Ni falta de peso político del Ejecutivo autonómico que preside el socialista Adrián Barbón, ni posibles malas relaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ninguneo a Asturias desde Madrid. Las razones que llevaron al Consejo de Ministros a descartar la opción de la capital asturiana como sede para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública e instalarla en Zaragoza se debieron al hecho de que el local propuesto en el 'edificio Calatrava' no se ajustaba a las condiciones requeridas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este miércoles el acuerdo por el que se determina la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, que finalmente recayó en la capital aragonesa, y donde se reflejan, una por una, las características que ofrece cada una de las propuestas de las comunidades autónomas que optaban a la elección: Oviedo, Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Una valoración que tiene en cuenta tanto los aspectos favorables como los desfavorables.

Una superficie “insuficiente”

Así, la candidatura de Oviedo/Uvieu, que defendía la Consejería de Salud, con el respaldo del Ayuntamiento de la capital asturiana, no ha salido adelante por tres razones fundamentales: el local propuesto cuenta con “una superficie inferior a la requerida, necesita una reforma integral y carece de una sede provisional durante las obras”.

La propuesta se centraba en un local de la planta - 2 del edificio Buenavista conocido también como 'Calatrava', procedente del antiguo centro comercial MODO y situado en el mismo edificio que alberga el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. Un local que fue descartado porque no reúne las condiciones idóneas, ya que “requiere un acondicionamiento integral antes de acoger la actividad de la Agencia y no se ofrece sede provisional”, según se hace constar en el acuerdo.

La necesidad de una reforma “integral”

Aunque el Principado asumió el compromiso de dotar íntegramente el equipamiento necesario sin que generara coste alguno para la Administración General del Estado, el 'edificio Calatrava' “necesita una reforma integral”, lo que se ha valorado como un impedimento.

Tampoco el local ovetense se adecuaba a las necesidades para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, de tal manera que ofrece una superficie útil de uso exclusivo de 3.486 metros cuadrados (3.832 metros cuadrados construidos) y aunque el compromiso de cesión se refiere a una superficie de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados, en ambos casos se sitúan “por debajo de los 4.000 metros cuadrados” que se pedían.

Sin sede provisional

El plazo de disponibilidad e implantación se valora “de forma favorable con reservas”, al no contar con una sede provisional ni tampoco de inicio de actividad antes de la conclusión del acondicionamiento integral del local, que “se extiende hasta el mes 10 desde la adjudicación”.

Además, la sostenibilidad y eficiencia energética se valora “de forma insuficiente al no aportarse información sobre la certificación energética del local, ni compromisos cuantificados de reducción de consumo o instalación de energías renovables”.

La lucha contra la despoblación

Otro apartado que se ha analizado es la lucha contra la despoblación y, si bien esta cuestión se valoró de forma favorable, “ante un reto demográfico real, marcado por el envejecimiento y la pérdida de capital humano”, se puntualiza que “Asturias no se sitúa entre las comunidades con mayor riesgo de despoblación en comparación con Aragón o el interior peninsular”.

El Gobierno también ha analizado la cohesión social y territorial, que se valora de forma favorable, “sobre la base de la diversidad territorial del Principado, que combina núcleos urbanos, cuencas mineras en reconversión, zonas rurales y áreas costeras”, si bien lo sustenta en “datos cualitativos sin los indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas”.

Las tasas de desempleo

Los niveles de desempleo se valoran de forma favorable, ya que, según el Instituto Nacional de Estadísta (INE), la tasa de paro provincial del cuarto trimestre de 2025 se sitúa próxima a la media nacional, aunque el argumento de la candidatura se sustenta más “en el impacto económico estimado de la implantación que en este dato”. En este punto, desde el Gobierno se echan en falta “indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas”.

Del transporte al ecosistema sanitario

El Gobierno también valoró favorablemente otros aspectos como el transporte público, incluidas las conexiones aéreas; la oferta inmobiliaria, con “un mercado residencial de precios moderados y sin tensiones especulativas”; los servicios hoteleros y de hostelería; el entorno empresarial, educativo y universitario, así como “un ecosistema científico y sanitario alineado con las funciones de la Agencia, reforzado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y por la presencia de grados sanitarios universitarios en el propio edificio Buenavista”.

Las valoraciones desfavorables, sin embargo, han pesado más que las favorables en la decisión del Consejo de Ministros. Entre tanto, los reproches y las acusaciones cruzadas entre los políticos han subido de tono desde que se conoció que Oviedo/Uviéu había quedado descartado y están enturbiando las buenas relaciones que llevaron al Gobierno y al Ayuntamiento de la capital asturiana a presentar de la mano la candidatura ahora rechazada.

El PSOE criticó este miércoles la actitud de la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, y del Partido Popular (PP) de Canarias ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, un “pacto histórico” que permitirá al Archipiélago disponer de 1.337 millones de euros adicionales al año para reforzar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y el conjunto de los servicios públicos esenciales.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, aseguró que la ausencia de la consejera de Hacienda el día en que se alcanzó este acuerdo “no fue una casualidad, sino una decisión política que retrata la incomodidad del Partido Popular ante un éxito para Canarias que desmonta su estrategia de confrontación”.

“El día en que Canarias logra el mayor avance en financiación autonómica de las últimas décadas, la consejera de Hacienda desaparece. Después de semanas descalificando la propuesta del Estado y calificándola de discriminatoria, el Partido Popular prefiere esconderse antes que reconocer un acuerdo histórico para Canarias. Cuando tiene que elegir entre defender a Canarias o seguir la estrategia de Feijóo, siempre acaba obedeciendo a Feijóo”, denunció.

Un acuerdo que blinda el REF

El portavoz socialista recordó que fue la propia Matilde Asián quien encabezó el rechazo inicial del Gobierno autonómico a la propuesta del Estado. Sin embargo, la negociación permitió incorporar las principales reivindicaciones de Canarias, entre ellas la exclusión definitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación y una mejora de 1.337 millones de euros anuales para la comunidad autónoma.

“Mientras el Gobierno de España negociaba y atendía las reivindicaciones de Canarias, el PP se dedicaba a intentar desacreditar un acuerdo que hoy el propio Gobierno de Canarias reconoce como beneficioso. Esa contradicción tiene una explicación muy sencilla: el PP ha antepuesto una vez más los intereses de su partido a los intereses de esta tierra”, destacó.

Franquis también afirmó que la actitud del PP canario vuelve a demostrar que “carece de autonomía política” y que, “cuando los intereses de Canarias chocan con la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo, sus dirigentes siempre acaban mirando hacia Génova”.

En este sentido, recalcó que “el Partido Popular ha sido incapaz de defender con convicción un acuerdo que beneficia objetivamente a Canarias porque su dirección nacional ha decidido combatir cualquier iniciativa del Gobierno de España, aunque eso suponga perjudicar a los canarios. Esa es la verdadera explicación del silencio y de la ausencia de la consejera”.

El portavoz socialista lamentó que el PP haya pasado “de rechazar el acuerdo a esconderse cuando llega el momento de respaldarlo”.

Para Franquis, la política “exige coherencia. Si el Partido Popular consideraba que este acuerdo era tan negativo como afirmó durante semanas, debía mantener esa posición y asumir sus consecuencias. Lo que no resulta aceptable es intentar boicotear un acuerdo histórico y desaparecer cuando se demuestra que es un éxito para Canarias”.

Además, destacó que el acuerdo alcanzado constituye “un hito para el Archipiélago”, al reconocer expresamente las singularidades de Canarias en el nuevo sistema de financiación, blindar el REF fuera del modelo, garantizar 1.337 millones de euros adicionales al año y ampliar la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma para fortalecer los servicios públicos.

“Los socialistas canarios siempre hemos defendido que Canarias merece una financiación justa, adaptada a su realidad y respetuosa con sus singularidades. El acuerdo alcanzado con el Gobierno de España da respuesta a esa reivindicación histórica: blinda el REF fuera del sistema de financiación, garantiza 1.337 millones de euros adicionales cada año, y proporciona a nuestra comunidad más recursos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, explicó.

En su opinión, este acuerdo demuestra que, cuando el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias trabajan con lealtad institucional, diálogo y voluntad de acuerdo, quien gana es Canarias. “Hoy protegemos el REF, garantizamos una financiación más justa y abrimos nuevas oportunidades para fortalecer los servicios públicos. Esa es la política útil que defendemos los socialistas: la que pone por delante los intereses de Canarias”.

Franquis afirmó que “los ciudadanos sabrán distinguir entre quienes trabajaron para que Canarias dispusiera de más recursos y quienes intentaron desacreditar un acuerdo que hoy beneficia a todos los canarios”.

“La imagen de la consejera de Hacienda ausente el día en que Canarias logró uno de los acuerdos más importantes para su futuro económico y social quedará como el mejor reflejo de un Partido Popular, incapaz de celebrar una buena noticia para Canarias porque suponía reconocer el éxito de un acuerdo impulsado con el Gobierno de España”, afirmó.

El debate final de los presupuestos de Extremadura para 2026 ha arrancado este miércoles en la Asamblea autonómica certificado por el pacto de PP y Vox. Se espera que las cuentas queden aprobadas de forma definitiva por la noche y que la alianza entre la derecha y la extrema derecha tumbe las 622 enmiendas parciales que ha presentado la oposición (328 del PSOE y 294 de Unidas por Extremadura).

Las cuentas para este año —lo que queda de él, dado que en octubre se suele ordenar el cierre del ejercicio— ascienden a 8.854 millones de euros. El inicio de la jornada parlamentaria ha evidenciado la brecha entre bloques, con un intenso choque a cuenta de la fiscalidad, la gestión de los servicios públicos y la impronta ideológica que Vox ha impreso en el presupuesto.

Como ya es habitual, una de las principales críticas de la izquierda desde que gobierna María Guardiola ha venido por la política fiscal de la Junta. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han coincidido en pedir la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para asegurar que las rentas más altas contribuyan en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos.

Recorte de los sueldos a los políticos

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha apremiado a abordar los retos de la función pública y ha abogado por encarecer el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda, además de diseñar un IRPF con mayor progresividad. Como gesto político, la formación ha defendido también una enmienda para reducir en un 10% el sueldo de los cargos políticos autonómicos, reprochando al Ejecutivo de Guardiola que “no gobierna para la mayoría social”.

Asimismo, la diputada socialista María Curiel ha centrado las enmiendas de su grupo en blindar los “derechos básicos”, cubrir con celeridad las vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES) —especialmente en Atención Primaria— y agilizar las transferencias a los municipios. Curiel ha arremetido además contra la gestión de las áreas dirigidas por Vox, acusando a la Junta de desmantelar la cooperación internacional a través de la agencia regional (AEXCID) y de generar confusión en el campo con los programas de vacunación ganadera.

Frente a estas críticas, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha calificado de “contumaz” a la portavocía socialista, defendiendo que la sanidad y el empleo mejorarán con las nuevas cuentas y garantizando que los ganaderos no asumirán el coste de las vacunas.

Choque por los plazos de ejecución y la agenda migratoria

El momento de la aprobación, a las puertas de agosto, también ha generado marejada en la Asamblea. La oposición ha criticado que las cuentas salgan adelante en el tramo final del año, lo que a juicio del PSOE dejará el presupuesto con “solo un mes y medio” de ejecución real.

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha tildado este argumento de “falacia” para “confundir a los extremeños”, remarcando que las partidas presupuestarias ya se están ejecutando “con los niveles más elevados de la última década” y que la sesión plenaria sirve para incorporar formalmente los créditos y ajustes correspondientes. Manzano ha lamentado, además, que “ni una sola enmienda de la oposición pretenda construir”.

En paralelo, Vox ha sacado pecho del acuerdo alcanzado con el PP. La diputada Eva María García ha contrapuesto el presupuesto “riguroso” del Ejecutivo autonómico frente al modelo de la izquierda, a la que ha acusado de querer “resucitar la presión fiscal” y defender un “gasto rígido”.

El líder autonómico de Vox y vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha enmarcado la aprobación en un “cambio de prioridades” orientado a recortar “gasto superfluo” para volcar recursos en el apoyo al sector primario, la natalidad y las familias.

La formación de extrema derecha ha aprovechado la jornada para vincular el aval presupuestario a la batalla judicial contra el Gobierno central, tras aprobar el Consejo de Gobierno cinco nuevos recursos contencioso-administrativos contra la redistribución de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.

La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) ha provocado un cruce de reproches y críticas hacia la gestión socialista en Asturias. Desde las filas del Partido Popular (PP) y de Foro Asturias han acusado a los representantes del Gobierno asturiano por perder una nueva oportunidad de atraer recursos al Principado y han denunciado “el escaso peso político” del Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón en el Gobierno central.

Unas acusaciones que han sido rebatidas desde el Ejecutivo autonómico que ha anunciado que “pedirá explicaciones” por la decisión acordada ayer por el Consejo de Ministros, entre otros, el informe que ha inclinado la balanza hacia la capital aragonesa en detrimento de la capital asturiana.

Entre tanto, Izquierda-Unida (IU), socio de gobierno en el Principado, ha censurado que sea precisamente una comunidad autónoma como Aragón, “gobernada por la extrema derecha”, quien se convierta en la sede de la Agencia.

La decepción

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, no ocultaba ayer su perplejidad al conocer la decisión del Gobierno central, que ha tachado de “apresurada”.

Su cara de sorpresa traslucía la sensación de impotencia al no haber podido siquiera conocer de forma oficial cuál ha sido el criterio definitivo para que Zaragoza obtuviera todas las papeletas para ganar a las otras sedes.

Sin “visita fisica” al 'edificio Calatrava'

Un dato a tener en cuenta es que antes de tomar esa decisión se suponía que se iban a realizar visitas físicas a las instalaciones propuestas y, según confirman fuentes del Gobierno regional, nadie oficialmente acudió a las dependencias del Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, conocido popularmente como 'el edificio Calatrava' -por ser obra del arquitecto valenciano- para conocer las posibilidades que ofrecía la opción ovetense.

Por ello, Concepción Saavedra pedirá al Ministerio de Sanidad que haga público el informe que justifica la decisión de descartar la candidatura de Oviedo/Uviéu para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública.

Asturias es mucho más reconocida a nivel de Salud Pública porque, durante la pandemia del covid-19, supo dar una respuesta reconocida a nivel nacional. Tenía y tiene un proyecto sólido, con una gran solvencia técnica y respaldo institucional

Concepción Saavedra — Consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias

Oviedo/Uviéu tenía “un proyecto sólido”

La titular de Salud ha afirmado que “si se ha tomado esta decisión, será porque el proyecto era mejor” pero que, en cualquier caso, cree que a nivel de salud pública “Asturias es mucho más reconocida” porque, durante la pandemia del covid-19, “supo dar una respuesta reconocida a nivel nacional”.

“Asturias tenía y tiene un proyecto sólido”, con “una gran solvencia técnica” y “respaldo institucional” tanto del Principado como del Ayuntamiento de Oviedo, además de ser la comunidad con mayor inversión sanitaria por habitante en España, ha señalado.

Las críticas del alcalde

Con decepción, malestar y críticas se ha recibido entre la corporación municipal del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu el anuncio de que Zaragoza ha sido la opción elegida. El alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, presidía el pleno ayer cuando conoció la noticia y su reacción en caliente fue la esperada.

Canteli censuró al gobierno autonómico que preside el socialista Adrián Barbón por el escaso peso que, según asegura, mantiene en el Gobierno central pese a ser ambos del mismo signo político.

La elección de la capital aragonesa es fruto de la inacción del Gobierno regional. Es una vergüenza total y un día muy triste para Oviedo

Alfredo Canteli — Alcalde de Oviedo/Uviéu

Exhibiendo un folio, en el que contenía el email que confirmaba en apenas unas líneas que Zaragoza conseguía ser la sede, delante de la corporación y de la prensa, expresó su opinión sobre cuál podía haber sido la razón para que se descartara la opción de Oviedo/Uviéu.

“La elección de la capital aragonesa es fruto de la inacción del Gobierno regional. Es una vergüenza total y un día muy triste para Oviedo”, ha añadido el alcalde.

Canteli ha recordado que al frente de los Gobiernos central y autonómicos hay dos presidentes socialistas: “uno aparentemente enfrentado a Pedro Sánchez”, en referencia a Adrián Barbón, y “otro aparentemente con buenas relaciones”, en alusión al del Ejecutivo central, “y en cambio se lo lleva un Gobierno del PP”, aseveró.

“Es deslealtad institucional”

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha lamentado la “profunda deslealtad institucional” de la que, según ha indicado, ha hecho gala el alcalde de Oviedo/Uviéu por sus críticas hacia el Ejecutivo asturiano por la designación de Zaragoza como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública.

Peláez ha felicitado tanto a Zaragoza como Aragón por la elección y ha lamentado “profundamente” las declaraciones de Canteli por considerarlas “irresponsables”.

Las dos propuestas

Peláez ha subrayado que el Gobierno del Principado de Asturias “respaldó activamente la candidatura”, si bien ha apuntado que el proceso de selección es “transparente en base a unos criterios publicados”.

Peláez también ha recordado que Canteli estuvo “en la génesis de la candidatura” y ha considerado que el hecho de ofrecer primero la Fábrica de Armas de la Vega y después el edificio Calatrava “generó dudas” en Ministerio de Sanidad.

“Es una decisión injusta”

Por su parte, la vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha calificado la decisión de que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se instale finalmente en Zaragoza y no en Oviedo/Uviéu de “injusta” por no haber tenido en cuenta “el apoyo sólido que el Gobierno de Asturias da al sistema sanitario”.

Llamedo ha destacado el trabajo conjunto de la consejería y el Ayuntamiento de Oviedo en la candidatura, a la que afirma haber defendido “en todos los ámbitos posibles” y con “argumentos técnicos solventes”.

La opinión del socio de gobierno

IU-Convocatoria por Asturias, socio de gobierno en el Ejecutivo autonómico, también se ha pronunciado. La Comisión Colegiada de IU rechazó por unanimidad la decisión por la que se descarta al Principado como sede, “pese a ser la comunidad autonómica que más invierte por habitante en sanidad”, lo que evidencia “el escaso peso que el Principado ha tenido para el Gobierno central”.

A su juicio, la elección supone “un balón de oxígeno” para comunidades autónomas gobernadas por la extrema derecha y denuncia que se premie a territorios en los que se está impulsando el desmantelamiento del modelo de salud pública mediante una menor inversión y la externalización de servicios.

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha calificado el anuncio como “un grave error político” y ha sido especialmente crítico con la elección del territorio que albergará la nueva agencia: “Para Izquierda Unida es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha”, ha afirmado Zapico.

Es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha

Ovidio Zapico — Coordinador general de IU-Convocatoria por Asturias y socio de gobierno en el Ejecutivo autonómico

La advertencia: “Que tomen nota”

El coordinador general y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, también ha vinculado esta decisión con el debate sobre la defensa de los intereses de Asturias ante el Estado y las fuerzas que “defienden aquí una cosa y luego se pliegan en Madrid a decisiones que, como ésta, van en contra de la comunidad autónoma”. Y avisa: “Que tomen nota quienes defienden la identidad asturiana”.

PP: “No hay peso político suficiente”

La portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) de Asturias, Pilar Fernández Pardo, también se ha referido al escaso peso que, bajo su criterio, tiene Asturias en Madrid.

“Asturias vuelve a quedarse fuera de un proyecto estratégico porque ni Barbón ha sabido defender nuestra candidatura ni el PSOE asturiano ha tenido el peso político suficiente para hacerse escuchar en Madrid. Una vez más, los intereses de nuestra región han quedado relegados frente a las prioridades de Pedro Sánchez”, ha comentado.

Foro: “Era una oportunidad estratégica”

A las críticas también se ha sumado el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, quien ha responsabilizado directamente al Gobierno de Adrián Barbón de este nuevo revés para el Principado.

“Asturias vuelve a perder una oportunidad estratégica por la incompetencia de un Gobierno autonómico incapaz de defender los intereses de nuestra comunidad allí donde se toman las decisiones”, ha corroborado.

“Asturias vuelve a quedarse fuera”

Adrián Pumares cree que además refleja la “falta de influencia y de capacidad” del Ejecutivo de Adrián Barbón para defender los intereses de Asturias ante el de Pedro Sánchez.

“Esta Agencia supondrá empleo altamente cualificado, investigación y prestigio institucional para Zaragoza, mientras Asturias vuelve a quedarse fuera. Los asturianos merecen un Gobierno que pelee por atraer inversiones, organismos públicos y oportunidades de futuro, y no que se conforme con ver cómo pasan de largo”, ha sostenido.

Llaneza y Llamazares

Mucho más prudentes y cautos se han mostrado los portavoces municipales del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu en el Ayuntamiento de la capital asturiana.

El portavoz del PSOE en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha calificado la decisión del Gobierno central como “una noticia pésima para Oviedo” porque la ciudad era “digna acreedora de la agencia”.

Fernández Llaneza ha pedido analizar el expediente para comprobar la posición de la capital asturiana y estudiar “puntos débiles y fuertes” antes de hacer una valoración “objetiva y rigurosa”.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha considerado que se trata de “una decisión inaceptable, inexplicable e injusta” que debe tener “una contestación política” porque la capital asturiana contaba con factores desde el punto de vista de la sanidad y la salud pública que la favorecían.

No obstante, ha reconocido que no cree que la pérdida de la oportunidad de que la capital asturiana pudiera llegar a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública haya sido por “falta de iniciativa” de los gobiernos local o autonómico.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha abandonado Nueva Canarias después de casi veinte años de militancia, según ha confirmado ella misma a este periódico.

Alonso no ha querido explicar los motivos de su marcha ni si está relacionada con un posible ingreso en Municipalistas Primero Canarias, formación hacia la cual han transitado otros compañeros del grupo de gobierno insular, como Teodoro Sosa o Raúl García Brink. “Sigo comprometida con esta isla y con mi responsabilidad como consejera de Desarrollo Económico”, se limitó a comentar en respuesta a las preguntas de Canarias Ahora.

Minerva Alonso se había mantenido hasta ahora dentro del bloque mayoritario de gobierno, incluso firmó en octubre de 2025 el correspondiente escrito para promover el cambio en la portavocía del grupo político de Nueva Canarias una vez Teodoro Sosa, que hasta entonces la ocupaba, lideró la rebelión interna en la coalición electoral para ser uno de los principales promotores de Primero Canarias. Tras esa decisión, el portavoz pasó a ser Carmelo Ramírez.

Minerva Alonso es maestra de Educación Especial y especialista en Audición y Lenguaje. Ha sido concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde y hasta ahora era la responsable de la Secretaría de Educación del partido que ahora abandona.

Representantes de los partidos de la oposición han valorado el discurso de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), por el Día de las Instituciones y si bien desde el PRC y Vox han pedido “pasar del papel a los hechos” o “poner nombre a los problemas” de la comunidad para poder afrontarlos, los socialistas lo han tildado de “falta de respeto” a las instituciones.

Así lo han señalado los distintos partidos en declaraciones a los medios de comunicación en Puente San Miguel (Reocín) donde se ha celebrado el acto institucional por esta jornada, en el que Buruaga ha apelado a “la responsabilidad de todos para defender juntos los derechos de los cántabros” y evitar que “la región se vea avasallada como parte de un Estado autonómico que algunos quieren convertir en un paradigma de desigualdad e insolidaridad”.

En esta tradicional cita también han intervenido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP); el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), y el alcalde del municipio, Pablo Diestro (PRC), quienes igualmente han apelado a la unidad y algunos, como estos dos últimos, han abogado por pactos de estado en vivienda, emergencia climática, educación y sanidad públicas.

“Todo está en el papel y hay que pasar de las palabras a los hechos”, ha aseverado la candidata a la Presidencia de Cantabria por el PRC, Paula Fernández, quien ha apuntado a que todos los discursos que se han pronunciado en Puente San Miguel han tenido “muchísimas cuestiones en común, pero es momento de que sean realidad”.

Para ello ha apelado a que haya “la verdadera voluntad política que necesitamos los cántabros” para llegar a pactos de estado en estas materias. “Son cuestiones de Estado, son prioridades de Cantabria en las que siempre vamos a estar los regionalistas”, ha dicho a la prensa. Además, la dirigente del PRC ha afirmado que “es el momento de reforzar nuestro autogobierno” y ha asegurado que la comunidad necesita hacer una propuesta de financiación autonómica “real, seria y fuerte”.

En la misma línea ha hablado por Vox su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, que ha dicho que el discurso de Buruaga ha tenido, “un año más, muchas palabras bonitas, tan bonitas como huecas”. Por ello, ha pedido poner nombre a “los problemas principales que tiene Cantabria para poder afrontarlos y poder trabajar en concordia y en unidad”.

Por su parte, desde el PSOE, su vicesecretario de Acción Política, Javier Incera, ha lamentado que el discurso de la jefa del Ejecutivo cántabro gire en torno a la unidad y al trabajo conjunto cuando “no se corresponde con sus hechos diarios”.

“Es una falta de respeto a las instituciones que utilice el atril para hacer un discurso más de presidenta del Partido Popular que de presidenta de Cantabria”, ha resumido el también alcalde de Colindres, que como tal ha criticado “la falta” de palabras de Buruaga hacia las entidades menores. “El discurso de la presidenta ha sido de separación. No trabaja en la unidad y no permite que todas las instituciones que trabajamos en esta región hagamos un trabajo conjunto todos los días”, ha apostillado.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la Abogacía General de la Junta de Extremadura la interposición de recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Ceuta sobre reubicación y traslado de menores extranjeros no acompañados a la comunidad.

Según el acuerdo de este martse, se considera que la Junta de Extremadura “está plenamente legitimada” para interponer el recurso, en su condición de Administración Pública obligada por la resolución impugnada, y recurre a ello “para defender las competencias, los recursos y los intereses de la región”. Además, exige que “cualquier actuación se lleve a cabo con pleno respeto al ordenamiento jurídico y a los principios de coordinación y lealtad institucional”.

Las competencias en el Gobierno de coalición están en manos de Vox y este es uno de los asuntos que el PP y la extrema derecha incluyeron en el pacto para investir a María Guardiola. En concreto, ese acuerdo recoge que el Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

También se descarta la financiación regional para la entrada oa cogida de estos menores y Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. El pacto de PP y Vox también incoprora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”.

Las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo/Uviéu (AMSO), que dieron como vencedor en las urnas al secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, para ser designado como candidato socialista a la Alcaldía de la capital asturiana en las elecciones municipales de 2027, dejaron como secuela la dimisión de Delia Losa al frente de la Secretaría general. Ahora, una comisión gestora asumirá el mando.

La Comisión Ejecutiva Autonómica de la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha acordado este martes la composición de la comisión. Su propuesta se trasladará a la dirección federal del partido para su aprobación, en aplicación de la normativa interna.

En su sesión de hoy ha aprobado que la comisión sea presidida por el actual consejero de Justicia y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez.

Junto a él, estarán como vocales Mario Peláez Martínez, Teresa Fernández García, Iñaki Sánchez Santianes y Andrea Solís Rodríguez quienes hasta ahora estaban al frente de las Secretarías de Organización; Comercio y Autónomos; Educación, y Juventudes Socialistas de Oviedo/Uviéu, respectivamente.

De la “reflexión” a la dimisión

Delia Losa ha optado por “apartarse a un lado” tras conocer los resultados de la segunda vuelta de las primarias, que tuvo lugar el pasado domingo, donde las urnas proclamaron vencedor a Sergio Llera. Ella había apostado por el otro candidato, el actual director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño.

La decisión de la exdelegada del Gobierno de abandonar además de la Secretaría General todos sus cargos orgánicos en el partido responde, según su propia declaración, a una “profunda reflexión” tras la finalización del proceso de primarias y al convencimiento de que “el candidato elegido necesita a su lado un equipo fuerte, cohesionado e ilusionado que le acompañe en su camino hacia la Alcaldía de Oviedo, y creo que yo no soy la persona más adecuada para capitanear el trabajo que queda por delante”, alegó en su despedida.

“Cuando Marchena y la Sala II del Tribunal Supremo decretaron el archivo de los decretos dictados por Fernando Clavijo, me llegó la orden de Santos Cerdán de que no presentara recurso (...) y como no la obedecí, sufrí como castigo que me apartaran del escaño de senador en representación de Canarias”. Así se ha expresado el exsenador socialista tinerfeño Santiago Pérez en una larga conversación con este periódico para hacer balance de uno de los escándalos protagonizados por el actual presidente del Gobierno canario, el caso Reparos, del que acaba de retirarse como denunciante y acusación particular en disconformidad con la última resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido mantener a una sola persona como imputada, el último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz.

Es ahora cuando Santiago Pérez (La Laguna, 1954) ha decidido contar públicamente lo ocurrido en torno a los episodios que se sucedieron después de que Clavijo decidiera aforarse como senador por la Comunidad Autónoma para que los litigios impulsados por el político socialista pudieran sustanciarse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comandada entonces por el canario Manuel Marchena.

El veterano político socialista, ya retirado de la primera línea de fuego, vio cómo el caso Reparos se tropezaba con el criterio del poderoso magistrado y sus compañeros de sala con argumentos que él descalifica hasta el punto de opinar que existen dos varas de medir en el alto tribunal español: “Es como si la Sala II del Supremo aplicara un criterio para los políticos de izquierdas, con el que puede condenarse por prevaricación a siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de San Juan de La Rambla por reconocerle y pagarle 4.220 euros al medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento; y otro criterio distinto para los del PP y sus aliados ultraperiféricos, que permite convertir en meras irregularidades y decretar el archivo de 127 decretos investigados por prevaricación, todos y cada uno de los cuales la Intervención General del Ayuntamiento calificó como nulos de pleno derecho, y mediante los que se comprometieron y pagaron ilegalmente 60,352 millones de euros entre enero de 2011 y mayo de 2019”.

Las tomaduras de pelo de Marchena

No recurrió aquel archivo ante el Supremo porque dice no aceptar “tomaduras de pelo, ni de Marchena ni de nadie cuando estoy defendiendo la legalidad y la buena administración del dinero de los contribuyentes”. Y explica así su decisión de mantener viva la causa en los juzgados canarios, concretamente en el 4 de La Laguna, y ante la Audiencia Provincial: “Si Cerdán llegó a creerse lo que le dijo Clavijo, eso de que los socialistas canarios somos simples medianeros de los jefes de Madrid, estaba equivocado. Al menos conmigo y con muchas y muchos compañeros socialistas del archipiélago. Cuando recibí esa orden, comuniqué a la dirección del Grupo Socialista del Senado que si se declaraba también el archivo de la parte principal de la investigación que se instruía en un juzgado de La Laguna, sí presentaría recurso. Y eso es lo que he hecho hasta en tres ocasiones desde la primavera de 2023”.

Por eso cayó en desgracia en su partido de toda la vida, que no permitió que repitiera como senador sin recibir explicación alguna hasta la fecha. Fue el pago por no haber aceptado nunca “órdenes de nadie en lo que respecta a lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna. Y, en este [caso Reparos] y en otros casos, como el de Las Teresitas, [del que también fue denunciante] siempre he tratado de liberar al PSOE de ese tipo de presiones de ATI-Coalición Canaria. Nunca he tenido otra obligación que la de cumplir mis compromisos electorales con los ciudadanos laguneros, tinerfeños y canarios”.

Pérez está convencido de que tras las instrucciones de Santos Cerdán subyacían las negociaciones con Coalición Canaria para conseguir su voto favorable al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “No es la primera vez que, además de lo que llaman la Agenda Canaria, exigen bajo cuerda total impunidad para algún caso de corrupción. Lo hicieron con el caso Floreal. Y, después de lograr el archivo, traicionaron a Jerónimo Saavedra con una moción de censura. Y también lo han hecho en otros casos”.

La obligación de un cargo público

Tres años después de que Marchena diera carpetazo al asunto en el Supremo desoyendo el criterio de la Fiscalía, que enfatizó que cada uno de los decretos de Clavijo y de los demás investigados se dictaron “contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público”, es decir, el leitmotiv del caso Reparos, Santiago Pérez decide parar y abandonar la acusación. “He tomado la decisión de dejar de ejercer la acusación popular”, argumenta, “porque el juzgado de instrucción, y ahora también la Audiencia Provincial, van extendiendo a los demás investigados la amnistía que Marchena concedió a Clavijo. Y porque no tengo la obligación de seguir reemplazando a una Fiscalía que, cumpliendo órdenes de Luzón [el fiscal jefe Anticorrupción], ha abandonado en este caso su principal función constitucional: promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad”.

Cree que los cargos públicos están obligados a actuar como él ha hecho a lo largo de toda su vida política, y como buen jurista que es, aunque jubilado, recurre a la Ley: “El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a funcionarios y autoridades el deber legal de denunciar los hechos de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que hice, después de más de un año y medio advirtiendo en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna de que había que erradicar aquella práctica ilegal, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado. Luego me personé como acusación particular y, más adelante, pedí a la Fiscalía Anticorrupción que tomara cartas en el asunto, ante la parálisis total de la investigación por parte del Juzgado de La Laguna y de la Fiscalía ordinaria”.

El debate final de los presupuestos de Extremadura para 2026 se celebrará este miércoles con el rechazo de la oposición a unas cuentas que el PP defiende por su rebaja fiscal y Vox por su recorte en “gasto ideológico”, mientras el PSOE y Unidas por Extremadura los califican de “mentira” y “pantomima”.

Será un debate de una sola jornada, en lugar de dos, como es habitual, en la que se votarán las 328 enmiendas parciales de los socialistas y 294 de Unidas que han quedado vivas para el pleno tras la incorporación de las 36 formuladas por PP y Vox durante su tramitación en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces -la última de este periodo de sesiones-, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado que Extremadura será este miércoles, tras la aprobación de las cuentas, “la comunidad autónoma donde se paguen menos impuestos” y se sigan fortaleciendo los servicios públicos. Ha señalado que su grupo estudiará todas las enmiendas de la oposición, pero ha aclarado que, para ser apoyadas, “tienen que estar dentro del modelo” defendido por la presidenta de la Junta, María Guardiola, de modo que “todo lo que busque la confrontación no será aprobado”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha tildado las cuentas de “mentira” porque es “un despropósito aprobarlas a primeros de agosto para dar la orden de cierre en octubre”. “Vox propone y el PP traga y calla” en un presupuesto contra determinados colectivos y que elimina la acción de la Agencia Extremadura de Cooperación Internacional al Desarrollo, ha aseverado la diputada, quien no ha confiando en que el PP y Vox vayan a respaldar alguna de sus enmiendas pese a ser “técnicamente impecables”.

La portavoz parlamentaria de Vox, Inés Checa, ha destacado que con este presupuesto se cambian las prioridades “para que los recursos públicos dejen de destinarse a gastos políticos, ideológicos y totalmente improductivos y se concentren en las necesidades de los extremeños”. Ha subrayado que son unas cuentas que refuerzan las políticas sociales y destinan el dinero público a “atender primero las necesidades de los extremeños”.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tras criticar que el debate se haya reducido a una sola jornada, no ha confiado en que ninguna de sus enmiendas vaya a ser aprobada pese a ser “propuestas que está defendiendo la propia ciudadanía”.“Este presupuesto es el presupuestos de las lentejas, si las quieres bien, si no las dejas”, ha aseverado la diputada, que ha recriminado al Ejecutivo no tener “ninguna voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo” con la oposición.

Ha dudado también del nivel de ejecución de un presupuesto que “es una pantomima, un ejercicio de propaganda” que profundiza “en el relato de la prioridad nacional que quieren imponer porque Extremadura se ha convertido en el laboratorio de las políticas más racistas de todo el país”.

Debate de la región

Durante la reunión de la Junta de Portavoces se ha abordado también el informe jurídico de los servicios de la Cámara que avalan la no celebración este año del debate sobre el estado de la región, encargado por el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro.

El PP ha subrayado que el informe “contradice todo lo que dijo la oposición”, el PSOE ha expresado su respeto a los estudios de los letrados y Unidas ha considerado que se trata de un informe hecho a demanda del PP porque “no quiere dar la cara en la Asamblea”.

La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife tacha de “escándalo” la búsqueda de “excusas” por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz para proteger el monumento al dictador Francisco Franco.

La organización expresó así este viernes su rechazo por la nueva maniobra del alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, que califica de “lamentable que en pleno siglo XXI, a casi veinte años de la Ley de Memoria Histórica, y a nueve días de haber conmemorado el 90 aniversario del Golpe militar de 1936, se opte por atacar la memoria de los familiares de las víctimas que sufrieron la persecución y la muerte, usando todos los recursos para ello”, manifiesta en un comunicado su presidenta, Mercedes Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, encarcelado tras el golpe de Estado de 1936 y desparecido después.

En esta ocasión, la corporación local ha anunciado que dedicará recursos públicos y el dinero de los contribuyentes a encagar un nuevo estudio para incluir la escultura en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, “por sus posibles valores artísticos”, ya descartados en diversas ocasiones por expertos de las universidades canarias.

A la entidad de memoria le preocupa que el gobierno local de CC-PP haga seguidismo absoluto de las hipótesis y las estrategias de Vox. “En materia de memoria parece que, la voz cantante de la representación de los tinerfeños y tinerfeñas, quiere buscar tiempo para dilatar una retirada de una escultura de homenaje al dictador Francisco Franco”, asegura.

La Asociación, que ya presentó alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife, ha recibido “por sorpresa” la decisión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz de incluir el monumento, que no aparecía en el documento presentado a exposición pública.

La presidenta de la Asociación recuerda que han solicitado que se proceda a finalizar el Catálogo canario de incumplimiento de elementos franquistas, que ya se registró inicialmente en 2021 y que ahora recoge los elementos de toda Canarias. “Por desgracia llevamos esperando por una cita solicitada a la consejería y por que nos den respuesta, como entidad presente en la comisión canaria, sin que se haya dado la menor respuesta”, asegura.

La entidad cree que resulta muy grave que las autoridades canarias asuman y mantengan postulados que en otros lugares son propios de la extrema derecha, por lo que piden que se aborde la realidad de la memoria desde el respeto a las leyes que existen, como la propia ley canaria de 2018.

En este sentido, explica Mercedes Schwartz, que las familias de la víctima de la dictadura van a solicitar al Ministerio de Memoria una línea de acción que permita colaborar jurídicamente con las víctimas en el cumplimiento de la normativa de memoria, como vulneración de valores fundamentales. “Resulta escandaloso que quienes hemos perdido familiares, quienes hemos sufrido la persecución y el saqueo de bienes por la dictadura, no tengamos recursos para poder afrontar procesos judiciales que son más que necesarios, para evitar que decaigan en el caso de que la extrema derecha cumpla su promesa de defender la memoria de la dictadura, eliminando las leyes ya aprobadas democráticamente”, apostilla.

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el decreto que modifica la regulación de la autorización del teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.

La nueva norma actualiza el Decreto 74/2023, de 11 de mayo, y adopta nuevas medidas que facilitan la adecuada implantación del teletrabajo, garantizando la mejora de su eficacia y el avance en la cultura de la dirección por objetivos.

Para la modificación, el Gobierno se basa en la experiencia adquirida en los dos últimos años de aplicación de esta norma, así como las disfuncionalidades advertidas por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos en sus informes anuales de evaluación del despliegue de esta modalidad de prestación de los servicios.

También, se adapta a la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge una nota del Ejecutivo.

Las dos principales afectaciones que realiza la Ley 2/2025 se refieren a la obligación de que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) contengan un apartado relativo a si el puesto de trabajo es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto, así como al sentido del silencio administrativo en los procedimientos de autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

La persona responsable de la unidad elaborará el plan personal de trabajo de las personas cuyas solicitudes vayan a ser informadas favorablemente.

En este sentido se regula que, en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, la persona titular del centro directivo al que se encuentre adscrita la persona solicitante resolverá expresamente, autorizando o denegando, de manera motivada y que a falta de resolución expresa, el sentido del silencio será negativo.

Igualmente se exige tener los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación vinculados con el uso diario de las plataformas y aplicaciones corporativas para el desempeño de su actividad profesional.

También, apunta el Gobierno, disponer de un lugar desde donde teletrabajar, con conexión a internet, adaptado a las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y tener autorizada e instalada la correspondiente licencia de alguna de las aplicaciones de telefonía y conectividad corporativas, o, en su caso, aprobada por el órgano competente, o disponer de teléfono móvil corporativo publicado en la intranet del Gobierno de Canarias

Por otro lado, se contempla haber prestado, de manera ininterrumpida, servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por un periodo mínimo de un año, y haber ocupado el puesto de trabajo u otro con funciones equivalentes, desempeñadas con las mismas herramientas y funcionalidades, en el mismo centro directivo, por el periodo mínimo de tres meses, de manera consecutiva, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

El presidente de la Fundación Triángulo, el extremeño José María Núñez, recibirá la Medalla de Extremadura por “toda una vida de compromiso social” en la defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBI.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lo ha anunciado en redes sociales, donde ha resaltado que Nuñez ha sido durante décadas la voz de muchos extremeños “silenciados, de tantas personas apartadas o señaladas por amar y por querer ser libres en su tierra”. “Su nombre está unido para siempre a la Fundación Triángulo”, según Guardiola, que ha destacado que desde ella, “con empeño y con muchísima dignidad”, ha demostrado que “una sociedad solamente se transforma perseverando”.

La presidenta extremeña ha asegurado que Núñez ha ayudado “a hacer una Extremadura mejor desde la escucha, desde el diálogo y reivindicando siempre la libertad y el respeto a los derechos humanos”.

Guardiola, que gobierna en coalición con Vox, ha subrayado que gracias a la entrega de personas como Núñez, Extremadura una “pionera” en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI “y es hoy una comunidad más diversa y más justa”.

La ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura fue aprobada en 2015, durante la presidencia de José Antonio Monago (PP). A su juicio, ese avance no solo se mide en leyes, sino en historias de vida “de personas que hoy pueden ser quien son sin miedo”.

El Gobierno de España ha aprobado la concesión de ayudas por valor 108,26 millones a través del programa de Incentivos Regionales a 13 proyectos empresariales que prevén invertir en Canarias 280,8 millones, generarán 847 empleos y ayudarán a mantener 2.078 trabajos más. Se trata en su mayoría de proyectos turísticos, otro de una tabaquera y otro más, el que menos recibe, para fabricar biofertilizantes. Todos se concentran en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, destaca que estos incentivos servirán para financiar “proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE”.

En el caso de los proyectos aprobados en Canarias, la mayor ayuda se la lleva el grupo turístico Lopesan, que recibirá 49,25 millones de euros para una inversión de 126 millones de euros en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que creará 552 empleos

A continuación aparece en la lista la tabaquera JT International Canarias, que invertirá 37,50 millones para crear 20 empleos en Santa Cruz de Tenerife. En su caso, ingresará de los incentivos regionales 13,50 millones.

Le siguen dos inversiones turísticas en el sur de Tenerife: una de 29,50 millones de HG Cristian Park en Arona y otra de 30,51 millones Hoteles Piñero Canarias en Adeje, en ambos casos con 50 puestos de trabajo creados. La primera recibirá un apoyo estatal de 12,72 millones de euros y la segunda una ayuda de 11,28 millones.

Asimismo, la empresa ATH Bioenergy, que desarrolla fertilizantes de alta calidad a partir de residuos orgánico, recibirá 6,43 millones de euros para un a inversión de 17,38 millones en Granadilla de Abona (Tenerife) que generará cinco empleos.

El resto de proyectos apoyados con este lote de incentivos regionales son inversiones radicadas en Tenerife y Gran Canaria.

Delia Losa no ha dejado pasar ni 24 horas desde que se anunció la victoria de Sergio Llera como candidato oficial socialista a la Alcaldía de la capital asturiana en las elecciones municipales de 2027 -tras vencer en las dos vueltas de las primarias- para anunciar su dimisión al frente de la Secretaría General de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo/Uviéu (AMSO).

Losa revalidó el cargo en febrero de 2025 y tenía por delante cuatro años de mandato tras obtener 146 votos que representaban el 63,48 % de los sufragios frente a la candidatura que encabezaba Aquilino Díaz, quien había ocupado en su equipo la vicesecretaría general de Administración y Acción Sectorial.

La militancia no fue muy activa, ya que de los 617 socialistas con derecho a voto únicamente 230 emitieron su sufragio. Aquilino Díaz logró ilusionar a 72 militantes (31,30 %). Otros 12 votos fueron en blanco.

Dimite de todos los cargos orgánicos

Delia Losa no había llegado ni al ecuador de este segundo mandato cuando, de forma sorpresiva, esta misma mañana presentaba su dimisión que se hacía oficial a través de un comunicado.

Junto a su renuncia como secretaria general de la AMSO-PSOE, anuncia que también abandona todos los cargos orgánicos que desempeña en el Partido Socialista.

El momento de dar “un paso al lado”

“Estoy convencida de que ha llegado el momento de dar un paso al lado”, afirma en este escrito.

Delia Losa ha trasladado su respaldo al candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo/Uviéu, al que ha dedicado unas palabras. Manifiesta que Sergio Llera tendrá su “absoluta lealtad” y le desea “todo el ánimo, la ilusión y la fuerza para conseguir que nuestro partido recupere la Alcaldía de Oviedo”, subraya.

Una “profunda reflexión”

La decisión de la exdelegada del Gobierno de abandonar todos sus cargos en el PSOE responde, según su propia declaración, a una profunda reflexión tras la finalización del proceso de primarias y al convencimiento de que “el candidato elegido necesita a su lado un equipo fuerte, cohesionado e ilusionado que le acompañe en su camino hacia la Alcaldía de Oviedo, y creo que yo no soy la persona más adecuada para capitanear el trabajo que queda por delante”, sostiene.

Delia Losa ha querido expresar su agradecimiento a todas las personas que la han acompañado durante esta etapa y ha tenido un reconocimiento especial para el secretario de Organización de la AMSO-PSOE, Mario Peláez, “por su incansable, imprescindible y riguroso trabajo”.

Losa ha incidido además en que su compromiso con el PSOE permanece intacto: “Ha sido un honor desempeñar las responsabilidades que el partido me ha confiado y aseguro que mis ideales y mis convicciones siempre seguirán intactas”, recalca.

La Junta de Extremadura ha inaugurado este lunes la primera fase de la Ronda Sureste de Cáceres, una infraestructura en la que ha invertido 18,6 millones de euros y que mejorará la conexión entre los barrios de Nuevo Cáceres y Casa Plata, el recinto ferial y los accesos del sur de la ciudad.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha presidido el acto de puesta en servicio junto al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. Según ha destacado la Junta, la nueva ronda ofrecerá una alternativa “más rápida, segura y eficiente” para los desplazamientos diarios y contribuirá a mejorar la movilidad de la capital cacereña.

Durante el acto, Ramírez ha asegurado que la infraestructura supone “mucho más que una carretera”, ya que contribuye a construir “una ciudad más conectada, accesible y competitiva”, y ha defendido que las infraestructuras “generan oportunidades, impulsan la actividad económica y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”.

El consejero también ha destacado la construcción de una pasarela metálica de 165 metros que garantiza la continuidad del trazado histórico utilizado por peregrinos, peatones y ciclistas.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los técnicos, empresas y profesionales que han participado en la ejecución de la obra y ha tenido un recuerdo para Manuel Cancho, recientemente fallecido, por su contribución al desarrollo de infraestructuras en la región.

Ramírez ha señalado que la actuación tendrá continuidad con una segunda fase que completará la conexión con la carretera N-523 y ha afirmado que la puesta en servicio de la ronda refleja el compromiso del Ejecutivo regional con “las infraestructuras útiles, el desarrollo de Extremadura y la mejora de los servicios públicos”.

Por su parte, el alcalde de Cáceres ha manifestado que supone “un orgullo ver cómo un proyecto se convierte en una realidad que mejora la vida de los cacereños” y ha asegurado que la nueva infraestructura representa “un avance decisivo en la movilidad de la ciudad”, al conectar barrios “de forma más ágil y sostenible” y ofrecer nuevos espacios para peatones y ciclistas.

“Se ha decidido que Bilbao necesita un nuevo liderazgo”, dijo el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto Rike (Bilbao, 1961) a principios del pasado junio a la hora de informar en una comparecencia junto con el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que no se presentará a las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 tras haber ocupado el cargo durante tres legislaturas. Desde entonces, no ha ocultado que la decisión de apartarse no era suya, sino del partido. Algo que volvió a confirmar este domingo en una entrevista concedida al programa 'A un Metro' de EITB. “No había pensado en dejarlo, pero tampoco había pensado en que tenía que seguir. Es verdad que la decisión es de ellos, pero el proceso de reflexión ha sido compartido. Me siento raro porque de repente frenar en seco es difícil”, confesó Aburto.

Tras esas palabras, el periodista Juan Carlos Etxeberria le preguntó directamente si no cuestionó el porqué. “Nunca he preguntado por qué. Recuerdo que el día que me propusieron me dije a mí mismo que el día que me tuviera que marchar nunca iba a preguntar por qué, porque el día que me propusieron tampoco pregunté. Yo creo que la humildad requiere que en el momento en el que nos digan 'hasta aquí hemos llegado' también tengamos esa actitud de decir 'ha sido un placer y eskerrik asko'”, argumentó.

“Después de 12 años y terminando con 66 años hay que ver con normalidad que se produzca ese cambio. Para mí ha sido todo un honor ser alcalde de Bilbao y es un honor ser alcalde, porque queda un año y no quiero olvidarme de eso”, aseveró. Aburto también habló de las razones de salud que le hicieron ausentarse del cargo en varios períodos largos por bajas médicas. “Mi salud es verdad que me ha jugado malas pasadas por dos cuestiones fundamentales: una por un tumor duodenal con tres operaciones que me ha limitado mucho y me ha hecho estar pendiente de mis revisiones y demás, hoy lo digo con la satisfacción de que la cosa va bien, y la segunda es la cadera con tres operaciones, que me ha limitado más físicamente. Una de las oncólogas, cuando estaba en tratamiento me decía 'Juan Mari tú tienes que trabajar hasta el medio día y luego ya a la tarde descansar' y yo le decía que lo de ser alcalde a medias todavía no se ha inventado”, bromeó.

El alcalde de Bilbao confesó en la entrevista que aún le cuesta pensar en el momento de dejar el cargo dentro de un año. “Me cuesta porque pienso que no es fácil tener una vida tan intensa como la que tengo yo, con todas las horas ocupadas desde primera hora hasta el final del día, a tener tiempo libre. De momento no quiero pensar en eso, pero debo pensar en eso. [Pensaré] en Navidad, cuando falte menos tiempo para las elecciones y para el cambio. No tengo claro en este momento si voy a involucrarme, que lo haré, en temas sociales en el ámbito más del voluntariado”, recalcó.

Preguntado por cómo le gustaría ser recordado dentro de 20 años, Aburto dejó claro que le gustaría que le recordasen como a “una buena persona”. “¿Y por qué una buena persona? Porque creo que si uno es una buena persona puede ser otras cosas: puede ser buen médico, buen alcalde, buen fontanero... Si uno no es una buena persona no puede ser nada de eso. Yo no sé fingir y no quiero saber fingir, lo que intento fundamentalmente es ser de verdad”, concluyó.

Dos días después de anunciar su marcha, el PNV presentó al asesor de Pradales y dirigente del PNV vizcaíno Mikel Hidalgo (Bilbao, 1993) como su sucesor. Graduado en ADE por la Universidad de Deusto, es dirigente del Bizkai Buru Batzar y asesor del lehendakari, Imanol Pradales, donde ocupa el puesto de coordinación de la Agenda 2030. Antes, lo fue también con Iñigo Urkullu, que le nombró en 2022. Recientemente, ha coordinado una iniciativa llamada Bilbao 2040. Con esta elección el PNV se ha propuesto “dar paso a una nueva generación” e imita en Bilbao el perfil del ya alcalde donostiarra, Jon Insausti, también treintañero y falta por saber qué decisión tomará en Vitoria, donde en 2023 Beatriz Artolazabal quedó en cuarta posición tras la salida de Gorka Urtaran.

Los nacionalistas tienen en Bilbao su gran feudo municipal. Es la única capital provincial en España que ha tenido siempre el mismo color político desde la recuperación de la democracia. A pesar de que en las elecciones municipales de 2023 el PNV vio desgaste en las urnas, mantiene un Gobierno con mayoría absoluta de la mano del PSE-EE. Resultados que el partido busca remontar con la llegada de Hidalgo, a quien el propio Aburto describió como una persona “extraordinariamente joven, muy bien formada y que conoce la administración por dentro”.

Sergio Llera, de 26 años, será el candidato socialista a la Alcaldía de la capital asturiana en las elecciones municipales que se celebrarán en 2027 tras vencer al actual director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, en las urnas.

Su nombre se impuso en las dos vueltas de las primarias que han tenido lugar en la sede de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo/Uviéu (AMSO).

En la primera vuelta quedó descartada la candidatura que lideraba la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud del Principado, Almudena Cueto.

La primera vuelta

De los 643 militantes que componen el censo, en esta primera vuelta votaron 305 personas. Sergio Llera se alzaba con el triunfo al obtener el respaldo de 119 votos; Enrique Rodríguez Nuño consiguió 97 y Almudena Cueto 84 votos.

Ninguno de los tres logró reunir el 50 % de los sufragios para ser designado directamente como candidato oficial, por lo que la maquinaria de las primarias se puso en marcha de nuevo para celebrar una segunda vuelta.

La segunda vuelta

La militancia volvía ayer de nuevo a la sede de la AMSO para decantarse entre las candidaturas que encabezaban Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño y de nuevo el candidato más joven de la historia del PSOE ovetense se imponía en las votaciones.

De los 284 sufragios emitidos, Sergio Llera obtenía 148 frente a los 124 votos que respaldaban la opción de Enrique Rodríguez Nuño. Se registraron 12 votos en blanco. La participación fue del 44,17 % según los datos facilitados a eldiario.es Asturias por la AMSO.

El candidato más joven

Los socialistas ovetenses han apostado así por el candidato más joven de la historia del PSOE en la capital asturiana. Savia nueva para tratar de arrebatar el mando municipal a la derecha que encarna el actual alcalde y candidato por el Partido Popular (PP) Alfredo Canteli, de 79 años, que ya lleva siete en el cargo.

Pese a su juventud, Sergio Llera tiene muy claro el modelo de ciudad que quiere y las prioridades de la ciudadanía.

Entre sus principales objetivos figuran la búsqueda de puntos de encuentro para alcanzar un gran acuerdo que facilite el acceso a una vivienda asequible; transformar la movilidad para conectar mejor Oviedo/Uviéu y recuperar tiempo para las personas, con un transporte público más útil, una ciudad mejor comunicada y unos barrios más accesibles; situar los barrios en el centro de la acción municipal y la cuarta línea de trabajo será recuperar la ambición de una ciudad que lidere el desarrollo de Asturias.

Allá por julio de 2004 cumplí 18 años y una de las primeras decisiones que tomé fue afiliarme al PSOE. Fue una decisión que tomé con convicción, aunque el proceso era relativamente lento. Tras presentar la solicitud de militancia, me citaron a una asamblea de la agrupación, en la que debía comparecer con el aval de, al menos, dos militantes. Solo después de comprobar y acreditar que ese deseo era coherente con la ideología y los valores socialistas, te incorporabas a la agrupación con plenos derechos y plenas facultades: con voz y voto en las asambleas y con la posibilidad de aportar todo lo que consideraras oportuno al debate interno.

Allí había compañeros y compañeras de todas las edades. Unos, con más de 80 años habían sobrevivido a la clandestinidad; otros, de mediana edad, se habían incorporado al PSOE tras la Transición; y otros, como era mi caso, lo habíamos hecho con el cambio de milenio. No pretendo aburrirles con esta pequeña introducción, sino ilustrar de la mejor forma posible cómo ser militante del PSOE no se consideraba entonces un mero trámite administrativo —y mucho menos telemático—, sino algo verdaderamente serio.

Con 18 años y ese ímpetu propio de la edad, me lancé en la primera asamblea a la que asistí a preguntar por qué era tan rígido y complicado hacerse militante del partido. Añadí que pensaba que aquel procedimiento, tan antiguo, iba en contra de los tiempos e, incluso, que alejaba a la juventud de la participación política. De repente, uno de los militantes más veteranos de mi agrupación levantó la mano y, con una voz rotunda y recia, afirmó: “Esto es cultura de partido, y es mucho mejor que estemos pocos con las ideas claras que muchos con las ideas difusas y con poco compromiso”.

Tardé algún tiempo en entender aquello que el compañero afirmó, pero hoy lo comprendo perfectamente. Eso de la «cultura de partido» es difícil de definir y explicar, pero todos los que militamos en el PSOE desde hace ya unos cuantos años sabemos perfectamente lo que implica y lo que significa.

No pretendo con estas líneas establecer categorías de militancia ni parecer el abuelo Cebolleta, sino ilustrar lo mejor posible la idea de que ser del PSOE no es lo mismo que estar en el PSOE. Ser del PSOE y adquirir un compromiso desde esa cultura de partido significa asumir, desde el principio, que cualquier militante debe ser siempre ejemplar, ostente o no un cargo institucional o público. Y, si lo ostenta, con aún mayor exigencia.

Esa cultura de partido obliga también a defender siempre las instituciones democráticas que conforman el Estado. Todas las instituciones. También implica tener claro que los intereses generales de la organización están siempre por delante de los intereses particulares y que ambos se sitúan por debajo del interés general del país. Es lo que Ramón Rubial nos dejó marcado a fuego: “Primero España, luego el PSOE y, solo al final, nosotros”.

La cultura de partido nos obliga también a no hacer nunca daño a las siglas, a saber llegar a los puestos de responsabilidad y también a saber marcharnos cuando llegue el momento. A ser, en definitiva, solidarios y responsables con un proyecto compartido. Los militantes, todos los militantes, independientemente de la responsabilidad orgánica o institucional que tengamos en cada momento, estamos para servir al PSOE y no para servirnos del PSOE.

La cultura de partido es algo maravilloso. Es un patrimonio que las generaciones anteriores nos legaron; una ley consuetudinaria, no escrita, a la que, como militantes socialistas, hemos de recurrir siempre que tengamos dudas sobre qué decisiones tomar, cómo proceder cuando vienen mal dadas o, precisamente, cómo no proceder cuando intuimos que nuestra actuación puede generar un problema al conjunto de la organización.

La cultura de partido es ese poso, ese marco de responsabilidad que nos obliga y nos condiciona a todos, sin excepción. No perdamos nunca ese patrimonio de incalculable valor que tanto ha contribuido a que este partido haya sobrevivido a tantas zozobras a lo largo de su historia.

Un año después de que Zapatero llegara a La Moncloa se aprobó la Ley Antitabaco, a pesar del rechazo del PP, que protestó airadamente por tierra, mar y aire, más que nada por llevar la contraria al gobierno progresista, como es habitual. Los populares amenazaron con derogarla cuando llegaran al poder pero unos años después llegó M. Rajoy con la promesa de bajar todos los impuestos que luego subió y no cambió ni una coma de la demonizada ley que prohibía fumar en bares, hospitales y centros de salud. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende acotar aún más las zonas de fumadores, incluyendo las playas, las piscinas y las terrazas de los bares. Además, estará terminantemente prohibido fumar y vapear a los menores de edad.

Se trata de aplicar el más mínimo sentido común sanitario, pero el PP ha vuelto a protestar y ha prometido derogar o modificar esa ley cuando llegue al gobierno. Sin embargo cuando lleguen al poder se volverán a callar de nuevo y no moverán ni una línea de ella. Más que nada por joder la pavana al Gobierno.

La derechona española es así: cada vez que un gobierno progresista aprueba leyes sociales que benefician a la inmensa mayoría de la población, la oposición patalea en el Congreso, protesta en la calle y amenaza con derogarlas cuando les toque gobernar pero luego se achanta, no hace nada y mira para otro lado de manera hipócrita, que es su forma de entender la política.

Eso ha ocurrido con la ley del aborto, la del matrimonio igualitario o la de la eutanasia. Primero protestan airadamente, se rasgan las vestiduras y claman al cielo pero cuando les toca gobernar miran para otro lado como si el pasado no hubiese existido jamás. Demagogos y fariseos.

Ahora el PP ha vuelto a poner reparos al proyecto de la nueva ley antitabaco a pesar de que la mayoría de sus militantes y votantes están a favor de ella, especialmente los no fumadores pero no solo. Se trata simplemente de llevar la contraria al Gobierno porque entienden que de esta forma lo debilitan y menoscaban y de paso creen que capitalizan votos a su favor, aunque en este caso sea mentira.

Volverán a dar el coñazo y cuando lleguen al gobierno no modificarán ni un ápice de esta ley, como ya pasó con la anterior, porque entienden que se pondría en contra la mayoría de los españoles. O lo que es lo mismo: mucho chau-chau y poco jace-jace.

En Canarias pasa algo parecido. Este mismo mes, sin ir más lejos, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso mascarillas, que responsabilizaba políticamente al anterior gobierno de progreso de la compraventa fraudulenta de barbijos.

El resultado estaba cantado desde el mismo día en el que se creó la comisión de investigación: Coalición Canaria, PP y Vox votaron a favor de culpar a Ángel Víctor Torres del lío de las mascarillas en plena pandemia. La Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, que ahora apoya al gobierno actual pero antes respaldó al anterior, se desmarcó de sus socios de investidura y votó en contra del dictamen de la Comisión junto al PSOE y Nueva Canarias. Lógico, como no podía ser de otra manera porque nadie se tira piedras a su tejado.

El gobierno anterior de progreso (también conocido con el cursi nombre de pacto de las flores) estuvo formado por el PSOE, NC, ASG y Podemos, aunque este último ahora no tiene ningún representante en el Parlamento de Canarias. No sé para qué crean estas comisiones que no conducen a nada más que a un resultado más que previsible por la correlación de fuerzas en la Cámara regional.

Estas inútiles comisiones de investigación sólo sirven para perder el tiempo y dinero ya que se conoce el resultado antes incluso de crearlas. CC y Partido Popular votaron junto a la ultraderecha para responsabilizar al anterior gobierno.

Esta banda de fariseos merece una dura represión pública. Nos toman por tontos cuando realmente el cretinismo y la inmoralidad no radican en nuestras filas

Por supuesto que los diputados de Casimiro votaron en contra de sus actuales socios porque en la legislatura anterior lo eran de los socialistas, Nueva Canarias y Podemos.

No hay que ser muy listo para saber en qué terminan estas ridículas y costosas comisiones que no aportan nada. Sólo sirven para ratificar lo que ya decían los partidos antes de iniciarlas porque cada diputado va a votar disciplinadamente lo que su partido ordene.

Lo menos que importa en las comisiones de investigación es investigar la verdad. Solo se usa para cargar la escopeta y culpar al adversario. El resultado está cantado desde antes de que se inicie la primera sesión.

Esta banda de fariseos merece una dura represión pública. Nos toman por tontos cuando realmente el cretinismo y la inmoralidad no radican en nuestras filas. Mucho chau-chau y poco jace-jace.