Primer relevo a en el Govern de Salvador Illa a punto de cumplirse dos años desde su inicio. La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martinez Bravo, ha abandonado el cargo por motivos personales, en un reemplazo pactado con el president de la Generalitat, al que la consllera había manifestado su deseo de volver a centrarse en la academia.

Tal y como ha avanzado este lunes El Periódico y ha confirmado el propio Salvador Illa en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, a Martínez Bravo le tomará el relevo Raúl Moreno, quien hasta ahora ostentaba la secretaría general del Departament y del que se espera una gestión continuista.

La ya exconsellera había comunicado hace unas semanas al president Illa que no deseaba continuar, alegando motivos de índole personal. Se da la circunstancia de que Martínez Bravo, que se incorporó al Govern como independiente, aunque procedente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inició la legislatura con un pie en Madrid, donde residen su pareja y su hija, y otro en Barcelona, donde no disponía de otro domicilio que el de sus padres.

A lo largo de estos últimos dos años la consellera ha tenido que hacer frente al estallido de la crisis más importante en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), salpicada por una serie de irregularidades en la contratación de servicios de atención a los menores. El Govern apostó por una refundación completa que convirtió las siglas del organismo en la Direcció General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Unos cambios que, sin embargo, no han convencido a buena parte de la oposición.

El conseller entrante, Raúl Moreno, es un socialista de pedigrí, partido en el que ha militado desde hace tres décadas. Moreno, educador social de profesión, fue concejal Santa Coloma de Gramenet durante 12 años y diputado en el Parlament desde 2015.

Illa ha destacado de Moreno su “larga trayectoria a favor de la justicia social”, con su relación desde la política con el tercer sector. Es la primera vez además, ha destacado, que ocupa una conselleria un educador social de formación y ejercicio.

Además de continuar con la refundación del sistema de protección a la Infancia, Moreno hereda otros retos dentro como responsable de la conselleria. Entre ellos, destacan la mejora de la atención a la dependencia, el despliegue de la ley del ELA, la equiparación salarial en el tercer sector o la integración del ingreso mínimo vital con la catalana renta garantizada de ciudadanía.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

Durante su participación en la quinta edición de Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, celebrada en el Instituto Cervantes de Madrid, Illa aseguró que “Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir” y reclamó que se ponga fin a la “desconfianza” hacia las propuestas catalanas: “Ya basta de criticar las propuestas por su origen”, afirmó el president, quien llegó a calificar de “malos españoles” a quienes rechazan iniciativas únicamente por proceder de Catalunya.

Illa centró buena parte de su intervención en defender la propuesta de financiación autonómica –hoy, que se han conocido más detalles de la propuesta definitiva del Gobierno–. Esta iniciativa ha suscitado críticas tanto de gobiernos autonómicos del PP como de algunos ejecutivos socialistas. El president defendió que el nuevo modelo busca reducir las diferencias entre los territorios mejor y peor financiados e incrementar la corresponsabilidad fiscal de las autonomías.

A su juicio, quienes se oponen a esta reforma lo hacen por “incapacidad”, “miedo” y “conformismo”. Además, insistió en que Catalunya ejerce actualmente un “liderazgo” en España y constituye una “garantía de lealtad” institucional.

Confía en aprobar los Presupuestos Generales del Estado

En relación con la política nacional, Illa se mostró convencido de que aún es posible sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Argumentó que el final del ciclo de los fondos europeos convierte este momento en un “punto de inflexión” que exige unas nuevas cuentas públicas.También defendió los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados recientemente por el Parlament, al considerar que ofrecen estabilidad y margen de actuación para el resto de la legislatura.

El presidente catalán aseguró estar convencido de que Pedro Sánchez volverá a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, que ganará los comicios y continuará al frente del Gobierno. Asimismo, reconoció que la militancia socialista está “decepcionada” por los casos de corrupción que han afectado al partido, aunque sostuvo que también está “contenta” con la respuesta adoptada por la dirección para evitar que esos comportamientos se repitan.

La amnistía, objeto de debate la semana en la que se pronuncia el TJUE

Sobre la ley de amnistía, Illa defendió que tanto su “espíritu” como su “literalidad” son claros y lamentó que todavía no se haya aplicado en casos como el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo catalán expresó además su confianza en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie de forma “clara” sobre la norma y que, una vez lo haga, esta pueda aplicarse en España con “diligencia”.

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que el PSOE lanzará su propia propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica, frente a la “dejación de funciones de la Junta de Castilla y León”, que ha renunciado a hacer ninguna propuesta “por mandato del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo”.

“Unos abandonan sus responsabilidades y otros hacemos propuestas desde la oposición”, ha remarcado Martínez en una rueda de prensa tras reunirse con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento catalán en un encuentro que se enmarca dentro de las reuniones bilaterales que realizará hoy y mañana en Barcelona. “Si alguien ha desertado, nosotros apostamos por un diálogo sereno”, sostuvo el líder socialista.

Esa propuesta, ha avanzado, tendrá criterios ligados, por ejemplo, a un fondo climático para un reparto equitativo en función de la masa forestal; también tendrá en cuenta no solo la dispersión, sino la existencia de 2.248 municipios y la problemática para prestar los servicios públicos en Castilla y León, entre otros, que detallará la próxima semana.

Tras el encuentro con los socialistas catalanes, Martínez ha defendido la necesidad de aprender del “modelo Illa basado en el diálogo” y de apostar por las sinergias entre comunidades y no la confrontación como hace el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. También puso en valor cómo el PSC de Illa “fue capaz de lograr un cambio social y político ante la crispación existente”.

Castilla y León necesita, ha dicho, tener voz propia, “no puede vivir en una burbuja” y, por eso, el PSOE tiene un proyecto político basado en la estrategia integral de la Comunidad. “No solo venimos a aprender estrategias del PSC, sino a mostrar que Castilla y León tiene que tener voz propia y generar alianzas entre comunidades autónomas”.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al uso de las bajas laborales son una “demonización de la clase trabajadora”. Así lo ha dicho en la conmemoración en Barcelona de los 50 años de la última asamblea clandestina de CCOO del tardofranquismo. Sordo ha afeado al líder del PP su intención de “recortar derechos de las personas enfermas” y de “irrumpir” en la negociación colectiva impidiendo que los convenios colectivos mejoren las condiciones de las bajas.

En este sentido, Sordo opina que “una parte del poder económico” en España está “preocupado” por la posibilidad de llegar a una situación de pleno empleo porque, según dice, la “capacidad de negociación y de presión de los trabajadores se incrementaría de una forma muy importante”.

En esta línea, el secretario general de CCOO ha recordado la importancia de la organización obrera y, en el marco de la conmemoración de la asamblea de Sant Medir, ha querido insistir en que fue “una intensísima galerna de huelgas” la que “derribó” al régimen franquista. “La España democrática fue producto de una lucha” de trabajadores, movimientos vecinales y estudiantiles.

Parte de esas huelgas y acciones se concibieron en la asamblea del 11 de julio de 1976 en la iglesia de Sant Medir, del barcelonés barrio de Sants, en la que se juntaron más de 600 delegados sindicales de todo el país, cuando la organización seguía siendo ilegal.

En el acto han participado también la secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López y representantes políticos como la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Yolanda Díaz también ha dedicado su intervención a las declaraciones de Feijóo sobre las bajas laborales y ha recordado que el absentismo laboral no tiene nada que ver con “derechos” como el que permite faltar al trabajo para estar enfermo o acogerse a una huelga. La ministra ha advertido que el PP pretende “acabar con derechos laborales de España con o sin acuerdo”.

“La peor posición de la gente progresista es la de estar quietos”, ha seguido Díaz, que ha reiterado que “la gente trabajadora no puede resignarse”. En esta línea, ha defendido la necesidad de sacar adelante nuevos acuerdos desde el Gobierno que permitan “aumentar la democracia en las empresas, reformar los despidos o resolver la deuda clave de la vivienda en el Estado español”.

Por su parte, Illa ha advertido de que en España existe un “riesgo real de involución” ante la posibilidad de una alternancia política en el Ejecutivo. En este contexto, el president ha situado a los sindicatos como unos “aliados exigentes” para diseñar e implementar cualquier política pública. También ha destacado el “compromiso” del Govern de la Generalitat con el mundo del trabajo con medidas como el aumento de presupuesto para políticas activas de empleo.

Por parte del Ayuntamiento, Collboni también ha criticado las declaraciones de Feijóo diciendo que “banaliza” y “frivoliza” con las bajas laborales, pero ha asegurado que “no es un error” del líder popular: “Es que están mostrando los dientes”, ha remachado.

Para el alcalde, “el trabajo digno sigue siendo la mejor política de igualdad” y ha alabado el papel de los sindicatos en este ámbito ante retos como el impacto de la inteligencia artificial, la transición ecológica o la “precarización” en algunos sectores.

Para este acto de conmemoración, CCOO ha reeditado en un libro los discursos que Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, históricos dirigentes de la organización, pronunciaron en la asamblea de 1976. En sus parlamentos del que fue el último encuentro clandestino del sindicato, Camacho reivindicó a “los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical”. Sartorius, por su parte, situó al movimiento sindical como una de las causas de la caída del gobierno de Arias Navarro.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de “responsabilidades penales que son indeseables” si no colaboran en la misma.

Durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que “su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy”.

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que “hubiera sido mejor una decisión dialogada”, pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

“A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal”, ha expresado.

Estado de las pinturas

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: “También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas” y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: “¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?”.

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, este le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: “El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria”.

“Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'”, ha explicado.

El Parlament ha dado luz verde este jueves a los primeros presupuestos del Govern de Salvador Illa con el voto a favor de los diputados del PSC, ERC y Comuns. El resto de grupos han votado en contra. Son también las primeras cuentas que aprueba la cámara desde 2023, poniendo fin al período más largo en democracia sin nuevos presupuestos. Las cuentas de la Generalitat para 2026 ascienden a 49.162 millones de euros e incorporan las 25 enmiendas pactadas entre PSC, ERC y Comuns en comisión parlamentaria. Y políticamente, garantizan la continuidad del gobierno en minoría y suponen un balón de oxígeno para poder agotar la legislatura.

Los nuevos presupuestos contemplan un gasto público de 49.162 millones de euros y contemplan 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comuns. Concretamente, 533 para los acuerdos con ERC y 360 para los pactos con los Comuns.

El presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023. En cuanto a los departamentos, Salut es el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

El Govern ha calculado los presupuestos con un déficit del 0,1% del PIB, el equivalente a 329,6 millones de euros. Asimismo, Economia estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 28,4% al 27,4%, llegando al 22,2% cuando se formalice la cancelación del FLA.

El período más largo sin presupuestos en democracia

La última vez que el Parlament aprobó presupuestos fue el 10 de marzo del 2023, tres años y casi cuatro meses después, la cámara ha vuelto a dar luz verde a unas cuentas que formalmente son para el 2026, pero todo apunta a que pueden ser para todo lo que queda de legislatura.

Hasta ahora el período más largo entre presupuestos era el intervalo entre las cuentas aprobadas en marzo del 2017, con Carles Puigdemont de president, y las de la pandemia de abril del 2020, con Quim Torra y tras la aplicación del 155.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en la Moncloa a los máximos responsables de Telefónica, Banco Santander y ACS, los socios principales del consorcio público-privado recién constituido para desarrollar la primera gigafactoría de inteligencia artificial avanzada en España. Una infraestructura, de las que como máximo habrá cinco en toda la UE, con las que Bruselas quiere superar su brecha con EEUU y China en esta tecnología.

Como ha venido adelantando elDiario.es, las tres multinacionales españolas serán la base privada del proyecto, que aspira a desarrollar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

En la reunión con Sánchez, además del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de ACS, Florentino Pérez; y el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; también han estado presentes el director ejecutivo de la firma de software Multiverse Computing, Enrique Lizaso; el primer responsable ejecutivo del consorcio, Francesc Fajula (ex consejero delegado de Mobile World Capital); así como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

La estructura accionarial definitiva de consorcio otorga el control efectivo de la sociedad al bloque privado, que retiene el 51% del capital. Telefónica, ACS y Banco Santander cuentan con una participación individual del 15,67% cada una, mientras que la startup Multiverse Computing posee el 4% restante. El sector público gestiona el 49% de las acciones a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), que ostenta el 47,99%, y de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 1%.

El encuentro oficializa los primeros pasos de la candidatura española para albergar estas infraestructuras, que tendrán una inversión final de unos 5.000 millones de euros cada una. En el caso español, el Consejo de Ministros ya ha aprobado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros: 720 para aportar el capital público del consorcio y otros 300 como “aportación voluntaria” para el EuroHPC, el organismo europeo que gestiona la inversión europea en IA.

El proyecto español presentará una candidatura multisede con dos polos principales. Uno se localizará en Móra la Nova, en Tarragona, y el otro en San Fernando de Henares, en Madrid.

El objetivo de las gigafactorías es elevar a un nuevo nivel la iniciativa europea de las IA Factories para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje soberanos. España cuenta actualmente con dos de estas últimas, ubicadas en el Centro de Supercomputación de Galicia y en el Barcelona Supercomputing Center, donde opera el superordenador MareNostrum 5. El nuevo centro multisede pretende abrir el acceso a estas herramientas avanzadas a universidades, pequeñas empresas y centros de investigación locales.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho este lunes un reconocimiento a “la tarea de servicio al país” del expresident Jordi Pujol y ha considerado que el balance histórico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es positivo: “Catalunya debe mucho a Convergència”.

Así lo ha dicho en el acto de entrega de los fondos documentales de CDC al Archivo Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), un evento en el que han participado el propio Jordi Pujol, el expresident catalán Artur Mas, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el exlíder del PDeCAT David Bonvehí, que conservó durante años los documentos ahora donados.

Illa ha obviado las causas de corrupción en los que se ha visto inmerso el partido (condenado por recibir comisiones ilegales a cambio de obra pública en el caso Palau, en el que la Justicia tiene problemas para que la formación, ya extinta, devuelva los 6,6 millones que cobró).

Las causas judiciales por corrupción de Convergència fueron uno de los motivos que impulsó al partido a refundarse en el PDeCAT en 2016. Fue el final de un camino político iniciado en 1974 y marcado por la hegemonía política en Catalunya entre 1980 y 2003, cuando Pujol presidió la Generalitat.

Las palabras de Illa sobre Convergència se enmarcan en la rehabilitación política que el actual president ha realizado de su fundador, Jordi Pujol, con quien se ha reunido y ha apoyado durante el juicio por corrupción a su familia pendiente de sentencia, del que finalmente fue exculpado por su deteriorado estado cognitivo.

“Si uno hace el cómputo de estas casi cuatro décadas de servicio en el país, con una importancia muy relevante, trabajando por la convivencia, yo que no he sido de esa formación política ni lo soy, digo que el balance es positivo”, ha aseverado Illa.

El president ha defendido su valoración positiva de Convergència, más aún en un contexto político marcado por la polarización y en el que los partidos “se echan los trastos a la cabeza”. “Catalunya debe mucho a CDC y Catalunya sin CDC no habría sido el país que es hoy”, ha apostillado.

Illa, que además de ser president de la Generalitat es el primer secretario del PSC, ha elogiado la trayectoria de la antigua CDC, partido que “ha trabajado por la convivencia en Catalunya”.

También ha intervenido en el acto Artur Mas, que ha definido CDC como “una gran historia de éxito” y “una gran historia de servicio a Catalunya”, con un talante “alejado del sectarismo, del populismo, de la demagogia, de la hipocresía política y del postureo”.

A diferencia de “algunas formaciones políticas” actuales, ha dicho, CDC “puso su ideología al servicio de la realidad y del país”. Mas ha denunciado que CDC también fue “objetivo de destrucción” y ha advertido: “Cuando en una democracia el Estado de derecho se pone al servicio del abuso del poder, entonces es cuestión de tiempo que este sistema acabe teniendo ciertamente un Estado de derecho pero sin democracia”.

El PP ha registrado una petición de ampliación de los trabajos de la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', cuyas pesquisas se han extendido ya a otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno y aborda, entre otros, el 'caso Leire'. El partido de Feijóo quiere interrogar al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También abre la puerta a citar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, quien ya compareció antes de ganar las elecciones.

La semana pasada se desveló parte de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las supuestas maniobras del PSOE para frenar las causas judiciales que atenazan al Gobierno. El magistrado señala en su extenso auto la existencia indiciaria de una trama urdida en la misma sede federal de los socialistas, con quien fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, a la cabeza.

Entre los señalados por Pedraz están Hernando y Antolín, quienes se estrenarían como comparecientes ante las muchas comisiones de investigación abiertas por el PP gracias a su mayoría absoluta. Ambos habrían participado en reuniones con Leire Díez y serían parte de la trama teóricamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional.

El PP también incluye en la lista de potenciales comparecientes, que anunciará esta misma mañana, a Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE.

La propuesta de ampliación de los trabajos presentada por el PP será aprobada gracias a su control total sobre la Cámara, aunque está todavía por determinar la fecha efectiva de citación de las personas incluidas en el listado.

Entre ellas, además de las tres novedades citadas, el PP plantea recuperar a comparecientes a los que ya ha interrogado en esta misma comisión. Es el caso de Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat ya acudió al Senado justo antes de las elecciones de 2024 que le catapultaron al cargo.

El auto de Pedraz señala, precisamente, pagos dudosos en la campaña electoral de Illa ese mismo año y cómo Ferraz pudo usar al grupo de Leire Díez para atacar a sus rivales en las urnas.

El PP se prepara también para citar de nuevo a la propia Leire Díez; a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a su predecesor, Mariano Moreno; a quien fuera directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández; a su predecesor, Jesús Gascón; y a quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, Juan Manuel Serrano.

Sánchez, “autor intelectual”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado en una rueda de prensa la nueva batería de citaciones en la comisión de investigación, y ha asegurado que “el comando” que, según la investigación judicial, lideraban Santos Cerdán y Leire Díez, en realidad tenía “un autor intelectual, Pedro Sánchez”. “Ese que dijo 'límpiese”, ha añadido, en referencia a un testimonio indirecto que recoge el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz.

La portavoz ha dicho que quien fuera “lugarteniente” de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, actuó de “enlace” y “se reunió con Leire Díez cuando era director adjunto de Gabinete” del presidente del Gobierno. El sumario recoge, efectivamente, una reunión. “¿Quién dio la orden de acudir a esa reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y otros?”, se ha preguntado García. “¿Qué se acordó y a quién reportaba sobre los avances de las cloacas?”, ha concluido.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

Salvador Illa se ha convertido en uno de los pocos puntales territoriales que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, una soledad que no le impide al president catalán mostrar su apoyo con contundencia. Si la semana pasada Illa ya sugirió que las causas judiciales que se abrían contra el PSOE tenían sospechosas “casualidades”, este lunes lo ha repetido durante su discurso de apertura de la Reunión del Cercle d'Economía, ante lo más granado del empresariado catalán, cuando ha señalado “coincidencias” entre la agenda judicial y la de la derechas.

“Queremos romper el círculo vicioso del populismo”, ha asegurado en relación a la economía española que, según ha considerado, es un ejemplo para Europa. “Quizá sea el éxito de los gobiernos de Catalunya y España lo que explica tantas coincidencias en algunas agendas. Déjenme decirlo claro: nada ni nadie nos desviara de nuestro propósito”, ha asegurado Illa.

El jefe del Govern ha defendido además una Catalunya absolutamente comprometida con el proyecto Europeo, también en lo que respecta a retos como la autonomía estratégica o la transición energética. “El federalismo europeo es la mejor manera de gobernarnos y es lo contrario al retorno a las grandes potencias y el imperialismo. Los grandes retos sociales de vivienda o climáticos requieren un salto de escala”, ha defendido.

Ante una audiencia tan influyente como la que congrega el Cercle, Illa ha propuesto “una alianza duradera entre el Govern y los sectores económicos”, a la que incluso ha puesto nombre: el consenso Catalunya, a la imagen del Consenso de Londres. Este pacto estaría basado en tres objetivos: el primero crear valor y creer en el modelo público-privado, el segundo una política industrial activa y, el último, una productividad destinada al bienestar.

En terreno económico, Illa se ha presentado ante los empresarios con un nuevo plan bajo el brazo para finalizar algunas infraestructuras clave mediante un modelo público-privado. Esta colaboración permitirá “acelerar las inversiones que necesitamos en obras estratégicas”.

Para ello, la Generalitat sacará un concurso por valor de 1.800 millones de euros, que permitirá que de la mano del sector privado algunos proyectos se acaben en seis años. Entre las obras contempladas están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro (500 millones de euros), el despliegue de los llamados ejes viarios 2+1 a lo largo de 366 km de la red de carreteras (720 M€) o el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 M€), según indican fuentes del Govern.

Illa ha anunciado además que ya piensa en un segundo paquete, también destinado a un contrato que será asumido por el sector público, por valor de 1.500 millones más y donde se contendrán planes como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus o la terminal ferroviaria de Lleida–Quatre Pilans.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern elevará de los 35 hasta los 40 años el límite para poder solicitar los Préstamos de Emancipación el próximo lunes, una medida que se estima que beneficiará a 600.000 personas. Lo ha afirmado este viernes en un acto en el Institut Català de Finances (ICF), en el que también ha participado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y en el que Illa ha conversado con dos beneficiarios de estos préstamos, que hasta el momento han recibido 1.698 personas.

El préstamo, puesto en marcha el curso pasado, está pensado para aquellos jóvenes que quieren acceder a una vivienda de compra pero no pueden hacer frente al pago de la entrada. Lo que ofrece la Generalitat es un crédito a interés 0% de hasta 50.000 euros, pensado para cubrir el 20% del valor del inmueble, y que no hay que devolver hasta que se ha pagado la hipoteca. A cambio, la vivienda se convierte en protección oficial.

Illa ha asegurado que Catalunya es la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo de préstamos a personas de hasta 40 años y, aunque ha reconocido que esta política no solucionará el problema de la vivienda en Catalunya, es una de las propuestas que pueden ayudar a hacerlo. Ha subrayado el president que el Govern es la administración pública que más medidas está tomando ante la crisis de la vivienda: “Somos, de España, los que más hacemos para la vivienda. Podemos hacer más, pero somos los que más hacen”.

El presidente de la Generalitat ha añadido que es necesario aumentar la oferta de vivienda, especialmente de la protegida, pero que las nuevas viviendas se deben hacer en algún lugar, por lo que, si llega más gente a un sitio, se deberán mejorar los servicios públicos.-

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que “respeta la justicia” pero que “sabe distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es”. Lo ha afirmado tras conocerse la investigación que dirige la Audiencia Nacional contra las maniobras que habría realizado Leire Díaz para neutralizar diferentes investigaciones judiciales y policiales, supuestamente tutelada desde el PSOE.

“La verdad siempre acaba imponiéndose”, ha afirmado Illa, que el lunes ya salió a dar la cara por José Luís Rodríguez Zapatero tras su imputación, para el que pidió “respeto a su honorabilidad”.

“No somos ingenuos”, ha indicado Illa durante su intervención en el II Foro de Prensa Ibérica sobre la paz y seguridad en Europa. El jefe del ejecutivo catalán se ha cuidado de atribuir directamente intencionalidad política a la causa, pero la ha sugerido al entender que hay cosas que no son “coincidencia”. Además, ha avisado de que, si alguien piensa que estas actuaciones “doblegarán” a los socialistas, “no lo conseguirá”.

“La democracia descansa en el concepto de verdad, y la verdad siempre se impone”, ha confiado Illa. A su juicio, “puede tardar más o menos”, pero “siempre acaba imponiéndose”.

“Creer en la justicia aunque cueste”

“Cuando uno es socialista cree en la dignidad aunque sea difícil, y en la justicia aunque cueste”, ha añadido Illa, que durante el miércoles, día de la intervención de la OCU, evitó hacer declaraciones.

El jefe del ejecutivo ha respondido así a la entrada de la UCO este miércoles en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid para requerir información al partido relacionada con el ex militante socialista Leire Díez.

La Audiencia Nacional también ordenó a la UCO requerir al PSOE documentación relativa a la campaña electoral del PSC en las elecciones del Parlament del 2024. El PSC aseguró haber respetado la legislación electoral “en todo momento”.

La investigación busca aclarar si la cúpula del PSOE pagó a la propia Díez o a personas cercanas como compensación de sus actuaciones a través de unos anuncios electorales que se contrataron con Crónica Libre, el diario de la fallecida Patricia López.

Durante las 12 horas de intervención de la Guardia Civil en Ferraz, Sánchez se encontraba en Roma, en un viaje institucional para reunirse con el papa León XIV en el Vaticano.

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) e incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.

Los nuevos presupuestos aprobados por el Govern catalán mantienen el gasto público en 49.162 millones de euros, contemplando 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comunes. De ese dinero, unos 360 ya estaban previstos en el proyecto aprobado en el mes de febrero para los acuerdos con los Comunes -reservados en los fondos no departamentales y sin adjudicar-, mientras que otros 533 provienen de una disposición en la que se habían reservado como “almohada” por el aumento de previsión de ingresos de 500 han explicado desde Economía. El Govern prevé 4.693 millones hasta el 2030 por los acuerdos con ERC y los Comuns.

Economía y Finanzas justifica que el proyecto de presupuestos presentado este viernes es muy similar al presentado hace tres meses porque el cuadro macroeconómico se mantiene, al tiempo que entre un 75% y un 85% de las cuentas están condicionadas en el capítulo 1 -lo que contiene las remuneraciones de personal-.

Así, las principales cifras se conservan y el proyecto contempla 4.146 millones en inversiones del sector público, financiadas a través de un ahorro corriente de 2.475 millones. El gasto si se incluye el total del sector público aumenta hasta los 54.747 millones, un 24% por encima de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas.

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

Sin embargo, estos ingresos se da por hecho que aumentarán más por el buen ritmo de la economía, y como prevé la disposición adicional que incluye los aproximadamente 500 millones que se han previsto para los pactos con ERC en 2026.

En cualquier caso, la cifra presupuestada de 49.162 millones es la más elevada de un presupuesto de la Generalitat.

De hecho, las principales cifras deben mantenerse intactas para cumplir con la regla de gasto, con lo que el presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023, hasta alcanzar los 49.162 millones de euros.

Sin embargo, al cierre del ejercicio este gasto se habrá incrementado, como fuentes de Economía apuntan a que ocurre con cada presupuesto, por el aumento de ingresos u otras variables.

En este sentido, a la cifra de los 49.162 millones de euros habrá que sumar los 533 millones que se necesitan para cumplir este año con los compromisos con ERC, de los que 500 ya se habían reservado con una disposición adicional en el proyecto de febrero y estaban sin asignar. Así, el presupuesto podría acabar siendo de unos 49.695 millones de euros, aunque negro sobre blanco cuya cifra se aprobará es la de 49.162 millones.

Economía y Finanzas ha explicado que los acuerdos alcanzados suponen 893 millones de euros extra para los departamentos en 2026: 533 para ERC y 360 por los pactos de los Comunes, estos últimos ya contemplados en los 49.162 millones de febrero.

Cifras por departamentos

Así, si se observa la cifra total de gasto por departamentos, es la misma que el proyecto de finales de febrero y, en términos absolutos, Salut sigue siendo el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Del detalle de los 893 millones pactados con ERC y Comuns distribuidos en dos disposiciones adicionales, Economía y Finanzas ha precisado que 251 millones son para Salut, por lo que, de nuevo, es la conselleria más beneficada en términos absolutos.

Le siguen la macrocartera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (203 millones), Educación (135 millones), Cultura (50 millones), Política Lingüística (41 millones), Derechos Sociales e Inclusión (41 millones), Unión Europea y Acción Exterior (40 millones), Investigación y Universidades (38 millones), Presidencia1 y 35 Democrática (15 millones), Deportes (11 millones), Empresa y Trabajo (10 millones) e Igualdad y Feminismo (2 millones).

Estos 893 millones forman parte de un paquete de 4.693 millones de “compromisos” con ERC y Comuns para el período 2026 – 2030.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.