La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reconocido “una parte de responsabilidad” del Gobierno en la gestión de la crisis de Ceuta: “Es verdad que ha habido una situación de desborde extraordinario, y la coordinación tendría que haber sido más eficiente, o más rápida”. “Hemos visto situaciones y vemos situaciones que evidentemente no nos gustan, por eso digo que es importante la autocrítica, hacernos cargo y asumir la parte de responsabilidad que tenemos”, ha afirmado en una entrevista en en Radio 5.

No obstante, Rego ha defendido que se puede “atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta” y, a la vez, a las “personas en situación de vulnerabilidad” que llegaron a la ciudad, al tiempo que ha rechazado que haya que elegir entre una cosa u otra.

Asimismo, también ha reclamado al PP que “firme” el traslado de 500 menores desde Ceuta a la Península, al asegurar que “las plazas están habilitadas” y que solo falta el visto bueno del Gobierno de la ciudad autónoma para hacerlo efectivo. La ministra ha acusado a “los dirigentes del Partido Popular” de reclamar la expulsión de todos los menores migrantes, algo que ha calificado de “mecanismo de deportación masiva de niños” y que considera, además, “ilegal e inhumano”.

Rego ha defendido que cualquier procedimiento debe ser “individual, de cada niño y cada niña”, en atención al interés superior de la infancia, tal y como recoge, según ha dicho, el ordenamiento jurídico español.

En este sentido, ha planteado dos gestos concretos que, a su juicio, el PP podría hacer “de manera inminente”, como que Ceuta firme el traslado de las 500 menores a la Península, ya que “las plazas ya están habilitadas y las financia el Estado”, y que las comunidades autónomas gobernadas por el PP “sean solidarias” y cooperen en la acogida de menores.

Por otra parte, la ministra ha acusado a Vox de “señalar y llamar a cazar seres humanos” desde “tribunas de las instituciones democráticas” mediante “discursos de odio” que, a su juicio, “no son opiniones legítimas”, porque “el racismo y el fascismo no son una opinión legítima”.

Preguntada por el papel de la Unión Europea, Rego ha subrayado que España es frontera sur de la UE y ha criticado los “mecanismos de externalización y militarización de fronteras”. Ha defendido en su lugar mecanismos de “vías legales y seguras”, como los aplicados durante la crisis de refugiados de Ucrania, “una acogida vinculante y solidaria” con recursos europeos para los territorios de entrada.

La ministra ha denunciado también un “sesgo racista” en el trato diferenciado entre la crisis ucraniana y la actual, al considerar “inhumano” que no se aplique el mismo criterio de acogida rápida y solidaria a los menores que han llegado a Ceuta.

Manifestación en defensa de Ceuta en Madrid. Un hombre, porque era un ser humano, sostenía a su hijo encima de los hombros mientras una horda de fanáticos, con él como parte de la turba, gritaba, insultaba y agredía a un periodista. El niño, empujado por el ejemplo de su progenitor, participaba del akelarre fascista sin saber exactamente lo que hacía y lo que significaba pero siguiendo las enseñanzas de quien le cuida y educa. Porque si su padre lo hace es porque tiene que estar bien.

Manifestación en defensa de Ceuta en Tarragona. Una madre sostiene una pancarta mientras grita “Pedro Sánchez, hijo de puta” y sonríe viendo a su hijo de apenas 10 años, que sostiene otra pancarta hecha por él mismo en la que se lee el mismo lema. La familia ha hecho manualidades en compañía por la tarde antes de ir a la manifestación y han enseñado a su hijo a dibujar con colores en una pancarta que el presidente del Gobierno es un hijo de puta. Una voz se escucha en el vídeo diciendo al niño que está “muy guapo” sosteniendo el cartelito con el improperio. Porque los comportamientos fascistas hay que reforzarlos.

Los dos eran niños. Eran un padre y una madre educando a niños en el odio. Precisamente por eso mismo no es casualidad que sean mayoría la cohorte de jóvenes apegados al fascismo, niños educados en la humillación del diferente, en la agresión, en el supremacismo masculino, niños educados para ser bullies en el colegio, niños educados en la violencia y en la agresividad. Estas familias están poniendo los ladrillos para generar potenciales maltratadores porque lo que están mamando en casa es que las mujeres feministas tienen que ser violentadas, que tienen menos derechos que ellos, que los homosexuales son inferiores, que los migrantes no son humanos, que los rojos tienen que ser abono para las cunetas. Están criando a sus hijos como fascistas para que sean fascistas.

La educación parental de estos fanáticos no es solo enseñar a sus hijos valores conservadores, de instaurar en ellos un ideario crítico, ni de inculcarles valores cristianos. Se trata de generarles odio, de tener con ellos un discurso que trata a los que piensan diferentes como escoria a erradicar, de no respetar la diferencia y actuar con violencia cuando se encuentren en el futuro con quien piensa distinto o no le permite hacer lo que quiera cuando quiera. Estos niños tienen mucho más peligro cuando se crucen con una niña que no quiere hacer lo que ellos quieren porque les han enseñado en casa que lo único que les separa de su voluntad es el uso de la fuerza.

Hace más de un año me encontré en Parquesur (Leganés) a un gorila de una empresa de desokupación que fue en el pasado candidato de Vox en Móstoles y al reconocerme intentó agredirme. El niño que iba con él, su hijo, empezó a llorar desconsolado al ver a su padre mostrarse como un simio violento y tuve que ser yo el que le recordara al hombre que estaba intentando agredirme mientras la seguridad nos separaba que al menos pensara en su hijo y en el disgusto que le estaba dando. Porque siempre es buen momento para educar a los hijos de los fascistas, incluso en esos momentos en los que quieren agredirte, para que vean que hay otra manera de ser y que simplemente han tenido mala suerte de tener esos padres de mierda. Porque los niños no tienen la culpa y hay que salvarles de ese entorno tóxico en el que se crían.

La patria potestad es un derecho del niño porque otorga a los padres el cuidado, mantenimiento y bienestar del menor hasta que tenga la mayoría de edad. Es un derecho del niño, no del padre, y desde un punto de vista moral y de estabilidad y equilibro mental del menor habría que preguntarse si los padres que acuden con sus hijos a una protesta para agredir e insultar, para despreciar y humillar al diferente, están en condiciones de otorgar a su descendencia la crianza que se merecen. Esta misma gentuza es la que pide el pin parental en la educación para que no haya nadie que le enseñe valores de respeto a la diversidad y empatía con los más vulnerables. En el fondo lo hacen para que sus hijos no se den cuenta de la bazofia que tienen en casa, se saben despreciables y no quieren que sus hijos puedan comparar otros modelos de persona.

Cantabria ha apoyado la financiación de 25 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, aprobada este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia, aunque considera “escasa” esa cantidad y solicita que, dentro de esa ayuda, se incluya una partida para la reunificación de estos menores.

En concreto, “para intensificar esos equipos que tienen que valorar a estos menores a efectos de su reagrupación familiar”, ha precisado la consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), para quien el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) “lo primero que tiene que hacer es cumplir la legalidad y cumplir la legalidad”.

En este sentido, ha insistido en la idea de que “no estamos hablando de reparto”, sino de “retorno y reunificación familiar, siempre dentro de la ley y atendiendo al interés superior de cada menor”.

Por eso, Gómez del Río ha indicado que “lo primero” que tiene que hacer el Ejecutivo es “identificar correctamente a los menores, conocer su situación individual, localizar a sus familias y explicar qué gestiones ha realizado con Marruecos”, y hacerlo, ha agregado, “menor por menor, familia por familia y expediente por expediente”.

Por eso, la titular de Inclusión Social y Juventud no entiende que el Estado “quiera hablar ya de traslados y de reparto cuando ni siquiera ha sido capaz de ofrecer un dato fiable sobre cuántos menores llegaron realmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio” tras el asalto masivo de la valla.

“Primero se habló de 2.900 menores y ahora Interior habla de alrededor de 1.500, incluyendo además a menores que ya estaban bajo la tutela de Ceuta. Después de casi un mes, seguimos sin un censo único y consolidado. Eso no es coordinación: es desgobierno”, ha criticado.

Durante su intervención en la reunión, en la que ha participado por videoconferencia, Gómez del Río ha reafirmado la “solidaridad” de Cantabria con Ceuta, y ha subrayado al respecto que ha votado a favor de la ayuda de 25 millones, aunque considera que son “insuficientes” y debe haber por tanto “más financiación”, ya que “la prioridad es el retorno del menor con su familia”.

“Ceuta necesita todos los recursos necesarios para atender y proteger a los menores, tal y como se ha dejado patente en la Conferencia Sectorial por parte de la mayoría de las comunidades autónomas intervinientes, pero se solicita más financiación y que contemple equipos que trabajen en la localización de las familias y en la reunificación cuando legalmente proceda”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que “no mienta” y ha aclarado que la región no se opone a que se destinen recursos a Ceuta para atender la crisis de los menores migrantes no acompañados. Con un mensaje publicado en la red social X, Guardiola ha salido al paso de las críticas vertidas tras la conferencia sectorial de este jueves, asegurando que el Gobierno central pretende “embarrar y enfrentar” a las comunidades para tapar lo que ha calificado de “incompetencia clamorosa”.

La réplica de Guardiola se produce después de que Extremadura no haya asistido a la reunión de las comunidades con el ministerio. El vicepresidente extremeño, Óscar Fernández Calle, de Vox y con las competencias de Infancia, decidió plantar al Gobierno al considerar la asignación de fondos como un primer paso para el futuro traslado de menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. En este sentido, Fernández aseguró el miércoles que la Junta de Extremadura impugnará ante la justicia “uno a uno” los expedientes de traslado procedentes de la ciudad autónoma que no concluyan con el retorno de los jóvenes a Marruecos.

En la conferencia sectorial, las comunidades que han participado han aprobado por unanimidad la asignación de 25 millones de euros a Ceuta, mientras que los departamentos dirigidos por Vox (Extremadura, Aragón y Castilla y León) hicieron constar por escrito su voto en contra tanto a este crédito como a cualquier derivación de menores. Tras la sesión, la ministra Rego ha criticado la inasistencia alegando que estas autonomías estaban “castigando” a Ceuta y haciendo el juego a los postulados de la extrema derecha.

Ante esta controversia, Guardiola ha defendido que Extremadura cuestiona “la dejación de funciones y el abandono del Gobierno de España” en la gestión de las fronteras y la protección de los niños y niñas, subrayando que las responsabilidades estatales en esta materia “no son elegibles”. La presidenta autonómica ha remarcado que crear “una polémica con falsedades” no resolverá la tensión migratoria y ha zanjado su declaración garantizando que el Ejecutivo extremeño estará “siempre con los ceutíes y con la ley”.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado que utilice las herramientas jurídicas que ofrece el Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar la atención y el triaje de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta.

Así lo ha señalado este jueves tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde mostró su solidaridad con Ceuta, del mismo modo que, recordó, la ciudad autónoma lo hizo cuando el archipiélago sufría la misma situación. A dicha reunión asistieron nueve comunidades, y faltaron aquellas gobernadas por el PP, a excepción de Canarias, donde los popualres gobiernan con Coalición Canaria.

La consejera ha hecho especial hincapié en que las islas se sintieron “solas” en su momento y que tuvo que impulsar distintas reformas legislativas (la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que fue aprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados pese a los votos en contra de PP y Vox) que ahora “pueden ayudar” a Ceuta a afrontar la situación de los menores, incluida la posibilidad de que sean reagrupados con sus familias o trasladados incluso a otros Estados miembros de la Unión Europea.

En este sentido, ha destacado que desde el pasado 12 de junio está vigente el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha puesto el foco en su artículo 8, que contempla que el denominado triaje, es decir, la valoración de los menores y de sus circunstancias, pueda realizarse en el Estado fronterizo o en otro lugar que determine la Administración General del Estado.

Según ha explicado, esta normativa permite al Estado trasladar a los menores que actualmente se encuentran en Ceuta a establecimientos estatales situados en territorio peninsular para realizar allí el correspondiente triaje.

Este procedimiento permitirá determinar si se trata de menores que necesitan protección internacional y asilo, en cuyo caso pasarían a depender del Ministerio de Inclusión, como ya ha ocurrido con cerca de 500 menores trasladados desde Canarias a establecimientos estatales por esta circunstancia.

Asimismo, apuntó que el triaje deberá determinar si procede una reagrupación familiar, incluido el posible retorno a Marruecos solicitado por el Estado marroquí, o si corresponde el traslado de los menores a otras comunidades mediante los mecanismos previstos en la legislación española.

La consejera ha apuntado igualmente que el Pacto Europeo de Migración y Asilo permite contemplar el traslado de menores hacia otros territorios de la Unión Europea, por lo que ha reclamado al Estado que haga uso de todas las herramientas jurídicas disponibles. “Eso es lo que hemos pedido. Se tienen las herramientas por parte del Estado”, ha señalado.

Los millones aprobados solo darán “para unos meses”

Del mismo modo, Delgado ha pedido al Gobierno de España que incremente la financiación destinada a Ceuta para atender a los menores, al considerar que los 25 millones de euros previstos “no darán sino para dos o tres meses” de atención, según la experiencia acumulada por Canarias durante la crisis migratoria.

La consejera también ha exigido reforzar la Subdelegación del Gobierno en Ceuta, dado que, según ha recordado, el artículo 5 del Real Decreto-ley establece que este órgano es el encargado de iniciar los expedientes de los menores.

También ha explicado que el objetivo es que la Administración pueda tramitar “ágilmente” los expedientes, realizar el triaje con todas las garantías y determinar posteriormente el destino de cada menor, ya sea el retorno familiar a Marruecos, su incorporación a los recursos de protección internacional y asilo del Ministerio de Inclusión, su traslado a otra comunidad autónoma o, en su caso, a otro país de la Unión Europea.

Finalmente, Delgado ha instado al Ministerio de Infancia que recupere los 100 millones de euros que, según ha señalado, fueron puestos a disposición de este departamento en 2025 para financiar los traslados de menores desde las CCAA y ciudades autónomas afectadas por la contingencia migratoria.

Según ha comentado, esos 100 millones de euros estaban destinados a financiar los traslados de menores desde los territorios con mayor presión migratoria, con el objetivo de que Canarias, Ceuta y Melilla pudieran salir de la situación de contingencia. “Esos 100 millones ya estuvieron el año pasado y este año no hemos sabido nada de esa partida”, ha afirmado.

Por ello, la consejera ha insistido a Infancia que solicite al Ministerio de Hacienda la incorporación “inmediata” de esos 100 millones para garantizar la atención de los menores y poder afrontar la situación migratoria en Ceuta con recursos suficientes.

El Gobierno y comunidades autónomas han aprobado 25 millones de euros para Ceuta por la crisis tras la entrada de miles de personas de Marruecos, que acabó con una tragedia humanitaria y la muerte de más de 140 personas. La ayuda extraordinaria irá para atender a los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma. “Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido para la aprobación”, ha expresado la ministra Sira Rego, que ha reconocido que se deberán mantener más reuniones con las comunidades para aprobar nuevas partidas.

A la Conferencia Sectorial de este jueves no han acudido los representantes de Vox que dirigen las consejerías de infancia en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que han rechazado directamente sentarse en la mesa con el Ministerio de Infancia dirigido por Sira Rego. Sobre esta ausencia, Rego ha asegurado que el PP en estas comunidades “han decidido abandonar y castigar a [Juan Jesús] Vivas”, que también es del mismo partido. “Feijóo ha decidido escoger a Vox en lugar de a Ceuta. Es lamentable”, ha añadido.

Los consejeros remitieron una carta a la ministra en la que insistían en que “todos” los menores de edad tenían que ser devueltos “vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción”. Una postura que comparten con las regiones del PP, cuyos representantes sí que han asistido a la reunión. Aunque no se ha incluido formalmente otro punto distinto a debatir, el Ministerio sí que ha comentado otras opciones sobre la posibilidad de trasladar a menores no acompañados. “He querido situar al menos una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país, que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para acoger a niños y niñas”, ha indicado Sira Rego.

La propuesta del Ministerio

El plan de Infancia principal propuesto para Ceuta es que la ciudad autónoma convenie el traslado de 500 niñas —por ser el perfil más vulnerable— a dos entidades de la península. “Lo más urgente es sacar a los niños”, han indicado fuentes del Ministerio, que explican que la tutela de estos menores corresponde a Ceuta. Para este convenio no haría falta el visto bueno de las autonomías, ya que el convenio se firmaría con las propias entidades. Por ahora, Navarra ha sido la única comunidad que abiertamente se ha ofrecido a acoger migrantes de Ceuta, según han expresado tras la propia reunión de este jueves.

Un plan que, según indican desde el Ministerio, ya se podría aprobar: “Corresponde a Ceuta tomar la decisión”, ha indicado la ministra en la rueda de prensa, en la que también ha pedido la solidaridad de otras comunidades autónomas para que lleguen a acuerdos con la ciudad autónoma con el fin de acoger a menores y aliviar la presión. En cuanto a las palabras del presidente autonómico, Juan Vivas, Rego ha asegurado que le trasladó “las diferentes opciones” el día 8 de agosto: “Me sorprende que dijera que no sabía nada”, ha asegurado.

Durante la comisión previa a la reunión de este jueves, las comunidades del PP se negaron a incluir un punto del día en el que se debatiera de la situación de Ceuta. Sin embargo, el Ministerio pretendía igualmente hablar del tema durante la conferencia sectorial, pero para ello necesitaba que todas las comunidades asistieran. Ante la falta de las consejerías de Vox, finalmente no se ha podido debatir. “Me gustaría que hubiera habido más flexibilidad para poder incluir otro punto en el que hubiera podido hablar la ciudad de Ceuta para conocer su situación y sus necesidades”, ha comentado Sira Rego en una rueda de prensa posterior, en la que ha reconocido que “no ha sido posible” incluir este punto por una “cuestión procedimental”.

“No hemos venido a debatir otras cosas”, ha asegurado en declaraciones posteriores a la reunión la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. “Hemos venido aquí a apoyar a Ceuta”.

Comunidades como Madrid ya habían mostrado anteriormente su rechazo a cualquier cosa que no sea devolver a dichos menores a Marruecos. Precisamente este miércoles, la consejería de Familia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había adelantado que iría al encuentro pero que no iban a “asumir la incompetencia del Gobierno”, por lo que exigían a Pedro Sánchez “control y defensa de las fronteras, refuerzo de la Guardia Civil y lucha contra las mafias”, así como la “reagrupación de todos los menores con sus familias” o su “entrega al sistema de protección de menores de Marruecos”.

El traslado de menores

Sira Rego también ha explicado durante la rueda de prensa que el perfil migratorio de estos niños y niñas es complejo y diferente, con lo que la petición de “reunificación familiar” no se podría aplicar a todos los casos. “En la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Ahí lo que nos toca como sociedad democrática [...] es acoger y cuidar de esos niños”, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al encuentro. “Entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar a los niños a la península”.

El Ministerio ha rechazado de plano una “deportación masiva de niños”, que sería contraria al derecho y al interés superior del menor. E

Castilla-La Mancha no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, según ha advertido este jueves la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

Estas declaraciones se producen de forma previa a la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos y un día después de que Emiliano García-Page descartase que la región que preside acogiera a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”.

“En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más”, ha señalado la titular de Bienestar Social durante una entrevista concedido a la Cadena Ser y recogida por Europa Press. “En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo”, ha apuntado.

García Torijano ha apuntado que se trata de una situación conocida por el Ministerio de Juventud e Infancia tras la coordinación de acogidas durante los últimos meses.

Por otra parte, la consejera ha recordado que la Conferencia contaba únicamente con un punto del orden del día centrado en “los 25 millones para Ceuta para poder atender esta crisis”, habiéndose incorporado un segundo punto de información “para poder saber o abordad un poco más esta crisis que está sucediendo”. “Entiendo que ahí ya nos explicarán como quieren trabajarlo”, ha apuntado.

La consejera ha abogado por “seguir trabajando el posible retorno de estos menores a su situación, a su lugar de origen” a través de “las entidades sociales de primera acogida”, apuntando su confianza en que “el objetivo y el compromiso del Ministerio es poder atender esta crisis directamente por parte del Gobierno central”.

“Creo que también están los planes del ministerio trabajar con las entidades sociales de allí de Marruecos no del propio terreno para poder garantizar que los niños y niñas puedan allí ya tener oportunidades de futuro”, ha señalado.

“Crisis muy superior”

En línea con la posición manifestada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Bienestar Social ha apuntado que la crisis de Ceuta “es una crisis muy superior”, trascendiendo la mera cuestión migratoria.

García Torijano ha apuntado que se trata de una cuestión “control de fronteras” y ha manifestado que “hay que dar una respuesta general”, al tratarse de una cuestión de Estado. “Desde luego que lo que ha pasado en este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera”, ha manifestado García Torijano.

Preguntada por la cuestión de la financiación a las comunidades autónomas, la titular de Bienestar Social ha recordado que “a las comunidades autónomas nos supone un coste importante que hay que asumir y que el gobierno de España desde luego debería de asumirlo”.

Sin embargo, ha desligado la respuesta a la crisis de Ceuta de esas políticas de acogida apuntando que “por mucho que las comunidades autónomas queramos aportar y queramos ayudar y queramos tener solidaridad esto no responde solamente a eso”.

No obstante, la postura mantenida esta semana tanto por Page como por García Torijano contrasta con la que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

El bloqueo en la crisis de Ceuta demanda una colaboración institucional que parece más en riesgo que nunca. Con miles de personas migrantes aún en las calles de una ciudad autónoma desbordada y en la que los ánimos de la sociedad ceutí empiezan a caldearse al calor de los discursos de odio, el Gobierno demanda la cooperación de las comunidades para impulsar medidas que alivien la situación. Y con ese propósito reúne este jueves a su conferencia sectorial el Ministerio de Juventud e Infancia, un foro del que forman parte los consejeros autonómicos del ramo.

La convocatoria solo tiene un único punto acordado en el orden día: la aprobación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros de ayuda al gobierno local de Juan Jesús Vivas. Y los consejeros de Vox de Extremadura, Aragón y Castilla y León ya han anunciado que no asistirán. “Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas”, lamentó la ministra Sira Rego este miércoles en sus redes sociales.

Desde el pasado 30 de julio, permanecen en Ceuta miles de niños y niñas no acompañados que esperan a ser filiados y que afrontan un largo proceso administrativo para poder acceder al sistema de acogida. Pero esa reunión de la Sectorial de Infancia llega con el portazo explícito a esa atención no solo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox, sino incluso por algunas en manos del Partido Socialista, como el caso de Castilla-La Mancha. “Si es una vulneración de la integridad territorial de España, si los ministros del Gobierno de España y el presidente han dicho por activa y por pasiva que se van a devolver a todos y que pierdan la esperanza incluso de pasar a la península, creo que tienen que cumplir con ese compromiso”, respondió Emiliano García-Page a preguntas de la prensa sobre la opinión de su gobierno acerca de la acogida de menores.

Según todas las fuentes consultadas en el Gobierno central y en los ejecutivos autonómicos, ni una sola comunidad autónoma, sea del signo que sea, se ha ofrecido hasta el momento a Ceuta para aliviar su situación y acoger, aunque sea temporalmente, aparte de esos menores.

Ese portazo generalizado ha impedido, de hecho, que en el orden del día de la reunión de este jueves se haya podido incluir un punto específico sobre la situación de Ceuta, algo que fuentes del Ministerio de Infancia deslizan que volverán a intentar sobre la bocina al inicio de la Conferencia pese al rechazo del PP. Ante la prevista falta de consenso, lo esperable es que sea en el turno de ruegos y preguntas donde se pueda abordar expresamente la crisis que aborda la ciudad autónoma, si es que así lo plantea alguno de los consejeros. Así que ni siquiera hay garantías de que pueda discutirse la iniciativa de Infancia de trasladar a la península a 500 niñas hasta que puedan ser resueltos sus expedientes.

Sobre la futura acogida de los niños y niñas que finalmente sean registrados en el sistema, en el Ejecutivo asumen que el diálogo con las comunidades autónomas del PP y Vox será poco menos que imposible. Y por eso aluden ya al automatismo que implica el cumplimiento de la ley. “La ley está en vigor y los distintos gobiernos podrán dar la opinión que quieran, pero tendrán que cumplirla. Y cuando llegue el momento, esa acogida deberá ser automática”, sostienen desde el departamento de Sira Rego.

Para que llegue ese momento, antes debe transcurrir un largo y tedioso, pero también garantista, proceso administrativo. Que además depende en buena medida de unas capacidades que Ceuta, hoy por hoy, tiene desbordadas. Porque una vez filiados por la policía, la ciudad autónoma es la encargada de comenzar a tramitar los expedientes como depositaria de la tutela legal de esos menores. Un procedimiento que incluye la intervención de la Fiscalía de menores, que debe pronunciarse también sobre la posibilidad de que el hipotético reagrupamiento familiar garantice el bien superior del menor.

La ofensiva de PP y Vox

El guion de PP y Vox ante la reunión de este jueves no ha variado un ápice. No solo en las últimas semanas, sino en los últimos años. Los gobiernos autonómicos de las derechas se oponen frontalmente a acoger a cualquier menor migrante, y no harán una excepción ahora, pese a la crisis humanitaria que se vive en Ceuta y a las continuas declaraciones de presidentes y de cargos que han prometido una “solidaridad” con la ciudad. Pero eso no pasa por aliviar siquiera la carga de atender a cientos de chavales llegados solos desde Marruecos hace ya casi un mes.

De los once gobiernos autonómicos que preside el PP, tres de ellos ni siquiera se presentarán a la reunión. En Extremadura, Aragón y Castilla y León las competencias de atención a la infancia son de Vox, y el partido ultra ha optado por dar plantón al Gobierno, como ya hicieran en la cita preparatoria de hace dos semanas. Desde el PP se limitan a “respetar la decisión” de sus aliados.

Las consejerías que controla el PP sí acudirán a la cita. Solo para volver a rechazar acoger a los niños, y especialmente niñas, que permanecen varados en Ceuta a la espera de una decisión. Tras clamar por las agresiones sexuales que estas menores han sufrido o puedan sufrir, los de Alberto Núñez Feijóo les han cerrado la puerta de entrada.

El plan del PP pasa por una deportación de menores (y adultos) que la ley no contempla. Así lo expresó el propio Feijóo la semana pasada: “Ni mayores ni menores, han de regresar todos”. Las normas españolas y europeas establecen en el caso de los niños y niñas que se les debe asignar un “tutor” en España y que es preciso un informe personalizado de los servicios sociales de su país, en este caso Marruecos, que garantice su retorno a su familia o el acogimiento por parte del Estado. Durante ese proceso, son las comunidades autónomas las obligadas a atender a los menores.

El problema es que muchos no quieren regresar, que sus familias se desentienden de ellos o que la dictadura de Mohamed VI ignora sus responsabilidades. Desde 2012, Marruecos no ha repatriado a ninguno de los miles de menores que han salido de su propio país hacia España siguiendo el protocolo establecido. En 2021, España sí devolvió a niños tras otra entrada por la frontera, pero lo hizo sin seguir los pasos reglamentarios. Cuatro años después, la que era delegada del Gobierno en Ceuta y la vicepresidenta de la ciudad autónoma fueron condenadas por las devoluciones ilegales.

La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Andalucía de Juan Manuel Moreno, la Murcia de Fernando López Miras o la Generalitat valenciana de Juan Francisco Pérez Llorca han rechazado expresamente, de momento de palabra, el acogimiento que plantea el Gobierno. Desde Madrid, por ejemplo, van a reclamar a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, abrir un debate sobre “el refuerzo de la Guardia Civil” y de la “lucha contra las mafias”, o “la defensa de las fronteras”, mientras se niegan a que el orden del día aborde la crisis humanitaria en Ceuta.

El problema para el PP es que el Congreso reformó la pasada primavera el artículo 35 de la ley de extranjería con el fin de introducir unos criterios cuantitativos en el acogimiento de menores por parte de las comunidades. El partido de Feijóo se ha comprometido “a cumplir la ley”, y así se recoge en los acuerdos de coalición firmados con Vox, lo que daría pie al Gobierno a obligar a las regiones a cumplir con su cuota de “solidaridad”.

Con todo, desde el partido ultra se les ha recordado en las últimas semanas su rechazo al acogimiento de estos niños y niñas. Esa falta de “solidaridad” fue denunciada este miércoles por diversos grupos en la Diputación Permanente del Congreso, que abordó 14 peticiones de comparecencia urgente de miembros del Gobierno a unos días de que se retome el calendario habitual de sesiones.

Uno de los reproches más aplaudidos fue el del diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien aseguró que su partido “abordará la realidad” de Ceuta allí donde gobierna. “Llegará un momento en el que haya que ejercer esa solidaridad y que nadie tenga duda: ejerceremos la solidaridad activa que nos sea requerida”, comprometió. Y advirtió de que su partido “señalará a quienes, amparándose en discursos de rostro herido y corazón roto por su patriotismo zaherido, no ocultan sino una insolidaridad hacia quienes consideran seres humanos de distinta calaña, índole o condición”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Montse Mínguez, zanjó: “Se les cae la bandera cuando Ceuta necesita a la Península. Necesita la solidaridad y coordinación de las comunidades, y han dicho que no se van ni a sentar. Son los del ‘cuanto peor, mejor”.

Si a este mundo le quedan rincones desconocidos y enigmáticos, uno de ellos –quizá el más cercano y profundo– es la mente. Entre sus pliegues pueden brotar ideas magistrales o propósitos terribles. La fatalidad o la inspiración dependen de multitud de factores. Detrás de un trastorno de salud mental hay una persona acechada por su genética, quizá. O por el contexto en el que vive o por un fuerte trauma. Tal vez es víctima de una sociedad que engendra monstruos.

Peligros en apariencia inocentes pueden resultar catastróficos en niños y adolescentes. “Son cerebros hiperestimulados”, dice la psiquiatra Mar Domato. En estas edades tempranas se está formando la psique y el consumo de contenidos audiovisuales, frenéticos, de apenas unos segundos, puede generar en los menores malestar o ansiedad porque no aprenden a aceptar la frustración. Lo quieren todo y lo quieren ahora.

Mar Domato es la jefa de sección de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. El panel de corcho de su consulta está repleto de dibujos de los niños a los que ha atendido. En los 16 años que lleva en la capital manchega ha percibido el aumento de casos. “Todos hemos notado el cambio”, comenta la profesional y sitúa en la pandemia un momento clave en esta transformación. El año 2020 es un hito en la historia de nuestra sociedad.

De la misma forma opina María Dolores Gómez. “Venían mucho peor. La pandemia añadió nuevos factores, como el ejercicio físico o la alimentación”, recuerda la coordinadora de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Este dispositivo, ubicado en el Hospital Perpetuo Socorro, ha cumplido 25 años de servicio en la provincia albaceteña. Durante este cuarto de siglo, la psicóloga clínica y su equipo han trabajado contra la llegada de esta ola silenciosa. Junto a su despacho se extiende un dispositivo sanitario donde se asiste, principalmente, a adolescentes con anorexia nerviosa y bulimia.

Las paredes de las habitaciones, pasillos, aula hospitalaria y la sala de actividades no parecen las de un hospital cualquiera. Ilustraciones basadas en Alicia en el país de las Maravillas se despliegan para inspirar a las pacientes. Coloridas fábulas que ayudan a las chicas a comprender que también ellas han iniciado un viaje para resolver sus problemas y, al final del cuento, regresar a casa. En el año 2019, en una actividad que fusionó terapia y arte, se decoró un espacio luminoso y abierto. “Siempre llegas a alguna parte si caminas lo suficiente”, dice una de las leyendas que acompaña a los murales.

Día del subnormal

El camino de la salud mental ha sido muy largo. En nuestros pueblos, aún quedarán lectores que recuerden a niños atados a rejas para que no se hicieran daño. Décadas atrás, las zonas rurales no disponían de ningún recurso para atender a menores con estas patologías. En las capitales de provincia, los manicomios habían sustituido a las casas de misericordia. La caridad era un cajón de sastre donde cabían todo tipo de “enfermedades de la cabeza”. En los años sesenta, sin ir más lejos, se hablaba así: “Ser padre de un niño subnormal, no es un título, ciertamente. Tampoco es una vergüenza. Y, menos, un delito. Se tiene un hijo subnormal, como se puede tener un hijo prodigio. Con la diferencia que el prodigio se exhibe, y el subnormal, se oculta”. Este fragmento se publicó en un diario local donde se daba cuenta de la celebración del Día del Subnormal.

Aquella España todavía era una dictadura. Hoy, en un país en plena democracia, la salud mental conserva parte de este estigma. “Los menores que han sufrido una enfermedad mental tratan de olvidar completamente esta herida. La sociedad, aunque vaya mejorando su visión, no está todavía preparada para aceptar, siguen mirando para otro lado; en la mayoría de los casos, los pacientes cerrarán siempre esta herida con el silencio”, cuenta Elena Villodre. Es docente, tataranieta de maestra, y coordinadora del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de Albacete (EAEHD). La continuidad educativa es fundamental tanto en el Hospital de Día Juvenil de Salud Mental como en la UTCA.

“Los padres lo primero que preguntan es hasta qué punto sus hijos se van a ver descolgados de su vida normal, porque hay una ruptura a nivel social y emocional, y proseguir con la parte educativa les hace no despegarse de la normalidad”, afirma Villodre. El tratamiento a los menores con patología de salud mental en Albacete procura seguir este proceso integral donde participan psiquiatras, psicólogos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y educadores. Un concepto multidisciplinar del que es imposible separarse ante la complejidad de nuestro tiempo.

Una tendencia peligrosa

Tratemos de contextualizar la situación mediante la lectura de algún titular reciente. “Las llamadas de adolescentes y niños por conductas suicidas se disparan desde la pandemia”. Según la noticia de agencia, la Fundación ANAR apunta que casi el 30 por ciento de los menores que atienden en sus líneas tiene tendencia a la autólisis, casos que escalan de las 1.218 llamadas telefónicas de 2020 en toda España a las 6.467 en 2025. Otro titular más: “Los menores acceden a las redes sociales y al porno desde los 11 años”. En este caso, la fuente original es un estudio internacional de UNICEF que describe cómo los niños tienen su primer móvil a los 10,8 años.

Noticias de agencia, casi perdidas en los periódicos de papel, entre la sección de deportes y los horóscopos. ¿Por qué estos datos no abren los telediarios? ¿Es esta la verdadera emergencia nacional? ¿Qué tipo de futuro estamos abonando? Responden los profesionales de salud mental, avalados por la experiencia diaria. Cuenta la psiquiatra Mar Domato: “Cada vez estamos detectando más autolesiones en cuarto y quinto de primaria, antes, esto era inaudito”. Las causas son diversas. Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en señalar al consumo de pantallas y redes sociales como uno de los factores que pueden contribuir al malestar mental de los menores. “Es un problema que preocupa mucho a quienes trabajamos con infancia y adolescencia”, continúa Domato y explica que en la niñez se aprende con modelos de copia y no siempre son adecuados los contenidos que visualizan desde bien pequeños. “Luego son chavales que viven sometidos a mucha presión, tienen que ser buenos en todo y, además, se ha perdido el modelo de jugar en las calles”. Una mezcla de causas que, añadidas al contexto social, pueden empujar a impulsos autolesivos y autolíticos, trastornos de la conducta y trastornos afectivos. Estas son las patologías mentales más prevalentes en los menores de Albacete.

Esta provincia no es ninguna excepción. Cada tiempo trae su afán, cada época sus peligros. La psicóloga clínica María Dolores Gómez insiste de manera muy descriptiva: “La lavadora no es un móvil, no modifica tu manera de pensar”. Los teléfonos, sí. Antes de que terminara este curso, Sanidad y Educación en Albacete, motivados por esta inquietud común, celebraron una jornada para prevenir el mal uso de las pantallas en la etapa escolar. Profesores y sanitarios están comprometidos en formarse sobre este asunto. En la ecuación no pueden faltar los padres.

Tiempos de cambio

Atareados, siempre fuera de casa, sin tiempo para jugar con los niños. El ritmo de vida y las exigencias del día a día han modificado las relaciones familiares. En el año 2002, declaraba Paloma San Román: “Cuanto menos se ocupa el padre del bebé en el primer año, existe un mayor riesgo psicosocial”. Se lo contó a la periodista Teresa Roldán en una entrevista. La psiquiatra era entonces la responsable de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Albacete. San Román hizo un estudio de investigación y obtuvo una interesante conclusión: “Cuando los padres llegan a la consulta demandando tratamiento para sus hijos presentan trastornos psiquiátricos que están ya muy estructurados”. La precocidad en el diagnóstico y el abordaje comunitario de las patologías de salud mental comenzaban a imponerse como premisas necesarias para una asistencia más humana, más próxima, más exitosa. En aquel momento, Castilla-La Mancha se encontraba en el proceso de asimilación de las competencias sanitarias procedentes del antiguo Insalud. Todavía no existían en la provincia albaceteña ni el Hospital de Día Juvenil, ni la UTCA, ni el equipo de atención educativa.

A principios de los años ochenta del siglo pasado, los modelos de asistencia psiquiátrica habían comenzado a cambiar. “Esta singular obra que llena de orgullo a la Diputación y constituye para la provincia un motivo de satisfacción”, rezaba una crónica de La Voz de Albacete a finales de mayo de 1974. El Hospital Psiquiátrico Virgen de la Purificación, conocido popularmente como Las Tiesas, fue inaugurado por los príncipes de España y se le definió como uno de los mejores del país. Sin embargo, apenas una década después, este mastodóntico complejo de pabellones entró en un declive inevitable. El hospital, ubicado a 23 kilómetros de la ciudad, nunca llegó a ocupar por completo sus 280 camas. Su decadencia vino aparejada en Albacete de una nueva concepción de la salud mental. Más cercanía, más tratamientos ambulatorios y más comunidad. Un proceso de renovación que vino envuelto por los desajustes de gestión entre las administraciones públicas.

Al fin, en este último cuarto de siglo, la red de recursos de salud mental para los menores ha terminado de tejerse con la participación crucial de las asociaciones. Hoy se diagnostica más y se asiste más rápido. Atender pronto puede prevenir problemas futuros. El tiempo ha ido consolidando este argumento. “Ahora hay más mirada apreciativa hacia el sufrimiento del niño y del adolescente, se detectan más patologías, la gente está más formada, no solo los psicólogos y psiquiatras, sino también los docentes”, afirma Mar Domato desde la USMIJ.

Miles de consultas

En la unidad que coordina Mar atienden desde los cero años y, en mayor volumen, a partir de los seis y siete. Aunque el mayor grueso de pacientes se encuentra en la adolescencia. Los profesionales asisten desde cuadros obsesivos y afectivos hasta problemas derivados de separaciones parentales o TDAH. “Una primera cita, una primera valoración, ya sea del psicólogo o psiquiatra, es muy importante no solo para diagnosticar y orientar, sino también para calmar las angustias de los padres”, dice Domato. La actividad en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Albacete es incesante. En 2025 se realizaron en torno a 10.000 consultas externas entre las especialidades de Psiquiatría y Psicología. Y esto son muchas horas de escucha para tratar de comprender por qué sufren nuestros niños y adolescentes.

Quizá resulte contradictorio que, en una sociedad de libertades, bienestar y opulencia, decenas de menores se sientan deprimidos, solos o incapaces de afrontar el futuro. Escuchamos a María Dolores Gómez: “Estamos viendo a nenas que a los cuatro años ya están con el maquillaje, las pestañas, las pinturas, eso es catastrófico”. La psicóloga clínica considera que tenemos un contexto cultural y social con muchas exigencias, con ciudadanos marcados por el consumo y esclavizados por la imagen, “una sociedad sin límites”. A estas prisas excesivas por crecer se añade la percepción de uno mismo. Apunta Gómez: “El cuerpo no se esconde, se enseña permanentemente, las criaturas sienten que aquí les sobra, que aquí les falta, es una constante frustración, en este caldo de cultivo cultural y social, aparecen las patologías relacionadas con la alimentación; siempre ha habido patologías de este tipo, pero no en este nivel epidemiológico”.

En la UTCA registran unos 25 ingresos anuales. Afortunadamente, muchos otros casos pueden atenderse de forma ambulatoria. De hecho, cada año se realizan en torno a 200 consultas externas. Cuando no es así, aquí encuentran una atención personalizada que se prolonga durante meses. “Tenemos menores que han llegado con muchas visualizaciones en redes sociales relacionadas con comida y ejercicio físico”, explica la psicóloga clínica. Los profesionales estudian constantemente. En las entrevistas con las pacientes, las primeras preguntas siempre van dirigidas a conocer sus fuentes de información, qué influencers siguen, “saber sus idealizaciones”. Si en el pasado reciente los modelos de copia partían de la publicidad y la televisión, hoy los jóvenes imitan lo que surge de los móviles. Ese scroll permanente que podría estar condicionando funcionamientos cognitivos en un periodo de la vida en el que se está formando el cerebro. El dedo en la pantalla, un gesto inocuo en apariencia y, sin embargo, potencialmente adictivo. Las gigantescas compañías de las redes sociales entendieron muy pronto la capacidad del producto. Sus consecuencias empezamos a entenderlas ahora.

El peligro de las redes sociales

En Estados Unidos, fiscales generales de 29 estados sostienen que Meta diseñó sus plataformas para generar un uso adictivo entre menores. El juicio solo acaba de iniciarse. El tiempo dirá. Entre tanto, otras muchas cuestiones siguen pendientes de una solución. ¿Por qué les dejamos el teléfono? La maestra Elena Villodre insiste en señalar a las redes sociales como uno de los principales focos de peligro para los jóvenes. Según explica, “estas plataformas pueden generar una percepción distorsionada de la realidad, ya que los adolescentes tienden a comparar su vida con las imágenes y experiencias que ven en ella. Esto puede provocar que se sientan constantemente insatisfechos con lo que tienen y piensan que nunca alcanzarán el nivel de felicidad o éxito que observan en los demás. Así, pueden llegar a desear continuamente tener un coche mejor, viajar más, conseguir un cuerpo más atractivo, tener más amigos o, en definitiva, una vida que se parezca a la que muestran las redes sociales”.

Quizá esta marejada de insatisfacción que genera el culto al cuerpo, la irrealidad de los contenidos audiovisuales y la propia incertidumbre que asoma en la pubertad explican un dato: “El 14,4% de los chicos y chicas entre 10 y 20 años presenta síntomas de malestar emocional”. Esta cifra forma parte de un estudio reciente del Gobierno de Castilla-La Mancha, enmarcado en el Plan Estratégico de Alternativas de Ocio Saludable, donde también se expone que el 7% presenta riesgo suicida elevado. ¿Por qué hablar de un tema tan tremendo? ¿Por qué no arrinconarlo al hueco más oscuro? La prevención del suicidio es uno de los grandes retos sanitarios. No puede ser un eufemismo más de una sociedad que prefiere ocultar sus desgracias.

Desde hace cinco años, la jefa del Servicio de Salud Mental de la GAI de Albacete, María Jesús Montes, lidera un programa asistencial y un proyecto de investigación llamado “Renace”, cuyo objetivo es la mejoría, estabilidad y calidad de vida de los pacientes tratados. Esta labor multidisciplinar ha impulsado una reciente tesis doctoral de la psiquiatra María Aliño. Es el primer estudio con muestra clínica española que busca contribuir al conocimiento de las diferencias entre la ideación y la conducta suicida. Mediante el análisis puede ensancharse el entendimiento e identificar factores de amenaza específicos y proporcionar herramientas prácticas para la prevención y el tratamiento. Según los profesionales albaceteños, “los pacientes con conducta suicida comienzan la ideación antes y el medio más frecuente es la sobreingesta de fármacos”. Son afirmaciones de 2025 tras analizar los datos de 93 pacientes, 37 de ellos con ideación suicida y 56 con conducta suicida.

La vida puede llegar a ser un ovillo de confusión donde las soluciones fáciles no existen. Menos aún si el caos se afronta desde el individualismo o con el falso refugio de las drogas. El consumo de sustancias aún genera problemas de salud mental en menores. A principios de 2025, un estudio de Ministerio de Sanidad exponía que el cannabis entre los adolescentes se había reducido en un 40% en las dos últimas décadas. Entre estas sustancias tóxicas, la cocaína sigue liderando. Las pastillas o el alcohol también ocupan un lugar destacado en esta carrera por “colocarse”. Una “forma de estar en el mundo” que en los años ochenta y noventa causó verdaderos estragos.

Los menores crecen con estos monstruos pululando a su alrededor. Pero no están solos. En Albacete, se ha construido una red de ayuda entre administración pública y asociaciones. Entre familiares y profesionales se crea un vínculo muy especial. “Me enorgullece ver a alumnos que atendí, que tenían todo perdido, verlos ahora en sus entornos laborales, desempeñando trabajos que les hacen estar contentos cada día y mantenerse ellos mismos, este es el verdadero éxito, más que el aprobado o el suspenso, lo importante es que hayan encontrado su camino”, asegura emocionada la maestra Elena Villodre al recordar a un chico con el que se encontró hace unos meses.

El equipo educativo que coordina lleva años trabajando para que los pacientes del Hospital de Día Juvenil de Salud Mental y la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria no dejen de aprender ni pierdan su curso. Las fiestas del Aula Hospitalaria, las labores relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, los proyectos intercentros con los institutos, las excursiones… Las actividades de los docentes se complementan con las iniciativas que impulsan las terapeutas ocupacionales. En los dos dispositivos mencionados viene desarrollándose desde hace meses el proyecto “Reconecta: programa de danza y bienestar en hospitales”. Una idea que surgió para “acercar la danza a otro tipo de colectivos, con carácter de vulnerabilidad, enfocado por y para la infancia y la juventud”, explicó la creadora del programa, Sandra Fernández Blanco.

La vida duele

Todo aquello que beneficia es susceptible de ser incorporado a los tratamientos. Tanto en el Hospital de Día Juvenil de Salud Mental como en la UTCA son esenciales las terapias grupales. Ambos son dispositivos que tienden hacia la apertura y la flexibilidad. Resume la psicóloga clínica María Dolores Gómez: “Potenciamos los intereses fuera del interés por no comer y las convivencias familiares son imprescindibles; esta no es una unidad de aislamiento, estamos adaptando el formato y las pacientes menores, mientras permanecen ingresadas, suelen estar acompañadas”. En compañía y siempre activas. Una de las penúltimas acciones ha sido la creación del “Huerto terapéutico”. Las propias pacientes siembran, riegan y cuidan las plantas, una manera muy didáctica y directa de modificar su relación con los alimentos.

En los últimos meses, los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo visitaron este recurso sanitario. Aparte de recomendar la redacción de algunos protocolos, el organismo aseguraba textualmente en su informe sobre la UTCA: “Esta visión sistémica del abordaje resulta coherente con los estándares actuales de buenas prácticas en salud mental y atención especializada”.

Después de todo lo escuchado, solo quedan unas preguntas por plantear. ¿Qué hacemos los padres? Según la maestra Elena Villodre, es crucial que se informe a la sociedad de estos asuntos. “Es importante educar en la empatía”, y prosigue su reflexión: “Todos somos susceptibles de sufrir situaciones que requieran de apoyo de salud mental y ella no nos hace más vulnerables, al contrario, con un buen tratamiento y apoyo, nos hace más fuertes para afrontar el día a día. La salud mental tenemos que cuidarla y trabajar mucho por ella”.

Pero, ¿cómo prevenir la ansiedad o la depresión en nuestros hijos? Para la psicóloga clínica María Dolores Gómez lo fundamental es que los niños se críen en un ambiente normal, “con límites y que el uso de ciertas tecnologías se retrase el mayor tiempo posible, que nadie nos embauque en que nuestros hijos tienen que ser perfectos; procurar desarrollar el espíritu crítico, fomentar el pensamiento, la lectura, la visión conjunta”. Concluye con un consejo categórico: “No sobreproteger”.

Recordarán muchos lectores aquellas tardes de infancia. La calle como territorio para las aventuras y aprendizajes. Los deportes de equipo, forjando valores de unidad y de fuerza del colectivo. Las lecciones que se asumían con el esfuerzo. Tal vez nuestros lectores todavía recuerdan la vida antes de la revolución digital. Siempre hubo acoso, abuso, estigmas. Hagamos memoria, que si ningún tiempo pasado fue mejor, al menos nos sirvió para aprender algo. ¿Por qué debemos seguir creyendo en el futuro?

La última respuesta la tiene la psiquiatra Mar Domato: “Nos llegan casos de papás que se han separado hace dos días y van a consulta con el niño porque no deja de llorar. Hay que dejar que el niño resuelva. Nos cuesta tolerar que la vida duele. Pero son dolores que tenemos la capacidad intrínseca de resolver, sin embargo, no estamos dando a los jóvenes la posibilidad de que intenten resolver los dolores de la vida”. Ahora toca escucharles a ellos.

Al menos nueve comunidades autónomas, entre ellas Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria y el PP) asistirán este jueves 27 de agosto a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta, tras la entrada masiva el pasado 30 de julio de extranjeros adultos y menores.

En concreto, Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Navarra y Canarias han confirmado a Europa Press su asistencia al encuentro del jueves que presidirá la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja han evitado confirmar su asistencia, por el momento. En cambio, Castilla y León ha descartado acudir y ha pedido al Gobierno la expulsión de migrantes, al mismo tiempo que ha avisado de una capacidad de acogida “superada” en la comunidad.

La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas.

Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde gobiernan conjuntamente PP y Vox, no asistieron entonces y está previsto que tampoco acudan este jueves.

En la Comisión, según informó el departamento, las comunidades autónomas presididas por el PP se negaron a incorporar en el orden del día de la Conferencia Sectorial un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta.

Y no es la primera vez que las comunidades del PP plantan a la ministra cuando se van a abordar temas relacionados con los menores migrantes. Ya que en julio del año pasado hicieron lo mismo justo cuando iba a debatirse la acogida de los menores migrantes llegados a Canarias.

Acogida de 500 niñas

En todo caso, fuentes de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que la ministra propondrá de nuevo este jueves en la reunión la inclusión de este asunto al inicio del encuentro y tendrá que votarse. El objetivo, han precisado, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de acoger a 500 niñas de Ceuta en la Península.

El Ministerio que dirige Sira Rego trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas las derivaciones de unas 500 niñas a la Península, “sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas”.

Esta última medida incluye el real decreto-ley para “la acogida vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, “pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida”.

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda “una vía” para que las organizaciones de protección a la infancia “desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas”.

PP: “Los menores, con sus familias”

Ante este escenario, el PP ha recalcado en distintas comparecencias que “el interés superior del menor es estar con su familia” y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.

Además, los 'populares' han recordado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.

“Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, preguntó la semana pasada el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró en redes sociales que “lo que el Partido Popular plantea no es reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal”.

En esta línea, Rego explicó que la ley en España y en Europa “es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. Además, subrayó que “el retorno debe ser voluntario y con garantías”.

Reforma de la Ley de Extranjería

Este nuevo choque entre el Ejecutivo y las autonomías se enmarca en un extenso pulso político e institucional por el modelo de acogida de menores migrantes no acompañados entre comunidades. El núcleo de la discrepancia jurídica y política radica en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en abril del año pasado.

El Gobierno central impulsó la modificación de este artículo mediante real decreto-ley debatido en el Congreso para fijar un mecanismo de distribución obligatorio y solidario en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Dicho modelo establece que cuando un territorio (como Canarias, Ceuta o Melilla) excede en tres veces su capacidad ordinaria de acogida, se activa la reubicación hacia otras autonomías en función de parámetros como la población, la renta per cápita o la tasa de paro.

Sin embargo, el criterio para aplicar estas cuotas ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las autonomías gobernadas por el PP. Varias comunidades han rechazado las imposiciones de criterios obligatorios y han llegado a judicializar la acogida alegando indefensión financiera o falta de transparencia en los datos de capacidad.

Hay casas que son mucho más que un lugar. Guardan voces, fotografías, objetos, veranos, visitas, ausencias y distintas versiones de quienes las habitaron. Este sábado 22 de agosto, a las 19:00 horas, la poeta, editora y gestora cultural riojana Adriana Bañares llevará a Bañarte 2026 Mi infancia son recuerdos de una casa de Baños, un recital creado específicamente para el patio de la casa familiar donde transcurrió parte de su infancia.

El acceso al recital, situado en calle Villar, 2, se realizará con aforo limitado y las plazas disponibles ya se han agotado.

El título de la propuesta parte de un guiño a los conocidos versos de Antonio Machado —«Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla»— para trasladarlos a una casa concreta de Baños de Río Tobía: la vivienda de la familia Camacho Matute, vinculada a la infancia de Bañares y a la memoria de varias generaciones de su familia.

La autora ha concebido la pieza como el recital más personal de su trayectoria, un trabajo en el que poesía, oralidad y memoria se encuentran con un espacio real y cargado de significado. “La niñez en un pueblo pequeño te da una libertad que no te ofrece la ciudad. Este recital es también un homenaje a mis abuelos”. La propuesta no busca únicamente reconstruir una memoria individual. El proyecto parte de una pregunta más amplia: ¿cuántas vidas caben dentro de una casa y qué recuerda un lugar cuando las personas que lo habitaron ya no están?

La propia memoria familiar ofrece distintas miradas sobre la vivienda. Mientras el recuerdo de Bañares está ligado a una casa más íntima y casi cerrada, otras generaciones de la familia la recuerdan como un lugar abierto, lleno de gente durante los veranos, encuentros, fotografías y celebraciones. Esa distancia entre los recuerdos es precisamente uno de los puntos de partida de la investigación artística.

Por ello, el recital forma parte de un proyecto más amplio que continúa recopilando fotografías, audios, textos y testimonios de personas que hayan vivido, visitado o guardado algún recuerdo relacionado con la casa. El objetivo es construir una memoria colectiva de la vivienda y devolverle las voces de quienes pasaron por ella.

Una casa como escenario

Con Mi infancia son recuerdos de una casa de Baños, Bañares plantea una forma de entender la poesía que va más allá del libro y del escenario convencional. La casa se convierte en espacio de representación y, al mismo tiempo, en parte del propio texto: el patio, los objetos, las habitaciones y los recuerdos funcionan como materiales de la pieza.

La intervención se integra así en el espíritu de Bañarte, encuentro artístico que durante cinco jornadas transforma las calles, plazas y espacios cotidianos de Baños de Río Tobía en lugares de creación y encuentro. En esta edición participan, junto a Bañares, los artistas Candela Muniozguren, Raquel Coba y David Plaza.

La elección de este espacio tiene además un componente especialmente significativo para la autora, que nació y creció en La Rioja y cuya trayectoria artística ha explorado de manera recurrente cuestiones relacionadas con la identidad, el cuerpo y la infancia.

Adriana Bañares

La propuesta llega en un año especialmente intenso para Adriana Bañares. En febrero de 2026 publicó Carta celestial a Melusina, una plaquette editada por La Cartonera del Escorpión Azul, y continúa desarrollando junto al músico Julen Gossíp Adriana y Sr. Alien, proyecto de spoken word y música en directo seleccionado por Versopolis para Poetry Expo 2026.

Como poeta, Bañares ha publicado, entre otros títulos, Riesgo eléctrico (Páramo, 2025), Vacaciones (Maclein y Parker, 2024), Urbe capensis (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2022) y Recaya (Páramo, 2019). Es también directora de Aloha Editorial y coordinadora de Poetry Slam Logroño.

En Bañarte, sin embargo, deja por un momento los espacios habituales de la literatura para regresar a un lugar mucho más concreto: la casa de sus abuelos, el pueblo de su infancia y el patio donde comenzó a construir buena parte de su memoria. El recital del sábado será, así, el encuentro entre una poeta adulta y la niña que fue, pero también entre una memoria familiar y la memoria colectiva de un pueblo.

La ciudad de Figueres, en Girona, es conocida por ser la ciudad natal de Dalí y sede del famoso museo que lleva su nombre. Pero el municipio ofrece otros atractivos a los visitantes, entre los que destaca un singular museo ideal para una visita en familia. Se trata del Museo del Juguete de Catalunya, espacio que alberga una de las colecciones de juegos y juguetes más importantes de España y que nos permite conocer, entre muchas otras cosas, con qué jugaba Dalí cuando era niño.

Fundado en 1982, el Museo del Juguete exhibe miles de piezas que abarcan desde la antigüedad hasta la década de 1980. En sus vitrinas están expuestas desde muñecas de diferentes épocas a meccanos y juegos de construcción, todo tipo de marionetas, coches de hojalata y juegos de mesa.

Los juguetes de los famosos

Entre las piezas más destacadas que se pueden ver, están los juguetes que pertenecieron a personalidades de la cultura catalana como los artistas Joan Miró y Joan Brossa, los escritores Terenci Moix y Quim Monzó o la actriz Núria Espert.

La estrella de la colección, porqué conecta este museo con el ciudadano más ilustre de Figueres, es un muñeco que perteneció a Salvador Dalí y su hermana Anna Maria. Se trata de un osito de trapo conocido con el nombre de Don Osito Marquina. Y más allá del interés que pueda tener el hecho de que perteneció al famoso artista surrealista, el osito por sí mismo también tiene interés como pieza de museo.

Se trata de un oso de peluche fabricado por la empresa alemana Steiff en 1910, que fue fundada en 1880 por Margarete Steiff y que se especializó en la fabricación de juguetes de alta calidad. Steiff empezó fabricando de forma artesanal unas figuras de animales de felpa que pronto se harían populares y que se exportarían a todo el mundo. El primer osito, el modelo 55PB, se creó en 1902 y destacaba por tener las piernas y brazos articulados. El oso se presentó en la Feria del Juguete de Leipzig de 1903 y allá por 1906 causaba furor en las casas de niños de toda Europa y Estados Unidos.

Don Osito Marquina

El osito que puede verse en Figueres fue comprado en París en 1910 por los tíos de Salvador Dalí, Maria Teresa y Anselm Domènech, que se lo regalaron a él y a su hermana. Los niños solían jugar a menudo con el muñeco, al que bautizaron como “El Tio Don Osito”. En 1925, Federico García Lorca pasó varias semanas con la familia Dalí en Figueres y Cadaqués, y allí conoció la historia del osito al que el poeta “rebautizó” con el nombre de “Don Osito Marquina”, en un guiño al dramaturgo y poeta Eduardo Marquina. Este es el nombre con lo que se conoce hoy en día.

Lorca le cogió tal afecto al muñeco que incluso llegó a enviar cartas des de Granada dirigidas directamente a Don Osito Marquina, algunas de las cuáles se conservan en el museo, así como una foto donde se puede ver a Anna Maria y Salvador con el muñeco.

Un viaje por la historia de los juguetes

Más allá del osito de Dalí, en el Museo del Juguete de Figueras se puede realizar un auténtico viaje por la historia de los juguetes y descubrir cómo se divertían los niños de siglos pasados. Entre los objetos más relevantes que se pueden ver, destaca un ejemplar de la primera muñeca Barbie fabricada en 1959, así como una monumental maqueta de trenes en miniatura, los populares trenes metálicos de cuerda y eléctricos de las marcas pioneras Payá y Ric, teatritos de papel del siglo XIX y principios del XX, muñecas de porcelana, terracota y cartón piedra y también una réplica de la figura de Maria, el robot de la película muda Metropolis, de Fritz Lang.

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este jueves por primera vez para abordar la acogida de los menores migrantes no acompañados tras la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta. La ciudad vive una crisis humanitaria por la permanencia en sus calles de un número de personas por ahora desconocido, entre ellos muchos niños y niñas. La cita, de carácter preliminar y técnico, viene marcada por el plante de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

Aragón, Extremadura y Castilla y León no enviarán ningún representante a una reunión cuyo único punto del orden del día es avanzar en el envío urgente y extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para paliar la situación que se vive en la ciudad española localizada en el norte de África. La cita ni siquiera es definitiva. Están convocados directores generales, de perfil técnico y no político. Será a finales de agosto cuando se celebre la conferencia sectorial, ya con presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego, y de los respectivos consejeros autonómicos.

Desde el Gobierno rebajan la importancia de la cita, que será telemática, y ponen en duda que se aborde siquiera en el turno de ruegos y preguntas la situación en Ceuta. En realidad, la ciudad autónoma ya sufría un problema de saturación antes de la reciente crisis migratoria, como ocurre también en Canarias, aunque la gravedad ha aumentado, y mucho, con la entrada de cientos de menores hace ahora dos semanas.

PP y Vox pusieron su proa al Ejecutivo desde el primer instante, sin exigir cuentas a Marruecos. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”, dijo el líder de la oposición el pasado lunes en una entrevista. Pero la legislación en España es clara y las competencias para la acogida de menores solos, sean migrantes o no, es de las comunidades autónomas.

Lo planteó poco después de la entrada de decenas de miles de personas el propio presidente de Ceuta, Juan José Vivas. El veterano dirigente del PP dijo que esperaba que los recientes pactos de su partido con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida de menores migrantes.

El líder ultra, Santiago Abascal, replicó que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias. En Aragón, el vicepresidente y jefe autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados por su Gobierno en tres centros. También ha señalado públicamente a niños concretos.

Todo, con el respaldo expreso del presidente autonómico, Jorge Azcón, quien también ha dado vía libre al plante que tanto Aragón como la Extremadura de María Guardiola o la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco protagonizarán este jueves.

Fuentes autonómicas del PP aseguran a este medio que “se respeta la decisión”. “Nuestra posición ya era oponernos por todas las vías legales a los envíos de menores pactados unilateralmente con los independentistas vascos y catalanes”, apuntan las mismas fuentes. El problema para el PP es que una reciente reforma de la ley de extranjería ha sistematizado el cálculo de cuántos menores debe acoger cada comunidad autónoma en función tanto de sus capacidades como del número de chavales que ya tiene bajo su tutela.

El PP dice que Ceuta no puede sola y deja en el aire su ayuda

Feijóo siempre ha presumido de cumplir la ley, y en esta crisis el PP ha vuelto a reiterar que lo harán. Pero sus socios de gobierno en estas regiones, además de en Andalucía, han hecho del racismo, la xenofobia y el señalamiento a los menores uno de sus principales ejes políticos electorales.

Ya en 2024 Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos que firmó con el PP con la excusa de la acogida de menores migrantes desde Ceuta y Canarias. Ahora bien podrían volver a hacer lo mismo, por lo que la situación para la derecha es difícil de sostener.

Buena prueba de ello fueron las declaraciones de la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, este miércoles durante una visita a Ceuta. La dirigente, encargada de Feijóo para fijar la doctrina programática del partido, se reunió con Vivas, y después aseguró ante los medios que la ciudad no puede asumir por sí misma la tutela de cientos de menores. Pero, a la vez, negó que el resto de comunidades que gobierna el PP puedan hacerlo. “Es curioso que el debate gire en torno a qué van a hacer las comunidades. No sabemos de dónde son, si tienen familia, de dónde vienen, qué edad tienen. ¿Cómo vamos a saber qué hacer con ellos?”, dijo Ezcurra.

Reagrupación de menores

La primera de las alternativas en la que trabaja el Gobierno para paliar el colapso de Ceuta y la situación de emergencia humanitaria que afrontan miles de menores de edad no acompañados que entraron hace dos semanas en suelo español es la reagrupación familiar. Según fuentes del Ejecutivo, los funcionarios públicos que tratan directamente con esos menores para su censo en el sistema de acogida se están encontrando con todo tipo de casuísticas, a las que las administraciones ahora intentan dar la mejor solución.

Algunos de ellos, por ejemplo, han intentado volver a Marruecos por la frontera ante la falta de expectativas en la ciudad autónoma, tal y como hicieron decenas de miles de adultos durante las 48 horas siguientes al cruce. Sin embargo, la legislación obliga expresamente al país de llegada, en este caso España, a hacerse cargo de la tutela y la acogida de los menores de edad, y en ningún caso a devolverlos a sus países de origen “en caliente”. Ante la imposibilidad legal de dar una respuesta automática y garantista a los menores que manifiesten expresamente su deseo de volver a Marruecos con sus familias, el Ejecutivo español ya trabaja con el Gobierno marroquí un procedimiento extraordinario.

“La prioridad absoluta es que todos los menores puedan volver con sus familias a Marruecos”, dijo esta semana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Un planteamiento que comparte el Partido Popular y que incluso reclama Marruecos, que ha exigido a España estos días en boca de varios portavoces el regreso de sus jóvenes. Para el caso de los menores que manifiestan abiertamente su rechazo a volver a Marruecos, el Gobierno también trabaja en una alternativa a los centros de acogida: la reagrupación familiar con parientes directos que puedan acreditar su vínculo familiar y tengan residencia legal en España o en otro país de la Unión Europea. Se espera que ese trabajo administrativo previo que se realiza ya sobre el terreno tras el estudio de la situación de cada menor no acompañado en Ceuta reduzca ostensiblemente el número final de menores que tendrán ser acogidos por las comunidades autónomas.

El PSPV denuncia la decisió del Consell de suprimir els Punts de Trobada Familiar Judicials (PTFJ) en deu municipis de la Comunitat Valenciana. La mesura, recollida en la resolució de la Conselleria de Serveis Socials publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el passat 29 de juliol, estableix la convocatòria del servei mitjançant concert i dibuixa una nova redistribució territorial que entrarà en vigor el pròxim mes de novembre.

La portaveu socialista d’Infància i Adolescència a les Corts, Romina del Rey, ha qualificat la decisió d’“inhumana” i ha alertat que la mesura “redueix la xarxa de protecció als menors, genera patiment a les famílies i incrementa els riscos en situacions de vulnerabilitat”.

El nou mapa autonòmic que ha dissenyat el departament dirigit per la consellera Elena Albalat suprimeix els Punts de Trobada Familiar en deu localitats: Mislata, Manises, Paterna, Alfafar i Requena, a València; Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa i Villena, a Alacant; i Vila-real, a Castelló. Encara que la planificació preveu la creació de tres nous centres a Benidorm, Montcada i Onda, els socialistes asseguren que el balanç global reflecteix una reducció neta de set instal·lacions en tot el territori valencià.

Aquests espais, neutrals i regulats per resolució judicial, permeten que xiquets i adolescents mantinguen el contacte amb els seus progenitors o familiars en contextos d’elevada conflictivitat o en casos vinculats a la violència de gènere, davall la supervisió d’un equip multidisciplinari.

Increment de les llistes d’espera i menys personal tècnic

La diputada del PSPV ha advertit de les conseqüències operatives que comportarà el tancament d’aquests recursos. Entre aquestes, ha assenyalat l’obligació de fer desplaçaments més llargs per a les famílies, l’augment de l’estrés i l’agreujament d’unes llistes d’espera amb xifres crítiques.

Segons les dades de la mateixa Conselleria de Serveis Socials, els expedients judicials de famílies a l’espera d’assignació d’aquests recursos van passar de 1.200 l’any 2023 a 2.100 al tancament de l’exercici 2024, la qual cosa representa un increment superior al 80%.

A més de la reducció de seus, Del Rey ha censurat la modificació del perfil dels treballadors destinats a aquests centres. El nou plec incrementa la presència de personal auxiliar administratiu en detriment de professionals de la psicologia, la integració social i la igualtat de gènere. Per a la portaveu socialista, aquesta disminució de personal tècnic resulta “molt greu” en entorns on conviuen famílies amb sentències per violència masclista.

La representant socialista ha criticat que la Conselleria haja aprovat la reestructuració sense informació prèvia als ajuntaments afectats ni a les fundacions gestores dels serveis. Així mateix, ha recordat que molts consistoris van fer inversions municipals per a cedir i adequar els immobles que alberguen aquestes instal·lacions.

Davant d’aquesta situació, el grup socialista ha exigit la rectificació immediata de la resolució, la sol·licitud de l’expedient complet amb els informes tècnics que la sustenten i la compareixença urgent de la consellera Elena Albalat a les Corts. Per als socialistes, aquestes retallades poden constituir “el pas previ cap a la privatització de la xarxa pública de serveis socials”.

El nou disseny “corregeix la inseguretat jurídica i financera”

La Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància ha defensat la consolidació de la xarxa pública de Punts de Trobada Familiar Judicial després de la convocatòria del procediment d’acció concertada, “un nou model integral que garanteix la prestació continuada del servei fins a octubre del 2028, dotat amb una inversió global superior als 21,6 milions d’euros procedents de fons propis de la Generalitat”, han explicat des del departament que dirigeix Elena Albalat.

Davant de les crítiques dels socialistes, la Conselleria ha defensat que el nou disseny “corregeix la inseguretat jurídica i financera que arrossegava el sistema heretat, que obligava les entitats locals a assumir competències autonòmiques i depenia de decisions municipals unilaterals”. “Decisions com les adoptades en el seu moment pels consistoris de Paterna —que va suprimir el recurs el 2021 i va derivar els usuaris a Manises— o Manises —que va fixar el seu tancament el 2026 i va traslladar l’atenció a Alfafar— demostren la insostenibilitat del marc previ”, han insistit.

D’aquesta manera, han subratllat que la nova estructura s’articula d’acord amb el Mapa dels Serveis Socials Inclusius (Decret 34/2021), “garantint la cobertura en els 21 departaments assistencials davall criteris de població, volum d’expedients i rigor tècnic”.

Així mateix, la Conselleria ha matisat que, com que el procediment es troba en fase de convocatòria i selecció d’entitats, la mateixa normativa del concert social preveu que, una vegada adjudicat el servei, s’avaluen les necessitats reals de cada zona per a concertar recursos addicionals o ampliar plantilla allí on la demanda ho requerisca, “prioritzant sempre l’interés superior del menor”.

El PSPV denuncia la decisión del Consell de suprimir los Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFJ) en diez municipios de la Comunitat Valenciana. La medida, recogida en la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 29 de julio, establece la convocatoria del servicio mediante concierto y dibuja una nueva redistribución territorial que entrará en vigor el próximo mes de noviembre.

La portavoz socialista de Infancia y Adolescencia en las Corts, Romina del Rey, ha calificado la decisión de “inhumana” y ha alertado de que la medida “reduce la red de protección a los menores, genera sufrimiento a las familias e incrementa los riesgos en situaciones de vulnerabilidad”.

El nuevo mapa autonómico que ha diseñado el departamento dirigido por la consellera Elena Albalat suprime los Puntos de Encuentro Familiar en diez localidades: Mislata, Manises, Paterna, Alfafar y Requena en Valencia; Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena en Alicante; y Vila-real en Castellón. Aunque la planificación prevé la creación de tres nuevos centros en Benidorm, Moncada y Onda, los socialistas aseguran que el balance global refleja una reducción neta de siete instalaciones en todo el territorio valenciano.

Estos espacios, neutrales y regulados por resolución judicial, permiten que niños y adolescentes mantengan el contacto con sus progenitores o familiares en contextos de elevada conflictividad o en casos vinculados a la violencia de género, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar.

Incremento de las listas de espera y menor personal técnico

La diputada del PSPV ha advertido de las consecuencias operativas que conllevará el cierre de estos recursos. Entre ellas, ha señalado la obligación de realizar desplazamientos más largos para las familias, el aumento del estrés y el agravamiento de unas listas de espera con cifras críticas.

Según los datos de la propia Conselleria de Servicios Sociales, los expedientes judiciales de familias a la espera de asignación de estos recursos pasaron de 1.200 en el año 2023 a 2.100 al cierre del ejercicio 2024, lo que representa un incremento superior al 80%.

Además de la reducción de sedes, Del Rey ha censurado la modificación del perfil de los trabajadores destinados a estos centros. El nuevo pliego incrementa la presencia de personal auxiliar administrativo en detrimento de profesionales de la psicología, la integración social y la igualdad de género. Para la portavoz socialista, esta disminución de personal técnico resulta “muy grave” en entornos donde conviven familias con sentencias por violencia machista.

La representante socialista ha criticado que la conselleria haya aprobado la reestructuración sin información previa a los ayuntamientos afectados ni a las fundaciones gestoras de los servicios. Asimismo, ha recordado que muchos consistorios realizaron inversiones municipales para ceder y adecuar los inmuebles que albergan estas instalaciones.

Ante esta situación, el grupo socialista ha exigido la rectificación inmediata de la resolución, la solicitud del expediente completo con los informes técnicos que la sustentan y la comparecencia urgente de la consellera Elena Albalat en las Corts. Para los socialistas, estos recortes pueden constituir “el paso previo hacia la privatización de la red pública de servicios sociales”.

El nuevo diseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera”

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha defendido la consolidación de la red pública de Puntos de Encuentro Familiar Judicial tras la convocatoria del procedimiento de acción concertada, “un nuevo modelo integral que garantiza la prestación continuada del servicio hasta octubre de 2028, dotado con una inversión global superior a los 21,6 millones de euros procedentes de fondos propios de la Generalitat”, han explicado desde el departamento que dirige Elena Albalat. 

Frente a las críticas de los socialistas, la conselleria ha defendido que el nuevo diseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera que arrastraba el sistema heredado, que obligaba a las entidades locales a asumir competencias autonómicas y dependía de decisiones municipales unilaterales”. “Decisiones como las adoptadas en su momento por los consistorios de Paterna —que suprimió el recurso en 2021 derivando usuarios a Manises— o Manises —que fijó su cierre en 2026 trasladando la atención a Alfafar— demuestran la insostenibilidad del marco previo”, han insistido. 

De este modo, han subrayado que la nueva estructura se articula conforme al Mapa de los Servicios Sociales Inclusivos (Decreto 34/2021), “garantizando la cobertura en los 21 departamentos asistenciales bajo criterios de población, volumen de expedientes y rigor técnico”. 

Asimismo, la Conselleria ha matizado que, al encontrarse el procedimiento en fase de convocatoria y selección de entidades, la propia normativa del concierto social prevé que, una vez adjudicado el servicio, se evalúen las necesidades reales de cada zona para concertar recursos adicionales o ampliar plantilla donde la demanda lo requiera, “primando siempre el interés superior del menor”.

La Federación de Servicios de la Ciudadanía (FSC-CCOO) de Castilla-La Mancha reclama mejoras en las condiciones y prestación del servicio público en las escuelas infantiles de la región. Consideran que tras la finalización del curso, que ha estado protagonizado por “importantes movilizaciones” del sector de 0-3 años en la región, “es el momento de seguir exigiendo a las administraciones competentes (autonómica y local) garantías para unificar calendarios en todas las escuelas infantiles de la región”.

Apuntan que recientemente se ha conseguido, a través de la negociación con el Ministerio de Educación, la disminución del número de alumnado por aula para acercarse a los estándares recomendados por la Unión Europea. La FSC exige que esa bajada de ratios se aplique, también, a las escuelas infantiles municipales.

“Quedan muchas cuestiones fundamentales para dignificar las condiciones laborales de los y las profesionales de este ciclo educativo. Es un sector feminizado y olvidado, en muchos casos, por la administración que lo trata como un mero recurso para la conciliación, obviando que constituye la primera etapa de la educación de nuestros hijos e hijas” ha explicado Carmen Juste, secretaria general de la FSC-CCOO Castilla-La Mancha.

“Sólo hay que ver los reglamentos de funcionamiento de escuelas infantiles municipales para comprobar que no hay referencias expresas a que el personal cuente con tiempo suficiente para realizar tareas de organización y planificación del centro”, señala. Por eso, aprovechando el inicio del nuevo curso escolar en Septiembre, “queremos exigir a la Consejería de Educación y a los distintos ayuntamientos una serie de reivindicaciones fundamentales para que las personas trabajadoras de escuelas infantiles municipales realicen su trabajo con garantías para proporcionar una educación de calidad, inclusiva y centrada en el bienestar del menor”.

Entre esas medidas están la implantación de dos profesionales por aula para una “atención segura y emocionalmente respetuosa”; la integración estructural de profesionales; la coordinación con otros servicios básicos para la detección y atención temprana y garantizar a los niños con necesidades especiales una inclusión real y segura; o la implantación de medidas de conciliación familiar y personal para el colectivo de escuelas infantiles.

“Aunque lo más importante, cita Juste, es el reconocimiento profesional y salarial de quienes educan en la etapa de 0-3 como profesionales de la educación que son o la implantación del grupo B en las escuelas infantiles municipales públicas”.

“Desde CCOO reafirmamos nuestro compromiso con la mejora del ciclo 0-3. Seguiremos trabajando sin descanso para avanzar hacia un sistema educativo con condiciones dignas para sus profesionales, siempre desde el diálogo social, la negociación colectiva y la acción sindical responsable, encaminada a mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras”, concluye la máxima responsable de FSC-CCOO en Castilla-La Mancha.

En Ceuta, hay ahora mismo centenares de niños, niñas y adolescentes sin el cuidado y la protección de sus familias. Están solos. Esta llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes a nuestro país ha vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro del debate político. Pero la pregunta que tenemos delante es mucho más sencilla: ¿seremos capaces de garantizar sus derechos y su protección? Hablamos de niños y niñas –algunos muy pequeños– con miedo, asustados y cuyos derechos deben ser protegidos por encima de cualquier otra consideración. Es una cuestión de humanidad y no podemos mirar hacia otro lado.

La buena noticia es que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, España cuenta hoy con un marco legal más sólido que no solo refuerza la protección de la infancia, sino que también establece mecanismos concretos para asegurar que esa protección sea adecuada, digna y de calidad. No podemos olvidar que se trata de seres humanos en pleno proceso de desarrollo, una circunstancia que los convierte en un grupo especialmente vulnerable y que exige que toda actuación pública esté guiada por el interés superior del niño o la niña.

La legislación vigente prohíbe las devoluciones colectivas de menores de edad. Toda potencial repatriación debe ser individual, con garantías suficientes sobre el caso, que incluyan la reunificación familiar en un entorno protector del niño o de la niña. Esto afecta también a potenciales traslados a otras comunidades autónomas que se deben realizar por corresponsabilidad con el Sistema de Protección de la ciudad de Ceuta, pero que también están sujetos a valoraciones caso a caso de la situación de cada niño o niña.

No se trata únicamente de una exigencia legal, sino de una garantía fundamental para evitar que decisiones administrativas o políticas vulneren derechos básicos de niños y niñas que ya han atravesado experiencias de enorme dificultad: pobreza extrema, explotación, guerras, trata… Lo estamos viendo y viviendo en Ceuta: demasiados niños y niñas siguen, más de una semana después de haber llegado a España, durmiendo al raso, llorando a sus padres sin acceso a un teléfono móvil y desprotegidos ante nuevas, pero igual de peligrosas amenazas.

La reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería reconoce esta realidad y establece de forma expresa la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país. Esta reforma parte de una realidad evidente: proteger a la infancia no es tarea de una sola comunidad o ciudad, y no puede recaer exclusivamente sobre los territorios de llegada. La solidaridad institucional y la cooperación entre administraciones son condiciones imprescindibles para garantizar una atención adecuada.

El sistema de protección en Ceuta ya está saturado y, cuando un sistema de acogida soporta una presión excesiva, la calidad de la atención puede verse comprometida. Los traslados permiten compartir la responsabilidad, reducir la sobrecarga de determinados territorios y asegurar que cada niño o niña pueda acceder a recursos, atención especializada, a servicios básicos y acompañamiento en condiciones adecuadas. Pero es muy importante que cada caso sea analizado de forma individual para garantizar sus derechos y bienestar.

Cumplir la legislación es una obligación para todas las administraciones públicas. Pero, más allá del cumplimiento normativo, existe un imperativo ético y humano que no debería perderse de vista. Los niños y niñas migrantes no son cifras: son vidas que tienen derechos como cualquier ser humano. Reconocerlos como tales implica garantizarles protección, escucha y oportunidades para desarrollarse plenamente, independientemente de su origen o de las circunstancias que les hayan llevado hasta nuestro país. No lo olvidemos jamás: son, ante todo, niños y niñas.

El éxito de la película ‘Barbie’, así como de otros proyectos cinematográficos basados en las piezas Lego o la saga de Pixar ‘Toy Story’ que incluye juguetes que existen en la vida real, ha hecho que la idea de crear historias basadas en muñecos sea una de las líneas que Hollywood quiere explotar y es por eso por lo que se han hablado ya de varias opciones en este sentido.

En este sentido, el próximo juguete en tener película propia será ‘Action Man’, con Hasbro preparando ya el proyecto en el que van a participar guionistas y productores que han trabajado en Marvel, lo que hace una idea de la posible identidad del proyecto, del que ha informado The Hollywood Reporter.

Guionistas y productores de ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘Los Vengadores’

La película de ‘Action Man’, que de momento está en sus primeros pasos, según la información del mencionado medio, la prepara Hasbro junto a Working Title, y donde se ha quedado claro el marcado acento británico del proyecto, con el que se mantiene así la identidad de la marca y el juguete, con más seis décadas de historia.

Según The Hollywood Reporter, la película de ‘Action Man’ cuenta detrás ya con Simon Hatt y Anthony Sellitti como guionistas. El primero trabajó durante más de diez años en Marvel y participó como productor ejecutivo en ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’, mientras el segundo formó parte de la serie animada ‘X-Men’97’.

Ambos son británicos y crecieron con figuras de ‘Action Man’, con lo que habría determinado su implicación en el proyecto, siendo clave, por ejemplo, Hatt, quien logró convencer a Hasbro y Working Title a través de crear una previsualización de una pelea formada por un equipo de especialistas en acrobacias y con una identidad que combinará acción y comedia.

En esta película de ‘Action Man’ también participará Jeremy Latcham, quien fue productor ejecutivo de las primeras entregas de ‘Los Vengadores’ de Marvel, y que también participó en la producción de ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’.

La historia de ‘Action Man’: de la versión europea de GI Joe a “imitar” a James Bond

Los muñecos de ‘Action Man’ comenzaron su historia en 1966, cuando fueron lanzados por la empresa Palitoy, que seguía la estela del éxito de GI Joe, que nacía dos años antes en Estados Unidos. Ambos juguetes, sin embargo, se fueron diferenciando con el paso del tiempo, especialmente por el contexto.

Y es que a diferencia de GI Joe, ‘Action Man’ partía de un contexto británico en el que la violencia tenía una visión que marcaba el reciente trauma de las dos Guerras Mundiales, lo que hizo que se hiciera más especialista en desafíos de deportes extremos o el ser agente secreto, al estilo James Bond.

De esta forma, se adaptó al mercado europeo y se reinventó en varias ocasiones tras altibajos. En la década de 1990 vivió una segunda juventud, y se relanzó en 2010. Durante su historia llegó a convivir y coexistir con GI Joe en ‘crossovers’ y ser los dos partes del mismo conglomerado de Hasbro. La película no será su primer proyecto en la pantalla, ya que tuvo antes tres series televisivas: ‘Action Man’ (1995), ‘Action Man CG’ (2000), y ‘Action Man A.T.O.M’ (2005).

La Fiscalía Anticorrupción investiga las posibles irregularidades de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) en la prestación de ayudas y alojamiento para jóvenes extutelados. El pasado marzo el ministerio fiscal pidió la colaboración de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que ya investigaba estas dos cuestiones en dos expedientes distintos. Antifrau cerró el primero sin detectar ningún posible delito, pero entregó la documentación a la fiscalía. En el segundo caso, todavía está analizando la numerosa documentación. Anticorrupción sigue investigando ambos casos, surgidos a raíz de una denuncia de un alertador, protegido por Antifrau, contra la Fundación Resilis en Girona.

Según fuentes jurídicas, la OAC entregó a la fiscalía su informe sobre el control de las ayudas económicas que se daban a jóvenes extutelados, que se sospecha que se dieron incluso a personas que ya no vivían en Catalunya. El informe concluía que no se habían podido detectar aspectos delictivos o de fraude, pero advertía que deberían comprobarse si había habido deficiencias en el cumplimiento de los contratos de la DGAIA con las entidades colaboradoras, y si la administración había fallado a la hora de realizar su seguimiento y supervisión.

En el segundo expediente, que investigaba la posible existencia de plazas de alojamiento 'fantasma', por el que las entidades cobraban de la Generalitat por acoger a jóvenes que en realidad no acogía, Antifrau aún no ha llegado a ninguna conclusión ni ha entregado documentación a la fiscalía porque debe analizar mucha información.

La fiscalía deberá decidir si ve sólo simples irregularidades administrativas y disfunciones del organismo público, o puede llegar a existir delitos. Sería entonces cuando lo llevaría a un juzgado para que lo investigara a fondo.

El caso estalló en enero del 2025, a raíz de la denuncia de un trabajador del tercer sector que había detectado irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. En un caso, por ejemplo, un joven recibía ambas prestaciones, cuando llevaba meses viviendo y trabajando en Valencia. Incluso, desde la fundación que se encargaba de la gestión de las ayudas se había cambiado al joven de piso aludiendo a que estaba buscando trabajo, cuando, en realidad, llevaba meses trabajando fuera de Catalunya.

Más adelante, tres trabajadoras denunciaron que una entidad, pese a tener plazas vacías en los pisos para acoger a jóvenes, cobraban a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas.

Por su parte, en junio del año pasado la Sindicatura de Cuentas realizó un informe que concluyó que el Departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. De esos 167 millones, 4,7 millones estaban relacionados con el caso denunciado por ser pagos indebidos a los jóvenes extutelados.

Por otra parte, un juzgado de Barcelona archivó el pasado abril una querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra cuatro exconsellers de la Generalitat y altos cargos por presunta malversación en la DGAIA. La entidad anunció que iba a presentar recurso. La querella rechazada por el juzgado se dirigía contra los exconsejeros del área social Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano. También contra el ex secretario Josep Ginesta y tres ex directores de la DGAIA, entre otros. Invocaba delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.

El último asesinato machista fue cometido en Barcelona por parte de un hombre que presuntamente mató a su mujer en casa, frente a sus dos hijos, en el barrio de Sant Martí. Pocos días antes, la Fiscalía, conocedora de la “preocupante” convivencia familiar, había pedido la protección de los menores, pero la juez desestimó la medida.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Fiscalía Provincial de Barcelona, que tuvo conocimiento del caso debido a la denuncia que interpuso el hombre por supuestos episodios de violencia de la madre hacia él y los hijos. Tras ser detenida ella y pasar a disposición judicial el pasado 12 de julio, la mujer, de 34 años, quedó en libertad.

La Fiscalía detalla que tras esa denuncia, constató “la necesidad de evitar que los menores continuaran expuestos a un contexto familiar que, conforme a los datos disponibles en ese momento procesal, podía resultar perjudicial para su seguridad y para su adecuado desarrollo”. Por ese motivo, pidieron una orden de protección para ambos.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó también una alternativa habitacional para la madre, con la intención asimismo de “preservar a los niños de una situación de convivencia familiar que consideraba objetivamente preocupante”. Sin embargo, el juez desestimó la petición, a lo que la Fiscalía optó por presentar un recurso de apelación.

La evaluación del contexto familiar, precisan, la llevó a cabo la Sección Especializada en la protección de Personas Vulnerables (SEPV) de la Fiscalía. “Respondió exclusivamente al cumplimiento de su deber constitucional de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando aprecia indicadores que aconsejan extremar las medidas de cautela”, afirman.

El comunicado de la Fiscalía también da a entender que no pudieron entrar a valorar si había indicios de violencia machista, puesto que el procedimiento incoado a principios de julio estaba acotado a investigar la denuncia del ahora presunto asesino.

Tras presuntamente matar a su mujer a puñaladas frente a sus dos hijos, el hombre se dio a la fuga. Horas después, se entregó en una comisaría de los Mossos d’Esquadra.