Vecinos y plataformas ciudadanas de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia han tomado las calles este domingo para expresar su rechazo frontal a la instalación de una planta de biogás proyectada en el término municipal de Don Benito. La marcha, que ha partido a las 8:30 horas desde los ayuntamientos de las tres localidades, ha culminado en los terrenos donde está prevista la infraestructura con un mensaje rotundo contra la llegada de industrias contaminantes a las Vegas Altas.

A la movilización se ha sumado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, junto al diputado Juan Schirinzi, para respaldar a las plataformas vecinales y denunciar el “hartazgo” de la ciudadanía ante iniciativas que rechazan en otros territorios.

“Este proyecto no viene a solucionar ningún problema; al revés, viene a crear problemas, a generar contaminación y riesgos para la salud de quienes habitan este territorio”, ha advertido De Miguel al término de la marcha. La portavoz de la formación autonómica ha cargado contra la llegada de proyectos industriales que “no traen riqueza” a la región y ha pedido a PP y Vox que “recapaciten sobre en qué están convirtiendo al medio rural extremeño”.

“Extremadura no se merece ser el vertedero de nadie y nosotros no tenemos los residuos que dicen que se van a gestionar en todas estas plantas de biometano. Lo que queremos es un territorio de oportunidades y no un estercolero”, ha enfatizado de Miguel durante la protesta.

Tramitación “en pleno verano” y petición de moratoria

Uno de los puntos centrales del malestar ciudadano se centra en la “falta de transparencia” que ha rodeado al expediente. Según ha denunciado la portavoz, los habitantes de la zona no tuvieron conocimiento de la infraestructura hasta mitad del verano, cuando los plazos legales para registrar alegaciones ya habían expirado o resultaban de difícil acceso para los vecinos. Por ello, exige la paralización inmediata del proyecto y la apertura de un nuevo periodo de exposición pública.

Ante esta situación, Unidas por Extremadura ha anunciado que volverá a llevar a la Asamblea de Extremadura la propuesta para aplicar una moratoria regional y una planificación ordenada sobre las plantas de biogás. La iniciativa ya fue rechazada anteriormente por la mayoría que forman Partido Popular y Vox en la cámara autonómica, aunque la formación confía en que la cercanía de las elecciones municipales fuerce un cambio de posición en los partidos del gobierno regional.

La política tiene una extraña capacidad para convertir la ilusión en resignación. Ocurre cuando las palabras dejan de traducirse en hechos, cuando los compromisos se convierten en meros ejercicios retóricos o cuando la promesa de renovación acaba siendo una simple operación estética. La decepción no nace de los errores, que son inevitables, sino de la sensación de que nadie está dispuesto a corregirlos.

Toda organización política atraviesa momentos decisivos. Instantes en los que debe elegir entre asumir riesgos o refugiarse en la comodidad; entre transformar la realidad o limitarse a administrarla; entre abrir puertas o atrincherarse tras ellas. Y la historia demuestra que casi nunca sobreviven quienes optan por la segunda opción.

Existe un enemigo silencioso que rara vez aparece en los análisis electorales, pero que explica buena parte de las derrotas electorales: el aburguesamiento. Esa enfermedad que lleva a una organización a confundir estabilidad con inmovilismo y experiencia con perpetuación. Es el momento en que la política deja de ser un instrumento para cambiar las cosas y pasa a convertirse, para algunos, en una forma de vida.

La ciudadanía lo percibe mucho antes de que lo reflejen las urnas. Lo percibe cuando siempre son los mismos nombres los que cambian de despacho, de cargo o de responsabilidad, mientras todo sigue igual. Lo percibe cuando un partido parece haberse acomodado a la oposición, como si gobernar hubiera dejado de ser un objetivo para convertirse en una hipótesis remota. Lo percibe cuando el esfuerzo colectivo parece orientarse más a preservar equilibrios internos que a construir una alternativa capaz de ilusionar a la sociedad.

Y entonces llega la irrelevancia. No de golpe, sino lentamente. Primero desaparece la ambición. Después la ilusión. Más tarde la credibilidad. Finalmente, los votos.

La izquierda, además, paga un precio mucho mayor cuando cae en esa dinámica. Porque un partido progresista no puede permitirse parecer resignado. No puede conformarse con gestionar cuotas de poder o repartir responsabilidades internas mientras la ciudadanía espera respuestas. Si la derecha puede sobrevivir apelando a la estabilidad, la izquierda solo sobrevive siendo capaz de generar esperanza.

Renovar nunca ha significado borrar el pasado. Al contrario. Significa conservar lo mejor de la organización, incorporar talento allí donde exista y apartar aquello que impide avanzar. Significa entender que la lealtad a un proyecto no consiste en perpetuar personas, sino en garantizar que ese proyecto siga siendo útil para la sociedad.

El PSOE de Extremadura afronta precisamente ese desafío. Sería un error pensar que las derrotas electorales son únicamente consecuencia de factores externos o de coyunturas pasajeras. Otras federaciones socialistas recorrieron antes ese camino: comenzaron perdiendo impulso, continuaron atrapadas en debates internos y acabaron instaladas en una irrelevancia de la que todavía hoy no han conseguido salir. Ninguna cayó de un día para otro. Todas fueron perdiendo, poco a poco, la capacidad de ilusionar.

Todavía hay tiempo para evitarlo. Pero el tiempo político nunca es infinito. Recuperar la confianza de los extremeños exige algo más que nuevos discursos y “pintar la fachada”. Requiere decisiones. Requiere demostrar que la organización está dispuesta a renovarse de verdad, en las personas, en las formas y en el proyecto. Requiere transmitir que la prioridad vuelve a ser gobernar para transformar Extremadura y no simplemente conservar espacios de influencia.

Es probable que estas reflexiones incomoden a quienes entienden la política como una suma de equilibrios, de cuotas o de alianzas destinadas únicamente a garantizar la tranquilidad interna. También a quienes han terminado confundiendo el interés del partido con el interés de quienes ocupan determinadas posiciones. Toda organización desarrolla, con el paso del tiempo, inercias, grupos de influencia e incluso pequeñas dinastías que terminan creyéndose imprescindibles. Precisamente por eso la renovación nunca resulta cómoda.

Sin embargo, estoy convencido de que estas palabras sí encontrarán eco entre quienes sostienen el partido desde abajo: alcaldes, concejales, militantes anónimos y simpatizantes que dedican tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. También entre quienes dejaron de votar al PSOE, no porque dejaran de ser progresistas, sino porque dejaron de reconocer en él el instrumento útil que un día representó.

Guillermo Fernández Vara solía recordar que el PSOE de Extremadura no pertenecía a nadie; pertenecía a todos los extremeños. Esa idea sigue siendo profundamente vigente. Porque cuando una organización deja de sentirse patrimonio colectivo y pasa a convertirse en patrimonio de unos pocos, comienza su decadencia.

El nuevo liderazgo tiene ahora una oportunidad que pocas veces ofrece la política: elegir entre administrar inercias o protagonizar una auténtica transformación. Gobernar un partido no consiste únicamente en mantener unidos sus equilibrios internos. Consiste, sobre todo, en prepararlo para volver a ganar la confianza de la ciudadanía.

La historia rara vez recuerda a quienes conservaron intacto el reparto de poder. Recuerda, en cambio, a quienes tuvieron el coraje de cambiar el rumbo cuando todavía estaban a tiempo.

'Sucede Extremadura'. Ese es el lema que este año eligió la Junta de Extremadura para conmemorar el Día Oficial de Extremadura, ya saben ustedes que el día popular, el día que está en muchos corazones es el 25 de marzo. Un lema que, además de rendir homenaje al poeta y cantante más grande que ha parido esta tierra, Roberto Iniesta, nos ofrece una oportunidad que quizá el propio Gobierno de Extremadura no había previsto: hablar de lo que sucede realmente en Extremadura.

Porque sucede Extremadura. Y mucho.

Sucede que mientras la Junta se empeña en construir una postal de nuestra tierra a golpe de escaparate, propaganda y grandes titulares, hay una Extremadura que no sale en las fotografías oficiales. Una Extremadura que espera, que reclama, que se preocupa y que empieza a estar cansada de que le digan que todo va bien mientras sus problemas se hacen cada vez más grandes.

Sucede que nuestro sistema sanitario se deteriora. Que las listas de espera siguen situándonos entre las peores comunidades del país. Que faltan profesionales y que hay servicios que funcionan al límite. Sucede, por ejemplo, que en el Hospital de Mérida, el servicio de oncología está al límite para atender una enfermedad tan sensible y tan devastadora como es el cáncer. Y eso no es una estadística. Son personas. Son pacientes. Son familias que necesitan que su sistema sanitario esté a la altura cuando más lo necesitan.

Sucede también que nuestro medio rural afronta una nueva amenaza. Después de décadas soportando el expolio de nuestros recursos naturales para producir energía que además, desgraciadamente, termina beneficiando a otros, ahora quieren convertir Extremadura en territorio de plantas de biogás. Proyectos que se presentan como modernidad y progreso, pero que pueden suponer más presión sobre nuestros recursos, más contaminación y más cargas para nuestros pueblos.

Y sucede algo que resulta especialmente indignante: mientras nuestros servicios públicos se debilitan, este Gobierno decide perdonar impuestos a grandes multinacionales energéticas que llevan décadas haciendo negocio con los recursos de Extremadura.

Nos dicen que no hay dinero suficiente para reforzar la sanidad, para garantizar servicios públicos de calidad, para cuidar nuestros pueblos o para dar oportunidades a quienes quieren quedarse y construir aquí su proyecto de vida. Pero sí parece haberlo cuando se trata de aliviar la factura fiscal de quienes más tienen.

Sucede Extremadura.

Sucede una Extremadura que no quiere convertirse en la colonia energética de Europa. Que no quiere que sus tierras sean el lugar donde se acumulan los residuos o se instalan las industrias que otros no quieren tener cerca. Que quiere aprovechar sus recursos para generar riqueza aquí, empleo aquí y oportunidades aquí.

Sucede una Extremadura que quiere servicios públicos fuertes, pueblos vivos, agricultura y ganadería con futuro, una sanidad que no abandone a sus pacientes y una economía que no dependa de seguir poniendo nuestro territorio al servicio de intereses ajenos.

Y sucede, también, que Extremadura está cansada.

Cansada de la política entendida como postureo. De los actos cuidadosamente escenificados. De las fotografías. De las campañas de propaganda. De esa obsesión por construir una realidad paralela en la que todo parece funcionar mientras quienes viven aquí conocen perfectamente las grietas.

El pasado 7 de septiembre, cientos de personas se concentraron a las puertas del Teatro Romano de Mérida para reclamar otra cosa. Para decir que esta tierra no se resigna. Que hay otra manera de hacer política. Que queremos otro futuro.Y quizá eso sea, precisamente, lo más importante que sucede hoy en Extremadura. Que hay una Extremadura que no se resigna.

Una Extremadura que quiere oportunidades y no resignación. Que quiere desarrollo y no contaminación. Que quiere derechos y no propaganda. Que quiere servicios públicos y no recortes encubiertos. Que quiere que la riqueza que generan nuestros recursos se quede aquí y sirva para mejorar la vida de quienes viven aquí.

Por eso, este 8 de septiembre, nosotros y nosotras hemos querido hablar de lo que Sucede. 

Sucede Extremadura.

Sucede su gente. Suceden sus pueblos. Suceden sus problemas. Suceden sus luchas. Sucede su cansancio.

Pero también sucede su esperanza.

Porque Extremadura no está condenada a ser la tierra de la resignación. Puede ser la tierra de las oportunidades, de unos servicios públicos dignos, de un medio rural vivo y de un modelo de desarrollo que respete nuestro territorio y ponga en el centro a quienes lo habitan.

Y eso también sucede.

O, mejor dicho, eso está por suceder.

Los médicos de familia Rubén Rosón, ex concejal de Economía en el Ayuntamiento de Oviedo, y Jorge Fernández se recuperan en sus domicilios de la brutal agresión sufrida la pasada madrugada a manos de ocho jóvenes ultras durante las fiestas de San Mateo, en la capital asturiana.

La agresión se produjo pasadas las tres de la madrugada, en el primer día de las fiestas de San Mateo, cuando los dos miembros de Fiestes Populares, tras el cierre de la caseta, estaban ordenando materiales y los ocho jóvenes ultras se acercaron gritando “maricones, rojos de mierda”.

En manada, comenzaron a golpear la caseta, arrancar carteles, la bandera arcoíris y una pancarta con el lema “Que no nos invada el racismo”. Seguidamente, les propinaron puñetazos y patadas en el suelo y abandonaron la zona al grito de “Arriba España”.

Una condena sin paliativos

La condena por la brutal paliza que les infligieron ha sido unánime y los mensajes de solidaridad hacia las víctimas han sido constantes desde que esta mañana Ama Asturies, colectivo social al que pertenecen, hizo pública la noticia y difundió un vídeo en su perfil de redes sociales con las imágenes de la agresión, que reproducimos a continuación.

La agresión del grupo ultra no va a cambiar un ápice la forma de denunciar los mensajes de odio, ni las actitudes de violencia de personas que no respetan ni otras ideologías, ni la convivencia, ni la democracia, tal y como se puede ver en el claro mensaje que transmiten desde Ama Asturies: “Ni 8 ni 800 fascistas nos van a quitar las ganas de seguir llenando Asturies de color”.

Concentración de repulsa

Ama Asturies ha convocado una concentración de repulsa para mañana, sábado, a las 19 horas, en la plaza de la Catedral.

La manifestación de condena se prevé multitudinaria a tenor de los numerosos mensajes de apoyo que están recibiendo las víctimas procedentes de todos los ámbitos de la sociedad asturiana.

El mensaje de apoyo de la ministra

A estos mensajes se ha sumado la ministra de Sanidad, Mónica García, compañera de profesión de los médicos agredidos, como se aprecia en el siguiente post.

“Todo mi cariño a los agredidos y toda la fuerza a la militancia de AMA Asturies tras la agresión fascista en Oviedo. Los discursos de odio no se quedan en el atril: son el caldo de cultivo para la violencia en la calle”, traslada la ministra.

Barbón: “Que caiga el peso de la ley”

A su mensaje de condena se suma el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que además de transmitir un apoyo personal a las víctimas que hace extensivo en nombre de la Federación Socialista Asturiana (FSA) insta a que todo el peso de la Ley caiga sobre los agresores, como explica en este post difundido en la red social X y de la que nos hacemos eco.

“Es hora de defender la Democracia”

“La Democracia está en retroceso. Los valores democráticos que promueven la convivencia en paz y libertad, también. Empezó con la polarización y la crispación. De ahí pasamos a los insultos. Luego llegó la agresividad verbal. Ahora ya, la agresividad física. Lo sucedido en Oviedo -explica-, es un buen ejemplo, con un grupo de violentos agrediendo ayer a conocidos militantes de la izquierda ovetense”.

En este post, el presidente reclama una condena pública de las organizaciones políticas y hace hincapié en que sean “todas”.

“El nazismo y el ultraderechismo vuelven a resurgir de sus cenizas y ahora no podemos repetir los errores de los años treinta del siglo XX, porque ya sabemos a qué conduce. Asomándonos al borde del abismo, es hora de defender la Democracia y los valores democráticos con todas nuestras fuerzas”, refrenda el jefe del Gobierno de Asturias.

PP: “Condena a todo tipo de violencia”

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Covadonga Díaz, del Partido Popular (PP), ha emitido un comunicado donde expresa el rechazo del equipo de gobierno a toda actitud violenta en las calles, sin mencionar ni las personas agredidas, ni el colectivo al que pertenecen.

“Ante la agresión sufrida en la noche de ayer de dos personas en la Plaza Alfonso II el Casto, desde el equipo de Gobierno condenamos, ahora y siempre, todo tipo de violencia. Queremos un san Mateo libre de agresiones, que abogue por la convivencia y en el que cada uno pueda encontrar su hueco para disfrutar”, señala el escrito.

PSOE: “Es absolutamente intolerable”

Mucho más explícito se ha mostrado el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, que ha trasladado su solidaridad a las víctimas.

“Estamos ante una agresión fascista absolutamente intolerable. Que dos personas sean apaleadas al grito de 'rojos de mierda' y 'Arriba España' por sus ideas políticas no es una pelea ni un incidente más: es violencia política y fascista, y como tal debe ser condenada sin ningún tipo de matiz”, señala.

“Atacan a la libertad de todos y todas”

El portavoz socialista exige que se esclarezcan cuanto antes los hechos, la identificación de los responsables para que espondan ante la justicia, y pide que “no se normalice ni se relativice la presencia de la violencia y del discurso fascista en nuestra ciudad”.

Fernández Llaneza insta además al alcalde, Alfredo Canteli, a que actúe con claridad y contundencia: “Canteli tiene que dejar de mirar hacia otro lado cuando aparecen comportamientos de esta naturaleza. El Ayuntamiento tiene que ser inequívoco en la defensa de la convivencia, de la libertad y de los valores democráticos. No caben equidistancias ante una agresión fascista”, afirma.

Para el portavoz socialista, “quienes agreden a una persona por sus ideas no solo están atacando a esa persona, están atacando la libertad de todos y todas” y tiene claro que “frente al fascismo, tolerancia cero. La democracia no puede permanecer impasible ante quienes pretenden imponer sus ideas mediante la violencia”, asevera.

IU: “Quieren imponer ideas con odio”

También se ha pronunciado el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, que ha coincidido con Fernández Llaneza en calificar la agresión de “absolutamente intolerable” ya que, en su opinión, “pretende imponer mediante la violencia y el odio unas determinadas ideas”.

Llamazares ha remarcado que “San Mateo debe ser una fiesta de convivencia, pluralidad y libertad, y el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar que así sea”.

Somos: “No se puede normalizar”

Somos Asturies rechaza rotundamente la violencia ejercida contra Rubén Rosón y Jorge Fernández. En su opinión, no se trata de “una simple discrepancia política ni una discusión más. Atacar a personas por defender los derechos humanos es un acto de violencia que no puede ser normalizado ni tolerado en una sociedad democrática”.

Además, enmarca la brutal agresión de la que han sido víctimas en un contexto en el que “la extrema derecha está utilizando las instituciones para introducir y normalizar discursos de odio, señalamiento y deshumanización. Unos discursos -añade- que dejan de estar únicamente en los plenos, en los parlamentos o en las redes sociales y acaban trasladándose a las calles en forma de insultos, amenazas y agresiones”.

El caldo de cultivo

Somos Asturies muestra su preocupación por el hecho de que se está introduciendo un caldo de cultivo para la violencia con los discursos de odio procedentes de la extrema derecha.

“La violencia no aparece de la nada. Cuando desde las instituciones con una ultraderecha violenta que, en cualquier oportunidad que tiene con un micrófono delante señala a colectivos, cuestiona los derechos humanos y se legitima el desprecio hacia quienes trabajan por una sociedad justa, se está alimentando un clima en el que diversas personas sienten que tienen permiso para ejercer violencia”.

Somos Asturies extiende su condena además de a los agresores a aquellas personas con responsabilidad política que “desde posiciones de extrema derecha, alimentan y normalizan los discursos de odio”.

Foro: “Tolerancia cero con esta gentuza”

El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, acompaña a su mensaje de solidaridad con Rubén Rosón y Jorge Fernández la secuencia de las imágenes de la agresión. En ellas se constata la falta de defensa de los agredidos y la violencia de los agresores.

“Espero que se identifique a los agresores y se les ponga cuanto antes a disposición de la justicia. Tolerancia cero con esta gentuza”, dice con una expresión muy gráfica.

Ripa: “No les tenemos miedo”

El exparlamentario Daniel Ripa reproduce también el vídeo de la agresión en sus redes sociales y termina su mensaje de apoyo a los dos agredidos con una frase que resume el sentir generalizado de todos los integrantes de Ama Asturies: “No les tenemos miedo, queremos un Oviedo diverso y popular”.

Los representantes sindicales también han condenado duramente la agresión. Comisiones Obreras (CCOO) ha asegurado que “el fascismo, la violencia y el odio deben quedar atrás” y ha calificado los hechos de “acción cobarde y brutal contra la tolerancia”.

Codopa: “Es un acto racista y homófobo”

A los mensajes de condena de la agresión y apoyo a las víctimas se ha sumado la Coordinadora de ONGd del Principado de Asturias (CODOPA) que ha rechazado rotundamente un acto violento “de carácter fascista, racista y homófobo”.

La plataforma considera inadmisible la violencia ejercida contra Jorge Fernández, Rubén Rosón y suma también como colectivos afectados a AMA Asturies, Asturias Acoge y El Viescu.

“Advertimos con creciente preocupación que este ataque no es un hecho aislado, sino el resultado directo del clima de crispación, xenofobia y señalamiento por parte de la derecha y la ultraderecha que, de manera sistemática, están sembrando en Asturias y en todo el Estado”, ratifican.

Identificar a los ocho ultras

Por ello, insta a las autoridades políticas y policiales a una investigación inmediata y rigurosa para identificar a los ocho agresores.

“El espacio público y festivo de nuestra ciudad debe ser un entorno seguro, tolerante y libre de discursos de odio”, corrobora.

Codopa anuncia que se sumará al rechazo social y apoyará activamente las movilizaciones que se convoquen para defender “una sociedad plural, justa y democrática”.

Rosón, defensor de la gestión pública

Los dos agredidos son muy activistas muy conocidos en Asturias por su compromiso político y social. Rubén Rosón, de Somos, estuvo muy ligado al movimiento estudiantil asambleario durante su etapa universitaria y fue presidente del Consejo de Estudiantes. Desempeñó el cargo de concejal de Economía, Empleo y Turismo durante la etapa de gobierno del tripartito de izquierdas -PSOE, IU y Somos Oviedo- en el Ayuntamiento ovetense, entre los años 2015 y 2019.

Posteriormente, continuó como edil en la oposición durante el mandato de 2019 a 2023 bajo el grupo municipal de Somos Oviedo. Es un gran defensor de la gestión pública de servicios, la inversión en gasto social y políticas fiscales “más justas”.

Fernández, activista comprometido

 Jorge Fernández participa en numerosas actividades sociales y es uno de los portavoces de Ama Asturies más activo en las causas sociales. El pasado 2 de septiembre, difundió el siguiente mensaje durante su participación en apoyo al pueblo ceutí, que reproducimos a continuación.

“El peligro no son las personas que migran. El peligro son los adultos fascistas no acompañados, los que vienen a nuestros barrios a sembrar miedo y odio”, afirmaba. Hoy él ha sido una de sus víctimas.

Las aulas destinadas a los niños de uno y dos años del Colegio Público García Siñeriz de Miajadas (Cáceres) todavía no han podido comenzar las clases, pese a que el curso escolar ya ha comenzado. Unidas por Extremadura ha denunciado además que las obras que se están ejecutando en el centro siguen sin finalizar y están condicionando el funcionamiento del colegio.

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha visitado este viernes el centro y se ha reunido con representantes del AMPA, que le han trasladado su preocupación tanto por la falta de plazas como por los espacios disponibles para atender al alumnado.

Según ha explicado la diputada, su formación ya había advertido a la Junta de Extremadura de que podían producirse problemas con las aulas de uno y dos años debido a la demanda existente en Miajadas.

La solución planteada por la Administración regional, según Fernández Cordero, pasaba por utilizar el aula de psicomotricidad para atender esas plazas. Sin embargo, una vez iniciado el curso, los alumnos de estas edades todavía no han podido incorporarse a las clases.

Obras sin terminar y falta de espacios

A esta situación se suma, según Unidas por Extremadura, que las obras del colegio tampoco han concluido. La formación ha denunciado que existen zonas del centro sin ventanas, lo que obliga, según su versión, a impartir algunas clases con las persianas bajadas o a trasladar al alumnado a otras dependencias.

La falta de espacios habría obligado además a utilizar la biblioteca y el aula de música como aulas ordinarias, según ha señalado Fernández Cordero.

La diputada ha reclamado a la Junta que incremente los espacios y los profesionales educativos disponibles en el centro. También ha señalado que, según la información trasladada por el AMPA, el colegio carece de un técnico de Educación Infantil (TEI).

Fernández Cordero ha extendido sus críticas a la situación de los centros educativos del medio rural y ha citado también problemas relacionados con obras en colegios de municipios como Zahínos, en la provincia de Badajoz.

La diputada ha pedido asimismo a la Administración regional que planifique con mayor antelación las necesidades educativas de Miajadas para evitar que la falta de plazas vuelva a repetirse el próximo curso.

El Gobierno de Extremadura y los agentes económicos y sociales de la comunidad han acordado este viernes por unanimidad el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, que prevé movilizar una inversión estimada de 951 millones de euros durante los próximos cuatro años. Entre los fondos que sustentan el programa se incluyen 210 millones procedentes del Plan Estatal de Vivienda, cuya aplicación en Extremadura la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido que ambas cuestiones son compatibles. Aunque el Gobierno extremeño mantiene su recurso contra el Plan Estatal de Vivienda, ha señalado que esto “no es óbice” para aceptar sus fondos. En concreto, Extremadura recibirá 210 millones de euros, de los que el 60% corresponde a financiación estatal y el 40% a autonómica. Ramírez ha sostenido que el recurso no implica que la comunidad pueda perder esta financiación, ya que afectaría únicamente a los artículos que eventualmente pudieran ser declarados inconstitucionales.

El nuevo plan autonómico ha sido consensuado en la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo de la Junta tras un proceso de diálogo con UGT, CCOO y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX). Según ha señalado el consejero, las aportaciones de los agentes sociales han permitido incorporar buena parte de sus propuestas al documento.

Ramírez ha calificado el programa de “plan histórico” tanto por el volumen de recursos movilizados como por las medidas que contempla, dirigidas especialmente a jóvenes, familias con menos recursos y habitantes del medio rural.

Ayudas para jóvenes y acceso a la vivienda

El plan se estructura en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, impulsar la rehabilitación, reforzar el parque público y favorecer un desarrollo territorial equilibrado.

Más de la mitad de la inversión prevista, alrededor de 498 millones de euros, se destinará a facilitar el acceso a la vivienda. En este bloque se incluyen el desarrollo del Plan Habita Extremadura, programas de ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda, el incremento de la oferta residencial y medidas para reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

Los jóvenes son uno de los colectivos prioritarios. El plan contempla ayudas para la compra y el alquiler, así como sistemas de avales destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda. También se prevén nuevas fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial y actuaciones específicas para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural.

El programa incluye además medidas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y contempla el fortalecimiento del parque público mediante nuevas promociones, la movilización de viviendas disponibles y la mejora de los mecanismos de mantenimiento, inspección y acompañamiento social.

La Junta no concreta cuántas viviendas públicas se construirán

Por otro lado, el plan reserva más de 127 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana, con actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de conservación de los edificios residenciales.

Junto a las medidas de inversión, el documento incorpora reformas normativas para actualizar el marco regulador de la vivienda en Extremadura. Entre ellas figura la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del régimen de vivienda protegida y la simplificación de procedimientos urbanísticos.

Preguntado por el número de viviendas que se construirán o promoverán durante los cuatro años de vigencia del plan, el consejero no ha ofrecido una cifra concreta. Ramírez ha recordado que el PP llevaba en su programa electoral el compromiso de construir o promover 3.000 viviendas públicas, una cifra que posteriormente se elevó a 3.500 en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox.

El consejero ha señalado que el plan inicia ahora su tramitación administrativa, que puede prolongarse durante aproximadamente un mes o mes y medio. Después tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, algo que la Junta prevé que ocurra previsiblemente en octubre.

El PSOE de Extremadura ha exigido la salida de la consejera de Salud, Sara García Espada, tras conocerse que ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron durante el mes de agosto traslados de pacientes sin las autorizaciones reglamentarias.

Las irregularidades en el transporte sanitario de la región, el mayor contrato público de la Junta de Extremadura, ha sido desvelado por elDiario.es Extremadura, que también ha tenido acceso a los mensajes entre los trabajadores de la concensionaria para intentar burlar los controles de la Guardia Civil durante agosto, puesto que los vehículos de la flota carecían de la tarjeta de transporte.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado responsabilidades al Gobierno de María Guardiola y ha considerado insuficiente la respuesta ofrecida por la consejera de Salud ante estos hechos. “Si la respuesta es que ha tomado nota, su nota como consejera es un cero”, ha señalado Gil Rosiña, que ha reclamado su salida del Ejecutivo si no es capaz de ofrecer explicaciones y soluciones.

La dirigente socialista ha considerado “especialmente grave” que los profesionales de las ambulancias tuvieran que comunicarse entre ellos para advertirse de la presencia de controles de la Guardia Civil y realizar rutas alternativas para evitarlos, y ha vinculado este episodio con el deterioro que, a su juicio, atraviesa la sanidad pública extremeña. Por eso ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haya rechazado comparecer en la Asamblea para explicar la situación del SES.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, solicitó la pasada semana la comparecencia de Guardiola en el Pleno de la Asamblea. La Mesa de la Cámara rechazó el juevesesta petición. Para Gil Rosiña, la gravedad de la situación debería llevar a la presidenta a comparecer por iniciativa propia. “Si tuviera el más mínimo sentido de la responsabilidad y altura de gobernante, sería la propia presidenta quien debería venir a explicar qué está pasando en el SES y qué medidas va a tomar”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha insistido en que los problemas de la sanidad extremeña no son una exageración de la oposición y ha citado también deficiencias registradas en hospitales, así como retrasos que, según ha denunciado, estarían afectando a pacientes oncológicos y a mujeres embarazadas.

Asimismo, ha defendido el trabajo de los profesionales sanitarios y de las ambulancias, a quienes ha desvinculado de las deficiencias de gestión. “Los profesionales no han cambiado; lo que ha cambiado son los gestores y la manera de gestionar el SES”, ha afirmado.

Finalmente, Gil Rosiña ha asegurado que el PSOE seguirá llevando estos problemas a la Asamblea y ha reclamado a Guardiola que rectifique y comparezca para dar explicaciones sobre la situación de la sanidad pública extremeña.

El PSPV-PSOE da el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones autonómicas. Dos semana después de ratificar a los principales candidatos en las capitales y grandes municipios, los socialistas celebrarán en Alicante su conferencia política, un congreso que han diseñado al estilo de las convenciones socialdemócratas.

Las jornadas se celebrarán el 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Alicante, un encuentro que culminará meses de trabajo, diálogo y participación para construir el proyecto socialista con el que concurrirá a las elecciones de 2027. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha presentado este viernes el programa junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós, y la secretaria general comarcal de la Marina Baixa y secretaria de Área Institucional de los Socialistes Valencians, Mayte García.

Mascarell ha destacado que el PSPV-PSOE llega a esta Conferencia “con los deberes hechos”, después de meses de trabajo con colectivos, sectores y representantes de la sociedad valenciana y ha señalado que “es un espacio de escucha, pero también el lugar desde el que vamos a presentar una propuesta de gobierno”: “”No estamos esperando a que llegue 2027, estamos trabajando desde hoy para ofrecer a la ciudadanía un proyecto de futuro“. La mano derecha de Diana Morant defiende que el partido camina hacia las elecciones ”con una propuesta preparada para gobernar y para dar respuesta a los problemas reales de la Comunitat Valenciana“. Así, la Conferencia abordará algunos de los principales retos de la Comunitat a través de diferentes bloques de trabajo, entre ellos educación, economía, vivienda y Europa, además de otras cuestiones relacionadas con el territorio y las oportunidades de futuro.

En la misma línea, Mascarell ha remarcado que la Conferencia “no será el final, sino un paso más de un proceso que seguirá abierto hasta 2027”, con el objetivo de incorporar nuevas propuestas y convertirlas en compromisos concretos de gobierno y ha situado este proceso como el inicio de la alternativa al actual Consell: “Desde Alicante iniciamos el cambio que va a haber en la Comunitat Valenciana con el próximo cambio de gobierno”.

El dirigente socialista ha contrapuesto este trabajo con la situación del Partido Popular y su debate sobre la candidatura a la Generalitat y ha asegurado que “mientras Pérez Llorca está nervioso por ser candidato, nosotros tenemos la candidata que va a ser la próxima presidenta de la Generalitat”, al tiempo que ha remarcado que “ellos están pendientes de quién será candidato y nosotros estamos pendientes de qué necesita la Comunitat Valenciana”. “El PP gobierna mirando a Vox y a Madrid; nosotros vamos a gobernar mirando a la Comunitat Valenciana”, ha destacado.

Para el secretario de Organización, “mientras el PP sigue pendiente de sus problemas internos, el PSPV está escuchando, trabajando y construyendo una alternativa”. Una alternativa que, ha defendido, tiene como prioridad “recuperar lo que importa”: unos servicios públicos fuertes, más oportunidades para quienes quieran desarrollar aquí su futuro, la protección del territorio y la generación de prosperidad.

El PSOE de Don Benito ha formalizado su oposición a la instalación de una planta de biogás en el término municipal tras asumir el malestar manifestado por los vecinos de las entidades locales menores de Hernán Cortés y Valdehornillos.

La posición ha sido ratificada por el secretario general y candidato socialista a la Alcaldía, Manuel Gómez, durante un encuentro celebrado con el secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, situando la escucha activa a la población afectada como un requisito irrenunciable antes de respaldar cualquier actuación de estas características.

Los socialistas se han reunido con los colectivos vecinales para evaluar el impacto en la calidad de vida, el territorio y la economía de la zona. En este sentido, la dirección local defiende la coherencia de su postura recordando su alineamiento previo con los vecinos de Vivares ante la planta de biometano proyectada en Miajadas, sosteniendo que la exigencia de transparencia y participación ciudadana se mantiene al margen de qué partido ostente el gobierno municipal.

El posicionamiento político se produce tras las explicaciones públicas ofrecidas por Emilio Camacho, concejal independiente integrado en el grupo municipal del PSOE y empresario local vinculado a la sociedad promotora Vegantia. Camacho detalló que su participación empresarial en el proyecto de biogás se remonta a septiembre de 2022, casi un año antes de su toma de posesión como edil en junio de 2023, enmarcando esta colaboración en su trayectoria previa dentro del sector agroindustrial y de representación económica en la comarca.

No obstante, el PSOE de Don Benito ha manifestado su respeto hacia la trayectoria profesional de Camacho y las aclaraciones sobre sus negocios privados, pero el candidato socialista ha marcado una distinción explícita entre la actividad empresarial y la acción política.

Los socialistas insisten en que ningún proyecto industrial “puede imponerse a costa de la calidad de vida o la actividad económica de la zona rural”. En este sentido, Gómez ha confirmado que trasladarán este rechazo a los órganos municipales para exigir que las entidades locales tengan voz real y voto sobre las decisiones que impactan en su suelo.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander coincide con el Partido Popular en respaldar la peatonalización del arco del antiguo Banco Santander, si el equipo de gobierno que dirige Gema Igual (PP) presenta informes técnicos de seguridad que así lo avalen. En un paso más allá, también propone cerrar al tráfico más calles cercanas a Faro Santander, como Hernán Cortés y Peña Herbosa. Mientras, el PRC admite que podría haber estado de acuerdo en esa solución “siempre justificada y con el máximo consenso” pero ahora hay que abrirlo porque lo ha dicho un juez.

Como ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el PSOE sostiene que los vehículos no deben volver a pasar por este tramo de la calle Sanz de Santuola donde se ubica la puerta de acceso al museo. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha dicho que “abrir ese espacio al tráfico, desde el punto de vista del sentido común, va a generar problemas”.

Fernández -que es empleado en excedencia del Banco Santander- ha aseverado que si el equipo de gobierno del PP hace una comisión previa y lo lleva a pleno, el PSOE aceptaría el proyecto: “Si nos explican todo, donde nosotros podemos hacer valoraciones, nosotros votaríamos a favor de que se mantuviese cerrado” al tráfico.

De hecho, los socialistas consideran que la zona peatonal debería extenderse más allá del arco, de forma progresiva, hacia las calles aledañas, hasta Peñaherbosa y Hernán Cortes. Y, para no afectar a los residentes, han planteado como alternativa instalar un sistema de pivotes automáticos con lector de matrículas.

Frente al PP y el PSOE que defienden la peatonalización, los otros tres grupos de la oposición, Izquierda Unida, VOX y el PRC defienden la reapertura. Por distintas razones. IU ha presentado el recurso judicial que ha desencadenado en las medidas cautelares dictadas por el juez, que obligan a abrir al tráfico hasta que se resuelva definitivamente. El concejal Keruin Martínez reprocha que el Ayuntamiento ha intentado “legalizar después” una decisión -la de peatonalizar- que se ejecutó sin el procedimiento y los informes previos necesarios.

En febrero de este año, planteó una moción en el pleno municipal para revisar si la actuación urbanística coincidía con el proyecto original de Faro Santander: el PP la rechazó, el PSOE la apoyó, Vox y PRC se abstuvieron.

A preguntas de elDiario.es sobre esta polémica, el PRC dice que “hay un juez que manda abrir y hay que abrir”. El portavoz regionalista Felipe Piña reconoce -en condicional- que previamente no hubiera desechado el cierre, si antes se hubiese solucionado la movilidad de residentes y comerciantes con informes técnicos de seguridad.

“Con esto podríamos haber estado de acuerdo en esa solución, siempre justificada y con el máximo consenso” -precisa- “no como se ha hecho: por la puerta de atrás y sin informes, algo gravísimo desde el punto de vista procedimental administrativo”. En el presente, ante la situación actual, Piña considera que “ese vial ha dicho un juez que hay que abrirlo y la alcaldesa no debe desobedecer, hay que cumplir la ley”.

Por su parte, el socialista Daniel Fernández justifica su decisión. Dice que la crítica que ha hecho a la alcaldesa sobre este asunto “desde el principio” estuvo orientada a la ausencia de documentación y de informes que justificasen el cierre. “Que ha sido un capricho de última hora, totalmente opaco”, matiza. “Aquí la crítica ha sido precisamente hacia cómo lo han hecho, no hacia lo que han hecho”, concluye.

Cronología de la polémica

La alcaldesa Gema Igual (PP) dijo en 2021 que, una vez finalizadas las obras de Faro Santander, se retomaría el tránsito bajo el arco. Sin embargo, en 2026, meses antes de la inauguración de la reformao, Igual anunció que se mantendría cerrado. Tras esto, Izquierda Unida denunció por la vía judicial la decisión y la semana pasada obtuvo medidas cautelares para que el Consistorio reabra -mientras dure el proceso judicial- el tránsito de para el paso de la línea de autobús 5C2, de residentes, vehículos de emergencia y del transporte de mercancías que suministra a los comercios de la zona.

Tras esto, el PSOE acusó a Gema Igual de “engañar” a la ciudadanía“ y le afeó que ”gobernar también consiste en cumplir la palabra dada a tus vecinos“, en referencia a la promesa de recuperar el tráfico. Después, el Ayuntamiento pidió unos días más al juez mientras se celebran las actividades de inauguración -aunque avanzó que pediría que se revoque la decisión judicial- y una comunidad de vecinos también denunció al Ayuntamiento por el cierre. Mientras tanto, el tránsito bajo el arco sigue siendo peatonal.

Desde el PSOE, que habían llevado tiempo atrás el cierre al pleno del Ayuntamiento, tanto el concejal Javier González de Riancho como el portavoz Daniel Fernández, han cuestionado la forma de proceder del equipo de gobierno: “No ha explicado bien lo que quería hacer desde el principio y ha venido a hechos consumados a decir que eso se cerraba”, ha criticado González de Riancho.

Para el PSOE, el Ayuntamiento ha tenido cinco años de obras “para reorganizar el tráfico, el acceso, la peatonalización de la zona y la línea de autobús, y de repente, de un día para otro ha dicho la alcaldesa: 'No, que eso se va a quedar cerrado, peatonal”, ha advertido González de Riancho.

El servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, el contrato público más cuantioso de la administración autonómica, valorado en más de 285 millones de euros, funcionó durante el pasado verano al margen de la legalidad, en concreto, desde el 1 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Durante este tiempo, los vehículos de la concesionaria Ambuvital prestaron servicio público sin disponer de la autorización necesaria y obligatoria, por lo que trasladaron pacientes sin tener los permisos en regla, dejando al descubierto la cobertura de los seguros ante cualquier posible accidente en carretera y exponiendo a la Sanidad pública a un grave problema de responsabilidad patrimonial ante cualquier siniestro.

Además, la situación llevó a los conductores a coordinarse en chats internos para esquivar las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Fue precisamente un aviso en un grupo de WhatsApp el que desató la alarma entre la plantilla. Trabajadores consultados por elDiario.es Extremadura han confirmado la existencia de un grupo interno de mensajería en el que durante agosto se ha avisado de los controles de la Guardia Civil y se ha recomendado tomar rutas alternativas para evitar determinados puntos porque las ambulancias no disponían de la tarjeta de transporte. Los mensajes también permitieron que parte de los conductores conocieran que los vehículos carecían de esa documentación.

El problema llegó incluso a producir una actuación de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, una conductora fue parada y denunciada el 2 de septiembre por circular sin la autorización de transporte correspondiente. Este extremo contrasta con la respuesta facilitada por la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Junta, que ha señalado que “a día de hoy” no tiene constancia de expedientes de infracción que tengan su origen en denuncias de la Guardia Civil por falta de autorización en carretera.

Sin embargo, la Junta de Extremadura admite de forma implícita la irregularidad al confirmar a este periódico que en agosto tuvo que abrir un “procedimiento de rehabilitación” para las licencias de la flota (505 vehículos). Según el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), este trámite extraordinario solo se activa cuando la autorización previa ha caducado o ha sido dada de baja en el registro oficial.

Ambuvital inició su solicitud de visado en junio, pero el expediente no fue favorable hasta el 4 de septiembre. Según la Consejería de Transportes, la empresa tuvo que atender unos “requerimientos de subsanación” y en agosto se inició un “procedimiento de rehabilitación donde se aportó nuevamente toda la documentación para comprobar que la empresa cumple con todos los requisitos”. Eso no sucedió hasta hace una semana, como ya consta en el registro de empresas y actividades de transporte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También se puede demostrar que la autorización quedó rehabilitada hasta julio de 2028.

El contrato más caro de la sanidad extremeña

En cualquier caso, aunque la empresa ha logrado regularizar su situación, lo ha hecho después de que las ambulancias hubieran continuado prestando servicio durante agosto y hasta los primeros días de septiembre sin el visado y, por lo tanto, sin la autorización del ministerio para prestar el servicio de transporte sanitario.

Esta situación se ha producido cuatro meses después de la firma del contrato de transporte sanitario terrestre en Extremadura, más de 285 millones de euros. La adjudicataria, la UTE formada por Ambuvital y SSG, comenzó a operar el 1 de mayo, aunque la primera ya gestionaba gran parte del servicio. Además, Ambuvital fue adquirida a finales de 2024 por el fondo Asterion, integrándose dentro de la estructura corporativa del Grupo SSG.

Los pliegos del contrato establecen que corresponde a la adjudicataria obtener y mantener las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar la prestación. En particular, en las prescripciones técnicas se atribuye a la empresa la responsabilidad de obtener, mantener y renovar las licencias y autorizaciones que necesiten los vehículos para su circulación y uso sanitario.

El SES abre un expediente a la concesionaria

A pesar de ello, fuentes del sector han subrayado tras conocer “una situación ilegal y, si no, especialmente irregular”, la falta de “vigilancia y diligencia del SES para comprobar que las condiciones exigidas en el contrato se cumplen porque ”estamos hablando de un contrato muy relevante“.

El SES ha confirmado a este periódico la existencia de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones del contrato y la apertura de un expediente para determinar las posibles consecuencias contractuales para la empresa. Sin embargo, no ha aclarado qué controles ha realizado sobre este asunto.

En su respuesta, la Consejería de Salud asegura que con la entrada en vigor del nuevo contrato el pasado 1 de mayo, “los visados estaban vigentes” y que la empresa presentó el 25 de junio, “dentro del plazo legal establecido”, la solicitud para la renovación del visado de transporte, “junto con el abono de las tasas correspondientes”. Sin embargo, no hace referencia a que el expediente no resultó favorable hasta hace unos días, jornadas en las que la concesionaria de un servicio público estuvo operando al margen de la ley.

La defensa de David Sánchez se ha adherido a una petición de Manos Limpias en el trámite abierto tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y lo absolvió del delito de tráfico de influencias.

En un escrito presentado ante la Audiencia de Badajoz, la defensa manifiesta su “expresa e íntegra adhesión” a la petición de aclaración formulada por Manos Limpias para diferenciarse de otras acusaciones populares y pide que, en efecto, la actuación del sindicato ultra se distinga. La defensa sostiene que la referencia que hace la sentencia a una supuesta “maniobra fraudulenta” de otras acusaciones no puede hacerse extensiva a la dirección letrada de Manos Limpias. Según argumenta, el sindicato mantuvo sus conclusiones provisionales respecto a la participación de David Sánchez en la dotación de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Además, destaca que Manos Limpias reconoció en sus conclusiones definitivas la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. Para la defensa, esta posición demuestra una actuación “leal” y coherente con el procedimiento.

El abogado de David Sánchez contrapone esta actuación a la del resto de acusaciones populares, a las que acusa de haber pretendido sortear los efectos de la prescripción mediante una modificación de sus conclusiones. El escrito califica ese supuesto intento de “sortear arteramente” la causa de extinción de la responsabilidad criminal mediante una modificación que considera “tan infundada como improcedente”.

La posición de la defensa resulta especialmente significativa porque Manos Limpias fue precisamente quien presentó en 2024 la denuncia que dio origen al procedimiento penal contra David Sánchez, siete años después de su contratación por la Diputación de Badajoz. La investigación se centró principalmente en la creación y configuración de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música que posteriormente ocupó el hermano del presidente del Gobierno.

Ahora, tras las solicitudes de aclaración planteadas por distintas partes después de la sentencia, la defensa de David Sánchez pide a la Audiencia que tenga en cuenta la diferencia que establece entre Manos Limpias y las demás acusaciones populares.

En concreto, el abogado de Sánchez solicita que se tenga por presentado el escrito y por efectuadas sus manifestaciones, con una adhesión expresa a la petición planteada por el sindicato.

Asturias ha querido enmendar el error de la administración y eximir a las familias afectadas por los cobros indebidos del salario social. Todos los partidos del arco parlamentario, salvo Vox, han sumado sus votos para sacar adelante la reforma legislativa que permitirá condonar la deuda a todas aquellas personas que percibieron simultáneamente el Salario Social Básico (SSB) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El partido de ultraderecha se abstuvo en la votación celebrada este jueves en la Junta General del Principado.

La proposición de ley para modificar la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales había sido planteada por el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies (IU-CA).

Vegas: “Perdón, perdón y mil veces perdón”

El portavoz parlamentario de CA, Xabel Vegas, ha llegado a pedir perdón de forma reiterada a los afectados que seguían la sesión plenaria desde la tribuna.

“Perdón, perdón y mil veces perdón. Perdón en primer lugar por tener una administración sin alma. Una administración en la que la burocracia no tiene en cuenta la realidad que viven los ciudadanos y las consecuencias de aquellas decisiones que les afectan”, ha asegurado el diputado.

Xabel Vegas no ha dudado en calificar la situación vivida por los beneficiarios como “propia de una novela de Kafka”, al detallar cómo la Administración del Principado continuó abonando el Salario Social a familias que ya habían comenzado a cobrar el Ingreso Mínimo Vital estatal, pese a los avisos de las propias personas afectadas.

Empeoramiento de la salud mental

“Esta situación no solo deterioró las condiciones económicas de estas personas. También afectó en muchos casos a su salud mental, añadiendo sufrimiento a unas vidas ya de por si muy complicadas”, ha subrayado.

No obstante, ha resaltado la relevancia de este acuerdo que convierte a la Junta General del Principado en la primera Cámara autonómica en legislar de forma directa sobre un problema de ámbito nacional, apoyándose en los principios de justicia y reparación.

Del mismo modo, Vegas ha afeado los “discursos clasistas” que estigmatizan a los colectivos vulnerables y ha incidido en que el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Social “no son un regalo ni una ayuda”, sino “un derecho subjetivo cuya mera existencia nos convierte en un país un poco más decente”.

La diputada de Vox en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, ha justificado el voto de abstención de su grupo con el siguiente argumento: “votar a favor sería respaldar la actual chapuza socialcomunista”.

Los argumentos para la abstención

Sara Álvarez Rouco ha reconocido que “los desfavorecidos no deben pagar nunca las consecuencias de la incompetencia gubernamental”, al mismo tiempo que entiende “la preocupación y el sufrimiento” de las familias “atrapadas por la exigencia de devolver cantidades que percibieron sin que exista responsabilidad achacable a ellas”.

Sin embargo, ha acusado al Gobierno de reaccionar tarde ante un problema que ha sido provocado por su propia gestión: “Solo cuando la prensa, las protestas y el clamor popular atosigan a los socios de Gobierno se les ocurre modificar la ley e introducir un nuevo artículo 18 bis”, ha reprochado.

La protección de los afectados

La parlamentaria ha insistido en diferenciar la protección de las familias afectadas del respaldo al modelo socialista. “Estamos a favor de ayudar a las personas vulnerables y a quien realmente lo necesita. Lo que no compartimos es el actual modelo de ayudas socialista”, ha explicado.

La iniciativa impulsada por PSOE e IU-Convocatoria por Asturies está encaminada a exonerar de las deudas contraídas por la percepción indebida del salario social por causas imputables a la Administración.

Evitar situaciones de desamparo

El origen del problema está relacionado con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, la prestación estatal diseñada para los hogares económicamente vulnerables que viene a sustituir, con carácter general, al salario social, de carácter autonómico.

El Principado mantuvo de forma transitoria el pago del salario social para evitar situaciones de desamparo y, en algunos casos, se solaparon ambas prestaciones, lo que ha dado lugar a reclamaciones de la administración.

La proposición de ley se basa en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales del Principado, que, en su artículo 18, establece el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Retraso, error u omisión

El texto aprobado este jueves modifica la ley para impedir que las personas beneficiarias tengan que devolver cantidades cobradas indebidamente cuando el pago se haya mantenido “por un retraso, error u omisión imputable a la Administración”.

La proposición plantea que la aplicación automática de esa regla general puede producir resultados “materialmente injustos” cuando “la persona beneficiaria ha actuado de buena fe, ha cumplido su obligación de comunicar el cambio de circunstancias en tiempo y forma, ha aportado datos veraces y suficientes y, pese a ello, la Administración no ha tramitado con la diligencia debida la revisión, suspensión, reducción o extinción de la prestación”.

La responsabilidad en estos casos no es achacable a las personas que recibieron el salario social, sino a la propia Administración.

Incorporar un nuevo artículo

El texto acordado entre ambos grupos parlamentarios plantea incorporar un nuevo artículo (18 bis) a la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

Para los supuestos en los que no quepa la exoneración completa, pero tampoco exista “fraude ni mala fe”, se abre la puerta a suprimir el cobro de intereses de demora, así como a ofrecer un plan flexible de devolución de las cantidades ajustado a la capacidad económica real de la persona.

Solicitar la devolución

La reforma legal también tiene en cuenta a quienes, pese a estar en alguna de las situaciones contempladas, ya han pagado total o parcialmente las cantidades que se les ha requerido.

Una disposición transitoria les permitirá solicitar la devolución de tales abonos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma. 

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este jueves el legado positivo que dejan sus siete años al frente del Gobierno regional, un periodo que, por el contrario, se salda con cifras negativas en todos sus ámbitos de gestión a juicio del líder del PP, Álvaro Queipo, que ha advertido de que ése será el balance por el que le “juzgarán” los asturianos en las elecciones autonómicas de 2027.

Barbón y Queipo han intercambiado datos divergentes sobre la situación de Asturias durante el debate en el primer pleno ordinario de la Junta General del Principado en el penúltimo periodo de sesiones de la legislatura de una pregunta formulada por el líder popular que le pedía aclarar si consideraba que los asturianos viven hoy mejor que cuando llegó al Gobierno en 2019.

Queipo: “Barbón está desconectado”

Para el portavoz del PP, cuando el PSOE deje el poder en Asturias “dentro de unos meses” dejará atrás una región en la que los impuestos han crecido tres veces más y la vivienda cuatro veces más que los salarios durante el mandato de Barbón; en la que hay 185.000 personas en alguna lista de espera sanitaria; en la que se tarda más de un año en tramitar un expediente de dependencia y que desde 2019 ha perdido un autónomo cada día.

Según Queipo, en esa coyuntura, un Barbón “profundamente desconectado de lo que ocurre” dedica su tiempo a evitar que los alcaldes socialistas de Asturias salgan a la calle en apoyo de Ceuta o cae en el “bochorno” con la financiación autonómica al no exigir como secretario general de la FSA-PSOE a sus diputados nacionales que voten en contra del nuevo modelo cuando se tramite en el Congreso.

Barbón: “Queipo sufre síndrome electoral precoz”

“Ferraz manda y paga Asturias”, ha apuntado, a la vez que ha lamentado que Asturias tenga un presidente “pendiente de todo menos de los problemas de la comunidad”, afirmaciones que han llevado a Barbón a considerar que el líder popular sufre una aceleración de “síndrome electoral precoz” del que ya había advertido y se permite hablar de la autonomía de la FSA respecto a su dirección federal “mientras se humilla permanentemente ante Génova para que lo proclamen candidato de una vez”.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado a Queipo que sostuviera durante meses que el Principado buscaría una excusa para no votar en contra del nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como finalmente hizo, “por primera vez en la historia con un no como una casa”, para cumplir así el compromiso alcanzado con el resto de grupos de la Junta General y con otras siete comunidades autónomas.

El balance del presidente

En cuanto al balance de su mandato, Barbón ha mencionado que hay 34.000 personas más trabajando que en 2019; que se gana población; que la región se ha consolidado como potencia turística; que ha logrado ser una región “hiperconectada” gracias al AVE, las nuevas conexiones aéreas y la extensión de la tarjeta CONECTA y que en Asturias se pueda completar el ciclo educativo hasta la universidad sin pagar matrícula.

Esos logros, ha dicho, se alcanzaron con el voto en contra de Queipo, al que ha reprochado que haya criticado la operación del Principado para adquirir a Duro Felguera el taller de Barros en Langreo para que se ubique una factoría de Indra después de que el PP diera por perdida la inversión en Asturias de la empresa de armamento. “Usted es como la gata Flora y en las cuencas hemos tomado buena nota”, ha concluido.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este jueves a evitar la crispación política durante los últimos ocho o nueve meses de legislatura y ha situado entre los principales retos del Ejecutivo autonómico la financiación de la comunidad, los presupuestos de 2027, la vivienda, el marco financiero plurianual de la UE y la renovación del convenio de carreteras. Los elevados índices de pobreza y exclusión social en las Islas, así como la masificación, la contaminación de las aguas canarias o el cambio climático han quedado fuera de esas prioridades, pese a estar entre las reivincidaciones de las masivas movilizaciones sociales que han tenido lugar esta legislatura.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias, Clavijo ha respondido a varias preguntas sobre los retos y el balance de la acción desarrollada por el Ejecutivo durante la legislatura.

En su balance, en respuesta al portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, Clavijo ha destacado los avances en dependencia, listas de espera, discapacidad y autónomos, aunque ha admitido que persisten “retos importantes y estructurales”.

Entre ellos ha situado la vivienda, ámbito en el que ha destacado las modificaciones legislativas, los cambios en el REF y las medidas para facilitar las licencias. Cabe recordar que todas estas medidas van encaminadas a solucionar la escasez de vivienda asequible en el mercado a base de construir más, pero sin garantizar que los precios no se disparen ni que se especule o que se acapare vivienda.

Ha explicado que el Gobierno trabaja también en la modificación de las bases del régimen local para que los ayuntamientos puedan limitar determinadas operaciones de compraventa de vivienda en municipios declarados tensionados y favorecer el uso residencial en alquiler de vivienda habitual o primera vivienda. En este punto, hay que señalar que es el Gobierno canario el que tiene la competencia para declarar a un municipio tensionado, pero aunque varios lo han solicitado, el Gobierno canario no ha aceptado ninguna de esas peticiones, al negarse a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda.

Para los próximos meses, Clavijo ha enumerado como prioridades que salga adelante la nueva financiación autonómica, que supondría unos 1.300 millones de euros para los servicios básicos y esenciales de Canarias. Sin embargo, no ha mencionado a su socio, el PP, que, previsiblemente, votará en contra del nuevo modelo de financiación cuando se inicie el trámite parlamentario.

Por otro lado, Clavijo ha priorizado que las islas salgan “bien paradas” de la aprobación del próximo marco financiero plurianual de la UE y sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2027.

También ha citado la renovación del convenio de carreteras y el llamado decreto canario como elementos relevantes para las relaciones con el Estado, al introducir políticas específicas de fiscalidad para las islas no capitalinas.

Todas ellas medidas económicas para obtener más financiación del Estado, pero sin mencionar o explicar por qué en los tres años de esta legislatura su Gobierno ha dejado sin ejecutar, sin usar, en un cajón, más de 3.000 millones de euros.

Ante la pregunta del portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, sobre los retos para este último curso político, Clavijo ha señalado que quedan “ocho o nueve meses” de legislatura y ha reclamado que no se caiga en la “crispación” que, a su juicio, se da en el contexto nacional.

“Los ciudadanos nos han elegido y nos pagan un sueldo para que resolvamos sus problemas”, ha manifestado el presidente canario, quien ha considerado que es más importante “buscar las soluciones” que determinar “quién tiene la culpa”. Sin embargo, no ha hecho mención alguna a las reivindicaciones expresadas masivamente en las distintas protestas sociales en los últimos años, como la masificación turística, el crecimiento descontrolado de la población o el cambio climático.

Clavijo ha apuntado que es más probable que salga adelante la reforma de la financiación autonómica que los Presupuestos Generales del Estado de 2027, aunque ha señalado que habrá que esperar para conocer qué sucede, de nuevo, sin mencionar a su socio, el PP.

En este sentido, ha destacado que Canarias ha negociado y “desvinculado el REF de la financiación autonómica”, por lo que la comunidad dispone de “esa partida de salida, pase lo que pase”.

Todo va “mucho mejor”

El presidente ha defendido además la necesidad de mantener unas cuentas “ordenadas, saneadas y con las prioridades políticas claras”, porque, ha dicho, eso “siempre va a ser mejor para los ciudadanos”.

En respuesta al portavoz socialista, Sebastián Franquis, quien ha cuestionado si las familias canarias viven hoy mejor que cuando Clavijo llegó a la Presidencia, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “toda la economía no va bien, sino mucho mejor” que cuando gobernaba el PSOE en Canarias.

Franquis ha sostenido que las familias viven peor, con un mayor esfuerzo para pagar el alquiler, una menor tasa de emancipación juvenil y un incremento del precio de la cesta de la compra.

Clavijo ha atribuido parte de las dificultades a factores externos y ha señalado que la inflación es “uno de los grandes problemas de todo el mundo”.

Ha añadido que el Gobierno de Canarias no tiene capacidad para “parar la guerra y abrir el estrecho de Ormuz”, y ha relacionado el encarecimiento del petróleo con el impacto de la inflación en una comunidad que depende del transporte.

No obstante, ha aseverado que Canarias presenta mejores datos que la media española en algunos indicadores, entre ellos el paro juvenil, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, aunque sin mencionar los elevados datos de pobreza y exclusión social.

“Nuestro propósito era convertir Ceuta y Melilla en auténticas plataformas de conexión entre Europa y África, polos de desarrollo económico capaces de generar oportunidades, fijar población y reforzar su papel estratégico en la política mediterránea y africana de la Unión Europea”. Quien así se explica es José Segura Clavell, actual director general de Casa África y en aquel entonces, legislatura 1996-2000, diputado por Santa Cruz de Tenerife. Segura fue el autor y promotor de una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para dotar a ambas ciudades autónomas de un régimen económico y fiscal específico para paliar las graves desventajas competitivas que sufren esos territorios debido a su aislamiento geográfico, su reducida extensión y la carencia de materias primas.

La iniciativa del grupo parlamentario socialista contenía 37 artículos, cuatro disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias y respondía a una demanda que, según recuerda su promotor, llegaba previamente formulada dos años antes por las propias ciudades autónomas, a través de sus asambleas.

La proposición de ley fue rechazada por el Congreso de los Diputados por 127 votos a favor y 156 en contra, con una abstención. El rechazo mayoritario fue del Partido Popular, que entonces gobernaba bajo la presidencia de José María Aznar.

El PSOE pretendía la declaración formal de Ceuta y Melilla como territorios francos a efectos aduaneros y comerciales, es decir, un régimen económico y fiscal específico, con el establecimiento de un blindaje para la inversión estatal de modo que, bajo ningún concepto, pudiera producirse una disminución del gasto público ordinario o de inversión que el Estado destinara a ambas ciudades.

Regiones ultraperiféricas

Muy en sintonía con lo que se reclama ahora, la proposición de ley socialista incluía encomendar al Gobierno español gestionar ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento definitivo de Ceuta y Melilla como Regiones Ultraperiféricas, buscando un trato comunitario más favorable que atendiera de manera justa su lejanía y extrapeninsularidad.

En el plano impositivo y de fomento empresarial, la propuesta incluía medidas de gran calado, como una bonificación del 50% en la cuota del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las rentas e inversiones generadas en las ciudades autónomas; una reducción del 99% en el Impuesto sobre Sociedades hasta el año 2006 para las entidades de nueva creación que cumplieran ciertos requisitos de inversión y empleo y el fomento para la creación de sociedades especiales de exportación y participación financiera orientadas hacia terceros países del Mediterráneo, cuya tributación se limitaría a un testimonial 1%.

En el aspecto laboral, la proposición Segura Clavell contemplaba una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes y las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

También se contemplaba que Ceuta y Melilla quedaran excluidas de los impuestos indirectos estatales habituales. Adicionalmente, se aplicaría una bonificación del 50% en las tasas públicas, los precios públicos y en los impuestos de carácter local y cedido (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

Para rebatir las pretensiones socialistas, el PP encomendó la tarea a un peso pesado de la política ceutí, el diputado por esa circunscripción Francisco González Pérez, que lo fue en seis legislaturas y que llegó a ocupar el puesto de delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma. Al igual que José Segura, González Pérez conoció Ceuta con motivo del servicio militar, entonces obligatorio, pero el diputado conservador se quedó allí a vivir. Falleció en 2015 con 54 años.

El portavoz del PP acusó al PSOE de desconocer los avances logrados bajo el gobierno de Aznar y de “insensibilidad” por la etapa socialista previa a 1996. Detalló las medidas ya implementadas por el Ejecutivo, como la implantación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), las nuevas deducciones del 50% en el IRPF y la actualización de las reglas de origen. Criticó que el PSOE hubiera recurrido la regulación del IRPF ante el Tribunal Constitucional y tildó de “falta de consideración total” presentar un solo proyecto para dos ciudades con realidades distintas. Finalmente, anunció que el Grupo Popular presentaría una proposición no de ley para instar al Gobierno a tramitar proyectos de ley específicos y complementarios para cada ciudad.

Un informe con membrete del Ministerio del Interior bajo el título “Tertulianos” ha desatado la última polémica política y también periodística. Se trata de un listado con 280 nombres de personas que suelen participar en las tertulias de radio y televisión, en donde se resume en pocas líneas su currículum, y al final, se describen sus supuestas inclinaciones políticas. Hay políticos, ex políticos, politólogos, y otras personas expertas de todo tipo, pero sobre todo, hay periodistas.

Esta clasificación ideológica desde el Gabinete de Comunicación del Ministerio del Interior a los profesionales de la información ha preocupado a algunos en el sector. Otros le quitan hierro y atribuyen este listado a una torpeza de quien lo haya elaborado. Hoy escuchamos las sensaciones de algunas de las personas que figuran en ese informe, empezando por las periodistas Raquel Ejerique y Neus Tomás, de elDiario.es, además de Antonio Maestre, Afra Blanco, sindicalista, o la jurista Elisa de la Nuez.

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es.

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 200.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El Gobierno del Principado remitirá esta semana a Duro Felguera una oferta no vinculante de casi 10,7 millones de euros para la compra de las instalaciones del Taller de Barros, en Langreo, para facilitar la instalación de una fábrica de componentes y productos para la industria de la defensa impulsada por Indra.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha informado en rueda de prensa de que el consejo de administración de la Sociedad Regional de Promoción del Principado (SRP) ha autorizado este miércoles el inicio de las negociaciones con la ingeniería asturiana para la adquisición de los terrenos que ocupan unos 80.000 metros cuadrados de suelo industrial.

Una oferta no vinculante

Como primer paso, la SRP remitirá esta semana a Duro Felguera una oferta no vinculante de casi 10,7 millones de euros para la compra en pleno dominio del taller de Barros.

En caso de aceptación, se iniciará el proceso de compraventa, que requerirá la autorización definitiva de los órganos de gobierno de ambas entidades.

El contrato de arrendamiento

De forma simultánea, la SRP negociará con Indra un contrato de arrendamiento con una duración mínima de veinte años con una renta que se determinará entre ambas partes y que se fijará en función de los criterios de mercado.

Partido Popular (PP), Vox y Foro, pero también IU-Convocatoria por Asturies, socio de gobierno del PSOE, reclamaron el pasado 3 de septiembre al Ejecutivo asturiano más transparencia sobre la operación que ha ultimado con Duro Felguera para la compra del taller de Barros, en Langreo, especialmente en cuanto al precio y la carga que supondrá para los contribuyentes.

El PSOE ha presentado este miércoles a Blanca Martín como candidata a la Alcaldía de Plasencia para las elecciones municipales de 2027. La expresidenta de la Asamblea de Extremadura afronta este nuevo reto político, que ha definido como “lo más ilusionante” de su trayectoria, con el objetivo de impulsar “un cambio absoluto” en la ciudad.

Martín ha asegurado que le preocupa la situación de Plasencia y ha denunciado lo que considera “un abandono total” de la ciudad, donde, a su juicio, no existe actualmente un proyecto para la capital del Jerte. Entre los problemas que ha señalado se encuentran la limpieza, el estado de las calles y el asfaltado.

“Soy placentina de toda la vida y lo sabéis porque muchos me conocéis y quiero darlo todo para que Plasencia recupere lo que fue y lo que ha perdido en estos años de dejadez por parte del Partido Popular en el Gobierno municipal”, ha afirmado.

La candidata socialista ha defendido además que no quiere ser únicamente “la alcaldesa del Ayuntamiento de Plasencia”, sino “la alcaldesa de los placentinos y de las placentinas”, y ha planteado recuperar la participación ciudadana y la ilusión en la ciudad.

Martín también ha reivindicado las inversiones realizadas en Plasencia, según ha señalado, “de la mano de la Junta de Extremadura” y de la Diputación de Cáceres. En este sentido, ha afirmado que los grandes aparcamientos y las principales transformaciones de la ciudad han llegado de la mano de las administraciones gobernadas por los socialistas.

El PSOE quiere “ganar Plasencia”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha asegurado que el partido “sale a ganar Plasencia” y ha defendido la capacidad y la solvencia política de Blanca Martín para poner al servicio de la ciudad la experiencia acumulada durante su trayectoria.

Cotrina ha apostado por construir “un proyecto de abajo arriba y abierto a la sociedad civil”, con la intención de que Plasencia vuelva a ejercer como “la ciudad del norte” de Extremadura y como centro neurálgico de los servicios públicos, el comercio y la competitividad empresarial.

El dirigente socialista ha asegurado que el proyecto no pretende centrarse en “la crítica política del adversario”, sino ofrecer “un proyecto de ilusión”. Para ello, ha anunciado que el PSOE quiere recorrer “cada barrio” de la ciudad.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, ha explicado que la candidatura de Martín cuenta con el consenso de la agrupación local. Al haberse presentado una única propuesta, no será necesario reunir avales ni continuar con un proceso de primarias.

Moreno ha defendido que la expresidenta de la Asamblea reúne “la capacidad, la solvencia, la experiencia, el interés y además la ilusión” necesarias para encabezar el proyecto socialista.

El PSOE de Plasencia afronta así las elecciones municipales de 2027 con el objetivo declarado de recuperar el Gobierno de la ciudad y sustituir al Partido Popular al frente del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este miércoles por unanimidad nombrar a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad, alcaldesa perpetua y honorífica de la capital pacense. El PSOE se ha sumado así a los votos favorables del PP y Vox para sacar adelante una iniciativa impulsada por el Gobierno municipal y promovida inicialmente por la Hermandad de la Soledad.

La decisión se ha adoptado en un pleno extraordinario después de la tramitación del correspondiente expediente administrativo. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado durante la sesión que la propuesta partió el pasado agosto del hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez, y que posteriormente se inició el procedimiento municipal para formalizar el nombramiento.

Según ha señalado Gragera, los informes elaborados por los distintos servicios técnicos municipales avalaron la iniciativa y recogieron la relevancia histórica de la Virgen de la Soledad y la devoción que ha suscitado entre los habitantes de Badajoz. Entre los antecedentes históricos citados figura la confección de la imagen en Nápoles en 1660, gracias a una iniciativa promovida por el duque de San Germán. Cuatro años después, en 1664, los vecinos solicitaron la constitución de una cofradía específica, mientras que en 1675 concluyó la construcción de su primera ermita.

El vínculo entre la ciudad y la hermandad se ha reforzado posteriormente con distintos reconocimientos. El Ayuntamiento concedió a la cofradía en 1947 el uso del escudo de la ciudad y en 2013 tuvo lugar la coronación canónica de la imagen. La Policía Local también la instauró como su patrona.

El respaldo del PSOE

La propuesta ha contado finalmente con el respaldo de todos los grupos municipales, incluido el PSOE. La portavoz socialista, Silvia González, ha defendido durante el pleno que el reconocimiento tiene un significado especial debido al número de pacenses que sienten devoción por la Virgen de la Soledad.

González ha considerado además que la patrona constituye un símbolo de la pluralidad existente en el municipio.

Por su parte, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha destacado el impulso de la iniciativa y ha reivindicado que la identidad de una ciudad no se limita a sus presupuestos o a las obras, sino que también está relacionada con su historia, sus costumbres, sus símbolos y sus tradiciones.

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz también ha destacado la decisión adoptada por el pleno municipal.

El nombramiento tendrá su puesta de largo el próximo 15 de septiembre, cuando el alcalde de Badajoz entregue a la Virgen de la Soledad la vara de alcaldesa durante una eucaristía en la catedral pacense. El acto estará presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.