Castilla y León ya es la única comunidad sin Ley LGTBI por la pasividad del PP y el veto de Vox

Castilla y León, dirigida por PP y Vox, es la única comunidad sin Ley LGTBI después de que Asturias haya aprobado su propia normativa. La ley, demandada por el colectivo LGTBI, lleva pendiente desde hace más de una década y cuatro gobiernos: la última mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera y todos los gobiernos (en coalición con Ciudadanos y Vox o en minoría) de Alfonso Fernández Mañueco. Las asociaciones LGTBI piden al presidente autonómico que “tome nota” del Partido Popular asturiano, que ha negociado y apoyado la Ley.

La última vez que la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), abordó esta cuestión, aseguró que la protección que ofrecía la Ley estatal era suficiente. Las plataformas LGTB han denunciado en varias ocasiones las “maniobras dilatorias” del Partido Popular para no avanzar en la tramitación de la norma, incluso a pesar de haber redactado sus propios proyectos.

“No es que no tengamos ninguna Ley autonómica, es que Castilla y León, que presume muchísimo de sus Servicios Sociales, no tiene ni una sola política pública dirigida al colectivo LGTBIQ+, que somos un porcentaje importante de la población”, protesta la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, que alerta de unos discursos de odio “más cruentos” y de situaciones de violencia física en la Comunidad.

Hace ya diez años desde que redactó la primera Ley LGTB, y las asociaciones todavía no se explican por qué el PP de Extremadura apoyó una normativa que fue dejada de lado cuando fue replicada en Castilla y León. “En Asturias el PP ha votado a favor del proyecto de Ley, mientras que aquí el PP sabe que lleva más de treinta años en el poder y tiene todas las estrategias electorales para dar de lado a un sector muy grande de la población”, protesta Rodríguez.

Antes de la llegada de Mañueco al Palacio de la Asunción, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL acordaron un texto con las asociaciones LGTBI que incluso contó con el respaldo de una sola de los 'populares', Silvia Clemente, mientras el resto del PP se negó a negociar el texto, que acabó metido en un cajón, bloqueada durante el periodo de enmiendas. Silvia Clemente era entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, quien intentó ser la candidata al gobierno autonómico por Ciudadanos en 2019 y después con su propio partido político.

2019-2021, una legislatura fallida

Ahí ha estado prácticamente desde entonces, precisamente, a pesar de otros vanos intentos: en 2019 el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) presentaron de nuevo aquel texto, del que se desmarcó Ciudadanos, ya en el poder. El entonces vicepresidente, Francisco Igea (exCiudadanos) se comprometió a tramitar la Ley Igualdad Social de la Diversidad Sexual desde el gobierno autonómico, que tenía en coalición con el Partido Popular. La Ley ni siquiera se aprobó en Consejo de Gobierno: en mayo de 2021 contó con el último trámite antes de pasar a su aprobación por los miembros del gobierno, y ahí se quedó guardado hasta que Fernández Mañueco adelantara los comicios en diciembre de 2021 con un tuit.

La Ley LGTB se quedó, por lo tanto, otra legislatura sin tramitar. En la primera coalición PP-Vox, ese texto ni siquiera se puso sobre la mesa, mientras que la nueva propuesta socialista pactada con las asociaciones solo se desbloqueó después de que el PP decidiera abstenerse y permitiera su tramitación. Entonces, el PP gobernaba en solitario tras la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos. Eso sí, votaron en contra los diputados autonómicos de Vox y los dos expulsados del partido de extrema derecha. El PP proponía que, de tramitarse una Ley –algo que no era prioritario para ellos–, esta debía ser “sólida y hecha con rigor”. Pero, de nuevo, el debate no avanzó, y concluyó la pasada legislatura sin una Ley que refuerce los derechos de los integrantes del colectivo.

“Volvemos a las mismas”

“Tuvimos muy buenas palabras por parte de las representantes del PP que tuvieron la decencia de reunirse con las entidades, pero volvemos a las mismas”, protesta Gema Segoviano, vocal de Segoentiende, asociación LGTBH de Segovia.

La Proposición socialista incluía nuevos términos como el 'sexilio', en alusión a las personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género, abordaba el acceso sanitario a las personas trans y las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en las aulas, entre otras.

Castilla y León vuelve a tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, así que la Ley LGTB ha vuelto a desaparecer de la escena al dejarla fuera del pacto de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El Partido Socialista que ahora dirige Carlos Martínez aún no ha registrado una Proposición de Ley al respecto, aunque sí ha presentado dos Proposiciones No de Ley sobre las familias LGTBI y el acoso escolar a menores del colectivo. El PSOE también tiene intención de volver a presentar una Proposición de Ley para proteger de manera específica a estas personas.

Segoviano teme que el tema vuelva a paralizarse, porque no cree que el Partido Popular se vaya a oponer abiertamente a Vox con esta cuestión. “Vamos a ver cómo respiran y volveremos a presentar otro texto, a ver qué sucede esta vez”, anuncia la portavoz de Segoentiende, que muestra su intención de contactar con los partidos políticos cuando se hayan celebrado las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las asociaciones exigen que se elabore una Ley actualizada que atienda a las demandas actuales y teme que, si el PP decide negociar un texto, proponga algo “descafeinado” que sirva “para lavarse la cara”, o que se utilice a las mujeres y menores trans “como arma arrojadiza y para meter miedo”. “Si hubiera una Ley podríamos acudir a los tribunales para explicar por qué no se atienden algunas necesidades como las sanitarias y sociales”, concluye la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, en referencia a la menor trans a la que Sacyl aplazó su terapia hormonal.