Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

A finales de mayo del año pasado, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la apertura de un plazo de exposición pública de la Declaración de Proyecto Prioritario para la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios, S.L. tiene en Almansa (Albacete), dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha.

Ese periodo culminó y no se volvió a saber nada sobre su declaración como proyecto prioritario, que no se llevó a cabo. Declarar una iniciativa como “prioritaria” es una fórmula del Gobierno regional que implica agilización de trámites para proyectos de especial importancia para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma.

Nuevo periodo de información pública

Ahora, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete ha vuelto iniciar un nuevo periodo de información pública para el mencionado proyecto, tal y como publica, de nuevo, el DOCM. Pero la Consejería no explica los motivos por los que el proceso vuelve a repetirse.

En la resolución, se indica que este proyecto, que prevé la construcción de nuevas instalaciones para obtener materias primas para la fabricación de plásticos y aceites de pirolisis, se desarrollará en el Camino a Casas del Campillo, polígono 519, en el Paraje el Saladar de la localidad albaceteña.

La empresa destaca en su web que Acteco tiene una amplia experiencia en el almacenamiento y acondicionamiento de residuos, consolidándonos como “una gestora de residuos y reciclaje referente en España”. Tiene plantas de transferencia y reciclaje de gran capacidad en Ibi y Sax (Alicante), Náquera y Massalfassar (Valencia), PI. Malpica y PI. Plaza (Zaragoza), San Martin de la Vega (Madrid), Arteixo (A Coruña), Almansa (Albacete), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Algeciras (Cádiz), así como presencia logística en toda la península e islas.

Como gestor de residuos en Almansa, explica que ofrece “soluciones integrales” que incluyen la recogida, el tratamiento y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, y servicios especializados para empresas. “Nuestra planta en Almansa está equipada para garantizar procesos seguros y eficientes, fomentando la economía circular”, concluye.

El Ayuntamiento de Calahorra ha instalado un total de 35 'sanecanes', papeleras específicas para residuos caninos “con el objetivo de mejorar la limpieza en espacios públicos y conseguir una ciudad más limpia”. Estas nuevas papeleras de color verde, explican desde el Consistorio, tienen dispensador de bolsas para que los dueños puedan guardar los excrementos de sus perros y depositarlos correctamente en el interior. Se han colocado en diferentes puntos de la ciudad, “priorizando zonas con alta concentración de mascotas y tránsito peatonal”. Con estas papeleras, se pretende dar “un paso más hacia una ciudad más limpia, cuidada y más respetuosa además de contribuir a mejorar la salubridad de la ciuidad”, ha asegurado el concejal de Limpieza, David Antoñanzas.

Así, el Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto ampliar progresivamente el número de Sanecanes en función de las necesidades detectadas y es “una de las novedades del nuevo contrato de gestión de la limpieza de la ciudad adjudicado a FCC Ambiente SAU por un presupuesto de 14,6 millones de euros y una duración de 10 años” ha recordado además de apuntar que también se prevé contratar más personal, aumentar la maquinaria y la ampliación de la prestación.

La creciente preocupación por la proliferación de macroplantas de biogás en la comarca en torno a la autovía A-40 ha activado la movilización vecinal en Huelves. Tras la asamblea informativa celebrada en Carrascosa del Campo, vecinos de Huelves han creado la Plataforma vecinal Huelves Limpio y Vivo, que además se ha sumado a Pueblos Vivos Cuenca.

Según el proyecto presentado, esta macroplanta recibirá 233.000 toneladas anuales de purines, cadáveres de animales y otros residuos orgánicos lo que la convierte, según los datos que maneja el colectivo, “en la mayor macroplanta de la comarca”, al tratar un volumen muy superior a los otros proyectos que se tramitan en Tarancón y Campos del Paraíso, y a la macroplanta de biogás de Belinchón ya en funcionamiento. En total se trata de siete macroplantas de biogás en la comarca.

Sesión informativa en Huelves y en Tarancón

Esta nueva plataforma ha convocado un encuentro informativo para analizar el proyecto de macroplanta que se tramita en el municipio y sus posibles afecciones al territorio y a la calidad de vida. Se celebrará el próximo sábado 28 de febrero a las 17:30 en el Silo de Huelves.

Huelves Limpio y Vivo hace un llamamiento para que los vecinos de todos los municipios afectados directamente o por ser limítrofes “se unan en contra de estos macroproyectos que amenazan la calidad de vida y el bienestar en la comarca”.

Se ha realizado una difusión de la convocatoria a través del buzoneo de octavillas informativas y carteles en las poblaciones afectadas, así como en redes sociales. Están convocados todos los vecinos de Huelves así como las poblaciones limítrofes y en general toda la comarca: Barajas de Melo, Tarancón, Paredes, Uclés, Tribaldos, Alcazar del Rey, Carrascosa del Campo, Huete, Vellisca, Rozalén del Monte y Villarubio.

En Tarancón también se ha convocado otra asamblea informativa el mismo día 28 de febrero a las 12:00 en la Casa de Piedra.

Un colectivo de vecinos y usuarios del entorno de Punta Parayas y Camargo ha denunciado la existencia de parcelas de aparcamiento que se han convertido en “vertederos ilegales” en el polígono industrial de Riamar de Maliaño (Camargo), “tolerados por la administración y la propiedad (bancos, sociedades en liquidación)”.

En un comunicado, en el que adjunta material fotográfico, el colectivo documenta el “grave estado de abandono” del polígono, que se ubica “a escasos metros” del nuevo carril bici en el que el Ayuntamiento “tanto invierte”.

“El principal problema es el riesgo real para la salud pública y el medioambiente: están proliferando los depósitos de aparatos eléctricos (neveras que emiten gases tóxicos) y neumáticos (riesgo extremo de incendio y humos tóxicos hacia el entorno de Maliaño)”, advierte.

Según señala el colectivo, “aunque el Ayuntamiento debería ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y pasar la factura a los dueños, la inacción impera por el miedo al coste burocrático, permitiendo este daño ecológico”.

Así, exige una limpieza subsidiaria urgente por parte del Ayuntamiento de Camargo, la inspección del SEPRONA para sancionar el vertido de neveras (RAEE) y neumáticos en un área conectada al Sendero de los Porqués, y “transparencia respecto qué entidades financieras o propietarios están evadiendo sus obligaciones legales”.

El Gobierno vasco ha dado la autorización ambiental a la nueva planta de Agaleus -grupo propietario de Sader y Profersa- en el puerto de Bilbao. La construcción de esta nueva planta es un paso esencial para el cierre de estas dos empresas en su actual ubicación el barrio de Zorroza, en Bilbao, ya que la actividad que ahora realiza Sader, descontaminación y eliminación de residuos, peligrosos y no peligrosos, se asumirá por la nueva planta. Respecto a Profersa, dedicada a fabricar fertilizantes a través de residuos, la idea del grupo es cerrar la empresa, aunque esta función no se realizará en las nuevas instalaciones del puerto.

Los vecinos de Zorroza y de otros barrios cercanos de Bilbao llevan años esperando este traslado con quejas continuas por las molestias que suponen estas plantas, en olores y humos. Son unas quejas que se han trasladado de modo preventivo a los municipios que van a tener próxima la nueva planta, como Getxo o Santurtzi, cuyos ayuntamientos -ambos gobernados por el PNV- y partidos políticos como PP o Elkarrekin en estas localidades presentaron alegaciones al proyecto, pero el Gobierno vasco ha rechazado todas ellas. En total, han sido cinco escritos de alegaciones que no han sido tomadas en consideración por el órgano medioambiental.

Por ejemplo, algunas de las alegaciones se centraban en la cercanía que la planta Agaleus Circular Thinking SL, que tendrá capacidad para gestionar 144.500 toneladas al año de residuos peligrosos y no peligrosos en una superficie de 17.000 metros cuadrados en el término municipal de Zierbena, en terrenos del puerto de Bilbao, tendría respecto al núcleo urbano de Getxo. De hecho, habrá casas a menos de dos kilómetros, al otro lado de la ría. La alegación se aferra a que el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, establece que las instalaciones que puedan ser consideradas como peligrosas, insalubres o nocivas, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros.

Sin embargo, el Gobierno rechaza la alegación, no porque no haya esta distancia al núcleo urbano, sino porque ese artículo que se cita en la alegación está derogado en el ámbito de la CAPV desde la aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco que establece el régimen jurídico de las actividades clasificadas, y “en consecuencia, no resulta de aplicación”.

De igual forma, rechaza la afectación por olores que pueda tener en la población de Getxo, señalado en primer lugar que “no existe normativa de aplicación en relación con los olores que permita al órgano ambiental incorporar obligaciones en esta materia”. En todo caso, asegura que “la planta se ha diseñado de tal forma que las actividades de gestión de residuos susceptibles de generar molestias por olor se desarrollan en el interior de edificios cerrados, al objeto de minimizar la propagación de olores hacia el exterior”.

En cuanto al uso de “sustancias peligrosas como metanol y ácido clorhídrico, sin un análisis adecuado de los riesgos asociados”, se puntualiza que no compete al órgano ambiental comprobar el cumplimiento de la normativa de almacenamiento de productos químicos, pero que, en el proyecto, la empresa señala que “a pesar de que solo una pequeña parte de los residuos que se reciben en la planta son inflamables o combustibles, se ha diseñado su almacenamiento cumpliendo siempre las medidas exigidas en la legislación vigente para las instalaciones de almacenamiento de productos químicos”. Además, señala que el proyecto ha sido remitido a la dirección de Salud Pública, así como por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno vasco, para su conocimiento y efectos oportunos “sin que se haya recibido oposicionamiento alguno”.

También rechaza las alegaciones que hacen referencia a las afecciones sobre el terreno o el medio ambiente de la zona al señalar que se trata de un muelle en el puerto de Bilbao, “un entorno plenamente antropizado, caracterizado por superficies portuarias artificiales y carente de vegetación natural. De acuerdo con la clasificación de hábitats marinos EUNIS, el área se incluye dentro de la categoría de ”construcciones y hábitats artificiales“, no identificándose en este emplazamiento ”hábitats naturales de interés“.

Por otra parte, tampoco se acepta “especificar los residuos no confidenciales y aclarar la versatilidad y gestión futura”, como se solicitaba en alguna de las alegaciones por considerar que “posibles residuos no incluidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) vigente pueden hacer variar las emisiones o ruidos en la planta”. El Gobierno señala que “la información relativa a los residuos gestionados se presenta como confidencial por motivos de competencia empresarial”, ya que “la tipología y volumen de residuos pueden revelar detalles sensibles sobre procesos productivos, tecnologías empleadas o estrategias operativas, lo que podría comprometer la posición competitiva de la empresa si se divulga públicamente”. Considera, no obstante, que esa confidencialidad “no implica que los residuos sean peligrosos o que se esté ocultando un riesgo ambiental”.

Pese al rechazo de las alegaciones, la autoridad ambiental da el visto bueno a la nueva planta con ciertos condicionantes como controles de la emisión de residuos, aguas residuales y olores y señala que “en caso de que las emisiones produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes o guías de mejora que correspondan”. Además, el transporte de los residuos “evitará, en la medida de lo posible, el paso por núcleos de población” y los vehículos que transporten residuos a la planta “deberán mantener la carga cubierta en todo momento, tanto en la entrada como en la salida de la planta y durante la totalidad del trayecto”.

El pasado mes de diciembre, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibildad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi, defendía en el Parlamento Vasco que la actividad de Sader, a la que se ha ampliado en un 38% su capacidad para tratar residuos, no supone ningún riesgo para la población pese a que está ubicada en el entorno urbano de Bilbao. Pese a minimizar este impacto y asegurar incluso que no es foco de malos olores, algo que es una queja reiterada de los vecinos de Zorroza, reconocía que la nueva empresa del grupo en el puerto de Bilbao, será “más moderna y eficiente”y “minimizará el impacto ambiental”.

Ya lo adelantó el concejal de Urbanismo de Toledo, Florentino Delgado, de Vox. Toledo es muy “pétreo”, es decir, que hay mucha piedra. Lo que quizás no tuvo en cuenta es que es una 'piedra' Patrimonio de la Humanidad y por eso algunos de los proyectos que el partido de ultraderecha, que gobierna con el PP en la capital castellanomanchega, está ideando, no están contando con una respuesta vecinal de gran apoyo. Ahora se ha conocido una nueva idea para incorporar al catálogo de cambios en el skyline de la ciudad

A la idea de una gran noria panorámica en Vega Baja, en una zona donde todavía queda por desentrañar, valorizar y asentar vestigios visigodos y romanos de gran valor; o a sumar una nueva tirolina (ya hay una sobre el río Tajo en el Puente de San Martín), PP y Vox proponen ahora un nuevo megaproyecto en la zona conocida por los toledanos como 'el Valle'. Una suerte de 'Montmartre' por sus vistas a la ciudad y su plaza central. O también un 'Montjuic' en altura por sus fuentes de chorros.

La zona del Valle es muy apreciada entre la ciudadanía toledana que también frecuentan los turistas. Es un entorno natural, con un mirador panorámico de todo el conjunto monumental de Toledo, ubicado en las alturas de la ciudad, al sur del Casco Histórico y sobre el río Tajo. Allí, el Ayuntamiento quiere ejecutar una zona de esparcimiento para la conexión de la movilidad entre las dos riberas. Es mayoritariamente suelo de titularidad municipal.

La ejecución está actualmente en licitación y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de marzo. La inversión total es de más de 500.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de cinco meses. Abarca una superficie de 6.000 metros cuadrados.

La actuación pretende “mejorar” de forma integral la conexión entre la ribera y zonas de alto valor turístico, como el Mirador del Valle. Por ello, el equipo de Gobierno local de PP y Vox la ha incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de Toledo, que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La actuación se enmarca en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo.

El estudio de arquitectura que ha elaborado el diseño del proyecto, Cachivache Atelier S.L., lo ha denominado ‘Conexión Valle-Polvorines' por las dos áreas que conecta. En su documento de presentación, al que ha tenido acceso este medio, se detalla que el ámbito de actuación se localiza en la margen opuesta del río Tajo, en el sector comprendido entre el Hospital del Valle, el Parador Nacional y la carretera TO-3100.

En el proyecto se detalla que este espacio natural tiene caminos peatonales “espontáneos y discontinuos”, zonas de matorral y laderas, y habla de “itinerarios inseguros y sin tratamiento urbano”, con “accesibilidad limitada, sin señalización ni alumbrado, y con elementos intrusivos como biondas metálicas”. Existen, precisa, una serie de caminos sin “domesticar” entre el Mirador y un área de ensanchamiento próxima.

Así, el futuro proyecto parte de la “característica intrínseca” del Valle como zona natural que dice respetar “en todo momento”. Para ello se proponen actuaciones en diferentes planos. En un primer estrato, la recuperación de los caminos existentes naturales, realizando una limpieza de los mismos y solucionando “los problemas que se encuentran en ellos con las escorrentías”.

Balizas solares, accesibilidad o aseo autolimpiable

Por ejemplo, contempla mejorar la accesibilidad adecuando puntos muy concretos por sistemas de escaleras. Incluye asimismo balizas solares en todo su recorrido y mobiliario urbano acorde a su uso, como papeleras y fuentes de agua potable.

Por otro lado, pretende mejorar la accesibilidad del aparcamiento superior, situado frente al Hospital del Valle, agrandando su tamaño y mejorando su acceso, actualmente “en pésimas condiciones”. Con ello, busca fomentar el aparcamiento “disuasorio” y la circulación peatonal por el recorrido del proyecto. Y además, dota a este camino de llegada al Parador de iluminación mediante balizas solares y papeleras en el aparcamiento, actualmente inexistentes.

Otra zona de actuación que detalla la empresa son los merenderos del Mirador del Valle, donde se proyecta un aseo público “autolimpiable”, además de una fuente de agua potable, y un nuevo acceso a los recorridos peatonales naturales. En la ronda del valle, así como en los tramos de asfalto que cruza el proyecto se proponen actuaciones de pinturas en el asfalto, invadiendo estos espacios por el peatón e “invirtiendo la jerarquización de usos de las carreteras”.

Además, se proponen diferentes “hitos” diseñados en las zonas naturales de los caminos peatonales. Se trataría de zonas de estancia para disfrutar de un entorno natural, como ocio sostenible y saludable, pero el proyecto principal es una plaza, situada a mitad de proyecto, con “unas magníficas vistas a la ciudad”.

En el documento, la empresa aduce que se ha trabajado como punto de partida con asociaciones como la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) y sus cartografías de flora, para respetar la vegetación existente. Pone como ejemplo que en la zona de Polvorines - donde irá por cierto la futura Ciudad del Cine- se adecúa la entrada al parque.

Más adelante, el texto detalla las directrices para el uso, conservación y mantenimiento de los itinerarios peatonales y ciclistas, zonas de estancia, mobiliario urbano y alumbrado exterior del proyecto ‘Conexión Valle-Polvorines’. El objetivo, indica, es garantizar la “durabilidad, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura” durante su vida útil.

Aquí precisa que habrá itinerarios peatonales y ciclistas, donde se prohibirá la circulación de vehículos motorizados y se evitarán prácticas que puedan deteriorar pavimentos o generar erosión, y que las zonas de “contemplación” deben utilizarse para esparcimiento, evitando daño a pavimentos o vegetación.

La empresa diseñadora no prevé afección al medio ambiente

Y, ¿cómo se gestionarán los residuos? La empresa encargada del diseño explica que la separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

No obstante, no prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido “a la escasa cantidad de residuos generados”. En general, los que se generarán “de forma esporádica y espaciada en el tiempo”, salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual.

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que “en ningún caso puedan enviarse a vertederos”, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del constructor. Tampoco está previsto que se generen residuos peligrosos “por lo que no es necesario” disponer de un contenedor específico.

En definitiva, la entidad no prevé efectos directos del proyecto sobre el medio ambiente, ni “efectos indirectos primarios”, entendiendo como tales aquellos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

Dos centenares de personas se concentran contra el proyecto

Los parabienes del proyecto, sin embargo, no convencen a todos. La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) convocó una protesta el pasado sábado 21 de febrero en la plaza del Ayuntamiento, a la que acudieron alrededor de 200 personas.

La concentración comenzó a las 10.30 horas, donde ARBA Toledo dio a conocer el proyecto ante los vecinos, “exponiendo el valor del patrimonio natural que tenemos a escasos metros de la zona urbana y la importancia del mismo de cara al desafío ambiental que tenemos por delante frente al cambio climático”, explican desde la asociación. Los diferentes colectivos y vecinos que acudieron, “aportaron sus opiniones y proclamas” con respecto a las actuaciones que plantea el gobierno local, “así como en las de vía Tarpeya, impactos ambientales del POM, actuaciones en el parque de Polvorines o el planteamiento del hotel de la Cava”.

Pese a que el estudio de arquitectura que ha diseñado el proyecto dice haber contado con la colaboración de colectivos como ARBA, la idea no gusta. Su coordinadora en Toledo, Syra Díaz Rojas, explica que en cuanto tuvieron conocimiento de que estaba todo previsto para realizarse, se pusieron en contacto con el ayuntamiento para intentar acordar una reunión y poder trabajarlo, “porque son actuaciones muy agresivas y dañinas para el medio ambiente en el Valle”.

El Ayuntamiento está buscando atraer al turismo sin pensar en lo que los ciudadanos quieren, porque ni siquiera este proyecto ha salido para que la ciudadanía lo conozca

Syra Díaz Rojas — ARBA Toledo

Entre las actuaciones que más preocupan a ARBA Toledo están “la colocación e instalación de balizas solares por todo el tramo, y también de pasarelas o gradas”, así como “el hormigonado o cementado en algunos tramos, o como ellos lo quieran llamar”. Por otro lado, la apertura o ensanchamiento de los caminos “de 1,8 hasta 3 metros”.

Díaz Rojas apunta que, en la ciudad de Toledo, el ayuntamiento “está buscando atraer al turismo sin pensar en lo que los ciudadanos quieren, porque ni siquiera este proyecto ha salido para que la ciudadanía lo conozca”. Asegura que otro proyecto como Renace Tajo se creó “sin que los ciudadanos tuviesen conocimientos”, así como la Ciudad del Cine se implantó “por obligación, de la misma manera que están haciendo con un montón de actuaciones”.

Desde ARBA Toledo explican que la vegetación del Valle “por suerte para nosotros está protegida por la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha”. Syra Díaz asegura que “todo el tramo que quieren abrir hay vegetación rupícola no nitrófila y predesértica. Los espartales están protegidos por la Unión Europea” y reivindica que “aunque no seamos conscientes de ello, la vegetación es más importante de lo que creemos, y tiene su nombre y un grado de protección”.

Cuando una persona va al monte o al campo espera encontrar un sitio natural, con animales que se crucen y llevar su mochila con su agua y su comida para pararse en una roca a ver las vistas, no que haya un banco, una papelera y una baliza solar para que te indique que por la noche también puedes hacerlo

Syra Díaz — Coordinadora de ARBA

En el entorno del Valle existen también especies de fauna como los corzos “o el búho real, el búho chico, los cárabos, los autillos” que tienen hábitos nocturnos “de manera que si tú balizas todo con luz vas a perjudicar a los mamíferos y aves nocturnas que necesitan esa oscuridad para poder llevar a cabo su caza”, expone la coordinadora del colectivo.

Syra Díaz reivindica que “cuando una persona va al monte o al campo espera encontrar un sitio natural, con animales que se crucen y llevar su mochila con su agua y su comida para pararse en una roca a ver las vistas, no que haya un banco, una papelera y una baliza solar para que te indique que por la noche también puedes hacerlo”.

Recuerda que Toledo y el Mirador del Valle fue galardonado en 2022 como ‘Panorámica nocturna más bonita del mundo’, pero que “no la aprovechan” como hacen los ciudadanos: “Nos vamos a desconectar al Valle, nos sentamos a respirar la paz del entorno y pensamos lo bonita que es nuestra ciudad, que es una maravilla”.

Del mismo modo, desde el colectivo anuncian han planteado realizar varias mesas informativas y de debate, y que el próximo 28 de febrero se realizará una ruta por el Valle para dar a conocer in situ “la afección del proyecto”.

Al Ayuntamiento le “sorprende” la protesta

El Gobierno local de PP y Vox ha trasladado su “sorpresa” por este rechazo de ARBA al proyecto y ha defendido, en palabras del concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, que no se va a utilizar “ni un metro cúbico de hormigón”, sino que va a “recuperar y restaurar zonas que están muy degradadas, logrando nuevos espacios de ocio en un escaparate que es mundial y que no ha tenido ninguna actuación durante décadas”.

“Me sorprende también porque a lo largo de estos casi tres años de legislatura hemos realizado numerosas campañas de 'basuraleza' en las que hemos extraído de esos taludes y esos rodaderos del Valle toneladas de residuos... No entiendo esta reacción”, concluye el concejal.

En los últimos meses, varios municipios navarros se han movilizado para tratar de paralizar la instalación de plantas de biometano por los daños medioambientales que generan ante la cantidad de residuos que necesitan. En este contexto, la fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha elaborado un informe en el que analiza las características de todas las plantas de biogás instaladas en la comunidad foral y de las que están proyectadas para alertar de los riesgos del 'boom' de estas instalaciones.

El informe detalla que actualmente en Navarra hay operativas seis plantas de biometano, a las que se le suman otras 15 en fase de tramitación o construcción. En octubre del año pasado el Parlamento foral aprobó una moratoria de un año para la apertura de nuevas plantas; sin embargo, desde la fundación Sustrai, su portavoz, Pablo Lorente, lamenta que hay tres que la han esquivado. Son las de Sesma, Arróniz y la planta de fangos de Tudela.

Las plantas de biometano generan biogás, una fuente de energía incluida en el grupo de las energías renovables que se produce a través de la descomposición anaerobia -sin oxígeno- de materia orgánica. Para ello mezclan residuos agrícolas, ganaderos, agroindustriales, lodos de depuradoras o residuos domésticos. Con la biometanización se produce el biogás, en el que predomina el metano y que, una vez depurado, se inyecta en la red general de gas natural. Pero lo que a simple vista parece algo positivo, la generación de energía renovable, esconde problemas como la contaminación de acuíferos y suelos, así como emisiones de gases perniciosos para la salud, malos olores y un aumento del tráfico de camiones de gran tonelaje cargados de purines.

Según los cálculos de Sustrai, entre las plantas de biometano existentes y las proyectadas, Navarra necesitaría gestionar al año más de 1,8 millones de toneladas de residuos, cuando la fundación cuantifica en unas 700.000 toneladas los residuos que se generan en la comunidad foral, según los datos recogidos en el censo ganadero del 2024.

“La falta de disponibilidad de materias primas para estas plantas provocará efectos negativos: o se produce un mayor despliegue de macrogranjas en la zona para asegurar la materia prima, o se genera un mayor tráfico de camiones para traer residuos de lugares más lejanos, junto a una mayor competencia entre las plantas para hacerse con residuos, y una mayor necesidad de ampliar el espectro de los residuos que reciben”, lamentan desde Sustrai.

A este problema se añade la gestión del digestato que permanece tras el proceso de biometanización (un 80% de los residuos utilizados en la producción de biogás). “Se necesitan extensos terrenos para fertilizar sin exceder la dosis. Sin embargo, la realidad nos señala que transportar el digestato a largas distancias es costoso, por lo que para ahorrar costes se sobrefertiliza en lugares cercanos a las plantas de biometanización. Resultado: aumenta el riesgo de contaminación de los terrenos por exceso de nitratos. Un problema añadido y que agravará la pésima situación actual”, explican.

El Gobierno de Navarra ha tenido que ampliar las zonas consideradas vulnerables a la contaminación por nitratos en la comunidad foral, que han pasado de cuatro zonas y 99.259 hectáreas designadas en 2020, a doce zonas y 247.854 hectáreas en la actualidad.

“La planificación pública exige un análisis de las necesidades locales, y en base a ello, la puesta en marcha de plantas descentralizadas, con gestión cooperativa y apoyo público. Necesitamos un plan de biometanización al servicio del desarrollo local y de la salud y el futuro fértil de nuestro suelo y agua”, concluye el informe.

Vecinos de Campos del Paraíso, una población conquense que no llega a los 700 habitantes han denunciado que se proyecta una segunda planta de biogás en el entorno del municipio, junto a otra instalación ya conocida y que actualmente se encuentra en fase de tramitación ambiental.

Según la información recabada por el colectivo vecinal, este segundo proyecto contaría ya con informe de compatibilidad urbanística, aunque todavía no existe información pública disponible en los registros ambientales, a diferencia del primero.

Para los vecinos, este hecho confirma que no se trata de un proyecto aislado y creen que es “un problema estructural” que sitúa al municipio y a su comarca como “posible zona de concentración” de este tipo de infraestructuras industriales. “No podemos descartar que aparezcan más proyectos similares. Estamos ante un modelo de ocupación del territorio que afecta directamente a nuestro futuro como comunidad rural”, señalan desde la recién constituida Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural.

En este contexto, el Ayuntamiento ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario este viernes a las 12:00 horas para abordar la situación. Los vecinos valoran positivamente la convocatoria, que consideran resultado de la movilización social de las últimas semanas, aunque insisten en que el debate debe ir más allá de una única planta y centrarse en la defensa integral del municipio y de la comarca frente a la proliferación de este tipo de proyectos.

El colectivo vecinal advierte de que instalaciones de estas características “pueden implicar afecciones relevantes en forma de olores persistentes, incremento del tráfico pesado, impacto paisajístico y presión sobre el entorno rural, además de generar una profunda preocupación social en municipios de pequeño tamaño”.

Una asamblea informativa con expertos el 14 de febrero

Como parte de las acciones informativas y de coordinación, el próximo 14 de febrero a las 11:00 horas se celebrará una asamblea abierta en el Silo de Carrascosa del Campo, en la que participarán especialistas con experiencia en procesos similares.

Intervendrán por parte de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, de Ecologistas en Acción, Toni Jorge, y el profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, Máximo Florín, que aportarán análisis técnico, jurídico y social sobre este tipo de proyectos y las vías de actuación disponibles para la ciudadanía y las instituciones.

Los vecinos subrayan que la asamblea pretende ser “un espacio de información rigurosa y de coordinación colectiva”, abierto a toda la comarca, ante un escenario que consideran de gran relevancia para el futuro del territorio. Se espera una asistencia masiva de vecinos de Campos del Paraíso y otros municipios.

Desde la asociación vecinal insisten en que su objetivo es “defender la calidad de vida, el entorno rural y la capacidad de decisión de los municipios sobre su propio modelo de desarrollo”. Apelan a la unidad vecinal y a la colaboración institucional para afrontar una situación que califican de “crítica”.

El alpechín y alpeorujo son residuos de la industria olivarera “altamente tóxicos” en los que en varias ocasiones han puesto el foco los colectivos ecologistas. Se trata de ácidos y con una alta carga orgánica y de compuestos fenólicos (de alta resistencia) que hacen que su degradación sea muy lenta.

La legislación obliga al control de este tipo de residuos, de tal forma que no pueden liberarse al medio ambiente sin tratamiento previo, ya que poseen una carga contaminante “entre cien y doscientos veces mayor” que las aguas residuales urbanas.

Ahora Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha denunciado lo que denomina un “vertido” de alpechín ocurrido el pasado 28 de enero desde una de las balsas que tiene la almazara Olivia, de la empresa Montes Norte, en la carretera del término municipal de Malagón, en Ciudad Real.

Según afirma el biólogo y ecologista Francisco José Sarrión, desde este lugar se produjo una “gran escorrentía” de este residuo en dirección norte, cubriendo varias parcelas de cultivos de olivar, viñedo y cereal y el camino del paraje de los Frailes, hasta detenerse unos 400 más abajo. Apunta que también se infiltró en las inmediaciones de la circunvalación N-401.

Tras un aviso al 112 de varios vecinos de las parcelas afectadas, spersonóno en el lugar una patrulla del Seprona que realizó una inspección de lo ocurrido, “aconsejando la interposición de la correspondiente denuncia”.

Este colectivo recuerda que hace dos años, también durante unas fuertes lluvias, se produjo otro vertido, lo que indica que las instalaciones “presentan problemas de diseño que no se han subsanado”. Alerta así de que, de no tomarse medidas, podrían ocurrir de nuevo en un futuro “causando daños más graves en los cultivos sobre los que se acumulen los contaminantes, pudiendo afectar a la salud de las personas”.

Afirma que el alpechín causa irritación de piel y mucosas, cefaleas y problemas respiratorios por los vapores y la fermentación.

Sobre el medio ambiente puede suponer un “riesgo microbiológico” cuando contamina aguas usadas para consumo. “Y sobre el suelo inhiben el crecimiento de plantas, reduce la actividad microbiana beneficiosa y pueden provocar su esterilización a largo plazo; y sobre el agua poseen una altísima demanda química y biológica de oxígeno por lo que puede causar la asfixia de organismos acuáticos, el oscurecimiento del agua imposibilitando la fotosíntesis y la contaminación de acuíferos si se infiltra”, destaca.

Ecologistas en Acción ha pedido a la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha que intervenga en el asunto “inspeccionando las instalaciones y tomen medidas para que no se repita de nuevo”.

La empresa niega el vertido y afirma que el residuo no es tóxico

Desde la empresa Montes Norte niegan ningún “vertido”. Fuentes de la compañía han indicado a este medio que es “falso” que el encharcamiento de la parcela mencionada haya sido provocado por un vertido de alpechín. “Las balsas de dicha instalación cumplen con la normativa, estando totalmente legalizadas, así tanto el personal del Seprona como Medio Ambiente ha visitado las mismas y confirman que no existen irregularidades”.

La empresa explica que el hecho de que esa zona se encuentre anegada de agua obedece a “escorrentía provocada por las altas precipitaciones de las últimas semanas”, al tratarse de una parcela que históricamente “siempre se ha inundado”, ya que la superficie del terreno no puede absorber tal cantidad de agua.

De hecho, apunta que el color “oscurecido” del agua de esa zona puede estar provocado porque las rachas de viento hayan movido pequeñas cantidades de las “aguas de vegetación de la aceituna”. En ese caso, “se trataría de cantidades mínimas y que además beneficiarán a los cultivos”. Concretamente de ese viñedo, añade, se podrá obtener “uva de más calidad, puesto que se trata únicamente de materia orgánica”.

El subproducto que se procesa en la industria no es altamente contaminante, ya que su principal componente es materia orgánica que favorece a los cultivos

Las mencionadas fuentes también indican que el subproducto que se procesa en la industria a la que se dirigen las acusaciones no es “altamente contaminante”, ya que su principal componente es “materia orgánica que favorece a los cultivos”.

Concretamente, detallan que sus componentes polifenólicos son antioxidantes, y que de hecho está habiendo estudios, en colaboración con otras empresas y con la Universidad de Castilla La Mancha, para poder obtener de esos subproductos componentes minoritarios, entre ellos los destinados a la industria alimentaria, como conservantes naturales frente a los químicos, por ejemplo, o destinados a la industria farmacéutica. “¿Quién puede pensar que de una aceituna de la que se obtienen productos beneficiosos para la salud, puedan generarse otros que vayan contra ella?”, se preguntan.

“Las propias aguas de la población, por la cantidad de detergentes y productos químicos que se utilizan en las casas, son mucho más contaminantes que cualquier subproducto o efluente de la industria agroalimentaria”.

Por todo ello, destacan que las acusaciones dirigidas contra Grupo Montes Norte “no se corresponden con la realidad” y tienen “un claro enfoque de desprestigiar una industria que además de generar empleo, mueve la economía de forma lícita y sostenible, cumpliendo con sus procesos la economía circular”.

“Son afirmaciones que no tienen fundamento y demuestran un gran desconocimiento sobre el tema, siendo en Montes Norte conscientes de que las inician un grupo de socios que fueron expulsados por la Asamblea General y que por represalias, sus ataques son recurrentes y habituales. De tal manera, la asesoría jurídica iniciará las acciones legales oportunas”, avisa.

El Gobierno regional sí habla de “vertidos”

Finalmente, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible indican que se ha llevado a cabo la correspondiente inspección por de los agentes medioambientales, quienes han informado “sobre los vertidos que se estaban produciendo fuera de la balsa, posiblemente por el temporal de viento y agua”.

“Una vez levantada acta por su parte, se procederá a su estudio para determinar las medidas y responsabilidades a que diera lugar”, concluye este departamento.

El digestato es un subproducto derivado la generación de biogás y biometano. Se trata de un material sólido-líquido residual rico en nutrientes resultante de la digestión anaeróbica de materia orgánica: desechos agrícolas, ganaderos o urbanos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una planta de biogás produce digestato en una cantidad que equivale en torno al 90% de la materia orgánica introducida en el biodigestor, ya que solo una pequeña parte se convierte en biogás. Generalmente, se obtiene aproximadamente una tonelada de digestato por cada tonelada de residuo fresco procesado, variando según la humedad del sustrato.

Así, en los últimos años, este residuo se ha convertido en un quebradero de cabeza para las nuevas instalaciones de biogás o biometano que proliferan en toda España. Porque su tratamiento final se está realizando a base de su conversión en compostaje, una actividad que principalmente se realiza al aire libre, tiene impacto ambiental y produce malos olores, lo que ha desatado numerosas denuncias de los colectivos ecologistas.

Estas asociaciones consideran que la extensión de este residuo en los campos circundantes a las plantas de biogás es “inviable”, ya no solo ambientalmente, sino que puede provocar impactos en los acuíferos y en la contaminación por nitratos.

Por eso es una de las trabas que están encontrando en Castilla-La Mancha los más de 70 proyectos de producción de biogás que están intentando instalarse en la región o que ya operan en ella. La mayoría cuenta con la oposición vecinal y en algunos casos de los propios ayuntamientos, lo que ha llevado incluso a ordenanzas municipales para prohibir su instalación.

Este es el contexto que una start-up española lleva años estudiando para ofrecer una solución a la gestión de este residuo. La empresa es Biotecnología Bioeconómica y opera en todo el país, pero está especialmente interesada en el territorio castellanomanchego, al ver la contestación social derivada de los problemas que genera el digestato.

Del estudio de valoración a la patente

Su apoderado, Javier Martínez, explica que la compañía, fundada en 2023, tiene como objetivo la gestión de residuos orgánicos (principalmente digestato y lodos de depuradoras de aguas residuales) para convertirlos en productos de alto valor como grasas, aceites y fertilizantes para la agricultura. Es decir, trabaja en la valorización de residuos y además genera créditos de carbono (permiten a las empresas obtener compensaciones económicas por no generar contaminación).

Pese a su reciente fundación, esta empresa lleva estudiando la gestión de residuos desde hace ocho años. Ha patentado el biodigestor ‘Aerobio’ para residuos orgánicos. Comenzó ofreciendo esta solución al sector ganadero para el tratamiento de purines y estiércol, pero ahora quiere fomentar su actividad en el área del biogás y el biometano, como “líderes del mercado en captación de residuos”.

“Actualmente, ninguna planta de biogás en España ha encontrado solución ambiental al problema del digestato. Todo el mundo sabe que es un problema, lo reconocen en privado, pero pasan por encima de la solución”, afirma Martínez.

Como ejemplo pone a la planta de biometano de Noez, en los Montes de Toledo, cuya puesta en marcha provocó las protestas del pueblo vecino de Casasbuenas, a cuya vecindad afectan los malos olores derivados del tratamiento de residuos. Es una instalación que esta empresa ha estado analizando.

Pero, ¿en qué consiste su solución? La start up ha detectado que los técnicos de las administraciones públicas “retardan” las concesiones medioambientales porque las soluciones de los promotores de biogás se encuentran, al generar digestato, con el mismo problema que el de los purines y los estiércoles de las macrogranjas. “Porque el compost es una palabra mágica, pero no es un buen fertilizante y su elaboración se hace al aire y tiene impacto ambiental. Además, supone un gasto para los promotores de biometano”.

Estudiaron así las cualidades del digestato y comprobaron que en la mayoría de los casos pierde valor nutritivo, pero si se le añaden algunos “correctores”, existe una solución. “Se basa, fundamentalmente en ponerlo a dieta, en complementarlo”.

El proceso se inicia con un análisis nutricional del residuo. “Vemos qué le falta para que sea más completo, generalmente proteínas o carbohidratos”. Posteriormente, se mezcla, se tritura y con eso se pone “a dieta”. Posteriormente, en el biodigestor, se mezcla ese producto con las larvas de la mosca 'soldado negra', que se crían en la misma nave y la utiliza como elemento de crecimiento y de aprovechamiento.

“En 15 días hace desaparecer la dieta, se desarrolla y, cuando eso ocurre, extraemos de la larva todos sus componentes, como se extrae el aceite de una aceituna. Los procesamos allí mismo y los convertimos en productos finales para uso agrícola”, detalla el apoderado de la compañía.

Según afirma, en ese momento “ya no hay residuo, desaparece”. Lo que se obtiene cada dos semanas son “productos de valor”, que se ofrecen en 'biopacks' y que son “incluso más rentables que el propio gas” en cuanto al retorno de la inversión.

Una de las ventajas que esta empresa destaca es que el proceso se realiza en naves que ellos mismos se encargan de instalar en los terrenos de las plantas de biogás, a la medida de su nivel de producción. Estas naves, destaca, no tienen impacto ambiental, son herméticas y están climáticamente controladas. “Da igual la climatología exterior, porque dentro se mantienen las mismas condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire”.

“Si la instalamos en el mismo terreno en el que está la planta de biogás y nos dan acceso al tubo por el que sale el digestato, este residuo ni siquiera tocaría el aire de la calle y desaparecería en nuestra planta. Sale ya convertido en grasas, aminoácidos, fertilizantes. Ahí ya no existe el problema”.

Una vez puesta en marcha, a los dos meses, ya funciona siempre igual, con el mismo proceso, al tratarse de un circuito cerrado. “También genera empleo local porque contratamos a gente de la zona y nos encargamos de la formación”. Asimismo, los productos finales, los bioestimulantes, se intentan vender a los agricultores del pueblo y de la comarca.

¿Y el impacto ambiental y la financiación?

Otra ventaja que ensalzan: es la propia empresa la que tramita con la Administración autonómica su expediente de impacto ambiental. “Lo hacemos nosotros como empresa independiente. La promotora de la planta de biogás no tiene que hacer nada, e incluso puede solicitar un expediente informativo de mejora, lo que optimizaría su posición” en cuanto al impacto ambiental.

Una planta pequeña de tratamiento de digestato puede costarle a Biotecnología Bioeconómica entre 9 y 12 millones de euros, para su uso durante 20 años. Sin embargo, las ofrecen de manera gratuita. “Nos ocupamos de todas las inversiones y de vender el producto final. En cada planta, constituimos una ‘Sociedad Proyecto’ (SPV en sus siglas en inglés) y buscamos fondos de inversión o de capital riesgo para financiarlo”. Actualmente, la empresa tiene un acuerdo con una de las cuatro grandes consultoras, las denominadas Big Four, para que se encargue de buscar los fondos de inversión.

La empresa dice haber constatado que “se retribuye muy bien al inversionista” y que esta mecánica les permite “ser autónomos” y no cobrar a la planta de biogás. “Eso le supone un ahorro de dinero, pero también otro más importante, que es el ahorro medioambiental”.

Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero

No obstante, en esta empresa lamentan que a los promotores “les cuesta trabajo” contratar esta solución, cuando “deberían entender que la autorización ambiental será más ágil, porque somos muy eficientes medioambientalmente”. “Nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses cruzados”, lamentan.

 “Creemos que tenemos el mejor sistema de gestión del digestato y de los lodos de depuradora. Hacemos desaparecer in situ el problema del residuo y las plantas ganan una calificación mayor. Debería estar la gente llamándonos a la puerta, pero no hay manera. Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero”, concluye Javier Martínez.

Esta empresa ya tiene una nave “pendiente de permisos” en una planta de biogás de Lleida, donde se procesan hasta 30.000 toneladas de digestato en un terreno de dos hectáreas. También está en trámite otro proyecto en una planta de depuración de agua en Canarias y actualmente está en negociación con unos 30 proyectos de biogás y depuradoras en Galicia, Aragón y Andalucía.

La aprobación del nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2025-2035) marca un punto de inflexión en la política de residuos en España. No se trata solo de un documento ambiental, sino de una herramienta estratégica que condicionará inversiones, modelos de negocio, costes empresariales y competitividad territorial en los próximos diez años.

Desde esa perspectiva, el análisis de la situación de Gipuzkoa resulta especialmente relevante. Porque, lejos de partir de cero, nuestro territorio ha desarrollado durante la última década un modelo que hoy encaja plenamente con los objetivos que el PEMAR fija para el conjunto del Estado.

El plan estatal establece metas claras: aumentar la recogida separada, reducir drásticamente el vertido y cumplir de forma efectiva la jerarquía de residuos marcada por la Unión Europea. Gipuzkoa ya alcanza en 2024 un 60% de recogida separada, cuando el PEMAR exige un mínimo del 50% para el año 2035. Este dato refleja una gestión madura y estable, construida con planificación, inversión en infraestructuras y corresponsabilidad ciudadana.

Pero el elemento más diferencial, también desde el punto de vista económico y climático, es la gestión del rechazo. En Gipuzkoa, la fracción resto no se deposita en vertedero. Se destina a valorización energética, una operación reconocida por la normativa europea como valorización y no como eliminación. A vertedero solo llegan las cenizas resultantes de ese proceso, que representan aproximadamente el 2% del rechazo, es decir, en torno al 1% del total de los residuos municipales.

Este dato es clave. El PEMAR fija un límite máximo de vertido del 10% para 2035. Gipuzkoa ya se sitúa hoy muy por debajo de ese umbral. Desde una óptica empresarial, esto significa menor dependencia de vertederos, menor exposición a penalizaciones regulatorias futuras y mayor estabilidad en los costes de gestión de residuos.

La jerarquía de residuos no es una declaración teórica, sino una secuencia operativa: prevenir, reutilizar, reciclar, valorizar y, solo en última instancia, eliminar. Gipuzkoa aplica esta jerarquía de forma estricta. Primero, maximizando la recogida separada y el reciclaje. Después, valorizando energéticamente aquello que no puede reciclarse. Y, finalmente, reduciendo el vertedero a un uso residual y técnico. Este enfoque no es contrario a la economía circular; es la forma más realista de hacerla viable a escala territorial.

El PEMAR penaliza el vertido masivo y sin control, porque ese modelo es incompatible con los objetivos climáticos, ambientales y económicos de la Unión Europea. En este contexto, la experiencia de Gipuzkoa demuestra que es posible combinar altos niveles de reciclaje con una gestión eficiente del rechazo, evitando bloqueos y sobrecostes.

Ahora bien, el nuevo plan también señala claramente el siguiente reto: la preparación para la reutilización. El PEMAR fija objetivos ambiciosos en este ámbito para los próximos años. Gipuzkoa, como el conjunto del Estado, tiene margen de mejora. Pero conviene interpretar correctamente este desafío. La reutilización es el siguiente escalón de madurez de los sistemas de gestión de residuos. Solo los territorios que han resuelto previamente la recogida y el vertido pueden avanzar con solvencia en este terreno.

Además, la reutilización abre oportunidades económicas relevantes: empleo local, economía social, reparación, segunda vida de productos y reducción del consumo de materias primas. Es un ámbito con potencial de crecimiento y de innovación empresarial, que requerirá colaboración público-privada y nuevos modelos de negocio, donde Gipuzkoa ya esta trabajando con el CPR textil

El PEMAR 2025-2035 refuerza, además, decisiones que Gipuzkoa adoptó con antelación: eliminación del vertido, prioridad del biorresiduo o exigencia de calidad en la recogida. Hoy, esas políticas cuentan con respaldo normativo estatal y europeo, reduciendo incertidumbres y ofreciendo un marco más claro para empresas e instituciones.

La gestión de residuos ha dejado de ser una cuestión meramente ambiental para convertirse en un factor estratégico de competitividad territorial. Gipuzkoa demuestra que anticiparse a la regulación no solo es posible, sino que genera estabilidad, reduce riesgos y posiciona mejor al territorio en un contexto europeo cada vez más exigente.

El reto de los próximos años no es cambiar el modelo, sino profundizar en él. Y hacerlo con datos, con rigor técnico y con una visión económica alineada con la sostenibilidad.

Vecinos y colectivos del municipio de Loporzano, junto a residentes de Tierz y Quicena, han hecho pública su oposición frontal al proyecto de construcción de una planta de biogás promovida por la empresa Catalana de Biogás, vinculada a fondos de inversión del Banco Sabadell. La instalación, diseñada para procesar hasta 95.000 toneladas anuales de purines y residuos cárnicos, se encuentra en tramitación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y ha encendido todas las alarmas en un territorio que se considera ya suficientemente presionado por infraestructuras y proyectos industriales.

Los colectivos vecinales califican la dimensión del proyecto como “inasumible” y alertan de que se trata de una planta de carácter industrial, incompatible con un entorno rural próximo a espacios habitados, patrimonio histórico y áreas naturales de alto valor. Frente al discurso de la empresa, que presenta la instalación como un equipamiento de tamaño pequeño-medio y de impacto limitado, los vecinos subrayan que la cifra de residuos a tratar la convierte en una de las mayores plantas previstas en la provincia.

Uno de los ejes de la crítica es la ubicación. Aunque desde la promotora se habla de un emplazamiento alejado, las distancias reales desmienten ese relato. Las llamadas Trincheras de Tierz se encuentran a menos de 700 metros de la futura planta; el núcleo urbano de Tierz, a 1,82 kilómetros; Loporzano y Quicena, a 2,75 kilómetros; el Castillo de Montearagón, declarado Bien de Interés Cultural, a 2,43 kilómetros; y la ciudad de Huesca, con más de 55.000 habitantes, a menos de cinco kilómetros.

“Es imposible hablar de un proyecto aislado cuando se sitúa prácticamente pegado a pueblos, viviendas, patrimonio histórico y a una capital de provincia”, denuncian los portavoces del movimiento vecinal. En su opinión, la localización convierte a la planta en un foco potencial de afección directa a miles de personas, tanto por los impactos ambientales como por los sanitarios.

En este sentido, los vecinos alertan de los riesgos asociados a las emisiones de gases como el amoniaco o el ácido sulfhídrico, responsables de malos olores persistentes y de problemas respiratorios, así como de la posible contaminación de acuíferos por nitratos en una zona ya catalogada como especialmente vulnerable. A ello se suma la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), que incrementa el riesgo biológico y la proliferación de insectos y roedores.

El tráfico pesado es otro de los factores que más preocupa. La planta requerirá un flujo constante de camiones cargados de residuos, circulando a diario tanto por la autovía como por carreteras locales, con el consiguiente aumento de ruido, emisiones, peligrosidad vial y deterioro de la calidad de vida. “No estamos hablando de unos pocos vehículos, sino de una logística industrial permanente”, insisten.

Desde el movimiento vecinal se acusa a la empresa de practicar “greenwashing” al presentar el proyecto como una solución ecológica y de proximidad. Según los colectivos, el municipio de Loporzano ya tiene sus residuos ganaderos y orgánicos gestionados mediante acuerdos existentes, sin necesidad de implantar una infraestructura de esta magnitud. “No hay una demanda real del territorio. Lo que hay es un modelo extractivo pensado para absorber residuos de fuera y garantizar la rentabilidad de la planta”, señalan.

En este marco, los vecinos hablan abiertamente de la conversión del entorno en un “vertedero industrial al servicio de fondos de inversión sin ningún arraigo en la zona”. Consideran que el beneficio económico se concentra en la empresa, mientras que los impactos negativos recaen sobre la población local.

Uno de los puntos más sensibles es la proximidad al Castillo de Montearagón, uno de los principales referentes patrimoniales de la Hoya de Huesca. A poco más de dos kilómetros, los colectivos alertan de un impacto visual y paisajístico irreversible. “El patrimonio no se puede trasladar ni compensar. Las instalaciones industriales transforman el paisaje y condicionan la forma en que entendemos y disfrutamos nuestro legado histórico. El patrimonio no se mide en kilómetros”, subrayan.

También cuestionan el consumo energético del proyecto. Según la propia documentación de la promotora, la planta necesita alrededor de un megavatio hora (MWh) para calentar el material en los digestores y acelerar la fermentación. Tras el proceso, el digestato caliente se deposita en balsas exteriores, liberando calor al entorno. Los vecinos comparan esa cifra con el consumo doméstico: equivale al funcionamiento simultáneo de entre 400 y 500 viviendas con bombas de calor. “El impacto térmico también existe y no se está teniendo en cuenta en el debate público”, advierten.

El rechazo no se limita a los impactos humanos. El proyecto se sitúa en un corredor natural clave para la biodiversidad, especialmente para aves rapaces que se desplazan entre la Sierra de Guara y los Monegros. El entorno del Flumen, el Salto de Roldán, Tierz, Monflorite y la serreta de Piracés es utilizado a diario por buitres y por especies protegidas como el quebrantahuesos, el águila real, el alimoche, el milano real o el halcón peregrino.

Este valor natural sustenta además un creciente turismo de naturaleza y de observación de aves, que podría verse seriamente afectado por una instalación industrial permanente. “Defender el territorio es también defender el cielo que lo cubre”, resume uno de los lemas del movimiento.

La plataforma vecinal se articula tras la reunión celebrada el pasado 16 de enero, en la que el Ayuntamiento de Loporzano y la empresa presentaron el proyecto. Más de 160 personas asistieron al encuentro y, según los organizadores, la mayoría expresó su rechazo y preocupación, tanto por el tamaño de la planta como por la falta de información previa.

Los vecinos denuncian que el proyecto se conoce desde febrero del año pasado, pero que no se comunicó de forma transparente ni a la población ni a los municipios potencialmente afectados. En estos momentos, la iniciativa se encuentra en tramitación ante el INAGA, sin que el expediente sea aún público. Los colectivos están solicitando formalmente ser reconocidos como personas interesadas para acceder a la documentación y conocer el alcance real del proyecto.

Existe además inquietud por el marco normativo. Tras las modificaciones legislativas en Aragón, este tipo de instalaciones pueden tramitarse mediante procedimientos ambientales simplificados. “Es un sistema claramente insuficiente para evaluar los impactos de una planta industrial de estas dimensiones”, denuncian.

Mientras esperan la apertura del periodo oficial de información pública, los vecinos han iniciado una campaña de movilización que incluye un canal en Instagram (@StopBiogasLoporzano), recogida de firmas en Change.org que ya ha superado las 2.100 y una ronda de reuniones con los ayuntamientos implicados. Exigen al consistorio de Loporzano que no firme la declaración de interés social, al considerar que no existe consenso vecinal ni una justificación real de interés público.

Además, el movimiento se coordina con la plataforma Stop Biogás Somontano, al tratarse de la misma empresa promotora y de un modelo de proyecto similar al planteado en otros puntos de la comarca. “No es un caso aislado, es un patrón que se repite. Si no se le pone freno, el territorio se verá colonizado por este tipo de macroinstalaciones”, advierten.

Frente a esta oposición, el alcalde de Loporzano, David Suelves (PP) recuerda que se trata de un proyecto privado en una finca privada y señala que seis de los siete concejales son favorables. Desde Loporvenir, formación con tres ediles en el ayuntamiento, se desmiente rotundamente esta afirmación. Recuerda que la cuestión aún no se ha votado en pleno y que cuando llegue el momento su postura será contraria. También pide que se someta a exposición pública, algo que aún no se ha producido.

Suelves considera que se está generando un debate innecesario y subraya que la tramitación no depende del Ayuntamiento, sino del INAGA. Defiende que para un municipio pequeño como Loporzano los beneficios económicos serían importantes, tanto por licencias como por impuestos y la ubicación de la sede social de la empresa. También señala que representantes municipales visitaron una planta similar en Francia invitados por la empresa y que no apreciaron ni malos olores ni problemas.

Por su parte, la empresa Catalana de Biogás sostiene que mantiene un “compromiso firme con el territorio” y que su voluntad es desarrollar el proyecto desde la transparencia y la pedagogía. La empresa reconoce que este tipo de instalaciones generan dudas, pero insiste en que las plantas modernas cuentan con garantías técnicas y ambientales suficientes.

Desde la promotora aseguran que la sesión informativa fue positiva, que muchas personas agradecieron las explicaciones y que seguirán organizando encuentros. Defienden que se trata de una planta de tamaño pequeño-medio orientada a la correcta gestión de residuos ganaderos existentes y recuerdan que los objetivos de la Unión Europea en materia de transición energética obligan a impulsar este tipo de infraestructuras.

Los vecinos, sin embargo, no comparten ese diagnóstico. “No estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra de que se utilicen como coartada para imponer un modelo industrial que sacrifica el territorio y la salud de quienes vivimos aquí”, concluyen. Y lanzan un mensaje directo a las instituciones: “El territorio también tiene derecho a decidir. Este proyecto se puede parar”.

El retard de l’Ajuntament de València en el cobrament de l’ecotaxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans podria penalitzar els veïns de València si en aquest exercici acaben acumulant-se els pagaments corresponents al 2025, tot i que hauria d’haver-se girat la primera quota inclosa en el rebut de l’aigua, i al 2026.

Tenint en compte que, segons els barems aprovats pel consistori que dirigeixen el PP i Vox, la quantitat mitjana a abonar per habitatge serà de 90,59 euros a l’any, si finalment es passen al cobrament les quotes del 2025 i del 2026 durant aquest exercici, la càrrega fiscal que patiran les famílies serà del doble de la previsió, és a dir, de 181,18 euros.

L’equip de govern que dirigeix l’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar divendres que les bonificacions a què es podran acollir determinats col·lectius es podran sol·licitar fins al 31 de maig, però, a preguntes d’elDiario.es no van aclarir el calendari en què s’inclourà en el rebut de l’aigua l’ecotaxa del 2025 i la del 2026.

Es tracta d’un gravamen de cobrament obligat des d’abril de l’any passat per a tots els consistoris, tal com es recull en la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular que ve motivada per la Comissió Europea.

Aquesta nova taxa d’escombraries permet implantar sistemes de pagament per generació i reflecteix el cost real de la recollida i el transport dels residus urbans. La llei subratlla que els costos relatius a la gestió dels residus, incloent-hi els costos corresponents a la infraestructura necessària i al seu funcionament, així com els costos relatius als impactes mediambientals i, en particular, els de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, hauran de ser sufragats pel productor inicial de residus.

L’ordenança fiscal aprovada pel govern municipal de València fixa diferents quotes en l’apartat dels habitatges. Fins a 65 m³, les llars pagaran 39 euros cada any. Un rebut que abonaran prop de la meitat dels contribuents (202.000 dels 408.000 rebuts). L’altra meitat pagaran entre 122 i 272 euros per casa i any en funció de la forqueta de consum en què estiga. A més, considerant tots els trams de tarifes previstos en l’ordenança en funció del consum d’aigua, el rebut mitjà domiciliari ascendirà a 90,59 euros i el rebut mitjà de les activitats econòmiques a 243,02 euros. L’Ajuntament preveu recaptar per aquesta nova ecotaxa 45,7 milions d’euros a l’any.

La regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, ha explicat sobre aquest tema que “amb les propostes del Partit Popular els ajuntaments podrien assumir almenys part del cost del servei i estendre les bonificacions en aquesta taxa”, les tarifes de la qual a l’Ajuntament de València, com ha remarcat, han sigut determinades pels tècnics municipals atés el consum d’aigua potable, ja que, davant l’absoluta falta de criteris per part de la llei estatal, es considera el millor indicador indirecte de la generació de residus, i està, a més, coordinat amb el mateix criteri que empra l’Emtre pel que fa al tractament i l’eliminació de residus.

Bonificacions aprovades

El ple de l’Ajuntament aprovarà la modificació de l’ordenança que regula l’ecotaxa per a ampliar fins al 31 de maig de 2026 el termini per a sol·licitar els beneficis fiscals següents per a la taxa corresponent a l’any 2025 i servirà també per a la del 2026 (es podran acumular les reduccions i les bonificacions).

En primer lloc, hi haurà una reducció del 30% a famílies nombroses (3 o més fills, amb caràcter general) per a l’habitatge habitual (amb concessió automàtica quan es dispose de bonificació en IBI i possibilitat d’acollir-s’hi els arrendataris); reducció del 30% per a l’habitatge habitual de famílies amb escassos recursos (unitat familiar els ingressos de la qual no superen l’Iprem referit a 14 pagues); bonificació de 10 euros a usuaris que utilitzen ecoparcs almenys una vegada a l’any; bonificació de 50 euros a activitats econòmiques que utilitzen sistemes de recollida municipal de paper i cartó “porta a porta”; bonificació del 10% a empreses de distribució alimentària i restauració que tinguen establits en col·laboració amb entitats d’economia social sense ànim de lucre, sistemes de gestió que reduïsquen els residus alimentaris de manera significativa i verificable (menjadors socials); no subjecció d’activitats que tinguen contractat gestor de residus autoritzat per a la recollida de totes les fraccions que generen, acreditant que és així davant l’Ajuntament.

El PSPV i Compromís critiquen el possible cobrament doble de la taxa

Des del grup municipal socialista tenen clar que legalment és molt complicat evitar que en aquest exercici es giren els cobraments corresponents al 2025 i al 2026, la qual cosa consideren una pèssima gestió de l’equip de Catalá que pagaran els veïns de València. Així doncs, consideren difícilment justificable des del punt de vista jurídic sostindre en el temps el cobrament a any vençut per a evitar que s’ajunten dues taxes en un mateix any.

Sobre aquest tema, el portaveu socialista en l’Ajuntament de València, Borja Sanjuan, ha denunciat l’aprovació definitiva del basurazo de Catalá pel qual imposarà un rebut de més de 100 euros de mitjana a cada habitatge de la ciutat. Sanjuan, a més, ha retret al govern del PP i de Vox que la seua mala gestió suposarà que les famílies valencianes hagen de pagar dues vegades el 2026 per la taxa del 2025 i per la del 2026.

El responsable socialista ha afegit que, malgrat els seus anuncis, Catalá ha disparat els impostos a la ciutat des que va arribar-hi. “Amb el basurazo del PP, els valencians i valencianes paguen més impostos des que Catalá és alcaldessa, però no solament això, sinó que enguany, per la seua mala gestió, els valencians hauran de pagar el rebut dues vegades. És a dir, cada veí o veïna de la ciutat de València haurà de pagar més de 200 euros per a poder quadrar els comptes municipals de María José Catalá”, ha continuat.

La regidora de Compromís, Eva Coscollà, ha criticat que “el Govern de Catalá ha anunciat hui que amplia el termini per a sol·licitar les bonificacions, però cal assenyalar que ho fa perquè no tenia alternativa: l’ordenança fixava el 31 de març i encara no han formalitzat el contracte per a gestionar i notificar la taxa de residus”.

Coscollà ha comentat que “entre els regidors del PP i els de Vox han sigut incapaços de posar en marxa una taxa clau per a quadrar el pressupost i ara rectifiquen per pura ineptitud; a més, no van establir més bonificacions no perquè la llei no ho permeta, sinó perquè necessitaven recaptar diners per a tapar el forat de la seua falsa rebaixa fiscal, sent totalment interessada la seua lectura del caràcter no deficitari”. Per tant, “no estem davant un alleujament fiscal com pretenen vendre, sinó un exemple més d’improvisació i trilerisme”, ha lamentat.

El retraso del Ayuntamiento de València en el cobro de la ecotasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos podría penalizar a los vecinos de València si en el presente ejercicios se acaban acumulando los pagos correspondientes a 2025, cuando debió girarse la primera cuota incluida en el recibo del agua, y a 2026.

Teniendo en cuenta que según los baremos aprobados por el Consistorio que dirigen el PP y Vox la cuantía media a abonar por vivienda será de 90,59 euros al año, si finalmente se pasan al cobro las cuotas de 2025 y de 2026 durante el presente ejercicio, la carga fiscal que sufrirán las familias será del doble de lo previsto, es decir, de 181,18 euros.

El equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, María José Catalá, anunció este viernes que las bonificaciones a las que se podrán acoger determinados colectivos se podrán solicitar hasta el 31 de mayo, pero a preguntas de elDiario.es no aclararon el calendario en el que se incluirá en el recibo del agua la ecotasa de 2025 y la de 2026.

Se trata de un gravamen de obligado cobro desde abril del pasado año para todos los consistorios, tal como se recoge en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que viene motivada por la Comisión Europea.

Esta nueva tasa de basuras permite implantar sistemas de pago por generación y refleja el coste real de la recogida y transporte de los residuos urbanos. La ley subraya que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos.

La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València fija diferentes cuotas en el apartado de las viviendas. Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos). La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre. Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros y el recibo medio de las actividades económicas a 243,02 euros. El Ayuntamiento prevé recaudar por esta nueva ecotasa 45,7 millones de euros al año.

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha explicado al respecto que “con las propuestas del Partido Popular los Ayuntamientos podrían asumir al menos parte del coste del servicio y extender las bonificaciones en esta tasa”, cuyas tarifas en el Ayuntamiento de Valencia, como ha remarcado, han sido determinadas por los técnicos municipales atendiendo al consumo de agua potable, ya que, ante la absoluta falta de criterios por parte de la ley estatal, se considera el mejor indicador indirecto de la generación de residuos, estando además coordinado con el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos.

Bonificaciones aprobadas

El Pleno del Ayuntamiento aprobará la modificación de la ordenanza que regula la ecotasa para ampliar hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar los siguientes beneficios fiscales para la tasa correspondiente al año 2025 y servirá también para la del 2026 (pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones).

En primer lugar, habrá una reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios); reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas); bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques al menos una vez al año; bonificación de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”; bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales); no sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es ante el Ayuntamiento.

El PSPV y Compromís critican el posible cobro doble de la tasa

Desde el grupo municipal socialista tienen claro que legalmente es muy complicado evitar que en el presente ejercicio se giren los cobros correspondientes a 2025 y a 2026, lo que consideran una pésima gestión del equipo de Catalá que pagarán los vecinos de València. Así, consideran difícilmente justificable desde el punto de vista jurídico sostener en el tiempo el cobro a año vencido para evitar que se junten dos tasas en un mismo año.

Al respecto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado la aprobación definitiva del basurazo de Catalá por el que impondrá un recibo de más de 100 euros de media a cada vivienda de la ciudad. Sanjuan, además, ha reprochado al gobierno del PP y de Vox que su mala gestión va a suponer que las familias valencianas tengan que pagar dos veces en 2026 por la tasa de 2025 y por la de 2026.

El responsable socialista ha añadido que, a pesar de sus anuncios, Catalá ha disparado los impuestos en la ciudad desde que llegó. “Con el basurazo del PP, los valencianos y valencianas pagan más impuestos desde que Catalá es alcaldesa, pero no solamente eso, sino que este año por su mala gestión los valencianos tendrán que pagar el recibo dos veces. Es decir, cada vecino o vecina de la ciudad de València va a tener que pagar más de 200 euros para poder cuadrar las cuentas municipales de María José Catalá”, ha continuado.

La concejala de Compromís, Eva Coscollà, ha criticado que “el Gobierno de Catalá ha anunciado hoy que amplía el plazo para solicitar las bonificaciones, pero hay que señalar que lo hace porque no tenía alternativa: la ordenanza fijaba el 31 de marzo y todavía no han formalizado el contrato para gestionar y notificar la tasa de residuos”.

Coscollá ha comentado que “entre los concejales del PP y los de Vox han sido incapaces de poner en marcha una tasa clave para cuadrar el presupuesto y ahora rectifican por pura ineptitud; además, no establecieron más bonificaciones no porque la ley no lo permita, sino porque necesitaban recaudar dinero para tapar el agujero de su falsa rebaja fiscal, siendo totalmente interesada su lectura del carácter no deficitario”. Por lo tanto, “no estamos ante un alivio fiscal como pretenden vender, sino un ejemplo más de improvisación y trilerismo”, ha lamentado.

En los últimos días se han vuelto a repetir las imágenes de los contenedores de vidrio llenos en diversos puntos de Logroño, colapsados en ocasiones o con bolsas llenos de residuos de cristal a los pies de los iglús. No es la primera vez que ocurre, pero el problema no termina de solucionarse. El Ayuntamiento de Logroño ya ha remitido quejas al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja para que eleve las reclamaciones a Ecovidrio, la responsable de la gestión, aunque lamentan que el convenio no recoge penalizaciones.

El Ayuntamiento de Logroño asegura ser consciente del problema. Su responsable de Medio Ambiente, el concejal Jesús López, admite que en los últimos días ciudadanos particulares y asociaciones vecinales han vuelto a remitir imágenes que, dicen, “no nos interesan”. Los problemas empezaron hace unos ocho meses, cuando los dos camiones que realizaban la recogida en Logroño, se redujeron a uno y hasta el momento no se ha puesto en marcha el segundo.

Ecovidrio es la responsable de la recogida y la gestión del vidrio en todo el país. En el caso de La Rioja, Ecovidrio cuenta con un convenio para este servicio con el Consorcio de Aguas y Servicios para llegar a los municipios incluidos en el consorcio. En el caso de Logroño, que no es uno de ellos, se adhiere al convenio para recibir el servicio. Tras las reclamaciones del Ayuntamiento de Logroño cuando redujo a un camión para la recogida de Logroño, Ecovidrio alegó, y así lo mantiene, que no encuentra conductores en el mercado laboral para suplirlo, pues hay mucha oferta de trabajo en este ámbito y poca demanda, tal y como ha relatado el concejal Jesús López.

Las consecuencias de este déficit en la recogida se está repitiendo también en otros municipios de La Rioja. Otras quejas vecinales han llegado por la colocación de los contenedores, en algunos casos, ocupando carriles bici. Ecovidrio ha respondido a través de redes sociales ha respondido pidiendo más información para reportar los problemas.

“Hace ocho meses, cuando constatamos la bajada de calidad, presentamos una queja en el Consorcio, que elevó la reclamación a Ecovidrio en Madrid y la situación mejoró, aunque ahora han vuelto a producirse problemas”, explica el concejal, que aclara que esta mejora no se consiguió tampoco con la recuperación de recursos, que además están también subcontratados a una empresa externa.

En San Mateo, ante la previsión del aumento de residuos de vidrio, el Ayuntamiento de Logroño avisó a Ecovidrio y acordaron traer personal de fuera y el servicio funcionó razonablemente bien“. Sin embargo, después volvieron a notificarse problemas y en Navidad, reprodujeron la misma reclamación como ”preaviso de lo que podía ocurrir. Tras la situación de los últimos días, el Ayuntamiento de Logroño prevé elevar una nueva queja y analiza ya el próximo convenio, ya que el actual caduca el próximo año.

“En el actual no existe la posibilidad de penalizar los incumplimientos”, advierte el concejal de Medio Ambiente de Logroño. “No es que estamos atados de pies y manos, pero si no se puede penalizar, Ecovidrio no pone el 100% de sus esfuerzos en el servicio. Además, el concejal resalta que la situación no es peor porque los residuos de vidrio de la hostelería del centro de Logroño, se recoge a través de la reciente recogida puerta a puerta, que realiza el propio Ayuntamiento con otra empresa externa, y está funcionando ”francamente bien“, según celebra el concejal. El Ayuntamiento de Logroño cree que si los residuos de hostelería también estuvieran incluidos en la recogida ordinaria de los iglús, con los recursos actuales, ”sería un verdadero caos“.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Logroño está ya estudiando las próximas acciones para reclamar la mejora del servicio de recogida de vidrio de la ciudad mientras los iglús cada vez se encuentran colapsados cada vez más a menudo.

Actualmente están en tramitación, en diferentes plazos y grados de autorización, los expedientes de un total de 71 proyectos de macroplantas de biogás y biometano en Castilla-La Mancha. Se trata de una compilación de proyectos que ha realizado la asociación Stop Ganadería Industrial, que detalla que casi la mitad de estos proyectos se concentran en la provincia de Toledo, hasta 34; seguido de Albacete, con 15; y Ciudad Real, con 13. A gran distancia le siguen las provincias de Cuenca, con cinco proyectos, y Guadalajara, con tres.

A raíz de este cálculo, el colectivo ha realizado también un mapa donde pueden consultarse todos los proyectos, su estado de tramitación y las empresas promotoras:

Concretamente, en la provincia de Toledo los municipios con proyectos son Alameda de La Sagra, Albarreal de Tajo (en funcionamiento), Almonacid de Toledo, Carriches, Consuegra, Domingo Pérez, Fuensalida, Gálvez, Gerindote, Los Yébenes, Lucillos, Madridejos, Mascaraque, Mora, Noez (en funcionamiento), Orgaz, Polán, Quintanar de La Orden, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Talavera de La Reina, Torrijos, Turleque, Villaluenga de La Sagra, Villaminaya y Villaseca de La Sagra.

En Albacete: Balsa de Ves (en funcionamiento), Barrax, Caudete, Chinchilla de Monte-Aragón, Hellín, La Roda, Minaya y Villarrobledo. En cuanto a la provincia de Ciudad Real, hay proyectos en Argamasilla de Calatrava, Campo de Criptana, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Malagón, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y Valdepeñas.

Finalmente, en Cuenca los proyectos de biogás se ubican en Belinchón (en funcionamiento), Huelves, Iniesta y Tarancón; y e n Guadalajara, en Brihuega, Fuentenovilla y Marchamalo. Adicionalmente, seis proyectos han sido archivados por la fuerte contestación social. Se trata de los de Albacete, Almansa, Corduente, Fuentealbilla y Quintanar de La Orden

Stop Ganadería Industrial indica que, aparte, Junta de Castilla-La Mancha no ha ofrecido documentación de los proyectos de ocho macroplantas localizadas en Consuegra, Fuentenovilla, Orgaz, Polán, Torrijos, Turleque y Villarrobledo. 

Gran tamaño de planta

Asimismo, calcula que de las 71 plantas proyectadas hay 40 por encima de las 150.000 toneladas, de las cuales 21 sobrepasan las 200.000 toneladas, y, de estas últimas, tres superan las 300.000 toneladas. El tamaño medio de planta es de 159.000 toneladas.

Estas cifras muestran la “dimensión de la burbuja” que se está produciendo del biogás. A falta de conocer los datos de ocho proyectos, el conjunto de los plantas de biogás presentadas suponen 10.326.354 toneladas de residuos, el 67% de los residuos identificados en el Plan regional de Biometanización 2024-2030 (15,7 millones de toneladas).

Hay municipios con varias plantas proyectadas, como por ejemplo Talavera de la Reina con cuatro plantas, con una capacidad total de procesamiento de 935.000 toneladas y que van a tener que repartir por sus campos más de 800.000 toneladas de digestato. En La Roda y Consuegra existen tres proyectos.

Rechazo al Plan regional de Biometanización

El pasado mes de diciembre acabó el segundo periodo de información pública del Plan regional de Biometanización presentado por la Junta. Este plan, según la plataforma, ha recibido 15.701 alegaciones de personas que piden su retirada.

Una de las entidades consultadas en el periodo de alegaciones ha sido la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. En el informe, este departamento cuestiona muchos de los apartados del Plan y de su Evaluación Ambiental Estratégica.

Por ejemplo, la Consejería de Sanidad afea a la de Desarrollo Sostenible que no haya ninguna referencia a aspectos sanitarios en el Plan que va a regular las plantas de biogás en Castilla-La Mancha. Critica “además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños”.

“Burbuja especulativa”

Desde Stop Ganadería Industrial sostienen que hay una “burbuja especulativa” en el biogás basada en los fondos europeos y que el sector es “consciente” de que muchos de los proyectos están condenados al fracaso “por errores de diseño, tamaño, ubicación, red de distribución, tratamiento y gestión del digestato”.

Recuerdan que el nitrato contenido en los purines se mantiene en el digestato tras la biometanización, lo cual lo convierte “en una bomba” si se aplica incorrectamente, como pasa actualmente con los purines.

Por último, denuncian que la Junta de Comunidades ha dejado la regulación “en manos del libre mercado”, sin poner condiciones “en cuanto a tamaño, distancia de transporte de sustratos, obligación de retirada de nutrientes o acreditación de tierras disponibles para la valorización”.

Stop Ganadería Industrial de Castilla-La Mancha es la agrupación de más de 40 movimientos vecinales de las cinco provincias de la región que luchan contra proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás en sus localidades.

La Junta responde: el plan “no fomenta que se construyan”

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, se ha referido a esta cuestión defendiendo el Plan regional de Biometanización. Según ha dicho, pretende regular cómo se tienen que instalar este tipo de plantas y “no fomenta el que se construyan” sino establecer “de forma transparente” cuáles son las medidas que tienen que adoptar las empresas que quieran situarse en la región y tratar residuos orgánicos para transformarlos en biometano.

“Entiendo que nadie quiere tener cerca una planta, pero el plan garantiza que esas plantas se sitúen en zonas donde no generen problemas y los camiones no atraviesen ninguna población”, destacando también el papel que juegan los municipios “para decidir dónde deben de tratar sus residuos y en qué zonas situar este tipo de plantas”, siendo ellos los que tienen “potestad o no de decidir dónde se debe ubicar cualquier tipo de planta y de darle o no la licencia de obra para poderse instalar”.

El pasado mes de diciembre acabó el segundo periodo de información pública del Plan regional de Biometanización presentado por la Junta, habiéndose presentado 65 en total, aunque algunas de las alegaciones incluían 2.400 firmas, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Después de siete días, la huelga del servicio de recogida de envases en Albacete ha sido desconvocada al haber alcanzado las partes un acuerdo para la finalización de la negociación del convenio colectivo, tal y como ha informado CCOO en un comunicado.

Representantes de la parte social y de la parte empresarial han suscrito un acuerdo para finalizar la negociación del convenio, en el que se incluye además la desconvocatoria de la huelga que comenzó el pasado 2 de enero. El texto que había generado las diferencias finalmente se ha eliminado y el acuerdo se ciñe a los aspectos propios del convenio colectivo, según asegura el sindicato.

Detalles del pacto

El acuerdo establece una vigencia del convenio de cuatro años, a contar desde el 15 de noviembre de 2025. El incremento salarial sobre las tablas actualmente vigentes, será del 5,5% para el primer tramo de 12 meses de vigencia; del 3% el segundo; del 3% para el tercero y del 4% para el cuarto.

Además, los días de asuntos propios quedan fijados en 9 y la jornada laboral será de 1.800 horas durante la vigencia del convenio. En caso de que se acumule exceso de jornada a lo largo del año, este se traducirá en días libres o retribuidos.

Asimismo, se ha logrado el compromiso de que las personas trabajadoras eventuales sean las primeras en contratarse de manera indefinida.

La empresa que quiere implantar una planta de gestión de residuos en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo ha querido salir al paso de la controversia social generada por su iniciativa. Ambiental Bazul S.L. tiene proyectada una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

Fuentes de la compañía han explicado a elDiario.es Castilla-La Mancha que la planta de gestión de residuos incorpora un vertedero de apoyo, que si bien incluye siete vasos de vertido, “nunca estará abierto más de uno”. Eso, afirman, está recogido en el expediente: conforme se van rellenando, se cierran, y se utiliza el siguiente.

Asimismo, inciden en que la nave incorpora impermeabilizaciones de todo tipo y que, por lo tanto, “no puede haber afección al medio ambiente ni a la salud”. Eso también está detallado en el estudio de impacto ambiental para que la administración regional dé su autorización o “nos indique las restricciones que tendríamos”.

“No vamos a poner en marcha un macrovertedero ni vamos a verter allí cualquier cosa. Ni se van a contaminar las aguas ni va a haber afecciones de ningún tipo. No tiene ningún sentido generar esa alarma y, además, si alguien tiene que valorarlo, es la administración, para eso está en trámite de autorización ambiental integrada”, apuntan desde la empresa.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”

De hecho, consideran que hay “intereses personales” en contra del proyecto y que además se ha “politizado”. Se refiere al hecho de que después de recibir el informe favorable del Ayuntamiento hace cinco años, en cuanto a la calificación urbanística, tras cambiar de signo político del Gobierno local, “ahora no quiere el proyecto”.

Según afirma, el Consistorio local ha vuelto a realizar una exposición pública del proyecto cuando “eso ya se había hecho y no se habían realizado alegaciones”. Ahora, se lleva otra vez al pleno municipal. “A nosotros, como empresa, no se nos ha dado la oportunidad de que expliquemos el proyecto”.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”, recalcan. Argumentan que si ahora el Ayuntamiento quiere oponerse, eso no significa que la ordenanza no lo permita. “Debe motivar por qué no, tiene que justificarlo”. Además, recuerdan que incluso modificando las ordenanzas, eso afectaría a nuevos proyectos y Ambiental Bazul contaría con la calificación favorable de hace cinco años.

De hecho, la empresa considera que para una zona que vive de la agricultura, una industria de este estilo “generará bienestar y riqueza”. “Nuestro interés no es otro, y si hubiera algo mal en nuestro expediente, nos lo dirá la autoridad ambiental”, en referencia a la tramitación autonómica. “Solo estamos cumpliendo con lo que se nos está pidiendo. Nos llama mucho la atención la gran cantidad de gente que lo rechaza sin conocerlo ni saber nada del proyecto”, concluyen las citadas fuentes.

Datos del expediente

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

CCOO ha señalado que la huelga en el servicio de recogida de envases en la provincia de Albacete continúa, señalando que “a pesar de que los servicios mínimos son abusivos, en algunas áreas de aportación empieza a ser visible”, por lo que la plantilla incide en pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas. Este miércoles, 7 de enero, habrá una nueva concentración a las puertas de la Diputación de Albacete.

“La cerrazón de la empresa FCC a suprimir un párrafo en el convenio, en el que pretende trasladar su obligación de cumplir el pliego de condiciones a las personas trabajadoras, sigue siendo el motivo para no poder alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga”, argumentan desde el sindicato.

Desde que comenzó la huelga, “los servicios mínimos impuestos han sido impugnados por CCOO por considerarlos absolutamente abusivos y perjudiciales para el impacto de la huelga”, explican.

Ante esta situación, la plantilla se mantiene firme y de aquí hasta que finalice la huelga, volverán a concentrarse el miércoles 7 de enero, a las 12.00 horas en la puerta de la Diputación de Albacete. Lo harán de igual manera el jueves 8 a las 14.00 horas ante la puerta de Fomento de Construcciones y Contratas y, finalmente, el día 12 de enero a las 12.00 horas en la puerta de la Diputación provincial.