La política migratoria se ha convertido en el eje central del acuerdo entre Vox y el Ejecutivo autonómico, según ha explicado Alejandro Nolasco, quien ha defendido un conjunto de medidas orientadas a limitar la inmigración irregular y reordenar el acceso a recursos públicos. El dirigente de Vox Aragón, en una entrevista este lunes en Radio Zaragoza, ha vinculado directamente la estabilidad del futuro Gobierno con el cumplimiento de estos compromisos, recordando que la ruptura con el Partido Popular en 2023 se produjo por discrepancias en la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Entre las principales propuestas destaca la llamada “prioridad nacional”, que plantea dar preferencia en el acceso a ayudas sociales a personas con mayor arraigo o más años de cotización. Nolasco ha defendido que se trata de una cuestión de “justicia” en un contexto de recursos limitados: “Si tienes que elegir, es lógico priorizar a quien más ha aportado”. En paralelo, ha cuestionado el actual reparto de ayudas, asegurando —sin aportar datos oficiales— que existe una percepción de que personas recién llegadas acceden con mayor facilidad a determinados recursos y ha llegado a afirmar que en algunos listados “los primeros nombres son todos Mohamed”, en referencia al origen de los beneficiarios.

Otro de los puntos clave es la revisión de la financiación pública a organizaciones sociales, como Cruz Roja o Cáritas. Nolasco ha señalado que el futuro Gobierno estudiará retirar o reducir ayudas a aquellas entidades que, a su juicio, puedan estar “colaborando con el tráfico de personas, aunque sea de manera indirecta”. En concreto, ha afirmado que no se destinarán fondos públicos a actividades que puedan fomentar el “efecto llamada”. “Todo lo que sea fomentar ese efecto no lo vamos a aceptar”, ha subrayado, matizando que habrá que diferenciar entre organizaciones cuya actividad se centra exclusivamente en la atención a inmigrantes irregulares y aquellas que desarrollan otros programas sociales más amplios.

En materia de gestión migratoria, también ha apuntado a la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman un papel más activo en la devolución de inmigrantes, apelando a la legislación vigente que permitiría establecer acuerdos con países de origen. Según ha indicado, ya existen precedentes en otras regiones y ha defendido que “hay países que sí responden” cuando se inician estos contactos.

Asimismo, ha criticado el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, cuestionando que algunas regiones puedan rechazar cuotas mientras otras, como Aragón, se vean obligadas a aceptarlas. En este punto, ha planteado la necesidad de una mayor capacidad de decisión autonómica.

Con todo, Nolasco ha dejado claro que la política migratoria será una línea roja en la acción del futuro Ejecutivo aragonés, marcando tanto la negociación con el Partido Popular como la viabilidad del gobierno durante la legislatura.

En el ámbito legislativo, Alejandro Nolasco ha avanzado que el acuerdo con el Ejecutivo de Jorge Azcón contempla la revisión e incluso derogación de normas autonómicas que su formación considera “ideológicas” o innecesarias, aunque ha evitado concretar cuáles se verían afectadas. Durante la entrevista, y ante preguntas sobre leyes como la de igualdad o la ley trans, ha señalado que se trata de un planteamiento inicial que deberá analizarse “en los siguientes días” junto a su socio de gobierno, con el objetivo de identificar aquellas normas que, a su juicio, suponen trabas administrativas o carecen de utilidad práctica.

Nolasco ha defendido que todas las leyes responden a una ideología, pero ha incidido en que algunas, además, resultan “superfluas”, por lo que apuesta por una revisión “completa” del marco normativo autonómico. En cualquier caso, ha insistido en que cualquier decisión dependerá de la negociación con el Partido Popular y de la configuración final del Ejecutivo, dejando en el aire tanto el alcance real de esas derogaciones como su calendario de aplicación.

Sobre la violencia sobre la mujer, Nolasco ha insistido en que su posición sigue siendo la misma, que “la violencia no tiene género” y que hay que endurecer de penas para maltratadores y violadores. “Estamos importando personas de otros países, sobre todo de cultura islámica, que no tienen respeto por los derechos la mujer y eso hace que suban mucho las estadísticas y los crímenes contra las mujeres y se ha quejado de que, al tratar de endurecer las penas, en el Congreso les votan sus iniciativas en contra.

En materia económica, Alejandro Nolasco ha enmarcado el acuerdo con el Gobierno de Jorge Azcón en una línea de bajada de impuestos y simplificación administrativa, defendiendo que es necesario “aliviar la carga fiscal” para favorecer la actividad económica y el desarrollo empresarial en la comunidad. Sobre el cálculo de las políticas fiscales, que podría tener un impacto de 190 millones al año, Nolas ha apuntado que esas cantidades se detraerán, entre otras medidas, de quitar el 50% a sindicatos y patronales.

En paralelo, ha introducido matices en el ámbito energético, donde ha abogado por ordenar el despliegue de renovables para evitar, según ha señalado, impactos negativos en el territorio rural. En este sentido, ha defendido compatibilizar el impulso de estas energías entre ellas con la nuclear, así como con la protección del paisaje y del sector primario. Vox tendrá esta vez decisión sobre el Inaga y apuesta por revisar proyectos de renovables y criterios de implantación para obtener un nuevo mapa del paisaje. Con todo, ha dejado claro que estas cuestiones deberán concretarse en el desarrollo del acuerdo y en la acción de gobierno, una vez se cierre la composición del Ejecutivo. %“. El dirigente de Vox ha defendido esta medida como parte de una política de ajuste del gasto y de ”racionalización“ de las subvenciones, al considerar que estas entidades deben depender en mayor medida de sus propios recursos y no del presupuesto público. Según ha expuesto, este recorte se enmarca en una estrategia más amplia de revisión de ayudas y de priorización del gasto, alineada con su objetivo de reducir la presión fiscal y reorientar los recursos hacia otras políticas consideradas ”más útiles“.

La reedición del pacto

Con el pleno de investidura inminente, la incógnita sobre el papel de Nolasco en el Ejecutivo sigue abierta, mientras Vox insiste en que el contenido del acuerdo, especialmente en políticas sociales e inmigración, marcará la hoja de ruta del nuevo gobierno aragonés.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha evitado aclarar qué cargo ocupará en el futuro Gobierno autonómico junto al Partido Popular, a las puertas del pleno de investidura, y ha asegurado que esa decisión se tomará “en los siguientes días” tras cerrar primero el contenido del acuerdo con el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Nolasco ha insistido en que su papel será el que el partido considere más útil: “Yo estaré donde crean que puedo hacerlo mejor”, ha señalado, restando importancia a sus preferencias personales y subrayando que el objetivo es aplicar “políticas concretas” recogidas en el pacto.

Como aficionada al fútbol estoy más que acostumbrada a ver cómo los jugadores se venden por unos billetes, incluso si son del equipo rival. Es una práctica tan común como institucionalizada. Pero a los futbolistas no los vota nadie, ningún socio deposita en ellos un mandato o una confianza cívica, es parte de su ADN lo de llegar e irse, vienen con un cheque y con otro se van. Cuando el transfuguismo entra en la política está brotando la mayor de las deslealtades: que un electo utilice su escaño para alterar el mandato de las urnas, que un representante público usurpe la voluntad de los ciudadanos para cambiar o alterar las mayorías. Y entrando ya en el plano ético (que debería haberlo), que apoye a un partido que representa lo contrario a los valores que solía defender, salvo alguna revelación ideológica tan inverosímil como mitológica. 

El transfuguismo es una forma de corrupción, una práctica antidemocrática que, aunque legal, muestra una debilidad profunda en la democracia. Ningún partido está libre de pecado, eso es así. Pero en el caso del Ayuntamiento de Lugo, a la ya de por sí turbia práctica del transfuguismo, se suma la casuística propia. No estamos hablando de un contexto normal ni de habituales discrepancias políticas, estamos hablando de un contexto salpicado por la trágica cadena de muertes de tres (ex)compañeros de la tránsfuga María Reigosa (Por contextualizar, en el período de un año han fallecido la alcaldesa Paula Alvarellos, por un infarto, y los concejales Pablo Permuy y Olga López Racamonde, por cáncer).

La Xunta de Galicia acaba de anunciar la vacante en la Jefatura del Servicio de Litoral lucense que, según denuncian el PSOE y el BNG, estaría esperando a Reigosa al final del túnel de la moción de censura. Ella asegura que no concurrirá y el gobierno gallego dice que no es un puesto creado a dedo. Sea como fuere, el PP volverá a gobernar Lugo veintisiete años después gracias al apoyo de Reigosa, salvo giro de guion inesperadísimo. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando el próximo 7 de mayo, salvo sorpresa. 

La última muerte grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo, la de Olga López, concejala de Cohesión social, ocurrió el pasado 6 de abril. Hay que reconocer que, al menos, Candia tuvo unas horas, puede que días, de cortesía para iniciar los contactos para la maniobra. “Tenemos que aprovechar la oportunidad de mejorar Lugo”, dijo la semana pasada la futura alcaldesa de la ciudad. La oportunidad. Como si se tratase de los Días Fantásticos de El Corte Inglés o alguna oferta de Lidl, y no de un indigno movimiento político.

Los gallegos estamos más que acostumbrados a personajes oportunistas sin escrúpulos dentro de nuestra política regional. Es un mal ancestral que casi surge de la propia tierra, representantes públicos partidarios de servirse a sí mismos antes que servir al ciudadano violando el concepto de compromiso. Pero hay situaciones en las que, por su excepcionalidad, lo comprensible es que la humanidad y la cortesía institucional se antepongan a los intereses propios y a las políticas de partido. No será en Lugo donde en unos días veremos al PP recuperar el Ayuntamiento veintisiete años después, auspiciado por tres muertes y una tránsfuga. Podría ser la secuela ficticia de una película de Mike Newell, pero desafortunadamente no lo es. 

El PSOE de Extremadura ha abierto oficialmente una nueva etapa bajo el liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina, que toma el relevo de Miguel Ángel Gallardo, tras un proceso de primarias al que concurrieron cinco aspirantes. Los socialistas extremeños han celebrado este viernes su 16º Congreso Extraordinario para elegir a la nueva Ejecutiva, apoyada por el 88,2% de los delegados y en la que están integrados todos los rivales de Sánchez Cotrina a la Secretaría General.

El pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura se ha llevado el protagonismo en el discurso del nuevo barón socialista, que lo ha calificado como “una humillación y una vergüenza para todos los extremeños” porque supone “una enmienda a la totalidad a la historia de Extremadura”, marcada por la emigración durante el franquismo.

Cotrina también ha denunciado que la derecha y la extrema derecha “se están choteando de la inteligencia de los extremeños y no lo vamos a permitir”, y ha alertado de la privatización de los servicios públicos incluida en el pacto de PP y Vox para hacer “un Ayuso 2.0” al incrementar en 500 millones para sanidad a través de la colaboración público-privada.

El secretario regional del PSOE ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ha pedido la colaboración de la patronal para oponerse al ataque al diálogo social que llevará a cabo el Gobierno de Guardiola, que quiere acabar con las ayudas a las organizaciones empresariales y sindicales.

Por otro lado, el dirigente socialista ha advertido de la ilegalidad de algunas cuestiones del acuerdo como intentar que los ayuntamientos “metan mano en el padrón municipal”.

Cotrina, que se ha mostrado convencido de que será el próximo presidente de la Junta, también ha mandado un mensaje a su partido a nivel nacional, al que ha dicho que “nunca van a encontrar más lealtad que en el PSOE extremeño”, pero también le ha pedido “autonomía” para tomar sus propias decisiones.

En la clausura del congreso ha estado acompañado por la secretaria federal de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha emplazado a los socialistas extremeños a estar vigilantes -“no le dejéis pasar ni una”- para hacer frente al “matrimonio negacionista” de PP y Vox y a un pacto en contra de la “esencia, la historia y la identidad de Extremadura”.

A su juicio, María Guardiola ha firmado una hipoteca con los ultras a cuenta de los ciudadanos de la región y por dictado de Génova, y usan la coarta de la prioridad nacional para esconder la xenofobia y el racismo. Frente a ello, ha explicado la prioridad del PSOE es el empleo, el crecimiento económico, la justicia social, el feminismo o la paz, “en lo que España se ha convertido en un referente mundial gracias al liderazgo de Pedo Sánchez”.

En opinión de Torró, la única prioridad del PP es “patrimonial”, como se ha visto en el juicio del caso Kitchen, y Alberto Núñez Feijóo no ha sido capaz de asumir responsabilidades.

La nueva Ejecutiva de los socialistas extremeños

El diseño de la nueva Comisión Ejecutiva Regional apuesta por la integración total de las distintas corrientes del partido, incorporando a todos los aspirantes que concurrieron al proceso de primarias y combinando perfiles de experiencia orgánica con peso territorial.

La estructura diseñada por Cotrina ha sido apoyada por el 88,2% de los delegados participantes en el 16º Congreso Extraordinario, celebrado en Mérida, y sitúa a Marisol Mateos en la presidencia del partido, mientras que Manuel José González Andrade asumirá la Secretaría de Coordinación Territorial y la Portavocía, convirtiéndose en una de las caras visibles del proyecto.

El control interno y la maquinaria del partido recaerán en Andrés Tovar Núñez, quien asume la Secretaría de Organización, el área estratégica encargada de la relación con las agrupaciones locales. Estará acompañado por Sandra Caballero Expósito como secretaria adjunta.

Integración de sensibilidades

Uno de los puntos clave de esta nueva dirección es la presencia de quienes disputaron el liderazgo del partido. Soraya Vega Prieto, rival de Cotrina en las urnas el pasado 11 de abril, dirigirá las áreas de Política Autonómica, Cooperación Internacional y Migración. Por su parte, Lara Garlito, quien también compitió en la primera fase de las primarias, estará al frente de Política Institucional, Política Territorial y Estrategia.

Asimismo, Blanca Martín —expresidenta de la Asamblea que integró su candidatura con la de Cotrina— asumirá la Secretaría de Coordinación Interna Ejecutiva y Planificación Política. Otros perfiles como Ana Belén Valls Muñoz (Desarrollo Rural y Viceportavocía) y Ramón Díaz Farias (Política Municipal) completan el bloque político de una ejecutiva que busca cerrar filas.

La nueva ejecutiva se despliega en una amplia red de secretarías sectoriales para cubrir los principales retos de la región. Al frente de Economía y Hacienda estará Carlos Caro Domínguez; en Sanidad, Luis David Zapata Macías; Educación será la responsabilidad de Dolores María Enrique Jiménez; en Igualdad estará Beatriz Cercas García; y Francisco Javier Fernández Cano estará al frente de Vivienda y Sostenibilidad.

El Congreso también ha designado a los representantes extremeños en el Comité Federal, entre los que figuran nombres como Antonio Rodríguez Osuna, Yolanda García Seco o César Ramos, asegurando así la voz de la federación extremeña en los órganos nacionales del PSOE.

“Los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político”, ha asegurado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su toma de posesión del cargo, que se ha celebrado este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida. Guardiola ha formulado ese compromiso tras la polémica por el pacto entre PP y Vox, que ha posibilitado que ha hecho posible su nombramiento, por la inclusión de la prioridad nacional para dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda de las personas migrantes.

En su intervención, de unos 20 minutos, no se ha referido a políticas concretas y ha vuelto a esquivar esa polémica de la prioridad nacional, aunque se ha comprometido a que la “máxima prioridad”de su nuevo Gobierno sean “los servicios públicos, el bienestar y la vida de las personas. Y eso no es negociable. No es matizable”.

La presidenta extremeña ha ofrecido un discurso conciliador y ha rechazado “los muros” porque “la división nos hace peores y vulnerables”. Por eso, ha hecho un llamamiento a la moderación a los grupos de la oposición (ha mencionado a todos menos al PP) y a la “conversación pausada porque la ciudadanía está muy cansada del ruido”. Por eso, la líder del PP también ha lamentado los desprecios públicos, los insultos o que se le haya descalificado como mujer. “A mí no se me olvida”, ha dicho.

“Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración”, ha añadido la presidenta extremeña, que ha anunciado que van “a tomar decisiones con firmeza y con valentía” porque está convencida de contar “con el mejor proyecto político posible.

Guardiola ha apostado en su toma de posesión por una Extremadura “más unida, más libre, más justa”, en la que nadie tenga que marcharse para comenzar su proyecto de vida.

Al acto han asistido los presidentes del Senado, Pedro Rollán; de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco; del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. También la han acompañado, entre otros, los expresidentes extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago; y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Segunda legislatura tras un pacto que tardó cuatro meses

Guardiola encara su segunda legislatura al frente de la Junta de Extremadura, aunque la primera duró solo dos años y medio. Ante la dificultad de aprobar los presupuestos de 2026, decidió convocar elecciones el pasado diciembre, pero el tablero político apenas se movió al no conseguir la mayoría absoluta (consiguió 29 de 33 diputados) y volver a depender de Vox, que pasó de cinco a 11 escaños, mientras que el PSOE se hundió hasta los 18 asientos en la Asamblea y Unidas por Extremadura creció hasta los siete.

Pero Guardiola ha tenido que esperar cuatro meses para conseguir sellar un pacto de Gobierno con la extrema derecha, que vuelve a Ejecutivo regional con más fuerza. Obtendrá las consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, que dirigirá el diputado y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Desde ellas gestionará, al menos, una cuarta parte del presupuesto autonómico.

El acuerdo también incluye el polémico concepto de prioridad nacional, rechazado por el Gobierno, la Iglesia a incluso la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por dificultar el acceso a ayudas, prestaciones sociales y a la vivienda a las personas migrantes, aunque en Extremadura representan poco más del 4% de la población.

Al menos una cuarta parte del presupuesto de la Junta de Extremadura estará en manos de Vox, seis veces más dinero que el que gestionó entre 2023 y 2024 en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en la que, por cierto, dejó sin ejecutar casi el 60% de las inversiones contra incendios previstas en los presupuestos de 2024, el ejercicio previo a la peor temporada de incendios que ha padecido la comunidad. Esas fueron las únicas cuentas que María Guardiola logró aprobar en la anterior legislatura gracias a la extrema derecha antes de que saltaran por los aires los pactos autonómicos de PP y Vox.

Ahora la formación ultra ha exigido a Guardiola “más del doble” de lo que habían conseguido en el acuerdo de 2023, al pasar de cinco a 11 diputados y volver a ser imprescindibles para el PP en Extremadura. Esa exigencia se ha traducido en dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Sin embargo, el presupuesto que controlará se ha disparado, a la espera de que se conozca la estructura del nuevo Gobierno, que podría publicarse en el Diario Oficial de Extremadura este fin de semana.

Lo que se conoce, porque se incluye en el pacto de 2026, es que el líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández Calle, será vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una nueva consejería con competencias en servicios sociales, inclusión, infancia, familia, juventud y cooperación al desarrollo, y tendrá también como objetivo la eliminación de trabas burocráticas y administrativas, simplificar los procedimientos, eliminar duplicidades y velar por la eficiencia presupuestaria.

Hasta ahora, las responsabilidades de los servicios sociales y juventud estaban en manos del PP (Consejerías de Sanidad y de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes). En el último presupuesto autonómico, las políticas de promoción social estaban dotadas de 227,5 millones de euros y las de Dependencia, con 491 millones de euros. Las competencias en cooperación suman unos 10 millones de euros, pero el pacto de PP y Vox recoge su práctica eliminación.

Vox también se ha hecho con Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que disponen de 1.218 millones de euros. La persona que se ponga al frente de este departamento, que Fernández Calle ya ha advertido que es “muy de Vox” gestionará agricultura, ganadería, ayudas de la Política Agraria Común (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, así como de caza, pesca, tauromaquia y medio natural. Estas últimas competencias están ahora en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, por lo que el presupuesto total se incrementará. Pero el PP ha logrado conservar la responsabilidad en la gestión de incendios forestales.

La presidenta extremeña afirmó este jueves tras ser investida que tras su toma de posesión, que será este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida, que se tomará unos días para reflexionar sobre la estructura de la Junta y sobre las personas que la acompañarán, por lo que esto último podría conocerse la semana que viene. Actualmente, el Gobierno extremeño cuenta con nueve consejerías, encabezadas por cuatro hombres y cinco mujeres, además de la Secretaría de Igualdad y Conciliación, dirigida por María del Ara Sánchez.

José Luis Rodríguez Zapatero inaugurará el 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, que abrirá la nueva etapa de Álvaro Sánchez Cotrina como líder del partido, y en el que se proyectará un vídeo con un mensaje de Pedro Sánchez, que no podrá estar presente por su agenda internacional.

La coordinadora del Comité Organizador del 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, Carmen Yáñez, ha presentado este jueves el programa del cónclave socialista, cuyo lema es 'Ahora volver a ganar'.

Yánez ha explicado que al tratarse de un congreso extraordinario no habrá debate político ni se votará la gestión de la anterior dirección, como ocurre en los ordinarios. El objetivo es elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional y de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Extremadura, además de designar a los representantes del PSOE de Extremadura en el Comité Regional y en el Comité Federal del partido.

En el congreso tendrán derecho al voto 485 delegados elegidos en las 250 asambleas locales, en representación de los 9.300 militantes. En la apertura participará el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, antes de la disolución de este órgano, y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La inauguración oficial corresponderá posteriormente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en la clausura intervendrá Sánchez Cotrina y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Además, asistirán representantes de 30 colectivos -sindicatos, organizaciones empresariales y agrarios, ONG...-, el secretario general adjunto del Partido Socialista luso, Luis Moreira, y los líderes del PSOE en Aragón y el País Vasco, Pilar Alegría y Eneko Andueza. Entre delegados e invitados el congreso reunirá a más de mil personas.

Yáñez ha explicado que esta cita pone punto y final al proceso interno que se ha desarrollado desde la dimisión del exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras los resultados electorales. Ha destacado que el proceso de primarias ha sido participativo, transparente y sin incidencias, y ha asegurado que ha servido para dar “mayor unidad” al partido.

Aunque el congreso es de carácter orgánico, también es “profundamente político”, a su juicio, porque de él saldrá el equipo que liderará esta nueva etapa para el partido y para la región. De hecho, ha subrayado que el lema 'Ahora volver a ganar' no es sólo una consigna, ya que es una hoja de ruta para recomponer el partido y reforzar la presencia en la calle y con colectivo sociales.

El fin es conseguir que “el partido entusiasme” para reconectar con la ciudadanía y volver a gobernar para devolver los derechos arrebatados durante el Gobierno de María Guardiola y defender los valores democráticos frente al pacto de gobierno suscrito por PP y Vox, que es “ilegal e imposible de llevar a cabo”. Yánez ha indicado que se trata de forjar una “alternativa solida y valiente” liderada por Sánchez Cotrina.

Unidas por Extremadura ha criticado este jueves que la introducción de la asignatura 'Extremestiza' en la región supone una “una especie de educación de NO-DO” en un marco ideológico que vuelve a poner de nuevo a Extremadura como “tierra de conquistadores”.

La portavoz de Educación de esta formación, Nerea Fernández, ha hecho estas declaraciones junto a la portavoz, Irene de Miguel, tras mantener ambas una reunión con representantes educativos de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Según Fernández, las organizaciones sindicales coinciden con Unidas en sus críticas y en que esta asignatura es completamente innecesaria, pues todo lo referente a la Conquista de América ya se ofrece en Geografía e Historia.

El Gobierno en funciones de María Guardiola anunció a primeros de este mes un futuro decreto que modificará la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Extremadura para la introducción de la asignatura de 'Extremestiza“ como materia optativa.

Nerea Fernández ha mostrado su preocupación por el tipo de educación que puedan traer a Extremadura PP y Vox y ha criticado que ambas formaciones presenten nuevamente a la región “como tierra de conquistadores y no como tierra de migrantes, que es lo que hemos sido siempre”.

En ese sentido, ha criticado el cinismo de que Guardiola pretenda poner en valor el “mestizaje” como una manera de intercambio cultural, de “tejer puentes” y al mismo tiempo pacte con Vox “señalar y criminalizar a las migrantes que vienen a Extremadura simplemente a buscarse una vida mejor”. Además, ha lamentado que mientras se crea esta nueva asignatura, el acuerdo con Vox conlleve la supresión del programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en municipios con gran población inmigrante, como Talayuela (Cáceres), un pueblo que “siempre ha sido un ejemplo de convivencia”.

Nerea Fernández ha augurado que la educación que van a imponer en la región los partidos de derechas va a estar “completamente marcada por su ideología retrógrada”, por lo que no se tendrá en cuenta la educación sexual y en valores éticos y feminista en unos tiempos en los que se hace tan necesaria tras el aumento de los delitos de pornografía infantil.

“Creemos que la educación que nos va a traer este Gobierno ultra va a ser bastante preocupante”, ha insistido Fernández, quien ha adelantado que desde su formación van a estar “ojo avizor” para denunciar estas cuestiones y para presentar alegaciones, como lo harán al decreto que modificará la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para la introducción de 'Extremestiza'.

En la reunión se han abordado otras cuestiones, como la situación de las técnicas en Educación Infantil, que piden una bajada de las ratios y una subida salarial, reivindicaciones que desde Unidas por Extremadura se consideran esenciales. También se ha abordado la homologación salarial de los docentes extremeños, cuyos sueldos se encuentran a la cola del país, una antigua reivindicación de los sindicatos que ahora se incluye en el pacto PP-Vox con el adjetivo de progresiva.

La portavoz de Educación de Unidas ha indicado que de esta forma la homologación no se va a conseguir, por lo que ha pedido al nuevo Gobierno extremeño que “no engañe”.

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.

El portavoz de extrema derecha, que, además, será vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que se trata de “garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Un concepto considerado xenófobo e ilegal del que ya han alertado el Gobierno e incluso líderes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Fernández Calle ha asegurado que esa “prioridad nacional” se traducirá en medidas concretas y legales: “Prioridad para los de aquí en el acceso a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”. A su juicio, esas medidas no son ni racistas y egoístas, sino “sentido común y realismo”.

El portavoz de Vox ha esgrimido que se trata de poner fin a “la perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España. Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

Fernández Calle se ha detenido en explicar “un principio claro” del Gobierno de la Junta, que echará a andar en los próximos días: “la vivienda pública tiene que ser para los que tienen arraigo en Extremadura”. En ese nuevo sistema de acceso se priorizará a los que tienen una vinculación “real, duradera y verificable” con Extremadura, para lo que se tendrá en cuenta los años de empadronamiento y la trayectoria laboral y familiar porque “eso es poner primero a los de aquí, a los nuestros”.

Pero el próximo vicepresidente no ha hecho mención a otros aspectos del pacto de PP y Vox que tienen que ver con la migración, como la llegada de los menores migrantes no acompañados, a los que la nueva Junta de Extremadura se opondrá, ni a la gestión de los centros de menores en los que hay migrantes en cumplimiento de medidas judiciales, que estará en manos de la extrema derecha. No obstante, se ha resistido a vincular la migración con la delincuencia, aunque ha dicho que la criminalidad en la comunidad ha crecido un 5%, aunque es la más segura de toda España.

La izquierda no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la prioridad nacional del acuerdo de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido que nadie “puede dificultar o prohibir el acceso a la educación, sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana, hasta Ayuso se lo ha dicho”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a María Guardiola de “sacrificar” la región por “apuntalar estrategias de otros territorios”, así como su propia “dignidad” y la de los más vulnerables al asumir un acuerdo “inconstitucional”, “racista” y “clasista” que “carece de la más mínima fiabilidad”. Ha señalado que con este acuerdo, que habla de “prioridad naci-onal”, como lo ha pronunciado en diversas ocasiones, están construyendo “una sociedad individualista, que odia al extranjero, llena de prejuicios y de falsa moral”, de la mano de los “mayores vendepatrias” que ha visto este país y “lamebotas de Trump”.

Pero la líder del PP ha vuelto a esquivar la polémica de la prioridad nacional en su respuesta a los grupos parlamentarios. Tan solo se ha referido a la inmigración para reiterar que la concibe como “una oportunidad si se gestiona con rigor” porque “el descontrol beneficia a las mafias” y es “inhumano que se repartan por decreto a las comunidades autónomas”. Guardiola ha defendido una inmigración “legal, ordenada y vinculada al trabajo”.

Su intervención este miércoles la ha iniciado reclamando “respeto” a la Cámara y negándose a “pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de Extremadura y por dar estabilidad a mi tierra”.

El PP y la extrema derecha han formalizado su pacto de gobierno al votar a favor de la investidura de María Guardiola, que tomará posesión del cargo el viernes a las 19.30 horas en el Anfiteatro Romano de Mérida. Tras ello, Guardiola tendrá que conformar su nuevo Ejecutivo, donde Vox tendrá una vicepresidencia, con competencias en desregulación, familia y servicios sociales (incluida la inmigración), y la consejería responsable de agricultura y ganadería.

El Fuero Nuevo fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527. Se trata de un texto que sirvió para actualizar el derecho propio vizcaíno, “afianzando un sistema de autogobierno único, basado en usos, franquezas y libertades que provienen de la costumbre”. La reforma de 1526 eliminó normas en desuso recogidas en el Fuero Viejo de de Bizkaia de1452 e incorporó nuevas disposiciones adaptadas a la época, “consolidando un modelo avanzado que se mantuvo vigente prácticamente hasta finales del siglo XIX”. “Este hito histórico refleja la innovación de la institución foral y la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la protección de libertades, el pacto institucional y la consolidación de una identidad colectiva”, reconocen desde la Diputación Foral de Bizkaia.

El Fuero Nuevo recoge declaraciones tan fundamentales para todos los vizcaínos como la Hidalguía Universal. Expresada en la ley 16 del título I del Fuero Nuevo, la hidalguía establece la igualdad civil entre vecinos y moradores de Bizkaia con consecuencias tan notorias como la prohibición de ser sometido a tortura o a la exención de tributos. De igual manera, el servicio militar queda sometido a unos condicionamientos. Los vizcaínos estaban obligados a seguir al Señor hasta el Arbol Malato, sitio en Luyando; más allá de este límite, como hombres libres que eran, debían recibir un sueldo. Con un contenido “extraordinariamente avanzado para la época, el Fuero Nuevo sigue siendo un fundamento del autogobierno actual y un referente con potencial para futuras actualizaciones”, insisten desde la Diputación

A pesar de que el Fuero Nuevo data de 1526, que fue el año en el que se aprueba la reforma foral, la primera edición impresa no sale a la luz hasta dos años después. Las dos primeras ediciones se publican en Burgos y Medina del Campo, ya que la imprenta aún no había llegado a Bizkaia. A partir de la tercera edición sí que se comienzan a publicar en Bilbao.

A modo de curiosidad, la persistencia de sus normas de derecho privado en el siglo XX, propicia su reedición en 1950 y con la llegada de la democracia ha sido reeditado y, porsteriormente, traducido al euskera. En las últimas décadas ha sido un texto fundamental en las recopilaciones de las fuentes del derecho histórico de Bizkaia.

Con el objetivo de acercar el Fuero Nuevo y toda su historia a la ciudadanía, por su 500 aniversario, la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia, han elaborado dos exposiciones. “Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía la relevancia de un texto crucial que constituye la base del autogobierno vasco y la democracia, y la propia identidad del Territorio Histórico”, explican desde la institución foral.

La primera de las muestras, de caracter científico, está ubicada en la Biblioteca Foral y la segunda, de caracter itinerante, recorrerá Bizkaia durante los próximos meses. El contenido de las exposiciones recorre hitos como la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika y su confirmación por Carlos I en 1527, destacando valores avanzados para su época como la hidalguía universal y el “habeas corpus”. Bajo el lema 'Izan zirelako gara' (Porque fueron, somos), la conmemoración de la aprobación del Fuero Nuevo, leitmotiv de dicha exposición, subraya que el sistema político propio de Bizkaia se fundamenta en el derecho de las vizcaínas y los vizcaínos a regirse por sí mismos.

La exposición de la Biblioteca Foral, disponible hasta agosto, se trata de una muestra de carácter técnico y rigor científico, diseñada para personas expertas e investigadoras“, donde, entre otras piezas de ”gran valor histórico“, se exhibe el libro original del Fuero Nuevo de Bizkaia. El ”viejo ejemplar“ está acompañado de distintas ediciones tanto del Fuero Viejo como del Fuero Nuevo o Reformado, y el Derecho de las Encartaciones, publicaciones que fueron impresas entre los siglos XVI y XXI.

Por su parte, la exposición itinerante estará en primer lugar en la Gran Vía de Bilbao, orientada al público general y con un diseño visual y accesible, para después pasar a las estaciones de metro y recorrer diversos municipios. “La idea es trasladar a la ciudadanía la importancia de este fundamento histórico”, reconocen desde la Diputación. Esta parte de la muestra está compuesta de diez paneles temáticos que recorren los hitos del autogobierno: como su 'Historia y orígenes', desde la leyenda de Jaun Zuria y el origen del Señorío hasta la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika; 'Derechos y sociedad', donde se destaca el papel de la mujer y su equiparación jurídica, así como libertades avanzadas para la época como el “habeas corpus”, la libertad de comercio y la regulación de herencias. Y, por último, 'Gobernanza y fiscalidad', donde se explica conceptos clave como el “pase foral” (la capacidad de decidir sobre leyes externas), el sistema de fiscalidad propio que dio origen al Concierto Económico y la influencia del Fuero como modelo para otras democracias, citando el interés que mostró John Adams, padre de la Constitución de los EE.UU., por las instituciones vizcaínas.

Tras su estancia en la capital vizcaína, la muestra itinerante visitará en los próximos meses las localidades de Balmaseda, Bermeo, Portugalete y Galdakao. Al mismo tiempo, y con una versión más reducida, la exposición se detendrá también en algunas estaciones de metro como Zazpi Kalea (mayo), Gurutzeta/Cruces (junio), Moyua (julio) y Basauri (agosto), para facilitar su divulgación.

“Recordar el pasado solo cobra sentido y verdadero valor cuando somos capaces de comprenderlo y hacerlo comprensible para el conjunto de la sociedad. De ahí la importancia de la divulgación, de acercar estos textos, estas ideas y este legado a la ciudadanía, de hacerlos accesibles y útiles para interpretar quiénes somos hoy. Y es precisamente en ese ejercicio donde el Fuero Nuevo de Bizkaia muestra toda su vigencia. 500 años después, todavía podemos reconocernos en él como sociedad, en su defensa del autogobierno, en su apuesta por la convivencia en comunidad, en su aportación a la seguridad jurídica y en su protección a la dignidad de las personas. Estos son elementos que siguen formando parte de nuestra realidad cotidiana. Cinco siglos después, Bizkaia sigue siendo una sociedad que se organiza desde instituciones propias, que valora el acuerdo, que apuesta por la cohesión social y que entiende el desarrollo como un modo de proteger el bienestar colectivo”, ha reconocido la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que junto a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha inaugurado este martes ambas exposiciones.

Este miércoles se celebrará la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola y será el turno de los grupos parlamentarios, que ya han dado a conocer su opinión sobre el discurso de la líder del PP, en el que ha desgranado la acción de su futuro gobierno, pero ha omitido al polèmico concepto de “prioridad nacional”, recogido en el pacto entre PP y Vox.

El PSOE ha considerado que Guardiola “ha pasado por el aro” de Vox y ha intentado que los ciudadanos también lo hagan, todo ello en una intervención “faltona, incómoda y lleno de cinismo político”. El socialista José María Vergeles ha dicho que los extremeños y extremeñas han asistido a un discurso que “pasará a la historia más negra” de esta región.

“Guardiola, que no ha podido tapar las vergüenzas del acuerdo con Vox, ha tenido que claudicar para ocupar el sillón de presidenta”, ha dicho Vergeles, quien ha puesto en duda que el futuro Gobierno extremeño pueda llevar a cabo legalmente numerosas medidas A su juicio, la presidenta en funciones “ha vendido su alma a cambio de un sillón” y el precio de ello “lo pagará la sociedad”, “ha perdido el poder de la palabra” y ha “arrojado” la coherencia “por la ventana”.

El diputado del PSOE se ha preguntado “por qué Guardiola no ha hecho referencia a 'la prioridad nacional', el eje del acuerdo de gobernabilidad, marcado por ”una traición“ a los derechos y a ”la línea de flotación de la democracia“. ”Extremadura es mucho mejor que este Gobierno de vergüenza“, ha agregado Vergeles.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha dicho que la candidata del PP la Presidencia de la Junta ha “claudicado” ante Vox y ha calificado su discurso de investidura de “rancio”, “indecente”, “mentiroso” y “vergonzoso”.

“Se ha travestido de Vox, parecía la candidata de Vox en este discurso de investidura”, ha dicho a la vez que ha augurado que no durará el acuerdo de gobierno cuatro años, pues “habrá muchos cuchillos por la espalda” y si no, “traerá mucho dolor a las familias extremeñas y a los que más necesitan del estado de bienestar”. En este sentido, ha dicho que Guardiola ha “tomado el pelo” a todos los extremeños al intentar pasar un “acuerdo inconstitucional e ilegal” por “democrático y natural” y con su firma cava su “tumba política”.

A su juicio, el pacto entre ambas formaciones de derechas “pivota” sobre inmigración y se ha cuestionado si Extremadura no se podía permitir acoger a 300 menores extranjeros no acompañados, porque “si es así, entonces el estado de bienestar está quebrado”. Además, se ha preguntado cuál es el plan B de Guardiola ante esto, “que sigan hacinados en Canarias o que no les dejemos llegar a puerto seguro”

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha afirmado que, si en otras comunidades donde su formación y el PP pueden formar gobierno, se logra un acuerdo similar al de Extremadura se estará “ante el fin de la pesadilla sanchista”.

Según ha dicho, el discurso de Guardiola ha sido “realista”, ya que ha plasmado “desde su sensibilidad” el acuerdo alcanzado entre ambos partidos, que será detallado con mayor profundidad mañana por el presidente de su grupo, Óscar Fernández.

Para el portavoz de Vox, este acuerdo es “la garantía de que por fin en Extremadura se va a producir el cambio que más del 60% de los extremeños han avalado con su voto”, ya que se trata “de la voluntad mayoritaria plasmada en un documento de colaboración paara que Extremadura progrese”, ya que ese es su único objetivo.

María Guardiola ha defendido este martes el pacto de PP y Vox, que la convertirá en presidenta de la Junta de Extremadura y en líder, otra vez, de un Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero en esa defensa ha eludido mencionar la “prioridad nacional”, uno de los conceptos recogidos en ese acuerdo que más polémica ha generado, incluso en su propio partido, por considerarse ilegal y xenófobo. Además, la interpretación de esa “prioridad nacional” ha servido ya para enfrentar a PP y Vox antes de que se materialice el pacto con la votación de este miércoles a favor de la investidura de Guardiola.

“El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y deberes”, ha reconocido la presidenta extremeña en funciones, pero, al mismo tiempo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, institucionalizando desde la Junta de Extremadura la sospecha sobre las personas migrantes, con lo que ha hecho propio el marco ideológico de Vox en este asunto.

La finalidad de esa unidad es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita”, ha explicado Guardiola. En el acuerdo firmado el pasado jueves se menciona concretamente “el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Por eso, entre sus funciones principales, según el acuerdo, se incluirán “la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”

Pero esa Unidad irá más allá: “Tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ”pisos patera“, aunque no se especifica cómo se va a crear ni con qué recursos contará.

Guardiola ha vuelto a responsabilizar al Gobierno del “absoluto fracaso” de la política migratoria y de “tener la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer”. En este sentido, ha asegurado que Extremadura “no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad”, en referencia a Catalunya. Por ello, “nos opondremos a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes. Y lo haremos en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra el Real Decreto de reparto de menores”.

En su discurso de investidura no ha hecho referencia a la realización de pruebas de determinación de edad a las personas migrantes ni al endurecimiento del régimen disciplinario de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Ambas son también medidas incluidas en el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox.

Guardiola ha asegurado que su Ejecutivo “jamás va a incumplir la ley” y ha justificado el acuerdo con la extrema derecha para “dejar atrás una etapa de bloqueo”, por lo que ha augurado que el entendimiento con la formación ultra será “duradero, fiable y de mirada larga”.

Desregulación de las leyes ambientales

Por otro lado, la presidenta en funciones se ha comprometido a “proteger del Pacto Verde” a los agricultores y ganaderos, y ha rechazado el acuerdo con Mercorsur “si no garantiza la igualdad de condiciones de los productores extremeños”. Además, el futuro Gobierno extremeño tendrá como “prioridad” la modificación y flexibilización de las leyes que afectan a la protección ambiental, a la caza, a la pesca, a la actividad agraria y a la conservación de espacios naturales. “No podemos ignorar que convivimos con un exceso de leyes pensadas sin contar con quienes trabajan la tierra”, ha afirmado.

La Junta también financiará, por fin, el macroproyecto del regadío en Tierra de Barros, y volverá a revisar (la última revisión es de hace unas semanas) las Zonas de Especial Protección de Aves y los Lugares de Interés Común “porque conservación y actividad económica no son incompatibles”.

Guardiola también vuelto a oponerse al posible cierre de la central nuclear de Almaraz, aunque no ha mencionado la rebaja de la carga fiscal a las eléctricas que ha pactado con Vox: la reducción de un 30% anual de la ecotasa hasta que desaparezca en 2029, es decir, 90 millones de euros menos anuales para las arcas autonómicas .

Vox tendrá las competencias de 'desregulación' en el futuro Gobierno de coalición para “eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades”, según el acuerdo. Por eso, la líder del PP ha mencionado la aplicación del principio de declaración responsable para el sector primario, la liberalización de suelo para la construcción de viviendas y la reducción de cargas urbanísticas y fiscales. Además, la Junta se ha puesto como objetivo la construcción de 3.500 VPO durante la legislatura.

Lazos con América

Entre las novedades que se van a poner en marcha en Extremadura, Guardiola ha afirmado que hay un horizonte “que me ilusiona especialmente” y es la relación con los países de Hispanoamérica para que Extremadura se convierta “en un referente de la cultura, el conocimiento y las oportunidades”. En concreto, la región se creará el Instituto del Mestizaje, para “tejer nuevas alianzas con los países hermanos de América en los ámbitos cultural, educativo y de investigación”.

Pero no se ha quedado ahí, la líder del PP ha reivindicado el papel de España y Extremadura en la conquista de América: “Extremadura no tiene nada de lo que avergonzarse y España no tiene nada de lo que pedir perdón. No podemos juzgar el siglo XV con los ojos del siglo XXI. América no fue una colonia sometida: fue parte de una Corona compartida, de un encuentro entre mundos que alumbró una de las culturas más ricas y diversas de la historia de la humanidad”.

A pesar de que Guardiola sentará en el consejo de gobierno a un vicepresidente y un consejero o consejera de Vox, la presidenta en funciones se ha comprometido a poner en marcha un protocolo de actuación en violencia contra las mujeres en atención primaria y un plan autonómico de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, con atención integral a las víctimas.

El tercer intento de Guardiola

María Guardiola se enfrenta a su tercer intento para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión tiene asegurado el apoyo de Vox en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles. Para lograr el apoyo de la extrema derecha, PP y Vox han pactado un Gobierno de coalición después de la experiencia fallida de la legislatura anterior, donde esa coalición apenas duró un año.

La situación ahora es distinta. Guardiola se quedó lejos de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado diciembre, donde su formación obtuvo 29 diputados, pero Vox pasó de cinco a 11 escaños. La necesidad de acordar con los ultras y el buen resultado de estos han motivado que el pacto de gobierno al que han llegado con la intención de que permanezca vigente los cuatro años de legislatura esté repleto de concesiones ideológicas a la extrema derecha y de medidas xenófobas basadas en una supuesta “prioridad nacional”.

PP y Vox cerraron el pacto el pasado jueves, cuatro meses después de iniciar las negociaciones, que estuvieron cerca conducir a una repetición electoral por la falta de entendimientos de ambos partidos en Extremadura. Por ello, las direcciones nacionales tuvieron que intervenir y han participado en los últimos encuentros que se celebraron en Mérida.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

Diputado de UCD entre 1981 y 1982, vicepresidente de la Xunta de Galicia por Alianza Popular entre 1983 y 1984, parlamentario de Coalición Galega y de su escisión (Partido Nacionalista Galego) entre 1986 y 1990, su fulgurante carrera política en las derechas gallegas todavía vivió un inesperado epílogo en 1994: encabezó la lista del BNG, en puridad un frente de organizaciones nacionalistas de izquierdas, al Parlamento europeo. No salió elegido. Carlos Mella, brillante economista con estudios en la Sorbona y escritor irónico y a menudo lúcido, murió este martes en Santiago de Compostela a los 96 años.

Cuando en 2009 publicó su último libro, Memorias dun ninguén [Memorias de un nadie, Editorial Galaxia], Mella había ya completado la evolución ideológica que lo condujo de la derecha españolista al nacionalismo gallego progresista. “Si, los gallegos somos gente sumisa, pero no es sumiso el de abajo, es sumiso el de arriba”, respondía en una entrevista para El País, “quien conquistó Galicia para los otros no fueron los de abajo, fueron los de arriba”. En esa misma conversación exponía su mirada cáustica e implacable sobre las élites económicas gallegas y su clase dirigente: “Renuncian al país porque son cobardes, quieren sobrevivir”.

Aseguraba saberlo de primera mano. Lo comprobó como vicepresidente para Asuntos Económicos de Xerardo Fernández Albor, el primer presidente de la Xunta de Galicia, de AP (formación antecesora del PP), quien había hecho la guerra con el bando franquista y seguido cursos de aviación en la Luftwaffe de Herman Göring. “Me enemisté con las fuerzas vivas por la parte de arriba”, sostenía sobre su paso por el Gobierno gallego, “mi opinión sobre el empresariado gallego era la que era, los bancos, las cajas...”. Tampoco calló ante la Casa Real, a cuenta de problemas de protocolo en la Ofrenda al Apóstol que, a su juicio, menospreciaban a la Xunta. Mella, que en su día había firmado un pronunciamiento público contra el Proceso de Burgos a militantes de ETA, acabó además enfrentado al otro vicepresidente de Albor, Xosé Luís Barreiro Rivas, y dimitió.

En 1986 volvería a la entonces convulsa Cámara autonómica, pero esta vez como diputado de Coalición Galega. Este partido efímero fue lo más aproximado que hubo a una CiU gallega: nacionalismo de derechas con base empresarial y fuertemente enraizado en lo local, especialmente en la provincia de Ourense. Las tensiones internas no tardaron en aparecer y Mella optó por la ruptura: formó parte de otro intento organizativo no muy longevo y un poco más inclinado al centro, el Partido Nacionalista Galego. No fraguó. Mella acabaría su paso por la política activa en 1994, cuando su amistad personal con Xosé Manuel Beiras, entonces líder del BNG, lo llevó al número 1 de la lista de la izquierda nacionalista a Europa. Estuvo cerca de conseguir el acta.

Carlos Mella se alejó entonces de la primera línea. No se prodigó demasiado como escritor, y eso que algunos de sus libros resultan testimonios informados y críticos de los primeros años de la autonomía gallega: Non somos inocentes (1990) o A Galicia posible (1992). Su Luces de Fisterra, subtitulado Esperpento Xacobeo, es un repaso sarcástico a la Galicia de Fraga Iribarne publicado justo en el año en que este perdió las elecciones. Mella, que había nacido en la aldea de O Foxo (A Estrada, Pontevedra) en 1930, también escribió ensayos sobre economía -A falacia do economicismo (1994), El pensamiento salvaje. A vueltas con el economicismo (2012)- y presidió la Fundación Castelao. En 2024 mostró su apoyo a la candidatura de Ana Póntón, del BNG, a la presidencia de la Xunta de Galicia.

En el año 2017 el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) puso en marcha una iniciativa dirigida a los hombres que ocupan cargos políticos con el fin de fomentar que promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. Para ello, se crearon dos grupos de hombres en política, uno dentro del Gobierno vasco y otro a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Se trataba de espacios de formación, reflexión e intercambio, cuyo objetivo era reforzar la participación e implicación en la igualdad de los hombres que trabajan en la política, en la medida en que son referentes y participan en espacios de toma de decisión.

Ahora, casi una década después, y tras la participación de cerca de 500 hombres en las actividades diseñadas en el programa bautizado como 'Hombres políticos por la iguladad', llevado a cabo por Gizonduz, se ha querido dar un paso más allá con la creación de la 'Red de políticos por la igualdad', una iniciativa para promover la sensibilización, formación y acción a favor de la igualdad.

“Los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa tienen mucho que ver con la desigualdad. Tenemos los hombres una gran responsabilidad porque tenemos unos privilegios como colectividades y tenemos responsabilidades además añadidas quienes tenemos un cargo político, una responsabilidad pública. Los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de todo esto porque tenemos la capacidad de incidir en los espacios de decisión, de crear referentes positivos, referentes de liderazgos igualitarios, compartidos y justos”, ha señalado el lehendakari Imanol Pradales este lunes en la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria’ organizada por Emakunde en Vitoria y en la que se ha anunciado la creación de la red.

Para la ocasión, Pradales ha rescatado unas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe. “Quiero compartir plenamente unas palabras de hace muchos años de quien fuera lehendakari de Euskadi, el lehendakari Ibarretxe, cuando dijo que 'la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia'. El contexto global lo exige. Los valores cívicos y la democracia hoy están en riesgo. Cobran cada vez más fuerza modelos de liderazgos autoritarios basados en una masculinidad tóxica. Creo que se entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para avanzar en una sociedad igualitaria es muy importante contar con representantes políticos concienciados, formados, comprometidos. Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión, en cada plan, en cada norma, en cada ley y en cada acción. A partir de hoy damos un paso más. Hoy creamos la red de hombres políticos a favor de la igualdad. Hoy, con esta jornada y con esta iniciativa, ponemos un grano de arena más en la construcción desde la política de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha insistido Pradales.

Según han detallado desde Emakunde, la red se plantea como un “espacio discreto y seguro” para el intercambio y la acción a favor de igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista, adaptado a las necesidades de los hombres en política y considerando su diversidad. “Es una de las líneas previstas en la Estrategia Gizonduz 2030, una iniciativa en la que ha habido que trabajar mucho para implicar a los hombres en acciones relacionadas con la igualdad, pero que ha conseguido grandes avances y hoy hay más demanda por parte de los hombres, que hace 19 años, para recibir formación en igualdad”, ha asegurado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la formación de la red, cualquier hombre que ocupe un cargo político en una institución pública de la Comunidad Autónoma Vasca podrá adherirse a ella, siempre que muestre su compromiso de impulsar o desarrollar actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Se prevé, al menos, una reunión plenaria al año coordinada por Emakunde, además de actividades de sensibilización, intercambio de experiencias y formación. “Trabajar con hombres en política es fundamental porque son referentes en sus ámbitos y participan en espacios de toma de decisiones. Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos”, ha concluido Elgarresta.

María Reigosa, concejala no adscrita desde que hace un mes abandonó el grupo socialista por el que había sido elegida, ha abierto la puerta a apoyar una moción de censura del Partido Popular en Lugo. La edila lo insinúa en una entrevista en La Voz de Galicia publicada este lunes: “Los lucenses llevan años pidiendo que se resuelvan asuntos pendientes, pero que se van posponiendo en el tiempo. Una moción también es una gran oportunidad para la ciudad”. En la misma entrevista también recuerda su decepción cuando, al tomar posesión de su acta tras el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100%. “Solo me ofrecieron el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, dice, “eso me provocó problemas para compatibilizarlo con mi trabajo”. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se ha pronunciado sobre las insinuaciones de Reigosa y cargado contra la derecha: “Quien no tiene límites para llegar a través de un acto de corrupción política tampoco los tendrá para gobernar”.

Una coalición entre PSdeG y BNG gobierna Lugo. Su alcalde, Miguel Fernández, lo es desde marzo de 2025, cuando sustituyó a Paula Alvarellos, muerta repentinamente. Alvarellos había heredado el bastón de mando de Lara Méndez, la candidata en las elecciones municipales que después dio el salto a la política autonómica. Los socialistas obtuvieron en los últimos comicios locales ocho ediles, los nacionalistas cinco y el PP, encabezado por Elena Candia, 12. Reigosa descartó hace unas semanas en la prensa local la posibilidad de una moción de censura. Ha cambiado de opinión. “Hace un mes pensaba que, tras pasar a ser edila no adscrita, podría manifestar mi opinión y que los plenos podrían aprobar cuestiones importantes para la ciudad”, dice en la mencionada entrevista, “pero la realidad es que lo que se aprueba en los plenos no se ejecuta. Lugo necesita un cambio de ciclo y personas que trabajen para hacerlo posible”.

Gómez Besteiro ve detrás de la operación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Lo ha cocinado en su despacho porque lleva 27 años sin coneguir la alcaldía de la ciudad con el voto de la ciudadanía”. Además, añade, “cruza líneas que no se deberían cruzar” y “aprovecha momentos especialmente dolorosos”, en referencia a las muertes de miembros del PSOE lucense.

La ciudad ha elegido alcaldes socialistas en pactos con el BNG desde 1999. El rumor de una posible moción de censura comenzó a extenderse desde el día en que Reigosa, número 11 en la candidatura socialista -además de Alvarellos y Permuy, también falleció la edila Olga López Racamonde-, dejó su carnet del PSOE, quedó como independiente dentro del grupo de gobierno y, a las pocas semanas, pasó al de no adscritos.

Lo primero que se ve es un barrio gris, fachadas desconchadas, suciedad, chabolas y perros. Es Tiszabura, en Hungría, pero podría ser cualquier a de los trescientos asentamientos que hay por todo el país. “Aquí la vida se ha paralizado”, cuenta a cámara un hombre de mediana edad, acompañado de una mujer algo más joven. Van muy abrigados, es invierno. “No hay lugares a donde salir, no hay cultura. No había donde sentarse, donde pudiéramos dibujar, donde los niños pudieran pintar o, incluso, aprender a tocar instrumentos. Creo que ninguna de estas cosas existe”, continúa el hombre mientras la cámara se desplaza y muestra unas deportivas abandonadas, calles con socavones y más suciedad.

Son los primeros minutos de El precio de un voto (2026), un documental independiente estrenado apenas dos semanas antes de las últimas elecciones nacionales húngaras que culminaron con la caída del líder ultraderechista, Víktor Orbán, tras 16 años al frente de uno de los gobiernos más intolerantes de Europa.

Con una duración de poco menos de una hora, la película recorre aldeas romaníes en el campo del país (bastión acérrimo de Fidesz, el partido de Orbán) para destapar una extensa red de sobornos y chantajes. “Recibí 11,8 millones (de florines) por todo”, dice una voz distorsionada al comienzo del filme. Eso es mucho dinero para alguien que no tenía nada. 

Con un sistema organizado para extorsionar a los más pobres; agentes con base en Budapest prometen y entregan de todo. Desde paquetes de comida hasta billetes de 20.000 florines (unos 55 euros) a quienes voten por el partido ultraderechista. El modus operandi es el siguiente: los agentes acompañan a los ciudadanos a las cabinas de votación y, aprovechando un resquicio legal que les permite acceso, se aseguran de que los votantes “elijan la opinión correcta”.

A nivel local, la película alega que los alcaldes leales al gobierno van un paso más allá, amenazando a empleados públicos y ciudadanos cuando es necesario. “No consigues trabajo público, no puedes trabajar, no consigues aquello, te quitan el subsidio de vivienda”, relata con la voz distorsionada un hombre que solía trabajar sobornando e intimidando en nombre del partido. “Hay tantas cosas que podrían hacer para perjudicar a las familias”, añade otro informante. Entre ellas, la de amenazar con el secuestro de los niños. Una mujer joven, morena, acuna a un bebé en una habitación estrecha llena de mantas viejas. Tiene muchas ojeras. Musita que no quiere que se lleven a sus hijos.

La cinta se proyectó en un cine de Budapest y se publicó en YouTube el pasado 26 de marzo. En apenas dos semanas consiguió 2,2 millones de visualizaciones. Por su parte, la participación en las elecciones del pasado 12 de abril alcanzó el 74%, un récord desde la caída del Telón de Acero. Unos seis millones de personas de las que hasta un tercio vieron el vídeo. La pregunta, entonces, es si puede un documental impactar, y llegar a cambiar (junto con otros factores), el curso de unas elecciones.

Una chispa de revolución

“Hay casos paradigmáticos donde el contexto ha marcado que una película se convierta en algo singular o icónico”, apunta el cineasta Luis López Carrasco en conversación con elDiario.es, quien señala que aunque un documental o una pieza cinematográfica puede contribuir a poner sobre la mesa una conversación, los medios de comunicación de masas “tienen muchísima más agenda”. “Una pieza hecha de manera independiente muchas veces es una gota en un océano, pero también es una chispa que puede prender algo nuevo”, continúa el cineasta, director de El año del descubrimiento (2020), una cinta que explora los cambios políticos y sociales que vivió España en los 90 a través de conversaciones en un bar.

Una pieza hecha de manera independiente muchas veces es una gota en un océano, pero también es una chispa que puede prender algo nuevo

Luis López Carrasco — Cineasta

“La pregunta que yo tiendo a hacerme con estas cosas es hasta qué punto estos documentales, donde lo importante es el tema, van a llegar a un público nuevo. Que no vayan a ser solo vistos por quienes ya estaban interesados en el asunto”, continúa Carrasco, quien consiguió romper esa barrera con su trabajo (con el que se alzó con dos premios Goya) en el momento en el que los temas que tocaban entraron en la conversación del público general y se salieron “de los circuitos de la cinefilia”. 

“Ese es el gran reto del cine de no ficción”, apunta por su parte Germán Llorca, director de la Cátedra Análisis y Prospectiva del Audiovisual de la Universitat Politècnica de València. “La capacidad de intervención en el debate público de cualquier documental está directamente relacionada con su capacidad de salirse de su ámbito natural de comunicación”, explica para señalar que es eso es lo que ha ocurrido en Hungría.

Para Llorca, una pieza como esta puede tener una mayor capacidad de impacto en momentos de crisis. “No hay que olvidar que Orbán viene de 16 años de un desgaste que se ha agudizado en el contexto de una guerra (la de Ucrania) en la que se ha alineado a la contra del resto de Europa”, señala el profesor para concluir con que este documental puede ser una guinda a un proceso que estaba ya en marcha. “Aunque no hay que olvidar que la cultura, que es un campo en conflicto de problematización de las cuestiones que nos afectan como sociedad y es una herramienta potentísima cuando, a través de un artefacto, un dispositivo cultural, podemos hacer llegar a una idea a la conversación pública”, desarrolla.

Carrasco también se pregunta hasta qué punto el cine social no funciona “como una especie de placebo”. “El viernes por la noche vas a ver una película en la que ves las circunstancias de enorme desigualdad en la que viven personas que, además, a lo mejor no están tan lejos de ti, y sientes bienestar moral que, en ningún caso, te va a hacer cambiar tus hábitos de vida ni estar más involucrado en la transformación social”, argumenta para señalar que, probablemente, aún hagan falta películas más molestas, incómodas, duras.

“Aunque a veces no se vea, muchos documentales sociales tienen un impacto enorme”, interviene, por su parte, Hernán Zin, cineasta, escritor, periodista de guerra y productor cuyos trabajos han estado nominados a premios Emmy, Grammy y Goya y cuyo documental, Nacido en Gaza, fue el más visto a nivel mundial en Netflix en 2013. “Yo recibo 700 mensajes al día de personas que nos preguntan qué pueden hacer para ayudar”, cuenta para señalar que la vocación documentalista pretende influir en la agenda política “a través de los corazones de la gente”. “Se llega así, emocionando y humanizando cosas que, al público objetivo, le puede quedar muy lejos”, continúa Zin, quien opina que en prensa, lo que falta son las historias en primera persona. 

“El tema de la ultraderecha en Europa me preocupa muchísimo y me alegra mucho que estén saliendo piezas independientes como esta”, continúa el cineasta y periodista. “En piezas así, cinematográficas, hay espacio para el testimonio puro y duro de grupos de gente que, en la prensa escrita, en los informativos, no tienen su hueco”, asegura.

Se llega así, emocionando y humanizando cosas que, al público objetivo, le puede quedar muy lejos

Hernán Zin — Cineasta

Gente anónima, gente que sufre y a la que nadie ha escuchado hasta ahora es la protagonista de este filme, que está dirigido por un colectivo, que se hace llamar DeakcioKozosseg (que se traduciría, aproximadamente, como Acción Comunitaria Contrarréstate) y que está formado por unas veinte personas. “Cuando comenzamos a filmar hace seis meses”, declaran en la descripción del vídeo en YouTube, “solo queríamos hacer una película sobre la compra de votos. Recibimos información de 14 provincias, hicimos más de 60 entrevistas y recorrimos 20.000 kilómetros”. También, tuvieron que saltarse la censura para conseguir publicarlo. 

A la pregunta de qué hay del precio a pagar por hacer este tipo de cine, una respuesta quizá sea el silencio de DeakcioKozosseg a la propuesta de entrevista enviada por este periódico. “Es un precio altísimo”, dice Zin. “Los documentalistas somos los hermanos pequeños de la industria y, cuando te metes en asuntos peliagudos, vas a recibir muchas amenazas, además del coste psicológico que puede tener el enfrentarte a testimonios de vida muy duros”, explica para zanjar con que, aunque ahora hay muchas plataformas en las que grupos independientes pueden lanzar sus trabajos, por otro lado, las grandes productoras como Netflix o HBO han dejado de programar “documentales de calidad”.

“En los últimos tres años ha habido un cambio en los programadores que es un golpe muy duro, pero siempre se seguirán contando historias, aunque sea por canales alternativos”, concluye. 

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

Jeff Sharlet cuenta que de pequeño le obsesionaba la idea de la pelea del bien contra el mal, y que eso (y una madre muy creyente) lo llevó a interesarse por la religión. Lleva más de dos décadas investigando y escribiendo sobre ese tema, y en los últimos años específicamente sobre cómo la religiosidad conecta con el poder y la política.

Su best seller La Familia, publicado en Estados Unidos en 2008 y en 2025 en España por Capitán Swing, cuenta cómo descubrió en primera persona el grupo fundamentalista con más poder en Estados Unidos, organizador del Desayuno Nacional de Oración al que asisten todos los presidentes desde Eisenhower, sin excepción. Ahora Sharlet analiza la retórica de fe que rodea al trumpismo y el movimiento MAGA, su conexión con posiciones ultraconservadoras y con las milicias armadas que se preparan para una guerra civil en La resaca. Escenas de una guerra civil parsimoniosa (Cap. Swing).

A la salida de una de sus clases en la universidad Dartmouth College, habla largo y tendido por videoconferencia sobre su viaje al interior de un Estados Unidos que considera protofascista, sobre la crisis del periodismo y sobre cómo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nos ha cambiado la vida “a todos”: “Es más fácil dejarse llevar por la estafa que nadar contra ella”.

En su libro La Familia (sobre el que Netflix hizo una serie documental) mostró cómo la supuesta separación entre religión y Estado es eso, simplemente una suposición. ¿La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha exacerbado esa simbiosis?

Absolutamente. Esa relación del establishment político y religioso fue la base del imperio neoliberal estadounidense. Pero Trump cambió las reglas y dejó ese establishment subsumido en un proyecto fascista. Y digo proyecto porque no es un gobierno fascista totalmente consolidado. Trump hoy en día no tiene el control sobre Estados Unidos que tuvo Franco durante su régimen, por entendernos.

¿Y en qué términos se establece esa relación entre Trump y la religión?

Los primeros mítines de Trump, allá por 2016, empezaban con un predicador fundamentalista, pero la prensa política estadounidense e internacional ignoró este detalle. Yo estaba en esos mítines y veía que la mayor parte de la prensa se quedaba en una zona acordonada, convirtiéndose en un mero accesorio de la obra que Trump montaba.

Los predicadores hablaban y la prensa no prestaba atención, pero estaban ocurriendo dos cosas interesantes. Una, que los sermones estaban más a la derecha que cualquier cosa que hubiéramos visto. En segundo lugar, no eran figuras destacadas de la derecha cristiana.

En el mundo de la derecha, los secuestros del ICE se celebran como una virtud. Los mismos vídeos que en la izquierda se ven con horror, en la derecha se consumen con risas, por pura diversión y placer

Había un predicador, un tipo realmente apasionado que animaba a la multitud, del que nunca había oído hablar. Pensé: ¿qué me estoy perdiendo? Pero nunca había oído hablar de él porque no era nadie. No tenía ni siquiera una iglesia. Lo que Trump entendió fue que no le interesaba potenciar otra institución religiosa; solo necesitaba infundir esa retórica en su base de poder. 

¿Piensa que Trump supone un cambio en el registro emocional de la política estadounidense? 

El imperio estadounidense siempre se ha valido de la violencia, pero se presentaba como inevitable, en plan ‘Oh, lamentamos tener que bombardear tu país hasta hacerlo desaparecer’. Eso ha cambiado. En el primer mitin de Trump del que hablo en el libro, en Youngstown (Ohio), estaba de pie apretujado junto a una pareja de abuelos encantadores, que empezaron a hablar del placer que le daría a él propinarle una paliza al reportero de la CNN. Era un diálogo íntimo cargado de sadismo. Creo que Trump ha conseguido esta erotización de la violencia, y convertirla a la vez en una especie de purificación. 

¿Eso explica la tolerancia de los estadounidenses con la aplicación de esa violencia en ataques militares o incluso internamente, como el caso de ICE?

Hemos visto cierta resistencia hacia el ICE, aunque no quiero exagerar su eficacia. No se puede decir que el antifascismo esté ganando esta batalla. Para mí, esa tolerancia tiene que ver con el colapso del periodismo estadounidense: hemos pasado de unos 350.000 periodistas en 2008 a menos de 70.000 hoy en día. Si te adentras en el mundo de la derecha, ves cómo los secuestros del ICE se celebran como una virtud. Los mismos vídeos que en la izquierda se ven con horror, en la derecha se consumen con risas, por pura diversión y placer.

En el libro explora la idea de un “agnosticismo” moderno, donde la verdad no está en los datos sino en un conocimiento personal y “visceral”. ¿Es posible el diálogo democrático cuando una parte de la sociedad considera que los hechos son secundarios frente a las “revelaciones” de internet?

No (risas). Ahora en serio. Hace tiempo que no tenemos ese diálogo y mi libro trata precisamente de intentarlo. Viajar y hablar con gente corriente, pero no para señalarlos como monstruos. Pero es muy difícil.

Por ejemplo, en Marinette (Wisconsin), conocí a Rob Brum, comandante de una milicia ciudadana. Yo estaba fuera sacando fotos de su casa porque tenía una bandera de “Fuck Trudeau”, lo cual me pareció muy internacionalista por su parte, considerando que muchos estadounidenses ni saben quién es el primer ministro de Canadá.

Creo que el gobierno de Trump anticipó más resistencia en las calles de la que encontró"

Él salió y me invitó a pasar. Estaba armado. Entré porque iba armado y yo estaba en su jardín, ¿qué otra cosa podía hacer? Hablamos durante horas en medio de un auténtico arsenal: la mesa de billar estaba cubierta de munición y armas largas. Su hijo de tres años sabía disparar un rifle AR-15. No hubo ni un atisbo de persuasión ni de tergiversación entre nosotros; él sabía quién era yo y yo sabía quién era él. Fue una conversación, pero no una conversación democrática, porque no había intento de llegar a un punto común. Era un intento de conocernos a través de la grieta de esta guerra civil a cámara lenta, en la que una parte se está armando para cuando el conflicto deje de ser lento.

¿Dónde nos encontramos en la cronología de esa “guerra civil parsimoniosa” que da título al libro?

Es una pregunta interesante. Elegí ese título en 2022. Yo llevaba tiempo escribiendo sobre cosas como el movimiento por los derechos de los varones y el Evangelio de la Prosperidad, pero tras el 6 de enero de 2021, con el ataque al Capitolio, sentí que todo cobraba otro significado y que debía reunir todos estos factores en un libro. 

En 2023, cuando salió el libro en Estados Unidos, parecía que la guerra civil se estaba acelerando. Es cierto que el trumpismo ha avanzado mucho más rápido de lo que se temía, pero también más lento en ciertos aspectos. Por ejemplo, el ICE es la mayor agencia de este tipo de la Historia y la que más financiación recibe. 

Por otro lado, ha ido más lento de lo que algunos esperaban. Si miras el libro de Pete Hegseth [el secretario de defensa, o de Guerra, como se denomina en la Administración Trump, publicó en 2022 Battle for the American Mind (Batalla por la mente estadounidense)] él habla de una “guerra civil fría” y de la necesidad de “calentarla”, utilizando al ejército en las ciudades. Creo que el Gobierno de Trump anticipó más resistencia en las calles de la que encontró. Querían esa pelea para enviar a las tropas, pero no la consiguieron del todo.

Sí consiguieron una mártir para esa guerra: Ashli Babbitt. ¿Qué ha cambiado en Estados Unidos con su muerte?

Es un punto de inflexión. Para dar el paso definitivo hacia el fascismo se necesitan mártires. Primero Trump intentó elevar a otros ciudadanos asesinados por indocumentados, utilizando una retórica de pureza racial. Pero el público no sabía quiénes eran esas personas. 

El 6 de enero, Ashli Babbitt murió en televisión, casi en directo. Al principio no se sabía quién la había matado, pero se veían las manos de un hombre negro. Esto conecta con mitos fundacionales como El nacimiento de una nación. Babbitt era la mártir perfecta: rubia, inocente y además veterana del Ejército. Ella mantuvo la ‘cruz’ caliente hasta que Trump fue procesado. Ahora, él es el mártir definitivo: su ficha policial es la nueva cruz.

¿Qué encaje tiene la crisis de la masculinidad tradicional en esta nueva retórica religiosa del trumpismo? 

Mi libro anterior, La Familia, empezaba con jóvenes que vivían en una masculinidad fundamentalista que era profundamente sexista pero entendía la cosificación como algo malo. Ahora, la misoginia violenta se ve como una vocación moral, la pastilla roja del ‘despertar’ frente a la Matrix. El caso es que eso que yo veía hace años ya no es un grupo marginal. Ahora es la Casa Blanca. Una reafirmación de valores donde se establece una jerarquía clara: o eres una madre santificada o un objeto sexual invisible.

Incluso una figura del Gobierno como Pete Hegseth, con sus trajes ajustados y sus vídeos haciendo flexiones o dominadas, representa una sexualidad que afirma una jerarquía sádica y emocionante donde al menos sabes cuál es tu lugar. Y Trump… bueno, ya sabemos qué tipo de masculinidad representa. 

¿El salto de esta nueva religiosidad es que sus miembros no están atados a la clásica moralidad cristiana?

No creo que estén desconectados de la moralidad. Se trata de una reconfiguración de la moralidad; es decir, ven su expresión de misoginia violenta como una vocación moral.

¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad y qué influencia ha tenido en Donald Trump? 

Es una tradición antigua vinculada al capitalismo estadounidense, y fundamental en la vida de Donald Trump. Norman Vincent Peale, autor de El poder del pensamiento positivo, era el pastor de la iglesia a la que iba. Se basa en la idea de que puedes visualizar el camino hacia una vida feliz o de éxito. 

Acabo de oír en la radio que el Gobierno declara por enésima vez su “victoria sobre Irán”. Es ese concepto de “Name it and claim it” (nómbralo y reclámalo) del Evangelio de la Prosperidad: si creo con suficiente fuerza que hemos ganado, así será. Es el equivalente a un remedio milagroso; puede que sea solo alcohol y opio, pero te hace sentir genial aunque no cure nada. Es más fácil dejarse llevar por la estafa que nadar contra ella. 

Esta última idea conecta con la ‘resaca’ del libro. 

Sí, el título del libro tiene un doble significado. No es solo la resaca tras la fiesta, es la corriente de resaca en el océano que te arrastra. La gente en esas iglesias o milicias no cree en el cambio climático, pero ven que sus cosechas mueren; no creen en la COVID, pero la sufren. Esa corriente subterránea es dolor y duelo, y el deseo de creer en algo.

¿Cómo puede el periodismo romper la barrera esa especie de fe –que muchas veces se convierte en paranoia– en un país donde el presidente ve a los reporteros como enemigos?

No lo sé, quizá mudándose a España (risas). Lo digo en serio: estoy haciendo entrevistas con periodistas españoles que plantean preguntas reflexivas, y me pregunto cuántos periódicos estadounidenses harían algo así hoy en día. Trump ha logrado que el periodista sea visto como el “enemigo interno”, en un sentido fascista clásico, de forma similar a como el zar ruso utilizaba a los judíos o gobiernos anteriores a los comunistas y personas queer.

Hablé con un miliciano, Dave, que está listo para la guerra civil. Dice que se levantarán ‘cuando vengan a quitarnos las armas’. Él lo cree de verdad, no es una metáfora

Es el triunfo del narcisismo: Trump ganó al fomentar el odio total hacia el “enemigo del pueblo”. Esa desconfianza está ahora en todas partes, incluso en la izquierda. Es una espiral de muerte y no tengo ni idea de cómo detenerla.

¿Cree que estamos cerca de un punto de no retorno?

Ya lo hemos superado. No hay vuelta atrás. Cuando volvamos a la orilla, no será la misma playa. Las decisiones de Trump han cambiado el futuro de todos. No volveremos a la visión de una transición pacífica del poder.

Tras recorrer el país y escuchar tantas voces de ira, ¿encuentra algún atisbo de imaginación o solidaridad que permita pensar en un cambio a mejor?

Sí, pero a largo plazo. El año pasado estuve en Idaho, el estado más de derechas del país. Incluso allí, en Coeur d'Alene —un bastión del neonazismo—, vi a gente con mucho valor. Todo el mundo va armado allí, no solo la derecha. Entrevisté a una exconcejala de derechas que había sido expulsada por no ser “suficientemente radical”. Me explicaba que siempre se sentaba de espaldas a la pared por seguridad.

Sé que suena horrible, pero encuentro esperanza en el reconocimiento de que esto es insostenible. En Rifle (Colorado), el pueblo de la congresista Lauren Boebert, hay un restaurante donde las camareras visten como en Hooters pero llevan un revólver en la cadera. Hablé con un miliciano, Dave, que está listo para la guerra civil. Dice que se levantarán ‘cuando vengan a quitarnos las armas’. Él lo cree de verdad, no es una metáfora. Es abrumador, pero es la realidad que debemos medir para encontrar una nueva democracia.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

“Si acude a un despacho de arquitectos, su proyecto tendrá prioridad sobre el resto porque Morales estará encima de este asunto”. Esta frase es la recomendación que una vecina de Oviedo/Uviéu asegura que recibió como respuesta si quería acelerar el trámite que quería realizar en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. Morales era, hasta ayer, uno de los asesores de confianza de la Alcaldía del consistorio de la capital asturiana. El siguiente paso ha sido su cese fulminante.

Sin embargo, el de Ignacio Morales no ha sido el único cese que el alcalde ha afrontado en su equipo de asesores. Hace apenas unos días también abandonó su puesto Hugo Huerta, exconcejal de Vox. En ambos casos, los dos cargos cesados han alegado que dejan el consistorio por “motivos personales”.

El cese de Morales

Canteli firmó la resolución del cese como personal eventual del ayuntamiento ovetense del arquitecto Ignacio Morales Zapata en su calidad de “asesor de Alcaldía en materia de urbanismo” con efectos inmediatos ayer mismo y a continuación el anuncio se subió a la sede electrónica municipal.

El anuncio avanzaba que su contenido se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en la web municipal y se informará sobre esta situación en la próxima sesión plenaria que se celebre en el consistorio.

Los grupos municipales de la oposición -PSOE, Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo y Vox- han reaccionado de inmediato, exigiendo “transparencia” al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) acompañada de la creación de una comisión de investigación que aclare las circunstancias de ese presunto tráfico de influencias que se deduce de la denuncia que la vecina supuestamente afectada ha interpuesto a través de un canal interno.

La reacción de la oposición

Los representantes de los grupos municipales de PSOE y Vox han optado por comparecencias públicas en sendas ruedas de prensa convocadas este mismo jueves, mientras que IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado este cese a través de un comunicado oficial.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Carlos Fernández Llaneza, considera que hay muchas evidencias de la veracidad de esta denuncia ante posibles irregularidades cometidas por el hasta ahora asesor de Urbanismo desde el momento en que el propio alcalde ha procedido a su cese.

La “preocupación” en el PSOE

Fernández Llaneza reconoce que esta denuncia ha causado una “gran preocupación” en su grupo y ha reclamado la “absoluta transparencia” en la investigación interna iniciada sobre la actividad y vínculos del asesor de Alcaldía en la materia y número 15 de su lista electoral, Ignacio Morales.

El portavoz socialista ha explicado que el pasado lunes llegó a la Alcaldía y a los grupos municipales un correo en el que se alertaba de supuestas irregularidades vinculadas a este cargo de confianza de Canteli en el área de Licencias.

Un cese “fulminante”

“Desde el primer momento actuamos con lealtad institucional y trasladamos esta información al secretario general del Ayuntamiento”, ha indicado.

Esa era una noticia que, sin embargo, no cogió sorpresa al secretario general ya que en ese momento ya se tenía conocimiento de los hechos y se había producido una reunión con responsables municipales.

Al término de esa reunión, el alcalde adoptó al decisión del “cese fulminante de su asesor”, al recibir el correo lo que, a juicio de Fernández Llaneza, implica que “es el propio alcalde el que da verosimilitud a la denuncia ciudadana”.

La Junta de Portavoces

Esta mañana se reunía la Junta de Portavoces, donde se aprobaba la apertura de una investigación interna que deberá esclarecer los hechos, por lo que Fernández Llaneza opta por la prudencia hasta ver en qué deriva esta denuncia.

“Somos respetuosos con los procedimientos y será esta investigación la que determine si existen irregularidades”, ha afirmado el portavoz socialista.

“Cuando se produce un cese de forma inmediata, es evidente que algo puede intuirse”, ha dejado su reflexión en voz alta.

Urbanismo, un área “crítica”

Fernández Llaneza ha recordado que el PSOE viene alertando desde hace tiempo “de la situación en Urbanismo”, especialmente debido a la falta de cobertura de la plaza de la dirección general del área.

“Es una situación que nos preocupa, porque Urbanismo es un área crítica en cualquier ayuntamiento y en el último año se han producido ya varias salidas y movimientos extraños, lo que refleja una inestabilidad evidente”, ha advertido.

Además, ha hecho hincapié en un detalle: “el decreto firmado por el alcalde establece claramente el cese de este asesor y no una dimisión”, ha recalcado.

Exigencia de “transparencia”

Su petición de llevar hasta el final la investigación es una exigencia que va acompañada de una reclamación sobre la necesidad de que se haga con “total transparencia por el bien de la institución -ha dicho- y para reforzar la confianza de la ciudadanía, por lo que es imprescindible que se actúe con claridad, rigor y responsabilidad”.

El Grupo Municipal Socialista ha ofrecido su colaboración “con absoluta lealtad” para que se esclarezcan los hechos y se depuren, si procede, “todas las responsabilidades”.

La “sugerencia” para agilizar trámites

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sonsoles Peralta, fue más explícita a la hora de detallar en qué consistió la denuncia por presuntas irregularidades que alertó a la corporación municipal.

Peralta explicó en rueda de prensa que a esta mujer le aconsejaron que se pusiera en contacto con un despacho de arquitectos, porque así era más fácil que su proyecto tuviera prioridad sobre el resto, dado que el hasta ahora asesor en Urbanismo podría facilitar esa gestión.

Una comisión de investigación

“Desde Vox solicitamos la creación de una comisión de investigación sobre el área de Urbanismo y Licencias porque lo que estamos conociendo en los últimos días no se puede despachar con un simple procedimiento. No estamos ante un hecho aislado -ha afirmado-, ya que existe una denuncia que afecta a un cargo de confianza del alcalde”, manifestó la portavoz.

Por su parte, IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado la apertura de una investigación interna como “un paso fundamental para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Garantías y celeridad

El grupo municipal ha remitido a elDiario.es Asturias un comunicado en el que sostiene que “frente a cualquier situación que genere preocupación social, es imprescindible actuar con contundencia, responsabilidad y transparencia, reforzando la credibilidad pública en el correcto funcionamiento institucional”.

Los representantes de IU-Convocatoria por Oviedo muestran su plena confianza tanto en el trabajo de los servicios municipales como en que esta investigación se desarrolle “con la máxima transparencia, garantías y celeridad”, permitiendo conocer con claridad los hechos y, en su caso, depurando todas las responsabilidades que correspondan.

Rigor y ejemplaridad

“Consideramos que el inicio de este procedimiento es el camino correcto y necesario ante unos hechos de especial sensibilidad, tal y como se ha conocido en los últimos días. Entendemos que las instituciones deben actuar con rigor desde el primer momento, activando todos los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido”, inciden en su escrito.

El comunicado concluye dejando constancia de que las instituciones democráticas deben estar a la altura de estas circunstancias, “respondiendo ágilmente con mecanismos eficaces y ejemplaridad, no solo en este caso, sino ante cualquier otro de características similares”.

Asesor y candidato

Ignacio Morales no era solo un asesor más para dentro del equipo del PP. En las últimas elecciones locales, ocupó el puesto número 15 en la candidatura encabezada por Canteli.

Sin embargo, se quedó a las puertas de salir elegido y lograr el acta de concejal, ya que el PP obtuvo 14 concejales.

Segundo cese de un asesor

El cese “fulminante” de Ignacio Morales no ha sido el único. Recientemente también fue cesado Hugo Huerta, exconcejal de Vox, aunque en este último caso su salida del ayuntamiento ha pasado más desapercibida y no estuvo rodeada de especulaciones, ni sospechas públicas.

El exconcejal de Vox había iniciado su trayectoria municipal en 2019 como número dos de la formación liderada entonces por Cristina Coto. Su paso por el grupo municipal estuvo marcado por tensiones internas que le llevaron a abandonar la disciplina del partido en diciembre de 2022, denunciando un “clima insostenible”, para pasar a ser edil no adscrito.

Tras las elecciones de 2023 y la mayoría absoluta del PP, fue incorporado como asesor, consolidándose como uno de los hombres de confianza del alcalde. Su cese ya ha sido formalizado mediante decreto, publicado en la web municipal y pendiente de su traslado al próximo Pleno.