IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de la capital asturiana por el que, el pasado mes de mayo, adjudicó la adquisición de 77 chalecos antibalas destinados al equipamiento de vestuario de la Policía Local a una empresa israelí por un presupuesto de 61.492,20 euros.

El grupo municipal que lidera Gaspar Llamazares ha tenido que dar el paso ante la inacción del PP, que no ha atendido a su petición inicial para que suspendiera el contrato por ser “nulo de pleno de derecho” al vulnerar la normativa estatal que afecta al embargo de material de defensa procedente de Israel ante el genocidio en Gaza.

“Los chalecos antibalas no pueden ser la excusa del Ayuntamiento de Oviedo para eludir su compromiso con los derechos humanos”, ha enfatizado el portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu.

La oferta más barata

El Ayuntamiento de Oviedo adjudicó el contrato a la empresa Guardian Homeland Security, filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio en Gaza el pasado mes de mayo.

A este concurso optaron dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La vinculación

La empresa adjudicataria es la representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar.

Llamazares advierte de que se trata de una empresa vinculada a la seguridad de Israel y a la guerra genocida contra el pueblo palestino.

“Queremos que se paralice el contrato por razones legales porque vulnera el embargo que se ha planteado por parte del Gobierno español en un último decreto al estado sionista de Israel, y por otra parte -ha añadido- porque vulnera el real decreto sobre comercio de armas a paises en conflicto”.

“No es un tema más”

Llamazares no se explica cómo es posible que el equipo de gobierno del PP no ha tenido en cuenta esta circunstancia, ni ha valorado la trascendencia de su decisión.

“Esa razón, por principio legal, debería haber llevado al equipo de gobierno a valorar la naturaleza de las empresas y su vinculación al Estado de Israel. No lo hizo en su momento y no hay nada en el expediente con respecto a esta materia. Por lo tanto, trató este tema como si fuera uno más y no lo es”, ha incidido.

“Debe licitar con empresas legales”

Para IU, esta situación se salta a las claras el embargo, lo que llevaría directamente a ser declarada la nulidad ya que “además de vulnerar la legalidad, también vulnera los derechos humanos del pueblo palestino”, ha señalado el portavoz municipal.

El grupo municipal plantea al equipo de gobierno a través de este recurso de reposición que “vuelva atrás en la adjudicación del contrato, que no es menor, y realizar de nuevo la licitación con empresas legales que cumplan con los derechos humanos”.

“Hay una contradicción”

“Los chalecos antibalas no pueden estar al servicio de un estado terrorista, sino al servicio de los derechos humanos fundamentales y de la seguridad de nuestros policías. No hay contradicción -ha asegurado Llamazares- entre los derechos humanos y la sociedad democrática y sí la hay entre la seguridad de los chalecos antibalas y el comercio de armas”.

Para IU, no hay otra alternativa que la nulidad: “Recientemente por parte de algún nuevo organismo internacional se ha considerado algunas medidas de Israel como constitutivas de apartheid y ya no estamos únicamente ante un estado genocida, que mantiene las formas en el interior de Israel, sino que además Israel plantea normas que tienen más que ver con un apartheid de Sudáfrica que de un estado mínimamente democrático”.

La prohibición

En el recurso de reposición, al que ha accedido elDiario.es Asturias, el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo destaca especialmente en sus alegaciones la prohibición vigente de transferencias con Israel y se remite, en este sentido, al Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, que establece un régimen específico y urgente de medidas contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

Llamazares hace hincapié en que en su artículo 1 dispone la prohibición de exportaciones destinadas a Israel y de importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014.

La posición municipal

“Por tanto, si los chalecos antibalas adjudicados son de origen israelí o su suministro exige una importación originaria de Israel, la adjudicación coloca al Ayuntamiento ante la ejecución de una prestación prohibida por una norma con rango de ley. Y si la empresa adjudicataria pertenece a un grupo de capital israelí, o el producto ofertado tiene origen, fabricación, componentes esenciales, cadena de suministro o tecnología israelí, el Ayuntamiento debió comprobarlo antes de adjudicar y, en todo caso, debe suspender y revisar la adjudicación antes de formalizar o ejecutar el contrato”, ha señalado.

En consecuencia, la adjudicación de chalecos antibalas a una empresa vinculada a capital israelí, cuando el suministro pueda incorporar origen, fabricación, componentes o tecnología israelí, exige una comprobación reforzada. Si tal comprobación no consta en el expediente, el acto de adjudicación se ha dictado sin verificar un presupuesto esencial de legalidad: que la prestación adjudicada puede cumplirse sin infringir el embargo.

Reclama la nulidad

A través de este recurso de reposición, IU-Convocatoria por Oviedo pide que se declare la nulidad de pleno derecho de la adjudicación del lote por resultar contraria al Real Decreto-ley 10/2025, al Real Decreto 679/2014 y a los principios de legalidad e integridad de la contratación pública, en la medida en que el objeto adjudicado se integra en material de protección balística comprendido en las categorías sometidas a control y puede estar afectado por el embargo relativo a Israel.

El recurso, encabezado por Llamazares, solicita que se deje sin efecto la adjudicación del lote a la empresa Guardian Homeland Security, S.A., absteniéndose de formalizar el contrato, cursar pedidos, recibir suministro o efectuar pagos derivados del mismo.

Subsidiariamente, para el caso de que no se declare directamente la nulidad, interesa que se acuerde la retroacción de actuaciones al momento anterior a la adjudicación, requiriendo a la adjudicataria la acreditación documental y verificable del origen no israelí de los chalecos antibalas y de sus componentes esenciales, así como de la inexistencia de cualquier importación, tránsito, transferencia o suministro prohibido por el Real Decreto- ley 10/2025.

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha saldado este mes de junio la deuda a proveedores heredada del anterior grupo de gobierno (ASBA-CC), la cual ascendía a un total de 1.740.454 euros.

La liquidación de estos impagos constituía uno de los compromisos adquiridos por el actual pacto de gobierno desde su llegada a la alcaldía. Al respecto, el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, ha defendido la prioridad de esta medida: “Las empresas que prestan sus servicios a este ayuntamiento, muchas de ellas radicadas en Valsequillo, tienen todo el derecho a cobrar por los servicios realizados. No podíamos permitir que siguieran asumiendo el coste de la parálisis anterior”.

Un rescate técnico de más de 600 facturas

Para poder hacer frente al abono de las facturas, el área de Intervención municipal ha tenido que desarrollar un exhaustivo y complejo trabajo de rastreo y validación técnica. Entre los meses de noviembre de 2025 y marzo de 2026, se elaboraron hasta cinco expedientes de Omisión de Función Fiscalizadora (OFI), herramienta legal indispensable para reconocer y dotar de validez a más de 600 facturas que el anterior gobierno había dejado sin tramitar, explica el Ayuntamiento.

Gracias a este procedimiento, la práctica totalidad de la deuda heredada ha quedado saldada, restando únicamente unas 30 facturas que no han podido ser abonadas temporalmente por presentar defectos de forma, pero que la institución liquidará de inmediato en cuanto se subsanen las incidencias técnicas.

Víctor Navarro, concejal de Economía y Hacienda, ha mostrado su sorpresa ante las últimas críticas vertidas por el líder de la oposición sobre supuestos retrasos en los pagos corrientes: “Paco Atta sabe perfectamente que, por estricto procedimiento legal, hasta que no pagásemos y liquidásemos la deuda millonaria que él mismo nos dejó, la administración no podíamos afrontar la tesorería generada por los servicios actuales. Una vez liberado este lastre, nos centraremos plenamente en los proveedores del nuevo ejercicio”.

Facturas prescritas desde el año 2013

La cruz de la moneda la ha expuesto el concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, quien ha revelado que más de 150.000 euros en facturas se han quedado atrás y no podrán ser abonadas por vía administrativa debido a que ya ha prescrito su plazo legal de pago (fijado en 4 años). A partir de ahora, los empresarios afectados se verán obligados a recurrir a la vía judicial mediante reclamaciones por enriquecimiento injusto para poder recuperar el dinero de unos servicios que el anterior grupo de gobierno dejó en el olvido desde el año 2013, a pesar de que el alcalde anterior reiteró en varias ocasiones y públicamente, que no quedaban facturas por pagar. 

“Esta es una muestra más de la absoluta desidia y de una forma de gestión completamente arbitraria en el abono de los servicios y trabajos prestados a esta institución. El anterior grupo de gobierno decidía dejar desprotegidas a muchas empresas de nuestro pueblo, amontonando facturas impagadas en los cajones que se remontan incluso al año 2013 y permitiendo que vencieran los plazos de reclamación administrativa”, ha criticado el responsable de las finanzas municipales.

Transparencia en el PMPP frente al “maquillaje” anterior

Desde el grupo de gobierno adelantan que el afloramiento y reconocimiento legal de todo este volumen de facturas atrasadas de 2025 va a provocar un repunte estadístico inmediato en el dato del Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) de la institución. Sin embargo, el concejal Víctor Navarro ha matizado que es una consecuencia asumida en favor de la honestidad: “Es un dato que no nos preocupa, porque a partir de ahora la cifra va a ser cien por cien real. No vamos a esconder ni a dejar facturas sin contabilizar en los cajones para maquillar el PMPP, como se hacía sistemáticamente en la etapa anterior”.

Navarro volvió a reivindicar el compromiso del gobierno actual con la información y la transparencia “Nuestro compromiso con la claridad de las cuentas públicas es absoluto; muestra de ello es que los datos correspondientes al primer trimestre ya se encuentran totalmente visibles y accesibles para la ciudadanía en el portal de transparencia municipal.”

El concejal de Economía explica que este ejercicio de honestidad contrasta con la opacidad de corporaciones anteriores, precisamente gobernadas por quienes hoy se quejan del retraso de este dato, y que estuvieron años consecutivos sin dar cuenta del PMPP y nunca mostraron la menor preocupación por ofrecer transparencia en este tipo de cuestiones esenciales.

Recuperar la confianza y la credibilidad

Con la ejecución de este pago, y tras apenas siete meses al frente de la corporación local, el Ayuntamiento de Valsequillo continúa dando pasos y consolidando la “senda del orden” que el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, anunció en su discurso de toma de posesión durante el pleno de la moción de censura del pasado mes de noviembre: “No tenemos una varita mágica para acabar con los problemas, pero a base de trabajo, orden y procedimientos administrativos rigurosos, los resultados irán llegando”. 

Este cambio estructural en el modelo de gestión también se refleja de forma nítida en los procedimientos de contratación. Frente a la inercia del anterior grupo de gobierno, el actual ejecutivo ha apostado de manera decidida por la legalidad, registrando un incremento considerable en el número de contratos adjudicados bajo el estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, en comparación con los años anteriores. Se pasa así de un sistema basado en el encargo verbal y la factura en el cajón, a una administración moderna que licita, da oportunidades en igualdad de condiciones a las empresas y garantiza que cada trabajo prestado cuente con su debido respaldo presupuestario y fiscal desde el primer momento

El pago de la deuda a proveedores es un paso fundamental en la hoja de ruta del nuevo gobierno para recuperar la credibilidad de la institución, ya que la alta morosidad heredada había provocado que multitud de empresas locales y proveedores se negaran a continuar trabajando con el Ayuntamiento de Valsequillo. 

El grupo de gobierno confía que con este paso fundamental pueda comenzar a programar con rigor los próximos ejercicios económicos.

El diputado de Vox José María Sánchez ha intervenido este jueves en el pleno del Congreso en el que se vota la toma en consideración de una reforma del reglamento de la Cámara que endurezca el castigo contra los diputados que tengan conductas como la de este, que fue expulsado del pleno el pasado mes de abril después de encararse con su vicepresidente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y una letrada: “No es ninguna infracción subir al estrado a hablar”, ha asegurado.

“No hay ningún artículo que prohíba a los diputados acercarse ni subir a estrados”, ha defendido Sánchez, que sostiene que se aproximó a la Mesa para “hablar” y que no amedrentó a de Celis. “Esto no es un altar, aunque en por los últimos días parece ser que les hubiese gustado que lo fuera”, ha añadido. Para el ultraderechista, la propuesta que se vota hoy en el Congreso es una muestra del “totalitarismo democrático” que “caracteriza” al Gobierno.

Jose María Sánchez ha afirmado que detrás de esta votación existe una voluntad de “avasallar” a Vox, frente a lo cual, ha dicho, su grupo parlamentario aboga por “la libertad verdadera, no ese timo del PSOE y sus acompañantes.

El pasado mes de abril, el diputado intentó hacerse escuchar a gritos y sin solicitar formalmente la palabra para protestar por unos supuestos insultos que le dirigía un letrado de ERC, según afirmó Vox. Gómez de Celis no se la concedió y le llamó por primera vez al orden. Poco después, el diputado de Vox subió a la tribuna en la que se ubica la Mesa del Congreso para echar en cara a una de las letradas la situación, ante lo cual Gómez de Celis lo reconvino por segunda vez. Fue entonces cuando se enfrentó con el vicepresidente por su supuesta inacción ante esos supuestos insultos de ERC, lo que le valió la tercera y definitiva amonestación. Según el reglamento de la Cámara, tras una tercera llamada al orden no acatada por un diputado, la Presidencia está facultada a expulsarle de la sesión.

La Asamblea de Extremadura ha celebrado este jueves su 43 aniversario con llamamientos al diálogo y al entendimiento tanto por parte de su presidente, Manuel Naharro, como por parte del vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, quien ha advertido de la debilidad de la democracia y de la polarización actual.

Al acto, celebrado en el Patio de los Naranjos, han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, así como distintos consejeros del Ejecutivo regional.

En él se ha entregado la medalla de la Asamblea de Extremadura a los diputados de la actual legislatura que han asistido al acto y se ha reconocido también a los trabajadores jubilados de la institución, todo ello con el acompañamiento musical de la Joven Orquesta de Mérida.

Especialmente crítico con el momento actual se ha mostrado Abel Bautista, quien ha reconocido que a la ciudadanía “no acabaría de gustarle mucho lo que ven en esta Asamblea” más de cuatro décadas después de su constitución.

“No logramos entender cómo fue posible el entendimiento, el diálogo, el consenso y el respeto hace 43 años, cuando todo estaba por construir, y se antoja algo difícil y incluso como si fuera una utopía en este momento”, ha dicho el también consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias

Bautista ha citado al jurista extremeño Antonio Hernández Gil para afirmar que la democracia es “constitutivamente débil”, una frase, ha dicho, de “plena actualidad”, pues “las portadas de los periódicos y los telediarios nos ponen en contexto cada día y nos demuestran que esa debilidad es real”.

Ha hecho un llamamiento al “diálogo, al consenso, al respeto, al entendimiento” entre los diputados del Legislativo regional, a “estar por encima de partidismos estériles” y a poner siempre a Extremadura por delante de todo.

El vicepresidente de la Junta ha destacado que “esta tierra se ha construido con mucho trabajo, con mucho sufrimiento, con mucha emigración también” y ha instado a los extremeños a sentirse orgullosos de todo lo conseguido en estos 43 años y a “sacudirse los complejos”.

A su juicio, actualmente “tenemos un modelo de región más definido, tenemos más empleo, más industria, más inversión”, por lo que ha instado a que aflore en la región “una autoestima colectiva que los parlamentarios debemos acompañar y potenciar” con independencia de intereses partidistas.

Por su parte, Manuel Naharro ha recordado que la Asamblea de Extremadura nació “como expresión de la voluntad de los extremeños y extremeñas de gobernarse a sí mismos, de construir un proyecto codo a codo y de fortalecer una democracia sosteniéndola en los pilares de la libertad, el diálogo y la convivencia”.

En ese sentido, ha abogado por que la nueva legislatura que ahora arranca esté “marcada por el respeto, el diálogo y la búsqueda del interés general por encima de cualquier diferencia”.

“Aquí tienen cabida todas las voces legítimas y todas las aspiraciones de una sociedad plural. Esa es la grandeza del parlamentarismo, convertir la diversidad en diálogo y las diferencias en acuerdos que hagan avanzar nuestra comunidad”, ha dicho Naharro, quien ha pedido a los parlamentarios que actúen “siempre con altura de miras, con respeto a nuestras diferencias y con lealtad a los ciudadanos a los que servimos”. 

El Gobierno de Jorge Azcón ha aprobado un decreto ley para llevar a cabo una modificación de crédito de 619 millones de euros destinada a cubrir necesidades adicionales de financiación de los servicios públicos esenciales, ante la prórroga de los Presupuestos de Aragón de 2024. El texto, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, deberá ser convalidado por las Cortes de Aragón e incorpora también medidas urgentes relacionadas con determinadas subvenciones de interés público.

Entre ellas figura la ejecución del acuerdo de gobernabilidad suscrito por PP y Vox, que contempla una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a los agentes sociales —sindicatos y organizaciones empresariales— y a los sindicatos agrarios por su participación institucional. No obstante, la aplicación será progresiva: en 2026 la reducción será del 15%, mientras que el recorte a la mitad entrará en vigor en 2027.

Actualmente, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO reciben una aportación conjunta de 1,3 millones de euros anuales —325.000 euros cada organización— por este concepto. Con la entrada en vigor de la medida, esa cuantía quedará reducida a la mitad a partir del próximo ejercicio completo. Es decir, cada entidad perderá 48.750 euros en este primer recorte, mientras que el próximo año recibirán 162.500 euros menos.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha justificado la decisión por la necesidad de actuar “con coherencia con los acuerdos firmados” con su socio de gobierno. No obstante, ha minimizado la medida al considerar que el ajuste afecta exclusivamente a las partidas vinculadas a la participación institucional, alegando que el Ejecutivo “garantiza el apoyo al conjunto de la actividad de los agentes sociales y sindicatos agrarios”.

El pacto entre PP y Vox establece que «se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, en el sentido recogido en el artículo 13 de la Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón». Asimismo, prevé la reducción de ayudas a entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, con el objetivo de que los recursos públicos se destinen “exclusivamente al servicio de las necesidades de los aragoneses”.

La medida, se suma a otra reciente anunciada por el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, relativa a la no renovación del convenio que financiaba la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa que durante años ha impulsado actividades de formación, investigación y sensibilización vinculadas a la cooperación internacional.

Necesidades presupuestarias

El Decreto Ley contempla el refuerzo de efectivos para garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial. Junto a las necesidades para cubrir el gasto de personal (394 millones de euros), el suplemento incorpora créditos destinados a garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales. Una parte muy significativa de los recursos se destina al funcionamiento ordinario del sistema sanitario público, con 169 millones de euros, con el fin de asegurar el mantenimiento de la actividad asistencial y la cobertura de las necesidades derivadas de la prestación sanitaria.

Asimismo, se habilitan créditos de 33 millones de euros para atender los gastos de funcionamiento de los centros residenciales (12 millones) y otros servicios gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, reforzando la red pública de servicios sociales, así como para financiar la universidad pública, el operativo de prevención y extinción de incendios forestales y la reposición de los recursos utilizados con cargo al Fondo de Contingencia (10 millones).

La modificación presupuestaria contempla destinar 36 millones de euros al pago de subvenciones nominativas, cuya autorización debe realizarse mediante decreto ley cuando las cuentas autonómicas se encuentran prorrogadas, como sucede actualmente en Aragón.

 Frente a las necesidades de crédito por valor de 619 millones de euros, la evolución prevista de los ingresos permite, según ha explicado la portovoz, a aflorar recursos adicionales por importe de 485 millones respecto de las previsiones incorporadas en el presupuesto prorrogado, fundamentalmente como consecuencia del incremento de la financiación autonómica y de la evolución favorable de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. “Más del 80 por ciento se financia por la evolución económica y financiera de la comunidad autónoma y el resto mediante operaciones de endeudamiento”, ha apuntado Vaquero.

En este sentido, ha indicado que resulta necesario complementar esta financiación mediante la autorización de operaciones de endeudamiento por importe de 134 millones de euros. 

“Vox impone, el PP obedece y Aragón pierde”

El PSOE ha mostrado su oposición “recorte de recursos” a los agentes sociales que el Gobierno de Aragón ha anunciado va a realizar. Así lo ha dicho este jueves el diputado Fernando Sabés, quien ha criticado que el PP se pliega a los recortes de Vox a los agentes sociales, algo inaudito en Aragón “donde siempre había primado el diálogo social como elemento de estabilidad”.

Sabés ha asegurado que la forma de actuar de este gobierno aragonés es “Vox impone, el PP obedece y Aragón pierde”. Ha añadido que “Vox marca el camino y da las órdenes y el Partido Popular las asume y las ejecuta, aunque perjudique a los trabajadores, aunque perjudique a las empresas y aunque perjudique también a los agricultores”, ha apuntado en rueda de prensa.

“Nos preguntamos dónde está Jorge Azcón y qué pinta el Partido Popular en este Gobierno. En un gobierno en el que solo se da a conocer aquellos recortes que plantea Vox, como los de esta misma semana a la Universidad de Zaragoza y los que hemos conocido ahora”, ha manifestado.

Albacete y su industria cuchillera llevan siglos defendiendo la identidad que a esta tierra le otorga uno de sus símbolos culturales más emblemáticos y sostén de cientos de familias: la navaja. Los embates se han repetido de forma sistemática a lo largo de los años, y el siglo XX fue reiterativo en este campo.

Esta 'hostilidad' se mantiene en la presente centuria. Los últimos acontecimientos son un ejemplo más de la inquina vertida en declaraciones públicas, propuestas normativas y reales decretos que mete a este producto artesanal en un saco (legal) común al hablar de armas blancas. Es algo que ha complicado sobremanera la realidad de una actividad industrial y artesana que, una vez más, ha sido diana de valoraciones subjetivas para resolver problemas basados en datos sacados de contexto e interpretados interesadamente, a pesar de que la cuchillería albaceteña es, desde hace casi una década, Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero no es ninguna novedad. Así sucedió en 1920, cuando el sector cuchillero entró en pánico a cuenta de la reglamentación que pretendía aplicar a la cuchillería el presidente del Consejo de Ministros al frente de un gobierno del Partido Conservador, bajo el reinado de Alfonso XIII. El regalo envenenado que venía desde Madrid al día siguiente de concluir la Feria -ese año, el certamen festivo albaceteño se prolongó del 7 al 15 de septiembre- apareció publicado el 16 de septiembre en el número 260 de la Gaceta de Madrid, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su exposición de motivos, el Real Decreto manifestaba que el Gobierno estaba alarmado por la “lamentable realidad que excusa comentarios”, haciendo alusión directa al clima de altercados, pistolerismo y huelgas violentas en las grandes ciudades; lo que, entendía el Ejecutivo, le obligaba a buscar la “seguridad de las personas y del orden público”.

Todo bajo el control de la Guardia Civil

Con esta normativa se otorgaba el control y la fiscalización diaria y total de la producción y existencias de todas las fábricas particulares de armas a la Guardia Civil, lo que suponía una asfixiante burocracia. Con ello, nada se podía mover, fabricar o transportar por ferrocarril, ni venderse en España, sin una Guía de Circulación o una Guía de Pertenencia autorizada y sellada por el instituto armado.

Para garantizar su cumplimiento, se fijaban multas de 250 pesetas por la primera infracción y de 500 por las siguientes, por cada arma que se vendiera o portara sin los papeles en regla. Para el obrero o fabricante de la época, aquello suponía la ruina económica instantánea o la cárcel si no podía pagar.

Además, cualquier arma que no fuera de caza y que se confiscara sin su correspondiente licencia sería completamente destruida y convertida en chatarra por las comandancias de la Guardia Civil. Así las cosas, este decreto ponía en el mismo saco un revólver que una navaja artesanal.

La ciudad no se quedó a verlas venir cruzada de brazos. Muy pronto, el sector comenzó a movilizarse y se constituyeron dos comisiones de fabricantes de navajas: una de pequeños industriales, quienes surtían a los vendedores ambulantes que llevaban sus productos a la estación de ferrocarril pregonando a voz en grito un conocido eslogan: ¡Navajas, navajitas de Albacete!, y una segunda comisión integrada por grandes productores.

Mientras tanto, las instituciones locales trataban de poner orden en ese desaguisado que pesaba como una losa sobre una actividad económica que sumaba cinco siglos de historia. Como era de esperar, afortunadamente, el asunto llegó a la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Albacete el 6 de octubre de 1920. Fue a raíz de una propuesta de la minoría socialista presente en este Consistorio, que dirigía como alcalde Fructuoso Manuel Fernández-Rodríguez Nieto, quien llevaba apenas cinco meses en el cargo cuando se encontró con este conflicto.

El alcalde era un ciervista convencido, esa facción del Partido Liberal-Conservador nacida en 1914 tras las disputas internas por el liderazgo de la formación y que encabezaba Juan de la Cierva y Peñafiel, padre del inventor del autogiro. Se ubicaba en el ala más a la derecha y autoritaria de los conservadores, compitiendo por el control del partido frente a las otras dos grandes corrientes de la época: los datistas, seguidores de Eduardo Dato, y los mauristas, partidarios de Antonio Maura.

Los socialistas exigen la apertura de un debate

Los concejales socialistas Manuel Fraile Conesa y Andrés García Lloret exigieron la apertura de un debate sobre el “gravísimo conflicto en que una absurda disposición del poder Central” había colocado a “los intereses de las clases trabajadoras del ramo de cuchillería”. El debate se abrió con una declaración de intenciones del alcalde, quien incluso no descartó dimitir si de las gestiones a realizar no surgía una solución que evitara que las últimas normas dictadas por el Ejecutivo de Eduardo Dato provocaran, dijo, que “se mate completamente la industria navajera”, una expresión desafortunada por el verbo utilizado, pero contundente y sin lugar a equívocos.

La idea expuesta en ese plenario pasaba por organizar una delegación compuesta por concejales, industriales, trabajadores y hasta la Cámara de Comercio -entidad que se puso manos a la obra desde el primer momento para resolver la crisis-, y viajar en un tren expreso a Madrid para exigir al Gobierno una rectificación o aclaración.

Sin embargo, la primera autoridad municipal quiso erigirse en quien coordinara en primera persona las actuaciones a desarrollar, cuestión que rechazaron los socialistas. Según explicó Manuel Fraile Conesa -quien acabó condenado y desterrado por sus artículos en la prensa local contra los políticos de la derecha-, la cuestión era de tal enjundia que debía ser todo el Ayuntamiento en pleno -los 25 concejales, y no solo el alcalde- quien pidiera, y no rogara, al Gobierno la derogación de esta normativa que podía acabar con la navaja.

Por cierto, según matizó el propio Fraile Conesa, había concejales que todavía no habían aparecido por el Consistorio desde su toma de posesión tras las elecciones de febrero de 1920. Habían pasado siete meses y aún no conocían el Ayuntamiento.

El representante socialista, además, recordó que fue el propio Juan de la Cierva, siendo ministro de la Gobernación en 1907 y bajo la presidencia de Antonio Maura, quien ya dio un primer 'porrazo' a la navaja, endureciendo los controles y su venta. “Esto hay que decirlo con más obligación por aquellos que se llaman ciervistas”, señaló en referencia directa al alcalde, además de solicitar que no se hiciera un uso partidista de la crisis ni bandera política de la defensa de la navaja.

Otro concejal, el reformista Miguel Panadero López-Guerrero, que fue alcalde en 1924, mostró su malestar en esa reunión por la relación que el real decreto establecía entre navaja y criminalidad. Asimismo, el concejal Pedro Martínez Gutiérrez afirmó que era la segunda vez en su vida en la que comprobaba cómo el Gobierno trataba de “tirar abajo la industria principal de Albacete”, después del intento de 1907, que fracasó por la protesta del pueblo, defendido por el Consistorio. De ahí que pidiera la unidad de toda la Corporación y del sector, tanto de patronos como de trabajadores.

El primer teniente de alcalde, Pedro Jiménez Molina, que además fue presidente de la Cámara de Comercio, propuso hacer partícipe de estas acciones de protesta al sector de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, otra de las capitales cuchilleras españolas. Además, sugirió contrarrestar la ofensa gubernativa con datos y estadísticas reales sobre la presencia de la navaja en los crímenes que, a juicio del Ejecutivo, justificaban este endurecimiento normativo, el cual obligaba a disponer de una licencia similar a la de una escopeta de caza para poseer una navaja.

Desde luego, la respuesta de la minoría socialista no se hizo esperar ante ese planteamiento durante la sesión. Manuel Fraile indicó que era obligación del ministro de la Gobernación estar al tanto de esos supuestos datos que le daban argumentos para poner a la navaja al filo de la desaparición. Es más, el aguerrido concejal de izquierdas opinaba que llevarle los informes estadísticos al ministro del ramo era poco menos que hacer el ridículo, resaltando que la norma pretendía atajar el 'miedo', pero con un mecanismo equivocado.

El acuerdo, todos a Madrid

Tras diversos dimes y diretes, se acordó que marcharan a Madrid todos los concejales que así lo decidieran, excepto el primer teniente de alcalde, Pedro Jiménez Molina, quien ejercería de alcalde en funciones durante la ausencia del resto de ediles.

La comisión en cuestión -encabezada por el alcalde, concejales, representantes de la patronal cuchillera y de los trabajadores de los talleres, además de una delegación de la Cámara de Comercio- se trasladó a Madrid y regresó el 10 de octubre en el expreso de la noche. Así lo publicó la prensa local, como El Defensor de Albacete, en su edición del lunes 11 de octubre. El titular de la noticia, que apareció en portada, decía: “Feliz éxito de las gestiones”, tras lo cual se apuntaba que los comisionados mantuvieron reuniones en los ministerios de la Gobernación, Hacienda y Fomento, así como con otros altos representantes del Consejo.

En todos estos encuentros, rezaba la prensa, los albaceteños encontraron una “amable acogida” e “interés”. Los patronos y los obreros mostraron, además, “gran cordialidad” y “uniformidad de pareceres”. En cuanto al ministro de Gobernación, Gabino Bugallal Araújo, conde de Bugallal, que había asumido el cargo apenas un mes antes, se comprometió a emitir una real orden aclaratoria, a publicar en la Gaceta de Madrid, dando respuesta a las peticiones de la comisión albaceteña. También se comprometió a dar órdenes telegráficas a la Guardia Civil para aclarar qué armas blancas requerían disponer de licencia de uso.

Se evita el cierre de la industria

Así, en virtud del compromiso alcanzado con el conde de Bugallal, todas las fábricas de cuchillería podrían seguir operando con normalidad, evitándose el cierre previsto para el 11 de octubre, fecha en la que debía entrar en vigor esa polémica normativa que prohibía la producción de armas que superaran cierto tamaño. Finalmente, se autorizaba la fabricación de todo tipo de navajas y cuchillos, siempre que la longitud de su hoja no excediera los 11 centímetros.

Durante las gestiones en Madrid, a la comisión de Albacete se sumó finalmente una delegación de Santa Cruz de Mudela que compartía el mismo objetivo, actuando de forma conjunta en todas las reuniones. Cabe destacar que esta comisión se mantuvo totalmente al margen de la política; de hecho, ningún representante en las Cortes la acompañó, con la única excepción del político conservador albaceteño José Martínez Acacio, quien asistió a los encuentros en el Ministerio de Fomento.

Al día siguiente, el 12 de octubre, la Gaceta de Madrid publicó una aclaración definitiva sobre el polémico reglamento, especificando que las navajas lícitas eran aquellas cuya hoja puntiaguda no excediese de los 11 centímetros de longitud, medidos desde el tope del mango.

El decreto prohibía explícitamente las navajas con mecanismos de armas de fuego, mientras que permitía la libre circulación de las que tuvieran la punta redondeada o dimensiones mayores si estaban destinadas a la cocina o al uso ordinario del campo. Eso sí, se establecía que para transportar o comercializar esta cuchillería permitida en cantidades superiores a un centenar, se exigiría de forma obligatoria una guía especial expedida por la Guardia Civil.

La presión ejercida desde Albacete tuvo sus frutos sobre el papel. De hecho, en las actas municipales de las sesiones de los días 13 y 20 de octubre se recogen los agradecimientos recibidos en el Ayuntamiento por la resolución del conflicto. Sin embargo, todas esas buenas intenciones, plasmadas también en documentos oficiales, no se aplicaron como debían. Esto llevó de nuevo al Consejo de Ministros a publicar otra orden a finales de enero de 1921, de la cual dio cuenta El Defensor de Albacete el lunes 31 de enero.

Esa Orden emanaba del Ministerio de la Gobernación e iba dirigida expresamente a los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad, así como a los gobernadores civiles de todas las provincias. El texto aclaraba que la orden se dictaba tras estudiar las instancias y quejas presentadas por el presidente de la Asociación de Fabricantes de Navajas de Albacete, Juan Miguel López, y por el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona. Ambos colectivos denunciaban que la anterior Real Orden, la del 11 de octubre de 1920, se estaba interpretando de forma restrictiva, lo que dificultaba enormemente el tráfico comercial, causaba perjuicios innecesarios a fabricantes y expendedores, y paralizaba la producción.

Sensible a estos problemas, el rey dispuso una aclaración para que se librase de trabas a la industria, reiterando que las “armas blancas lícitas” -es decir, las navajas de uso ordinario en el campo y de comida cuya hoja no excediera los 11 centímetros- estaban completamente exentas de las guías de posesión creadas por la ley.

Para que la Guardia Civil no pusiera impedimentos en las fábricas, aduanas o transportes, se ordenaba expedir las guías de circulación de manera ágil y sin exigir comprobaciones minuciosas que detuvieran las mercancías, garantizando así que el sector pudiera vender libremente.

Y así fue como el sector cuchillero albaceteño superó esta crisis, una más, que nos recordó el Archivo Municipal de Albacete en 2022. Aunque como la historia ha demostrado, la navaja albaceteña siempre debe estar ojo avizor por lo que pueda pasar.

Otro frente judicial para la Junta de Extremadura a cuenta de su política medioambiental. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que pretende modificar los límites de 52 espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Esta decisión judicial supone un nuevo revés para la estrategia del Gobierno de María Guardiola. Llega, de hecho, de forma casi simultánea al frenazo que el propio TSJEx ha asestado a la Junta al suspender cautelarmente el Decreto 180/2025, el polémico “atajo” con el que la Administración autonómica pretendía modificar los límites ambientales de varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el objetivo de salvar de la demolición el resort de lujo de Marina Isla de Valdecañas.

Si en el caso del complejo ubicado en el norte de Cácres el tribunal ya ha reprochado la maniobra de la Junta, este nuevo procedimiento eleva el conflicto. La nueva iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, con fecha de 7 de abril, afecta a un total de 39 ZEPA y 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuya superficie total protegida se pretende reducir de golpe en más de 10.600 hectáreas (7.018 hectáreas menos en las ZEPA y 3.639 menos en los LIC).

Desde Fondenex han comparado ambos escenarios: “Si grave fue la pretensión de modificar los límites de las 11 ZEPA -asociadas a Valdecañas-, más grave es intentar modificar los límites de 52 espacios protegidos”.

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, ha venido justificando de manera recurrente estos drásticos recortes escudándose en supuestos “errores cartográficos” cometidos durante las delimitaciones originales de los años 80 y 90. Un argumento que Fondenex rechaza por completo, recordando la solvencia de la cartografía de la época y apuntando a sospechas mucho más profundas. La entidad alerta de que la exclusión de estas miles de hectáreas —que sirven de hábitat y alimentación para especies protegidas como el cernícalo primilla en zonas como los Llanos de Cáceres o el Embalse de Orellana— podría coincidir de forma deliberada con futuros proyectos de desarrollo urbanístico o energético.

Desde el punto de vista legal, el recurso recuerda que cualquier reducción de la Red Natura 2000 solo puede ampararse en cambios naturales científicamente demostrados, exige una tramitación por ley y, además, requiere el visto bueno previo de la Comisión Europea. Sin embargo, la Junta de Extremadura ha intenado esquivar todos ellos por la vía del decreto.

Frente a las sospechas de los ecologistas, el Ejecutivo autonómico defiende en su propuesta que el objetivo de este decreto, más allá de corregir los supuestos errores cartográficos, es “permitir el desarrollo de núcleos donde hoy resulta difícil ampliar cementerios, polígonos o equipamientos básicos”. La Administración aduce que existen cascos urbanos y zonas consolidadas con un grado de protección ambiental que, a su juicio, ya no está justificado por sus valores naturales actuales.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles acudir a la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para negociar el modelo de financiación autonómica con el objetivo de defender los intereses de la comunidad, frente a un Partido Popular que le ha pedido que no acuda y que “no traicione a Asturias”, en palabras del líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo.

En el turno de preguntas al jefe del Ejecutivo en el pleno de la Junta General, Queipo ha acusado a Barbón de “consentir” los incumplimientos de los compromisos del Gobierno central con Asturias y también de incumplir sus propios acuerdos como los relativos a la financiación autonómica.

La 'Declaración de Santiago'

Queipo ha subrayado que Asturias firmó en 2021 con otras siete comunidades autónomas la 'Declaración de Santiago', un documento que decía que la reforma del modelo de financiación solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que “por tanto deja a un lado cualquier reunión bilateral” entre el Estado y las comunidades, ha remarcado el presidente del PP de Asturias.

Además, el Gobierno asturiano firmó en 2020 un acuerdo con todos los grupos de la Junta General, excepto Vox, que establecía que el nuevo modelo debe ser “el resultado de una negociación multilateral, transparente y fruto del consenso”, ha añadido.

Queipo: “No traicionen a Asturias”

“Van a sentarse donde firmaron que no se iban a sentar nunca”, ha dicho Queipo, quien ha advertido de que la reunión bilateral a la que acudirá el Principado no servirá para negociar sino para “blanquear que a Asturias le tocan lo restos de lo que negocia Oriol Junqueras”, líder de ERC.

“No asistan a esa reunión, no traicionen a Asturias, se lo pedimos encarecidamente”, ha insistido Queipo, quien ha afirmado que “Asturias está indefensa” porque lleva “demasiado tiempo sin un presidente que la defienda” y lo que tiene el Principado es “un portavoz de Ferraz en un despacho de Oviedo”.

Barbón: “Asturias, por encima de todo”

En su respuesta, Barbón ha remarcado que su Gobierno “actúa por encima de la ideología de partido” o de “afinidades tribales de ideología” porque “tiene muy claro que por encima de todo está Asturias”, y ha subrayado que ejemplo de ello es su rechazo a la actual propuesta de reforma del modelo de financiación o su exigencia de eliminación del peaje del Huerna.

“Cuando Asturias tiene problemas, el Gobierno actúa; cuando tiene una oportunidad, negocia, y cuando hay un agravio, pelea”, ha subrayado Barbón, quien ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión para exigir cambios en la propuesta de reforma si Hacienda quiere contar con el 'sí' de Asturias.

El envejecimiento o la dispersión

Barbón ha garantizado que su Gobierno defenderá lo pactado en la 'Declaración de Santiago' y en el acuerdo alcanzado en el seno de la Junta General, documentos que defienden la introducción de factores como el envejecimiento o la dispersión a la hora de calcular el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos, y no solo el número de habitantes.

Además, el presidente del Principado ha subrayado que, aunque el acuerdo definitivo se tiene que adoptar en el CPFF, en la negociación de la financiación autonómica siempre hay reuniones bilaterales, y ha recordado que en la reforma de 2009 el entonces presidente gallego y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a esos encuentros.

El “síndrome preelectoral precoz”

Barbón ha acusado a Queipo de “estar a lo que le ordena Génova” y ha afirmado que si fuera él el que tuviera que negociar la financiación autonómica para Asturias “no se atrevería jamás” a defender los intereses de la comunidad.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha insistido en que Queipo sufre “el síndrome preelectoral precoz” y “cree que hacer oposición es decir no a todo” ante su “incapacidad” de presentar una alternativa.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley, que no es vinculante, que propone impulsar la implantación progresiva de la docencia compartida en los centros educativos del archipiélago como herramienta para mejorar la inclusión, la atención a la diversidad y el rendimiento académico.

La iniciativa, promovida por la diputada del PSOE Lucía Olga Tejera Rodríguez, plantea la puesta en marcha de un plan autonómico que permita la presencia simultánea de dos docentes en el aula con un mismo grupo de alumnos, compartiendo la planificación, la enseñanza y la evaluación.

Según recoge la propuesta, la educación canaria afronta importantes desafíos en materia de atención a la diversidad, inclusión educativa y mejora de los resultados académicos, por lo que considera que la docencia compartida constituye un recurso metodológico eficaz para responder a estas necesidades.

El texto destaca que diversos estudios señalan que este modelo contribuye a mejorar el rendimiento académico, reducir el abandono escolar y facilitar la integración del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).

Entre las ventajas citadas figura la posibilidad de ofrecer una atención más individualizada, adaptada a los distintos ritmos de aprendizaje, así como un seguimiento más cercano del alumnado y apoyo inmediato ante posibles dificultades.

Asimismo, la iniciativa defiende que la docencia compartida favorece un modelo inclusivo al evitar la separación de estudiantes con necesidades educativas especiales, mejora la convivencia en el aula y refuerza la autoestima y la participación del alumnado.

La propuesta también subraya que la presencia de dos docentes facilita el diseño de estrategias basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), lo que contribuye a enriquecer la enseñanza y promover la inclusión.

Por todo ello, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a implementar un plan autonómico progresivo de docencia compartida, dotar a los centros de los recursos humanos necesarios y desarrollar formación específica para el profesorado.

Además, plantea priorizar esta metodología en centros con especial vulnerabilidad o con una elevada presencia de alumnado con diversidad, fomentar la coordinación docente mediante horas específicas de planificación y establecer indicadores de seguimiento que permitan evaluar el desarrollo y los resultados del programa.

Según recoge la proposición no de ley, la docencia compartida supone no solo una mejora metodológica, sino también un cambio estructural orientado a construir un sistema educativo más equitativo, inclusivo y eficaz para todo el alumnado.

Nueva Canarias y los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han presentado enmiendas, que han sido aceptadas por el PSOE, porque dan “una respuesta más adecuada a los alumnos”, según han destacado desde el PP.

No obstante, desde Nueva Canarias han insistido en que para poner dos docentes en una aula es necesario llegar a una financiación en educación que represente el 5% del PIB.

Solo Vox ha votado en contra de esta proposición no de ley porque creen que es una incoherencia que el PSOE haya votado en contra a propuestas similares hechas por este partido, que aunque está a favor de la docencia compartida cree que los socialistas con este tipo de medidas “buenistas” quieren pasa “una cortina de humo” para ocultar otros problemas que les afectan. 

El papa continúa su viaje por España, con una de sus paradas más importantes esta tarde en la Sagrada Familia de Barcelona, donde bendecirá su Torre de Jesús, finalizada este 2026. El acto ha incluido una misa y ha contado con la participación de autoridades como el rey Felipe VI o el presidente Pedro Sánchez y una visita a la cripta y a la tumba del arquitecto Antoni Gaudí. Por la mañana, León XIV ha visitado la Basílica de Montserrat, lugar que las víctimas de abuso consideran “zona cero de la pederastia de la Iglesia catalana”, sin que el pontífice haya hecho ninguna mención al tema.

El otro tema que ha marcado la actualidad es la vuelta del PP a su retórica de ataque después de la tregua que, precisamente, parecía haber impuesto la visita de León XIV. El habitual Pleno del Congreso de los Diputados ha sido el escenario de este fin del alto fuego: Alberto Núñez Feijóo se ha referido a Pedro sánchez por sus iniciales, “P.S.”, en referencia a las agendas de Leire Díez. “Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente”, le ha espetado al presidente.

El Gobierno de Canarias prevé en su Plan Presupuestario a Medio Plazo 2027-29 (PPMP) una reducción de inversiones (capítulos 6 y 7) de casi 700 millones de euros en las cuentas del año próximo. Ese plan plurianual, aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de abril pasado, aminora el gasto total no financiero en 309 millones de euros en 2027, pero, en ese año electoral, mientras que el gasto corriente sube en 375 millones (3,5%), las operaciones de capital bajan en 684 millones (32,4%). Pero luego está que el capítulo de personal (1) se eleva en 412 millones (8,1%), pese al recorte general del 2,5% respecto al presupuesto inicial de 2026.

En el PPMP 2027-2029 de Canarias, se prevé para 2027, el año que viene, un gasto no financiero (la suma de los capítulos del 1 al 7) inferior en 309,1 millones de euros (menos 2,5%) al presupuesto inicial de este año, 2026.

Si se estudian todos los PPMP aprobados desde 2021 (el que hace la primera estimación para el año 2022, es decir, el año n+1), se observa que siempre el gasto no financiero había crecido, al menos para el año n+1, algo que en 2027 no se espera, según lo descrito en el PPMP más reciente, el señalado.

Pero además hay que destacar que en el PPMP 2027-2029, aprobado a pesar de reducir el gasto no financiero en 309,1 millones de euros (2,5%), el gasto corriente sí aumenta en 375,2 millones (+3,5%), pero lo que se reduce sobremanera son las operaciones de capital, en 684,3 millones (-32,4%) sobre lo contemplado en el presupuesto inicial de 2026 para esos mismos capítulos (6 y 7). Pero, ojo, el capítulo I de personal aumenta en 2027, año electoral, nada menos que 412,4 millones de euros (+8,1%) en un presupuesto general no financiero que se estrecha el 2,5% (309,1 millones).

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una respuesta reciente al portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento autonómico, Luis Campos, indicó que esa reducción de 684 millones de euros en inversiones se debía a que en 2027 ya no existirán los fondos europeos del Next Generation y su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), algo que es cierto pues este régimen especial de subvenciones de la UE muere a finales de agosto de 2026. Así es, pero también es verdad que para sostener esa caída nada se hace con la asignación de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias

En el PPMP 2027-2029, además se reconoce, como ya hacía el Plan Económico Financiero (PEF) presentado ante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se incumpliría en 2025 la regla de gasto, como así mismo ya ha sido reconocido por el propio Ministerio de Hacienda estos días (algo previamente confirmado para el año 2024).

Del PPMP 2027-29 se desprendía que el exceso de gasto computable reconocido sería de 158,9 millones en 2025, lo que implicaba un aumento del gasto computable del 4,8%, con la tasa autorizada para ese ejercicio en el 3,2% (1,6 puntos porcentuales más).

Por su parte, la AIReF, en su Informe 29/26, de seguimiento del PFEMP 2025-2028, con previsiones de medio plazo de la comunidad autónoma de Canarias (CAC) y publicado el 14 de mayo de 2026, elevaba el incremento del gasto computable para el año 2025 al 8%, muy por encima del límite autorizado del 3,2%.

Al final no acertaron ni unos ni otros, pues el Ministerio de Hacienda ha establecido el gasto computable en el 9,1% (566 millones de euros que habrá que recortar entre 2026 y 2027).

No hay, por ahora, ningún informe de la AIReF sobre los presupuestos canarios elaborados por el Gobierno de CC-PP (2024, 2025 y 2026), o previstos en aquel PPMP (2027-29) de la Autoridad Independiente, en que se cumpla con la regla de gasto. La pregunta que se plantea NC es entonces: “¿Se ha declarado el Gobierno de CC y PP en insumisión respecto a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en vigor?”.

Como el Ministerio de Hacienda esta semana ya confirmó al alza la previsión de la AIReF para el año 2025 sobre la regla de gasto, con el incremento hasta el 9,1% (lejos del 3,2% de referencia), el Gobierno de Fernando Clavijo deberá elaborar ahora otro Plan de Ajuste, el segundo en lo que va de legislatura, para reducir ese exceso de gasto en los presupuestos de 2026 y 2027 (566 millones por 2025 más 445 por 2024).

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo al presupuesto de 2026 por “la obligación moral y ética de desvelar el alma”, “muy fea”, de unas cuentas que tienen “un corazón de piedra” y que “se inventan problemas que no existen para ocultar los intereses que defienden”.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, González Frutos ha destacado que estas cuentas se presentan con la estrategia de “dientes, dientes, que es lo que les jode”, como dijo Isabel Pantoja, para disimular que “nacen del acuerdo de la vergüenza” con Vox y ocultar que el PP “ha metido el fascismo en las instituciones”.

El parlamentario de Unidas ha recordado al Papa León XIV, que dijo el lunes que uno “no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano”, para criticar la 'prioridad nacional' que recogen los presupuestos, “que no se conmueven con el dolor ajeno” al contemplar medidas como la eliminación de 10 millones en las ayudas a la cooperación al desarrollo, lo que ha considerado una “auténtica canallada”.

Se ha preguntado también qué entienden PP y Vox por “gasto político o chiringuitos” cuando su proyecto de presupuesto recoge una subida salarial del 9% para altos cargos y del 13% para eventuales contratados por el Gobierno, mientras el aumento es cero para partidas como la renta básica, los mínimos vitales o el complemento a las pensiones no contributivas.

González Frutos ha lamentado también el mensaje de “disciplinamiento” que recogen los presupuestos con medidas como el recorte en un 50% de las ayudas a los sindicatos, lo que ha atribuido “al sueño húmedo de la derecha de acabar con la autorganización de los trabajadores”.

Igualmente, el parlamentario de Unidas ha criticado la “política fiscal frívola y ridícula” que inspiran, nuevamente, las cuentas de 2026, con el “fanatismo ideológico” de atraer, sin éxito, a los ricos de otras regiones.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha acusado a Unidas por Extremadura de presentar una enmienda a la totalidad poco trabajada, fanática y sectaria, “una auténtica pesadilla política de terror que podría titularse 'clasismo infernal' o 'apocalipsis privada'”.

A su juicio, presenta “una realidad totalmente distorsionada”, en la que se critica hasta la gratuidad de la educación cero a tres años, con argumentos inventados sobre “una fiscalidad para ricos” o que alertan de la “privatización absoluta de todos los servicios”, lo que, en su opinión, pone de relieve que este grupo “está instalado en el bloqueo y en el odio”.

Más tajante aún ha sido el diputado del PP Hipólito Pacheco, quien ha considerado trasnochada la enmienda de Unidas y ha acusado a los integrantes de esta formación de haberse quedado en hace 30.000 años, en la etapa de los cromañones, “la más oscura de la historia”.

“Soberbia académica” de Elena Manzano

En esa misma línea se ha manifestado el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo al considerar que la alternativa propuesta por el grupo liderado por Irene de Miguel es “una apelación permanente el pesimismo, al miedo y al desánimo”. A su juicio, se ve como “una amenaza lo que constituye una esperanza”, que es el gobierno de coalición entre su partido y el PP.

Pelayo Gordillo ha dejado claro que han sido los extremeños y no María Guardiola quien los ha puesto en la Junta de Extremadura, y ha defendido la 'prioridad nacional' y la bajada de impuestos, “el eje de nuestro discurso político que defendemos con orgullo” y que está contemplado en un pacto de gobierno que, según ha defendido, se va a cumplir en su totalidad.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña, que junto a José Antonio González Frutos ha criticado la “soberbia académica desmedida” con la que Elena Manzano trata a la Cámara, ha apoyado la enmienda de Unidas por Extremadura por compartir con ella su filosofía, la de un presupuesto que recoge “la imposición ideológica de la extrema derecha”, prioriza a los privilegiados, no protege los servicios sociales y debilita la democracia en la región. 

Finalmente, las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura han sido rechazada por los 40 diputados de PP y Vox. El viernes se abrirá el plazo para las enmiendas parciales y el 30 de junio se celebrará el pleno en el que se aprobarán las cuentas de 2026.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido su enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales de PP y Vox, un modelo “ideológico” que “abandona a mucha gente” en Extremadura, desde el que harán una oposición “seria, realista y constructiva” que hable “de las cosas del comer”, frente a la “polarización” de la extrema derecha.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, ha condicionado la retirada de su enmienda a que la presidenta María Guardiola “expulse” a los consejeros de Vox del gobierno y asuma una propuesta “alternativa” sustentada en “siete acuerdos”. Pero la enmienda del PSOE y la de Unidas por Extremadura no ha salido adelante por el rechazo de los 40 diputados de PP y Vox.

En Educación propone la reducción de ratios, subida salarial para los docentes de 200 euros mensuales o la puesta en marcha de un plan de climatización de los centros educativos; y en Sanidad, un refuerzo estructural de 250 millones de euros para la Atención Primaria que permita garantizar citas médicas en menos de 48 horas.

Otros pactos pasan por Vivienda con, por ejemplo, la construcción de 1.000 viviendas destinadas a jóvenes y familias trabajadoras; Financiación Municipal, para elevar el Fondo Regional de Cooperación Municipal hasta los 76 millones de euros en 2026; e Infraestructuras, donde plantea culminar la EX-A1 y la carretera Badajoz-Olivenza.

Impulsar la contratación en origen y favorecer los procesos de regularización laboral para garantizar mano de obra en sectores estratégicos; blindar el diálogo social, recuperar la AEXCID y garantizar una inversión equivalente al 0,7 % en cooperación al desarrollo son otras de sus propuestas.

“Usted fue pionera en abrir las puertas del Gobierno a la ultraderecha y será recordada por normalizar su presencia en las instituciones. Yo aspiro a ser recordado por sacarlos de ellas”, ha apuntado el líder socialista, quien ha abogado por una Extremadura sin “división social”, libre de “odio” y “de miedo al diferente”, centrada en “resolver los problemas de la gente”.

Sánchez Cotrina ha puesto nombre a las, a su juicio, fracasadas políticas de la Junta al mencionar, entre otras personas, a “María que espera que se construya una residencia de mayores” para una plaza “empujándola a la privada”, mientras le cuida Ana, “una migrante que está en un proceso de regulación extraordinario, que levanta los servicios públicos, que cuida a nuestra gente y que sin Ana, María se muere”.

En este sentido, ha censurado la prioridad nacional del pacto para interpelar a Guardiola que eso de que “primero Extremadura” sea una verdad: “Extremadura o Vox, esa es su ecuación”, al tiempo que ha advertido de que estarán vigilantes para perseguir “todas y cada una de las decisiones de este pacto que atenten contra la ciudadanía extremeña”.

Con motivo de la visita del Papa, ha aprovechado para rescatar unas palabras del sumo pontífice, que “nadie puede arrodillarse ante Dios y, a su vez, despreciar al hermano: tiene usted (dirigiéndose a Guardiola) la oportunidad de echar de su Gobierno a los que le hacen y le obligan, se supone, a despreciar a sus hermanos”.

“Falso diálogo”

Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha reprochado a Sánchez Cotrina estar instalado en el “no por sectarismo ideológico”, así como su “soberbia” con un falso mensaje de “diálogo” cuando presentó rápidamente una enmienda a la totalidad que es en realidad “la confirmación del presupuesto” con “medidas ya implantadas” por un gobierno al que respalda “el 60%” de los extremeños en las urnas.

Le ha afeado igualmente que “lo único que le interese sea ser presidente de la Junta, ocupar el sillón”, pero no haga aportaciones para mejorar la comunidad tras 40 años de gobiernos socialistas que han lastrado su desarrollo socioeconómico, con un verdadero “infierno fiscal”.

En su intervención, Manzano ha cuestionado a Sánchez Cotrina su postura respecto al calendario de cierre de la central de Almaraz, mostrándose este de acuerdo con que Almaraz “cumpla tres años más, que es lo que han pedido los empresarios”, pues no puede “obligarlos” a más; o la financiación autonómica, cuestión en la que ha dicho luchará, junto a la Junta, por “una financiación más justa”.

En el debate ha habido un rifirrafe a cuenta de la denominación 'Sánchez', pues el líder socialista ha pedido que, al igual que como se le conoce fuera del hemiciclo, se le llame también por el segundo apellido de su madre, Cotrina: “Cuando me llaman el señor Sánchez, no es mi primo el presidente del Gobierno”, ha ironizado.

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, le ha pedido que se pase “al lado bueno del apellido”, porque él no se “avergüenza” de ninguno de los suyos: “veo que usted en Sánchez se arrepiente”, y, a propósito de las palabras de León XIV, le ha sugerido que lea “los mandamientos: el sexto, no cometerás actos impuros, y el séptimo, no robarás”, pues “nos tienen abochornados con todos los escándalos del PSOE”.

Desde las filas de Vox, la portavoz Inés Checa ha criticado la postura “hipócrita” y “falsa” de Sánchez Cotrina en la defensa del mundo agrario cuando votan en Bruselas propuestas que “destrozan al campo” extremeño y cuando en sus años de gobierno “no han sido capaces de generar prosperidad”, solo “dependencia de subsidios”.

“Si María, a la que usted ha hecho referencia aquí, se muere en la espera, que no le quepa duda que es porque el PSOE roba a manos llenas a todos los españoles para gastárselo en prostitución, en cocaína y en chiringuitazos”, ha aseverado Checa, quien ha defendido el principio de 'prioridad nacional', que los recursos de los extremeños “se quedan con los extremeños”, y no para “el empoderamiento de la mujer en Mali”.

La enmienda a la totalidad del PSOE ha contado con el único apoyo de Unidas por Extremadura ya que, según la diputada Nerea Fernández, son unos presupuestos “antisociales”, que “descapitalizan la administración pública para justificar futuras privatizaciones por falta de eficiencia”, con una hoja de ruta: avanzar hacia los “recortes”, la “segregación”, y “en contra de los más vulnerables”. 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a preguntas en el Parlamento sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor este viernes.

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.

El Gobierno de Asturias ya se ha cansado de que todos los requerimientos que ha enviado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a sus reiteradas peticiones para que acuerde la suspensión temporal del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) cayeran en saco roto y ha decidido dar el paso y emprender acciones legales.

El Consejo de Gobierno de este lunes ha autorizado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) para poner fin al cobro por utilizar esta vía de comunicación y acabar así con un “agravio histórico” que, según ha asegurado, “lastra las comunicaciones entre la comunidad y la meseta tanto para la ciudadanía como para las empresas”.

Pese a que el Ejecutivo autonómico y el central comparten las siglas socialistas, en este tema no han llegado a un entendimiento y serán los tribunales quienes tengan la última palabra.

La defensa de la legalidad

En ausencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, que sigue en Madrid asistiendo a los actos organizados con motivo de la visita del Papa León XIV, se ha celebrado esta mañana en Oviedo/Uviéu el Consejo de Gobierno donde el Ejecutivo autonómico ha dado vía libre al inicio de las acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna (A-66) hasta 2050.

Un aval jurídico “sin precedentes”

El consejero de Movilidad Alejandro Calvo ha comparecido junto al portavoz del Ejecutivo autonómico Guillermo Peláez, al término del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa donde han anunciado los asuntos abordados en la reunión.

Alejandro Calvo ha asegurado que este paso que da el Gobierno asturiano significa reafirmar su compromiso anterior: “defender los intereses de Asturias ante todo y con un aval jurídico sin precedentes”.

El Gobierno de Asturias justifica esta iniciativa en “la defensa rigurosa de la legalidad” ante una decisión como es la de la prolongación del canon hasta 2050 que, según expone, presenta “indicios fundados de nulidad radical”.

La cuestionada ampliación

La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita acordó esta medida por unanimidad en su última reunión, celebrada el 23 de abril, tras el dictamen de la Comisión Europea que acredita irregularidades en el proceso de tramitación de la prórroga aprobada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular (PP). 

Esa prórroga constituye, a juicio del Ejecutivo autonómico, una modificación sustancial del contrato original con la concesionaria de la autopista del Huerna, dado que amplía en 29 años su duración y altera de forma significativa sus condiciones económicas en favor de la empresa.

Situación “injustificada y perjudicial”

El Gobierno asturiano recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea (UE), este tipo de modificaciones exige una nueva adjudicación, por lo que debería haberse sometido a un proceso de licitación pública con plenas garantías de “transparencia, igualdad y libre concurrencia”, unos requisitos que sostiene que no se cumplieron en este caso.

El Principado asegura que trabaja en varias líneas para restablecer la legalidad y acabar con una situación que tilda de “injustificada y perjudicial”. Así, desarrolla una labor coordinada con las instituciones europeas para afrontar una revisión de fondo del proceso en el que modificaron las condiciones de la concesión para ampliar su vigencia durante 29 años más.

Acciones conjuntas

Además, mantiene una estrecha colaboración con las administraciones de Galicia y Castilla y León para abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos, tanto en la AP-66, como en la AP-9 (autopista del Atlántico, en Galicia).

En paralelo, el Principado ha impulsado actuaciones específicas para reclamar la suspensión del cobro del peaje o la aplicación de mecanismos de compensación ante la sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en diferentes puntos de autopista del Huerna, lo que no ha impedido que la concesionaria mantenga íntegro el coste del canon.

Otros recursos

El recurso del Ejecutivo autonómico, que tiene como plazo para su presentación hasta el día 15, se suma a los promovidos ante el Tribunal Supremo por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte del Principado (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR) ante la negativa del Gobierno a revisar la prórroga del peaje del Huerna que habían solicitado.

Algunos niños no viajaron nunca fuera de su país, otros solo hablan su idioma pero se hacen entender a través de señas, otras niñas están deseando encontrarse con sus amigas asturianas a las que ya conocen porque repiten experiencia, pero todos tienen en común una misma ilusión por disfrutar de la tranquilidad de no oír más bombardeos, ni sentir de cerca el sufrimiento ante tanto horror y tanta muerte.

Un total de 27 menores ucranianos, hijos e hijas de militares fallecidos, desaparecidos en combate, prisioneros o que continúan luchando en el frente llegaron ayer, domingo, a Asturias. Tienen por delante casi dos meses para disfrutar de su infancia con unas vacaciones en paz.

Un entorno seguro

Este programa de acogida temporal de menores de Ucrania ha sido organizado por Expoacción Organización Solidaria en colaboración con la Asociación Viche y permitirá que 24 familias puedan compartir su día a día con 27 menores este mes de junio y hasta el 31 de julio. Los menores viajaron acompañados de la coordinadora Krystina Pechena, desde Kiev, vía Polonia, al Principado de Asturias.

Con esta iniciativa se trata de ofrecer un entorno seguro, afectivo y enriquecedor para los menores a través de una experiencia de convivencia, bienestar y apoyo.

La llegada de los menores

A continuación reproducimos el post difundido en el perfil oficial de la red social X de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado con la llegada de los menores a la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias.

La llegada de los menores a la Delegación del Gobierno de Asturias en Oviedo/Uviéu donde les esperaban, entre otros, la directora general de Infancia y Familias del Principado de Asturias, Clara Sierra, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y los mandos militares, rompió los rígidos protocolos de los actos institucionales con la emoción de los niños y niñas al encontrarse y, en algunos casos reencontrarse, con sus familias de acogida.

Un éxito de acogida

“Este es el segundo año que vienen. El programa empezó el año pasado y fue un éxito de acogida en Ucrania y en España. Se hace gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas porque ellos viajan hasta Polonia y ahí los recogen en un avión con el que se desplazan hasta Asturias. Hay que agradecer también a las familias que acogen a los niños que son hijos de combatientes, desaparecidos o fallecidos que necesitan estas vacaciones en paz”, ha asegurado Adriana Lastra.

“Son niños que disfrutan mucho, al igual que las familias y en general toda Asturias. Creo que merece la pena este esfuerzo de solidaridad que hace el pueblo asturiano y que no es nuevo -ha añadido- porque ya en otras guerras, como hace 20 años en la guerra de Bosnia, ya empezaron con estos programas de vacaciones en paz”.

Una experiencia que merece la pena

Durante casi dos meses, los menores tienen preparadas numerosas actividades lúdicas; desde piscina, río o mar, a montaña, conre corridos por las distintas ciudades asturiana, practicando deportes y disfrutando de la gastronomía y, sobre todo realizando variados juegos, muchos juegos.

El año pasado participaron en este programa 60 menores ucranianos que se desplazaron desde Kiev, a más de 3.500 kilómetros de distancia, hasta Asturias y la experiencia, según ratifican desde las organizaciones, mereció la pena. Este año también será igual porque la solidaridad siempre merece la pena.

Todo ocurrió muy rápido. La gente parecía sorprendida. Pero, en realidad, casi nadie hizo nada para evitar que los Hijos de Torquemada llegaran al poder. Es más, las derechas sistémicas les sirvieron de trampolín, como en el siglo XX. Y las izquierdas les facilitaron la victoria atomizándose en torno a innumerables tribus y liderazgos, como siempre.

Los ministros fueron sustituidos por 'comandantes', aunque casi ninguno de ellos, todos hombres, había hecho el servicio militar. Nunca habían ocultado sus propósitos. En cuanto llegaron al poder, cancelaron representaciones, censuraron publicaciones, aherrojaron los medios, prohibieron partidos y sindicatos, suspendieron el derecho de huelga y deportaron del país a millones de inmigrantes. Esto último provocó el colapso del mercado laboral y generó una crisis económica sin precedentes.

La patronal, que había saludado el cambio de régimen con indisimulada satisfacción, expresó su malestar. Fue entonces cuando el nuevo gobierno, muy amante, por otro lado, de referencias nostálgicas, procedió a resucitar el Patronato para la Redención de Penas. Miles y miles de hombres y mujeres encarcelados por sus ideas fueron obligados a trabajar como esclavos para intentar reflotar la productividad en los sectores más afectados por la Gran Expulsión. Además, participaron en la construcción de monumentos megalómanos como la Cruz de Santiago gigante levantada sobre la mole rocosa de las Peñas de San Pedro, en Albacete, destinada a convertirse en mausoleo del Jefe Supremo (también conocido como el Reconquistador por haber evitado el reemplazo de la religión cristiana por la musulmana). Allí murieron muchas personas como consecuencia del agotamiento, las palizas o la falta de atención médica. Sus cuerpos, como los del resto de víctimas de la violencia política, permanecen en cunetas y fosas comunes.

Para solventar el problema demográfico, las nuevas autoridades recurrieron al clásico robo de bebés de mujeres de izquierdas internadas en establecimientos penitenciarios. Fueron decenas de miles. Así, además, se contribuía a la extirpación del célebre 'gen rojo', que supuestamente provocaba delirios de justicia y libertad. Pero no fue suficiente para compensar el efecto de las deportaciones masivas, de modo que se optó por restablecer el Patronato de Protección a la Mujer, en cuyo seno legiones de muchachas jóvenes fueron reprogramadas para convertirse en madres fecundas al servicio del estado.

Aunque las comunidades autónomas habían sido suprimidas, la vocación vagamente folklórica y regionalista imperante alentó a las delegaciones territoriales a crear su propia nomenclatura. Así, en nuestra región, esas pobres chicas, que se distinguían de las demás por llevar en la cabeza el típico pañuelo aldeano y una toquilla o pelerina sobre los hombros, eran conocidas como 'las chachas'. Los hombres armados que las vigilaban eran 'los gañanes' y siempre se presentaban en público ataviados con la tradicional boina.

El orden público siempre fue una de las grandes preocupaciones de los Hijos de Torquemada, que no se limitaron a recuperar la Dirección General de Seguridad y el Tribunal de Orden Público, sino que repristinaron (uno de sus verbos preferidos) la institución que mejor representaba su espíritu fundacional: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El aumento exponencial de la represión, sin embargo, no disuadió a los sectores más comprometidos de la sociedad. Las chachas manchegas empezaron a forjar lazos de solidaridad en el interior de los correccionales. Durante sus salidas controladas, lograron comunicarse con líderes feministas que, pasado un tiempo, habían logrado recomponer sus organizaciones en la clandestinidad.

El caso más notable quizá sea el de Ágora, en Albacete. A ellas se unieron veteranos luchadores antifranquistas, jóvenes indignados con la deriva del régimen o arrepentidos por haberlo apoyado en algún momento, cristianos heterodoxos, sindicalistas, activistas sociales, miembros del colectivo LGTBIQ+, personas defensoras de los derechos humanos, demócratas en general, brigadistas extranjeros de toda clase, condición y sexo… Cualquier espacio servía como lugar de reunión. Cualquier momento era bueno para conspirar contra la nueva dictadura.

Y así nació la Resistencia.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

El director de la estación invernal Valgrande-Pajares, Javier Martínez, ha presentado su dimisión tras meses de desencuentros con el Gobierno del Principado, según ha adelantado el diario La Nueva España.

Martínez, que lleva tiempo denunciado problemas de seguridad en la estación invernal, incluso en la Junta General del Principado, ha vinculado su renuncia a la presión sufrida y a un expediente sancionado que considera “injustificado”.

Pedir explicaciones

Tras la dimisión, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido de que lo ocurrido con la estación invernal es “una vergüenza” tal y como denuncian los propios usuarios, y ha urgido a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, a dar explicaciones.

El diputado de Vox Javier Jové ha acusado a la consejera de haber forzado la dimisión de Martínez “tras desatar una campaña de acoso” y “una auténtica cacería” contra su persona.

Enfrentamientos con el Principado

Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto y secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha denunciado que la Dirección General de Deportes haya sido incapaz de resolver una crisis “tras meses de enfrentamientos con el Principado”.

Apertura de investigación

La Fiscalía del Principado de Asturias presentó el pasado mes de marzo ante el Tribunal de Instancia de Lena una denuncia contra el jefe de explotación Valgrande-Pajares al apreciar indicios de un delito contra la seguridad en el trabajo en el desempeño de su actividad profesional.

La denuncia fue consecuencia de unas diligencias de investigación desarrolladas por la Fiscalía asturiana después de que el director de la estación, Javier Martínez, trasladara al fiscal el pasado 26 de febrero unos hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de infracción penal.

Un total de 1.878 euros por habitante es lo que gasto La Rioja en sanidad en 2024. Una cifra que pone al sistema sanitario riojano en los puestos de cola y que confirma un sistema “desigual entre comunidades autónomas”, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por elDiario.es. El gasto por habitante de La Rioja es uno de los más bajos del país y se sitúa notablemente por debajo de la media nacional, establecida en los 2.084 euros por persona. Es decir, un ciudadano riojano recibe una inversión sanitaria menor que la de la mayoría de los españoles.

Todavía son más desvaforables las cifras si se analiza el esfuerzo presupuestario en relación con la riqueza del territorio. La Rioja se encuentra en el valle de la inversión sanitaria en España, destinando apenas un 5,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la salud pública, solo por encima de la Comunidad de Madrid (4%) y Baleares (5,4%) y compartiendo dato con Catalunya y Navarra (ambas también con el 5,5%). Este dato contrasta drásticamente con autonomías como Extremadura o Murcia, que dedican el 8,9% y el 8% de su PIB, respectivamente, a sostener sus sistemas sanitarios.

Brecha con las comunidades vecinas

Mientras, al otro lado del Ebro, la realidad es distinta. Euskadi lidera la inversión sanitaria en España con 2.332 euros por habitante, la cifra más alta de todo el Estado. Esto significa que, siendo comunidades vecinas, el Servicio Vasco de Salud cuenta con 454 euros más por ciudadano al año que el sistema riojano.

La brecha no es menor con Navarra. Aunque la comunidad foral comparte con La Rioja el mismo porcentaje mínimo de asignación del PIB, su mayor capacidad de ingresos se traducen en un presupuesto real por cabeza muy superior al riojano. Esta asimetría con los dos territorios forales fronterizos acentúa uno de los problemas crónicos de la gestión riojana, que es la fuga de profesionales médicos hacia mejores condiciones laborales a pocos kilómetros de distancia.

El resto de comunidades con las que limita La Rioja también realizan mayores inversiones per cápita en sanidad y dejan a La Rioja como una isla por debajo de los 2.000 euros. En concreto, Castilla y León gastó de media 2.218 euros por habitante y destinó a la sanidad el 7,8% de su PIB y Aragón gastó 2.190 euros por cada habitante y dedicó el 6% del PIB de la región.

La trampa de los “costes fijos” en una comunidad pequeña

El informe de los catedráticos Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago Peñas, presentado recientemente en el Congreso, arroja luz sobre los porqués de estas diferencias. Por un lado, el envejecimiento de la población dispara las necesidades de asistencia en zonas más envejecidas. Por otro, existen unos gastos fijos que pesan más en comunidades poco pobladas como La Rioja, Cantabria o Asturias. Es decir, mantener un hospital abierto con todos los servicios y especialidades, la cobertura de urgencias o la atención primaria en zonas rurales exige un coste mínimo estructural idéntico al de regiones más grandes, pero a repartir entre muchos menos habitantes.

Los expertos también se refirieron como factor clave a la distribución entre gasto público y privado y, finalmente, hicieron un llamamiento a reformar el sistema de financiación autonómico. “Las comunidades forales —Euskadi y Navarra— tienen mayor financiación que las demás, porque ponen encima de la mesa mucho menos de lo que les tocaría”, explicó el catedrático, que ahonda en que dentro de las de régimen común existen desigualdades “que no son razonables”.

En este escenario, el Ministerio de Hacienda ha retomado el debate de la financiación autonómica con la próxima celebración de reuniones bilaterales para lo que La Rioja ha pedido más información y no ha confirmado si acudirá o no. Según la propuesta del Gobierno central, La Rioja recibiría un incremento de 25 millones de euros respecto al modelo vigente, por encima de todas las comunidades autónomas salvo Cantabria y Extremadura, aunque todas siendo comunidades con mayor población que La Rioja.