El PSOE de ha exigido este jueves la dimisión “inmediata” del alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León (PP), tras conocerse las conclusiones del informe del secretario general del Ayuntamiento sobre el nombramiento de su hermano como oficial de la Policía Local.

Yonathan de León incumplió su deber de abstenerse al nombrar a su hermano oficial de la Policía Local de la ciudad, tal y como ha resuelto la Secretaría del Ayuntamiento capitalino, que concluye que existe ''un deber de abstención conculcado'' que puede dar lugar a la invalidez del decreto.

Según expone la formación en un comunicado, el informe, que el propio alcalde ha solicitado, señala expresamente que “existe un deber de abstención conculcado”, y además, advierte de que el nombramiento podría ser inválido y de que deben determinarse las consecuencias jurídicas mediante el procedimiento de revisión de oficio.

El PSOE cree que el alcalde “actuó mal” con la contratación del hermano, y que finalmente “ha hecho el ridículo solicitando un informe que todos, menos él, podrían imaginar lo que iba a decir”, subraya.

El secretario también expresa su “profunda inquietud” en el informe, porque el alcalde intervino directamente en un expediente de Recursos Humanos cuya competencia estaba delegada en una concejala, “sin respetar el procedimiento legalmente establecido”.

“Es tan brutal el interés de de León que apartó a la concejala para firmar personalmente el ascenso del hermano”, señala el PSOE

Para el PSOE, estos hechos exigen responsabilidades políticas “inmediatas”. “No basta con dar explicaciones: Arrecife necesita un alcalde que garantice la legalidad, la imparcialidad y la transparencia en la gestión municipal”, asevera.

Los socialistas consideran especialmente “grave” que el informe jurídico se solicitara después de firmar el nombramiento.

Tal y como critica la concejala socialista Cristina Duque, “es la primera vez que alguien pide un informe a un secretario para que le digan que enchufar a un hermano en una institución pública está mal”.

“La ciudadanía de Arrecife merece una Administración que actúe con todas las garantías legales y que esté al servicio del interés general, no para beneficiar a su familia. ”Este asunto es tan feo que no lo puede arreglar una nueva verbena“, sentencia Duque.

El pleno ordinario de octubre de la Diputación de Cáceres ha dado luz verde a una inyección de cerca de 2,9 millones de euros destinada a municipios, asociaciones y entidades deportivas de la provincia. Las partidas aprobadas abarcan desde mejoras en infraestructuras públicas y programas sociales hasta la modernización tecnológica del territorio. Sin embargo, el debate político de la sesión ha quedado marcado por la decisión de la institución provincial de asumir de forma extraordinaria la financiación del personal técnico de las oficinas urbanísticas mancomunadas tras la retirada de la Junta de Extremadura.

En concreto, la Diputación destinará 300.000 euros a garantizar la contratación de los técnicos que prestan asesoramiento jurídico, de planificación y de gestión a los ayuntamientos en nueve mancomunidades de la provincia. La portavoz del equipo de Gobierno provincial, Esther Gutiérrez, ha explicado que esta aportación se concede con carácter excepcional después de que el Ejecutivo autonómico haya abandonado el convenio de colaboración que hasta ahora contribuía al sostenimiento de estos profesionales.

Gutiérrez ha recordado que la competencia en materia de vivienda y ordenación territorial corresponde estatutariamente a la Junta de Extremadura, advirtiendo de que de cara al próximo ejercicio será imprescindible buscar una solución definitiva para evitar que los pequeños municipios queden desatendidos.

Inversiones en municipios y servicios esenciales

Más allá del choque presupuestario en materia urbanística, la corporación provincial ha aprobado un paquete de subvenciones nomitativas por importe de 319.390 euros para financiar obras e infraestructuras en 18 municipios y en la Mancomunidad de Servicios Los Cuatro Lugares.

Entre las actuaciones municipales aprobadas destacan las intervenciones en la vía pública de Moraleja, la adecuación de los accesos compartidos al cuartel de la Guardia Civil, al retén del Infoex y a la parque del Sepei en Nuñomoral, la construcción de un pabellón polideportivo en Berzocana, la habilitación de pisos tutelados en Hinojal, así como reformas en dependencias municipales de San Gil y Jerte. Asimismo, se ha autorizado la partida destinada a las obras del nuevo campo de tiro de El Cuartillo.

En el ámbito de la transición digital, el pleno ha respaldado un presupuesto de 950.000 euros para la adquisición de equipamiento y licencias informáticas, así como para la aportación provincial al convenio suscrito con la entidad estatal Red.es, orientado a implementar soluciones tecnológicas que impulsen el desarrollo productivo y económico en las zonas rurales.

Apoyo al tejido social y a la inclusión

La sesión plenario ha tenido también un apartado reservado a la acción social con la aprobación de 62.000 euros en ayudas para el tercer sector. De este montante, 30.000 euros irán dirigidos a la asociación Novaforma para la adquisición de un vehículo adaptado al transporte de personas con discapacidad.

El resto de las partidas sociales servirá para financiar los gastos corrientes y operativos de entidades como ASPACE, EQUALTECH y FEXAS, que desarrollan proyectos focalizados en la integración deportiva, la visibilización social y la reconexión comunitaria en la provincia de Cáceres.

El primer día de la ronda de comparecencias de los altos cargos de la Junta de Extremadura para detallar las cuentas regionales de 2027 en la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha dado lugar a numerosos choques ideológico, como era previsible, sobre todo porque uno de los departamentos protagonistas era la Consejería de Desregulación que dirige la extrema derecha. PP y Vox han cerrado filas para defender el drástico recorte aplicado al Capítulo 2 (gastos de funcionamiento y proyectos) del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), justificando la minoración de fondos en la necesidad de desmantelar un organismo al que acusan abiertamente de “adoctrinar” a los jóvenes y de haber ejercido como una plataforma “ideológica” al servicio de la oposición.

La reestructuración contempla despojar al CJEx de su capacidad ejecutiva para traspasar todo el peso operativo de las políticas juveniles al Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), dependiente directamente de Vox. Bajo el argumento de eliminar “duplicidades” y “gastos superfluos”, la Junta pretende relegar al Consejo de la Juventud a un rol estrictamente “consultivo y asambleario”, reduciendo su capacidad de acción independiente.

En concreto, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un drástico desplome, reduciéndose un 92% en comparación con el ejercicio anterior. Las cuentas en su conjunto se hunden casi a la mitad (de 763.380 a 392.635 euros, un 48,6 %).

El PP exige espacios “neutros y blancos” y Vox tilda al Consejo de “chiringuito”

Durante las intervenciones, el PP ha dejado clara la carga política que atribuyen a la trayectoria del organismo juvenil. Su portavoz, Teresa Tortonda, ha defendido la reorganización de competencias asegurando que las instituciones públicas deben garantizar la imparcialidad: “No queremos una juventud ni adoctrinada ni aborregada ni una juventud obediente”. En esta línea, ha afirmado que los entornos dirigidos a los jóvenes “tienen que ser neutros, blancos, ni azules ni rojos ni verdes ni morados”, dando a entender que la estructura del CJEx había perdido la pluralidad para inclinarse hacia posicionamientos partidistas.

De hecho, durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), el PP también aplicó una severa reducción presupuestaria al Consejo de la Juventud de Extremadura, del 21%, aunque en los capítulos de gasto corriente y de actividades de promoción del asociacionismo la rebaja alcanzó el 50%.

Por su parte, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha empleado un tono aún más duro al calificar directamente al Consejo de la Juventud como un “chiringuito” opaco. Según ha dicho, “aproximadamente la mitad de este presupuesto se iba a pagar gastos de funcionariado”, mientras que las asociaciones juveniles miembro recibían únicamente “migajas” equivalentes al 9% del total de las partidas. Checa ha acusado a la oposición de utilizar el CJEx para hacer “propaganda política” y ha celebrado que las nuevas cuentas pongan fin a lo que considera una red de subvenciones ideológicas.

Esta postura coincide con la tesis expuesta por el secretario general de la Consejería, Fernando José Guerrero, quien ha explicado en la comisión que el Ejecutivo autonómico actúa para corregir una deriva histórica, argumentando que el Consejo de la Juventud “ha evolucionado a ejercer políticas de juventud de forma ideológica” que solapaban el trabajo de la propia administración regional.

La oposición denuncia un “hachazo” para acallar a la juventud organizada

Las explicaciones de la derecha y la extrema derecha han encontrado una contundente réplica en los grupos de la izquierda, que acusan al Gobierno de María Guardiola de perpetrar una persecución política contra el asociacionismo independiente. Desde el PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo ha tildado la medida de “recorte ideológico” y ha advertido de que el verdadero propósito del Ejecutivo es “impedir que haya una juventud extremeña organizada, diversa y plural que pueda decir las cosas a los gobiernos”.

En los mismos términos se ha pronunciado Unidas por Extremadura. Su portavoz, José Antonio González Frutos, ha desmentido la existencia de duplicidades administrativas reales y ha alertado del impacto directo de dejar desiertas las partidas de apoyo a proyectos juveniles locales: “¿Cómo se garantiza la participación juvenil organizada” si se retira el sustento económico para la operatividad y la sede del Consejo?, ha cuestionado.

Tijeretazo en Inclusión Social y Cooperación

El conflicto por el Consejo de la Juventud ha sido la punta de lanza de una Sección 24 del presupuesto autonómico, que experimenta una caída global del 3,1% en sus cuentas, descendiendo de 218,6 a 211,8 millones de euros. Desde Unidas por Extremadura, González Frutos ha calificado el presupuesto de “un peligro para las políticas sociales” al revelar que la partida destinada a Inclusión Social sufre un recorte de 11 millones de euros, precisamente en una comunidad autónoma que soporta una tasa de pobreza del 30,4%. González Frutos ha criticado además que mientras se ajustan las ayudas sociales, la propia Secretaría General de la Consejería “sube sus gastos un 39%”.

Asimismo, el PSOE ha denunciado el desmantelamiento práctico de la cooperación internacional a través de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), cuyas transferencias quedan testimonialmente reducidas a un “fondo de contingencia” de 300.000 euros. Para los socialistas, las cuentas aplican la política de “la motosierra” a los colectivos más vulnerables bajo el pretexto del ahorro.

Frente a la lluvia de críticas, tanto la Junta como el PP han defendido los incrementos localizados en el área de infancia y familias, que alcanza los 99,7 millones de euros (un 3,65% más). Entre las cifras exhibidas por el Gobierno destacan la consignación de 16,7 millones de euros (un aumento del 96%) para concertar plazas en hogares de protección de menores tutelados, la duplicación de las ayudas individuales a enfermos de ELA (que pasan de 2.000 a 4.000 euros) y el refuerzo con 500.000 euros adicionales para el programa de respiro familiar de cuidadores.

Los cabildos han planteado este jueves su apoyo a la reforma de la Ley de Suelo y la nueva Ley de Movilidad Sostenible con la salvedad del Cabildo de Gran Canaria, que ha remitido un escrito a la comisión general del Parlamento de Canarias mostrando su rechazo por su posible aprobación a pocos meses de disolverse la Cámara.

El consejero de Política Territorial del Gobierno canario, Manuel Miranda, ha comentado que la ley del Suelo es una “herramienta eficaz” pero hay que “adaptarla” porque en los últimos años han aparecido nuevas normativas y se trata de lograr un texto con “mayor certidumbre jurídica” y que sea “más comprensible, claro y sencillo”.

En esa línea ha comentado que se reducen a la mitad los plazos de informes y se apuesta por “contener” la expansión de suelo urbanizable.

El consejero ha valorado que la Ley del Suelo ha posibilitado 250 modificaciones de planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de las herramientas de planificación insular y ahora “las ideas principales” son las prohibición de clasificar nuevos suelos, agilización de licencias y definir mejor la figura del silencio administrativo.

El viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, ha comentado que la nueva ley hace frente a la falta de un sistema que articule los instrumentos de planificación de la movilidad, incidiendo también en el aspecto “ambiental” vinculado a los transportes.

Asimismo ha dicho que hay que “avanzar en la digitalización de los datos de movilidad y mejorar la transparencia y la participación pública” y resaltado el “alto de grado de madurez y aceptación” del texto, que incluye gran participación de los cabildos.

El consejero de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Rodríguez, ha dicho que la reforma de la Ley del Suelo era “necesaria” y los cabildos tienen que “participar” y que se respete la “planificación” de la isla.

Ha dicho, no obstante, que no están de acuerdo con que “grandes proyectos puedan quedar exentos de licencias urbanísticas y puedan ejecutarse pese a disconformidades con el planeamiento”, en referencia a proyectos audiovisuales.

Igualmente ha solicitado que se proteja la función agrícola y ganadera frente a la implantación de instalaciones de residuos o de generación energética. “Fuerteventura no dice no a las renovables, todo lo contrario, dice sí, pero de una manera ordenada, respetando el paisaje y al sector primario”, ha indicado.

Sobre la ley de movilidad sostenible ha valorado el proceso participativo y que los cabildos participen en la planificación y se tengan en cuenta las características de cada isla, al tiempo que ha solicitado ser concretos en las fechas de actuación.

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha apoyado la revisión de la Ley del Suelo para corregir dificultades y “simplificar” procedimientos pero ha lamentado que las revisiones de planeamiento se alarguen muchos años y queden “desfasadas”.

Más coordinación en los proyectos de interés insular

En cuanto a los proyectos de interés insular ha reconocido su “utilidad” para captar inversiones pero entiende que debe de haber “coordinación” con los ayuntamientos.

Reyes también ha mostrado su apoyo a la ley de movilidad sostenible en Canarias pero no “pensando exclusivamente en las carreteras o en los servicios de transporte” sino también en accesibilidad y cohesión territorial y teniendo en cuenta la idiosincracia de cada isla.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha reprochado a la mesa que se acumulen dos puntos en el orden del día si bien ha resaltado que el Gobierno haya iniciado la actualización de la Ley del Suelo, que es una “tarea complicada”.

Ha apuntado que los proyectos de interés insular deben ser “estratégicos” para que se desarrolle su tramitación al margen de la planificación insular y abre la puerta a que se puedan dedicar a la construcción de vivienda pública.

Además, no ha compartido la crítica del Cabildo de Gran Canaria ya que si se paraliza la tramitación se habrán perdido dos años de trabajo.

En cuanto a la ley de movilidad sostenible ha solicitado “aclarar mejor” la estructura competencial entre el Gobierno de Canarias y los cabildos.

La portavoz del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha comentado que la reforma de la Ley del Suelo durará para los próximos veinte años y por ello ha pedido a todos los grupos parlamentarios un pacto por “responsabilidad” para que el trabajo se posponga a la próxima legislatura.

Ha instado a “debatir bien” la futura norma y escuchar a todos los agentes afectados para tener un debate “profundo y sereno” y dedicarle “el tiempo que haga falta”.

La sede local del PSOE en Almendralejo (Badajoz) ha amanecido este jueves con un nuevo acto de vandalismo en su fachada. Las verjas metálicas del acceso principal al inmueble han aparecido con una pintada en la que se podía leer la palabra 'asesinos'.

Desde la agrupación socialista han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el suceso y han decidido subir la verja metálica para evitar que el mensaje permanezca visible en la vía pública. No obstante, fuentes de la formación han confirmado a la Agencia EFE que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Comisaría de la Policía Nacional de Almendralejo a través de la correspondiente denuncia para que se abra una investigación e intentar identificar a los responsables.

Un inmueble que ya sufrió el embate de una retroexcavadora

No es la primera vez que la sede socialista de la capital de Tierra de Barros sufre un ataque de estas características. El precedente más grave tuvo lugar en marzo de 2024, cuando la misma puerta de entrada fue embestida deliberadamente con una máquina retroexcavadora, lo que causó severos destrozos materiales y obligó a reemplazar por completo la estructura de acceso.

Por aquellos hechos, agentes de la Policía Nacional procedieron en su momento a la detención de un joven de 20 años como presunto autor del asalto.

Vox no está dispuesto a detener su actividad electoral pese al grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo. Mientras el resto de los principales partidos ha suspendido sus actos de precampaña, la formación de Santiago Abascal mantiene sus convocatorias y anuncia para este jueves, 29 de octubre, una mesa informativa en Teruel con su candidato al Congreso de los Diputados, Daniel Alda.

La convocatoria tiene, además, una peculiaridad gráfica. Vox ha elegido como escenario de su cartel electoral la emblemática plaza del Torico, pero en la imagen promocional –publicada en un mensaje en X– aparece la columna que preside la plaza sin su pequeño y famoso habitante. El Torico, sencillamente, ha desaparecido.

La imagen, de apariencia artificial, ha despertado la ironía de algunos usuarios de las redes sociales, que no han tardado en relacionar la ausencia del símbolo turolense con la procedencia del candidato. “Daniel tiene lo mismo de Teruel que esa plaza del Torico sin Torico”, comenta uno de ellos.

Otros usuarios van directamente al asunto de su vinculación con la provincia: “Podíais haber puesto como representante de Teruel a alguien de Teruel, y no a un madrileño q no ha tenido ningún tipo de responsabilidad en Vox Teruel anteriormente”, reprocha otra de las respuestas.

Desde Vox reconocen los hechos, consideran una “anécdota” la publicación del mensaje en X y reafirman su “compromiso con Teruel y con el Bajo Aragón”, y ponen como ejemplo que sean uno de los denunciantes en el caso Forestalia.

La anécdota gráfica ha servido en todo caso para reabrir el debate sobre la elección de Alda como cabeza de lista por Teruel, una provincia cuya representación en el Congreso aspira a conseguir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El candidato turolense tiene 27 años, nació en Alcalá de Henares y tiene vínculos familiares en el Bajo Aragón, según el currículum enviado en su día por la formación sobre sus candidatos. Graduado en Historia, gestiona desde 2022 una explotación agrícola familiar y en los dos últimos años ha trabajado como asistente del grupo parlamentario de Vox en el Congreso en las áreas de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura.

El acto se convoca en medio de una jornada marcada por la tragedia ferroviaria de Toledo, que ha llevado al PP, PSOE y otras formaciones a cancelar sus actos de precampaña. Vox, por el contrario, ha decidido mantener su agenda. Abascal ha defendido que no piensa interrumpir su actividad política y ha vinculado el accidente con sus críticas al Gobierno central.

Unidas por Extremadura ha arremetido con dureza este jueves contra el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad (PGEx) para 2027. Durante la defensa de la enmienda a la totalidad en el pleno de la Asamblea, el portavoz de Hacienda de la formación, José Antonio González Frutos, ha comparado las cuentas autonómicas con la película Bienvenido, Mister Marshall, calificándolas como “un acto de servilismo” hacia las multinacionales energéticas propietarias de la central nuclear de Almaraz.

González Frutos ha criticado la “frivolidad” del Gobierno regional al reducir los ingresos públicos bajo la premisa de que “hay otro que paga la fiesta”, advirtiendo de que esta política se ejecuta a costa de la “redistribución de la riqueza” y de la calidad de los servicios fundamentales. La coalición ha contrapuesto su enmienda —que busca proteger a la “mayoría social”— con la hoja de ruta del Ejecutivo de María Guardiola, orientada, a su juicio, a “una minoría privilegiada”.

“Un modelo de bajo coste”

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha desmontado el relato triunfalista de la Junta sobre el crecimiento de las cuentas, recordando que los de Mérida “no son los anfitriones” de ese incremento, ya que se debe en realidad “a las transferencias del Estado, de la Unión Europea y al endeudamiento” en pleno ciclo económico expansivo.

Retomando la analogía con la cinta de Luis García Berlanga —a la que ha definido como “una parodia fantástica del servilismo”—, González Frutos ha censurado la rebaja de la ecotasa a las eléctricas de Almaraz, cuya contribución fiscal es “ridícula” respecto a los beneficios que obtienen en la región. Asimismo, ha denunciado que se otorguen “privilegios a los grandes proyectos de fuera” mientras se “machaca” al tejido productivo local, que representa el 95 % del entramado empresarial extremeño.

“Nosotros decimos que los proyectos que vengan respondan al interés general; el problema que tienen ustedes es que ven a alguien con dinero y pierden el culo”, ha dicho el portavoz.

Tiempos de recortes y mensajes “autoritarios”

En su análisis de las partidas presupuestarias, el diputado ha cuestionado la política de vivienda por aplicar “recortes millonarios” que reducen el número de beneficiarios, y ha enumerado a las que considera las principales “víctimas” del presupuesto: la función sindical, la cooperación al desarrollo, las asociaciones de atención a personas migrantes y el Consejo de la Juventud.

“Cuando usted se carga a todo aquello que le resulta incómodo manda un mensaje profundamente autoritario y antidemocrático”, ha replicado González Frutos a la Junta, rechazando que estos tijeretazos respondan a la necesidad de volcarse en “lo importante”, puesto que “sube más el capítulo de altos cargos que la sanidad o la atención primaria”.

El portavoz parlamentario ha advertido también sobre el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, la implantación de cheques para guarderías privadas en detrimento de la educación pública, la desatención del sistema de dependencia mediante “un modelo de bajo coste” y el uso electoralista de las inversiones para la campaña de las municipales. Respecto al papel de Vox en la administración autonómica, González Frutos ha sostenido que “han cogido las consejerías para el relato, porque medidas de calado, cero: solo recortes y perjuicios ideológicos”.

La respuesta de la Junta: “Bienvenidos todos los que vengan a generar riqueza”

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha respondido tirando de la misma metáfora: “Bienvenido, Mister Marshall, y bienvenidos todos los que vengan a invertir, a generar riqueza, a trabajar en Extremadura y a formar sus vidas aquí”. Según la titular de las cuentas regionales, esa atracción de inversiones sí se está consiguiendo ahora gracias a las directrices fijadas por María Guardiola.

Aunque Manzano ha reconocido el “trabajo” dedicado a la redacción de la enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura, ha asegurado que la propuesta de la coalición propone una política alternativa “desconectada al máximo” de las necesidades reales de los ciudadanos, caracterizada por oponerse a todo por sistema. Además, ha argumentado que las recriminaciones de la izquierda no se corresponden con la realidad de las cifras, que reflejan subidas en sanidad, educación y dependencia.

Finalmente, la consejera ha exigido respeto para la totalidad de los miembros del Consejo de Gobierno, tanto del PP como de Vox, y ha censurado a los grupos de la oposición por “avalar”, a su juicio, un modelo de financiación autonómica que margina a la región dejándola con “un plato vacío: cero euros de 21.000 millones”.

Desde los históricos comicios de 1977, los partidos políticos elaboran sus propios programas electorales, con planes, valores y promesas que aseguran cumplir si llegan al poder. Pero, ¿qué pasaría si el orden fuera el contrario y fueran los ciudadanos quienes pusieran las soluciones sobre la mesa? Esa es la premisa de Adopta mi propuesta: el programa lo escribes tú, la iniciativa impulsada por el biólogo y profesor canario Romén Herrera para dar más protagonismo a la ciudadanía en la definición de las prioridades políticas.

El objetivo es invertir el orden habitual del debate político. Que cualquier persona pueda proponer medidas concretas, debatirlas, mejorarlas y votar aquellas que considere más importantes. Después, los partidos pueden decidir cuáles adoptan y construir parte de sus programas a partir de esas propuestas. La plataforma, que se presenta como independiente de las formaciones políticas, busca así cambiar el sentido habitual de la conversación electoral. En lugar de que los ciudadanos tengan que elegir entre programas ya elaborados, que sean sus propias demandas las que lleguen a las organizaciones políticas.

El funcionamiento se articula en tres pasos: proponer, votar y conseguir que los partidos adopten las medidas. La web permite consultar las propuestas, participar en las que siguen pendientes y revisar la actividad de la plataforma. También incluye un apartado dedicado a los partidos, con la intención de que la respuesta de cada formación quede documentada. La participación no exige registrarse obligatoriamente para intervenir, aunque los usuarios pueden crear su propio programa electoral seleccionando las doce medidas que consideran imprescindibles para el país. Son “sus doce prioridades personales, independientemente de las siglas políticas”, señala Herrera a Canarias Ahora.

La intención es que cada persona pueda identificar qué propuestas encajan con sus necesidades y comprobar si los partidos están dispuestos a asumirlas. “Es una forma diferente de evaluar la afinidad política. No por discursos, promesas genéricas o etiquetas ideológicas, sino por compromisos concretos”, explica el creador.

La plataforma acaba de aterrizar en la red y todavía espera las primeras respuestas verificadas de los líderes políticos. Ese será uno de los puntos decisivos del proyecto: comprobar si las propuestas ciudadanas consiguen trascender la web y entrar en el debate de las formaciones.

Una de las o de los apartados más notorios es El Observatorio. En él, se analizan los programas electorales y documentos oficiales de los partidos para comprobar si la propuesta está integrada entre sus compromisos. Si está incluido, se añade como referencia revisada y si no se identifica ninguna coincidencia específica verificable se denomina como documentacion analizada, lo que no quiere decir que quiere decir que sea una negativa, sino que no hay contraste documental publicado.

Pero lo más interesante, explica Herrera, es que las iniciativas se trasladan a los partidos, que disponen de un plazo máximo de siete días para responder oficialmente si las adoptan, las estudian o las rechazan, quedando reflejado públicamente.

El proceso se activa con el envío de un correo electrónico personalizado a la dirección de contacto institucional de cada formación, que incluye un enlace a un formulario en la propia web para comunicar su decisión.

Por el momento, el sistema cuenta con 21 referencias documentales revisadas y ha enviado 10 avisos a las formaciones políticas.

La vivienda, entre las prioridades ciudadanas

Las propuestas que van ganando apoyos dibujan un mapa de algunas de las preocupaciones que afectan a la vida cotidiana. La que destaca por encima del resto plantea fijar un objetivo anual de vivienda pública en alquiler, verificable municipio a municipio.

La medida propone establecer un calendario de construcción y rehabilitación de vivienda asequible, acompañado de presupuestos, plazos y cifras detalladas en un portal de datos abiertos. También contempla auditar trimestralmente las entregas y los retrasos, así como debatir las fórmulas de financiación para evitar que la oferta se concentre exclusivamente en las grandes ciudades.

La propuesta no se limita, por tanto, a reclamar más vivienda pública, sino que plantea mecanismos para seguir su evolución y comprobar los resultados. La publicación de datos permitiría conocer qué administraciones avanzan según lo previsto, dónde se acumulan los retrasos y qué recursos se destinan a ampliar la oferta de alquiler asequible.

La segunda medida más respaldada, con 80 votos a favor según los datos recogidos en la plataforma, pone el foco en las listas de espera sanitarias, uno de los problemas que más golpean a Canarias. Su autor propone publicar mensualmente los tiempos de demora por especialidad, intervención y área sanitaria, utilizando criterios homogéneos y datos anonimizados.

El objetivo es que los recursos se destinen a los servicios más saturados y que las administraciones expliquen las causas de cada plan de choque, sin comprometer en ningún caso la privacidad de los pacientes. Al igual que ocurre con la vivienda, la medida apuesta por la transparencia como herramienta para evaluar la gestión pública y pedir explicaciones cuando los resultados no sean los esperados.

Una de las medidas más recientes, con 11 apoyos en el momento en que se recogieron los datos, mira directamente al sistema electoral. Plantea estudiar la apertura de las listas electorales y exigir una rendición de cuentas individual a los representantes, con la intención de dar a los votantes más margen de decisión sobre los candidatos que resultan elegidos.

Para ello, propone realizar simulaciones públicas sobre cómo afectaría el cambio a la proporcionalidad, la paridad y la representación territorial, además de celebrar audiencias con especialistas antes de abordar cualquier modificación de la ley electoral. Se trata de estudiar las consecuencias de una posible reforma antes de llevarla a la práctica.

De las ideas a los compromisos políticos

Las propuestas se distribuyen en distintas categorías, entre ellas Vivienda, Sanidad, Educación, Economía, Empleo, Medioambiente, Democracia, Transportes, Derechos sociales, Justicia y seguridad, y Ciencia y tecnología. El abanico permite abordar desde problemas inmediatos, como el acceso a una vivienda asequible o las demoras sanitarias, hasta cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones.

La web ofrece también un espacio para consultar las propuestas y documentar las respuestas de los partidos, pero el alcance real del proyecto dependerá de la participación que consiga reunir y de la disposición de las formaciones a convertir esas demandas en compromisos concretos.

Adopta mi propuesta plantea una pregunta de fondo que afecta a la relación entre representantes y representados: ¿tienen que ser los ciudadanos quienes se adapten a los programas que elaboran los partidos o deberían ser estos quienes expliquen qué están dispuestos a hacer para responder a las prioridades de la gente?

La Junta Electoral de Asturias ha registrado once candidaturas de partidos políticos y coaliciones para el Congreso de los Diputados y siete para el Senado para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica, en su edición de este miércoles, la lista completa por comunidades autónomas una vez que anoche se cerró el plazo de presentación.

Para el Congreso de los Diputados se presentan las candidaturas de Frente Obrero (FO), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Se Acabó la Fiesta (SALF), Vox, Por un Mundo Más Justo (PU+J), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos (Paz, Casa y Trabajo), Partido Unionista Estado de España (Puede), Partido Popular (PP), Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) y Frente Ampliu por Asturies (FA).

La Junta Electoral de Asturias ha registrado para el Senado las candidaturas de Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos (Paz, Casa y Trabajo), Partido Unionista Estado de España (Puede), Vox, Partido Popular (PP) y Senado de Progreso (SDP) (PSOE-IU-MS).

Cabezas de lista

Otras formaciones como Recortes Cero y Asturias Existe-España Vaciada, que se presentaron a los comicios de 2023, no presentan candidatos en esta ocasión.

PSOE y Vox mantendrán a sus cabezas de lista de hace cuatro años, Adriana Lastra y José María Figaredo, respectivamente, mientras que el PP ha optado por la concejala gijonesa Ángela Pumariega; Manuel Pravia encabezará la candidatura de Podemos y el Frente Ampliu, en el que se integran IU, Sumar y Somos, ha apostado por Juan Ponte.

A continuación, publicamos la lista completa de candidatos y candidatas que conforman las listas, según la certificación del secretario de la Junta Electoral Provincial de Asturias, Jesús Lebredo Fernández.

Candidaturas al Congreso

A continuación se detallan las once candidaturas que concurrirán el 29-N para el Congreso de los Diputados.

Por el Frente Obrero (FO) se presentan los siguientes candidatos y candidatas: Juan Sánchez Pérez (1), Susana María Tuya Velázquez (2), Cristian Palacio Tuya (3), Nuria Cernuda González (4), Luis Felipe Herrero Trancho (5), Lidia García Sierra (6) e Ismael Guerra Sánchez (7). No presenta suplentes.

Por el PSOE: Adriana Lastra Fernández (1), Roberto García Morís (2), María Álvarez Collada (3), Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez (4), María Begoña Menéndez Canal (5), Jorge Expósito González (6) y Ana Belén Menéndez Fernández (7). Optan como suplentes Iván Fernández García (1), Marta Menéndez González (2) e Iván Allende Toraño (3).

Se Acabó la Fiesta (SALF): Luis Felipe Álvarez Pérez (1), Carmen Susana Rozada Fuente (2), José Antonio Ariza Pino (3), Carla Díaz Gómez (4), Ignacio Rubio Menéndez (5), Silvia Amor Tejero (6) y Lino Pérez Fernández (7). Suplentes: Helena García Mieres (1), José Manuel Gayo Bayón (2) , María del Carmen Ramírez García (3) y Joel Juan López (4).

Vox: José María Figaredo Álvarez-Sala (1), Carolina López Fernández (2), Javier Jové Sandoval (3), María Luisa Menéndez Martínez (4), Salustiano García Fernández (5), Ainara García Martín (6) y Juan José Merino Rodríguez (7). Suplentes: María de la Paloma García Yáñez (1), Juan Antonio del Peño Llorente (2) y María Teresa Fana Alonso (3).

Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo): José Ramón Bahamonde Nava (1), Teresa García Gutiérrez (2), Santiago Folgueras Gómez (3), Rosa María Saiz Fernández (4), Lorenzo Rodríguez Rivero (5), Marta Belén Gómez Moro (6) y David Parra Oporto (7). Suplentes: María Aránzazu Serra de Renobales (1), Xabel García González (2) y María Carmen Salvador Torre (3).

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE): Ástor García Suárez (1), Inés González Castro (2), Saúl Fernández Garrote (3), Eva Arnaldo Sariego (4), Pablo García García (5), Bárbara Marín Prada (6) y Severino Menéndez Minas (7). Suplentes: Ana María Turrero Orrio (1) y Jorge Blanco Fernández (2).

Podemos (Paz, Casa y Trabajo): Manuel Antonio Pravia Fernández (1), Silvia Tárano Vega (2), David García Álvarez (3), Olaya Suárez Fernández (4), José María Amenábar González (5), María Belén Suárez Prieto (6) y Gustavo David Álvarez Tuya (7).

Partido Unionista Estado de España (Puede): José Luis Zapico Martínez (1), María Carmen Sánchez Reillo (2), José Luis Menéndez Devita (3), Ana María Peláez Adames (4), Ángel Fernández Rodríguez (5), Mónica Henao Ríos (6) y Salvador de la Altagracia Minyety Sánchez (7).

Partido Popular (PP): Ángela Pumariega Menéndez (1), Mario Arias Navia (2), María Mercedes Fernández González (3), José Agustín Cuervas-Mons García-Braga (4), Ceila Fernández Fernández (5), Alejandro Alonso Prieto (6) y Ana López-Clavería Pérez (7). Suplentes: Amadeo Molejón Reboredo (1), María Angelina González-Carbajal Mantillla (2) y Adrián García Otero (3).

Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) : Irene Jiménez López (1), Víctor Abraira García (2), Sandra Antonia Álvarez Martínez (3), Joaquín Arce Fernández (4), Paloma González Rivera (5), Francisco Javier Moya de la Torre Cerón (6) y Nazaret Jiménez Mon (7). Suplentes: Alejandro de las Heras Magaña (1), María Aurora Rodríguez Menéndez (2) y Eduardo Konrad López Orenes (3).

Frente Ampliu por Asturies (FA): Juan Antonio González Ponte (Izquierda Unida de Asturias) (1), Helena Díaz Cuervo (2), Enrique López Hernández (3), Candela Guerrero Suárez (Independiente)(4), Rodrigo Díaz Calvo (5), María del Carmen Álvarez Vázquez (6) y Alejandro Rodríguez Gayo (7). Suplentes: María de la Paz López Rodríguez (1), Alejandro Moreiro Hernando (2), Delia Campomanes Isidoro (3) y David Álvarez Álvarez (4).

Candidaturas al Senado

A continuación se detallan las candidaturas que concurrirán en las elecciones generales para el Senado.

Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo): Elisa García Gutiérrez. Suplentes: Diego Torrecilla de Arriba (1) y María Llorente Gutiérrez (2).

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE): José Iván Fernández Andrade. Suplentes: Nuria Platas Iglesias (1) y Raúl Martínez Turrero (2).

Podemos (Paz, Casa y Trabajo): Eva María Fernández González (1). Suplentes: Raúl Mestas Argüelles (1) y Laura García Fernández (2); Roberto González García (2). Suplentes: Florentina Cuadriello Sánchez (1) y Sergio de la Calle Iglesias (2); María Alejandra Tejón Ballesteros (3). Suplentes: Miguel Alonso López (1) y María Rosa Prieto Baragaño (2).

Partido Unionista Estado de España (Puede): Ángel Fernández Santos. Suplentes: Lorena Garea Alcedo (1) y Juan Manuel Fernández Medina (2).

Vox: Sara Concepción Álvarez Rouco. Suplentes: Gonzalo Centeno Martín (1) y María Aránzazu Martínez Riola (2).

Partido Popular (PP): Silverio Argüelles García (1). Suplentes: Gemma Álvarez Cereigido (1) y José Manuel Pimentao Oliveira (2); María del Pilar Fernández Pardo (2). Suplentes: José Luis Fontaniella Fernández (1) y Aurora Aguilar Cánovas (2), José Manuel Fernández Díaz (Chami) (3). Suplentes: María Fe Gómez Alonso (1) y Javier Mateus Fernández (2).

Senado de Progreso (SDP) (PSOE-IU-MS): Iván González Espina (PSOE-IU-MS) (1). Suplentes: María Aránzazu González Montell (PSOE-IU-MS) (1) y Gilberto Alonso Suárez (PSOE-IU-MS) (2), Antona Luengo Sánchez (PSOE-IU-MS) (2). Suplentes: Alejandro Suárez González (PSOE-IU-MS) (1) y María Josefa Miranda Fernández (PSOE-IU-MS) (2), Julio Tamés Sordo (PSOE-IU-MS) (3). Suplentes: Silvia Suárez Rodríguez (PSOE-IU-MS) (1) y Miguel Ángel Fernández Iglesias (PSOE-IU-MS) (2).

En las últimas elecciones generales en Asturias el PP fue el partido más votado con el 35,6 % de los votos y obtuvo tres de los siete diputados en el Congreso frente a dos del PSOE, con el 34,3 % de respaldo, mientras que la coalición Sumar logró un escaño (14,8 %) y Vox otro (12,4 %).

Las grandes compañías energéticas que operan en Extremadura pagarán menos impuestos en 2027 porque, según el Gobierno autonómico de PP y VOX, están al límite. Durante el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de Presupuestos regionales, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha justificado el recorte progresivo de la ecotasa escudándose en la “absoluta desesperación de las eléctricas” ante la carga tributaria que les impone el Ejecutivo central.

El argumento ha servido a la Junta para amparar el inicio de un calendario de bonificaciones a las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) con la premisa de que rebajarles la presión fiscal regional ha sido la única vía para forzar la prórroga de la planta cacereña y proteger unos 4.000 empleos, según sus datos. Frente a los cerca de 9.000 millones de euros que ingresa el Estado por la fiscalidad energética, la titular de Hacienda ha reprochado a Madrid que haga “caso omiso” a las demandas del sector.

La explicación de la consejera ha encontrado un rechazo frontal en la bancada socialista durante la defensa de su enmienda a la totalidad. Desde el PSOE han tildado de “falta de respeto a la inteligencia del pueblo extremeño” vincular el futuro de Almaraz con una rebaja de impuestos autonómicos y han cuestionado con dureza la supuesta vulnerabilidad del sector. “Madre mía, tomarán trankimacín para dormir los que ganan 10.000 millones de euros al año”, ha ironizado la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña, que ha pedido a la consejera “no levantar los pies del suelo” mientras a muchas familias de la región “les cuesta llegar a fin de mes”.

Los socialistas han recordado que la ecotasa, que ha aportado históricamente en torno a 100 millones de euros anuales a las arcas regionales, según la cifra que ha manejado Gil, Rosiña, “forma parte del autogobierno y de la dignidad de un pueblo que se negó a ser espoliado”, avalada en su día por los tribunales tras las batallas judiciales libradas por los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. “Se ponen al lado de los poderosos, abrazan a las grandes eléctricas y le dan la espalda a los ciudadanos regalándoles 28 millones en este presupuesto”, han afeado a la Junta.

Las cifras del plan: así se calculan los 178 millones

Más allá de la batalla política, los números del proyecto presupuestario han diseñado una renuncia de ingresos de calado a tres años. La merma de recaudación acumulada para la Hacienda autonómica alcanzará los 177,9 millones de euros hasta 2029, año en el que el tributo ambiental quedará completamente extinguido para las instalaciones atómicas si antes el Gobierno central beneficia a las multinacionales eléctricas con rebajas fiscales, ha precisado la consejera de Hacienda.

El cálculo se articula en tres fases sobre una base de recaudación potencial de 93,6 millones de euros anuales: en 2027 (primer año) se aplicará un descuento del 30% en la cuota de la ecotasa, lo que supondrá 28,1 millones de euros menos para las arcas públicas, tal y como recogen las cuentas autonómicas. En 2028, las deducciones se ampliarán hasta el 60%, con un impacto de 56,2 millones de euros. Y el tercer año (2029) se alcanzará la bonificación del 100%, lo que implicará dejar de ingresar la totalidad de la cuota, estimada en 93,6 millones de euros.

La suma de esas mermas arroja un saldo de cerca de 178 millones de euros en beneficios fiscales para Iberdrola (53% de Almaraz), Endesa (36%) y Naturgy (11%).

Un Gobierno “vago”

La portavoz del PSOE también ha criticado la rebaja fiscal propuesta para el año que viene porque supondrá la pérdida de 500 millones de euros en tasas e impuestos para las arcas públicas, traducidos en un ahorro de apenas 4,31 euros al mes para las familias trabajadoras mientras se “regalan” 22 millones de euros a las rentas altas con la supresión del Impuesto de Patrimonio y 28 millones en este ejercicio a las multinacionales energéticas.

“Nunca antes Extremadura había tenido un Gobierno tan irresponsable, tan vago y tan incapaz de cumplir con lo mínimo”, ha sentenciado Gil Rosiña, denunciando el “coste ideológico” de las cuentas de PP y VOX, que a su juicio castiga la juventud, la cooperación al desarrollo y la memoria histórica tras una “falsa moderación” de Guardiola.

Frente a la enmienda a la totalidad de la oposición, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha cerrado filas reprochando al PSOE su “agradecimiento y defensa” de la gestión de Pedro Sánchez frente a una deuda del Estado con Extremadura que ha cifrado en 1,75 billones de euros. “Son el peor Partido Socialista de la historia de la región porque se posicionan al lado del que ha intentado aniquilar los servicios públicos”, ha arremetido Manzano.

La titular de Hacienda ha defendido la ejecución presupuestaria de 2026 como “la mayor de los últimos diez años” y ha argumentado que las cuentas de 9.254 millones de euros (425 millones más que el año anterior) contienen una fiscalidad “justa” para favorecer el acceso a la vivienda y el crecimiento económico. “Nos da igual que a ustedes no les guste el Presupuesto, les gusta a los extremeños. A los extremeños no les gusta el PSOE”, ha concluido Manzano sobre una enmienda que ha calificado como “la nada más absoluta” ante un proyecto que saldrá adelante con el respaldo del 66% de la Cámara.

El accidente ferroviario, en el que se han visto implicados este miércoles dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) y ha dejado al menos 68 muertos ha llevado al parlamento asturiano a suspender el pleno que se estaba celebrando desde las 9:30 horas y a guardar un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas.

Tras conocerse el alcance del accidente, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, interrumpió poco antes de las 10:30 la sesión y convocó a los portavoces de todos los grupos para acordar si se suspendía o continuaba con el orden del día, en el que estaban previstas las preguntas de la oposición al presidente autonómico, Adrián Barbón.

Una declaración institucional

Finalmente, tras un receso de quince minutos, Cofiño ha anunciado a los diputados que se encontraban en el hemiciclo la suspensión del pleno ante la magnitud del trágico accidente y ha leído una declaración institucional.

En ella, el parlamento asturiano “traslada su mas profundo dolor y sentimiento de pesar a familias y allegados de los fallecidos , expresa su apoyo y deseo de pronta recuperación a los heridos y reconoce la labor de los servicios de emergencia que atienden a las víctimas”.

Un minuto de silencio

Tras su lectura, todos los diputados de la cámara han guardado de pie en sus escaños un minuto de silencio antes de que se levantase la sesión poco antes de las 10:45 horas.

El accidente ha provocado ya la suspensión de los actos de precampaña programados hoy por PSOE en Oviedo y Frente Amplio en Avilés. 

Asturias ofrece ayuda

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha puesto los medios de la comunidad autónoma a disposición para ayudar en lo que se pueda ante el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) al colisionar dos trenes de alta velocidad.

“Con inmenso dolor seguimos desde Asturias el grave accidente ferroviario. Seguimos las noticias minuto a minuto. Nos ponemos a disposición, como Comunidad Autónoma, para lo que podamos ayudar. Nuestra solidaridad con las personas afectadas, con las personas heridas y fallecidas”, ha señalado Barbón en su perfil en la red social X.

Colaboración entre autonomías

Tras suspenderse el pleno parlamentario en el que Barbón debía responder a las preguntas de la oposición, el presidente del Principado ha reunido de urgencia al Consejo de Gobierno, que ha acordado restringir su agenda como muestra de solidaridad y condolencia y ha ofrecido su apoyo tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha como al Ministerio de Transportes para colaborar con los medios que sean necesarios.

En una declaración institucional también traslada el “dolor y consternación” del Gobierno del Principado por el accidente ferroviario y manifiesta su “pésame y solidaridad” a las familias y allegados de todas las personas fallecidas, al tiempo que hace público su deseo de la más pronta recuperación de los heridos.

El ofrecimiento

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha detallado que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ya se ha puesto en contacto con su homólogo castellanomanchego para ofrecer todos los servicios y medios del sistema sanitario del Principado, al igual que el titular de Movilidad, Alejandro Calvo, lo ha hecho con las Direcciones Generales de Emergencia y de Protección Civil de Castilla-La Mancha para colaborar en las actuaciones de rescate.

Peláez, que ha indicado que hasta el momento no hay constancia de víctimas asturianas, también ha mantenido contacto con el secretario de Estado de Justicia para ofrecer forenses y otro tipo de personal en materia de justicia relacionado con este tipo de tragedias, si bien ha añadido que por el momento no existe ninguna petición expresa para colaborar.

Rechazo a la propuesta de Vox

Hasta el momento de la suspensión del pleno, el parlamento asturiano había rechazado, con la abstención del Partido Popular (PP), una iniciativa en defensa de la “prioridad nacional” y en la que planteaba, entre otras cuestiones, repatriaciones masivas de inmigrantes ilegales o dejar sin cobertura sanitaria a quienes no tengan residencia legal en el país.

La iniciativa ha contado con el rechazo del PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y los dos diputados del Grupo Mixto, mientras que los 17 diputados del Partido Popular se han abstenido ante una iniciativa que han criticado por ser la misma que Vox ha planteado en otros parlamentos autonómicos.

La propuesta

En ella se instaba a poner freno a las políticas de inmigración del Gobierno central y la puesta en marcha de la repatriación de quienes hayan entrado de forma irregular en el país, así como la expulsión de foráneos con delitos graves o reincidentes.

En el ámbito sanitario, planteaba también la derogación de la normativa estatal que permite la cobertura con cargo a fondos públicos a personas sin residencia legal, a la vez que pide circunscribir el acceso ordinario al sistema de salud a los ciudadanos en situación regular y combatir de forma prioritaria el denominado turismo asistencial.

El impacto migratorio

La propuesta legislativa reclamaba asimismo una mayor fiscalización sobre el impacto migratorio en la degradación escolar, el blindaje de plazas educativas para el alumnado español y la creación de ayudas directas con deducciones fiscales destinadas a sufragar los gastos de material, comedor y transporte de las familias asturianas.

Según la diputada de Vox Sara Álvarez , la llegada masiva de migrantes está relacionada con el colapso de los servicios públicos, “cuyas consecuencias pagan los españoles”, por lo que ha defendido también la expulsión de aquellos extranjeros que dependan de subsidios sociales para asegurar una adecuada atención a la población nacional.

La defensa de su petición

En su opinión, “la prioridad debe ser para los españoles” por lo que ha planteado la necesidad de que se dejen de “malgastar los recursos públicos en subvenciones a la inmigración ilegal”.

“Primero los de casa; la prioridad nacional debe aplicarse en ámbitos donde los recursos son limitados”, ha señalado la diputada de Vox, para quien este concepto “significa orden, justicia y sentido común” y que el dinero de los españoles sirva primero para ellos lo que, ha añadido, “lejos de ser una idea radical es la base mínima de cualquier gobierno que respeta a su pueblo”.

Foro: “Es blanquear un discurso”

La popular Susana Fernández ha asegurado que su formación defiende una inmigración legal y ordenada, aunque ha justificado la abstención de su grupo en que una cuestión tan importante se despache con una iniciativa tan generalista como la presentada por Vox, basada en un argumentario intercambiable con el de cualquier comunidad autónoma y con la que “no comparte su enfoque ni sus conclusiones”.

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, España requiere de una política migratoria seria y ordenada, pero ha advertido de que esta iniciativa en su conjunto supone “blanquear un discurso basado en el populismo, pero en pocos datos racionales”, como que la inmigración sea la responsable del deterioro de los servicios públicos.

La respuesta de PSOE e IU

El socialista Jacinto Braña, tras advertir que la iniciativa se basa en dos premisas falsas, como que hay un colapso de los servicios públicos y que el culpable de esta situación es la emigración, ha señalado que negar la sanidad a los emigrantes sería un “doble disparate” porque supondría un problema de salud pública y tendría un mayor coste económico.

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha afirmado que esta iniciativa “profundamente racista” responde a la estrategia de “construir un relato apocalíptico a base de medias verdades o bulos enteros” y refleja que el odio al extranjero es el “recurso de la extrema derecha para buscar culpables y dividir al pueblo”.

La Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha desestimado las denuncias presentadas por Chunta Aragonesista (CHA) contra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los vicepresidentes Alejandro Nolasco y Mar Vaquero por sus declaraciones en rueda de prensa sobre el voto por correo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Chunta Aragonesista ha replicado que la resolución no cambia el problema de fondo porque “estar amparado por la legalidad no significa que sea políticamente responsable ni que contribuya a fortalecer la democracia”.

En el caso de Azcón, la resolución de la Junta Electoral Provincial, fechada el 27 de octubre, responde a la denuncia presentada por Verónica Villagrasa en representación de CHA tras las manifestaciones realizadas por Azcón el pasado 6 de octubre, cuando participaba en un acto de liberación de milanos reales en La Alfranca, y atendió a una pregunta periodística sobre los llamamientos a no votar por correo.

Azcón, preguntado por el llamamiento de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a evitar el voto por correo, aseguró que estaba gestionando los billetes de sus hijos, que estudian fuera de Aragón, para que regresaran a Zaragoza a votar presencialmente el 29 de noviembre. «Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza», afirmó. Preguntado posteriormente si desconfiaba de la limpieza del proceso electoral, insistió en que les había pedido que acudieran a votar en persona. Unas declaraciones que provocaron las críticas de PSOE y CHA, que le acusaron de alimentar la desconfianza en el sistema electoral.

La Junta Electoral concluye que aquellas manifestaciones no constituyeron una campaña institucional del Gobierno de Aragón ni existen elementos suficientes para considerar que vulnerasen los principios de objetividad, transparencia e igualdad exigidos a los poderes públicos durante el periodo electoral. Por ello, desestima la denuncia por presunta infracción del artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La resolución precisa que las declaraciones denunciadas fueron realizadas como respuesta a una periodista al finalizar un acto público, y no en el marco de una campaña organizada o promovida por el Gobierno autonómico.

La Junta Electoral considera que no pueden equipararse, sin otros elementos adicionales, a una campaña institucional de las reguladas por la LOREG y tampoco aprecia que estuvieran dirigidas a influir en el sentido del voto de los electores.

Sobre la denuncia presentada también por la formación aragonesista contra el vicepresidente y consejero de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, se refiere, asimismo, a la respuesta a una pregunta formulada por un periodista relativa a su opinión acerca del voto por correo, tras un acto público celebrado el 7 de octubre con ocasión del reparto en el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, de mil pulseras de detección de sustancias en la bebida vinculado a la cercanía de las fiestas del Pilar, promovido por el Instituto Aragonés de la Juventud.

Igualmente, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza estima que las palabras de Nolasco “no puede equipararse, sin otros elementos adicionales, a la realización de una campaña institucional de las contempladas en el artículo 50.1 de la LOREG, que, por otra parte, corresponde realizarla a los poderes públicos que hayan convocado un proceso electoral”.

De la misma manera, el dictamen determina que las declaraciones “se circunscribieron a dar respuesta a una pregunta planteada por un periodista relativa al voto por correo, sin que se aprecien, en el contenido examinado, expresiones orientadas al sentido del voto de los electores”, por lo tanto, “no se advierten elementos suficientes para considerar que la intervención denunciada constituyera una actuación institucional dirigida a influir en el proceso electoral o que vulnerase, por su contenido, los principios de objetividad, transparencia e igualdad que deben presidir”, procediendo a desestimar la denuncia.

Por último, la interpuesta contra la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, alude a la respuesta a una pregunta formulada por los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno sobre “su opinión y si cree que se debe poner en duda la fiabilidad del sistema de voto por correo a pocas semanas de unas elecciones generales”, formulando el mismo medio de comunicación una nueva pregunta como gobierno autonómico, a nivel institucional si “¿tienen alguna duda que les lleve a pedirle a los ciudadanos que no voten por correo?”.

En este supuesto, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza expresa que las manifestaciones denunciadas fueron efectuadas la vicepresidenta del Gobierno de Aragón al término de una rueda de prensa el 7 de octubre posterior al Consejo de Gobierno, instando a distinguir, a estos efectos, “entre la campaña institucional regulada en el artículo 50.1 de la LOREG y las declaraciones realizadas por una autoridad autonómica en el ejercicio ordinario de sus funciones de comunicación pública”.

Ya que la primera “constituye una actuación institucional específica, promovida por los poderes públicos legalmente competentes para convocar el proceso electoral, cuyo objeto es proporcionar a los electores determinada información sobre el ejercicio del sufragio”, mientras que las segundas, por el contrario, “no constituyen necesariamente una campaña institucional por el solo hecho de producirse durante el período electoral, de referirse a cuestiones relacionadas con la votación o de tener lugar en una comparecencia pública posterior a una reunión gubernamental”.

“En particular, la celebración de una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno responde ordinariamente a la finalidad de informar sobre la actividad desarrollada y los acuerdos adoptados por el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin que las respuestas ofrecidas a las preguntas de los periodistas puedan identificarse automáticamente con la puesta en marcha de una campaña institucional electoral”, aduce el dictamen.

En este sentido, la Junta Electoral Provincial estima que “no consta acreditado” que Mar Vaquero “promoviera, organizara o ejecutara una campaña institucional dirigida a informar a los electores sobre el procedimiento de voto por correo en las elecciones generales, ni que las manifestaciones cuestionadas se integraran en una actuación de esa naturaleza”, dado que “la mera referencia al voto por correo no determina, por sí sola, que una declaración verbal constituya una campaña institucional de las contempladas en el artículo 50.1 de la LOREG”.

De acuerdo a ello, se ha desestimado la denuncia contra la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón “al no apreciarse, a la vista de los hechos acreditados y de las circunstancias concurrentes, que las manifestaciones objeto de denuncia constituyeran una campaña institucional de las contempladas en dicho precepto”.

El fondo del problema y un desafío

En Chunta Aragonesista consideran que la resolución de la Junta Electoral no cambia el fondo del problema: “si el propio Azcón sostiene que cuestionar el voto por correo no supone un problema para la democracia, convendría preguntarse qué entiende por protegerla”, señalan. A su juicio, la Junta Electoral puede determinar si unas declaraciones vulneran o no la normativa electoral, “pero eso no convierte en responsable” una estrategia política que siembra dudas sobre la limpieza de las elecciones sin aportar pruebas concretas. “Que algo pueda estar amparado por la legalidad no significa que sea políticamente responsable ni que contribuya a fortalecer la democracia. Y si un presidente y miembros de su gobierno puede alimentar sospechas sobre una modalidad de voto legal y garantista y después escudarse en que la Junta Electoral no lo sanciona, el problema trasciende sus palabras y afecta a la responsabilidad de quienes representan las instituciones y a la confianza en el propio sistema democrático”. En este sentido, CHA cree que Azcón debería explicar “por qué contribuye a generar desconfianza en unas reglas electorales de las que su partido lleva años beneficiándose, dado que su primer sueldo de la política lo cobró en pesetas. La democracia se defiende respetando las garantías, no poniendo bajo sospecha el voto de miles de ciudadanos y ciudadanas para alimentar una estrategia partidista”,

La resolución devuelve la actualidad al enfrentamiento del pasado viernes 23 de octubre en las Cortes de Aragón. Pueyo exigió entonces a Azcón que retirase sus insinuaciones sobre un posible pucherazo electoral y le reprochó que asumiera posiciones próximas a las de Vox y otros dirigentes que cuestionan la fiabilidad del voto por correo.

El presidente rechazó rectificar y planteó un desafío público: si la Junta Electoral consideraba que sus declaraciones incumplían la normativa, comparecería para pedir disculpas; si no apreciaba ninguna infracción, sería Pueyo quien tendría que convocar una rueda de prensa para disculparse.

«Si la Junta Electoral me da la razón y dice que las declaraciones son una opinión democrática, usted da una rueda de prensa y pide disculpas. Si mis declaraciones incumplen la normativa electoral, pediré disculpas», afirmó Azcón.

Pueyo evitó aceptar expresamente el reto y replicó que «lo legal y lo moral muchas veces no van de la mano». Insistió en exigir una rectificación al presidente y le preguntó si pensaba disculparse con los trabajadores de Correos.

El intercambio se produjo en un debate especialmente tenso, durante el cual Azcón reiteró su desconfianza hacia el PSOE al que redirigió sus críticas y aseguró que «si el Partido Socialista no hace más trampas es porque no puede».

El Secretariado Nacional de Drago Canarias ha decidido no presentar candidatos al Senado en las próximas elecciones generales, una cita con las urnas en la que el partido sí aspira a obtener representación en el Congreso por las dos provincias del archipiélago.

Así lo ha anunciado Drago Canarias en un comunicado en el que ha informado de sus candidaturas al Congreso de los Diputados al completo.

A los cabezas de lista ya anunciados -Alberto Rodríguez y Héctor Morán por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas-, les siguen Carmen Peña y Aceysele Chacón, respectivamente.

Ambas listas, destaca, están confeccionadas “con gente joven, preparada y que ya viene desarrollando labores institucionales, políticas y organizativas dentro de Drago Canarias”.

El número 1 por la circunscripción de Las Palmas será Héctor Morán, responsable de Organización y Confederalidad; seguido de Aceysele Chacón, portavoz de Drago Fuerteventura; Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria; Mar Domínguez, portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria; y Rafa Jiménez, portavoz de Drago Canarias en Lanzarote.

El cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife será Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias; seguido de Carmen Peña, portavoz nacional; Aitor Montelongo, portavoz de Drago Santa Cruz de Tenerife; Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma; o Javier Álvarez, portavoz de Drago Canarias en Los Realejos. 

Aplicar un impuesto del 10% del valor de cada piso cuando la vivienda sea de un particular con cuatro inmuebles o más y se niegue a sacarlo al mercado a un precio asequible. Esa sería una de las grandes medidas que propone Ada Colau, candidata del Frente Amplio a las elecciones del 29N, según ha anunciado este miércoles en la Cadena Ser.

Colau ha subrayado reiteradamente la “valentía” que tendrán las propuestas de su partido en materia de vivienda frente a las del PSOE. Este gravamen “disuasorio”, ha detallado, serviría para “que no sea rentable especular”, al menos para los multipropietarios, sean particulares o empresas. Concretamente, el impuesto se aplicaría en el caso de las empresas desde la primera vivienda mientras que a las personas físicas se aplicaría a partir de la cuarta casa en adelante, en caso de que las propiedades tengan un valor acumulado superior a los 800.000 euros.

El Frente amplio opta así por tratar de mitigar el problema de la vivienda a través de un cambio en la fiscalidad, de manera que el impuesto no sería “sostenible”, ha dicho, para los propietarios, que se verían empujados a bajar sus precios para ahorrarse ese coste.

Otra de las medidas que a las que se ha comprometido la candidata, ha sido la ampliación del parque de vivienda pública, aunque ha matizado que se trata de algo que “lleva mucho tiempo”. Para financiar esa vivienda pública, el partido apuesta por una inversión de hasta el 1% del PIB que vendría en parte por la contribución de ese impuesto a grandes propietarios.

“Le debemos a Maricarmen llevar propuestas para acabar con estas situaciones intolerables”, ha reivindicado Colau, que ha puesto en valor que, según ella, la propuesta contribuiría a bajar los alquileres “alrededor del 30%” en ciudades como Madrid y Barcelona.

A pesar de las críticas de Gabriel Rufián en 'La Revuelta', donde lamentó que las izquierdas no llegaran a un acuerdo pero matizó que “no iba de que todos estuviéramos en el PSOE o muy cerquita”, en referencia al pacto entre el Frente Amplio y los socialistas para las listas del Senado, Colau ha hecho alarde precisamente de su política en vivienda para insistir: “Nosotros somos el Frente Amplio, no somos el PSOE”.

La médica de familia Amparo Botejara y el politólogo Álvaro Jaén encabezarán las candidaturas de Podemos al Congreso de los Diputados por Badajoz y Cáceres, respectivamente, con vistas a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. El partido apuesta así por dos perfiles con amplia trayectoria institucional y política en la región para liderar sus listas extremeñas.

Amparo Botejara vuelve a la primera línea política nacional en la provincia de Badajoz. La doctora, que fue la primera presidenta de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria, ya ocupó un escaño en la Cámara Baja en las legislaturas XI y XII (2016-2019). Durante su etapa parlamentaria destacó por el impulso de iniciativas del ámbito sanitario y social, entre ellas la primera propuesta de Ley de Eutanasia, la eliminación de los copagos y un anteproyecto de Ley de Salud Mental. En la lista pacense al Congreso le siguen Ildefonso Calvo, Jara Romero, Francisco Salgado y María Josefa García.

Por la provincia de Cáceres, la cabeza de cartel será Álvaro Jaén. El actual concejal en el Ayuntamiento de la capital cacereña y técnico de investigación en la Universidad de Extremadura (UEX) cuenta con un amplio bagaje en el partido: fue secretario general de Podemos Extremadura entre 2015 y 2020, además de ejercer como portavoz en la Asamblea extremeña en ese mismo periodo. La candidatura cacereña se completa con Consuelo López Balset, Luis García Marín y Sonia Chanclón.

En lo que respecta al Senado, la propuesta de Podemos por Badajoz estará liderada por Rosa Mogollón, funcionaria de la Administración autonómica, enfermera, historiadora y militante activista en movimientos como el Foro Extremeño Antinuclear y Cáceres por Palestina. Le acompañarán en la nómina Antonio de la Cruz Ruiz Millán y Araceli Ortiz. En la provincia de Cáceres, la número uno a la Cámara Alta será Milagros Martínez Morán, vinculada a los círculos de la Sierra de Gata, respaldada por Arnaldo Ramos Serradilla y Petra Vacas Fernández.

Vox ha anunciado este martes la interposición de una querella contra Adriana Lastra por los incidentes registrados el pasado 21 de octubre en Avilés tras el acto de precampaña protagonizado por su líder nacional, Santiago Abascal, al considerar que, en su calidad de delegada del Gobierno en Asturias, no facilitó los medios para evitar posibles altercados.

Adriana Lastra había cesado precisamente la víspera de este acto al haber sido designada como cabeza de lista socialista por Asturias a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este cese, que había sido acordado por el Consejo de Ministros el mismo día 20, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 21, por lo que ya no ejercía ese cargo. Ese hecho ha llevado a Adriana Lastra a exigir a Vox una rectificación “inmediata” al construir su querella “sobre una afirmación falsa”.

La querella

El partido de ultraderecha anunció este martes la interposición de una querella ante el Tribunal de Instancia de Avilés contra Adriana Lastra, que hace extensible a su sucesora en la Delegación del Gobierno, Cecilia Pérez, y los demás responsables que “resulten de la investigación”.

La querella también se dirige contra los promotores de la contramanifestación, vinculados a Asturies Antifascista, el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, así como “contra los autores materiales de la violencia”.

Los incidentes en Galicia

La formación ultraderechista sostiene que la Delegación del Gobierno permitió que “siguiera adelante una contramanifestación convocada a escasos metros y media hora antes, sin modificar su ubicación ni su horario, pese a conocer los graves disturbios ocurridos esa misma mañana en La Coruña durante otro acto de Vox”.

Vox señala que esa falta de protección facilitó que grupos de manifestantes intentaran acceder por la fuerza al acto de Avilés y se produjeran lanzamientos de petardos y objetos, agresiones a agentes y daños en el mobiliario urbano; en unos incidentes que se saldaron con tres personas detenidas por desórdenes públicos.  

Así, solicita que se investiguen “las decisiones de la Delegación del Gobierno, el dispositivo policial y las responsabilidades penales derivadas de los hechos”.

La respuesta de Adriana Lastra

La socialista Adriana Lastra no solo no se ha callado ante este anuncio, sino que ha instado al partido de Santiago Abascal a presentar una rectificación pública “de forma inmediata”.

La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha hecho hincapié en que cesó como delegada del Gobierno en el Principado el pasado 20 de octubre para concurrir como cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, tal y como publicó eldiario.es Asturias ese mismo día.

Una simple consulta al BOE

“Vox ha decidido acusarme públicamente sin molestarse siquiera en comprobbar un dato tan elemental como la fecha de mi cese. No estamos hablando de una interpretación política, sino de un hecho que puede comprobar cualquiera consultando el Boletín Oficial del Estado”, ha aseverado.

Además, ha calificado de “especialmente grave” que Vox utilice los incidentes para atribuirle responsabilidades sin explicar qué decisiones concretas le imputa.

La intervención policial

La exdelegada ha recordado, además, que el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias defendió públicamente la planificación del dispositivo desplegado en Avilés, señalando que la valoración del riesgo “fue adecuada” y que la intervención de los agentes permitió evitar enfrentamientos entre los grupos.

“Resulta especialmente irresponsable cuestionar un dispositivo policial que sus propios responsables profesionales han defendido. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional -ha añadido- merecen respeto, no que su trabajo se convierta en munición para la confrontación partidista”.

La condena de la violencia

Adriana Lastra ha reiterado su condena a cualquier comportamiento violento y ha defendido tanto el derecho de reunión y manifestación como la obligación de garantizar la seguridad de quienes participan en actos públicos.

“En democracia se puede defender cualquier posición política dentro de la ley, y también se tiene derecho a protestar pacíficamente contra ella. Lo que no tiene cabida -ha proseguido- es la violencia, venga de donde venga”.

“No me intimidan sus amenazas”

Adriana Lastra ha advertido de que no permitirá que se utilice su nombre para atribuirle hechos o responsabilidades que no le corresponden.

“No me intimidan las querellas ni las amenazas de Vox. Llevo muchos años defendiendo mis convicciones y no voy a renunciar ahora a hacerlo. Pero una cosa es la discrepancia política y otra muy distinta lanzar acusaciones graves sin comprobar siquiera los hechos. Les exijo que rectifiquen y, si persisten en atribuirme responsabilidades sin fundamento, me reservo el ejercicio de las acciones legales que correspondan”, ha zanjado.

El Partido Popular de Aragón y el Partido Aragonés (PAR) han formalizado su acuerdo de colaboración para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una alianza que supone la renuncia de los aragonesistas a concurrir en solitario y que abre la puerta a un entendimiento político más amplio entre ambas organizaciones. El pacto llega después de varios meses de tensiones internas, tanto en el PAR como en el PP, por la incorporación del presidente aragonesista, Alberto Izquierdo, al gabinete del presidente autonómico, Jorge Azcón.

El documento, rubricado este lunes por la secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, y su homólogo del PAR, Francisco Nasarre, establece que los aragonesistas apoyarán las candidaturas populares al Congreso y al Senado. Ambas formaciones justifican su decisión en la voluntad de sumar experiencia, implantación territorial y respaldo electoral para fortalecer la representación de Aragón en las Cortes Generales y respaldar lo que consideran la única alternativa al actual Gobierno de España.

El acuerdo también contempla que las candidaturas se confeccionen de común acuerdo, aunque no concreta qué presencia tendrán los representantes del PAR en las listas. Asimismo, garantiza que ambos partidos conservarán sus estructuras y autonomía orgánica.

Sin embargo, su último apartado va más allá de la cita electoral: plantea avanzar hacia un marco político de colaboración más amplio y desarrollar conjuntamente un proyecto que ambas formaciones definen como más fuerte, más aragonés y más cercano al territorio.

Una alianza precedida de fuertes discrepancias

El acercamiento entre PP y PAR no ha estado exento de polémica. El pasado mes de junio, la decisión de Azcón de incorporar a Alberto Izquierdo como asesor de su gabinete, después de que el PAR perdiera su único escaño en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, provocó una contestación interna en ambos partidos.

En el PAR, un grupo de cargos y militantes exigió la dimisión de Izquierdo al considerar que su incorporación al Ejecutivo popular comprometía la independencia política de la formación. Entre las voces críticas destacó Rafael Samper, vicepresidente de la Diputación de Teruel, que cuestionó una estrategia que, a su juicio, podía conducir a la desaparición del partido como proyecto autónomo.

El malestar también alcanzó al PP de Teruel, donde decenas de alcaldes y cargos locales rechazaron el nombramiento, que llegaron a calificar de humillación. La dirección popular mantuvo reuniones para tratar de reconducir la situación.

Izquierdo defendió entonces que su incorporación al Gobierno respondía a un acuerdo personal y que permitiría mantener la interlocución institucional de los alcaldes y concejales aragonesistas. Por su parte, Azcón reivindicó su apuesta por reforzar el carácter aragonesista del Partido Popular.

La dirección del PAR terminó cerrando filas en torno a su presidente. El pasado 8 de octubre, su Comisión Ejecutiva respaldó con aproximadamente el 85% de los votos la propuesta de colaborar electoralmente con el PP, aunque las discrepancias sobre el futuro de la formación no habían desaparecido.

La nueva alianza llega en un momento especialmente delicado para el Partido Aragonés, que perdió en febrero de 2026 su representación en las Cortes por primera vez en su historia, después de obtener alrededor del 1,3% de los votos.

La formación arrastra, además, las consecuencias de una prolongada crisis orgánica iniciada durante la presidencia de Arturo Aliaga. El XV Congreso, celebrado en octubre de 2021 y en el que Aliaga fue reelegido, fue anulado judicialmente por irregularidades en el proceso. En febrero de 2025, una nueva resolución judicial firme ordenó repetir aquel congreso y cesar a los órganos de dirección derivados de la convocatoria anulada.

En octubre de 2025, el PAR celebró su XVI Congreso de Refundación, en el que Alberto Izquierdo fue ratificado como presidente y Francisco Nasarre asumió la Secretaría General.

La crisis también había provocado la salida de dirigentes y militantes hacia otras formaciones, como Aragoneses y Tú Aragón, que este mismo mes de octubre han anunciado un acuerdo de colaboración con vistas a las elecciones municipales de 2027.

En este escenario, el pacto con el PP supone un nuevo paso en la estrategia de Izquierdo, que ya había planteado la posibilidad de extender el entendimiento a las próximas elecciones municipales.

El exsecretario provincial del PSOE de Badajoz entre 2012 y 2025, Rafael Lemus, ha criticado este martes a la dirección regional de su partido por no comunicarle de manera directa su exclusión de la lista al Senado por su circunscripción, en la que figuraba en el tercer puesto tras el acuerdo de integración alcanzado con el Frente Amplio.

A través de las redes sociales, Lemus ha afeado las formas de la cúpula socialista regional al contrastarlas con el aviso recibido por parte de sus socios de coalición: “Joaquín Macías -IU- me ha llamado para comunicarme que me sustituirá en la lista al Senado. Un gesto que le honra y que no ha tenido la dirección regional de mi partido para anunciarme mi salida”, ha señalado.

El exsenador socialista, que ocupó el escaño en la Cámara Alta entre 2015 y 2026, había llegado a encabezar inicialmente la candidatura extremeña, aunque su posición se vio modificada posteriormente al tercer puesto por decisión del Comité Federal de Listas del PSOE, que situó al exdelegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al frente de la plancha.

Tras hacer pública su salida de las listas, Lemus ha deseado “suerte a todas los candidatos y candidatas” y ha zanjado su mensaje con una reflexión del estratega chino Sun Tzu: “Cuando el general es débil y sin autoridad, cuando sus órdenes no son claras y nítidas, cuando no hay deberes fijos asignados a los oficiales y a los hombres, el resultado es el desorden total”.

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión Informativa de Servicios Públicos, Fomento, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres para abordar la situación provocada por los casos de legionela detectados en el área sanitaria, adelantados por elDiario.es Extremadura el domingo. La iniciativa busca conocer al detalle las actuaciones realizadas hasta la fecha y el protocolo de seguimiento previsto por parte de las autoridades locales.

La petición ha sido registrada por la portavoz del PSOE en el Consistorio, Belén Fernández Casero, al amparo del Reglamento Orgánico Municipal, argumentando la relevancia que tiene el control de estos contagios para la salud pública de la capital cacereña. La propuesta socialista plantea fijar un único punto en el orden del día centrado en la presentación de un informe detallado sobre los positivos confirmados, las medidas de inspección ejecutadas y la evolución de los afectados.

Según los últimos datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), la provincia de Cáceres ha acumulado 16 casos confirmados de legionela. De ese total, seis pacientes continúan ingresados con evolución favorable, cinco de ellos en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (HUC) y uno en el Hospital de Coria. Las autoridades sanitarias han descartado por el momento la existencia de un brote activo al no haberse identificado una fuente común de infección ni una vinculación ambiental o epidemiológica clara entre los infectados.

Ante esta situación, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha hecho un llamamiento a la “prudencia y tranquilidad” de la ciudadanía, asegurando que el Ayuntamiento mantiene una comunicación constante con la Dirección de Salud Pública. Mateos ha explicado que, según los informes sanitarios, no se ha establecido una relación geográfica ni familiar entre los últimos ocho casos notificados.

Asimismo, el regidor ha confirmado que los análisis realizados en las fuentes públicas de la ciudad no han detectado presencia de la bacteria, si bien ha precisado que el géiser del parque del Rodeo se ha mantenido inactivo “por precaución” mientras prosiguen las investigaciones para localizar los eventuales focos de contagio.

Los votos del PP y Vox han tumbado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento presentada por Unidas por Extremadura para recuperar la impartición del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en el Centro Cultural de Talayuela. La iniciativa, debatida en la Comisión de Educación, instaba al Ejecutivo central a reinterpretar el convenio hispano-marroquí para permitir su impartición en modalidad extracurricular fuera del recinto escolar y restablecer el programa para el curso 2026/2027.

Durante el debate, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha afirmado que el desarrollo de estas clases es “urgente” y “necesario”, tal como ha exigido la comunidad educativa del municipio. Fernández ha criticado que el PP se haya plegado al criterio de “prioridad nacional” impuesto por Vox, recordando que se trata de una línea formativa “gratuita” al estar financiada por el Gobierno marroquí. Tras constatar las diferencias de discurso entre los dos grupos de la derecha, Fernández ha ironizado señalando: “Veo problemas en el matrimonio”.

Por su parte, la diputada de Vox Marta Gervasia Garrido ha rechazado la propuesta sosteniendo que el plan deja la enseñanza en manos de Marruecos. “Esto es adoctrinamiento”, ha aseverado Garrido, quien ha argumentado que el objetivo de conservar la identidad de origen dificulta la integración y responde a un multiculturalismo “suicida y destructivo”. “Primero, los nuestros y ni un solo euro para los programas de Mohamed VI”, ha añadido.

Desde el grupo socialista, la diputada Lara Garlito ha reprochado la inacción de la Junta ante la demanda social de la zona. “Estos golpes de pecho no atienden la realidad de Talayuela”, ha respondido Garlito para denunciar la pasividad de la administración autonómica. Por parte del PP, la parlamentaria Isabel Sánchez ha explicado que la Junta “lleva meses” buscando una solución en dependencias municipales fuera del horario lectivo, pero ha alegado que el Gobierno central ha expresado su desacuerdo al considerar que sacarlo de los centros puede perjudicar la inclusión escolar, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta de los Ejecutivos de España y Marruecos.

Reducción de ratios y avance en digitalización educativa

En el marco de la misma comisión parlamentaria, la gestión de la Consejería de Educación ha centrado las intervenciones de los altos cargos de la Junta. El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico mantendrá su política de reducción progresiva de la ratio de alumnos por aula al considerarla una pieza clave para “mejorar la calidad del sistema educativo”.

Catalán ha defendido que el Gobierno regional ha situado las ratios por debajo de la norma estatal —bajando de 25 a 22 alumnos en Infantil y de 35 a 30 en Bachillerato—, frente a etapas anteriores en las que se optó por “acompañar el descenso de la natalidad con una reducción de la plantilla del profesorado”. Según las cifras aportadas por el secretario general, la media regional se sitúa actualmente en un profesor por cada 7,66 alumnos.

Asimismo, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez, ha expuesto los avances en la transformación tecnológica de los centros escolares extremeños para garantizar la igualdad de oportunidades “vivan donde vivan”. “Lo que queremos realmente es una digitalización, una tecnología que una territorios, que apoye a los docentes y que además ofrezca oportunidades para todo el alumnado”, ha recalcado Gómez.

Entre las actuaciones destacadas, la directora general ha puesto en valor la distribución de cerca de 21.550 ordenadores, el impulso al Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura (INNOVATED) y el despliegue de las denominadas 'aulas de futuro', que alcanzan ya las 180 unidades instaladas en la región.