerzos ímprobos para evitar una ruptura indeseada para las dos formaciones y que dejaría la legislatura en punto muerto. Los dos líderes son muy conscientes de la necesidad de aprobar nuevas cuentas, que en Catalunya llevan ya dos ejercicios prorrogadas. Más aún cuando el próximo año que viene tocan las elecciones municipales, un periodo siempre complicado para los presupuestos y que, 2028, volvería a ser año electoral en Catalunya si Illa no opta por una convocatoria anticipada.

En los calendarios del Govern, 2026 debía ser el año de consolidación. Desde la investidura en agosto de 2024, el equipo de Illa había sembrado proyectos que debían dar frutos a principios de este año, como la compra de material en Rodalies, los acuerdos en torno a la financiación o la puesta en marcha de algunas políticas como la reforma de la administración. Pero la entrada de este año no ha sido como los socialistas esperaban y han debido sortear diversos obstáculos, como la crisis ferroviaria o las dificultades para alinear sus acuerdos con Hacienda. Dejar para más adelante los presupuestos supone, en este contexto, ganar un tiempo muy preciado.

El Govern ha pactado con ERC retirar los presupuestos para ganar tiempo para negociar, pese a que hasta este mismo martes había asegurado que no daría marcha atrás con las cuentas que ya había llevado al Parlament.

“Ahora más que nunca, Catalunya necesita estabilidad y responsabilidad”, ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaración institucional sin aceptar preguntas de la prensa.

El president ha mantenido la mano tendida a ERC: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”. Illa ha avanzado que los acuerdos previos con los agentes sociales y los Comuns se mantendrán en las nuevas cuentas, y ha llamado a los republicanos al pacto porque “la responsabilidad lleva el nombre de presupuestos”.

El pacto de mínimos entre ambos partidos llega tras constatar que el Ejecutivo catalán no obtendría los apoyos suficientes para aprobar las cuentas este viernes, cuando debían votarse las enmiendas a la totalidad, después de que ERC condicionase su apoyo a un gesto del Gobierno a favor de la cesión de la recaudación del IRPF en Catalunya.

En un comunicado conjunto, PSC y ERC han valorado positivamente la negociación que han mantenido hasta el momento y se han comprometido a aprobar unas nuevas cuentas “antes de que finalice el actual periodo de sesiones”, esto es, antes del verano.

La idea del Govern es volver a presentar las cuentas cuando haya acuerdo. Además, este jueves el Ejecutivo aprobará un suplemento de crédito único para garantizar que la Generalitat dispone de todos los recursos necesarios sin nuevos presupuestos. Es la primera vez que un Govern catalán retira las cuentas después de presentarlas en la Cámara.

IRPF: no es línea roja pero sí muy importante para ERC

La recaudación catalana del IRPF ha sido la cuestión que llevado al choque de trenes entre PSC y ERC que, finalmente, se ha salvador con la retirada de la tramitación de las cuentas. Por esta razón, una de las principales incógnitas es que pasará a partir de ahora con la cesión del impuesto de la renta, con la mirada puesta al momento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje su cartera en los próximos meses para centrarse en la campaña de las elecciones andaluzas.

En la rueda de prensa ofrecida tras el acuerdo, Junqueras ha evitado considerar el IRPF como una línea roja en la nueva negociación de los presupuestos, aunque sí ha dicho que es una cuestión “muy importante. ”ERC quiere unos presupuestos en el marco del acuerdo de investidura, un acuerdo que contembla la cesión del IRPF“, ha recordado Junqueras, que ha insistido que si el Govern tiene alguna propuesta alternativa, debe ofrecerla para que la puedan valorar.

El jefe republicano no ha aclarado las condiciones para que ERC apoye unas nuevas cuentas en junio, más allá de asegurar que uno de los requisitos es que no se envíen a la Cámara antes de pactarlas con ellos. “No nos hemos querido conformar con una propuesta que era claramente insuficiente y que se habían presentado de forma unilateral”, ha asegurado el presidente de Esquerra.

“Queremos negociar presupuestos y acordar unos buenos presupuestos”, ha dicho Junqueras. El líder de ERC ha reclamado además “ayuda” a los agentes sociales y a todos los ámbitos institucionales para conseguir unas cuentas “lo más ambiciosas posibles”.

ERC se ha impuesto, por ahora, en su pulso al Govern por el IRPF. Para retirar su enmienda a la totalidad, los republicanos pusieron como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez diese garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figuraba en el acuerdo de investidura de Illa pero que los socialistas temían que enturbiara sus perspectivas electorales en Andalucía.

Al no haber ningún gesto en favor de la cesión del impuesto ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ERC ha mantenido su negativa a las cuentas de Illa, que sí contaban con el aval de los Comuns.

Además de los “acuerdos políticos, económicos y sociales previos”, PSC y ERC se han comprometido a incluir en las nuevas cuentas un “escudo social” para proteger a los sectores más afectados por la situación internacional.

La consellera de Economia del Govern, Alicia Romero, ha avisado este lunes de que si no se aprueban los presupuestos a la mayor brevedad la Generalitat podría tener problemas para pagar las nóminas de los funcionarios. “Si esto sigue así [a partir del mes de abril] habrá dificultades para realizar pagos de nóminas y tendremos que retener dinero de los departamentos para pagar a bomberos, Mossos, maestros o agentes rurales”“, ha explicado la consellera en una rueda de prensa.

El Govern considera además que aprobar los presupuestos en junio, tal y como ha planteado ERC, es muy tarde y complica la situación de las cuentas de la Generalitat. La consellera ha reiterado que hay “margen” para la negociación con los republicanos, a los que ha vuelto a llamar a la “responsabilidad” para “exprimir al máximo” los días que queden antes de que la ley llegue al debate a la totalidad en el Parlament.

“Se me hace difícil no pensar que el viernes se iniciará la tramitación del presupuesto”, ha dicho Romero. También ha mencionado la “incertidumbre” por la guerra en Irán y ha apuntado que el Consell Executiu de la próxima semana podría aprobar un primer paquete de medidas, que “complementen” los que presentará el viernes el gobierno español.

Según ha explicado Romero este lunes, el Gobierno ya mantiene “conversaciones” con el Gobierno central para saber “hacia dónde van” las medidas que presentará esta semana. La consellera de Economia ha explicado que quieren “coordinarse” para “dar la mejor respuesta posible” porque hay algunos elementos donde las competencias son del Estado, por ejemplo las bonificaciones de impuestos de energía. Asimismo, ha explicado que tras los encuentros que mantuvieron el viernes, Junts, Comuns y agentes sociales les han hecho llegar sus propuestas, que están estudiando.

En cuanto a los presupuestos, Romero ha defendido que si la aprobación se demora hasta junio, supone “mucha dificultad” para ejecutarlo. “Los ciudadanos nos piden que sigamos eficientes y eficaces con los recursos, ahora la situación es difícil porque ni tenemos presupuestos ni tenemos suplementos”, ha dicho.

Un viaje a Madrid, un encuentro secreto con Pedro Sánchez y una llamada con María Jesús Montero son los tres ingredientes de la ruptura de la confianza de Oriol Junqueras en Salvador Illa que ha llevado a la legislatura catalana al momento más delicado en dos años. El líder de ERC creía tener el compromiso del PSC de que moverían al Gobierno a favor del traspaso del IRPF a Catalunya, pero el día 20 de febrero constató que el Ministerio de Hacienda no pensaba ceder en este tema.

Lo que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladó a Junqueras por teléfono ese día fue un posicionamiento claro y rotundo sobre la transferencia del IRPF. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, aseguró la ministra, después de que Junqueras le dijese que en el Govern le habían asegurado que estaban trabajando para conseguir la recaudación del impuesto sobre la renta.

Según fuentes conocedoras de la conversación, la titular de Hacienda aún fue más tajante cuando le dijo al líder de ERC: “Esto no es el posicionamiento de María Jesús Montero, esto es el posicionamiento del Gobierno de España”. Una afirmación que trataba de dejar claro que no había brechas posibles en el Ejecutivo central a las que nadie pudiese agarrarse.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la posición del Gobierno “se ha expresado reiteradamente y se firmó en la última bilateral”. “El Gobierno es partidario de que las comunidades autónomas asuman más competencias en recaudación y gestión de IRPF, pero siempre en un trabajo en red y de cooperación”, recuerdan estas mismas fuentes.

Ante esto, la cúpula de los republicanos se sintió engañada, aunque en público tratan de evitar esa palabra. En la dirección de Esquerra aseguran que el PSC siempre les había prometido que veían posible un acuerdo para lograr la cesión del IRPF. Por eso Junqueras fue a Madrid el penúltimo viernes de febrero y se vio con Sánchez en la Moncloa, en un encuentro que no aparecía en las agendas.

“El objetivo era negociar sobre el IRPF”, indican en ERC, que ya habían aceptado que la recaudación comenzase en 2028, pero deseaban comenzar a tratar cómo encajar la ley que debe permitir a la Agència Tributària de Catalunya prepararse a nivel técnico y laboral para ese momento.

ERC había presentado en septiembre una proposición de ley para habilitar la cesión del IRPF a la Generalitat. Una iniciativa que, sin embargo, fue retirada por la propia formación el 16 de febrero, para facilitar la negociación. Era el PSC, afirman fuentes republicanas, quien les había convencido de que era preferible no ir al choque con esta propuesta y tratar de encauzarla de otra forma, quizás como enmienda a la ley de modelo de financiación.

Pero cuatro días después de esa retirada, ERC descubrió que no había ninguna posibilidad de negociar esta cuestión, porque el Gobierno no lo contemplaba. Una situación que dejó tocadas las relaciones entre Junqueras e Illa, aunque no las rompió. Equipos de ambos partidos siguen viéndose de forma regular, la última vez este mismo jueves.

Illa lleva los presupuestos al Parlament

La llamada de Montero no rompió los contactos entre Junqueras y el Govern, pero sí supuso un antes y un después en la posición de ERC respecto a los presupuestos de Illa. Los independentistas siempre había vinculado el voto favorable a todas las cuentas –las catalanas pero también las del Gobierno central– a un acuerdo en materia de cesión fiscal, que ahora consideran prácticamente evaporado.

Pese a que el contexto no era favorable, a Illa le urgía acelerar su proyecto económico, tal como se había comprometido a hacer en el primer trimestre del año. Así que optó por llevar los presupuestos al Parlament tras haber llegado a un acuerdo con los Comuns, pero sin ligar el pacto con ERC. Un gesto que Junqueras entendió como un desafío, al que respondió en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”, afirmó entonces el republicano, que presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas en el Parlament.

Las posiciones han seguido enrocadas y sin cambios. ERC asegura que sigue abierta a un cambio de postura en el Gobierno pero, si no se produce, advierte que no le temblará el pulso para votar en contra de los presupuestos el próximo viernes. “Esto no es una táctica negociadora, no nos estamos haciendo los duros”, insisten en el partido. “Los presupuestos caerán si no pasa una de estas dos cosas: que Illa los retire o que el Gobierno se mueva”, zanjan.

Una posible retirada de las cuentas es la opción que el equipo de Junqueras está ofreciendo al departamento de Economía, algo que en ERC entienden que sería una buena forma de salvar la relación. En el Govern, por su parte, insisten en que están dando todas las garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sus socios y que las palabras de Illa han sido explícitas sobre la recaudación del IRPF, que opinan que acabará llegando.

Esta es la situación de bloqueo en la que llega la política catalana a una semana decisiva para la legislatura de Salvador Illa. Si el próximo viernes las cuentas caen, se abre un abismo de incierta salida. Las elecciones en Catalunya que no convienen a nadie pero que todos han comenzado a invocar han dejado de ser una fantasía etérea para convertirse en una posibilidad que ningún partido descarta.

Salvador Illa y ERC han vuelto a verse las caras en el Parlament, en plena cuenta atrás para que los presupuestos del Govern queden rechazados o sigan su tramitación parlamentaria el viernes de la semana que viene. Los republicanos han aprovechado la sesión de control para ser más explícitos que en semanas anteriores y han condicionado su apoyo a las cuentas a que el president sea exigente con el PSOE para que Catalunya pueda recaudar el IRPF.

Los republicanos llevan semanas exigiendo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenifique un compromiso público con la ley que permitiría desplegar la Agència Tributària de Catalunya para que, en el futuro, ésta pueda asumir la recaudación del IRPF. Un gesto que en el Gobierno preferirían no hacer, entre otras razones, debido a que Montero es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que deberían convocarse para finales de primavera.

“Cuando hablamos de avances en soberanía tal y como los teníamos firmados, entonces aparece el lazo de siempre, su sumisión al PSOE y a sus intereses electorales”, ha censurado el portavoz de Esquerra, Josep María Jové. “No vuelva a cometer el mismo error que con el Estatut en 2006, cuando desde la Moncloa suprimieron el artículo 1 y la recaudación de todos los impuestos”, ha continuado Jové.

En su turno de réplica, el president ha hecho un “balance positivo” de los acuerdos alcanzados para su investidura. “No están todos cumplidos, pero hacemos un balance positivo”, ha remarcado Illa, que ha vuelto a prometer con solemnidad su compromiso para cumplir con todos los pactos suscritos con sus socios.

Illa ha asegurado que él no pretende “presionar a nadie” pero que tampoco “se deja presionar”, en referencia a la demanda que Jové le había hecho para que apriete al máximo a Montero.

Además, Illa le ha recordado que en el año 2023 el PSC apoyó las cuentas de Pere Aragonès, aunque en aquel momento Illa lo hizo después de que ERC cediera en cuestiones como matizar su oposición ala ampliación del Aeropuerto, el Hard Rock o el llamado cuarto cinturón. “Extiendo la mano desde el Govern de Catalunya para escuchar a todo el mundo y que podamos tener presupuestos”, ha insistido Illa este miércoles.

Según reconoció el Govern este martes, las negociaciones con ERC para las cuentas están encalladas en el mismo punto desde hace semanas, ya que los republicanos rechazan entrar a debatir sobre puntos concretos si no hay antes un movimiento desde el Gobierno. En concreto, ERC había situado el momento idóneo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde consideraban oportuno que la ministra confirmase ante las autonomías su apoyo a que Catalunya asumiera la recaudación del IRPF.

Unir las ciudades de Lleida y Barcelona a través de una nueva línea de alta velocidad es una idea que comparten el Ministerio de Transportes y el Govern de la Generalitat. Pero la fórmula por la que apuestan ambas administraciones se parece poco. Este martes el Govern ha aprobado la puesta en marcha de los trabajos para acelerar el llamado eje transversal ferroviario entre Lleida y Girona, un proyecto que aparece desde hace dos décadas en todas las estrategias de trenes en Catalunya pero que ahora serviría además para encauzar los planes del Ministerio de Óscar Puente.

“Se trata de estable runa nueva ruta de mercancías y viajeros y que tendría en el mapa ferroviario el impacto que tuvo el eje transversal por carretera”, ha explicado la consellera de Territorio en la rueda de prensa semanal del Govern, donde además actúa como portavoz. Sílvia Paneque ha anunciado que el encargo de actualizar los estudios se le hace a Ifercat, la Adif catalana, lo que también es una forma dar un empujón a las empresas ferroviarias de la propia Generalitat.

Este nuevo impulso al mapa ferroviario llega después de una profunda crisis en Rodalies de la que el Govern trata de pasar página. Con todo, en el Departamento reconocen que los problemas aún persisten, centrados sobre todo en los tramos de velocidad limitada y en que el servicio de Renfe aún no utiliza el túnel de Rubí.

El objetivo del Govern, ha explicado, Paneque, es realizar un “trabajo conjunto que complemente el anuncio del Ministerio y que evite que haya contradicciones por el mismo territorio”. Desde la conselleria insisten en que ambos proyectos son compatibles aunque, mirados con detalle, las diferencias de concepción son evidentes.

Óscar Puente anunció en noviembre pasado una nueva conexión entre Madrid y Barcelona “en menos de dos horas” y con trenes a 350 kilómetros por hora, un tren bala que competiría con la velocidad real a la que operan actualmente los Fuxing chinos, considerados los trenes más rápidos del mundo.

El Ministerio trataba de solventar así un problema de carga en el tramo entre Camp de Tarragona y Barcelona, que se espera que soporte muchos más trenes, sobre todo de mercancías, cuando el corredor mediterráneo esté definitivamente terminado. La idea de Adif era un nuevo ramal entre Lleida y Barcelona por la Catalunya central y que entrase en la capital catalana por la estación de la Sagrera, en el norte, evitando la congestionada zona del Penedès y el Baix Llobregat.

El Govern, por su parte, ve posibilidades en esta idea, pero considera que debe ser embridada dentro de un proyecto que dé servicio a los municipios del interior. Para ello, pretende adecuar el viejo proyecto del Eje Transversal, centrándose inicialmente en el tramo entre Lleida y Martorell, que es la zona en la que el Ministerio se ha fijado.

En concreto, el departamento de Territorio preferiría un tren a mucha menos velocidad, que pudiera hacer parada en hasta 10 ciudades: Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Martorell, en el primer tramo, y Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners y el aeropuerto de Girona, en una segunda fase.

El objetivo, ha asegurado Paneque, es “quitar el polvo a carpetas encalladas” y disponer cuanto antes de un documento técnico presentable para poder hacer una propuesta concreta al Ministerio de Transportes. La idea es evitar duplicidades y, también, que a Catalunya llegue un proyecto sin consenso con el territorio, para lo que formarán una comisión mixta a imagen de la que ya formaron para decidir la ampliación del aeropuerto de El Prat.

En cuanto al calendario, los estudios deberán finalizar en un año y medio, lo que permitiría comenzar a dibujar los proyectos entre 2028 y 2009. Sería entonces cuando comenzaría la construcción de una obra que en su día se valoró en más de 12.000 millones de euros, lo que según algunos expertos es demasiado atendiendo a la demanda que podría tener.

Desde la plataforma para la Promoció del Transport Públic (PTP), su presidente Adrià Ramírez recuerda que desde la entidad siempre han considerado positivo que se “planifique a largo plazo” y este proyecto “sin duda, lo es”. Sin embargo, consideran que hay otras actuaciones más urgentes.

“Hay que priorizar otros proyectos, como la duplicación de la R3 o la cuadruplicación de la R2 Sur, así como obras que permitan ampliar mucho la carga de ciertas estaciones”, explica Ramírez, quien también señala la necesidad de actuar para que el corredor del Penedès no se convierta en un cuello de botella.

“Una vez de una escoba salió un tiro”, solía decirse a los niños —al menos a mí me lo decían— para advertirles de que, con las cosas peligrosas, es mejor no bajar nunca la guardia. Pero amagar con lo que uno en realidad no desea y enseñarle al contrario las orejas del lobo es, también, una estratagema habitual en diferentes contextos. En los juegos de naipes se le llaman faroles y, en política, una negociación normal y corriente.

La política catalana lleva una semana con la respiración contenida a la espera del desenlace sobre los primeros presupuestos de Salvador Illa. Están en manos de ERC y a nadie se le escapa que son la prueba definitiva sobre la estabilidad del Govern.

El acuerdo para que haya cuentas no está cerrado y ni siquiera se atisba cercano, pues los republicanos reclaman movimientos del Ministerio de Hacienda a favor de su propuesta para que Catalunya recaude el IRPF. Es un compromiso que ERC arrancó al PSC en la investidura, pero que en el Gobierno ven ahora difícil de digerir en crudo. En Hacienda preferirían una solución escalonada en forma de consorcio fiscal, algo que Esquerra cree que suena demasiado al programa electoral del PSC, donde se incluía esa medida.

Nadie está parado, tampoco la cuenta atrás. La negociación está en marcha y se produce a diversas bandas, tal como ha ocurrido hasta el momento, pero ahora con más prisa. Todos, Ministerio, Govern y ERC, creen que hay margen para el acuerdo y que lo más probable es que este se acabe alcanzando antes del 20 de marzo, día límite para retirar la enmienda a la totalidad.

Pero el runrún de un posible adelanto electoral en Catalunya si finalmente no hay presupuestos ha comenzado a sonar, en parte como estrategia de presión pero en parte, también, como salida lógica para Illa después de haber lanzado el envite de llevar las cuentas al Parlament antes de ligarlas.

En el lado opuesto de la balanza, el principal argumento contra la hipótesis electoral es el análisis que hacen los propios actores implicados en la negociación. A pocos les convendría ahora un aborto abrupto de la legislatura y que Catalunya volviese a poner las urnas en, como pronto, el mes de mayo. Y, desde luego, ninguno de los posibles beneficiados de esa maniobra está en el Govern ni en ERC, y ni siquiera en Junts, sino en formaciones de cuño ultra a un lado y otro del espectro nacional.

En la última rueda de prensa ofrecida por Illa para hacer balance de 2025, el pasado 23 de diciembre el president descartó con claridad la posibilidad de unas elecciones incluso si ERC le tumbaba las cuentas. “El horizonte de la legislatura en Catalunya es de cuatro años y termina en 2028”, aseguró. Tras utilizar una fórmula tan clásica como “solo contemplo que haya presupuestos”, Illa también admitió que ponía la “estabilidad” por delante de todo lo demás, por lo que alejó la convocatoria electoral incluso en el peor caso.

El Govern tiene en las encuestas las mejores razones para tratar de alejarse de un final abrupto de la legislatura. El último CEO preveía un ligero descenso de los partidos que dan apoyo a Illa, lo que le dejaría a un voto de la investidura si se repitieran las alianzas de agosto de 2024. No hay en Catalunya sondeos que prevean una debacle socialista, pero tampoco ninguno que vea la mayoría tan consolidada como para poder prescindir de la cautela.

En ERC ocurre algo similar, con una circunstancia añadida. Si bien el partido está ligeramente al alza en los sondeos, Oriol Junqueras sigue estando inhabilitado para presentarse a unas elecciones. Por eso los republicanos no tienen nada que ganar en una carrera electoral.

Esa situación legal del líder republicano es la que lleva a pensar a algunas voces en Madrid que poner la carta del adelanto sobre la mesa podría asustar a la dirección independentista. En el círculo de Junqueras lo ven al revés. “No somos nosotros los que peor saldríamos de un adelanto electoral”, razonan en ERC.

Los republicanos saben mejor que nadie que, como pasa con las escobas, los adelantos electorales también los carga el diablo. Más aún cuando Illa debería someterse a una nueva carrera electoral con la mayoría de sus grandes proyectos de gobierno a medias. Otra cosa es que, tanto en Palau como en la cúpula de ERC, saben que en un momento así solo pueden emitir el mensaje de que están preparados para cualquier escenario.

Una derivada que sí podría cambiarlo todo es la conexión entre el calendario electoral catalán y español. En paralelo a los rumores sobre Catalunya, algunos analistas han comenzado a hablar de la posibilidad de un “superdomingo electoral”, es decir, hacer coincidir en un mismo día generales, andaluzas y catalanas.

Más allá del fundamento que tenga esta idea, lo cierto es que el PSC en los últimos años ha intentado españolizar todo lo posible las campañas electorales porque Sánchez moviliza mucho a sus votantes catalanes. A ERC le pasa lo contrario: necesita que en las elecciones catalanas se hable de temas catalanes para tener mejores opciones.

Por eso, una cosa es que Illa pueda descartar lanzarse solo a un adelanto electoral y otra qué haría si, efectivamente, Sánchez aprovecha el momento internacional para tratar de revalidarse en las urnas. Y, por eso, para ERC la amenaza electoral catalana es una amenaza menor, pero un superdomingo es una razón de más peso para avenirse a pactar unos presupuestos catalanes que cortocircuitarían esa opción.

El Govern ha dado el pistoletazo de salida este viernes al periplo parlamentario de los primeros presupuestos bajo la presidencia de Salvador Illa. Unas cuentas que llegan a la Cámara sin tener suficientes apoyos, por las recientes turbulencias con ERC, pero que el Departament de Economía confía en que acabarán seduciendo a sus socios por su contenido. Para comenzar, porque incluyen un gasto récord en vivienda y, también, crear hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores.

Las cuentas elaboradoras por la consellera Alicia Romero suman 49.162 millones en total, una cifra que mejora un 10% el presupuesto que manejó la Generalitat en 2025, cuando contó con suplementos de crédito para sostener la prórroga presupuestaria. En total hay, por tanto, se contemplan 4.604 millones más para repartir entre los departamentos.

Respecto a los presupuestos de 2023, entre las grandes consejerías que más aumentan están Territorio y Vivienda (35%), Interior (34,5%) y Derechos Sociales (28%). Educación crece algo por encima de la media pero Salud, en cambio, queda algo por debajo. Con todo, entre ambos departamentos contarán con algo más de 4.000 millones de euros respecto al presupuesto anterior, lo que el Govern espera convertir en personal, con 5.911 plazas sanitarias y 4.162 para profesores.

En el ámbito sanitario, los presupuestos contemplan además 616 millones más para la atención primaria, lo que haría que este ámbito ocupe el 31% del gasto del sistema. En las escuelas, una de las prioridades es aumentar las becas para transporte y comedor, que recibirán 253 millones más.

El transporte público también tiene una partida destacada, con 194 millones que inyectará el Govern para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove. Además, hay 311 millones para invertir en infraestructuras de ferrocarril y metro, que se suman a los 355 que se pagarán a Renfe para operar el servicio de Rodalies.

Vivienda e inversiones

El Govern ha cerrado ya el acuerdo con los Comuns, que como medida estrella incorporó la ley contra la compra especulativa de pisos. Pero esta priorización de la vivienda también se nota en las cuentas, que arrojan una cifra récord para esta partida. El Govern prevé gastar 803 millones en estas políticas, de las cuales unos 300 irán destinados a la construcción de VPO. Adicionalmente, el Institut Català de Finances tiene una bolsa de 600 millones para destinarla a préstamos para la adquisición y construcción de vivienda protegida.

Otro de los capítulos destacados son las inversiones, con 4.146 millones. El Govern cuenta con pingües ingresos debido a la buena marcha económica, que ha supuesto una recaudación récord, por lo que ha decidido destinar buena parte de su ahorro a actualizar parte de la infraestructura pública y a construir equipamientos. Es, además, una forma de compensar el fin de los fondos Next Generation.

Este capítulo de inversiones incorpora obras de ampliación y mejora de hospitales por valor de 365 millones, y otros 313 para centros educativos. La prolongación de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils costará 101 millones, prácticamente lo mismo que el tranvía del Camp de Tarragona. En Lleida, la nueva estación de autobuses se llevará 8,5 millones.

ERC quiere un “gesto” de Montero por el IRPF

Tras una semana de enfrentamiento, el Govern y ERC han bajado el tono para tratar de encauzar la relación y llegar a un acuerdo que desemboque en la aprobación de las cuentas. Por el momento ambos grupos ya se han conjurado para alargar la tramitación de la ley en el Parlament, de forma que se dé margen a la negociación.

Los de Oriol Junqueras han mostrado este viernes sus cartas y han reclamado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometa con el traspaso de la gestión y recaudación del IRPF a Catalunya. Según aseguran, el escenario ideal sería el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está previsto para marzo. Ahora bien, para llegar a ese “gesto”, la ministra debería cambiar su opinión sobre la medida.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, al que el PSOE dio su aprobado. ERC registró en el Congreso una ley para habilitar esta vía, que permitiría ir desarrollando el organismo catalán para que pudiera hacerse cargo de la gestión del impuesto en el futuro. Sin embargo, hace dos semanas Junqueras acabó retirando esta proposición, bajo la idea de rescatar la medida en la nueva ley de financiación de las comunidades.

Esta ley, sin embargo, tardará meses en llegar al Congreso, razón por la que ERC, que debe pagar por avanzado un apoyo a los presupuestos de Illa, pide un compromiso público de Hacienda. Sin embargo, en el Ministerio de Montero no ocultan que tienen diferencias de fondo con la cesión a Catalunya de todo el IRPF y que preferirían una gestión compartida, en la línea al consorcio tributario que llevaba el PSC en su programa electoral.

Salvador Illa y ERC han escenificado en el Parlament el choque que ambos han protagonizado durante la última semana a cuenta de los presupuestos de la Generalitat. Los republicanos consideran que no se dan las condiciones para negociar las cuentas ya que aún no hay compromisos de cumplimiento de una de las cuestiones esenciales del acuerdo de investidura de Illa, referente a que la Generalitat pueda gestionar y recaudar el IRPF.

“¿De qué sirven los acuerdos si no se cumplen?”, ha preguntado el representante de ERC Josep María Jové, aprovechando la primera sesión de control del president desde que volvió a la vida pública tras su tiempo retirado por enfermedad. “Usted quiere presupuestos, nosotros también, y para tenerlos ya sabe lo que hay que hacer: cumplir con lo que firmamos. La responsabilidad es absolutamente suya. Y no se equivoque en la presión, a quien debe presionar es al PSOE, no a nosotros”, ha continuado Jové.

En un clima de tensión creciente entre dos formaciones que han sido socias a lo largo de toda la legislatura, el Govern anunció que aprobaría las cuentas el viernes, sin esperar a ERC, mientras que los de Oriol Junqueras ya han respondido que presentarán una enmienda a la totalidad si no hay avances en materia de IRPF.

Illa ha tratado de rebajar los ánimos. “Como president de Catalunya cumplo todos mis compromisos”, ha dicho. “Cumpliré con el IRPF como he cumplido con la financiación o con Rodalies, que son hechos tangibles”, ha asegurado también, señalando dos materias en las que, pese a que han quedado claramente descafeinadas respecto al pacto de investidura, el Govern ha logrado que ERC acepte la rebaja. De hecho, Illa ha cifrado en un 75% el cumplimiento de los acuerdos con ERC.

“La aprobación de los presupuestos de este viernes no es el final de nada, es el inicio de una tramitación parlamentaria en la que yo también les ofrezco mi mando tendida”, ha calmado las aguas Illa, que ha recibido una respuesta firme de Jové cuando le ha dicho que tomarán su mano una vez “cumpla sus compromisos”.

Las cosas entre ERC y el Govern se han torcido desde la semana pasada, después de que Junqueras retirara la proposición de ley para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya a recaudar el IRPF. Los republicanos entendieron que esa retirada supondría el acuerdo con el Gobierno para llevar esa habilitación legal a las enmiendas del modelo de financiación. Pero, según la versión de los republicanos, ese acuerdo no se ha producido porque desde el Ministerio de Hacienda no están dispuestos a apoyar públicamente la recaudación desde Catalunya del impuesto sobre la renta de los catalanes.

En este contexto, Junqueras se ha desmarcado de la aprobación de los presupuestos de Illa, al tiempo que el president ha decidido acelerar y llevarlos al Parlament este mismo viernes. Ambas formaciones tienen un mes para ponerse de acuerdo, antes de que el proyecto económico naufrague.

Junts ve al Govern sin apoyos y fracasado

Mucho más duro ha sido el intercambio con Junts. La formación de Carles Puigdemont considera que presentar los presupuestos sin el apoyo de sus socios demuestra el fracaso del Govern. “Es irresponsable tener un gobierno débil y en minoría incapaz de aprobar ni siquiera unos presupuestos”, ha reprochado la portavoz de Junts Mònica Sales.

En su turno de réplica, Salvador Illa ha reclamado “coherencia” entre lo que se dice y la trayectoria de quien lo dice, recordándole a Junts que ellos rompieron el Govern de Pere Aragonès en la anterior legislatura. “Por cierto, cuando lo rompieron, fui yo el que acudí a aprobar los presupuestos”, ha recordado Illa, subrayando que su grupo sí ha dado muestras de responsabilidad con las cuentas cuando otro Govern lo ha necesitado.

Oriol Junqueras no se siente presionado para aprobar los primeros presupuestos de Salvador Illa ni siquiera después de que el president anunciase que los llevaría al Parlament el viernes y de que reuniese a sindicatos y empresarios a su favor. El líder republicano ha confirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio que su formación planteará una enmienda a la totalidad a las cuentas si para cuando lleguen a la Cámara no ha habido avances en el traspaso de la recaudación del IRPF a Catalunya.

“ERC quiere presupuestos y más que nadie. Mucho más que el PSC, creo, porque quien no hace todo lo posible para tenerlos, es quien no cumple los acuerdos”, ha asegurado Junqueras, que ha recordado que la cesión del IRPF es un pacto cerrado hace más de un año y medio para la investidura de Salvador Illa. Por eso, el de ERC cree que no van con él las acusaciones de “tacticismo” que deslizó este martes la secretaria general de CCOO. “Si hay algo que no es tacticista es poder gestionar los impuestos”, ha rebatido.

En un tono con el que intenta trasladar que “no está enfadado”, algo que viene repitiendo en los últimos días, Junqueras ha mostrado también una posición firme. No se moverán del rechazo a las cuentas hasta que no haya avances en la cuestión del IRPF, después de que la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cerrara la puerta a esta posibilidad. La presión del Govern no hará mella en él, ha dicho, y lo ha argumentado con una frase lacónica: “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”.

Además, ha descartado que Illa pueda amenazar con unas elecciones anticipadas, ya que sería “un nuevo error”. “Le recomiendo que no escale conflictos que no puede ganar”, ha dicho, tras aludir a las encuestas que sitúan al PSC a la baja y a ERC al alza. “Pero probablemente no habrá una mayoría para la investidura”, ha dicho Junqueras, pues el pronóstico es que los pactos que apoyaron la investidura de Illa sumen ahora menos que sus contrarios.

Tal y como avanzó el pasado sábado y ha vuelto a poner sobre la mesa este martes, la vía por la que apuesta Junqueras si no hay acuerdo para los presupuestos es volver a negociar ampliaciones de crédito, como ya hizo el año pasado. Según ha dicho, estas ampliaciones por decreto permiten alcanzar un mismo nivel de gasto que los presupuestos, por lo que son la solución ante una nueva prórroga de las cuentas, que supondría la tercera consecutiva desde 2024.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha conseguido este lunes poner de acuerdo a las principales organizaciones patronales y sindicatos de Catalunya a favor de los presupuestos que prepara el Govern. Una fotografía que pone presión sobre ERC, que este fin de semana aseguró que no se daban las circunstancias para comenzar a negociar estas cuentas. CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec han reclamado “responsabilidad” de los partidos para aprobar las cuentas, que Catalunya tiene prorrogadas desde el año 2023.

El Govern ha anunciado que no esperará a ERC e iniciará este mismo viernes la tramitación presupuestaria, después de haber cerrado un acuerdo con los Comuns la semana pasada. El Ejecutivo de Illa llevará por tanto las cuentas al Parlament en los próximos días, donde comenzarán su tramitación sin mayorías. ERC deberá decidir si rechaza la propuesta con una enmienda a la totalidad o si acepta un texto que, de llegar a comisión, ya solo podrá modificar parcialmente.

En la reunión de este lunes, los representantes del mundo del trabajo han asegurado que Catalunya “no puede permitirse el lujo” de continuar con suplementos de crédito. “Basta de tacticismos”, ha dicho la secretaria general de CCOO, Belén López, al tiempo que su homólogo en UGT, Camil Ros, reclamaba a ERC y Junts sentarse a negociar las cuentas.

Por la parte empresarial, Foment ha avisado de que no tener presupuestos supone perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros de inversiones, una cifra que no puede asumir en un momento donde la administración cuenta con recursos para aprobar unos presupuestos expansivos. Pimec ha insistido a los partidos que sería “inexcusable” que no se entendieran.

Todas las organizaciones han considerado además insuficiente la solución de aprobar suplementos de crédito para añadir más fondos a las cuentas. Los suplementos de crédito fueron la opción que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, señaló el sábado como vía alternativa si el Govern no conseguía que el Gobierno aceptara el traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya.

El acto de este lunes llega después de que ERC haya rechazado iniciar las conversaciones sobre las cuentas, al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple uno de los compromisos firmados para la investidura de Illa, sobre la gestión catalana del IRPF. Según el acuerdo firmado entonces, la Agència Tributària Catalana sería la encargada de recaudar y liquidar este imouesto desde la campaña de 2026, es decir, la que comenzará en unos meses, una circunstancia que ambas partes aceptan que no se cumplirá.

ERC había presentado en solitario una proposición de ley para habilitar legalmente este traspaso, pero la formación acabó retirándola hace dos semanas. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que los republicanos habían llegado a un entendimiento con el Ministerio de Fomento por el cual sería más conveniente presentar esta propuesta como enmiendas a la ley del modelo de financiación, que se tramitará en el Congreso en unos meses.

Sin embargo, como los republicanos condicionan su apoyo a las cuentas de Illa a que se desencalle en el Congreso la cuestión del IRPF, reclamaban garantías tanto al Govern como al Gobierno de que apoyarían sus enmiendas. El pasado viernes esta reclamación se hizo al más alto nivel, con una reunión entre Sánchez y Junqueras en la Moncloa, en la que el independentista salió con las manos vacías.

Tanto en ERC como en el Govern confían en poder rencauzar la situación. Pero desde el Ministerio de Hacienda consideran que no es el momento de dar a los republicanos nuevas concesiones, después de haber presentado un sistema de financiación que, entienden, beneficia los intereses de ERC. Por su parte, la dirección de Junqueras insiste en que sin garantías sobre el traspaso del IRPF no puede dar un globo de oxígeno al Govern como el que supondrían unos nuevos presupuestos.