El PP ha registrado una petición de ampliación de los trabajos de la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', cuyas pesquisas se han extendido ya a otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno y aborda, entre otros, el 'caso Leire'. El partido de Feijóo quiere interrogar al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También abre la puerta a citar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, quien ya compareció antes de ganar las elecciones.

La semana pasada se desveló parte de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las supuestas maniobras del PSOE para frenar las causas judiciales que atenazan al Gobierno. El magistrado señala en su extenso auto la existencia indiciaria de una trama urdida en la misma sede federal de los socialistas, con quien fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, a la cabeza.

Entre los señalados por Pedraz están Hernando y Antolín, quienes se estrenarían como comparecientes ante las muchas comisiones de investigación abiertas por el PP gracias a su mayoría absoluta. Ambos habrían participado en reuniones con Leire Díez y serían parte de la trama teóricamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional.

El PP también incluye en la lista de potenciales comparecientes, que anunciará esta misma mañana, a Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE.

La propuesta de ampliación de los trabajos presentada por el PP será aprobada gracias a su control total sobre la Cámara, aunque está todavía por determinar la fecha efectiva de citación de las personas incluidas en el listado.

Entre ellas, además de las tres novedades citadas, el PP plantea recuperar a comparecientes a los que ya ha interrogado en esta misma comisión. Es el caso de Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat ya acudió al Senado justo antes de las elecciones de 2024 que le catapultaron al cargo.

El auto de Pedraz señala, precisamente, pagos dudosos en la campaña electoral de Illa ese mismo año y cómo Ferraz pudo usar al grupo de Leire Díez para atacar a sus rivales en las urnas.

El PP se prepara también para citar de nuevo a la propia Leire Díez; a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a su predecesor, Mariano Moreno; a quien fuera directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández; a su predecesor, Jesús Gascón; y a quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, Juan Manuel Serrano.

Sánchez, “autor intelectual”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado en una rueda de prensa la nueva batería de citaciones en la comisión de investigación, y ha asegurado que “el comando” que, según la investigación judicial, lideraban Santos Cerdán y Leire Díez, en realidad tenía “un autor intelectual, Pedro Sánchez”. “Ese que dijo 'límpiese”, ha añadido, en referencia a un testimonio indirecto que recoge el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz.

La portavoz ha dicho que quien fuera “lugarteniente” de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, actuó de “enlace” y “se reunió con Leire Díez cuando era director adjunto de Gabinete” del presidente del Gobierno. El sumario recoge, efectivamente, una reunión. “¿Quién dio la orden de acudir a esa reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y otros?”, se ha preguntado García. “¿Qué se acordó y a quién reportaba sobre los avances de las cloacas?”, ha concluido.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

Salvador Illa se ha convertido en uno de los pocos puntales territoriales que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, una soledad que no le impide al president catalán mostrar su apoyo con contundencia. Si la semana pasada Illa ya sugirió que las causas judiciales que se abrían contra el PSOE tenían sospechosas “casualidades”, este lunes lo ha repetido durante su discurso de apertura de la Reunión del Cercle d'Economía, ante lo más granado del empresariado catalán, cuando ha señalado “coincidencias” entre la agenda judicial y la de la derechas.

“Queremos romper el círculo vicioso del populismo”, ha asegurado en relación a la economía española que, según ha considerado, es un ejemplo para Europa. “Quizá sea el éxito de los gobiernos de Catalunya y España lo que explica tantas coincidencias en algunas agendas. Déjenme decirlo claro: nada ni nadie nos desviara de nuestro propósito”, ha asegurado Illa.

El jefe del Govern ha defendido además una Catalunya absolutamente comprometida con el proyecto Europeo, también en lo que respecta a retos como la autonomía estratégica o la transición energética. “El federalismo europeo es la mejor manera de gobernarnos y es lo contrario al retorno a las grandes potencias y el imperialismo. Los grandes retos sociales de vivienda o climáticos requieren un salto de escala”, ha defendido.

Ante una audiencia tan influyente como la que congrega el Cercle, Illa ha propuesto “una alianza duradera entre el Govern y los sectores económicos”, a la que incluso ha puesto nombre: el consenso Catalunya, a la imagen del Consenso de Londres. Este pacto estaría basado en tres objetivos: el primero crear valor y creer en el modelo público-privado, el segundo una política industrial activa y, el último, una productividad destinada al bienestar.

En terreno económico, Illa se ha presentado ante los empresarios con un nuevo plan bajo el brazo para finalizar algunas infraestructuras clave mediante un modelo público-privado. Esta colaboración permitirá “acelerar las inversiones que necesitamos en obras estratégicas”.

Para ello, la Generalitat sacará un concurso por valor de 1.800 millones de euros, que permitirá que de la mano del sector privado algunos proyectos se acaben en seis años. Entre las obras contempladas están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro (500 millones de euros), el despliegue de los llamados ejes viarios 2+1 a lo largo de 366 km de la red de carreteras (720 M€) o el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 M€), según indican fuentes del Govern.

Illa ha anunciado además que ya piensa en un segundo paquete, también destinado a un contrato que será asumido por el sector público, por valor de 1.500 millones más y donde se contendrán planes como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus o la terminal ferroviaria de Lleida–Quatre Pilans.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern elevará de los 35 hasta los 40 años el límite para poder solicitar los Préstamos de Emancipación el próximo lunes, una medida que se estima que beneficiará a 600.000 personas. Lo ha afirmado este viernes en un acto en el Institut Català de Finances (ICF), en el que también ha participado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y en el que Illa ha conversado con dos beneficiarios de estos préstamos, que hasta el momento han recibido 1.698 personas.

El préstamo, puesto en marcha el curso pasado, está pensado para aquellos jóvenes que quieren acceder a una vivienda de compra pero no pueden hacer frente al pago de la entrada. Lo que ofrece la Generalitat es un crédito a interés 0% de hasta 50.000 euros, pensado para cubrir el 20% del valor del inmueble, y que no hay que devolver hasta que se ha pagado la hipoteca. A cambio, la vivienda se convierte en protección oficial.

Illa ha asegurado que Catalunya es la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo de préstamos a personas de hasta 40 años y, aunque ha reconocido que esta política no solucionará el problema de la vivienda en Catalunya, es una de las propuestas que pueden ayudar a hacerlo. Ha subrayado el president que el Govern es la administración pública que más medidas está tomando ante la crisis de la vivienda: “Somos, de España, los que más hacemos para la vivienda. Podemos hacer más, pero somos los que más hacen”.

El presidente de la Generalitat ha añadido que es necesario aumentar la oferta de vivienda, especialmente de la protegida, pero que las nuevas viviendas se deben hacer en algún lugar, por lo que, si llega más gente a un sitio, se deberán mejorar los servicios públicos.-

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que “respeta la justicia” pero que “sabe distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es”. Lo ha afirmado tras conocerse la investigación que dirige la Audiencia Nacional contra las maniobras que habría realizado Leire Díaz para neutralizar diferentes investigaciones judiciales y policiales, supuestamente tutelada desde el PSOE.

“La verdad siempre acaba imponiéndose”, ha afirmado Illa, que el lunes ya salió a dar la cara por José Luís Rodríguez Zapatero tras su imputación, para el que pidió “respeto a su honorabilidad”.

“No somos ingenuos”, ha indicado Illa durante su intervención en el II Foro de Prensa Ibérica sobre la paz y seguridad en Europa. El jefe del ejecutivo catalán se ha cuidado de atribuir directamente intencionalidad política a la causa, pero la ha sugerido al entender que hay cosas que no son “coincidencia”. Además, ha avisado de que, si alguien piensa que estas actuaciones “doblegarán” a los socialistas, “no lo conseguirá”.

“La democracia descansa en el concepto de verdad, y la verdad siempre se impone”, ha confiado Illa. A su juicio, “puede tardar más o menos”, pero “siempre acaba imponiéndose”.

“Creer en la justicia aunque cueste”

“Cuando uno es socialista cree en la dignidad aunque sea difícil, y en la justicia aunque cueste”, ha añadido Illa, que durante el miércoles, día de la intervención de la OCU, evitó hacer declaraciones.

El jefe del ejecutivo ha respondido así a la entrada de la UCO este miércoles en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid para requerir información al partido relacionada con el ex militante socialista Leire Díez.

La Audiencia Nacional también ordenó a la UCO requerir al PSOE documentación relativa a la campaña electoral del PSC en las elecciones del Parlament del 2024. El PSC aseguró haber respetado la legislación electoral “en todo momento”.

La investigación busca aclarar si la cúpula del PSOE pagó a la propia Díez o a personas cercanas como compensación de sus actuaciones a través de unos anuncios electorales que se contrataron con Crónica Libre, el diario de la fallecida Patricia López.

Durante las 12 horas de intervención de la Guardia Civil en Ferraz, Sánchez se encontraba en Roma, en un viaje institucional para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano.

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) e incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.

Los nuevos presupuestos aprobados por el Govern catalán mantienen el gasto público en 49.162 millones de euros, contemplando 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comunes. De ese dinero, unos 360 ya estaban previstos en el proyecto aprobado en el mes de febrero para los acuerdos con los Comunes -reservados en los fondos no departamentales y sin adjudicar-, mientras que otros 533 provienen de una disposición en la que se habían reservado como “almohada” por el aumento de previsión de ingresos de 500 han explicado desde Economía. El Govern prevé 4.693 millones hasta el 2030 por los acuerdos con ERC y los Comuns.

Economía y Finanzas justifica que el proyecto de presupuestos presentado este viernes es muy similar al presentado hace tres meses porque el cuadro macroeconómico se mantiene, al tiempo que entre un 75% y un 85% de las cuentas están condicionadas en el capítulo 1 -lo que contiene las remuneraciones de personal-.

Así, las principales cifras se conservan y el proyecto contempla 4.146 millones en inversiones del sector público, financiadas a través de un ahorro corriente de 2.475 millones. El gasto si se incluye el total del sector público aumenta hasta los 54.747 millones, un 24% por encima de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas.

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

Sin embargo, estos ingresos se da por hecho que aumentarán más por el buen ritmo de la economía, y como prevé la disposición adicional que incluye los aproximadamente 500 millones que se han previsto para los pactos con ERC en 2026.

En cualquier caso, la cifra presupuestada de 49.162 millones es la más elevada de un presupuesto de la Generalitat.

De hecho, las principales cifras deben mantenerse intactas para cumplir con la regla de gasto, con lo que el presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023, hasta alcanzar los 49.162 millones de euros.

Sin embargo, al cierre del ejercicio este gasto se habrá incrementado, como fuentes de Economía apuntan a que ocurre con cada presupuesto, por el aumento de ingresos u otras variables.

En este sentido, a la cifra de los 49.162 millones de euros habrá que sumar los 533 millones que se necesitan para cumplir este año con los compromisos con ERC, de los que 500 ya se habían reservado con una disposición adicional en el proyecto de febrero y estaban sin asignar. Así, el presupuesto podría acabar siendo de unos 49.695 millones de euros, aunque negro sobre blanco cuya cifra se aprobará es la de 49.162 millones.

Economía y Finanzas ha explicado que los acuerdos alcanzados suponen 893 millones de euros extra para los departamentos en 2026: 533 para ERC y 360 por los pactos de los Comunes, estos últimos ya contemplados en los 49.162 millones de febrero.

Cifras por departamentos

Así, si se observa la cifra total de gasto por departamentos, es la misma que el proyecto de finales de febrero y, en términos absolutos, Salut sigue siendo el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Del detalle de los 893 millones pactados con ERC y Comuns distribuidos en dos disposiciones adicionales, Economía y Finanzas ha precisado que 251 millones son para Salut, por lo que, de nuevo, es la conselleria más beneficada en términos absolutos.

Le siguen la macrocartera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (203 millones), Educación (135 millones), Cultura (50 millones), Política Lingüística (41 millones), Derechos Sociales e Inclusión (41 millones), Unión Europea y Acción Exterior (40 millones), Investigación y Universidades (38 millones), Presidencia1 y 35 Democrática (15 millones), Deportes (11 millones), Empresa y Trabajo (10 millones) e Igualdad y Feminismo (2 millones).

Estos 893 millones forman parte de un paquete de 4.693 millones de “compromisos” con ERC y Comuns para el período 2026 – 2030.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado este martes el primer acuerdo de presupuestos de la legislatura, que ya lleva más de 20 meses en marcha. Govern y republicanos han firmado el documento del entendimiento en un acto solemne en el Palau de la Generalitat, después de que el lunes ambos políticos participasen en un acto sobre la línea orbital ferroviaria, que se ha convertido en el símbolo de este pacto, y también después de que Junqueras se sometiese a un ajetreado consell nacional de su partido.

Tras la fotografía de este martes hay semanas de negociación discreta entre socialistas y republicanos, que han salvado una relación que parecía muy tocada después de que en marzo el president se viera obligado a retirar los presupuestos por no contar con el apoyo de los de Junqueras. Por su parte, ERC ha borrado la condición indispensable que situaban a inicio del año para las cuentas, que era obtener un compromiso verbal de la entonces ministra de Hacienda a favor del traspaso a la Generalitat de la recaudación del IRPF.

En el acuerdo firmado este martes figura una referencia a la cuestión del IRPF, vinculada a la aprovación del nuevo modelo de financiación. “Se trabajará conjuntamente para que las leyes que se acaben aprobando en el Congreso de los Diputados [sobre la financiación] incorporen la delegación de competencias en la recaudación”, reza el documento.

Además de la línea orbital, el Govern y ERC han pactado que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sumen mayoría en el consorcio de la Zona Franca, también el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, la puesta en marcha del consorcio de inversiones, o una inyección de 527 millones a la Agència Tributaria de Catalunya. Este miércoles se celebrá una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para que el Gobierno central muestre su compromiso con estas medidas.

ERC ha negociado también la incorporación directa de fondos a algunas partidas, como 250 millones más para sanidad o 400 millones para educación, este último en inversiones para infraestructura escolar.

A falta de acabar de actualizar el pacto con los Comuns, que tienen sus propias exigencias, previsible será el viernes el día que el Govern vuelva a llevar la ley económica al Parlament. De pasar la prueba del legislativo, estos serían los primeros presupuestos que la Cámara apruebe desde el año 2023. El acuerdo de Illa con los mismos socios con los que logró su investidura en agosto de 2024 estabiliza una legislatura que al Govern comenzaba a hacérsele cuesta arriba sin nuevas cuentas.

“Esquerra es un partido exigente y hemos vivido semanas muy intensas de negociación”, ha señalado la consellera de Economia, Alícia Romero, que se ha mostrado confiada en alcanzar también el acuerdo con los comuns. “Negociar es ceder. Estamos satisfechos”, ha remachado en una rueda de prensa posterior a la firma del pacto.

Sobre el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con los profesores antes de aprobar las cuentas, Romero ha matizado que los Presupuestos son un “proyecto vivo” y se podrían mover partidas en caso de tener que destinar más recursos a la educación, tal y cómo reclaman los docentes y los sindicatos. La consellera, sin embargo, ha señalado que considera “inasumibles” algunas de las demandas del profesorado aunque ha querido destacar “la voluntad de diálogo” con la que el ejecutivo afronta la reunión del miércoles con los maestros.

La piedra del traspaso del IRPF se convirtió en una montaña en la última negociación presupuestaria, entre febrero y marzo pasado, y acabó obligando al Govern a retirar los presupuestos. Pero dos meses después lo que entonces Oriol Junqueras presentó como un requisito imprescindible para aprobar las cuentas catalanas, que la ministra de Hacienda aceptara de palabra dar a la Generalitat la capacidad para recaudar el impuesto de la renta, ha pasado de condición a aspiración y el Consejo Nacional de Esquerra ha avalado dar luz verde a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

La decisión se ha tomado este lunes en el máximo órgano de los republicanos, que refrenda la estrategia de Junqueras, partidario de dar aire al Govern. La idea del líder republicano es que ERC debe situarse del lado de la oposición constructiva y apuntarse varios tantos, como son el impulso de la línea orbital ferroviaria, más participación de los órganos catalanes en el consorcio de la Zona Franca, el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, o la puesta en marcha del consorcio de inversiones.

En competencia fiscal, lo único que habrá es una inyección económica para la Agència Tributaria Catalana, que sin embargo aún no puede actuar porque lo impide la ley estatal de financiación.

Estas son las conquistas que ERC quiere lucir y que quedarán selladas primero el martes como acuerdo entre Junqueras e Illa y, ya el miércoles, en la Comisión Bilateral, que reunirá en Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la de economía, Alicia Romero. No está, sin embargo, el triunfo que la dirección republicana creía a principios del año que valía una legislatura, como era la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

“Eso no significa que renunciemos [a ese traspaso]”, aseguraban fuentes de ERC la semana pasada, que indicaban que siguen trabajando codo con codo, ahora con el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España, para poder encajar el cambio de manos del principal impuesto en las enmiendas al modelo de financiación que deberían llegar al Congreso el próximo otoño, si todo va bien. Cuando llegue ese momento, ERC volverá a dar la batalla, consciente de que la mayoría es muy incierta y de que, en vista de los antecedentes, incluso Junts podría tumbar la recaudación catalana.

Los republicanos han optado por lo contrario que hace dos meses, cuando exigían a la entonces ministra María Jesús Montero que suscribiese un compromiso de palabra sobre una política pactada con el PSC y avalada por el PSOE pero que el Gobierno ahora rechaza. Tras obligar a Illa a retirar las cuentas, algo que nunca había pasado en la historia de la Generalitat, ERC ha preferido no apretar más y dar cuerda a la negociación con el ministro España, que no aparenta ser más proclive a la recaudación catalan del IRPF que su antecesora.

La reunión del Consejo Nacional donde la dirección republicana ha explicado el acuerdo alcanzado ha sido este martes larga y agitada. Entre quienes han tomado la palabra, que han sido muchos de los participantes, han contrastado los favorables al resultado de las negociaciones con quienes han expresado críticas en diferentes grados.

Uno de los reproches repetidos ha sido que el acuerdo no se haya sometido, no ya al voto de la militancia, sino ni siquiera al de los órganos internos de la formación. El giro respecto al IRPF y el hecho de que ERC no haya aprovechado la gran movilización docente para incluir alguna cosa en educación también ha sido motivo de comentario en una ERC que, de nuevo, vuelve a agitarse por su relación con el PSC.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha expresado este lunes el president Salvador Illa desde Sant Sadurní d'Anoia, donde presentaba su compromiso con la línea orbital. Esta infraestructura, que ERC ha convertido en icono de su apoyo a Illa, lleva más de 20 años pensada pero nunca ejecutada.

Se trata de un tren orbital que une las principales comarcas metropolitanas de Barcelona sin pasar por la capital. Una línea así sería la joya de la corona de un sistema ferroviario moderno y eficaz, pero el estado ruinoso de Rodalies, que aún no ha salido del bache en el que se metió en enero pasado, genera la duda de si lo que la red necesita es proyectar nuevas líneas en vez de mejorar las que ya tiene.

En todo caso, para ERC la línea orbital les pone en disposición de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, es una apuesta por la política metropolitana y el transporte público que más usan las clases populares catalanes, dos pilares de la identidad política en la que Junqueras quiere ser reconocido. Pero además, se le fuerza al Estado a proyectar líneas de tren convencional en Catalunya, algo que no ocurre desde hace medio siglo. A la vez, se abre una vía para que el Ministerio de Transportes pueda cumplir con las inversiones territorializadas, en las que Catalunya siempre sale muy mal parada en comparación con el resto de territorios.

Tras la bilateral del miércoles, la previsión del Govern es llevar los presupuestos al Parlament el viernes. La tramitación se demora habitualmente en torno a un mes. De ser así, y a falta de que los Comuns y el Ejecutivo vuelvan a entenderse para refrescar el acuerdo que ya tienen, Illa podrá irse de vacaciones en agosto habiendo cumplido dos años en el Palau y con unos presupuestos aprobados. Un balón de oxígeno que contribuirá a estabilizar un Govern al que en este 2026 se le han acumulado los problemas.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han simbolizado este lunes el acuerdo para desplegar el tren orbital, un proyecto que nació hace más de dos décadas para conectar ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova y la Geltrú, sin pasar por Barcelona. El pacto supone un paso decisivo para encarrilar los primeros presupuestos del Govern.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha asegurado Illa, recién aterrizado de California, y que ha descrito el nuevo proyecto de línea como “una apuesta por la movilidad sostenible”.

La línea orbital ferroviaria comprende en total 120 kilómetros, de los que 68 serán de nueva construcción, con un total de 40 estaciones, 23 nuevas. La inversión prevista es de 5.200 millones de euros y el calendario más optimista fija su culminación en 2041. Sin embargo, el despliegue sería por fases, que podrían funcionar de forma independiente. La primera, entre Granollers y Terrassa, es la única que hoy tiene la financiación garantizada a través del Plan de Rodalies 2026-2030.

Desde el Govern aseguran que las previsiones son optimistas a la vez que “realistas”. La Generalitat cuenta con las reservas urbanísticas de suelo que hay hechas desde 2010, lo que “hace vislumbrar” que desde el punto urbanístico la línea podría desarrollarse con cierta “rapidez”.

Lo menos definido es la financiación de buena parte de los 5.200 millones de euros de inversión que serán necesarios para hacerlo posible. Por ahora, sólo están garantizados los 665 millones para conectar Santa Perpètua de Mogoda y Sabadell, en el tramo Granollers-Terrassa.

Es dinero previsto en el Plan de Rodalies 2026-2030 y para el Govern esto es “garantía que saldrá adelante”. Para el resto de los recursos que serán necesarios ya se han iniciado conversaciones con el Estado para encontrar otras vías de financiación y que podrían empezar a concretarse “en los próximos días”.

Tanto ERC como el Govern prevén también llevar a cabo un “trabajo contundente” para encontrar fórmulas que garanticen la inversión del Estado en Catalunya a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, sin que eventuales cambios de gobierno en uno u otro parlamento pueda hacerlo descarrilar.

Por otra parte, el hecho de que el tren orbital no se conceptualice como un proyecto de línea “de punta a punta” permitiría construir tramos, ponerlos en marcha y empezar a buscar la financiación y proyectar los siguientes de forma paralela, de forma que cada uno de los cuatro tramos pueda funcionar de forma independiente.

Despliegue por tramos

En la primera fase, entre Granollers y Terrassa, consta de unos 32 kilómetros y un total de quince estaciones, de las que cinco serán nuevas. El tramo de nueva construcción es el mencionado entre Santa Perpètua-Barberà y Sabadell Nord. La previsión es terminarla en el 2034.

Ésta es la fase de la conexión estructural y directa entre los dos Vallesos e incluye también el desdoblamiento del R3 entre Granollers, Canovelles y Santa Perpètua y la cuadruplicación del R8 a Santa Perpètua para separar el tráfico de Cercanías con el del Corredor Mediterráneo.

En este sentido, antes de la ejecución de las fases estrictamente destinadas al tren orbital, el acuerdo entre el Govern y ERC prevé una “fase cero” de “refuerzo operativo inmediato de la R8, entre Granollers y Martorell, con el objetivo de empezar a construir una ”lógica orbital“. En este tramo se prevén nuevos intercambiadores en Rubí.

La segunda fase que se prevé a efectos de calendario es la de Mataró-Granollers, que conectaría el Maresme con el Vallès Oriental en el 2037. Se proyecta la construcción de 23 kilómetros de vías y seis nuevas estaciones, de las cuales tres están en Mataró. La inversión prevista para ese tramo es de 1.450 millones.

La tercera fase del proyecto es la que conectaría Terrassa a Vilafranca del Penedès en 2040, con la construcción de un nuevo tramo de vías entre Terrassa y Martorell y seis nuevas estaciones, coordinado con el Eix Transversal Ferroviari. La inversión prevista es de 1.150 millones. A partir de ahí, se aprovecha el trazado del R4 sur.

La última fase se culminaría al año siguiente, en 2041, con 29 nueve kilómetros de vías y seis nuevas estaciones que conectarían Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, con una inversión de 1.400 millones de euros. Esta última actuación es la que cerraría la anilla ferroviaria metropolitana.

Una movilidad más completa

Con todo, el objetivo de la nueva infraestructura es mejorar la conexión con transporte público en torno a Barcelona que rompa el modelo radial y permita transitar hacia un sistema en red que mejore la conectividad ferroviaria en forma de “malla”, según ha explicado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.

Paneque defiende que este modelo permite una “movilidad más completa” y dota al ámbito metropolitano de un “potencial completamente nuevo”, también “Catalunya adentro”. La consellera saca pecho del momento que vive Catalunya en cuanto a las inversiones y defiende que el proyecto orbital complementa otras inversiones en la red de Cercanías actual.

El Gobierno defiende, en este sentido, la superación de un largo período de “déficit” de inversiones ferroviarias y que añaden “competitividad” al país, especialmente en las comarcas directamente beneficiarias.

El Govern y ERC han pactado reforzar con 527 millones de euros la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), un acuerdo que encarrila los primeros presupuestos de la legislatura para Salvador Illa.

Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN), el pacto consiste en un contrato programa específico en el que el Ejecutivo se compromete a destinar 527 millones de euros a la ATC hasta 2029 para que el ente tenga una “financiación estable” e impulsar “los cambios tecnológicos, de procesos, de gestión de datos y organizativos necesarios, especialmente en materia de recaudación”.

Del total de recursos, 481,2 millones correrán a cargo del departamento de Economía. El pacto incluye varias etapas para asumir progresivamente la recaudación de impuestos, como el IRPF, una de las condiciones que ERC puso inicialmente como condición para los presupuestos, pero que finalmente ha retirado.

En la primera etapa, se prevé que la Hacienda estatal y la ATC colaboren en información y asistencia. Posteriormente, habría una etapa de “gestión parcial” en la que la Hacienda catalana tendría capacidad de dictar actos administrativos y funciones de gestión, inspección y recaudación en algunos ámbitos para llegar, finalmente, a la gestión integral, con todas las funciones tributarias.

Según el plan, el Govern creará una oficina técnica de gobernanza para coordinar y analizar el proceso, se renovará la estructura con tres direcciones generales, se reforzará la plantilla tributaria y la implementación territorial.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Además de los avances tributarios, ERC ha puesto como condición para las cuentas una nueva línea de tren orbital que una distintos municipios del área metropolitana de Barcelona. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Todo apunta a que el lunes se conocerán los detalles de la nueva línea de tren orbital pactada entre la Generalita y ERC. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

La previsión es que un Consejo Ejecutivo extraordinario apruebe el viernes las nuevas cuentas y las envíe al Parlament. Se trata del segundo intento después de que el ejecutivo de Salvador Illa retirara el pasado marzo los presupuestos del Parlament porque no tenía los votos necesarios de ERC. Una negociación que embarrancó por el traspaso del IRPF.

ERC ya ha convocado el Consejo Nacional para que el lunes por la tarde avale que se dan las condiciones para cerrar un acuerdo de presupuestos. Si el aval se confirma, previsiblemente al día siguiente, martes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, serán los protagonistas de la firma formal del pacto.

El próximo miércoles la política catalana tendrá dos escenarios: en Barcelona habrá pleno del Parlament con la sesión de control al presidente de la Generalitat y en Madrid se celebrará, tal como avanzó la ACN, la comisión bilateral Estado-Generalitat que debe servir para dar garantías de cumplimiento de los acuerdos con los republicanos que dependen del Gobierno español.

Los Comuns se reúnen el lunes con el Ejecutivo catalán e intensificarán su protagonismo en la segunda parte de la semana con el objetivo y la previsión de que el Govern pueda aprobar el viernes los nuevos presupuestos en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Ese mismo día se enviarían al Parlament para que comiencen a tramitarse y puedan aprobarse definitivamente antes de que acabe julio.

ERC desvincula el IRPF de las cuentas y prioriza las infraestructuras

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. Se trata del instrumento alternativo que se ha encontrado después de que el Congreso tumbara, con los votos de Junts, la propuesta para crear el consorcio de inversiones. En el caso de la sociedad mercantil solo hace falta la aprobación en un Consejo de Ministros y no es necesario pasar por el Congreso.

Los republicanos también reclaman acuerdos en el ámbito de la educación, la sanidad y para potenciar el catalán. Y lo que debe desvelarse en los próximos días es la concreción de la “ganancia de soberanía” que el partido de Oriol Junqueras reclama para firmar los presupuestos. En las últimas semanas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó que se está trabajando en un acuerdo sobre la gobernanza aeroportuaria de Catalunya. Pero no se ha concretado.

Vivienda y movilidad, las prioridades de los Comuns

Los Comuns ya cerraron un acuerdo con el Govern hace meses, pero han reclamado una “actualización”. Y han añadido como condición que el ejecutivo frene el R-Aeroport, el tren lanzadera que pretende unir el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat. Los Comuns consideran que el trazado actual beneficiará principalmente a los turistas.

En vivienda, los Comuns advierten de que “faltan concreciones” sobre la unidad de disciplina con rango de dirección general, que debe servir para centralizar y endurecer las sanciones e inspecciones en este ámbito. Asimismo, plantean una ley para convertir oficinas y locales en pisos protegidos con el objetivo de incrementar el parque de vivienda pública. El grupo de Jéssica Albiach también fija la lucha contra la desigualdad como prioridad para cerrar un acuerdo de presupuestos.

Las negociaciones llegan a la recta final en un contexto de huelgas de los sindicatos del sector educativo y en medio de la polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de docentes en huelga y el plan piloto del Gobierno para introducir mossos de paisano en los institutos. Tanto el sindicato USTEC como Junts y la CUP han reprochado a ERC y Comuns que no condicionen las negociaciones de los presupuestos a estas cuestiones.

Por su parte, el ejecutivo catalán se ha mostrado optimista en los últimos días. Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat ha dicho que tiene la confianza de que las cosas irán bien, en referencia a un acuerdo de presupuestos.

Más de tres años sin nuevos presupuestos

El 10 de marzo de 2023 el Parlament aprobó los últimos presupuestos. En aquel momento, Pere Aragonès encabezaba un Govern en minoría que consiguió el apoyo del PSC y de los Comuns. La situación actual es el periodo más largo sin nuevos presupuestos desde la I legislatura. Superando el intervalo de 3 años y un mes entre las cuentas aprobadas en marzo de 2017, con Carles Puigdemont de presidente, y las de la pandemia de abril de 2020, tras la aplicación del 155.

En su primer año como presidente de la Generalitat, Salvador Illa no consiguió suficientes apoyos para aprobar los presupuestos de 2025. No los llevó al Parlament y optó por pactar con los socios de investidura, ERC y Comuns, tres suplementos de crédito para inyectar 4.000 millones de euros a las cuentas prorrogadas de 2023.

Las partes negociadoras son conscientes de que los presupuestos que se están ultimando no serán solo para 2026 sino, seguramente, para lo que queda de legislatura teniendo en cuenta que se acerca un nuevo ciclo electoral.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

Nueva guerra abierta entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña tras la reclamación extrajudicial presentada por la segunda a cuenta de los bienes de Sijena. El Ejecutivo aragonés rechaza pagar los cerca de 800.000 euros que reclama el Govern por la compra y conservación de las piezas y descarta abrir una negociación al considerar que se trata de un “ataque unilateral” contra Aragón. La portavoz, Mar Vaquero, ha acusado al presidente catalán, Salvador Illa, de actuar condicionado por sus socios independentistas y ha asegurado que Aragón “no va a ceder ni un ápice” en la defensa de su patrimonio histórico y cultural. Además, ha cargado duramente contra el Ejecutivo catalán por reabrir un conflicto que considera “innecesario”.

La reclamación afecta a 56 bienes muebles cuya compraventa entre la orden sanjuanista y la Generalitat fue anulada judicialmente. Aunque las piezas no son propiedad del Gobierno de Aragón, la Generalitat reclama al Ejecutivo autonómico 420.000 euros correspondientes al importe abonado en su día por estas obras. Igualmente, Cataluña exige otros 370.000 euros por los gastos de conservación asumidos por el Museo de Lérida y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

“No deja de sorprendernos el Gobierno de Cataluña y nos da un poco de pena que su presidente, Salvador Illa, tenga que someterse a este tipo de conflictos totalmente innecesarios y entrar al juego de los socios independentistas que siguen embarcados en una total falta de respeto institucional” y recurriendo a “excusas peregrinas”, según Mar Vaquero, al tiempo que ha considerado importante la falta de rigor jurídico del gobierno vecino, “atacando una vez más el patrimonio cultural de Aragón que seguiremos defendiendo”.

Con respecto a la reclamación por los gastos de conservación, la portavoz del Gobierno de Aragón se ha quejado de que “han estado disfrutando de la exposición de estos bienes, cobrando una entrada, siendo un gran atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos de conservación”.

Vaquero ha lamentado la “enajenación política” a la que llevan al presidente Illa, con ataques “injustificados” y enfrentamientos con Aragón, comunidad que solo reclama su patrimonio. A su juicio, han reaccionado con una pataleta ante un nuevo varapalo judicial, que considera “muy grave”, por lo que avanza que “seguiremos defendiendo la razón que nos ha dado un juzgado”.

La misma reclamación también se ha dirigido por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, por lo que el Ejecutivo aragonés se ha puesto en contacto con su abogado, Jorge Español, “para trabajar conjuntamente ante este ataque permanente”.

Vaquero ha reprochado que “no se dan cuenta del esfuerzo que tenemos que estar haciendo los aragoneses ante el relato que trata de tergiversar la historia” y ha insistido en que ante la “delirante deriva del gobierno de Cataluña no vamos a ceder ni un ápice”.

La Generalitat ha ofrecido un plazo de diez días para entablar una conversación, si bien el Ejecutivo aragonés no está dispuesto a entrar en ese debate “porque es un ataque unilateral que establece la Generalitat”. A partir de entonces, anuncian que en 30 días podrán llevar a cabo acciones judiciales. Según Mar Vaquero, se trata de un “desfile de horrores y sinrazón” y reafirma que “nos encontrarán como siempre defendiendo nuestro historia, cultura, patrimonio y raíces”.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

Esta semana se cumplen dos años de las últimas elecciones al Parlament. Las ganó Salvador Illa, que gracias al apoyo de ERC y los Comuns logró convertirse en president. El líder del PSC fijó como prioridades mejorar la gestión y rebajar la tensión política. Las promesas fueron bien recibidas, aunque probablemente no calibró la magnitud de algunos de los problemas heredados. Si hubiera que señalar los dos más evidentes, serían el servicio de Rodalies y el malestar en el sector educativo.

Los responsables de Transportes de la Generalitat, algunos veteranos en esa cartera, eran muy conscientes de la situación crítica de la red catalana. Hoy, un trayecto en Rodalies desde Barcelona puede durar hasta media hora más que hace dos décadas. Años de desinversión y un discurso condescendiente por parte de algunos responsables vinculados al actual Ministerio quedaron en evidencia tras el accidente de Gelida en el que murió un conductor en prácticas. El posterior examen de los numerosos puntos negros evidenció que cuando el Ejecutivo de Illa se quejaba en los despachos de Madrid estaba en lo cierto. 

El Govern se encontró atrapado en medio del fuego cruzado entre Renfe y Adif y, además, no estuvo especialmente ágil en su reacción. En algunos casos, más que informar, ha contribuido a desinformar, pese a que la consellera Silvia Paneque tuvo claro desde el principio que la atención a los sufridos usuarios de Rodalies debía ser una prioridad. 

El Ministerio asegura que, ahora sí, el déficit histórico de inversiones empieza a revertirse. Sin embargo, ocho años de gobiernos progresistas son suficientes para pasar cuentas con los responsables actuales y no solo con los pasados. Nadie niega que el actual ritmo inversor sea mucho mejor que el de la etapa del PP, pero quizás siga siendo menor de lo necesario cuando una crisis como la iniciada el pasado 20 de enero continúa generando problemas, cortes y retrasos cinco meses después.

El otro gran incendio que le ha estallado a Illa es el de la educación. No hay un único factor que explique el malestar de una parte muy importante del sector. Como ocurre con Rodalies, se trata también de un problema acumulado durante años. Y, de nuevo, la inversión récord alcanzada por este Govern (no por los anteriores) no ha bastado para calmar a los docentes. Reclaman más recursos y mejores condiciones para afrontar las dificultades de enseñar en unas aulas cada vez más diversas. Esta magnífica radiografía ayuda a entender que, aunque no tengan razón en todo, los profesionales de la educación sí tienen muchos motivos para protestar.

El Govern pecó de soberbia al presentar un pacto con UGT y Comisiones Obreras como un “acuerdo de país” sin contar con la firma de USTEC, el sindicato principal y también uno de los más combativos. Pese a la negativa inicial de la Conselleria a reabrir las negociaciones, difícilmente podrá evitar sentarse con ellos si no quiere que las protestas vayan a más.

Por si a este conflicto le faltaba combustible, la presencia de agentes de los Mossos en una de las asambleas de docentes en las que se preparaban las protestas de esta semana acabó de encender los ánimos del profesorado. No era para menos. La Conselleria de Interior pasó de no confirmar los hechos a defender la actuación policial y, finalmente, a cuestionarse si había sido una decisión “proporcional”. La respuesta parece bastante clara: no, no es proporcional que los Mossos espíen a maestros. Ni proporcional, ni conveniente, ni explicable, por más que se argumente que la ley lo permite para prevenir altercados.

Ahora bien, los docentes también deberán medir hasta qué punto sus huelgas pueden acabar teniendo un efecto boomerang. Basta con leer algunos chats de familias para comprobar que no todo el mundo entiende que las movilizaciones se prolonguen tantos días. Porque, además, los principales perjudicados por estas protestas son precisamente los alumnos a quienes más se debería proteger.

El malestar docente del que veníamos hablando estas semanas ha explotado y España vive en este momento una situación que me atrevo a llamar histórica: hay dos huelgas docentes indefinidas simultaneas. Por un lado están las educadoras de Infantil, que en Madrid llevan cinco semanas (y sumando) y que el pasado jueves consiguieron el apoyo de todo el país para convertir su paro en nacional; por otro, el profesorado de la Comunitat Valenciana comenzó este lunes también una huelga general indefinida.

Empiezo por esta última, que es la más reciente y era algo que no se veía en la comunidad desde hace 38 años. Es histórica en sí misma y no responde a la ocurrencia de un sindicato: la convocan STEPV, CCOO, UGT y CSIF, la la secunda ANPE y la respaldan las familias agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, así como del Sindicat d'Estudiants. Ayer lunes, primer día, hubo un seguimiento “masivo” y miles de docentes se manifestaron contra el presidente Pérez-Llorca.

Los docentes valencianos exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, que pone en peligro el valenciano como lengua educativa en la escuela, ratios más bajas y recursos suficientes, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; también mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para todo el personal educativo.

Más allá de la particularidad del idioma, sus reivindicaciones son un pequeño compendio de las cuestiones que tienen en pie de guerra a media profesión por todo el país.

Algunas de ellas, como las ratios o los salarios, son compartidas con las educadoras de infantil, que de largo son el colectivo peor tratado de todo el sistema educativo. Os hemos contado otras veces las condiciones en las que ejercen, aquí os dejo una pieza desgranando los motivos de este paro, que so riesgo de repetirme es histórico: por indefinido en Madrid y porque la huelga general estatal del pasado jueves fue pionera, nunca antes se había hecho en esta etapa.

La situación en Madrid, origen de la protesta, es mala. Probablemente peor que en otros territorios, pero en todas partes cuecen habas en Infantil. Se manifestaron en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Asturias y en Catalunya, entre otros lugares. El día 23 todas esas manifestaciones convergen en Madrid, donde se espera una gran marcha para llamar la atención de la realidad de un sector básico. Es una huelga, además, con la que es fácil empatizar; cuando se conocen las condiciones en las que trabajan estas profesionales solo se les puede dar la razón.

No me extiendo más con este tema, que quiero contaros otras cosas de interés como la increíblemente torpe maniobra de la Generalitat con sus profes. Sí os animo a entrar en los detalles a través de los enlaces que os dejo, sobre todo en el caso de Infantil, donde el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de las condiciones de trabajo de estas maestras y educadoras es la mejor baza de las administraciones para que nada cambie.

Esta semana hemos hablado de...

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